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La lectura de una obra cuya gestación ha transcurrido durante casi cuarenta años resulta hoy tan inhabitual que, cuando sucede, se convierte en todo un evento tanto para el mundo académico como para ese público amplio y culto que demanda una historiografía seria pero asequible.
Tales son los principales rasgos de esta Cultura alimentaria escrita por uno de los modernistas más señeros de Panamá.
De la conjunción de estos dos elementos, reflexión invertida en la obra y madurez de su autor, ha surgido una aportación muy notable sobre la historia de la globalización alimentaria desgranada a través de ese hilo conductor -y capricho geográfico del planeta-que es el istmo panameño.
El resultado es una combinación de historia global, historia continental e historia regional (pues adjetivar de «nacional» la realidad panameña sería inapropiado al menos hasta comienzos del siglo XIX) que funde las corrientes económicas, sociales y culturales que han afectado a occidente para ofrecer una explicación de los cambios experimentados en la dieta de los pobladores de Panamá entre la era de los descubrimientos y la actualidad.
Las fuentes referidas por Castillero son diversas y recogen desde los documentos más «objetivos» de los archivos (sobre todo los de carácter fiscal) hasta los más discutibles, pero insoslayables, de las memorias, los libros de viajes, los recetarios, la iconografía (con una excelente muestra de imágenes gracias a la calidad de la edición) y hasta los propios testimonios orales recabados por el autor entre su medio familiar.
Este método se adapta al objeto de estudio hasta reflejarlo en toda su extensión, ya que de algún modo la historia de los alimentos se ubica entre los imperativos de la naturaleza, los dictados del comercio y, desde luego en este caso, la subordinación colonial, pero también es consecuencia de tradiciones culturales (que en ocasiones se intentan trasplantar aunque resulte costoso e incluso imposible hacerlo), de opciones poco racionales desde la óptica del beneficio o, simplemente, de haber sucumbido a un sabor o a un olor tan seductores
Historiar lo que las sociedades han convertido en alimentos implica analizar también lo que han rechazado por tales, de manera que es entre la antropología, la ecología, la historia con documentos y la percepción de lo subjetivo donde se abre espacio una obra compleja como la que comentamos.
Seguidor del academicismo de los Annales -el mismo autor invoca al inicio su apego por la «historia total»-, la obra se atiene a lo largo de sus diecinueve capítulos a un esquema cronológico que recorre básicamente tres grandes etapas: el periodo colonial, la Revolución Industrial entre 1850 y 1950, y la actual y última globalización de entre 1950 y 2000.
Pero lo más notable del texto son las incursiones en los aspectos estructurales que han condicionado, que no determinado, la evolución alimentaria de Panamá.
A la cabeza de estos, claro está, figura la geografía, esto es, el papel de nexo que Panamá ha jugado entre los océanos Atlántico y Pacífico y entre las dos Américas, la del norte y la del sur; y, más allá de estos cuatro puntos inmediatos, entre todas las ramificaciones que la primera globalización del siglo XVI causó y conectó, lo que en la práctica supuso que casi todas las corrientes del mundo afectaron al enclave panameño.
Sin embargo, Castillero explica cómo esta situación de aparente privilegio no libró a Panamá de su consecuencia más nefasta: la consagración del istmo como zona de paso y, de resultas, su dramático y crónico desabastecimiento.
Lo que no significa que Panamá se hundiera en la hambruna, salvo contadas excepciones: si en unas épocas, como durante el largo siglo XVI, el ganado vacuno traído por los españoles se reprodujo hasta hacer necesaria su matanza para frenar la caída de su precio, en otras hubo que recurrir al plátano local como primer recurso de subsistencia, al menos entre los grupos menos favorecidos.
Con el tiempo llegarían también el arroz y el maíz, el cerdo y el azúcar, el café y los frijoles.
Naturalmente, cada estrato social se alimentaba de distinta manera -como bien señala Castillero Calvo-y en este sentido el capítulo dedicado a la dieta del alto clero y los virreyes resulta magnífico.
Pero errará quien atribuya en exclusiva esta sucesión de ciclos de abundancia y escasez al orden colonial impuesto por la Corona española, ya que en toda la Europa moderna -por no hablar de la misma metrópoli-se sucedieron periodos críticos con similares resultados de peste y contracción demográfica.
Todo lo más, el caso panameño devino una variante de un modelo general incapaz de hacer frente a las crisis que él igualmente generaba.
De hecho, Castillero subraya que hacia 1650 la «revolución ecológica» plasmada en la sobreproducción de proteína animal en América no sólo compensó la catástrofe demográfica de la conquista, sino que llevó a pensar a los europeos -y todo indica que así fue-que en el Nuevo Mundo la gente vivía más y comía mejor.
Y esto mientras la retención de la plata americana en el Perú y México (más que la caída de su producción, como indica Castillero) hundía la feria de Portobelo en la década de 1640 y la vida financiera panameña se descoyuntaba por un largo tiempo.
Una paradoja más de la colonización.
Más allá de estos aspectos, el autor dedica especial atención al caso específico de la ciudad de Panamá, que tan bien conoce.
Pues si el istmo en general estaba al servicio de los tráficos intercoloniales (e intracoloniales), la ciudad en particular también lo estaba y en ocasiones de un modo que la convirtieron en zona vulnerable a los ataques enemigos.
El de 1671 efectuado por los ingleses devastó la urbe, lo que obligó a su traslado y refundación a escasos kilómetros de la primera dos años más tarde, una prueba más de la vitalidad y determinación imperiales de España pese a sufrir una coyuntura nada halagüeña.
Que la defensa de la segunda Panamá contara más que la carencia de agua que siempre padeció en su nuevo emplazamiento, expresa también el sometimiento del territorio y su población a los designios militares de la Corona y a un sistema de tráfico ya entonces demasiado rígidamente implantado como para soñar con desafiarlo.
Lo interesante, sin embargo, es la constatación de cómo la nueva Panamá logró resistir hasta hoy y animar, de paso, la historia de la dieta del país al convertirse ya para siempre en el punto generatriz de las sucesivas modas (y oleadas) alimenticias que irradiarían hacia el resto del istmo, desde la motivada por la fiebre del oro californiano a mediados del ochocientos hasta la globalización gastronómica actual.
Pero ¿existió, en definitiva, una historia de la alimentación susceptible de identificar como «panameña»?
Quizás sí, pero sólo en un sentido muy vago y para periodos bien acotados.
La obra de Castillero demuestra, por ejemplo, que mientras lugares como la ciudad de Panamá se hallaban desde 1600 inmersos en la globalización de mil y un productos, sin embargo subsistían enclaves pobres y aislados («no conectados», por usar la terminología de la historia global) como el del campo chiricano durante la mayor parte de la colonia y al que el autor dedica un capítulo.
Todo no se pudo, ni seguramente se quiso, globalizar.
De ahí el riesgo de considerar «panameño» lo que en realidad era un hábito estrictamente de la capital de Panamá, pero quizás no del país; y de ahí también que se eche de menos no haber profundizado más en el impacto -si tal existió-de la separación de Panamá respecto de Colombia en 1903 para todo lo referente a los patrones alimenticios del -ahora sí-nuevo país.
No todas las naciones latinoamericanas conocieron dos independencias, como fue el singular caso panameño.
Pero si, como Castillero recoge, la clave de su libro anida en desentrañar la relación entre cultura alimentaria e identidad nacional, entonces tenemos algunas cuestiones para las que habrá que seguir buscando respuestas y, sin la menor duda, será por esta gran obra por donde habrá que comenzar.-RAFAEL VALLADARES, CCHS, CSIC, Madrid.
Celaya Nández, Yovana: Alcabalas y situados.
La publicación de Alcabalas y situados, de la doctora Yovana Celaya, es, sin lugar a dudas, una gran noticia para todos los interesados en la fiscalidad de la Edad Moderna.
Y lo es por muchas razones.
En primer lugar, cabe destacar la exhaustiva investigación en fuentes primarias en la que se basa, fruto a su vez del planteamiento sólido y bien trabado de la que fue su tesis doctoral (germen del trabajo que aquí nos ocupa).
En segundo lugar, como deja ver con claridad el título, el planteamiento de la obra busca situar el caso de estudio de la fiscalidad de las alcabalas de Puebla en un marco que desborda con mucho el ámbito local, para insertar los avatares de aquella renta tanto en el marco novohispano como en el conjunto de las fiscalidades que se desarrollaron en el vasto imperio hispano.
De esta forma, el resultado supera, de forma muy convincente, la tan artificiosa barrera académica e historiográfica que se ha empeñado en distinguir entre una Historia Colonial de América y una Historia Moderna de España.
En nuestra opinión, buena parte del atractivo del libro de la doctora Celaya y de sus más rotundos logros proceden de esa amplitud de miras.
Pero sin duda hay mucho más en este trabajo.
Por ejemplo, su lectura nos adentra en las características que confirió al sistema de percepción de las alcabalas la ubicación de la ciudad de Puebla en la estructura mercantil mexicana.
En este sentido, la doble dependencia de la fluidez del mercado poblano respecto a la regularidad de las flotas del pacífico -el galeón de Manila-y atlánticas -las arribadas desde la Península Ibérica a Veracruz-es un elemento clave.
Además, en estrecha relación con esto, la autora se interesa por el destino de la recaudación de las alcabalas, es decir, por la inversión de los recursos procedentes de las alcabalas poblanas por medio del sistema de situados.
Una característica que, por otro lado, confirió peso político a los gestores de la renta -algo particularmente claro en el caso del Cabildo de la ciudad mientras ostentó su administración-.
Otro elemento de gran interés es el estudio de los límites espaciales de la fiscalidad.
Es decir, la relación fiscal entre la ciudad, su agro y las comunidades o villas que ocupaban el espacio rural poblano.
Esta bajada al detalle de la percepción tributaria viene en buena medida de la mano de la interesante exposición de la diversidad de sistemas de cobro que caracterizó el desenvolvimiento histórico de la alcabala en Puebla.
En particular, resultan de gran interés las aportaciones de la autora respecto al mudable balance entre cobro por repartimiento y cobro por viento, según la condición de vecinos o forasteros de los principales tributarios.
Esta amplitud de miras le lleva a introducirnos también en la estructura, composición y conflictos de los grupos sociales que actuaron como agentes implicados, de una u otra forma, en la recaudación de la alcabala, abarcando tanto a los miembros del gobierno local como a los productores agrícolas, sin olvidar a los comerciantes, pieza clave del sistema de cobro a lo largo de todo el periodo.
Unos agentes múltiples cuya consolidación como elementos del sistema fiscal hispano situó sus aspiraciones e intereses políticos en primera línea de las disputas que se produjeron en torno al cobro y gestión de esta renta, poniéndolos en contacto tanto con las autoridades virreinales como con las metropolitanas.
Desde el punto de vista del desarrollo argumental, la obra se articula sobre un esquema ante todo cronológico.
Es aquí, al hablar de la estructura del libro, donde podemos incluir la única crítica de cierta entidad respecto a este trabajo.
Crítica, como decía Walter Benjamin (Sobre la fotografía, Valencia, Pretextos, 2008[1928], p.
11), entendida como «la única que despierta en el lector el apetito de un libro».
En concreto, hay dos aspectos relativos a la articulación del discurso que podrían haber sido resueltos de forma más satisfactoria.
En primer lugar, en ciertos pasajes la organización del material se nos presenta sometida de forma muy rigurosa al ajuste cronológico que ciñe los capítulos, opción expositiva que parece responder a una dosificación de la información que por momentos dificulta el seguimiento del hilo argumental.
Dicho de otro modo, en ocasiones la necesidad autoimpuesta de respetar el límite cronológico de los capítulos lleva a la autora a fraccionar determinados razonamientos, lo cual trunca la secuencia histórica de los procesos analizados.
Procesos cuya resolución queda a veces situada a muchas páginas de distancia del epígrafe que los abordó.
Por otra parte, también como una consecuencia de esta cierta rigidez del plan expositivo del libro, ciertas conclusiones parciales propuestas por la doctora Celaya Nández se repiten en algunos apartados a modo de premisa y conclusión.
Adentrándonos ya en la presentación de las partes de que se compone la obra, ésta arranca, a modo de segunda introducción, con una síntesis de los logros que la renovada Historia de la Fiscalidad está aportando a nuestro conocimiento de la estructura política y económica del Imperio hispano.
Un repaso que abarca desde la fiscalidad de la Castilla del siglo XVI a su adaptación en la Nueva España, sin olvidar las aportaciones del arbitrismo del siglo XVII ni las contribuciones del reformismo -tanto el borbónico como el del reinado de Carlos II-ante la necesidad de allegar nuevos recursos económicos.
Sobre esta base, que ya anuncia riqueza de matices en la investigación, el libro se despliega cronológicamente en tres grandes etapas sucesivas, además de una cuarta de transición.
La primera corresponde, casi con exactitud, a todo el siglo XVII, un periodo en el que las alcabalas de Puebla estuvieron arrendadas por el Cabildo de la ciudad a través del sistema de cabezón o encabezamiento, por medio de contratos suscritos con la Junta de Hacienda del Virreinato de la Nueva España.
Se trata, sin duda, de una etapa esencialmente estable, pese a las subidas de 1632 y 1638, tanto en el volumen de lo recaudado como en la falta de discrepancias de gran calado entre los contribuyentes, el Cabildo, las autoridades virreinales y la metrópoli.
En este sentido, resulta de gran interés el análisis que realiza la autora de las diversas negociaciones que tuvieron lugar en la renovación de los contratos, que permitieron a la larga un refuerzo de la posición de los capitulares poblanos como interlocutores políticos y fiscales.
Sin embargo, ya en la década de 1680 comienza una etapa de transición, caracterizada por los problemas de este sistema de cobro con las autoridades virreinales, consecuencia de la falta de elasticidad del ingreso -derivada, por su parte, de la excesiva duración de los periodos de arrendamiento (quince años)-ante el aumento de las exigencias de la Corona, necesitada de más fondos para invertir en los situados que redundaban en la defensa imperial.
Ello dio lugar, en primer lugar, a una pugna entre el Ayuntamiento y los abastecedores de bizcochos y, en segundo, a la entrada en escena, como actor político significativo, del grupo de los comerciantes poblanos.
En esta situación, el Cabildo se esforzó por retener el arrendamiento de las alcabalas, tanto frente al interés de ese grupo de comerciantes por hacerse con el arrendamiento como frente a la voluntad metropolitana de imponer un comisario para sanear el sistema y hacer rendir más las alcabalas.
Al fin, el Consejo de Indias envió a don Juan José de Veytia y Linaje -contador de la Contaduría virreinal y sobrino del famoso tratadista-con el cargo de juez superintendente para administrar las alcabalas en Puebla en nombre de la Corona.
Una solución que, entre otras cosas, implicó la segregación, de hecho, de la administración de esta renta del control virreinal.
Ante los buenos resultados que se anunciaban, la labor de Veytia se vio reforzada por la enorme ampliación de sus poderes, que incluyeron, entre otras cosas, su nombramiento como alcalde mayor de la ciudad angelopolitana(1699).
Así, pese a la temporalidad que solía ser característica de estas comisiones, la de Veytia se desarrolló a lo largo de un cuarto de siglo.
Este juez superintendente se enfrentó a una doble tarea: hacer rendir más aquella renta -por medio de la gestión directa a base de cobrar las operaciones mercantiles susceptibles de tributar, para lo que hubo de crear un sistema de garitas y un cuerpo de vigilantes-e invertir correctamente procedido de las alcabalas poblanas.
En este último sentido, la inversión de la renta se repartió, a lo largo del siglo XVII, entre el situado de Filipinas -concretamente en el pago de un batallón para defender el archipiélago y en la provisión de pertrechos para el Galeón-y las necesidades defensivas de Veracruz.
Una forma de preasignación de los recursos que dio lugar a connivencias abusivas entre los administradores de la renta y los grandes propietarios del rico agro poblano, una distinción personal ésta que, por lo demás, muchas veces no existió, al ser los regidores ellos mismos propietarios o parientes cercanos de terratenientes.
En todo caso, también en esta cuestión la llegada de Veytia coincidió con un cambió en el destino del procedido de la alcabala poblana, que en adelante se destinó mayoritariamente al sostenimiento del fuerte de San Agustín, en Florida.
Por último, el lapso cronológico que abarca esta investigación se cierra con el estudio de la vuelta al sistema de arrendamiento de las alcabalas de Puebla, tras el repentino fallecimiento, en 1722, del citado juez superintendente, cuyos últimos años de administración se desarrollaron en condiciones complicadas.
Sobre todo porque el comisario había perdido el apoyo tanto de la metrópoli como del virrey.
En todo caso, la incapacidad de Veytia para traspasar su cargo a un sobrino dio como resultado un nuevo arrendamiento, que en este caso corrió a cargo de un grupo de comerciantes que logró hacerse con la representación de la comunidad de mercaderes poblana.
Como balance general, el libro de la doctora Celaya nos parece un verdadero modelo de investigación.
Un acierto sin paliativos que demuestra cómo la aspiración de plantear una historia fiscal que, partiendo de estudios de caso específicos, pueda compartir un lenguaje científico común con quienes se dedican a cuestiones similares sobre, por ejemplo, Castilla la Vieja, Chile o Filipinas, es ya una realidad llamada, sin lugar a dudas, a ofrecernos una imagen muy sofisticada y completa de la articulación de poderes que se dio en el seno del Imperio hispano de la denominada Edad Moderna.-LUIS SALAS ALMELA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla.
Cuadriello, Jorge Domingo: El exilio republicano español en Cuba, prólogo de Alfonso Guerra, Madrid, Siglo XXI, 2009, 619 pp.
¿Cómo se vivió la Guerra Civil española en Cuba?
¿Qué acogida recibieron los exiliados que arribaron a la Isla durante y tras la contienda?
¿Cuál fue su actitud ante el triunfo de la revolución de 1959?
El investigador del habanero Instituto de Literatura y Lingüística «José Antonio Portuondo Valdor» Jorge Domingo Cuadriello (La Habana, 1954) ha dedicado más de quince años a responder a estas y otras muchas preguntas en el volumen aquí reseñado.
En él Jorge Domingo hace gala de una apabullante erudición sustentada en una dedicación y esfuerzos evidentes, que quedan patentes a lo largo de las más de seiscientas páginas que componen el estudio.
De un modo acertado, Jorge Domingo lo ha dividido en dos mitades.
Mientras que en la primera de ellas recompone los vínculos entre Cuba, la Guerra Civil y los exiliados que se establecieron o, simplemente, pasaron por aquel país; en la segunda mitad, recopila y reestructura buena parte de la información ofrecida anteriormente a través de un diccionario bio-bliográfico de los republicanos españoles exiliados en Cuba, amén de incorporar otras secciones complementarias.
Refiriéndonos ahora específicamente a El exilio republicano español en Cuba, entre los aportes más significativos de las contribuciones de Jorge Domingo al estudio de esta parcela del saber pueden subrayarse dos aspectos.
Por un lado, el hecho de destacar la repercusión de las actividades y proyectos acometidos por los expatriados al llegar a suelo cubano.
Aunque se ha prestado una esmerada atención a la evaluación de la presencia republicana en países como México, resultaba necesaria una obra que insistiera especialmente en el caso cubano.
Por supuesto que, en este sentido, existen precedentes bibliográficos.
Por citar sólo unos pocos ejemplos, Consuelo Naranjo Orovio ya se había aproximado en 1988 a estas cuestiones en su interesante Cuba, otro escenario de lucha.
La Guerra civil y el exilio republicano español.
Más recientemente, Nydia Sarabia se centró en el exilio femenino en Perfiles.
Mujeres de la Guerra Civil española en Cuba (Ediciós do Castro, 2006).
En cuanto a la labor de los escritores y artistas, han aparecido distintas publicaciones especializadas en ellos como Manuel Altolaguirre.
Tres revistas del exilio: Atentamente, La Verónica, Antología de España en el recuerdo (Residencia de Estudiantes, 2003), que incluye reproducciones facsimilares y un estudio introductorio de James Valender; o El exilio artístico español en el Caribe: Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico: 1936-1960(Ediciós do Castro, 1999), de María del Pilar González Lamela.
De hecho, el mismo Cuadriello, junto con Róger González, dio a conocer en 1998 el volumen Sentido de la derrota: (Selección de textos de escritores españoles exiliados en Cuba), donde encontramos creaciones de Manuel Altolaguirre, Juan Chabás, Juan Ramón Jiménez, Lino Novás Calvo, o de María Zambrano, entre otros.
El segundo aspecto que desearía destacar está relacionado con el afán totalizador con el que el autor se acerca al caso del exilio republicano español en Cuba.
De este modo, junto con el resumen de las actividades creativas desarrolladas por escritores, periodistas, actores o músicos, Jorge Domingo recupera en su admirable empeño el impacto de otros españoles en ámbitos tan dispares como la medicina, el sacerdocio, la pedagogía, el ejército o el deporte.
Tan sólo hace falta ojear la completa sección titulada «La labor de los exiliados españoles en Cuba» para comprender lo sobresaliente que fue el papel jugado por este colectivo en el devenir de los más variados aspectos de la vida cubana.
Del mismo modo, se revisa la situación a la llegada de los exiliados de unas entidades tan importantes para la comunidad española residente en la Isla como fueron los centros regionales.
Siguiendo esta línea, el autor analiza las diversas acogidas que se les propiciaron a catalanes, gallegos o andaluces en sus respectivos centros, las cuales quedaron marcadas por las posturas ideológicas predominantes en cada una de estas instituciones.
Además de unirse a las tradicionales entidades colectivas de carácter español, los recién llegados se agruparon en torno a nuevas instituciones vertebradas frecuentemente alrededor de sus preferencias ideológicas.
En este sentido, destacaron la comunista Casa de la Cultura, que entró en pugnas regulares con el Círculo Republicano Español.
El estudio de estas asociaciones remite a su vez a otra faceta interesante de este exilio, que atestigua su vitalidad y dinamismo.
Me refiero a las publicaciones periódicas en las que participaron los transterrados, ya fueran creaciones propias o que existieran previamente en la Isla.
Dentro de estas últimas sobresalían en la Cuba de las décadas de 1940 y 1950 revistas de amplia difusión como Bohemia o Carteles.
Por ejemplo, en ellas asumieron cargos relevantes los narradores Lino Novás Calvo y Antonio Ortega.
Igualmente, las asociaciones donde se agruparon los exiliados mostraron sus discrepancias a través de sus respectivos órganos impresos, como fue el caso de Nosotros (Casa de la Cultura), Voz de España (Círculo Republicano Español) o, en cuanto a las controversias dentro de la comunidad catalana, La Nova Catalunya (Centre Català) y Per Catalunya.
Por otro lado, no está de más destacar que fue en Cuba donde surgió la primera publicación periódica de los exiliados republicanos, que llevó por nombre Nuestra España (1939)(1940)(1941).
Curiosamente, esta publicación mensual se imprimía en los talleres La Verónica, de Manuel Altolaguirre, quien a su vez estuvo al frente de la cuidada revista literaria homónima.
Las fichas de todas las publicaciones que tomaron posiciones prorepublicanas a partir del estallido de la confrontación bélica española forman parte de los útiles apéndices de la segunda parte del libro.
Es en esta sección donde también se localiza el ya mencionado Diccionario bio-bliográfico de los exiliados residentes en la Isla.
A la nómina de estas persona-lidades se suma la de quienes pasaron más brevemente por ella, entre los que se encuentra a Rafael Alberti, Francisco Ayala, Santiago Carrillo, Luis Cernuda, Diego Martínez Barrio, o a José María Ots Capdequí.
En fin, Jorge Domingo Cuadriello ofrece en El exilio republicano español en Cuba un excelente recuento de uno de los capítulos de esa fascinante y desgarradora historia de la España errante.
En sus páginas los lectores se toparán con figuras tan singulares como el aviador y poeta Alberto Bayo, quien entrenó a Fidel Castro en México; el actor, cantante y masón granadino Antonio Palacios; o el genial pelotari Segundo Cazalis Areitio.
Sin duda, estamos ante una contribución imprescindible para todos aquellos especialistas que quieran conocer más profundamente la relación de Cuba con el exilio provocado por la Guerra Civil española.-EMILIO JOSÉ GALLARDO SABORIDO, University of Nottingham, Reino Unido.
García González, Armando: Cuerpo abierto.
Ciencia, enseñanza y coleccionismo andaluces en Cuba en el siglo XIX.
Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla (Colección América), 2010, 432 pp., índices general y onomástico, anexo documental y de láminas, cuadros e ilustraciones.
Ciencia, enseñanza y coleccionismo andaluces en Cuba en el siglo XIX, fue accésit del premio Nuestra América 2009 que convocan la Diputación de Sevilla, la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y se suma a la ya larga lista de publicaciones galardonadas en dicho certamen.
Haberse sometido con éxito a la evaluación del jurado de uno de los principales premios americanistas y compartir la mención con otros consagrados historiadores y científicos sociales que la obtuvieron antaño, autores de obras consideradas clásicas es, sin duda, laudatio suficiente de presentación de este libro.
Hay que añadir, además, que se trata de una investigación firmada por un reconocido especialista en la historia de la ciencia en América y España y particularmente en Cuba, y escritor de trabajos también clásicos de tal temática y, por tanto, nada menos que lo que cabría esperar de su currículum.
Armando García González, por citar sólo algunos de sus trabajos más importantes, es coautor, con Pedro M. Pruna, del libro Darwinismo y socie-dad en Cuba (Madrid, CSIC, 1989); ha escrito, junto a Consuelo Naranjo Orovio: Medicina y racismo en Cuba.
La ciencia ante la inmigración canaria en el siglo XX (Santa Cruz de Tenerife, Casa de la Cultura Popular Canaria, 1996) y Racismo e inmigración en Cuba, siglo XIX (Madrid, Doce Calles, CSIC, FIM, 1996); junto a Raquel Álvarez publicó: En busca de la raza perfecta: Eugenesia e higiene en Cuba: 1858-1858(Madrid, CSIC, 1999) y Las trampas del poder: higiene, eugenesia y migración.
Y entre sus obras destacan, asimismo, las ediciones del Ensayo político sobre la isla de Cuba de Alexander von Humboldt, que también firman Miguel Ángel Puig-Samper y Consuelo Naranjo Orovio (Aranjuez, Doce Calles, 1998), o la traducción y estudio introductorio de La estructura de los arrecifes de coral de Charles Darwin (Madrid, CSIC, Catarata, 2006).
El sentido de esta sucinta relación curricular no es en modo alguno estético, sino mediático, pues tiene como fin, además de presentar al autor, resaltar el principal valor de Cuerpo abierto.
Ciencia, enseñanza y coleccionismo andaluces en Cuba en el siglo XIX, y por el que ha merecido reconocimiento y publicación.
Es la obra un estudio social de la ciencia en la historia de la isla antillana y de España, calidad que sólo es posible si se conocen bien los procesos y los debates de la historiografía al respecto, sus grandes cuestiones y la necesaria discusión y el conocimiento que se espera y es posible a partir de una investigación como la que aquí se reseña.
Analiza García González la enseñanza práctica de la Medicina en Cuba, y especialmente de la Anatomía, la Cirugía y la Obstetricia desde fines del siglo XVIII hasta los inicios del siglo XX.
Investiga el autor cómo tal actividad se realizó en ciertas instituciones clínicas que se fueron creando y desarrollando a la par, sobre todo en los hospitales Militar de San Ambrosio, de San Francisco de Paula y de San Juan de Dios, y se detiene, además, en la aportación de una serie de figuras relevantes, criollas y españolas, y entre estas últimas en la de varios galenos oriundos de Andalucía, pues fueron nacidos en esa región española algunos de los personajes que más contribuyeron al avance de la ciencia, la educación y divulgación médicas en la Gran Antilla y tanto en la época colonial como en los primeros años tras la independencia del país después de la intervención estadounidenses que puso fin al dominio español en 1898.
Los individuos que merecen especial atención son Francisco de Paula Alonso y Fernández, Nicolás José Gutiérrez, José Antonio Benjumeda, José de Lletor Castroverde, Cayetano Aguilera, Miguel Rodríguez Ferrez, José Díaz Benito y Francisco de Córdoba.
Sostiene García González que el desarrollo científico-educativo de la Medicina en Cuba procedió de la combinación de la labor docente y clínica, materializada en la formación y enriquecimiento de gabinetes, museos, colecciones y jardines zoo-botánicos y, por tanto, en la interrelación de dicha disciplina médica, de la Biología, animal y vegetal, la Botánica y la Farmacia.
Por esa razón es relevante detenerse en el análisis de dichas colecciones, en cómo se confeccionaron, en sus propósitos y utilidad, con la dificultad, que al ser descubierta se convierte en objeto de estudio y en una tesis colateral del libro, de que muchas de las primeras reunidas en la isla no solieron quedarse en ella.
Destaca el autor que tal situación, sin embargo, fue cambiando con el tiempo y según fueron avanzando las ciencias en la Gran Antilla lo usual comenzó a ser que si permaneciesen en ella.
Colecciones taxonómicas de Historia Natural, humanas, animales y herbarias, de cultivos, que con el tiempo en muchos casos fueron formando museos y jardines, junto a los archivos y bibliotecas, fueron en Cuba, como en el mundo entero, herramientas esenciales para el desarrollo de la ciencia médica, de su enseñanza, de su práctica y de la divulgación del conocimiento.
Por eso es preciso analizar cómo la confluencia de los procesos históricos y del avance de la disciplina explican el impulso que en cada momento gozaron tales colecciones en sintonía con el de la educación y el de las instituciones en que les dieron cobijo y en que se realizó su labor.
A tales menesteres dedica el autor el grueso de la investigación junto con el referido estudio específico de la acción de las personas que estuvieron tras ellos y los acompañaron, de su experiencia, elemento imprescindible también en el avance el conocimiento y, por ende, en la preparación y el uso de los medios que a ello coadyuvan.
Ya se señaló, además, que la prioridad que en este caso se otorga a varios galenos nacidos en Andalucía y que ejercieron su profesión en la isla antillana, no es baladí, sino fruto de la constatación de que tales individuos fueron responsables de la creación de las primeras cátedras de ciencia, del primer museo anatómico, de la introducción de la anatomía y cirugía prácticas en la isla, o autores de los primeros descubrimientos acerca de sus aborígenes precolombinos.
Sin menospreciar el valor intrínseco que para la historia de las ciencias tiene el análisis de las colecciones que plantea el autor, la principal aportación del libro para el conocimiento histórico es el abordaje del tema en vinculación con los procesos más generales de la historia de Cuba y en relación reciproca; es decir, tanto por lo que el estudio puede aportar a la misma como por el hecho de que las causas que determinaron su evolución fueron externas al objeto mismo investigado.
Esto es especialmente importante para explicar, por ejemplo, las dificultades económicas que sufrieron las instituciones clínicas y educativas en Cuba, y también las que padecieron los médicos y científicos por la implicación de algunos de ellos en los proyectos políticos reformistas de la relación colonial de la isla con España.
En el debe del trabajo, sin embargo, se echa en falta rigor en aspectos formales.
Habría sido conveniente una introducción que detallase su estructura y su metodología, presentase con más detenimiento el estado de la cuestión y sus aportaciones al mismo, puesto que son esas cuestiones su principal valor.
Igualmente, en el apartado específico de conclusiones, además de una síntesis de los procesos abordados dentro de la historia general de Cuba y de su relación con España, habría sido necesario insistir más en la contribución del estudio a la historia de la Medicina y las ciencias en la isla.
Por otro lado el libro carece de un apartado bibliográfico, su apéndice documental no está indexado y carece de títulos que faciliten el acceso y la compresión de los materiales que contiene.
En general, finalmente, se echa en falta también más análisis comparado, sobre todo cuando la obra está firmada por un autor que, como se ha mencionado, ha cotejado en otras ocasiones el caso cubano con el de España, Estados Unidos y otros países americanos.
Sin embargo estas dolencias no empañan el valor de Cuerpo abierto.
Ciencia, enseñanza y coleccionismo andaluces en Cuba en el siglo XIX, sin lugar a dudas, un buen ejercicio de investigación histórica.-ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla.
González Cruz, David: Propaganda e información en tiempos de guerra.
La cuestión de la publicística durante los conflictos bélicos, los diversos canales de propagación (noticias y propaganda) y las diversas formas en que ésta cala en el tejido social y político, ha venido concitando la aten-ción de los especialistas desde los estudios pioneros de los sesenta del siglo pasado hasta nuestros días.
Y lo que es más, la Guerra de Sucesión ha sido abordada recurrentemente desde hace varias décadas, en especial en el ámbito de la Corona de Aragón, por la singularidad del eco de los discursos propagandísticos en el área (archiduque Carlos, rey de los catalanes).
Ahora bien, el mérito del autor consiste en la ardua tarea de tejer las informaciones desde un plano multifocal, que integra no sólo los reinos peninsulares sino también el resto de los reinos que conforman los dominios de la Monarquía Hispánica en Europa (Nápoles, Milán, Flandes) y América.
Se trata, pues, de un ejercicio de historia comparada, avalado por la profesionalidad de este autor modernista, de prolífica y variada producción académica, que ha venido dedicando sus trabajos más recientes a los diferentes mecanismos y procesos de comunicación social utilizados por el poder.
Tras una brillante introducción en la que el autor pone de manifiesto la actualidad del tema a través del análisis de los artículos periodísticos publicados al hilo de los conflictos bélicos afgano e irakí, que muestran las tácticas de influencia en la opinión pública y que le permiten establecer un interesante parangón, tanto con las estrategias de justificación de la guerra como 'causa justa' o 'legítima defensa', como con la propaganda para comprar voluntades o exaltar los sentimientos nacionalistas (mostrando su intemporalidad pues son tan válidas en las guerras recientes como durante el enfrentamiento dinástico de Austrias y Borbones), se aborda un extensísimo capítulo primero en el que se pasa revista al amplio abanico de vías seguidas por ambos contendientes «para persuadir, convencer, manipular y aunar voluntades en torno a unos objetivos políticos y militares en una doble dirección: [...] el conjunto de la población civil y [...] las fuerzas armadas» a través de la acción coordinada de las instituciones al servicio de la Corona y de los eclesiásticos con influencia en su feligresía, constatando la dualidad en la recepción de la publicidad entre América (fundamentalmente pro-borbónica) y el resto de los territorios hispánicos (con mayor o menor presencia de una u otra facción según los avatares de las coyunturas bélicas).
A través de una prosa fluida, clara, elegante y precisa se nos introduce en el lenguaje del poder, así como en sus estrategias e instrumentos de comunicación social tendentes al control y vigilancia de las informaciones que pudiesen redundar en la evolución de la opinión pública en los reinos hispánicos hacia uno u otro bando dinástico.
Un vocabulario generalmente destinado a calar en una amplia capa de población y no sólo dirigido a unos cenáculos instruidos, de ahí que la propaganda se redacte en formatos de breve extensión, con expresiones directas, sencillas, sin florituras ni cultismos, a ser posible en el idioma del territorio, expresamente concebido para ser comprendido incluso por las clases subalternas, analfabetas en su mayoría pero acostumbradas a las lecturas colectivas en público.
Las vías de transmisión del mensaje publicitario, como ya se ha apuntado, fueron múltiples y David González efectúa un meticuloso recorrido por los instrumentos publicitarios creadores de opinión pública.
El capítulo segundo se dedica al valor publicitario de la figura del monarca en sí, de los retratos del rey (estatuas, óleos, grabados, medallas conmemorativas, monedas), tanto realistas como idealizados, introduciéndonos en el poder del símbolo y el símbolo del poder, parafraseando a María Ángeles Pérez Samper, muy en la línea de la construcción de un rey, puesta de manifiesto por Peter Burke (The Fabrication of Louis XIV, Yale University Press, 1992 y Madrid, Nerea, 1995) en referencia, precisamente, al abuelo de Felipe V. Tal vez este capítulo hubiera quedado más redondo si se hubieran tenido presentes algunos de los trabajos de autores del mundo de la Historia del Arte que se han ocupado del estudio de la simbología del poder, de los programas iconográficos de las monarquías, de las formas de la propaganda política a través del arte para reforzar la imagen pública del rey (Mínguez, Víctor: Los reyes distantes.
Imágenes del poder en el México virreinal, Castellón, Universidad de Castellón, 1995; o José Miguel Morán Turina: La alegoría y el mito: la imagen del Rey en el cambio de dinastía (1700-1750), Madrid, Tesis doctoral inédita, 1982).
El capítulo tercero es el más interesante para los americanistas al versar sobre los activistas y agentes difusores de la propaganda y brindarnos noticias acerca de las medidas arbitradas por Felipe V para interceptar los papeles sediciosos con 'discursos imperiales' susceptibles de ser portados por los clérigos y religiosos que se embarcaban rumbo a la América Hispana y que suponían un riesgo ante la posibilidad de difundir ideas que neutralizasen la adhesión a la dinastía borbónica.
Por otra parte, se ofrecen casos de colaboracionismo borbónico entre las autoridades eclesiásticas que se involucran celosamente en identificar y neutralizar a aquellos sujetos de su diócesis sospechosos de difundir propaganda desafecta.
Asimismo, las autoridades civiles se aplicaron a vigilar que no se produjesen actividades subversivas en su demarcación, pudiéndose constatar también delaciones falsas fundamentadas más en ajustes de cuentas y envidias que en conatos reales de infidencia entre individuos bien posicionados en la administración colonial.
Finalmente, se abordan las acciones directas de los activistas filoaustríacos en tierras americanas.
En esta línea, se da noticia del envío, por parte del gobernador de Jamaica, de emisarios secretos a Cuba con el fin de crear un partido austracista en 1702, así como se deja constancia de las acciones, más conocidas, llevadas a cabo por los holandeses desde Curaçao con el protagonismo incuestionable del religioso capuchino Bartolomé Capocellato (más conocido como conde de Antería), del jesuita bohemio Miguel Schabel (1704) junto al fraile Agustín de Caicedo, cuyo radio de acción llegó hasta el Virreinato de Nueva España, espacio en el que Salvador José Mañer prepararía la conspiración que sería desactivada por el virrey Albuquerque (1706).
El capítulo cuarto se dedica a la veracidad informativa en el contexto bélico y al uso de los engaños como armas de guerra.
Como ejemplo, se aporta la difusión de falsas realidades, como la propagada por el clérigo austracista Lorenzo Sánchez sobre los seis mil indios conjurados en Nueva España en tiempos de la contienda.
Mientras que el siguiente capítulo se ocupa del control de la información y de la propaganda subversiva y las consiguientes medidas arbitradas para neutralizar la entrada a través de las costas americanas tanto de ideas como de acciones hostiles de los aliados.
Aunque he de señalar que los casos ofrecidos entran más bien en la esfera de actos de piratería o contrabando que en la de una actuación de confidentes naturales americanos al servicio de ingleses y holandeses.
El último capítulo trata de los discursos concernientes al perdón, el castigo y la recompensa a personas o colectivos que se hubiesen distinguido por su lealtad a la Corona, pese a que este apoyo se pudiera volver en su contra si cambiaba la situación política.
Ahora bien, en mi opinión, por lo que respecta a los Virreinatos del Nuevo Mundo se echa en falta una contextualización de la aún poco conocida realidad americana durante la Guerra de Sucesión a la Corona de España y que aportaría mayor relevancia a los casos puntuales que oportunamente se van desgranando a lo largo del texto, ya que orientaría al lector sobre la importancia de los aspectos reseñados y no le daría pie a pensar que el título, por lo que respecta al ámbito americanista, promete más de lo que ofrece.
Así, nos hubiera sido esclarecedor hacer una rápida mención a que, si bien se tienen noticias de simpatías y hasta de pronunciamientos austracistas en aquellas latitudes, su estrecha localización geográfica, su limitado apoyo social y sus menguadas consecuencias, impiden la consideración de que tales hechos constituyan una página relevante dentro del con-flicto sostenido por ambos pretendientes.
América resulta así más bien un escenario proclive al enfrentamiento entre las potencias que apoyaban las aspiraciones de los Austrias (ingleses y holandeses) y los Borbones (españoles y franceses), tanto mediante enfrentamientos navales (Santa Marta, isla de Barú y Cartagena de Indias) como mediante intermitentes acciones corsarias (Bahamas, Saint Kitts y Nevis, Montserrat, saqueo de Guayaquil, captura del galeón de Manila), o mediante acciones por tierra (Florida, Apalaches, colonia de Sacramento), ya que estaba en juego la recomposición de la hegemonía política a escala mundial.
No obstante, la amplia bibliografía oportunamente manejada y la prolija variedad de documentación, que se extiende a un minucioso barrido de fuentes americanas, permite constatar la fidelidad de las provincias americanas a la dinastía borbónica, así como el éxito de la política de prevención sanitaria para impedir la infección del territorio con las ideas pro-austracistas, de modo que la mayor parte de las noticias aportadas se circunscriben a los puertos (especialmente Portobelo, Cartagena de Indias, Santa Marta, La Guaira y La Habana) por su proximidad a las colonias de titularidad holandesa e inglesa (Curaçao y Jamaica), desde donde se intentan introducir opúsculos, estampas con retratos del archiduque, zarzuelas, panfletos, etc. y se intenta intimidar a las autoridades de la plaza con la presencia de la escuadra inglesa del Caribe.
Ante la inexistencia de prensa periódica editada en tierras americanas durante los años de la guerra y la ausencia de bipartidismo al permanecer las provincias americanas fieles a Felipe V, el profesor González Cruz ha de realizar verdaderos y encomiables esfuerzos para intentar ofrecer las dos caras de estas tendencias.
En mi modesta opinión, unos procesos judiciales de delito de sedición, aislados, no permiten hablar de focos de disidencia generados en tertulias realizadas en el ámbito de domicilios privados y sin concurrencia de personalidades con influencia en la población.
Asimismo, no me parece oportuno el ejemplo de la india María de la Candelaria y las referencias recurrentes al levantamiento de los indios cendales en los diversos capítulos, ya que tienen unas connotaciones bien distintas a las de la no aceptación de la persona de Felipe V por decantarse por la otra opción dinástica y cuya oportunidad de inclusión o no se la hubiera brindado la obra de Juan Pedro Viqueira Albán (María de la Candelaria, india natural de Cancuc, FCE, México, 1993; e Indios rebeldes e idólatras.
Dos ensayos históricos sobre la rebelión india de Cancuc, Chiapas, acaecida en el año 1712, CIESAS, México, 1997).
En resumen, una obra que se lee con gran interés y que tiene la virtud de compatibilizar la síntesis organizada de los trabajos que le han precedido con su propia y ambiciosa investigación, aportando una serie de casos particulares de indudable valor, por la escasez de información acerca de los mismos, para aquellos investigadores que se muevan por las procelosas aguas de la publicística antiborbónica en el ámbito americano.-MARINA ALFONSO MOLA, UNED, Madrid.
Grützmacher, Lukasz: ¿El Descubridor descubierto o inventado?
Colón como protagonista en la novela histórica hispanoamericana y española de los últimos 25 años del siglo XX, Biblioteka Iberyjka, Varsovia, 2009, 260 pp.
Este apretado volumen Lukas Grützmacher, profesor de la Universidad de Varsovia, nos invita, en un apasionante recorrido, a revisar las diferentes visiones que la novela histórica ha dado sobre la figura de Cristóbal Colón en estos últimos años, como se desprende del título de la obra.
Mas el libro, en su conjunto, no es sólo eso sino que también nos presenta un amplio análisis sobre su objeto de estudio.
Desde el punto de vista formal, el autor ha dividido su trabajo en dos partes bien diferenciadas.
En la primera, bajo el epígrafe general «Todos los contextos», se examina en primer lugar el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo en varias novelas históricas.
Unas tratan del almirante, a veces utilizado como un pretexto para comentar otros asuntos (El naranjo y Las dos Américas de Carlos Fuentes y El Mar de las lentejas de Antonio Benítez Rojo) y otras están dedicadas a novelas sobre distintos conquistadores (Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, Lope de Aguirre y Álvar Núñez).
A esta introducción siguen dos capítulos en los que, desde un punto de vista teórico, el autor plantea las diferentes posturas de los novelistas al disponerse a escribir una novela preguntándose si, en un planteamiento inicial, estos tratan de reconstruir un pasado o de deconstruirlo.
Un asunto sobre el que tratará más adelante al analizar pormenorizadamente las novelas objeto de su estudio.
Como no podía ser de otra forma, esta primera parte se completa con una presentación de la figura de Colón como personaje histórico; la controversia suscitada en las Celebraciones del Quinto Centenario que, como bien señala, influirá en las distintas posiciones ideológicas de diversos autores, y dos epígrafes en los que nuestro reseñado analiza las más recientes corrientes del pensamiento hispanoamericano que enfrentan la «historia oficial» y la «historia novelada».
En la segunda parte, que lleva por encabezamiento general, «Todos los rostros de Colón», se realizan siete análisis de otras tantas novelas sobre el genovés: cuatro hispano americanas (El arpa y las sombras, de Alejo Carpentier; Los perros del Paraíso, de Abel Posse; La vigilia del Almirante, de Augusto Roa Bastos y Las puertas del Mundo, de Herminio Martínez) y tres de autores españoles (No serán las Indias, de Luisa López Vergara; Colón a los ojos de Beatriz, de Pedro Piqueras y El último manuscrito de Hernando Colón, de Vicente Muñoz Puelles).
Aunque en el estudio de todas ellas Grützmacher sigue un mismo esquema: estructura y contenido de la novela, el uso o abuso de cada escritor a la historiografía colombina y la imagen final del conquistador que deja traslucir cada novela, la extensión que el autor de esta obra reseñada dedica a los novelistas latinoamericanos es más amplia que la consagrada a los escritores españoles.
El autor se disculpa señalando, y tiene razón, que aquellos han sido objeto de multitud de artículos sobre sus novelas y de diversas interpretaciones que reseña con pulcritud y, políticamente correcto, no quiere advertirnos que entre estos ha escogido a autores más sobresalientes, aunque todos ellos sean escritores de excelente pluma.
A Grützmacher le preocupa analizar la frontera entre el discurso literario y el historiográfico y se empeña, con éxito, en demostrar -frente a las teorías de Hayden White-que esa frontera condiciona los planteamientos de los novelistas cuyas obras estudia.
Y, desde esta perspectiva, resulta especialmente interesante la distinción que observa entre los planteamientos de los escritores latinoamericanos y los de los españoles.
Aún con ciertas diferencias, para el autor, en definitiva, «las novelas históricas resultan completamente anacrónicas y, paradójicamente, ahistóricas».
Surge así una «historia postoficial» como una proyección de lo políticamente correcto en el pasado que resulta falsa.
A diferencia de la mayoría de los profesores de literatura a los que tan sólo les interesan las características literarias de las obras que estudian, nuestro autor señala que el escritor debe mantenerse a lo largo de toda la obra en una postura coherente, eligiendo entre la convención de la novela histórica tradicional y la metaficción historiográfica para no caer, escribiendo a tontas y a locas, en disparates.
¿El Descubridor descubierto o inventado?
Todos los autores de novelas sobre Colón pretender revelar algo nuevo sobre su figura e interpretarlo presentando un ser coherente.
Para nuestro autor, casi ninguna de las obras analizadas lo consigue.
Así El último manuscrito de Hernando Colón, de Vicente Muñoz Puelles, y Colón a los ojos de Beatriz, de Pedro Piqueras, no son novelas convincentes.
La primera por anacrónica e inverosímil y la segunda por superficial.
El pabellón español se salva gracias a No serán las Indias, de Luisa López Vergara, de quien dice que «hace un relato interesante».
Tampoco salen muy bien parados los escritores latinoamericanos y así el Colón que presentan Roa Bastos en Vigilia del Almirante, Herminio Martínez en Las puertas del mundo y Alejo Carpentier en El arpa y la sombra de, le resulta discutible y fruto de los prejuicios de los propios autores.
Frente a éstos, Grützmacher alaba con entusiasmo Los perros del Paraíso, de Abel Posse, que, parodiando la versión estereotipada del descubridor, logra crear un personaje coherente.
Yo no sería tan dura.
En efecto, la novela de Posse es excelente pero también lo es la de Carpentier, para mí sin lugar a dudas la más lograda de cuantas se han escrito sobre el genovés.
Como decía más arriba, el título de esta obra es engañoso, pues contiene más cosas de lo que promete; con todo el material reunido y poco más, el profesor Grützmacher podía haber publicado un par de libros.
Falta añadir que el volumen incluye una excelente y amplísima Bibliografía, no siempre citada en el texto, que resulta muy útil.
Se trata de un libro denso, tal vez demasiado apegado a la historiografía, que merece ser leído a fondo.-CONSUELO VARELA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla.
En su tesis doctoral, que recibió el premio Martin Behaim de la Sociedad de Historia Transmarítima (Gesellschaft für Überseegeschichte) en el año 2008, Christian Haußer analiza el concepto de civilización en el Brasil entre 1808 y 1871.
Se concentra fundamentalmente en la época en la que la corte portuguesa se había instalado en Río de Janeiro y en las primeras cinco décadas del Imperio Brasileño, que en ese entonces se independizó.
Refiriéndose al método de la historia conceptual de Reinhard Koselleck, el autor indaga en la «civilización» -uno de los «términos básicos del lenguaje político-social» (p.
51)-como concepto que iba a caracterizar decisivamente el siglo XIX en el Brasil.
Para comenzar, en una introducción muy detallada, Haußer se acerca a la «civilización» dentro de un marco histórico e historiográfico muy amplio.
Aquí, además de localizarla en la historiografía de la historia de las ideas, se dedica principalmente al conflicto entre influjos brasileños y foráneos, centrándose sobre todo en influjos del Atlántico norte.
Él diagnostica un desinterés constante en cuanto a la investigación de estrategias de desarrollo endógenas y explica esta carencia con una idealización del «desarrollo» noratlántico, que durante gran parte del siglo XIX fue «el camino de la civilización» (der Weg der Zivilisation, como dice el título).
Ahora su libro plantea el historizar y relativizar este camino a la modernidad.
Más allá del mero enfoque de historia conceptual, también se pone la meta de investigar «el radio de influencia [del concepto de civilización], y por lo tanto la cuestión, de hasta qué punto tal civilización tuvo efecto como fuerza de modelación lingüística» (p.
Sin embargo, cuando describe su procedimiento salta a la vista el hecho de que éste al final no se despega tanto de lo que él llama «anticuada historia de las ideas», que había «elevado [a estas ideas] a fuerzas autónomas en el proceso histórico» (p.
En el texto que sigue inmediatamente se pone de manifiesto (o por lo menos se vislumbra), de qué manera la «civilización» pudo desarrollar sus fuerzas de servir como modelo, a saber, mediante actores (linguísticos): A los autores de los textos y discursos analizados los localiza Haußer biográficamente, con todo detalle, en sus contextos históricos y explora sus influencias lingüísticas sobre sus entornos.
La primera parte de su estudio, que consta de tres subcapítulos y que se dedica a los «logros» de la época colonial, la comienza Haußer con un análisis de la historiografía colonial respecto al Brasil.
Partiendo con la História da província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães de Gândavo y publicada en 1576, las obras aquí estudiadas tenían como meta principal el representar al Brasil como un país atractivo para la inmigración y con un «futuro prometedor» (p.
En el segundo subcapítulo se plantea mostrar como los habitantes del Brasil, los «indios», fueron incorporados dentro de conceptos del mundo y de la his-toria jalonados por el cristianismo y la Antigüedad europea: a saber, como retrógrados que, sin embargo, al mismo tiempo habrían sido capaces de lograr un cierto status social «más alto», definido por los propios europeos.
De esta forma, se integraba a los indios bárbaros y, por tanto, paganos -pero no a los esclavos deportados de Àfrica-en la historia cristiana escatológica imaginada como un proceso continuo y, simultáneamente, se legitimaba el papel elitista y educador de los portugueses.
Partiendo de tales bases, en el periodo tardíocolonial, el término de la civilidade en el sentido de urbanidad y cortesía, se abrió camino al lenguaje de los políticos reformistas portugueses describiendo un estado ideal por alcanzar.
Al inicio era utilizado sólo frente a los indios y, al mismo tiempo, sólo muy rara vez como término para describir un movimiento histórico en evolución.
Al comienzo de la segunda parte del libro el autor esboza de modo compacto y comprensible el establecimiento de la filosofía ilustrada de la historia en Europa, la que si se despegó de la historia escatológica pero, al mismo tiempo, siguió propagando la estructura lineal del pensamiento.
Una importancia central en este pensamiento habría adquirido la «imaginación de la historia como un proceso infinito del continuo perfeccionamiento humano» (p.
Siguiendo su argumentación, la uniformidad y universalidad que se adscribía a este proceso, hicieron que se jerarquizaran todas las sociedades según sus «diferentes niveles de cultura» (p.
En el año 1756, Mirabeau (el mayor) introdujo el moderno concepto de civilización, que en las lenguas latinas paulatinamente se estableció como esencia y meta del pensamiento ilustrado de perfectibilidad, sin que mientras tanto perdiera sus más antiguas connotaciones.
Detrás de Sousa Coutinho y Azeredo Coutinho, fue sobre todo el traductor de Burke, el político y sabio José da Silva Lisboa, quién cimentó esta «civilización» en el lenguaje brasileño, como Haußer expone de manera concluyente y con un gran conocimiento bibliográfico.
Después de 1807-1808, es decir desde la llegada de la corte portuguesa, el Brasil se había vuelto centro de la monarquía e igualmente de los debates público-discursivos alrededor de posibles reformas.
En la obra de Lisboa y también de otros las «imaginaciones del futuro desarrollo del Brasil» (p.
118) se condensaban en la idea de una «civilización» propulsada por los propios seres humanos.
La tercera parte se ocupa de la consolidación de tal concepto dentro del nuevo entorno político, a saber, en el Estado nacional que se independizó en 1822.
A partir de aquí el texto y la argumentación se pueden leer con mucha fluidez, aunque el haber añadido introducciones y conexiones de capítulos, además de una orientación más intensa para el lector, hubiesen contribuido a mejorar de vez en cuando la legibilidad.
Aquí Haußer primero demuestra que en el nuevo Imperio se sentía una urgente necesidad de tener una historia nacional, que cumpliera con las exigencias de una nueva historia, una historia filosófica que anudara el pasado con el futuro.
Hubo en ese entonces muchos autores contemporáneos que sí escribían obras historiográficas, pero a las cuales incluso ellos mismos, como por ejemplo Lisboa o Luiz Gonçalves dos Santos, negaban «el carácter de una historia» (p.
Ellos listaban acontecimientos de manera cronológica para preparar una «Historia del Brasil», pero nunca (o apenas) los interpretaron como un proceso de desarrollo civilizatorio que diera una identidad a la Nación.
Siguiendo la idea ilustrada de perfectibilidad, tal historia de desarrollo no debería solamente explicar el pasado sino también mostrar una lógica conexión con el presente y el futuro.
Así ofrecería una «verdadera sabiduría de vida» (p.
157) en el sentido utilitarista o ser Magistra vitae, respectivamente, según Cicerón.
Este papel tampoco pudieron cumplirlo las historias regionales o demás obras de autores franceses (por ejemplo Jean Denis) o ingleses (Robert Southey o John Armitage).
Aparte de la falta de carácter filosófico, el principal problema para los contemporáneos fue la mala situación respecto a las fuentes.
Por eso el Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) fundado en 1838, por un lado, se encargó de la colección de fuentes y, por otro, de operar como plataforma de debate.
Luego de que ya los iniciadores del Instituto, Januário da Cunha Barbosa y José da Cunha Matos, hubiesen constatado la falta de una «historia general y filosófica del Brasil» (p.
141), en el año 1840 y bajo su primer presidente José Feliciano Fernandes Pinheiro, el IHGB convocó a un concurso para resolver la cuestión de cómo debería ser escrita esta historia.
A pesar de que los plazos de entrega fueron prolongados, al final sólo hubo dos envíos, pero los escritos presentados por el botánico bávaro y sabio universalista Carl Friedrich Philipp von Martius -que ya anteriormente había tenido bastante renombre en Brasil por su obra geográfica-resultaron plenamente convincentes.
Basándose en fuentes, se proponía «revelar estas fuerzas y nombrarlas según sus efectos, que [eran] decisivas [para] el desarrollo histórico del pueblo brasileño» (p.
Según su planteamiento, el rasgo específico del caso nacional-brasileño dentro de la historia universal, consiste en el encuentro biológico, pero sobre todo socio-cultural, de tres diferentes «razas», que produciría casi inevitablemente un «desarrollo continuo».
En el cuarto capítulo Haußer describe cómo los planes esbozados por Martius fueron realizados y, sobre todo, cómo se los conectó con el concepto de civilización que estaba por imponerse.
Al final, a mediados de la década de 1850, la obra básica largamente anhelada fue publicada por el sabio universalista Francisco Adolfo Varnhagen bajo el nombre História Geral do Brasil.
Aquí Varnhagen declara al «concepto de civilización... como método central de interpretación del pasado brasileño» (p.
Aun siendo criticado sobre todo por su menosprecio de las capacidades civilizatorias de los indígenas -compartiendo, según Haußer, una larga tradición de pensamiento-en aquel tiempo su Historia fue juzgada como una «insuperable interpretación global» (p.
Una idea de civilización de tal manera aplicada -así lo expone Haußer de modo contundente en el segundo subcapítulo-abría al mismo tiempo la vista al futuro y tuvo también un fuerte impacto político, sobre todo respecto a las cuestiones de los indios y de la esclavitud.
El resumen concluyente, por un lado, ofrece una síntesis de los resultados, y, por el otro, una crítica metodológica que abre un marco temporal hasta el siglo XX.
En este sentido se centra sobre todo en la relación entre conceptos o el lenguaje en general y su efectividad «hacia fuera».
Con el movimiento de abolición, con la política inmigratoria y en cuanto a los indios, pero también con el positivismo y con la ideología del branqueamento, él menciona distintos ejemplos político-sociales en los que el concepto de civilización ejerció una influencia de larga duración.
Haußer constata, resumiendo, que «para poder surtir efectos», la «civilización» sí «quedó dependiente de acontecimientos extradiscursivos, pero que ella a su vez, los intentó propulsar e influenciar» (p.
En esta frase, sin embargo, al mismo tiempo se revela -según mi punto de vista-un aspecto fundamentalmente crítico no sólo de su obra, sino también de toda la historia conceptual: A la «civilización», en cierta manera, le es asignado el papel propio de un actor, los acontecimientos únicamente ocurren, pasan pero, en cambio, los actores mismos no tienen casi importancia dentro de los planteamientos del autor.
Aún si éstos sí aparecieran en su relato concreto, sería precisa una crítica más intensa de Koselleck.
Como ya lo hizo durante todo el estudio saturado de fuentes, también en estas últimas páginas el autor subraya sus amplios conocimientos alrededor de los conceptos de civilización y de historia, que se extienden mucho más allá del Brasil decimonónico, pues abarcan debates de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, como también del marco europeo-atlántico en su conjunto.
Su exposición, que reflexiona y de tal modo relativiza el propio trabajo y método y, por lo tanto, el propio presente -un aspecto lamentablemente muy raro en tales estudios-una y otra vez incentiva al lector a la propia reflexión, sobre todo respecto a nuestros conceptos contemporáneos del tiempo.
Es precisamente también mediante la perspectiva atlántica -un enfoque sumamente enriquecedor de la actual historiografía alemana sobre América Latina-cuando el análisis gana en calidad reflexiva.
No obstante, se pone nuevamente de manifiesto que, al criticar la pretensión ilustrada de normatividad noratlántica-europea, este método de procedimiento intensifica de forma indirecta el discurso del atraso latinoamericano.
En este sentido, los estudios sobre la «cientifización de la historiografía» reinvindicados por Haußer deberían aportar resultados importantes, destacando entre ellos la tesis doctoral de Florian Heintze que se leerá próximamente en la Universidad alemana de Erfurt, con el titulo, todavía provisional, de: Los discursos de la historia en el Perú decimonónico entre proyecto nacional y circulación transatlántica de conocimientos.
Los conceptos de historia y la historiografía en la prensa, la literatura y la ciencia.-SEBASTIAN DORSCH, Universidad de Erfurt, Alemania.
Este volumen se centra en la estrecha y aparentemente paradójica relación que ha existido siempre entre represión política y democracia en la historia de Estados Unidos desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días.
La represión política es un concepto muy elástico que depende en gran medida de la ideología personal de quien juzgue.
Lo que para unos puede constituir un ejemplo de represión puede traducirse para otros en legítimo ejercicio de la autoridad gubernamental en aras del bien común.
Ésta y otras cuestiones afines se analizan con detalle y desde distintas perspectivas en esta colección de ensayos.
Los editores, Sylvia L. Hilton (catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid) y Cornelis van Minnen (director del Roosevelt Center de Middleburg y catedrático de Historia de América de la Universidad de Ghent) han conseguido que este volumen, que versa sobre diversos temas y cubre un periodo de más de doscientos años, haga gala de una notable coherencia interna.
A ello contribuye la magnífica introducción de la que ambos son autores, que comienza por establecer que represión y democracia no son, necesariamente, conceptos incompatibles sino que un cierto grado de represión no constituye una anomalía en los regímenes democráticos si se apela a la necesidad de proteger la estabilidad social y la seguridad personal, el orden constitucional, o la unidad, identidad y seguridad nacionales.
El problema fundamental surge cuando el gobierno u otros agentes sociales hacen uso de la demagogia e instrumentalizan altos principios morales e intereses nacionales para fines ilegítimos.
Van Minnen y Hilton, basándose en un amplio aparato crítico teórico y señalando ejemplos entre los ensayos de este volumen, analizan la naturaleza de la represión política, los distintos agentes responsables de su aplicación, los argumentos empleados para justificarla y las víctimas contra las que se ha dirigido, tanto en un sentido individual como colectivo, entre quienes destacan disidentes ideológicos o minorías raciales, étnicas y religiosas.
Subrayan, además, que entre los medios más efectivos de represión política encontramos el propio sistema legal y la capacidad de influir y controlar a la opinión pública.
Los trece estudios monográficos de los que se compone esta obra son presentados en orden cronológico.
Este autor afirma que fue a finales del siglo XVIII cuando por primera vez en la historia de Estados Unidos un conflicto internacional, concretamente con Francia, conllevó un importante recorte de libertades de carácter interno.
Ricard analiza cuatro leyes (especialmente las denominadas Alien y Sedition Acts), aprobadas en 1798 por los federalistas en el Congreso y rubricadas por el presidente John Adams, que posibilitaron amordazar a la prensa, encarcelar a los oponentes políticos y deportar a los extranjeros.
Dichas leyes han de enmarcarse en un contexto en el que los federalistas, manipulando el patriotismo con el fin de movilizar el sentimiento popular, acusaron a los partidarios de Jefferson de radicalismo, conspiración, sedición y subversión.
A pesar de ello, Thomas Jefferson ganó las elecciones de 1800, algo a lo que se referiría años después como una «revolución» pacífica gracias a la cual la Constitución había sobrevivido indemne.
En el segundo estudio, «Repression and Exclusion as Keys to Liberty and Democracy: the Political Thought of James Fenimore Cooper», Thomas Clark analiza la contradictoria figura de este conocido autor, al que presenta como representante del pensamiento democrático republicano, inspirado en Jefferson y Jackson, de las décadas de 1820 y 1830.
Clark sostiene que el escritor creía, de acuerdo con dicho pensamiento, en la inevitabilidad de las desigualdades y las jerarquías sociales y que aceptaba la idea de que la democracia y libertad de unos se tenía que apoyar en la exclusión y represión política de muchos, especialmente americanos de origen africano e inmigrantes extranjeros.
Dicha creencia se ha de entender en el contexto del miedo casi paranoico y endémico en los Estados Unidos a la corrupción de la nación, especialmente a través de conspiraciones internas ligadas a maquinaciones foráneas, miedo que constituye uno de los hilos conductores de este volumen y que se recalca también en los ensayos de Melvyn Stokes, Catherine Lejeune y Ole O. Moen.
Natchitoches, 1866-1878» que la represión política en Estados Unidos no se ha basado tanto en métodos violentos como en otros más sutiles, hasta el punto de que podrían definirse como «de guante blanco».
Como estudio de caso Fairclough se centra en la represión que se vivió en Luisiana, concretamente en la ciudad de Natchitoches, durante los años de la Reconstrucción.
Los periódicos demócratas presentaron a la White League como un grupo de cruzados solitarios que intentaban defender sus legítimos derechos frente a sus opresores, los republicanos norteños, a los que sometieron a la mayor impotencia mediante una intensa presión social.
El proceso desembocó en la pérdida del derecho al voto de una parte importante de la población negra y el ascenso de la ideología de la supremacía blanca.
La naturaleza represiva de la presión social que se ejerció contra un sector de la sociedad sureña es también objeto del siguiente ensayo, «Southern White Reaction against Interracial Cooperation, 1900-1930», de Mark Ellis.
A través de la prensa, los libros, los sermones, etc., se asoció el ser partidario de la reforma racial con la deslealtad y la traición.
Como consecuencia, los blancos moderados se censuraron a sí mismos con el fin de evitar ser objeto de reacciones sociales que podían ir desde la mera desaprobación o desprecio hasta la intimidación por parte del Ku Klux Klan.
En «Repression at Home, Liberation Abroad: Wilsonianism and American Anticommunism, 1912-1920», Alex Goodall analiza el papel que jugó el presidente Woodrow Wilson en el desarrollo del anticomunismo norteamericano.
Por una parte Wilson afirmaba que los Estados Unidos tenían la misión de promover la libertad y la democracia en el mundo, pero, paradójicamente, no quiso actuar contra los bolcheviques apelando a la autodeterminación nacional rusa.
Esta postura contrastaba vivamente con la política que el presidente adoptó en la esfera doméstica contra la izquierda radical, a la que consiguió doblegar mediante nuevas leyes que aumentaron el poder federal de una manera drástica y la utilización de las fuerzas armadas para restringir o neutralizar sus actividades.
La represión política en un nivel doméstico se convirtió, pues, en un componente necesario en la misión de la nación de promover la libertad en el mundo.
Daniella Rossini, en «Censorship in World War I. The Action of Wilson s Committee on Public Information», profundiza en la naturaleza represiva del gobierno de Wilson y se refiere a una institución creada por éste durante la primera guerra mundial con el fin de influir en la opinión pública, el CPI (Committee on Public Information).
A través de la censura de la prensa, los libros, el cine, etc., y de un esfuerzo propagandístico basado en la promoción de imágenes positivas de los Estados Unidos, se fomentaron determinadas actitudes antidemocráticas entre la población hasta crear, en la práctica, una «dictadura de la mayoría».
Kevern Verney aborda en «Double 'V': Walter White, the National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) and World War II, 1939-1945» el tema de la autocensura o limitación voluntaria de la libertad de expresión, consecuencia de una forma más sutil de represión.
Como estudio de caso este autor analiza cómo Walter White, presidente de la NAACP, impuso la autocensura entre los miembros de su asociación durante los años de la segunda guerra mundial, un conflicto bélico durante el cual se agudizó la conciencia de discriminación racial entre los afroamericanos.
White forzó, pues, una política pragmática en la NAACP para evitar que se les acusara de falta de patriotismo, de modo que se subordinaron los legítimos objetivos de la organización al esfuerzo bélico estadounidense.
En «The Long Silencing of the Spanish Memoirs of U.S. Ambassador Claude G. Bowers», María Luz Arroyo Vázquez profundiza en el tema de la autocensura como forma de represión política.
En su reflexivo y muy bien argumentado artículo, Arroyo muestra cómo Bowers, embajador en Madrid entre 1933 y 1939, fue autor de unas memorias, My Mission to Spain: Watching the Rehearsal for World War II, que no consideró conveniente publicar hasta 1954.
La autora analiza con detalle las circunstancias y causas del retraso en su publicación, así como las reacciones que provocó, tanto en España como en Estados Unidos.
En un principio Bowers, de acuerdo con el presidente Roosevelt, que fue quien le había designado embajador y del que era amigo personal, renunció a publicar My Mission durante la segunda guerra mundial porque en ellas criticaba la postura no intervencionista de las naciones democráticas durante la Guerra Civil en España, culpando en gran medida a Chamberlain de la derrota del gobierno de la Segunda República española.
Los tiempos no le parecieron propicios, pues, para provocar un conflicto entre los Estados Unidos y uno de sus principales aliados.
Tras la guerra, y a pesar del beneplácito del presidente Harry S. Truman, Bowers volvió a postponer «voluntariamente» la publicación de su obra porque se le indicó que debía ser aprobada por el Departamento de Estado.
En los inicios de la Guerra Fría, se produjo un acercamiento estratégico entre los Estados Unidos y Franco y, tras la firma de los importantes acuerdos de septiembre de 1953, el citado embajador se sintió liberado de su responsabilidad y publicó My Mission.
Arroyo concluye de modo convincente que Bowers es un ejemplo de autocensura voluntaria en aras de lo que entendió como el bien común pero también víctima de una sutil forma de represión política.
The Cold War Case of William Sentner» que la historia de Estados Unidos se ha caracterizado porque las políticas y acciones más represivas se han enmarcado y se enmarcan dentro de los límites de la ley.
Como estudio de caso Schrecker describe la represión que entre 1952 y 1954 ejerció el FBI sobre William Sentner, miembro del partido comunista y destacado líder sindical, y su esposa Antonia, una inmigrante, en el contexto de la Guerra Fría.
Schrecker nos muestra con detalle, a través de una pareja sometida a la maquinaria represiva del estado pero refiriéndose también a situaciones comunes en las décadas de 1960 y 1970, hasta qué punto la legislación ha constituido un método habitual y tradicional de controlar a la disidencia, criminalizándola y convirtiéndola en blanco de otras formas de represión.
También en el contexto de las teorías de conspiración e histeria popular de la época de la Guerra Fría, Melvyn Stokes analiza la represión y censura en los estudios cinematográficos durante 1952-1953 en «The Inquisition in Hollywood: Representation on/behind the Screen».
Stokes afirma que los intereses de la House Committee on Un-American Activities (HUAC) coincidían con los de los directivos de los estudios de Hollywood, decididos a reprimir la combativa militancia sindical en el sector cinematográfico.
Dichos directivos adoptaron la estrategia de acusar a quienes se oponían a ellos de «anti-americanos» o «comunistas».
Se trata, pues, de un ejemplo de cómo en el ejercicio de la represión podían colaborar fuerzas públicas y privadas.
White Racists and the Right to Freedom of Speech», analiza la controversia surgida en torno al derecho de los racistas blancos a la libertad de expresión en la década de 1970.
Un ejemplo de ello fue la campaña de J.B. Stoner en el Senado en 1972.
Stoner utilizó un tipo de discurso que resaltaba la supuesta victimización blanca con el fin de crear desorden público y posicionar a las elites conservadoras en contra de ciertas minorías étnicas.
Dos organizaciones de derechos civiles -la NAACP en defensa de los derechos de los afroamericanos y la ADL en defensa de los de los judíos-acudieron a los tribunales para que se restringiera la libertad de expresión de Stoner por amenazar la seguridad y/o la igualdad de derechos de otros ciudadanos y por daño psicológico, pero su petición fue desestimada.
Webb destaca el cambio que se produjo en el seno de estas organizaciones desde la defensa a ultranza de la libertad de expresión en los años 50 y 60 a la búsqueda de la censura gubernamental en 1970, cambio que asocia a un intento fallido de utilizar el poder del Estado para silenciar a oponentes políticos.
Los dos últimos ensayos de esta obra describen diversas formas de represión política vigentes en nuestros días.
En «U.S. Immigration Legislation since 9/11: Social Control and/or Political Repression», Catherine Lejeune ofrece una sugerente reflexión sobre la creciente legislación que desde la década de 1990 se ha promovido en los Estados Unidos para limitar los derechos civiles de los extranjeros y de los inmigrantes ilegales en nombre de la seguridad nacional.
Dicho proceso ha sido posible gracias a que las autoridades han sabido instrumentalizar el miedo a una amenaza externa inminente que durante la Guerra Fría se había relacionado con el comunismo y que desde 1990 se identifica con el terrorismo internacional.
Lejeune afirma que las últimas leyes de inmigración constituyen un instrumento del Estado para reprimir a quienes se opongan a su política.
La forma más grave de represión es la deportación de inmigrantes ilegales pero también existe un tipo de represión interna entre los ciudadanos estadounidenses que consiste en la autocensura.
En la misma línea, Ole O. Moen argumenta en «Free Speech vs. Fear: A Constitutional Ideal and the Tyranny of the Majority in the American Tradition» que la sensación de inseguridad ha moldeado históricamente tanto el gobierno como la sociedad de los Estados Unidos, una nación inmadura sometida al «síndrome del hombre fuerte».
Se trata de una paranoia endémica y especialmente intensa en lo referente a un posible debilitamiento de la unidad nacional.
Moen documenta numerosos casos de legislación represiva de la libertad de expresión en las décadas de 1920 y 1930, durante la era McCarthy, la guerra de Vietnam y, por último, en la reacción que se ha promovido contra el terrorismo internacional desde 2002.
En definitiva, nos encontramos ante un libro rico en contenidos, perspectivas y propuestas, a la vez específico y panorámico, que nos ofrece en su conjunto una excelente contribución a la documentación histórica y al debate sobre un tema tan candente como el de la represión política.
La magnífica introducción supone un valor añadido a un conjunto de estudios rigurosos y muy recomendables.
Reseñamos aquí otra aportación de esta prestigiosa Editorial de lengua inglesa, que tanta ayuda presta a profesores, investigadores, estudiosos y alumnos sobre las distintas disciplinas académicas.
En este caso trata de acercarse no sólo a la historia en sí, por siglos, países, grandes áreas, o regiones supranacionales, sino a la historia de las conexiones y circulaciones entre personas, asociaciones, ideas, fondos, muchas veces planteadas incluso por encima de los Estados, los Gobiernos y otras fórmulas oficiales de la época contemporánea, desarrollando también profundizaciones sobre aspectos de este tiempo como la Guerra Fría y la Comunidad Europea.
El Palgrave Dictionary of Transnational History ha sido redactado por unos 350 especialistas de 25 países, y en sus entradas aparecen temas de numerosas disciplinas que ayudan a la mejor comprensión de una historia de aspectos del mundo contemporáneo.
Por eso son muy de agradecer los índices listados por orden alfabético (pp. XXXVII-XLI), ya que facilitan al lector la búsqueda del nombre y del tema de interés, a veces incluso con dos entradas ante la distinta denominación para un mismo aspecto (como WTO y GATT, por ejemplo), así como unos diagramas gráficos (pp. XXVI-XXXVI), que ayudarán al usuario a profundizar en los temas y territorios que se estudian en este diccionario, siguiendo esas fórmulas.
En ese mismo esfuerzo por agilizar la consulta, las personas aparecen primero por su apellido, seguido del nombre y los libros por el primer sustantivo de esa cita, dejando al final el artículo.
Respecto a la docencia en concreto, este Dictionary resulta útil para responder a dudas, planteamientos y discusiones de la historia transnacional con los alumnos, por ejemplo, al conectar identidades, derechos individuales y derechos humanos, religiones y regímenes políticos en su ideología y características, recorriendo así un amplio arco de lo individual a lo colectivo, o a la inversa, que beneficiará sin duda a los estudiantes.
Como explica el propio doctor Akira Iriye, uno de los dos co-editores generales del Dictionary, esta obra de consulta incluye 450 artículos, que se unirán a los libros de texto, enriqueciendo así las posibilidades de los docentes y también de sus alumnos.
Como un adelanto de lo mucho que este Dictionary aporta, se recogen a continuación entradas en las que el continente americano, las asociaciones e incluso personalidades nacidas en él aparecen expresamente citados, partiendo de la propia palabra América (pp. 33-37): Argentina and psicoanálisis; Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC); Guevara, Ernesto («Che»); Inter-American Commission on Women; Mexican Revolution; Museum of America (Museo de América), en la que se trata la evolución de los tipos de museos; Panama Canal; Pax Americana; Prebisch, Raúl; Wilson, Woodrow, entre otros.
Todo esto no quiere indicar que la presencia de las tierras, gentes, sistemas, partidos e instituciones políticas, sociales, económicas, culturales y otras no ocupen un papel destacado en esta obra.
Concluimos esta reseña animando no sólo a la consulta sino también a la elaboración de futuros textos de este carácter, siempre bienvenidos y necesarios.-MARÍA JUSTINA SARABIA VIEJO, Universidad de Sevilla y Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla.
Lacueva Muñoz, Jaime J.: La Plata del Rey y sus vasallos.
Minería y metalurgia en México (siglos XVI-XVII), Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC/ Universidad de Sevilla y Diputación de Sevilla, Sevilla, 2010, 428 pp.
La plata del Rey y sus vasallos.
Minería y metalurgia en México (siglos XVI y XVII), de Jaime J. Lacueva Muñoz, es el segundo libro publicado por su autor sobre los metales preciosos en la América colonial.
Ya en Los metales de las Indias.
Rescates y Minería en los inicios de la Colonización (Sevilla, 2010), Lacueva mostraba su rigor académico, su despejado talento y su dominio del tema, anunciándose como prometedora autoridad en la materia.
Su nueva obra se basa en la que fue su tesis doctoral, presentada el año 2008 en la Universidad de Sevilla, que obtiene el primer premio del Concurso de monografías "Nuestra América", convocado anualmente por la Diputación de Sevilla, la Universidad de Sevilla y el CSIC, bajo cuyo patrocinio se publica.
El prólogo a la obra, extenso y comprehensivo, además de justificadamente elogioso, es de la propia directora de la tesis, la profesora Manuela Cristina García Bernal.
Como toda buena tesis doctoral, esta obra se apoya en una exhaustiva investigación documental y bibliográfica, en este caso y por la naturaleza del tema, sobre todo en documentación de archivo de carácter cuantitativo y fiscal.
Para ello, Lacueva Muñoz ha emprendido una impresionante búsqueda multiarchivística a la que ha consagrado seis largos años de fatigas y dedicación.
Ha aprovechado más de un centenar de legajos del Archivo General de Indias, así como decenas de legajos del Archivo de la Caja Real de Zacatecas, del Acervo Histórico del Palacio de Minería, en México, y una nutrida bibliografía.
Manejar una documentación tan vasta y compleja supone un auténtico desafío, pero Lacueva ha sabido superar la prueba exitosamente gracias al dominio de una rigurosa metodología, a la inteligente estructuración de la obra en dos partes (la organización de la producción y el volumen de la producción) y a la sutileza de sus argumentaciones.
De esa manera, ha podido sustentar en bases sólidas, novedosas aportaciones sobre aspectos insuficientemente estudiados, y profundizar tanto a nivel macro como microeconómico distintos aspectos de la importante problemática de la producción metalífera en la Nueva España.
El tratamiento inteligente y prolijo de este copioso y en gran parte desconocido material, le ha permitido al autor atreverse a cuestionar ciertas tesis hace tiempo establecidas sobre la crisis de la producción minera de mediados del siglo XVII, y el papel que desempeñaron los dos métodos de beneficio utilizados en la producción de la plata, acaso una de las contribuciones más importantes de este libro.
Siendo el tema de la producción argentífera novohispana tan esencial para la comprensión de la emergente economía-mundo y de la primera globalización del planeta, así como la relación de la plata con la primera crisis de alcances globales, se comprende la importancia de esta nueva obra.
Cabe asegurar que su consulta será indispensable para cualquiera que esté seriamente interesado en la materia.
El rigor de esta investigación se refleja en la excelente calidad de los dos mapas sobre las regiones mineras, los nueve cuadros, las diecinueve tablas, veinticinco gráficas y ocho apéndices, donde Lacueva realiza un riguroso análisis cuantitativo de la producción metalífera, la recaudación fiscal y las relaciones comerciales vinculadas a la minería, e ilustra diáfanamente los distintos aspectos de esta problemática, tanto desde el punto de vista coyuntural como estructural.
Aunque su principal foco de estudio es el gran centro minero de Zacatecas, también incluye en su análisis la producción de otros centros mineros, como San Luis Potosí, Guanajuato o Pachuca.
Al concentrar su interés en un periodo concreto -los siglos XVI y XVII-, sobre todo entre el despegue de la producción y la crisis de 1630-1640, y luego el repunte de la minería en la segunda mitad de ese siglo, el autor alcanza nuevos niveles de análisis sobre las fases de auge, crisis y recuperación del sector minero, y el papel decisivo que desempeñó la producción minera en la articulación del territorio y la creación de espacios económicos internos, siendo como lo fue el motor fundamental del proceso colonizador.
Lacueva Muñoz dedica especial atención a los procesos técnicos de la producción minera, tanto de la extracción misma de la plata, como de su beneficio mediante la amalgamación con mercurio o por fundición del metal; a los problemas asociados al abasto del mercurio (que debía importarse de España o de Perú); a la mano de obra y a la inversión de capital.
Analiza exhaustivamente la cuestión de la rentabilidad, la calidad de la maquinaria empleada, y las ventajas o desventajas de la amalgamación, o de la fundición.
Al hacer este análisis, este autor demuestra, contra lo que se ha considerado hasta ahora, que el beneficio de la plata por amalgamación con mercurio fue poco económico y eficiente, aún cuando era el método más avanzado de la época y, asimismo, que la plata que se benefició por fundición fue mucha más de la que se creía.
Apoyado en las abundantes evidencias documentales a su alcance, Lacueva desafía la tesis convencional sobre la crisis de la minería de la década de 1630.
De acuerdo a esa tesis, la crisis de las décadas de 1630-1640, se produce, por un lado, a causa de la disminución de los intercambios entre América y Europa y, concomitantemente, de la caída de la producción minera, a la que contribuyó el deficiente abasto de mercurio.
Uno de los argumentos de Lacueva se apoya en el análisis de los distintos niveles de eficacia técnica y económica de los dos métodos de beneficio de la plata empleados -el de amalgamación por mercurio y de fundición del metal.
El autor argumenta, y lo respalda cuantitativamente, que al disminuir el abasto de mercurio y reducirse la capacidad de producción de la plata por amalgamación, las minas de Zacatecas, entonces las más importantes de Nueva España, entraron en crisis y decayeron.
Agrega, sin embargo, que la producción de otros reales de minas no disminuyó sino que se mantuvo y aún aumentaron las explotaciones, como en Durango y Guadalajara, gracias a la amplia experiencia que se tenía en el beneficio por fundición, por lo cual la supuesta crisis metalífera realmente no se produjo.
O bien, que esta crisis afectó a Zacatecas pero no así al resto de Nueva España.
De hecho, más tarde, la propia Zacatecas volvió a recuperarse y nuevamente despegar, gracias a que también se benefició de esta nueva tendencia en los métodos de explotación, y a las incitaciones que produjo la recuperación de la actividad minera regional en el conjunto de la economía.
De esa manera habría sido la deficiente comprensión de la aplicación o frecuencia del uso de ambos métodos de beneficio del metal lo que ha contribuido a la errónea interpretación de la crisis.
Se trata de una sustentación sólida y por demás sugerente, aunque este debate, tan decisivo tanto para comprender la época como los alcances de la primera globalización, seguramente no concluirá así y su discusión continuará.
En fin, nos encontramos con una obra magnífica, bien escrita, respaldada por una investigación agotadora, inteligentemente estructurada y argumentada, que la coloca a la par de obras ya clásicas como la de Peter Bakewell sobre la minería mexicana, o de Merving Lang sobre la producción y abastecimiento del mercurio.
Se trata pues, de una aportación excepcional que enriquece significativamente un tema tan esencial para la comprensión de la historia colonial del Nuevo Mundo.-ALFREDO CASTILLERO CALVO.
Luque Azcona, Emilio José: Arquitectura y mano de obra en el Uruguay colonial: sobrestantes, herreros, carpinteros, albañiles y picapedreros.
Tras la publicación en 2007 de su libro Ciudad y poder: la construcción material y simbólica del Montevideo colonial, el autor presenta una nueva obra, a través de la cual profundiza en algunos aspectos abordados con anterioridad, a la vez que amplía su interés a otros puntos del territorio uruguayo.
Se trata de un exhaustivo trabajo sobre los oficios de la construcción durante el periodo colonial articulado en dos apartados:
El primero, concebido como un estudio introductorio, incluye una breve aproximación a la arquitectura erigida en la Banda Oriental; un capítulo tardío de la edilicia hispánica en América, poco conocido y del que se conservan contados vestigios.
En su análisis, se destaca la importancia de las obras defensivas, tales como los fuertes de San Miguel y de Santa Teresa, o el complejo de fortificaciones trazado por el ingeniero Domingo Petrarca para Montevideo.
Una parte significativa de la mano de obra reunida en este territorio fue convocada al calor de estas obras militares, a las que habría que sumar algunas otras civiles y religiosas de gran interés, en las que se manifiesta la vigorosa difusión del neoclasicismo, ya imperante en la cercana Buenos Aires.
Así lo ilustran las dependencias del Cabildo de Montevideo, realizadas por Tomás Toribio, o la fachada de la Iglesia Matriz de la misma ciudad, cuya reforma -según el autor-podría haberse planteado con el concurso del propio Toribio.
Tras dibujar la realidad arquitectónica de la Banda Oriental, este apartado se completa con un análisis de conjunto sobre los oficios relacionados con la erección de dicho patrimonio arquitectónico.
Sobrestantes, herreros, carpinteros, albañiles y canteros constituyen un cuerpo laboral muy heterogéneo, marcado por un nivel de capacitación limitado y una actividad irregular.
A pesar de su modesto perfil, sobre estos grupos descansó una aventura constructiva esencial para el desarrollo histórico de la sociedad uruguaya.
Emilio José Luque traza las líneas maestras de estos grupos, rastreando el origen diverso de sus miembros, así como el desarrollo de sus actividades en su tierra de acogida.
Los horarios de trabajo, los salarios y algunos detalles técnicos aparecen recogidos certeramente en un texto que, por su interés, hubiera podido alcanzar un mayor desarrollo.
El segundo apartado, abarcando la mayor parte del libro, presenta una Relación de profesionales de la construcción empleados en Montevideo y otros puntos de la Banda Oriental (1723-1810).
Se trata de un trabajo minucioso, con más de setecientas cincuenta entradas ordenadas por oficios, entre los cuales los de la carpintería y la albañilería son los más numerosos.
Considerando el hecho de que el autor se ha centrado en la mano de obra, no incluyendo a los arquitectos e ingenieros responsables de los grandes proyectos, así como las limitaciones de la documentación disponible, esta nómina no ofrece grandes, ni jugosas biografías.
No obstante, aunque en muy contadas ocasiones se ha podido esbozar un perfil biográfico completo de estos profesionales, en su conjunto, las noticias aportadas sobre su origen, lugar de trabajo, nivel de cualificación, salario y otras consideraciones conforman un fresco excepcional sobre la realidad social y constructiva de estos territorios y, en particular, del Montevideo colonial.
Para su elaboración se consultaron los fondos del Archivo de Simancas (Valladolid), el Archivo General de Indias (Sevilla), el Archivo General de la Nación de Argentina (Buenos Aires), el Archivo General de la Nación de Uruguay (Montevideo) y el Archivo del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (Montevideo).
La cuidada recopilación de un material tan diverso le otorga un valor inestimable a esta obra, enriquecida con varios mapas y fotografías realizados por el propio autor; una obra que, de este modo, se suma a toda una serie de relaciones de profesionales de la construcción en el mundo hispánico, las cuales convendría reunir en una sola base de datos, para un uso más cómodo y completo de las fuentes disponibles.
Por todo lo dicho, nos parece necesario destacar el interés de este nuevo y riguroso trabajo de Emilio José Luque Azcona, el cual desborda ampliamente los límites de la historia de la construcción, para ofrecer nuevos datos a otros especialistas ocupados en el estudio de las sociedades coloniales de la América Hispana.-JUAN CLEMENTE RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Universidad de Sevilla.
Opatrný, José: José Antonio Saco y la búsqueda de la identidad cubana, Praga, Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, 2010, 229 pp.
Josef Opatrný, director del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, es uno de los mejores especialistas euro-peos en Historia de Cuba.
La obra que aquí comentamos viene a ser la culminación de sus trabajos sobre la historia de la cultura política del Caribe hispánico y los orígenes de la nacionalidad cubana, entre los que destacan su más conocido libro Antecedentes históricos de la formación de la nación cubana (Praga,1986) y sus estudios sobre Pedro de Santacilia.
El trabajo comienza con una densa y eficaz síntesis de los antecedentes políticos, económicos e ideológicos referidos al ámbito atlántico en la época de las revoluciones (c.
1760 a 1825), en la que se enmarca el proceso de formación del Estado y la Nación en América Latina.
Al adentrarse en la temática de la formación de la conciencia nacional en Cuba, comienza su estudio con la figura de Francisco de Arango y Parreño, resaltando la apuesta del famoso abogado y hacendado habanero -líder político-intelectual del criollismo cubano entre 1790 y 1830-por el liberalismo económico y el realismo político, en contraste con otros líderes hispanoamericanos.
Opatrný se pregunta qué entiende Arango por «nación» y «patria», concluyendo que este abogado identifica la nación con el Estado soberano (p.
42), y en consecuencia no distingue entre nación cubana y nación española.
A diferencia de lo que ocurrirá con José Antonio Saco, que se mueve en una época diferente, para Arango no existen otras «naciones» que las potencias europeas, en tanto que su mundo es el de las décadas finales del siglo XVIII y primeras del XIX.
Sin embargo, apunta Opatrný, a medio plazo, la diferencia de intereses económicos entre los grupos ligados a la metrópoli y las elites cubanas acabará marcando el rechazo a la identidad entre cubano y español, lo que, sin embargo, no será el caso de Saco.
