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programa fue creciendo de forma sustancial, copando la capacidad de respuesta
y cobertura de la institucionalidad que asumía el proceso. Esta coyuntura se hizo
más compleja por la existencia de un limbo jurídico, derivado de la existencia de
miles de desmovilizados que no fueron cobijados por los beneficios de la Ley 975,
y que se solucionaría con la expedición de la Ley 1424 en el año 2011. Sobre este
punto se hará énfasis más adelante. Este tipo de inconvenientes derivó en una progresiva transformación del proceso
de reintegración sobre el camino. De este modo, el PRVC, asumido como un
programa de reinserción enfocado en el corto plazo, fue reemplazado y asumido
por la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, creada en septiembre de
2006. La transición enunciada afectaría la ejecución del programa, en la medida que
provocó algunos problemas administrativos derivados del «poco fortalecimiento
de las oficinas locales responsables del tema y la falta de articulación de la oferta
nacional con las administraciones municipales y el sector privado» (MAPP-OEA,
2006, p. 3). La nueva institucionalidad, la justicia transicional
y los nuevos retos a la reintegración y la reconciliación La Alta Consejería para
la Reintegración sería
también
reformada en 2011,
durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ya que, a pesar de
presentar mejoras en contraste con la gestión emprendida por el PRVC, no logró
ser autónoma en relación con su dependencia del Ministerio del Interior. Uno de 30 Ley 975 de 2005. 46 Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras El programa implicó el desarrollo de distintas formas
de dependencia en los beneficiarios, derivadas de una
concepción pasiva y receptora del desmovilizado, lo que
obstaculizó su empoderamiento y reintegración en el
contexto social de reubicación los cambios más significativos que introdujo la ACR fue el paso de la reinserción
a la reintegración. Según su perspectiva institucional, «la reintegración es una
oferta de seis años y medio que el Estado colombiano le[s] ofrece a las personas
desmovilizadas de los grupos armados ilegales que quieren reintegrarse a la vida
social y económica. La reintegración busca desarrollar habilidades y competencias
ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo,
se propone propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación, y
fomentar la corresponsabilidad de los actores externos» (ACR, s.f. b). Esta reforma institucional y el proceso de reintegración que se consolidó tuvieron
origen a partir de la sanción de la Ley 1424 de 2011, en la cual se contemplan
algunas «disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y
reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la
ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones» (Ley 1424 de
2011). Esta ley beneficiaría a cerca de 25.000 desmovilizados de grupos armados
ilegales, cuya situación jurídica no había sido definida, y que pagarían sus penas sin
ir a la cárcel, siempre y cuando no hubieran cometido delitos de lesa humanidad y
no estuviesen postulados a la ley de justicia y paz. La
ley contempla, además, que es condición necesaria para el desmovilizado
beneficiario de sus preceptos ser participante activo o culminar formalmente el
proceso de reintegración de la ACR, no haber incurrido en delitos con posterioridad
a su desmovilización, participar de las actividades de servicio social y reparación
que establezca
la Alta Consejería para
la Reintegración y firmar el acuerdo
de contribución a
la verdad histórica, en donde se compromete a facilitar el
esclarecimiento de
la conformación de
los grupos organizados al margen de
la ley, el contexto general de su participación y a garantizar la no repetición de
hechos violentos, así como la reparación, ante el Alto Consejero Presidencial Para la
Reintegración (El Tiempo, 2011, junio). En términos de
la reintegración económica,
los programas brindados por
la
agencia demuestran que no ha habido, desde la década del 80, cambios relevantes
en materia de subsidios y programas de esta naturaleza para el desmovilizado. La
reintegración económica continúa buscando que se promueva la participación
de los excombatientes en el mercado laboral, bien sea como empleados o como
emprendedores de su propio plan de negocio, y en ese sentido, tienen acceso a
créditos, capacitaciones, capital semilla, etcétera. 47 Aprendizajes para la reconciliación Sin embargo, y a diferencia de
los programas de reintegración colectiva que
tuvieron lugar durante los años 9031, la reintegración política es la dimensión
olvidada de
la política actual de reintegración, en
la medida que no provee
mecanismos suficientes para que los excombatientes «enfrenten la necesidad de
abrazar valores democráticos como el pluralismo y la tolerancia, adaptarse a la
discusión política entre iguales como criterio de participación política de calidad
en la esfera pública, y tomar responsabilidad de los derechos y deberes ciudadanos
como la participación electoral» (IEGAP, 2013). En contraste, el componente de la
reintegración comunitaria pareciera ser novedoso. Tiene como objetivo, según la
fuente oficial, «construir vínculos entre la comunidad de manera contextualizada,
entre excombatientes participantes de la ruta de reintegración y sus comunidades
receptoras, así como entre estas comunidades y las instituciones locales». De este
modo, la ACR intenta, por lo menos en el discurso, fortalecer los espacios para
el encuentro de los actores sociales en torno a la deliberación de los asuntos
públicos que permitan la reconstrucción de la confianza entre los miembros de las
comunidades y el Estado (ACR, s.f.). Sin embargo, más allá de una mención nominal, no es suficientemente explícito
en qué sentido se relaciona con las estrategias de reintegración comunitaria en
los términos de procurar la reconciliación. Componentes como el servicio social
no están necesariamente orientados a propiciar espacios de encuentro entre
la comunidad receptora y los participantes del programa, en la medida que sus
objetivos (implementar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de
quienes acogen a las personas que se están reintegrando32) no se traducen de
forma obligatoria en la consolidación de interacciones y en la construcción de
relaciones entre los participantes del programa y los miembros de la comunidad
receptora. Por último, resulta imprescindible hacer mención a la Ley 1448 de 2011,
ley de víctimas y restitución de tierras, que beneficia a todos quienes a partir del
primero de enero de 1985 hayan sufrido daños con ocasión del conflicto armado,
incluidos miembros de la Fuerza Pública y extranjeros, y a cualquiera que a partir
del 10 de enero de 1991 hubiese perdido los terrenos que poseía o explotaba como
consecuencia de hechos violentos del conflicto (Semana, s.f.). Desde la perspectiva
del Gobierno: 31 Como fue esbozado líneas arriba, en el énfasis dado a la reintegración política de excombatientes de las guerrillas se
gestaron distintos espacios de encuentro que propiciaron avances claros y concretos en términos de la reconciliación.
A pesar de que los fenómenos políticos que influyeron en ambos procesos de desmovilización son radicalmente
distintos, al igual que la identidad política de los grupos armados que se desmovilizaron, vale la pena hacer visibles las