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y, en especial, del campesinado.
Hasta el momento, el país no se ha ordenado de acuerdo con
realidades geográficas o demográficas, criterios ambientales o
agrológicos o respondiendo a los peligros y retos que se derivan
del cambio climático, sino que el ordenamiento del territorio se ha realizado según las necesidades e intereses de un modelo extractivo, político y clientelista, que no ha tenido en cuenta las necesidades de la mayoría de la población y que ha convertido en víctima
a la naturaleza (Franco y otros, 2010). Por esta razón, la paz debe
ser vista como una oportunidad para ordenar el territorio de El
Castillo en función del medio ambiente, para cuidar lo que queda
y recuperar lo que ya ha sido destruido, según lo espera buena
parte de la población con la que trabajó el CNMH. 7.3. La importancia de formalizar y proteger los derechos
sobre la tierra La reparación de los daños y las desestructuraciones generados
por los procesos de vaciamiento y arrasamiento vividos en el territorio, pasan necesariamente por la formalización del gran número de predios que no tienen títulos de propiedad, a pesar de que
algunas ocupaciones y posesiones datan de la segunda mitad del
siglo XX.
En lo que respecta a los terrenos baldíos de la nación pendientes de formalización, el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) ha intentado justificar la demora en el proceso de
adjudicación apelando a argumentos de distinta naturaleza. Por
un lado, advierte la inexistencia del informe de derechos sobre
predios y territorios. Por otra parte, aduce la insuficiencia de recursos de la oficina territorial del Meta para dar curso al proceso,
y por último menciona la existencia de prohibiciones legales para
adjudicar los baldíos solicitados.
En suma, han pasado años desde que los campesinos solicitaron que se les formalizaran sus terrenos y la dilación del proceso
está “posibilitando la compra y venta de tierras de manera irregular por parte de foráneos, aun a pesar de la existencia de la
declaratoria de protección de las tierras” (Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz, 2011).
Entre los pobladores y víctimas existe la sensación que en su
territorio es más fácil obtener un título minero o una concesión
para la explotación petrolera que un título de propiedad sobre la
tierra, y mencionan que argumentos como la pertenencia al área
de manejo ambiental de la Macarena, entre otras circunstancias
que han dificultado la formalización de los predios, no han sido
obstáculo para titular y concesionar el subsuelo. Lo que cuestionamos nosotros es que no se hace titulación de
predios a estas personas, porque son campesinos, porque están
dañando el parque, porque lo contaminan, porque talan bosques,
y es más, la gente ni siquiera tala un árbol (…) sin embargo esta
empresa minera va a entrar (…) en una zona de amortiguamiento
del parque y a ellos se les dio la licencia ambiental (CNMH, entrevista con mujer adulta, Medellín del Ariari, 2013). Teniendo en cuenta que el alto grado de informalidad sobre la
tenencia de la tierra genera condiciones favorables para la revictimización de los castillenses e impide su acceso a créditos y subsidios, entre otros beneficios, el Estado debe proceder a formalizar
los derechos sobre la tierra de manera inmediata, para lo cual se
puede valer de las rutas y los procesos administrativos y judiciales
ordinarios, como también de los extraordinarios creados en la justicia transicional. manejo ambiental por parte de la Cormacarena (Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena) pero no necesariamente
los convierte en inadjudicables.
Necesidad de evitar que escalen los conflictos por el agua Las tensiones en El Castillo en torno al uso y aprovechamiento
de los recursos naturales no solo se relacionan con la minería y la
explotación de hidrocarburos. Como se ha resaltado, el municipio
es rico no solo en recursos naturales no renovables, sino también
en acuíferos, dada su posición geoestratégica en las estribaciones
de la cordillera Oriental y su cercanía al Parque Nacional Natural
Sumapaz, una de las estrellas fluviales más importantes del país.