Y respecto al concepto de patria, Opatrný advierte cómo Arango distingue claramente entre la patria «verdadera», su tierra natal, «a la que ama y adora», y la «madre patria», que describe como la «nación cultural» (p.
En todo caso, para Arango el mejor destino para su patria isleña fue ser una provincia ultramarina de España, afirma Opatrný.
Pero Arango habla siempre en nombre de un sector social determinado y minoritario, la burguesía criolla o, como mucho, la población blanca de la isla, y por ello no quiere imaginar otro estatuto político para Cuba.
El triste espectáculo que ofrecían las primeras repúblicas americanas le confirmaron en su idea.
Pero el tranquilo mundo de Arango se vio sacudido -como el de toda la América española-por la crisis de la Monarquía y el triunfo inicial de liberalismo político (1808-1814) en el mundo ibérico.
Aunque en Cuba esa primera sacudida fue hábilmente conducida y controlada por el gobernador Someruelos (como ha estudiado Sigfrido Vázquez), en un nivel más profundo se estaba preparando la base intelectual de la nacionalidad cubana.
Aquí entra en juego la figura del padre Félix Varela, mentor intelectual de la generación que primero se planteó la independencia de Cuba.
Aislado y casi desconocido quedó entonces el primer proyecto constitucional para una Cuba independiente, el de Joaquín Infante, quien por cierto portaba una ideología socio-racial idéntica a la de Arango, que excluía radicalmente a los negros de la ciudadanía política.
Si en esa primera fase revolucionaria del mundo hispánico Cuba no se vio especialmente afectada, la segunda, la del Trienio liberal, se convertirá en una breve pero intensa etapa en la que el liberalismo radical parece explosionar en la isla.
Pero alejándose de otras menos avisadas, acierta Opatrný al elegir la interpretación que califica al llamado «liberalismo exaltado» de esos años en Cuba como una tapadera demagógica del grupo en realidad más reaccionario, el de los comerciantes peninsulares cuya pretensión, desde dos décadas atrás, no era otra que arrebatar a la elite hispano-criolla dirigida por Arango el control del comercio insular.
Frente a esos falsos liberales surge el primer liberalismo criollo moderno, representado por los diputados cubanos elegidos para las Cortes en 1820, muy especialmente el padre Varela, autor principal del famoso proyecto de un gobierno autónomo -o descentralizado, según Piqueras-para las provincias de Ultramar.
Después de explicar la posición de Cuba en el complejo contexto internacional de la década de 1820, el autor pasa a un interesante análisis del pensamiento de Félix Varela tras su salida forzosa de España y su exilio en los Estados Unidos, pensamiento que queda reflejado especialmente en El Habanero.
Desengañado de los liberales españoles, Varela se declara ya abiertamente por la independencia y desarrolla el concepto de patriotismo como su fundamento ético-político.
Aquí no vemos al Varela de sus Lecciones de Filosofía, sino al filósofo moral formado en la doctrina aristotélico-tomista, de donde obtiene su concepto del patriotismo como virtud política.
En este sentido, el sacerdote condicionaba la independencia de su patria al sincero propósito de sus elites por mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas, es decir, a un ejercicio efectivo de la virtud del patriotismo, algo que no encontraba en la mayoría de sus compatriotas.
Y por lo mismo, Varela rechazaba la independencia «desde afuera», anticipándose así a su discípulo Saco en su rechazo al anexionismo.
De esa manera, los textos de Varela en El Habanero cons-tituyen el mejor programa independentista cubano en la primera mitad del XIX; sin embargo, ese programa tendría escaso eco entre sus discípulos en la isla, más pendientes de sus intereses de clase que del bien de su patria.
Y por fin llegamos a Saco.
Opatrný nos introduce en el pensamiento del gran bayamés a través del análisis de los textos menos utilizados por la historiografía.
Es interesante comprobar hasta qué punto, en sus textos iniciales dedicados a problemas sociales y económicos de la isla, pero también en otros posteriores, coincide Saco con las propuestas de Arango y Parreño, pero con una diferencia clara entre los dos: el segundo no manifiesta nunca esa angustia que se percibe en Saco ante el «peligro de la raza africana».
Mientras Arango aconsejaba en 1828 invertir en la educación de los negros, Saco y sus contemporáneos sólo vieron en ellos una raza bárbara que era necesario extinguir en la isla.
En esto, como en tantas otras cosas, el hacendado demostró un sentido más «nacional» de la situación y el desarrollo de su patria que los «liberales» cubanos de las generaciones siguientes, más directamente influidos por el creciente racismo del liberalismo occidental.
De hecho, las soluciones que Saco propone para extirpar la vagancia no son liberales sino autoritarias (p.
104); y es que el liberalismo doctrinario de la generación de Saco, a pesar de su ethos romántico y radical, no deja de ser el hijo natural del absolutismo ilustrado.
A partir de 1830 veremos al auténtico Saco, el polemista, género en el que realmente destacó pero que, por lo mismo, le condujo a ganarse fácilmente la enemistad de los poderosos; en eso mismo se mostró como un romántico y, al tiempo, como un intelectual honesto más que como un político.
Fue precisamente su primera gran polémica, la que mantuvo en 1829-1830 con Ramón de la Sagra -con el que, sin embargo, tanto coincidía sin reconocerlo-, lo que le llevó a ser considerado como el portavoz del reformismo y autonomismo cubano, representado por el grupo de literatos y poetas en torno a Domingo del Monte que, como Saco, fueron discípulos aventajados de Varela en el seminario de San Carlos: un grupo de hijos de familia que se pueden permitir viajar y dedicarse a la literatura gracias al patronazgo de familiares y amigos que, irónicamente, hicieron su fortuna con el comercio negrero y la plantación esclavista.
A pesar de estas contradicciones vitales -de las que no se libraba Saco, como oportunamente recuerda Opatrný (p.
156)-estos ensayistas y poetas serán los creadores de una primera conciencia de nacionalidad o cuba-nidad, insertándose así de forma plena en el movimiento romántico de la época.
El libro se centra a partir de aquí en un extenso resumen analítico-interpretativo de aquellos textos de Saco menos atendidos por la historiografía.
Así, Opatrný destaca que, ya en 1832, el bayamés expresó su oposición a la trata esclavista en su extenso comentario a la obra del Robert Walsh sobre el Brasil, mostrando por primera vez su «horror» ante el dato estadístico que confirmaba la supremacía de la raza africana en Cuba, lo que definía como la mayor amenaza para la misma existencia de la patria.
La crítica de Saco a la trata y a la esclavitud misma como antihumana tiene sólo una motivación real, el racismo: lo único que él quiere es ver libre a su patria de gente de piel oscura; salvar a Cuba era liberarla de la población africana.
Mucho nos recuerda todo esto a la visión que Bolívar tenía del indio y la población indígena, y es que también en esto se muestran los dos como hijos aventajados de la Ilustración europea.
Llegaba así, poco después, el momento de la oposición de los directores de la Sociedad Económica a la fundación de la Academia de Literatura por Del Monte y sus amigos, que es parte de un conflicto de tipo generacional entre criollos, de una naturaleza distinta al que mantuvieron luego con el odiado capitán general Tacón.
Éste aprovechó la polémica para provocar el exilio de Saco.
La torpe política del gobernador «liberal» y su secuela inmediata, la exclusión de los diputados ultramarinos por las Cortes «progresistas», a lo que siguió la dura crítica de Saco y Del Monte a este giro radical de la política de Madrid hacia la isla, constituyen el punto de inflexión a partir del cual surge un auténtico partido liberal propiamente cubano.
El extenso análisis de dos textos del bayamés de estos años decisivos (el «Examen analítico...», criticando la decisión de las Cortes en 1837, y el Paralelo entre la isla de Cuba y algunas colonias inglesas) llevan a Opatrný a concluir categóricamente que Saco fue un firme independentista, aunque opuesto, por prudencia y realismo, a una revolución de independencia (p.
Pero el Paralelo, como bien afirma el profesor checo siguiendo a Moreno Fraginals, refleja el momento pasional de Saco, que le lleva a caer en patentes inexactitudes históricas en relación con las colonias británicas en América.
Y también se equivocó Saco en su «Examen analítico» al criticar ferozmente el sistema fiscal-comercial cubano: aunque también exageraba, parece que su enemigo Tacón acertaba al afirmar que los hacendados de esta isla pagaban menos impuestos que los de cualquier otra colonia europea.
La nueva «vuelta de tuerca» que aplicará el liberalismo español a Cuba a partir de 1851, tras la caída del intendente Villanueva, se basaba en la fundamentada convicción de que la isla nunca había contribuido al Estado en proporción a su riqueza.
Resulta irónico que los dos enemigos irreconciliables (Tacón y Saco) tuvieran en realidad el mismo concepto de la raza negra y, en cierta forma, coincidieran en su incongruencia vital: así como Tacón se enriqueció ilícitamente con la trata negrera, Saco era sostenido por la fortuna de antiguos negreros y hacendados esclavistas.
En última instancia, la demagogia abolicionista británica estaba al servicio de los industriales ingleses, enriquecidos con un sistema laboral inhumano.
Precisamente las tensiones producidas por los agentes del abolicionismo inglés en la isla aceleraron la política oficial de fomento de la población blanca.
Sin embargo, en este contexto, el conocido como Informe fiscal de Vázquez Queipo afirmó que no existía una alternativa real a corto plazo a la mano de obra esclava, lo que dio la oportunidad a Saco para meterse de nuevo en polémica, su terreno preferido, con su Carta de un cubano a un amigo suyo...
Al entrar en el análisis de este opúsculo, Opatrný señala con acierto que esos escritos de Saco de los años treinta y cuarenta tuvieron más importancia política que aquellas otras obras posteriores por las que es más conocido, como la Historia de la esclavitud.
Saco era enemigo de la trata, pero no un abolicionista.
Consideraba esa institución superada en el plano económico y contraria al principio de igualdad que defendía como liberal, pero su opinión sobre la raza negra fue siempre despiadada.
Así se comprueba también en su escrito «La supresión del tráfico de esclavos africanos en la Isla de Cuba», de 1845, donde parece que esa especie de temor y odio se había incrementado tras la experiencia de La Escalera, no por el temor a un triunfo de los negros en una eventual guerra de razas, sino por el grado de destrucción que causaría, como ocurrió en Haití.
En este contexto sitúa Opatrný la rotunda oposición de Saco a cualquier revolución de independencia en Cuba, porque siempre abocaría al desastre, sobre la base de su convicción en la enemistad radical entre blancos y negros.
Lo que Saco pretende es una Cuba española, pero con una relación «moderna» con la metrópoli, que permitiera a los blancos cubanos -los únicos cubanos en realidad para Saco-el derecho a participar en la toma de decisiones para la isla.
Finalmente, Opatrný aborda la posición de Saco sobre el anexionismo, la última «batalla» del bayamés, aunque ahora no polemiza con los viejos líderes criollos, ya desaparecidos, ni con las autoridades españolas, sino con sus propios compañeros y amigos.
La relación con los Estados Unidos y la cultura anglosajona estuvo siempre presente en el pensamiento de Saco, afirma Opatrný, que, una vez más, resume y comenta aquí sus textos menos conocidos sobre esta temática, en concreto las referencias que encuentra en Paralelo..., Carta de un cubano a un amigo... y en la Réplica a Vázquez Queipo.
Para Saco, una Cuba que formara parte de los Estados Unidos daría lugar a la desaparición de la raza-cultura hispana, la auténticamente cubana para Saco, y eso le convirtió en un decidido anti-anexionista.
Además, la isla sólo podría llegar a ser estadounidense a través de un conflicto armado con España y/ o con alguna de las otras potencias, lo que ocasionaría la tan temida revolución social y la destrucción.
Este mismo argumento es el que desarrolla en Ideas sobre la incorporación de Cuba a los Estados Unidos, de 1848.
Para Opatrný, en ningún contexto desarrolló Saco su concepto de cubanidad como en éste de la polémica anexionista.
Al sostener con decisión -frente a su amigo Gaspar Cisneros Betancourt-que la anexión supondría la pérdida de la nacionalidad cubana, confirmaba hasta qué punto identificaba raza, cultura y nacionalidad; ésta última se contenía en «nuestro antiguo origen [raza], nuestra lengua, nuestros usos y costumbres, y nuestras tradiciones», a lo que en otras ocasiones sumaba «nuestra religión»; es decir, todos los elementos incluidos en el concepto de nación proveniente del idealismo alemán y que adoptó el liberalismo romántico europeo.
Al distinguir entre nación (política) y nacionalidad (nación cultural), la Cuba de Saco vendría a ser un pueblo sin Estado, una nacionalidad sin nación.
Opatrný acaba su excelente obra señalando cómo este concepto cultural de nacionalidad desarrollado por Saco fue asumido después de él, y del fracaso del anexionismo, por una buena parte de la intelectualidad criolla, mostrando como un ejemplo la obra de Pedro Santacilia, un autor al que conoce muy bien.
En definitiva, este magnífico libro del que, sin duda alguna, es uno de los mejores especialistas actuales en la Historia de Cuba del siglo XIX, resulta una lectura imprescindible para el que quiera conocer a fondo el pensamiento de José Antonio Saco y comprender mejor el complejo proceso de formación de la nacionalidad cubana.-JUAN B. AMORES CARREDANO, Universidad del País Vasco, y SIGFRIDO VÁZQUEZ CIEN -FUEGOS, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla.
Quintero Rivera, Ángel G.: Cuerpo y cultura.
Las músicas «mulatas» y la subversión del baile, Madrid, Editorial Iberoamericana, 2009, 394 pp., ilustraciones.
El investigador puertorriqueño Ángel Quintero, catedrático en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, ha centrado su producción científica en el Caribe y está considerado como uno de los grandes sociólogos latinoamericanos.
Es autor de numerosos libros como ¡Salsa, sabor y control!
Sociología de la música «tropical» (1998), Vírgenes, magos y escapularios (1998), La otra cara de la historia (1985) o Conflictos de clase y política (1977), en los que ha trabajado con profundidad y acierto temas como la religiosidad popular, el baile y la música o las culturas campesinas y las clases populares.
En Cuerpo y Cultura pretende examinar la historicidad de los significados socioculturales del baile en la América «mulata», especialmente en el Caribe.
Un Caribe entendido como espacio relacional de sociedades que se han distinguido por su insistencia, pasión y creatividad danzarina, y cuyas músicas bailables y sus bailes mismos han tenido repercusiones amplias y evidentes de carácter internacional.
Este baile que no es sólo un entretenimiento, sino una memoria heredara de otras geografías y otras épocas y que en el marco americano concreto se transformó en una forma de resistencia contra la dura realidad que experimentaban cotidianamente los esclavizados.
El autor nos relata como desde el siglo XVII la ideología de la «modernidad occidental» ha querido imponer en su expansión colonial la idea de una radical separación entre mente y cuerpo, donde se concibe la razón como lo humano al tiempo que se expulsa al cuerpo del ámbito del espíritu.
Esta separación se monta, a su vez, en la distinción entre lo humano como sujeto y la naturaleza como objeto sobre el cual se actúa.
En el marco de esta separación, «la civilización se identificará con la razón; mientras naturaleza -entre ella, las «pasiones» del cuerpo, sus urgencias y ¡hasta su expresividad!-como barbarie».
Quintero pretende rescatar y asumir la separación entre ese cuerpo y mente, que se ha convertido en un pilar fundamental en los estudios sociales vinculados, entre otros, a la raza o al género y en lugar de profundizar entre la dicotomía de lo humano y lo natural, visualiza a ambas como esferas interactuantes de una misma realidad.
El libro Cuerpo y cultura se estructura en cinco ensayos que toman las más importantes músicas bailables de la América «mulata»: paseo -merengue -jaleo; pero aunque tenga esa forma, se apunta algo que sobrepasa al baile como objeto de estudio.
El autor profundiza sobre las formas no conscientes, nos habla desde el baile y no del baile y nos presenta al cuerpo (y su naturaleza) como sujeto, como generador de cultura, de expresividad, comunicación y elaboración estética.
La obra se abre con un «Paseo», que se subtitula «Baile y ciudadanía», inspirado en la composición de William Cepeda y Choco Orta, Bomba Corazón.
Nos sirve para introducir la temática y las tesis centrales del libro.
Presenta el papel central del baile en la conformación de identidades sociales a través de las cuales se configuró el mundo civil en los países caribeños, como Puerto Rico; música para ser bailada y no sólo escuchada.
En «Merengue» profundiza sobre la teoría de la música mulata, exponiendo de manera más sistemática y amplia esa dinámica hibridación enriquecedora que ha llegado incluso a superar, en los últimos años, la división entre lo erudito y lo popular.
Pretende presentar una historia social abarcadora de esas danzarias músicas mulatas desde las primera contradanzas del siglo XIX hasta el reggaeton de comienzos del XXI, pasando por la afrocaribeña habanera, el jazz afronorteamericano, la rumba y el bolero afrocaribeños, el tango afroconosureño y la samba afrobrasileña, los afronorteamericanos rock y hip-hop, la bosanova brasileña, el pop tropical, el calypso, reggae, beginne, soul, salsa y jazz latino del Caribe y las músicas sincopadas de Gershwin, Villa-Lobos, Lecuona y Piazzola, entre otros.
El cuadro anterior, amplio, nos introduce en investigaciones más específicas que se presentan en el «Jaleo.
Polirritmo a tres tiempos...» y que representan diversos acercamientos al estudio de la relación entre música, baile y sociedad.
En «Primer Repiqueteo del Jaleo.
El Merengue de la Danza.
Orígenes sociales del baile en pareja en el Caribe», donde el autor se basa sobre todo en fuentes escritas, se examina minuciosamente el origen del baile en pareja en el Caribe, cómo fue surgiendo su sonoridad, sus maneras correspondiente de expresividad corporal, para después analizar las relaciones de clase, raza y género en la formación de las culturas cívicas y concepcionales nacionales respectivas.
En «Segundo Repiqueteo del Jaleo.
O el swing del soneo del Sonero Mayor.
La memoria del ritmo en la improvisación salsera», fundamenta su investigación en el estudio etnográfico, para lo que va a utilizar sobre todo entrevistas grabadas.
Profundiza, a través de la relación canto, poesía y baile, en la necesidad de dramatizar el swing y nos lleva a media-dos del siglo XX, cuando las transformaciones desarrollistas de Puerto Rico, como afirma el propio Quintero, «...tornaba más transparente la importancia de una de las problemáticas centrales de los conglomerados humanos en la modernidad: la relación entre comunidad y sociedad, que manifestaba de manera dramática la combinación de intensidad barrial y mediática de Cortijo y su combo.»
En «Tercer Repiqueteo del Jaleo.
Salsa, migración y globalización.
Las luchas por la hegemonía desde la cultura», utiliza como base documental los estudios de los análisis estadísticos del más completo catálogo comercial de grabaciones de salsa, incluyendo cuadros estadísticos sobre discografía, procedencia de directores y cantantes, etc. En este apartado vuelve a trabajar sobre la relación entre la expresión vivencial barrial y la difusión internacional, a través del estudio de la globalización de la salsa, y pretende una aproximación cultural continental.
Nos resalta la labor que cantantes como Willie Colón, Tato Conrad o Stacey López, entre otros muchos, hicieron contra la colonización cultural y la simplificación de la concepción de la cultura como nacional en su sentido territorio-nación; asimismo, señala la importancia de la subversión -domestica y cotidianade los bailes de esa obra de fusión americana que, según él, ha tenido la osadía de llamar «mulatería».
Como hemos comprobado Ángel Quintero -desde la música y el baile-nos propone una historia social del Caribe que va desde la esclavitud al neoliberalismo globalizador y analiza la historia de los países Caribeños, no como dependientes o rezagados del mundo europeo sino como resistentes a la cultura colonizadora.
La música y el baile como depósito cultural acumulado que se impone a la conceptualización del centralismo europeo, como se puede observar en la separación cuerpo-mente, y que incide directamente en una visión más amplia que conlleva un modelo explicativo descentralizador.-ALBERTO J. GULLÓN ABAO, Universidad de Cádiz.
En las últimas décadas varias investigaciones se han adentrado en el estudio de una de las manifestaciones del derecho indiano local, relegadas hasta entonces: los bandos de buen gobierno.
El trabajo sobre estas fuentes ha sido el punto de partida para que estudiosos de distintas disciplinas, como la historia social y la historia del derecho, entre otras, se centren en el ordenamiento urbano de la América española, como disparador para analizar cuestiones tales como el disciplinamiento social y familiar, la administración de justicia, la seguridad pública, el ordenamiento edilicio, etc.
La obra que reseñamos comienza con un estudio preliminar centrado básicamente en lo que los autores denominan «El espacio público en la ciudad colonial hispanoamericana», que deducimos apuntó a servir de introducción y de ubicación temporal y geográfica a los bandos que se presentan en la segunda parte, denominada «Bandos de buen gobierno: de la teoría a la práctica en Mérida».
Es en esta segunda parte donde se estudia el contenido de los bandos que integran el «Libro de solicitudes de los Procuradores Generales al Ayuntamiento de la ciudad de Mérida.
La obra finaliza con un listado de la amplia bibliografía consultada y un apéndice documental, consistente en la transcripción de los bandos consignados en el «Libro...» y en los «Cuadernos...».
El estudio preliminar -efectuado tomando como fuente básicamente una vasta bibliografía y pocas fuentes documentales-se ocupa de los diversos tipos de espacios: públicos, semipúblicos y privados, así como de las actividades llevadas a cabo en ese contexto.
Contrariamente a lo que se espera de un estudio preliminar, la información que se presenta no coincide en algunos casos con el contexto geográfico y temporal de los bandos que se analizan en la segunda parte -Mérida en el lapso 1770-1810-.
A ello habría que agregarle errores gramaticales y confusiones en los nombres y apellidos de los autores nombrados en algunas citas a pie de página.
La segunda parte -basada en el análisis de los bandos-analiza el origen, características y contenido de los bandos en general, para pasar luego a ocuparse de cuestiones tales como el Cabildo, la ciudad y los intentos ordenadores y de control de las autoridades, las normativas urbanísticas, la salud pública, la seguridad, las fiestas, juegos y bebida, los abastos, la indigencia, entre otros temas.
Tal como lo señalan los propios autores en las consideraciones finales, la investigación realizada a través de los bandos permite adentrarse en «patrones de comportamiento, en procesos cotidianos y en la conformación de un imaginario social que determinó la conducta de la elite y del resto de la sociedad de Mérida colonial, con las consecuencias que tuvo para unos y otros en los inicios del proceso independentista».
También a criterio de Samudio y Robinson, «reflejan la injusticia, la inequidad, la indigencia, los vicios, la discriminación hacia la mujer y el hombre plebeyo».
El trabajo reseñado es una excelente demostración del provecho que los investigadores -cualquiera que sea el enfoque-podemos sacar de la utilización de este tipo de fuentes locales, elaboradas por instituciones y autoridades, que nuevamente según los propios autores, concentraron «la acción política en las ciudades» y reglamentaron «las relaciones en todos los órdenes de la vida citadina».
Sin embargo pensamos que los bandos de buen gobierno dados a conocer por Samudio y Robinson podrían ser de mayor utilidad para los investigadores, si los autores hubieran avanzado en la elaboración de un índice de nombres de personas y de materias, tal como lo han hecho otros que han trabajado sobre las mismas fuentes.
De cualquier manera, creemos que el principal aporte del trabajo que reseñamos consiste en demostrar una vez más que fuentes de derecho local como lo son los bandos de buen gobierno constituyen una inagotable mina para los estudiosos del periodo indiano.-VIVIANA KLUGER, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Santamaría García, Antonio; Naranjo Orovio, Consuelo (eds.): Más allá del azúcar: política, diversificación y prácticas económicas en Cuba, 1878-1930, Aranjuez, Doce Calles, 2009, 314 pp. El libro aquí reseñado presenta como gran valor propio el esfuerzo por explicar aquellos aspectos de la historia de Cuba que han quedado sepultados por las características dominantes de la economía cubana: el azúcar, el tabaco y la esclavitud.
Para ello los autores han realizado un importante trabajo basado en el estudio de archivos locales y nacionales, así como en el avance que en las últimas décadas ha tenido la historiografía tanto cubana como española.
El grupo de investigación del Instituto de Historia del CSIC, dirigido por Consuelo Naranjo Orovio, en los últimos años ha venido desarrollando un trabajo muy significativo para el avance en el conocimiento de la historia de Cuba en particular, y del Caribe en general, del que Más allá del azúcar es un nuevo ejemplo de los numeroso aportes de dicho grupo en este campo.
La conocida como «sacarocracia» cubana, definida como principal poder económico de la isla durante el siglo XIX y afianzada en el poder político en el siglo XX, ha creado una serie de estereotipos, muy persistentes hasta la actualidad debido a la canonización de una historiografía que ha magnificado la importancia del azúcar hasta velar otras realidades de la Historia de Cuba.
La monopolización que esta producción ejerció sobre aquella realidad y la transformación que causó en la isla, forjó distorsiones que han afectado a los estudios realizados desde entonces.
Los distintos capítulos de esta obra nos muestran como, a pesar del proceso de creación de un modelo político, económico, social y cultural basado en el azúcar, y de su peso específico casi absoluto, esta producción no fue la única alternativa económica.
Tanto autoridades como emprendedores privados plantearon opciones alternativas y proyectos reformistas, en ocasiones con la intención de evitar el peligro del monocultivo, diversificando la producción.
Las propias insuficiencias de abastecimiento de las plantaciones e ingenios incentivaron actividades económicas complementarias, así como la demanda propia de las ciudades y otras poblaciones cuya población requería de diferentes servicios por su crecimiento también relacionado en gran medida con la actividad azucarera, así como para satisfacer sus crecientes necesidades.
Es más, la mayoría de la población de la isla estuvo relacionada con estas actividades distanciadas en su objeto de las grandes plantaciones o ingenios, especialmente en los ámbitos alejados del gran centro que era La Habana.
En definitiva que el mundo rural que dominó todo el resto de la isla tuvo una economía mucho más diversificada y compleja.
Los trabajos aquí expuestos se preocupan de mostrarnos las alternativas de diversificación que tuvieron lugar en Cuba, así como de describir la heterogeneidad en la actuación de las elites y las diferencias en las necesidades e incluso orígenes de los principales de la sociedad cubana, que determinaron en parte sus alianzas económicas o planteamientos políticos, así como sus deseos de reformas.
Como se esfuerza en destacar Consuelo Naranjo Orovio, la gran elite azucarera, que basaba su riqueza en la mano de obra esclava, ligó sus intereses a un poder colonial que comprendió que el manteniendo del status colonial cubano requería de políticas que beneficiasen a esa importante grupo.
Por su parte, aquellos que optaron por la diversificación y que también fueron partidarios del uso de mano de obra libre y blanca, se situaron en tendencias políticas proclives a una situación de mayor independencia.
Las políticas coloniales debieron por tanto realizar un difícil equilibrio para no provocar la fractura durante gran parte del siglo XIX.
En 1841 se llegó a una población en Cuba en la que los esclavos excedían al número de blancos.
Las autoridades comprendían este desequilibrio como extremadamente peligroso.
Un caso especialmente importante en los estereotipos creados fue el temor a las rebeliones protagonizadas por la población de color, hábilmente manipulado por la elite azucarera y que en si mismo ayudó a crear las bases de la sociedad esclavista, que a su vez era necesaria ante la especialización económica.
Por ello el régimen colonial trató de establecer políticas que fomentasen un mayor equilibrio con las sucesivas inmigraciones de peninsulares y canarios en busca de un blanqueamiento de la población.
Sin embargo, estos aportes blancos sirvieron para engrosar las filas de aquellos que pretendían una mayor autonomía.
Naranjo Orovio aprovecha este trabajo para volver a hacer hincapié en la utilización que las autoridades hicieron en su beneficio del «miedo al negro», uno de sus aportes más destacados a la historiografía cubanista.
El estudio de Antonio Santamaría García dedicado a la especialización, composición y renta de la economía cubana y su relación colonial con España, aporta nuevas informaciones sobre el desarrollo de las industrias azucareras en el periodo entre 1878 y 1898.
El tiempo iniciado tras la Guerra de los Diez Años y la posterior separación definitiva de España estuvo marcado por una serie de reformas motivadas por la crisis del sistema esclavista cubano y la alta concentración de las exportaciones cubanas con los Estados Unidos.
El aumento de la competencia y el desarrollo de políticas proteccionistas obligaron a una modernización y transformación de los ingenios cubanos por medio de una mayor mecanización.
En conclusión, Santamaría considera que las políticas españolas del momento a estudio fueron racionales y ajustadas a las circunstancias históricas.
El capítulo desarrollado por Óscar Zanetti profundiza en la cuestión de las relaciones comerciales entre Cuba y España más allá de la separación entre ambos países.
Como explica este autor, los productores y comerciantes españoles continuaron acudiendo al mercado cubano a pesar de no contar con la protección con la que habían contado en tiempos de la colonia.
Zanetti considera, por una parte, que las razones para el mantenimiento de esta relación se encuentran en la competitividad de algunos productos españoles.
Por otra parte, la existencia de una demanda cubana de estos artículos fue debida a que en la población había un componente muy importante de emigrantes españoles que solicitaban productos de su tierra de origen.
Martín Rodrigo y Alharilla dedica su trabajo a los trasvases de capitales antillanos en las obras del Ensanche de Barcelona.
Pone de manifiesto como los capitales de las empresas azucareras revirtieron en esta importante obra que significó la modificación de la estructura de la capital catalana, señalando que también tuvieron su importancia los réditos de los servicios financieros, el transporte y hasta el tráfico de esclavos.
Por su parte, la tristemente desaparecida María Antonia Márquez, explica en su capítulo dedicado a las empresas y empresarios cubanos la creación y crecimiento de las industrias menores, es decir, aquellas no encargadas del tabaco o el azúcar.
Para ello nos ilustra con los casos de las familias Crusellas (dedicados a los perfumes y jabones) y Herrera (industria cervecera y del hielo), entre otras.
Esta autora muestra especial atención en los efectos del tratado Foster-Cánovas, firmado por los Estados Unidos y España en 1891, en vigor hasta 1895.
El trabajo de Leida Fernández Prieto está centrado en el estudio de la modernización tecnológica de la agricultura cubana entre 1878 y 1920, con lo que complementa en parte el trabajo de Antonio Santamaría.
La autora muestra, apoyándose en un extenso estudio de la historiografía existente, los deseos de los agricultores cubanos de aumentar la productividad de sus tierras y que les llevó a aplicar métodos científicos que mejoraron la rentabilidad.
Alejandro García dedica su apartado al Oriente cubano y al cultivo del banano, permitiendo mostrar en este libro un panorama más amplio de la isla de Cuba.
Este territorio, siempre alejado de la gran industrialización azucarera, sirvió para una propuesta económica novedosa y de un éxito similar al del azúcar y el tabaco en otras regiones.
El caso poco conocido del guineo ó banano, como ha manifestado el doctor García, tuvo un desarrollo excelente y de una gran importancia económica en el noreste de la isla, en torno a la ciudad de Baracoa.
Para terminar, Mercedes Valero, en el último capítulo del libro reseñado, da cuenta del caso particular de la industria sericícola y la explotación de la morera como cultivo asociado, como un ejemplo de los distintos proyectos de diversificación productiva cubana a finales del siglo XIX y principios del XX.
En conclusión, se trata de una visión amplia de la historiografía actual sobre la economía cubana entre 1878 y 1930, de la que los autores de este libro forman una parte muy destacada, que sin olvidar la importancia del azúcar, ha comenzado a estudiar situaciones económicas, sociales y cultu-rales tangentes a la realidad predominante, con lo cual se está completando un cuadro más exacto de la isla de Cuba en este periodo crucial de su historia.-SIGFRIDO VÁZQUEZ CIENFUEGOS, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla.
Saranyana Closa, Josep-Ignasi y Armas Asín, Fernando: La Iglesia contemporánea en el Perú (1900Perú ( -1934)).
Asambleas Eclesiásticas y Concilios Provinciales, Pontificia Universidad Católica del Perú/Instituto Riva-Agüero/Universidad de Navarra, Lima 2010, 220 pp., apéndices documentales.
La historiografía ha sostenido repetidamente que las asambleas eclesiásticas son un lugar privilegiado para tomar el pulso a la vida de la comunidad cristiana y de la sociedad del territorio que abarcan.
Este estudio es un buen paradigma metodológico en esa línea.
Josep-Ignasi Saranyana, profesor ordinario de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, y director de la revista «Anuario de Historia de la Iglesia», de esa Facultad, desde su fundación hasta el 2009, y Fernando Armas, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima), realizan en esta obra un análisis agudo de las Asambleas eclesiásticas y de los VII y VIII concilios provinciales limenses (1909/1912 y 1927) en el contexto amplio de la situación socio-política y económica del Perú.
Para ello han abordado por vez primera la documentación romana del Archivo Secreto Vaticano y del Archivo de la Congregación del Concilio, incorporada actualmente al Archivo de la Congregación del Clero y aún no trasladada al Archivo Secreto Vaticano, y las fuentes conservadas en la Biblioteca del Colegio Pío Latinoamericano.
Emplean también fondos del Archivo del Cabildo Metropolitano de Lima.
Los autores muestran que algunas de las asambleas episcopales tuvieron carácter conciliar, aunque se camuflaron bajo la condición de una mera reunión de obispos.
Con ello eludieron la presión del Patronato nacional que regía en el Perú y el severo control del Ministerio de Justicia, otorgando Pío X la dispensa de las formalidades conciliares el 27 de febrero de 1906.
Cuando descendió la presión gubernamental, los obispos pudieron celebrar dos concilios, aunque continuaron con la tradición de reunirse ade-más trienalmente en asamblea episcopal, como disponían los decretos del Concilio Plenario de América Latina, celebrado en Roma en 1899.
Esta monografía presenta una panorámica del país durante las llamadas Reconstrucción Nacional (1883-1895) y República Aristocrática, dominada la segunda por una oligarquía económico-social urbana en alianza con los jerarcas gamonales serranos.
Ambos grupos se consideraban católicos, pero era el suyo un catolicismo ritualista y epidérmico al margen de la doctrina social católica y de los derechos humanos.
Frente a la Iglesia enarbolaban los derechos patronatistas.
Este fue el contexto socio-político en el que se celebró el VII Concilio provincial limense, celebrado en 1909, aunque ratificado en 1912.
Saranyana y Armas explican con detalle por qué ese concilio tuvo que ser refrendado por otro posterior.
Los prelados peruanos tuvieron muy presentes los decretos del Concilio Plenario de América Latina.
De este modo demuestran, frente a la opinión historiográfica más generalizada, que el Plenario tuvo una notable repercusión en la vida eclesial de América latina a través de numerosas asambleas eclesiásticas celebradas en la zona (p.
La conferencia general del Episcopado latinoamericano de Río de Janeiro (1955) constató que el Concilio plenario de América Latina «aún hoy día constituye la base primordial del desarrollo de la vida eclesiástica y espiritual del continente» (p.
Muy interesante, por poco conocida, fue la Asamblea episcopal de 1911, que se convocó a petición de Pío X y fue pilotada desde el Vaticano por la Congregación consistorial.
Roma deseaba una reforma radical de vita et moribus del clero.
Para ello presentó a los obispos peruanos un «plan detallado para la reforma del clero y de los seminarios», con una carta del romano pontífice, paternal y cariñosa, pero enérgica y firme.
El asunto más controvertido y difícil incluido en el citado plan era centralizar la formación sacerdotal en un seminario de nuevo cuño, establecido en Lima.
Son muy interesantes las discusiones de los obispos sobre la cuestión (especialmente el tema de la salubridad de la ciudad de Lima).
Las siguientes asambleas episcopales, de 1915 y 1917, continuaron tratando las mismas cuestiones.
Algunos informes episcopales sobre la situación del clero peruano, presentados por los obispos, especialmente el memorial escrito por el obispo de Huánuco, en 1915, justifican la preocupación de Roma.
De interés el estudio que hacen los autores de diversas iniciativas de Monseñor Emilio Lissón Cháves, primero obispo de Chachapoyas y después arzobispo de Lima, y la aclaración de su misteriosa dimisión en 1931.
Señalan que esta dimisión no fue principalmente exigida por Pío XI cuando cayó el presidente Leguía, dadas las estrechas relaciones del prelado Lissón con el presidente, ni siquiera por la mala gestión financiera (que había llevado a la quiebra la finanzas diocesanas), sino porque el citado arzzobispo limense pretendía crear una asociación o sodalicio clerical (contra el parecer de los demás obispos), obligatorio para los clérigos, que implicaba, además una cierta equiparación del clero secular al clero regular, y que tenía incluso repercusiones en el régimen económico de los sacerdotes diocesanos.
Con todo, es preciso reconocer que la vida de Monseñor Lissón Cháves -muy conocido de los americanistas por sus estudios sobre la documentación del Perú conservada en el Archivo General de Indias-fue muy ejemplar, aceptando la decisión romana (de la cual nunca se le dieron explicaciones) con una conformidad admirable.
Ahora está abierto su proceso de canonización.
Enriquecen la edición cuatro apéndices documentales: los documentos de convocatoria de la Asamblea de 1911 y los acuerdos alcanzados en ella por los obispos, y una breve exposición de la estructura de la archidiócesis de Lima, desde 1551 hasta 1927.
Bien escrito, de sugestiva lectura.
Es libro de referencia obligada para los historiadores de la Iglesia en el Perú, y de consulta para los que trabajen la historia de la Iglesia en América Latina.
Los historiadores del Perú contemporáneo encontrarán enfoques válidos para sus estudios.
También será útil para los alumnos de Historia de la Iglesia en el Perú en facultades de Teología y en Seminarios.-ELISA LUQUE ALCAIDE, Universidad de Navarra.
Muchas son las formas de abordar el material diverso que entra dentro de los parámetros de la historia de la cartografía.
De uno u otro modo, los mapas, los globos, los atlas y otros objetos cartográficos han llamado la atención no sólo de los especialistas en la materia, esto es, historiadores de la cartografía, sino también de académicos, investigadores e infinidad de interesados en el mundo de los mapas que han llegado a ellos por otros derroteros.
Cuando esto es así, la mayoría de los historiadores de la carto-grafía no tardan en denunciar el trato injusto, superficial e insignificante que estos documentos sufren por parte de quienes no pertenecen a su círculo de conocimiento, un grupo privilegiado de historiadores que, no sin faltar a la verdad, hicieron de la lectura de mapas una profesión bien merecida.
Pero, sin embargo, este punto de vista pudiera parecer injusto para quienes tienen el derecho de hacer análisis más generales no sólo porque no conocen bien el terreno, sino porque además sus objetivos son bien distintos.
En ocasiones, los mejor conocidos como outsiders no buscan otra meta que sobrevolar el territorio como esos ojos alados de los mapas históricos que a vista de pájaro observan la superficie de la tierra desde una posición privilegiada.
De acuerdo con esta idea, como en todas las ramas del saber, cabe la posibilidad de abordar un tema, bien desde una perspectiva más generalista o bien desde una óptica mas específica.
La cartografía no podía ser menos.
Este rodeo pretende explicar a mi juicio una de las mayores aportaciones de la obra que aquí reseñamos, Johann Schöner's Globe of 1515: Transcription and Study, y sin duda su gran virtud: quedar al margen del eterno debate entre los que se acercan a los mapas sin necesidad de profundizar en su contenido para dar a conocer una idea de mayores dimensiones y los que no entienden la historia de la cartografía sin un examen exhaustivo de aquellos materiales que han perdurado tras el paso de los años.
En otras palabras, el autor, Chet Van Duzer, lejos de cualquiera de estas vertientes, ofrece un trabajo tan ordenado como arduo, tan directo como sofisticado, tan ordenado como complejo, que tiene mucho que enseñar tanto a los historiadores de la cartografía como a los interesados que coquetean con su objeto de estudio.
El modo honesto y delicado de abordar el problema supera los límites de quienes quedan dentro o fuera de la disciplina.
Los señores y señoras de la historia de la cartografía y sus tantos amantes periféricos encontraran en este libro, por un lado, un ejemplo ineludible de cómo obtener la mayor rentabilidad cognoscitiva de aquellos objetos de la cultura material y, por otro lado, de cómo el provecho de este legado contribuye a la comprensión de una época.
Con este cuidado y ejemplar análisis del globo de 1515 -y por tanto del texto descriptivo que lo acompaña, Luculentissima quaedam terrae totius descriptio-del tan reputado cosmógrafo, astrónomo y matemático alemán Johann Schöner, Van Duzer pone a disposición del especialista y también del amateur una nueva herramienta, sin apenas precedentes, con la que profundizar en uno de los momentos más emblemáticos de la historia de la cartografía, las décadas inmediatamente posteriores al descubrimiento de un Nuevo Mundo y la recepción del dogma geográfico de Ptolomeo, y donde figuras como el propio Shöner, Martin Waldseemüller o navegantes y descubridores europeos se convierten en los protagonistas principales de la historia.
No abundan los trabajos monográficos de estas características, donde, a partir de un objeto singular, podemos vislumbrar cuáles son las características de una buena representación cartográfica en el Renacimiento europeo o, al menos, cómo levantar un globo terráqueo en la primera mitad del siglo XVI y cuáles eran los aspectos más significativos para producir conocimiento geográfico en esta época.
La obra de Van Duzer constituye el primer estudio detallado del globo de Schöner de 1515, del cual han sobrevivido dos ejemplares, ambos en Alemania, uno en el Historisches Museum de Historia de Frankfurt am Main y otro en la Herzogin Anna Amalia Bibliothek de Weimar.
A través del libro se puede comprobar un examen comparado de ambos, así como de los fragmentos de husos del globo (gores) -segmentos en forma de Luna o de tajadas que se encajan en la superficie del globo-adquiridos por la Library of Congress de Washington.
Este tipo de aproximación, afirma Van Duzer, ha aportado al menos seis conclusiones particulares sobre el globo de 1515 que no cabe desdeñar de cara a futuros estudios sobre aquellos objetos olvidados que duermen hoy en museos, archivos y colecciones de todo el mundo.
El autor transcribe y comenta cada uno de los topónimos, leyendas e imágenes que se encuentran sobre el globo -por lo general, leyendo de norte a sur y siempre hacia al este-y que, según sus palabras, le han llevado inexorablemente al estudio de fuentes gráficas, textuales y cartográficas que, a su vez, le han permitido arrojar más luz sobre la relación del globo con otros mapas, globos y libros del periodo.
Algunos de estos trabajos coetáneos fueron el célebre mapa de Waldseemüller de 1507 y la enciclopedia ilustrada Hortus sanitatis de 1491, dos de los materiales que más influencia ejercieron sobre Schöner y otros cartógrafos contemporáneos.
En definitiva, con Johann Schöner's Globe of 1515 Van Duzer vuelve a allanar el trabajo de quienes ven en la cosmografía renacentista el núcleo de sus investigaciones.
Como hemos intentado poner de manifiesto, se trata de algo más que un simple libro de topónimos que no sólo aporta un considerable cuerpo de imágenes y, lo que es aún más importante, un estimable volumen de notas -que, sin duda, resultarán de interés para el historiador de la cartografía moderna-, sino que además narra una historia de la geografía conocida a principios del quinientos, una historia del oikoumene en 1515.
Los estudios sobre humanismo hispano y su proyección americana gozan ya de una amplia tradición en el panorama académico actual.
En las últimas décadas, algunos centros españoles se han destacado además en este tipo de investigaciones y la Universidad de León es buen ejemplo de ello.
En este caso, han sido las doctoras María Isabel Viforcos y María Dolores Campos, pertenecientes a este Estudio leonés, las que han tomado con acierto el testigo que dejara hace años, desgraciadamente, don Gaspar Morocho Gayo para ofrecer a la comunidad universitaria un nuevo título, por lo demás tan bueno como los anteriores a los que nos vienen acostumbrando.
Por este motivo, el aplauso de su acogida es aún mayor e incluso doble.
Por un lado, porque demuestra que los estudios humanísticos siguen gozando de buena salud, frente a un panorama tan poco halagüeño; por otro, porque confirma que el grupo humano que se formó en estas lides junto al doctor Morocho continúa, no sin esfuerzos, dando frutos tan granados años después de su marcha.
Como en otras ocasiones, también esta nueva monografía está conformada por diversos y variados estudios de distintos especialistas, ordenados en un principio en torno a dos grandes ejes, El humanismo y los humanistas, de un lado, y La tradición clásica y humanística, de otro, que se disponen luego en diferentes secciones o capítulos.
Tres acogen cada una de las dos partes en que se divide el volumen.
La primera comienza con una sección centrada en algunas reflexiones teóricas acerca del humanismo español; el segundo apartado abre sus miras al ámbito europeo, mientras el tercero, por último, se centra en algunos nombres propios, como fray Luis de León, Lorenzo de Zamora o Alonso de Herrera, entre otros.
La segunda parte se abre con un capítulo titulado «Imprenta y literatura», que recoge estudios de diversa temática como la picaresca y la tradición clásica o los primeros impresos de la época.
Lo sigue un apartado compuesto por cinco trabajos que se ocupan del estudio del arte más significativo de aquel entonces.
La monografía se cierra, como viene siendo habitual, con la transmisión del humanismo y la tradición clásica al otro lado del Atlántico.
Por último, el volumen se completa con un apartado de fuentes bibliográficas y con un índice onomástico y toponímico, que facilitan su consulta y que hacen de este estudio, en definitiva, un tratado redondo y completo.
Pero veamos con algo más de amplitud cada uno de los trabajos que lo componen.
José Luis Paradinas es el encargado de abrir el tratado con un estudio en el que coquetea con la difícil definición de términos como «humanista» y «humanismo».
El autor lo tiene claro en este sentido: el humanismo fue un movimiento de renovación intelectual centrado en los saberes del hombre, frente a los de la naturaleza, que se desarrolló entre el siglo XIV y el XVII, en el que ya la ciencia moderna terminó por deponer los antiguos saberes.
Francisco J. Andrés Santos se adentra en la España del siglo XVI para buscar entre los humanistas del momento la presencia de ideas que componen el denominado «republicanismo» y el posible influjo que este humanismo republicanista pudo tener entre los gobernantes del XVI.
Por su parte, el estudio de Álvarez del Palacio atiende a la importancia del cuerpo y la educación corporal, por la que se preocuparía la pedagogía humanista, como demuestra el autor con los tratados dedicados a la educación de príncipes, hasta el punto de que el cuerpo toma una nueva dimensión en la sociedad renacentista.
En el segundo capítulo, el profesor Stefan Schlelein se ocupa en un principio de las dos vías principales de difusión del humanismo italiano en Europa: el contacto directo y las lecturas, para estudiar luego lo que el propio autor llama «microhistoria» de dos humanistas, cuyas biografías permanecen aún llenas de lagunas: Juan de Lucena y Hernando Alonso de Herrera.
El trabajo de Salvador Rus estudia el pensamiento aristotélico y las obras de sus comentaristas, quienes llevaron al aristotelismo a una posición preeminente en la historia de la cultura occidental.
Tras repasar la historiografía contemporánea, analiza por último la corriente aristotélica en los siglos XV-XVII.
La investigación de María José Redondo completa el capítulo segundo.
Su estudio arranca con la nueva percepción del paisaje que Petrarca describe en la carta que envía al monje agustino Dionisio da Borgo, aunque el verdadero interés de la autora se centra en aplicar a la sociedad la nueva relación que se establece entre el hombre y su entorno natural, y comprobar cómo se materializa en la conformación de las villas y jardines de la época, como representación del humanismo renacentista en la España del siglo XVI.
El capítulo tercero contiene cinco trabajos dedicados al estudio de diversos humanistas y sus obras principales.
En el primero de ellos, María Asunción Sánchez Manzano continúa la línea de anteriores investigaciones y sigue ahondando en la figura de Alonso de Herrera como editor de los Rhetoricorum libri quinque de Jorge de Trebisonda, de gran importancia para la renovación de la retórica europea.
Lo sigue el estudio de Sergio Fernández López, quien se ocupa de los comentarios bíblicos de diversos humanistas y del uso que estos hicieron de algunas biblias judeorromances para componerlos.
Fue el caso de Lope García de Salazar, fray Luis de León, Arias Montano, Francisco de Quevedo y algunos otros.
La investigación de María de la Luz García Fleitas y Belén González Morales escudriña los mecanismos que sirvieron para articular la imagen de la mujer en obras como La Perfecta Casada de fray Luis de León.
Fueron dos fundamentalmente: la zoolatría y la misoginia.
Otros muchos libros ayudaron también a conformar el ideal de esposa cristiana y en todos ellos la mujer solía salir mal parada.
Un lugar destacado en este sentido ocupa la obra Institución de la mujer cristiana de Juan Luis Vives, al que también se presta atención aquí.
Por su parte, Cecilia Blanco Pascual centra su estudio en la figura de Benito Arias Montano y en su tratado De varia republica sive commentaria in librum Iudicum, publicado en 1592.
La autora ofrece diversas interpretaciones de este tratado para demostrar que, por un lado, Montano se sirve de la traducción como técnica de comentario, y por otro, que el texto hebreo tiene una presencia evidente en sus interpretaciones.
El capítulo se cierra con el trabajo de Antonio Reguera y Raúl López, que continúan allanando el camino a los interesados en la figura del biblista Alonso de Zamora con esta serie de estudios, que los propios autores se encargaron de iniciar hace ya algunos años.
La investigación abarca dos importantes facetas de este escritor cisterciense: la biográfica y la bíblica.
La segunda parte de la monografía se inicia con el estudio de Avelina Carrera de la Red, que traza la historia de los inicios de la imprenta en Barcelona.
Aunque los primitivos talleres, regentados en su mayoría por maestros impresores alemanes, no duraron mucho, los libros que salieron de aquellas prensas demuestran el interés de los gobernantes catalanes por revisar a través de ellos la moralidad cívica establecida, sirviéndose del exemplum de la Antigüedad, como pone de manifiesto la autora.
Antonio M.a Martín Rodríguez y Mónica M.a Martínez Sariego tratan en sendos estudios el teatro humanístico latino impreso en Inglaterra entre mediados del siglo XVI y la primera mitad del XVII.
El primero se centra principalmente en el caso de la tragedia Philomela, que, como advierte Martín Rodríguez, utiliza como fuente principal Las metaformosis de Ovidio, aunque también encuentra en ella ecos de Séneca, Tácito o Plauto.
Otra de las piezas dramáticas inglesas que utilizó como fuente principal a Ovidio fue el drama neolatino Iphis, de Henry Bellamy, del que se ocupa Martínez Sariego.
En el estudio, se determina el tratamiento que Bellamy dio al material ovidiano y se explican además sus principales innovaciones técnicas.
Cierra el capítulo cuarto el trabajo de Jesús M.a Nieto Ibáñez, donde se abordan las hondas huellas que el humanismo, con su bagaje de tra dición clásica, fue dejando impresas en las narraciones picarescas del Siglo de Oro.
En sus páginas se dan cita obras como El Lazarillo de Tormes, El Guzmán de Alfarache, El Buscón y muchas otras, cuyos prólogos son desmenuzados por Nieto Ibáñez en busca de esa impronta clásica y humanística.
El capítulo quinto se centra en el estudio del arte de la época y está compuesto por cinco trabajos.
Los tres iniciales se interesan por el mismo ámbito artístico: la numismática.
El primero de ellos, de Ana Castro Santamaría, analiza el importante fondo bibliográfico sobre medallas del siglo XVI que conserva la Universidad de Salamanca, lo que considera una muestra más de la erudición humanística.
También Joaquín García Nistal destaca el papel de la bibliografía numismática y medallística por la que se interesaron en España afamados personajes como Ambrosio de Morales, en la que García Nistal encuentra no solo un elemento pedagógico, sino también un elemento propagandístico de la realeza.
Por último, María Dolores Campos Sánchez-Bordona destaca el papel que desempeñaron las monedas como objetos que ayudaban a preservar la memoria de la Antigüedad, lo que demuestra con las obras de Francesco Doni o Sebastiano Erizzo.
Esta premisa da pie al estudio de otros humanistas interesados por las medallas, para concluir luego con el análisis de los medallones esculpidos.
Cierran esta sección los estudios de Carlos Pena Buján y Pilar Díez del Corral.
El primero indaga en las relaciones que se establecieron a lo largo del siglo XVI entre el rey Felipe II y el Salomón bíblico, extendidas a la propia arquitectura, puesto que el Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial llegó a considerarse un reflejo del templo salomónico, una tradición que recogería luego Juan de Caramuel en su Architectura civil recta y oblicua.
El segundo se encarga del cuadro la Venus frígida de Rubens, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Amberes.
Se trata, como explica Díez del Corral, de una reinterpretación que hace Rubens del aforismo latino sine Cerere et Libero, Venus friget, formulado por Terencio en El eunuco.
El último capítulo se titula «Al otro lado del Atlántico» y lo componen otros cinco estudios.
El primero corresponde a Jesús Paniagua Pérez, que indaga en la influencia de Plinio entre los tratados de temática americana compuestos por diversos autores del siglo XVI.
Bartolomé de las Casas o Alejandro Geraldini son algunos de ellos, si bien el culmen americano de la obra de Plinio llega con Jerónimo de Huerta en el siglo XVII.
Germán Santana se ocupa luego de la tradición clásica en algunos historiadores de Nueva España, particularmente en Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y su obra Historia de la nación chichimeca.
Se trata de un libro de marcado carácter novelesco, influido por la Biblia y la Crónica General de España, y cuyos componentes clásicos son analizados minuciosamente por el autor.
Las narraciones sobre Hernán Cortés del cronista López de Gómara y del licenciado Núñez ocupan a María del Carmen Martínez.
En ellas, Gómara describió sus hazañas, sus victorias y sus derrotas; Núñez, en cambio, destacó sus gestiones en la corte, que creyó fundamentales para su ascenso.
Dos obras, en definitiva, con una misma temática y con narraciones semejantes, aunque, como destaca la autora, con propósitos distintos.
Ponen colofón a la monografía los estudios de María Isabel Viforcos Marinas e Isabel Arenas Frutos.
El primero indaga en la vida e inquietudes intelectuales del obispo de Nicaragua fray Benito Rodríguez de Valtodano.
Es esta segunda parte la que más llama la atención a la autora y, por supuesto, al lector, pues no deja de resultar asombrosa la cantidad de libros de los más diversos intereses que Valtodano consiguió reunir en su biblioteca.
Cierra el volumen el texto de Isabel Arenas sobre los editores de sor Juana Inés de la Cruz.
En este último trabajo, la autora indaga en la biografía y labor editora de J. Ignacio de Castorena y Ursúa, así como en el destacado papel de la virreina consorte marquesa de Laguna y condesa de Paredes, como persona influyente en la cultura de la época.
En definitiva, nos encontramos ante un nuevo volumen conformado por un valioso conjunto de estudios relacionados con el humanismo, la tradición clásica y su proyección americana, cuya lectura no sólo resultará grata al lector interesado en la temática, sino también, me atrevería a calificar, de obligada consulta.-SERGIO FERNÁNDEZ LÓPEZ, Universidad de Huelva. |
Realizado los días 19 y 20 de agosto de 2010, este evento buscó profundizar en las tradiciones y símbolos identitarios asociados a una forma de ser y percibir la vida Con este propósito, diversos especialistas en los campos de la historia y la antropología, abordaron el análisis de la producción e intercambios de materias primas, herencias culturales y mestizaje, técnicas y elaboración de alimentos en el periodo que transcurrió entre el inicio de la Independencia (1810) y el de la Revolución (1910) en México.
Por la naturaleza del tema, algunos trabajos echaron mano de antecedentes en la época prehispánica y novohispana y de continuidades en el siglo XX, sin perder el objetivo de mostrar la importancia del XIX, tan cargado de posturas nacionalistas, mudanza política, conflictos militares pero, sobre todo, de la inaplazable necesidad de comer, en la guerra o en la paz, en la ciudad y en el campo, en la opulencia o en la miseria.
¿Cómo se resolvió esa exigencia?
Los escenarios de México son diversos: desde selvas tropicales en el sureste hasta desiertos ingentes en el norte, el territorio se despliega en litorales, riveras, montañas, planicies, dando como resultado soluciones múltiples para la obtención y la preparación de la comida.
El contexto geográfico, sin duda, es un elemento fundamental en el análisis; pero la guerra, el desabastecimiento, el abandono de 381
las actividades productivas, la obstrucción de circuitos comerciales y rutas de comunicación, jugaron un papel preponderante para moldear patrones culinarios y momentos de estrechez, dejando como única alternativa sobrevivir con lo existente en el entorno.
Este simposio mostró los efectos diferenciados de la lucha armada en el territorio mexicano y su peso en la gastronomía de cada región.
En las áreas estratégicas para el paso de los ejércitos, la población sufrió, con mayor crudeza, el desabastecimiento o la destrucción de alimentos.
En contraparte, hubo regiones que quedaron prácticamente excluidas de los combates -casi siempre por su ubicación en el territorio-, cumpliendo el papel de zonas de abasto de mediano y largo alcance.
El conocimiento ancestral en el manejo de la flora y la fauna local favorecieron, especialmente, a las familias de condiciones más humildes, quienes a través de la recolección y la cacería en su hábitat complementaban los a veces magros resultados de la agricultura y ganadería, expuestas a los cambios de fortuna dictados por la guerra.
El empleo de técnicas de conservación de hortalizas, legumbres, frutas, productos pecuarios y lácteos, en muchos sitios de la joven República Mexicana marcó la diferencia no sólo para el abasto de sus ciudadanos y los habitantes de las zonas rurales, sino hasta las posibilidades de triunfo o derrota de los ejércitos.
El enfrentamiento armado, la tensión social, la violencia individual y colectiva, incidieron en los procesos productivos, en el ritmo cotidiano de comunidades, haciendas, pueblos y ciudades, al grado de alterar los sistemas de trabajo agrícola y ganadero, el acopio y distribución de bienes alimenticios.
En otras palabras, los acontecimientos que dieron vida al México Independiente y al México contemporáneo, ejercieron un poderoso efecto en la vida local, moldeada a lo largo de cientos de años a partir del aprovechamiento del entorno y su transformación en la comida de la población rural y urbana.
No obstante las dificultades de esa realidad, hubo respuestas frente a la escasez.
Las memorias del simposio tienen como objetivo plantear una visión panorámica de las prácticas alimenticias, productos y expresiones socioculturales, en las diferentes cocinas regionales de México.
Para ello, destacados investigadores aportaron trabajos desde una perpectiva específica de las regiones mexicanas.
En torno a Sonora, Sinaloa y Baja California, Ernesto Camou Healy, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C., presentó «Algunas hipótesis sobre alimentación y cultura en el noroeste durante el siglo XIX», en donde resalta la identificación de esa región con el consumo de carne de res seca, así como de pescado y marisco procedente de tan amplio litoral.
Las dificultades en esa centuria procedieron no de la gesta independentista sino por la guerra contra los apaches, los intentos por independizar a Sonora, los conatos de invasión estadounidense y las hostilidades contra la población china.
El consumo de productos locales para una amplia población campesina e indígena y la ingesta de lo más granado de la cocina europea en las mesas de las minorías acaudaladas, son reflejos de ese periodo.
La consolidación del trigo como sustento diario, la variedad de caldos, gorditas, atoles y dulces, se complementó con la recolección de frutos estacionales como los quelites, las verdolagas, el chiltepín y las uvalamas, entre otros.
Una de las antiguas rutas del norte de México, «El Camino Real de Tierra Adentro (Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua)», fue abordada por José Francisco Román Gutiérrez y Leticia Ivonne del Río Hernández, de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Este itinerario mostró su relevancia no sólo en la etapa novohispana sino además durante el siglo XIX, y su vitalidad, a partir de la migración internacional, llega hasta nuestros días.
Desde el descubrimiento de vetas de plata, junto a la rápida aparición de asentamientos mineros, las haciendas agrícolas y ganaderas, las misiones y los presidios fueron dando forma a modelos de subsistencia que, en medio del semidesierto, aseguraron la alimentación a las continuas oleadas poblacionales que se movían en función de la bonanza minera y la expansión de la frontera.
Más que en la Independencia, fue durante la Revolución Mexicana cuando se vivieron los momentos más fuertes de crisis alimentaria en esta región, al ser escenario de los principales combates y el desplazamiento de gran cantidad de tropas, necesitadas de continuo abasto, a través del ferrocarril.
Por su parte, sobre la región de Colima, Jalisco y Nayarit, el planteamiento de José Miguel Romero de Solís, del Archivo Histórico del Municipio de Colima, incursionó en las consecuencias de un conflicto no resuelto entre el Estado y la Iglesia, que resurgió en la década de 1920: la guerra cristera.
«Qué gallinas ni qué gallinas, largamos todo: Comer en tiempos de la Cristiada», nos ilustra sobre las necesidades y posibilidades de supervivencia de grupos que resistieron un nuevo modelo de política y la relación directa -y siempre conflictiva-entre guerra y comida.
A través del testimonio directo de un testigo de esos acontecimientos, percibimos la fuerza de una sabiduría popular que se ha apropiado de su entorno y es capaz de sobrevivir con lo que la recolección, la pesca y la cacería le brindan.
Lo valioso de esta aportación es el cuadro evocador que plasma de la dieta y vida cotidiana de los campesinos del occidente de México.
«Michoacán y Guerrero: espacio económico, prácticas de consumo y cultura alimenticia en el siglo XIX», de José Alfredo Uribe Salas y María Teresa Cortés Zavala, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, nos revela una zona fértil, dinámica, en ascenso productivo mediante la consolidación de grandes haciendas agrícolas, ganaderas y agroindustrias en ese tiempo.
Con el arribo del ferrocarril, la energía eléctrica y la fuerza hidráulica, procesar harinas, granillo y salvado fue una empresa en expansión, lo mismo que los trapiches y las fábricas de aguardiente.
Pero sus beneficios no se reflejaron en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, alimentada con maíz, frijol, calabaza, chile y, ocasionalmente, con carne de aves, venados, conejos, iguanas y otros animales silvestres.
Las combinaciones y el mestizaje gastronómico dieron pie a una cocina regional tradicional en donde resalta la originalidad culinaria de Guerrero y Michoacán: el primero caracterizado por la ruralización y consumo local; el segundo con una mayor variedad y capacidad en la oferta gastronómica vinculada a los espacios urbanos mejor desarrollados.
José Antonio Arvizu Valencia y Gerardo Ortiz González, de la Universidad Autónoma de Querétaro y de Kellogg's de México, respectivamente, participaron con el trabajo titulado «Secular y vernáculo: antojenario en la perspectiva gastronómica de entre guerras en Querétaro y Guanajuato», una disertación a favor del antojito que alimenta y se disfruta, además de conducirnos a los referentes regionales e históricos, donde el ingenio artesanal provee de los cacharros para su manufactura rápida en la vía pública.
El antojenario se refiere al antojito ancestral originado en la simbiosis cultural, en continua transformación, poniendo a disposición de todo tipo de viandantes -misioneros, mineros, comerciantes, funcionarios, tropas y pueblo llano-, en su paso obligado por esta región y su vasta tradición de mercados, puestos callejeros, fondas, merenderos, posadas, cenadurías y paradores, alimentos exquisitos por su especial preparación y presentación.
Felipe Carlos Viesca González y Alejandro Tonatiuh Romero Contreras, de la Universidad Autónoma del Estado de México, abordaron «La cocina del Distrito Federal y los estados de México y Morelos durante el siglo XIX».
Resaltan la geografía lacustre suministradora de pescado blanco, mariscos, crustaceos y otros: jumiles, charales, ranas, tortugas, ajolotes, salamandras, larvas de libélula, cangrejos, camarones, culebras, gusanos, chinches de agua, insectos, patos, gansos, etc., junto con un conocimiento de la flora regional que dio por resultado una cocina específica, enriquecida con los productos que llegaron a raíz de la presencia española en tierras mesoamericanas.
El pulque, bebida tradicional proveniente del maguey, tuvo un lugar relevante en esta región, en donde siguió permeando la distinción entre los alimentos de las clases altas y las menos favorecidas.
La guerra impactó definitivamente en el litoral del Golfo de México, afirma Guy Rozat Dupeyron, investigador del Centro INAH Veracruz, Unidad Xalapa, en su trabajo titulado «Transformaciones en el consumo alimenticio entre 1810 y 1840 en Veracruz y Tabasco».
Siendo una puerta al Atlántico y al Caribe, la región estuvo sometida a la presencia de gavillas de insurgentes o militares durante el movimiento de independencia.
Plantea que antes del grito de Dolores, el pan podía considerarse cotidiano en la alimentación urbana; después, el maíz sembrado en el entorno sustituyó al trigo, de difícil traslado y conservación en un clima tan húmedo y caluroso, aunque el autor hace una precisión: la trilogía mesoamericana (maíz, frijol y chile) nunca fue desplazada del todo.
La carne de res y de borrego fue sustituida por carne de cerdo, gallinas, patos, conejos, etc., de difícil fiscalización, lo mismo que el pescado y el marisco, fundamentales en la gastronomía tabasqueña y veracruzana.
El exotismo se refleja en platillos como la tortuga en sangre, pochitoque en verde, iguana al chirmol y pejelagarto asado, que remiten a una antigua cocina olmeca.
Finalizó el simposio con la participación de Andrés Fábregas Puig y Conchita Santos Marín, de la Universidad Intercultural de Chiapas, abordando el estudio del sureste mexicano, la península de Yucatán, donde el maíz tiene una significación no sólo nutricia sino además religiosa.
Su trabajo denominado «Y quedó mestiza la cocina», ubica al maíz como elemento fundamental de platillos y bebidas, en conjunción con elementos singulares de esa pródiga región como las hojas de chaya, el mumu, el epazote, el achote y multitud de hongos comestibles, así como las posibilidades de consumo carnívoro ejemplificado en el manatí, chilbeck, armadillo, caracoles, danta, tepescuintle y un gran inventario que se complementa con los sabores de la gastronomía española (cerdo, res, junto con el trigo, frutas de Castilla, etc.).
Los pueblos indígenas siguen siendo un factor vigente en la composición gastronómica, uso de ingredientes y formas de consumo, con una tradición centenaria.
Este primer encuentro reveló la riqueza de la gastronomía mexicana aún en tiempos de guerra.
En algunas regiones, literalmente, se obtiene alimento debajo de las piedras, de los cactus, de los charcos; pero esas realidades no sólo tienen connotaciones económicas, sino además un conocimiento acumulado que llega a perderse en la noche de los tiempos.
La mesa elegantemente organizada, el olor hechicero del puesto de la calle, la paciente espera del cazador ante su presa, las expectativas del agricultor ante la evolución de su siembra, la satisfacción después de un gran banquete y la terrible desesperación ante la imposibilidad de comer, son todas manifestaciones de una sociedad que, a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, buscó la satisfacción del estómago y del paladar al mismo tiempo que se fraguaba la emergencia de México como Estado y como Nación.
Además de la publicación de las memorias del Simposio, decidieron los participantes dar continuidad al tema de la historia de la alimentación en un nuevo evento que tendrá lugar en la Universidad Intercultural de Chiapas en el año 2012.
JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
Universidad Autónoma de Zacatecas, México
Congreso Internacional «Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y las independencias nacionales en América y el Mediterráneo»
Valencia, 8-10 de septiembre de 2010 En septiembre de 1810 abrieron sus sesiones las Cortes de Cádiz, a lo largo de las cuales se desarrolló una importante tarea legislativa, que tuvo su máxima expresión en la promulgación de la Constitución de 1812.
A doscientos años del inicio de esas Cortes, era oportuno auspiciar la reflexión sobre la influencia de ese texto constitucional en la historia política de España, de la Europa mediterránea y de los países iberoamericanos.
Con tal motivo se celebró en la ciudad de Valencia -entre los días 8 y 10 de septiembre del pasado año y bajo la dirección general del doctor Antonio Colomer Viadel-el Congreso Internacional Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y las independencias nacionales en América y el Mediterráneo, que estuvo organizado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el Instituto de Iberoamérica y el Mediterráneo, la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) y la Asociación Española de Americanistas (AEA).
Constituía este Congreso el XIV de los organizados por la Asociación Española de Americanistas.
El desarrollo de las actividades congresuales tuvo lugar en dos espacios distintos de la Universidad Politécnica de Valencia: el Edificio Nexus y la Facultad de Administración y Dirección de Empresas.
En este último se simultanearon las sesiones, desarrollándose tanto en el Salón de Actos como en el Salón de Grados.
En ellas, durante los tres días que duró el Congreso, desgranaron sus ponencias investigadores y profesores de uno y otro lado del Atlántico, con presencia de especialistas de España, México, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Italia y Bélgica.
La conferencia inaugural corrió a cargo de don Antonio Bar Cendón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, bajo el título de «La Constitución de 1812 y su huella en el actual constitucionalismo español y Latinoamericano», dedicada a reflexionar sobre la amplia trascendencia de este texto constitucional, y que se prestó como sugerente introducción al tema general del Congreso.
La reunión científica estuvo organizada bajo dos ejes temáticos, de tal manera que los trabajos de los ponentes -aproximadamente unos 70fueron distribuidos en dos grandes mesas o secciones, una dedicada a las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 y otra a las Independencias Nacionales en América y el Mediterráneo y sus antecedentes.
A su vez, cada una de estas áreas temáticas se subdividió en cinco grupos de trabajo para tratar de cubrir los distintos espacios, las peculiaridades y la complejidad de cada una de ellas, si bien estas subdivisiones no se articularon bajo títulos que delimitasen su ámbito temático concreto.
En el caso del primer eje temático, las ponencias, en número superior a treinta, perfilaron las variadas esferas de la realidad constitucional presentada a debate.
De manera que se abordaron distintas cuestiones, desde la plasmación de los principios liberales en la Constitución de 1812, sus antecedentes e influjos y la caracterización del texto legal, hasta llegar a una reflexión en términos de repercusiones, influencias y vigencias.
Pasando por aportaciones que abordaron, atendiendo al propio texto constitucional, aplicaciones y conceptos jurídicos (legislación electoral, aspectos judiciales, derechos fundamentales, derecho civil y un amplio etcétera), diversos aspectos económicos (fiscalidad, libertad industrial) o conceptos políticos (como el de ciudadanía o revolución liberal).
Hubo algunos acercamientos a figuras destacadas de las Cortes, tanto americanas como peninsulares.
También se consideró la relación de la Constitución con algunos grupos subalternos o la actitud de la Iglesia tras los debates de las Cortes.
No faltaron tampoco algunas reflexiones sobre el papel del Reino de Valencia y sus diputados en las Cortes de Cádiz.
La segunda sección sobre el proceso de independencia de los territorios pertenecientes a la Corona española en América, así como el surgimiento de los movimientos nacionalistas y republicanos en el Mediterráneo, contó con un número similar de ponencias de la más variada temática.
Un grupo de investigadores expusieron cuestiones relativas a la situación de América durante el siglo XVIII, e incluso anterior.
Por otro lado, el nacionalismo americano, los planteamientos liberales y algunos proyectos constitucionales estuvieron presentes en diversos de los trabajos expuestos, así como las posturas realistas.
Otros estudios giraron en torno a asuntos económicos (crisis fiscal y financiera), guerra o hechos específicos del movimiento emancipador hispanoamericano y su contexto más inmediato.
A ese conjunto de temas cabría añadir otros aspectos particulares que ayudaron a profundizar en la temática general: notas sobre religiosidad, aportes desde la historia de la ciencia y apuntes historiográficos.
Dentro de esos ejes temáticos, fue analizada la realidad de distintas áreas geográficas, desde España a otras partes de Europa, así como distintos territorios del solar americano, desde el norte de Nueva España hasta el Río de la Plata, pasando por Centroamérica y el Caribe y los Virreinatos de Nueva Granada y del Perú.
Además de las actividades científicas el programa del Congreso se completó con actividades culturales intercaladas a lo largo del evento.
Con éstas, los congresistas pudimos, de un lado, disfrutar con la brillante puesta en escena del grupo de baile de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige la doctora Emma Sánchez Montañés, y de otro, recrearnos en los acordes musicales surgidos de las manos del grupo de Cámara de la Universidad Politécnica de Valencia.
Y, finalmente, visitar y apreciar lugares emblemáticos de la ciudad en el paseo organizado en autobus turístico.
En el transcurso del Congreso, y durante la tarde del día 9, también se celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV, la asamblea anual de la Asociación Española de Americanistas.
Entre sus puntos principales cabría reseñar la aprobación de la propuesta de la doctora Gabriela Dalla Corte de celebrar en Barcelona el próximo simposio en septiembre de 2011.
Asimismo, por parte del doctor Arturo de la Torre se presentó un informe sobre la evolución de la página web [URL] y el proceso que se sigue con la digitalización de las actas de los congresos y simposios organizados por la AEA.
Y también los doctores Antonio Gutiérrez Escudero y Juan José Sánchez Baena (presidente y vicepresidente de la AEA, respectivamente) expusieron la alta valoración alcanzada por la revista digital de la Asociación, Naveg érica, atendiendo a los índices de calidad exigidos a una publicación científica de esta índole.
Finalizadas la exposición y discusión de las ponencias de la jornada del viernes 10, tuvo lugar el cierre del Congreso, donde la falta de una conferencia de clausura fue suplida con la firma de dos convenios: el primero entre el Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal (INAUCO), representado por su director el profesor Colomer Viadel, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México), representada por el director general de esta Universidad en nombre de su rector, el profesor Jorge Mario Quintana Silveyra.
Y un segundo convenio entre el Instituto de Iberoamérica y el Mediterráneo, representado asimismo por su director el doctor Colomer, y la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, representada por su presidenta, la doctora Cecilia Fernández de Pallini.
Por último, no podemos dejar de citar el extraordinario trato y esfuerzos de nuestros anfitriones valencianos, un buen hacer compartido con el conjunto de especialistas que participaron con sus trabajos.
Indispensable para el éxito de este encuentro científico ha sido además que, en un tiempo récord, acaba de editarse un libro con parte de las ponencias presentadas al Congreso.
De manera casi inmediata disponemos así de los resultados de las últimas investigaciones sobre estas cuestiones, circunstancia que nos permitirá un acercamiento de primera mano, en esta ocasión, a unas materias en boga dentro del actual quehacer americanista con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812 y de las independencias de los países hispanoamericanos.
ISABEL M.a POVEA MORENO Universidad de Granada |
El tema de la independencia, tan relevante en este momento en el contexto de las celebraciones por el Bicentenario, ha sido tratado de manera dispareja por la historiografía.
Ésta se ha centrado, sustancialmente, en los personajes que emergieron como líderes de la gesta emancipadora, por un lado, y en los criollos que conformaron las juntas de gobierno y redactaron las proclamas y programas políticos, por otro.
Es decir, la independencia ha sido vista como un movimiento criollo.
De esta manera, el tema relativo a la inclusión social de los sectores populares en el movimiento independentista, ha quedado sistemáticamente silenciado o rezagado del análisis de esta etapa histórica clave, que culminará en la conformación de las repúblicas latinoamericanas.
Sólo recientemente el bajo pueblo ha pasado a un primer plano, convirtiéndose también en foco de estudio y asignándosele un papel protagonista en la guerra de independencia, que fue, en realidad, una guerra civil.
Como alguna vez comentó Eric Hobsbawm, sin la participación de las masas populares, las revoluciones no habrían ocurrido.
1 Así, en los últimos años ha surgido el interés por rescatar la participación popular en la independencia, tratando de llegar a un punto de equilibrio entre el papel desempeñado por la elite y aquel cumplido por su contraparte, las masas.
Este, por ejemplo, es el enfoque del libro que acaba de editar Heraclio Bonilla, bajo el título de Indios, Negros y Mestizos en la Independencia, 2 donde se incluyen estudios sobre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
El dossier que en esta oportunidad presenta el Anuario de Estudios Americanos se ubica precisamente dentro de esta línea de análisis, al centrarse en «El proceso de independencia y los sectores
populares», en un esfuerzo por subsanar este vacío historiográfico que ha sido detectado, enunciado y que se hace necesario enmendar.
El espacio territorial que abarcarán los ensayos que se incluyen en el dossier, se refiere a lo que podrían denominarse los Andes Australes; es decir, Argentina, Chile, Bolivia y el Perú.
Y, en este sentido, se ha convocado a especialistas reconocidos en esta materia, para pedirles su contribución.
Por lo tanto, un punto en común entre los tres ensayos que se presentan es que, al tratarse de un tema poco explorado, los análisis han tenido que recurrir, en forma consistente, a documentación de archivos.
Es decir, a fuentes primarias en gran medida inéditas.
Sobre este punto cabe destacar que la información de archivos sobre la participación de los sectores populares en la independencia no abunda, es más bien escasa, lo que le da mayor relevancia a los trabajos que aquí se publican.
Adicionalmente, al contar con estudios sobre Argentina, Chile, Bolivia y el Perú, es posible observar que el Río de la Plata tendrá una presencia gravitante en Chile e igualmente en el Perú y el Alto Perú.
Vale recordar que en ese momento las fronteras no estaban rígidamente delimitadas, todos los territorios aún pertenecían al imperio español, y antes que argentinos, chilenos, peruanos o bolivianos, todos eran americanos con el objetivo común de conseguir la independencia de América.
Esta amplitud de criterio hace que haya personajes como Juan José Castelli (natural de Buenos Aires), Bernardo Monteagudo (nativo de Tucumán) y Juan Antonio Álvarez de Arenales (originario de Salta), que actuaron como ejes conectores del macro espacio (Argentina, Bolivia, Perú), que envolvieron con sus conspiraciones, campañas militares y proyectos políticos.
En este caso podemos hablar, entonces, de historias ligadas, conectadas, que trascendieron las fronteras imaginarias del temprano siglo XIX.
3 Con relación al dossier, el artículo de Gabriel Di Meglio aborda el tema de la participación popular en el actual territorio argentino, ampliando la visión circunscrita a Buenos Aires, que el autor ha trabajado con antelación.
4 Di Meglio nos habla de una «plebe» o «bajo pueblo», empleando categorías de la época, que incluyen prácticamente a todos los sectores sociales no-blancos, aunque también incorpora a los blancos pobres, lo que implica que la participación popular no estuvo definida sólo por variables de carácter étnico, sino que también se puede observar una postura de clase.
Para muchos de ellos el acceso a las milicias propiciado por la coyuntura bélica fue un mecanismo de estabilidad primero -tenían un punto de referencia-y de ascenso social después, al eventualmente convertirse, como señala Di Meglio, en ejército de línea.
Cuando en 1815 se re-organizaron las milicias, el tercer cuerpo lo constituyeron los pardos y morenos, es decir, las tropas plebeyas.
Un componente social de la plebe que estudia Di Meglio son los negros y las castas de color, que están ausentes en los ensayos de Leonardo León, para Chile, y de María Luisa Soux, para Bolivia, pero muy presentes en el caso del Perú, donde en la costa había una importante presencia de población negra y afro-descendiente.
En Lima no sólo vivían numerosos esclavos domésticos, sino que también había una significativa presencia de mano de obra esclava que operaba en las haciendas de vid y azúcar que circundaban la capital del virreinato.5 Antes de la declaración de independencia llevada a cabo por San Martín en 1821, quien también decretó la manumisión para los esclavos que se unieran al ejército patriota, ya se habían registrado casos de esclavos que huían de sus amos para conseguir su libertad al unirse al ejército realista, argumentando que preferían «servir al Rey y no a su amo».
6 Es más, en 1820 hubo quejas que señalan que el reclutamiento de esclavos de parte del ejército realista era ejercido indiscriminadamente y a presión, levando operarios de las haciendas limeñas, sin dejar que los hacendados fueran quienes decidieran sobre quiénes y cuántos de sus esclavos podrían enrolarse en las tropas reales.
7 El decreto abolicionista de San Martín encontró gran acogida en una población que ya conocía los beneficios de librarse de la esclavitud a través de incorporarse a las milicias, y se calcula que un tercio de la población esclava de Lima se manumitió sirviendo el ejército patriota.
8 Esto de por sí ya marca una diferencia, porque mientras en el Río de la Plata son exclusivamente los juntistas los que decretan la manumisión, en el Perú primero ofrece este beneficio el ejército realista, y luego lo hace el ejército patriota aunque, de hecho, los alcances son mucho más amplios luego de la llegada de San Martín, pero hay que recalcar que no es del todo una experiencia nueva.
9 El artículo de Di Meglio también se refiere, citando a Bragoni, al levantamiento que en 1812 un grupo de treinta esclavos organizó en Mendoza, teniendo como líderes a dos músicos, uno de los cuáles venía llegando de Chile.
Cabe recordar que 1812 es precisamente el año en que se puso en vigencia la constitución liberal de Cádiz, que negó la ciudadanía a los negros y castas de color.
Es interesante, por lo tanto, que los insurrectos de Mendoza aludieran al caso de la revolución de las Islas de Santo Domingo donde, a partir de 1804, se había establecido un estado negro.
Y es que, en el Perú, a pesar de las estrechas conexiones que se mantenían con Buenos Aires y en menor intensidad también con Nueva Granada y Venezuela, lugares donde ocurrieron alzamientos y conspiraciones,10 no hubo un conato rebelde que hiciera mención a los sangrientos eventos de Santo Domingo, aunque éstos se habían discutido incluso en las Cortes.11 Da la impresión de que este hecho quedó silenciado,12 por lo menos en la documentación consultada.
Lo que sí se registra en el caso peruano, son las denuncias que se levantaron en 1814, señalando que se estaba urdiendo un complot donde además de haber varios artesanos comprometidos, también se tenía «convencida a la gente de Bocanegra para alzarse y que Pedro José Herrera, caudillo de Bajo el Puente (contaba) con más de mil seguidores de color».
13 La conspiración de 1814 se ubica en el preciso momento en que Fernando VII retorna al trono de España y deroga la constitución liberal.
Quizá este evento pudo ser tomado por la población negra y castas de color, como un indicio de que debían complotar para liberarse, y así poder acceder a la categoría de ciudadanos.
Un fenómeno propio de la independencia argentina, que quizá tiene algún parecido con los llaneros venezolanos, es la presencia de las milicias de gauchos que se alinearon en el norte y aprovecharon los vínculos de parentesco para organizarse.
No olvidemos que Martín Güemes estableció por ese entonces la División de Gauchos de Línea Infernales, que luego aprovechó San Martín para su plan militar.
Güemes fue muerto en 1821 por el aún activo ejército realista.
No obstante el poder gaucho generado con la guerra de independencia seguiría vigente en la temprana república.
Por su parte, el artículo de María Luisa Soux se centra en la actuación política de los indios de Charcas durante la guerra de independencia.
14 La autora observa que las comunidades indígenas se plegaron a proyectos insurgentes o realistas, siempre que éstos les garantizaran o facilitaran cumplir con sus propios objetivos.
Es decir, antepusieron sus metas colectivas al color político de sus aliados.
Adicionalmente se ha señalado que hubo proyectos políticos indígenas que se desarrollaron en forma paralela a la lucha general emprendida en Charcas.
Este último fenómeno -el surgimiento de una agenda indígena paralela-puede identificarse en las movilizaciones populares del siglo XVIII y el temprano XIX.
Es lo que he denominado, en otro estudio, el proceso de desdoblamiento de los movimientos sociales.
Si bien la población indígena pudo participar inicialmente como parte de un frente amplio y multiétnico, no es inusual que en un segundo momento se abra con el fin de agitar sus propias demandas y reivindicaciones en una coyuntura rebelde donde consideran que serán oídos.
Así sucedió en el Perú en el caso de la junta de gobierno de Huánuco, en 1812, con la presencia de los indios panataguas que sitiaron la ciudad; y en la junta del Cuzco, durante 1812.
Es más, en este último caso, durante la revolución cuzqueña de los hermanos Angulo y el cacique de Chinchero, Mateo Pumacahua, un alzamiento de carácter indígena estalló en paralelo en los poblados vecinos de Ocongate y Marcapata, teniendo un contenido más nativo.
15 Las fuertes conexiones entre Charcas y el Río de la Plata se ponen en evidencia en el estudio de Soux.
La autora nos habla de tropas indígenas charqueñas de alrededor de diez mil hombres que se aliaron, en 1810, al primer ejército rioplatense.
Por otro lado, luego de la derrota patriota en Guaqui, en 1811, fueron tropas indígenas las que montaron la resistencia en la región altiplánica al ejército realista.
Al analizar el sistema de guerrillas, que será un recurso militar empleado recurrentemente tanto en Charcas como en el caso peruano, la autora describe como el porteño Manuel Belgrano, al retirarse del Alto Perú, nombró como gobernador de Cochabamba al coronel patriota Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien 13 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Diversos, 4.
El caso del salteño Álvarez de Arenales es de particular interés, ya que vendrá al Perú con el ejército libertador de San Martín y, al igual que hizo en Charcas, estará encargado de dirigir al movimiento guerrillero que dio soporte militar al protector del Perú.
No obstante, en el caso peruano, quienes han tratado el tema, han hecho una distinción entre guerrillas y montoneras,16 adjudicándole a la primera un carácter más estable y un mejor entrenamiento militar, mientras que las montoneras son definidas cómo más informales y con una menor capacidad de ataque y de permanencia.
Hay que tener en cuenta que los indios de comunidad, integrantes de las segundas, estaban condicionados al calendario agrario más que al calendario militar del ejército patriota, teniendo que retirarse temporalmente de sus compromisos bélicos cuando llegaba, por ejemplo, la época de las cosechas.
De allí que argumentaran que su presencia era necesaria en sus pueblos de origen, «para el fomento de la agricultura».
17 Es posible observar que un importante apoyo que encontró Álvarez de Arenales en el Perú, fue el del cacique de Huarochirí, don Ignacio Quispe Ninavilca, quien pasó a convertirse en jefe de una partida de guerrillas.
A diferencia del caso boliviano, en el Perú las partidas de guerrilla fueron por lo general multiétnicas, con presencia no sólo de indígenas, sino también de mestizos, zambos y mulatos.
Indudablemente, la capacidad de convocatoria de Quispe Ninavilca, en su calidad de cacique, le representó una importante ventaja.
En 1821, en su condición de sargento mayor, solicitó que se le autorizara formar un regimiento con el nombre de «Valientes de Huarochirí», a sus expensas; 18 es decir, comprometiéndose a uniformarlos, armarlos y mantenerlos.
Ninavilca sería uno de los escasos caciques que participó en la guerra de independencia, y es que fueron pocos los que se animaron a convertirse de caciques en caudillos de guerrilla o en jefes militares.
Un caso particular es el del cacique de Chinchero, Mateo Pumacahua, quien lideró como integrante del ejército realista la represión contra la junta paceña de 1809.
Conocido por su lealtad a la corona y por haber aplastado la gran rebelión de Túpac Amaru, en 1814 pasó a integrar la junta de gobierno del Cuzco, donde compartió la esfera de las decisiones con los hermanos José, Vicente, Mariano y Juan Angulo, en lo que se ha denominado la revolución de los Angulo.
Pumacahua fue convocado a unirse a la dirigencia, cuando se encontraba en Urquillos y, en su opinión, se le había incorporado al movimiento insurgente por su capacidad de comandar a los indios de las comunidades bajo su cacicazgo, a favor de la junta cuzqueña.
Pumacahua había ganado una serie de privilegios de parte la corona, luego de combatir a Túpac Amaru.
Así, consiguió no sólo ser ratificado como cacique de Chinchero, en 1782, sino que también logró el título de alférez real, en 1809, además de ser nombrado brigadier general, en 1811, luego de reprimir a la junta paceña.
En 1812 asumió interinamente la presidencia de la audiencia del Cuzco, hasta que colocaron en su lugar al criollo don Martín Concha y Xara.
Su nítida trayectoria realista dio la impresión de haberse desviado cuando aceptó integrar la junta cuzqueña, pero como aclaró posteriormente, fue al enterarse de la muerte del rey, rumor sin base que circuló en el Cuzco, cuando se decidió «a defender sus derechos».
19 Siendo presidente de la audiencia cuzqueña retardó sistemáticamente la implementación de la constitución de Cádiz, ya que no estaba convencido de que fuera beneficioso decretar la abolición de los tributos, en la medida que, en su opinión, retirado este cobro y removida la mita, los caciques del sur andino perdían su razón de ser.
Además, hay que tener presente que con la abolición del tributo se perdían los fondos de donde se extraían los sínodos que se pagaban a los curas doctrineros; la erradicación de los tributos significaba, por lo tanto, buscar otra fuente de donde obtener los subsidios clericales.
20 Por todas estas razones se entiende que Pumacahua llegara a elevar un oficio donde explicaba que se había visto forzado a aceptar la solicitud de los indios de continuar con el pago de tributos.
21 La abolición de esos tributos lesionaba los intereses de caciques y curas.
El tributo es un tema sobre el cual hace énfasis el trabajo de Soux, en la medida que, luego de entrar en vigencia la constitución de Cádiz de 1812, que lo derogaba, y ser restituido en 1814, con el retorno de Fernando VII, hubo caciques, como el de Quillacas, en Oruro, que solicitaron se eximiera a sus comunidades de dicho cobro, por haberse mantenido fieles al rey.
Incluso, la autora va más allá al sostener que el descontento que pro-vocó la reintroducción del tributo, considerado injusto por parte de las comunidades indígenas, fue una de las causas más importantes en contribuir al deterioro de la fidelidad a la corona.
En el caso del Perú la respuesta a la abolición del tributo no fue homogénea y tuvo características de índole regional.
Hubo comunidades que vieron con entusiasmo esa abolición, sobre todo las que pertenecían a los arzobispados de Lima y Trujillo, las cuales estaban gravadas adicionalmente con el pago de los diezmos eclesiásticos.
Que de pronto les suspendieran un gravamen, como el tributo, les resultó positivo.
