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allá de esfuerzos como el de instalar cámaras, la percepción de
seguridad depende también de la actitud y el comportamiento de
la fuerza pública que, como lo demuestra el hecho antes narrado,
todavía es susceptible de mejorar.
También ha sido denunciada la distribución de panfletos, en
los que se señala a personas de pertenecer a las FARC. Estas acciones continúan profundizando la estigmatización contra la población, atentan contra los principios humanitarios de inmunidad
de civiles y de distinción entre combatientes y no combatientes, e
indican la continuidad de las estrategias de lucha contrainsurgente en el territorio. Por otra parte, preocupa la ocurrencia de una nueva oleada de
hechos bajo modalidades propias de los grupos paramilitares que
victimizaron a los habitantes de El Castillo antes de la desmovilización, entre los que se cuentan homicidios, torturas, extorsiones y
patrullajes. “Están cobrando vacunas en algunas tienditas y a agricultores. En Medellín [del Ariari] se han visto movimientos y en
algunas veredas de arriba. El tema es que se presentan como delincuencia común” (CNMH, entrevista con hombre adulto, Puerto
Esperanza, 2013). El asesinato de José Rogelio López en abril de
2013 también generó alerta entre la comunidad: Iba hacia Malabar como a las cinco de la mañana. Esa era su
rutina porque él vendía también verduras. Hubo gente que lo vio
pasar, cuando fue que dijeron que lo habían asesinado con machete (…) Pero no fue un machetazo, dicen que lo torturaron. Es
muy raro, porque la forma (…) se parece a la forma como antes
operaban los paramilitares (CNMH, entrevista con hombre adulto, Medellín del Ariari, 2013). Episodios de este tipo han hecho que el temor por el retorno de
los paramilitares vuelva a surgir entre algunos de los pobladores.
De acuerdo con las palabras de una de las entrevistadas: “Ahí está
el León dormido y no sabemos cuándo se levante” (CNMH, entrevista con mujer, El Castillo, 2013). 7.2. Anhelos de paz y nuevos riesgos que podrían derivarse Hechos como los narrados evidencian que El Castillo es todavía un lugar donde el conflicto persiste. Probablemente, por esta
razón, buena parte de las personas entrevistadas o que formaron
parte de los talleres de reconstrucción de la memoria manifestaron
su apoyo a los diálogos de paz entre las FARC y el Gobierno de
Juan Manuel Santos. En especial, los pobladores de las veredas y
los corregimientos que sufrieron el vaciamiento y el arrasamiento
coinciden en el anhelo de finalización de la confrontación armada. No obstante, inquietudes como las siguientes fueron mencionadas: la firma de la paz, aunque indispensable, no necesariamente
implica que los diferentes factores que causaron el conflicto armado y la violencia sociopolítica se vayan automáticamente a superar.
Incluso varios hechos hacen temer a la población que la violencia
se pueda volver a exacerbar no solo en este, sino en todos los territorios controlados por las FARC en cuanto espacios donde la
guerrilla ha gobernado, hecho política, impuesto sus normas, manejado la economía, influenciado la cultura e incluso controlado
el medio ambiente.
En primer lugar, la memoria de lo ocurrido a partir de 1984 en
el territorio hace temer una nueva ola de democratización violenta si
las élites y la población en general reaccionan negativamente a la
participación política de los desmovilizados e, incluso, a propuestas como la de instituir circunscripciones transitorias especiales
de paz en la Cámara de Representantes para los territorios que
más han sufrido la violencia.
Preocupan los resultados del estudio coordinado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de Los Andes, donde
alrededor de 50 por ciento de las personas encuestadas dijo que
no aceptaría el resultado de las elecciones locales si las gana un
desmovilizado (Semana.com, s. f.). Lo anterior hace pensar que
solo si se encuentra la manera de revertir esta opinión tan generalizada, se podrá garantizar que en el futuro nadie recurra a las
armas para promover sus ideas políticas y también que nadie que
promueva sus ideas políticas dentro de las reglas de la democracia
sea nuevamente violentado.
