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de darle sustento real al proceso. La propuesta de paz descrita promovió la instauración de un diálogo nacional
ampliamente participativo,
la aprobación de una
ley de amnistía17 y
la
consolidación de las comisiones de paz encargadas de adelantar las negociaciones
con las guerrillas. Entre los logros de estas comisiones merece rescatar la firma
de los acuerdos de tregua parcial con el M-19, las Farc, el EPL, la ADO y algunos
sectores del ELN. Sin embargo, con excepción de la tregua firmada con las Farc en el
municipio de La Uribe, en el departamento del Meta, estos acuerdos se rompieron
en menos de un año (García-Durán, 2011, pp. 100-101). 32 17 Ley 35 de 1982. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El sustento esbozado se tradujo en una política de paz cuya
intencionalidad
aparente se dirigió tanto a las necesidades individuales de los revolucionarios
(condiciones subjetivas) como a las causas políticas y estructurales de la violencia
(condiciones objetivas). En ese sentido, los procesos derivados de la amnistía y los
apoyos dirigidos al restablecimiento del proyecto de vida de los excombatientes
atenderían a ese componente subjetivo de la violencia; de la misma forma, la
apertura democrática, sumada al programa de desarrollo contemplado en el Plan
Nacional de Rehabilitación, estarían enfocados a mitigar las causas estructurales
de la violencia política, a saber, la ausencia del Estado, la exclusión política y las
inequidades económicas18 (Leal-Buitrago, 1999, p. 3). Esta aproximación a la coyuntura política promovió la creación de un andamiaje
institucional que orientó los alcances de la reincorporación de los excombatientes.
La amnistía, piedra angular de dicha estructura, implicó la libertad de la mayoría
de los presos de las guerrillas y fue relacionada con delitos políticos y conexos,
con excepción de los crímenes atroces contemplados en los principios y normas
humanitarias 19, e incluyó beneficios económicos y acceso a programas especiales
del Gobierno enfocados en propiciar la integración social y económica de los
amnistiados (Villaraga, 2008, pp. 61-64). Estas medidas institucionales, la existencia
de un escenario de participación política en apariencia incluyente y el énfasis en el
reconocimiento político de la insurgencia, propició indirectamente la consolidación
de la Unión Patriótica (UP) en 1985 (Turriago, Bustamante, 2003, pp. 6-7). A pesar de esto, la iniciativa de Betancur no obtuvo un respaldo político y social
generalizado debido a la ausencia de directrices y metas claras, su distancia de la
institucionalidad y el mismo hecho de carecer del apoyo de algunos sectores como
las Fuerzas Militares y los partidos políticos tradicionales20. Además, el conflicto
armado se agudizó durante este período, pues estas dinámicas de violencia
estuvieron «íntimamente relacionad[a]s con la emergencia de un nuevo actor, el 18 «El presidente Betancur estableció el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) como parte de la estrategia de paz de
su gobierno, como una forma de hacerle frente a las causas objetivas de la violencia y establecer relaciones armónicas
entre el Estado y la sociedad. Tenía como objetivo aumentar la inversión social del Estado y su presencia en zonas
rurales, para así disminuir el apoyo a la guerrilla» (Conciliation Resources, s.f.).
19 «La Comisión de Paz dio a conocer en septiembre de 1984 información de la Presidencia de la República, en la
que estimó en más de 1500 los amnistiados, según la cual se avanzaba en proporcionarles auxilios de sostenimiento
inmediato, apoyo para la obtención de la documentación, vinculación a atención básica en salud, acceso a crédito para
programas educativos y auxilios extraordinarios por calamidades» (Villaraga, 2008, p. 64).