No obstante, en el caso del sur andino hubo comunidades que temieron que con la derogación de los tributos, perderían el acceso a las tierras que esta contribución les otorgaba.
Además, es probable que en ese mismo territorio sur andino las relaciones paternalistas establecidas entre las autoridades indígenas y los comuneros, fueran más fuertes y quedaran reforzadas con el pago del tributo.
Por otro lado, algunas comunidades argumentaron que preferían pagar tributo para evitar que levaran a sus hombres, ya que los indios tributarios estaban eximidos de ser enrolados en el ejército.
22 Pero, luego de los dos años en que funcionaron al margen del tributo, varias de ellas, entre 1815 y 1818, hicieron explícito que sus comuneros eran ciudadanos exentos, sin aceptar que el tributo había vuelto a entrar en vigencia;23 aunque hay que admitir que no subrayaron, como en el caso de Oruro, que esta atribución se las daba su fidelidad al rey.
Pero, probablemente, lo que desgastó más a las comunidades indígenas fue la doble presión que se ejerció sobre ellas durante el proceso de independencia.
Pensemos que entre 1808-1816 fue desde el Perú de donde partieron expediciones militares enviadas por el virrey Abascal a reprimir los movimientos insurgentes que estallaron en Charcas, Buenos Aires y Chile.
Los ejércitos realistas, a su paso por el sur andino, fueron demandando víveres, ganado y bastimentos a las comunidades que los albergaron.
Más adelante, serían los ejércitos patriotas los que someterían a las comunidades a este tipo de exigencias.
Fueron, por lo tanto, más de una decena de años en que las comunidades y sus pobladores tuvieron que atender las necesidades, primero del ejército realista y luego del patriota.
Sin duda esto les causó no sólo una depredación de sus bienes, sino también un malestar frente a la llegada inesperada de tropas que debían ser acogidas.
Un tema que queda por explorar.
En el caso del artículo que publica Leonardo León sobre las montoneras populares en la independencia de Chile,24 se analiza la potencial alianza que se suscitó entre patriotas, montoneras populares y araucanos que, a entender de León, la historia tradicional no ha tenido en cuenta.
Los monarquistas, con el propósito de combatir a los patriotas y, en gran medida, a O'Higgins, establecieron contactos con las montoneras populares, que estaban compuestas por desocupados -tachados de vagos-a quienes se les achacaban asaltos, robos y asesinatos, y que son descritos como «bandidos y malhechores».
El autor, a lo largo de su ensayo, propone reconocer el protagonismo que tuvieron las fuerzas plebeyas en la evolución de la gesta independentista, apoyándose para ello en el enfoque que propone la microhistoria.
A lo largo del artículo se enfatizan los discursos de Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera sobre «el populacho», «la plebe».
Carrera se refiere a los montoneros como «partida de ladrones»; mientras que O'Higgins denunció alarmado al montonero José Farfán y otros, aludiendo a que «sus crímenes horrorizan.
Cauterio prontísimo exige el cáncer...no se cansen de perseguir y castigar hasta con la muerte a los malvados y atraer la serenidad de estos pueblos.»
Y aquí habría que precisar que los anticuerpos de O'Higgins no son sólo porque los plebeyos favorecían la causa del rey, es decir, porque eran monarquistas, sino también porque podían alzarse contra el gobierno y sobre todo provocar la anarquía.
El tema de la anarquía, del desorden, del caos, en una palabra, del descontrol, fue un asunto que preocupó ostensiblemente a los líderes de la independencia en su conjunto: San Martín, Bolívar, Sucre, no sólo a O'Higgins; y la posibilidad de una guerra de castas, será otra pesadilla que los asaltará continuamente.
25 Es decir, el miedo a la plebe26 no será exclusivo de Carrera o de O'Higgins, sino que se convertirá en un temor general de los ilustrados que intervinieron en la gesta emancipadora.
Debe por lo tanto ponerse en su debido contexto.
León nos demuestra que los araucanos fueron consistentemente monarquistas y es porque dan la impresión de haber tenido un pacto tácito de no agresión con la corona, que por lo visto fue respetado por ambas partes, funcionó adecuadamente y trajo una cierta estabilidad a la región.
Así como Soux, citando a Platt, se refiere al pacto que existió entre las comunidades indígenas y el rey, a través de la tierra que se les asignaba en su calidad de tributarios; se puede hablar también de un pacto existente entre la corona y los araucanos, que, como se ha podido comprobar, las guerras de independencia no lograron quebrar, muy a pesar de las expectativas patriotas.
En el caso peruano también hubo un poblado ubicado en la intendencia de Huamanga -actual departamento de Ayacucho-que se mantuvo leal a la corona española luego de consolidada la independencia.
Me refiero a los comuneros de Iquicha, los iquichanos, quienes a pesar de la victoria patriota de Ayacucho, en 1824, se ratificaron en una postura monarquista.
Llegaron a rodear la ciudad de Huanta y ejercieron control -entre 1826 y 1828-sobre los excedentes de la producción agraria de la zona.
Esta rebeldía provocó la alarma de Bolívar, quien envió al general paceño Andrés de Santa Cruz para negociar un armisticio, sin demasiado éxito.
Su principal líder, Antonio Huachaca, nunca se rindió y supo eludir su captura para, posteriormente, ser nombrado por las autoridades republicanas, juez de paz de Iquicha.
27 Pero, evidentemente, hay marcadas diferencias entre el caso de los araucanos de Chile, donde el pacto tácito que éstos tenían con la corona se mantuvo vigente durante siglos, con el caso de los iquichanos de Huanta, cuyo interés por permanecer realistas surgió en el momento en que el Perú se convertía en república, después de haber derrotado al ejército del rey.
En todas las guerras la represión es violenta y el caso de Chile durante las luchas de independencia no fue una excepción.
León observa que paulatinamente la guerra civil entre monarquistas y republicanos desembocó en un enfrentamiento entre plebeyos y patricios: las montoneras, por un lado, y las milicias formadas por los vecinos notables para contrarrestarlas, por otro.
Adicionalmente, lo que el autor ha denominado «la guerra de la plebe fronteriza», se mantuvo activa y hasta se intensificó, con la destacada actuación de los contingentes mapuches.
Si bien el relato oficial se ha empeñado en describir a los montoneros populares como combatientes espontáneos sin doctrina política, el autor concluye que entre montoneros y monarquistas hubo una alianza más pragmática que doctrinaria, que permitió que los primeros se enfrentaran a los republicanos, que eran quienes los reclutaban a la fuerza para obligarlos a luchar contra la monarquía.
En este sentido, los tres ensayos le dan un lugar histórico y un contenido político a la lucha de los sectores populares.
Los pobladores indios de Charcas tenían su propia agenda, que agitaron en un contexto revolucionario que les ofreció los canales adecuados para ser oídos; los negros y castas de color de Mendoza amenazaron con que, si no les otorgaban la libertad, la iban a conseguir con las armas, como en Santo Domingo; los araucanos se mantuvieron monarquistas para no romper el pacto que tenían con la corona y que había venido funcionando eficientemente dentro de sus expectativas.
En el Perú, los esclavos tenían como objetivo central obtener la libertad, así como los indios tenían como mira no perder las tierras comunales que se les asignaban, ni tampoco exponerse a ser reclutados indiscriminadamente.
Es probable que esto llevara a que hubiera más proclividad de parte de los cholos -mezcla racial de mestizo con indio-para integrarse tanto a las filas realistas, inicialmente, como a las tropas patriotas, después.
Al no contar con la cobertura de las comunidades indígenas, tenían más libertad de acción ya que, además, muchas veces realizaban trabajos temporales o se hallaban desempleados.
Las milicias les dieron, por lo tanto, cierta estabilidad.
Involucrarse en la lucha tuvo entonces para los sectores populares un propósito interno, no respondió exclusivamente a criterios externos impuestos sin consenso. |
La participación popular en la revolución de independencia en el actual territorio argentino, 1810-1821/ Popular Participation in the Revolution of Independence in nowadays Argentina, 1810-1821
Universidad de Buenos Aires-CONICET La intervención política de las clases populares en el periodo independentista hispanoamericano fue muy destacada en diversos espacios integrantes de la monarquía española.
Este artículo revisa las características y los motivos de esa intervención en los territorios que hoy forman parte de la República Argentina: la participación de la plebe de la ciudad de Buenos Aires y la movilización rural en el Litoral, en Salta y en Jujuy.
Se ocupa, a la vez, del involucramiento de los esclavos en el proceso revolucionario en distintos espacios y del impacto de la movilización militar.
PALABRAS CLAVE: Participación popular; Revolución; Movilización; Esclavitud; Independencia.
Una de las grandes consecuencias de la crisis del mundo hispano de principios del siglo XIX fue la irrupción plena de miembros de las clases populares -integrantes de las castas, esclavos, indígenas, campesinos y plebeyos urbanos-en las disputas políticas.
Las intervenciones populares en la política tenían antecedentes nutridos, pero la coyuntura iniciada con la invasión francesa a España provocó que ahora se desencadenaran simultáneamente en diferentes espacios y que tuvieran horizontes amplios debido a la indeterminación del momento.
En este artículo se repasan las características de la acción popular en los territorios que integraban el virreinato del Río de la Plata y ahora son parte de Argentina (con algunas menciones, también, a los que hoy son parte de Uruguay).
Se trata de un trabajo de síntesis, cuyo principal objetivo es presentar a un público no argentino los resultados de las investigaciones de los últimos años sobre este tema, teniendo en cuenta que la participación popular en el periodo ha recibido una atención considerable.
Salvo para el caso de la ciudad de Buenos Aires, que he investigado directamente -por eso en ese apartado consigno algunas fuentes-acudo para el resto de las regiones consideradas a la producción de otros historiadores.1
El bajo pueblo de Buenos Aires
Buenos Aires fue desde la remoción del virrey en mayo de 1810 la sede de las distintas formas que adoptó el gobierno central revolucionario -que evolucionó de una junta a un triunvirato y luego a la figura de un director supremo-en las que se llamarían Provincias Unidas del Río de la Plata.
La plebe de la ciudad, entonces, tuvo un diálogo directo con un poder de amplio alcance, y sus acciones políticas, como suele ocurrir en una capital, tuvieron consecuencias en todo el territorio que respondía al gobierno.
Esa heterogénea «plebe» o «bajo pueblo», dos términos empleados en la época, incluía a prácticamente todos los que no eran considerados de color blanco -los negros, los pardos, los mestizos-pero también a los numerosos blancos pobres, que no recibían antes de sus nombres el título don/doña.
Plebeyos eran quienes tenían ocupaciones sin calificación, la mayoría de las cuales realizaban tareas manuales, incluyendo al grueso de los artesanos, los jornaleros, los peones del abasto y las panaderías, las lavanderas y planchadoras, los matarifes y los variados vendedores ambulantes, además de los que se ganaban la vida como podían y de los mendigos.
2 La presencia del bajo pueblo en la discusión pública era previa al cambio de 1810.
Cuatro años antes Buenos Aires había sido capturada por los británicos y la reconquista fue planeada y ejecutada sin intervención del virrey Rafael de Sobremonte, que se había replegado hacia el interior del virreinato ante al ataque.
Consumada la victoria, el funcionario procuró retornar a la capital pero en ésta se reunió un cabildo abierto que decidió impedir su vuelta y quitarle la comandancia de armas.
La inédita medida se tomó en medio de la presión ejercida por una multitud congregada frente al cabildo, en la cual había muchos miembros del bajo pueblo.
Los británicos volvieron unos meses más tarde y se apoderaron de Montevideo sin que Sobremonte pudiera impedirlo, provocando que otro cabildo abierto realizado en Buenos Aires lo suspendiera en sus funciones, repitiendo un acto de desobediencia.
Simultáneamente, tras la primera invasión británica se creó una serie de cuerpos milicianos voluntarios, que reunieron a la mayoría de la población masculina de la ciudad.
Los oficiales eran elegidos por los soldados y provenían de la elite porteña, mientras las tropas eran mayoritariamente de origen popular.
Numerosos plebeyos encontraron en la milicia -donde mientras estaban en servicio recibían un salario-un trabajo estable, del cual muchos carecían en la ciudad.
Y el servicio se hizo permanente: la segunda invasión inglesa llegó a Buenos Aires en 1807 y fue vencida una lucha callejera, en la llamada «Defensa».
Las milicias siguieron en pie incluso tras la agresión de Bonaparte a España, que volvió a los británicos aliados y alejó el peligro de una nueva invasión.
En 1809 intervinieron políticamente cuando se movilizaron a favor del virrey Santiago de Liniers -el héroe de la reconquista de 1806-contra un movimiento juntista encabezado por peninsulares que buscaba deponerlo acusándolo por su origen francés.
3 Es decir que antes de la Revolución de Mayo -en la que la presencia popular fue secundaria-la plebe contaba con una experiencia de movilización, pero a partir de ella los efectos de su acción iban a ser mayores.
La irrupción plena del bajo pueblo porteño en la lucha política se dio en 1811 debido al conflicto que se produjo dentro de la dirigencia revolucionaria: la Junta estaba dividida desde fines del año anterior entre una facción más radical y otra más moderada ligada a la figura del presidente Cornelio Saavedra y opuesta a realizar cambios significativos en el statu quo.
El problema era cómo se dirimía un enfrentamiento ahora que ya no había una autoridad metropolitana para desempatar ni reglas claras sobre cómo decidir el acceso al poder.
Los seguidores de Saavedra encontraron un camino para quitar de en medio a los diputados radicales de la Junta: apelar a una agitación popular.
En la noche del 5 de abril de 1811 la facción de Saavedra organizó una concentración en la Plaza de la Victoria, la principal de la ciudad.
Para ello «se saltó a los arrabales en busca de máquinas para ejecutar el movimiento, o como entonces se decía, se apeló a los hombres de poncho y chiripá contra los hombres de capa y de casaca».
4 Algunos cientos de plebeyos de los suburbios, apoyados por el grueso de las tropas presentes en Buenos Aires -que mantuvieron un segundo plano en la acción para evitar acusaciones de un movimiento realizado por la fuerza-se presentaron ante el cabildo como «el pueblo».
De este modo estaban ampliando el alcance de un concepto que hasta ese momento era socialmente limitado.
En la organización del movimiento fue decisivo el papel jugado por los influyentes alcaldes de barrio, pero también fue fundamental la consigna.
No alcanzaba con dar órdenes o recurrir a vínculos clientelares para lograr una movilización numerosa, sino que las autoridades o la elite necesitaban encontrar motivos compartidos con aquellos a quienes buscaban conducir.
En esta ocasión, el fundamento figuraba en el primer punto del petitorio entregado al cabildo: exigir la expulsión de todos los españoles de la ciudad.
De esa manera, los peninsulares se transformaban con claridad en el principal enemigo de la revolución, que ya no eran sólo los «mandones», las autoridades coloniales.
Desde mayo de 1810 la situación de los peninsulares en Buenos Aires era más intranquila que antes pero no había sufrido cambios significativos, pero eso iba a cambiar después de la asonada de abril.
Si la elite era bastante cuidadosa con el tema, el resto de la sociedad porteña no tenía reparos al respecto.
5 La animosidad popular contra los peninsulares se volcaba por un lado contra los españoles pobres.
Las razones eran que los miembros de este grupo tenían ventajas por su origen: varios recibían al llegar auxilios de algunos coterráneos que ya vivían en el Río de la Plata; ocupaban las principales posiciones en el comercio minorista -más o menos la mitad de los pulperos de Buenos Aires era europea-y en las artesanías llegaban a ser maestros, mientras los oficiales y aprendices eran en su mayoría criollos o africanos; dominaban el mercado matrimonial, dado que para las mujeres plebeyas era conveniente casarse con ellos por la posibilidad de llegar a ser «decentes» o de «blanquear» su descendencia; si la justicia condenaba a un peninsular por un delito lo eximía por su «calidad» de las penas accesorias como sufrir azotes o la humillación de ser paseado por la ciudad para dar a conocer la falta públicamente, castigo que se aplicaba a los que no eran blancos pero que también fue recibido por americanos blancos, tal vez porque su origen señalaba implícitamente la imposibilidad de acreditar con total certeza limpieza de sangre.
6 Los peninsulares de alta posición social, grandes comerciantes y burócratas, tenían menos contacto cotidiano con la plebe.
Sin embargo, en la impugnación del conjunto de los españoles (el reclamo realizado el 5 de abril decía «todos los europeos de cualquier clase o condición») había también un rechazo a este sector.7 Desde 1811 se fue construyendo una polarización entre todos los que estaban en el bando americano, incluyendo a los africanos, contra los peninsulares.
Y en el lado americano se dio cierta igualación simbólica.
Así, los miembros de la plebe podían impugnar algunas jerarquías, sobre todo mediante denuncias contra los supuestos «enemigos del sistema del día», otorgándole al antiespañolismo un contenido social -y racial-más amplio.
Poco después surgió otra forma de acción popular: el motín de las tropas, que comenzó en diciembre de 1811 con el levantamiento de sargentos, cabos y soldados del regimiento de patricios.
Días después de la creación de la junta en 1810 el cuerpo, que era miliciano, había sido convertido en parte del ejército de línea.
Cuando la guerra empezó a alargarse, el impulso gubernamental hacia la profesionalización militar fue generando resistencias.
Algunos cabos redactaron un petitorio solicitando que «se nos trate como a fieles ciudadanos libres y no como a tropa de línea»; querían además volver a elegir sus oficiales, facultad que tenían en la época de su formación y que habían perdido.
Los derechos, aunque desiguales, eran un fundamento central de la sociedad colonial y la indignación que causaba el que no se los respetara era un motor poderoso para obrar.
Un oficial amenazó con cortar la trenza que distinguía al regimiento a quienes no mantuvieran la disciplina, provocando un rechazo general: un soldado le gritó que «más fácil les sería cargarse de cadenas que dejarse pelar».
El oficial respondió que si sentían la medida como una afrenta «él también estaría afrentado pues se hallaba con el pelo cortado», pero otro soldado replicó «que él tenía trajes y levitas para disimularlo».8 Así, en un movimiento que buscaba defender el derecho de los milicianos también asomó una tensión social.
Los amotinados no aceptaron negociar y decidieron defender sus exigencias con las armas en la mano.
A su vez, el gobierno decidió atacarlos con fuerzas leales y hubo un breve pero violento combate que terminó cuando los patricios perdieron el control de su cuartel.
Once dirigentes del motín fueron fusilados y colgados.
Pero la presencia plebeya en la política no hizo sino crecer, a lo cual contribuyó la politización de los espacios urbanos y la aparición de fiestas políticas.
En los mercados y en las pulperías corrían rumores, se leía la prensa en voz alta así los analfabetos podían acceder a su contenido y se discutía de política.
De hecho, muchas denuncias hacia peninsulares provenían de palabras que habrían expresado en esos sitios, que podían ser corroboradas por testigos.
Los rumores jugarían un papel fundamental en la gran agitación popular de mediados de 1812, desencadenada cuando un esclavo denunció que el héroe de la Defensa contra los ingleses, Martín de Álzaga, planeaba con varios peninsulares apoderarse de Buenos Aires en connivencia con la marina de Montevideo.
El gobierno procedió a detener y eliminar a los implicados: a lo largo del mes de julio, 33 españoles fueron fusilados y colgados frente a grandes multitudes.
Cuando le tocó el turno a Álzaga, su ejecución fue «tan aplaudida que cuando murió se gritó por el público espectador viva la Patria varias veces», según comentó un testigo, y luego «aún en la horca lo apedrearon, y le proferían a su cadáver mil insultos, en términos que parecía un Judas de sábado santo».
En ese contexto, el 8 de julio corrió el falso rumor de que los marinos de Montevideo habían desembarcado en Buenos Aires y muchos acudieron a la plaza y a los cuarteles para sumarse a la defensa.
Simultáneamente aparecieron distintos pasquines que anunciaban complots; muchos creían, según un contemporáneo, que el plan español era matar a los gobernantes y a muchos hombres, para luego «desterrar todos los hijos del país, los indios, las castas y los negros, porque el proyecto era que no hubiese en esta capital un solo individuo que no fuese español europeo».
9 El episodio fortaleció la unidad del bando americano: un esclavo llamado Valerio dijo que «estaba con los criollos porque el Rey Indio y el Rey Negro eran la misma cosa».
10 La reacción a la amenaza española fue una ola de delaciones, saqueos de viviendas y otras acciones violentas, en las cuales los miembros de la plebe jugaron un papel principal.
Por las denuncias se encontraron armas escondidas en casas de varios peninsulares y un par de ellos fueron por ello ejecutados.
El gobierno y el cabildo se preocuparon por la «excitación y efervescencia» del pueblo y lanzaron proclamas de pacificación, con poco éxito; de hecho las casas de dos de los integrantes del gobierno fueron atacadas por una multitud que pedía más decisión contra los enemigos y el secretario Bernardino Rivadavia fue acosado en la calle por un grupo que pedía armas para luchar contra los españoles.
Las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas para calmar el furor popular: mandaron recluir a decenas de españoles en Luján, prohibieron a los peninsulares tener pulperías -lo cual no iba a hacerse efectivo-y ordenaron que en todos los oficios debía contratarse solamente a «hijos del país».
11 Junto con estas conmociones en las que la plebe actuaba de modo espontáneo y sin tutoría, hubo otras ocasiones en las que la dirigencia volvió a acudir al bajo pueblo para derribar un gobierno: ocurrió en septiembre de 1811 cuando una facción desalojó a los saavedristas del poder, y en octubre de 1812, cuando ella fue a su vez desplazada por otra.
«Plebe en la plaza y tropas sosteniéndola causaron aquella novedad», se quejaba Saavedra cuando fue juzgado por su responsabilidad en el episodio de abril de 1811, «el decantado 5 y 6 de abril a que después se llama sucio y despreciable, como si los del 23 de septiembre y 8 de octubre hubiesen sido muy limpios, y decentes».
Los detalles de lo ocurrido en Archivo General de la Nación [AGN], X, 6-7-4, Conspiración de Álzaga.
ISSN: 0210-5810 estaba controlada por la Logia Lautaro, una sociedad secreta creada por algunos oficiales americanos que habían luchado contra Bonaparte para el ejército español y que ese mismo año habían arribado al Río de la Plata para ponerse al servicio de la Revolución, como Carlos de Alvear y José de San Martín.
El gobierno de la Logia convocó a una Asamblea que en 1813 tomó una serie de medidas importantes que afectaban a las clases populares: proclamó la libertad de vientres, por la cual todos los hijos de esclavas iban a nacer libres; confirmó la abolición del tributo indígena; dejó de jurar fidelidad a Fernando VII; suprimió los títulos de nobleza y la inquisición; prohibió la tortura.
Pero al mismo tiempo la Logia impulsó políticas antipopulares.
Era una pequeña clique que tomaba todas las decisiones y buscó excluir cualquier posibilidad de movilización.
Realizó a la vez un gran esfuerzo para equipar a los ejércitos de pertrechos y tropas, ampliando el reclutamiento con levas masivas que provocaron descontento en la población; desde 1813 se exigió repetidas veces a las patrullas urbanas que arrestaran a los considerados vagos, a los negros libres -con excepción de «los que fuesen dueños de tiendas o talleres públicos»-y los «muchachos» -es decir, niños y adolescentes-para ser enviados al servicio de las armas.
Incluso a principios de 1815 fueron movilizados los peones de las panaderías, provocando el aumento del precio de un alimento clave.
En ese momento el director supremo era Alvear, quien sumó con medidas impopulares como usar una escolta personal al estilo de un virrey al descontento que causaba el aumento de la presión estatal sobre la plebe urbana.
El resultado fue que en un contexto de crisis general -el ejército del Norte no cumplía las órdenes, los revolucionarios federales del Litoral habían dejado de obedecer al gobierno de las Provincias Unidas, la economía estaba muy perjudicada por la guerra, Fernando VII había regresado a su trono y el triunfo de las monarquías absolutistas llevó a la impugnación total de cualquier régimen surgido de una revolución, todos los otros centros insurgentes de América habían caído en manos realistas-hubo un levantamiento que expulsó a Alvear en abril de 1815, dirigido por el cabildo y con protagonismo de la plebe urbana, lo que uno de los damnificados llamó «el despotismo de la multitud».
13 La consiguiente llegada al poder de un grupo más moderado -que sería conocido como «directorial»-implicó un cambio: el reclutamiento aflojó su presión sobre la ciudad y la trasladó a otros espacios, como la campaña bonaerense.
La participación porteña fue encuadrada en buena medida en los reorganizados cuerpos milicianos, divididos en tres tercios cívicos, en los cuales el segundo, que agrupaba a los habitantes más distantes del centro, y el tercero, de pardos y morenos, tenían una tropa fundamentalmente plebeya.
La reorganización de la milicia en 1815 dio lugar al ascenso de algunos pulperos que en el segundo tercio cívico se convirtieron en capitanes con capacidad de movilización barrial.
El tercer tercio protagonizó un motín amplio en enero de 1819.
Las autoridades lanzaron un ejército a combatir contra los disidentes del Litoral y quisieron acuartelar al tercio para defender la ciudad.
Esa intención no respetaba el derecho de los milicianos de servir desde sus domicilios; el enojo de la tropa hizo que algunos sargentos, cabos y soldados organizaran la resistencia a la medida.
Formados frente a los miembros del cabildo, se negaron a gritos y con disparos al aire a aceptar el acuartelamiento y se marcharon.
Luego empezaron a surgir charlas y corrillos en el barrio donde vivían los negros libres, organizando una gran reunión nocturna.
El soldado Santiago Manul dijo ante un grupo de changadores que el gobierno «es un ingrato, no atiende a nuestros servicios, nos quiere hacer esclavos» y convocó «a morir en defensa de nuestros derechos».14 Algunos milicianos lanzaron diatribas contra los blancos, expresando abiertamente la tensión racial.
Esta impulsó a varios vecinos de otros barrios a armarse y acudir con algunas tropas a desbaratar el encuentro, lo cual puso final al motín.
El gobierno, debilitado en ese momento, no castigó a ninguno de los implicados.
La impronta política miliciana se incrementaría un año más tarde: en febrero de 1820 el gobierno central se desmoronó por la victoria de los federales del Litoral en la batalla de Cepeda, tras lo cual hubo varios episodios de temor en la hasta entonces capital, durante los cuales el segundo y el tercer tercio ganaron la calle con frecuencia.
En octubre de 1820, la junta de representantes de la provincia de Buenos Aires -jurisdicción que fue creada con la caída del directorio-decidió nombrar gobernador a Martín Rodríguez, quien era considerado un miembro de la impopular facción directorial que había gobernado desde 1816.
El 1.o de octubre de 1820, los milicianos del segundo y el tercer tercio cívico, junto con algunas tropas regulares, se pronunciaron en contra del regreso de los directoriales y se levantaron en armas; algunos esclavos y personas sueltas «de poncho» se sumaron al movimiento.
La elite de la ciudad estaba aterrada ante el lugar que la «ínfima plebe» ocupaba en la escena pública; un oficial neutral en la contienda se sumó a las fuerzas del gobernador por el miedo a «los sanculotes despiadados, los de los ojos colorados».
15 Rodríguez huyó y regresó con milicianos rurales, quienes atacaron a los cívicos acantonados en la Plaza de la Victoria.
Los oficiales rebeldes y el cabildo, que había apoyado la sublevación, buscaron pactar, pero la tropa se negó a hacerlo.
Mientras se llevaban a cabo negociaciones, Rodríguez atacó con su caballería y los cívicos comenzaron a resistir sin esperar órdenes.
Defendieron su posición más allá de la opinión de sus líderes.
La violenta lucha causó más de 300 muertos y concluyó con la derrota de la milicia urbana.
Fue una matanza, que se explica porque la elite intentó eliminar toda posibilidad de desorden, para lo cual quiso sacar de la escena a quienes apelaban a la movilización popular para actuar políticamente.
A la vez hubo un temor social, al saqueo, al caos: octubre de 1820 fue tal vez el momento en que la elite porteña se sintió más amenazada por la plebe urbana durante el siglo XIX.
Una vez concluido el enfrentamiento, el gobierno mandó fusilar a dos cabecillas y lanzó una proclama que anunciaba una actitud intransigente contra cualquiera que quisiese «erigirse en tribuno de la plebe».
Poco después los cuerpos urbanos eran disueltos: la elite triunfante buscaba eliminar las posibilidades de desorden y las vías de intervención popular en la política, tarea que no le iba a ser sencilla.16
En Buenos Aires la impronta popular en la Revolución fue sobre todo urbana; en cambio un poco más al norte, en las tierras ubicadas a ambos lados del río Uruguay en Entre Ríos y en la Banda Oriental, hubo una gran movilización rural.
En esa zona de colonización tardía -sólo fue efectivamente ocupada por los hispano-criollos avanzado el siglo XVIII-, dedicada principalmente a la ganadería vacuna, había un conglomerado de peones y jornaleros que trabajaban en las estancias, esclavos que hacían lo mismo y un conjunto amplio de pequeños productores independientes -pastores y labradores-que en general ocupaban terrenos sobre los que no tenían títulos.
Ello dio lugar a fines de siglo a una conflictividad importante por el acceso a la tierra, sobre todo en la Banda Oriental, porque la formación de latifundios chocaba con que varias de las tierras que en teoría les pertenecían estaban ya ocupadas por productores que se sentían con derecho sobre ellas por motivos consuetudinarios.17 Esas tensiones se politizarían con la Revolución.
En 1810 los pueblos ubicados a ambas orillas del río habían aceptado primero a la junta de Buenos Aires y luego cambiaron su fidelidad hacia Montevideo, leal al Consejo de Regencia peninsular, que se convirtió en la sede del nuevo virrey del Río de la Plata y ejerció una presión creciente en la zona con el fin de obtener hombres y recursos para combatir a los revolucionarios.
Llegó a impulsar la regulación de los títulos de propiedad en el ámbito rural para obtener dinero a cambio del trámite, lo que activaba la amenaza de desalojos en una zona tan sensible a esos temas.
La reacción fue pronta: a principios de 1811 algunos grupos de gauchos sitiaron y luego desalojaron a los contrarrevolucionarios de los pueblos entrerrianos, a los que devolvieron a la órbita porteña.
En febrero una serie de partidas se alzaron en el oeste de la Banda Oriental, declararon su adhesión a la Revolución y su oposición a Montevideo.
Rápidamente emergió un líder en la región: José Artigas.
Un rasgo clave del levantamiento fue desde su inicio la hostilidad hacia los españoles.
En esas zonas de colonización reciente muchos de los vecinos más poderosos eran peninsulares; generalmente se concentraban en los pueblos y en las actividades mercantiles, mientras que en la campaña y en las tareas agropecuarias eran mayoría los americanos.
De ahí que la oposición entre americanos y europeos que se desarrolló a partir de 1811 fuera vista también como un enfrentamiento entre «puebleros» notables y paisanos rurales.
El antiespañolismo popular permitió entonces cambios importantes en las situaciones locales a ambos lados del río Uruguay.
18 No voy a ocuparme de los detalles de la revolución en la Banda Oriental, actual Uruguay.
19 Sólo quiero señalar que los artiguistas fueron desarrollando una concepción de la revolución que implicaba dar poder a todos los pueblos de la región, no sólo a las cabeceras, y contribuir a su autonomía.
Creían que el Río de la Plata tenía que declarar su independencia, formar una república y organizarse como una confederación, en la cual ningún pueblo debía tener preeminencia sobre otros.
Fueron así alejándose del centralismo del gobierno de Buenos Aires.
Para 1814 la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe habían abandonado la jurisdicción porteña bajo el liderazgo de Artigas y formaron la «Liga de los Pueblos Libres».
20 La movilización popular en apoyo del artiguismo, pronto llamada causa «federal», fue muy importante, en particular en Entre Ríos y sobre todo en la Banda Oriental.
Se debió en buena medida a que pelear en pro de la Revolución fue para muchos luchar a favor del derecho a ocupar la tierra y a criar ganado.
Los integrantes del universo popular que siguieron a Artigas mostraron según un contemporáneo «un entusiasmo frenético de la libertad» y buscaron con la lucha mejorar sus condiciones de vida, asegurar el respeto de derechos consuetudinarios de acceso a los recursos y conseguir una sociedad más justa.
Durante la contienda se apropiaron en diferentes momentos de bienes ajenos y mostraron una persistente tendencia igualitarista.
21 La experiencia artiguista fue la más radical de la época en la región pero fue demolida por la irrupción de los portugueses desde el Brasil en 1816, que tres años más tarde se apoderaron de toda la Banda Oriental.
Dentro de los Pueblos Libres hubo otra experiencia altamente radical: la de la zona de las antiguas misiones guaraníes, en la que los indígenas tenían una larga experiencia miliciana desde el tiempo de los jesuitas.
De los antiguos pueblos ocho estaban ahora en el Paraguay, siete en manos portuguesas y quince en la jurisdicción que dependía de Buenos Aires.
Allí fueron surgiendo caciques que se involucraron en la disputa revolucionaria y se acercaron especialmente a la figura de Artigas, cuando varios de ellos se vieron atraídos por el ideal autonomista y por la posibilidad que daba la Revolución de vengar viejos agravios.
Diversos jefes empezaron así a oponerse a los administradores y funcionarios elegidos desde Buenos Aires.
El cacique Domingo Manduré atacó en 1813 al alcalde del pequeño pueblo de Mandisoví, que respondía al gobierno central, y lo removió de su cargo, dando inicio a la lucha armada entre los revolucionarios.
En una proclama dijo «hermanos, sabemos que Dios nos dotó al criarnos con la libertad, y sabemos que ante él somos iguales y lo mismo ante la Ley», convocando a que «nos quitemos de mandones».
Comenzó así la radicalización indígena, en cuyos pueblos se inició la expropiación de los europeos y luego la de otros pudientes; según un observador, «como ya los bienes de los Europeos se acabaron ahora todo el que tiene algo es europeo».
22 Pronto surgió en la región el liderazgo de Andresito Guacurarí, ahijado de Artigas, quien en 1815 lo nombró comandante de las Misiones.
Ese mismo año sus fuerzas expulsaron a los paraguayos que habían ocupado algunos pueblos al este del río Paraná.
En 1816 enfrentaron la ofensiva proveniente del Brasil, simultánea a la que invadió la Banda Oriental, y al año siguiente lograron expulsar a los invasores de la zona misionera.
En agosto de 1818, por indicación de Artigas, las fuerzas de Andresito ocuparon la ciudad de Corrientes, porque un cambio en el sector dirigente la había vuelto a la órbita de Buenos Aires.
La entrada de un líder indígena a la ciudad causó pánico entre la elite correntina y algunos de sus miembros huyeron temiendo degüellos y violaciones.
Nada de eso ocurrió, pero Andresito humilló a quienes le mostraron desprecio: mandó a varios vecinos notables a limpiar con sus manos la plaza mayor e hizo que sus mujeres e hijas bailaran con sus soldados.
También liberó a los niños indígenas que muchas familias habían secuestrado para emplearlos en el servicio doméstico (dijo a los captores «recuerden en adelante que las madres indias tienen también corazón»).
23 Varios criados denunciaron a sus patrones por haber escondido sus bienes: los acusados fueron requisados y si se creía que era cierto fueron expropiados.
El orden se había trastocado: los sometidos estaban al mando.
Según Artigas, el objetivo de Andresito era expulsar del territorio misionero «a todos los europeos y a los administradores que hubieren, para que los naturales se gobiernen por sí, en sus pueblos».
24 Es decir, reunificar la antigua provincia jesuita, incluyendo a los pueblos que estaban bajo dominio portugués y a los que dependían de Asunción.
Pero ahora sin obedecer ni a jesuitas ni a ninguna autoridad suprema española, portuguesa, paraguaya o porteña.
Aunque su proyecto no fue apoyado por todos los pueblos guaraníes, sí logró la adhesión de muchos de los indígenas «dispersos» que habían abandonado en años anteriores las antiguas reducciones para vivir por su cuenta en el Litoral.
25 Después de tres meses de ocupación, las fuerzas guaraníes abandonaron Corrientes.
Volvieron a intentar recuperar los pueblos misioneros bajo control lusitano, pero fueron derrotados en 1819; Andresito cayó preso y fue enviado a Río de Janeiro, donde moriría poco después.
Otros líderes guaraníes, Pantaleón Sotelo y Francisco Sity, mantuvieron la lucha y la alianza con Artigas hasta que éste fue totalmente derrotado por los portugueses y el sistema de los Pueblos Libres se desmoronó.
Los «infernales» del Norte
Salta y Jujuy, provincias del actual Noroeste argentino, fueron escenario de otro movimiento popular de gran importancia en la época.
También aquí los protagonistas populares serían plenamente rurales.
El Valle de Lerma -que rodea la ciudad de Salta-había sido una zona conflictiva durante el crecimiento económico de las décadas previas, debido al choque por la tierra entre los hacendados que buscaban ampliar sus propiedades y los dinámicos pequeños productores de la zona.
Unos y otros se dedicaban principalmente a criar mulas para enviar a las minas de Potosí.
27 La región fue central en la guerra desde su comienzo, dado que, tras la derrota en junio de 1811 del ejército enviado desde Buenos Aires en la batalla de Huaqui, se convirtió en zona fronteriza entre los revolucionarios y sus enemigos, que controlaban el Alto Perú.
En un principio el conflicto no afectó demasiado a las clases populares, más allá del reclutamiento, pero eso cambió después de Huaqui.
Los revolucionarios en retirada empezaron a exigir contribuciones materiales para la causa y decidieron complicar el avance de los enemigos que lo perseguían quemando las cosechas en Jujuy, arreando ganado y obligando a los pobladores, que en su mayoría se oponían a la medida, a dejar el territorio, en lo que fue denominado más tarde el «Éxodo Jujeño».
ISSN: 0210-5810 libraron dos batallas victoriosas tras las que recuperaron Salta, que mientras tanto había recibido sin gran oposición la nueva tutela de las tropas del rey.
Luego avanzaron sobre el Alto Perú, siendo vencidos, y en enero de 1814 los realistas volvieron a tomar Salta.
En esta ocasión les quedaban pocos partidarios -casi todos habían abandonado Salta acompañando la retirada realista del año previo-y no recibieron aportes voluntarios.
Para sostenerse recurrieron a una requisa de bienes en las zonas circundantes -el Valle de Lerma-que derivó en un saqueo sistemático de estancias pero también de explotaciones medianas y pequeñas.
Hubo pequeños productores que se negaron a entregar lo exigido o que atacaron luego a los realistas para recuperarlo; algunos indignados se agruparon en torno de un modesto propietario, Luis Burela, e iniciaron una resistencia armada que rápidamente sumó a miembros de cuerpos milicianos organizados en el mismo valle un año antes.
Otros se movilizaron por vínculos de compadrazgo, que eran muy fuertes.
Así, milicianos e irregulares iniciaron un levantamiento campesino de amplias proporciones con protagonismo popular: a los pequeños y medianos productores (propietarios, arrenderos y agregados) del Valle de Lerma se sumaron desertores del ejército regular, varios de ellos altoperuanos.
Los integrantes de ese heterogéneo conjunto fueron identificados con un nombre que les dio una identidad, proveniente del Litoral y no frecuente en Salta: «gauchos».
Al poco tiempo se les sumaron las milicias provenientes de la frontera con los indígenas chaqueños, que formaban parte de la Vanguardia del Ejército del Norte, dirigidas por un oficial proveniente de la elite salteña que se iba a convertir en el líder del estallido: Martín Miguel de Güemes.
Los alzados cercaron la ciudad e impidieron la entrada de víveres.
Los realistas terminaron abandonando en el mismo 1814.
28 Pero la victoria no puso fin a la movilización de los alzados.
Por el contrario Güemes formó con ellos la división de Gauchos de Línea Infernales, que fue aprovechada por el general San Martín para establecer el plan militar con el que planeaba definir el futuro de la Revolución: mientras él prepararía un ejército para atacar a los realistas que habían recuperado Chile, la frontera con las tropas del rey en Jujuy y Salta sería defendida por estas fuerzas locales que combatirían como en el Alto Perú en guerra de guerrillas.
En los años siguientes las tropas lideradas por Güemes cumplirían el cometido sanmartiniano con éxito.
No sólo por este mandato se mantuvo la movilización de los gauchos.
Los abusos de la ocupación no habían sido para ellos solamente un motivo de indignación coyuntural sino que causaron la politización del resentimiento antiespañol y la impugnación del orden social colonial.
Así, los pequeños propietarios que se lanzaron a la lucha podían buscar asegurar sus derechos sobre las parcelas que trabajaban frente a los estancieros, los arrenderos podían impulsar su conversión en propietarios y todos podían desear abiertamente el reparto de las explotaciones de los rea listas.
29 Los combatientes percibieron su poderío y la capacidad de negociar que les otorgaba.
También Güemes lo entendió y así se generó un vínculo estrecho, a través del cual los gauchos obtuvieron grandes beneficios.
Uno fue el fuero militar, por el cual pasaron a ser juzgados por sus oficiales y no por la justicia ordinaria, con lo cual obtenían bastante indulgencia para cualquier acción de legalidad dudosa.
En toda la zona empezó a ser frecuente que los hombres de Güemes se apropiaran de ganado o de otros bienes de alguna propiedad y fueran después blandamente apercibidos por sus jefes, quienes negociaban su propia ascendencia en esas ocasiones.
30 Ese «pillaje» tenía también una justificación ideológica: para los gauchos era justicia distributiva, puesto que los más pudientes debían contribuir con sus pertenencias al esfuerzo bélico.
31 La elite salteña y jujeña comenzó a advertir un desafío a su hasta entonces indiscutido poder, lo que se profundizó cuando Güemes concedió a quienes estuvieran luchando el permiso para no pagar el arriendo que debían a los grandes propietarios.
Como durante años los gauchos estuvieron sobre las armas casi permanentemente -hubo al menos una incursión realista anual entre 1817 y 1821, la primera de las cuales llegó a apoderarse otra vez de la ciudad de Salta-, un nutrido número dejó de pagar el canon en desmedro de los propietarios.
Y muchos de los que no estaban cumpliendo un servicio activo también se refugiaron en su estatuto de gauchos para no pagar.
Al mismo tiempo hubo quienes expresaron con claridad las tensiones étnicas gritando en distintas ocasiones contra los blancos.
32 Entre los gauchos había blancos pobres, indígenas y mestizos, negros y pardos.
En Salta la composición de la población era heterogénea, mientras que en Jujuy la 29 Ibidem.
Las tropas que reunió allí el revolucionario ex marqués de Tojo -no había más títulos de nobleza desde 1813-estaban formadas sobre todo por indígenas, que lucharon en coordinación con las fuerzas de Güemes y de las guerrillas altoperuanas, en las que también la impronta indígena era predominante.
Lo mismo ocurría entre los realistas, quienes en sus incursiones por la Puna impulsaron la adhesión indígena a su causa (en Yavi un cura formó con ellos un grupo llamado los «Angélicos», en oposición a los Infernales revolucionarios).
Güemes se relacionaba directamente con los gauchos, con los que había tenido un trato fluido en la frontera y en su actuación militar.
Decían de él que tenía «la elocuencia de los fogones» y se hacía llamar «padre» por sus hombres, entre quienes quitó las barreras étnicas como freno al ascenso e instauró una suerte de meritocracia.
A los esclavos que se sumaron a sus filas les dio la libertad.
Esos rasgos y esas acciones lo hicieron sumamente popular; los gauchos lo denominaban «nuestro protector».
33 La mayoría de los miembros de la elite salteña comenzó a aborrecer a Güemes por la protección a los gauchos que lesionaba sus intereses mientras la economía continuaba deteriorándose y ellos eran forzados a sostener financieramente la actividad bélica.
Sin embargo, muchos se mostraban resignados al verlo como el único capaz de controlar la impronta popular.
34 En 1821 Güemes fue herido de muerte por una sorpresiva incursión realista a la ciudad de Salta.
Los realistas se retiraron y la elite contraria a Güemes tomó el poder.
De todos modos, los gauchos seguían sobre las armas y al poco tiempo entraron en la urbe y saquearon tiendas y almacenes mientras clamaban «muerte a los cariblancos», volviendo a agitar la posibilidad de una lucha de castas.
35 Sin embargo, con Güemes desapareció el único articulador efectivo de la participación popular, la cual iría perdiendo fuerza porque los realistas siguieron resistiendo en el Alto Perú hasta 1825 pero no volvieron a atacar hacia el sur.
Con el fin de la guerra la elite pudo iniciar lentamente el desmantelamiento de la movilización popular que desafiaba su autoridad.
Los esclavos y la Revolución
Para los esclavos rioplatenses la Revolución abrió una oportunidad de acceder a la libertad.
Desde un primer momento estuvieron atentos a las contradicciones de los dirigentes, quienes por un lado temían su movilización pero la necesitaban, al tiempo que sabían que existía una incoherencia entre las proclamas de libertad en las que fundaban su actuación y la conservación de la esclavitud.
Entre el derecho a la libertad y el derecho de propiedad optaron por el segundo, y además desconfiaban de lo que podía generar una liberación masiva de esclavos.
El triunvirato declaró en 1812 que poner fin a la esclavitud de un día para otro iba contra el derecho de los propietarios y tenía un lado peligroso, dado que se trataba de «una raza, que educada en la servidumbre no usaría la libertad sino en su propio daño».
Inició, sin embargo, algunas reformas en el tema: en abril de ese año prohibió el tráfico de esclavos y dispuso que la carga de cualquier barco negrero fuera confiscada y liberada.
36 La medida afianzó el apoyo de los negros, esclavos y libres, a la Revolución.
De hecho, un mes más tarde fue un esclavo llamado Ventura el que denunció que su amo Álzaga preparaba la conspiración que pasó a la historia con su nombre.
Ventura fue premiado con la libertad y con un brazalete que decía «por fiel a la Patria».
37 Los cambios antiesclavistas se profundizaron en febrero de 1813 con la Ley de libertad de vientres.
En el momento, muchos creyeron que la abolición estaba cercana.
Un moreno libre llamado Hilarión Gómez, por ejemplo, pidió en 1815 que su hermana no fuera vendida mientras él juntaba el dinero para comprar su libertad, y terminó su alocución diciendo «pues todo respirar el desterrar la esclavitud» 38 (sin embargo, la abolición no se produciría hasta la Constitución Nacional de 1853).
Varios amos intentarían en los años sucesivos desconocer la ley y anotar a hijos de sus criadas como esclavos, lo cual fue resistido por muchas madres judicialmente.
La acción de los esclavos fue crucial para asegurar el cumplimiento de la norma.
La situación revolucionaria hizo que además surgieran algunas acciones colectivas, como ocurrió en la ciudad de Mendoza en mayo de 1812, cuando un grupo de unos 30 esclavos organizó un levantamiento.
ISSN: 0210-5810 era reunirse en las afueras, asaltar el cuartel un domingo a la noche, tomar armas y exigirle al gobierno «un decreto que les diera la libertad a todos».
Los líderes eran dos músicos: Joaquín Fretes, que acababa de llegar de Chile, sabía escribir y era libre porque la revolución trasandina había abolido la esclavitud (que era económicamente menos significativa que en el Río de la Plata), y el esclavo analfabeto Bernardo, quien iba a ser el principal cabecilla porque tenía ascendencia local.
Sabían de la prohibición del tráfico en Buenos Aires y corrió el rumor de que se había abolido la esclavitud en el Río de la Plata pero que las autoridades locales de Mendoza no permitían que se conociera esa declaración.
Por eso los conspiradores querían garantizar su libertad y alistarse como soldados para luchar por ella, pero fueron descubiertos por la denuncia de uno de los implicados.
En el juicio aparecieron también algunas intenciones más amplias: Bernardo fue acusado de haber dicho «que era necesario hacer en esta Ciudad lo que los negros de las Islas de Santo Domingo, matando a los blancos para hacerse libres».39 Así, Haití como horizonte se hacía presente, activando el temor de la elite.
Por eso, aunque la participación de los pardos y morenos libres en los cuerpos milicianos era algo habitual en la colonia, en algunos lugares hubo ciertos resquemores ante la posibilidad de movilizarlos a favor de la Revolución y más aún en el caso de los esclavos.
Pero apenas la guerra empezó a extenderse se convirtió en una necesidad.
Para buscar que el entusiasmo de los afectados inclinara la situación, los revolucionarios proclamaron que todos los esclavos que entraban en el ejército se convertían en libertos y al término de la guerra iban a ser libres.
La medida se transformaría en uno de los principales medios de reclutamiento de los revolucionarios.
40 Hubo propietarios que mostraron su patriotismo entregando algunos esclavos para la causa, pero con eso no alcanzaba; otros rechazaron las invitaciones a seguir el camino de la donación argumentando su dependencia económica del trabajo de sus esclavos.
41 En las fiestas mayas se sorteaba la libertad de algunos esclavos, que luego eran incorporados a las armas.
Sin embargo, para conseguir una afluencia masiva, la Asamblea dispuso en mayo de 1813 que, como la patria estaba en peligro, era necesario formar un cuerpo de libertos; reconocía el «sagrado derecho de propiedad» pero consideraba que en la coyuntura los amos no tendrían problema en donar esclavos a la causa.
Se requería que cada dueño entregara uno de cada tres esclavos domésticos que poseía para el servicio de las armas, uno de cada cinco que trabajaban en panaderías y talleres, y uno de cada ocho que se empleaban en tareas agrícolas.
Los esclavos rescatados eran legalmente libres desde que entraban a la tropa pero, para poder gozar de esa condición, debían cumplir un servicio de cinco años o más indefinidamente hasta que se acabara el conflicto.
Por lo tanto, estos «libertos» quedaron en una ambigua situación jurídica.
42 La libertad tenía un costo elevado, el de poner el cuerpo en la guerra, pero la mayoría de los esclavos que pudo optar prefirió ese riesgo a mantener su servidumbre.
Las mujeres, por supuesto, no tuvieron esa posibilidad.
Los españoles fueron perdiendo todos sus esclavos; en 1815 la requisa para ellos se hizo general.
Con el correr de los años muchos otros propietarios fueron afectados.
El esfuerzo del general José de San Martín en Cuyo para organizar un ejército con el que atacar a los realistas en Chile privilegió ese aspecto: de los alrededor de 5.200 hombres que integraron el Ejército de los Andes cerca de 1.550 eran ex esclavos.
43 Algunos negros ascendieron en las largas campañas sanmartinianas, en las que los libertos del Regimiento n.o 8 combatieron a lo largo de ocho años de Cuyo al Perú.
Muchos llegaron a ser oficiales durante la guerra, aunque era más sencillo para un libre que para un esclavo (un liberto desde que entraba al ejército).
Hubo casos, sin embargo, como el de Andrés Ibáñez: nacido en África, esclavo en Buenos Aires desde los 16 años, manumitido para servir como soldado y nombrado capitán por sus méritos en el servicio; después de la guerra volvió a la ciudad y compró una pulpería.
44 Continuando una práctica colonial, era habitual que los cuerpos de pardos y morenos libres fueran dirigidos por oficiales de la misma condición, en particular en la milicia.
En cambio, las autoridades temían que los libertos tuvieran oficiales de su mismo color, con lo cual las unidades de ex esclavos solían contar con oficiales blancos.
Más allá de las grandes dificultades de la guerra, los libertos se sumaron a las empresas militares con cierto entusiasmo.
Para otros casos -en la provincia de Córdoba fundamentalmente-véase Meisel, 2005.
ISSN: 0210-5810 muy fuerte con la causa de la Patria, ligada en su origen con la posibilidad de obtener la libertad.
De hecho, cuando esa opción provino del otro bando, la fidelidad a la causa tambaleó.
Fue lo que ocurrió en la Banda Oriental, donde Artigas había tenido que mantener la condición de los esclavos para no terminar de ganarse la hostilidad plena de la elite montevideana.
Los portugueses aprovecharon este flanco débil y en 1817 ofrecieron la libertad inmediata a los esclavos armados que se unieran a sus fuerzas, obteniendo que muchos soldados orientales en esa condición se pasaran a su lado.45
Hubo dos espacios, además de los mencionados en los apartados anteriores, donde el impacto de la militarización significó un peso especialmente grande para las clases populares.
Uno fue Cuyo, y en particular Mendoza, donde se organizó el Ejército de los Andes entre 1814 y 1817.
El general San Martín impulsó allí una gran presión reclutadora sobre la población, especialmente la más humilde (los llamados por las autoridades «vagos y malentretenidos»).
Para ordenar y disciplinar a las tropas, San Martín cuidó especialmente que el cobro de salarios fuera prioritario sobre todo otro gasto y se hiciese regularmente.
Así disminuyó el tipo de acciones de apropiación de bienes por parte de las tropas tan comunes en otros espacios revolucionarios en la época.
La militarización cuyana alteró completamente la vida de toda la sociedad local y dio a quienes ingresaron en el ejército una posibilidad de movilidad social ascendente, pero no conllevó una impugnación abierta del orden como en Salta o en el Litoral.
46 Algo similar ocurrió en Tucumán, que estuvo fuertemente ligada con el esfuerzo bélico desde 1812 y cuya capital, San Miguel, se convirtió en 1816 en la sede permanente del Ejército del Norte, que cubría la retaguardia de las fuerzas de Güemes casi sin entrar en acción.
La sociedad tucumana se conmovió con esa presencia que hizo girar todo en torno del abastecimiento a los militares.
También allí fue importante la presión reclutadora sobre los «vagos».
Esa militarización, de todos modos, no alteró profundamente las relaciones de poder locales.
47 Participar en la guerra en cualquiera de los frentes dio lugar a nuevas identificaciones: los que integraban un regimiento por un tiempo prolongado solían tener una conciencia de pertenencia a él.
Las rivalidades entre los cuerpos de los ejércitos regulares y entre éstos y las milicias eran habituales, y a menudo daban lugar a riñas.
Esas identidades les permitieron a algunos oficiales construir una relación fluida con sus soldados, que luego podían actuar a favor suyo en enfrentamientos políticos.
Otras veces, sin embargo, el vínculo entre oficiales y tropas fue conflictivo, por los maltratos de éstos o simplemente por la tensión resultante de la diferente extracción social de unos y otras.
La animosidad contra los oficiales, pero también las levas forzosas, el desplazamiento a lugares muy alejados de los hogares de los soldados, el hastío con la duración de la guerra y los atrasos en los pagos o en la entrega de vestuario generaban una acción concreta y extendida: la deserción.48 Cientos de combatientes abandonaban las tropas en todos los frentes, en general de manera individual o en pequeños grupos, y tomaban distintos caminos: volvían a su tierra, se conchababan para trabajar en la zona en la que estaban sirviendo, formaban partidas de bandidos que pululaban por las áreas rurales o se instalaban del otro lado de las fronteras con los indígenas independientes de las vastas llanuras del Chaco o la Pampa.
A su vez, éstos se fueron integrando progresivamente, en la última parte de la década de 1810, a las luchas entre Buenos Aires y los Pueblos Libres artiguistas, reactivando la conflictividad fronteriza que se había calmado en la última parte del siglo XVIII.
49 Al final del periodo, las evaluaciones populares sobre la Revolución estuvieron en varios casos cargadas de frustración, por los efectos devastadores de la guerra y por las aspiraciones incumplidas pese al esfuerzo realizado.
Muchos miembros de las clases populares pasaron largas temporadas en condiciones muy duras y sentían que seguían en el mismo lugar que antes.
De ahí la aparición de lamentos: «el que tiene es don Julano / y el que perdió se amoló: / sin que todos los servicios / que a la Patria le emprestó / lo libren de una roncada / que le largue algún pintor».
50 Más allá de que las transformaciones resultaran más limitadas de lo que algunos soñaron, lo cierto es que el fin de la guerra de independencia |
El artículo analiza las formas de participación indígena en el proceso hacia la independencia en Charcas (hoy Bolivia), entre 1809 y 1825.
Los indios buscaron fundamentalmente mantener la propiedad de sus tierras y la independencia de sus autoridades frente a la crisis generalizada y la incertidumbre; para ello, establecieron alianzas, conspiraron, organizaron sublevaciones y participaron abiertamente en la lucha guerrillera siguiendo pautas propias de su cultura política.
Uno de los temas que ha provocado mayores debates en la historiografía boliviana ha sido el de las características de la participación indígena en el proceso de la independencia.
Su tratamiento ha variado desde los primeros trabajos de historia del siglo XIX hasta la actualidad, relacionando a los primeros con imaginarios y visiones propios de una sociedad señorial y excluyente, que obviaba la participación de estos grupos, resaltando a los héroes criollos o, por el contrario, mostrándolos como una masa, sin una organización y muchas veces perjudiciales para el desenvolvimiento de las tropas regulares; 1 hasta que, en un contexto actual cuyo horizonte de memoria se halla en la multiculturalidad y la plurinacionalidad, algunos historiadores buscan, por el contrario, destacar héroes indígenas, mitificando algunas veces sus acciones.
2 La primera obra historiográfica que trató específicamente este tema fue El indio en la Independencia, de Alipio Valencia Vega (1962), aunque su análisis de influencia marxista, resaltaba la visión del indio como la víctima de ambos ejércitos, dentro de una lucha ajena.
3 En la década de 1970, Charles Arnade, en La Dramática insurgencia de Bolivia, retomó el tema destacando la ambigüedad en la lucha popular y su faccionalismo interno más que su acción contra las tropas del rey.
En el caso de la lucha de guerrillas, llega a la conclusión de que lo que movía a los guerrilleros era el afán de aventura: «La Guerra de la Independencia ofreció una excepcional oportunidad para la aventura, una vida libre y relajada, dejando a un lado la ley».
4 En contraposición a Arnade, René Arze Aguirre, en Participación popular en la independencia de Bolivia (1979), planteó más bien la hipótesis de que los indígenas y los grupos populares lucharon en la guerra con objetivos propios de carácter económico-social.
5 En la década de 1990, Marie Danielle Démèlas, en La invención política.
Bolivia, Perú y Ecuador 1 Luis Paz (1919, 156), al tratar el tema del apoyo de Cáceres a Castelli, dice por ejemplo: «Cáceres fue escoltando al ejército con las masas de indios que pudo reunir, los cuales no dejaban de prestar a los patriotas alguna ayuda para los transportes, aunque por lo general servían de estorbo».
2 Utilizo el concepto de «horizontes de memoria» desarrollado por Silvia Rivera Cusicanqui, quien en el libro Violencias (re)encubiertas (2011), plantea la hipótesis de que los proyectos políticos bolivianos, sobre todo los indígenas, utilizan diversos horizontes de memoria y resistencia que van desde una memoria ritualizada prehispánica, pasando por la memoria de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, hasta la memoria sindical de 1952.
3 Valencia Vega, 1962. en el siglo XIX (2003), 6 relaciona la lucha indígena con una visión propia: el awqa, el tiempo de guerra.
No se trataba entonces de una lucha política o social, sino de un destino religioso, de una representación de la sociedad tradicional, de una guerra total.
7 Las posiciones actuales en Bolivia, ligadas a las conmemoraciones oficiales de los bicentenarios, han buscado destacar, por encima del proceso histórico que va de 1809 a 1825, al cual consideran fundamentalmente criollo, el proceso de las luchas anticoloniales del siglo XVIII, destacando sobretodo las figuras de Tupac Katari y Bartolina Sisa, convertidos en nuevos héroes del Estado Plurinacional; mientras que, por otro lado, con el objetivo de no olvidar el proceso de independencia de inicios del siglo XIX, se ha rescatado la figura de los indígenas de Tarabuco (Chuquisaca) como acompañantes de la heroína Juana Azurduy de Padilla, uniendo de esta manera dos grupos «políticamente correctos» como son las mujeres y los indios.
8 Por su parte, los estudios académicos sobre la participación indígena en el proceso de independencia han abierto nuevas perspectivas de análisis, entre las que podemos citar las que muestran la existencia de verdaderos ejércitos indígenas en medio de la lucha guerrillera, las que presentan la existencia de proyectos políticos indígenas de forma paralela a la lucha general en Charcas o el análisis de los grupos indígenas que luchaban en los ejércitos del rey, conocidos en los documentos como «amedallados».
9 El presente trabajo se propone profundizar en las diversas formas de participación de algunos grupos indígenas en el proceso de independencia y tratar de comprenderlas como actos pensados desde otra «cultura políti-ca», que no tiene necesariamente una lectura desde la perspectiva de la independencia (patriotas o realistas) y que contaba con estrategias propias que establecían alianzas y juegos de redes sociales complejas.
Esta visión destaca a los indígenas y a sus autoridades como actores políticos, que lucharon en parte por sus propios objetivos y también negociaron espacios y opciones políticas, tanto con el bando insurgente como con el del rey.
Desde nuestra perspectiva, en medio de la profunda incertidumbre que trajo la crisis de la monarquía y sus respuestas desde ambos virreinatos, los grupos indígenas asumieron posiciones diferentes.
En un primer momento parece surgir un proyecto propio; posteriormente, las posiciones no son tan claras y se hallan tanto grupos indígenas asociados como tales a la guerra de guerrillas insurgentes como otros que se alían a los ejércitos del rey.
Sin embargo, en última instancia, lo central es mantener el pacto de carácter colonial con dos objetivos: el primero, el reconocimiento de sus tierras y territorios y, el segundo, la posibilidad de mantener sus propias formas de organización y el derecho a nombrar sus autoridades.
De esta manera se puede explicar cómo las comunidades indígenas van a plegarse a proyectos, ya sean insurgentes o realistas, que les garanticen o faciliten sus propios objetivos.
Con base en los fines ya señalados, las estrategias asumidas frente a la incertidumbre tendrán en cuenta las diversas coyunturas y juegos de fuerza de cada momento; así, planteamos que si las condiciones eran favorables, podían llegar a organizar sublevaciones indígenas generales, ya sea con un proyecto propio o con uno general que los incluyera; pero si veían que no tenían posibilidad de triunfar, se replegaban a sus comunidades buscando cumplir lo estrictamente necesario con los dos grupos en pugna, esperando a ver hacia qué lado se inclinaba la balanza.
Esto no quiere decir que los indígenas no comprendieran lo que se ponía en juego en la contienda, sino todo lo contrario; y es que su proyecto político fundamental era mantener el mayor equilibrio posible entre el Estado y sus comunidades, de tal manera que se garantice el acceso a la tierra y a sus recursos: de esta manera, eran conscientes de que una definición apresurada podía llevarlos a situaciones dramáticas y al fracaso de su propio proyecto, que, en resumen, implicaba un pacto con el Estado.
10 Para analizar la propuesta anterior, presentaremos el tema en cuatro momentos específicos del proceso hacia la independencia en Charcas: durante la conspiración y la sublevación indígena que cubrió toda la región altiplánica, en la etapa de los llamados caudillos insurgentes, durante el tiempo de las guerrillas, tomando como caso la guerrilla de Ayopaya y durante la etapa final antes de la conformación del Estado boliviano.
La conspiración y la sublevación indígena
De forma paralela a los movimientos juntistas urbanos de Chuquisaca (mayo de 1809) y La Paz (julio de 1809), se fue gestando en el área rural y también en las ciudades un amplio movimiento indígena que presentó varios elementos políticos y estratégicos que parecieran recordar a la sublevación general de indios de 1780-1782.
11 En este movimiento podemos encontrar dos etapas: una de conspiración y luego otra de sublevación abierta.
La primera etapa de la conspiración se articuló a través de redes muy complejas y variadas.
Por un lado se halla la presencia de una posible red de caciques que luchaban por el reconocimiento de su autoridad, dentro de un contexto de crisis de los cacicazgos coloniales,12 cuya cabeza más visible era el cacique del pueblo de indios de Toledo (Oruro), don Manuel Victoriano Aguilario de Titichoca; la otra red se relacionaba con la lucha revolucionaria que acompañó a los movimientos juntistas de La Paz, más específicamente, las figuras del escribano Juan Manuel de Cáceres y otras autoridades subalternas de la intendencia de La Paz; la tercera red, la menos estudiada hasta hoy, se relaciona con un movimiento con base en Chuquisaca y Cochabamba, que tenía aparentemente un proyecto político de retorno del Inca con bases indianas, pero que incluía también a mestizos y criollos.
Estas redes se cruzaron a inicios de 1810 en Chuquisaca y planificaron una amplia sublevación.
El 6 y 7 de noviembre de 1809 se produjo una asonada en Toledo provocada por la renuncia obligada del cargo de cacique de don Manuel Victoriano Aguilario de Titichoca, autoridad apoyada por la comunidad, frente al candidato de las autoridades coloniales, Domingo Cayoja.
13 En medio de esta tensión el pueblo de Toledo solicitó el retorno de Titichoca, porque decían que no sólo era «cacique gobernador de Toledo sino padre común de todos los naturales».14 La falta de respuesta de la audiencia llevó a Titichoca a Chuquisaca posiblemente para lograr un acercamiento con las autoridades y un dictamen a su favor.
Fue ahí donde contactó con las otras redes.
Por su parte, el escribano de la Junta Tuitiva Juan Manuel de Cáceres,15 junto a otras autoridades locales de La Paz, habían llegado también a Chuquisaca escapando de la represión al movimiento paceño.
Los dos grupos se encontraron con el tercero, cuya figura principal era el prebendado de la catedral de La Plata, don Andrés Jiménez de León y Mancocápac, un personaje enigmático que se decía descendiente de los incas y que aparentemente tenía una posición ideológica radical en contra de la presencia española en América.
16 De acuerdo a los documentos, la conspiración de estas tres redes indígenas se puso en marcha hacia abril de 1810, con la circulación de varios manifiestos y la organización de una sublevación abierta en el pueblo de Toledo, bajo la dirección del mismo Titichoca.
17 Para julio, debido a la denuncia de uno de los ayudantes de Jiménez de Mancocápac, la conspiración fue descubierta, Cáceres fue apresado y el resto de los conspiradores huyó hacia diversos lugares como Tarapacá y Salta.
Durante la investigación realizada para capturar a los cabecillas, se pudo encontrar entre los documentos incriminatorios dos que permiten percibir la propuesta política del movimiento.
La primera era una carta enviada supuestamente por algunos cochabambinos al deán Matías Terrazas, uno de los principales ideólogos del movimiento del 25 de mayo de 1809.
La carta presentaba la siguiente argumentación: debía organizarse un movimiento de apoyo al rey, por parte de los «indios verdaderos» con apoyo de los «indios de pellejo blanco», para liberarlo no sólo de los impíos franceses sino también de las autoridades subalternas en Charcas, consideradas también impías y judías, que eran los verdaderos enemigos del monarca preso.
18 Este documento implicaba la existencia de un movimiento conspirativo contra las autoridades de la audiencia que, según los autores de la carta, habían traicionado a Fernando VII.
Al mismo tiempo, el movimiento era inclusivo ya que convocaba en defensa del rey tanto a indígenas, como a mestizos y criollos, pero a partir de una preponderancia y liderazgo de los llamados «indios verdaderos» con la alianza de los «indios de pellejo blanco».
Era, por lo tanto, un movimiento indígena no tanto porque participaran sólo éstos, sino, sobretodo, por su autoidentificación como tales: indios verdaderos e indios de pellejo blanco fieles a la corona pero no a las autoridades subalternas consideradas judías e impías.
El segundo documento encontrado entre los papeles de los conspiradores lleva por título Interrogatorio que resulta a favor de los indios de las comunidades en General; en el mismo, a partir de una lista numerada, se exponían los siguientes argumentos para sublevarse: el uso ilegítimo del tributo (punto 1), la explotación de la mita (punto 2), los cobros abusivos por parte de autoridades civiles (punto 3), eclesiásticas (punto 4) y étnicas (punto 6), la injusticia como práctica (puntos 5 y 8), el robo (punto 7), la explotación en el trabajo (puntos 9 y 10), la traición (punto 11) y la apropiación de bienes (punto 12).
En relación al nombramiento de autoridades, el mismo documento se planteaba en los puntos 5 y 6 la participación indígena en la elección de los subdelegados y jueces (punto 5) y el de los caciques y curas (punto 6).
19 Este documento, a diferencia del anterior, plantea como objetivos de la lucha aspectos de exclusivo interés indígena y desde una visión que apoya nuestra hipótesis sobre la cultura política que acompañó a los movimientos indígenas, es decir, el de la existencia de lo que Tristan Platt ha llamado un «pacto de reciprocidad», por el cual el Estado garantizaba la propiedad de la tierra mientras las comunidades pagaran el tributo.
Por ello, el documento no se opone al tributo en sí, sino a su uso ilegítimo por parte de las autoridades en ausencia del rey legítimo.
Para que se pudiera dar este pacto, era importante, al mismo tiempo, el reconocimiento por parte de la corona de las autoridades originarias, «buenos de las comunidades para que los pobres indios no padezcan como los cautivos, esclavos en tierras infieles», como dice el item 6.o del documento.
Otro punto importante para el análisis estratégico de la conspiración es el de la alianza.
Los conspiradores esperaban que hasta diez mil personas en Charcas se unieran a ellos.
Muy posiblemente los diez mil hombres serían las tropas indígenas que se aliarían luego con las del primer ejército rioplatense que se preparaba en ese momento.
De acuerdo a documentos recogidos entre los papeles de los cabecillas, la conspiración se hallaba organizada en varios grupos que debían recorrer el área rural tomando contacto con las autoridades indígenas, como los capitanes de mita; la información tenía que hacerse oralmente por medio de un lenguaraz y debía evitarse hablar tanto con las mujeres y niños como con los vecinos de los pueblos.
20 Esto significa que las estrategias se dirigían específicamente a la población indígena.
En resumen, desde nuestro punto de vista podemos afirmar que, más allá de la pertenencia étnica de algunos de los cabecillas, la conspiración giraba en torno a un movimiento indígena que podía relacionarse con otros estamentos, pero buscaba lograr sus propios fines.
Para julio de 1810, la conspiración había sido aparentemente controlada y sus cabecillas se hallaban presos o prófugos; sin embargo, el triunfo de Suipacha en noviembre y la llegada del primer ejército auxiliar rioplatense a Chuquisaca modificaron la situación.
Jiménez de Manco Cápac se alió al ejército rioplatense en calidad de capellán, 21 Juan Manuel de Cáceres fue liberado en Chuquisaca y acompañó con sus seguidores al primer ejército hacia el Desaguadero.
En cuanto a Aguilario de Titichoca, se sabe que su cargo como cacique de Toledo y Sicaya le fue devuelto por órdenes del mismo Castelli.
22 Después de la derrota de Guaqui en junio de 1811, la organización indígena no se dispersó, por el contrario, algunos de los antiguos conspiradores pasaron a una nueva etapa marcada por una abierta sublevación.
Los documentos hacen ver que, frente al retroceso de las tropas de Balcarce y Castelli y al retorno de las tropas cochabambinas a los valles, fueron los grupos indígenas los que mantuvieron la insurgencia en 20 Doc cit., 2v.
Dice el documento: «Por cuanto con motivo de la restitución del cacicazgo de Toledo a Manuel Titichoca el año pasado por órdenes de la Junta que hubo en Chuquisaca, entró también en su poder la cobranza de Sicaya...», 3r.
Si bien desaparecen de los documentos oficiales las citas sobre Jiménez de Mancocápac23 y Manuel Victoriano Aguilario de Titichoca, 24 Juan Manuel de Cáceres continuó como caudillo de una amplia sublevación indígena que abarcó gran parte del altiplano, desde el sur peruano, al noroeste, hasta las cabeceras de valle de la intendencia de Cochabamba al este y la región de Porco (Potosí) al sur.
Para esta segunda etapa del movimiento indígena, que duró casi un año, de mediados de 1811 a mediados de 1812, no se cuenta con documentos que pudieran mostrar los objetivos políticos; sin embargo, por su actuación se ve que la estrategia era rodear los lugares donde se hallaban las tropas de Goyeneche, en La Paz y Potosí, y cuidar la retirada y reordenamiento de los ejércitos rioplatenses.
Las primeras acciones bélicas se dieron en Caquiaviri, capital del partido de Pacajes, donde mataron al cacique, considerado afín al ejército virreinal del Perú, y se apropiaron del dinero del ramo de tributos.
25 Para agosto de 1811, los indígenas habían cercado la ciudad de La Paz, utilizando una estrategia parecida a la seguida treinta años antes por Túpac Katari.
26 La estrategia de la alianza también continuaba ya que uno de los cabecillas del cerco, Bernardo Calderón, natural de La Paz y de «baja esfera»,27 aseguraba ser comisionado de Francisco del Rivero, intendente de Cochabamba.
Se confirmaba así la relación existente entre los indígenas de Cáceres y los cochabambinos.
Esto significa que, si bien aparentemente se había dado un cambio de alianza de la establecida en la conspiración de 1810, en realidad se trataba de una sola en la cual participaban los tres grupos: indígenas, porteños y cochabambinos.
El plan de los sublevados era invadir el puesto del Desaguadero, convocando a los indios de Guaqui, Tiahuanacu, Taraco, Guacullani y Zepita, para envolver al ejército virreinal dirigido por Goyeneche, quien en ese momento controlaba ya los centros urbanos de La Paz y Oruro y se hallaba en el norte de Potosí.
Frente a la imposibilidad de controlar la sublevación indígena con los ejércitos regulares provenientes en su mayoría del sur peruano, las autoridades del monarca decidieron solicitar al virrey del Perú que «en lo posible abrevie la marcha del digno Coronel Pomacagua».
28 Abascal decidió entonces enfrentar a los grupos indígenas de ambos bandos.
El batallón de naturales del Cuzco, comandado por el cacique Mateo García Pumacahua, y las tropas de Azángaro, dirigidas por el también cacique Manuel José Choquehuanca, avanzaron hacia el sur controlando la región altiplánica rebelde, ya sea por medio de la violencia o con el ofrecimiento de un indulto general.
A pesar del debilitamiento de la sublevación general, ésta continuó varios meses más, con acciones de hostigamiento a las tropas virreinales.
No fue sino a mediados de 1812 cuando, de acuerdo a los informes enviados por Goyeneche a Abascal, el altiplano de La Paz y Oruro y los valles de Cochabamba fueron «pacificados».
Desde mediados de 1812, cuando se debilitó la sublevación indígena, hasta la aparición de los diversos grupos guerrilleros ya organizados en un sistema de guerrillas, hacia fines de 1813, se dio una etapa de repliegue de la sublevación indígena, en la que varios grupos desorganizados se dedicaron a atacar algunos pueblos y haciendas con el fin de apropiarse de los bienes y el tributo, siguiendo directrices de otros caudillos mayores.
Esta etapa puede denominarse como la de los «caudillos insurgentes».
30 Frente a una coyuntura menos favorable a una sublevación general y en un momento de fortalecimiento de la presencia de las tropas realistas, la estrategia de lucha de los indígenas insurgentes se dispersó, con el objetivo de mantener la insurrección en las áreas rurales del altiplano y los valles.
Más allá del rescate de las acciones de algunos de estos caudillos, nos centraremos en establecer la forma como se constituyeron en un puente de 28 CDEGQ, cartas 136 y 137.
29 Sobre el curso general de la guerra y las relaciones entre los diversos grupos sociales en lucha es importante trabajo de Roca, 2007, que se constituye hoy en el aporte general más importante para entender el proceso.
30 Este es el nombre que aparece en varios de los expedientes judiciales que han permitido reconstruir su historia.
ISSN: 0210-5810 insurgencia entre las etapas de la sublevación indígena y la de la conformación de las guerrillas.
En la mayoría de los casos, los caudillos insurgentes no se enfrentaron directamente a las tropas del rey que controlaban la región, sino que se dedicaron a atacar a las comunidades, sobre todo a las que se habían mantenido fieles a la corona.
Sus objetivos eran convencer de buena o mala manera a los comunarios para que los siguieran y apropiarse del tributo con el cual apoyarían económicamente a los grupos combatientes favorables a los rioplatenses, además de llenar en algunas ocasiones sus propios bolsillos.
A pesar de que las tropas indígenas de Pumacahua y Choquehuanca habían logrado desmantelar la sublevación indígena, la posición del ejército real siguió siendo difícil durante gran parte de 1812, ya que todos los caminos se hallaban «ocupados por los insurgentes».
31 A este problema se sumaba la dificultad para cobrar el tributo, que había sido oficialmente derogado por la Constitución gaditana y «por efecto de la revolución experimentada en los contribuyentes».
32 Sin embargo, en el segundo semestre, el ejército real fue fortaleciendo, controlando y «pacificando» la región, como lo explicaba el virrey Abascal: de resultas del paseo militar que las columnas del Ejército Real hicieron por las cuatro provincias del Alto Perú pertenecientes al Virreinato del Río de la Plata, han quedado y continúan aquellos naturales en la mayor tranquilidad, bendiciendo la mano bienhechora que les ha roto las cadenas con que los oprimían los disidentes de Buenos Aires.
33 No obstante el optimismo del virrey, la región estaba lejos de ser controlada, sobre todo en el área rural, debido a las acciones llevadas a cabo por estos caudillos insurgentes.
Algunos eran criollos como Centeno, Lanza o Aldunate, y otros indígenas, entre los cuales podemos citar a Blas Ari y a Jacinto Paco, casos que trataremos en los siguientes párrafos.
A inicios de 1812 apareció en la región de Oruro el caudillo indígena Blas Ari, quien se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades locales.
A lo largo de varios meses, Ari y su grupo recorrieron gran parte del partido de Paria atacando a los viajeros, obligando a las autoridades indígenas a entregar el dinero del tributo y, en otras oportunidades, recibiendo donativos en los pueblos con el objetivo de apoyar a los insurgentes.
A través del expediente de captura de algunos cómplices de Ari, se puede saber que los mismos fueron apresados en el camino de Pampa Aullagas, donde habían asaltado a algunos viajeros y les habían quitado varios bienes que fueron ocultados por la esposa de Ari, Manuela Colque, y otras mujeres.
Entre estos objetos se hallaba una carabina que pertenecía al cura de Salinas de Garci Mendoza, algunos objetos de altar del cura de Condo y «ochenta pesos de la plata que dice ser de agua ardiente que fueron de los costeños y se vendió en Pampa Ullagas».
34 Por el informe sobre su captura se ve que no se trataba únicamente de un grupo dedicado al asalto de caminos, sino de un conjunto de personas que llevaban a cabo acciones ilegales con el objetivo de apoyar a los insurgentes, ya que entre los bienes incautados se encontraron también doscientos pesos provenientes del tributo del pueblo de Pampa Aullagas y doscientos treinta pesos del donativo voluntario que los indios de Toledo habían reunido para la corona y que Ari también había saqueado.
El interés de capturar a Ari provenía asimismo de las autoridades indígenas perjudicadas, ya que les había quitado el dinero del tributo y ellos tendrían que reponerlo con sus propios bienes.
En este punto podemos percibir la conflictiva situación de los caciques, quienes se hallaban entre dos fuegos: el de la corona y el de los insurgentes; esto impedía que tomaran partido libremente, adaptándose lo mejor que podían a la fuerza hegemónica del momento.
De todo lo anterior, podemos presumir que Blas Ari organizó un grupo de insurgentes cuya función principal era recolectar dinero para mantener la sublevación en un momento en que se hallaba ya casi controlada pero se preparaba también el ingreso del segundo ejército rioplatense, por lo que la recaudación de dinero suficiente para mantener la insurgencia se hacía indispensable.
Otro fue el caso de Jacinto Paco, indígena aliado a los caudillos criollos Baltasar Cárdenas y José Miguel Lanza.
35 La imagen de estos dos caudillos aparece ligada específicamente al pueblo de Toledo en los meses de mayo y junio de 1812, cuando, de acuerdo a los testimonios presentados en un expediente ubicado en el Archivo de Poopó, aparecen implicados en un intento de insurrección indígena al momento del envío del mitayos a Potosí.
El 16 de mayo de 1812, cuando autoridades indígenas se hallaban en el pueblo de indios de Toledo organizando el despacho de los mitayos a Potosí, llegaron al pueblo los insurgentes dirigidos por los caudillos criollos Baltasar Cárdenas y José Miguel Lanza.
El alcalde mayor, Jacinto Paco, ordenó a las autoridades indígenas que diesen alojamiento a los insurrectos y que entregase cada uno cinco cargas de papa y veinticinco corderos, obligándolos a alzarse a favor de la Junta.
De acuerdo con los testimonios, los caudillos Cárdenas y Lanza se alojaron en el pueblo cuatro días, donde realizaron paseos y marchas militares, consumiendo lo que las autoridades indígenas les habían entregado.
Aparentemente, el apoyo a Cárdenas y Lanza se debía a que los caudillos habían asegurado que bajo su gobierno ya no habría mita.
36 Luego de la salida de ambos caciques de Toledo, el espíritu de insurrección permaneció en algunos indios, entre ellos Jacinto Paco, quien se fue al pueblo cercano de Andamarca, con el objetivo de levantar a la población a favor de los insurgentes, relatando que el ejército insurgente se hallaba en el pueblo de Coroma y que llegaría en cinco o seis días, lo que fue posteriormente negado, por lo que Paco tuvo que huir.
37 A partir de los casos anteriores se pueden seguir las estrategias usadas por los caudillos insurgentes en el área rural.
El pillaje, acompañado por la toma del tributo para sustentar sus acciones, como en el caso de Blas Ari, o el apoyo a los caudillos criollos, en el de Jacinto Paco, formaban parte de las estrategias para mantener la insurgencia en momentos de repliegue.
Otra estrategia fue el establecer alianzas con las autoridades indígenas locales para recibir el tributo o dar hospedaje a los insurgentes, además de organizar actos en su honor con marchas, bailes y fiestas.
Es posible que, muchas veces, este recibimiento festivo en los pueblos y comunidades fuera parecido para las tropas del rey; sin embargo, queda claro que también existían indígenas que comulgaban verdaderamente con una u otra causa, con los peligros que esta posición entrañaba cuando la coyuntura se modi-36 AJP, 1812, N. 1176.
De una forma o de otra, es importante destacar que la insurgencia no se diluyó en el área rural y que su persistencia fue importante para generar un estado de malestar para las tropas virreinales, manteniéndose un ambiente tenso que permitiría que los grupos indígenas insurgentes se volvieran a organizar para apoyar nuevamente a los ejércitos rioplatenses.
El sistema de guerrillas
A fines de 1812, el ejército realista avanzó hasta el sur de la audiencia, estableciendo su cuartel en Tupiza; no obstante, y a pesar del optimismo de sus jefes, el dominio realista del Alto Perú o Charcas no estaba consolidado.
El ejército rioplatense, que había salido del Alto Perú luego de la derrota de Guaqui, retrocedió hasta Salta, donde se rearmó bajo las órdenes de Pueyrredón y luego de Manuel Belgrano, nombrado nuevo comandante del ejército del Norte por las autoridades de Buenos Aires.
Éste inició un nuevo avance hacia el Norte y luego de controlar la región de Tucumán, derrotó al ejército realista en Salta, el 20 de febrero de 1813.
Después del triunfo porteño de Salta y la capitulación de las armas del rey, Goyeneche, que se encontraba en Potosí, retrocedió apresuradamente hasta Oruro con todo su ejército.
Esta acción provocó su renuncia, situación que generó una crisis en el ejército real.
38 Frente a esta coyuntura se fortaleció nuevamente la posición insurgente, los diversos caudillos empezaron a apoyar la llegada del nuevo ejército auxiliar y se organizaron para esperar a Belgrano.
De acuerdo con Luis Paz, el centro de este apoyo se hallaba en la provincia de Chayanta, bajo la dirección de Baltazar Cárdenas, quien tenía un fuerte ascendiente sobre los indígenas de la región.
El ejército real bajo las órdenes de su nuevo comandante, Joaquín de la Pezuela, avanzó hasta Ancacato, tambo situado en el camino Oruro-Potosí, 40 mientras que Belgrano, por su parte, avanzó también 38 AGI, Diversos, 3, 2, 8, 1813, cartas de Goyeneche al virrey Abascal.
Dice que la situación es estable y escribe lo siguiente: «Mi estado actual no me permite dar cuenta de la gravedad de los ocurrimientos, no tengo cabeza para seguir mandando...»
También relata que ha habido muchas deserciones, sobre todo de los paceños.
40 Además del cuartel general en Condocondo, Pezuela repartió su ejército en Caracollo, Sorasora, Poopó, Urmiri.
Guancané y Ancacato, controlando todos los pasos desde Chayanta.
La estrategia de éste último de rodear al ejército real fracasó produciéndose más bien el avance realista hasta Vilcapujio, donde derrotaron al ejército auxiliar.
El ejército de la patria se retiró en dos grupos, uno hacia Potosí, dirigido por Díaz Vélez, y el otro hacia Cochabamba, mandado por el mismo Belgrano.
Días después, el ejército rioplatense fue nuevamente vencido en Ayohuma, luego de que Pezuela, junto a su guerrilla indígena dirigida por Castro, reprimiera duramente a las tropas de guerrilla indígena de Cárdenas y José Miguel Lanza.
Belgrano y los restos del segundo ejército auxiliar se retiraron a Potosí y de allí pasaron a Jujuy.
Al momento de abandonar Charcas, Belgrano nombró como gobernador de Cochabamba y comandante general de las armas patriotas al coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales, mientras que hizo lo propio con Ignacio Warnes, nombrándolo comandante de Santa Cruz de la Sierra y subordinándolo en lo militar a Arenales.
Pronto se hizo insostenible la posición en Cochabamba, por lo que Arenales decidió tomar el camino hacia Vallegrande, donde aumentó sus fuerzas con la incorporación de algunos caudillos con su propia gente y armas.
Al mismo tiempo, y de acuerdo con Luis Paz, los grupos populares e indígenas de otras regiones del Alto Perú se sublevaron también en apoyo de la Patria.
Entre ellos se hallaban los indios del Chaco y los caudillos Cárdenas, Padilla y Umaña.
41 De esta manera, se creó un verdadero sistema de guerrillas que, dirigido por Álvarez de Arenales, contemplaba una relación de alianza y dependencia con los otros caudillos insurgentes de Charcas.
Durante todo el año 1814, el sistema de guerrillas puso en jaque a los ejércitos realistas dirigidos por Pezuela.
A la vanguardia del sistema, en la región sur y oriental de Charcas se hallaban los grupos guerrilleros de Padilla y Umaña, que se enfrentaron al ejército real con permanentes acciones de armas.
Detrás de esta avanzada, se encontraba el ejército guerrillero de Arenales, que marchaba constantemente entre Cochabamba, Mizque, Vallegrande, la frontera de Chuquisaca y la Cordillera chiriguana apoyando y organizando los grupos guerrilleros; finalmente, en la retaguardia se hallaba el ejército de Ignacio Warnes, que controlaba ya las tierras bajas.
En esta lucha se combinaban constantemente en ambos bandos dos tipos de grupos en armas.
Los grupos regulares, como eran los de Arenales y Warnes, por un lado, y el ejército de Pezuela, por el otro, se podían mover en un territorio donde ejercían un cierto grado de dominio y podían presentar batalla abierta; las vanguardias, por el contrario, que se insertaban en territorios dominados por los enemigos, tenían otro tipo de organización relacionado con una estrategia de guerrilla.
Esto significa que hubo grupos guerrilleros conformados en su mayoría por indígenas en ambos bandos, como fueron las tropas de Cárdenas en el lado insurgente y las de Castro en el lado realista.
Los comandantes o caudillos del bando insurgente, como fue el caso específico de Manuel Asencio Padilla, no tenían un puesto de mando concreto en el sistema de organización del ejército y el gobierno porteño; además, sus tropas no se organizaban como un ejército regular, sino con un sistema mucho más abierto y flexible, que contaba necesariamente con el apoyo indígena, lo que les permitía adentrarse en terreno enemigo, y escapar sin presentar una batalla abierta.
Fue este sistema el que adoptó con más pertinencia el nombre de guerrilla.
42 La forma de organización de un sistema de guerrillas coordinado por Arenales entre los años 1814 y 1815 puede establecerse a partir de la correspondencia que mantuvo con los otros grupos y caudillos guerrilleros que se establecieron en el territorio de Charcas.
43 Del análisis de la correspondencia se puede observar la relación que mantenía Arenales con los primeros guerrilleros de Ayopaya como Fajardo y Lira.
Igualmente, mantenía correspondencia con don Ventura Zárate, uno de los caudillos de la región de Chayanta y Potosí; sin embargo, la acción guerrillera no podía fortalecerse debido fundamentalmente a la falta de auxilio por parte del gobierno porteño (para ese momento ya el tercer ejército auxiliar comandado por Juan José Rondeau), que no enviaba armamento ni tropas para apoyar al ejército de Charcas, que había tomado como estrategia de lucha una combinación de guerra abierta con el ejército y su apoyo guerrillero, formado fundamentalmente por grupos indígenas de las áreas rurales.
Mientras el sistema de guerrillas se asentaba en la región Este y Sureste de Charcas, en el norte se organizaba otro grupo insurgente en el Cusco, que llegó posteriormente a consolidar un nuevo foco guerrillero.
La sublevación cusqueña dirigida por los hermanos Angulo y el cacique 42 De acuerdo con Asebey, manuscrito inédito, estos grupos irregulares formaban parte de las divisiones de vanguardia del ejército rioplatense.
43 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Colección General Juan Antonio Álvarez de Arenales.
Documentos: Campaña al Alto Perú, Gobernación de Cochabamba.
En esta última ciudad ingresaron en septiembre de 1814 las tropas dirigidas por Pinelo y el cura Ildefonso de la Muñecas.
Luego de tomar la urbe con el apoyo de los indígenas de Laja y otros pueblos altiplánicos, se produjo un hecho confuso y, como resultado del cual, fueron asesinados alrededor de unos 50 vecinos de la ciudad, lo que provocó el temor en el bando del rey.
