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taller de memoria, Medellín del Ariari, 2012). La estigmatización se encuentra presente todavía en el municipio,
se expresa por medio del discurso, las prácticas del Estado y de otros
actores legales e ilegales, se constituye en una amenaza para las comunidades y en un factor que continúa generando desplazamiento.
Existen varios ejemplos de cómo continúan los señalamientos frente
a diferentes formas de pensamiento, contra todo aquel que disiente
y en relación con aquellas personas o colectividades que reivindican
otro tipo de proyectos políticos y económicos.
Así, por ejemplo, en un consejo de seguridad celebrado en El
Castillo el 17 de julio de 2012, el comandante del Batallón XXI
Vargas afirmó “que tenían un problemita con esa comunidad”.
En otros espacios, se escucharon también expresiones como las
siguientes: “Los de Civipaz siguen creyendo que eso es una república independiente” (CNMH, entrevista con funcionario público,
Villavicencio, 2012). “Algunas comunidades como Civipaz no colaboran con las Fuerzas Armadas, no nos quieren, no nos permiten
entrar, y eso a la larga va a ser un problema. No podemos permitir
que esto se vuelva como en el Cauca (CNMH, entrevista con mujer
adulta, Puerto Esperanza, 2013).
Entre la comunidad existe la percepción de que la continuidad
de la estigmatización se relaciona estrechamente con los intereses militares, económicos, políticos y ambientales que se ciernen
sobre el territorio. Además, una nueva oleada de estigmatización
se cierne también sobre los movimientos sociales y las organizaciones políticas y revive el temor de que lo ocurrido con la Unión
Patriótica (UP) le pueda ocurrir también a movimientos, como la
Marcha Patriótica. Yo pensaría que ahora no somos pocos los que pensamos eso
(…) es por todo lado que se hace ese comentario, de que se va
a repetir la historia de la UP. Nosotros hemos hecho el análisis
al interior de las organizaciones (…) Se habla que (sic) (…) había que retomar la experiencia y evitar que se repitiera la historia
(CNMH, entrevista con hombre adulto, Villavicencio, 2012). Este tipo de riesgos constituye una amenaza directa al anhelado fortalecimiento democrático, pues inhibe el surgimiento de
nuevas alternativas para la participación política y la canalización
de las demandas por las vías institucionales. Recomendaciones del Centro Nacional
de Memoria Histórica y de la población
de El Castillo Los habitantes de El Castillo requieren una serie de actuaciones por parte del Estado con el fin de reconstruir lo arrasado y
replantear también algunas de las lógicas imperantes en el territorio para que cese completamente el desplazamiento forzado y
otros hechos victimizantes, se eviten nuevos daños y desestructuraciones, se reparen los existentes, se frene la estigmatización y
la descampesinización y se pueda dar inicio a una nueva fase de
construcción de paz territorial.
Necesitan no solo que cese el conflicto, se reparen los daños
causados y se les asista para reconstruir los desestructurado, sino
también que se solucionen problemas orgánicos que aquejan al
territorio, se permita una verdadera apertura democrática sin que
haya una arremetida violenta y se incorporen consideraciones de
sostenibilidad ambiental que eviten la destrucción del patrimonio
natural en aquellas áreas que paradójicamente el conflicto ha contribuido a conservar, como las ubicadas en algunas de las veredas
que sufrieron vaciamiento y arrasamiento.
El ejercicio de memoria histórica realizado en esta presente
investigación ha permitido construir un conjunto de recomendaciones de política pública que fueron discutidas con los participantes y que van dirigidas al Estado, en sus ámbitos local, regional
y nacional, en cuanto garante de los postulados de la Constitución
Política y del Estado social de derecho. En relación con la verdad Se recomienda a los ministerios de Educación Nacional, Cultura y de Tecnologías de la Información y la Comunicación y al Departamento para la Prosperidad Social, directamente y a través de
sus organismos adscritos y vinculados, así como a las secretarías de
educación y de víctimas de la Gobernación del Meta y de la Alcaldía de El Castillo, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Nacional
de Televisión y a los medios masivos de comunicación, promover la
difusión de esta investigación dando a conocer a la ciudadanía no
solo el libro, sino también apoyando y promoviendo la realización
de talleres, cátedras y proyectos pedagógicos, culturales y artísticos que permitan una mejor transmisión, discusión y profundización de sus contenidos.
