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derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos
humanos. Los ejercicios de la memoria también permitieron
vislumbrar la responsabilidad de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) en múltiples hechos victimizantes. En consecuencia, se recomienda al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento de la Función Pública
continuar con el fortalecimiento de la Fiscalía General de la
Nación y de la rama judicial para esclarecer la responsabilidad
de actores políticos, económicos y militares que por acción u
omisión son responsables por las conductas que contribuyeron
con el arrasamiento en El Castillo.
A la Fiscalía se le recomienda ampliar las investigaciones orientadas a esclarecer la verdad sobre las dinámicas del vaciamiento y
el arrasamiento como modalidad de desplazamiento forzado, en
los ámbitos local, regional y nacional. Una verdadera paz y reconciliación nacional necesitan ser construidas sin la impunidad que ha caracterizado las conductas que
transgreden la ley penal. Para ello, se requiere la actualización
y sistematización del universo de víctimas, así como el establecimiento de conexiones criminales, implicados y las condiciones
que permitieron el accionar criminal en la región.
Además, y en cuanto no es posible dimensionar lo que le ha
costado a la sociedad colombiana el magnicidio de cientos de sus
líderes populares, pero constituye un hecho notorio que la violenta eliminación de un líder social constituye una afrenta a todo el
conjunto de la sociedad, se insta al Congreso de la República y los
ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho a que los delitos
de magnicidio sean declarados delitos de lesa humanidad, tengan
imprescriptibilidad penal y sean cobijados por la jurisdicción universal. En relación con la reparación Se propone a la Unidad para las Víctimas y al SNARIV (Sistema
Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas)
un nuevo abordaje del desplazamiento forzado donde se reconozca que este puede, incluso, ser más generalizado que el desplazamiento “masivo” actualmente reconocido por las normas.
Cuando la mayoría de las personas de una vereda, corregimiento,
resguardo indígena, tierra de comunidad negra, zona de reserva
campesina, casco urbano, barrio, entre otras, se hayan visto obligadas a migrar debido al desplazamiento forzado, y donde, por
este hecho, se pueda ocasionar una desestructuración de las relaciones preexistentes ligadas al territorio, el Estado debe aceptar la
ocurrencia de un fenómeno diferente, el vaciamiento, y generar a
favor de las personas y comunidades que lo padecieron una atención diferencial y especializada para evitar que ocurra el arrasamiento o para repararlo si ya ocurrió.
Además, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Defensa
(junto con el CI2RT, Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras) y la Unidad de Restitución de Tierras deben
tomar correctivos para que la aplicación del principio de gradualidad no implique para las víctimas de El Castillo tener que seguir esperando durante un largo tiempo la actuación del Estado
en materia de reparación por vía administrativa, restitución de
tierras, reparación colectiva, retornos y reubicaciones, entre otras. Reparación por vía administrativa Se recomienda a la Unidad para las Víctimas dar prioridad a
El Castillo para una inmediata construcción de los PAARI (Planes de Asistencia y Reparación Integral) de todas las personas
víctimas de El Castillo que incluya la gestión de la oferta institucional pertinente, acorde con sus necesidades, así como el pago
de sus reparaciones administrativas en el corto plazo, máximo un
año, en cuanto de la oportunidad con la que esta se les entregue
dependerá su pertinencia o no para la reconstrucción de sus proyectos de vida.
En este sentido se recomienda que este municipio, así como
todos los lugares del país que sufrieron fenómenos de vaciamiento
y arrasamiento, sean incluidos en las resoluciones que concretan y
“aterrizan” los criterios de gradualidad y progresividad.
Asimismo, se insta a la realización de campañas para combatir
el subregistro del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, en cuanto uno de los hallazgos de esta investigación es
que, a pesar de la magnitud de las cifras oficiales, estas todavía
están lejos de contener el registro de todas las víctimas que ha
venido dejando el conflicto en el territorio.
En el mismo sentido, también se recomienda la ampliación de
los plazos para que las personas que sufrieron victimizaciones realicen su declaración. Retornos y reubicaciones El Comité Territorial de Justicia Transicional, encargado de velar por la elaboración, aprobación y seguimiento a los Planes de
Retorno y Reubicación municipales debe dar prioridad inmediatamente, dentro su estrategia de retornos o reubicaciones, a todas
las veredas, los corregimientos y los centros poblados de El Castillo que sufrieron vaciamiento.