Frente al triunfo de este nuevo cerco a La Paz, el ejército realista avanzó hacia esa ciudad retomando el control de la misma; como consecuencia, los insurgentes, dirigidos por el cura Muñecas, se internaron en la región de Larecaja organizando allá un nuevo foco guerrillero con la ayuda de la población indígena aymara, tacana y leco.
Este foco, dirigido desde el Cusco, mantuvo también contacto con Arenales y su sistema de guerrillas, como puede verse en la correspondencia que se mantuvo entre ambos.
A pesar del optimismo de Arenales y del apoyo popular a su causa, el sistema de guerrillas de los años 1814 y 1815, no pudo mantenerse debido sobre todo a la nueva derrota del ejército auxiliar rioplatense, esta vez bajo la dirección de Miguel Rondeau, y también a la reinstauración del sistema de antiguo régimen y el fortalecimiento del ejército del rey bajo la dirección de Pezuela.
A la larga, y luego de la muerte de Warnes y varios otros caudillos guerrilleros, Arenales tuvo que retirarse de la organización del sistema de guerrillas, dejando a cada grupo bajo la dirección de un caudillo.
De esta forma, el sistema integrado que había buscado coordinar las fuerzas de la patria se vio sobrepasado tanto por la fortaleza de los realistas como por la división y las rencillas dentro de los mismos grupos y caudillos de la patria.
Los indios y la lucha guerrillera.
A lo largo de 1816, las tropas realistas fueron cercando a los diferentes grupos guerrilleros, apresando y ejecutando a sus caudillos.
En esta etapa fueron muertos los caudillos Padilla, de la Laguna, Camargo, de Cinti, Warnes, de Santa Cruz, y Muñecas, de Larecaja.
De los grandes caudillos guerrilleros sólo quedó con vida Arenales, que tuvo que refugiarse en Salta y Lira, y como comandante de la guerrilla de Ayopaya que mantuvo activo a su grupo.
La organización bajó entonces a los grupos más pequeños en una situación que desgastaba al ejército real.
ISSN: 0210-5810 Era una lucha desesperada contra la propiedad para asaltar los ganados, y con caudillos y cabecillas que no se acabarían nunca.
En el momento que se retiraba una expedición de un lugar que creía haber dominado con apoderarse de sus ganados y talar sus campos, volvía a insurreccionarse con nuevos jefes.
El ejército real se gastaba y fatigaba en estas correrías, y las relativas ventajas que obtenía no compensaban sus sacrificios y sus pérdidas.
44 Gracias a la existencia del diario de campaña de José Santos Vargas, tambor mayor de la guerrilla de Sicasica y Ayopaya, se han podido analizar diversos aspectos sobre el accionar de este grupo armado, generándose diversas posiciones respecto a las formas de participación indígena en la misma.
Sobre este punto, Charles Arnade dice que la participación indígena fue simplemente coyuntural mediante la llamada «indiada» y, por su parte, Marie Danielle Démèlas es de la opinión que si bien hubo una participación indígena tanto individual como comunitaria, «su papel militar estaba lejos de ser eficaz, su adhesión estaba sometida a cambios de bando y su apoyo inscribía la causa patriótica de los valles en el registro de las revueltas campesinas en lugar del de los combates gloriosos de los ejércitos de liberación».
45 Frente a estas posturas, Roger Mamani, en su libro «La División de los Valles».
Estructura militar, social y étnica de la guerrilla de La Paz y Cochabamba (1814-1817), destaca más bien una compleja y amplia participación de indígenas en la lucha, tanto como miembros del ejército oficial como en la «indiada».
46 Mamani, ya en un artículo anterior «Eusebio Lira, el caudillo y el poder», que analiza la figura y las estrategias del primer comandante de la guerrilla de Ayopaya, sostiene que la mayor fuerza de Lira fue precisamente su capacidad para convocar a la población indígena de la región.
47 Al preguntarse las razones sobre la capacidad de convocatoria de Lira, argumenta Mamani que una de ellas fue el apoyo territorial, es decir, la existencia de relaciones y redes previas, sobretodo con los pueblos de Mohoza y Cavari, cercanas a donde se hallaba la hacienda familiar del caudillo.
A la muerte de Lira, de acuerdo al Diario de José Santos Vargas, gran parte de los pueblos ubicados en los valles entre La Paz y Cochabamba se hallaban bajo su mando, 44 Paz, 1919, II, 538.
ISSN: 0210-5810 Los pueblos eran, en el partido de Sicasica, en el primer pueblo de su nacimiento Mohoza, Cavari, Inquisivi, Ichoca, Yaco, Quime, Capiñata, Colquiri, Haraca; en el partido de Chulumani (que es Yungas) Suri y Sircuata; en el partido de Hayopaya eran su capital Palca, Machaca, Morochata, Charapaya, Choquecamata, Leque, Calchani y Yani.
Así con estos pueblos se sostuvo el Comandante Lira en defensa de la Patria, libertad e independencia americana del gobierno español.
48 Dos son las posiciones acerca del nivel de organización y el status del grupo descrito por José Santos Vargas; mientras que la mayoría de los autores lo tratan como un grupo casi autónomo, desorganizado y anárquico, que fue cambiando de caudillos constantemente en medio de una lucha interna por el poder, lo que ha llevado no sólo a bautizarla como republiqueta, sino que ha sido analizada inclusive como la semilla del desorden político que caracteriza a la Bolivia republicana, la posición de jóvenes investigadores como Ricardo Asebey y Roger Mamani es que la comúnmente llamada guerrilla de Ayopaya tuvo una estructura bastante más compleja denominada División de los Valles 49 y que en realidad formaba parte de la avanzada del ejército regular del Sur, dirigido desde el Río de la Plata a través de diversos caudillos, entre los que sobresale Martín Güemes.
50 Esto significa que los grupos de combatientes de Sicasica y Ayopaya estuvieron en todo momento en contacto con el ejército rioplatense y, por lo tanto, su actividad mantuvo los altibajos propios de este ejército.
Al mismo tiempo, sostienen que el uso de una estrategia de guerrilla era común a los grupos de avanzada de todos los ejércitos, más aún en espacios geográficos como los valles interandinos.
Sobre este punto dice Mamani:
No nos parece exagerado pensar que la División de los Valles estaba estructurada de tal forma que estaba pensada como una División del Ejército de Auxilio del Río de la Plata.
Este cuerpo armado actuaría bajo la táctica de la Guerra de Guerrillas...
Es decir una Guerrilla alejada del cuerpo principal pero no por esta condición dejase de ser de éste.
51 Internamente, la División de los Valles contemplaba tres grupos articulados.
49 El término de división no se limita a las grandes organizaciones, sino que puede aplicarse a pequeños contingentes que cumplieran la condición de tener a las tres armas del Ejército, es decir, la infantería, la caballería y la artillería, lo que se cumple totalmente con el caso de Ayopaya.
50 Asebey Claure, en prensa.
Sus miembros formaban parte de un ejército regular dirigido por su propia oficialidad: capitanes, tenientes, subtenientes, alférez, sargentos y cabos, además de la tropa que estaba formada tanto por criollos, como por mestizos e indios.
El segundo grupo, que podemos llamar «territorializado», estaba, a su vez, conformado por dos grupos de lucha: las milicias Cívicas, formadas por vecinos de los pueblos con sus propios comandantes, entre los que podemos citar, por ejemplo, al capitán de milicias Bernardo Gonzáles de Punata y al capitán de Cívicos Pedro Bascopé de Palca; y los combatientes indios con sus propios comandantes indios y/o comandantes de indios.
Finalmente, se hallaba la «indiada», conformada por combatientes ocasionales del lugar que apoyaban en las batallas a los otros dos grupos y se caracterizaban por no usar armas de fuego sino hondas y palos.
En resumen, se puede decir que la División de los Valles se componía de las compañías, de los grupos de Guerrilla y de la «indiada», todos articulados bajo el liderazgo de un caudillo.
Para profundizar en el tema de la participación indígena en la lucha, y siguiendo el trabajo iniciado por Mamani, tomaremos en cuenta a dos comandantes indígenas de la División de los Valles que se destacaron: don Andrés Simón y don Miguel Mamani.
Andrés Simón era un indio natural de Sicasica y tenía el título de comandante general de Indios de la Patria.
Los primeros datos que se tienen, sobre su vida son de marzo de 1812, en el contexto de la sublevación de indios y es una carta que dirige al cura de Calamarca donde le encarga reclutar a toda la gente del pueblo.
Dice en la misma actuar bajo el encargo de la Junta de Buenos Aires, cuyo presidente lo habría nombrado capitán para reclutar a la población de 16 pueblos.
Sea o no cierto su nombramiento, es un hecho que hacia 1812 Simón actuaba en el contexto de la sublevación indígena ya como caudillo con la suficiente autoridad como para encargar la recluta de miles de indígenas.
Luego del fracaso de la sublevación, Simón emigró a Salta, retornando a Charcas en mayo de 1813 con las fuerzas de Belgrano.
52 No se conoce la forma como Simón se puso en contacto con los combatientes de los valles, pero aparece ya citado en el Diario de José Santos Vargas a fines de octubre de 1814, cuando aparece en compañía de Eusebio Lira, Miguel Mamani y otros en la estancia de Huallipaya.
Esto significa que, entre mediados de 1813 y fines de 1814, es muy probable que Simón haya actuado como caudillo insurgente en el territorio de Sicasica, de don-52 Ibidem, 146.
Luego de varias acciones junto a Eusebio Lira, Andrés Simón encontró la muerte a comienzos de 1817, en momentos en que la División de los Valles se había dispersado frente a una acometida realista.
Simón se hallaba oculto cerca de Cavari y fue traicionado por su propio asistente, Manuel Mateo, indio del anexo de Sirarani.
De acuerdo con Vargas, Mateo guió a más de cien soldados del rey a la cueva donde se hallaba oculto Simón y lo invitó a salir con engaños.
Luego los soldados, «de una pedrada lo hacen caer al suelo, en donde lo cargaron, lo amarraron y lo sacan para arriba, lo llevan hacia la estancia de Sacaca donde lo matan».
53 Posteriormente, su cabeza fue expuesta en Oruro, mientras que los traidores fueron condecorados por el ejército del rey, convirtiéndose en amedallados.
El otro comandante indio que es citado permanentemente por José Santos Vargas es don Miguel Mamani.
Oriundo también de Sicasica, se trasladó posteriormente al pueblo de Palca, en los valles de Ayopaya.
Fue también uno de los emigrados de Salta y participó junto a Eusebio Lira desde octubre de 1814 con el grado de capitán de Indios a caballo.
Su accionar en la guerrilla fue muy importante ya que en muchos momentos fue el encargado de emboscar a los del rey, de infiltrarse entre el enemigo o de iniciar las batallas; también se destacó por su capacidad para escapar de sus captores, habiendo generado inclusive una especie de leyenda de inmortalidad entre los soldados de rey.
Con relación a la posición política y el compromiso de Miguel Mamani, Roger Mamani destaca la respuesta dada en el interrogatorio en una de las varias ocasiones en que fue capturado.
De acuerdo con el Diario de José Santos Vargas, al preguntársele si conocía las razones de su apresamiento, Miguel Mamani contestó:... que sabe la causa de su prisión, que es porque había querido romper las cadenas con que lo habían ligado y por querer salir libre del gobierno español por ser un gobierno tiránico e intruso; que se llama Miguel Mamani, de pecho patriota fino; que es de la doctrina de Sicasica en las Américas.
54 El discurso, a pesar del grado de invención y traducción que podría haber puesto Vargas, muestra con claridad que muchos indígenas que lucharon en Ayopaya tenían una idea clara de los motivos que los llevaban 53 Vargas, 132, citado por Mamani, 210, 147.
De acuerdo con Démèlas, el relato de Vargas sobre la muerte de Simón no coincide con la realidad, ya que éste fue ejecutado en Oruro después de un juicio.
En este caso se percibe nuevamente la visión sobre el gobierno tiránico e intruso que se daba ya en el discurso de los cochabambinos en 1810, profundizado con la permanencia de Mamani en el ejército de Salta, y también la percepción de una adscripción a la patria chica, Sicasica, y a la patria grande, América.
Miguel Mamani murió el 20 de junio de 1820 en circunstancias casi novelescas.
De acuerdo al relato de Vargas, Mamani se hallaba bebiendo en el pueblo de Morochata cuando llegaron las tropas del rey.
El propietario de la casa donde bebía, al verlo demasiado borracho para escapar, lo escondió en un cántaro de chicha; sin embargo, cuando Mamani escuchó a los soldados, se habría levantado «vivando a la Patria y hablando incendios contra el Rey y sus jefes».
Al ser reconocido, el jefe de los soldados ordenó que lo mataran antes de que «se vuelva perro o caballo o piedra, que así había escapado muchas veces».
55 Los dos casos anteriores son sólo una muestra de las formas de participación indígena en la llamada División de los Valles, que muestran que la idea de que los indios constituyeron únicamente una masa informe que apoyaba circunstancialmente a la guerrilla es falsa y que, más bien, lo que existió fue una acción coordinada y un sistema de alianzas basado tanto en la pertenencia territorial -pueblos enteros que se plegaban a la lucha-, como en una organización estable de carácter militar donde la única diferencia fue el apellido o el uso del Don antes del nombre, 56 y en algunos momentos las estrategias y el uso de las armas.
Podemos decir, entonces, que en el caso de la guerrilla de Ayopaya, la propuesta de 1809 de la alianza entre «indios verdaderos» e «indios de pellejo blanco» para una lucha conjunta contra las autoridades «impías» se mantenía en la práctica.
El tributo, otras exacciones y la fractura del pacto colonial
No podemos negar que la participación indígena en la lucha guerrillera en la región de Sicasica y Ayopaya fue a partir de 1817 una excepción, ya que gran parte del territorio de Charcas cayó desde ese año bajo el domi-55 Vargas, 286, citado por Mamani, 2010, 150.
56 El uso del término don, utilizado generalmente para los habitantes criollos como un símbolo de distinción, fue posteriormente ampliado para reconocer a las personas de prestigio, más allá de su origen étnico.
Es por ello importante distinguir a los indios del común que carecían de esta distinción de los que, por sus acciones o, a veces, por ser ilustrados, podían llevar el don delante de su nombre.
ISSN: 0210-5810 nio casi absoluto del ejército realista; no se presentarían nuevos avances desde el Río de la Plata y la única incursión patriota se dio en 1823 a La Paz y Oruro desde los puertos intermedios del Pacífico.
La posición indígena, entonces, con la excepción de las regiones ya citadas, se limitó a cumplir sus obligaciones como leales vasallos y a tratar de impedir mayores abusos por parte de los ejércitos del rey y de las autoridades subalternas, buscando negociar con las autoridades civiles y militares para mantener el pacto que les permitiera mantener sus tierras y autoridades.
57 Luego del retorno del antiguo régimen y el desconocimiento de los principios constitucionales de Cádiz, la corona empezó a exigir nuevamente el pago de la contribución a todos los pueblos y doctrinas indígenas, sin tener en consideración el impacto que la guerra había provocado en las mismas.
Los caciques cobradores se vieron entonces entre la cruz y la espada; por un lado debían cumplir con las exigencias de la monarquía y por el otro lado eran conscientes de que era imposible hacerlo en esas circunstancias.
Para poder salir de esta situación, buscaron establecer una nueva negociación con las autoridades realistas que controlaban la región de Charcas, argumentando su fidelidad y recordando a las autoridades todos los trabajos que habían realizado a favor del rey y su ejército y ocultando, como era lógico si en alguna ocasión habían apoyado a los insurgentes.
Por ejemplo, en un caso producido en Quillacas, en Oruro, el cacique De la Rocha Chaquetijlla solicitó a las autoridades que se eximiera a su ayllu del pago del tributo al haber sido fieles en todo momento.
Que en medio de las convulsiones que han afligido aquella doctrina con el tránsito y aún residencia en ella de diversos grupos de insurgentes acaudillados por distintas cabecillas, la comunidad de indios de mi cargo se ha conservado fiel a su legítimo soberano, no se ha complicado con aquellos rebeldes, ha huido y despreciado sus sugestiones, al mismo tiempo ha acudido al socorro del Real Ejército del mando de Vuestra Excelencia con víveres, bestias de carga, y aún con sus propias personas para el transporte de cañones y pertrechos a los campos de batalla, según todo es constante a V.E. 58 Explicaba también que, como consecuencia de su fidelidad -no podemos deducir si esta era cierta o no-, habían sido víctimas de los abusos de los insurgentes y que su comunidad se hallaba en la indigencia, por lo que les era imposible cumplir con el pago del tributo.
La respuesta de las autoridades en ese momento fue positiva, al aceptar la condonación.
Sin embargo, poco después, el ejército del rey vio que era imposible mantener la guerra sin el pago del tributo, por lo que el mismo Pezuela ordenó que se levantase una nueva revisita y matrícula de naturales, «con la necesidad de arreglar el ramo de tributos tan interesante para la Real Hacienda».
59 La nueva matrícula permitió reforzar la presión que se ejercía sobre las autoridades menores para el pago de la contribución, conformándose en la práctica una cadena que iba desde el jefe político y militar, continuaba por la caja real, pasaba por los subdelegados y concluía en las autoridades de las comunidades, ya fuera el cacique o el jilacata cobrador.
Las autoridades indígenas empezaron a recibir conminatorias para cancelar puntualmente el monto de la contribución, dejando de lado cualquier consideración a las limitaciones y dificultades de su cumplimiento.
De esta manera, obligaban a los caciques a comprometerse en el pago puntual del mismo como una condición para mantener su cargo o para evitar el embargo de sus bienes.
60 Frente a esta presión, las autoridades indias continuaron pagando la contribución aunque los problemas para lograr recaudar el entero se hacían cada vez mayores.
Si bien se ha propuesto más arriba que el pago del tributo se constituyó en una de las bases del pacto de reciprocidad por el cual el Estado garantizaba la propiedad de la tierra, la presión fiscal por parte de las autoridades realistas rompía el equilibrio que se esperaba en un pacto.
Los pueblos indios y sus autoridades esperaban que, en compensación por su fidelidad, demostrada con acciones como la carga de avíos y cañones, la recepción de los ejércitos y otros servicios, las autoridades fueran comprensivas con relación al pago del tributo, dadas las condiciones de excepción que se vivía, lo que no se producía.
La ceguera de las autoridades locales acerca del descontento que provocaba el cobro del tributo en estas circunstancias y la sensación de 59 Ibidem, 320.
60 Así, por ejemplo, el cacique de Sicaya, Mariano Gaviño, envió la siguiente nota al subdelegado de Paria: «Digo yo Mariano Gaviño, cacique gobernador del pueblo de Sicaya que me comprometo a entregar a los Señores Ministros de Real hacienda de la Villa de Oruro los cuatrocientos cuarenta pesos que se contienen en la precedente libranza girada contra mi por el señor subdelegado del partido de Paria Don Francisco Manuel Caviedes señalando para su satisfacción el termino de mes y medio, y obligándome a su cumplimiento en toda forma de derecho...»
ISSN: 0210-5810 injusticia que conllevaba para las autoridades indígenas y los indios del común fueron, a nuestro entender, algunas de las causas más importantes para el resquebrajamiento progresivo de la fidelidad a la corona.
En Challapata, en 1823, se produjo un conflicto que muestra precisamente esta situación.
Los segundas cobradores, que no habían podido cumplir el entero de la contribución de ese año, solicitaron respetuosamente a las autoridades que tuvieran consideración debido a que el incumplimiento se producía por haber sido obligados a entregar el dinero del tributo al subdelegado de la Patria, don Martín Álvarez, quien los había amenazado de muerte si no lo hacían; esto había ocurrido en el tiempo en que Agustín Gamarra había llegado a Oruro y el ejército realista se había retirado hacia Potosí.
61 Explicaban que 6000 bayonetas «gravitaban sobre sus cabezas» para obligarlos a entregar el tributo del tercio de San Juan.
Los segundas del cacique consideraban que, puesto que los indios de Challapata siempre habían sido fieles a la corona y que en esta oportunidad habían tenido que entregar el tributo porque habían sido obligados, no era justo que tuvieran que reponer o devolver el monto faltante.
Los segundas se preguntaban «¿Cuál es pues nuestro delito?», solicitando que se tomase en cuenta las excepciones para el cobro del tributo que establecía la Ordenanza de Intendentes para casos de guerra, peste y hambre.
En respuesta a este pedido, las autoridades locales determinaron que la decisión final debía tomarla el mismo virrey del Perú, que para ese momento se hallaba ya en el Cuzco, y que «hipotequen sus bienes para pagar en el caso que el virrey ordene la reposición».
62 Si bien no se tiene en el expediente la decisión final de la máxima autoridad, el documento manifiesta el surgimiento de una nueva sensación por parte de los indígenas: la de la injusticia de la corona y, por lo tanto, la del no cumplimiento del pacto, explicitada quizás por primera vez en 1823 en un documento público.
Además del pago del tributo, otras obligaciones como el envío a la mita, el pago de diversos impuestos voluntarios y forzosos, el mantenimiento para el ejército con víveres y bestias, el traslado de cañones de un campamento a otro, el cumplimiento de otros servicios como el de postillonaje y la leva o recluta forzosa fueron otros motivos por los cuales el partido del rey fue perdiendo el apoyo indígena en Charcas, de tal manera que, cuando en 1825 llegaron los ejércitos libertadores, no existiera práctica-61 Este hecho se produjo en 1823 durante la llamada Campaña de Intermedios.
No ocurrió entonces en el territorio de la audiencia de Charcas la persistencia de grupos indígenas que siguieron apoyando al monarca en la etapa final del proceso de la guerra de independencia, tal como se dio con los iquichanos, estudiados por Cecilia Méndez para el Perú, o los indios de Pasto, analizados por Jairo Gutiérrez para Colombia.
63 Es muy posible que, para el caso de Charcas, los soldados indígenas que luchaban en el bando realista de Pedro Antonio de Olañeta en 1825, hayan retornado luego de la derrota de Tumusla en abril de 1825 a sus comunidades de origen ocultando su participación en el lado perdedor.
Los documentos de archivo de los primeros años republicanos no dan noticias de la existencia de grupos indígenas que buscaran mantener el pacto con la corona y, más bien, se ve que las comunidades sí buscaron establecer pactos semejantes con el nuevo Estado republicano, como se deduce, por ejemplo, del caso de las comunidades de Poopó y su líder Simón López, quien fue hasta Chuquisaca en 1826 para evitar que se impusiera un catastro y un sistema tributario general, prefiriendo seguir pagando el tributo de carácter colonial.
64 Como epílogo a este trabajo es importante señalar que, a pesar del optimismo de muchos pueblos indígenas por establecer un nuevo pacto con el naciente Estado boliviano en una situación de equidad y justicia, la ideología del liberalismo y el discurso sobre la necesidad de contar con ciudadanos ilustrados, dejó fuera del manejo de la cosa pública a muchos de estos combatientes que no fueron reconocidos como ciudadanos plenos en la primera Constitución Boliviana de 1826. |
emergen como los líderes de las guerrillas plebeyas que obligaron al retroceso de las fuerzas revolucionarias desde Concepción hacia la capital, junto con centenares de sujetos anónimos que, bajo el disfraz de asaltantes, ladrones y bandidos, asolaron villas y estancias.
Se plantea que los grupos subalternos sacaron ventaja del vacío de poder que generó la Revolución, para levantarse en armas y, de esa manera, resistieron la instalación de un régimen político monopolizado por los criollos.
El relato constituye una visión revisionista de la historiografía de la época, elaborada en torno a las hazañas de la elite y del Estado.
«Fusile U. a todo malvado; destrúyase de una vez esta feroz especie indigna de cuantas sustenta la Madre Patria, y continúe usted llenándose de gloria».
2 Estas palabras, escritas en 1817 por el general Bernardo O'Higgins, no se referían al castigo que debía darse a los soldados del rey.
Su objetivo eran los 'bandidos y malhechores' que componían las montoneras plebeyas que afloraron en el reino durante los años de vacío político que dejó la Revolución de 1810.
Monarquistas y mapuches han sido descritos como la gran muralla humana contra la cual chocaron los republicanos en el sur de Chile; 3 lo que no se ha mencionado con igual fuerza son las guerrillas populares que, siguiendo su propio derrotero, se levantaron contra las autoridades y asolaron Chile central.
«La calamitosa situación de estos pueblos», escribió O'Higgins después de la victoria de Chacabuco en febrero de 1817, «con el desenfreno de estos bandidos que uniéndose a las cuadrillas y a la sombra de las alteraciones políticas, atacan la seguridad individual y pública, instan por un castigo pronto y ejemplar».
4 El saldo que cosecharon los regimientos patriotas después de Chacabuco no fue el aplauso de la plebe ni la tranquilidad con que soñaban sus líderes; por el contrario, la guerra dejó al país al borde de una rebelión social.
La Independencia en Chile fue más compleja que lo planteado hasta aquí por el relato historiográfico.
5 La revolución debió lidiar, en una primera fase, con la oposición regional centrada en Concepción y con las luchas internas que desgastaron su liderazgo.
6 Pero también se enfrentó a la apatía de la plebe urbana y a la fuga del peonaje rural de las partidas de reclutas.
Posteriormente, experimentó la masiva deserción de los grupos populares de los regimientos de la Patria.
7 Desde la instalación de la Primera Junta Nacional de Gobierno en septiembre de 1810, Chile presenció un enfrentamiento que tenía las características de una guerra civil más que de una genuina revolución.
En 1814, se marcó el inicio de una segunda fase con el desembarco de tropas provenientes del Perú que, engrosadas por contingentes sureños, se desplazaron hacia Santiago, donde entraron victoriosas a comienzos de octubre.
8 Tres años duró el periodo de Restauración monárquica.
Después de febrero de 1817, el escenario militar fue tomado por tres fuerzas beligerantes: el ejército patriota, el ejército monarquista y el 'ejército' plebeyo.
Este último estaba constituido por un conglomerado de desertores, bandidos y criminales quienes, uniendo sus fuerzas, sus experiencias militares y los armamentos que poseían, acosaron a los regimientos regulares, asolaron las aldeas y sembraron el terror en Chile central.
9 La hipótesis de este trabajo plantea que la revolución en Chile no fue solamente un movimiento aristocrático que aspiraba a la Independencia de España y del virreinato, sino que tuvo su contrapartida en la erupción de un movimiento social popular que resistió, con las armas en las manos, la instalación del régimen republicano.
10 Para desarrollar esta hipótesis se propone reconocer el protagonismo que tuvieron las fuerzas plebeyas en la evolución de la gesta independista durante la primera década revolucionaria.
El punto de partida de este trabajo gira en torno a varias interrogantes.
¿Qué sucedió con los desertores que abandonaron los regimientos 'patriotas' y realistas durante la guerra?
¿Volvieron a sus labores agrícolas o más bien se transformaron en bandidos armados?
¿De que manera la experiencia ganada en los campos de batalla les sirvió para organizarse?
Si una parte de los desertores se tornó en guerrilleros, ¿Cuáles fueron los procesos que gestaron su transformación?
¿De qué manera influyó sobre ellos la tradición de vagabundaje, ociosidad e insumisión de sus antepasados?
En este artículo confluyen diversas corrientes historiográficas centradas en el estudio de lo 'popular'.
Respecto del marco teórico se tiene presente una doble subalternidad, en tanto que los sectores populares de Chile central estaban subordinados a quienes se sentían sometidos por el imperio hispano.
En este trabajo se intenta ir más allá del relato patricio para rescatar esas voces subalternas, menos audibles, que han quedado silenciadas.
11 Tarea nada fácil de cumplir pues los registros disponibles son insuficientes; meros fragmentos que deben ser hilvanados con paciencia, traspasando el filtro de la dominación.
Lo cierto es que la historia de la plebe chilena se sitúa en un horizonte omitido por el relato republicano y que se funde con lo pintoresco y lo parroquial.
Este trabajo recoge esas palpitaciones, pero también se escribe desde la perspectiva que proporciona el concepto de 8 Guerrero, 2002.
ISSN: 0210-5810 'economía moral', en la medida que los 'guerrilleros populares' reflejaron un clamor de justicia de índole más general 12.
Desde la microhistoria, se enfoca la mirada sobre aquellos incidentes que urdieron la guerra y se subraya el rol de los sujetos, procurando demostrar que lo 'popular' existió más allá del 'gesto' que le suprimió.
13 Se trata de fijar la mirada en esa vasta masa de piel obscura que conformaban «las clases inferiores del pueblo de Chile».
14 Sujetos que no sólo fueron despojados de su historia sino también de su memoria.
Sin perder de vista el movimiento global de la Independencia, se propone llevar a cabo un enfoque particular de la resistencia militar de los grupos populares y resaltar su impacto en la gestación de la República.
15 También se intenta replantear, críticamente, el relato hasta aquí desarrollado por la historiografía oficial.
«Necesitamos poner al descubierto la historia de la 'gente sin historia'».
16 Antes de proseguir es necesario señalar que el patrón que asumió la guerra de la Independencia en Chile no se distinguió totalmente del cariz que adquirió el conflicto en otras partes del continente.
John Lynch identificó, en la década de 1970, tanto la naturaleza aristocrática del movimiento emancipador como el peligro de una guerra social, producto de la presión que ejercían las castas, indios y mestizos.
17 Pero poco podía hacerse cuando la guerra creó los vacíos de poder que permitieron el afloramiento de viejas disputas étnicas, fraccionales y sociales.
18 Por ese motivo, la simple traducción de la Independencia como una guerra nacional que dividió a los españoles de los americanos luce ahora como una simplificación ingenua que ha sido superada; actualmente se habla de movimientos sociales paralelos, marginales o subalternos, que desde diferentes rincones asediaron el proyecto republicano.
«El título de mi libro», escribió Eric Van Young, «tiene como fuente de inspiración esa intrahistoria: la 'otra' rebelión (con todas las connotaciones contemporáneas del término) distinta de la historia 'oficial'...».
Se puede decir que queda pendiente la tarea de explorar las diversas dimensiones del alzamiento de la plebe armada, pero lo importante era iniciar el relato de esa 'otra rebelión' en el confín del Mundo.
Los grupos subalternos y la Revolución Autonomista
El saldo cosechado por las masas latinoamericanas después de la Emancipación fue bastante magro.
20 En Chile, los beneficios para el populacho fueron casi inexistentes.
No podía ser de otra manera, especialmente si se tiene en cuenta que uno de los principales enemigos de la naciente República fue la plebe.
Décadas de vagabundaje, cuatrerismo y bandolerismo en Chile central permitieron a la elite elaborar una imagen negativa del populacho que, además, era visto como la principal amenaza contra el orden social.
21 La ola de criminalidad y los desordenes registrados durante los preámbulos de 1810, corroboraron esa percepción.
22 Globalmente, como lo señalaron algunos autores de la época, la plebe se asemejaba a una peste que convenía extirpar.
De acuerdo a Manuel de Salas, los sectores populares vivían en «la pobreza extrema, la despoblación asombrosa, los vicios, la prostitución, la ignorancia y todos los males que son efecto necesario del abandono de tres siglos».
23 Estas expresiones no fueron aisladas.
Incluso los miembros de la Junta Revolucionaria dejaron estampadas sus versiones negativas de la plebe: «Os halláis sin industria y sin ocupaciones para subsistir; por esto no podéis ser unos hombres libres, pero vagos».
Por el contrario, la apatía de la plebe, su continua evasión del reclutamiento y la deserción masiva, demostraron que los sectores populares no hicieron suyo el ideario republicano.
Si algo cambió, fue el modo de operar de los 'capitanes de la plebe', título con que se conocía a los líderes populares, quienes mostraron una creciente osadía en sus acciones.
ISSN: 0210-5810 ten salteos, robos, asesinatos y otros excesos, que atacan inmediatamente la seguridad individual, y perturban la quietud...».
25 La movilización de las autoridades para castigar a los criminales no logró contener los brotes de bandolerismo.
«Lo que únicamente abunda», escribió José Miguel Carrera a O'Higgins, en noviembre de ese año, «son partidas de ladrones que impunemente saquean las casas de algunos vecinos indefensos».
26 En esos años de incertidumbre, el peonaje gavillero se convirtió en amo del mundo rural en medio de los estertores de una patria monárquica que moría y la tenue luz del amanecer republicano.
Finalmente, a fines de 1813, la plebe hizo su aparición en los campos de batalla.
«Los que caían en manos de los huasos eran degollados...», escribió Carrera al describir la precipitada retirada de sus tropas desde el sitio de Chillán.
27 Asimismo, la guerra civil forzó el desplazamiento de gruesos contingentes de pobres, en tanto que otros se hicieron bandidos para sobrevivir.
28 Mientras eso ocurría en las campiñas, la plebe urbana no permaneció inactiva; aprovechando que las autoridades tenían puesta su atención en los campos de Marte, los habitantes de los arrabales hicieron sentir su presencia en los recintos poblados.
"La multiplicación de robos y salteos llama toda la atención del gobierno por la seguridad individual de los ciudadanos", observaba Hilarión de la Quintana a mediados de junio de 1817, "se observa con dolor que las penas comunes no bastan á contener este crimen precursor de otros delitos mas atroces.
Por tanto se declara, que todo el que robase de quatro pesos para arriba, será pasado por las armas, y el ladrón de menos cantidad sufrirá doscientos azotes y seis años de trabajo en las obras públicas".
29 El populacho demostraba su indiferencia hacia los bandos que se disputaban el poder en Chile, pero al mismo tiempo tomaba ventaja de la anarquía creada por la guerra para revitalizar su tradición de bandidaje.
Tampoco cambiaron las cosas cuando, a mediados de 1816, el gobierno Restaurador se preparó para impedir la invasión de los regimientos de San Martín y O'Higgins provenientes de Cuyo.
En ese momento reemergieron los plebeyos armados.
Así se desprende de las instrucciones que envió el gobernador Marcó del Pont a Joaquín Magallar:
El Cabildo y vecindario de San Fernando ha solicitado vuelva usted a la comandancia de aquel partido por necesitar de su celo y actividad para la persecución y exterminio de salteadores y ladrones... como los partidos de Curicó y Maule padecen el mismo daño y los facinerosos se fugan de unos a otros, extenderá usted a todos sus providencias.
30 Las instrucciones de Marcó reflejaron un grado de alarma que no correspondía a la magnitud del peligro; sus disposiciones incluían el desplazamiento de una compañía de Dragones «para tomar los caminos y guaridas donde pueda lograrse la captura de esos delincuentes».
Si bien no se especificó el número de los alzados, el mismo Marcó señaló que se han acuadrillado crecido número de facinerosos y conspiradores armados, abrigados en las cordilleras de Colchagua hasta Maule, de donde hacen sus incursiones y salteos con la mayor insolencia a los caminantes y poblados de esos partidos y se sabe por declaraciones de otros que se halla reunido a ellos uno de los famosos insurgentes de esta capital, hijo de don Carlos Rodríguez, prófugo, enviado de Mendoza por el gobernador San Martín para revolucionar y confederar a sus intentos a esas gentes.
31 La mención de Manuel Rodríguez como jefe de las montoneras dio inicio a un mito de larga duración que concibió sus acciones como una genuina «insurrección social».
32 La comunicación del gobernador también apuntó hacia un nuevo elemento que el relato histórico no tuvo en cuenta: la potencial alianza entre patriotas, montoneros populares y araucanos.33 «Sobre todo tome las mayores precauciones para que Rodríguez, ni su coligados, no se introduzcan en las reducciones, señaladamente en comunicación con el indio Venancio u otros díscolos de los Butalmapus».
34 Tanto el gobernador como sus asesores comenzaron a ver en cada chileno un enemigo.
A comienzos de noviembre de 1816, alarmado por los rumores que llegaron a la capital de que los montoneros se habían tomado «a viva fuer-za» la hacienda de Cumpeo, Marcó consagró la imagen de los guerrilleros.
«Todos aquellos que sabiendo el paradero de los expresados José Miguel Neira, don José Manuel Rodríguez y demás de su comitiva no dieren pronto aviso a las justicias más inmediatas, sufrirán también la pena de muer-te...».
35 Este Bando, más que ninguna acción de Rodríguez, le otorgó un lugar entre los próceres republicanos.
La recompensa de mil pesos que se ofreció por su cabeza y el indulto a quienes le capturaran «de cualquier delito que hayan cometido, aunque sean los más atroces», terminó por reafirmar la aparente peligrosidad del guerrillero.
36 Según Barros Arana, la persecución envalentonó a Neira y sus seguidores, quien «siguió operando animosamente en aquella región, mientras Rodríguez iba a preparar empresas más audaces todavía en las mismas cercanías de Santiago».
Rodríguez y algunos peones asaltaron la aldea de Melipilla.
Allí, como parece haber sido habitual, los guerrilleros se olvidaron de la guerra.
«Los montoneros pasaron todo el día en fiesta y diversión, sin entregarse, sin embargo, a los actos de violencia que era natural esperar de tales circunstancias».
37 Para quienes seguían de cerca la situación, el país daba la apariencia de estar invadido por centenares de montoneros republicanos, a pesar que las operaciones guerrilleras fueron de escasa magnitud y sin mayor trascendencia bélica.
Frente al peligro que representaban Rodríguez y Neira, que era más imaginario que real, se impuso la pena de muerte, los oculten.
A más, sus casas se incendiarán, y hasta su memoria se borrará.
Castíguese de un modo que la ejecución escarmiente, y no viva quien es infiel a su Rey y a la causa que se sostiene... óigase el cuchillo donde la paz no se escuchó, y queden por su infamia en las sombras del delito, así los secuaces de él como los auxiliares y protectores.
39 Demostrando una tremenda incapacidad política, Marcó puso al populacho en su contra.
Su gobierno sería recordado como la gestión de un hombre déspota, amanerado y aristocrático; la suerte de Neira fue igualmente infausta.
Mientras el ejército patriota enfrentó a los monarquistas en Chacabuco, Neira desplazó a sus hombres hacia Talca, a la espera del contingente que Ramón Freire debía introducir en Chile central.
Freire, interesado en restablecer el orden después de la derrota de los monarquistas, dictó un decreto que condenaba a muerte a los ladrones.
Uno o dos días después Neira fue sorprendido in fraganti en un atentado de esta clase.
Había asaltado la casa de unas pobres mujeres en los suburbios de la ciudad, estropeado a éstas y robádose los pocos objetos de algún valor que poseían.
Sometido inmediatamente a un consejo de guerra, y condenado a muerte, Neira fue fusilado en la madrugada del día siguiente en castigo de sus faltas y para escarmiento de aquéllos de sus compañeros que, persistiendo en sus hábitos de robo y salteo, no querían someterse a ninguna disciplina.40
Las montoneras populares: hombres «sin Dios ni Ley»
Neira, el único montonero popular que ayudó a los republicanos, tuvo un fin trágico.
41 «Neira fue el terror de los tiranos», escribió años más tarde el redactor de El Valdiviano Federal, dejando ver la notoriedad que adquirió el bandido durante su corta campaña militar.
42 ¿Era ése el pago que se merecían quienes desafiaron a los monarquistas?; ¿Cuántos capitanes de la plebe temieron recibir el mismo castigo?
No se puede dar respuestas a estas interrogantes con las fuentes disponibles, pero es evidente que con la ejecución de Neira, la creación de nuevas reclutas, los toques de queda y las restricciones al tránsito de las personas, el gobierno republicano notificó a los 'bandidos y criminales' que, salvo que se sometieran a sus órde-nes, no tendrían lugar en la nueva Patria.
43 En ese contexto, se puede entender la reacción de rechazo de algunos cuadrilleros hacia la República, lo que significó, indirectamente, que engrosaran el número de aquellos que combatían contra el nuevo sistema.
«Estos jamás pueden prescindir del paisanaje», observó el cabildo de San Fernando cuando apenas comenzaba la nueva guerra, «[es única] la amistad que mutuamente se profesan».
44 En contraste, los monarquistas entendieron bien el rol que podían jugar los plebeyos en la realización de sus planes; encabezados por el coronel José Ordóñez, desde su baluarte en Talcahuano, su principal preocupación consistió en ganarse la adhesión de los jefes populares.
Ordoñez dirigió a Zapata una carta en que reclamaba los servicios de éste "a la causa de Dios y del Rey", escribió Barros Arana al describir el reclutamiento del montonero José María Zapata, "y encargaba que en nombre de ella llamase a la gente a tomar las armas contra los patriotas.
Esa carta circuló de mano en mano entre los rudos e ignorantes campesinos de aquellos lugares, los cuales, sin comprender de lo que se trataba, y en su mayor parte sin poder leer lo que en ella se contenía, corrieron a enrolarse en las guerrillas para defender, decían, la religión amenazada por los herejes".
45 Desde el momento en que los realistas establecieron contactos con los montoneros, comenzó una ardua etapa política y militar para los líderes republicanos.
A la hostilidad que les presentó Concepción, se agregó la sombra de la plebe que, aprovechando las flaquezas de los ejércitos y el desgobierno que creaba la guerra, irrumpía sobre el escenario con su propia carga de latrocinios y asesinatos.
«Nada», señaló Barros Arana, «había podido desarraigar los antiguos hábitos de violencia, de depredación y de rapiña, que habían caracterizado a los plebeyos.
46 Los cabildos locales se encontraron una vez más ante la delicada tarea de preservar el orden y someter a la plebe.
«Nos vemos rodeados de enemigos domésticos e inte-riores...», señalaron los ediles del cabildo de San Fernando, reflejando el sentir de otras localidades.
47 La irrupción de bandas de malhechores demostraba que se producía un reagrupamiento de las fuerzas anti republicanas y 43 Pinto y Valdivia, 2009, 101.
Comenzaba en esos momentos una nueva era, dominada por la violencia de los grupos subalternos.
Frente a esta situación, el gobierno se manifestó con rigor.
«He visto la causa iniciada contra José Farfán y otros», escribió O'Higgins, «sus crímenes horrorizan.
Cauterio prontísimo exige este cáncer.
Sé por los principales vecinos de esta villa que le han envuelto en horrores y amagan con la desolación al vecindario».
48 Si bien era de temer que la reacción autoritaria alentara el rechazo popular, el gobierno endureció aún más su posición frente al peonaje.
«Apruebo el castigo de azotes y no se canse de perseguir y castigar hasta con la muerte a los malvados, sólo el rigorismo [sic] puede inducir al escarmiento y atraer la serenidad a esos pueblos».
49 ¿Por qué debían los plebeyos respetar al nuevo gobierno y sumarse a su bando?
Esta pregunta no se la hicieron los patriotas, quienes dieron por natural la adhesión del populacho a su causa.
Su visión, sin embargo, estaba totalmente errada pues ignoraron el efecto que tendría el colapso de la gobernabilidad en el ánimo de los más audaces jefes de la plebe.
Hasta allí, su prontuario incluía asaltos, robos y asesinatos, fugas de las milicias, diezmos impagados, concubinatos y repetidas trasgresiones contra los mandatos eclesiásticos.
50 Ese había sido su habitual modo de vida, ¿por qué habrían de cambiarlo?
Si se intenta explicar el giro de la plebe, de la apatía inicial a la militancia activa contra el régimen, probablemente uno de sus principales factores fue la represión que desataron los republicanos contra los sujetos más insumisos.
No hay datos que permitan reconstruir una estadística de esta represión, pero el tono de la correspondencia oficial refleja una mentalidad autoritaria poco dispuesta a tolerar la criminalidad doméstica.
«Vigile Us. sobre ellos con actividad», escribió O'Higgins al teniente gobernador de Talca, «y no cese de castigar y despachar a todos los malvados».
51 Frente a un gobierno dispuesto a encarcelar o matar a los 'bandidos', fue solamente una cuestión de tiempo para que los plebeyos se alzaran e, indirectamente, favorecieran la causa monárquica.
Siguiendo la secuencia de eventos, se descubre que las primeras incursiones de bandas de plebeyos fueron fechadas por las autoridades a fines de mayo de 1817, coincidiendo con la introducción de las primeras medidas represivas.
ISSN: 0210-5810 nador de San Fernando escribió a O'Higgins: «A Vuestra Excelencia le es constante el inminente riesgo en que se halla este pueblo por los muchos salteadores que se han levantado, y que a pesar de mi exigencia, con la que he conseguido la captura de algunos de ellos, no faltan otros que subroguen esta mala semilla...».
52 Gradualmente, un contingente importante de plebeyos armados se sumaba a la guerra.
Esta acción fue vista por los historiadores como una operación incentivada por los comandantes monarquistas y no como una expresión realmente popular.
53 Sin entrar en controversias, lo importante es señalar que la guerra se extendió hacia la población civil, forzando a tomar partido a quienes hasta allí solamente observaron los enfrentamientos con indiferencia o frialdad.
Los monarquistas refugiados en Talcahuano requerían contar con el apoyo popular para combatir con éxito al gobierno central.
La tarea de los labradores y peones no sólo consistía en facilitar caballos, ganados y alimentos para sostener la resistencia, sino también en ser cómplices de aquellos que operaban en la campiña.
Baqueanos, troperos y pastores, eran cruciales para que las guerrillas lograran sus objetivos.
En ese contexto, durante los meses de julio y agosto, comenzaron las operaciones terrestres simultáneas de realistas y montoneros en Chile central.
O'Higgins, que tenía sitiado Talcahuano, no se percató que el principal peligro afloraba a sus espaldas bajo la forma de un doble alzamiento: la rebelión armada del peonaje y el desplazamiento de las guerrillas monárquicas hacia su retaguardia.
Ambas fuerzas actuaron descoordinadas, pero el desembarco de oficiales realistas en la costa de Maule e Itata facilitó la configuración de un peligroso frente militar que debilitó el esfuerzo gubernamental para terminar con la guerra interna.
Las primeras arremetidas de montoneros y monarquistas en Chile central
Los jefes monárquicos aprovecharon las acciones militares de líderes plebeyos carismáticos para poner en jaque al poder republicano.
A fines de julio, circularon las primeras noticias anunciando que una columna guerrillera devastaba los campos en la región de Maule.
ISSN: 0210-5810 escribió De la Cruz, «hoy se me ha pedido auxilio de San Carlos, el Parral, y Linares para defenderse y perseguir a una cuadrilla de sesenta hombres acuadrillados al mando de aquel Cruz Palma, que con diez fusileros talan e inquietan aquellos campos...».
54 A la cabeza de la montonera emergía Cipriano Palma, «con 100 dragones y otros tantos indios bárbaros».
La montonera no era mas que eso, una suma de fuerzas irregulares e informales que se unían con el propósito de depredar.
Ese mismo día, desde Chillán, el comandante patriota Pedro Arriagada informó:
Las partidas enemigas se aumentan cada día mas: en este partido, el de San Carlos y parte del de Ytata están enteramente sublevados.
En Cucha Cucha hay un guerrilla de 15 fusileros; según tenemos noticia han atacado en Ninhue a Don Xavier Solar que venía de Quirihue con 8 fusileros á reunirse con el Teniente Gobernador de San Carlos cuyo resultado ignoramos.
En las montañas de Semita y de Cato anda otra partida de cinco fusileros y alguna milicia comandada por Mariano Alarcón y Antonio Pincheira.
Por el Roble otra de salteadores junto con Nazario Arias...
55 Monarquistas y montoneros populares, además de algunos mapuches, eran comandados por sujetos aguerridos que pronto adquirieron fama.
El primero que emergió con estos caracteres fue José María Zapata.
«El 19 se me dio parte secreto por don Juan Antonio Urrejola que un José María Zapata, sirviente de Don Luis, su hermano, venia con 15 fusileros y otros ladrones a esta villa a saquearla, y asesinar todos los Patriotas...».
56 La transformación de un sujeto plebeyo en comandante de partida era un buen reflejo del desorden social que creó la revolución.
Como era de esperar, el campo de operaciones elegido por Zapata fue la región de Itata, donde recibió el apoyo de «los inquilinos y sirvientes de la estancia cordillerana de Cato, que ayudarían también a los Pincheira».
57 Parafraseando a Gabriel Salazar, se puede señalar que la «guerra de guerrillas» de Zapata, «configuró un claro ejemplo de odisea miliciana».
58 Zapata y Pablo Mendoza, desembarcaron en la costa de Tomé con apenas nueve hombres; Zapata, con cinco montoneros, se dirigió rumbo a Chillán, reclutando en el camino más de doscientos plebeyos armados.
Esperaba formar en Chillán un segundo bastión monarquista.
"Se me presentó el enemigo en numero de 20 fusileros y más de 200 hombres de milicias, comandadas por los infantes José María Zapata, Nazario Arias, Félix Muñoz y el mulato de Clemente Lantaño", escribió Arriagada a O'Higgins, "que sin resistencia se introducen hasta la Plaza, dañan todo el pueblo y comienzan a forzar la Cárcel para echar afuera los reos y cometer otros mil excesos en el pueblo, el resultado fue que el enemigo dejó 14 muertos, 11 heridos de gravedad y 17 prisioneros, once fusiles y tercerolas, 3 pistolas, más de 30 caballos ensillados, 10 o 12 lanzas y como seis espadas.
La acción duró como cuatro horas, habiendo caído los caudillos Nazario Arias y Juan Pablo Mendoza... al primero lo hice fusilar con dos horas de término y ponerlo a la expectación pública; y el segundo seguirá el mismo destino mañana a las diez del día".
59 Los cuatro sujetos ejecutados en los días posteriores a esta batalla fueron «campesinos de modesta condición».
60 Seguidos de cerca por los republicanos, los sobrevivientes de la montonera se dirigieron hacia Los Ángeles pero allí sufrieron un nuevo golpe y dejaron algunos prisioneros.
Los tengo bien asegurados en esta cárcel, procesándolos, y mediante sus declaraciones se han tomado cinco aposentadores opuestísimos al sagrado sistema, otro mas desertado del infame punto de Talcahuano Florencio Muñoz, como igualmente dos comandantes de guerrilla salteadores Tiranos opresores desnaturalizados contra los patriotas que lo son el pérfido Domingo Bega (alias el Remalo), y su compañero Santos Orellana (alias el Colorado) que acuadrillados han cometido numerosos, y excesivos crímenes contra el Estado Nacional...
Merecen sin perdida de momento ser pasados por las armas los cuatro que se citan...
61 La captura de los hombres que acompañaban a Zapata causó excitación en el mando republicano.
Apenas supo la noticia, el ministro de guerra escribió: Su Excelencia ha resuelto en el acto mismo mande U. horcar [sic] a todos los diez, y cuantos otros sean cómplices de sus horribles crímenes, sin esperar a más sumario ni formalidades, y dándoles de término solo tres horas desde que se les notifique esta resolución la que, ejecutada, serán descuartizados y colocados sus miembros en las encrucijadas de los caminos y otros parajes donde hayan cometido sus principales crímenes.
ISSN: 0210-5810 Pero la guerrilla de Zapata y Mendoza no fue la única fuerza que logró infiltrar la retaguardia republicana.
Apenas una semana más tarde, se reportaron «las cuadrillas de salteadores que andan por la otra parte del Río Itata, y que estos van aumentando su número con los aplicados a este ejercicio con bocas de fuego...».
63 Desde San Carlos se informó que una partida de cincuenta «forajidos armados de fusil y alguna milicia» se había fugado hacia los bosques aledaños.
64 Desde Curicó llegaron informaciones similares.
Se ha levantado en estos contornos un cuerpo de bandoleros que haciendo de cuarenta a cincuenta hombres, entre ellos 16 de tercerola, que asolan a los vecinos del campo con sus salteos, que no hay día que no suceda uno o dos, viéndose muertos por todas partes, y otros muriendo de resultas de las heridas que reciben de estos malvados.
65 A medida que crecía el contingente anti republicano, se multiplicaron las instrucciones para aplicar sobre los 'bandoleros' todo el peso de la Ley.
«Después de un juicio sumarísimo, Us. será el que falle en las causas de estos criminales, dando parte de las ejecuciones que se hicieren...».
66 Aumentar la represión era un gesto impolítico, pero O'Higgins lo estimó adecuado.
Quiere S. E. que a los dos que tiene U. presos, y a cuantos otros más cómplices aprehendiere, los mande ahorcar en el acto mismo, sin darles una hora de término ni esperar a sustanciación alguna... sólo el terror y la pronta ejecución de los castigos pueden contener los progresos de un mal que amenaza envolvernos.
67 Con el fortalecimiento de las guerrillas monarquistas y populares, el futuro de la causa republicana parecía estar al borde del barranco.
Se enfrentaban dos enemigos, motivo por el cual se aplaudieron con fervor las victorias conseguidas.
«No está malo el golpe que Arriagada ha dado en Chillán a los salteadores, bandidos y montoneros que habían formado cuerpo considerable», informó O'Higgins a San Martín.
68 En su misiva, O'Higgins agregaba: «Bandidos y montoneros, de los que deben haberse ahorcado 18 en Chillán, 10 en Cauquenes y tres en la Villa de San Carlos.
Sucesivamente cuantos caigan seguirán igual suerte».
69 En un ambiente marcado por la represión, se juzgó a Andrés Gutiérrez y Juan Contreras, desertores realistas, bajo la acusación de cooperar con los enemigos.
Ambos participaron en la batalla de Chacabuco, buscaron refugio en Talcahuano y, desde allí, cabalgaron rumbo a Linares, «con el único objeto de poner en consternación las gentes de los partidos de Chillán, San Carlos y El Parral, entusiasmarlos y atraerlos a su bando, para que en esta suerte sigan ejecutando sus perniciosas y perjudiciales maniobras...».
70 Basado en su convicción de que eran agentes de Ordóñez, el comandante de Talca decretó:
Por tanto y para castigar estos escandalosos y execrables excesos relacionados, como corresponde, vengo en aplicarles la pena de muerte que sufrirán abaleados, sentados en banco, vendada la vista, y después de muertos colgados en la horca; cumpliéndose esta sentencia dentro de dos horas de notificados los reos, a quienes se les darán los primeros auxilios de Religión.
71 Combinar el garrote con la horca siempre ha sido una mala política para atraer adherentes, más aún cuando el desborde de monarquistas y montoneros ya estaba en marcha.
Chile central volvía a presenciar el desplazamiento de la violencia; las guerrillas brotaban por doquier, tanto bajo las banderas del rey como bajo los estandartes propios de los hombres «sin Dios ni Ley».
72 «Haga salir las partidas que estime necesarias», fue la orden que llegó a las tenencias locales, «a expulsar y aprender [sic] esas gavillas de ladrones que perturban la paz de esas jurisdicciones».
73 Como en toda guerra, las órdenes de escritorio son difíciles de cumplir en los frentes militares.
Más aún cuando los comandantes carecían de pertrechos y sus tropas se enfrentaban a hombres que les superaban en entusiasmo, recursos e intrepidez.
74 Entre los monarquistas comenzó a cundir la audacia a medida que quedaban en evidencia las debilidades de sus enemigos y se hacía notorio el favorable efecto que tenía para su causa la súbita rebelión armada de parte del populacho.
O'Higgins no dejó de percatarse de esta peligrosa situación.
Súbitamente, se enfrentaba a un enemigo bicéfalo que se despla- 69 Ibidem, 34.
ISSN: 0210-5810 zaba a gusto por los escenarios bélicos: monarquistas y montoneros populares.
Todos tenían experiencia en las artes de la guerra y constituían un enemigo de magnitud.
«Gavilla de desesperados que deseaban una vergonzosa muerte», señaló De la Cruz cuando se refirió a las fuerzas combinadas que asolaron Chillán e Itata.
75 A esta particular combinación de fuerzas se sumaron, en la región fronteriza del río Bio-bio, los afamados weichafes (guerreros) mapuches, movidos por su adhesión a los tratados establecidos con la monarquía por varios siglos e interesados, coyunturalmente, en vengar la masacre de los lafquenches (costinos) que tuvo lugar a mediados de junio de ese año.
76 Su objetivo se dirigió a destruir los bastiones republicanos situados en la ribera sur del río.
Así lo demostraron cuando una fuerza de casi dos mil 'indios' arrasó las vecindades del fuerte de Nacimiento y capturó Santa Juana.
77 La extraordinaria coalición de fuerzas que se alzaban contra la República crecía con el pasar de los días; también aumentaba la fama de sus líderes.
Ese fue el caso de Zapata.
«Estoy creído que un pícaro Zapata, que se pasó a Arauco con otros de esta Jurisdicción los haya seducido.
Como igualmente a los indios...».
78 Las guerrillas y malones no sólo parecían imbatibles, sino que además reflejaban el fracaso político de la República en la región penquista.
«Aún se sostienen algunas cuadrillas de bandidos», reportó O'Higgins a San Martín, «pero la fuerza que he hecho avanzar al interior los aniquilará muy en breve, restableciendo el Orden y la Tranquilidad...».
79 Estas expresiones de O'Higgins fueron más bien de buenos deseos que un diagnóstico temperado de la situación.
Sin adeptos que dieran cobertura a sus partidas, los patriotas se encontraban aislados; de poco sirvió aumentar la represión o poner precio sobre la cabeza de los capitanes de la plebe.
«A quienes perseguirá por todos los medios y tomados que sean ellos [Mendoza y Zapata] o sus parciales», se lee en las instrucciones entregadas a los comandantes locales, «los mandará fusilar inmediatamente, sin demora alguna, haciendo se coloquen sus cabezas y miembros en los parajes y caminos donde han cometido sus principales atentados».
ISSN: 0210-5810 La impotencia de los republicanos crecía cuando se enfrentaban a un trance bélico inesperado; asimismo, fruto de la desesperación, aumentaron los desaciertos.
A fines de agosto proclamaron que se premiaría con 300 pesos a quienes capturaran, «vivo o muerto», a José María Zapata, transformando al «turbulento montonero» en un héroe popular.
81 Lo significativo es que, a mediados de 1817, los patriotas se enfrentaban a una fuerza militar irregular que no sólo evadía sus persecuciones sino que llegaba hasta los arrabales de las villas con sus desmanes.
¿Qué se podía hacer cuando la población mostraba su adhesión a los guerrilleros?
La receta republicana ya se conocía.
«Extermine esa parte de la sociedad que tiene en continua inquietud esa parte del reino, intercepta correos y distrae la atención de Vuestra Excelencia».
82 Con estas palabras, el gobierno resumió su visión respecto de los 'bandidos' que, con sus acciones, favorecían la estrategia de los monarquistas.
Informado de la designación de un preboste que se encargaría de 'limpiar' la campaña, O'Higgins escribió:
Ha sido muy bien meditada la medida que Us. ha tomado de mandar competente fuerza al Gobernador de Talca, autorizándole para que nombre un Preboste que, llevando un capellán y un verdugo, haga desaparecer la turba de bandidos de que estaba infestada esta Provincia... con los ejemplares castigos que ya han sufrido estos malvados, parece que no volverán a inquietarnos sus parciales.
83 De forma simultánea, O'Higgins elaboró un corto Reglamento contra renegados, desertores y montoneros.
En su artículo primero, el Reglamento establecía:
Todo hombre sin distinción de fuero estado o clase que sea caudillo o secuaz de la rebelión o montonera en que los pérfidos agentes del Enemigo han tratado de envolver al país, será fusilado a las dos horas de su aprensión, sin más sumario o figura de juicio, que la constancia extrajudicial de su delito, dando cuenta de su ejecución a S. E. 84 El esfuerzo represivo fue reforzado por los vecinos más acaudalados de las villas, quienes formaron milicias debido a «la escandalosa infestación con que diariamente inundan estos puestos las gavillas de facinerosos 81 ANMG, 28, 303, decreto de O'Higgins, 19 de agosto de 1817.
85 Paulatinamente, la guerra civil entre monarquistas y republicanos adquiría el perfil de una guerra social entre plebeyos y patricios.
Los que subscribimos, por si, y á nombre de otros vecinos del Partido de Puchacay, con el debido respeto a V. E. hacemos presente: que deseando acreditar nuestro interés y celo por el bien público viendo cuán escandalosamente algunos prófugos enemigos de nuestra sagrada causa se unen y asocian, con los salteadores, y facinerosos de la Provincia... hemos acordado formar partidas respetables compuestas de sujetos del mas acendrado patriotismo, y de la mejor conducta para que por distintos puntos del Partido persigan, y aprehendan a los malévolos; y perturbadores de la publica tranquilidad, sin irrogar el menor gravamen al Estado, ni á los particulares, sino a nuestra costa, así en cuanto a manutención como á cabalgaduras...
86 La incorporación de los vecinos 'nobles' a las partidas que perseguían a los montoneros mejoró la posición militar de los republicanos, pero la movilización de las milicias marcó también un vuelco clasista en la guerra.
87 De una parte, la gente de fortuna respaldaba la causa republicana, mientras un segmento del populacho se sumaba a la guerra, facilitando la causa monárquica.
Lo que militarmente podía ser un acierto, tan sólo profundizaba un error político, pues se hizo más evidente la identificación del nuevo régimen con el patriciado.
Empero, con el apoyo de los terratenientes, el gobierno obtuvo algunas victorias militares.
Ese fue el caso de la captura del montonero José María Gutiérrez: Hoy a las 12 se ha puesto en esta cárcel nacional al pérfido traidor José María Gutiérrez, Sargento primero con grado de oficial del Ejército enemigo que en la acción de Rancagua cometió enormísimos crímenes y excesivos excesos [sic] en nuestro Ejército, fugó de la acción de Chacabuco y estaba incógnito oculto en las montañas de la costa Cunquillan y estero de Bare, convocando a muchos para unirse con los bandidos de Chillán y combatir este partido... en toda aquella frontera ha cometido excesivos excesos...
88 A fines de ese mes, desde Chillán, se anunció la captura de Félix Muñoz, uno de los lugartenientes de Zapata.
Félix Muñoz principal agente de José María Zapata abusando de la benevolencia y conmiseración con que VE les ha mirado ofreciéndoles perdón por el horrendo crimen de conspirar contra la seguridad del Estado.
Este infame no solo procuraba seducir sino que escandalosamente tenía reuniones y juntas nocturnas en su casa...
Félix Muñoz ha pagado hoy en el cadalso con la vida los delitos cometidos...
89 La captura de Gutiérrez y Muñoz fue una seria pérdida para la montonera de Zapata.
Pero las malas noticias no llegaron sólo ahí.
Dos semanas más tarde, se produjo la captura de Justo Guajardo, acusado de apoyar «a los mas delincuentes que acompañaron al pérfido José María Zapata, dándoles a estos un papel como de seguros de quedar ya perdonados de su delincuencia...».
90 Las montoneras comenzaban a sufrir derrotas y sus seguidores eran llevados al cadalso. vez, surgía un caudillo capaz de aglutinar las diversas fuerzas que luchaban contra la República.
94 Esta faceta del nuevo jefe fue visualizada tempranamente por los republicanos, quienes veían colapsar su autoridad en medio del fárrago de la guerra informal.
Sírvase U. S. remitirme con la mayor vigilancia la mayor fuerza posible que tuviere a su mando para combatir la partida del malvado Pincheira que aplica todas sus miras a imitar la conducta de Zapata, y lo peor es que diariamente se va engrosando hasta haber formado fuerza muy suficiente para incomodarnos.
El cáncer se va propagando con un movimiento progresivo, y con tal rapidez que ya nos mantiene en una continua molestia.
95 Hacia fines de 1817, los republicanos no sólo perdían la guerra sino también el apoyo de la población civil.
Los exitosos ataques contra las plazas fronterizas y el asedio en las localidades más pequeñas demostraron que los monarquistas ganaban terreno, mientras cundía la desesperación en las filas del gobierno.
96 Este último insistió en calificar de ladrones a los guerrilleros populares, pero es difícil pensar que los montoneros lucharan sólo por el interés del botín.
97 La guerra, que hasta allí parecía favorecerles, sorprendió a los hombres de O'Higgins atrincherados en los fuertes.
98 Batir a los montoneros era el primer objetivo militar de las partidas republicanas; impedir que ganasen un bastión fronterizo, desde el cual pudiesen organizar sus ataques, era el plan estratégico a más largo plazo.
99 La persecución de las columnas de Pincheira tuvo algún éxito pues, a fines de octubre, se logró ubicar su campamento.
"Habiendo sabido el veinte del actual la tirana opresión con que se hostilizaba este Partido y el de San Carlos por el pérfido, inicuo, infame traidor Antonio Pincheira con trescientos y más individuos que formaban una gavilla de bandidos que arrasaban las haciendas, salteando y degollando a su arbitrio á los decididos á nuestra sagrada causa", informó en un parte Juan de Dios Puga a O'Higgins, "después de haber combinado mi urgente movimiento á remediar los males que amenazaban á las armas del Estado... y mediante las activas providencias que libré a las orillas del río de Ñuble, sobre la hacienda de Cato, madriguera de iniquidades contra nuestra libertad, logré 94 Pinto, 2000, 54.
95 ANMG, 22, 131, José prender siete de los que fraguaban la opresión y tomadas sus declaraciones con la brevedad que exigía la materia, el veinte y cuatro pasé por las armas con termino de dos horas á Santiago Mera y Sabino Anrriques, espías de quienes tomé noticias que el enemigo se hallaba situado y fortalecido con doce fusiles y cinco pares de pistolas en la Hacienda de Bureu, sita en el Partido del dominio de Doña Mercedes Riquelme...".
La posibilidad de destruir a los Pincheira se convirtió en la orden del día para los republicanos, pero los esfuerzos fueron inútiles.
101 Como hombres que huían de la muerte, Pincheira y lo que quedó de su montonera iba dejando tras de sí una estela de sangre y pavor.
Su intención era llegar hasta Talcahuano.
"Los esfuerzos del enemigo para divertir nuestras tropas y hostilizarnos", informó O'Higgins a San Martín, "no sólo se habían propagado en la Alta Frontera y sus costas, sino que también se extendían a las montañas de Tucapel y Chillán, donde habían logrado ya introducir un número considerable de armas y municiones con que obraban reunidos más de 200 bandidos, incendiarios y ladrones".
102 Con esas palabras, resumió O'Higgins el resultado de las primeras campañas contra los montoneros populares que, de modo indirecto, favorecieron el resurgimiento del enemigo monárquico.
Al escribir esas líneas no imaginó que, apenas un mes más tarde, sus regimientos deberían abandonar el sur de Chile, perseguidos por las fuerzas del general español Mariano Osorio.
La guerra con los hombres del rey terminó en los llanos de Maipú en abril de 1818.
Ese fue el momento más glorioso para los republicanos, pero también marcó el comienzo de una nueva guerra de la plebe fronteriza, encabezada por el propio Pincheira y engrosada por caudillos de la talla de Vicente Benavides, los hermanos Prieto, el cura Ferrebú, el coronel Francisco Sánchez y el comerciante Manuel Pico.
103 A ellos se sumaron miles de renegados y fugitivos monarquistas, además de poderosos contingentes de mapuches provenientes de las tribus nagche (abajinos), nguluche (arribanos) y lafquenches (costinos), además de los pehuenches, quienes, globalmente, siguieron su estrategia autonomista y aprovecharon la debilidad de los criollos para restablecer su señorío en la 100 ANMG, 23, 225, Juan de Dios Puga a O'Higgins, Chillan, 27 de octubre de 1817.
Comenzó así la Guerra a Muerte, un suceso que, por su complejidad, debe ser investigado de modo más acucioso para precisar su real impacto en la historia de Chile.
La guerra popular inconclusa en la gestación de la República
Apenas habían transcurrido dos horas después de la batalla, los huasos de la región (que durante todo el tiempo estuvieron observando la lucha fuera de la línea de fuego), se dedicaron a despojar a los muertos y moribundos, dejando desnudos a muchos de aquellos, retirándose enseguida con el botín.
Yo vi a un hombre que corría con una presa considerable, consistente entre otras cosas, en una docena de fusiles, atravesados sobre el arzón de la silla...
Ese hombre, descrito de un modo tan expresivo por el viajero inglés Samuel Haigh en el crepúsculo de la batalla de Maipú, como cientos o miles más, fue uno de los protagonistas de la historia posterior del bandidaje que marcó en su nacimiento al sistema republicano en Chile.
En 1821, casi cuatro años más tarde, O'Higgins señaló que Benavides contaba con el apoyo de las reducciones mapuches del Gulumapu y sumaba el apoyo de «la multitud de facinerosos de todo el pays que se le han refugiado...».
105 Sus fuerzas, según Barros Arana, estaban formadas por «milicianos rudos de la frontera, fanatizados en nombre de la religión por la causa del rey, y a favor de una guerra en que habían desarrollado el hábito del pillaje...».
106 El relato oficial ha insistido en describir a los montoneros populares como combatientes espontáneos que, sin doctrina política, aprovecharon la crisis de gobernabilidad que afectó al país para cometer desmanes; pero es evidente que fueron algo más que oportunistas y meros ladrones.
Los montoneros se mostraron proclives a la autonomía social, siguiendo la tradición de marginalidad de los antiguos cuatreros y gavilleros, y rechazaron el monopolio del poder que ejercían los terratenientes y mercaderes en el nuevo régimen.
Es cierto que aún falta por descubrir la documentación que permita reconstruir su consciencia política, pero la ausencia de esos datos no es razón para aceptar, sin críticas, el relato de la Independencia; interesados en reducir el protagonismo de la plebe, los historiadores liberales del siglo XIX -la mayor parte de ellos ministros, intendentes y funcionarios 104 Haigh, 80.
LA GESTACIÓN DE LA REPÚBLICA, CHILE: 1810-1820 del Estado-sentaron un perfil empobrecido, escuálido y patético de quienes fueron el tercer partido combatiente de la guerra.
Posteriormente, se procuró ver en ellos a bandidos sociales.
107 Lo que no se dice es que los 'malditos huasos', como les denominó Carrera en su Diario, se levantaron armados contra quienes les habían reclutado a la fuerza para luchar contra la monarquía.
108 Los huasos, convertidos en guerrilleros, no eran ya la mera comparsa que aplaudía a los jefes revolucionarios, que recogía las monedas que arrojaban a su paso o que simplemente acudía a las órdenes de sus patrones.
109 No se pretende decir que todo el peonaje chileno se alzó, sino señalar que un importante segmento de la plebe -la ausencia de fuentes impide ser más preciso-resistió al nuevo régimen, uniéndose a los mapuches y a los hombres del rey.
La espontánea 'alianza' no fue de índole doctrinaria sino pragmática; no estaba unida por un discurso común ni operaba bajo un mando único; lo que les cohesionaba era su deseo compartido de impedir el triunfo republicano.
Por primera vez, después de tres siglos de existencia, se producía un levantamiento armado contra el Estado.
¿Se trató del inicio de una guerra social o fue una mera rebelión dentro de la rebelión emancipadora?
La ausencia de datos impide dar una respuesta decisiva a esta interrogante, pero la investigación más acuciosa de las fuentes debiera proporcionar valiosos datos para entender el rol de la plebe de esos días. |
el incremento de la producción cacaotera provocó daños irreversibles en las comunidades indígenas debido al más que notable descenso demográfico, a la usurpación de sus tierras y a los procesos de ladinización.
El cacao en época prehispánica
El cultivo del cacao (Theobroma cacao) fue muy importante en época prehispánica, siendo «el árbol de todos el mas presçiado entre los indios, y su tesoro».
2 Este producto fue utilizado como bebida de elite, moneda, pagado como tributo a los caciques locales y con fines medicinales.
A continuación, analicemos de forma más pormenorizada cada uno de estos usos.
Como bebida, se obtenía de la mezcla de agua fría, cacao, maíz y chile al que se añadían diferentes aromas.
3 Tradicionalmente, se ha afirmado que su consumo fue un privilegio de las elites.
No obstante, parece que su ingesta estuvo más regulada por su precio4 que por las normas sociales, puesto que la gente común «no osa ni puede usar con su gula ó paladar tal brebaje; porque no es más que empobreçer adrede é tragarse la moneda ó echalla en donde se pierda».
5 En toda Mesoamérica, el consumo del cacao se hallaba asociado a la celebración de la mayor parte de rituales.
Según Diego García de Palacio, 6 en el siglo XVI aún se empleaba en ceremonias de sacrificio, nacimiento y como regalos de casamiento.
Es más, Cortés y Larraz, 7 en su visita a Caluco en 1770, señala la continuidad de dichas creencias cuando afirma que los indígenas:... más estimarán morirse de hambre, diciendo que los misioneros los han muerto y esterilizado la tierra con sus maldiciones, que cuantos frutos y abundancias pudieran conseguir con el cultivo, mayormente estando en la inteligencia de que les agraviaron al dios del cacao.
Otro de los principales usos del cacao fue el de moneda de cambio.
En otra de sus obras, José Luís de Rojas 8 afirma que, como tal, este producto ocupó el lugar de más baja denominación, de ahí el interés de contarlo por piezas, es decir, por almendras.
Con ellas se podía adquirir gran cantidad de productos, hecho que comportó, ya en época prehispánica, frecuentes falsificaciones.
9 Su uso como moneda se prolongó a lo largo de toda la época colonial y fue empleado tanto por indígenas como por españoles.
García de Palacio señala su utilidad como «moneda para las cosas menudas» 10 y fray Alonso Ponce afirma que con ella se compran «todas las cosas que con el dinero se comprarían», además de contarse por piezas «una carga de cacao que contiene veinticuatro mil granos, treinta reales de á cuatro».
11 Como ejemplo de su uso durante el siglo XVI, conviene destacar que, tras las Leyes Nuevas, por el servicio ordinario, los indios debían de cobrar 3 reales a la semana o su equivalente en cacao.
Dada su importancia, este producto fue objeto de tributo a los caciques o principales en época prehispánica y, evidentemente, a los encomenderos durante la colonia.
Según los pleitos seguidos por el fiscal de la Audiencia de Guatemala contra Diego de Guzmán, 12 cacique de Izalco, en vísperas de la conquista, poseía «gran número de huertas de cacao, más que ningún otro pueblo de la región» y además controlaba su producción en toda la zona.
Así mismo, Fuentes y Guzmán 13 señala la existencia de dos documentos pipiles anteriores a la conquista que, posiblemente, correspondían a los tributos que se pagaban también al señor de Izalco.
Igualmente, para esta región, Juan de Pineda, 14 uno de los fundadores de Sonsonate, afirma que los indios «siempre han tributado en cacao» ya desde época prehispánica.
Para terminar con los usos del cacao, cabe mencionar sus propiedades medicinales.
Untándose con él la cara, se usó como protector que «los guarda del sol é del ayre la tex de la cara», y además, se creía que el que lo consumía en ayunas «aunque aquel dia le pique alguna víbora ó culebra, de las quales hay muchas en aquella tierra, que ningún peligro de muerte corre».
15 Debido a las propias características de la planta, su cultivo precisó de tierras muy fértiles (suelos volcánicos), de clima húmedo y cálido, así como de arroyos que asegurasen su irrigación natural o artificial durante todo el año.
Además, los cacahuales requerían de grandes cuidados.
Los granos se sembraban individualmente a mano y se precisaban de cuatro a cinco años para obtener las primeras cosechas.
A partir de entonces, el árbol rendía durante unos treinta años.
16 Para su protección, entre las matas «ponelle otro árbol que llaman Madres, que le haga sombra y ampare del sol y del aire» 17 y además constantemente se procedía a la deshierba y reemplazo de los árboles improductivos.
18 Como se argumentará a continuación, éste fue uno de los motivos por el cual los españoles dejaron en manos de los indígenas el cultivo y cosecha del cacao, contentándose con su recolección en forma de tributo y posterior comercialización.
En América Central, durante el siglo XVI, una de las principales zonas productoras de cacao fue la Alcaldía Mayor de Sonsonate, 19 en especial la región conocida como los Izalcos, cuyo núcleo principal estaba constituido por los siguientes pueblos de indios: Izalco (Tecpan Izalco), Caluco (Caluco Izalco), Naholingo y Tacuscalco.
El oidor Diego García de Pala cio, 20 en 1576, la describió como «La cosa más rica y gruesa, que V. M. tiene en estas partes; comienza en el río de Aguachapa y acaba en Güeymoco y costa de Tonalá (...) tiene las cualidades del suelo y cielo que la de Guazacapan, y abundancia de cacao, pesca y frutos y demás cosas que acá comúnmente hay en las tierras calientes, y en especial la más abundante de cacao que se sabe».
19 Entre otros, véanse las descripciones de Torquemada, 1975 (1615), 333, «Los pueblos que llaman los Eçalcos es la mayor huerta y mas abundante y rica de cacao y algodón que hay en toda la Nueva España»; Ciudad Real, 1873, 402-403, «de aquel pueblo y de los comarcanos, que llaman los Izalcos, se saca cada año gran suma de cargas de cacao, porque es tierra muy rica y fértil de aquella fruta y moneda».
ISSN: 0210-5810 Para esta zona no existen estudios o documentación concluyente sobre la distribución del cultivo del cacao durante el último periodo prehispánico.
21 No obstante, la información colonial correspondiente a la primera mitad del XVI proporciona suficientes indicios que permiten afirmar que su distribución era muy similar a la del periodo Posclásico.
En primer lugar, destaca la relación que hizo el obispo Marroquín22 en 1532.
Aunque en ella no se consignan la totalidad de los pueblos de los Izalcos, este documento constituye una buena fuente de información sobre la economía indígena en vísperas de la conquista.
En segundo lugar, como documento clave, a pesar de sus imprecisiones,23 sobresalen las tasaciones que llevó a cabo entre 1548 y 1551 el presidente López de Cerrato.
Si tenemos en cuenta la dinámica de crecimiento y producción del árbol del cacao, así como el lapso temporal que media desde los primeros repartimientos (inicios de la década de 1530) hasta la fecha de estas tasaciones, se deduce que la producción de cacao en vísperas de la conquista era muy similar.
26 Y, en tercer lugar, cabe señalar que no hay indicios de que se plantara cacao en otras zonas o que se eliminaran las anteriores.
Por lo tanto, debido a su alto valor comercial, los españoles únicamente incrementaron su producción en aquellas zonas en las que tradicionalmente se cultivaba este producto.
No será hasta la década de 1560 cuando se detecte una clara alteración en su distribución y sobreexplotación 27 debido al incremento generalizado de la agri-cultura comercial en todo el espacio colonial y, concretamente, al aumento del consumo del cacao tanto en Europa como en América.
28 Para terminar este apartado conviene indicar también que, a la llegada de los españoles, la zona de los Izalcos estaba habitada por grupos pipiles.
Aunque el objetivo de este estudio no es el análisis exhaustivo de esta sociedad, para realizar una correcta valoración de los procesos de cambio y/o continuidad en el cultivo del cacao, es necesario hacer una breve mención sobre la tenencia y el uso de la tierra.
La sociedad pipil se caracterizó por su complejidad y estratificación.
William Fowler 29 sostiene que se trata de una sociedad plenamente estatal con un acceso diferenciado al poder, al prestigio y a la propiedad.
Dicha sociedad se organizaba en torno al calpulli, definido como la unidad gentilicia base y/o una unidad territorial-administrativa.
Ya fuese una institución de origen social o político, hecho muy discutido, 30 lo cierto es que entre los pipiles, su cohesión se vio fortalecida por los siguientes factores: la tenencia de tierras, repartidas y distribuidas entre sus miembros para su producción; la existencia de una estratificación interna con base en el parentesco y de una dirección política ejercida por el señor mayor del linaje; y, posiblemente, la existencia de un dios patrono que determinaba la actividad principal de sus componentes.
Como es de suponer, el sector dominante controló la propiedad del suelo.
El soberano tenía el privilegio de asignar el uso de las tierras comunales a los jefes de cada calpulli, y éstos hacían lo mismo entre sus subordinados.
31 Entre las tierras controladas y propiedad del segmento dominante, destacaban aquéllas dedicadas al cultivo del cacao.
32 Como se analizará a continuación, el mantenimiento de su propiedad fue uno de los resortes que, a lo largo del siglo XVI, permitió a las elites de origen prehispánico preservar parte de su poder y posición desigual dentro de los pueblos de indios.
33 28 Para una mayor comprensión del desarrollo económico colonial en general y, particularmente, del incremento de la agricultura comercial, véanse las estudios clásicos de Cardoso y Brignoli, 1984; Florescano, 1972; y Assadourian, 1982.
32 Fernández de Oviedo y Valdés, 1976 (1557), 66, « Y los caçiques y señores que alcançan estos árboles en sus heredamientos, tiénenlos por muy ricos calachunis o principes».
«Pero los señores calachunis é varones principales úsanlo, porque lo pueden haçer, é les dan tributos destas tales monedas o almendras, demas de las tener de su cosecha é heredamientos» Ibidem, 68.
Encomienda, encomenderos y mercaderes
La falta de materias primas (oro, piedras preciosas, plata, perlas, etc.) que permitiesen a los conquistadores hispanos un rápido enriquecimiento, hizo que centraran su atención en la producción y en el comercio hacia mercados externos de productos altamente rentables.
Así, a lo largo del XVI en El Salvador se desarrollaron tres ciclos económicos basados en los siguientes productos: el bálsamo, el cacao y el añil.
34 Mientras que la explotación del primero nunca constituyó un negocio lucrativo, el cacao se convirtió en el gran producto de exportación, en especial el cultivado en la zona de los Izalcos.
Según García de Palacio,35 «(...) cójese tanto, que parece que lo que sale á Nueva España y dan y gastan en sus casas y labores, debe ser en solos cuatro lugares de los Izalcos más de 50.000 cargas,36 que á su precio común, valen quinientos mil pesos de oro de minas; yo los conté y repartí el tributo».
El ciclo del cacao se inició, aproximadamente, en la década de 1530, alcanzó su punto máximo de producción entre 1550 y 1560, para casi desaparecer a inicios del siglo XVII, momento a partir del cual se desarrolló el tercer y último ciclo económico, el del añil.
37 Inicialmente, y dado que en la época prehispánica la zona de los Izalcos era un importante foco de producción de cacao, los españoles únicamente debieron de apropiarse de las cosechas.
Es más, la abundancia de mano de obra permitió el incremento de su producción desde la década de 1530 hasta 1550.
A partir de entonces se intensificó su cultivo38 hasta el punto de que gran parte de los alimentos se importaban de otras zonas y se prohibió expresamente el «andar ganado dentro de esta provincia en veinte leguas que tendrá de contorno, por los cacahuales, y así se proveen de carne de fuera de la provincia».
39 Como es bien sabido, las autoridades coloniales desarrollaron diferentes mecanismos para la explotación de la mano de obra indígena.
En los Izalcos la encomienda fue el más común y rentable de todos ellos.
Como capitán de conquista, a Pedro de Alvarado le correspondió el derecho de llevar a cabo los primeros repartimientos de indios entre los miembros más destacados de sus huestes.
Estas tempranas encomiendas fueron efímeras e inestables, puesto que Alvarado tuvo que marchar a España para enfrentarse al juicio que en su contra promovió Nuño de Guzmán.
De regreso a Guatemala, no sólo realizó nuevos repartimientos, sino que también anuló los concedidos por su hermano, Jorge Alvarado, que en su ausencia fungió como teniente gobernador.
Pero hasta la fundación de la Audiencia de Guatemala y gracias a sus presidentes, especialmente a Alonso de Maldonado y, a pesar de su intento reformista, a López de Cerrato,40 no se crearon y consolidaron las encomiendas más ricas en los Izalcos.
41 Éstas fueron capitalizadas por amigos o parientes de ambos presidentes, sin ser ninguno de ellos conquistadores o hijos de éstos.
42 De este modo, poco a poco se desarrollaron poderosas familias o grupos, como el de Salamanca, 43 consolidados por alianzas matrimoniales.
Éstos, además de dominar la economía de la zona, poseían un poder casi absoluto puesto que de ellos dependió también la vida política 44 ejercida desde Santiago de los Caballeros.
En este sentido, cabe indicar que San Salvador, a inicios del siglo XVII, era un villorrio pobre, des-habitado y en ruinas, mientras que Sonsonate era una villa de mercaderes y tratantes de cacao.
45 Como se ha señalado, en la zona de los Izalcos los principales pueblos de indios productores de cacao eran: Izalco (Tecpan Izalco), Caluco (Caluco Izalco), Naholingo y Tacuscalco.
Analicemos de forma pormenorizada sus encomiendas y encomenderos.
Antonio Diosdado fue el primer encomendero de Tecpan Izalco.
46 A su muerte, la viuda Margarita Orrego, presionada por Alonso de Maldonado, se casó con Juan de Guzmán, primo hermano del presidente, 47 a quien además pagó 800 pesos por esa encomienda.
48 Según las tasaciones de Cerrato, 49 Guzmán era su único encomendero y el tributo anual ascendía a 1.000 xiquipiles de cacao.
A pesar de que en dichas tasaciones no se recoge el número de tributarios, según documentación posterior éste era de entre 700 y 900 indígenas.
50 Murdo Macleod 51 sostiene que Guzmán, gracias a los beneficios obtenidos, adquirió barcos con los que amplió su negocio de venta de cacao hacia Nueva España y, de regreso a España, creó dos mayorazgos.
Juan de Guzmán actuó con absoluta impunidad tanto sobre las autoridades locales, que a menudo eran sus propios cómplices, 52 como sobre sus indios encomendados.
En cuanto a las primeras, Juan Mexia 53 señala que era necesario investigar sus encomiendas puesto que desconocía si tenía título sobre las mismas y que, además «ningún oidor ni justicia vuestra ha bastado a le visitar su persona y pueblo de muchos años a esta parte».
Y sobre los segundos se cebaron los abusos en forma de sobreexplotación y malos tratos.
54 En 1569, cuando Juan de Guzmán regresó a España, su hijo Diego heredó la encomienda 55 y, a pesar de los diferentes juicios a que se sometió, mantuvo esa propiedad hasta su muerte en 1615, 56 año en que definitivamente revirtió a la corona.
Sobre su tamaño, en 1584 57 se observa un importante descenso en el número de tributarios que eran 500 ó 600 y, lo que es peor, únicamente 100 eran naturales de Izalco, mientras que el resto procedía de otras zonas.
Al igual que su padre, Diego de Guzmán actuó como un señor feudal sobre su encomienda.
Según los pleitos seguidos por el fiscal de la Audiencia de Guatemala (1582-1585), 58 fue acusado de exigir elevados impuestos e infligir malos tratos a los indígenas y de soborno a los funcionarios reales.
Para su defensa, tuvo que marchar a España, donde, finalmente, el Consejo de Indias le restituyó como encomendero de Izalco.
59 Y, como es de suponer, a su regreso siguieron los abusos y las demandas.
60 Como se ha señalado, la relación personal entre las autoridades coloniales y los encomenderos fue un hecho y, en este sentido, Caluco constituye un buen ejemplo.
Por primera vez, en 1528 fue cedido en encomienda al conquistador Diego López de Toledo.
61 En 1534 pasó a Pedro de Garro, yerno de Jorge de Alvarado (hermano de Pedro de Alvarado), casado con su hija mestiza Francisca de Alvarado.
Dos años más tarde, Pedro de Alvarado le obligó a ceder Caluco a Martín de Guzmán, hermano de Alonso de Maldonado que había llegado a la zona para tomarle juicio de residencia.
Al igual que sucedió en Izalco, cuando Pedro de Garro murió, Maldonado obligó a su viuda a casarse con Francisco Girón, 63 otro de los componentes del «grupo de 55 AGI, Justicia, 317, juicio de residencia de Francisco Briceño, 1567.
56 AGI, Contratación, 469A, testamento del capitán don Diego de Guzmán.
59 AGI, Audiencia de Guatemala, 57, autos del Consejo y la Audiencia de Guatemala sobre el pleito de don Diego Guzmán con sus indios, 7 de abril de 1587.
61 AGI, Audiencia de Guatemala, 100, 44, expediente de confirmación de la encomienda de Taculula y San Pedro de Caluco a Juan Antonio de Pontaza, 17 de octubre de 1636.
Según las tasaciones de Cerrato, 64 Girón era su único encomendero, el tributo anual ascendía a 1.000 xiquipiles de cacao y el número de tributarios a 400.
65 En 1564, el presidente Briceño dividió la encomienda entre Pedro Girón (hijo de Francisco Girón) y Alonso Gasco de Herrera (exalcalde mayor de Sonsonate).66 Sobre su tamaño, en 158467 contaba únicamente con 60 tributarios originarios de Caluco más 240 de recién llegados, y debía, por deudas pasadas, 1.100 cargas de cacao.
Tras la muerte de Alonso Gasco de Herrera, su viuda Bernardina de Figueroa se casó con el ex oidor y gobernador de Honduras, Diego de Herrera.
68 En referencia a Naholingo, según las tasaciones de López de Cerrato, 69 estaba repartido entre tres encomenderos: Gómez Díaz de la Reguera, propietario de la mitad, Juan de Guzmán de un cuarto y Francisco López del resto.
El número de tributarios ascendía a 200 y la totalidad de sus tributos a 685 xiquipiles de cacao.
Al igual que en los anteriores casos, en 1584, 70 debido al descenso poblacional, en Naholingo sólo restaban de 40 a 50 tributarios originarios, mientras que el resto, unos 250, eran indios forasteros.
Además, éstos eran obligados a fijar su residencia en el pueblo y, por lo tanto, eran contabilizados como tributarios.
Igualmente, esta encomienda debía por deudas pasadas 600 cargas de cacao.
Siguiendo con el «grupo de Salamanca», Gonzalo Vázquez de Coronado obtuvo en 1585 la mitad de la encomienda de Naholingo, propiedad también de Diego de Guzmán (un cuarto), y Alonso de Vargas Lobo (un cuarto).
Por aquel entonces, la producción de cacao había descendido considerablemente, 71 de su mitad Váz -quez de Coronado únicamente obtenía 400 pesos, y Cristóbal Lobo, en 1598, 200.
72 Finalmente, el pueblo de Tacuscalco estaba encomendado al conquistador Francisco Calderón y, según las tasaciones de López de Cerrato, 73 sus 100 indios tributarios pagaban 400 xiquipiles de cacao.
