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regresividad, en la medida en que ya se había alcanzado un
cierto nivel de protección en el que se retrocedió.
5) Este retroceso se profundizó aún más a partir del 3 de diciembre de 2012 cuando se expidió la Ley 1592 (artículo
23), modificatoria de la Ley 975 de 2005, en cuanto esta norma le quitó la posibilidad a las víctimas de grupos armados
al margen de la ley de buscar una indemnización por vía
judicial al amparo de la Ley 975 de 2005. En otras palabras,
previó que las víctimas (entre ellos población desplazada)
que se encontraban vinculadas a los procesos de la Ley 975
de 2005 y que estaban esperando una indemnización judicial serían reparadas de acuerdo con los estándares de la Ley
1448 de 2011, es decir, por medio de la reparación administrativa más las otras medidas antes mencionadas, pero sin la
posibilidad de ser indemnizadas por el daño emergente, el
lucro cesante, el daño moral o el daño en la vida en relación
ocasionados. Si bien esta norma fue declarada inexequible
por la Corte Constitucional, la decisión de la Corte no ha
redundado todavía en que las víctimas estén siendo ahora
mejor reparadas.
6) Adicionalmente, el monto que se reconoce como resultado
de la indemnización por vía administrativa a la población
desplazada se redujo de 27 a 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como lo han resaltado los organismos
de control, esta tasación es mucho menor a la establecida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el
Consejo de Estado, que se ubica aproximadamente entre 40
y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Además, la disminución en el monto de la reparación administrativa es de una enorme gravedad si se tiene en cuenta
que para las víctimas en Colombia la reparación por vía administrativa pasó de ser la “cuota inicial” de una reparación
judicial a ser casi que toda la reparación que van a recibir
dentro de la justicia transicional.
A partir de las anteriores consideraciones, es posible argumentar que ha existido un retroceso en el derecho fundamental a la
reparación de todas las víctimas, entre ellas las de desplazamiento
forzado, que abre nuevos marcos de injusticia frente a su ya precaria situación en materia goce efectivo de sus derechos.
Así, es posible anticipar que con este marco normativo va a ser
muy difícil responder a las legítimas expectativas de las personas
que han sido víctimas de este flagelo y que siguen esperando el
pago de los cultivos, animales y demás bienes de los que fueron
privados con el desplazamiento. Se perdió todo. Lo que había en la finca perdió el valor. Teníamos pasto, café, plátano, yuca, maíz y las alambradas. Herramientas, animales de corral. Nadie nos ha dicho: mire, aquí está el
pago por la pérdida de sus bienes (CNMH, entrevista con abuela,
Villavicencio, 2012).
6.8. Corresponsabilidad entre la Nación y los entes
territoriales A partir de la Ley 1448 de 2011 y su Decreto reglamentario
4800 de 2011, los entes territoriales tienen a su cargo, entre otras,
las obligaciones de: 1) Diseñar e implementar en sus planes de
desarrollo las medidas necesarias y pertinentes para garantizar la
atención y reparación de las víctimas dentro de los lineamientos
legales y constitucionales; 2) Concretar dichas disposiciones en
un plan de acción; 3) Coordinar con la fuerza pública las medidas de seguridad de las víctimas donde se adelanten procesos de
restitución; 4) Levantar un censo ante atentados terroristas y desplazamientos masivos con las personas afectadas y los derechos
que le fueron vulnerados y remitirlo a la UARIV (Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas) y 5) Realizar un seguimiento constante junto a la UARIV de la implementación de la
política pública de atención y reparación, para lo cual, entre otras
metodologías, deben evaluar cada dos años las condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las personas en situación de
desplazamiento.
Adicionalmente, en cumplimiento del principio de responsabilidad compartida y colaboración armónica, las alcaldías y gobernaciones deben participar en la atención y reparación a las
víctimas, prestando la atención inmediata mientras se realiza el
trámite de inscripción en el Registro Único de Víctimas, garantizando los componentes de alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimiento, utensilios de cocina y alojamiento transitorio
(artículo 108 decreto 4800). También deben garantizar los recursos técnicos, logísticos y presupuestales necesarios que aseguren
la creación y el sostenimiento de los mesas de participación de las
víctimas de todos los niveles y elaborar planes de alivio y exoneración de impuestos, entre otros. Asimismo, en el marco del Comité
Territorial de Justicia Transicional, se deben construir los Planes
de Retorno y Reubicaciones.
Estas numerosas obligaciones contrastan con la capacidad humana, técnica y financiera con la que cuenta un municipio como El Castillo para atender a más del 50 por ciento de su población,
que es víctima. Si bien los entes territoriales pueden solicitar apoyo de las demás instituciones del SNARIV, la carga que impone la
Ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario resulta –de acuerdo
con lo manifestado por los funcionarios municipales– desproporcionada (CNMH, entrevista a funcionario público, 2014).
No obstante, el gran número de personas víctimas no exime ni
justifica la falta de gestión de los entes territoriales cuya obligación
mínima, en el caso de los municipios, consiste en incluir las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado dentro de sus planes de desarrollo
y elaborar el Plan de Acción Territorial. Así mismo deben, dentro
de las políticas que se encuentran implementando, identificar a
la población víctima y flexibilizar la oferta a sus necesidades, así
como presentar proyectos ante la gobernación y la nación para
acceder a los distintos niveles de cofinanciación, sea a través del
SNARIV, o por medio de proyectos de regalías.
A pesar de lo anterior al revisar los Planes de Desarrollo del
municipio de El Castillo desde el año 2001, se observa que las
menciones al conflicto armado, al desplazamiento forzado y a otro
tipo de victimizaciones son mínimas y, cuando se encuentran, forman parte del diagnóstico consagrado en estos documentos y solo
en contadas excepciones forman parte del plan de inversiones y de
sus programas y subprogramas.
Por lo tanto, una de las principales tareas pendientes consiste
en que el municipio se fortalezca y genere capacidades para poder
contribuir con la atención y reparación integral de sus víctimas en
los distintos componentes de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
Justicia e impunidad En relación con el desplazamiento forzado y con las otras violaciones a los derechos humanos cometidas en El Castillo, igual
que ocurre con lo acontecido en el resto del país, la impunidad
crónica continúa siendo la regla y los resultados en lo que respecta
al juzgamiento de los máximos responsables de atrocidades han
sido sumamente limitados (HRW, 2013).
En relación con lo sucedido en El Castillo, en una parte fundamental de la reparación como es el derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió, a conocer los agentes de los hechos, a conocer
la ubicación de los restos de sus familiares, así como también el
derecho a la investigación de los respectivos hechos y la sanción de
los responsables, muy poco se ha avanzado.
A pesar del reconocimiento del desplazamiento forzado desde
principios de la década de 1990 como una grave violación a los
derechos humanos, el reconocimiento de una crisis humanitaria
a causa de este vejamen y la incorporación de esta conducta en el
Código Penal, en El Castillo la impunidad ha sido una constante
desde la época del arrasamiento de la izquierda y el exterminio
de la UP. En este sentido fue posible constatar durante la investigación, que las condenas en casos de hechos victimizantes que
ocurrieron en El Castillo, o sobre los castillenses, son la gran excepción, y que las víctimas han tenido que enfrentarse a todo tipo