En segundo lugar, de firmarse la paz El Castillo y, en general,
en el Alto Ariari, se convertirían en territorios con una gran cantidad de población reinsertada. Algunas personas se preguntan si el
municipio El Castillo realmente contará con una oferta adecuada
para ofrecer a las personas desmovilizadas y qué tipo de opciones
existirán para ellas en el territorio. El reto también consistirá en
que los programas de reinserción no sean vistos por las víctimas
y por la población en general como “competencia” para lograr la
atención por parte del Estado, sino que este logre atender simultánea y satisfactoriamente a todos los ciudadanos, garantizándoles
sus derechos.
De cuestiones como las anteriores dependerá que pueda darse
una efectiva reconciliación en el territorio y evitar también que en
Colombia se repitan experiencias como la de El Salvador, donde
después de la desmovilización de los bandos en conflicto se multiplicaron la criminalidad y la delincuencia común. Para ello, se
requiere que las entidades territoriales sean verdaderos actores y
no simples receptores del proceso de reinserción y que este no se
maneje con excesivo centralismo.
Pero los anteriores no son los únicos riesgos que se vislumbran
en caso de firmarse la paz. En el municipio El Castillo, buena parte de las zonas donde hoy existe presencia guerrillera son ricas en
recursos naturales renovables y no renovables, lo que genera el
riesgo que, tras un acuerdo de paz, puedan surgir nuevos conflictos y disputas por el control de estas riquezas. Colombia no está
exenta de que el posconflicto pueda verse exacerbado por tensiones sobre el ambiente y los recursos naturales, lo que, incluso, puede llegar a debilitar las perspectivas de lograr una paz duradera.
En numerosas oportunidades, la influencia guerrillera ha servido como una barrera de contención contra la explotación y el
arrasamiento de los recursos naturales, con lo cual se ha frenado
la acción antrópica que pudo haber afectado el patrimonio natural. Esta es una cara del conflicto que hasta el momento ha sido
poco explorada, pero que forma parte de lo que ha acontecido en
El Castillo. 106 De acuerdo con el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente), en el mundo, desde 1990, al menos unos dieciocho conflictos violentos
han sido exacerbados por la explotación de recursos naturales. La explotación
de los recursos naturales y otras tensiones ambientales conexas pueden influir en
todas las fases del ciclo del conflicto, desde contribuir a la aparición y perpetuación
de la violencia hasta debilitar las perspectivas de lograr la paz.
107 Aunque en otras ocasiones la guerrilla ha apoyado prácticas poco favorables
al medio ambiente, como la minería ilegal, que se ha convertido en una importante
fuente de ingresos. También se ha denunciado que en algunos territorios brinda
seguridad a cambio de “vacunas” a las empresas que llegan a explotar los recursos
naturales o a hacer talas ilegales y que incluso les facilita la maquinaria (Elpaís.
com.co, 2012). 292 Por esta razón, es necesario anticiparse a lo que podría llegar
a ocurrir en relación con el medio ambiente en aquellos lugares
del municipio con presencia de las FARC si llega a haber acuerdo
de paz. Es previsible que si eso ocurre se generen unas condiciones favorables para los inversionistas que hasta el momento se han
tenido que mantener al margen de algunos lugares. Esto genera
el riesgo de que las inversiones, si son basadas en un modelo extractivista, comprometan el medio ambiente, pongan en peligro la
biodiversidad y permitan un acaparamiento de tierras que hasta
este momento solo ha sido un fenómeno incipiente.
Por ello se hace necesario que el Estado recupere el control,
llene el espacio, institucionalice y realice una planificación del
territorio antes de lanzarse a conceder títulos mineros o concesiones de hidrocarburos por dar solo algunos ejemplos. De no
tomarse estas previsiones, se corre el riesgo de que la violencia,
la reconfiguración territorial y la descampesinización se puedan
exacerbar.
La eventual firma de la paz debe ser vista como un suceso que
genera múltiples oportunidades, pero que también crea riesgos
que se deben anticipar y controlar, entre otras cosas por medio de
un ordenamiento territorial participativo que incorpore las expectativas en términos medioambientales de la población castillense