A finales de siglo, sus propietarios Inés Calderón y su marido, Rodrigo de Segura Galves, declararon que este repartimiento anteriormente rentaba 2000 pesos y ahora únicamente 400.
74 En los Izalcos, además de encomenderos, la producción de cacao atrajo a un buen número de mercaderes.
Como es de suponer, los conflictos entre ambos no tardaron en surgir y pronto adquirieron categoría de permanentes debido, básicamente, a que todos ellos perseguían un mismo objetivo: el enriquecimiento a partir del cacao.
Los encomenderos se quejaban de que los comerciantes se habían asentado en los pueblos de indios, de que los negros, mulatos y mestizos que les acompañaban eran un mal ejemplo para los indígenas y, lo que es peor, de que éstos últimos trataban directamente con los comerciantes, por lo que sus tributos habían descendido considerablemente.
Por el contrario, los comerciantes afirmaban que el principal problema de la región lo constituían los propios encomenderos y las castas.
Los primeros explotaban y maltrataban a la población indígena y los segundos eran «peores que lobos contra ovejas, quitándoles la comida, las mujeres e hijas y lo demás a los mismos hispañoles hacen mill daños y burlas».
75 Y concluían que su presencia incluso era beneficiosa «por la comunicación y vecindad y contratación que tienen con los españoles vecinos della están impuestos en toda policía y buenas costumbres y sus haciendas han subido».
Tomando como modelo la conversión señalada en la nota anterior, Cristóbal Lobo sólo recibía de su encomienda 24 xiquipiles de cacao.
73 AGI, Audiencia de Guatemala, 128, tasaciones de los naturales de las Provincias de Guatemala realizadas por el presidente de la Audiencia, licenciado Cerrato, Guatemala, 1548-1551.
74 AGI, Audiencia de Guatemala, 56, información de la línea de doña Inés Calderón y don Fernando su hijo, 22 de enero de 1585.
De nuevo, según la equivalencia de 1 real por 120 almendras de cacao, esta encomienda rentaba 48 xiquipiles de cacao.
ISSN: 0210-5810 Bajo el pretexto de cumplir con la obligación de separación de residencia, pero en realidad debido a un juego de intereses procedentes de Santiago de los Caballeros 77 y por orden expresa de la Audiencia, se fundó en 1552 la villa de la Santísima Trinidad de Sonsonate.
Con ello, según Cristóbal de Zuleta, 78 «hicieron que se juntasen en la dicha casa otros muchos españoles que andavan por los Izalcos y estando todos juntos el dicho Antonio Rodriguez (mercader) les trató que sería bueno poblar y fundar la dicha villa de la Trinidad».
Gracias a la producción de cacao y a la proximidad del puerto de Acajutla, Sonsonate se convirtió rápidamente en un importante centro de poder mercantil.
79 Según López de Velasco, 80 su población era de 400 vecinos españoles, todos ellos «mercaderes y tratantes en el cacao y otras cosas, y ninguno de ellos encomendero, porque los repartimientos de esa comarca son todos de la jurisdicción de Santiago».
Y, a finales de siglo, contaba con 200 vecinos españoles, tenía las calles empedradas, establecimientos comerciales, tres conventos, un hospital y cuatro iglesias, además de arrabales en los que malvivían indios, negros y mulatos.
81 A pesar del desarrollo que adquirió Sonsonate, en nada se solucionó la situación anterior a su fundación.
Los comerciantes continuaron habitando en los pueblos de indios, 82 e incluso los dominicos prefirieron Izalco a Sonsonate para su iglesia y monasterio.
83 De igual manera, se recrudecieron los enfrentamientos entre las autoridades de Sonsonate (comerciantes) y las de Santiago de los Caballeros (encomenderos).
84 Así, para liberarse del excesivo centralismo desarrollado desde esta segunda ciudad, y salvaguardar de esa manera los intereses de los comerciantes, se pidió al rey que 77 Juan de Guzmán, alcalde ordinario de esta ciudad y uno de los mayores encomenderos de los Izalcos, junto al alcalde mayor de Acajutla (sobrino del obispo Marroquín), lograron expulsar, temporalmente, a los mercaderes de la zona.
ISSN: 0210-5810 designara personalmente al alcalde mayor de Sonsonate y que no lo hiciera el gobernador de Guatemala.
La demanda fue atendida por el Consejo de Indias y, en 1563, Felipe II nombró a Francisco de Magaña alcalde mayor.
85 Ciertamente, sobraban las razones para mantener dichos enfrentamientos.
Murdo Macleod 86 ha calculado que desde 1562 hasta finales de la década de los 70, Izalco exportó anualmente 50.000 cargas de cacao vía marítima hacia Nueva España.
87 El principal puerto de salida era el de Acajutla «donde surgen y estan los navios, que andan al tracto de dicho cacao e mercaderías que vienen del Perú y Nueva España».
88 Según Francisco de Magaña, 89 desde este puerto zarpaban anualmente quince barcos con destino a Nueva España, cuyo cargamento estaba valorado en 200.000 pesos.
Aunque de menor importancia, en el comercio del cacao también se utilizaron las recuas de mulas como sistema de transporte que, por vía terrestre, conectaban los Izalcos con Guatemala.
La explotación del cacao y los pueblos de indios
El conocimiento y pericia en el cultivo del cacao demostrado por los indígenas de los Izalcos, junto a la falta de capital inicial de conquistadores y primeros colonos, comportó que su producción recayera en los pueblos de indios.
91 Este hecho les permitió, durante la primera mitad del siglo XVI, conservar cierto grado de independencia económica y, por ende, cultural.
La imposibilidad legal de acceder a la propiedad de la tierra comportó que los conquistadores se vieran obligados a dejar su explotación y control en manos de los antiguos caciques.
Por lo tanto, en un principio los españoles no modificaron las relaciones de propiedad puesto que, legalmente, la tierra y los cacahuales siguieron perteneciendo a aquéllos.
91 Algunos encomenderos desarrollaron pequeñas haciendas o plantaciones cerca de sus pueblos, pero su producción fue casi insignificante.
ISSN: 0210-5810 más, según la legislación indiana,92 la tierra de los pueblos de indios era de carácter comunal y estaba distribuida por las autoridades del Cabildo entre los indígenas del pueblo como usufructuarios.
En este sentido, se observa el mantenimiento de un elemento de tradición prehispánica que la corona adoptó para el buen funcionamiento de la colonia.
Y, al igual que sucedió antes de la conquista, la nobleza indígena retuvo para sí las mejores tierras dedicadas al cultivo del cacao.
Así, por ejemplo, en 1582, don Gregorio de Valencia, gobernador de Caluco, y su mujer doña Francisca, poseían 29 huertas de cacao con 33.570 árboles.
93 Hay que señalar también que, a pesar de que los españoles intentaron apropiarse de las cosechas de cacao, la población indígena logró comercializar parte de éstas, tal y como lo había hecho en época prehispánica.
Volviendo de nuevo al ejemplo de Caluco, la producción total de los huertos de don Gregorio de Valencia y su mujer ascendía a 50 xiquipiles de cacao, mientras que el monto del tributo era de 20.
Por lo tanto, los treinta sobrantes, una vez descontado el pago para quienes cultivaban sus huertas, se vendían a mercaderes y tratantes de la zona.
94 Esta práctica fue muy común en los pueblos productores de cacao95 puesto que, en Güeymoco «los más vecinos de este pueblo tienen milpas de cacao (...) todos tienen caballo, así en los que ellos andan, como para llevar las cosas que tienen de cosecha a los Izalcos, de que traen mucho cacao, el cual con lo que ellos tienen de cosecha lo venden a los españoles que acuden allí a se lo comprar (...)».
96 A pesar de dicha autonomía, la injerencia de encomenderos y autoridades coloniales en los asuntos y vida de los pueblos de indios fue un hecho.
97 Muy a menudo, relevaron a los señores naturales que no les eran favorables e impusieron a aquellos individuos que les habían ayudado, o simplemente eran más «dóciles».
Según López de Cerrato «en toda esta provincia casi no hay cacique natural o legítimo».
98 Es más, en el Libro Viejo de la Fundación de Guatemala 99 se afirma que ciertos naborías designados por los españoles se convirtieron en verdaderos y temidos tiranos que «maltratan a los señores e naturales de los tales pueblos, atándolos e dándoles palos e bofetones e otros muchos malos tratamientos».
Desde el punto de vista económico, los encomenderos confiscaban parte, o la totalidad, de las cosechas indígenas por supuestas deudas pasadas, 100 supervisaban su producción ayudados por pequeños ejércitos de negros, mulatos y mestizos 101 e incluso incautaron las tierras de aquellos que no podían pagar sus tributos.
Paralelamente, la presencia de mercaderes y autoridades religiosas también alteró la vida en los pueblos de indios.
A los primeros se les acusó de contravenir las ordenanzas referentes a la separación de residencia.
Como ejemplo citar que en el pueblo de Tecoluca «hay más de quince o veinte españoles tratantes, que les compran, así el cacao que tienen, como las naguas que hacen».
102 Además, se aprovechaban de los indios puesto que les «venden (cosas) de poca consideración y no necesarias para ellos» a cambio de cacao «antes que esté sazonado», hecho que además provocaba «a mi Real Hacienda y a los encomenderos notable daño».
103 Sobre las autoridades religiosas recayeron, entre otras muchas acusaciones, las de apropiación ilícita y comercio de cacao.
101 Macleod, 1973, 117, señala que Gómez Díaz de la Reguera tenía un ejército privado de trescientos negros, mulatos y mestizos con los que acosaba a la población local.
Igualmente, Juan de Guzmán empleaba cuatro alguaciles indígenas o calpisques que actuaban como inspectores, AGI, Audiencia de Guatemala, 10, 11, 105, Diego García de Valverde a la corona, 8 de abril de 1584.
MERITXELL TOUS los indígenas vino aguado, mantas y velas a precios muy elevados y, por «rescatar cacao».
También se le acusó de llevar una vida lasciva y de asustar a las indias «iva el dicho dean a las tardes al rio de Izalco y con un capote cubierto y que allí aguardaba a las indias y que algunas de ellas se espantaban y dejaban de traer agua».
104 Por todo ello, no es de extrañar que, en 1553, Fray Tomás de la Torre 105 solicitara que en los Izalcos y Tacuscalcos se fundara «un monasterio de Sant Francisco o de Santo Domingo, hechando de allí a los clérigos, porque vale casi ocho mil pesos de tributo de aquellos pueblos y no hay lustre de policia ni de cristiandad».
A partir de la segunda mitad del siglo XVI, se cernieron nuevas amenazas sobre los pueblos de indios que provocaron su casi desaparición y, en parte también, la del ciclo del cacao.
Entre ellas destacan el más que notable descenso demográfico y la consecuente llegada de indios forasteros debido a la demanda creciente de cacao, así como la usurpación de las tierras indígenas.
A pesar de que el descenso poblacional ya era manifiesto en la zona de los Izalcos, en la segunda mitad de ese siglo se hizo dramático.
El mismo autor, en la reconstrucción de la dinámica poblacional de la zona, toma como siguiente punto de referencia la carta que Diego García de Valverde escribió a la corona el 8 de abril de 1584.
Entre los escasos supervivientes, este descenso demográfico no sólo causó la angustia por la pérdida de sus seres queridos, sino también una mayor carga tributaria.
109 Si bien las tasaciones llevadas a cabo por el presidente López de Cerrato «solucionaron» temporalmente esta situación, la constante disminución de la mano de obra, así como el incremento o la falta de revisiones anuales en las tasaciones de las encomiendas, condujo a que «los vivos pagan por los muertos».
110 Como ejemplo, basta recordar a Diego de Guzmán, acusado de recaudación exagerada y de maltrato a los indígenas.
111 Para defenderse de estos cargos, marchó a la metrópoli y, mientras tanto, la Audiencia rebajó en un 75% el monto tributario de Izalco.
La migración, forzada o no, de indígenas procedentes de Verapaz y, en menor medida, de Comayagua, solucionó a corto plazo la escasez de mano de obra.
Muchos de ellos se vieron atraídos puesto que «en igual trabajo, ganan en Zenzonat dos reales cada día, adonde comen el uno y gorman el otro, todos se van allá sin poderlos detener, porque oponen que van a ganarse el tributo, su camisa y zaragüelles».
112 No obstante, y a pesar de la aparente mejora económica, para muchos de ellos Sonsonate se convirtió en una trampa letal.
De no morir durante la ejecución de los trabajos, muchos otros lo hacían por el camino, debido a las distancias que mediaban entre sus asentamientos y los cacahuales o bien por el cambio climático entre ambas zonas.
113 Igualmente, esta migración causó graves alteraciones tanto en las comunidades de origen como en las receptoras.
Sobre las primeras, la desestructuración fue un hecho puesto que «olvidan sus muge-res que dexan en los pueblos donde son naturales e hijos y naturaleza y se quedan allí ó sepultados ó casados otra vez» 114 y, sobre las segundas, sin duda alguna aceleró la pérdida de identidad cultural debido a los procesos de miscegenación.
La falta de mano de obra indígena alcanzó su punto crítico tras la peste de 1578.
116 El colapso demográfico fue generalizado, azotando tanto a la zona de los Izalcos como a la de Verapaz y Comayagua.
El descenso de mano de obra comportó una fuerte disminución de las cosechas puesto que los indios no podían cuidar de sus huertas.
Así, por ejemplo, en el pueblo de Caluco, de los 10.000 árboles de cacao plantados, únicamente se podían atender 2.000.
117 Para finalizar, conviene señalar que el incremento en la producción de cacao supuso también graves alteraciones en la propiedad de la tierra.
En Izalco y Caluco las huertas de cacao se dividieron en pequeños lotes entre los habitantes indígenas.
118 Esta misma tendencia se observa en Tacuscalco y Nahulingo, 119 pero, a diferencia de lo sucedido en Izalco y Caluco, además de los indígenas, tuvieron acceso a las tierras mulatos y mestizos.
Por supuesto que este aspecto también provocó la perdida de la identidad de los pueblos de indios.
Cabe recordar que, anteriormente, los no indios que deseaban vivir en los pueblos de éstos, estaban obligados a rentar solares y pagar su alquiler a la caja de comunidad.
Por el contrario, a finales del siglo XVI y especialmente durante el siguiente, las autoridades indígenas, aun-que las leyes lo prohibían, permitieron la compra de tierras pertenecientes a la comunidad.
120 A pesar de que la mayor parte de los encomenderos de los Izalcos mostraron un mayor interés por el control de la mano de obra indígena, algunos de ellos también se apropiaron de sus tierras.
En este sentido, Gómez Díaz de Reguera no sólo «compró» tierras en el pueblo de Tacuscalco, sino que también ocupó las pertenecientes a Juan de Chiname y además ordenó a sus esclavos negros destruir los canales de irrigación.
121 También Gaspar de Cepeda adquirió tierras en el pueblo de Nahuizalco y, para aumentar su rendimiento, este encomendero plantó gran cantidad de árboles de cacao que, al estar demasiado juntos -entre 7 y 8 pies cuando la separación normal era de 12-y, debido a la escasez de agua para su irrigación, nunca produjeron las cosechas deseadas.
122 Todo ello, junto a factores como: la competencia del cacao procedente de Guayaquil y Venezuela; el inicio del ciclo económico del añil; los desastres naturales como plagas de langostas y lluvia de ceniza procedente del volcán Izalco; la longevidad de los árboles y su consecuente escasa productividad, comportaron que el declive del ciclo económico del cacao fuera irreversible.
La Alcaldía Mayor de Sonsonate, y en especial los Izalcos, pasó de ser una de las zonas más ricas a una de las más pobres de la Nueva España.
En 1770, el obispo Pedro Cortés y Larraz123 describió los cacahuales de Caluco como:... un bosque cerrado de matorral y árboles entre los que se ven muchos de cacao, pero sin cultivo y aun no sólo sin cultivo, sino que se teme con fundamento, que para sofocarlos y destruilos enteramente los han sembrado de platanares.
Tras la conquista, la población indígena desarrolló diferentes estrategias sobre las estructuras o patrones prehispánicos que le permitieron, con mayor o menor fortuna, su supervivencia durante la colonia.
En la zona de los Izalcos, el mantenimiento del cultivo del cacao constituyó la principal estrategia económica que inicialmente permitió a sus habitantes un cierto grado de autonomía política y, por supuesto, económica.
No obstante, cuando este producto se convirtió en la principal fuente de riqueza para encomenderos y mercaderes, comportó su casi desaparición como grupo.
En la zona de los Izalcos, la importancia del cacao arranca en época prehispánica.
Los dirigentes pipiles no sólo controlaron su producción, sino que también reservaron para sí la propiedad de las tierras dedicadas a su cultivo.
De entre sus diferentes utilidades en época precolombina, destacan su uso como moneda y producto a tributar, aspectos que, aunque alterados en su esencia, se mantuvieron durante el siglo XVI.
Tras los primeros repartimientos, los encomenderos se encontraron con una industria cacaotera próspera y bien desarrollada.
Por lo tanto, únicamente debieron de incrementar su producción, a la vez que se contentaron con su recolección en forma de tributo para su posterior comercialización.
En consecuencia, durante estos primeros años, los indígenas de los Izalcos mantuvieron la producción y parte del intercambio del cacao.
Otro aspecto que favoreció la continuidad de los modelos de producción prehispánicos fue el propio derecho indiano, que protegió la propiedad de los naturales sobre la tierra, vedándola tanto a los españoles como a las castas.
Por tanto, la mayor parte de la misma continuó perteneciendo a la comunidad, y concretamente las huertas de cacao a sus autoridades, ya fueran del Cabildo y/o antiguos caciques.
Si a este aspecto le unimos el hecho de que en realidad la adopción del sistema municipal en los pueblos de indios en los Izalcos se convirtió en un nuevo mecanismo que sancionó el poder desigual de la elite prehispánica, concluimos que tanto caciques como principales preservaron parte de sus antiguos privilegios gracias a su árbol genealógico, y al mantenimiento de sus huertas de cacao.
No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la coyuntura económica que hasta entonces había jugado a favor de la población indígena, se transformó en uno de los principales motivos que provocaron su casi desaparición física y cultural.
Cuando el cacao se convirtió en el principal recurso económico de la región, los encomenderos aumentaron la carga tributaria sobre los pueblos de indios.
Para hacer frente a esta creciente demanda, y debido al importante descenso demográfico, a la zona de los Izalcos llegaron indios proce-dentes de Verapaz y Comayagua.
Este hecho, junto a la creciente presencia de mestizos, mulatos, negros y mercaderes en las comunidades indígenas, provocó en sus gentes una irreversible pérdida identitaria.
Es más, su presencia perturbó además el precario equilibrio social y político que hasta entonces les había caracterizado.
Paralelamente, también se produjeron importantes alteraciones en la tenencia o composición de la tierra en los pueblos de indios.
Así pues, los cacahuales, que hasta entonces habían pertenecido a las autoridades locales, se fragmentaron en pequeños lotes y, en el mejor de los casos (Izalco y Caluco), se repartieron entre la población indígena; mientras que en otros, españoles y castas se apoderaron de los mismos. |
Sin embargo, esta innovadora propuesta es esencial para comprender cómo nació y cómo prosperó este oficio en la segunda mitad del siglo XVI.
Por otra parte, también se analizarán las funciones del defensor de Indios con el fin de acercarse a los principios teóricos que sirvieron de fundamento a la creación del cargo en América.
Hasta hace algunos años, la figura del oidor Tomás López Medel permanecía todavía bastante relegada por la historiografía, pese a la publicación de artículos orientados principalmente hacia el análisis de su legado humanista, como fueron los de Silvio Zavala, Pilar Sanchiz Ochoa y André Saint-Lu.
2 Con una perspectiva parecida, Stella María González Cicero publicó y comentó dos cartas de este letrado redactadas durante su estancia en Guatemala y dirigidas a los reyes de Bohemia.
3 Fue Berta Ares Queija quien ofreció el análisis más completo, tanto de la trayectoria vital, como del pensamiento político de López Medel gracias a la recopilación, transcripción y publicación de la casi totalidad de la extensa obra de este oidor.
4 No obstante, a pesar de la profundidad de los mencionados trabajos, todavía queda por analizar en detalle la labor legislativa realizada por el jurista en la Audiencia de los Confines y, posteriormente, en la del Nuevo Reino de Granada.
Esta laguna, así como el poco desarrollo de la historiografía dedicada a la cuestión de la defensoría indígena anterior a la creación del Juzgado General de indios a finales del siglo XVI, explican que las instrucciones para defensores de indios dictadas por Tomás López Medel en Santa Fe, publicadas por Berta Ares en 1993, no llegaran a ser conocidas por los especialistas de dicha institución.
5 Este inmerecido olvido y el hallazgo, en el Archivo General de Indias, de otras instrucciones para defensores, que el mismo oidor promulgó durante su visita de Yucatán en 1552-1553, nos han empujado a emprender el presente trabajo en el que pretendemos, además de divulgar el texto, mostrar la trascendencia del mismo en el proceso de institucionalización de la protectoría indígena en América y esclarecer las funciones de los defensores definidas por Tomás López Medel.
6 De Yucatán al Nuevo Reino de Granada: dos versiones de las instrucciones Tomás López Medel empezó su carrera en la administración indiana en 1550 al llegar a Guatemala con un título de oidor de la Real Audiencia de los Confines.
Poco después, se le encargó la visita general de la provincia de Yucatán, la cual realizó entre 1552 y 1553.
7 Él dictó las primeras instrucciones para defensores de indios que conocemos en Mérida, el 21 de diciembre de 1553, durante dicha inspección.
La labor legislativa que López Medel realizó en este periodo fue muy intensa, dado que también elaboró ordenanzas para pueblos de indios, lo que sugiere que las instrucciones para defensores pertenecían a un conjunto destinado a reglamentar la vida de la población indígena, tanto dentro de sus comunidades, como en sus relaciones con los españoles.
8 Por otro lado, es probable que Tomás López Medel redactara las instrucciones para defensores antes de llegar a Yucatán, puesto que durante su visita de Chiapas en 1550 ya él mismo había nombrado a defensores de indios en la región.
9 Las instrucciones de Santa Fe confirman la idea de que Tomás López Medel fue nombrando a esos defensores de indios y difundiendo el texto legal que reglamentaba el oficio conforme se iba desplazando por el Nuevo Mundo.
Aunque las instrucciones que Berta Ares localizó en el juicio de residencia que se tomó a este jurista en 1561 no llevan fecha, fueron probablemente dictadas poco después de su llegada al Nuevo Reino de Granada con el título de oidor de esa Real Audiencia.
Cabe señalar, en efecto, que en una carta al rey del 20 de diciembre de 1557 Tomás López Medel expresó la necesidad de nombrar a un defensor «que pidiese los disfavores que [los indios] han recibido de los jueces y las cédulas y provisiones que han disimulado y las malas tasas que han hecho».
10 Las instrucciones debieron, pues, de acompañar el nombramiento de defensor que, según Germán Romero, se le otorgó a Martín de Agurto y Mendieta en 1557.
11 Una carta de Agurto y Mendieta escrita en 1566, en la que afirmaba que 7 Acerca de la carrera indiana de Tomás López Medel, véase Ares Queija, 1993.
8 Sobre las ordenanzas para pueblos de indios de Yucatán redactadas por Tomás López Medel en 1552, ver García Bernal, 1985.
9 Declaraciones de los testigos en el juicio de residencia de Tomás López Medel, Guatemala, 1555, citadas por Ares Queija, 1993, 36.
ISSN: 0210-5810 llevaba diez años ostentando el cargo de defensor de indios, viene a confirmar lo anterior.
12 Dado que entre las instrucciones de Yucatán (1553) y las de Santa Fe (1557) se aprecian variaciones tanto en el ordenamiento de los capítulos, como en la introducción de precisiones, un breve análisis comparativo resulta imprescindible.
Ambas versiones venían a continuación de un nombramiento de defensor -que constituía la parte introductoria del documento-y donde se definía de forma sintética la misión de este funcionario.
Pero, si bien en Yucatán se hablaba de un «defensor», en Santa Fe el oidor se refería a un «defensor y procurador general».
Este cambio en la denominación refleja probablemente una ampliación de jurisdicción, dado que en Yucatán el defensor sólo podía entablar pleitos civiles y en Santa Fe, en cambio, éste tenía facultad para «promover sus causas y quejas civiles y criminales».
13 Y es que si bien en Santa Fe se encontraba la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, Mérida sólo era la capital de la gobernación de Yucatán que, en aquel entonces, dependía de la Audiencia de los Confines, situada en la ciudad de Guatemala.
En ambos textos, los dos primeros capítulos eran los más generales, dado que sintetizaban la esencia del cargo de defensor, que los demás apartados no hacían más que desarrollar.
El primero, dedicado a la misión de representación indígena, se repetía de forma casi idéntica en las dos versiones.
El segundo capítulo de las instrucciones de Santa Fe, que versaba sobre la obligación de informarse de los agravios perpetrados contra los naturales, incluía el noveno del texto anterior, donde se autorizaba al defensor a que fuera a los pueblos de indios para cumplir con ese requisito.
Los apartados 3 y 4 de la versión de 1557 trataban de las relaciones contractuales entre indios y españoles, centrándose el tercero en los contratos laborales y el cuarto en las compraventas.
En las instrucciones de Santa Fe, los siguientes capítulos estaban dedicados al tributo indígena.
En el apartado 5, el oidor sintetizó tres capítulos de la versión anterior -el quinto, el octavo y el décimo-donde se estipulaba que el defensor debía evitar que se cobraran excesivos tributos a los indios, fomentar los recuentos de tributarios y la conservación de copias de las tasaciones en los pueblos.
El sexto capítulo se centraba en el necesa-rio control de los caciques para que no maltrataran a los indios pidiéndoles contribuciones excesivas.
El apartado siguiente versaba sobre la exención de tributo indígena, en caso de que la tierra fuera estéril por culpa de desastres naturales.
Finalmente, en los dos últimos capítulos de las instrucciones de 1557 -correspondientes a los apartados 11 y 7 de la versión anterior-Tomás López Medel se refería al trabajo de los indios naborías que residían en las ciudades españolas y a la idolatría.
Las instrucciones de Santa Fe constituían, pues, una síntesis y reordenación del texto legislativo anterior, destinadas a mejorar su estructura lógica.
Cabe señalar que el capítulo sexto de las instrucciones de Yucatán, dedicado a la huida de los naturales, no se repitió en las de Santa Fe, seguramente porque, en aquella península, las llamadas «montañas» constituían una región fuera del control colonial que atraía a los mayas descontentos, problema que no debió de existir en el Nuevo Reino.
14 El dato muestra la atención que el oidor Tomás López Medel prestaba al entorno en el que deberían desenvolverse los futuros defensores.
Por otro lado, aunque en el texto neogranadino faltaban dos apartados presentes en el yucateco -el 13 sobre las penas previstas en caso de que el defensor no cumpliera con su misión y el 14 acerca del salario de este funcionario-, la nueva versión aportaba precisiones en varios aspectos.
Incluía, por ejemplo, tres capítulos inéditos: el décimo, sobre las estancias de ganado que perjudicaban a las comunidades indígenas; el undécimo, donde se encargaba al defensor conocer y procurar que se aplicara la legislación favorable de los naturales; y, finalmente, el duodécimo, referente a la prohibición de robar a los naturales y de sacarlos de sus pueblos.
La existencia de las instrucciones para defensores de 1553 y 1557 nos obliga, pues, a adelantar la fecha generalmente aceptada para el inicio del desarrollo de la vertiente civil de la protectoría indígena en América.
Sugieren que en la década de 1550 la protectoría eclesiástica ya estaba dejando paso a la civil y que el cargo de defensor estaba más generalizado y reglamentado de lo que se ha pensado hasta la fecha.
La investigación que acabamos de terminar sobre los defensores de Yucatán confirma el grado de implantación del oficio en esa provincia en la segunda mitad del siglo XVI.
En efecto, hemos podido comprobar que seis personas distintas sucedieron a Hernando Muñoz Zapata en el cargo de defensor civil, de modo que, salvo algunas breves suspensiones, los nombramientos fueron ininterrumpidos entre 1553 y 1586.
15 Woodrow Borah y Carmen Ruigómez Gómez recuerdan que la doble vertiente, civil y eclesiástica, del concepto de defensoría hunde sus raíces en el Bajo Medioevo europeo, puesto que la protección de las viudas, huérfanos, ancianos, enfermos y, más generalmente, de los pobres era una obligación tanto de los obispos, como del rey y sus delegados.
16 Si bien en América la dimensión civil de la defensa del indio se dio desde un principio -no olvidemos que, al menos en teoría, los encomenderos debían proteger a la población aborigen-, la multiplicación de los abusos empujó a la corona a encargar la defensa de los indígenas a los religiosos.
De este modo, desde la década de 1530 los prelados recibieron sistemáticamente el título de protector de los naturales, así como instrucciones para el fiel cumplimiento de su cargo17 y, según Ruigómez Gómez, la etapa eclesiástica de la defensoría se habría prolongado hasta el último tercio del siglo XVI.
18 Borah, por su parte, considera que, todavía en los años 1570, «el plan de dar un asesoramiento jurídico gratuito a los indios era burdamente inadecuado».
19 Sin embargo, las instrucciones para defensores del oidor Tomás López Medel sugieren lo contrario, de modo que ya no se pueden considerar las ordenanzas del virrey don Francisco de Toledo de 1575 como el primer texto legal en el que se generalizaba el cargo en América, definiéndose las funciones propias del oficio.
20 De las instrucciones de Tomás López Medel a las ordenanzas de Francisco de Toledo: ¿una continuidad?
Al contrario de lo que ha ocurrido con el oidor Tomás López Medel, la obra legislativa del virrey Francisco de Toledo ha sido extensamente estudiada, ya que este gobernante pasó a la historia como «supremo organizador del Perú».
21 No es extraño, pues, que a principios del siglo XX Roberto Levillier ya diera a conocer sus ordenanzas para defensores de indios y que, más recientemente, tanto Guillermo Lohmann Villena y María Justina Sarabia Viejo, como Carmen Ruigómez Gómez. volvieran a publicarlas.
22 Se puede decir que, globalmente, el interés suscitado por los virreyes ha sido más intenso y, por consiguiente, la historiografía sobre estos personajes más completa que la dedicada a los oidores, salvo escasas excepciones como, por ejemplo, la de Alonso de Zorita en Nueva España.
23 Ahora bien, aunque don Francisco de Toledo no se refirió en ningún momento a las instrucciones de Tomás López Medel en sus ordenanzas para defensores de 1575, ¿es posible que las conociera y que se inspirara en ellas para redactar las propias?
A este propósito, cabe recordar algunas perspicaces observaciones de Lohmann Villena.
Sin negar «la capacidad de observación» ni el «genio decisorio» de que estuviera dotado ese virrey, el investigador duda de que poco después de llegar al Perú éste ya «se hallase en aptitud de tener a punto y expedito para plasmar el fruto de sus experiencias en los copiosos textos legislativos, muchos de ellos extensos, de elevado tecnicismo y rigurosamente metodizados, que promulgara».
24 De ahí la necesidad de «escudriñar las recónditas fuentes de las [ordenanzas] y esforzarse por identificar a quienes con sus proyectos ya elaborados facilitaron la tarea del virrey, acelerando su acción legislativa».
25 En su indagación al respecto, Lohmann Villena señala las obras del licenciado Polo de Ondegardo, de los oidores de Lima y La Plata, González de Cuenca y Matienzo, y, finalmente, las del marqués de Cañete y el conde de Nieva.
26 ¿Se puede, con alguna legitimidad, incluir las instrucciones para defensores de indios del oidor Tomás López Medel en esa lista?
El camino seguido por el virrey Francisco de Toledo en la elaboración de la legislación sobre los defensores de indios empezó en octubre de 1572 cuando promulgó en Checacupe ordenanzas para jueces de naturales.
Parte de estas ordenanzas habían sido recogidas por Toledo en el título X de las ordenanzas de la ciudad del Cuzco y sus términos, dadas en Checacupe el 18 de octubre de ese mismo año, Ibidem, 179-182.
ISSN: 0210-5810 Estipulaba que los jueces tendrían voz y voto en el gobierno local y facultad para determinar las causas indígenas y para ejecutarlas, siempre que las penas fuesen inferiores a dos marcos de plata.
Para las condenaciones de mayor cuantía, deberían consultar al corregidor.
28 Esas ordenanzas se distinguen, pues, de las instrucciones para defensores de Tomás López Medel por el poder judicial y ejecutivo de que gozaban los jueces, aspecto ausente en el texto del oidor.
El citado virrey señalaba, además, que el precedente más inmediato de sus ordenanzas era un nombramiento de juez de naturales, otorgado por el Cabildo de la ciudad del Cuzco y sancionado por su predecesor, el virrey conde de Nieva, en 1563.
29 En realidad, es en las ordenanzas para jueces de naturales, dictadas por Toledo en La Plata en 1574, donde mejor se percibe la influencia que pudieron tener las instrucciones de Tomás López Medel en las disposiciones del virrey del Perú.
30 En el primer capítulo, en efecto, el gobernante reconocía que sus ordenanzas eran fruto no sólo de las «resultas de la visita general» y de sus observaciones «por vista de ojos en las chancillerías de los Reyes y esta ciudad de La Plata», sino también de las «informaciones que he tenido particulares, así de las provisiones que hallé en el valle de Jauja, como de las que tengo relación haberse proveído en todo el Reino», entre las cuales muy bien pudieron encontrarse las instrucciones para defensores de indios dictadas por el oidor Tomás López Medel para la audiencia del Nuevo Reino de Granada en 1557.
31 En la parte introductoria del documento Francisco de Toledo justificaba sus medidas utilizando una serie de ideas muy afines con las del López Medel.
Como el oidor, el virrey insistía en que la situación de desventaja cultural y socioeconómica sufrida por los indígenas en la sociedad colonial exigía que éstos gozaran de una protección especial en el sistema de justicia de la monarquía.
También hacía suyas las ideas de que, sin los naturales, los reinos americanos no podían funcionar y que, siendo imprescindible el trato entre las repúblicas india y española, las relaciones entre ambas debían ser justas y equitativas.
32 Dado el interés intrínseco del párrafo referido y sus afinidades con el pensamiento político de Tomás López Medel, nos parece conveniente reproducirlo aquí:
32 Sobre el pensamiento político del oidor Tomás López Medel, véase Ares Queija, 1993.
ISSN: 0210-5810 [...] estamos obligados a acudir y favorecer a la parte más flaca que es la de los naturales, pues sin ellos la república quedaría sin fuerza y sin las partes necesarias para su conservación, de manera que la justicia sea común a ellos y a los españoles, haciendo de todos una república, proveyéndola de manera que todos vivan justificadamente y con igualdad y tengan entre sí comercio y trato, porque si lo contrario se hiciere, acostándonos a cualquiera de las partes con alguna violencia, tengo por averiguado que los unos y los otros no se gobernarían ni podrían sustentar como conviene para su aumento y perpetuidad.
33 Del mismo modo, Toledo mandaba revocar a todos «los defensores, abogados y procuradores de los indios que había en todas las audiencias, ciudades y villas de este reino» para evitar los abusos que éstos solían cometer contra los naturales, cobrándoles, por ejemplo, excesivos estipendios.
34 Pero, consideraba justo que los indios pudieran ocurrir ante un profesional «quien les ayude y favorezca», «así en negocios que toquen a justicia como a gobierno».
35 De ahí que el virrey volviera a usar la idea de Tomás López Medel, según la cual el defensor debía ser un oficial asalariado que se encargara gratuitamente de los asuntos indígenas.
La medida aportaba, pues, una solución a las preocupaciones del Consejo de Indias acerca de la corrupción de los letrados que varias reales cédulas habían intentado atajar en los años anteriores.
36 En las instrucciones de 1572, Francisco de Toledo explicaba, en efecto, que obedecía al «nuevo mandato» que le había confiado la corona para que «se eviten los pleitos entre los dichos naturales y no sean vejados ni molestados con costas saliendo de sus tierras y andando por las Audiencias perdidos como hasta aquí han hecho».
37 Las ordenanzas de 1575 deben considerarse, por tanto, como la culminación de un proceso de definición legal del cargo de defensor de indios que hunde sus raíces en experimentos anteriores y a los que el citado gobernante dio una forma más acabada.
Es probable que, sin las instrucciones de Tomás López Medel y sin otros textos de esta índole aún desconocidos, la obra legislativa del «supremo organizador del Perú» no fuera tan fructífera 33 Instrucción de los jueces de naturales, La Plata, 20 de diciembre de 1574, en Francisco de Toledo, 1986, I, 461.
36 Véase, por ejemplo, la real cédula a los oidores de la Audiencia de Nueva Galicia para que guarden con los indios el arancel de esos reinos en el llevar de los derechos sin multiplicación ninguna y que a los pobres no se les cobren derechos, Valladolid, 5 de julio de 1555, Encinas, 1945, IV, 357.
No obstante, también es cierto que el virrey Toledo aportó importantes precisiones al texto de López Medel, siendo sus mayores logros el haber establecido una estricta jerarquía entre los distintos tipos de defensores y definido la naturaleza de las relaciones que estos oficiales debían mantener con las demás instancias de poder.
Para Francisco de Toledo, en efecto, mientras que los jueces de naturales actuaban en relación con los repartimientos y averiguaban las querellas de los indios «breve y sumariamente», los defensores de las reales audiencias y de las ciudades tenían que seguir sus pleitos ante esos máximos tribunales.
Finalmente, el defensor general era responsable de que los defensores subordinados cumplieran con su cometido y debía estar próximo al virrey para que, informado de sus demandas de los indios, las pidiese ante él.
38 Trataba «los negocios graves que tocan al Gobierno que no pueden determinarse ante los corregidores y Reales Audiencias».
39 En caso de que algún asunto tuviera que ser presentado ante el Consejo de Indias, también debía cuidar que se remitiese en la primera flota que saliera para la metrópoli.
40 Se puede considerar, por consiguiente, que las ordenanzas del virrey Toledo mejoraron el grado de articulación entre los distintos niveles territoriales.
Lohmann Villena señala que «las pruebas de la recepción de las ordenanzas [de Toledo] por la legislación promulgada por la corona o por las autoridades virreinales [...] son abrumadoras».
41 Las ordenanzas para defensores de indios no escapan a esa regla: gracias a ellas, este cargo de defensor adquirió una mayor proyección por el continente de la que pudo gozar con las instrucciones de Tomás López Medel, marcando así un paso decisivo hacia el asentamiento definitivo y la institucionalización del cargo en América.
Por real cédula de 1589, en efecto, el Consejo de Indias mandó al virrey marqués de Cañete que diese a todos los defensores «las instrucciones y ordenanzas que hizo el virrey don Francisco de Toledo para que las guarden y cumplan».
42 El texto, además de ser recopilado por Diego de Encinas en su Cedulario de finales del siglo XVI, también fue recorda-do en la Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias de 1680.
43 Todavía en el siglo XVIII la Corona seguía exaltando las excelencias de lo dispuesto por Toledo sobre los defensores de indios.
Las funciones del defensor de indios
Hemos agrupado esas funciones, definidas por el oidor Tomás López Medel en sus instrucciones, en tres ejes principales: el asesoramiento jurídico gratuito a los indígenas, la difusión de la información entre los indios y la corona y, finalmente, la regulación de las relaciones interétnicas.
Representar a los indígenas en sus pleitos
Dada la situación de desventaja en que se encontraban los naturales a la hora de presentar sus quejas en el sistema jurídico colonial, no es de extrañar que el primer apartado de las instrucciones de Tomás López Medel estuviera dedicado a la función representativa de este oficial.
El defensor actuaría como un abogado especializado en causas indígenas, encargado de presentar y seguir sus pleitos ante los tribunales de las gobernaciones o de las reales audiencias.
Recibiría, promovería y seguiría sus querellas ante las autoridades competentes «hasta la final conclusión de ellas, por manera que los dichos naturales sean desagraviados y alcancen justicia y no la pierdan por no tener quien la siga por ellos».
45 La última parte del apartado dejaba claro que el ocupante de este cargo debía suplir las deficiencias ocasionadas por la falta de abogados dispuestos a defender a los indios de forma desinteresada y eficaz.
Según Tomás López Medel, gracias a los defensores, los indígenas tendrían quien los representara y así ya no perderían tiempo ni se gastarían el dinero en promover sus causas ante las autoridades coloniales.
A pesar del estudio de Lohmann Villena sobre la trayectoria del procurador de causas especializado en litigios indígenas, el licenciado Francisco Falcón, 43 Que en el Perú se den las instrucciones, conforme a las ordenanzas del virrey Don Francisco de Toledo, en Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias, lib. VI, tít. VI, ley 2.
ISSN: 0210-5810 todavía siguen siendo poco conocidos estos letrados que representaban jurídicamente a los naturales en sus pleitos ante las audiencias americanas.
Renzo Honores, sin embargo, ha llamado la atención sobre la necesidad de analizar «cómo los señores indígenas se sirvieron del patrocinio privado de abogados y procuradores de causas para iniciar y llevar a cabo sus litigios» e insiste en cuán fructífero resultaría un análisis de estos profesionales.
46 Recientemente, Ethelia Ruiz Medrano ha demostrado cómo en la segunda mitad del siglo XVI los procuradores Agustín Pinto y Álvaro Ruiz se especializaron en las causas indígenas presentadas ante la Real Audiencia de México.
47 Medidas como las tomadas por Tomás López Medel impulsaron, pues, el paso progresivo de una representación jurídica privada a otra asumida por estos defensores oficiales nombrados por la corona.
En sus instrucciones, el oidor también insistía en que los defensores debían garantizar los derechos de los indios del común en caso de que fueran maltratados por sus caciques.
Este importante elemento indica que dicho funcionario protegería a los indígenas no sólo de los abusos de los españoles, sino también de los de sus propios gobernantes.
Se trataba, por consiguiente, de que todos los indios tuvieran acceso a la justicia colonial y de que el defensor representara tanto a los caciques, como a los indios del común.
Y es que, hasta esa fecha, solían ser los gobernantes indígenas quienes más se beneficiaban del sistema de justicia colonial porque disfrutaban, por lo general, de recursos financieros superiores, estaban mejor formados y tenían más trato con los españoles.
El oidor ponía, pues, de manifiesto su voluntad de que todos los vasallos de la corona alcanzaran una representación jurídica, de manera que se pudieran regular las relaciones políticas y económicas entre indios en el seno de sus repúblicas.
Así, el quinto capítulo de las instrucciones de Yucatán establecía que si los caciques hubiesen cobrado excesivos tributos a sus indios, el defensor debía pedir su devolución.
48 En las instrucciones de Santa Fe, Tomás López Medel llegó a dedicar un capítulo especial al control de los caciques.
Y es que se debe advertir que dichas disposiciones se insertaban en un contexto general de crítica al cacicazgo por los abusos que esos gobernantes solían perpetrar en contra de sus sujetos.
ISSN: 0210-5810 a los caciques a que fueran como padres para sus repúblicas y se les prohibían expresamente algunas costumbres consideradas como abusivas.
Difundir la información entre los naturales y la corona
Como abogado especializado en negocios indígenas, el defensor no tenía ningún poder ejecutivo ni legislativo, al contrario de lo que había pasado con los protectores eclesiásticos o con los jueces de naturales, los cuales tenían facultad para castigar los delitos menores que afectaran a los indígenas.
50 El defensor civil sólo podía pedir a las autoridades que fuera aplicada la legislación favorable a los indios, como bien lo asentaba Tomás López Medel en el undécimo capítulo de las instrucciones de Santa Fe.
Recordaba a los defensores que generalmente, se [les] da[ba] por instrucción que procur[aran] la ejecución y efecto de todas las leyes, cédulas y provisiones de S. M. y de otros cualesquier mandamientos de otros cualesquier jueces que haya o se hayan dado para el bien y aumento y defensa de los dichos indios.
51 El oidor no pretendía crear una jurisdicción especial para los asuntos indígenas, pues hubiera podido generar numerosos conflictos con los demás órganos de gobierno, como había ocurrido, por ejemplo, durante la etapa eclesiástica de la protectoría.
El hecho de que Tomás López Medel presenciara las querellas que se desataron en la real Audiencia de Guatemala entre las autoridades eclesiásticas y civiles acerca del control de la población indígena tuvo que empujarlo a tomar esta medida.
52 Según este oidor, todas las autoridades indianas debían de procurar la conservación y aumento de los naturales y el defensor sólo tenía una responsabilidad especial y exclusiva en esta misión colectiva.
La ausencia de poder legislativo y ejecutivo del defensor hizo que la función informativa se convirtiera en un aspecto crucial en el mandato del defensor de indios.
La cuestión de la difusión de la información, tanto de la metrópoli a América, como en el sentido inverso e, incluso, dentro de 49 Ordenanzas para pueblos de indios, Mérida, 1552, en Ares Queija, 1993, 384.
ISSN: 0210-5810 aquel continente, entre las distintas instancias de poder, siempre constituyó una de las preocupaciones mayores de Tomás López Medel.
53 Ares Queija explica que, para el oidor, el control de la información era «un instrumento primordial para poder gobernar bien aquellas tierras tan alejadas del centro de poder», de ahí que éste considerara que sólo podían «emitirse desde la metrópoli las leyes y disposiciones de gobierno adecuadas» si se contaba «con una información correcta y fiable, desprovista de particularismos personales o de grupo y elaborada colectivamente por los representantes del poder real, las autoridades eclesiásticas y otras personas destacadas por su conocimiento del medio».
54 Como consecuencia, se puede argumentar que la misión informativa del defensor ideada por Tomás López Medel formaba parte de un proyecto global destinado a mejorar la calidad y la autenticidad de la información acerca de las condiciones de vida de los naturales que llegaba a las reales audiencias y al Consejo de Indias.
Para el oidor, en efecto, el envío de informes sobre la situación indígena debía impulsar tanto el cumplimiento de las leyes existentes, como la promulgación de nuevas cédulas cuando éstas hicieran falta.
Así, el segundo apartado de ambas instrucciones estaba dedicado a la relación anual sobre el trato dado a los naturales que el defensor debía enviar a la Audiencia para que sus miembros proveyeran al respecto conforme a derecho:
[...] os informaréis y sabréis en cada un año, una vez o dos o las que fueren menester, qué malos tratamientos, robos, fuerzas y otros agravios cualesquier han recibido los dichos naturales [...], la cual dicha información enviaréis a la dicha Real Audiencia por año nuevo de cada un año para que en ella se sepa quién trata bien y mal los dichos naturales y qué daño les hacen y se provea sobre ello lo que convenga.
55 Con el fin de que el defensor pudiera conseguir los datos necesarios para la redacción de aquellos informes, se le daba licencia para desplazarse libremente por los pueblos de indios o para mandar llamar a los naturales.
56 En la versión de Santa Fe el oidor también insistía en el papel activo que el defensor tenía que desempeñar en el acopio de la información con una fórmula más genérica, estipulando que «de vuestro oficio y por todas 53 Sobre el papel de la información en el gobierno de América, véase Bustamante, 2000.
La regulación de las relaciones interétnicas
Gracias al conocimiento de las leyes protectoras de los indios y al de la situación real en la que éstos vivían, el defensor debía cumplir con el objetivo principal planteado por López Medel en las instrucciones, el de controlar las relaciones interétnicas.
Como advirtió Ares Queija, el oidor pensaba que las repúblicas india y española eran como «carne y hueso», pues la conversación y el trato entre ambas eran inevitables.
59 En el contexto de tensiones provocadas por la promulgación de las Leyes Nuevas en Nueva España, fray Juan de Zumárraga, fray Martín de Hojacastro y fray Francisco del Soto ya habían utilizado la metáfora corporal para referirse a la sociedad colonial.
En una carta de 1543 los religiosos exponían al emperador que, para conservar y aumentar sus reinos, se requería «grande atadura y vínculo de amor» entre españoles e indios, ya que eran como «huesos y carne».
60 El rey, como cabeza de este cuerpo, debía tratar a ambas partes con justicia y equidad, es decir, recompensar a los españoles conforme a sus méritos y tener para los naturales «la misma afección de verdade-57 Instrucciones para defensores, Santa Fe, s.f., en Ares Queija, 1993, 388.
58 Sobre el concepto jurídico de miserable que se les aplicó a los indios en la América colonial, véanse Castañeda Delgado, 1971; Assadourian, 1990 y Cunill, en prensa.
Sobre el origen y el significado de la metáfora del cuerpo en la teoría política de la época, véase Lempérière, 2004, 26-29.
ISSN: 0210-5810 ro señor y padre que a los españoles, procurando de saber cómo les va y cómo son tratados».
Sólo así «cada y cuando que se sintiesen agraviados, antes acudirán al amparo y protección de V. M. que a las armas».
61 Destaca, una vez más, el papel que los pensadores de aquella época otorgaban a la justicia para el adecuado funcionamiento y mantenimiento de la monarquía hispana.
62 Para Tomás López Medel, si se quería que las interacciones entre indios y españoles resultaran beneficiosas para todos, tenían que realizarse conforme al derecho.
Pero, si bien en un principio estaba convencido de que en América «no falta[ba] justicia que vuelve por [los indios] ya que haya algún descomedido»,63 con el paso del tiempo se deterioró la idea que tenía el oidor tanto del colonizador, como de las autoridades indianas.
De ahí su creciente énfasis en la necesidad de vigilar que los españoles no perjudicaran a los indios.
64 Según este planteamiento, el papel de mediación del defensor de indios resultaba capital.
En consecuencia, el tercer apartado de las instrucciones de Yucatán estipulaba que el defensor debía presenciar todos los contratos entre indios y españoles, tanto en el terreno comercial como en el laboral, para que se hicieran «como viéredes que más conviene al bien y pro de los dichos naturales por manera que no sean engañados ni dañificados».
65 Todos los «conciertos» realizados sin la presencia del defensor se considerarían nulos y los indígenas, por tanto, no tendrían obligación de cumplirlos.
El cuarto apartado estaba más específicamente dedicado a la compra-venta de material destinado a la comunidad o a las iglesias.
En estas operaciones también se exigía la presencia del defensor, no sólo para evitar que se cobrara a los indios un precio excesivo, sino también para asegurarse de que «sean cosas que haya menester y no cosas superfluas y que las puedan pagar buenamente y sin vejación» y si algunos artículos fueran adquiridos de otra manera, los naturales no deberían pagarlos.
66 En las instrucciones de Yucatán, los apartados 5 y 8 especificaban la misión del defensor en el ámbito de las relaciones laborales.
El oidor recordaba que los encomenderos no debían cobrar tributos excesivos a sus indios y, si ocurriera, el defensor tenía que procurar que se les devolviera «lo que les fuere mal llevado».
Esos oficiales también vigilarían que las tasaciones fueran justas y actualizadas conforme al número de vecinos de cada comunidad indígena.
Por otro lado, el defensor procuraría controlar que los españoles pagaran a los indios que trabajaban para ellos su jornal.
Finalmente, Tomás López Medel no se olvidaba de los naborías que residían en las ciudades españolas: en el capítulo 11 mandaba que fueran visitados anualmente por las autoridades en presencia del defensor.
Al defensor se le encargaba controlar las relaciones de los indios no sólo con los vecinos españoles, sino también con las autoridades indianas.
En efecto, en el segundo apartado de las instrucciones de Yucatán, se estipulaba que él debía informar a la real audiencia acerca de las sanciones tomadas contra los infractores de las leyes protectoras «para que se vea también cómo las justicias de estas dichas provincias castigan los malos tratamientos y agravios que a los naturales de ellas se hacen».
Con el paso del tiempo, Tomás López Medel pondría más énfasis en este aspecto, dado que pensaba que los defensores debían participar en los juicios de residencia que se tomaban a las autoridades como representantes de los intereses indígenas.
Así, en su carta al rey del 20 de diciembre de 1557, el oidor recomendaba que los jueces «mandasen pregonar las residencias en los pueblos de indios» y que se nombrara a un defensor «para que [los naturales] pidiesen los disfavores que han recibido de los jueces y las cédulas y provisiones que han disimulado y las malas tasas que han hecho».67
Las instrucciones para defensores de indios del oidor Tomás López Medel ilustran la «notable importancia [que] tiene la labor legislativa de los oidores enviados como visitadores», al constituir, junto con las leyes promulgadas por virreyes, audiencias, gobernadores, cabildos y gremios, el origen de lo que Sánchez Bella denomina, siguiendo a García-Gallo, el «derecho indiano criollo» para distinguirlo de la legislación creada en la metrópoli.
68 Las instrucciones daban una forma más acabada a una propuesta contenida en un capítulo de carta real de 1551, en la que se ordenaba a la audiencia de Nueva España que proveyera a una persona que «ayude y favorezca [a los indios] y solicite sus causas por manera que, por falta de ella, no reciban agravio y dejen de alcanzar justicia».
69 El texto de López Medel se sustentaba en un excelente conocimiento de la realidad americana y una profunda reflexión sobre la sociedad colonial por parte del oidor.
Se puede considerar que la figura del defensor de indios se insertaba plenamente en la teoría de dos repúblicas, española e indígena, cuyas interacciones debían ser controladas por un representante de la corona.
Se trataba, en efecto, de representar a los naturales en sus pleitos y de regular así las relaciones interétnicas, de forma que las tensiones vividas en la sociedad colonial se desplazaran hacia el ámbito jurídico, al ofrecer el litigio la posibilidad de obtener satisfacción o, al menos, de expresar las vejaciones sufridas.
Owensby considera, en efecto, que la ley «representa un terreno de contestación, un sitio donde la gente del común puede expresar sus problemas e, incluso, ganar sus causas frente a sus superiores».
70 Al no tener el defensor poder legislativo ni ejecutivo, el conocimiento de las leyes protectoras de los indios y la comunicación con las autoridades adecuadas se convertían en la principal arma de este oficial.
Nombramiento de defensor de los naturales en Hernando Muñoz Zapata e instrucciones del lic. Tomás López Medel, Mérida, 21 de diciembre de 1553.
El lic. Alonso Ortiz Delgata, justicia mayor por S. M. en estas provincias y gobernación de Yucatán, Tabasco y Cozumel, por cuanto el lic. Tomás López, oidor de la Real Audiencia de los Confines, al tiempo que estuvo en estas dichas provincias y gobernación nombró defensor de los pueblos y naturales de los términos de esta ciudad de Mérida de las dichas provincias según parece y consta por el dicho nombramiento e instrucción que para lo usar y ejercer le dio que mande poner de aquí adelante:
Yo, el lic. Tomás López, oidor por S. M. en su real Audiencia de los Confines y su justicia mayor en estas provincias de Yucatán, Cozumel y Tabasco, por cuanto en la ciudad de Mérida de la dicha provincia de Yucatán y Cozumel conviene y es necesario que haya un defensor de los naturales de los pueblos de los términos de la dicha ciudad y de los demás indios y naborías que en la dicha ciudad de Mérida y sus términos residen, porque tengan quien hable y vuelva por ellos e intime a las justicias porque no perezcan y sean castigados los que mal y daño les hicieren y también se les pague lo que se les debiere y para que en los contratos y otros conciertos que hubieren de hacer con los españoles en cualesquier cosas que quisieren, porque los dichos naturales no sean agraviados ni engañados o pasen y se hagan ante defensor y para otras cosas que de yuso irán declaradas convenientes a los dichos naturales, por ende, confiando de vos, Hernando Muñoz Zapata, vecino de la dicha ciudad, que sois persona que bien y fielmente usaréis el dicho cargo por la presente vos nombro por defensor de todos los dichos naturales para que lo uséis y ejercéis hasta tanto que por S. M. y la dicha real Audiencia otra cosa sobre ello provea y mande y para que sepáis cómo y de qué manera lo debéis usar y lo que, como tal defensor, debéis hacer, guardaréis en ellos la intrucción y forma siguiente:
Que habiendo algunos de los dichos naturales y naborías querellosos de algunos españoles u otras personas que los hayan maltratado o hecho algunas fuerzas o robos y otros algunos agravios, molestias e injurias, recibiréis sus querellas y por vos o por vuestro procurador que para ello podáis nombrar las promoveréis ante la justicia de la dicha ciudad y seguiréis ante las dichas justicias las dichas querellas y otros cualesquier pleitos civiles que les toquen hasta la final conclusión de ellas por manera que los dichos naturales sean desagraviados y alcancen justicia y no la pierdan por no tener quien la siga por ellos.
Iten os informaréis y sabréis en cada un año una vez o dos o las que fueren menester qué malos tratamientos, robos, fuerzas y otros agravios cualesquier han recibido los dichos naturales y se les han hecho y qué personas los hicieron, la cual dicha información enviaréis a la dicha real Audiencia por año nuevo de cada un año para que en ella se sepa quién trata bien y mal los dichos naturales y qué daño les hacen y se provea sobre ello lo que convenga, lo cual haréis y cumpliréis así con toda diligencia, no obstante que los dichos malos tratamientos sean castigados por la justicia y para que se vea también cómo las justicias de estas dichas provincias castigan los malos tratamientos y agravios que a los naturales de ellas se hacen y para que si no estuvieren bien castigados se provea cómo se castiguen conforme a derecho y los dichos naturales queden desagraviados so pena que si así no lo hiciéredes se castigará en vuestra persona y bienes la culpa que en ellos tuviéredes.
Iten que los conciertos y contratos que algunos de los dichos naturales y naborías quisieren hacer con algunos españoles así para servirles como para hacerles algunas obras y para otras cualesquier cosas que ellos quisieren concertarse o comprando y vendiendo alguno o en otra manera, que las tales contrataciones y conciertos pasen ante vos el dicho defensor y sin vos no se puedan hacer ni hagan y los hagáis y concertéis como viéredes que más conviene al bien e pro de los dichos naturales por manera que no sean engañados ni dañificados y el contrato que de otra manera se hiciere con algun indio no valga ni el tal indio ni indios sean obligados a ellos y por todas vías procuréis que los dichos indios sean pagados de lo que hicieren y trabajaren y por otra cualquier vía que se les lleva.
Iten que si los dichos naturales hubieren menester algunas cosas para sus iglesias y pueblos y común que no se les pueda vender sin que vos estéis presente y lo concertéis para que no se les venda cosa por más precio de lo que valen y ésto precediendo licencia del prelado o de quien tuviere sus veces y miraréis que lo que compraren sean cosas que haya menester y no cosas superfluas y que las puedan pagar buenamente y sin vejación y en todo haréis de manera que no sean los dichos indios agraviados en lo que compraren y lo que de otra manera se les compraren no valgan ni sean obligados a lo pagar.
Iten procuraréis que a los dichos naturales no se les lleven tributos demasiados por sus caciques y principales ni por sus encomenderos ni por otra persona ni se les pongan otras imposiciones e informaréis de los macehuales si el cacique y principales o encomendero u otra persona les ha llevado alguno demasiado y que no deban so color que es para su iglesia ni por otros achaques algunos y lo que les fuere mal llevado se lo hagáis volver.
Iten procuraréis de inquirir y saber si algunos macehuales se huyen de sus pueblos para otros y los haréis volver a sus pueblos y asientos y acerca de ésto haréis guardar las ordenanzas que sobre ello yo dejo hecha como en ellas se contiene.
Iten que os informéis e procuréis por todas vías las borracheras, idolatrías y hechicerías y otras cosas semejantes que retardan e impiden la conversión de los dichos naturales y de ello daréis aviso a la justicia para que lo remedien y castiguen a los indios que lo hicieren y caciques que lo consintieren, de manera que es todo y por todo hagáis que entre los dichos naturales se guarde lo que yo dejo ordenado en este caso para que no haya borracheras.
Iten que vos el dicho defensor seáis obligado a inquirir e informaros por todas vías de los naturales de esta dicha ciudad de Mérida y sus términos, qué pueblos de ella están agraviados en las tasas de los tributos que han de dar y de lo demás y siendo así que están agraviados y por no estar bien informados los que los tasaron y por haberse muerto los indios de los tales pueblos y haber venido en disminución y por otras razones, seáis obligado a pedir y pidáis a la dicha real Audiencia que en su poder tuviere que desagravie a los tales pueblos que estuvieren agraviados en la tasa y provea en ello con justicia y generalmente tengáis especial ciudado de ser y procurar todo bien espiritual y temporal de los dichos naturales y desviar todo mal y daño, que no se les tome lo que tienen y les sea pagado su jornal y lo demás y pedir sobre ello cumplimiento de justicia y sobre todo lo cual se os encarga la conciencia.
Iten si para informaros y saber más cumplidamente las cosas susodichas y otras semejantes fuere necesario ir a los pueblos de los naturales y enviarlos a llamar lo podáis hacer cuando os pareciere y para hacer la general información e inquisición que en cada un año habéis de hacer para enviar a la dicha real Audiencia así de los males tratamientos como de otras cosas llevaréis un escribano ante quien pasen o la haréis por vos.
Iten que vos el dicho defensor seáis obligado a tener y tengáis dos traslados, uno de las ordenanzas y capítulos que yo dejo para el gobierno de los naturales de esta dicha provincia y otro de las que dejo para los encomenderos de ellas, cómo se han de haber con sus indios para que vos, el dicho defensor, por ellas veáis quién las cumple o no y lo que son obligados de hacer los unos y los otros para que tengáis ciudado de pedir ante la justicia el cumplimiento y ejecución de ellas.
Iten mando que vos, el dicho defensor, seáis obligados en cado un año una vez de pedir a las justicias de esta dicha ciudad que, conforme a una cédula de S. M. que cerca de ésto habla, discurran por las naborías de esta dicha ciudad y las visite y sepa cómo son tratados y pagados de sus jornales para que los que no fue-TOMÁS LÓPEZ MEDEL Y SUS INSTRUCCIONES PARA DEFENSORES DE INDIOS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 539-563.
ISSN: 0210-5810 ren bien tratados y pagados se les haga cumplimiento de justicia y sean desagraviados conforme a las ordenanzas que yo dejo, la cual visita mando que se haga juntamente con vos, el dicho defensor.
Iten que vos, el dicho defensor, seáis obligado en cada un año a inquirir y saber en esta dicha provincia o en alguna parte de ellas si ha habido o hay esterilidad en común de todos los frutos o en particular de algunos, por manera que los naturales de esta dicha provincia no hayan cogido frutos de que pagar sus tributos y pidáis a las justicias de esta ciudad que, conforme a derecho y a una particular provisión de S. M. dada para el favor de los naturales de estas partes sean reservados de le pagar el tributo en aquel año en los frutos en que hubiere habido la tal esterilidad y ésto siendo tal la esterilidad que por derecho deban ser reservados de pagarlo y encargárseos la conciencia que los informéis bien y no déis lugar a malicias ni que los naturales de esta dicha provincia tomen achaques para no sembrar y fingir esterilidad por no pagar el tributo.
Iten conviene lo susodicho se guarde e cumpla por vos, el dicho Hernando Muñoz Zapata, vos mando que esto vos fuere notificado parezcáis ante mí a aceptar el dicho cargo y hacer el juramento y solemnidad que debéis hacer para lo usar so pena de privación de los indios que tenéis en encomienda y destierro perpetuo de esta provincia de Yucatán por cuanto así conviene al servicio de Dios y de S. M. y bien de los naturales so la cual dicha pena mando que ninguna persona vos ponga impedimento en el dicho cargo y que libremente vos lo dejen usar y ejecer so pena de 100 pesos de oro para la cámara de S. M. al que lo contrario hiciere y destierro perpetuo de esta provincia demás de la pena dicha.
Y porque en lo susodicho entendáis con todo ciudado y diligencia y por el trabajo que en ello habéis de tener, vos señalo de salario con el dicho cargo 100 pesos de oro de minas, los sesenta de la caja de S. M. y los cuarenta que los paguen los indios de esta provincia cuyo defensor sois en cada un año y se reparta entre ellos por uno de los del Cabildo de esta ciudad juntamente con el prelado de la Orden de San Francisco que entiende en la doctrina de los dichos naturales y mando a los oficiales de S. M. que vos den, libren y paguen los dichos sesenta pesos de oro cada año por los tercios de él y tomen vuestras cartas de pago con las cuales y con este mi mandamiento se les recibirán y pasarán en cuenta.
Ésto hasta tanto que por S. M. o la dicha su real Audiencia sobre ello otra cosa se provea y mande.
Hecho en la dicha ciudad de Mérida, a 21 de diciembre de 1553 años, el lic. Tomás López por mandado de su merced, Juan García de Madrid, escribano de S. M. |
La lucha por el poder en una agrupación indígena: el efímero apogeo de los boroganos en las pampas (primera mitad del siglo XIX)
Universidad Nacional de Buenos Aires y Universidad Nacional de Quilmes
A mediados de la década de 1830, la agrupación borogana asentada en Salinas Grandes transitaba por un doble proceso de división interna y de unión con grupos llamados "ranqueles" que no llegaron a producir la aparición de un nuevo grupo identitario.
La imposibilidad por cristalizar estas nuevas relaciones en la formación de una nueva agrupación se debieron, por un lado, a la constante presión del entonces comandante general de campaña Juan Manuel de Rosas para evitarlo y, por otro lado, debido a los conflictos en torno al poder que surgieron dentro de la dirigencia borogana.
Dotada inicialmente de una jefatura plural se produciría una puja por el mando donde uno de los principales caciques, aprovechándose de un contacto más directo con el poder estatal, buscó encaramarse en el poder, estrategia que no fue aceptada por el resto de la agrupación provocando una crisis profunda en el interior de la misma.
PALABRAS CLAVES: frontera, relaciones interétnicas, zona tribal.
Desde hace algunas décadas se han comenzado a producir trabajos de investigación cuyo centro de atención está situado en el interior mismo de los pueblos nativos americanos.
A diferencia de las interpretaciones más tradicionales, en ellos se parte de la idea básica de que las sociedades indígenas no constituyen un bloque monolítico que se opone a la sociedad hispano-criolla.
Por el contrario, comprenden una diversidad de agrupaciones con relaciones complejas tanto entre ellas como con los diferentes agentes estatales y particulares con quienes interactúan.
Estos avances historiográficos son deudores de nuevos planteos metodológicos que han permitido avanzar en el conocimiento de los pueblos indígenas.
1 Entre las revisiones más profundas que se realizaron vale la pena señalar la fuerte critica a que han sido expuestos ciertos conceptos canónicos como los de cultura e identidad.
En ambos casos se superó la tendencia a considerarlos como conjuntos cerrados de elementos que podían ser aislados y estudiados.
Estas reformulaciones llevaron a descartar la idea de culturas puras y/o contaminadas y a nociones como la "pérdida de la identidad" para aquellos pueblos que incorporaron rasgos procedentes de otros grupos.
En su lugar prima la idea de que tanto la cultura como la identidad deben ser estudiadas en relación con los otros.
2 Al dotar a estos conceptos de dinamismo e historicidad se pudieron detectar cambios en las estrategias de algunas comunidades; así, por ejemplo, se plantea que un mismo grupo pudo haber pasado de épocas de gran innovación y cambio a otras, de aparente apatía y de rechazo a la adaptación o a situaciones en donde, en el interior del grupo coexistían al mismo tiempo estas dos lógicas, creando tensiones políticas entre los diferentes sectores.
Una línea de análisis desarrollada a partir de estas premisas está centrada en los procesos de etnogénesis.
El concepto, utilizado por primera vez por William Sturtevant en un trabajo aparecido en 1971, hacía referencia a la emergencia "física" de nuevos grupos políticos a causa de la lle-gada de los europeos.
3 Sin embargo, el término etnogénesis fue retomado más tarde por otros estudiosos norteamericanos, experimentando un notable cambio semántico.
En la actualidad se lo utiliza para caracterizar procesos muy diversos de transformaciones no solamente políticas sino también en las formas de definición identitarias de un mismo grupo a través del tiempo poniéndose el énfasis en las capacidades de adaptación y de creación de las sociedades indígenas donde las nuevas agrupaciones sociales no derivaban solamente de procesos de fisión y fusión internos a las sociedades nativas sino también a través de la incorporación de elementos exteriores.
Uno de los impactos más disruptores a partir de los cuales se han estudiado en profundidad los procesos de etnogénesis ha sido la "expansión histórica de los estados coloniales y nacionales" en el continente americano.
4 Vinculado a este proceso, Ferguson y Whitehead elaboraron el concepto de zona tribal para caracterizar un área geográfica continuamente afectada por la proximidad de un estado pero que no se encuentra bajo su administración directa.
El impacto que produce dicho estado sobre las poblaciones nativas puede verificarse a través de una doble dinámica de coerción y seducción.
En el primer caso mediante el uso de la amenaza militar y en el segundo a través de distintas vías como los obsequios a jerarquías indígenas, condiciones favorables para el intercambio comercial y/o ayuda militar.
5 El avance estatal impacta sobre los pueblos nativos de dos maneras diferentes.
Por un lado, mediante la transformación de sus formaciones socio-políticas.
Según los autores, los pueblos indígenas pueden reaccionar de tres maneras diferentes: resistiendo la expansión del estado, cooperando con él o huyendo otros espacios.
La definición del tipo de estrategia a establecer puede producir el efecto colateral de una división al interior de los grupos en donde algunos lideres apoyen una vía de resistencia en tanto otros sostengan la conciliación.
El resultado de estas estrategias daría origen a diversos tipo de estructura políticas dentro de la zona tribal: 6 cacicazgos, redes de alianzas, villas autónomas, clanes segmentales, familias extendidas, bandas especializadas y tribus.
El otro impacto al que se refieren Ferguson y Whithead tiene que ver con la generalización de la guerra dentro de la zona tribal.
En efecto, para los autores, esta zona impactada por la presión estatal modifica sensiblemente los patrones guerreros experimentándose una alteración en la forma en que se libraban las hostilidades, conduciendo a una intensificación de los conflictos, o llegando inclusive a provocarlos en áreas donde no habían existido previamente.
A partir de estos conceptos, el objetivo del presente trabajo es analizar el devenir de la agrupación indígena borogana en el espacio pampeano.
El relato abarca desde el momento de su instalación en una zona de indudable valor estratégico como eran las Salinas Grandes, región de abastecimiento de sal y centro de confluencia de rutas de comercio indígena, ubicada en la actual provincia de La Pampa (ver mapa), hasta su desintegración como grupo de importancia, proceso que tuvo lugar en el corto lapso de menos de 10 años.
El trabajo, en el sentido que le estamos dando, se inscribe en una línea de análisis desarrollada por Daniel Villar y Juan Francisco Jimenez quienes definieron al espacio indígena ubicado a ambos lados de la cordillera andina, desde fines del siglo XVIII, como una zona tribal expuesta al avance estatal tanto bonaerense como chileno.
Bajo este supuesto, los autores realizaron una exhaustiva periodización de los conflictos inter-tribales originados en la Araucanía que, con el tiempo, se extendieron hacia las pampas.
7 En el caso que nos interesa, a los enfrentamientos entre distintas agrupaciones se agregó una fuerte presión estatal ejercida desde el gobierno bonaerense que conspiró contra la conformación de un nuevo grupo étnico.
En efecto, sostenemos que los boroganos transitaban, a inicios de la déca-6 Un plateo similar acerca de la influencia de un poder estatal sobre las conformaciones políticas nativas habia sido planteado por Morton Fried en lo que denominó "el sesgante efecto de las situaciones secundarias", es decir "un cambio en complejidad de las instituciones políticas en presencia de sociedades más desarrolladas políticamente".
Citado en Bechis, Martha: "Los lideratos políticos en el área arauco-pampeana en el siglo XIX: autoridad o poder?" en La etnohistoria en CD Número especial de la revista Naya, Facultad de Filosofía y Letras, 1999.
7 Villar, Daniel y Juan Francisco Jimenez: "La tempestad de la guerra: Conflictos indígenas y circuitos de intercambio.
Elementos para una periodización (Araucanía y las Pampas, 1780-1840)", en Mandrini, R y C. Paz: Las fronteras hispanocriollas del mundo indigena latinoamericano en los siglos XVIII y XIX.
SILVIA RATTO da de 1830, por un doble proceso de fisión interno y de fusión con grupos llamados "ranqueles" 8 que no llegaron a producir la aparición de un nuevo grupo identitario debido a las imposiciones del gobierno.
Estas se expresaron en una constante presión del entonces comandante general de campaña Juan Manuel de Rosas 9 por separar a los dos grupos debido al enfrentamiento que siempre había existido entre la agrupación ranquel y el gobierno bonaerense.
Pero, además, esa misma presión generó conflictos en torno al poder dentro de la dirigencia borogana.
Dotada inicialmente de una jefatura plural se produciría una puja por el mando donde uno de los principales caciques, aprovechándose de un contacto más directo con el gobierno bonaerense, buscó encumbrarse en el poder, estrategia que no fue aceptada por el resto de la agrupación provocando una crisis profunda en su interior.
Antes de iniciar el análisis de este caso, vale la pena detenernos un instante en la cuestión de las fuentes utilizadas.
Al intentar acercarnos al conocimiento de la vida interna de los pueblos indígenas existe el temor inevitable de las dificultades que conlleva estudiar a grupos que carecen de escritura y, por ello, no han dejado fuentes de primera mano.
Sin embargo, en el caso de los grupos que habitaban la zona de pampa, la adopción de la escritura fue un proceso que, lentamente, fue asumido por los caciques más importantes.
La necesidad de relacionarse diplomáticamente con los gobiernos criollos llevó a que en las tolderías surgieran escribientes que asumían la función epistolar de los caciques.
En ese sentido, la documentación que hemos podido localizar para estudiar la trayectoria de este grupo indígena es de una riqueza excepcional.
Se trata de la fluida y voluminosa correspondencia que provenía del 8 Las categorizaciones étnicas que surgen en la documentación de la época deben ser tomadas con mucha precaución debido a que, en general, los grupos indígenas estaban involucrados en procesos etnogenéticos desde la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX que incluían rasgos tehuelches, mapuches y/o pehuenches de ambos lados de la cordillera.
Los ranqueles habían surgido de un primer mestizaje entre indios andinos de los alrededores de Neuquén y autóctonos de mamil mapu, (o "país de los montes", era un espacio que se extendía al este del complejo Atuel-Salado-Chadileuvu) en el último cuarto del siglo XVIII.
Las fuentes frecuentemente extenderían la designación de ranquel a todo indio que viviera en dicho paraje.
De igual manera, las fuentes mencionan de manera generica a los indios del otro lado de cordillera como "chilenos"-Por tal motivo, transcribiremos entre comillas las denominaciones étnicas que figuran en la documentación.
Hasta su reelección en 1835 se mantuvo como comandante general de campaña.
De todos modos, en ambos cargos supo centralizar en su persona el manejo de la política indígena por lo cual toda la correspondencia proveniente de las tolderías boroganas iría siempre dirigida a él.
centro mismo del grupo borogano y era dirigida a distintas autoridades provinciales, incluido el gobernador.
Estas misivas que partían de las tolderías y arrojaban por lo tanto una información directa sobre los acontecimientos que se vivía en ellas, provenían de diversas fuentes: el mismo escribiente de los caciques, los lenguaraces que se hallaban cumpliendo algún tipo de misión y los oficiales criollos asimismo afectados a algún servicio de vigilancia o espionaje.
La frecuencia con que se escribían estas cartas y la diversidad de remitentes nos permitió seguir, por momentos, día a día la vida en los campamentos indígenas y, en ocasiones, contar con más de una versión sobre el mismo hecho.10
El espacio pampeano al arribo de los boroganos
Desde fines del siglo XVIII el espacio indígena a ambos lados de la cordillera se hallaba poblado por una cantidad de grupos nativos que compartían ciertas características socio económicas producto de profundos cambios que se remontaban al siglo anterior.
Uno de ellos fue la llamada araucanización de las pampas que consistió, en una primera etapa que puede ubicarse en el siglo XVII, en la difusión de elementos culturales típicos de los grupos indígenas ubicados al otro lado de la cordillera (tejido, metalurgia y cultivo unidos a ciertos rituales y creencias) que impactaron primero en la zona cordillerana para bajar lentamente hacia las pampas.
11 Con la multiplicación del ganado europeo, el comercio de este bien se constituyó rápidamente en un importante vínculo entre esas agrupaciones.
La disminución del cimarrón en el siglo XVIII coincidió con un incremento de la demanda de ganado por parte de mercado colonial chileno y derivó en una modificación en las formas de apropiación del mismo.
Las primeras expediciones de caza pasaron a convertirse en malones que tenían como objetivo las estancias ganaderas de las fronteras del Virreinato del Río de la Plata.
El malón tomó el carácter de una empresa económica colectiva que llevaba a la concertación de alianzas entre distintas parcialidades.
Generalmente estas uniones eran fugaces y convocadas con el úni-co objetivo de obtener ganado de los establecimientos fronterizos de manera que, producido el malón, los grupos se separaban.
El constante intercambio y circulación de bienes y personas implicó, asimismo, la necesidad de concertar acuerdos con las parcialidades que habitaban o controlaban los territorios de paso.
Estas negociaciones podían derivar en matrimonios interétnicos, en alianzas coyunturales de tipo político y, en casos extremos, en la formación de grupos étnicamente mixtos.
Esta ultima estrategia, iniciada como una alianza para un fin específico (guerra, arreo de ganado), podía dar origen a confederaciones de relativa estabilidad.
Pero no todos los contactos eran pacíficos sino que también dieron lugar a fuertes conflictos interétnicos.
Los movimientos revolucionarios que a inicios del siglo XIX comnocionaron la vida a ambos lados de la cordillera agregarían nuevos elementos a este contexto profundizando los enfrentamientos intertribales e interétnicos.
Por un lado, el accionar de realistas e independentistas en Chile, que perseguían la incorporación de indígenas a sus respectivas fuerzas derivó en una extensión de la "guerra a muerte" en las pampas.
La presión ejercida por las tropas revolucionarias lograron concentrar la resistencia realista al sur del territorio y esta presión decidió a algunos grupos a cruzar la cordillera buscando refugio en las pampas.12 Esta etapa, que se considera historiográficamente como la segunda etapa de la araucanización, se caracterizó por el hecho de que estos movimientos de población derivaron en el asentamiento de grupos indígenas extracordilleranos en la región pampeana.
Por otro lado, el fracaso en establecer un poder nacional en el territorio del ex virreinato del Río de la Plata, derivó en el surgimiento de las administraciones autónomas provinciales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza quienes con frecuencia se enfrentaron políticamente entre sí y ofrecieron a los grupos indígenas un abanico de posibilidades para negociar y construir diferentes redes de relaciones.
En ese período, la presión estatal proveniente de los gobiernos bonaerenses produjo asimismo una importante modificación en el espacio indígena.
Desde inicios de la década de 1820 el gobierno de Buenos Aires había comenzado a planear, incentivado por la demanda de productos pecuarios por parte del mercado ultramarino, la expansión del territorio provincial hacia el sur lo que derivaba inevitablemente en la apropiación de tierras indí-genas.
Luego de varias marchas y retrocesos, en 1823 se fundó el fuerte de Independencia en las sierras de Tandilia, un rico campo de pastoreo indígena y, cinco años más tarde, el avance se completó con el asentamiento de cuatro fuertes más: 25 de Mayo, Federación, Laguna Blanca y la Fortaleza Protectora Argentina en Bahía Blanca (ver mapa).
Esta expansión había producido el quiebre de un importante núcleo indígena especializado en el pastoreo de ganado entre las sierras de Ventana y Tandil13 y un desplazamiento de los pueblos nativos hacia el interior del territorio indígena.
Paralelamente, el asentamiento de grupos indígenas que habían cruzado la cordillera en busca del control de pasos estratégicos situaría en la zona de Salinas Grandes -Guaminí -Carhue el centro de poder dentro del territorio indígena.
14 Esta presión estatal no se tradujo solamente en la expansión territorial sino también, en términos de Ferguson y Whitehead, en mecanismos de seducción.
En efecto, a fines de la década de 1820 el gobernador de Buenos Aires implementó una política indígena que tenía una fuerte apoyatura en la entrega de raciones y obsequios a las principales jerarquías indígenas que pactaran las paces con él y, al menos en teoría, el ofrecimiento de ayuda militar contra los enemigos.
Esta política llamada "negocio pacífico de Indios" representaba, en términos muy amplios, una relación de amistad expresada fundamentalmente en la entrega de auxilios económicos a dos categorías de grupos indígenas: los amigos y los aliados.
Los primeros eran grupos reducidos en el espacio fronterizo sometidos a ciertas prestaciones cuya composición fue cambiando en el tiempo y que, básicamente, tenían un vínculo de dependencia personal con el gobernador.
Los segundos eran grupos indígenas con autonomía política, asentados en territorio no controlado por el gobierno provincial pero que habían acordado una relación pacífica con éste.
15 Sin embargo, más allá del acuerdo de no agredirse militarmente, no resultaba muy claro si existía otro tipo de compromisos mutuos en esta relación: para los propios actores no se hallaba claramente establecido qué esperaba uno del otro.
Uno de los grupos que se incorporaron como "aliados" al Negocio Pacífico fueron precisamente el de los protagonistas de esta historia: los boroganos.
Un acuerdo inicial sobre bases muy débiles
Los boroganos eran una agrupación llanista de la zona de Boroa en Chile, que había arribado a las pampas en la década de 1820 acompañando a los realistas chilenos Pincheira16 y se había instalado en la zona de las Salinas Grandes en la pampa, región de gran valor estratégico dentro del territorio indígena al ser el paso obligado para acercarse a la frontera bonaerense.
La jefatura de la agrupación era ejercida de manera plural por seis caciques de los cuales tres de ellos constituían la cúspide de la autoridad (Cañuiquir, Rondeau y Canuillan).17 Dentro de esa trilogía, el primero de ellos comenzó a ser nombrado y a autoreferenciarse como "el cacique mayor".
Este surgimiento de un primus inter pares pudo haber tenido mucho que ver con la necesidad de centralizar en un solo cacique el curso de las negociaciones; en efecto, el cacique Cañuiquir fue nombrado en la documentación como el representante de la parcialidad para ajustar las paces.
Luego de intensas negociaciones, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, consiguió romper la alianza borogana-pincheirina y lograr un acercamiento a los caciques boroganos.
18 Estas paces tenían, para el gobierno, el objetivo de contar con un aliado en la zona de Salinas desde donde se podía controlar, e impedir, la llegada de malones a los establecimientos fronterizos.
Durante esta etapa de negociaciones el cacique Cañuiquir fue el representante del grupo y permaneció largas temporadas en distintos puntos de Buenos Aires en los que fue atendido con toda ceremonia.
Al regresar al campamento borogano en Guaminí a fines del año 1832 lo acompañaba un piquete de 46 carabineros al mando del coronel Manuel Delgado, los capitanes Pablo Millalicán (escribiente de los caciques boroganos), Pablo Castro19 y el lenguaraz Juan Verdugo quienes permanecieron allí por un tiempo.
Inmediatamente después de acordadas las paces, el gobierno comenzó a ejercer presión sobre los nuevos aliados para lograr su colaboración militar en campañas punitivas contra grupos hostiles.
La respuesta de los boroganos varió en función de la agrupación definida como enemigo por el gobierno bonaerense.
En el año 1832, se concretó la participación borogana en las campañas que se llevaron a cabo contra el cacique "chileno" Toriano,20 jefe con quien los primeros tenían un largo enfrentamiento.
La situación fue diferente cuando los enemigos fueron los ranqueles, agrupación que siempre se había negado a firmar paces con el gobierno de Buenos Aires.
21 En este caso, la reacción de los caciques boroganos fue muy diferente ya que existía una fuerte relación entre los grupos al punto que era muy difícil distinguir a unos de otros para los mismos observadores blancos.
Esta presión estatal sobre un grupo que, a su vez, estaba pasando por un proceso de unión con otro sobre el que se esperaba que actuara, produjo en el interior de la agrupación borogana una crisis de poder.
La relación entre boroganos y ranqueles puede datarse fehacientemente en 1830 cuando los primeros tomaron el papel de intermediarios para la realización de negociaciones de paz entre los ranqueles y el gobernador de Buenos Aires.
Esta reunión, en la que también participó el cacique "chileno" Pablo que había arribado a las pampas en la década de 1820, fue analizada con gran detalle por Martha Bechis en un par de trabajos a los que remitimos para conocer los pormenores de esta alianza que no logro concretarse.
22 En uno de ellos se transcribe una carta firmada por los caciques boroganos Cañuiquir y Rondeau en la que se adjunta una nómina de los caciques que intervinieron en el encuentro adjudicando a cada uno la pertenencia a una agrupación determinada: la propia, la de los ranqueles o "los del Sor Llanquitur (Llanquetruz)" 23 y "los del Sor Pablo".
24 Para poder seguir de cerca la conformación de un grupo mixto de boroganos, "ranqueles" y "chilenos" partiremos de la mencionada nómina de caciques realizada a fines del año 1830 y veremos cómo la diferenciación entre los grupos, fue cada vez más difícil de sostener.
Para ello, cada vez que aparezcan mencionados algunos de los caciques que participaron de dicho encuentro agregaremos entre paréntesis su pertenencia "original" en dicho momento, refiriendo (B) por borogano, (LL) por pertenecientes a Llanquetruz y (P) por pertenecientes a Pablo.
La alianza borogana-"ranquel", inversamente a lo buscado por Rosas, comenzó a cobrar mayor solidez luego de la campaña expedicionaria al sur realizada en los años 1833 y 1834.
25 El revés que sufrió la agrupación de Llanquetruz en los encuentros con las fuerzas provinciales provocó la dispersión de la misma y la búsqueda de amparo y protección de varias familias en las tolderías boroganas.
A partir de entonces fue constante la mención de "parientes y relacionados" entre los dos grupos.
La campaña punitiva llevada a cabo en esos años había contado con la ayuda borogana y había logrado vencer al cacique Llanquetruz en el encuentro de "las Acollaradas" el 16 de marzo de 1833; la derrota lo había llevado a buscar 22 Ver nota 16.
23 Llanquetruz fue un importante líder de la agrupación "ranquel" que mantuvo una constante posición de hostilidad con respecto a las autoridades bonaerenses.
25 En esos años se llevó a cabo una campaña conjunta con fuerzas de varias provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) con el objetivo de perseguir a grupos indígenas que atacaban constantemente los establecimientos fronterizos para procurarse de ganado.
refugio en la cordillera junto a Pichun y otros jefes indígenas26 en tanto los caciques Marileo (B), Mariqueo (B), Antibil (B) atacados también por las fuerzas provinciales, comenzaron a presentarse al ejército pidiendo perdón y autorización para ir a vivir "con sus hermanos los boroganos".
27 Luego de la acción de las Acollaradas, Rosas envió a la división del coronel Manuel Delgado para localizar y terminar con Llanquetruz.
El 6 de junio reunidos en una Junta, los caciques boroganos acordaron incorporarse a las fuerzas de Delgado.
La campaña logró la rendición de gran cantidad de indios de pelea; sólo Llanquetruz había huido con unos 100 indios y se había refugiado en los montes.
28 El estado de precariedad en que habían quedado algunos jefes "ranqueles" llevó a que Payne (LL) y Carriagué (LL) iniciaran negociaciones con el objetivo de unirse a los boroganos.
De manera que, en los encuentros de 1833, encontramos por un lado a caciques boroganos que, unidos a Llanquetruz, fueron atacados por las tropas militares y debieron pedir la protección de sus "hermanos" 29 y, por otro lado, jefes ranqueles que, con sus familias, se incorporaron asimismo a las tolderías boroganas.
La situación no fue del mayor agrado para Rosas quien en varias cartas (dirigidas a Delgado, Rondeau y Cañuiquir) expresó su oposición al amparo que se estaba ofreciendo a jefes ranqueles exponiendo puntualmente que no estaba dispuesto a sostenerlos económicamente y que hacía a los boroganos responsables absolutos de la conducta de sus "huéspedes".
30 En principio los caciques boroganos, entre los que comienza a sobresalir Rondeau como principal interlocutor a pesar de que Cañuiquir había llevado adelante las primeras negociaciones de paz, expresaron un total acuerdo en atacar a los ranqueles que permanecieran hostiles y en tener bajo su mando y control a aquellos que se acercaran a pedir protección.
31 Pero la presión de Rosas sobre la agrupación se incrementó agregando una nueva exigencia: la devolución total de los cautivos existentes en las tolderías ranqueles y boroganas.
En septiembre de 1833, en un parlamento que había sostenido con el cacique Guichan (B) enviado de Cañuiquir, y el lenguaraz Baldevenito, exigió la entrega de 150 cautivos.
32 Al regreso de los enviados se realizó una junta entre los caciques boroganos para determinar el curso de acción a seguir.
En la misma, comenzó a reflejarse más nítidamente una diferenciación en el cuerpo de caciques cobrando un protagonismo creciente Rondeau en la dirección de los asuntos diplomáticos.
En la junta mencionada, Cañuiquir planteó que la entrega de cautivos debía conseguirse de sus poseedores mediante la persuasión.
Rondeau, por el contrario, apoyaría el uso de la fuerza de ser necesario para completar con el contingente exigido por Rosas.
33 La ultima posición fue la que primó y se decidió realizar una expedición a los toldos ranqueles, aprovechando la ausencia de una partida que se había ido a malonear, para quitar los cautivos por la fuerza.
Al regreso de la misma, en una nueva junta a la que asistieron Millalicán, Castro y Baldevenito se relataron los pormenores de ella.
"estuvieron los casiques Canuiquir y Melin y otros capitanes dando cuenta al casique Rondeao como les havia ido y como se habían portado ellos en su comisión diciendo los que no querían entregar a la fuerza; Melin (B), Ynaypil (B) y Bena (B) se portaron con mas energía que Canuiquir al cabo es suplicador con sus yndios ynferiores..., dicen que anduvo siempre rogando y suplicando como acostumbra; solamente Melin dicen que por un tris se serro a lansas con el casique Carriane (Ll) que era el sobervio que no queria oyr decir pas y dicen que Melin le hiso humillarse a la paz...".
