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de barreras en relación con las acciones conducentes a la garantía
del goce efectivo del derecho a la justicia. Yo fui y puse el denuncio en Villavicencio y de ahí volví a averiguar cómo iba, y que habían estado investigando, pero que no
encontraban ninguna respuesta de nada. De ahí volví la tercera
vez a ver qué (…) habían investigado, y me dijeron: es que usted
aquí tiene que traernos unas pruebas, tiene que traernos unos videos, unos testigos (…) poder nosotros ver, y créame que a mí
me dio tanta rabia que no he vuelto a la Fiscalía (CNMH, abuela,
taller de construcción de memoria histórica, Villavicencio, 2012). Los problemas empiezan desde el momento mismo en que las
autoridades conocen los hechos de desplazamiento. El mecanismo establecido para que las personas denuncien penalmente este
delito tiene graves fallas, pues en muy pocos casos se le orienta
a la persona desplazada acerca de que en el mismo momento de
rendir su declaración puede serle recibida, escrito aparte, su denuncia penal.
Adicionalmente, a pesar de que se conozca dicha posibilidad,
muchas veces la denuncia no es presentada por el miedo a retaliaciones de los grupos armados, más cuando la declaración se
realiza en lugares donde estos ejercen control territorial o donde
las autoridades han sido cooptadas. La falta de denuncia favorece
la impunidad, pues solo en casos muy notorios la Fiscalía tiene
posibilidades de iniciar de oficio la investigación. La gente más se demoraba en denunciar cuando ya la asesinaban. Hay un caso por tierras (…) al señor le daban ocho días para
que se fuera, pero yo sabía que si le recibía la denuncia tenían que
pasar copia de la denuncia a la estación (…) entonces yo le dije:
hagamos una cosa (…) el día que usted se vaya a ir, ya con maletas,
usted viene y ese día le toman la declaración (…) Al señor lo mataron al otro día y hace poco fue que yo me enteré. (…) Hace como
dos años el que mató al señor estaba borracho en una tienda, y
contado esa historia dijo que la Policía lo llamó y le dijo: mire, ese
que va allá lo va a ir a denunciar a usted, va a ir a colocar a denuncia. Y al otro día lo mataron (CNMH, entrevista con mujer adulta,
El Castillo, 2012). También ha contribuido a la impunidad la forma como las
personas y funcionarios públicos que intentaron alzar su voz para
denunciar las atrocidades de los actores armados, fueron silenciados por vía de las armas. Así ocurrió con el personero municipal Mario Castro Bueno, quien fue asesinado a causa de las investigaciones que adelantaba y de las denuncias que había interpuesto
ante las autoridades competentes. El personero le estaba haciendo
seguimiento a múltiples casos donde la responsabilidad parecía
recaer en los militares, como la desaparición forzada de Johanna
Vargas Bustos, el asesinato de Ever Carvajal (un niño de 14 años
que padecía de una discapacidad cognitiva leve) y la ejecución extrajudicial de Eider Quinguanas Rumique, entre otros. Con Mario nos encontramos un 20 de enero del año 2000 en
el contexto de la desaparición de Johanna Vargas Bustos que fue
desaparecida en un retén militar en la entrada de El Dorado (…).
Con la mamá iniciamos el proceso de búsqueda y fuimos a poner
el denuncio. Recuerdo mucho que en ese momento en Colombia
no existía la (…) desaparición forzada sino era secuestro simple
(…). Iniciamos el proceso de búsqueda, llamamos a la Defensoría, y Mario estuvo muy pendiente de eso (CNMH, entrevista con
hombre adulto, Medellín del Ariari, 2012). El asesinato de Mario Castro96 respondió a una estrategia de
los actores armados para imponer una ley de silencio e impunidad
sobre los delitos y atrocidades cometidas y de las que se estaban
por cometer y se sumó a otros crímenes realizados con el mismo
objetivo, como el de Exenover Quintero, expersonero de El Castillo y miembro de la UP, quien había demandado la constitución
del municipio de El Dorado por falta de cumplimiento de los requisitos legales y también el del juez 24 de instrucción criminal
de El Castillo, Leonel Torres Rincón, asesinado el 18 de abril de
1991 en su propio despacho. 96
Ordenado por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario; Jesús Roldán
Pérez, alias Julián, y ejecutado por Orestes Ciro Quinchía, alias Mateo, Matius o
Materile (Colombia. Rama Judicial, Sentencia del 1 de febrero de 2011 del Juzgado
Segundo Penal del Circuito),
Al convertir a las autoridades municipales en objetivo militar,
se redujo la posibilidad de que existiera una adecuada respuesta
institucional a la población víctima de desplazamiento forzado.
