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voz, su dignidad y su carácter recobran el vigor y la vehemencia de
líder campesino de antaño. Yo lo veo grave (…) pa’ (sic) mí está duro vivir aquí en esta
loma porque para subir y bajar lo pienso veinte veces (…). Yo hice
el trámite del derecho a la vivienda en Cofren [Caja de Compensación Familiar del Meta] y salí que clasificado en 2007 y todavía
no me han dado una respuesta clara (…) he ido varias veces allá
a Cofren y me dicen: sí, ahí está en el listado, tiene que esperar
(CNMH, entrevista con abuelo, Villavicencio, 2012). Las personas desplazadas de El Castillo también han sido sometidas al “peregrinaje institucional” y a las demoras injustificadas
que han sido denunciadas por la Corte Constitucional. Peregrinajes y demoras que no solo se presentan frente a la solicitud de
asistencia humanitaria de emergencia, sino que se reproducen a lo
largo de todos los componentes de la política pública de atención,
asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado. 6.4. Atención en la ciudad Antes del desplazamiento los habitantes de El Castillo se habían enfrentado a una precaria presencia estatal, hasta el punto
de comprenderla como parte de su forma de vida. Situación que,
unida a otros factores de orden político y sociocultural los impulsó a alcanzar significativos grados de autonomía de forma que el
acceso deficitario a salud, educación y otros derechos fue contrarrestado por las iniciativas de carácter comunitario orientadas a la
satisfacción de los mínimos existenciales.
Tras la expulsión del territorio y el arribo a lugares ajenos, este
esquema se replicó. Fue así como, por ejemplo, en Villavicencio algunas de las familias que arribaron a barrios como la Reliquia, la
Nohora, Ciudad Porfía, El Rodeo, el Pinilla, el Venecia, Las Américas, Portales del Llano, Nuevo Amanecer y Playa Rica, ocuparon
terrenos y levantaron por su propia cuenta sus viviendas, muchas
de ellas improvisadas con plástico y madera que, en muchos casos
y después de más de una década de haber sido expulsados, siguen
siendo el techo que les protege de la intemperie (CNMH, entrevista con adulto mayor, 2013). En no pocos casos, la única respuesta
de las instituciones fue el de intentar sacarlos de estos lugares. Me pusieron una demanda por tala de bosque en reserva forestal,
me pusieron otra demanda por apropiación de bienes del municipio
y me pusieron otra demanda por ser invasor profesional (…) me llegó la Policía y me dijeron: bueno, oiga, señor, a usted quién le dio la
orden de meterse aquí. Yo le dije: no, a mí no me dio orden nadie
(…) la realidad es que a mí tampoco me pidieron orden para allanarme allá donde yo vivía y despojarme de todo lo que yo tenía (…)
(CNMH, entrevista con abuelo, Villavicencio, 2012). Adicionalmente, ante la ausencia de apoyo estatal, las personas
desplazadas de El Castillo tuvieron que inventar formas colectivas
y creativas de acceder a servicios públicos básicos como el agua y
la electricidad. resulta que nosotros trabajamos un proceso contra la empresa
de electricidad porque resulta que para ellos somos ilegales hasta
la presente, entonces trabajamos un proceso (…) para poder exigir y logramos hacer una asociación de vecinos (…) y logramos al
menos que se nos normalizara el servicio de la energía, a lo menos
a la parte baja (…) El servicio de energía está mal todavía, pues
nos falla. (…) Cualquier cosa que haga nos toca pagarle entre todos al eléctrico y el eléctrico es un eléctrico cualquiera. Ya se nos
mató uno, quedó pegado al palo y no le han hecho reparación a la
familia de ese eléctrico que murió quemado (CNMH, entrevista
con abuelo, Villavicencio, 2012). El agua baja por mangueras, yo en este momento no tengo agua
aquí donde usted me ve, yo no tengo agua, me suministran agua
los vecinos (…) a cada persona le ha tocado hacer la inversión de
catorce rollos de manguera pa’ (sic) poder tener el agua, cada rollo
de manguera está costando entre dieciocho y diecinueve mil pesos
(…) (CNMH, entrevista con abuelo, Villavicencio, 2012). [N]os tocó organizarnos, yo fui el primero que fui a buscar quién
nos vendiera un derecho de agua, por allá fui y logré conseguir un
manantial bien bonito, pero tiene seis kilómetros, cuatrocientos metros pa’ (sic) traer el agua de allá y hay que hacer tres viaductos atravesando unas peñas y unos caños altísimos y cada cruce tiene como
de a trescientos metros de cable y entonces salía muy costoso y tocó
pedirle permiso a [Víctor] Carranza porque de la Nohora para allá
resulta que es de Carranza, entonces tocó pedirle cacao a Carranza
para que nos dieran espacio de sacar el agua de allá y dijo: sí, yo les
voy a dejar poner el agua, pero con una condición, la condición es
que no me van hacer (sic) tomas en concreto, me la van (sic) hacer
en lona para poderlas desbaratar de la noche a la mañana (CNMH,
entrevista con abuelo, Villavicencio, 2012). 6.5. Las medidas para la estabilización socioeconómica Una vez superada la fase de emergencia, la Ley 387 de 1997
(vigente en el momento en que ocurrió la gran mayoría de desplazamientos y el vaciamiento) contempla medidas de mediano y
largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada en el marco
del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales
o urbanas. Entre los componentes de la estabilización, se encuentran programas relacionados con proyectos productivos, reforma
agraria y desarrollo rural campesino, fomento de la microempresa, capacitación y organización social, salud, educación, vivienda y
planes de empleo urbano y rural.