34 La imagen de la junta realizada luego de esta incursión a los toldos ranqueles es muy elocuente: Cañuiquir y Melin se presentaban, según el relato de Millalicán, como jefes menores que informaron a Rondeau sobre el resultado de esas incursiones.
Si para el escribiente, Cañuiquir no fue empeñosos yo lo deceo con ansias (Millalicán a Rosas, 30 de julio AGN,X,27.5.7).
Mientras esto sucedía en el campamento borogano, otros grupos intentarían imitar la estrategia de los "ranqueles" de deponer la hostilidad pero mantener cierta independencia mediante la intermediacion de los boroganos.
En efecto, en esos días había llegado a las tolderías un chasque dirigido a Cañuiquir por parte de los caciques Chocorí y Mauli, quienes estaban sufriendo los embates de la division del coronel Angel Pacheco, pidiendo que intercediera por ellos para terminar con las hostilidades.
suficientemente enérgico para conseguir los cautivos, Melin y otros más usaron la fuerza para apoderarse de éstos.
Al regreso al campamento, los indios que participaron en la expedición intentaron ocultar algunas cautivas en sus toldos.
Nuevamente en esta oportunidad Rondeau y Melin no dudaron en quitarlas por la fuerza.
35 Como resultado de estas operaciones lograron juntarse 150 cautivos que en el mes de diciembre se entregaron en Bahía Blanca.
36 Este gesto de los boroganos no conformó a Rosas que siguió forzando la entrega de más cautivos y el sometimiento definitivo de los ranqueles.
La presión in crescendo de Rosas exacerbó los conflictos que comenzaban a gestarse en el interior de la agrupación.
El principio del fin: el fallido intento de Rondeau por monopolizar el poder
A inicios del año 1834, las cartas enviadas a las autoridades provinciales por Pablo Millalicán reflejaban que en las tolderías se vivía un clima de gran incertidumbre acerca del futuro de la relación con el gobierno y se temía que el ejército provincial atacara el campamento.
Para resguardarse de este posible ataque, los caciques boroganos habían convocado contingentes del otro lado de la cordillera con el fin de incrementar sus fuerzas prometiendo, como señuelo para captar esa ayuda, la realización de malones sobre las estancias bonaerenses.
Pero paralelamente a esta estrategia, se intentó recomponer la relación con el gobierno a través de contactos más fluidos con el cacique Venancio Coñuepan, muy cercano a Rosas, que se encontraba asentado en las cercanías del fuerte de Bahía Blanca.
Es decir, ante un debilitamiento de la relación con el gobierno, los boroganos jugaron una doble diplomacia: intentaron reanudar el contacto pacífico con Rosas y, para el caso de que esta estrategia no diera resultados, buscaron la ayuda de aliados indígenas para contrarrestar un posible ataque.
El mes de febrero sería clave en la reformulación de los acuerdos con el gobierno.
En una carta conjunta firmada por los caciques Cañuiquir, Rondeau, Canuillan y Melin el 21 de febrero, se informaba el envío de tres capitanes para entrevistarse con Rosas en un intento por restablecer la confianza.
El comandante de frontera conocedor de lo que estaba sucediendo entre los caciques boroganos, sugería que fuera Rondeau quien se acercara a Bahía Blanca.
37 A pesar de este mutuo intento por normalizar la relación, el doble juego de los caciques boroganos de amparar a ranqueles y mantener la alianza con el gobierno mostraba constantemente su inconsistencia.
La persistente incorporación de familias "ranqueles" derivó en una escasez de recursos para sostener una población tan crecida.
Los envíos del gobierno no sólo no habían reflejado un aumento sino que, en estos momentos de tensión, parecían disminuir.
La salida más rápida y directa para obtener recursos era el ataque a establecimientos fronterizos.
En febrero de 1834, Millalicán informaba que ante la noticia de partidas maloneras sobre la frontera "el casique Rondeao hizo una Junta de sus yndios y los amenaso muy agriamente...".
38 Mientras tanto, los enviados de los caciques habían regresado de la entrevista con Rosas llevando una invitación a parlamentar.
La designación de Rondeau como representante provocó algunas resistencias en la agrupación.
El mismo cacique reconocía la dificultad que había encontrado para que los otros caciques y capitanes aceptaran realizar esta entrevista marginando a Cañuiquir que hasta el momento se había desempeñado como el interlocutor del grupo.
"Yo vengo Señor y hermano no a quitarle el derecho y la facultad que le tenemos dado a nuestro antiguo mayor, a Canuiquir, que el está lleno de facultades para trabajar las paces hasta concluirla; perdone VE nuestras torpesas.
En nuestras leyes no se puede privar a un hombre superior en las facultades que se le han conferido ayudarle si se puede: en todo lo posible pero no quitarle el empleo.
Estas son leyes de nuestros Antiguos y estamos muy firmes de concervarlas y no abolirlas esto lo hago saber a SE con todo respeto".
38 Según su relato, el mismo Millalicán amenazó a los indios con convocar 10.000 hombres para castigarlos y acabarlos.
La pretensión del escribiente de arrogarse un poder que no tenía en el grupo se hizo evidente ya que, según él mismo relataba "estas voces que di entre los yndios sin duda le fueron a darle cuentos a los casiques y hoy en la junta me ynsulto mucho Melin sobre esto...".
39 Rondeau a Rosas, 29 de febrero de 1833 AGN,X,24.9.1 Una version similar sobre la dificultad en conseguir la aceptación para esta entrevista fue la presentada por Millalicán en la carta enviada a Venancio el 27 de febrero de 1834. en ella planteaba que "... ha costado tanto conseguirlo que fue un triunfo sacarle el si a los caciques y los demas cabezas Cañuiquir el que resistía más" Ibidem.
Lo evidente es que era el mismo Rondeau quien no estaba muy firme en conservar las leyes de los antepasados intentando efectivamente "privar a un hombre superior en las facultades que se le han conferido".
En esta expresión del cacique se revela de manera transparente su intención por romper precisamente las reglas del admapu, de las tradiciones ancestrales, que guiaban la vida de estas comunidades.
Las leyes de "los antiguos" establecían las formas de hacer política mediante el consenso de toda la agrupación.
Y era a través de este consenso que la persona seleccionada debía llevar adelante las negociaciones con otros grupos.
Si bien Rondeau reconocía que esa era la tradición y que según ella Cañuiquir debía ocupar su lugar en el parlamento, lo desplazó en esta ocasión en lo que constituiría el primer paso hacia un quiebre más profundo de las prácticas políticas de la agrupación.
En el parlamento realizado entre Rondeau y Rosas en marzo de 1833, el último le hizo varios cargos al cacique entre los que se encontraba el llamado hecho a los indios transcordilleranos y el ocultamiento de una gran cantidad de cautivos que aún permanecían en las tolderías.
Luego de la charla en la que el jefe borogano se comprometió a insistir en la entrega de cautivos, se acordó que el cacique amigo Cachul 40 acompañaría a Rondeau para ayudarlo a cumplir con esa tarea.
Sin embargo, la misión de ese cacique, que se extendió de abril a mayo de 1834, tenía un propósito oculto: obtener información acerca de la convocatoria que se había hecho a los caciques transcordilleranos.
Mientras Cachul marchaba desde Bahía Blanca con Rondeau hacia el campamento borogano, Manuel Delgado partía desde el fuerte Mayo con un convoy de carretas repleto de obsequios destinados a recompensar la entrega de los cautivos.
Luego de unos días de festejo por el reparto de los presentes, se acordó que el 28 de mayo Delgado abandonaría el campamento junto con la comitiva que entregaría los cautivos en el fuerte Mayo.
Pero, como había sucedido en la entrega de diciembre del año anterior, los principales caciques boroganos realizaron una cuidadosa selección de los cautivos a entregar para no perder los propios.
Delgado, que presenció los hechos, los narraría con sumo detalle.
Según el oficial entre las cautivas que se entregaron se contaban "29 que entregó Rondeao de los indios pobres que les quito y eso eran basuras unas biejas y muchachitos dies entregó Cañuquil entre unos muchachos con Barba que fue 40 Este cacique, junto con Catriel, fue uno de los primeros jefes indígenas que estableció una alianza de amistad con el gobierno de Buenos Aires.
ISSN: 0210-5810 menester sacarlos a palos y traerlos bajo de guardia, ocho entregó Melin y uno Canullan y an quedado en todas las tolderías sobre 120 solo en el toldo de Rondeao ay dies y seis y el no a entregado ninguna de su toldería lo mismo Cañuquil lo mesmo melin y lo mesmo Canellan lo mesmo los capitanejos todo sea buelto embrolla...".
41 Mientras se desarrollaban estas "cacerías" de cautivos los informes reservados de Cachul comenzaron a proveer información acerca de la llegada de los indios transcordilleranos.
"... hace siete o seis días que he sabido por un cacique que esta de amigo con Cañuiquir que havian llegado los chilenos a las Manzanas y que alli estaban esperando ordenes de los caciques boroganos esta fuerza es fuera de la que ya esta en Chadileu también sé que luego nos vamos marcha el cacique Melin con 50 indios para Chadileu a llamar la fuerza que se haya ayi a los lados de Mendoza o el Rio Cuarto... es preciso que estén con cuatro ojos los de Bahia Blanca los de Patagones y en fin los de todos puntos porque estas indiadas no han de volverse de valde asi es que es preciso tener mucho cuidado...".
42 El 20 de mayo Delgado ya se encontraba en el fuerte Mayo esperando que en pocos días regresara Cachul de su comisión junto con Cañuiquir y "un mundo de indios" que esperaban entrevistarse con el gobernador en Buenos Aires.
Llamativamente vuelve a cambiar el representante de la agrupación retornando Cañuiquir a cumplir ese papel.
Paralelamente el campamento iba incrementando cada vez más su población con la incorporación de nuevos grupos.
El 10 de julio Millalicán informaba la llegada de 500 lanzas chilenas que habían llegado con el fin de pedir las paces con los boroganos y cristianos.
Según Millalicán, el cacique Rondeau no había notificado al gobierno sobre estos grupos por estar averiguando las verdaderas intenciones de los mismos.
43 De manera que, a mediados del año 1834, varias cosas habían sucedido en la relación con el gobierno y en la estructura misma del grupo borogano.
En primer lugar, la constitución de un grupo étnicamente mixto quedaba evidenciado por las incorporaciones que se habían producido desde mediados del año 1833.
Estas anexiones se habían justificado en la precaria situación económica de los grupos que habían buscado el amparo de 41 Ibidem.
(AGN,X,24.9.1).Una información similar sobre el agregado de una importante fuerza de indios de lanza fue elevada por Delgado desde el fuerte Mayo.
estos caciques y en ciertas ocasiones, precisamente el auxilio del cacique Rondeau.
Pero muchos de estos nuevos habitantes de Salinas se vieron fuertemente presionados para entregar sus cautivas como una forma de cumplir con la exigencia de Rosas, al tiempo que veían que sus "protectores" no realizaban la misma operación.
Otras incorporaciones, como las mencionados en ultimo lugar, parecían ser, a simple vista, bastante conflictivas.
En el caso de la anexión de grupos "ranqueles" se crearía en los jefes boroganos una contradicción fundamental en el doble juego que llevaban a cabo.
La posición de Rosas con respecto a ellos era muy clara: debían ser desarmados y estar bajo la vigilancia de los boroganos.
Pero la necesidad de obtener recursos vía malones se imponía como fundamental alternativa para abastecer a un grupo cada vez más numeroso.
Estas incursiones que se dirigían sobre las provincias del Interior intentaban contar con auxilios boroganos.
Accedieran o no a estos convites, los jefes boroganos se hallarían en falta con respecto a la condición impuesta por Rosas de garantizar que los ranqueles no actuaran sobre las estancias ganaderas.
Ante esta contradictoria actitud no había demasiadas opciones.
Una de ellas era el quiebre de la alianza con el gobierno reafirmando la existencia de este grupo mixto y la otra, mucho más riesgosa para la agrupación, implicaba un acercamiento mayor al gobierno utilizando un poder poco común en estas sociedades, que mantuviera firmemente sujeto a los sectores minoritarios incorporados.
Esta ultima fue la opción escogida por el cacique Rondeau secundado por su par Melin.
Llamativamente, cuando la situación parece alcanzar un punto máximo de tensión producto de la llegada de los indígenas "chilenos", los caciques Cañuiquir y Alón se hallaban en el interior del territorio provincial con el objetivo de entrevistarse con Rosas.
Este hecho no debe pasarse por alto rápidamente sino que podría interpretarse como una maniobra planificada por estos caciques para encontrarse fuera de las tolderías en momentos de incierto desenlace.
En efecto, mientras ellos se encontraban en la guardia del Monte, en el campamento borogano, los caciques Rondeau y Melin se enfrentaban a la llegada del contingente que había sido convocado por ellos mismos.
Si querían mantener la alianza con el gobierno era claro que debían disuadirlos del proyectado ataque a la frontera.
En este sentido la conjetura de Cachul probaría ser muy acertada.
Si los caciques boroganos retrocedían en su invitación para atacar las fronteras estas indiadas no han de volverse de valde.
El ataque de Masallé y la dispersión de la agrupación.
El 8 de septiembre, los indios chilenos que se habían incorporado a los boroganos, vieron frustrados sus objetivos de malonear sobre la frontera.
En respuesta, acometieron las tolderías en Masallé asesinando a los caciques Rondeau y Melin.
44 En este ataque también participaron indios ranqueles y boroganos descontentos con los intentos de los jefes mencionados por arrogarse un poder mayor al que tenían.
Las expresiones de fuerza que ambos mostraron para cumplir con las exigencias de Rosas en torno a la devolución de los cautivos, el castigo de aquellos indios que participaron en malones sobre otras provincias y, finalmente, la marcha atrás en la convocatoria a malonear hecha a los chilenos provocaron una oposición creciente en el campamento borogano que culminó con el asesinato de los caciques.
La noticia del ataque fue recibida por los comandantes de los fuertes Mayo y Bahía Blanca por indios que, escapando al enfrentamiento, se dirigieron a buscar protección en dichas fortalezas.
Otros, temerosos de nuevos enfrentamientos y suponiendo la participación de Rosas en el ataque, habían tomado direcciones diversas: algunos se habían unido a los enemigos y otros habían huido hacia Mamil Mapu.
45 Recién a partir de octubre, la correspondencia desde las tolderías boroganas, que se había silenciado totalmente, volvió a mostrar la continuidad y frecuencia de antes.
Pasado el momento de aturdimiento inicial las comunicaciones de Millalicán, quien había sido apresado en el ataque de Masallé pero posteriormente pudo escapar, eran muy elocuentes en cuanto a la situación que estaban viviendo los sobrevivientes y sobre los cambios que había tenido su misma posición en la agrupación.
Si hasta entonces las autoridades de Bahía Blanca se dirigían a Millalicán como el principal nexo para comunicarse con los caciques, la desaparición de unos y la ausencia de otros 46 dejaba al escribiente sin los interlocutores habituales.
Este informaba que en la tribu los únicos caciques que eran obedecidos en todo lo que decían eran 44 Según una versión muy arraigada en la historiografía, el ataque habría sido planeado por Rosas quien captó a Calfucurá para que asesinara a los caciques boroganos.
En un trabajo previo discutimos en profundidad esta interpretación.
46 Por muerte de Rondeau y Melin, por ausencia de Cañuiquir y Alon que se hallaban en la provincia intentando parlamentar con Rosas y por el desplazamiento de Caneullan hacia el fuerte Mayo.
los difuntos Rondeau y Melin y que él, por el contrario, no tenía el menor mando "el uno es porque no soy casique, ni deceo serlo, yo estoy acostumbrado mandar en las tropas de linea; soldados veteranos y diciplinados y no entre estos ynfelises que me manejan con torpesas, y se obedecen a rruegos y no con ymperios".
47 Estas expresiones confirman la estructura de poder de estos grupos en donde los caciques debían ratificar su autoridad mediante la aprobación de sus indios por lo cual, la pretensión de Rondeau y en menor medida de Melin, de modificar este estado de cosas había provocado un fuerte rechazo.
Con la muerte de los caciques y ante la ausencia de Cañuiquir, se decidió que Meligur, hijo de Rondeau, se haría cargo de la tribu.
48 Pocos días después se produjo un nuevo ataque sobre las tolderías de Meligur de donde los incursores tomaron una importante cantidad de prisioneros.
Luego del ataque, el cacique se encontró rodeado por los que Millalicán denomina, dejando en claro la participación activa de jefes boroganos en el ataque de Masallé, como los traidores "Antibil (B), Cheuquepill (B) con los demas yndios de Gulumapus".
49 E insistía en otra carta que "Los entregantes según dicen que an sido Antibil (B), Llanquitur (R), Mariqueu (B), Cheuquepil (B), solo Marileu (B) dicen que lloro las muertes de los dos caciques...".
50 Luego del ataque que había sufrido, Meligur se dirigió al campo enemigo para intentar recuperar sus familias.
49 Los butalmapus eran jurisdicciones territoriales que, aunque reconocen una existencia pre colonial momento en que designaban reuniones esporádicas y coyunturales para resolver temas concretos, adquieren en el período colonial carácter de jurisdicciones territoriales permanentes (Boccara, G.
"Etnogénesis mapuche: resistencia y restructuración entre los indígenas del centro-sur de Chile (siglos XVI-XVIII)" en The Hispanic American Historical Review, Duke University Press, Vol.
AGN,X,24.8.6 51 Esta mecánica de guerra y diplomacia formaba parte de las tradiciones guerreras de los indígenas.
Enb su análisis sobre la guerra huiliche-pehuenche, León Solís señalaba que "los ciclos de violencia no llevaban necesariamente a la destrucción total en la medida que las batallas más brutales eran seguidas por una activa diplomacia que de acuerdo al admapu, pretendía resarcir los daños a través del intercambio mutuo de cautivos, la devolución de propiedades o el pago en especies para compensar las perdidas ocasionadas a sus contrarios.
Los rivales en momentos de paz recorrian los toldos de sus eventuales enemigos rescatando a los cautivos habidos en momentos de guerra".
Esta estrecha relación derivaba frecuentente en la realización de alianzas matrimoniales por lo que podía darse el caso de un jefe pehuenche rebelado contra su "etnía" y casado con dos mujeres huilliches.
Ante esto, "¿dónde recaían la lealtad del guerrero pehuenche que despues de haber sido capturado durante un malon paso SILVIA RATTO fuerzas de Bahía Blanca cayeron sobre el mismo campamento provocando la huida de Calfucurá, Cheuqueta y Cumio.
52 Este ataque provincial devolvió cierta calma a las tolderías boroganas por lo que algunas familias que se habían refugiado en Mamil Mapu, comenzaran a reunirse nuevamente en el campamento.
El cacique Cañuiquir, desde San Miguel del Monte, pidió a Meligur que le informara sobre la situación que se estaba viviendo en las tolderías.
En una extensa relación, Millalicán notificaría la posición de varios caciques especificándose cuáles se presentaban como aliados y cuáles eran abiertamente hostiles.
El informe de Millalicán también permitía constatar que dentro del grupo "chileno" había sectores diferentes.
Por un lado, boroganos que habían cruzado la cordillera, como un hermano de Melin, el cacique Nahuelquen, que evidentemente no habría participado en el ataque de Masallé, y por otro lado, un grupo de la región de Llaima de donde se distinguían los hermanos Calfucurá y Namuncurá de quienes no quedaba lugar a dudas sobre su protagonismo en dicho acontecimiento.
53 Pasado el momento de mayor tensión, se decidió trasladar el campamento a Carhué para alejarlo de otro posible ataque 54 y enviar a Meligur a Bahía Blanca para informar personalmente lo sucedido y coordinar acciones conjuntas con las fuerzas del fuerte.
55 En respuesta a ello marcharon dos expediciones combinadas de efectivos provinciales e indígenas comandadas por Meligur, Guayquil y Venancio.
Los ataques no lograron alcanzar a las fuerzas de Calfucurá que ya se habían retirado cruzando el Colorado pero cayeron sobre las tolderías que tenían en el Chadileu los caciques su infancia en un rehue huilliche?
¿Podian los capitanejos atacar a mansalva un asentamiento opositor cuando alli vivían algunos de sus parientes maternos?".León Solís, Leonardo, Los señores de las cordilleras y las pampas.
Mendoza, Universidad de Congreso/Municipalidad de Malargue, 2001.
En el caso que estamos analizando la rivalidad entre boroganos y ranqueles no formaba parte de su propia relación sino que intentaría ser creada e impuesta por el gobierno y se asienta precisamente sobre una red de relaciones de parentesco y consanguineidad existentes.
Teniendo en cuenta el tipo de relaciones existentes entre estos grupos, el resultado debía ser necesariamente opuesto al planeado.
53 "El cacique Nahuelquen uno de los que ha venido de Gulumapus hermano del finado Melin ha mandado decir que esta muy pronto ayudar en los asuntos de la guerra contra los asesinos de su hermano y que le mande chasque Meligur comunicandole varias cosas para resolverse y estar firme para ayudar... "
Millalicán agregaba que en ese momento, la fuerza con que contarían los boroganos para defenderse en caso de un nuevo ataque era de doscientos sesenta y siete hombres con lanzas y más de doscientos sin lanzas.
B), Choquepil (B) y Mariqueo (B) obteniéndose en las campañas más de 190 prisioneros de ambos sexos.
56 Paralelamente a estas acciones, el cacique Cañuiquir regresó al campamento junto con un destacamento a las órdenes del mayor Ramón Maza que tenía el objetivo de servir de protección y disuadir a los enemigos de un nuevo ataque.
Con la desaparición de Millalicán quien abandonó las tolderías para asentarse en Buenos Aires, 57 Maza, junto al lenguaraz Bustos quien también fue destinado a Guaminí, se convertirían en los principales informantes de los hechos en el campamento borogano.
La unión de las fuerzas militares en persecución de los atacantes de Masallé no derivó en una recomposición total de la, hasta entonces, tensa relación entre los boroganos y el gobierno.
La piedra del conflicto seguiría siendo el indisoluble vínculo de los primeros con los ranqueles.
Esta segunda etapa, en la que volvieron a producirse conflictos en el interior del grupo borogano en torno a ese tema, estaría marcada por la resistencia del cacique Cañuiquir a cumplir con la permanente exigencia de Rosas de "acabar con los ranqueles", posición totalmente diferente a la que había tenido Rondeau.
Nada más elocuente que las mismas palabras que pronunció el cacique al ser interpelado por el lenguaraz Bustos con motivo de haber cobijado a grupos ranqueles que habían atacado los establecimientos rurales de la frontera cordobesa.
Ante la reconvención del lenguaraz, el jefe borogano respondió que: "como va de desamparar a puros amigos hermanos parientes y lo que es mas a su llerno... que es suficiente castigo el aberlos abansado [el ejército provincial] en los Montes y que por eso los perdona".
58 A fines del año 1834 los boroganos habían experimentado un fuerte desgranamiento de su núcleo original y, lo que es más importante, algunos grupos habían pasado a la categoría de "amigos" abandonando la indepen-56 AGN,X,24.8.6.
En una nota enviada por el lenguaraz Bustos a Rosas desde Guaminí comentando esta expedición se nombraban a dichos caciques como ranqueles.
AGN,X,24.9.1 57 Los motivos de la desvinculación de Millalicán del campamento borogano no son claras.
Uno de los "indios sirvientes" que había traido del campamento le había solicitado pase para volver a su tierra pero él se había limitado a autorizar su viaje hasta el fuerte Mayo "precabiendo que no vaya hablar cosas impropias de mi al resto y cause tristezas y desconsuelos en los voroganos".
Y pedía ser avalado en esa decisión "Hasta que mis gefes y superiores dispongan de mi que destino devo seguir despues de los castigos con razon y justicia".
58 AGN,X,24.8.6 SILVIA RATTO dencia territorial para pasar a habitar en el interior de la provincia.
La separación de Caneullan y Guayquil (hermano de Rondeau) quienes habían sido acogidos bajo la protección del fuerte Mayo no hizo sino preanunciar futuros desmembramientos.
En Salinas Grandes permanecía el cacique mayor Cañuiquir y otros jefes boroganos, entre ellos Alón y Meligur quien había estado a cargo de la agrupación en ausencia del primero.
Para complejizar este escenario, se agregó en el juego diplomático un nuevo agente estatal que tuvo una acción bastante autónoma: el coronel Francisco Sosa, comandante de blandengues del fuerte de Bahía Blanca.
Sosa habría convenido directa y personalmente con el cacique Meligur el traslado de su gente al fuerte de Bahía Blanca para integrarse a las tolderías de Venancio.
59 Dicho desplazamiento provocó la férrea oposición del gobernador Rosas que alerto a Sosa sobre el peligro de llevar a las cercanías del fuerte un población de cerca de 300 indios de pelea.
60 La estrategia y el objetivo de Sosa en esta negociación son difíciles de dilucidar.
Sin embargo, algunas comunicaciones del lenguaraz Bustos, desde las tolderías boroganas de Salinas Grandes, arrojan algunos datos.
61 Según su interpretación, Sosa no buscaba más que aislar a Cañuiquir a quien hacía responsable del aviso que tuvieron los ranqueles sobre una expedición que se proyectaba desde Bahía Blanca, advertencia que había frustrado la incursión.
62 Lo cierto es que, desde inicios del año 1835, la incorporación de familias boroganas y ranqueles al campamento de Salinas Grandes fue una constante.
Así, se incorporon a Cañuiquir el cacique Marileo (B) que había esta-59 AGN,X,24.8.6.
62 El encono del coronel de blandengues hacia el cacique borogano había llegado al extremo de haberle dicho "en Salinas [que] lo iba a matar y no lo hizo por estar la tropa cristiana pero que no perdía las esperanzas de hacerlo".
La denuncia de Bustos sobre las actitudes de Sosa involucraba también la toma de bienes que había realizado en encuentros anteriores con los ranqueles, apoderándose de "todas las vacas, caballos, yeguas, cabras, ovejas y su tropa con todo el botin que habia en las tolderias y a mas de esto con 16 caballos pertenecientes a los borogas".
Finalmente, para Bustos, la separación de Meligur había sido obra exclusiva del coronel ya que el cacique "... dice ser mandado por el comandante Sosa y que él no obecede a otro y que este le a ordenado que se separe de Cañuiquir".
La captación del cacique había sido realizada por Sosa mediante la promesa de retribuciones mayores de las habituales por la entrega de sus cautivos.
Esta promesa, hecha en Bahía Blanca a Meligur y Guayquil, fue conocida al regreso de los indios al campamento con lo cual "todos se negaron a entregar sus cautivos y pretendían moverse hacia el fuerte en busca de los obsequios prometidos".
Esta situación había producido un conflicto tan grande en las tolderías que según Bustos "es tan grande las desavenencias que hay entre los indios que en un mismo toldos se han querido agarrar a lanzasos.
Todo el relato sobre la conducta de Sosa en AGN,X,24.9.1.
do involucrado en el asesinato de Rondeau y Melin, con 50 toldos y 150 indios de pelea.
63 Poco después arribaron el cacique Guircan (B) con 12 toldos, 26 indios de pelea y las familias de estos, el cacique Llanú Manque con 8 toldos, 18 indios de pelea y familias, el caciquillo Fernando, yerno de Cañuiquir, con 26 toldos, 60 indios de pelea y sus familias, estos últimos, según la documentación, pertenecientes a los ranqueles.
64 Paralelamente, Cañuiquir recibiría chasques de Paine (Ll) notificando que el cacique "viene en marcha con ciento y mas indios de pelea y doscientas y tantas de familia para presentarse a Cañuiquir quien dijo que no hay problemas".
65 Las relaciones entre estos grupos no eran coyunturales ni respondían solamente a una alianza derivada de la precariedad de recursos sino que se fundaban en relaciones de parentesco.
Ante la exigencia de que los grupos que se incorporaran al campamento borogano entregaran sus cautivos, Marileo y sus indios se negaron a cumplirla.
Maza, Bustos y Cañuiquir convinieron en hacer una entrada a las tolderías para obtenerlas aunque fuera a la fuerza.
Pero, llegado el día, Cañuiquir retiró su apoyo diciendo que él no se metía en esos asuntos.
La explicación de Maza sobre la conducta del cacique se vinculaba a la presunción de lazos parentales entre las dos tolderías y, de hecho, se informó que "Cañuiquir no quiere atacar a Marileo porque tiene casada la hija que estubo aquí la Carmela con un sobrino de Marileo y esto mismo sucede con los demas indios en virtu de esas mismas relaciones de parentesco".
66 Según Maza, en el campamento existían en esos momentos mas indios ranqueles que boroganos y que sus propias fuerzas, por lo que suponía que Cañuiquir no podría ni intentaría dominarlos.
Pero, reproduciendo lo sucedido antes de Masallé, no todos los caciques boroganos tendrían la misma actitud en torno a la disyuntiva entre aceptar las condiciones del gobierno o mantener la alianza con los ranqueles.
Ante noticias de un malón ranquel sobre la frontera de Córdoba, se pidió colaboración a los boroganos y sólo el cacique Alón se unió a las fuerzas comandadas por el 63 AGN,X, 24.9.1.
Vicente Gonzalez sin fecha ni destinatario.
65 Ibidem 66 Vicente Gonzalez sin fecha ni destinatario.
Con el mismo argumento, el cacique Guele (P), recientemente incorporado, se negó a participar de la expedición que se diponía a incursionar sobre los ranqueles alegando que no atacaría a Llanquetruz "porque era su suegro al haberse casado con una de sus hijas y que los unicos enemigos sobre los que había que incursionar eran los chilenos".
En la incursión se logró apresar a los caciques Guete (Ll), Guele (P) y Piena que fueron llevados al campamento junto con el ganado que habían robado.
A pesar de la exigencia de Bustos y Maza para que Cañuiquir obligara a los vencidos a entregarlo, el cacique se negó a reclamarlo alegando que "como va a reclamar hacienda a unos indios que no tienen que comer y que, además, es de otra provincia.
67 Esta respuesta, que es brillante para comprender la lectura que hacían los indios acerca de las empresas de captura de ganado, estaba encubriendo otra estrategia puesta en juego por el cacique.
En efecto, según un informe de Bustos, estos caciques habían pagado una buena cantidad en ganado a Cañuiquir "según costumbre de ellos para que no se les toque ni se les siga mal ninguno".
Esta percepción de bienes parece haber sido una práctica del cacique en estos momentos de tensión ya que según Bustos era muy llamativo que, si a su partida a Buenos Aires no tenía prendas, ahora "tanto él como su hijo y los demás indios que estos tienen en sus toldos están llenos de prendas" de lo que deducía que Cañuiquir había sido comprado para que no atacara a los ranqueles.
Como si este tema no bastara para tensar al máximo las relaciones con los boroganos, Rosas volvió a insistir en la necesidad de que los indios entregaran las cautivas existentes en las tolderías.
La tensión llegó al extremo de volver a producir un quiebre en el interior del campamento.
En una junta general a la que concurrieron todos los caciques boroganos se evidenciaron las diferentes posiciones en torno a la relación con el gobierno.
Cañuiquir mostró una actitud de enfrentamiento con el gobierno a lo que reaccionó el cacique Alón quien "...le dijo a canuiquir que bas hablar de los cristianos cuando tu hijo y tu mujer y todos tus Indios los han yenado de todas cosas y bos sos un picaro que estas engañando a los cristianos todos los dias y yo soi el que te ha de dar la muerte por esta mano porque mi mayor desgracia será el morir entre los indios y no ir a morir entre los cristianos que es a quienes he entregado mi corazón y es por quienes he de pelear mientras sea Alon.
Esto yego al estremo de andar con sable en mano... de suerte que la Junta se bolvio un remolino...
68 Las palabras de Alón representaban un quiebre total en el interior de la agrupación y una opción por el acuerdo con el gobierno.
Luego de este suceso los acontecimientos se precipitaron.
Alón decidió separarse de Cañuiquir y situarse junto a Caneullan en el Fuerte Mayo.
Pocos días después la junta, Cañuiquir envió chasques a Llanquetruz que se hallaba en los montes.
La situación entre los dos grupos era de gran desconfianza y temor.
Alón vigilaba a su par y comunicaba a los comisionados de Rosas de todos sus pasos.
En estos momentos de tensión informaba que "los querquenes 69 de Cañuiquir" habían avisado que Llanquetruz realizaría un ataque con una partida de cerca de 300 indios sobre la frontera cordobesa.
Estas noticias llevaron a Rosas a reconsiderar su alianza con Cañuiquir tomando como medida concreta el retiro del contingente militar a cargo de Maza y Bustos.
70 Tal vez por temor a que el retiro de este piquete fuera seguido por un ataque directo a las tolderías, en noviembre de 1835 Cañuiquir realizó una campaña contra las tolderías boroganas de los caciques Marileu, Mariqueo, Antufil, Cheuquepil y Ancapi ubicadas en Leuvucó.
71 Los intentos de acercamiento por parte de Cañuiquir llegaron hasta el punto de apresar a una partida de caciques ranqueles que, mediante engaños, había conseguido que se le presentaran.
Si esta acción del cacique pudo hacer reconsiderar a Rosas su opinión sobre la relación con los boroganos, no sucedió lo mismo con el coronel Sosa que mantenía un antagonismo extremo hacia Cañuiquir.
Sosa no se convenció de las buenas razonas que esgrimía Rosas para tolerar lo que para él eran hechos censurables del cacique y atacó en dos oportunidades su asentamiento (22 de marzo y 26 de abril de 1836).
El primer encuentro cayó sobre las tolderías de Cañuiquir en el arroyo del Pescado produciéndose una cruel matanza pero el cacique borogano pudo huir con algunos de sus hombres.
El ultimo encuentro se produjo en la zona de Lanquillú ó Longague (próxima a la actual ciudad de 9 de julio).
La fuerza atacante constaba de 200 indios de Venancio, 270 de los caciques Meligur y otros boroganos y el regimiento de blandengues de Bahía Blanca.
En el encuentro se obtuvo un botín de "600 personas de sus familias salvages, majadas de ganado lanar en numero de mas de ocho mil, como quinientas cabezas vacuno, algunos caballos y el todo de su menage y servicio de sus hogares que como legitimo botin obra en manos de nuestros soldados" agregando el parte enviado a Rosas que la cabeza de Cañuiquir fue colocada sobre un palo en la cima de una pequeña colina del paraje Lanquiyu.
69 Eran mensajeros indígenas que, desde edad temprana eran enseñados para la adquisición y transmisión de información.
Si éste fue el fin de la agrupación como el grupo de mayor peso en las pampas, la muerte de Cañuiquir significó el inicio de una escalada de violencia tanto interétnica como entre distintos grupos indígenas que involucró a las tropas de los fuertes, los vecinos de los partidos fronterizos, indios amigos asentados en la frontera, indios aliados e indios procedentes del otro lado de cordillera y recién pudo apaciguarse a inicios de la década de 1840.
A poco de instalarse en las pampas, la agrupación borogana se convirtió en la principal fuerza indígena independiente en el lado este de la cordillera de los Andes.
Fueron varios los factores que coadyuvaron a ello: su ubicación en Salinas Grandes (región de indudable valor estratégico), el acuerdo de paces con el gobierno que le permitía percibir un flujo nada despreciable de bienes y el indudable declive de los "ranqueles" luego de las acometidas de los ejércitos provinciales.
Sin embargo, uno de esos factores contenía en sí mismo un elemento de presión que sería difícil de manejar: el acuerdo con el gobierno.
Retomando la noción de zona tribal, la presencia estatal se haría evidente a través de dos mecanismos: desde la seducción, jugando con el incremento o con la eliminación de las "raciones" enviadas a las tolderías y, desde la presión más directa, con la amenaza de una acción militar.
Esta situación derivó en la toma de decisiones disímiles por parte de los líderes indígenas que oscilaron entre la resistencia de unos y la cooperación de otros.
El declive de los boroganos puede ser dividido en dos momentos marcados por la actitud diferente que asumirían los jefes indígenas en su relación con el gobierno bonaerense.
En el primer momento identificamos la clara intención de Rondeau por erigirse como el principal jefe de la agrupación arrogándose un poder mayor del que tenían sus pares, poder que utilizaba sin vacilar para imponer su decisión política de acentuar el acercamiento con el gobierno.
Como hemos visto, esta operación no fue exitosa.
No es difícil imaginar la reacción que produjo esta estrategia en una agrupación básicamente igualitaria donde "la jerarquía política, militar y social 72 Para un desarrollo de esta etapa de extrema conflictividad ver Ratto, Silvia, Soldados, milicianos e indios de "lanza y bola".
La defensa de la frontera bonaerense a mediados de la década de 1830, en Anuario IEHS.
No.18,2003 EL EFÍMERO APOGEO DE LOS BOROGANOS EN LAS PAMPAS (SIGLO XIX) era entregaba voluntariamente por el resto de la sociedad a los hombres que la por razones de sabiduría, ecuanimidad, prestigio, inteligencia, generosidad o habilidad militar...".
La apropiación personal del poder en este tipo de sociedades "encerraba el peligro del quiebre de la legitimidad política tradicional [y]... separaba a sus jefes del resto de la sociedad".
73 Este distanciamiento entre el líder y el resto de la agrupación llevó al punto extremo de formarse una coalición que puso fin a la vida del cacique.
La segunda y ultima etapa de los boroganos como grupo poderoso se inició, precisamente, con la muerte de Rondeau.
La desaparición del cacique, había producido un efímero intento por instituir un cargo hereditario que rápidamente fue descartado.
El nombramiento de un hijo del cacique asesinado para hacerse cargo de la agrupación, podría entenderse como un elemento más en la tendencia a la concentración del poder que había iniciado Rondeau, intentándose mantener la autoridad en el mismo linaje.
Esta tentativa parece haber sido realizado por los pocos jefes que permanecieron en el campamento pero, una vez que Cañuiquir se aseguró que el peligro había pasado, recuperó el mando de la agrupación.
La posición de este cacique sería claramente diferente a la del jefe asesinado.
No sólo no dejaría de amparar a grupos y familias ranqueles sino que de manera muy explícita mostraría su desacuerdo en tomar medidas de fuerza hacia esos enemigos del gobierno.
De manera que nos encontramos claramente ante dos estrategias diferentes.
Por un lado, la de Rondeau que buscó un mayor acercamiento con el gobierno avasallando las tradiciones políticas indígenas y por otro lado, la de Cañuiquir que mostraría una actitud mucho más distante con respecto a las exigencias de aquél.
Sin embargo, pese a las conductas opuestas de ambos caciques en relación con el avance del poder estatal, los dos fueron asesinados en sendos ataques que cayeron sobre sus tolderías.
¿Cómo interpretar este desenlace idéntico para dos estrategias contrapuestas?
Una posible explicación podría ser que el avance del estado era inexorable lo que ponía a los líderes indígenas en una situación de difícil resolución: si se decidían por la alianza con el gobierno podían sufrir la disidencia interna y si optaban por la oposición podían experimentar el ataque de aquél.
Sin embargo, esta interpretación presenta un inconveniente.
Cinco años después de la muerte de Cañuiquir, otra agrupación indígena procedente de la región de Llaima y dirigida por el cacique Calfucurá, se insta-ló en Salinas Grandes y creó una confederación pudo sostener, por varios años, una posición de relativo equilibrio con el gobierno bonaerense.
Esta constatación nos lleva a matizar en cierto modo la idea de un avance estatal inexorable, al menos, hacia mediados del siglo XIX.
74 Y, por otro lado, retomando el planteo de Ferguson y Whitehead, debemos considerar la acción estatal como la actuación de una diversidad de actores: autoridades gubernamentales, misioneros, comerciantes, etc.
En el caso que analizamos, la acción autónoma e inconsulta que llevó a cabo el coronel de blandengues Francisco Sosa al atacar el campamento de Cañuiquir, no formaba parte de la estrategia global del gobierno bonaerense.
En efecto, este ataque no solo no contó con la aprobación de Rosas sino que fue fuertemente reprendida con estos términos:
"Lo que has hecho en ese delicado asunto resolviéndolo vos mismo del modo que lo has dispuesto es malo, muy malo, malísimo y de una trasendencia que puede traer consecuencias muy desagradables y efectos tan perjudiciales como de difícil reparación... ".
75 Esto nos lleva a plantear que la acción estatal no debe ser considerada de manera monolítica sino que, por el contrario, es posible detectar posiciones que, como este caso, representen una desviación del curso general del gobierno.
Si consideramos la acción estatal de manera general, no podemos dejar de reconocer los cambios producidos en la política interna de la provincia bonaerense durante este período, lo que impactó directamente en su relación con los pueblos indígenas.
Si durante el breve apogeo borogano la situación dentro de la provincia era de relativa tranquilidad y el gobierno dedicaba un tiempo y un esfuerzo significativos al curso de su política indígena, en tiempos de Calfucurá el contexto provincial e interprovincial había cambiado profundamente.
Desde fines de la década de 1830 se habían producido diversos actos de oposición al régimen dentro en la provincia y en la década siguiente, la oposición también se extendería por las provincias del Interior.
Como resultado de estos acontecimientos el gobierno había concentrado sus esfuerzos en una política de mayor control de la 74 Sería muy diferente la situación a fines de la década de 1870 cuando, organizado definitivamente el estado argentino, se encaró de manera decidida la expansión territorial sobre el espacio indígena.
La ola de violencia desatada en la frontera sur en los años siguientes a la muerte de Cañuiquir le darían la razón a Rosas.
población provincial y en el envío de recursos militares para sofocar la disidencia En este nuevo esquema, la política indígena dejó de tener la centralidad del período anterior y, de hecho, el "negocio pacífico" no fue llevado de manera tan personal por Rosas sino que se mediatizó y delegó en personajes claves de la frontera que gozaban de la absoluta confianza del gobernador: Pedro Rosas y Belgrano como juez de paz de Azul y el cacique Catriel como el principal cacique del negocio pacífico.
Este cambio de escenario derivó, en última instancia, en una distensión de la presión estatal sobre la zona tribal.
De manera que creemos que no se puede explicar el ocaso borogano en términos de un claro y decidido proceso de avance provincial.
Por el contrario, cada uno de los momentos descriptos debe comprenderse a través del análisis de los distintos actores que intervienen, en un contexto en que aún no se encontraba claramente definido en curso de las relaciones interétnicas.
Finalmente, no podemos dejar de echar una mirada al interior mismo de la zona tribal donde los conflictos intertribales habían alcanzado una ferocidad tal que, hacia fines de la década de 1830, se había producido el apaciguamiento de los otrora principales poderes indígenas de la pampa.
En efecto, los ranqueles acarrearían durante muchos años más una fuerte inestabilidad económica y demográfica y los boroganos fueron consumidos por el conflicto interno.
Sobre estas nuevas bases el cacique Calfucurá pudo constituir su liderazgo. |
Bases del poder de los mercaderes de plata de la ciudad de México.
Redes, control del Consulado y de la Casa de Moneda a fines del siglo XVII1 / Bases of power of the silver merchants of Mexico City.
Guillermina del Valle Pavón
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México DF En las últimas décadas del siglo XVII un pequeño grupo de mercaderes de la ciudad de México garantizaron la producción de la mayor parte de la plata que se producía en Nueva España.
En el artículo se exponen las redes que articularon dichos mercaderes para adquirir la plata, el papel de los vínculos familiares y la importancia de las relaciones de confianza en el financiamiento de sus negocios.
Se analiza la forma en que el crédito de los tratantes de plata garantizó el abasto de azogue, en particular cuando tomaron el control del Consulado de México y éste se hizo cargo de administrar la renta de alcabalas.
Por último, se examina cómo la venalidad de los oficios reales permitió a dichos actores dominar la única Casa de Moneda de Nueva España, así como las prácticas ilícitas que llevaban a cabo en relación con la acuñación.
PALABRAS CLAVE: Mercaderes; Consulado; Redes; Venalidad; Mercurio; Ciudad de México; Plata; Minería; Casa de Moneda; Acuñación; Crédito; Comercio.
A lo largo del siglo XVII Nueva España adquirió una autonomía cada vez mayor con respecto a la metrópoli.
Mientras que el poder de la corona decaía, las oligarquías del virreinato acrecentaban su control sobre la economía y la política.
Los mercaderes de la ciudad de México constituyen el mejor ejemplo de este fenómeno, ya que fortalecieron su posición al ejercer un dominio creciente sobre la producción, circulación y amonedación de la plata.
Siendo el metal blanco el principal medio de cambio de carácter internacional, los mercaderes en cuestión dominaban los circuitos comerciales legales e informales que articulaban Nueva España con la metrópoli, Filipinas, Perú y el Caribe, así como los intercambios al interior del virreinato.
La posición de dichos actores sociales se veía favorecida por su pertenencia al Consulado de México, corporación que ejercía el monopolio de la justicia mercantil en Nueva España y representaba los intereses de sus miembros.
2 El propósito del presente ensayo radica en analizar las bases del poder económico y político del puñado de mercaderes de plata que concentró el preciado metal, adquirió el control del Consulado y de la única Casa de Moneda de la Nueva España en las últimas décadas del siglo XVII.
La historiografía ha planteado la importancia que tuvieron los vínculos interpersonales y las redes sociales en la configuración del sistema político de la monarquía hispánica.
3 En el caso aquí estudiado, el análisis de las complejas redes de sociabilidad4 que configuraron los mercaderes de plata de la capital está estrechamente relacionado con las estructuras de poder de la Nueva España por los vínculos interpersonales que establecieron con los virreyes, las asociaciones que formaron con miembros del aparato judicial y administrativo, los lazos de confianza que tejieron con la jerarquía eclesiástica y los funcionarios reales, así como por el control que ejercieron sobre instituciones que desempeñaban un papel fundamental en la economía virreinal.
Los mercaderes de plata de la capital mexicana han sido estudiados a fondo en las primeras décadas del siglo XVII,5 mientras que para fines de la centuria sólo se conoce su papel como habilitadores de la producción argentífera.
6 A continuación veremos la forma en que los mercaderes de plata lograron dominar gran parte de la economía de Nueva España.
En el primer apartado se examinan las complejas redes de negocios que articularon para asegurar la adquisición del metal blanco.
A través del financiamiento de la minería establecieron relaciones de clientela con oficiales del erario, autoridades locales y magistrados que les proporcionaban beneficios privativos y ganancias extraordinarias.
En la segunda sección se estudian los lazos familiares que les permitieron expandir sus casas mercantiles y asegurar el vínculo con la metrópoli.
En la tercera parte se examinan las relaciones de confianza en que sustentaban el otorgamiento de crédito y la recepción de capitales.
En el cuarto acápite se analiza la participación de los mercaderes en las compras de azogue, la importancia de su papel financiero cuando tomaron el control del Consulado y este se hizo cargo de administrar la renta de alcabalas que garantizó el reembolso de los capitales adelantados.
Por último veremos cómo controlaron la Casa de Moneda mediante la adquisición de los principales oficios, así como las prácticas ilegales que realizaban en la acuñación de metales.
Agentes y socios de los mercaderes de plata
Los mercaderes de la ciudad de México desempeñaron un papel fundamental en el financiamiento de la producción minera y la acuñación de plata.
La explotación argentífera demandaba inversiones cuantiosas en infraestructura, insumos y moneda para pagar los jornales, en tanto que era altamente arriesgada porque dependía de la riqueza de las vetas.
Por otra parte, la amonedación se realizaba en la capital, en donde se ubica la única Casa de Moneda del virreinato, y era un proceso laborioso, dilatado y costoso debido a las técnicas empleadas para evitar la falsificación y el cobro de derechos.
Además, la administración de la Ceca carecía de un fondo en reales para intercambiarlo de inmediato por la plata en barras, por lo que quienes las presentaban tenían que esperar varios meses para que fueran acuñadas.
Todas estas circunstancias transformaron a los mercaderes del Consulado de México en los principales aviadores de la producción argentífera, 7 mientras que los más acaudalados controlaban el proceso de amonedación.
La redefinición de la política imperial sobre el aprovisionamiento de mercurio al Perú y la Nueva España a partir de la década de 1620 generó serios perjuicios a la explotación de los minerales de baja ley que abundaba en el virreinato del norte.
Al tiempo que se padeció el desabasto del metal líquido, el erario novohispano suspendió las entregas de azogue a crédito a los mineros y exigió el pago de las deudas por dicho concepto.
El Consulado de México protestó de manera enérgica contra tales disposiciones, desde 1622, y a mediados del decenio de 1630 los virreyes se quejaron acremente por el desabasto que se padecía.
Los problemas relacionados con el suministro del mercurio condujeron a los mercaderes de México a fungir como fiadores de los mineros en las compras del metal y a involucrarse más profundamente en el financiamiento de la minería.
8 Para asegurar la compra de grandes cantidades de plata los mercaderes en cuestión se valían de diversas estrategias.
Establecían agentes en los reales de minas; otorgaban crédito a otros grandes mercaderes consulares y a tratantes de plata avecindados en los pueblos mineros; se valían de transportistas y viandantes que viajaban periódicamente a dichas poblaciones; y se asociaban con agentes del erario, justicias, autoridades locales y otros funcionarios emplazados en los centros de producción argentífera.
9 En las últimas cuatro décadas del siglo XVII, los principales mercaderes de plata fueron José de Retes Largacha, su sobrino y socio, Dámaso de Zaldívar, Luis Sánchez de Tagle, Juan de Urrutia Retes, Diego del Castillo y su yerno, Domingo de Larrea.
Cuaderno 3.o que extracta varias cédulas y otros papeles cuyos asuntos son singulares.
Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda (en adelante AGNM, AHH), 599-3, s/n.
10 El granadino Diego del Castillo, casó en 1673 a una de sus hijas adoptivas con Domingo Larrea, natural de Erive, en Alava, y cinco años después fundó con él una compañía para el tráfico de plata.
ISSN: 0210-5810 palmente en Zacatecas y los dos últimos en San Luis Potosí, establecieron sociedades para habilitar a los mineros de ambas jurisdicciones, y de otras más, con el objeto de adquirir plata para amonedarla.
José de Retes Largacha compró el oficio de apartador general de metales en 1655,11 y se asoció con José de Quesada Cabreros, quien había sido teniente del tesorero de la Casa de Moneda durante muchos años.12 Esta compañía reemplazó la ausencia del mercader Simón de Haro, que fue el mayor acuñador de Nueva España hasta 1655, año en el que falleció.
13 Juan de Urrutia Retes y Luis Sánchez de Tagle también se dedicaban a la acuñación.
En 1700 el sobrino del segundo compró el oficio de tallador mayor de la Ceca.
15 Dichas cifras proporcionan una idea del monto de las operaciones que realizaba Sánchez de Tagle en la cúspide de su carrera.
Los mercaderes de plata otorgaban crédito a otros miembros del Consulado de México para que compraran el metal en los reales mineros, a través de sus agentes y factores.
A petición del mercader Juan de Bassoco, Sánchez de Tagle prestó dinero a tres comerciantes avecindados en Parral, a través del agente que el primero tenía en dicha población.
16 En 1674, año en que José de Retes Largacha fue prior del cuerpo mercantil de México, suministró grandes sumas a Diego García Cano para habilitar a otro comerciante de Parral, que entonces era uno de los reales más productivos del virreinato.
17 La complejidad de las redes de negocios establecidas por los mercaderes de plata, se ilustra a través de la siguiente operación.
En 1692 el conde de Santa Rosa, minero de Zacatecas, pagó a la Real Hacienda 6,000 pesos, probablemente por la compra de azogue, con un pagaré firmado por un comerciante de Zacatecas, el cual sería cubierto por Luis Sánchez de Tagle y otro importante aviador de la ciudad de México.
18 Los tratantes de plata también integraron en sus redes a los dueños de carretas y arrieros que acarreaban moneda y mercancías a los pueblos mineros, de donde regresaban a México cargados de plata en pasta.
Los transportistas operaban como fiadores de los comerciantes residentes en los reales de minas que pedían crédito a los mercaderes de México.
Sánchez de Tagle habilitó la cuadrilla de carros del general Juan Fernández de Retana, quien se valió de su sobrino, el capitán Juan González de Retana, para obtener crédito del mercader.
Algunos forjaron grandes empresas, y así, un carretero que trabajaba la ruta México-Parral, entre otros destinos llegó a poseer treinta carros, mil mulas, cuarenta caballos y diez esclavos.
19 Los principales agentes y socios de los mercaderes de plata fueron los oficiales del real erario, las justicias locales y las autoridades municipales.
Esto se explica por las mínimas remuneraciones que percibían, porque otorgaban fianzas elevadas para ser nombrados, así como por el aumento en la cantidad y calidad de los cargos vendibles.
La venta de oficios, regidurías y magistraturas inició a fines del siglo XVI y se incrementó de manera creciente a partir de la década de 1640.
20 Gobernaciones provinciales, como el corregimiento de Zacatecas, empezaron a otorgarse por dinero en la década de 1670.
21 Los alcaldes mayores y los corregidores recaudaban los derechos sobre la producción de metales y vendían el mercurio en los pueblos mineros de los distritos de la Audiencia de México, como Taxco y Pachuca, así como en los reales de Nueva Galicia y Nueva Vizcaya en donde no había cajas reales.
22 Los mercaderes de plata financiaban a los funcionarios del erario, los jueces y las autoridades locales para que pagaran sus nombramientos y las garantías exigidas por la Hacienda.
23 El monto de las fianzas se determinaba de acuerdo con los derechos reales que los agentes del erario tenían que cobrar y el valor del mercurio asignado anualmente, en algunos casos esas garantías llegaron a ascender a 40,000 pesos.
ISSN: 0210-5810 dos eran tan elevados que se reunían entre varios sujetos que formaban asociaciones de fiadores.
24 A cambio del riesgo que corrían los mercaderes al otorgar dicho crédito obtenían a los mejores agentes en los reales mineros, 25 a pesar de que los oficiales reales tenían prohibido realizar contrataciones.
26 Entre los favores ilícitos que los oficiales y justicias reales otorgaban a sus benefactores se destaca la evasión de derechos sobre la producción de plata y el cobro del derecho de diezmo que se imponía a los mineros, en lugar del quinto que pagaban a los rescatadores.
27 Asimismo les garantizaban el abasto privilegiado de mercurio.
28 Las justicias locales brindaban además apoyo a los mercaderes en los pleitos contra sus acreedores.
29 Mientras que los regidores y alguaciles de los Cabildos mineros les proporcionaban información privilegiada sobre la situación de las minas y haciendas de beneficio, circunstancia que disminuía los riesgos del avío.
30 Los tratantes de plata también establecieron compañías con los gobernadores de las provincias mineras que tenían bajo su control a los jueces de provincia.
José Sáenz de Retes y Dámaso de Zaldívar y Retes, en la década de 1670, formaron sociedad con el gobernador de Nueva Vizcaya, que dominaba el comercio interregional a través de los alcaldes mayores.
31 La defraudación del patrimonio regio se facilitaba cuando los oficiales del erario se aliaban con sus colegas, con los alcaldes mayores y los miembros del Cabildo.
Hubo casos en que los últimos colaboraron para que sus allegados compraran los oficios de la Real Hacienda o pagaran la fianza requerida.
28 Es probable que los apoderados de los alcaldes mayores y los oficiales del erario a nivel local, que les despachaban el azogue desde México, fueran los mismos mercaderes que los habilitaban.
30 Algunos munícipes llegaban a distribuir la mano de obra en función de sus intereses y los de sus allegados.
Retes también compró plata de rescate al corregidor de Zacatecas que estuvo en funciones de 1662 a 1667, quien operaba a través del alguacil mayor, el alférez y un regidor del Cabildo, así como del oficial de la real caja.
Igualmente se asoció con los corregidores que estuvieron en funciones hasta 1684, 32 Algunos agentes del erario contaron con el apoyo de los oficiales del tesoro de la ciudad de México para realizar prácticas ilegales, circunstancia que fue propiciada por la venta de dichos oficios.
33 Cuando llegaban a comprobarse los manejos ilícitos de los oficiales reales y las justicias locales, no necesariamente se aplicaban castigos severos.
Las autoridades imponían a los transgresores multas, u otras formas de restitución.
Los visitadores y quienes realizaban los juicios de residencia veían limitadas sus actuaciones, entre otras razones, por los vínculos profundos que las oligarquías locales tenían con los magistrados.
34 Francisco Gómez Rendón, que fue tesorero de la real caja de Zacatecas durante más de cincuenta años, realizó un intenso tráfico de metales en colaboración con el factor de la misma tesorería y los miembros del Cabildo.
Entre estos se distinguió el alguacil mayor José de Villareal, quien, como vimos, era habilitado por los principales mercaderes de México.
Los vínculos establecidos por Gómez Rendón, que incluían a dos oidores de la Audiencia de Guadalajara, le permitieron librar con éxito la visita de que fue objeto a fines de la década de 1660, de la cual, incluso, salió fortalecido.
35 Uno de los pocos corregidores de Zacatecas a quienes se realizó juicio de residencia en 1683, se defendió de la acusación de haber habilitado a los mineros de manera ilegal, argumentando que había recibido el crédito de los mercaderes de la capital en beneficio de la minería de la región.
En cambio, Huerta sostiene que los fraudes que realizaban Gómez Rendón y Villarreal concluyeron a fines de la década de 1670, cuando fueron encarcelados.
ISSN: 0210-5810 ta a adquirir dichos cargos para sus parientes cercanos,37 y a incorporar a quienes los desempeñaban a sus familias a través del matrimonio.
38 El cuñado de Dámaso de Zaldívar y Retes, Buenaventura de la Paz, era contador de la caja de San Luis Potosí, en donde se encontraba la agencia del apartador de plata y oro que pertenecía a la familia Retes-Zaldívar.39 Domingo Larrea, quien en 1678 formó compañía para el trato de plata con su suegro Diego del Castillo, poco después apoyó a su hermano Juan de Larrea para que obtuviera la tesorería de la caja de Pachuca.
40 Más adelante veremos cómo Pedro Sánchez de Tagle, sobrino del mercader de plata Luis Sánchez de Tagle, casó a una de sus hijas con el tesorero del real erario de Pachuca, así como los beneficios que obtuvo de esta unión.
En los cuadros números 1 y 2 sobre los agentes de José de Retes Largacha y Luis Sánchez de Tagle en las principales poblaciones mineras, se aprecia la relevancia que tuvieron los oficiales del erario, las justicias y autoridades locales en las redes que vertebraron dichos mercaderes.
Este fenómeno también puede verse en los grafos que se presentan.
Como puede verse en dichos cuadros y grafos, las tramas tejidas por los mercaderes de plata se concentraban en los centros mineros más importantes, como Zacatecas, Sombrerete y San Luis Potosí.
No obstante, también articulaban otros reales, algunos de los cuales se ubicaban en lugares remotos, como Santa Rosa Cusihuiriachic, población de la Sierra Tarahumara que estuvo en bonanza entre 1690 y 1702.
Importancia de las redes familiares
En las sociedades de Antiguo Régimen tenían gran importancia las relaciones de parentesco que se fundaban en el dominio jerárquico y las solidaridades tradicionales.
Los mercaderes de plata consolidaron sus empresas con el apoyo de la familia extensa.
Procedentes de las montañas de Santander y las Provincias Vascongadas, dichos negociantes llamaron a sus sobrinos, con quienes compartían valores comunes como la lealtad y el empeño en el trabajo, para integrarlos a sus casas.
Esta práctica propiciaba la formación de cadenas migratorias que se reproducían a través de varias generaciones.
42 Muchos mercaderes de México casaron a sus hijas con sus sobrinos, de modo que a su muerte el sobrino y yerno quedaba a cargo de la administración de los negocios de la heredera.
La transmisión indirecta de las empresas y la endogamia garantizaban la conservación del patrimonio y daban cohesión a la familia.
Los mercaderes favorecían la unificación del Imperio, al mantener el comercio en manos de peninsulares convencidos de la necesidad de perpetuar el vínculo con el linaje originario.
43 José de Retes Largacha, natural de la villa de Arciniega, provincia de Álava, y Luis Sánchez de Tagle, originario del pueblo de Santillana, en las montañas de Burgos, basaron sus empresas en las relaciones de parentesco, los vínculos matrimoniales y de paisanaje.
El primero pidió que enviaran a México a los hijos de su hermana, Dámaso y Damián de Zaldívar y Retes, quienes en 1662 se incorporaron a sus negocios.
Al cabo de unos meses, el patriarca se asoció con Damián, a quien nombró teniente general del oficio de apartador de metales y lo puso a cargo de la agencia de San Luis Potosí.
Dos años después, Retes acogió a los hijos de su hermano mayor, Gabriel y José Sáenz de Retes.
Al primero lo colocó como administrador de la tienda que había constituido en San Luis Potosí, en sociedad con Dámaso de Zaldívar.
En 1677 Retes Largacha estableció otra compañía con sus sobrinos José Sáenz de Retes y Dámaso de Zaldívar, destinada a habilitar la minería, comprar plata y amonedarla.
44 El apartador general estableció oficinas en San Luis Potosí, en cuyas minas había cantidades considerables de oro.
45 Retes Largacha capitalizó dicha empresa mediante la concesión de un préstamo a sus sobrinos por 400,000 pesos, al 5% de interés, mientras que los últimos sólo aportaron 16,000 pesos cada uno.
ISSN: 0210-5810 Por otra parte Luis Sánchez de Tagle, en 1684, encomendó a su sobrino Francisco Díaz de Tagle la administración del almacén de ultramarinos de la ciudad de México.
46 En adelante, Sánchez de Tagle se concentró en el avío de la minería y la compra de plata para acuñarla.
Otro sobrino, Pedro Sánchez de Tagle y Bustamante, se estableció en la misma casa desde el inicio de la década de 1680 y en 1691 contrajo matrimonio con su prima Luisa, la única hija del patriarca.
47 A la muerte de don Luis, acaecida en 1710, Luisa quedó como heredera de todos los bienes y el título de marqués de Altamira, que había obtenido su padre en 1704.
A partir de entonces, don Pedro se hizo cargo de la administración del enorme patrimonio que habían constituido los Sánchez de Tagle.48
Crédito y vínculos de confianza
Las relaciones personales resultaron fundamentales para sostener el sistema de crédito que privaba en la economía de Nueva España, debido a la escasez de circulante y a la inexistencia de instituciones crediticias formalmente establecidas.
Para financiar sus negocios, los tratantes de plata recibían préstamos de otros mercaderes y depósitos de rentistas por los que pagaban un 5% de interés.
Las corporaciones eclesiásticas eran las principales rentistas.
El Juzgado de testamentos, capellanías y obras pías de la ciudad de México colocaba con los mercaderes los caudales de las fundaciones piadosas y religiosas que administraban, mientras que los conventos, las capellanías, los hospitales y colegios hacían lo mismo con los fondos que constituían parte de su patrimonio.
Los miembros del clero secular y los oficiales reales49 también se destacaron entre los rentistas.
Los mercaderes brindaban a sus acreedores como única garantía la confianza que derivaba de la reputación de su casa.
El prestigio de Luis Sánchez de Tagle y las relaciones que estableció con la jerarquía eclesiástica, le permitieron recibir capitales considerables de los mismos prelados y de las comunidades que estaban bajo su tutela.
El chantre de la catedral de la ciudad de México, Manuel Escalante Mendoza, colocó con don Luis 17,000 pesos.
50 Entre los conventos de monjas que invirtieron parte de sus caudales con el poderoso mercader pueden mencionarse La Encarnación, Santa Teresa y La Concepción.
51 Por la cercanía que tenía Sánchez de Tagle con los frailes dominicos fue nombrado diputado de la mesa directiva de la archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, 52 la cual colocó en su negocio 30,000 pesos a interés.
53 Cuando Sánchez de Tagle falleció, en 1710, había constituido un «banco de plata», como se denominaba a las dos o tres empresas de la época que destinaban grandes capitales al otorgamiento de crédito a los mineros y la compra de plata para amonedar.
No existen registros sobre las operaciones que realizaba el banco de plata del mercader cántabro, sin embargo, en el inventario de bienes que se realizó a raíz de su muerte se registran 740,000 pesos en depósitos y escrituras de obligación.
54 Joseph de Torres y Vergara, juez del tribunal de testamentos, capellanías y obras pías del arzobispado de México y comisario general de la Bula de la Santa Cruzada, 55 junto con Pedro Sánchez de Tagle, formó parte del pequeño grupo de criadores y tratantes de ganado que abasteció de carne al gran mercado de la ciudad de México, cuando menos entre 1708 y 1716.
56 El ministro canalizó al banco de plata de los Tagle los caudales de su propiedad y parte de los que pertenecían al tribunal que administraba.
Poco antes de fallecer, don Pedro nombró a Torres y Vergara uno de sus co-albaceas tes-50 Ibidem, 20-23.
51 Una huérfana que don Luis había acogido en su casa profesó en dicho convento con la dote que el mercader le otorgó.
52 Don Luis fue sepultado en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, sede de la mencionada hermandad, ubicada en el convento de Santo Domingo.
AGNM, notario 692 Francisco de Valdés, v.
55 En 1723 Torres y Vergara también era canónigo doctoral y maestre escuela de la catedral de México, subdelegado apostólico y real, y jubilado de primeras leyes de la Universidad de México.
En 1702 Sánchez de Tagle empezó a comprar tierras para la cría de ganado y su comercialización en la ciudad de México, negocio que era sumamente rentable.
GUILLERMINA DEL VALLE PAVÓN tamentarios, declaró que tenía en su poder 20,000 pesos que le pertenecían «a lo que me puedo recordar», y mandó «que la cantidad que dijere dicho señor le debo, se le pague», así como los intereses que le adeudaba.
57 Los caudales que los Tagle recibían al 5% de interés anual, eran negociados a tasas mucho mayores, en razón de la escasez de circulante que se padecía en Nueva España, así como por los riesgos que se corrían en la habilitación de la minería y el tráfico comercial.
Financiamiento de las remesas de mercurio
Al inicio de la década de 1660 se presentó una grave escasez de azogue en Nueva España a causa de los problemas para financiar las minas de Almadén.
58 El desabastecimiento del metal líquido limitaba la producción de la plata de baja ley, la cual sólo podía beneficiarse por el método de amalgamación.
Muy probablemente a petición de los mercaderes de plata, el marqués de Mancera, en 1666, requirió al virrey del Perú el abasto urgente de mercurio de Huancavelica.
El azogue peruano era de menor calidad que el de Almadén y su precio mucho más elevado, además de que su tráfico estaba prohibido porque encubría el intercambio ilícito de plata andina por bienes orientales.
El azogue peruano arribó al puerto de Acapulco en 1670.
59 Carlos II autorizó dicha remesa persuadido por el fiscal de Nueva España, 60 en quien, probablemente, influyeron los mercaderes de plata.
Las relaciones entre el consulado y las autoridades virreinales habían sido muy tensas a raíz del cierre del tráfico con Perú, impuesto a fines de 57 AGNM, notario 392, Antonio Alejo Mendoza, v.
En 1663 el comandante de la flota de Nueva España se quejó de las dificultades para colocar las mercancías en Veracruz por la falta de plata que había ocasionado la carencia de azogue.
59 Dicha partida no se liquidó por motivos burocráticos y por la amenaza de piratas en el Pacífico.
60 En 1667 el fiscal de Nueva España se opuso al empleo de mercurio de Huancavelica porque propiciaba el comercio ilegal de bienes orientales.
En 1669 el fiscal presentó un informe en el que mostró que las telas chinas no competían con las europeas, mientras que la prohibición del comercio con Perú había hecho caer los ingresos fiscales del tráfico con Filipinas.
61 La situación había empeorado luego que quebró la administración del derecho de alcabalas de la administración de la ciudad de México que se había otorgado a dicha corporación de 1647 a 1661.
Presumimos que el marqués de Mancera estrechó los vínculos con los representantes consulares por su interés en que el consulado volviera a hacerse cargo de la renta mencionada, luego de que, en 1672, cayó en bancarrota la gestión del ramo que estuvo a cargo de la ciudad.
62 En el informe que Mancera escribió a su sucesor unos meses después, planteó que el cuerpo mercantil era «el único pilar» que podía salvar el asiento de las alcabalas de la «última ruina».
63 En la década de 1670 se incrementó la producción argentífera en los principales distritos mineros como consecuencia de la combinación de los métodos de fundición y amalgamación, debido a la regularización del abasto de azogue.
65 El navío que condujo el mercurio andino, a su regreso fue descubierto en El Callao cargado de mercancías asiáticas.66 En consecuencia, en 1678 el rey ordenó que sólo en caso «muy preciso e inexcusable» se remitiera azogue peruano a Nueva España, mandato que fue reiterado en 1682.
67 En la década de 1680 dicho producto continuó llegando de manera irregular, por lo que numerosas minas tuvieron que suspender los trabajos.
68 En la década de 1680 los tratantes de plata unieron su poder económico y financiero al control de los cargos de representación del consulado.
Luego de una larga pugna por los oficios consulares, a fines de los años 1670, los individuos situados a la cabeza de la corporación, entre los que se encontraba José de Retes Largacha, se aliaron para lograr que se modificara la normatividad electoral.
En adelante el prior y los cónsules en funciones controlaron los comicios para asegurar la designación de sus sucesores.
69 Como puede verse en el cuadro número 3, los mercaderes de plata y sus aliados desempeñaron los oficios de prior y cónsul en el periodo de 1686 a 1703, en el que rigieron las nuevas reglas de elección.
El cambio político favoreció la negociación con los virreyes en relación con el pago de las remesas del metal líquido, al garantizar continuidad en la representación corporativa.
70 Este tráfico debió haber propiciado el comercio ilícito con el Perú.
Los mercaderes más acaudalados solían otorgar a los virreyes préstamos a corto plazo sin interés, generalmente si no habían llegado a la capital los fondos de las cajas del interior.
71 Cuando menos, a partir del inicio de la década de 1680 los principales financieros de los virreyes fueron el vizcaíno Juan de Urrutia Retes y el montañés Luis Sánchez de Tagle, cónsul del tribunal mercantil en 1686-1687.
72 Los servicios financieros que prestó Urrutia Retes influyeron para que el monarca le otorgara el título de marqués de Villar del Águila en 1689, unos meses antes de su muerte.
73 En razón de su interés en la producción de plata, presumimos que Sánchez de Tagle y Urrutia Retes contribuyeron de manera significativa para reunir 100,000 pesos que el consulado prestó para saldar poco más de 1,600 quintales de azogue, de los 3,258 quintales que llegaron en la flota de 1689, así como su transporte a la ciudad de México.
74 Siendo prior Luis Sánchez de Tagle arribaron procedentes de Huancavelica 3,000 quintales de mercurio en 1691 y otra suma igual al año siguiente.
Los 309,000 pesos que importó el metal líquido que se recibió el segundo año, fueron saldados a su entrega con letras a cargo de los miembros del cuerpo mercantil.
75 Al parecer, en compensación por dicho servicio, el virrey autorizó a mineros y mercaderes a comprar azogue en la capital para revenderlo, medida que propició la concentración del metal por parte de mineros que garantizaban su pago.
76 Aun cuando en las explotaciones de Sombrerete, Sonora y Chihuahua predominaba la producción de plata por el método de fundición, el empleo del mercurio también tenía un papel importante.
En 1692 el virrey conde de Galve planteó al Consejo de Indias que la falta de mercurio limitaba la producción argentífera y promovió la compra del metal en el Oriente, con el apoyo de Fausto Cruzat y Góngora Rada, el gobernador de Filipinas (1690-1702) con quien Luis Sánchez de Tagle tenía vínculos estrechos.
El erario virreinal remitió a Manila 12,000 pesos para la compra de 100 quintales de azogue pero, sin embargo, sólo se pudieron adquirir 53 quintales, los cuales se perdieron cuando el galeón El Santo Cristo de Burgos se incendió antes de llegar a Acapulco, en 1693.
La situación se complicó poco después porque los problemas técnicos en las minas de Huancavelica obligaron a suspender el envío de mercurio a Nueva España.
77 A instancias del conde de Galve, el Consulado promovió la explotación de yacimientos de azogue en el virreinato.
El prior Dámaso Zaldívar y Retes firmó un contrato con dos mineros peruanos para que produjeran el metal líquido, no obstante, la empresa fracasó.
75 En 1692 el conde de Galve autorizó que el azogue procedente de Perú se remitiera directamente de Acapulco a las cajas reales de los centros mineros.
76 Acerca del mantenimiento de reservas de azogue en la ciudad de México, los conflictos a los que dio lugar y los intentos de descentralizar su distribución véase Lang, 1977, 205-210.
ISSN: 0210-5810 por el descubrimiento y la explotación de minas de azogue, pero tampoco se obtuvieron resultados.
78 La relevancia de la plata novohispana en el comercio atlántico condujo a los mercaderes de Sevilla a esforzarse por reactivar las minas de Almadén.
Ante la falta de resultados, en 1694 se hizo cargo de la gestión de dichas minas.
80 El año siguiente, Dámaso de Zaldívar y los cónsules Joseph de Larribas y Felipe Vélez de Escalante se comprometieron a liquidar azogue que se recibiera en el término de seis meses.
81 Zaldívar y Retes y su primo Joseph Sanz de Retes, prestaron de manera conjunta a la corona 627,000 pesos en diversas ocasiones, antes de 1695, año en que ambos fallecieron.
82 Entre 1695 y 1699 arribaron diversas remesas del metal líquido procedentes de Cádiz, sobre cuyo pago no tenemos noticia.
83 En 1700 el prior Pedro Sánchez de Tagle tuvo dificultades para prorratear 322,000 pesos que importó el azogue de Almadén, entre los cónsules, diputados y electores que habían contraído la obligación.
El prior efectuó dicho pago de su propio bolsillo y, unos meses después, adelantó poco más de 258,800 pesos para liquidar 3,000 quintales de mercurio de Huancavelica.
84 Presumimos que los mencionados priores estuvieron dispuestos a financiar el pago del azogue porque, en 1694, el Consulado se había hecho cargo de la administración del derecho de alcabalas de la ciudad de México, cuya renta garantizaba el reembolso de los caudales adelantados.
El virrey conde de Galve negoció ese arrendamiento del ramo alcabalatorio con el 78 AGN, AHH, 635-20.
En la «prometedora» mina de San Gregorio se obtuvieron 20 quintales del metal.
Los yacimientos de Temascaltepec y Chilapa resultaron muy pobres.
Antes se había tratado de explotar otros yacimientos en la misma zona de Chilapa.
82 Parte de dichos créditos se destinaron a financiar la defensa de los fuertes de La Habana y Santo Domingo, así como la Armada de Barlovento.
84 AGI, México, 741, «Representación de cónsules y diputados del consulado de México al rey en la que solicitan la prorrogación casi perpetua del cargo de prior en la persona de Pedro Sánchez de Tagle (1701)»; AGN, Consulados, 2-4, f.
13, «Razón aunque simple, verdadera de la franquía de dinero del consulado de México».
ISSN: 0210-5810 cuerpo mercantil, luego de que sus productos hubieran decrecido notablemente por la mala gestión de los oficiales reales.
Con la nueva administración la corporación obtuvo importantes privilegios, entre los que se destacan la exención de rendir cuentas de su gestión y la conservación de los excedentes de la recaudación, 85 mientras que el virrey contó con el crédito de la corporación.
En 1697, el obispo virrey Juan de Ortega Montañés recomendó a su sucesor que atendiera a los mercaderes «con cuanta gracia hubiere lugar en lo posible por estar experimentado que el prior y cónsules, que [...] administran el asiento en su nombre, han procurado y procuran cumplir sus obligaciones y en los empeños de un señor virrey asistir no sólo a pagar en cada plazo la cantidad que le corresponde, sino hacer adelantamientos de un plazo o más, con toda voluntad y fineza».
86 Los elevados productos que generaban las alcabalas en el distrito de la ciudad de México, que era el mayor centro de consumo y redistribución de bienes del virreinato, aseguraban al prior la restitución de los caudales que adelantaba al erario.
Sánchez de Tagle no corría riesgos al otorgar cuantiosos préstamos para satisfacer las remesas de azogue, mientras se mantuviera a la cabeza del cuerpo mercantil.
En 1701 don Pedro fue reelecto prior, a pesar de la oposición de los mercaderes de origen vizcaíno.
En la elección de 1702 volvió a haber «contiendas por las parcialidades de montañeses y vizcaínos», 87 no obstante el monarca autorizó que se volviera a nombrar prior a Sánchez de Tagle, muy probablemente por la relevancia que tenía el financiamiento que otorgaba al erario virreinal.
88 El mercader se mantuvo como prior hasta 1703, por un periodo cercano a los cuatro años, 89 aunque dicho oficio sólo se podía desempeñar durante un bienio.
88 AGN, AHH, 215-7, Libro de elecciones del Tribunal del Consulado; AGI, México, 741, «Representación del consulado al rey en la que solicitan la prorrogación casi perpetua del cargo de prior en la persona de Pedro Sánchez de Tagle».
89 El virrey duque de Alburquerque destituyó a Sánchez de Tagle del oficio de prior debido a un enfrentamiento personal con el clan al que pertenecía.
90 Puede tenerse una idea de la importancia de dicho monto, si tomamos en cuenta que, en toda la década de 1690, la Real Hacienda de Nueva España remitió a la metrópoli poco más de 2,740,000 pesos.
Muy probablemente, a fines del siglo XVII los Tagle eran los principales aviadores de la minería y compradores de plata para amonedar.
Como veremos a continuación, desplegaron una compleja estrategia para conseguir el metal blanco en grandes cantidades.
Los «mercaderes de la Casa de Moneda»
Como ya se ha indicado, la única Casa de Moneda de Nueva España se ubicaba en la ciudad de México.
En ésta se fundía y acuñaba la plata, servicios por los que se descontaban los derechos de señoreaje y braceaje.
91 Ambos procesos eran controlados por quienes detentaban los llamados oficios mayores de la Ceca: tesorero, ensayador, balanzario, tallador y guarda mayor.
Durante el XVII y a principios del siglo XVIII la corona vendió los citados oficios mayores, gran parte de los cuales fueron adquiridos por un puñado de mercaderes acaudalados.
92 Este hecho, unido a los préstamos que otorgaban a los oficiales y tenientes que desempeñaban las tareas relacionadas con el proceso de la acuñación, permitieron a los mercaderes controlar la institución.
A fines del siglo XVII, la mayoría de los propietarios de esos oficios mayores eran mercaderes de plata de origen cántabro y vizcaíno, así como parientes de estos.
Los «mercaderes de la Casa de Moneda», como les llamó Louisa Hoberman, se hacían cargo de que se acuñaran los metales de su propiedad, los de otros tratantes y los de la corona.
Los propietarios de los oficios mayores de la Ceca percibían ingresos muy elevados de manera legal y a veces ilícita.
Cobraban las rentas asignadas a los cargos que habían adquirido y las comisiones por amonedar, además de beneficiarse por las variaciones que tenía la ley de la plata en pasta.
Asimismo obtenían ganancias mediante la realización de fraudes en la acuñación y la evasión de los derechos correspondientes.
93 91 El braceaje era un porcentaje del monto oficial de los metales amonedados con el que se retribuía al tesorero de la Ceca, quien controlaba dicha institución.
El oficio de fundidor y ensayador mayor fue una excepción porque el mercader Melchor de Cuellar, que lo había adquirido en 1610, lo donó al monasterio de Carmelitas descalzas del Santo Desierto de la Provincia de San Alberto, en 1640.
ISSN: 0210-5810 El dominio que ejercían los mercaderes de la Ceca sobre el proceso de acuñación y las relaciones que mantenían con el resto de los oficiales de la institución, les permitían determinar la calidad de los reales que se acuñaban.
Los productores de moneda fusionaban la plata que había sido ensayada y gravada, cuya ley estaba probada, con el metal de rescate que no había cumplido dichas condiciones, y con plata peruana que tenía menor grado de pureza.
94 En consecuencia, no todas las monedas que se elaboraban en la Ceca de México cumplían con las condiciones impuestas por la corona.
95 Francisco Antonio de Medina Picazo fue propietario del oficio de tesorero,96 que era el de mayor jerarquía, porque quienes lo detentaban ejercían la función de supervisar los procesos de fundición y acuñación.
97 Medina Picazo y sus parientes más cercanos, establecieron vínculos matrimoniales con miembros del consulado de México, oficiales reales y locales del puerto de Veracruz.
Muy probablemente dichas relaciones facilitaban el tráfico ilícito de la plata acuñada y en pasta con la que se pagaban los bienes introducidos vía contrabando.
En 1682 Medina Picazo se casó con la hija del tesorero de la real caja de Veracruz.
98 Poco después su hermana Juana, contrajo matrimonio con Joaquín de Zavaleta, mercader procedente de Vizcaya, que fue prior en 1710 y 1711.
José de Zavaleta, pariente de Joaquín, fue regidor y alcalde ordinario de Veracruz y arrendó la recaudación de las alcabalas del puerto cuando menos de 1704 a 1722.
99 Juan de Urrutia Retes, otro mercader de origen vizcaíno, adquirió el oficio de guarda mayor de la Casa de Moneda.
Según vimos, Urrutia Retes fue uno de los principales compradores de plata en sociedad con Luis Sánchez de Tagle y recibió el título de marqués de Villar del Águila, en 1689, por el apoyo financiero que prestó al virrey durante varios años.
A su muerte, acaecida en 1690, su sobrino Juan Antonio de Urrutia heredó todos sus bienes, incluido el cargo de guarda mayor de la Ceca, cuya propiedad conservaba en 1728.
100 El oficio de apartador general de metales también formaba parte de la Casa.
Cuando Retes falleció, en 1685, dejó el oficio de apartador a su sobrino Dámaso de Zaldívar y Retes.
Este legó a su hijo Francisco Antonio Bernardino de Zaldívar la «casa del apartado» en 1695, cuya propiedad fue ratificada en 1696.
Siendo Francisco Antonio menor de edad, Diego de Zaldívar se hizo cargo de la administración del «apartado».
Cuando el primero profesó como sacerdote, en 1706, arrendó el oficio a su paisano Francisco de Fagoaga, quien recibió la cesión y traspaso del mismo en 1718.
102 Luis Sánchez de Tagle fue nombrado por el virrey «amonedador de las platas del monarca», muy probablemente en reconocimiento por los importantes servicios financieros que le prestaba.
103 La tesorería de la ciudad de México entregaba a don Luis el metal en barras que se había recaudado, y éste lo restituía en reales.
El mercader obtenía ganancias de consideración por los grandes volúmenes de plata que el erario le confiaba para labrar.
Además, como sucedía con la acuñación de la plata perteneciente a otros mercaderes, Sánchez de Tagle se beneficiaba de las variaciones en la ley que tenía el metal en pasta.
104 También Luis Sánchez de Tagle apoyó a su sobrino y yerno, Pedro Sánchez de Tagle y Bustamante, para que adquiriera el oficio de tallador mayor de la Casa de Moneda, el cual generaba un rendimiento anual de 100 AGN, Casa de Moneda, 311-6, autos sobre fraude en la Casa de Moneda.
102 Entonces se autorizó a Fagoaga suprimir la oficina del Apartado de San Luis Potosí y, en caso de ser necesario, ampliar la de México.
103 AGI, México, 479, expediente sobre la restitución de «los Tagles», 104 Es importante hacer notar que a principios del XVII cuatro o cinco mercaderes se hacían cargo de amonedar la plata del erario virreinal, función que desempeñaba únicamente Sánchez de Tagle a fines del mismo siglo.
107 Puede tenerse una idea de la cantidad de reales que labraban los Tagle si consideramos que en 1710, año en que falleció don Luis, éste tenía en existencia 307,288 pesos «en plata y oro acuñados y por acuñar».
108 Según vimos, para los mercaderes de plata resultaba fundamental contar con el apoyo de los agentes del erario y los alcaldes mayores para obtener el metal de rescate que no había pagado los derechos reales.
Pedro Sánchez de Tagle, el tallador mayor de la Ceca, casó a su segunda hija María Manuela con Juan Manuel Argüelles y Miranda, sobrino de Melchor de Miranda y Solís, propietario del oficio de tesorero de la real caja de Pachuca,109 distrito minero en el que Luis Sánchez de Tagle poseía dos haciendas de fundición.
110 Según vimos, por la relevancia de la producción argentífera de Pachuca, el hermano del mercader de plata Domingo Larrea, había sido el anterior tesorero de la caja en cuestión.
111 En 1710, poco antes de fallecer, Miranda y Solís, cuyos hijos eran menores de edad, designó a su sobrino Juan Manuel Argüelles y Miranda, su sucesor en el oficio de tesorero de la caja regia de Pachuca.
112 En 1712 se descubrió que Pedro Sánchez de Tagle había enviado de Pachuca a la ciudad de México varias barras de plata sin quintar, acerca de lo cual «no se ha hablado por ser muy común y ordinario».
113 Presumimos que don Pedro podía extraer de Pachuca la plata que no había sido gravada en razón de la estrecha relación que tenía con su yerno Juan Manuel Argüelles y Miranda, quien llegó a ser contador y juez de la real Hacienda y Caja de dicha población.
114 Muy probablemente, la plata que había evadido el pago de derechos en Pachuca se destinaba a la Ceca, en donde el tallador mayor Pedro Sánchez de Tagle tenía oportunidad de labrar metales que no habían sido ensayados, ni gravados.
Pedro Sánchez de Tagle estaba protegido por los estrechos vínculos personales que tenía con el virrey duque de Linares (1711-1716).
Este apreciaba al marqués consorte de Altamira de manera especial, entre otras razones, porque le había ofrecido su apoyo cuando se había perdido la nave almiranta de Barlovento, durante la Guerra de Sucesión, y cuando la flota a cargo de Juan de Uvilla había sido alcanzada por un huracán en Las Bahamas.
115 La confianza que tenía el duque en don Pedro se puso de manifiesto en 1712, cuando le pidió que invitara a la minería y el comercio del real de Pachuca a acogerse «al indulto que les ofrecía», para impedir que el visitador Francisco de Pagave, que iba a realizar una investigación sobre la situación del real erario en Pachuca, impusiera medidas drásticas, como había hecho en Zacatecas.
116 Al final de su mandato, Linares recomendó ante su sucesor a Pedro Sánchez de Tagle, como uno de los pocos sujetos en quienes podría confiar verdaderamente.117
A través del análisis de las redes de negocios y los vínculos personales que establecieron los mercaderes de la ciudad de México vimos la forma en que lograron concentrar la mayor parte de la plata que se producía en Nueva España.
En la segunda mitad del siglo XVII, dichos empresarios configuraron complejas mallas de negocios, a través de las cuales controlaron los circuitos comerciales y crediticios asociados a la explotación minera.
La venalidad de las magistraturas y los oficios públicos, así como la exigencia de fianzas a los funcionarios del erario, posibilitaron a los mercaderes para establecer relaciones de clientela a través de las cuales penetraron la estructura administrativa y judicial del virreinato.
Al respecto sería conveniente profundizar en el conocimiento del papel que jugaron la familia, el paisanaje y el compadrazgo mediante el examen de documentos notariales y otras fuentes.
La habilitación de la minería y el control de los metales acrecentaron los recursos y el poder político de los tratantes de plata, en detrimento de la autoridad formal de la monarquía y de los ingresos del real erario.
Las autoridades reales eran conscientes de esta situación, pero sabían que el funcionamiento de la economía virreinal, así como ciertas funciones administrativas y de gobierno, dependían de dichos mercaderes.
La influencia política que tuvieron José de Retes Largacha y Luis Sánchez de Tagle en la administración de Nueva España se ilustra con claridad en los grafos que se presentan.
Los principales mercaderes de plata, que procedían de las montañas de Burgos y el señorío de Vizcaya, mantuvieron vínculos estrechos con sus familiares, con quienes estaban unidos por lazos de sangre y afinidad de valores.
Para expandir sus negocios reclutaron a sus sobrinos seguros de su lealtad y de que tenían una férrea disciplina en el trabajo.
Con el propósito de mantener el patrimonio dentro de la estirpe y reforzar el linaje, muchos mercaderes casaron a sus hijas con sus sobrinos.
Así, a pesar de la autonomía con que operaban las oligarquías en Nueva España, la constitución de cadenas migratorias por parte de los mercaderes de México garantizó la cohesión del Imperio.
Ante la inexistencia de instituciones bancarias, los vínculos basados en la confianza resultaron fundamentales para que los tratantes de plata obtuvieran financiamiento y otorgaran crédito.
Con el propósito de rentabilizar los fondos de que disponían, clérigos, comerciantes, funcionarios reales y otros rentistas articulados a las mallas de los mercaderes de pla-BASES DEL PODER DE LOS MERCADERES DE PLATA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ta colocaban en sus casas dinero a cambio de una renta segura.
Los empresarios más destacados establecieron estrechas relaciones de amistad y negocios con miembros de la jerarquía eclesiástica, quienes les confiaron cuantiosos fondos de su propiedad y de las instituciones que te nían a su cargo.
Estos vínculos personales constituyeron parte del capital social que estos sujetos sociales legaban a sus descendientes.
A partir de la década de 1660 la producción argentífera en la Nueva España se vio restringida por la escasez de mercurio, aun cuando en algunos reales importantes, como Sombrerete, predominaba el método de fundición.
Los mercaderes de plata negociaron con los virreyes el suministro de azogue de Almadén y Huancavelica, comprometiéndose a liquidar las remesas.
Una vez que dichos mercaderes tomaron el control del Consulado, en la década de 1680, garantizaron la liquidación de las remesas del azogue.
La recuperación del arriendo de la administración de las alcabalas de la ciudad de México dio seguridad a los priores para otorgar préstamos cuantiosos destinados a saldar el mercurio, porque disponían de los productos de la renta para reembolsarlos.