20 «Peor aún, contaba con amplias resistencias en el bipartidismo. Como lo anotaba el mismo Belisario, con ellos era
imposible avanzar pero tampoco se podía prescindir de ellos. De esta manera, el Presidente recurrió a un pequeño
núcleo de colaboradores como Bernardo Ramírez, Antonio Duque y Jhon Agudelo Ríos, e incorporó al Gobierno a
reconocidas figuras del bipartidismo, pero marginó a los directorios políticos. Esas fórmulas irritaron a los jefes de los
partidos. Por ello el proceso de paz chocó desde un comienzo con “enemigos de paz” agazapados en todos los rincones
del Estado». (Ramírez, en Medina y Sánchez. p. 277). 33 Aprendizajes para la reconciliación paramilitarismo21; y la presencia de unos recursos financieros sin antecedentes
provenientes del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión» (Comisión Histórica
del Conflicto y sus Víctimas, 2015, p. 51). Por otro lado, de forma paralela a la firma de los acuerdos antes enunciados, las Farc
continuaron con su expansión hacia las regiones cercanas a sus zonas de influencia
histórica. Este crecimiento ocurrió simultáneamente con la migración de muchos
militantes de la lucha armada de izquierda hacia la lucha política legal bajo el manto
de la UP, lo cual generó una «suerte de desconfianzas, que se veían reforzadas por
la ambigüedad de algunos de [los militantes de la UP] frente a la opción armada»
(González, 2014, p. 384). Este aspecto podría indicar una disposición parcial de la
guerrilla hacia la construcción de alternativas a la violencia, o al restablecimiento
de relaciones de interlocución que pudiesen derivar en acciones concretas en favor
de la reconciliación. Enmarcado en este contexto nacional, acaeció el inicio del genocidio político
de este partido, hecho en sí mismo detestable, que marcaría no solo uno de los
períodos más violentos de la historia reciente de nuestro país, sino que, además
(y entre otras graves consecuencias), sería un obstáculo determinante para la
realización de la iniciativa de pacificación emprendida por el Gobierno de la época
y el que lo sucedió. Asimismo, en ese tiempo se inició en el país un proceso de descentralización
política, que derivó en la aprobación de la elección popular de alcaldes en 1986,
acto que se haría efectivo por vez primera en 1988. En este proceso, «sectores
ganaderos y empresariales, y grupos de
los partidos
liberal y conservador
manifestaron su rechazo a la posibilidad de que las alcaldías escaparan a su control.
La campaña contra la UP adquirió la forma de pronunciamientos públicos en los
que se invitaba a que ninguna personalidad o tendencia política hiciera alianzas
con el “proselitismo armado”. La advertencia sobre las consecuencias que podrían
tener los pactos electorales con la nueva colectividad sirvió para abonar el terreno
de los actos de violencia» (Cepeda, s.f.). Más aún, la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia, en 1985, representarían
el fin «real y simbólico de los esfuerzos de paz de Betancur. Este episodio puso de
manifiesto […] el peso que las soluciones de fuerza seguían teniendo para muchos
sectores de la sociedad, incluidos los militares, los terratenientes y líderes políticos
regionales, los paramilitares y también los grupos guerrilleros» (García, 2006, p. 34 21 En un estadio aún primitivo. Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Hubo un cambio de énfasis en la política
de paz emprendida por el Gobierno Barco,
en el cual se asumió como central
el concepto de reconciliación 187). Todo este panorama evidenció la inexistencia de un escenario de encuentro
propicio para la reconciliación nacional, en la medida que no existía una genuina
disposición de varios sectores de la sociedad que se habían enfocado en construir
alternativas a la violencia. Las iniciativas de paz fueron fracturadas por la defensa
de intereses concretos a nivel nacional y local, lo que en últimas se tradujo en un
escalamiento del conflicto. En este contexto, en 1986, Virgilio Barco fue elegido presidente. Su Gobierno
«asumió como política de paz el propósito de superar la pobreza y la exclusión social
para acabar con las razones objetivas de la violencia, y promovió una estrategia
sustentada en presupuestos de reconciliación, rehabilitación y normalización»
(Villarraga, 2009, p. 71). Según la perspectiva de Mauricio García-Durán, el manejo de la paz del Gobierno
Barco se desarrolló en dos etapas: en la primera, continuó la implementación del
Plan Nacional de Rehabilitación con los mismos objetivos del Gobierno anterior,
apuntándole a la construcción de una reconciliación política. En la segunda (a partir
de 1988), se hizo la presentación de la iniciativa de paz y la apertura de nuevos
diálogos con la guerrilla del M-19 (Conciliation Resources, s.f). Por otro lado, la tregua firmada con las Farc en el gobierno anterior se rompió, las
guerrillas se fortalecieron y se aliaron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.
Además, el panorama político nacional se hizo más complejo, debido a la expansión
del narcotráfico y la perpetración de varios atentados terroristas dirigidos a evitar