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las extradiciones a los Estados Unidos (Villarraga, 2009, p. 71). En este contexto, se gestaron varias iniciativas políticas que transcurrieron mientras
que una serie de episodios trágicos tenían lugar en las zonas rurales y urbanas del
país. Hubo un cambio de énfasis en la política de paz emprendida por el Gobierno
Barco, en el cual se asumió como central el concepto de reconciliación, pues el
foco de atención se dirigió no solo a la iniciativa de desmovilizar a la insurgencia,
sino también a atender las demandas sociales que servían como base del conflicto.
Se entendió que este énfasis era necesario para recuperar la convivencia pacífica
(Villarraga, 2009, p. 71). De forma consecuente con ese cambio de discurso, el
Gobierno creó la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación,
en la cual se consideraba que el logro de la paz incluía no solo al Estado y los grupos
alzados en armas, sino también a toda la sociedad (Ossa, en Villarraga, 2009, p. 30).
La rehabilitación se entendió, en este contexto institucional, como un concepto
atado a la normalización, que consistía en propiciar las condiciones necesarias para
«restablecer la normalidad de la vida civil, es decir, la presencia de las instituciones
propias de un Estado de Derecho, especialmente la justicia, con el fin de garantizar 35 Aprendizajes para la reconciliación El Gobierno aumentó la presión militar mientras
consolidaba un desarrollo institucional proclive a
la reconciliación, lo que impidió la consolidación de
escenarios de coexistencia que los conflictos se resolvieran conforme a las normas que deberían regular el
funcionamiento de una sociedad que efectivamente se acogiera a procedimientos
democráticos» (Ossa, en Villarraga, 2009, p. 30). Sin embargo, el Gobierno optó simultáneamente por aumentar la presión militar
a las guerrillas, lo que impidió la consolidación de escenarios de coexistencia:
mientras, por un
lado, emprendía el desarrollo
institucional
y discursivo
mencionado anteriormente, el cual buscaba emprender procesos de reconciliación
nacional, por otro lado rechazaba a la subversión armada, en la medida que,
según esta perspectiva, la paz no podía ser asimilada con el cese al fuego, ni sería
coexistente a la presencia de grupos armados ilegales. La alusión que Virgilio Barco
hizo a la reconciliación partía de una condición mínima, a saber, que existieran
demostraciones tangibles de las guerrillas en relación con su voluntad política para
la desmovilización (Discurso presidencial, enero 12 de 1989). Lo anterior explica por
qué la política de paz en este contexto consideró que «las reformas y las políticas
gubernamentales no tomaran como referente a las minorías armadas al margen de
la ley sino al mandato ciudadano entregado al presidente y a las aspiraciones del
conjunto de la población» (Villarraga, 2009, p. 76). La posible incoherencia derivada de este abordaje, a la vez belicista y proclive al
diálogo, así como el recrudecimiento de la violencia, la agudización del exterminio
de la UP22 y el rompimiento de las negociaciones con las guerrillas fueron la
demostración de las fallas más graves en el abordaje de la política de paz durante
ese Gobierno de cara a su apuesta por la reconciliación nacional en distintos
sentidos. El objetivo principal de la agenda de paz del Gobierno Barco «no era
negociar una solución al conflicto armado, sino legitimar el Estado y deslegitimar
la guerrilla. Es decir, para Barco podía haber negociaciones, pero ya no entre dos
partes, sino entre un Estado que conscientemente representaba a la ciudadanía
y unos grupos guerrilleros que cada vez eran menos legítimos, pero que podrían
aspirar a participar en la vida política del país. La estrategia se resumió en el lema
de “mano tendida y pulso firme”» (Chernick, 1996). Adicionalmente, la ausencia de garantías para la participación política legal de los
miembros de los grupos insurgentes que ingresaron a la UP y su estigmatización por 22 Pese al supuesto apoyo explícito dado por la administración Barco a la participación política de la Unión Patriótica,
es posible establecer que la ausencia de garantías de seguridad brindada a sus miembros durante la época, la
polarización política y el presupuesto de que para la UP, que «constituía una dificultad la persistencia de la guerrilla
que le dio origen, al no prosperar el proceso de paz que posibilitara la reintegración de sus miembros a la vida civil»
(Villarraga, 2009, p. 85), fueron algunos de los aspectos que ocasionaron la barbarie del genocidio. En este sentido, se
profundizó en algunos sectores de la sociedad el señalamiento de que, supuestamente, la UP era un partido político
legal, con brazo armado ilegal. 36 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras parte de algunos sectores de la sociedad daría como resultado el recrudecimiento
de la polarización política del país. La falta de protección para los excombatientes
insertados en la lucha política legal contrastó con el alto grado de apoyo social
con el que contó el partido político en cuestión durante las elecciones de 1988.