El financiamiento que brindó el montañés Pedro Sánchez de Tagle en los últimos años del siglo XVII, le valió ser reelecto prior, yendo en contra de la normatividad y con la oposición del partido de los vizcaínos.
El poder económico de los mercaderes de plata les permitía incidir en la definición de la política económica del virreinato y fortalecía su posición en el cuerpo mercantil.
La venalidad de los oficios reales hizo posible que un puñado de mercaderes y sus allegados controlaran la única Casa de Moneda de Nueva España.
La propiedad de los oficios mayores de la Ceca, unida a otras estrategias, les permitió acuñar metales que no habían pagado derechos, determinar la calidad de la moneda novohispana y evadir los gravámenes por concepto de acuñación.
Las redes establecidas por el tesorero y el tallador mayor de esa Casa, muestran cómo los poderosos mercaderes incorporaban a sus familias en los oficios reales y locales de importantes núcleos mineros y centros comerciales estratégicos.
Tales vínculos facilitaban la realización de negocios ilícitos, entre los que se destacan la evasión de derechos reales y el contrabando de metales.
Estas circunstancias permiten comprender porque el incremento de la producción argentífera que se generó en los últimos años del siglo XVII no se vio reflejado en las percepciones fiscales.
Las relaciones clientelares que los mercaderes establecieron con autoridades de los distintos niveles de la administración de GUILLERMINA DEL VALLE PAVÓN Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 565-598.
ISSN: 0210-5810 la Nueva España y el desempeño de algunos oficios claves muestran el papel fundamental que tuvieron en la orientación de la economía del virreinato. |
Archipiélago de los Chonos
e st e ro d e re lo nc avi Golfo de Corcov ado
La proyección colonial de Chile a la Patagonia Insular en el siglo XVIII1 / Projection of Chile towards the Insular Patagonia during the 18 th century María Ximena Urbina Carrasco Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile Este artículo presenta las consecuencias geopolíticas del naufragio de la fragata inglesa Wager y la recalada de otro barco, el Anna, que formaban parte de la flota de George Anson, en las costas de la Patagonia Occidental Insular en 1741.
La noticia de la presencia inglesa en el despoblado y desconocido territorio insular y bordemarino al sur de Chiloé, y que se proyectaba al fin del continente, generó el despliegue de acciones tendentes a marcar presencia, como expediciones militares y misionales, la fundación de un fuerte y el patrullaje por la zona.
Nada de esto se tradujo en un asentamiento permanente o incorporación efectiva de dicha frontera, pero si en la conformación de una «frontera móvil» de Chiloé, y la construcción de una imagen de la Patagonia Occidental.
El objetivo de este artículo es dar cuenta del proceso histórico a través del cual surgió una postrera frontera en el extremo meridional de la Gobernación de Chile, Patagonia Occidental Insular, que por sus características puede ser llamada «frontera móvil» de Chiloé, en cuanto no constituye una ocupación permanente, sino una proyección mediante viajes marítimos, concepto utilizado por el historiador Walter Hanisch en su libro La isla de Chiloé, capitana de rutas australes, de 1982.
2 El territorio entre Chiloé y el estrecho de Magallanes se había mantenido casi inexplorado y muy débilmente recogido por la cartografía.
La hipótesis que proponemos es que la estancia de la flota inglesa de George Anson en las costas patagónicas (el naufragio de una de sus fragatas en el archipiélago Guayaneco, y la permanencia durante varios meses de otra nave en el archipiélago de los Chonos, jurisdicción de Chiloé, en 1741), fue el punto de partida de una proyección del área de influencia de la provincia de Chiloé hacia el sur del golfo de Penas y del despliegue de una política defensiva y expansiva, que se tradujo en acciones tendentes a marcar la presencia hispánica, y que convirtieron a dicho espacio geográfico en una zona de «frontera móvil» mediante la fundación de un fuerte, la exploración y conocimiento geográfico, el mantenimiento de una nueva ruta de acceso al sur a través del cruce de un istmo, el de Ofqui, y la exploración con fines misionales y con el objetivo de trasladar a Chiloé a las poblaciones indígenas recientemente conocidas.
El último lugar poblado de Chile Colonial era la provincia insular de Chiloé, con capital en la ciudad de Santiago de Castro, cabecera de un territorio marginal, aislado y sin comunicación regular con Chile Central por impedirlo mapuches y huilliches desde que se rebelaran en 1598, recuperando su territorio entre el río Bio Bío, por el norte, y la «Tierra Firme de Carelmapu», por el sur, lo que en la documentación colonial se llamaba «el Estado de Arauco».
3 Al sur de esta «frontera de arriba», incomunicado por tierra, lejano y postergado, estaba el archipiélago de Chiloé, al mando de un gobernador.
4 Más al sur de éste, y hasta el confín de América, el territorio patagónico occidental se comportaba como barrera geográfica al esta- La Patagonia occidental, y sobre todo su sector insular -un mundo de estrechos canales-, es uno de los territorios menos conocidos y de más difícil acceso de Chile.
Pocos trabajos historiográficos se han dedicado hasta ahora a esta región, que contiene notables recursos naturales.
Destaca, con mucho, De la Trapananda al Aysén, de Mateo Martinic.
5 Por otro lado, en las últimas décadas han comenzado a ser estudiados algunos sitios arqueológicos con cierta sistematicidad, lo que ha abierto muchas posibilidades al conocimiento de las llamadas «poblaciones canoeras» en periodos pre y post hispánicos.
6 El área de interés de estos arqueólogos y antropólogos, los archipiélagos de las Guaitecas, de los Chonos y de Guayaneco, fue un ámbito de confluencia e interacción de diversas poblaciones de tradición marítima.
7 La colonización española no pudo extenderse más allá de Chiloé ni tampoco proteger la boca del estrecho de Magallanes, donde la monarquía española no tenía puerto ni fuerte ni presencia alguna.
La zona tenía enorme valor estratégico, pues era el paso desde el Atlántico al Océano Pacífico, que se pretendía mantener limpio de los «enemigos de la corona».
Estos fueron, primero los holandeses 8 y luego los franceses e ingleses, pero sobre todo los últimos.
9 Era la frontera austral del Imperio español y a la gobernación de Chiloé pertenecía la jurisdicción, al menos nominal, de estas tierras y sus desconocidos habitantes.
10 Desde los inicios de la conquista española hubo expediciones marítimas de reconocimiento a la Patagonia Occidental que se enviaron desde el gobierno central del reino, pero sobre todo desde la isla grande de Chiloé.
Tenían como fin explorar el territorio y vigilar la posible presencia de extranjeros, maloquear a los chonos en las primeras décadas del siglo XVII para venderlos como esclavos, y más tarde, a comienzos del siglo XVIII, para trasladarlos a Chiloé pensando en su conversión y civilización, y también con el fin de buscar la 5 Martinic, 2005.
ISSN: 0210-5810 oculta, áurea y atractiva Ciudad de los Césares, que se decía estaba en algún lugar de las cordilleras frente a Chiloé, o, decía otra versión, al interior de Valdivia.
Durante el siglo XVI expediciones como las de Juan de Ladrillero, 1557 11 y Pedro Sarmiento de Gamboa en 1580 12 tuvieron como objetivo final alcanzar el estrecho de Magallanes y apenas mostraban interés en las islas y tierra firme intermedia y en el corto número de indígenas que divisaban en sus embarcaciones -las dalcas-, como las expediciones del siglo XVII -malocas y viajes misionales-, todas de Chiloé, recalaron en la Patagonia insular y contribuyeron al escaso conocimiento geográfico de la zona: Juan García Tao hacia el Estrecho en 1620; 13 los jesuitas Melchor Venegas y Juan del Pozo a los chonos en 1629; 14 Diego de Vera en 1639; 15 Rodrigo Navarro y el padre Jerónimo de Montemayor, en 1641; 16 Jerónimo Díez de Mendoza, 1674; 17 Bartolomé Díez Gallardo, también en 1674; 18 y Antonio de Vea, en 1675.
19 Estas son expediciones ocasionales, en las que no se construyen fuertes, puestos, ni se instalan colonos, por lo que no constituyen presencia efectiva ni menos permanente, pero son aportes al conocimiento que Chiloé tenía de su territorio jurisdiccional al sur de la península de Taitao, que era muy insuficiente, limitado y confuso.
A esto se debe sumar el gran inconveniente que para los viajes presenta una geografía desmembrada, boscosa, lluviosa, de pocos puertos de abrigo y de frecuentes temporales, todo lo cual hacía de ésta una zona muy inhóspita para las embarcaciones y formas de navegación de los españoles de Chiloé.
La flota de Anson y las reacciones chilotas
Sin que existan expediciones españolas registradas luego de la de Antonio de Vea (1675), se fue extinguiendo el escaso conocimiento de la geografía austral.
Esta situación sufrió un vuelco desde que el 14 de mayo de 1741 naufragara la fragata de guerra HMS Wager, al sur del golfo de Penas, en la zona septentrional del archipiélago Guayaneco, 47o 37' de latitud sur, en la Patagonia Occidental.
La fragata, dotada de una tripulación de 160 hombres y que contaba 28 cañones, era parte de una escuadra al mando de George Anson, conformada por seis buques y dos naves de abastecimiento, una de las cuales era la Wager, que zarpó de Inglaterra en septiembre de 1740, enviada por la corona británica a asediar las posiciones españolas en el Pacífico Sur.
Se trataba de las primeras operaciones de la Guerra del Asiento (1739-1748), 20 conflicto que tuvo su origen en las disputas territoriales y las represiones del contrabando inglés en América como consecuencia de las concesiones comerciales que debió otorgar España en el Tratado de Utrecht (1713), que puso fin a la Guerra de la Sucesión Española.
21 El interés geopolítico inglés era lograr mantener su presencia en el Pacífico americano, específicamente en el sur, tomando puertos y estableciendo alianzas con los indígenas.
La flota tenía como primer objetivo atacar la plaza fuerte y presidio de Valdivia, y por eso, ni el estrecho de Magallanes ni la zona de Aysén o Patagonia Insular eran objetivos, sino el reunirse en la isla de Guamblin (o del Socorro) después del cruce del Estrecho, para atacar Valdivia, y luego reponerse nuevamente en la isla de Juan Fernández para asaltar otros puertos.
22 Desde antes de que cruzara hacia el Océano Pacífico, la expedición de Anson estaba siendo perseguida por una poderosa escuadra española al mando del almirante José Pizarro.
Ambas flotas jamás se encontraron.
A comienzos de marzo de 1741 y a la altura del Cabo de Hornos, los barcos de Anson afrontaron enormes temporales y enfermedades.
La fragata Wager, con diversas averías, encalló en una isla del Golfo de Penas, cuando intentaba alcanzar la 20 AGI, Chile, 433, carta del virrey al presidente de Chile previniéndole la precaución y defensa con que debe estarse en las costas de aquella jurisdicción y demás del Mar del Sur, para impedir que se arrime a ellas con ningún pretexto ni motivo embarcación alguna de cualquiera bandera extranjera.
ISSN: 0210-5810 isla Guamblin, mientras que otro barco, el pingue Anna, debió guarecerse en un surgidero del archipiélago de los Chonos, desde donde continuó su viaje unos meses más tarde.
Dos de los buques (Savern y Peral) no lograron cruzar el Cabo de Hornos y debieron regresar a Brasil, y los otros cuatro (Centurion, Gloucester, Trial y Anna) pudieron reunirse en el archipiélago de Juan Fernández, donde arribaron con sus tripulaciones fuertemente diezmadas por el escorbuto, el hambre y el agotamiento.
Se repusieron, asestaron algunos ataques en el Pacífico y Anson regresó a Inglaterra con «el mejor botín de todos los océanos».
23 Con la Wager encallada en las costas del Guayaneco, sus 130 sobrevivientes se dividieron, desconociendo un grupo mayoritario la autoridad de su capitán, David Cheap.
Ochenta tripulantes liderados por el artillero John Bulkeley abandonaron el lugar, retornando a Brasil en octubre de 1741 a través del estrecho de Magallanes en las embarcaciones auxiliares de la fragata.
En la isla, el capitán, algunos oficiales y marineros (unas veinte personas), desprovistos de todo, presas del hambre, del frío y casi desvestidos se aventuraron en infructuosos intentos por costear el Golfo de Penas y remontar el Cabo Tres Montes hacia el norte con el objetivo de alcanzar Chiloé, pero se vieron obligados a regresar al lugar del naufragio en febrero de 1742.
Luego de pasar cuatro terribles meses en la isla, finalmente el reducido número de ingleses sobrevivientes consiguió ser conducido en dalcas por un grupo de chonos a través del «desecho» o pasaje del istmo de Ofqui, y sólo cuatro de ellos lograron llegar a Chiloé en un largo y penoso viaje en invierno del año 1742.
Luego de una estancia en Chiloé, Santiago y Valparaíso, se les permitió regresar a Inglaterra en diciembre de 1744.
Los sobrevivientes dieron a las autoridades de la provincia noticia del naufragio, hasta entonces insospechado, de su localización y de las características de la nave.
Algunos sobrevivientes del naufragio escribieron sus memorias sobre el acontecimiento y su regreso a Europa, que se hizo a través de tres rutas diferentes.
La obra más conocida es la de John Byron (1768), publicada veinticinco años después de los acontecimientos narrados.
24 De inestimable valor documental, y mucho menos conocida es la obra del guardiamarina Alexander Campbell (1747), quien realizó la misma travesía en dalca que Byron.
28 Ante ello hubo reacciones sobre la Patagonia por parte de la corona británica y de la española.
Los ingleses supieron que la Patagonia Occidental era un extensísimo territorio de islas sin presencia española, y donde era posible establecer cooperación con los indígenas locales, como lo hizo la tripulación de ambas naves.
Para los españoles, la noticia de la presencia de la flota de Anson al sur de Chiloé evidenció la posibilidad de asentamiento británico en el extenso litoral austral del reino de Chile.
Puso en crisis el sistema de dominio español «nominal» en la Patagonia, que sin población, sin ciudades y sin presencia militar, era susceptible de ser considerada como res nullius y, como tal, expuesta a ser ocupada por otras naciones.
Ya en la segunda mitad del siglo anterior se habían despachado las expediciones de Bartolomé Díaz Gallardo (1674-1675) y de Antonio de Vea (1675-1676), con el objetivo de localizar supuestas posiciones extranjeras en el extremo austral.
Pero los nuevos acontecimientos realimentaron la sospecha entre las autoridades españolas de la existencia de asentamientos ingleses en la Patagonia Occidental, entre el Golfo de Penas y la zona del Estrecho de Magallanes y Cabo de Hornos.
Más aun cuando, luego de la llegada a Chiloé de los sobrevivientes de la Wager, llegó a conocimiento de los españoles que Anson, a partir de la estancia del pingüe Anna en Inche -se pensaba estaba en una isla, pero en realidad era una bahía en la península de Taitao, es decir, tierra firme-, destacaba las ventajas de disponerlo como surgidero austral para los intereses de Inglaterra.
29 Hubo en adelante que lidiar con la hostilidad climática, marítima, geográfica, la dificultad técnica de llegar más al sur del canal que hoy se llama Moraleda, el costo de las expediciones y la casi imposibilidad de mantener allí puesto militar permanente, con la preocupación por la vulnerabilidad del territorio ante la presencia británica.
29 AGI, Lima, 643, noticia de la bahía descubierta en el archipiélago de Chonos por el pingue nombrado La Ana de la escuadra del vicealmirante Anson en las costas de la Mar del Sur según se refiere por él en la relación del viaje del mismo vicealmirante.
ISSN: 0210-5810 y permanecido en aquellos parajes, levantado información escrita y cartográfica que no tenía España, y además había entrado en contacto con grupos indígenas hasta entonces desconocidos por Chiloé, como eran los llamados caucahués.
Las operaciones se ejecutaron desde Chiloé.
El efecto inmediato fue la proyección presencial hacia el área del naufragio, como una «frontera móvil» al sur de la península de Taitao y golfo de Penas, acciones que se deben explicar e interpretar considerando los intereses, planes y acciones del gobierno central de Chile y del virreinato del Perú, los vigentes y los provocados por las correrías de Anson por el Pacífico Sur y Norte. a) La estancia de los ingleses de la Wager tuvo consecuencias inmediatas en el archipiélago de Guayaneco antes de que la noticia del naufragio se supiera en Chiloé.
A través de las fuentes escritas dejadas por dos de los sobrevivientes que llegaron a Chiloé -John Byron y Alexander Campbell-, conducidos por un grupo de chonos, es posible establecer aspectos del contacto cultural entre británicos y dos poblaciones indígenas chonos y caucahués, con las que se interrelacionaron por separado.
Los relatos son una particular fuente por ser la visión de ingleses que convivieron con grupos indígenas durante un año, aunque no en forma permanente.
Constituyen una fuente de primera mano sobre la vida cotidiana de las «poblaciones canoeras», que no se advierte en los informes de las expediciones españolas, mucho más escuetos en esto, y que iluminan sobre su modo de vida y sobre el contacto entre indígenas y británicos en esos territorios.
30 Refiriéndonos a lo primero, se advierten grupos indígenas con amplio dominio de su medio y maneras de interactuar con él, con intervención de su paisaje cultural, conocimiento del bosque y de la orilla (que desmiente esa imagen de pueblos canoeros siempre a bordo de su embarcación), con comunicación e intercambio entre chonos y caucahués.
Sobre el contacto con los ingleses, investigaciones arqueológicas recientes han dado cuenta de las consecuencias del naufragio sobre la vida material de las poblaciones afectadas.
Ellas han estudiado varios sitios arqueológicos en las islas Wager y Byron que muestran materiales y restos de la Wager reutilizados por indígenas.
ISSN: 0210-5810 b) Cuando los cuatro sobrevivientes de la Wager llegaron a Castro, la reacción de la autoridad local fue el inmediato envío de una expedición militar de reconocimiento al lugar del naufragio.
El gobernador de Chiloé, Juan Victorino Martínez de Tineo, comisionó al alférez de infantería de Calbuco, Mateo Abraham Evrard, «a Guayaneco y naufragio de la fragata inglesa», para reconocer el lugar y recoger el metal de la embarcación, en especial sus 28 cañones.
De su viaje, de 1743, sin que sepamos si fue a principios o a finales de ese año, no ha quedado el diario ni el mapa que dice llevar, sólo referencias de él.
Zarpó de Chacao llevando 11 dalcas y 160 hombres con bastimento para seis meses, y cumplió su objetivo trayendo de regreso, a los cuatro meses, cañones y otras piezas menores de metal.
En este viaje fueron un oficial de la real Hacienda de Chiloé y el padre jesuita Pedro Flores, para enterarse sobre los futuros «neófitos».
La falta de víveres y de fuerzas al regreso, y el convencimiento de que volverían, hizo que dejaran 4 de las 11 dalcas en «la otra parte [parte sur] de un pedazo de tierra distante media legua por donde forzosamente deben pasar para Guayaneco».
Así, se evitarían tener que pasarlas «a brazo» por más de media legua de monte.
32 Esta información, y que «los peligros hasta la situación del naufragio son infinitos», son todas las referencias que Martínez de Tineo da sobre la ruta seguida y las circunstancias de la travesía.
En el sitio, logró recuperar 14 cañones, «los 10 de fierro de a seis de calibre y los 4 de bronce de a 3, unos y otros nuevos», de los 28 que llevaba, además de un anclote, un yunque, más de cien balas de cañón y mil de fusil.
33 Inmediatamente, el gobernador de Chiloé pidió al de Chile repetir la expedición.
34 Esto fue ejecutado siete años más tarde, como consecuencia de haberse sabido por la «Noticia» publicada por Anson, de sus pretensiones respecto a la bahía donde había recalado el Anna.
Esta segunda expedición es la del ayudante Manuel Brizuela, desde marzo a junio de 1750, en que fue comisionado para tomar posesión del sitio de Anna.
Partió con dos dalcas y 23 hombres, y remontando el golfo de Penas llegó a la isla Tenquehuén, donde «tomaron en ella posesión quieta y pacíficamente, sin contradicción alguna».
Pero por no ofrecer Tenquehuén terreno capaz ni habitable, «fabricaron una casa en la isla inmediata de Caychilu, que está a la vista del puerto donde ancló el pingüe inglés».
En la misma peña donde se amarró, «clavaron una cruz grande, embutido en ella un escudo de armas de León y Castilla, que en todos tiempos acreditare la posesión que en el real nombre de V.M. había tomado».
Por la cortedad de los bastimentos, sólo dejó en «la casa» a dos personas para su resguardo: al soldado Pedro Sánchez Navarro y al cacique de la reducción de Abtao, Diego Llayquen.
35 Una tercera y última expedición fue nuevamente liderada por Evrard, en octubre de 1750, con tres dalcas y 42 hombres de tropa arreglada, caciques de Calbuco y prácticos chonos, 36 que, como los anteriores, surcaron «aquel golfo tan temido, con riesgo de su vidas».
37 Tenía como objetivo la construcción de un fuerte, que se hizo de madera, en la isla de Tenquehuén, para proyectarse a los mares australes, el cual levantó con el nombre de San Fernando de Tenquehuén, pero fue desmantelado al año siguiente.
Se trata de una expedición inmediata de reconocimiento y extracción del metal en Guayaneco, y dos de toma de posesión y asentamiento (aunque efímero) en la península de Taitao.
En la primera hubo un logro inmediato: se recuperaron cantidades de hierro nunca vistas en Chiloé y generó, como se verá más adelante, la apertura de un tránsito a esa zona con el mismo objetivo.
Las dos últimas expediciones responden a la intención de fijar un puesto permanente, atendido desde Chiloé.
En 1763 el gobernador de Chiloé envió una nueva expedición, al mando del ayudante de milicias José Domínguez, para el reconocimiento del puerto donde se había fundado y desmantelado el fuerte de San Fernando.
No sabemos si efectivamente se ejecutó, 38 pero sí que hubo expediciones hacia el sur por parte de jesuitas, partiendo desde la isla Cailín: estos son los dos viajes del padre José García, en 1766-1767 (casi sin datos) y en 1766, con 6 españoles y 34 indígenas, hasta el sitio del naufragio y más al sur, 39 al igual que el del padre Juan Vicuña, en 1767-1768.
40 Cosme Ugarte, fue enviada a la zona a causa de las noticias de la presencia inglesa en el sur, y la sospecha de haber ocupado las islas Malvinas.
41 La misma motivación se tuvo para el envío de la expedición de José de Sotomayor y el piloto Francisco Machado, en 1768-1769, con orden de explorar hasta el cabo de Hornos, 42 y al año siguiente, 1770, José Ríus fue enviado para averiguar sobre si verdaderamente había un establecimiento inglés en el puerto del pingüe Anna.
43 La siguiente expedición se realizó en 1778, pero con un fin misional, a cargo de los franciscanos fray Benito Marín y fray Julián Real, más al sur de Guayaneco, en busca de indígenas para trasladarlos a Chiloé.
44 Esta expedición fue seguida por la de su correligionario fray Francisco Menéndez, que también llegó más al sur de Guayaneco.
Este mismo religioso, en el verano de 1779-1780, hizo otro viaje acompañado por fray Ignacio Vargas.
45 La documentación muestra que la siguiente expedición a los mares australes de la que se tenga noticia fue en 1792, realizada por el capitán Nicolás Lobato y Cuenca, junto con el alférez de navío Francisco Clemente y Miró.
El virrey del Perú encomendó a Lobato que navegase hacia Chiloé para reconocer la costa de los Chonos, en particular el puerto del pingüe Anna, es decir, «por fuera», sin avanzar más al sur ni adentrarse por el golfo de Penas, Guayaneco y canal Messier, y lo mismo ejecutó el piloto José de Moraleda y Montero, en 1792-1793.
46 Con ello, se acaban las exploraciones coloniales que buscaban prevenirse o imponerse de los establecimientos ingleses.
La correspondencia, instrucciones e informes de estos viajes son un material documental interesante -no estudiado por la historiografía sino en casos puntuales (Moraleda, por ejemplo), 47 pero no como un todo, 48 porque no sólo puede verse la manera en que se va conformando y modifican-41 Idem.
Expedición de estos misioneros del colegio de Ocopa a los archipiélagos de Guaitecas y Guayaneco en solicitud de los indios gentiles, 1778-1779.
45 Ibidem, 421-427, expedición hecha a los archipiélagos de Guaitecas y Guayaneco por los religiosos misioneros fray Francisco Menéndez y fray Ignacio Vargas, en solicitud de la reducción de gentiles a fines del año 1779 y principios del de 1780, según consta de la carta escrita al padre fray Julián Real por el citado fray Francisco Menéndez, que es como sigue.
ISSN: 0210-5810 do una política del virreinato, de Santiago y de Chiloé frente a sus costas del sur, sino que también forma un corpus interesante para estudiar cómo se organizaban las expediciones, qué tipo de personas las componían, qué bastimentos se cargaban y cómo se disponían las embarcaciones, entre otros aspectos, para constatar las formas locales de navegar y la cultura material e ideacional asociada a ella-.
Eran necesarios, por ejemplo, pilotos y remeros chonos, así como indias buzas para sumergirse.
49 Además de estos intermediarios culturales, las «formas chonas», como las dalcas, se repiten en los viajes de proyección desde Chiloé al sur (archipiélagos Chonos, Guaitecas y Guayaneco), porque es la modalidad natural desde las primeras expediciones jesuitas y militares más al sur del golfo de Corcovado, desde inicios del siglo XVII, y que se proyecta hasta el XIX.
50 Por otro lado, es interesante ver en los sintéticos relatos de expediciones militares y misionales cómo se va conformando una imagen de un área hasta entonces desconocida, porque era transitada «por fuera», o mar exterior, desde y hacia el estrecho, 51 como por ejemplo el glaciar de San Rafael y su laguna homónima, el golfo de Penas, Guayaneco, las desembocaduras de ríos, o la cordillera de los Andes en esas latitudes. c) El efímero fuerte San Fernando de Tenquehuén: en 1749 el rey mandó la construcción de un fuerte en la península de Taitao, de cara al mar exterior, en el mismo lugar donde había fondeado durante varios meses en 1741 el pingüe Anna.
Las razones son la indefensión manifiesta de estas costas y el que el propio Anson había hecho público en Inglaterra un informe donde fundamentaba «tener derecho a ese puerto e isla por haberlo hallado despoblado, y ocupado la tripulación», 52 (despoblado de españoles, quiere decir, porque había habitantes indígenas), y la conveniencia de establecer un puerto inglés en aquella bahía, considerando su ubicación y la colaboración que había recibido por parte de los indígenas.
Había, además, adjuntado un mapa de dicha bahía, conocido en España.
53 Pero el detonante de la reacción fue que se supo que en Inglaterra se estaba preparando una fragata de 14 cañones, «aunque capaz de montar muchos mas» para tomar 49 Urbina, X., 2010a 50 Urbina, X., 2010b 51 Martinic, 2005, 59- posesión de alguna o algunas de las islas del archipiélago de los chonos, particularmente la de Inche.
54 Desde Lima, el virrey conde de Superunda, ordenó la construcción de dicho fuerte, en el paraje nombrado Tenquegüén, Tenquelén o puerto de Inche.
Es importante destacar que las instrucciones y demás documentación que se expide determinan la fortificación no sólo de Tenquehuén, sino también de la isla de Juan Fernández, 650 kms. al oeste de la costa de Chile central, lugar habitual de recalada de refresco de barcos ingleses.
Las instrucciones muestran un proyecto defensivo en conjunto y se habla de «las dos poblaciones» que fundará y atenderá la fragata La Esperanza.
Los autos de «la población» de la isla de Inche están fechados en Chacao, a 17 de marzo de 1750, firmados por el gobernador de Chiloé, Antonio Narciso de Santa María, 55 e incluyen tres mapas, 56 lo que corresponde a la expedición de Brizuela, y a la segunda de Evrard.
Se hizo población de doce personas, entre tropa arreglada e indios chonos, y un fuerte de madera (no ha sido buscado por la arqueología, pero de hallarse, los restos de la «población» podrían dar cuenta, como con la Wager, de formas de interacción hispano-chonas).
Finalmente, dieciocho meses más tarde se desmanteló, por decisión del virrey, atendiendo el parecer del propio gobernador de Chiloé, de que no era posible mantener a esa corta población desde Chiloé regularmente, ya que la tierra no permitía subsistencia, pero sobre todo, porque el fuerte era sólo un punto en la inmensidad de la Patagonia Insular. d) La noticia en Chiloé de que la Wager llevaba a bordo 28 cañones de hierro y de bronce, y que iba bastimentada con pertrechos de guerra -era la nave de abastecimiento de la flota-, generó otra situación de interés sobre el sitio del naufragio.
Un valioso documento de 104 hojas, del Archivo Arzobispal de Santiago, da cuenta de que, dada la carencia de metal en Chiloé, particulares del archipiélago organizaron expediciones hacia Guayaneco para recuperar y vender el metal en la isla, aun cuando de derecho, el barco y sus elementos, por estar en territorio español, habían pasado a ser propiedad de esta corona.
Para este arriesgado viaje en busca del metal los españoles de Chiloé se valieron de caciques o grupos de chonos o de caucahués, que iban a bordo de sus dalcas y en compañía de sus mujeres, que eran las que se sumergían y hacían de buzas.
A ellos se les gratificaba por cada trozo de hierro recuperado.
Estas dalcas chonas repitieron la misma ruta que habían seguido los ingleses guiados por chonos, esto es, cruzando a pie y con las dalcas desmontadas, el istmo de Ofqui para salir al golfo de Penas y Guayaneco.
El expediente judicial -nunca terminado-que referimos se formó cuando el gobernador de Chiloé, Antonio Narciso de Santa María, acusó a los jesuitas que mantenían las misiones de Chiloé de haber hecho uso de riquezas pertenecientes a la corona.
Habían enviado en repetidas ocasiones grupos de chonos a rescatar metal de la Wager, a pesar de haber sido expresamente prohibido por bando del gobernador anterior de Chiloé, Juan Victorino Martínez de Tineo, en mayo de 1743.
Así se da información de tempranos viajes al naufragio, probablemente durante el verano de 1742-1743.
57 La riqueza del expediente está en varios asuntos interrelacionados: en la valoración que en la aislada y postergada provincia de Chiloé se da al escasísimo hierro; al valor que le otorgan los chonos, que es distinto de los caucahués; a la movilidad que se evidencia que siguen manteniendo chonos y caucahués hacia los archipiélagos del sur, su espacio vital, a pesar de haber sido trasladados y asentados en una isla, en la misión de San Felipe de Guar en 1717 y a Chaulinec (indígenas caucahués), en 1743; a la manera de organizarse expediciones hacia el sur, en dalcas «modernas» o chilotas (ya no genuinamente chonas), donde comparecen particulares dueños de dalcas, personas que envían y organizan las expediciones, inversionistas, caciques chonos, remeros, pilotos y buzas; en la cotidianeidad que parece evidenciarse en los viajes de Chiloé hacia el sur, que pueden dar cuenta de expediciones menores no oficiales y no registradas que contribuyeron a ampliar el conocimiento de la zona; a las relaciones entre el poder político-militar y los jesuitas del colegio de Castro; a la preponderante influencia y manejo que ejercían los misioneros jesuitas en las poblaciones indígenas del archipiélago. e) Otra consecuencia del naufragio fue el inmediato interés de los jesuitas del colegio de Castro por llegar a Guayaneco para encontrar a los «nuevos» indígenas, que los sobrevivientes del naufragio que llegaron a Chiloé dijeron haber conocido cuando unos grupos los visitaron en el cam-pamento donde se refugiaban frente al naufragio.
Los británicos los reconocieron como no chonos (a los chonos los conocieron después), y los españoles de Chiloé los denominaron caucahués, según noticias que de estos «no chonos» había dado un siglo antes la expedición de García Tao y a los que entonces se había denominado «cau cau», voz mapuche que quiere decir gaviota, por la semejanza de los sonidos que hacían.
58 Estos indígenas también navegantes podían reconocerse (aunque no limitados a) al otro lado del istmo de Ofqui, más al sur de los chonos, sobre los que no se tenía conocimiento alguno, porque se había perdido la memoria de los antiguos contactos con algunos grupos australes.
Se enviaron expediciones misionales, con la autorización del gobernador de la provincia, para conocer y «atraer» a estos indígenas que parecían ser la puerta de entrada a otros grupos de indígenas canoeros aún más australes.
La visita y el traslado era la modalidad misional en las fronteras.
59 Dadas las condiciones geográficas y climáticas, y con el precedente de la misión de Chonos fundada en la isla de San Felipe de Guar, en 1717, desde un inicio se decidió trasladarlos a Chiloé.
Circunstancias y motivaciones del envío de misioneros están contenidas en la documentación y en el diario del segundo viaje del padre José García (1765 y 1766, pues del primero no hay diario) 60 y el del padre Juan Vicuña, en 1767.
61 ¿Es el litigio entre los jesuitas y el gobernador de Chiloé lo que atrasó la misión jesuita a Guayaneco para buscar indígenas de los que se tenía noticia desde 1742?
En Cailín eran atendidos por el padre Francisco Javier Esquivel, estante en Queilen, quien -dicen los informes-«trabajó no poco en poblarlos, catequizarlos...».
Se desconoce su número, pero sólo podríamos suponer un par de decenas de caucahués, como mucho.
A estos se les agregaron trece indígenas «de la nación taijataf y calenche» que en 1760 fueron a buscar los misioneros acompañados de caucahués.
62 Ese corto número se consideraba un tesoro misional y un incentivo para proseguir los traslados voluntarios.
Finalmente, con pocos caucahués trasladados, y por una real cédula de 1767, se fundó formalmente y con sínodo una misión en la isla de Cailín, en el archipiélago de Chiloé, «con la mira de hacer algunas entradas en la 58 Quiroz y Olivares, 29.
61 AGI, IG, 412, reconocimiento de costas e islas Guaitecas y Guayaneco por don Pedro Mansilla.
62 AGI, Chile, 304, informe del padre Juan Nepomuceno Walter, procurador de la Compañía de Jesús.
63 El naufragio de la Wager hizo que en Chiloé se supiera -en realidad, se recordara-cómo se prolongaban los archipiélagos desde Chiloé al sur, es decir, que si se avanzaba de norte a sur por los canales que separaban la tierra firme de los archipiélagos del mar interior, había «infinidad» de islas.
Los españoles de Chiloé habían hecho varias y significativas exploraciones en el siglo XVII más allá del archipiélago de los chonos, tomando la ruta del canal que luego se llamó Moraleda.
En ese siglo conocieron que hacia el sur el canal tenía un fin, estaba interrumpido por tierra, y que luego de ella continuaba el canal y la conexión hacia el extremo austral.
Esa era la península de Taitao, que comunicaba con tierra firme a través del istmo de Ofqui.
64 Y habían aprendido, en el siglo XVII y teniendo a los chonos como guías, a traspasarlo descosiendo las dalcas, transportando las tablas sobre los hombros y volviéndolas a coser y calafatear al otro lado, el que mira al golfo de Penas, para luego continuar viaje hacia el sur.
Pero desde ese último viaje, el de Antonio de Vea en 1675-1676, Chiloé no hizo otro hacia el sur y se perdió en la memoria la existencia del istmo, del archipiélago de Guayaneco y del canal Messier.
La ruta de Ofqui y la proyección hacia Guayaneco se consideró como novedad o descubrimiento desde el reconocimiento de Evrard, en 1743, y comenzó a ser reutilizada desde el naufragio, haciéndose a través de ella los reconocimientos de Evrard y los demás, que incluyeron a los jesuitas y luego a los franciscanos.
Al parecer, después del viaje misional de los padres franciscanos dirigidos por Menéndez y Vargas, en 1779, no hubo más expediciones por esta ruta, hasta que fue explorada nuevamente por Fitz-Roy en 1829, aunque sin éxito, y sin éxito también el viaje del capitán Hudson, de la marina chilena.
Significaba, y significa, esta navegación, la posibilidad de acceder a los archipiélagos australes por un canal del mar interior, sin tener que salir al Pacífico abierto.
Es importante destacar que el estudio de esta ruta, antes y después del naufragio, simplicaba abordar el modo indígena de vivir en esa geografía, el conocimiento del mar, de la orilla y del bosque, y la nece-63 AGI, Chile, 467, Contaduría al rey, Madrid, 28 de febrero de 1767.
ISSN: 0210-5810 sidad de la armada española, británica y chilena de valerse de chonos como pilotos y guías para la navegación en aquel territorio.
A comienzos del siglo XX, Ofqui volvió a cobrar vigencia cuando el gobierno chileno evaluaba la posibilidad de hacer un canal por el istmo para comunicar internamente la recién nacida región de Aysén, pero el proyecto no se ejecutó por falta de presupuesto y de interés.
La fundación del pueblo de indios de San Carlos de Chonchi en 1764, 66 tiene relación con el naufragio de la Wager y el intento de proyectar Chiloé a Magallanes.
Los autos de fundación 67 dan cuenta de que en la mente de la autoridad política, y también religiosa (el procurador de los jesuitas en Chile), estaba el proyectarse a través del pueblo de Chonchi -al sur de Castro, que se fundaba uniendo a cuatro pueblos de indios-y de la islamisión de Cailín, atendida desde Castro, frente a la costa de los Payos, extremo suroriental de la isla grande, hacia la Patagonia, para imponerse de la presencia eventual inglesa; buscar a los supuestos Césares ocultos, y de evangelizar a las «innumerables gentes» que vivían en los archipiélagos y tierra firme hacia el Estrecho.
Estas fundaciones iban de la mano, y se conectaban, con la de San Carlos de Ancud, como villa de españoles, en 1768, 68 para dirigir la defensa y ofensa desde Chiloé frente al enemigo externo, así como el plan de refundar la antigua misión jesuita trasandina de Nahuelhuapi, como puerta de entrada a la Patagonia por la vía de las pampas.
En la geopolítica del sur de Chile Colonial, desde mediados del siglo XVIII, comparecen las intenciones de integrar efectivamente el territorio patagónico insular y continental hasta el estrecho de Magallanes, y, al mismo tiempo, de protegerlo de las amenazas de ocupación extranjeras, especialmente inglesas.
La documentación muestra que el interés por proyectarse desde Chiloé al sur es parte de una intención más amplia del reino, de una política de integración territorial austral de articular a Chile desde Santiago hasta el estrecho de Magallanes, entendiendo que hay tramos distintos.
Existe sintonía entre el interés por la proyección «camino al 66 Urbina, R., 1998.
ISSN: 0210-5810 Estrecho» y la política de fundación de villas del siglo XVIII en Chile; 70 de construcción de caminos para la vertebración del reino (Santiago-Concepción, Concepción-Valdivia, Castro-Ancud, Castro-Nahuelhuapi, 71 Chiloé-Valdivia 72 ); y de avance español sobre la frontera mapuche en base a la fundación de pueblos de indios en la Araucanía, proyecto del presidente Guill y Gonzaga en la década de 1760, que aunque comenzó a ejecutarse con el acuerdo de los caciques, fracasó.
73 La política de integración territorial; los intereses británicos en el Pacífico sur antes y después del paso de la flota de Anson; la interacción hispano-indígena y anglo-indígena en el área de Guayaneco y península de Taitao; la reacción militar desde Chiloé frente a la seguridad de sus mares con el envío de aisladas expediciones de reconocimiento y la construcción de un fuerte en Taitao y su pronto desmantelamiento; los asuntos derivados del rescate del hierro de la Wager; las expediciones misionales jesuitas a los caucahués; la apertura de una ruta anfibia hacia el Estrecho; y, finalmente, el plan general de la Patagonia que contemplaba la fundación de Chonchi, Queilen, Cailín, Ancud y Nahuelhuapi, son consecuencias directas del naufragio, que significaron un cambio en el comportamiento de Chile sobre su territorio jurisdiccional, y la conformación del área al sur del golfo de Penas como frontera móvil u horizonte expansivo de Chiloé, al incorporar el área Guaitecas-Chonos-Taitao-Guayaneco como hito geográfico intermedio del objetivo final que era asegurar el estrecho de Magallanes, que se consigue sólo en 1843 con la fundación del fuerte Bulnes, expedición colonizadora que también partió desde Chiloé.
El estudio de los espacios (físicos y culturales) de interacción entre grupos diferentes, o lugares débilmente poblados que comienzan a ser ocupados por una nación o grupo que se siente superior al preexistente, ofrece una mirada global a aquel territorio y a sus relaciones con sus entornos, porque en los espacios por ocupar se re-crean las formas propias.
Las fronteras son lugares de contactos o comunicaciones esporádicas con el «otro», bordes en los que se ensayan formas de asentamiento que son muy distintas a las de los lugares centrales. |
Los oficiales reales de Quito bajo sospecha: el impago del situado y la propuesta de visita de la Caja (1712-1718) 1 / Quito's royal officials under suspicion: the non-payment of the situado and the proposal of an inspection of the Caja (1712-1718
Es una realidad conocida que la región serrana de la Audiencia de Quito, con su capital a la cabeza, padeció una profunda crisis económica desde finales del siglo XVII y, sobre todo, en las décadas iniciales de la centuria siguiente.
Para explicar esta realidad, la historiografía se ha ocupado fundamentalmente de analizar la caída de la producción y comercio de textiles quiteños, principal activo económico de la región desde el siglo XVI.
Distintos investigadores han analizado la prohibición de la mita de obrajes en 1701 y 1704, la disminución de la mano de obra por epidemias, hambrunas y huídas de indios ante el aumento de la presión fiscal, o la creciente demanda de tejidos de algodón frente a los de lana, y la repercusión que todos estos hechos tuvieron en el cierre de muchos obrajes de la región norte de la Audiencia quiteña.
Otros historiadores han estudiado las consecuencias que para la economía de Quito, desde finales del siglo XVII, tuvo la presencia y actividad de los corsarios y comerciantes franceses que inundaron las costas del Pacífico de géneros europeos, contra los que los paños quiteños no pudieron competir.
Sea por unas razones o por otras, o mejor por una combinación de todas ellas, los primeros años del siglo XVIII fueron económica y financieramente muy complicados en el distrito de la Audiencia quiteña, una de cuyas evidencias fue la de escasez de moneda en la región.
En este trabajo nos vamos a ocupar de cómo los oficiales reales quiteños gestionaron la Caja Real en esta época de crisis y, especialmente, de cómo intentaron justificar el incumplimiento de uno de sus principales deberes: el envío del situado a los presidios de Cartagena y Santa Marta, que era una carga muy gravosa para la Caja ya que suponía en torno al 40% de sus salidas.
La Caja de Quito y sus gestores
En el territorio de la Audiencia de Quito había cuatro Cajas Reales: Quito, Guayaquil, Loja y Zamora y la de Popayán.
La de Quito estaba integrada por los corregimientos de Quito, Latacunga, Riobamba (con el asiento de Ambato), Chimbo, Otavalo y la villa de San Miguel de Ibarra, y por los gobiernos de Quijos y Macas y Jíbaros y Maynas.
2 Entre 1712 y 1718, al frente de la Caja de Quito estuvieron el contador Diego Suárez de Figueroa y el tesorero Fernando García Aguado.
Suárez de Figueroa había comprado el cargo en 1688 para su hijo José, entonces menor, con la cláusula de poder ejercer él mismo el oficio -lo que hizo a partir de agosto de ese año-, hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad.
En 1706 se inició un largo pleito entre padre e hijo por la posesión del oficio, que no terminó hasta 1721 en que se sentenció a favor de José.
3 Mientras tanto Diego ejerció el cargo y así, en 1712, llevaba más de veinte años gestionando la Caja de Quito.
En 1711, el conde de Selvaflorida inició una visita a la Caja, encargada por el virrey de Lima, que concluyó en 1714 con sentencia desfavorable tanto para el contador como para su anterior compañero, el tesorero Jacinto Salazar y Betancourt.
Como consecuencia, Diego Suárez de Figueroa estuvo suspendido del oficio entre julio de 1714 y marzo de 1715 y definitivamente, por orden del Tribunal de Cuentas de Lima, a partir de enero de 1718.
Fernando García Aguado remató el ofició de tesorero en Lima y empezó a ejercer en febrero de 1711, sin ninguna experiencia previa en labores de Real Hacienda.
Tenemos así dos perfiles muy distintos: por una parte, el contador, un hombre curtido en el oficio, que se resistía a abandonar en manos de su hijo, pero intimidado por una visita de la que no saldría bien parado; por otra, el tesorero, inexperto pero sagaz, pues inmediatamente se desligó de toda posible responsabilidad derivada de la visita del conde de Selvaflorida, y, como demostrará en su larga trayectoria en la Caja de Quito, ambicioso y calculador.
La actuación de Diego Suárez de Figueroa y Fernando García Aguado en los hechos que analizamos fue siempre conjunta y no se produjo ningún tipo de enfrentamiento entre ambos.
El envío de los situados a Cartagena y Santa Marta desde la Caja de Quito
Desde el año 1672 y hasta 1819, la Caja Real de Quito estuvo obligada a enviar anualmente el situado 4 a los presidios de Cartagena (32.375 pesos) y Santa Marta (12.000 pesos), lo que se compensó con la exención de tener que enviar los excedentes que en ella se produjeran a la Península.
José de Munive, miembro del Consejo de Indias, comentaba que en el siglo XVII la Caja de Quito solía tener unos ingresos anuales cercanos a los 110.000 pesos y unos gastos de 50.000, de lo que resultaba un saldo favorable de en torno a 60.000 pesos, que tenía que remitir íntegramente a España.
Por real cédula de 1672 se ordenó que, puesto que las Cajas del Nuevo Reino de Granada no podían mantener los presidios de Cartagena y Santa Marta, se enviara a ellos desde la de Quito 42.375 pesos en concepto de situado, suspendiéndose la remisión de los 60.000 pesos excedentes a España, lo que debería haber supuesto un mayor desahogo para la Caja de Quito.
5 Hasta 1712 la caja quiteña cumplió con bastante puntualidad esta obligación, pero a partir de ese año la regularidad se quebró.
Por su parte, la Caja de Santa Fe, que también tenía que socorrer a los dos presidios, fue mucho más irregular en sus envíos.
Veamos cómo se desarrollaron los hechos.
En abril de 1712 se reunía la Junta de Real Hacienda de Quito, organismo que se encargaba de la supervisión de la Caja Real y de la gestión de los oficiales reales, 6 ante la declaración de éstos de que ese año, dada la pésima situación de la Caja, les era imposible remitir el preceptivo situado a Cartagena.
En esta primera reunión, además de constatar el problema de insolvencia de la Real Hacienda, se acordó que los oficiales reales, Diego Suárez de Figueroa y Fernando García Aguado, instaran a los curas a pagar inmediatamente las mesadas eclesiásticas 7 «procediendo por ejecuciones, prisiones y embargos hasta que se consiga su recaudación», para así poder reunir la cantidad necesaria para cumplir con la remisión del situado.
Así lo hicieron, recurriendo a los fiadores 8 y, efectivamente, en ese año 1712, pese a las reticencias iniciales, se acabaron enviando los correspondientes situados a Cartagena y Santa Marta.
Cuando en marzo, el presidente Zozaya ordenó el envío del situado, los oficiales reales contestaron que no tenían recursos para hacerlo, lo que nuevamente desembocó en la convocatoria de la Junta de Real Hacienda.
En ella, Suárez de Figueroa y García Aguado aseguraron que «en el estado en que se hallaba la Real Caja era imposible el despacho de los situados, respecto de no haber dinero alguno en ella, ni forma de que entre», porque, aunque se habían embargado bienes a algunos deudores, «la total falta de dinero [en la provincia]... motiva el que no se puedan vender [dichos bienes embargados]».
10 Para demostrar la penuria en que se encontraba la Real Hacienda quiteña, días después presentaron una breve relación de lo que entraba y salía de la Caja anualmente, tomando como fecha de referencia la de 1712.
11 Esta relación, como veremos más adelante, les pudo haber acarreado graves complicaciones.
A diferencia del año anterior, esta vez la Junta de Real Hacienda no acordó nada y se limitó a traspasar el problema a la Audiencia, que asumió la opinión de Suárez de Figueroa y García Aguado y escribió al virrey de Lima, al que manifestó que «ante la falta de medios de estas Reales Cajas se hacía impracticable la remisión de los situados de Cartagena y Santa Marta».
Si lo que esperaban era que la citada autoridad les eximiera de esa contribución, la respuesta de ésta les decepcionaría, pues se limitó a decir «que en el todo, o parte la mayor que se pueda, tenga efecto la remisión de los situados».
12 Así que otra vez la pelota se encontraba en el tejado de la Junta de Real Hacienda quiteña, que se reunió en octubre de 1713 y solicitó a los oficiales reales que buscaran fondos para cumplir con la obligación del envío del situado.
Éstos dijeron que habían mandado cobradores a toda la provincia y que «uniformemente [habían afirmado] no poder ejecutar cobranza alguna por la falta absoluta de plata que hay en ella», que no había compradores para los bienes que se embargaban, que consideraban que no se podía enviar a la cárcel a los deudores porque ésta se llenaría «meses y años» y que tampoco se podía actuar contra los fiadores.
La Junta asumió las explicaciones de los encargados de la Caja y decidió escribir al virrey con todos estos argumentos.
13 No conocemos la respuesta del gobernante, pero sí que ese año 1713 no se enviaron los situados a Cartagena y Santa Marta y que el gobernador de esta última plaza, José Mozo de la Torre, escribió al rey el 16 de diciembre.
En esta carta le comunicaba la situación crítica del presidio, lo necesario que era el situado -incluso proponía que se aumentara-y el incumplimiento de Quito.
Como todos los años por las mismas fechas, en marzo de 1714 se volvió a presentar el problema en la Junta de Real Hacienda, esta vez acuciados, por una parte, ante la llegada de unos apoderados de Santa Marta que reclamaban el envío del situado que les correspondía y, por otra, por las cartas del gobernador de Cartagena al presidente en términos parecidos.
En la Junta se plantearon nuevas alternativas.
En primer lugar, se propuso recurrir al dinero que obraba en poder del oidor Sierra Osorio, encargado de la venta y composición de tierras, pero esta iniciativa se descartó inmediatamente porque se trataba de poca cantidad y porque tenía órdenes de enviar ese dinero directamente a España.
Por su parte, los oidores Llorente y Laysequilla tantearon una idea novedosa: que los apoderados de los presidios pudieran «componerse con los deudores, permitiendo efectos de ropa de la tierra» que luego podrían vender en Santa Fe, propuesta que finalmente no se tuvo en cuenta.
14 La intervención del presidente Zozaya se centró en el cobro de las deudas contraídas por los corregidores, que ascendían, según sus cálculos, a más de 90.000 pesos.
Si en las otras propuestas Suárez de Figueroa y García Aguado no intervinieron, en ésta lo hicieron en el mismo sentido que habían venido haciendo en años anteriores y consideraron imposible el cobro de las deudas a la Real Hacienda en general y de los corregidores en particular por «la insolvencia general... [y] la suma pobreza de aquella tierra».
Insistieron en que no había compradores para los bienes embargados y en que, aunque se vendieran las haciendas, éstas 13 Ibidem.
14 A otras Cajas del Virreinato del Perú se les permitió enviar el situado en dinero y en mercancías.
CARMEN RUIGÓMEZ GÓMEZ estaban tan gravadas con censos que «rara vez resulta cantidad líquida» tras su venta.
Pese a estos argumentos el presidente Zozaya les dio el plazo de ocho días para cobrar las deudas de los corregidores y del arrendador de las alcabalas.
15 Suárez de Figueroa y García Aguado, como era previsible, no pudieron hacer esa cobranza y, ante la presión a que se veían sometidos desde Quito y Lima, decidieron escribir directamente a la Corona para justificar la imposibilidad de remitir, ni siquiera parcialmente, los dos últimos situados a Cartagena y Santa Marta.
En este informe de 15 de marzo de 1714 forzosamente tuvieron que ser más explícitos que en la Junta de Real Hacienda a lo hora de explicar los motivos del déficit de la Caja quiteña, que sintetizaban en una primera afirmación: «la salida excede a la entrada», que reforzaban con el envío del pequeño resumen de las cuentas de 1712, hecho en marzo de 1713 para presentar a la Junta de Real Hacienda.
En el informe explicaban que la Real Hacienda quiteña no tenía entradas fijas, que el coste de los salarios de los ministros era muy elevado, 16 que la Caja estaba gravada con una serie de gastos extraordinarios (que no especificaban) por órdenes de Lima y Madrid y que tenían que hacer frente a otros desembolsos por «aderezos y fábricas de iglesias, socorros y gastos de guerra para todos los puertos comarcanos, [y] conducciones de papel sellado y su refrenda».
También exponían en su carta el caso de la deuda de 39.000 pesos no abonados por Francisco Meneses Bravo de Saravia del tiempo que había sido corregidor de Riobamba, quien, sin haber saldado dicha cuenta, pasó a ser nombrado presidente de la Audiencia de Santa Fe, posiblemente sin que en el Consejo se tuviera conocimiento de dicha deuda, que ellos consideraban irrecuperable.
16 Los oficiales reales desglosaban los cargos a cuyos sueldos tenía que hacer frente la Caja: el presidente, Juan de Zozaya, los oidores Cristóbal de Ceballos Morales y Borja, Fernando de Sierra Osorio, José Llorente, José de Laysequilla; el fiscal Lorenzo Lastero de Salazar; el protector con futuro de oidor Esteban de Oláis y Echeverría; el anterior presidente Mateo de la Mata que vivía en Lima y gozaba del salario de oidor desde que dejó la presidencia, pensión que se le había concedido hasta que pasase a España, y, por último, el contador de Bienes de Difuntos Pedro José Bermúdez Becerra.
También se esperaba que entraran como oidores Juan Dionisio de Larrea Zurbano y Juan Bautista Sánchez de Orellana, que tenían plaza supernumeraria.
ISSN: 0210-5810 el comercio que tenía [esta provincia] con el reino del Perú, para donde se conducían los paños que se labraban y otros géneros que se vendían con muy buena cuenta, los cuales en el tiempo presente no tienen valor ninguno, por la abundancia de ropa que ocurre del reino de Francia a todos los puertos del Perú, donde se vende de mucho tiempo a esta parte libremente, con cuyo motivo ha perdido su valor la que se fabricaba en esta provincia, la cual traía dinero a ella, y habiendo éste extraviado su curso para otros reinos, no hay quien por acá lo posea.
Hay que tener en cuenta que la influencia francesa en el Pacífico, que se había iniciado hacia 1685, se afianzó tras la paz de Ryswick en 1697 y se oficializó durante la Guerra de Sucesión española con la real cédula de Felipe V de 11 de enero de 1701, que autorizaba a los franceses a fondear en los puertos de Indias para avituallarse y carenar los barcos.
A modo de ejemplo, en Pedro José Bermúdez Becerra, porque no lo consideraban de utilidad y tenía un salario muy elevado (3.000 pesos) que, aunque debía cobrarlo del propio Juzgado de Bienes de Difuntos, en su título se establecía que si este Juzgado no tuviera la cantidad necesaria, como de hecho sucedía, las Cajas Reales debían satisfacérselo.
19 Evidentemente, esta carta de Suárez de Figueroa y García Aguado a Madrid no significó que se diera por zanjada la cuestión en Quito.
En la Junta de Real Hacienda celebrada el 20 de marzo de 1714 se trató el tema de la relación de deudas que los responsables de la Caja habían presentado y de la afirmación que hacían de que se estaban ocupando de enviar a la cárcel a los deudores y sus fiadores -medida que les parecía totalmente ineficaz, en lo que coincidía el oidor Laysequilla-.
Pero los oficiales reales también pusieron encima de la mesa un tema que aparecía en su escrito al rey y que hasta ahora no se había planteado en la Junta, aunque aquí lo hicieron con un matiz distinto.
Si al monarca le habían comunicado que una de las cargas de la Caja era el elevado número de miembros de la Audiencia a los que había que pagar salario, en la Junta expusieron -seguramente para congraciarse con ese Tribunal-que el pago de estos salarios debía preceder al de los situados, según una real cédula que no citaban, parte de los 200.000 pesos que se adeudaban a la Caja Real.
Esta propuesta dio lugar a que el 24 de marzo de 1714 se reuniera la Junta de Valimiento y promulgara un auto en el que ordenaba que, en el plazo de quince días, Suárez de Figueroa y García Aguado cobraran dichos valimientos a los corregidores y encomenderos, y si no lo hacían el presidente encargaría a otra persona su percepción, y amenazaba con pasar a la corona las encomiendas cuyos titulares no presentaran confirmación.
21 Pese a los apremiantes plazos de las Juntas de Real Hacienda y de Valimientos los oficiales reales no pudieron ejecutar las cobranzas y nada nuevo se hizo en relación con el envío del situado a Cartagena y Santa Marta.
El presidente Zozaya se encontraba al final de su mandato y había concluido la visita que el conde de Selvaflorida había hecho a la Caja de Quito, en la que el contador Diego Suárez de Figueroa salió condenado y suspendido de su cargo entre julio de 1714 y marzo de 1715.
Pero, el 27 de julio de 1715, juraba su cargo ante el Cabildo de la ciudad el nuevo presidente, Santiago de Larraín,22 que daría un nuevo impulso al tema.
Actuaciones del presidente Santiago de Larraín en relación con el envío del situado (1715-1716)
Larraín inmediatamente se ocupó del envío de los situados ante la llegada de una real cédula de 13 de octubre de 1714 en la que la Corona, que había recibido la queja del gobernador de Santa Marta ante el incumplimiento de los correspondientes a los años 1713 y 1714, le apremiaba para que la Caja de Quito cumpliera con su obligación.
23 Por ello, el pre-sidente emitió un auto el 13 de agosto de 1715 para que Suárez de Figueroa y García Aguado le informasen de la situación en que se encontraba la remisión de los situados a Cartagena y Santa Marta y las razones del retraso en el envío.
Aquéllos respondieron que se debía a «la suma escasez de la Real Caja, ocasionada por la extrema y general inopia de estos reinos, haciéndose por ella incobrables los efectos de Hacienda Real» y que para este año sólo habían podido reunir 4.289 pesos, de los 42.375 preceptivos.
En otro auto de 20 de febrero de 1716, Larraín ordenó a los oficiales reales entregar al apoderado del presidio de Santa Marta los 12.000 pesos que solicitaba, sacándolos «de cualesquier efectos que hubiese en la Caja, aunque fuesen pertenecientes al valimiento, con cargo de reintegrarse luego que se recauden los demás efectos».
Finalmente, el seis de mayo de 1716 se entregaron a dicho apoderado los 12.000 pesos correspondientes al año 1716, pero no la cantidad que se debía por los tres anteriores situados.
24 Por tanto, el presidente Larraín se enfrentó enérgicamente a la resignación y desidia con que Suárez de Figueroa y García Aguado parecían afrontar las dificultades que atravesaba la Real Hacienda en el territorio quiteño, y fue más allá.
En su siguiente paso solicitó a los encargados de la Caja una relación de las numerosas deudas que se arrastraban en ella, encargo que éstos cumplieron con la demora acostumbrada.
El 25 de septiembre de 1716 Larraín escribía a Madrid para informar al Consejo de cuáles habían sido sus pasos hasta ese momento en relación con el envío de los situados a Cartagena y Santa Marta.25
La respuesta de Madrid
Entre 1714 y 1718 llegaron a Madrid tres comunicaciones relacionadas con las dificultades en el envío de los situados desde Quito: la carta del gobernador de Santa Marta, José Mozo de la Torre, de 16 de diciem-bre de 1713; el informe de Suárez de Figueroa y García Aguado de 15 de marzo de 1714 y la carta del presidente Larraín de 25 de septiembre de 1716.
Y todas ellas tuvieron respuesta, eso sí, con bastante dilación en el tiempo.
La carta de José Mozo de la Torre dio lugar, como hemos visto, a las dos reales cédulas de 13 de octubre de 1714 dirigidas a las autoridades quiteñas y al gobernador de Santa Marta y tuvo como efecto el envío del situado a Santa Marta correspondiente al año 1716.
De la carta de Larraín de 25 de septiembre de 1716 derivó la real cédula de cuatro de abril de 1718, recordando al presidente la obligación de enviar los situados a Cartagena y Santa Marta.
26 Fue el informe de los oficiales reales de marzo de 1714 -al que acompañaba un testimonio con la relación de las cuentas del año 1712-el que más impacto y repercusiones tuvo en Madrid, transcendiendo ampliamente el tema de los situados, que pasó a un segundo plano.
En el Consejo se tomó conciencia del mal estado en que se encontraba la Real Hacienda en el distrito de la Audiencia de Quito -territorio que hasta entonces no había dado problemas graves en materia hacendística-, del que se hizo responsable, como veremos, a la mala gestión de los oficiales reales y no a la crisis de la región.
30 De estos tres pareceres podemos decir que su contenido es desigual, fundamentalmente porque el de la Contaduría es mucho más escueto y ligero y se limita a comentar el testimonio de las cuentas de 1712 que enviaron Suárez de Figueroa y García Aguado junto a su escrito, mientras que los del fiscal y de José de Munive son extensos, reflexionados, e intentan llegar a la raíz del problema sin olvidar los detalles.
Sin duda, se recabó su opinión por el conocimiento de la realidad quiteña que tenía.
Análisis de las razones dadas por los oficiales reales sobre el declive de la Real Hacienda quiteña
Como hemos comentado, el informe de Suárez de Figueroa y García Aguado consideraba que la principal causa de ese declive de la Hacienda quiteña se encontraba en la ruina que había supuesto para el comercio de paños, y en consecuencia de su producción, la entrada de textiles franceses.
El fiscal del Consejo no daba ninguna credibilidad a este argumento pues consideraba que los paños franceses eran de una calidad superior a la de los quiteños y, por lo tanto, no constituían realmente una competencia para éstos y, además, el distrito contaba con otros recursos, que no especificaba.
Por su parte, José de Munive, mejor conocedor de la situación, sí pensaba que la introducción de ropa de Francia pudo perjudicar seriamente las bases de la economía quiteña y decía que «aunque el señor fiscal no se conforma con esta razón, tengo por cierto puede serlo bastante para que se experimente la pobreza que refieren».
Y consideraba «no solo probable sino certísimo el descaecimiento que habrá padecido la ropa de esta tierra, por la misma razón de ser la de Francia más noble y preciosa, divirtiéndose en ella los caudales que habían de aprovecharse en este comercio».
Lo que no tenía tan claro era que esta crisis del comercio de paños afectara, como decían los oficiales reales, tan gravemente a la disminución de los ingresos fiscales porque «las rentas reales [no consistían] en la fábrica ni ventas de los paños, sino en otros,... [de lo que] se sigue la nulidad de esta conjetura o sofisma».
Pensaba que la única Caja que se debería ver afectada por la caída del comercio de paños quiteños sería la de Lima por el descenso que se produciría en los derechos de alcabala.
En cualquier caso, Munive creía que Suárez de Figueroa y García Aguado dramatizaban en exceso la pobreza de la región.
Respecto a la afirmación de los oficiales reales de que no había dinero en la región y, por lo tanto, no se compraban los bienes embargados ni los cargos públicos, el fiscal tampoco lo consideró razón suficiente y pensaba que tenía que haber «hombres de caudal» que se hicieran cargo de ellos.
En cuanto a que la Caja tenía que satisfacer el salario de los muchos ministros de la Audiencia, el fiscal del Consejo opinaba que los oficiales reales exageraban en este punto porque en su relación incluían no sólo a los ministros en ejercicio sino también a los supernumerarios que no gozaban de salario.
Munive decía que, efectivamente, ésta podía ser una carga LOS OFICIALES REALES DE QUITO BAJO SOSPECHA (1712-1718) importante, pero que llevaba aparejada la cobranza de la media annata de todos esos puestos, lo que era un ingreso considerable, que Suárez de Figueroa y García Aguado ni siquiera mencionaban.
Por otra parte, los oficiales reales habían informado de que les era imposible cobrar lo que se adeudaba de la Caja, especialmente de los corregidores.
A la hora de opinar sobre este tema en Madrid se tuvo presente una carta del contador de Bienes de Difuntos en Quito, Pedro José Bermúdez Becerra, de 20 de septiembre de 1714, en la que decía -y el fiscal creyóque los oficiales reales «se tiene entendido están culpablemente sin cobrar» las deudas a los corregidores por «fin y contemplaciones particulares» y que, incluso, el propio contador Diego Suárez de Figueroa, pese a deber más de 40.000 pesos como consecuencia de la visita del conde de Selvaflorida, seguía manteniendo sus bienes.
31 Respecto de la deuda de 39.000 pesos que había dejado Francisco Meneses Bravo de Saravia, del tiempo que fue corregidor de Riobamba, el fiscal decía que este asunto ya se había tratado en el Consejo independientemente y se había dado la providencia correspondiente en contra del deudor, presidente de la Audiencia de Santa Fe entre 1712 y 1715.
Análisis de las propuestas de los oficiales reales para mejorar la Real Hacienda quiteña
Suárez de Figueroa y García Aguado proponían en su informe que sería conveniente que se agregaran todas las encomiendas a la corona y que fueran ellos mismos, y no los corregidores y sus tenientes, los encargados de cobrar los tributos de los indios.
Sobre este punto el fiscal del Consejo estaba en absoluto desacuerdo y pensaba que detrás de él, «el verdadero fin 31 AGI, Quito, 108, 427, recordemos que los oficiales reales proponían suprimir el oficio de contador de Bienes de Difuntos por ser gravoso para la Real Hacienda.
Bermúdez Becerra, en esta misma carta, también acusó al tesorero Fernando García Aguado de vivir en unas casas embargadas, lo que le valió a éste una amonestación y una multa.
El contenido de esta carta lo conocemos por una minuta de consulta del Consejo de 27 de febrero de 1717.
Pese a esta afirmación, posteriormente, el dos de febrero de 1716, se emitió una real cédula en que se condenaba a los oficiales reales suspendiéndoles el sueldo por no haber cobrado dicha deuda y no haber hecho efectivas las fianzas.
La cédula llegó a Quito el ocho de abril de 1718 y no se cumplió pues su contenido afectaba a los oficiales reales que se debían haber ocupado de su cobranza, es decir, el tesorero Jacinto Salazar y Betancourt, que ya había fallecido, y Diego Suárez de Figueroa, que ya estaba suspendido de su oficio de contador desde enero de 1718.
ISSN: 0210-5810 de estos oficiales es poner debajo de su mano todo el caudal de los tributos para disponer a su arbitrio».
Por otra parte, opinaba que se evitarían los fraudes y confusión que los oficiales reales comentaban en su informe por la diversidad de tasas tributarias, cobrando a los indios en su lugar de residencia y no en el de origen, como se venía haciendo.
Otra propuesta de Suárez de Figueroa y García Aguado fue el que se les diera licencia para sellar y resellar los papeles oficiales, lo que el fiscal tampoco consideró necesario pues, aunque en otras regiones los oficiales reales dispusieran del sello, desconocía la razón de por qué no lo tenían los de Quito, y «se deberá buscar en la Secretaría la orden que sobre esto hubiere».
En su defecto, se tendría que ordenar al virrey de Lima que remitiera el papel de manera que «llegue en tiempo oportuno de que pueda servir enteramente en los años de su concesión».
El gasto de cinco pesos por resma le parecía «excesivo, y [...] sería bastante la mitad y algo menos».
Munive coincidía con el fiscal.
Los gestores de la Caja quiteña también consideraron que el obraje de Otavalo era muy gravoso para la Real Hacienda.
El fiscal pidió que aclararan este punto, pues tal y como aparecía en el informe de aquéllos la redacción era confusa y no hacían una propuesta clara, no sabiendo si lo que pretendían era que «se extinga o abandone este obraje, o de que se mejore su administración y arrendamiento».
La propuesta de los oficiales reales de que se suprimiera el oficio de contador de Bienes de Difuntos fue la única que tanto el fiscal como Munive consideraron oportuna, ya que ambos opinaban que era innecesario y, sobre todo, muy poco rentable para la Corona, pues la venta del oficio se había hecho en 8.000 pesos y el salario que le correspondía era de 3.000 y, además, se le había concedido la posibilidad de traspasarlo a quien casara con una de sus hijas.
Ambos pensaban que a Bermúdez Becerra se le debía devolver la cantidad en que lo había comprado.
Análisis de las cuentas del año 1712 presentadas por Suárez de Figueroa y García Aguado
Pero realmente, como ya hemos dicho, lo que puso en entredicho la gestión de los oficiales reales fue el breve testimonio de las cuentas del año 1712, en el que tanto el fiscal del Consejo, como la Contaduría y José de Munive, coincidieron en que era absolutamente lamentable.
QUITO BAJO SOSPECHA (1712-1718) El fiscal fue el primero en detectar los graves problemas contables del extracto de las cuentas que enviaron, lo que le llevó a denunciar «la simulación, falacia y mal disimulado artificio con que está formado».
Decía que en el testimonio sólo figuraba lo que entró en la Caja y «no consta, como debía, lo que debió entrar, con que no se puede conocer si, por su omisión, contemplación o malicia, se ha dejado de cobrar alguna cantidad», además no se sacaban al margen, y por lo tanto no se sumaban, todas las cantidades que se habían cobrado.
Para el fiscal la afirmación de que la mayoría de los ramos tuvieran una entrada incierta era «insustancial y falaz», y detectó que las cantidades asignadas a los varios ramos no correspondían a los mismos años, incluso a veces se incluían entradas de varias fechas o de años muy atrasados, «pudiéndose presumir sin temeridad que [los oficiales reales] escogerían en cada ramo de Real Hacienda el año o años de menos entrada», con lo que coincidirá más tarde la Contaduría.
Además, según el fiscal, en esta cuenta se daban muchos ramos por perdidos sin más razón que en el año en cuestión no se hubieran producido entradas por esos conceptos, o que éstas hubieran sido muy pequeñas, lo que le llevaba a considerar que «aunque sea cierto que en aquel año o años no produjesen nada o produjesen poco, no hay fundamento que prive de la esperanza de que en otros años produzcan más».
La Contaduría del Consejo también emitió una opinión muy desfavorable a las cuentas presentadas, sobre las que decía que si todos los ramos tuvieran unos ingresos tan inciertos como aseguraban deberían elaborar un quinquenio «para que, compensadas las mayores ventajas de unos años, con las disminuciones de los otros, se infiriese prudencialmente lo que corresponda a solo uno».
Y, por encima de todo, «se arguye evidentemente el gran arte con que para oscurecer la verdad se viste la confusión».
Las palabras de José de Munive sobre este extracto de cuentas siguen la misma línea que los anteriores: sobran presunciones para calificar por viciosos todos sus motivos, y aun por afectados sus esfuerzos, siendo no pequeña la de confundir el efecto contingente con el descaecido, pues lo uno, por su propia significación, puede ser más de lo que se espera y lo otro supone ser menos de lo que se debe.
Pero los tres informes no se quedaron sólo en las cuestiones generales, sino que descendieron al detalle y analizaron las cantidades que Suárez de Figueroa y García Aguado habían consignado en cada uno de los ramos CARMEN RUIGÓMEZ GÓMEZ de su extracto de cuentas del año 1712, tanto de los ingresos como de los gastos, y especialmente de los primeros.
Así, en cuanto a los ingresos por alcabalas, que los oficiales reales habían considerado inciertos, el fiscal decía que en el extracto aparecía un ingreso por este concepto de 14.000 pesos que, al no estar consignado al margen, no había sido contabilizado.
Munive opinaba que este ramo corría por arrendamiento y que, por lo tanto, sus ingresos debían ser fijos.
El Estanco de naipes era otro de los ramos que Suárez de Figueroa y García Aguado daban por perdidos.
El fiscal no creía que «el vicio del juego» se hubiera acabado en aquella provincia, por lo que pensaba que lo que sucedía era que se estaban introduciendo barajas extranjeras de contrabando, «de que resulta cargo a estos oficiales».
Munive coincidía en esta apreciación y planteaba además la sospecha de que se hubiera establecido una fábrica de naipes en la provincia.
El ingreso más importante de la Caja quiteña se correspondía con el ramo de los Tributos y la Contaduría consideraba que Suárez de Figueroa y García Aguado habían consignado ingresos menores de los reales.
Munive comentaba que este ramo corría por arrendamiento y, por lo tanto, sus ingresos no podían ser inciertos; que en la Audiencia de Quito no se había producido una disminución en el número de indios como había sucedido en otras provincias a consecuencia del trabajo minero, por lo que esta jurisdicción «siempre ha sido por esta parte envidiada de las demás».
Además, puesto que no se había hecho nueva numeración de indios, no habían podido cambiar las tasas.
En esta misma línea estaría el ramo de Condenaciones del Consejo, en el que Munive se extrañaba de la no inclusión en las cuentas de la multa que se le impuso al presidente Zozaya en 1711 por haber contraído matrimonio sin licencia.
Sobre el de Quintos de oro y plata, el consejero decía que los encargados de la Caja debían tener un mayor cuidado «comisando todas aquellas porciones que entran y salen en esa ciudad sin quintar».
Y en cuanto al de Vacantes de encomiendas el fiscal pensaba que, aunque en el año 1712 sólo se hubiera producido un pequeño ingreso, no significaba que «no fuera posible que haya [uno mayor] en adelante» y Munive que si había encomiendas tenía que haber vacantes, y ponía el ejemplo de un caso concreto para demostrar que efectivamente se debieron producir entradas en este ramo.
Había otra serie de conceptos que Suárez de Figueroa y García Aguado consideraron nulos, en lo que coincidía el consejero Munive.
En este grupo estarían los de Azogues, Bula de la Santa Cruzada, Composiciones de tierras, Expolios episcopales y el Obraje de Otavalo.
Munive daba la razón a los oficiales reales en el caso de los azogues porque en la región no había minas de plata; en el de las Composiciones porque era un ramo separado de las Cajas y para su cobranza había un ministro específico que tenía que enviar el dinero recaudado directamente a España, y que las dificultades por las que pasaba el obraje de Otavalo se debían «haber procedido en sus principios de la poca aplicación de estos ministros o de sus antecesores, teniendo por dificultoso su remedio viciado una vez la causa, y por de mayor interés a la Real Hacienda el que este obraje no corra por cuenta de su majestad».
La Contaduría no estaba de acuerdo en considerar estos ramos como nulos, ni otros sobre los que Munive no se pronunciaba (Composiciones de indultos, Composiciones de obrajes, Donativos graciosos, Real Hacienda y Vacantes de obispados).
Finalmente, había otro grupo de ramos que Suárez de Figueroa y García Aguado habían declarado como que no tenían ingresos o con ingresos muy bajos que tuvieron distintas críticas desde la Contaduría o el consejero Munive.
Así, respecto de las Mesadas eclesiásticas, Munive decía que unos años compensarían con otros.
En los de Novenos reales y Tercias partes de encomiendas, la Contaduría consideraba que los oficiales reales habían consignado ingresos menores a los reales.
Munive tampoco creía que el ramo de Oficios vendibles hubiera experimentado una baja tan considerable como afirmaban los encargados de la Caja, pues siempre solían rematarlos los «vecinos acomodados», y éstos no se habían visto afectados por la crisis.
Asimismo, el consejero opinaba que, pese a que los oficiales reales consideraban el ramo de Pólvora como corto y contingente, había un gasto continuo y homogéneo pues se utilizaba fundamentalmente para los fuegos artificiales de las fiestas que se celebraban.
En cuanto al ramo de Pulperías, Munive decía que en ellas se vendían alimentos y que su comercio no tenía nada que ver con el descenso del comercio de paños.
Si el principal rubro de entradas en la Caja era el ramo de Tributos, la salida más importante correspondía a los Salarios de los ministros de la Audiencia, de cuyo exceso se habían quejado Suárez de Figueroa y García Aguado.
Para contradecir esta opinión, el fiscal opinaba que éstos, erróneamente, «consideran como si fuesen perpetuos y fijos los salarios temporales o vitalicios de los ministros supernumerarios, que entonces había, que cada año y cada día pueden cesar por muerte, ascenso u otros muchos motivos».
Munive no consideraba importante el argumento de los oficiales rea-CARMEN RUIGÓMEZ GÓMEZ les en el sentido que eran muchos porque esta circunstancia se había dado en otros tiempos y, concretamente, decía que eran los mismos que en el año 1692, y en aquella ocasión no se tuvo que recurrir a las Mesadas eclesiásticas y Medias annatas, como se había hecho ahora.
Recordemos que lo recaudado por estos dos conceptos debía enviarse íntegramente a España y no podía ser utilizado en gastos corrientes en Quito, como eran los Salarios de los ministros.
Respecto del gasto en Misiones de San Francisco, Munive decía que los oficiales reales consignaban cantidades por este concepto y, sin embargo, se daba la circunstancia de que en la corte de Madrid se encontraba un apoderado franciscano que se estaba quejando precisamente de la falta de asistencia de la Caja de Quito.
El consejero tenía sus dudas sobre algunas de las Pensiones que los oficiales reales consignaban como pagadas.
En concreto se refería a la de Manuel Zapata, pues hacía poco tiempo se había despachado en el Consejo una queja de retraso de la misma.
Por otra parte, había dos pensiones muy antiguas: las de Manuel de Aguiar de 1689 y Teresa María del Castillo Campero de 1680, que no se sabía a quién se pagaban y «siendo tan antiguas las mercedes se puede inferir hayan fallecido».
Suárez de Figueroa y García Aguado se habían quejado de que la Caja estaba gravada con una cantidad importante de Gastos extraordinarios, que se ordenaban desde Madrid o desde Lima.
El fiscal del Consejo opinaba que si esto fuera cierto, debían haber replicado vivamente cuando el virrey les hubiera mandado pagar estas libranzas extraordinarias, arguyendo que tenían unas prioridades insoslayables, como la de los situados.
Como vemos, ramo por ramo, el fiscal, la Contaduría y el consejero Munive fueron desmontando las cuentas que habían presentado los oficiales reales quiteños.
Pasando a las sumas de estos ramos, el fiscal decía que Suárez de Figueroa y García Aguado consideraban que la Caja tenía un déficit anual de 12.194 pesos, por lo que no podían pagar el situado que ascendía a 42.375 pesos, sin embargo, sí lo incorporaban entre las salidas de la Caja.
El fiscal opinaba también que si efectivamente no lo habían pagado en dos años debían sobrar unos 30.000 pesos, 33 que se suponía, por lo que decían los propios oficiales reales, habían servido para pagar libranzas extraordinarias, «por el grande interés que de ello sacarán, prefiriendo estas pagas, 33 Incluye también la cantidad correspondiente a las Mesadas eclesiásticas y Medias annatas que, debiéndose enviar a España, no se había hecho.
QUITO BAJO SOSPECHA (1712-1718) por sus injustas ganancias, a los situados de los presidios y demás cargas reales de aquellas Cajas, que notoriamente tienen el primer lugar».
Según los cálculos de la Contaduría -descontando de las entradas las Medias annatas y Mesadas eclesiásticas y contabilizando la entrega de los 42.375 pesos correspondientes a los situados-, la Caja de Quito sólo tendría un déficit de 11.572 pesos, pero si no se hacían esos ajustes, tendría un superávit de más de 40.000 pesos, que desde luego hubieran permitido pagar los situados.
Así vemos que donde las cuentas presentadas por Suárez de Figueroa y García Aguado chirriaban era en la contabilidad, por un lado, de las Mesadas eclesiásticas y Medias annatas y, por otro, de los Situados.
El fiscal decía que los oficiales reales no sumaban a la cuenta final de los ingresos las Mesadas y Annatas, con el argumento de que por ley estos dos ramos tenían que ser remitidos a España, sin embargo, ellos mismos opinaban que habían tenido que hacer uso de ellos en Quito para pagar las cargas fijas de la Caja.
La contradicción se agudiza cuando los administradores sí que incluían y contabilizaban como salida el salario del juez de Media annata.
En cuanto a los situados, los oficiales reales los incluían como gasto realmente ejecutado, cuando, precisamente, todo el problema se había originado por no poder pagarlos.
Propuestas del fiscal del Consejo, de la Contaduría y de Munive
A la vista de lo expuesto anteriormente, en lo que coincidían los tres informantes del escrito que venimos analizando es en que Suárez de Figueroa y García Aguado tenían que ser sancionados por su pésima gestión, reflejada fundamentalmente en el extracto de las cuentas.
Así, el fiscal decía que «se deberá advertir a estos oficiales con una severísima reprensión, enviando copia de ella a la Audiencia para que sea notoria y les cause alguna mortificación que sirva de enmienda».
Los tres no sólo detectaron los problemas, también plantearon soluciones.
El fiscal consideró que era necesaria una exacta y rigurosa visita de aquellas Cajas, [...] para restaurar la Real Hacienda, que tan perdida se halla en aquellas provincias, y corregir a ministros que tan olvidada tienen la obligación de sus oficios y la importancia de que la Real Hacienda esté desempeñada y abundante, pues de ella depende la defensa y conservación de los reinos.
CARMEN RUIGÓMEZ GÓMEZ La Contaduría, por su parte, decía que del extracto de cuentas se infería un desorden total en la administración de la Real Hacienda quiteña, y para comprobar el argumento de Suárez de Figueroa y García Aguado de que las salidas superaban a las entradas, no eran suficientes las cuentas enviadas, por lo que se les debía solicitar un quinquenio, en el que se reflejaran las deudas y las diligencias que se estaban realizando para cobrarlas.
34 Munive no se quedó atrás en palabras que califican lo mal que estaba la administración de la Real Hacienda quiteña, y elevaba el tiro, al descalificar también a la Audiencia:
De todo lo expresado se manifiesta un desbarato universal en que se halla aquella provincia, falta de medios por sobra de inútiles ministros, fuera del orden regular las principales materias que debieran tocar al presidente y Audiencia, y las comunican al Consejo los ministros de la inferior clase, explicando con este desbarato la disonancia con que se halla el gobierno de aquella provincia.
Estaba de acuerdo con el fiscal en la necesidad de una visita de la Caja y que de hallar culpados a Suárez de Figueroa y García Aguado, como supondría que lo haría, se les debía remover de sus oficios.
Además se debían poner en cobro todos los ramos perdidos y hacer numeración de indios, lo que era necesario para arreglar el ramo de tributos.
En otro orden de cosas, Munive también consideraba que se debía mejorar el salario de los oficiales reales hasta los 800 pesos, pues el que percibían en estos momentos -500 pesos-, era demasiado bajo.
La propuesta de visita a la Caja Real de Quito
Estos tres informes, y sobre todo los del fiscal y de José de Munive, convencieron al Consejo de que se debía hacer la visita por ellos propuesta, y en su reunión de dos de mayo de 1716 solicitó a Francisco Castejón elaborar la consulta correspondiente para nombrar como visitador al presidente de la Audiencia, que debía ser ministro togado, restableciéndose la costumbre de que los presidentes de Quito tuvieran esta categoría.
El borrador de la consulta se pasó al fiscal el cinco de mayo y éste sugirió que asesorase al presidente el oidor José Llorente, pues el resto de los ministros eran inadecuados.
35 El 23 de diciembre de 1716 se presentó ante el Consejo una nueva minuta de consulta en la que se incluyeron todos estos puntos.
36 Paralelamente, el 17 de diciembre de 1716, se presentó el borrador de «Instrucción de los puntos principales sobre que se halla bien informado S.M. estar gravemente culpados los oficiales de la Real Hacienda de Quito, que ha de tener muy presentes el presidente de aquella Real Audiencia, don Santiago de Larraín, visitador nombrado de las Reales Cajas mencionadas, para aplicarse con toda actividad, integridad y celo del real servicio».
37 En ella se acusaba directamente a Suárez de Figueroa y García Aguado, sin lugar a dudas, de haber faltado «tan torpemente no sólo a la verdad, sino al respeto debido a su majestad, que parece le imaginan totalmente ciego y ajeno de la inteligencia y noticias de su Real Hacienda y aún de la razón natural, que por si sola descubre la crasa malicia de su informe».
Según esta instrucción, el visitador tendría que cobrar una serie de deudas -de casi 200.000 pesos-de las que el Consejo tenía conocimiento, 38 investigar seriamente el por qué se había dejado de cumplir con el envío de los situados a Cartagena y Santa Marta y no se habían enviado a España los caudales procedentes de las Mesadas eclesiásticas y Medias annatas.
También debía averiguar la situación en la que se encontraba el obraje de Otavalo, el por qué los precios de los oficios eran tan bajos «especialmente habiendo hombres de considerable caudal en aquella provincia» y la razón por la que los oficiales reales no habían estorbado la introducción del comercio de ropas de Francia, «pues no pudieran ejecutarse estas introducciones sin conocida tolerancia suya».
Asimismo, debía analizar el por qué Suárez de Figueroa y García Aguado afirmaban que la Hacienda real dependía tanto del comercio, cuando el grueso de los ingresos de la Caja eran los tributos de los indios.
Pero, sobre todo, el visitador debía hacer gravísimo cargo a estos oficiales, de haber fundado su informe de la quiebra y atraso de todos los ramos de Real Hacienda en un testimonio evidentemente artificioso, insuficiente y malicioso, [...] ni consta [...], como debía, lo que por razón de cada ramo debió haber entrado en las Reales Cajas, sino solamente lo que dicen entró, encubriendo con este claro artificio sus omisiones y fraudes cometidos en la recaudación, pues no constando lo que debió entrar en las Cajas no se puede saber lo que han dejado de recaudar, contra la obligación de sus oficios.
Y, siguiendo en este caso el informe de la Contaduría, el presidentevisitador debía averiguar qué había sucedido con los 30.000 pesos que esta institución deducía que había de excedentes, «si los han usurpado con frívolos pretextos y astucias o los tienen divertidos en sus injustos y prohibidos comercios y tratos, o si, como dan a entender, los han consumido en pagar libramientos extraordinarios».
Finalmente, si resultaran culpables Suárez de Figueroa y García Aguado, como no podía ser de otra forma, se les suspendería de sus cargos, embargarían sus bienes y se nombrarían interinos.
39 Tras los informes que hemos analizado, el borrador de la instrucción de la visita, y la consulta del Consejo de 23 de diciembre de 1716 se hubiera tenido que promulgar la real cédula correspondiente ordenando la visita de la Caja.
Pero no fue así, pues, en el mes de mayo de 1717, se hacía efectiva la decisión de extinguir la Audiencia quiteña y crear el virreinato del Nuevo Reino de Granada, a donde pasaría a depender la jurisdicción de Quito.
40 Lo más sorprendente es que, diez días después, se emitió una real cédula dirigida a los oficiales reales Diego Suárez de Figueroa y Fernando García Aguado, en donde, además de comunicarles la extinción de la Audiencia y la erección del nuevo virreinato, simplemente se les recordaba la obligación de enviar los situados a Cartagena y Santa Marta y las cuentas de la Caja del año 1717 y en adelante a Santa Fe.
41 Así que no sólo se les mantenía en el cargo, sino que ni siquiera recibieron una pequeña amonestación por su actividad al frente de la Caja, cuando meses antes era segura su destitución.
A la vista de los hechos, podemos concluir que la gestión de los oficiales reales de Quito, Diego Suárez de Figueroa y Fernando García Aguado, en los años que nos ocupan, fue francamente desastrosa.
Escribieron al rey en marzo de 1714 pensando que éste y el Consejo comprenderían la pésima situación de la Real Hacienda quiteña y se les aliviaría del pago del situado y lo único que consiguieron fue que el Consejo reaccionara proponiendo una exhaustiva visita de la Caja, de la que los oficiales reales no hubieran podido salir, en ningún caso, bien parados.
Pero si en este primer momento podemos decir que sus expectativas e, incluso, su continuidad en los oficios de contador y tesorero, se vieron seriamente amenazadas, poco después tuvieron la inmensa fortuna de que la extinción de la Audiencia quiteña y la erección del virreinato de Santa Fe paralizaran la visita y ellos salieran impunes.
La mala gestión de Suárez de Figueroa y García Aguado hizo que ninguno de los argumentos que utilizaron para justificar las dificultades de la Caja de Quito fuera tenido en cuenta en España, cuando pensamos que la caída de la producción obrajera, la escasez de moneda en la región y, sobre todo, la introducción de textiles franceses en el comercio del Pacífico afectaron seriamente a la economía quiteña y, por ende, a la Real Hacienda.
Y en este último punto, la corona española tuvo su responsabilidad. |
alentó transformaciones políticas y sociales que para los Territorios Nacionales podían implicar la modificación de su marginalidad política.
Las expresiones de la dirigencia avalaron esta percepción pero los conceptos de Nación y Ciudadanía fueron resignificados al pensar la Patagonia como espacio a «argentinizar».
La argentinización del sur se presentó como prioridad debido a la conflictividad obrera-rural, condicionando la ampliación de los derechos políticos a la vigencia del orden, la seguridad y el control social.
1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el 53.o Congreso Internacional de Americanistas «Los pueblos americanos: cambios y continuidades.
La construcción de lo propio en un mundo globalizado», desarrollado en Ciudad de México durante los días 19 al 24 de julio de 2009.
En 1939 el diputado nacional Juan Isaac Cooke encabezaba con esta apelación los fundamentos de un proyecto de ley presentado al Congreso Nacional, que contenía un plan de infraestructura y desarrollo poblacional para el sur argentino.
Cooke escribía en momentos en que las corrientes nacionalistas, con xenofobia exacerbada, veían en el lejano y despoblado sur un lugar propicio para la implantación de ideologías foráneas y maximalistas.
En esa percepción compartida aparecía la «argentinización» cómo el antídoto privilegiado para evitar la posibilidad de arraigo de estas expresiones que eran consideradas extrañas al «ser nacional».
Sin embargo, la preocupación por la «argentinización» se desarrolló con anterioridad a la década de 1930.
