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como ocupantes en el informe avalado por el Comité de Atención
a la Población Desplazada (hoy Comité de Justicia Transicional).
Y si bien es cierto que existen algunas restricciones en tanto el
municipio de El Castillo se encuentra dentro del área de manejo
especial de La Macarena (AMEM), no todos los terrenos baldíos
de la zona rural son inadjudicables y el Instituto está en la obligación de analizar de manera oportuna cada una de las solicitudes
para no vulnerar los derechos sobre la tierra de personas que gozan de especial protección constitucional.
Adicionalmente personas y comunidades asentadas en la zona
rural de El Castillo se han comprometido con un manejo ecológicamente responsable de sus fincas, por lo que antes que negarles
de tajo la adjudicación, las autoridades del sector ambiental y agropecuario deben analizar cuidadosamente si las están explotando
conforme a las normas sobre protección y utilización racional de
los recursos naturales renovables, como claman algunas personas
entrevistadas. Digamos que [se está] demostrando que la gente sí puede vivir
dentro del páramo y que también se pueden hacer apuestas desde el territorio. Las comunidades de aquí de la región desde el
año pasado vienen impulsando un proceso de la declaración de zonas de biodiversidad y de fincas agroecológicas; se declararon
como nueve, algunas en la parte alta (CNMH, entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2013). 6.6. Aún no nos han reparado El Gobierno está tratando de desequilibrarnos en los derechos
que tenemos, tratando de ver cómo nos sacan del sistema. (…)
tengo una contesta de una tutela que le puse al Gobierno por
incumplimiento y ellos (…) me manifiestan que a mí ya me han
entregado satisfactoriamente lo que a mí me pertenece, cuando a
mí no me han dado la vivienda, a mí no me han cumplido directamente con lo de salud, a mí no me han cumplido directamente
con la educación de mis hijos (…) el hijo mío, él no tenía por qué
pagar una libreta militar y a él le sacaron cuatrocientos treinta y
pucho mil de pesos (sic) para no llevarlo a pagar el servicio militar, y él es víctima del flagelo del desplazamiento (CNMH, entrevista con adulto mayor, Villavicencio, 2013). Estas percepciones sobre la ausencia de una verdadera reparación
integral parten del hecho de que los derechos consagrados legalmente, aun no se han materializado. La claridad con la que las personas
desplazadas identifican los daños y las medidas de reparación aún
pendientes dan cuenta de una familiaridad con sus propios derechos
lograda a través de años de lucha por exigir del Estado respuestas
eficaces. Sin embargo el goce efectivo de derechos y la reparación
integral parecen estar condenados a ser letra muerta.
En primera instancia, porque la restitución de tierras ha avanzado muy poco. Aunque la mayoría de las miles de personas que
tuvieron que desplazarse de El Castillo lo hicieron zonas rurales,
la Unidad de Restitución de Tierras solo ha comenzado a trabajar
unos pocos casos de restitución urbana. En 2014 realizó la microfocalización del casco urbano y esta no ha sido sucedida por
microfocalizaciones en la zona rural. La entidad no parece estar al tanto de los graves hechos que acontecieron en las veredas de la
parte alta, como lo demuestran las siguientes declaraciones: En ‘El Castillo’ tenemos casos de infracciones al DIH, especialmente de las FARC, con el frente 26. Los hechos, en su mayoría, se
refieren a bombardeos en el casco urbano, lo que implica ataques
a bienes civiles protegidos y a personas no combatientes (Llano
sie7edías, 2014). Por otra parte, en 2013, la Unidad de Atención y Reparación
de Víctimas priorizó como sujeto de reparación colectiva a El Castillo, haciendo los primeros acercamientos con la comunidad a
través de los presidentes de las juntas de acción comunal de las
veredas del municipio y el Comité de Justicia Transicional. Puso
en marcha una metodología para la identificación del sujeto colectivo y la formulación del plan de reparación. No obstante en
un primer momento contempló la posibilidad de señalar como
sujeto colectivo al municipio, lo cual generó reacciones adversas,
en tanto para algunas personas poner el énfasis en el ente territorial puede terminar por desconocer a diferentes sujetos colectivos,
cuya afectación contribuyó a desestructurar las relaciones sociales,
económicas, sociales, políticas, económicas, familiares, ambientales y culturales construidas en el territorio; como por ejemplo el
Sindicato, las organizaciones de mujeres, los partidos políticos, la
organización campesina y, en general, toda la organización surgida alrededor de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Así
mismo, elegir como sujeto colectivo al municipio puede contribuir
a que se siga poniendo énfasis en lo ocurrido en el casco urbano
por responsabilidad de las FARC, desconociendo lo ocurrido con
la violencia militar y paramilitar.
