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Paradójicamente, las lógicas del conflicto han hecho que hasta
el momento algunas zonas del municipio, en especial las 19 veredas de la parte alta que sufrieron los fenómenos de vaciamiento y arrasamiento, se hayan mantenido poco intervenidas por el
hombre, lo que de alguna manera ha podido haber contribuido a
la conservación de sus ecosistemas y su biodiversidad. Lo anterior
hace que el eventual fin del conflicto plantee importantes retos al
exponer lugares hasta el momento aislados a procesos acelerados
de transformación, para lo cual las instituciones deben prepararse
con el fin de responder adecuadamente (Bello y otros, 2014).
Ello crea la necesidad de establecer, en el escenario del posconflicto, procesos de ordenamiento territorial donde el Estado junto
con las comunidades locales (tanto las que habitan hoy en territorio
como las que todavía están desplazadas) puedan decidir y ordenar
conjuntamente lo que ocurrirá en el territorio una vez se supere el
conflicto armado y se comience la fase de construcción de paz. De
forma tal que la transformación no sea a costa de la base natural.
Lo anterior cobra una especial importancia si se tiene en cuenta que, según se ha previsto en actual proceso de negociación, la
paz en Colombia será una paz territorial que implica la participación de todos los ciudadanos y comunidades en torno a su construcción.
Por lo anterior, uno de los principales retos del posconflicto
consiste en generar verdaderos procesos participativos de ordenamiento territorial que tengan en cuenta las expectativas de los
pobladores y la riqueza natural de los territorios. Lo anterior si no
se quieren poner en peligro los bosques, las fuentes de agua, la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos que actualmente existen en el municipio, que sobrevivieron e incluso de alguna manera
se conservaron por el conflicto.
Desde esta perspectiva, se recomienda al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Cormacarena (Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena), la Unidad Administrativa de Parques Naturales Nacionales, la
UPRA (Unidad de Planificación Agropecuaria), la Gobernación
del Meta y el municipio de El Castillo promover una gestión de los
recursos naturales y un ordenamiento (ambiental, social y productivo) participativo del territorio que permita armonizar diferentes políticas públicas, conciliar las visiones nacionales y regionales
existentes con las expectativas locales, para de esta manera fomentar la paz.
Lo anterior implica una buena capacidad de respuesta de las
autoridades ambientales, por lo que se recomienda a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
al Departamento Nacional de Planeación y al Departamento Administrativo de la Función Pública el fortalecimiento financiero,
técnico y político del Ministerio de Ambiente, Cormacarena y la
Unidad Administrativa de Parques Naturales Nacionales para que
puedan asumir los retos ambientales que implicará el posconflicto
en ese territorio.
Además, se invita a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia a que solicite a la comunidad internacional apoyo para adelantar procesos de ordenamiento territorial técnicos y participativos que aseguren que, en zonas como la parte
alta de El Castillo, el posconflicto no implique una afectación de
la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad.
En cuanto a los usos mineros del territorio, se deben analizar
cuidadosamente las implicaciones que estos pueden tener en el
municipio para evitar que el potencial minero se convierta en nueva fuente de conflictos socioambientales. En este sentido, se recomienda al Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación
Minero Energética, la Agencia Nacional Minera, el Servicio Geológico Colombiano, al Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional
de Licencias Ambientales evaluar cuidadosamente las implicaciones sociales y ambientales de la actividad extractiva en el momento de dar lineamientos y establecer acciones relacionadas con el
ordenamiento minero, aprobar nuevas solicitudes de títulos mineros o dar licencia ambiental a las existentes.
También se les insta a fortalecer el control institucional frente
a las empresas que realizan actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y explotación minera en el
municipio, para evitar que lesionen el medio ambiente u otros derechos colectivos o generen fracturas en las relaciones colectivas y
comunitarias.
Por su parte, se recomienda al municipio de El Castillo permitir
y promover el uso de los mecanismos de democracia participativa
previstos en la Constitución, como las consultas populares, para
involucrar a la sociedad en general en las decisiones de uso minero del territorio. Además, a través de los instrumentos de ordenamiento territorial, se le invita a que tome las medidas necesarias
para la protección del ambiente sano, conservando sus cuencas
hídricas y delimitando las áreas de protección de los recursos naturales municipales en complemento de las figuras de protección
hoy existentes en el territorio.
También se invita a las autoridades mineras y medioambientales
a que, junto la Gobernación del Meta, el municipio, la academia,
los centros de investigación, las universidades y la comunidad, busquen nuevas oportunidades y alternativas de desarrollo local que
permitan el uso sostenible de la oferta natural, la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos.
Finalmente, se exhorta a la Procuraduría General de la Nación
y a la Defensoría del Pueblo, dentro de sus funciones y competencias, realizar seguimiento a las recomendaciones de política pública antes expuestas, para que estas tengan cabal cumplimiento. Otras medidas Los castillenses afirman con insistencia que han sido abandonados por un Estado que no se compromete con la garant...
sus derechos y que ha hecho una presencia en el territorio predominantemente militar. Por esta razón, se recomienda a los ministerios de Educación, Salud, Transporte, Agricultura y Desarrollo
Rural y Comercio Exterior, así como al Departamento de Prosperidad Social, la implementación de programas que garanticen la
concreción de los postulados del Estado social de derecho en el
municipio, así como la “procura existencial” de sus habitantes; esto
es, la garantía de unas condiciones de existencia mínimas para el
adecuado despliegue de su personalidad. Lo anterior incluye la
provisión de bienes públicos, como equipamientos educativos y acceso a la educación, puestos de salud y hospitales, infraestructura
vial y de servicios públicos, sobre todo en las veredas que sufrieron
vaciamiento, pero también en el casco urbano, Medellín del Ariari
y otros lugares que sufrieron los ataques de las FARC.
Como se comentó, las políticas educativas del nivel nacional y
departamental no contemplan planes de reapertura de instituciones cuando, como consecuencia del conflicto armado, el número
de estudiantes es reducido, lo cual dificulta el regreso o la permanencia de los habitantes de las veredas afectadas por el conflicto
armado. Tampoco contemplan la reconstrucción y dotación prioritaria de las sedes que fueron afectadas por el conflicto armado,
como la Escuela de Miravalles que todavía se encuentra en ruinas.
Se recomienda, entonces, al Ministerio de Educación, y a las secretarías departamental y municipal, que su política pública se adapte para un país en guerra y en tránsito a la paz. Lo que incluye,
entre otras acciones, la reapertura de los centros educativos que
tuvieron que cerrar por el conflicto así no tengan el número de
estudiantes que normalmente se les exige y la reconstrucción y la
dotación de las sedes que se vieron afectadas por los hechos que
dieron origen al desplazamiento forzado.
“Eminencias pedigüeñas”
intercambiando cartas de redención
cada cierto tiempo:
nuestra historia se reduce
a esa larga teoría
de reptiles afelpados.
Nos recuerdan, allí,
sus orígenes modestos; su moral a toda prueba.
Nos exhortan, con ademán sacerdotal
---ellos, que fueron ante todo masones
a compartir la vacuidad de sus propósitos;
el progreso, ese mito tonto.
Inmersos en el hedor de tal gloria,
bien podemos respirar aliviados:
nuestro desprecio por el país que hicieron
es idéntico al que ellos manifiestan, en privado. Juan Gustavo Cobo Borda (Padres de la patria) “Acá a Ciudad Porfia la llaman también la ciudad de los milagros. Lo que se roban en otras partes viene a dar por acá”. Bromea
Fanny Perdomo Hite en medio de una risa enorme y sonora cuando nos recibe en la sala de su casa. “(…) Aunque también creo que