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allá. A los que dejaban ir a dormir a las casas, eran las que tenían
los bebecitos muy pequeñitos (CNMH, entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2013). [H]abía una señora que lloraba y lloraba de verse allá (…) y
ella sí les dijo: ustedes nos van hacer matar a nosotros, porque
cuando esa gente se entre, ustedes se van a ir y nos van a dejar acá
y nos van a matar es a nosotros, porque no van a decir que ustedes
nos obligaron, sino que nosotros quisimos hacer esto acá (CNMH,
entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2013). Asimismo, es necesario esclarecer las responsabilidades de las
FARC por los mecanismos de sanción que aplicaron sobre la población, consistentes en privaciones a la libertad, imposición de
multas y sanciones y otras conductas delictuales, que fueron utilizadas para castigar a quienes se negaban a salir a las jornadas de
limpieza de las calles, a quienes no acudían a las reuniones convocadas, a las disputas entre vecinos y, en general, para sancionar
todo aquello considerado por la guerrilla como un mal comportamiento. Así como por los secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y homicidios que las FARC
perpetraron en El Castillo. Las multas eran en plata o si no se lo llevaban a uno a veces,
duraba un mes hasta que pagara el castigo allá, porque allá los ponían a cargar leña, los ponían a cargar agua (CNMH, entrevista
con mujer adulta, El Castillo, 2013). En síntesis, la impunidad no ha sido solo una estrategia de los
actores armados, sino que también ha sido producto de una serie
de barreras institucionales que impiden o dificultan que víctimas
puedan acceder a la justicia. Estas barreras se presentan por diferentes causas como la falta de garantías de no repetición para
las víctimas, marcos normativos deficientes, procesos donde la
versión que pesa es la del victimario, falta de recursos (materiales, humanos) para desarrollar las investigaciones, falta de autonomía de funcionarios de la Fiscalía para conducir a término sus
investigaciones y acusaciones, así como falta de capacitación de los
funcionarios para la atención de las víctimas. En este sentido, la
impunidad también es producto de la ineficacia del sistema judicial. Adicionalmente, el acceso a la justicia también se ve afectado
por un complejo sistema de distribución de competencias dentro
de las fiscalías, de difícil compresión no solo para las víctimas, sino
para todos los usuarios. [C]uando uno va a la Fiscalía, no hay una claridad en las rutas
de atención; (…) usted va para allá y lo mandan para la glorieta,
la grama, de la grama le dicen que allá no es y váyase para el 7
de Agosto porque eso hay un reguero de fiscalías (…) entonces
imagínese un pobre anciano que no tiene ni siquiera qué comer
tratar de poner la denuncia de la desaparición, de la muerte de su
hijo (CNMH, entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2012). Ante esta gran variedad de dificultades enfrentadas por las víctimas, la cooperación internacional apoyó una serie de jornadas
de atención jurídica y psicosocial en Medellín del Ariari, el casco
urbano de El Castillo y algunas veredas del municipio que se llevaron a cabo entre julio y diciembre de 2010.
En la primera jornada de atención fueron atendidas 307 personas y en la segunda 258 personas. Para cada una de ellas se
realizó una documentación y caracterización de su problemática
y como resultado fueron radicados 190 casos ante la Fiscalía General de la Nación. Los principales delitos identificados fueron
homicidio (113 casos), desplazamiento forzado (86 casos) y desaparición forzada (44 casos). En cuanto a presuntas responsabilidades, fueron atribuidos al Ejército (2 casos), a un autor desconocido
(18 casos), a las FARC (43 casos) y a los paramilitares (144 casos).
Las fechas de dichos hechos victimizantes corresponden en su mayoría al periodo comprendido entre 2001 y 2005, la época del desplazamiento “duro”.
Producto de la asesoría jurídica prestada, fueron adelantadas
acciones para la prórroga de ayuda humanitaria, la documentación de casos, la búsqueda de información en la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el seguimiento al procedimiento de
reparación administrativa, a las investigaciones adelantadas en la
Fiscalía General de la Nación y a los casos dentro del sistema de
justicia y paz; también se interpusieron algunas quejas ante la Procuraduría.
Sin embargo para lograr una mayor eficacia esta iniciativa requiere un último paso: la representación jurídica. Sin ella, el seguimiento que se le puede hacer a los casos es esporádico. Para
avanzar en la búsqueda de justicia de las personas víctimas, es indispensable que estas cuenten con una adecuada representación
jurídica.
