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el casco urbano de El Castillo y Bogotá; así como las jornada de trabajo y consulta
sobre los lugares de la memoria de El Castillo realizadas en Villavicencio el 9 de
agosto en El Castillo el 16 de agosto de 2014.
iii) El acceso simultáneo a otras medidas como mejoramiento
de las vías, electrificación, la reconstrucción y reapertura
de las escuelas, centros y puestos de salud afectados por
el conflicto armado, atención psicosocial para atender
las
secuelas
sicológicas ha dejado que el conflicto y
garantías de no repetición, que incluyen que se paren los
bombardeos en toda la zona rural y que cese la persecución
y la estigmatización contra personas y organizaciones. En algunas veredas los bombardeos por parte de las Fuerzas Militares no han cesado y
se hacen muy cerca de las viviendas y lugares de trabajo de la población civil.
En lo que respecta a la indemnización si bien es cierto que gracias a la labor de la Secretaría de la Personería de El Castillo y de
las jornadas de atención sociojurídica impulsadas por Cordepaz,
118 víctimas en el municipio han recibido indemnizaciones administrativas en el marco del Decreto 1290 de 2008 (UARIV, 2013),
todas las demás víctimas están aun pendientes por recibir la indemnización por vía administrativa, entre ellas todas las que la solicitaron a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011.
Por todo lo anterior, después de diez años de la finalización
de la época del desplazamiento “duro” y de la violencia más atroz
desplegada sobre El Castillo, la reparación integral sigue siendo
una expectativa entre la población víctima, que se mezcla con sentimientos de escepticismo. Muchas personas han perdido toda fe o
confianza en la institucionalidad, lo cual representa un importante reto para las diferentes entidades encargadas de las medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Eso es como el engaño que hay ahorita con la indemnización,
eso es un engaño igual que lo de las cartas cheque para vivienda
de los desplazados, o a los famosos planes de vivienda que ha habido por ejemplo aquí en el Meta (…) otro engaño igual (CNMH,
entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2012). 6.7. Como el cangrejo. Itinerario de la regresividad Lograr una verdadera reparación integral para las víctimas de
El Castillo se dificultará aún más por las decisiones que en materia
de reparación a las víctimas del conflicto armado se han tomado
en los últimos años, a pesar de algunos avances consagrados en
la Ley de Víctimas. Si bien existe en Colombia, en virtud de los
postulados del Estado social de derecho y de las reglas derivadas
del bloque de constitucionalidad, una prohibición de retroceso o
principio de no regresividad respecto de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos y, por supuesto frente a los
derechos fundamentales, las políticas públicas de reparación a la
población desplazada han contravenido la prohibición de regresividad o de retroceso, por las siguientes razones:
1) En virtud de la expedición de la Ley 975 de 2005 las víctimas de daños directos ocasionados como consecuencia de
acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados al margen de la ley, entre ellas las
víctimas de desplazamiento forzado, adquirieron el derecho
(que posteriormente la Corte Constitucional catalogó como
fundamental) a la reparación. Este derecho a la reparación
fue definido de la siguiente manera: “El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan
por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, y las garantías de no repetición de las conductas” (Ley
975 de 2005, artículo 8).
2) Posteriormente, con la expedición de la Ley 1448 de 2011,
las víctimas para efectos de esa ley, es decir, las personas que
individual o colectivamente hayan sufrido un daño a partir
del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al 91 El argumento es simple: si los Estados tienen el deber de progresivamente
lograr la plena vigencia de estos derechos, tal y como lo establecen las normas
internacionales, entonces parece razonable concluir que las autoridades tienen
también el deber de no retroceder cuando ya se ha alcanzado un cierto nivel de
protección de un determinado derecho. Este mismo postulado es aplicable respecto
de la protección de la faceta prestacional de los derechos fundamentales (Uprimny
y Guarnizo, 2008). No obstante lo anterior, se ha aceptado que la prohibición
de retrocesos en materia de derechos con prestaciones económicas no puede
ser considerada un mandato absoluto, pues los Estados y las sociedades pueden
enfrentar dificultades económicas y cambios sociales profundos que pueden hacer
imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido alcanzado
anteriormente. Aun así, cualquier disminución en el alcance de la faceta prestacional
debe ser vista como conflictiva, pues supone una violación de los estándares
internacionales sobre el deber de los Estados de desarrollar progresivamente el
contenido total de estos derechos. Lo anterior quiere decir que si bien no toda
disminución en el alcance de estos derechos está prohibida, el legislador tiene que
justificar con claridad las razones por las cuales restringió el contenido protegido
de un derecho, demostrando que la reducción fue cuidadosamente analizada y que
ella resulta no solo razonable y proporcionada, sino incluso necesaria para alcanzar
propósitos constitucionales muy importantes (UARIV, 2014). derecho internacional humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de los derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno
(en la que a su vez quedaron incluidos los desplazados) obtuvieron el derecho a la reparación integral, que, de acuerdo
con la norma, comprende “las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición de las conductas” (Ley 1448 de 2011, artículo 25).
3) Si bien el derecho a la reparación consagrado en las dos
normas parece ser idéntico (y desde el punto del lenguaje lo
es, ya que las palabras utilizadas tanto en la Ley 975 como
en la 1448 son las mismas), existe una gran diferencia en
el derecho a la reparación contemplado en las dos normas
mencionadas, en cuanto los operadores judiciales encargados de aplicarlas están facultados para decretar, a favor de
las víctimas, cosas muy diferentes.
Los jueces encargados de dar aplicación a la Ley 975 de 2005
(tribunales superiores de distrito judiciales y Corte Suprema
de Justicia) fueron facultados para decretar el daño emergente, el lucro cesante, los perjuicios morales y los daños a la
vida, mientras que los operadores judiciales de la Ley 1448
de 2011 están únicamente facultados para decretar la restitución y la formalización de tierras, pero no para decretar
indemnización judicial.
A causa de lo anterior, una víctima de desplazamiento forzado, cuando era atendida por medio de la Ley de Justicia
y Paz, podía obtener una indemnización que incluyera los
daños que sufrió su vivienda, las cosechas y los animales perdidos, los activos dejados de percibir durante el periodo del
desplazamiento, los perjuicios morales ocasionados por el
hecho victimizante, entre otros. Pero si esa misma víctima
es atendida por medio de los operadores de la Ley 1448 de
2011 solo puede obtener —de acuerdo con la política pública diseñada para ello—: la restitución de las tierras, la
reparación administrativa y otras medidas, como subsidio
de vivienda, créditos, exención de la prestación del servicio militar, empleo, créditos y pasivos, preferencia en carrera administrativa en caso de empate, atención psicológica, mas
no una indemnización judicial que cubra la totalidad, o al
menos una parte, de los daños sufridos.
4) Como se observa, hay una diferencia sustancial entre ambas
posibilidades, con lo cual se evidencia que las víctimas cubiertas por la Ley 975 de 2005 tenían la posibilidad de ser
“mejor reparadas” que las víctimas atendidas en virtud de la
Ley 1448 de 2011. Teniendo en cuenta que la Ley de Víctimas es posterior, y recorta un derecho ya otorgado, se puede
argumentar que existe una vulneración del principio de no