Datasets:
anytp
/
prueba2

Dataset card Data Studio Files
xet
 Community
text
stringlengths
0
143k
nicho idóneo para continuar con su lucha política en la legalidad. Este hecho en particular, sumado a los avances logrados gracias a los procesos de
paz firmados con los otros grupos guerrilleros en la época, podría ser un indicador
de que este es el momento de la historia política reciente de Colombia en el que
han existido mejores condiciones para rastrear actos de reconciliación. Lo anterior,
si se tiene en cuenta que varios sectores de la sociedad colombiana transformaron
sus percepciones y nociones frente a los excombatientes, a pesar de la persistencia
y el recrudecimiento del conflicto armado. Adicionalmente, la materialización del
énfasis dado por los grupos desmovilizados en el desarrollo de los acuerdos a los
procesos de participación política, tanto en el marco de las elecciones de cuerpos
colegiados y de alcaldías como para la Asamblea Nacional Constituyente, puso de
manifiesto un esfuerzo positivo emprendido por parte de la institucionalidad, en la
medida que implicó «poner en marcha los compromisos suscritos en los acuerdos
de paz en torno a la favorabilidad política: aplicación del indulto; montaje de
los esquemas de seguridad; legalización de las nuevas organizaciones políticas;
promoción de los procesos a través de los medios de comunicación y ejecución de
los programas de rehabilitación» (Turriago y Bustamante, 2003, p. 29). De esta manera, los actos de reconciliación que pueden rastrearse a lo largo de la
época ilustran que: La reconciliación en contextos de conflicto que aún está por resolverse, y
de violencia que aún no cesa, […] imprime una particularidad; es a la vez:
i) un horizonte o punto de llegada sea cual sea la imagen que se tenga del
resultado, y, ii) una parte importante en el proceso de superación de las
causas que han generado los conflictos y la violencia. Esto quiere decir que
en estos contextos, la reconciliación es parte de un proceso de acercamiento
de quienes están o han estado enfrentados, que
involucra el diálogo
comunitario, social, político, y procesos de concertación y negociación de en
torno a los intereses y necesidades de la población. Deja entonces de ser un
momento en la etapa post-conflicto, que aún está por abrirse camino, para
ser un elemento más en la superación del mismo. (Fernández, 2013) A pesar de todo el avance que los acuerdos pudieron significar en términos de
la construcción de la paz y la reconciliación, la política de Gaviria presentaría la
misma incoherencia evidenciada en la política de Barco: después del ataque a Casa 41 Aprendizajes para la reconciliación Verde, el 9 de diciembre de 1990, el mismo día que se producían las elecciones de
los integrantes de la Constituyente, el presidente declaró y emprendió la «guerra
integral» contra la guerrilla; esta estrategia fue interrumpida transitoriamente por
los diálogos de Tlaxcala, en México, con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar,
en 1992. Para entonces, el conflicto social y armado había adquirido nuevas
dimensiones que superaban sus causas históricas iniciales (Comisión Histórica del
Conflicto y sus Víctimas, 2015)28. En términos de Álvaro Villarraga: hay que reconocer que hubo voluntarismo y cortoplacismo al pretender
conseguir la paz a partir de unos acuerdos políticos que […] no se asociaron
con una estrategia de Estado que comprometiera acciones estructurales
y de largo plazo, ni con una dinámica de amplio consenso nacional que
consiguiera algo más que una respuesta coyuntural de apoyo. (2009, 90) A pesar del cortoplacismo de las políticas de paz observadas desde los años
80,
la fluctuante
infraestructura
institucional que acompañó
los procesos de
reintegración de excombatientes se mantendría sin mayores reformas durante
varios años. Esto puede deberse a que no hubo procesos de paz que culminaran
en desmovilizaciones colectivas, ni existió algún proceso político con niveles
de acción colectiva e incidencia social que se tradujera en un mayor número de
desmovilizaciones. Diálogos, rupturas y énfasis
de la reinserción individual de excombatientes El recrudecimiento de la guerra entre el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín, la
reacomodación de la guerrilla en varias de las zonas de influencia que habían
sido controladas por
los grupos desmovilizados,
la consolidación de grupos
paramilitares a partir de la recomposición de sus filas, nutridas en muchos casos
por excombatientes de grupos insurgentes, y la crisis de gobernabilidad del Estado,
que venía gestándose simultáneamente con los procesos de descentralización,
fueron algunas de las complejas dinámicas que vivió el país durante el segundo
lustro de los años 90. El Gobierno Samper intentó construir un modelo de negociación con la guerrilla y
reformar parcialmente el proceso de desmovilizaciones individuales29, pero toda 42 28 Otra arista de la incoherencia develada es la inauguración y consolidación del modelo neoliberal en la economía
nacional, cuyas consecuencias, en términos de la profundización de la crisis en el agro y las áreas rurales en general,
determinarían el fracaso de muchos de los proyectos productivos emprendidos por los desmovilizados, tal y como se
hará evidente en la sistematización de las experiencias rurales analizadas en esta investigación.
29 Decreto Presidencial 1385 de 1994, «Por el cual se expiden normas sobre concesión de beneficios a quienes
abandonen voluntariamente las organizaciones subversivas». Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras Fue entre 1996 y 2005 que la
guerra en Colombia alcanzó su
máxima expresión, extensión y
niveles de victimización su iniciativa de paz quedaría relegada por el peso del proceso 8000. Merecen ser
rescatados de este contexto las aproximaciones y acuerdos realizados con el ELN
en Maguncia, Alemania. Más adelante, durante la presidencia de Andrés Pastrana, el Gobierno nacional
propició un nuevo acercamiento a la guerrilla de las Farc. Según Álvaro Villarraga,
«su programa fue una síntesis de los consensos y propuestas nacionales existentes,
en el que planteó priorizar la búsqueda de la paz en la agenda pública, pero de
forma que se visibilizara de inmediato el proceso a través de hechos decisivos»
(Verdad Abierta, 2012). La búsqueda de estos hechos de paz definitivos implicó la
inexistencia de una «elaboración política y programática» coherente, que le diera
dirección a la política de paz, entre otras cosas, «porque inicialmente no estaba
presupuestada como aspecto central de su Gobierno y luego porque se asumió
como hecho político para posicionar la campaña electoral» (Verdad Abierta, 2012).
Después de varios sucesos que bombardearon la base de confianza en el proceso,
los diálogos tendrían una ruptura definitiva en el año 2002. Fue entre 1996 y 2005 que la guerra en Colombia alcanzó su máxima expresión,
extensión y niveles de victimización. «[E]l conflicto armado se transformó en una
disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local. Se trata de
un período en el que la relación entre actores armados con la población civil se
transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la agresión,
la muerte y el destierro» (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 156). La
violencia adquirió así un carácter masivo, cuya expresión característica pasó por la
generalización de las masacres, el recrudecimiento del desplazamiento forzado y el
despojo, en otras palabras, «los repertorios de violencia registraron su mayor grado
de expansión en la historia del conflicto armado colombiano» (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2013, p. 156). El cambio de las formas como se relacionaban los
actores armados con la población civil en los territorios rurales sería determinante,
no solo de cara a
las
impresionantes consecuencias que tuvo en materia de
violación a los derechos humanos, sino también en proyección a los procesos de
desmovilización que se emprenderían de ahí en adelante en el país. En consecuencia, durante esta época las movilizaciones sociales expresaron una
creciente deslegitimación de la insurgencia armada (García-Durán, 2011, p. 111),
al tiempo que se reportó una legitimación del proyecto paramilitar por parte de