Riesgos persistentes ante el
desplazamiento y recomendaciones de
política pública Muchos de los factores que explican la expulsión forzada de
las 8379 personas que, de acuerdo con el RUV (Registro Único
de Víctimas) se desplazaron de El Castillo hasta el 31 de agosto
de 2013, aún no han sido removidos o superados. Además, nuevas amenazas se vislumbran sobre los castillenses y su territorio.
Todo ello hace que sea mucho más difícil resarcir los daños y las
desestructuraciones causados por cuenta del conflicto armado y la
violencia sociopolítica. Además, en los últimos años han surgido
nuevos peligros sobre la vida y la dignidad de las personas desplazadas forzosamente, así como también de aquellas que valientemente resistieron el conflicto y no migraron, pero que también
fueron profundamente afectadas por los hechos narrados.
Por lo anterior, en este capítulo se examinan algunos de los
riesgos y amenazas que se ciernen sobre los habitantes de El Castillo y sobre su territorio, que el ejercicio de memoria histórica permitió identificar. También se presentan algunas recomendaciones
de política pública que, a juicio del CNMH (Centro Nacional de
Memoria Histórica), y de las personas que participaron en el curso de la investigación, resultan imperantes para prevenir nuevos
daños, reparar los existentes, detener para siempre el proceso de
arrasamiento y prepararse para una nueva fase de construcción
de paz territorial.
Persistencia del conflicto armado Yo quiero preguntarle: ¿Cuáles son los muertos que están habiendo en Colombia? ¿Son extranjeros que se nos están tomando
el territorio nacional? ¿Los paramilitares que están muriendo son
extranjeros? ¿Los guerrilleros que están muriendo son extranjeros? Esos soldaditos que van a combatir allá y que mueren, ¿esos
también son extranjeros? Es duro ver a nuestros hijos en un conflicto lleno de sangre (…) que no tiene credibilidad. Nos estamos
matando entre nosotros, por eso hay la necesidad de (…) que nos
sentemos y dialoguemos sobre un proceso de paz (CNMH, entrevista con hombre adulto, Villavicencio, 2013). La continuidad de la presencia de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia), en especial en la parte alta del municipio, y la existencia de bandas de criminales y de narcotráfico,
unida a las estrategias del Estado —no siempre proporcionadas o
respetuosas de los derechos de los ciudadanos— han implicado que
la confrontación armada siga siendo una constante en el territorio. Lo anterior implica para los castillenses tener que seguir conviviendo con sobrevuelos de aviones y helicópteros de combate,
bombardeos, ametrallamientos, retenes, requisas y patrullajes, etc.
“En Lejanías tienen parqueadas unas tanquetas y desde allá lanzan
las bombas. Ya han matado varias vacas, de milagro no ha muerto
ninguna persona, pero los huecos que eso deja en la tierra no se los
imagina” (CNMH, entrevista con hombre adulto, El Castillo, 2013).
Desde el Estado se argumenta que este tipo de operaciones son
necesarias para “garantizar la seguridad” de los habitantes, y se
señala que han posibilitado “incautar material de guerra como
fusiles, pistolas, granadas y minas antipersonales, así como computadores portátiles, USB y discos duros” que permitirán “desvertebrar las finanzas de las FARC, sus planes y sus redes urbanas, así
como impedir la reactivación de corredores de movilidad entre el
departamento del Meta y el Sumapaz” (Presidencia de la República, 2012).
Sin embargo, acciones como las mencionadas entorpecen el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos y generan paradójicamente un efecto contrario, al convertirse en fuente de inseguridad
para la población. Mas aún si se tiene en cuenta que a la población
civil se la ha continuado involucrando en el conflicto, por ejemplo
mediante la utilización de las viviendas de los campesinos como
refugio por parte de la fuerza pública (Sintragrim, 2013).
Mientras cosas como estas siguen ocurriendo en la zona rural,
en el casco urbano la Policía instauró un circuito cerrado de televisión que, de acuerdo con el plan diseñado por la Gobernación
del Meta, debe contribuir a mejorar la seguridad del municipio. A
pesar de lo anterior, miembros del equipo investigador pudieron
presenciar en 2014 la actitud que algunos policías tuvieron con
un grupo de estudiantes y profesores de una universidad pública
a quienes, en una visita académica realizada en el municipio, preguntaron de manera poco amable cuándo se iban a marchar. Más