Aunque sin duda existen campos comunes en los que se puede
avanzar en una reparación colectiva, esta debe ser cuidadosamente
concertada reconociendo los diferentes tipos de violencia, actores,
temporalidades, responsabilidades y afectaciones, así como las expectativas que en la actualidad tienen las diferentes personas y grupos que sufrieron los efectos del conflicto armado en El Castillo. Por otra parte, como medida de satisfacción, la Gobernación
del Meta junto con el CNMH plantearon un proyecto de construcción de un centro regional de memoria en el municipio. Como resultado de este proyecto, se busca reconstruir la memoria histórica
del conflicto armado de El Castillo y construir un centro regional
de memoria. Sin embargo, la determinación del lugar y la naturaleza de intervención han hecho aflorar diferentes reacciones y posiciones; por un lado, en el casco urbano se quiere aprovechar este
proyecto para la construcción de un museo y un espacio donde la
comunidad se pueda reunir y adelantar actividades culturales, en
el lugar donde se encontraba la antigua Casa de la Cultura destruida en la toma guerrillera del 14 de febrero de 2000.
Por otra parte otras personas y organizaciones plantean que no
sería conveniente hacerlo en este espacio, pues se enfocaría en la
reconstrucción de la memoria de los actos de violencia que soportó
el casco urbano por cuenta de las tomas de la guerrilla, en especial
por el ataque con cilindros que causó graves daños a la infraestructura municipal, silenciando la violencia paramilitar que se instaló
en todo el territorio y que causó el desplazamiento de miles de campesinos y campesinas entre muchos otros hechos victimizantes. No estamos de acuerdo en que se levante una casa de la memoria en el sitio donde cayeron los cilindros, sino que haya un
sitio neutral para que se haga memoria no a un conflicto, sino a
nuestras víctimas, donde todos podamos ser representados allí.
Los talleres de la memoria se deben hacer en diferentes partes,
que sean descentralizados hacia las veredas, con conocimiento de
todas las organizaciones del municipio (CNMH, hombre, taller
de construcción de memoria, 2014). Ante este escenario se inició un proceso participativo que ha
incluido la realización de varias jornadas de trabajo y consulta sobre lugar de la memoria que se construirá, con el objetivo de garantizar la participación de las víctimas y demás población interesada en el proceso de diseño y construcción de este lugar.
El balance de este trabajo grupal ha arrojado la necesidad de
construir un lugar de la memoria capaz de reunir información sobre los hechos violentos, sanar las heridas de la guerra, sancionar
moralmente a los responsables, unir a la comunidad, transmitir los
hechos sucedidos y ayudar a construir un mejor futuro para toda
la comunidad, y donde se cuente con espacios para la exposición
de la historia del municipio y de las víctimas, el almacenamiento
de información (biblioteca y archivos de derechos humanos), interacción (eventos, charlas, proyección de películas) y recreación
(parques, salón cultural, escenarios deportivos).
Existe también preocupación por los altos costos del proyecto,
que ascienden a diez mil millones de pesos, cuando tantas víctimas
aun no han logrado su reparación o al menos una estabilización
socioeconómica, y se encuentran pasando todo tipo de penurias.
Por esta razón se ha solicitado que la construcción del lugar de la
memoria se acompañe otras medidas como:
i)
La microfocalización de la zona rural del municipio, en
especial de las veredas que quedaron vacías después del
2002, para que la Unidad de Restitución pueda iniciar
inmediatamente los procesos de restitución de tierras.
ii) Una priorización por parte de la Unidad para las Víctimas
para una inmediata construcción de los PAARI (Planes el que participaron personas de La Cima, Puerto Esperanza, Caño Embarrado,
Campo Alegre, Los Alpes, Medellín del Ariari, San Luis de Yamu, Malabar bajo,
Puerto Esperanza, la Comunidad de Vida y Paz - CIVIPAZ, El Reposo, Caño Dulce,