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procedimientos de protección de tierras, en especial la consignada en el Informe de derechos sobre tierras y territorios.
Además de lo anterior y teniendo en cuenta que en varias veredas del municipio, incluso en las que sufrieron vaciamiento, se
está presentando una tendencia a la concentración de la propiedad y a la descampesinización, se recomienda al Incoder y a la
Alcaldía Municipal, acompañar la titulación de las tierras con la
constitución de una o varias zonas de reserva campesina, figura
consagrada en la ley colombiana para fomentar la pequeña propiedad, evitar o corregir los fenómenos de inequitativa concentración de la propiedad rural, propender a un efectivo ordenamiento
ambiental territorial y garantizar la efectividad de los derechos
sociales, económicos y culturales de los campesinos (Ley 160 de
1994, artículos 79 a 84).
Asimismo, para evitar que por falta de oportunidades los beneficiarios de la titulación tengan que enajenar o abandonar sus
tierras, se recomienda a los ministerios de Transporte, Educación
Nacional, Salud y Protección Social, Trabajo, y Desarrollo Rural,
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como al Departamento Nacional
de Planeación y el Departamento para la Prosperidad Social, la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Alcaldía Municipal y
a la Gobernación del Meta que la formalización sea acompañada
de acceso a otros aspectos del desarrollo rural integral, como son infraestructura, salud, educación, ciencia y tecnología, servicios
públicos, ecoturismo, asistencia técnica, riego, vías de comunicación, proyectos productivos y apoyo en la comercialización, entre
otros, que garanticen una mejora en las condiciones de vida de las
personas a las que se les formalice la tierra.
Asimismo, para garantizar que estas medidas no contribuyan a
la descampesinización, los proyectos productivos y otras medidas
orientadas a garantizar la explotación agrícola del predio deben
realizarse de acuerdo con las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales de los campesinos y garantizando el uso
racional de los bienes naturales. Esto excluye cualquier tipo de
subordinación inconsulta a modelos asociativos. Reparación colectiva Se recomienda a la Unidad para las Víctimas reconocer como
sujetos de reparación colectiva a los campesinos y campesinas de
El Castillo así como a otros colectivos cuya afectación contribuyó
a desestructurar las relaciones sociales, económicas, sociales, políticas, económicas, familiares, ambientales y culturales construidas
en el territorio, como por ejemplo el Sindicato, las organizaciones
de mujeres, los partidos políticos, la organización campesina y,
en general, toda la organización surgida alrededor de la Unión
Patriótica y el Partido Comunista, para de esta forma garantizar
medidas de reparación integral ajustadas a las particularidades
históricas y culturales del municipio. En relación con las medidas de satisfacción y garantías
de no repetición El Estado colombiano debe garantizar que jamás se repita un
conflicto armado y una violencia sociopolítica como los que tuvieron que ser padecidos por los habitantes de El Castillo, y debe también pedir perdón por lo sucedido; por las omisiones que implican no haber protegido a la población, y por haberla involucrado en
el conflicto, pero también por sus actuaciones que implican haber
participado de la guerra sucia contra la oposición, por la actitud
cómplice de algunos de sus agentes con los paramilitares, por haber maltratado a la población, invadido y quemado sus viviendas,
haber robado su ganado y participado en ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos).
En el mismo sentido, los desmovilizados de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y las FARC también deben pedir perdón público, reparar a las víctimas, y comprometerse a que hechos
como los narrados jamás vuelvan a suceder en El Castillo ni en
ningún otro lugar del territorio nacional.
Se recomienda al CNMH y la Gobernación del Meta continuar
apoyando los procesos de memoria histórica que recuperen colectivamente la historia de la colonización, la organización social, cívica y política, las victimizaciones y las resistencias desplegadas en
el territorio. En relación con la iniciativa de reparación simbólica
a través de la construcción de un centro regional de memoria, es
preciso que se continúe fortaleciendo el espacio de coordinación
interinstitucional con participación de la comunidad, que ha venido consolidándose, para garantizar que la iniciativa se construya
apelando al diálogo plural y sostenido con las comunidades tanto
de las zonas rurales como del casco urbano de El Castillo.