La Unidad para las Víctimas debe velar porque esto mismo ocurra en relación con todas las demás unidades sociodemográficas del
país que padecieron el fenómeno. Lo anterior teniendo en cuenta
que, tal y como lo propone el CNMH, el vaciamiento es un desplazamiento que va más allá del masivo, y que sus daños, efectos
y desestructuraciones (en especial los colectivos) se profundizan y
se hacen más difíciles de reparar con el paso del tiempo.
El acompañamiento estatal debe garantizarse para que las personas no tengan que seguir regresando por su cuenta al territorio,
como ha venido ocurriendo hasta el momento; al Estado le corresponde actuar oportunamente para que el retorno o la reubicación
de las miles de personas desplazadas forzosamente de El Castillo pueda darse a corto plazo y cumpla efectivamente con los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad. Restitución y protección de tierras La Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Defensa
y el CI2RT deben garantizar que El Castillo quede cobijado por
la progresividad y gradualidad dentro del proceso de restitución
de tierras, lo que en pocas palabras significa que las áreas rurales
que sufrieron abandono y despojo sean microfocalizadas a corto
plazo.
Lo anterior permitirá que las solicitudes recibidas por la Unidad
de Restitución de Tierras puedan comenzar a ser tramitadas. Además, se recomienda a la Unidad de Restitución de Tierras realizar
jornadas para recepcionar nuevas solicitudes de restitución, en
cuanto el número de solicitudes hasta el momento recepcionadas
es bajo si se compara con los índices de desplazamiento y vaciamiento.
En cuanto se microfocaliza el municipio y se concreta la restitución de tierras, se recomienda al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, al Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural), a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Comité de Justicia Transicional del municipio garantizar la protección de los derechos sobre las tierras de las personas desplazadas por
la violencia o susceptibles de serlo, mediante la aplicación de las
rutas derivadas del Decreto 2007 de 2001, en especial en las zonas
del municipio que ya gozan de protección vía de la ruta colectiva.
Teniendo en cuenta que la Ley 1448 no previó la restitución
para aquellas personas que fueron despojadas o que se vieron obligadas a abandonar sus fincas o casas con anterioridad al 1 de enero de 1991, le compete al CNMH, la Unidad para las Víctimas,
la Unidad de Restitución de Tierras, el SNARIV, la Gobernación
del Meta, la Alcaldía de El Castillo y los comités de justicia transicional
(del municipio y del departamento) tomar medidas para que estos
despojos y abandonos forzados no queden en el olvido. Mas aún
si se tiene en cuenta que, como se probó en esta investigación,
durante la década de 1980 ocurrió en El Castillo, como en todo el
país, un periodo de desplazamiento silencioso e invisible que está
en mora de ser visibilizado. Formalización de la propiedad La formalización de la propiedad es, sin duda, lo que la mayoría de las personas entrevistadas esperan con más ahínco por
parte del Estado. Además de ser una pieza fundamental de la reparación transformadora para las víctimas, la formalización debe
cobijar también a la población resiliente y tiene que ser entendida como uno de los presupuestos fundamentales del posconflicto
rural en Colombia (Restrepo y Bernal, 2014). El alto grado de
informalidad encontrado en El Castillo margina a buena parte
de su población del acceso a créditos, subsidios y otros tipos de apoyos que tienen como requisito contar con un título de propiedad debidamente registrado. Además, hace a los castillenses más
vulnerables a nuevas victimizaciones.
Por lo anterior se recomienda al Ministerio de Agricultura, al
Incoder, la Unidad de Restitución de Tierras y a la rama judicial,
con el apoyo de la UPRA (Unidad de Planificación Agropecuaria), el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), la Superintendencia de Notariado y Registro y las autoridades ambientales,
realizar todas las acciones necesarias para formalizar a corto plazo
los derechos sobre la tierra de todos los habitantes del municipio
que cumplen con los requisitos para convertirse en propietarios.
Para ello, deben tener en cuenta la información generada en los