Su visibilización fue, asimismo, una oportunidad en términos de participación
política y una amenaza en términos de seguridad, pues se puso de manifiesto
la inexistencia de un ambiente integralmente propicio para reintegración civil y
política de excombatientes. No obstante, la política de paz promovida por el Gobierno y la agenda política
nacional de la época dieron un nuevo impulso a la política local, fortalecida,
entre otras cosas, por los avances que se dieron en términos de descentralización
del poder del Estado y por el aumento de la protesta social, lo cual derivó en la
consolidación de fuerzas políticas alternativas en algunas regiones. Todo esto
surgió por una creciente necesidad de paz y se tradujo en la eclosión de diálogos
regionales23 y la confluencia de distintos actores en distintos debates de la arena
política dirigidos a «articular consensos y promover un mejor nivel de diálogo con
los grupos guerrilleros presentes en las respectivas regiones» (García-Durán, 2011,
p. 106). Adicionalmente, según Turriago y Bustamante (2003, pp. 15-19), la política de
paz del Gobierno Barco se concretaría en la formulación y puesta en marcha
de la iniciativa para la paz en septiembre de 1988, y aunque el país y los grupos
insurgentes tomaron diversas posiciones al respecto, esta postura institucional fue
la base para el inicio y la culminación exitosa de los diálogos con el M-19, el EPL,
el Movimiento Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). De este modo, la iniciativa para la paz pretendía propiciar «la reincorporación a
la plenitud de la normalidad ciudadana de quienes han escogido el camino de
la subversión armada […] [logrando] la disolución de los grupos armados, su
desarme y reincorporación a la sociedad, dentro de un contexto de garantías
efectivas y específicas». Además, esta iniciativa definió los términos que regirían
el proceso, así como unos principios generales ya esbozados: los alzados en armas
debían demostrar su voluntad de paz, las violaciones a los derechos humanos y el 23 «La Iniciativa preveía la realización de diálogos regionales para la convivencia, con el fin escuchar a la sociedad civil
frente: a) la solución a factores locales de perturbación; b) la solución a casos específicos de violencia regional; c) la
realización de los diálogos, y d) lucha contra todas las formas de violencia. Asimismo, señalaba un plazo perentorio para
su aplicación y, por tanto, para que la insurgencia se acogiera a ella. El término fue fijado para la jornada electoral de
marzo de 1990. No obstante, la iniciativa se aplicó en una segunda oportunidad con los grupos que a ella se acogieron,
durante la administración de César Gaviria, en el horizonte de participación en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991» (Turriago y Bustamante, 2003, pp. 14-15). 37 Aprendizajes para la reconciliación terrorismo tenían que suspenderse, se establecería un diálogo directo para acordar
procedimientos de
reincorporación, se adelantarían audiencias para
recoger
opiniones sobre reajuste institucional, se concedería el indulto a quienes cesaran
definitivamente en las acciones subversivas, se adelantarían diálogos regionales
de la sociedad civil por la paz, se levantaría el estado de sitio y no se suspendería la
lucha contra el terrorismo y contra quienes persistieran en la subversión (Turriago
y Bustamante, 2003, pp. 13-14). Primero, se anunció la puesta en marcha del plan hacia la dejación de armas e
incorporación del M-19 a la vida civil y el plan de seguridad y protección. Mientras el
Congreso aprobaba el proyecto de ley de indulto24 , el Gobierno tramitó el proyecto
de reforma constitucional. Después, la Registraduría Nacional inscribió las listas de
los desmovilizados del M-19 para las elecciones de 1990. El 9 de marzo se realizaría
el acto simbólico de «dejación voluntaria de armas», en el caserío Santo Domingo,