Durante la presente investigación se pudo constatar que la inmensa mayoría de las personas desplazadas de El Castillo no han
podido acceder a este tipo de medidas. A partir del énfasis hecho
por las víctimas, es posible analizar lo concerniente a la respuesta
del Estado en relación con el acceso a la vivienda, la educación y la
adjudicación de tierras baldías de la Nación. Vivienda Aunque a través de numerosa jurisprudencia, la Corte Constitucional ha amparado el derecho a la vivienda digna de la población desplazada, la respuesta del Estado en esta materia ha sido
deficitaria. “Pedro Oliverio murió esperando esta casa en la que
hoy estoy viviendo” (CNMH, mujer adulta, taller de memoria, Villavicencio, 2012). Ahí tengo hasta los papeles de respuesta porque yo (…) mandé
los derechos de petición a Fonvivienda [Fondo Nacional de Vivienda] para que me contestaran sobre el proceso de mi vivienda
por las condiciones infrahumanas en que estoy viviendo y la situación en salud que estoy (…) necesitaba respuesta inmediata y ahí
tengo las fechas de cuando las puse y ahora me toca es hacer la
tutela para ver si me dan la respuesta clara porque hasta ahora no
me han dado respuesta (CNMH, entrevista con hombre adulto,
Villavicencio, 2013). Educación En lo que se refiere a la educación, en las entrevistas y talleres
realizados se evidenció que es común que muchos niños y niñas,
en especial de las veredas afectadas por el fenómeno del vaciamiento, deban hacer un esfuerzo enorme y poner en riesgo su
integridad para poder asistir a la escuela.
En algunas veredas el imponente relieve montañoso hace que
las fincas se encuentren distantes y las niñas y los niños tengan que
recorrer hasta tres horas a pie para poder asistir a clases. En la vereda la Esmeralda, luego de horas de camino, deben atravesar un
puente “hamaca”, cuyas bases amenazan derrumbarse.
La solución que hasta el momento se ha planteado por parte de
la Alcaldía y la Gobernación son los internados, los cuales si bien
solucionan el acceso a la educación, generan una ruptura en las
dinámicas familiares y comunitarias. Lo mismos ocurre con los
jóvenes quienes no tiene forma de continuar sus estudios en las veredas; solo existe para ellos la posibilidad de terminar el bachillerato en el casco urbano y, ante la ausencia de oferta de educación
superior, salir del municipio si quieren cursar estudios técnicos,
tecnológicos o universitarios. Tierras En lo que concierne a la adjudicación de las tierras baldías que
muchos campesinos de escasos recursos ocupaban antes del desplazamiento, aunque las normas establecen que como estrategia
de protección el Incoder debe iniciar los programas y procedimientos de a titulación de tierras en las zonas de eventual expulsión dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que los Comités
de Atención a la Población Desplazada le comuniquen el acto que
declaró la inminencia de riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado, hasta la fecha el Instituto se ha negado a adjudicarles las tierras a la mayoría de las personas desplazadas. Las personas han buscado la titulación de sus tierras […] y el
Incoder lo que responde es: no se puede hacer por dos razones:
uno, porque las personas están ubicadas en la zona del parque de
Sumapaz, y dos, en la época del desplazamiento se hizo protección de tierras, entonces como todavía está en vigencia esa protección de tierras, entonces no pueden titular (CNMH, entrevista
con mujer adulta, 2013). En lo que se refiere a la protección de tierras no es cierto que
en vigencia de la misma el Incoder no pueda adjudicar baldíos a la
población desplazada. Todo lo contrario, el Decreto 2007 de 2001
relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada
por la violencia, establece que se deben hacer los procedimientos
de adjudicación de baldíos a favor de las personas que figuran