Significó también la pérdida de expedientes sobre violaciones a
los derechos humanos atribuibles a miembros del Ejército y las
AUC; con el asesinato de Mario Castro Bueno se perdieron las
denuncias, oficios y testimonios recolectados en casos como los
de Eider Quiguanas, cuyo padre tuvo que volver a presentar la
denuncia un año después en Villavicencio.
Un poco después, en el año 2004, la Personería fue cooptada
por las AUC, quienes hicieron nombrar a Rubén Darío Ruiz Berrio,
un funcionario que les ayudó a ocultar lo que estaba ocurriendo. Muchos de los que fueron a la Personería ahora dicen: “yo vine
en tal fecha y yo declaré con Rubén, y no aparece nada, como si
nunca hubieran sido desplazados” (CNMH, entrevista con mujer
adulta, El Castillo, 2012). Es así como en relación con El Castillo quedan pendientes por
esclarecer muchísimos hechos. Además de los relacionados con el
desplazamiento forzado están los que tienen que ver con el genocidio de la UP, las ejecuciones extrajudiciales llamadas falsos positivos99 y las falsas judicializaciones, sobre los cuales las personas
entrevistadas se pronunciaron en múltiples testimonios. El esposo de mi hermana, cuñado mío lo mataron los paras y
apareció enterrado en Granada. El Batallón XXI Vargas lo había
presentado como una baja de las FARC en combate, en ese entoces el coronel que estaba a cargo del batallón era Cabuya (CNMH,
entrevista con hombre adulto, Bogotá, 2012). A mí me investigaron y me hicieron hasta para vender; me
amenazaron, me hicieron cuatro atentados (…) se ponían bravos
porque la gente asistía a las reuniones que yo convocaba. Entonces
el capitán [del Ejército Nacional] dijo que yo era el comandante
de guerrilla, que toda la gente iba porque yo la tenía presionada
(…) Inclusive a mí me señalaron que era yo el que había prestado
la volqueta [para la toma guerrillera de 2000], que yo había dado
la volqueta para que la llenaran de cilindros (CNMH, entrevista
con hombre adulto, Bogotá, 2012). Además de la falta de esclarecimiento sobre el accionar paramilitar y el de los agentes del Estado, el manto de impunidad también
cobija los hechos victimizantes perpetrados por las FARC, dentro
de los cuales se encuentran casos emblemáticos, como la toma al
casco urbano realizada el 14 de febrero de 2000, pero también
otras acciones generalizadas pero que han pasado casi desapercibidas, como el reclutamiento de menores por parte de este grupo.
Hasta la fecha muchas familias no conocen de la suerte de sus
hijos e hijas que fueron reclutados cuando eran menores de edad
y nada ha pasado con los responsables. Muchos niños se fueron no porque ellos quisieran, muchas veces los obligaron a irse (…) aquí hubo dos casos en que vino la
mamá y no encontró los niños. Ella fue y habló y pidió colaboración y le dijeron: se acomoda o se va, y ella no pudo ir a luchar por
los cuatro niños que se le llevaron a ella (CNMH, entrevista con
mujer adulta, El Castillo, 2012). A la otra se le llevaron tres y otros se iban por problemas en la
casa; ellos se iban por plata, porque le daban diez mil, veinte mil
pesos y tras de eso el niño se ilusionaba y se iba yendo, ya cuando
la mamá se pellizcaba, ya iba de camino (…) (CNMH, entrevista
con mujer adulta, El Castillo, 2012). También queda por esclarecer la verdad y sancionar a los responsables de los distintos dispositivos de control desplegados por
las FARC sobre la población, como las movilizaciones forzadas que
fueron utilizadas para apoyar sus reivindicaciones políticas. [N]os reunieron en la vereda y el casco urbano, con el fin de
que nosotros hiciéramos un paro, para que no entraran (…) las
autodefensas, y nosotros al ver que nos tocaba pagar la multa y
que fueron casa por casa, nos tocaba salir. El parque lo cerraron
(…) no dejaron sino dos entradas, por la que se entraba y por la
que se salía (…) ese paro duró quince días, nos tocaba dormir