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élites locales en algunas zonas del país (aspecto que propiciaría, entre otras cosas,
la unificación de los grupos paramilitares de todo el país en el proyecto de las AUC 43 Aprendizajes para la reconciliación La reinserción se enmarcó en la lógica de lucha
contra el terrorismo existente en la base de
la Seguridad Democrática, dándole un giro
discursivo a la guerra y a la reintegración durante 1997), y crecía la intimidación a las comunidades de las zonas rurales por
cada uno de los bandos, debido a procesos de estigmatización y complejidades
propias de una disputa violenta de esas magnitudes. Esto determinaría un
escenario de profundas polarizaciones en torno a los combatientes de los grupos
armados en el seno de la población civil, que profundizaron los resentimientos y
odios arraigados en la sociedad colombiana. En este contexto, 2505 personas se acogieron a los programas de desmovilización
en
forma
individual
(Villarraga, 2013).
Los gobiernos de Gaviria, Samper,
Pastrana (1998-2002), y el primer mandato de Uribe (2002-2010) mantuvieron
este mecanismo legal de acceso a beneficios de la reintegración de guerrilleros
desertores. El Gobierno Pastrana rebautizaría la oficina con el nombre de Dirección
General para la Reinserción (Decreto 2546 de 1999), que tenía como funciones
principales coordinar y dirigir el programa de reinserción para la desmovilización
de los grupos guerrilleros y coordinar asuntos referentes a acuerdos de paz. Esta
institución se mantendría vigente hasta el año 2003. Así como sucedió con el conflicto armado, resulta importante mencionar que
los procesos de reinserción se enmarcaron, desde el 2001, en la lógica de lucha
contra el terrorismo que nutrió a la política de seguridad democrática de Álvaro
Uribe y que le daría un nuevo giro discursivo a la guerra en Colombia. Su postura
se mostraba cada vez menos dispuesta a tolerar las acciones de los «grupos
terroristas», que solían ser justificadas en causas políticas. Este giro hizo aún más
profunda la polarización que había traído consigo el escalamiento del conflicto
desde la expansión de las AUC (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p.
172). Además, con este hecho suprimió discursivamente el estatus político de
los grupos alzados en armas, y en ese sentido, su política de reintegración de
excombatientes se enfocó casi que exclusivamente en establecer condiciones
económicas personales, que le permitieran al desmovilizado sobrevivir en la vida
civil de forma individual. El Gobierno Uribe
introdujo una reforma a
la
ley sobre orden público que
posibilitó que los procesos de diálogo y negociación para la paz incluyeran a los
grupos paramilitares, apelando a la denominación de «grupos armados ilegales»,
y equiparando
legalmente el
tratamiento a
las organizaciones guerrilleras
y paramilitares. El discurso oficial cuestionó
la política y
los procesos de paz
desarrollados con anterioridad, pues negó
la existencia del conflicto armado
interno, calificó indistintamente a guerrilleros y paramilitares como terroristas, y
cerró la posibilidad de emprender una política de negociación con la insurgencia, 44 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras tal y como ya fue mencionado. De tal forma, la «política de paz» estimuló las
deserciones individuales, fortaleció la ofensiva militar y, con ella, la exigencia a
todos los grupos armados ilegales de cesar las hostilidades de manera unilateral
como condición mínima para establecer negociaciones, a cambio de acceder al
programa de reincorporación y el beneficio de indulto (Granada, Restrepo y Vargas
2009, citados en Villarraga, 2013). Se aprobaría entonces la Ley 782 de 2002 para conceder beneficios jurídicos a
los desmovilizados para los delitos de concierto para delinquir simple, utilización
ilegal de uniformes e insignias, instigación para delinquir, así como fabricación,
tráfico y porte de armas y municiones. Quienes habían sido responsabilizados
de delitos no contemplados en la mencionada ley y que fueron cometidos en el
marco de la pertenencia a un grupo armado ilegal, antes del 25 de julio de 2005,
fueron postulados posteriormente a los beneficios de la Ley 975 de 2005, en la
cual se contemplarían por primera vez, de manera explícita, mecanismos propios
de la justicia transicional en el país. Sobre este punto, se volverá más adelante
(Observatorio DDR, Universidad Nacional, 2012). La aplicación de esta política de reintegración estuvo reforzada
inicialmente
por el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del
Interior, creado en 2003, que surgiría de una renovación institucional que heredó
las nociones fundamentales de los programas de reinserción y reincorporación
que le precedieron. Sin embargo, los altos grados de improvisación, la carente
articulación
interinstitucional y
la escasa vinculación de
los entes territoriales
durante su vigencia fueron algunos de los obstáculos que debió afrontar la política
de reintegración de la época (ACR, s.f.). Adicionalmente, el programa implicó el
desarrollo de distintas formas de dependencia en
los beneficiarios, derivadas
de una concepción pasiva y receptora del desmovilizado, lo que obstaculizó su
empoderamiento y reintegración en el contexto social de reubicación. Mientras que esto sucedía con el programa a cargo de las desmovilizaciones
individuales, desde el año 2003 se llevaron a cabo las negociaciones en Santa Fe
de Ralito con los altos mandos de las AUC. Las negociaciones culminarían en el
año 2005, y con ellas se iniciaría un nuevo proceso de desmovilizaciones colectivas.
Así, entre 2003 y 2006 se desarrolló el proceso de desmovilización de más de
32.000 paramilitares (García-Durán, 2011, p. 112). Dichas negociaciones, acuerdos
y desmovilizaciones tuvieron
la ya mencionada Ley 782 de 2002 como base
normativa. Desde ese entonces, se proyectó acudir a los estándares de la justicia
transicional para facilitar el tránsito de una situación de conflicto armado hacia la
consecución de la paz (Observatorio DDR Universidad Nacional, 2012). 45 Aprendizajes para la reconciliación Ante esta coyuntura, se diseñó y aprobó la denominada ley de justicia y paz30
como parte del proceso de desmovilización. Esta ley ofrecía una reducción de
penas a cambio de la confesión completa y de «la contribución del beneficiario a
la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las
víctimas y su adecuada resocialización» (ICTJ, s.f.). La principal premisa de la ley de
justicia y paz fue conseguir un equilibrio entre una desmovilización efectiva de los
grupos armados y la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas (ICTJ, s.f.). Con las desmovilizaciones colectivas derivadas de las mesas de negociación en
Santa Fe de Ralito, y en medio de la construcción de instituciones cimentadas en la
ley de justicia y paz, el PRVC enfrentó problemas de cobertura y acceso, articulación
institucional, acompañamiento a excombatientes y oferta de servicios básicos,
en lo que se consideraba la etapa más crítica del proceso de desmovilización;
lo anterior, teniendo en cuenta que el número de desmovilizados acogidos al