Además, los tiempos previstos para la implementación de esta
iniciativa deben obedecer a los tiempos que imprima la dinámica de diálogo y concertación con las víctimas, teniendo como
principios orientadores la prevención de nuevos procesos de revictimización y la reconstrucción de los vínculos comunitarios desestructurados con el arrasamiento.
Dicho centro regional de la memoria debe incluir un centro de
documentación contra el olvido, donde organizaciones de base,
organizaciones no gubernamentales, entidades públicas, organismos internacionales y todas las personas que hayan realizado
trabajos que contribuyan a la memoria histórica de lo acontecido en el municipio puedan aportar copia de sus bases de datos,
imágenes, videos, líneas del tiempo, artículos y otros trabajos que contribuyan al deber de preservación de la memoria y al derecho
a la verdad de los habitantes de El Castillo, la nación colombiana y
la comunidad internacional. En relación con la construcción de la paz territorial Terminación del conflicto y cese del fuego Acabar con la principal causa de todas las victimizaciones que
ocurren en El Castillo implica terminar con el conflicto armado e
iniciar una nueva fase de construcción de paz. En este sentido, se
insta al Gobierno Nacional a lograr el acuerdo final con las FARC
y comenzar a trabajar cuanto antes en la construcción de la paz
territorial con participación de todos los habitantes del municipio
y sus colectividades.
Mientras se llega a esta fase de construcción de paz, se recomienda al Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas aceptar un
cese del fuego que permita el desescalamiento del conflicto. Ello
permitiría detener los combates, sobrevuelos, ametrallamientos,
retenes y otro tipo de acciones que todavía ocurren en el territorio
y vulneran los derechos de la sociedad civil. En caso de cese del
fuego, se insta a que la fuerza pública defienda siempre a la población y vele por los derechos humanos, sin involucrar a la población
civil en el conflicto, respetando el principio de distinción. Participación política y riesgo de democratización violenta En relación con la participación política, se debe tener en cuenta las lecciones aprendidas de lo ocurrido con la UP, que hizo que
se desvaneciera entre un río de sangre el más importante ensayo
de incorporación de la insurgencia armada a la vida civil pacífica
colombiana. El exterminio sistemático del que fue objeto este movimiento político permitió que se frustrara una importante propuesta de paz, de reconciliación nacional y de democratización del país. En este sentido, ante la eventual firma de un proceso de paz, las
Fuerzas Militares, los ministerios del Interior, Justicia y de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio Público deben encargarse de otorgar todos los derechos y garantías para el
ejercicio de la oposición política y evitar a toda costa que se inicie
—tras los acuerdos— un nuevo ciclo de democratización violenta.
Para promover una cultura democrática de la tolerancia, se recomienda a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a los
ministerios de Comunicaciones, Interior, Justicia, Defensa, la Autoridad Nacional de Televisión, los medios de comunicación, a las
secretarías de víctimas y de educación de la Gobernación y del
municipio, así como al Ministerio Público, a realizar campañas
para que haya un trato respetuoso entre adversarios políticos, se
edifique una cultura de la tolerancia, cese la estigmatización, se
promueva la reconciliación y se asegure no utilizar las armas para
promover causas políticas. Desmovilización y reinserción En relación con el proceso de reinserción y teniendo en cuenta que El Castillo será un municipio con un alto número de desmovilizados, se recomienda al Gobierno Nacional evitar que este
proceso sea manejado de manera excesivamente centralizada. Se
recomienda a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que
promueva una intervención directa de la Gobernación del Meta
y de la Alcaldía, para que sean actores y no simples receptores de
los programas que se construyan para los desmovilizados y reinsertados. Paz y medio ambiente Las experiencias internacionales han demostrado que la integración del medio ambiente y los recursos naturales no son únicamente una opción, sino un imperativo en la consolidación de la
paz (Naciones Unidas, 2014), lo que pone al país en un escenario
donde se debe tomar en serio la ecuación entre paz y medio ambiente (Rodríguez, 2015). Lo anterior significa que en El Castillo,
como en muchas otras zonas del país con una alta relevancia ambiental, la paz territorial se debe construir desde un conocimiento
previo de los recursos naturales existentes en el territorio, del papel que pudieron haber desempeñado en el conflicto y de las razones por las que estos podrían contribuir a que se repita; e implica
también la necesidad de identificar nuevas oportunidades, riesgos
e impactos en el escenario de posconflicto.