Asimismo se les invita a convertir esta investigación en otro tipo
de materiales didácticos y comunicativos (como cartillas, audiovisuales, cómics, infografías) que permitan hacerla más accesible
para que sus contenidos sean apropiados y debatidos por un público más amplio, no experto, por fuera de los ámbitos científicos
o académicos. Lo anterior como una apuesta por la democratización de la información, el conocimiento y la construcción de la
memoria histórica que genere un incremento en el diálogo y la
profundización del debate en nuestra sociedad. que más de 90 por ciento de los municipios con prioridad en el posacuerdo tienen
alguna figura de protección o de regulación de su uso, algunos con hasta 100 por
ciento de su área bajo estas figuras (PNUD, 2014). Teniendo en cuenta que el arrasamiento y vaciamiento son
fenómenos que hasta ahora empiezan a ser explorados y visibilizados, se recomienda al CNMH (Centro Nacional de Memoria
Histórica) continuar con la línea de investigación sobre pueblos
arrasados para obtener mayor información sobre los lugares de
la geografía nacional que perdieron a la mayoría de su población
por el desplazamiento forzado y también sobre los efectos que este
vaciamiento generó sobre los proyectos sociales, políticos, económicos, espirituales, familiares, ambientales y culturales de las personas y comunidades que fueron obligadas a migrar.
En cuanto la construcción de la memoria es una actividad permanente, se insta al CNMH, a la Gobernación del Meta y a El Castillo a que sigan apoyando nuevos ejercicios de reconstrucción de
la memoria que permitan la reelaboración de estos hallazgos y la
realización de futuros análisis que resalten, por ejemplo, el papel
de la mujer dentro de los procesos de vaciamiento y arrasamiento
o que indaguen sobre aspectos que escaparon —por diferentes
motivos— los alcances de este estudio, como la utilización de la
violencia sexual como un arma dentro del conflicto armado.
En la medida en que no puede haber paz sin memoria y que solo
manteniendo vivo el recuerdo de lo que ocurrió puede nuestro país
construir la paz, el Estado debe aceptar el genocidio político ocurrido en contra de la UP (Unión Patriótica) y el PCC (Partido Comunista Colombiano) y pedir perdón por los hechos cometidos en El
Castillo en contra de los militantes, simpatizantes y sus familiares.
En este mismo sentido, se recomienda al Ministerio de Educación y a las secretarías de educación del municipio y del departamento, al Ministerio Público, a las instituciones educativas y a
la Unidad para las Víctimas que la historia de la guerra sucia, el
fomento de grupos paramilitares para combatir al enemigo, los
asesinatos, las desapariciones y las torturas, la guerra sicológica
y, en general, todo lo ocurrido con la UP y el PCC dentro de una
encarnizada política contrainsurgente adoptada por el Estado
colombiano, bajo la influencia directa de los Estados Unidos, sea
enseñado en los colegios y universidades (por ejemplo formando
parte de la Cátedra de la Paz y de la Cátedra de Constitución y Democracia) como una forma de reparar el daño causado a los
individuos, familias y colectividades y de evitar que hechos como
estos se repitan en el futuro. En relación con la justicia El CNMH recomienda a la Fiscalía General de la Nación avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades en relación con los
delitos a los que fueron sometidos los habitantes de El Castillo y
la imposición de sanciones y condenas a todas las personas que
participaron en conductas que transgreden la ley penal, incluso
a todas aquellas que hasta el momento no han sido investigadas.
Preguntas como las siguientes deben ser dilucidadas cuanto antes:
¿quiénes fueron los actores intelectuales? ¿Quiénes financiaron a
los actores materiales? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado?
En esta investigación, hombres y mujeres insistieron en la
responsabilidad de actores como Hernando Durán Dussan y
Víctor Carranza. Por su parte, los paramilitares desmovilizados,
en sus versiones libres, señalaron a miembros del Ejército que
coadyuvaron en la comisión de delitos graves, infracciones al