A pesar de esta ventaja estratégica, el acceso al servicio público
de acueducto siempre ha sido deficitario. Por esta razón, para
poder satisfacer las necesidades de personas y animales y para
poder cultivar la tierra, las comunidades crearon mecanismos
autónomos para disponer del agua. Para ello, protegieron las coberturas vegetales que regulan el sistema hídrico de la región y
construyeron acueductos comunitarios. Como explicó una mujer
entrevistada, el agua es la principal prioridad: “aquí podemos vivir
a oscuras, pero nunca nos ha faltado el agua. Por eso creamos los
acueductos comunitarios” (CNMH, entrevista con mujer adulta,
Puerto Esperanza, 2012).
Sin embargo, los esfuerzos comunitarios para llevar agua a
todos los castillenses se vieron interrumpidos, primero, por el
conflicto armado y el vaciamiento de las veredas y centros poblados y, más recientemente, por los procesos de privatización de la propiedad. También la Ley 975 de 2005 permite que se titulen las tierras a las
personas victimizadas.
El
proceso ha generado descontento y malestar, pues, por una parte,
los campesinos consideran que el agua es parte de su patrimonio
y un derecho fundamental, y por otra no están de acuerdo con
que una alternativa autogestionada, autónoma y sostenible, orientada bajo los principios de solidaridad y gratuidad, como son los
acueductos de la comunidad, sean reemplazados por acueductos
privatizados que operan bajo las reglas del mercado. “Con Edesa,
las tarifas han subido y no a todos lados llega el agua. Lo que se
hizo fue privatizar (…) y monopolizar el uso del agua (…) cobrar
por cada gota” (CNMH, mujer adulta, taller de memoria, Villavicencio, 2012).
La privatización ha generado protestas, pero, a pesar de las expresiones de descontento de la comunidad por los altos costos y la
instalación de micromedidores, se ha continuado cediendo la administración de los acueductos a Edesa que incluso quiere ampliar
sus actividades en el territorio. Edesa empezó a invertir en acueductos comunitarios, uno de
ellos el de Medellín del Ariari. Luego estuvo en la vereda de los
Alpes y la Cumbre. Las comunidades reclamaron la administración y el manejo de los acueductos comunitarios, como reclamo
histórico. Edesa advertía que el agua de los acueductos solo debía
destinarse para consumo humano. La comunidad dijo que para
ellos el agua es un patrimonio de la naturaleza, en consecuencia no se le puede cortar el consumo a los animales y a la tierra
(CNMH, entrevista con mujer adulta, El Castillo, 2013). Lo que se ha propuesto por Edesa es reducir el consumo de
agua. Y proyectan poner micromedidores en todas las zonas. En
Medellín del Ariari ya han puesto medidores que, aún sin funcionar, están instalados. Con el acueducto de Malabar van a hacer lo
mismo. El acueducto de San Luis de Yamanes y Peñas Blancas son
los que más han resistido (CNMH, entrevista con mujer adulta, El
Castillo, 2013). Para la comunidad acabar con los acueductos comunitarios
significa poner en riesgo el acceso al recurso, dada la imposibilidad de pagar las tarifas y las restricciones para destinar el
recurso a la agricultura y el cuidado de los animales. Ello ha desencadenado un movimiento de resistencia a través de organizaciones, como el Comité Pro Acueducto del Alto Ariari y Civipaz,
entre otras.
En todo caso, existe el riesgo de que si el tema no se soluciona
pueda llegar a generar nuevos desplazamientos, como lo advirtieron varios entrevistados. Si le cobran cada gota de agua que usted usa para darle a
los animales, para comer, para sembrar, pues no queda nada qué
hacer. Si la plata no alcanza para mantener un cultivo muchas
veces, ahora pagando el agua (…) Así la gente prefiere vender,
salir y dejar la tierra (CNMH, mujer adulta, taller de memoria,
Villavicencio, 2012). 7.5. Terminar de una vez por todas con la estigmatización Entonces mire, es que siempre seguimos siendo estigmatizados, la estigmatización no se acaba. Ahora es más, porque ahora
es política también. En Colombia, se está volviendo a decir que
ser opositor a un gobierno no es hacer oposición sana, sino una
oposición de rebeldía y de criminales (CNMH, hombre adulto,