En los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo (1910) esta cuestión se había instalado como parte de las preocupaciones de la elite dirigente frente al cosmopolitismo y la posibilidad de integración del inmigrante extranjero.
En 1916, y en el marco del cuestionamiento al modo de dominación oligárquico, el partido Unión Cívica Radical accedió a la presidencia de la Nación Argentina, clausurando la etapa conocida como «el orden conservador» (1880-1916).
2 Este partido, que se había conformado en 1891 como expresión de resistencia a la dominación excluyente de la burguesía, constituyó el primer partido moderno de la Argentina y fue pionero en plantear la defensa de la ciudadanía política.
Contó con una importante estructura organizativa y una diversidad de sectores sociales adherentes y tradiciones culturales diversas, lo que puso en tensión su construcción identitaria.
3 En esa coyuntura de cambio, la Patagonia argentina se hallaba organizada en cinco territorios nacionales bajo dependencia directa del Estado, 4 quien había ejercido hasta entonces un dominio no exento de coerción y limitado los derechos políticos de sus habitantes.
2 En la historia política argentina la etapa iniciada en 1880 con la presidencia de Julio A.Roca es conocida como «el orden conservador».
A principios del siglo XX este régimen comenzó a presentar fisuras debido a la emergencia del reformismo liberal y al declive del influjo del sector liderado por Roca.
En 1912 la sanción de la ley electoral que instaló el voto secreto y obligatorio y la representación de las minorías produjo una ampliación limitada de la ciudadanía política y preparó el camino para el advenimiento del partido Unión Cívica Radical al gobierno nacional en 1916.
4 En 1884 el estado argentino consolidó la dominación obtenida mediante la conquista militar al crear, mediante la Ley 1532, nueve gobernaciones bajo el formato centralizado de Territorios Nacionales: Chaco, Misiones, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, de las que las cinco últimas mencionadas correspondían a la Patagonia.También existió entre 1944 y 1955 la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia.
ISSN: 0210-5810 A diferencia de las provincias históricas, surgidas en la primera mitad del siglo XIX y preexistentes al estado central y a la nación misma, los Territorios Nacionales constituyeron espacios centralizados carentes de autonomía no sólo para decidir su desarrollo económico sino incluso para elegir su forma de gobierno y autoridades, ya que todas las cuestiones atinentes a los mismos eran de resorte exclusivo del estado nacional.
Otra distinción fundamental fue que las provincias colaboraron en la creación y conformación del estado entre 1810 y 1880 pero los Territorios fueron una creación de ese mismo estado, quien se atribuyó el derecho de encabezar y encauzar su desarrollo y la capacidad cívica de sus habitantes.
El triunfo del radicalismo generó expectativas de cambio y un moderado optimismo en la sociedad territorial en favor de la ampliación de la ciudadanía política, el reconocimiento del derecho de representación y la integración de sus habitantes a la nación.
En este contexto consideramos relevante poner en contrapunto las afirmaciones sobre la construcción de la nación y del sujeto político con la necesidad de «argentinizar».
Analizaremos la Patagonia como sujeto de la enunciación por ser escenario de conflictos pero a la vez un espacio centralizado, lo que facilitaba la libre intervención del estado nacional.
Esta contrastación nos permitirá interpretar la relación/tensión entre el discurso emitido desde el estado para los Territorios Nacionales y la inclusión de la idea de argentinización, para advertir si esta incorporación implicó un reforzamiento positivo de la voluntad de ensanchamiento de los bordes del sistema político o, al contrario, resultó justificativa de la dilación en la ampliación de los derechos políticos.
Cabe aclarar aquí que en función de los objetivos de este artículo nos centraremos en la dimensión electoral de la ciudadanía política reconocida por el estado como sistema legal,5 que delimita quienes pueden participar de la arena electoral y quienes quedan ubicados en los bordes del sistema.
Este recorte no implica desconocer el concepto amplio de ciudadanía, que incluye las libertades políticas ejercidas por el ciudadano en espacios formales e informales y que hemos abordado en anteriores trabajos.
6 Advertimos que la idea de «argentinización» estaría contenida en los discursos oficiales que postulaban la inclusión política de los Territorios Nacionales como parte de la integración nacional postulada por el radica-lismo.
Sin embargo, y ante la imposibilidad de concretar la ampliación de la ciudadanía política, la idea de argentinización mutó su sentido y quedó vinculada al conflicto y no a la reparación política.
Al alterar su sustancia, objetivos y alcance se potenciarán representaciones segmentadas que ensayarán su propia interpretación del conflicto, apropiándose de la idea de «argentinización» y resignificándola en función de sus motivaciones e intereses.
El tema de la «argentinidad» no ha merecido un tratamiento detenido.
Algunos trabajos se centran en este concepto en relación con la idea de nación y patria o aplican el mismo a un momento histórico concreto como fue el de la Primera Guerra Mundial 7 pero no se ha definido su alcance ni las variaciones de significado, como así tampoco la intencionalidad en su utilización por los diferentes actores políticos.
En el caso de la Patagonia, la argentinización fue analizada desde la mirada del reformismo liberal 8 sobre el sur argentino a principios del siglo XX, en pos de desbrozar las motivaciones y proyectos de los principales referentes de esta corriente vinculados con el crecimiento económico, la prevención de los conflictos y la solución de la cuestión migratoria.
9 Asimismo, para la década de 1930 existen contribuciones que analizan las representaciones oficiales sobre la Patagonia y su relación con el nacionalismo argentinizador y la construcción identitaria.
10 Para 1916-1930, algunas investigaciones abordan el concepto ciudadanía mediante los proyectos de ley e iniciativas oficiales 11 o desde el análisis del discurso con dos acentos: los conceptos de Nación y sujeto político para los Territorios Nacionales 12 y la sobredeterminación de ese discurso, su recepción e influencia sobre las configuraciones identitarias en Santa Cruz, Chubut y Neuquén.
8 Este es el nombre con el que se conoció al sector de la clase dirigente argentina que a principios del siglo XX comenzó a plantear la apertura política controlada para descomprimir las protestas y demandas de sectores postergados.
Aplicando las ideas de Antonio Gramsci, Waldo Ansaldi prefiere llamarlos «transformistas».
Entre las figuras más destacadas de este sector podemos mencionar a los ex ministros del gabinete nacional Joaquín V. González, Indalecio Gómez y Ezequiel Ramos Mexía, entre otros.
ISSN: 0210-5810 Pero en estos estudios no se incorporó al debate el concepto «argentinidad» que resulta clave en el discurso del radicalismo y que -como veremos-mantuvo una estrecha relación con las políticas aplicadas para la Patagonia en esta etapa.
La nación y el problema de los derechos políticos
Para poder analizar el momento histórico del radicalismo, resulta necesario referir brevemente la coyuntura histórica en la que este partido accede al gobierno nacional y las expectativas que este cambio genera en los sectores políticamente excluidos.
Desde la sanción de la Constitución Nacional de 1853/1860 la resolución del dilema de las «masas en acción» se había fundado en la necesidad de retrovertir la soberanía política y a la vez limitar el ejercicio del sufragio.
La fórmula alberdiana de la República Posible14 había demostrado una notable eficacia para poner límites a las demandas de participación de importantes segmentos de la población, que fueron ignoradas o poco consideradas hasta principios del siglo XX.
Al igual que en Chile y Uruguay, la crisis del orden oligárquico en Argentina dio paso a propuestas de ensanchamiento de las bases del estado y al aperturismo político.
La aparición del reformismo liberal señaló una ruptura al interior de la clase dominante de base terrateniente y la necesidad de realizar cambios en la participación política para descomprimir la tensión provocada por la «cuestión social» y abrir el juego electoral a otras fuerzas cuya inclusión -especulaban-no alteraría el patrón hegemónico dominante.
La ley electoral de 1912 constituyó una de las resultantes de este intento transformador y sostuvo el principio republicano «un hombre, un voto», pero transmutó su sentido al transformar el derecho al voto en una obligación y producir una democratización política incompleta al mantener un grado considerable de exclusión social.
15 Pero es innegable que la creación de un sistema de partidos y la universalización de la ciudadanía política masculina fue obra de la ley de 1912, que convirtió al sufragio en una práctica previsible y pacífica.
Para los sectores dominantes, el acceso de la Unión Cívica Radical al gobierno nacional constituyó el correlato no previsto de la aplicación de la ley electoral, aunque resulta indudable que el radicalismo se vio favorecido por disidencias al interior del Partido Democrático Progresista -que representaba los intereses de la clase dominante-y la escasa vocación hegemónica del Partido Socialista.
16 En 1916, el horizonte de expectativa de la sociedad argentina parecía augurar un tiempo de cambio, de predominio del consenso por encima del conflicto, de reparación y renovación institucional que preanunciaba transformaciones en el estilo de hacer política.
A diferencia de la etapa precedente se puso en superficie la idea de democratización, presentada a la vez como reparadora e inclusiva de vastos sectores hasta entonces ubicados fuera del sistema político.
17 En el marco del surgimiento de la cultura de masas y del quiebre de las certezas hasta entonces inconmovibles del paradigma liberal del mundo occidental, el regreso del «problema de la nación» formó parte de las preocupaciones de los intelectuales y de los políticos que buscaban a través de este concepto nuevas formas de legitimidad.
El anclaje en el pasado histórico y la mirada sobre el presente constituyeron formas predominantes de abordaje del concepto.
El caudillo radical Hipólito Yrigoyen promovió al radicalismo como verdadera religión cívica, figuración de la patria, sentimiento colectivo y movimiento de opinión nacional.
18 En consonancia con estas ideas, a partir de 1916 el estado nacional se presentó como actor y decisor fundamental en el proceso de construcción de la ciudadanía y la democracia, provocando definiciones acerca de los contenidos de nación y sujeto político.
La nación en construcción fue presentada como elemento cohesivo predominante, productora de sentido y fin último del estado.
19 A su vez, el radicalismo constituía la expresión contundente del desarrollo histórico de la nación y, en palabras de Irigoyen, «la UCR es la Patria misma».
20 A través del liderazgo carismático, este político sintetizó en su figura los atributos del pueblo y de la Nación y se fue identificando progresivamente con ellos a través de su discurso y el de sus propagandistas políticos como el inter-ventor de la provincia de Buenos Aires José María Cantilo o el diputado nacional Horacio Oyhanarte.
Esta mimesis fue reforzada mediante la sobredeterminación del mandato imperativo de las urnas, que lo colocó en un lugar privilegiado e indiscutible como guardián, apóstol y líder para llevar adelante esta misión histórica.
Pero al mismo tiempo esta presunción de su propio rol lo llevó a considerar carentes de legitimación y representación a las restantes fuerzas políticas, instituciones republicanas y expresiones diferenciadas del pensamiento y la acción, ubicándolas en el lugar del «adversario».
21 En forma inequívoca Yrigoyen se presentará como gestor de una ruptura irreversible con el pasado inmediato en pos de una recuperación de la semántica y el espíritu de la Constitución, estrategia discursiva que aparecerá rápidamente como herramienta para activar la lógica del adversario y justificar la acción transformadora.
En esa fundamentación, el plebiscito de las urnas involucraba plenamente al pueblo en la tarea reparadora.
22 El radicalismo introdujo un discurso que procuraba recuperar un aspecto soslayado por el orden conservador: las libertades políticas y la construcción de la ciudadanía.
A los habitantes de la «República Posible» el radicalismo contrapondrá los ciudadanos de una república que necesitaba una etapa reparadora para convertirse en la prometida República Verdadera.
23 La ciudadanía apareció asociada a la igualdad de derechos y oportunidades, a la integración colectiva pero también a la tarea de reparación y renovación de la comunidad.
Desde esta perspectiva, la integración operaba sobre dos premisas: la conquista del status legal de los derechos y la reconstitución de la ciudadanía en torno a la idea de nación.
El sufragio será la herramienta indispensable para la transformación del ciudadano y la regeneración del cuerpo social.
El ciudadano participativo, activo y movilizado constituyó el modelo dominante del período.
24 En este universo de ideas, resulta comprensible que esas argumentaciones inclusivas y transformadoras alentaran la posibilidad de modificar la situación de marginalidad que presentaban los Territorios Nacionales.
Los Territorios Nacionales en el discurso oficial
Desde su creación los Territorios Nacionales presentaron restricciones para el ejercicio de la ciudadanía política.
El formato territorial, inspirado en el modelo norteamericano y propio de otras naciones americanas en los siglos XIX y XX como Colombia, Venezuela, México y Brasil, incluyó requisitos numéricos para la ampliación de los derechos políticos,25 guarismos que, como demuestran los datos del Censo Nacional de 1914, varios territorios habían alcanzado para esta etapa.
26 Bajo el argumento de la incapacidad y minoridad de su población, se limitaron sus derechos políticos, que sólo podían ser ejercidos a nivel local.
Advertimos que no sólo los derechos políticos se hallaban restringidos sino también que estaban condicionados y no podían ejercerse por igual en la totalidad de los Territorios, ya que la mayoría de ellos contaba con escasos núcleos poblados.
Pero no se manifestaron limitaciones a las libertades políticas que, como es sabido, acompañan el ejercicio de los derechos políticos y justifican su ejercicio pleno.
27 A las restricciones en los derechos políticos debemos sumarle la negación del derecho a la representación, que fue propuesto en múltiples proyectos legislativos referidos a la figura del delegado parlamentario.
Las justificaciones para retirar esta propuesta del proyecto original de 1883 y posteriormente impedir su incorporación rechazando los proyectos de ley presentados, se enmarcaron en similar argumentación que la invocada para acotar el ejercicio de los derechos políticos.
28 Durante el orden conservador la situación política de los Territorios Nacionales no sufrió modificaciones sustanciales.
En 1916 el radicalismo, a través del presidente de la nación Hipólito Yrigoyen (1916-1922), comenzó a emitir un discurso diferenciado para los Territorios, acentuando en forma permanente la idea de inclusión, reparación e integración al refe-rirse a su rol dentro del cuerpo político nacional.
De esta manera incorporó al programa de gobierno la ampliación de la participación política reivindicando la inclusión de sectores postergados y argumentó a favor de devolver a los pueblos el ejercicio de la soberanía.
En ese contexto los Territorios Nacionales fueron incluidos como parte de la reparación política: otorgarles la capacidad electiva plena constituiría no sólo un acto de justicia sino una clara demostración de la vitalidad y desarrollo de la Nación.
29 Observando los discursos de los presidentes radicales y de los legisladores en el Congreso de la Nación, clara expresión de disidencias y acuerdos al interior de la arena política, constatamos congruencia inicial en los planteamientos.
En la verba de los legisladores radicales la reparación política en los Territorios se centraba en la integración, acentuando la ampliación de los derechos políticos.
Se alegaba que el otorgamiento de la capacidad electiva plena sería una manera de perfeccionar el sistema republicano y, a la vez, un acto de equidad para con los habitantes de los territorios.
30 Al emitir críticas a la relación Estado-Territorios durante el orden conservador, se calificó a los segundos como «disgregaciones del suelo patrio» que debían ser incorporadas a la civilización para constituir un verdadero «factor de progreso» nacional ya que se depositaba en ellos la «futura grandeza de la República», argumentación que paradójicamente nos remite a los postulados más perdurables del orden conservador.
31 En la enunciación, los habitantes de los territorios aparecían como «verdaderos parias» portadores de todas las obligaciones pero con escasos derechos.
Se hablaba de acrecentar en ellos la responsabilidad e impulsarlos a mejorar, evidenciando la pervivencia del discurso de la inmadurez.
32 La certeza de gestar cambios en la situación política de los Territorios se tradujo en dieciséis proyectos de ley del radicalismo referidos a su situación política, que giraron sobre tres tópicos: provincialización, legislaturas y representación parlamentaria.
A esto hay que sumarle iniciativas de los presidentes Hipólito Yrigoyen y Marcelo T de Alvear (1922-1928) Como una manera de diferenciación, Yrigoyen trasladó al orden conservador la responsabilidad por la postergación de los Territorios, tanto política como económica, y anunció medidas inmediatas para su crecimiento y desarrollo.
En ese marco propuso entre 1919 y 1922 autonomía gradual para la mayoría de los Territorios y provincialización para Misiones, La Pampa y Chaco.
33 La decisión de provincializar estos territorios se basó en parte en la necesidad de sumar nuevas voluntades políticas al Senado, perspectiva que la movilización social favorable en la Pampa no permitía desestimar.
Concretar la provincialización era una manera de reconocerles a los habitantes capacidades para elegir sus autoridades, perfeccionando así el incipiente republicanismo instalado en los Territorios.
Para aquellos de estos que aún no se provincializaban, se aseguraba por parte del estado una mayor autonomía a través de la creación de las legislaturas previstas por la ley de 1884.
34 Ninguna de estas iniciativas tuvo debate legislativo ni se concretó durante el primer gobierno radical.
El sucesor de Irigoyen -Marcelo T. de Alvear-no modificó sustancialmente el discurso de su antecesor.
En 1923 planteó la instalación de legislaturas en La Pampa, Misiones, Chaco, Río Negro y Chubut mediante decreto presidencial complementado en septiembre de 1924 con un proyecto de ley que explicitaba en su numeroso articulado la composición, funcionamiento y atribuciones de las legislaturas territoriales.
35 Advertimos que al plantear las legislaturas, Alvear sostuvo la asociación Territorios Nacionales, grandeza futura, pero llamó la atención sobre la necesidad de realizar acciones «nacionalistas» preventoras para difundir el «sentimiento indivisible y solidario del patriotismo» y a la vez dirigir y encauzar el «grado real de capacidad cívica de los territorios».
36 Sin embargo, y a pesar de que las legislaturas fueron dispuestas por decreto presidencial, no llegaron a instalarse en los Territorios.
La imprecisión y la contradicción entre la ley de Territorios y la ley electoral 37 y la ausencia de una demanda sostenida por parte de la prensa y las asociaciones territoriales, como se ha expresado para el caso Río Negro, 38 pueden haber sido causas del incumplimiento de la medida.
ISSN: 0210-5810 Alvear orientó su accionar hacia la representación parlamentaria y la provincialización.
Con respecto a la representación parlamentaria, se presentaron cinco proyectos en su mayoría de la bancada radical.
Por su parte, Alvear envió un proyecto de ley al Congreso para elegir delegados territoriales ante la Cámara de Diputados, con voz pero sin voto, para territorios con más de 16.500 habitantes y sin diferenciar entre nativos y extranjeros para el acceso al cargo.
Sin embargo, la provincialización no fue sancionada ni se trató la cuestión de la representación parlamentaria, como tampoco se instalaron las legislaturas decretadas en 1922 y que formaron parte de las preocupaciones de Alvear, quien había ordenado los primeros pasos de empadronamiento en los Territorios.
Razones de orden político y también partidario, que tuvieron como caja de resonancia al Congreso Nacional ocasionaron la falta de concreción de las propuestas políticas vinculadas con los Territorios Nacionales.
39 Como veremos más adelante, la cuestión de la argentinización también será utilizada como justificación para el incumplimiento de las propuestas de extensión de los derechos políticos.
La argentinización del sur y el gobierno radical
A principios del siglo XX, los sectores dirigentes argentinos comenzaron a pensar como combatir los efectos de la inmigración masiva, visible en el incremento de la conflictividad obrera, aspecto conocido como la «cuestión social».
40 Desde el campo de la cultura estos planteamientos estuvieron acompañados de una verdadera «querella por la nacionalidad» que buscaba indagar sobre la identidad fundacional argentina basada -para algunos-en el cosmopolitismo resultante de la gran migración continental y para otros en el tronco criollo originario del siglo XIX.
41 Desde esta perspectiva, «argentinizar» la sociedad aparecía como parte de un proyecto que incluía la construcción del sujeto político, la ampliación de la ciudadanía y la educación patriótica como herramientas esenciales.
40 Al hablar de «cuestión social» no se pensaba solamente en la inmigración ultramarina y sus consecuencias.
Incluía también la cuestión de género desde la perspectiva de la mujer trabajadora y la problemática de los indígenas.
Pero también «argentinizar» significaba desarrollar los espacios aún considerados vacíos, tomar posesión de ellos en forma efectiva instalando el ferrocarril, poniendo en producción la tierra y vinculando las diferentes regiones entre sí.
La Patagonia, otrora escenario de campañas militares de exterminio indígena entre 1879 y 1885, debía ser ahora protagonista y destinataria de la argentinización, con el fin de evitar la emergencia de conflictos, la intromisión de naciones extranjeras o la consolidación de lealtades alternativas.
Su población tenía que ser dotada de elementos ideológicos que abonaran el sentido de pertenencia a una comunidad nacional.
El impacto inmigratorio había hecho resurgir algunos planteos ya conocidos de principios del siglo XX acerca de la modalidad de integración de los inmigrantes a la política y la sociedad.
Nuevamente el extranjero volvió a verse como «lo diferente» y transitivamente su figura fue emergiendo como una amenaza disolvente para la nacionalidad, planteándose desde el campo literario la necesidad de «reabsorción del inmigrante».
Desde múltiples escenarios surgieron propuestas para la integración nacional: intelectuales como José Ingenieros, escritores como Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones o Manuel Gálvez, historiadores como Ricardo Levene, partidos políticos y funcionarios protagonizaron procesos sinérgicos de debates acerca del significado del ser nacional.
En esa indagación es donde ubicamos la idea de «argentinidad».
Esta cuestión, esbozada tímidamente desde el reformismo liberal, se instaló durante los festejos del Centenario de la Revolución (1910) como parte de las preocupaciones a resolver, provocó definiciones durante el conflicto bélico y se resignificó después de la primera posguerra formando parte de la producción intelectual en la década de 1920.
En esta instancia quedó asociada a la definición de la nacionalidad frente al extranjero como una manera de frenar el avance cosmopolita.
Simultáneamente resurgió con fuerza la figura del indígena y del gaucho como expresiones más genuinas de la naciona1idad.
43 Así el vocablo «argentinizar» admitía diferentes lecturas desde la intencionalidad del emisor pero parecía encerrar en sí un núcleo duro que aparece como inalterable a través del tiempo: «argentinizar» fue utilizado frecuentemente como sinónimo de dominación, de apropiación del espacio y control social, lo que nos remite a la construcción deliberada y unificadora del «ser nacional».
44 En el marco de la pérdida de la capacidad hegemónica del liberalismo con carácter mundial a consecuencia de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Revolución Rusa de 1917, el nuevo estilo político instaurado por el radicalismo alteró sustancialmente los patrones habituales de comportamiento del estado nacional.
El peculiar ejercicio del poder y la concepción unanimista del radicalismo yrigoyenista lo llevó a exacerbar la antinomia amigo/enemigo y provocar conflictos institucionales y partidarios que atravesaron la primera gestión.
En cambio, la presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928) introdujo una impronta más conciliadora y menos personalista del ejercicio del poder aunque sin abandonar completamente las prácticas políticas de su antecesor.
Como se observa, la etapa radical no estuvo exenta de conflictos.
Además de las cuestiones ya mencionadas, el límite de la expansión horizontal agraria (1914) y los efectos de la contienda mundial y la posguerra sobre la agricultura y la ganadería, impulsarán protestas rurales de envergadura en la región pampeana, en el Chaco y en el sur argentino.
Una huelga de peones rurales en el territorio de Santa Cruz motivó la intervención del Ejército y el fusilamiento de los huelguistas, con la complicidad de estancieros y agrupaciones de derecha en los episodios sangrientos de la llamada «Patagonia Trágica» (1921-1922).
Evidentemente la incidencia de estos conflictos sobre las decisiones estatales fue generando variaciones en los discursos inicialmente inclusivos sobre la Nación y la ciudadanía con los que se había inaugurado la etapa radical.
Estos desplazamientos discursivos impactaron sobre el contenido de la idea de «argentinización» que, como hemos visto, no constituía un concepto unívoco.
Al contrario, aparece como flexible y permeable, adaptándose a las motivaciones portadas por aquellos que se adherían al mismo.
Veamos entonces su operatividad dentro de la etapa radical y su relación con la idea de Nación y ciudadanía.
Ya hemos mencionado que el gobierno radical planteó como prioridad la tarea de reformular la nacionalidad considerándola un principio de legitimidad política.
El convencimiento de Yrigoyen acerca de la educación como poderoso auxiliar para la consolidación del sentimiento nacional se tradujo en la atención puesta a la enseñanza primaria, la escolarización del aborigen y la consolidación de las instituciones dedicadas a los estudios históricos.
En esta idea de reparación cultural preconizada por el yrigoyenismo se destacaron dos iniciativas: el proyecto de ley de Instrucción Pública presentado en 1918 y reiterado en 1921, pero no sancionado; y el decreto de exaltación del sentimiento nacional de mayo de 1919 que tuvo como objetivo intensificar la educación cívica y patriótica del pueblo, el amor al patrimonio histórico y la veneración a las tradiciones y valores sustentados por los próceres.
45 Estas fueron las preocupaciones dominantes del gobierno radical hasta 1919, momento en que los acontecimientos de la «Semana Trágica» 46 y el aumento de la conflictividad rural marcaron un cambio en la mirada del Estado.
En esa instancia crítica se puso en debate la inmigración, se priorizaron criterios étnicos y el extranjero pasó a ser el responsable de la agitación «ácrata» y de la movilización de los obreros.
El temor a la difusión del comunismo en territorio argentino -el «Miedo Rojo»-orientó muchas de las decisiones gubernativas y puso entre paréntesis la lógica de la democratización esgrimida como motor de la acción estatal, colocando en un primer plano discursivo la idea de «argentinización»
La Patagonia como escenario de conflictos
Estas prevenciones contra el extranjero se agudizaron al pensar el territorio patagónico.
Del conjunto de los Territorios Nacionales, las cinco gobernaciones patagónicas eran las más alejadas del poder político debido a las grandes distancias y la escasez de centros de población importantes.
En el imaginario nacional en la Patagonia predominaba el desierto, el aislamiento y fue estigmatizada como lugar de la «barbarie».
Según Susana Torres, hasta principios del siglo XX la Patagonia no integró el discurso sobre la Nación ya que era vista como un suelo patrio amenazado y una clara expresión de la ausencia de integración nacional.
46 Entre el 7 y el 15 de enero de 1919 una huelga de obreros iniciada en los Talleres Metalúrgicos Vasena de Buenos Aires implicó una fuerte represión policial y la participación del Ejército por orden presidencial, con un saldo trágico de aproximadamente un centenar de muertos.
La reiteración de episodios de violencia callejera contra barrios judíos de origen ruso -asociados a la posible expansión del comunismo-protagonizados por una agrupación de derechas creada en esta coyuntura crítica: la Liga Patriótica Argentina.
A partir de la Semana Trágica de 1919 se observa un quiebre importante en la relación Estado-Sindicatos y un significativo deterioro del poder presidencial.
ISSN: 0210-5810 Como ya expresamos, el reformismo liberal fue pionero en plantear la «argentinización del sur» como una solución al cosmopolitismo reinante.
Para ello, y en consonancia con la fórmula alberdiana, priorizó el desarrollo económico como fuente de atracción de los migrantes extranjeros, que de este modo descomprimirían las zonas urbanas, en un país que -según Ezequiel Ramos Mexía-se encontraba al límite del coeficiente de absorción de inmigrantes extranjeros, lo que implicaba una clara amenaza de conflicto social.
Al plantear su plan de Fomento en 1907, Ramos Mexía reconoció que en su formulación se hallaba implícita la idea de «desierto» y la necesidad de argentinización del sur a través de la integración de su economía.
Para el reformismo liberal de principios de siglo la concesión de derechos políticos plenos no era un objetivo prioritario: garantizar la dominación territorial y el control de los recursos eran sus objetivos de acción y en este sentido entendían la necesidad de argentinizar la Patagonia.
48 Desde la penetración estatal en el sur (1878) la «argentinización» estuvo confiada a la Escuela, el Ejército y la Iglesia Católica, que debían difundir las virtudes cívicas, el patriotismo y atenuar las diferencias ideológicas y culturales propias de una sociedad cosmopolita.
49 Pero como se ha estudiado, también las cárceles cumplieron ese rol en Santa Cruz y Tierra del Fuego, convirtiéndose en un espacio para la difusión de valores nacionales 50 A partir de 1916, la Patagonia pasó a ser un lugar de conflicto para el gobierno radical.
En primer lugar los sucesos de Zainuco (Neuquén) 51 pusieron en cuestión el manejo del Estado Nacional sobre los nombramientos de funcionarios y el control sobre los mismos y motivaron al gobierno a reforzar su presencia en el sur.
49 La Patagonia Argentina formó parte de las posesiones españolas hasta la Revolución de Mayo de 1810.
En 1820 el territorio patagónico fue considerado parte integrante de la provincia de Buenos Aires, que incorporó como parte de su soberanía el sur argentino hasta el cabo de Hornos.
Obviamente el dominio de la provincia fue más nominal que real debido a las grandes distancias y la presencia indígena.
En 1878, y para facilitar la campaña militar, se creó la Gobernación de la Patagonia (1878-1884), momento en el que se produjo el ingreso del Estado Nacional en el sur, una vez obtenido el reconocimiento de la propiedad estatal sobre las llamadas «tierras nacionales».
51 En 1917 una evasión de la Cárcel Neuquina culmina con el fusilamiento de ocho implicados.
El periódico El Neuquén investigó este suceso y denunció abiertamente los abusos de la policía territorial.
El 18 de enero de 1917 fue asesinado el director del periódico Abel Cháneton y poco tiempo después Carlos Palacios, del periódico El Regional.
ISSN: 0210-5810 La argentinización adquirió entonces un significado similar al de principios de siglo pero despojada de su componente económico.
Si para los liberales reformistas «argentinizar» requería como paso previo el crecimiento material de los Territorios, ahora «argentinizar» será una condición sine qua non para la ciudadanía política y para ello se debía neutralizar o eliminar la influencia extranjera en el sur Si se pensaba en ampliar la ciudadanía política en los Territorios Nacionales, el Estado debía asegurar previamente que su población estuviera compenetrada de los principios y valores de la nacionalidad.
Y en el sur la presencia extranjera constituía un dato inquietante 52 que se convirtió en justificación para la represión al producirse los sucesos ya mencionados de la «Patagonia Trágica».
En concordancia con esta idea, se esgrimieron diversas estrategias para el control de la población sureña.
Una herramienta esencial fue la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), lugar desde el cual el Ejército incrementó su presencia frente a los extranjeros radicados en el sur.
53 Esta empresa creada en junio de 1922 y que tuvo como sello la impronta nacionalista de Enrique Moscón -primer director de YPF-y de sus sucesores, se transformará en un enclave cerrado, centro de asimilación de inmigrantes de diversas nacionalidades, mediante normas propias de pertenencia y de comportamiento; un sitio al que el gobernador territorial no podía acceder y que muestra una peculiar forma de «Estado dentro del Estado» ya que obraba como auxiliar del poder central frente a situaciones de conflicto, como sucedió en los Consejos municipales del territorio de Chubut.
En YPF se controlaba la vida laboral y comunitaria de la población y se difundían valores considerados propios de la «argentinidad» como el amor a la patria y la soberanía nacional.
También se procuraba el fortalecimiento de lazos de solidaridad, asociacionismo y pertenencia al interior del enclave como una manera de aventar el peligro del comunismo.
54 La empresa estatal se unió así a las guarniciones militares como parte de la imprenta nacionalizadora en la Patagonia durante la primera mitad del siglo XX.
52 Como dato ilustrativo, en 1920 el 60% de la población del territorio de Santa Cruz era extranjera.
53 Si bien hemos mencionado el caso YPF en función del control estatal, no desconocemos la importancia de YPF en el campo de la política petrolera y el nacionalismo económico de la década de 1920 y 1930.
ISSN: 0210-5810 El giro discursivo de 1921 y la idea de argentinización A partir de los conflictos desatados en 1921, se observó un giro en las expresiones referidas a los Territorios Nacionales.
Nuevamente, y como una rémora de la República Posible, se puso el acento en dos principios básicos del orden conservador: el orden y la seguridad.
En los debates legislativos, los territorios fueron presentados como lugares «aislados», epicentros de desorden y violencia en un «estado de atraso y abandono» donde la «vida se ha vuelto imposible».
55 En 1922 Yrigoyen expresaba que «Para fomentar el progreso de los territorios es fundamental garantizar en ellos el derecho a la vida.
Este es el objetivo y el deber primario de la organización del Estado».
56 Se hablaba de acrecentar en ellos la responsabilidad e incitarlos a mejorar, evidenciando la pervivencia del «discurso de la inmadurez».
En esta coyuntura se volvieron a argüir las justificaciones basadas en la presencia chilena en el sur.
Por ejemplo, al plantearse en el Congreso una investigación por los sucesos de Santa Cruz, el diputado Belisario Albarracín (1922-1926) argumentaba que al presentarse un proyecto de ley sobre los requisitos para ser gobernador de los territorios, volvió a plantearse la necesidad de trabar el acceso de los extranjeros a dichos cargos.
59 Pero la «argentinización» no fue una preocupación excluyente del Estado Nacional.
Organizaciones de derecha como la Liga Patriótica Argentina 60 plantearon una metodología de acción indispensable para «argentinizar el sur».
A partir del gobierno radical, los sectores conservadores exacerbaron la visión del conflicto social como resultante de la amenaza extranjera.
La descalificación del régimen democrático realizada por los grupos desplazados del poder se vio abonada por los intentos de mediación del presidente Yrigoyen con el movimiento obrero, que fueron considerados como altamente peligrosos al facilitar y no reprimir la penetración extranjera.Esta percepción, que la Reforma Universitaria de 1918 y los hechos de la Semana Trágica reforzaron convenientemente, puede vincularse -según Fernando Devoto-con el surgimiento de la corriente nacionalista autoritaria.
61 En esa coyuntura, la elite dominante va a resignificar los conflictos sociales atribuyéndoles la capacidad de atentar contra la identidad de la Nación.
«El Miedo Rojo» apareció entonces como creación de la elite y justificación esgrimida para demandar al gobierno mayor dureza en la represión y el abandono del rol negociador y mediador con el movimiento obrero.
Ese «Miedo Rojo» asumió en la Patagonia diferentes formas y figuras conspirativas creadas y alentadas por los sectores dominantes locales.
Durante los sucesos de 1921, se habló de una amenaza a la argentinidad por agentes foráneos que portaban ideologías maximalistas.
La idea de complot agitado por grupos extranjeros resultó justificadora de la represión y fuertemente apeladora de la acción estatal para evitar la disolución de la «Patria patagónica».
62 Para el líder de esta organización Manuel Carlés, significaba una nueva «conquista del desierto» y el «culto» a la Patagonia «una forma de patriotismo».
60 La Liga Patriótica Argentina fue la organización de derechas de mayor trascendencia en esta etapa.
Creada en 1919 como consecuencia de los sucesos de la Semana Trágica, rápidamente se diseminó por el interior del país constituyendo brigadas hasta en los pueblos más alejados.
Su predominio social y político se mantuvo hasta la década de 1940.
ISSN: 0210-5810 Argentina se erigió como guardián de la argentinidad amenazada y colaboradora de las autoridades en el mantenimiento del orden público.
Discrepó con el gobierno radical en las restricciones a la inmigración como prioridad ya que el acento debía estar colocado en la argentinización de la población actual.
Para la Liga Patriótica Argentina, combatir la organización sindical obrera e impedir el ingreso y las actividades de los extranjeros en el sur formaban parte del mismo objetivo de acción.
La argentinización era una tarea que tenía como destinatarios principales a los trabajadores rurales cuyas «mentes exóticas» exigían normalizar el sentimiento nacional.
64 Más de 75 brigadas en el sur representaban los intereses de los estancieros y colaboraron activamente en la represión de las huelgas de 1921 y 1922, conjuntamente con la Sociedad Rural de Río Gallegos y la Logia Masónica Rivadavia.
Pero la postura de la Liga Patriótica suscitó apoyos aún en las mismas filas del oficialismo.
En el Congreso, la acción del Ejército fue defendida como parte de una misión histórica:...creo evidente que el ejercito ha realizado en el territorio de Santa Cruz una misión de seguridad, de orden, si se quiere una misión social contra los elementos anarquistas que habían levantado el pabellón rojo en aquel territorio.
65 Esta argumentación del diputado radical Valentín Vergara hace suyas las expresiones del principal referente de la Liga Patriótica Argentina Manuel Carlés, elevadas como Memorial al Congreso de la Nación.
A partir de la finalización del conflicto en el sur en 1922, la preocupación esencial de la Liga Patriótica fue la integración de la Patagonia a la nación y especialmente de los indígenas, que debían ser incorporados a la cultura nacional.
La cooptación pacífica de los trabajadores formó parte de la nueva política de la Liga, en el marco de la «reconquista del desierto», haciendo jugar conceptos como argentinismo, moralidad, catecismo de la patria, humanitarismo práctico.
66 Incluso las prioridades evidenciadas por la Liga en los discursos del Congreso de Territorios Nacionales de 1927 coincidieron en gran medida con los objetivos del Estado Nacional para 64 Bajo esta premisa, la Liga Patriótica colaboró con YPF en la represión de las huelgas de trabajadores petroleros en Comodoro Rivadavia (Chubut) 65 CD-DS, 1922, 8 de febrero, 90.
Si bien el Congreso planteaba la provincialización patagónica como tema convocante, sus conclusiones versaron sobre crecimiento económico en obras de infraestructura y comunicaciones como de singular importancia y urgencia para la región patagónica.67 La Liga -en sintonía con el Estado Nacional-no se propuso seriamente convertir en ciudadanos plenos a los habitantes del sur.
Mantenerlos en la condición del habitante con obligaciones y escasos derechos aseguraba no sólo la sujeción sino también poder actuar libremente para operar sobre ellos la necesaria «argentinización».
En este arco de coincidencias, una de las pocas voces disonantes fue la del Partido Socialista.A través del diario La Vanguardia y del diputado nacional Antonio de Tomaso fue rechazada la asociación bandolerismoobreros enfatizando que los sucesos de la Patagonia formaban parte de un movimiento gremial, no de una revolución.
En 1916 y ante las transformaciones en la política y la sociedad producidas por el gobierno de la Unión Cívica Radical, comienzan a definirse núcleos ideológicos vinculados con los conceptos de Nación y Ciudadanía.
El partido y su líder Hipólito Yrigoyen se ubicaron como portadores de una misión histórica de reparación, restauración y refundación de la República y la nacionalidad.
En esa coyuntura, la propuesta de ampliación de la ciudadanía política para los Territorios Nacionales fue incluida como parte de la reparación política preconizada por el radicalismo.
Integrar a los territorios a la nación se convirtió en un imperativo que se pretendía cumplir para poder producir una clara línea divisoria con el orden conservador precedente, responsable de la cristalización de los postulados fundacionales de los territorios.
Para la Patagonia la integración tenía un correlato argentinizador, idea que fue esgrimida tempranamente por el reformismo liberal y que pretendía dar respuestas a los interrogantes que el aluvión migratorio despertaba en las figuras más lúcidas del bloque en el poder.
Pero a diferencia del contenido dado por el reformismo de principios de siglo, que le otorgaba un lugar primordial al desarrollo económico, para el gobierno radical argentinizar era integrarlos a la nación como ciudadanos de plenos derechos.
Esta idea sufrió un desplazamiento en la medida en que los conflictos rurales pusieron en jaque al gobierno nacional y motivaron la represión del Ejército realizada con apoyo de agrupaciones de la sociedad civil como la Liga Patriótica Argentina A partir de 1922 la argentinización pensada como integración política será reemplazada por la argentinización como imperativo para nacionalizar al extranjero, concepto que para nosotros ha sido el predominante en el siglo XX.
La ampliación de la ciudadanía política y el derecho de representación quedaron virtualmente pospuestos hasta que la Patagonia manifestara una total adscripción a los principios de nacionalidad difundidos por el radicalismo.
El paréntesis obligado terminó vaciando de contenido efectivo a los postulados del temprano radicalismo sobre Nación y Ciudadanía, ya atenuados y diluidos a partir de la escisión partidaria de 1924, y que el breve segundo periodo presidencial de Yrigoyen no pudo resucitar ni dar nueva fuerza.
La argentinización será entonces considerada como el estadio básico para la ciudadanización y operará como ejercicio pragmático de difusión de la Nación, revelando los límites que tenía el radicalismo para posicionarse como ruptura y cambio frente al orden conservador precedente y sus principales actores sociales y políticos. |
Este artículo se basa en mis investigaciones en los países andinos durante las últimas dos décadas, con diversas organizaciones campesinas e indígenas, instituciones no gubernamentales y estatales, y como coordinador de las redes de investigación de WALIR (Water Law and Indigenous Rights), Concertación y Justicia Hídrica.
Se han combinado las metodologías de la investigación-acción y la investigación académica, aplicando la etnografía en combinación con estudios sociotécnicos (entrevistas estructuradas y semiestructuradas, debates grupales, estudio de literatura, mediciones hidrológicas, etc. El documento usa elementos revisados de The Rules of the Game and the Game of the Rules.
Luchas y defensas escondidas.
Pluralismo legal y cultural como una práctica de resistencia creativa en la gestión local del agua en los Andes/ Hidden Struggles and Defences.
Universidad de Wageningen, Wageningen, Países Bajos En los Andes, los derechos de agua se materializan en procesos de lucha social.
El artículo examina cómo la lucha por el agua de los colectivos locales no puede comprenderse sin su enraizamiento en subcorrientes dinámicas: los cimientos multicapas, a menudo ocultos, de los derechos de agua.
Aquí se entrelazan estrategias comunitarias y fuentes socio-legales plurales.
Las subcorrientes alimentan los socio-territorios y las culturas hidráulicas, estableciendo las bases para la defensa de los derechos locales hacia redes político-legales multi-escala.
En la práctica, los arreglos y derechos propios a menudo están disfrazados por medio de escudos y estrategias de mimetismo (o imitación), que también permiten hacer uso de los medios de poder dominantes.
La creación y la proliferación subsuperficiales de los repertorios sociolegales locales constituyen una importante fuente de defensa contra la usurpación de los derechos de agua y las políticas disciplinarias.
Dentro de las leyes están las autoridades, está la política, está la plata, la corrupción.
Entonces el propietario de la hacienda, dueño de plata, dueño de cosas, dueño de amistades, en ese entonces, tenía hasta al Ministro de Gobierno [...].
Hasta la actualidad, cualquier gestión, cualquier lucha pues, si es que el indio, la organización no se levanta y no protesta, no somos atendidos...
(Antonio Laso, presidente de CODO-CAL, Licto, Ecuador).
1 La historia de los países andinos está llena de juegos de poder por parte de las autoridades estatales, las elites locales y las compañías transnacionales para usurpar los territorios locales, así como rechazar y destruir los derechos de agua comunitarios y las reglas de gestión locales.
2 Pero estos últimos, en variados grados, han resistido ante una incorporación completa a los marcos normativos nacionales y la subordinación a reglas de mercado uniformes.
3 Tanto las comunidades altoandinas como las áreas urbanas, cada vez más, son testigos de conflictos de agua a gran escala, a veces violentos.
Las organizaciones de usuarios locales se enfrentan con compañías de hidroenergía, agrocomerciales, minería, agua potable y de otro tipo, y en las últimas dos décadas las movilizaciones de carácter nacional han desafiado la instalación de nuevos regímenes de políticas privatizadoras.
Muchas comunidades campesinas y organizaciones indígenas perciben que las nuevas leyes, planes y políticas de agua, a menudo neoliberales pero también de carácter estatista-paternalista, constituyen otra etapa en los intentos de llevarse recursos que históricamente les pertenecen a ellos y que forman parte de su sustento.
En el Perú, Bolivia y el Ecuador ha habido levantamientos masivos nacionales que, en muchas instancias, han resultado efectivamente en una moratoria de la implementación de tales políticas hídricas nuevas.
4 Las protestas se dirigen contra «el modelo» como tal y contra muchos de sus principios y expresiones en particular.
Esta intensa reacción subraya la naturaleza contestataria de los derechos de agua y el hecho de que hay mucho en juego.
Aquí es de crucial importancia entender que, a ojos de las comunidades y familias usuarias del agua, la definición real de los derechos de ese preciado líquido no está restringida a las oficinas de abogados, a las propuestas de las agencias gubernamentales o a los escritorios de los ingenieros diseñadores.
Al ser la médula del poder del agua, esos derechos son negociados y puestos en vigor en procesos de lucha social.
El elemento central de la lucha por el agua no es sólo el acceso a los recursos hídricos.
También la formulación de las reglas (por ejemplo, los contenidos de los derechos y de las reglas de manejo, junto a los mecanismos de adquisición de agua) son claves en el «conflicto por el agua», así como la pregunta ¿quién tiene la autoridad legítima para tomar decisiones y poner en vigor los derechos de agua?
Y las luchas por la reforma hídrica subrayan un cuarto elemento fundamental en este campo de batalla: el enfrentamiento por los discursos que establecen, imponen o defienden ciertas políticas de gestión de los recursos hídricos.
Particularmente en el Ecuador y Bolivia -los países de Sudamérica con mayor población indígena-movimientos sociales relativamente bien organizados han sido capaces de cambiar a escala nacional los debates y las constituciones en relación con la reforma de los derechos de agua.
La mayoría de las veces, varios actores y plataformas sociales operan unidos y la cuestión de esos derechos se vuelve pública.
Éste fue el caso, por ejemplo, de las «guerras del agua» bolivianas y de las masivas movilizaciones nacionales en el Ecuador y el Perú contra los planes neoliberales de privatizar el agua.
5 Se presta una mayor atención pública (desde la investigación, la política, los medios masivos de comunicación y el activismo global) a aquellos conflictos de agua abiertos que tienen lugar a escala nacional, regional o internacional, a menudo conducidos por un campesinado indígena en alianza con otros movimientos de la sociedad civil.
Sus demandas también son más fácilmente entendidas y reconocidas, ya que en gran parte se expresan en el idioma legal y político universal: la mayoría de las ocasiones se dirigen a cambiar instituciones formales y marcos legales y políticos nacionales, o a defender aquellas instituciones y regulaciones que apoyan sus intereses pero que se encuentran amenazadas de reemplazo por la «modernización».
Pero hay un mundo de agua diferente de resistencia y lucha, interrelacionado con el anterior pero mucho más ampliamente distribuido y, al mismo tiempo, más raramente advertido.
Aún así, probablemente sea mucho más importante su papel en lograr el cambio de las instituciones políticas prevalecientes y en desafiar los grupos de poder que generan esas políticas y moldean las leyes y la racionalidad oficiales.
Me refiero a los sistemas locales de gestión de agua y a los marcos normativos cotidianos para regular el agua «desde abajo», que conforman la base de la operación hídrica real en términos técnicos, políticos, culturales y normativos.
El hecho de que estas tremendas subcorrientes (que más adelante se conceptualizan como «resacas»), construidas sobre arreglos normativos enraizados e identidades hidráulicas locales, reciban menos atención tiene muchos argumentos: una razón importante es que sus desempeños localizados, los lenguajes y prácticas locales sobre derechos de agua, son ininteligibles y brumosos para los actores externos; también es un factor explicativo la herencia colonial de los prejuicios contra «la atrasada gestión de agua indígena o comunitaria»; además, incluso puede resultar menos interesante para muchos observadores y activistas críticos porque estas comunidades de agua aparentemente aceptan el discurso de progreso universal, acogen sin criticar los conceptos de la modernización y luchan por una formalización de sus derechos de agua.
Pero estas aguas silenciosas llegan a la profundidad.
Sin conformarse con aceptar la naturalización de los modelos y políticas de agua dominantes, que disminuirían o destruirían su espacio de maniobra para dar forma a sus propios derechos de agua y formas de gestión, como mostraré, a menudo usan la apariencia de conformidad ante los gobernantes externos, para construir y defender su propia «comunidad de agua».
Esto inmediatamente conduce hacia otra razón para su escasa atención pública: es típico que su estrategia evite la acción pública y los campos abiertos de batalla, precisamente para defender su base del desarrollo y la operación de los derechos de agua.
Por lo tanto, también se escudan contra la intrusión externa.
Con la estrategia de visibilidad intermitente eligen sus propios tiempos, términos y modos de aparecer en el escenario.
Este artículo analiza la contestación de los derechos de agua en los Andes, usando ilustraciones que van desde las luchas abiertas y masivas por el agua hasta las luchas cotidianas para ir contra la normalización externa.
Examina cómo esas luchas por el agua de los pueblos subordinados en la región andina no pueden ser entendidas sin comprender las maneras en que sus derechos de agua están generados y enraizados en los fundamentos multicapa, a menudo escondidos, de las «comunidades de agua» locales.
Aquí, los derechos de agua son estructurados material y discursivamente, constituyendo herramientas funcionales y armas estratégicas.
En nuestro trabajo se analiza cómo estos fundamentos dinámicos son una resistencia a mayor escala contra la dominación, comúnmente no a través de confrontaciones abiertas y violentas, sino por medio de estrategias encubiertas: por medio de estrategias de «disfraz» o «mimetismo».
Explica cómo las comunidades locales imitan a los grupos de poder, sus estructuras y protocolos.
Activamente tratan de generar, usar o expandir sus espacios relativamente autónomos, para defender y materializar sus propios derechos de agua y construir sus contradiscursos y estrategias, que van desde lo físico a lo metafísico.
La sección final concluye que, más que solamente la existencia de complejos arreglos de agua, es particularmente la creación continua, dinámica y subsuperficial de los derechos de agua locales y de los repertorios normativos lo que constituye una base fundamental y una fuente de resistencia contra la usurpación de los derechos y las políticas disciplinarias.
De las confrontaciones abiertas a la defensa encubierta de los derechos de agua
En 1997, dos años antes de que se produjera la Guerra del Agua en Bolivia, que llegó a ser conocida internacionalmente, las comunidades indígenas y campesinas, junto a las municipalidades rurales en el Valle Central de Cochabamba, se involucraron en un grave conflicto cuando la empresa municipal de agua potable empezó a cavar pozos en el Valle Central.
Esto afectó severamente a los ya sobreexplotados recursos hídricos.
Durante décadas las comunidades habían organizado la distribución del agua de acuerdo con sus usos y costumbres, con sus propias autoridades y marcos sociolegales, y ahora habían determinado que no podían seguir aceptando que otros usurparan los derechos de agua considerados como propios.
Cuando el gobierno propuso la privatización de las obras y servicios del agua potable en 1999, los conflictos se volvieron aún más tensos.
Tras numerosas protestas de pequeña escala, el Valle Central se volvió un campo de batalla violento en el 2000.
Por presiones del Banco Mundial, los gobernantes boli-RESISTENCIA CREATIVA EN LA GESTIÓN LOCAL DEL AGUA EN LOS ANDES Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 673-703.
ISSN: 0210-5810 vianos firmaron un contrato con el gran consorcio extranjero Aguas del Tunari, encabezado por la International Water Ltd. (subsidiaria de la Bechtel Corporation de los Estados Unidos), y pusieron en vigor una ley de apoyo a la privatización que permitía a la Compañía tener derechos exclusivos sobre las aguas del distrito, incluyendo aquellas de los sistemas menores en el área metropolitana, y derechos para explotar los acuíferos.
Otra ley fue pasada rápidamente por el Parlamento para que la citada Compañía pudiera también captar nuevos recursos hídricos e incluso cobrar tarifas por los pozos comunitarios que iban a ser expropiados.
Directamente tras la privatización, la Compañía internacional subió las tarifas de agua, sin mejorar el sistema.
En una fuerte alianza (la Coordinadora del Agua y de la Vida), los usuarios y usuarias urbanos y rurales protestaron en conjunto: los habitantes de la ciudad lo hacían contra el gran aumento en las tarifas de agua, mientras las municipalidades rurales y las comunidades indígenas protestaban contra la nueva ley, porque afectaba a sus derechos y podría exponerlos a nuevas usurpaciones de los recursos hídricos.
El conflicto social estalló entre febrero y abril de 2000, con varios días de fuertes encuentros entre los llamados guerreros del agua y la policía, que culminaron en la declaración de un estado de sitio nacional.
El gobierno envió miles de soldados bien pertrechados a las calles para romper las protestas y los bloqueos de vías.
Un medio de prensa local manifestaba: «Las voces de protesta van en aumento [...]
Se denuncia la llegada de aviones provenientes de la ciudad de La Paz, donde se desembarcará una gran cantidad de militares.
La ciudad parece estar en guerra, en las calles hay vidrios rotos, llantas quemadas, montones de basura, maderas y piedras en medio de hojas de coca.
El pueblo no parece mostrar miedo, se ha puesto de pie y sólo quiere que se le escuche...»
6 Al final de esta Guerra del Agua, que dejó muchas personas muertas y heridas, el gobierno tuvo que retractarse de su decisión y comprometerse también a enmendar la propuesta ley en sus artículos objetados por la alianza popular.
La compañía Bechtel tramitó una demanda multimillonaria contra Bolivia en la corte de disputas de inversiones dependiente del Banco Mundial.
Tuvieron que pasar cuatro años para que la Bechtel abandonara el caso en enero de 2006, por temor a afectar su imagen pública.
Lo que sucedió en la Guerra del Agua de Cochabamba tuvo un fuerte impacto internacional como ejemplo de resistencia contra la privatización del preciado líquido, los servicios de agua y los principios fundamentales de política, y ha sido luego repetido en La Paz y El Alto, donde otro consorcio internacional, Aguas de Illimani, se ha visto forzado a cesar en sus servicios tras años de quejas por parte de los clientes.7 Al mismo tiempo, estas protestas llevaron a la apertura de un proceso de participación más amplio para la formulación de regulaciones y políticas relacionadas con los recursos hídricos.
En la actualidad, con resultados ambivalentes, Bolivia intenta romper la larga herencia dejada por la autoridad colonial, la autoritaria y la neoliberal.
Si bien las Guerras del Agua bolivianas se han vuelto quizás un ejemplo para muchas federaciones de usuarios de agua y para movimientos activistas globales en todo el mundo, la reacción del Ministerio de Información de esa época fue inequívoca: «Estas protestas son una conspiración financiada por el tráfico de coca, que busca pretextos para llevar a cabo actividades subversivas.
Es imposible que tantos campesinos se hayan movilizado por sí mismos».8 La negación de la capacidad colectiva para protestar y resistirse contra una legislación y un marco de políticas subordinantes es un fenómeno a menudo presente en el mundo de los políticos y hacedores de políticas.
Primero, hay una suposición hondamente enraizada de que sólo las propuestas de políticas basadas en «leyes científicas» técnicas y económicas son benéficas porque se aplican de manera universal.
Entonces, hay un fuerte escepticismo de que la idea de la resistencia pueda ser una representación colectiva; ya que los miembros de las comunidades andinas son demasiado simples e incapaces de entender los contenidos de estas políticas, los culpables pueden ser únicamente elementos subversivos que manipulan y empujan a una masa campesina e indígena descerebrada.
Pero no es sólo el rechazo de la capacidad mental y organizativa de los colectivos de usuarios, ni la supuesta supremacía de las políticas occidentales-científicas del agua, lo que aparece prominentemente durante tales conflictos de agua.
La cuestión de una lucha por la legitimidad de los marcos de derechos sobre este líquido imprescindible está en el núcleo del asunto.
El ministro de Información expresó esta cuestión central de manera característica, acusando a la alianza de organizaciones rurales y urbanas y a los que protestaban de desarrollar «una campaña de desinformación diseñada a tumbar la legítima autoridad y el imperio de la ley».9
En efecto, las comunidades indígenas y campesinas tienen muchas razones para desafiar esa legítima autoridad y el imperio de la ley ya que fue precisamente la autoridad del agua de las organizaciones indígenas y campesinas la que fue socavada.
Por lo tanto, las luchas contemporáneas por el agua comprenden los siguientes elementos cruciales: acceso al agua y a la infraestructura; reglas y obligaciones relacionadas con la gestión del recurso; la legitimidad de la autoridad para establecer y poner en vigor las reglas y los derechos, y los discursos y las políticas para regular el recurso.
En las dos décadas pasadas, como una reacción contra la discriminación étnica, esta lucha por el acceso a los derechos de uso y control del agua ha ido cambiando desde una lucha basada en clases hacia otra cimentada sobre clase y etnicidad («indígena») en especial en países como Bolivia y Ecuador.
En el Ecuador, por ejemplo, a mediados de la década de 1980 surgió el movimiento indígena, y en 1986 la CONAIE fue establecida legalmente como una plataforma amplia.
10 En 1990 se produjo una movilización masiva y dos años más tarde, nuevamente, miles de indígenas, tras una larga marcha desde la Amazonía hasta la capital, tomaron la ciudad de Quito.
Reclamaban el reconocimiento de sus territorios y nacionalidades, con autonomía para hacer las reglas.
Desde entonces, el Ecuador no ha podido negar la existencia de una mayoría nacional que desde los primeros tiempos coloniales ha sido rechazada y discriminada, pero que ahora reclamaba su justa proporción y tenía una posición fuerte en el balance de poder a escala nacional.
En 1994, tras un gran número de levantamientos, nuevamente el país fue paralizado durante varias semanas por el movimiento indígena.
Protestaban resueltamente contra la nueva Ley de Desarrollo Agrario de corte neoliberal, que proponía la privatización de los derechos de aguas y tierras, entre otras cosas.
En 1996, tras una amplia consulta y muchos debates desde escalas comunitarias a nacionales, la CONAIE desarrolló su primera propuesta para instalar una nueva Ley de Aguas, 11 siendo esta proposición defendida en el Congreso por los primeros diputados del nuevo partido indígena Pachakutik.
A pesar de que se aceptó por el desfavorable balance de poderes en el Congreso, la propuesta fue la mecha que encendió un debate continuo sobre la necesidad de una reforma hídrica.
Las reglas y los derechos de agua habían llegado a tener un lugar prominente en la agenda nacional.
En 1998, la CONAIE y otras plataformas de base y organizaciones campesinas influyeron fuertemente en un proceso de importancia capital: la lucha por una nueva Constitución.
Por medio de masivas movilizaciones y debates de carácter nacional, se hizo realidad el proceso de una Asamblea Nacional Constituyente, y la nueva Carta Magna dio mayor reconocimiento a los temas de los derechos colectivos, la pluriculturalidad y las formas de autogobierno, considerados impensables diez años antes.
Un fallo importante de la Constitución de 1998, sin embargo, fue su sabor también neoliberal, resultante de las fuerzas opuestas en el país (produciendo el «multiculturalismo neoliberal»).12 Diez años después, en 2008, el movimiento indígena, conjuntamente con una alianza de los sectores civiles, y dentro del nuevo panorama político del país liderado por el presidente Correa, fueron capaces de cambiar otra vez la Constitución en una altamente respetuosa de los derechos que reclamaron los grupos indígenas, campesinos y los menos acomodados.
En este momento (2011) se enfrentan de nuevo sobre los contenidos y la aprobación de una nueva Ley de Aguas.
Si bien en su fase inicial (1986-1996) el movimiento indígena lucha por la redistribución y el reconocimiento por parte del sistema político externo, entre otros a través de huelgas y movilizaciones masivas, en un segundo periodo (1996-2003), decide unirse no sólo al sistema político, sino al gobierno mismo en los niveles local y nacional, para luchas «desde adentro».
13 Tras ganar las elecciones de 2002, CONAIE-Pachakutik puso ministros en puestos importantes como Relaciones Exteriores (Nina Pacari) y Agricultura (Luis Macas).
Pero inclusive con una importante representación en el Congreso y a todos los niveles en los gobiernos locales, las estructuras de poder dominantes prevalecientes (es decir, las elites oligárquicas y los sectores monopólicos de los negocios neoliberales) tuvieron éxito en frustrar los cambios reales hacia políticas y prácticas de redistribución de agua.
Severamente herido y dividido, el movimiento se separó del gobierno de Gutiérrez en 2003 para recuperarse y, en una tercera fase, reformular sus estrategias, en buena parte nuevamente «contra y desde afuera del sistema».
14 En la actualidad -época de corte socialista del gobierno de Correa que también trajo importantes avances económicos para muchas comunidades campesinas e indígenas-, el movimiento se opone al nuevo paternalismo hacia los indígenas, la negación de sus federaciones autónomas y el afán gubernativo de controlar los movimientos sociales.
A pesar del hecho de que estas batallas abiertas en el Ecuador y Bolivia, así como las amplias alianzas de carácter nacional (o internacional), constituyen importantes marcadores en la lucha por el reconocimiento y la justicia en los derechos locales (hídricos), e incluso el reclamo de la reconstitución del Estado y su aparato legal, las respectivas estrategias de resistencia han mostrado no ser suficientes como para «remoralizar» la gestión general de los recursos hídricos.
En primer lugar, se puede observar que la implementación de los cambios legislativos de la Ley y Reglamentos de Aguas, entre otros, está muy por detrás de las bellas palabras e intenciones en la Constitución.
En segundo lugar, y de modo más importante, las leyes no pueden actuar por sí mismas y requieren de fuerzas sociales para materializarse.
Con respecto a lo último argumentaré que, más que las grandes «batallas públicas», a menudo con un sabor utópico, es crucial centrarse sobre lo que sucede en los «campos de batalla cotidianos», escenarios comunes de los derechos de agua en el campo.
Si bien las guerras de agua de Bolivia han alcanzado los titulares de los principales periódicos en todo el mundo, muchos analistas han sido incapaces de ver que estas guerras, multiplicadas por mil, han estado llevándose a cabo desde hace tiempo, aunque no de manera abierta y violenta como en Cochabamba.
En la misma línea, las luchas en el Perú y el Ecuador por la generación local de reglas y la distribución del recurso hídrico no están limitadas a los movimientos sociales a escala nacional, sino que tienen lugar especialmente en las comunidades locales.
Precisamente este gran número de casos locales es el que ha recibido la menor atención en los países andinos e internacionalmente.
Incluso los muchos casos de crueldad y banalidad sistematizadas con respecto a la usurpación de los derechos de agua y las injusticias no se han hecho necesariamente asuntos públicos ni han atraído la atención o provocado una reacción de parte de la ley o de los políticos.
Además de que estos casos localizados merecen más atención por las injusticias de mayor escala cometidas contra los derechos colectivos locales si son vistos en perspectiva acumulativa.
También constituyen la base de la resistencia a más amplia escala contra la dominación, por medio de los cambios graduales y continuos que suelen lograr.
Más que ser eslóganes de reclamaciones sobre el agua como derecho humano, proveen de la sustancia vital real para las luchas por los derechos hídricos: los contenidos dinámicos y las capas diversas de los derechos de agua, las maneras en que éstos están disputados y dan forma a los contextos legales plurales, y su inserción en las estrategias y las relaciones sociales reales.
Además, las luchas de agua más amplias, abiertas y públicas de los pueblos y comunidades subordinadas en la región andina no pueden ser entendidas sin conocer estas batallas locales de bajo perfil.
Las primeras no existirían sin las segundas.
Como recalcaré en este artículo, la defensa de los derechos de agua está radicada en el cimiento, usualmente escondido y en múltiples capas, de las «comunidades de agua» donde los derechos son formados material y discursivamente.
Aquí, de manera continua, a veces en medio de fuertes contestaciones domésticas sobre la definición y la adquisición de la propiedad hídrica, se crea y consolida una base colectiva.
Dentro de esta «comunidad de agua», por razones estratégicas y no románticas o filantrópicas, el foco está sobre un poder colectivo no sólo como un instrumento de dominación (poder-sobre), sino también como una fuerza para protestar y abogar, una fuente de resistencia y creatividad.
La capacidad de generar e innovar (poder-para), la acción colectiva organizada (poder-con), y la identificación, identidad y autoestima (poder-dentro),15 son insumos importantes en los procesos de lucha y empoderamiento de las comunidades locales usuarias del agua.16
Derechos locales y pluralismo cultural y normativo
En las comunidades andinas, las normas de gestión y derechos de agua locales han sido objeto de un proceso permanente de normalización oficial: los grupos de poder siempre han tratado, y siguen tratando, de dominar las normas de gestión locales para mantener u obtener el acceso a este recurso, el control sobre su gestión o sobre la mano de obra, los productos, la conducta y las actividades de los usuarios.17 En este proceso de normalización interactúan de manera estratégica y compleja los dominios técnicos, organizativos, sociolegales, político-económicos y metafísicos que constituyen los derechos de agua.
Mediante regímenes de representación sutil o brutalmente impuestos, buscan representar los valores, las normas y las prácticas de gestión del agua locales conforme a sus propios intereses.
Pero, de la misma manera, las comunidades andinas, así como grupos subordinados dentro de estas comunidades, tienen sus propias estrategias y proyectos para contrarrestar esta dominación y lograr mayor autonomía.
De manera continua y dinámica, construyen sus regímenes específicos de representación.
No son proyectos de «restauración de valores, normas y prácticas tradicionales», aunque las normas históricas sí alimentan sus estrategias, sino que en ellos se entretejen muchos elementos contemporáneos para conformar fuertes alianzas entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo propio y lo ajeno.
Es así que el derecho hídrico local incorpora reglas relacionadas con diversas tradiciones de uso del agua en la región andina y encarna combinaciones particulares de varias fuentes normativas, oficiales y no oficiales.
18 Al insertarse en la normatividad local, los elementos de cada una de estas fuentes legales son reinterpretados para ocupar sus espacios relativos en la mezcla localmente dominante que se manifiesta como la gestión local del agua.
Como resultado de este panorama de fuentes contemporáneas diversas y de la hibridación de tradiciones de riego, en combinación con las características agroecológicas y físicas de cada ambiente y de la historia particular de subordinación y resistencia sociopolítica, la diversidad de marcos normativos y modalidades de distribución de agua es grande.
Aquí tienen un papel muy importante los patrones y los acuerdos organizativos informales y los derechos de agua en acción.
Van más allá de las reglas referenciales del Estado y de las asociaciones y derechos formalizados de los mismos usuarios, inclusive cuando se trata de los propios reglamentos comunitarios.
Por eso, una mirada meramente funcionalista-instrumentalista no es suficiente para analizar los derechos de agua en la práctica.
Sin desconocer la gran funcionalidad que de hecho tienen los derechos y reglas locales, un enfoque exclusivamente instrumental necesariamente malinterpreta el derecho local.
Por ejemplo, a menudo se omiten del análisis los ámbitos culturales y hasta metafísicos del derecho de agua.
Esos derechos se vinculan cercanamente con los sistemas culturales de significados, símbolos y valores y, en muchos sistemas, la distribución del agua está profundamente embebida en instituciones y relaciones tanto humanas como sobrenaturales, siendo ambas vistas como elementos que influyen y definen el control del agua.
De manera expresa o implícita, la autoridad sobrenatural frecuentemente refuerza la legitimidad de una autoridad y acción humanas; y la movilización de los poderes simbólicos y metafísicos por parte de las comunidades para controlar el agua y regular el comportamiento de sus usuarios puede hacerse tanto de manera inconsciente como con claros propósitos prácticos, por ejemplo, agroproductivos o políticos.
Tal funcionalidad a menudo queda fuera de los esquemas de los análisis funcionalistas.
Como observa Greslou, 19 «es significativo el hecho de que las creencias y costumbres relacionadas con el agua sean las que mejor han sobrevivido a casi cinco siglos de transculturación: estos ritos han mantenido su vigencia, primero porque están ligados a la producción y, en segundo lugar, porque refuerzan la cohesión del grupo social».
Yo añadiría, además, que en las comunidades andinas estas creencias y costumbres de agua constituyen a menudo una crítica ideológico-política a las estructuras de poder dominantes.
Por un lado, desde épocas pre y poscoloniales, la religión, las cosmovisiones y las metafísicas relativas al agua en los Andes han sido extremadamente funcionales para las clases dominantes en su manipulación y gobierno de las clases subordinadas.
Su esfuerzo político era monopolizar los poderes adscritos a las divinidades andinas y cristianas para dominar al pueblo y sus recursos (hídricos), tanto material como ideológicamente, ya que las clases dominantes siempre han entendido el gran poder de los ritos y las creencias en los Andes.
Por otro lado, y al mismo tiempo, ésta es precisamente la razón de por qué las comunidades locales contestan de forma activa y continúan practicando (y re-desarrollando) sus propios mitos, creencias y metafísicas.
Las leyendas, narrativas y creencias de las comunidades usuarias de agua ofrecen un suelo fértil para principios, valores y reglas comunes.
Proveen de los antecedentes ideológicos para su «derecho de ser diferente» y para la identificación con sus territorios, fuentes de agua y compañeros usuarios de agua.
Como tales, sostienen la acción colectiva para defender o reconquistar estas fuentes, para resistir las intrusiones y reforzar la autonomía de creación de reglas.
Las comunidades y pueblos que pierden estos mitos pierden su corazón, particularmente si son mitos de origen, constitución y evolución futura.
En muchos de tales casos, las comunidades andinas producen una enorme variedad de estrategias de localización para que retorne el control metafísico.
No es solamente que casi todas las comunidades tienen su propio repertorio religioso, el cual se hibrida con las religiones y cosmovisiones andinas y católicas, entre otras, sino que también reclaman activamente sus fuentes de agua como símbolos de origen y vida.
20 Un ejemplo, entre muchos, es la forma en que el mito uniforme de la Biblia del Gran Diluvio o el Juicio de Agua, ha sido reinterpretado y reapropiado a través de numerosos mitos locales, explicando el origen, la existencia y las relaciones entre los lagos, las vertientes y las comunidades locales.
21 A este respecto, los poderes dominantes, tanto (pos)coloniales como precoloniales, se ven desafiados.
Por ejemplo, los habitantes de la isla Taquile disputan el mito poderoso de los Incas que (para así dominar a las etnias conquistadas) construye metafísicamente el lago Titicaca como el origen del mundo: como Granadino y Jara Jiménez relatan, 22 estos habitantes reclaman que la Mama Pukyu (Pozo Madre), que pertenece a la Pachamama (Madre Tierra), generó la inundación del planeta y que así surgió el lago Titicaca.
20 Los derechos de propiedad de agua y la identidad constituyen una conexión poderosa desde tiempos históricos.
Perreault correctamente analiza que, en la actualidad, la tensión inherente al concepto de 'usos y costumbres' en relación tanto con el enraizamiento histórico-tradicional, como con su naturaleza dinámica contemporánea, hace que el concepto sea a la vez muy complejo, a menudo problemático, e inmensamente poderoso (Perreault, 2008).
También Oré elabora la importancia de este nexo de la identidad con el desarrollo del riego (Oré, 2005).
Un argumento similar es presentado por Gelles: «El riego estructura los calendarios privados y colectivos de los cabaneños durante una buena parte del año.
Da vida a sus campos terraceados y a muchas de sus conversaciones,... el agua es básica para sus identidades étnicas y comunales» (Gelles, 2000).
ISSN: 0210-5810 La reapropiación y el uso estratégico de normas contestatarias derivadas del control metafísico de agua muestran ser una estrategia poderosa precisamente para los grupos que carecen de poder económico.
Por esta misma razón, discrepo con la posición Marxista cuando, en el materialismo histórico, se sostiene que lo metafísico, la religión y la ritualidad, en términos generales, son el «opio del pueblo».
Desde luego, como he argumentado, la religión y los poderes adscritos a lo sobrenatural son manipulados, para dominar a las comunidades andinas y los usuarios del agua, tranquilizarlos y evitar su resistencia.
Sin embargo, tal posición desconoce la importancia y el poder que pueden representar los mitos, ritos y narrativas locales también para resistir la normalización y la dominación de los grupos e ideologías al mando.
Por esta razón, José María Arguedas observaba que, para comprender las luchas por la tierra y el agua en las comunidades andinas, y en especial la intensidad de la defensa de éstas, es necesario penetrar más profundamente en este fundamento cultural, ya que «cuando luchan...la lucha no es sólo impulsada por el interés económico; otras fuerzas espirituales profundas y violentas enardecen a los bandos...».23
«Mimetismo» y espacios normativos propios
Las expresiones de resistencia, sin embargo, no se dan comúnmente a través de confrontaciones violentas ni movilizaciones a gran escala.
Como he discutido, las estrategias ocultas, las acciones encubiertas y las prácticas y espacios políticos codificados son fundamentales como elementos y complementos de las protestas públicas o de las contestaciones masivas.
24 Aplican «estrategias de visibilidad» alternantes, intermitentes en la esfera pública y en el ámbito comunitario o disfrazado.
E incluso cuando se opera en la esfera pública, se hace a menudo con maneras políticas disfrazadas, como la práctica de lo que he llamado mimetismo: el camuflaje detrás de normas y procedimientos formales y de apariencias formalistas; imitando a quienes están en el poder y ratificando en apariencia las reglas dominantes pero como una estrategia de resistencia consciente.
25 Aquí, la apariencia de los formalismos legales que aplicarían las comunidades es muchas veces una ilusión óptica.
Así, hay muchas normas y formas de gestión del agua que, a primera vista, parecen estar determinadas por el sistema netamente mercantil o legal oficial pero que, después de un análisis más profundo, demuestran ser lo contrario, y forman parte de la gran fuerza subterránea que enfrenta a los mecanismos de dominación sutiles y disciplinarios.
Un ejemplo es la estructura organizativa que adoptan muchos de los sistemas de uso del agua en la sierra andina, que frecuentemente tiene la estructura formal de los Directorios de Riego, Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes, Comités de Agua Potable u otras estructuras prescritas por las leyes nacionales o por los proyectos de desarrollo.
Hasta las formas de representación y los protocolos y procedimientos jerárquicos muchas veces son idénticos a las normas externamente estipuladas, con estatutos legales, documentos legalizados por notarios, etc.26 Pero, a pesar de la supuesta homoge neidad y formalidad para fines de la representación externa y la protección formal, bajo esta superficie existe una enorme diversi dad organizativa y norma tiva.
Bajo una clara estrategia simuladora yacen, de una manera muy viva y activa, normas y derechos al margen y hasta en contra de la legislación oficial.
Así, aún cuando las estructuras y derechos oficiales parecen haber tenido una influencia normalizadora decisiva, en la práctica las formas organizativas y las normas de gestión y regulación de los recursos hídricos responden a los procesos político-históricos y a los requerimientos sociales y agrofísicos particulares de cada localidad.
Y dentro de sus territorios, las comunidades usuarias de agua usan, extienden o pretenden crear activamente estos espacios relativamente autónomos, no patrullados por los poderes dominantes formales, donde materialmente practican sus propios derechos de agua y discursivamente construyen sus contranarrativas.
En estos espacios sociales encubiertos y estos «territorios de derechos de agua» ocultos, más allá de solamente estrategias simbólicas hay una confluencia de todos los ámbitos del control del agua (materiales e inmateriales) para defender sus derechos y rechazar la usurpación, la vigilancia y la represión tras bastidores.
Paul Gelles, por ejemplo, describe el caso de Cabanaconde, Perú, donde durante la mayor parte del ciclo anual de distribución (es decir, la crucial época seca), la gestión de agua se practica en un escenario social autocontrolado, estando en manos de los alcaldes de Agua (Yaku alcaldes) y de una toma de decisiones colectiva.
La Alcaldía de Agua es un cargo político rotativo visto como un tipo de servicio a la comunidad.
En Cabanaconde, el alcalde de Agua supervisa los canales, se asegura de que el agua siga un orden establecido y que las tomas sean abiertas y cerradas de manera correcta, y media en los conflictos que puedan aparecer.
27 Los usuarios y usuarias de agua le confieren prestigio, autoridad y especies (coca, alcohol y a veces alimento y pequeñas cantidades de dinero).
Ya que el agua de la montaña local es sagrada (no sólo cuida los campos y a los comuneros y comuneras, sino que también puede embrujar, enfermar y cobrarse vidas), el Yaku alcalde debe completar los ritos apropiados para asegurar y mejorar la abundancia de agua, su productividad y el bienestar personal de la gente.
Con ese fin emplea técnicas físicas y metafísicas, lo cual también fomenta el avance del agua por los canales de manera oportuna y apropiada.
Para que el agua avance rápida y adecuadamente, la comunidad entera observa y participa en estos acontecimientos rituales.
Pero, de acuerdo con Gelles, durante cierto periodo del ciclo de riego (en la época lluviosa), también hay controladores puestos por el Estado que implementan el modelo estatal de «distribución moderna y racional» prescrito por la ley, regando los campos adyacentes de manera secuencial (llamado el sistema «de canto»).
Así, rechazan la clasificación dual local de los lotes, que es el patrón que los Yaku alcaldes siguen (el patrón arriba/abajo, o anansaya/urinsaya).
No están llevando a cabo ritos elaborados ni patrocinando eventos sociales como los alcaldes de Agua, sino que más bien cumplen una tarea cívica, siendo pagados con dinero y no en especies.
Y a pesar de que la gente local está muy consciente de las pérdidas generadas por su propia división de los campos anan/urin, argumenta que el modelo estatal es todavía más ineficiente: «el pago de sueldos por hora no produce ningún incentivo para apurar el agua, y los controladores demoran la entrega para recolectar más dinero en cada lote».
28 Lo más importante es que, bajo el modelo estatal, las elites locales tienen permiso de usar el sistema para regar los campos adyacentes en orden secuencial (de canto) para regar lotes no autorizados, y las decisiones de riego están sujetas a manipulación por parte de individuos poderosos.
«Hoy, como desde hace 50 años, ha habido intentos para suplantar completamente el Modelo Local de distribución por el Modelo Estatal.
A pesar de que el Modelo Estatal... ha ganado terreno en los últimos años, el Modelo Local permanece firmemente atrincherado...
Esta adherencia al Modelo Local debe considerarse también como una forma de resistencia a la ideología hegemónica implícita en el propio Modelo Estatal».
29 La ley del Perú dicta las maneras en que los usuarios de agua establecidos deben organizarse y pedir las concesiones de derechos de agua.
Pero las comunidades andinas desafían activamente el control estatal sobre estas fuentes de agua y, al menos en sus propios espacios y lugares territoriales ocultos, comúnmente se rehúsan a permitir que el Estado determine las prácticas de riego locales.
30 En estos espacios sociales, los modos locales de organizar cultural y materialmente los derechos y las autoridades del agua encarnan una racionalidad radicalmente diferente a la que se prescribe oficialmente.
Y en las comunidades de Cabanaconde, a pesar de que históricamente muchos elementos de la organización dual andina han sido apropiados por los regímenes inca, colonial y hacendario con el objeto de extraer la mano de obra y los recursos de la gente, «los Yaku Alcaldes, un legado de la hegemonía inca y española, hoy día encarnan y ponen en práctica la forma «indígena» de manejo del riego, usada, entre otras cosas, para ritualmente obtener agua, fertilidad y seguridad en abundancia, así como para resistir la interferencia estatal en los asuntos locales».
31 Claramente, en el marco de las estrategias de resistencia y de los regímenes de re-representación, los derechos de acceso y control de agua son armas de resistencia e instrumentos de autogobierno y autonomía.
A diferencia de su papel en las políticas oficiales (donde se presentan como recursos sueltos y independientes y hasta mercantilmente «transferibles»), parte de la fuerza del derecho local de agua está en que se entreteje profundamente con la convivencia comunitaria local.
La complejidad del cuadro de los derechos de agua no se restringe sólo a las prácticas de gestión de agua y riego.
La asignación y distribución están muy entreveradas dentro de una multitud de instituciones y redes sociales y políticas, algunas de ellas con 29 Ibidem.
Un ejemplo común es el de la comunidad de Ancoraimes, Bolivia, donde los aportes para ingresar como derechohabiente en el sistema de agua potable no sólo consisten en contribuciones en mano de obra, cuotas y cuestiones administrativas para el sistema hídrico, sino que se refieren al cumplimiento de todos los deberes, es decir, a participar en cargos comunitarios y fiestas culturales y en la organización de actividades cívico-sociales, así como en la participación en las movilizaciones sociales y políticas en defensa del derecho colectivo: las huelgas, los bloqueos y los paros.
La no participación en tales actividades de defensa del bien colectivo tiene consecuencias directas en términos de sanciones dentro de la gestión diaria del agua.
32 Así, los derechos de agua están embebidos en las relaciones históricas, políticas, económicas y culturales que determinan la naturaleza, el valor y la función del agua.
Se relacionan estrechamente con la identidad hidráulica de las comunidades usuarias: El embebimiento de los derechos de agua en la comunidad, la dependencia mutua y las obligaciones intrínsecas para una cooperación intensiva entre los usuarios, en contextos adversos de poder y condiciones agrofísicas, refuerzan los nexos de agua culturales y socioterritoriales.
La lógica de defensa y reproducción de la «comunidad del agua» en el duro contexto andino, lejos de ser sólo una construcción ideológica, se relaciona con la creación material de una propiedad hidráulica que vincula la acción individual y los derechos de propiedad colectiva.
En este sistema sociotécnico y espacio político-cultural, no sólo el agua, sino también las palabras y las ontologías, reciben una significación distinta de lo universal.
Por ejemplo, como acertadamente muestran, 33 la compra-venta del agua en comunidades bolivianas como las de Luxru Q'achi (Ancoraimes) no se refiere a un concepto netamente mercantil ni a una transacción meramente comercial.
Reificado por los abogados del neoliberalismo y su utopismo del mercado libre de agua, y demonizado por las corrientes anticapitalistas que erróneamente sostienen que va en contra de la vida y las costumbres andinas («¡el agua es vida y no se vende!»), este acto de compra de agua recibe connotaciones muy particulares y contextualizadas al estar profundamente entretejido con las relaciones locales culturales y sociopolíticas.
De ninguna manera recibe el significado de la valo- 32 Laruta, Bustamante et al., 2007.
ISSN: 0210-5810 rización homogeneizante que los políticos neoliberales quisieran darle, ni la fuerza peligrosa, globalizante y universalista contra la cual advierte la escuela de las políticas macro y radicalistas.
En casos como Luxru Q'achi, la comunidad controla las condiciones del proceso de la valorización y de las transacciones, y se asegura de que tengan lugar dentro de los ámbitos económicos, rituales y políticos establecidos por el colectivo, no por el individuo.
34 Aquellas comunidades que buscan fortalecer su autogestión hídrica no lo hacen para dominar al individuo, sino para asegurar que los anhelos de las familias individuales no impidan el futuro sostenible de la comunidad, una compatibilización mutua que, sin embargo, no se presta a ninguna romantización.
Para reafirmar y ampliar sus derechos de agua y prácticas de sustento internamente y hacia fuera, los colectivos de uso hídrico en los Andes, de manera simbólica y física, sellan campos específicos de relaciones sociales de modo que determinados arreglos son reforzados o ciertos derechos y recursos consolidados.
35 Por ejemplo, en la mayoría de las comunidades no está permitido vender agua al asignarla fuera del territorio comunitario (lo que infringiría el sistema técnico y normativo), o vender el agua (o tierra regada) a afuereños no miembros de la comunidad.
En las comunidades que dependen del riego, más que cualquier otro recurso, el agua es comúnmente vista como el último bastión en la defensa de las relaciones no mercantilizadas.
Al formar el núcleo de la continuidad grupal y de las interacciones de casi todas las familias, involucra fuertes normas comunitarias culturales diferentes de muchos otros productos y recursos (por ejemplo, el ganado y la mayoría de cultivos, excepto los alimentos básicos, son vendidos a comerciantes externos).
36 Por supuesto que estas normas no sólo se refieren a la transferencia del recurso en sí mismo sino al proceso completo de toma de decisiones acerca del recurso colectivo y la reproducción del propio sistema de recursos.
Como Long observara correctamente: «se puede argumentar que las instituciones no capitalistas actúan para reestructurar los elementos monetarios introducidos en el sistema, y que con tal de que los campesinos retengan una base relativamente independiente para la operación de sus asuntos económicos, sus relaciones y principios capitalistas no (necesariamente) prevalecerán».
ISSN: 0210-5810 Defensa multiescalar de los derechos de agua Hoy día, con la globalización de las relaciones económicas y políticas, es común observar que la gestión del agua, enraizada en la base histórica, política y territorial de la comunidad, cada vez más se ve confrontada con poderosas fuerzas externas e intrusas.
También, los adversarios de los colectivos de usuarios locales, como las grandes empresas agro-comerciales, forestales, hidroeléctricas y mineras, así como los políticos y las políticas neoliberales, hacen un uso creciente de nuevos discursos y técnicas globales.
Por ello, este proceso va más allá de sólo la expropiación económico-material y se extiende a los campos de los tratados de comercio internacional, los convenios y la legislación internacionales y la comunicación por medios masivos.
Por ejemplo, en el Perú, las acusaciones desde el Estado de ser «terroristas ecológicos» contra aquellos hombres y mujeres que defienden los derechos ambientales y de supervivencia de su comunidad y su hogar, es una nueva táctica de los poderes dominantes.
38 En décadas pasadas, estas acusaciones se hicieron en términos del vocabulario oficial nacional, pero ahora se deriva -tanto en terminología como en cuanto a respuestas y facultades de represión-de la Guerra Internacional contra el Terrorismo (War on Terror).
También las prácticas de la inteligencia secreta, las amenazas y los abusos físicos se han intensificado contra quienes reclaman agua, tierra y aire sanos y suficientes en las comunidades peruanas.
Al mismo tiempo, de manera intermitente, los entes oficiales y las empresas mineras y forestales que quieren absorber las aguas rurales aplican estrategias de poder «inclusivo y participativo», forzando a que las comunidades y familias individuales se dejan cooptar y se adhieren a los intereses externos: de manera estratégica-política usan el discurso de la necesidad de que las comunidades campesinas e indígenas se incluyan armónicamente en el supuesto «bienestar nacional».
Por estos procesos e impactos de la «glocalización» también las comunidades locales necesitan extender su espacio de maniobrabilidad política y geográfica.
39 Esto no significa que la estrategia de búsqueda de espacios ocultos y relativamente autónomos analizada antes se abandone.
Por el contrario, se considera un fundamento (en muchos aspectos encu-bierto) que crea las condiciones y la oportunidad para maniobrar hacia campos de batalla externos.
Maniobra (que viene del latín manu operare u «operar con las manos»), en sus orígenes significa en concreto «creación manual' y simultáneamente muestra tanto el enraizamiento y el embebimiento en la comunidad (cultivar), como el aspecto de creatividad (manure: en inglés, «fertilizar, abonar la tierra»).
40 En la lucha por la defensa de los derechos la palabra maniobra también posee un significado muy estratégico y práctico: «una acción o movida astuta, frecuentemente evasiva; un cambio de posición para lograr un fin táctico».
Y aunque la resistencia no puede ser construida de manera nítida, las maniobras son una acción consciente y cuidadosamente desarrollada: «guiar con destreza y diseño».
41 Para las comunidades de agua, el espacio para maniobrar se relaciona tanto con la ampliación de la escala geopolítica de ese espacio (el campo de batalla político-legal), como con la defensa y desarrollo de su lugar socio-territorial (comunidad de agua e identidad hidráulica).
De esta manera han buscado y tejido nuevas escalas de acción, cada vez más amplias, para fortalecer y consolidar su red de defensa.
Los fundamentos multicapa de la comunidad de agua y la interacción político-legal
Para comprender el pluralismo legal en la gestión hídrica y la naturaleza diversa, dinámica y contradictoria de los sistemas de propiedad común en los Andes, es necesario ir más allá de la dicotomía entre ley oficial y ley consuetudinaria.
La gran importancia de los sistemas normativos en los Andes, en combinación con la subvaloración y la opresión que han sufrido durante siglos por parte de las autoridades oficiales y la ley estatal, han llevado a menudo a que se hagan análisis poco críticos y repletos de dogmatismo sobre los contenidos de la ley indígena y campesina.
Esto sucede tanto en ciertas visiones que perciben la ley consuetudinaria como una naturaleza muerta de costumbres ancestrales, tradiciones fijas y derechos 40 Webster's: Webster's New Encyclopedic Dictionary, Colonia, Konemann, 1994.
ISSN: 0210-5810 históricos absolutos, como en las corrientes que idealizan la armonía de la vida andina y los sistemas comunitarios.
Tales análisis de la ley consuetudinaria omiten sus contradicciones internas o la colocan en un pedestal esencialista.
Sin embargo, una definición local de derechos equitativos no se refiere a un concepto de armonía, o a dogmas campesinos o indígenas, sino a una construcción política dinámica que refleja los objetivos divergentes -económicos, institucionales y culturales-y el poder de los grupos de la sociedad involucrados.
Estos grupos, tanto internos como externos, debaten y negocian las reglas en los encuentros y escenarios cotidianos donde tiene lugar el desarrollo de sus sistemas de riego.
Para los usuarios de agua campesinos e indígenas, estos procesos dinámicos toman la tradición no como un factor determinante sino como una fuente de normas contemporáneas, como insumos para poner carne a los derechos actuales.
Los colectivos de control del agua son instituciones de hombres y mujeres usuarios de agua internamente diferenciadas, entidades multicapa cuyos miembros están diferenciados por los derechos de propiedad, el género, el estatus y, frecuentemente, la etnia.
Al mismo tiempo, están unidas por una dependencia mutua para desarrollar, usar y gestionar sus recursos hídricos, por un sentido de identidad hidráulica colectiva, y están determinados a concretar su interdependencia y materializar sus derechos de agua colectivos e individuales al involucrarse en estrategias de acción colectiva.
Los derechos de agua, son, en efecto, contestados tanto entre esos usuarios, como frente a terceros.
Pero dentro del territorio y los espacios sociales del sistema, en caso de conflictos, hay un gran interés colectivo en su resolución tan bien y tan pronto como sea posible, para restaurar una cooperación efectiva.
El desarrollo de reglas, invariablemente con conflictos, no se contradice con el hecho de que haya intereses fundamentales comunes compartidos por las familias usuarias en los sistemas comunitarios andinos.
Esta reciprocidad contractual colectiva es enteramente diferente a los arreglos contractuales de tipo mercantil y se construye sobre la confianza, la moral comunitaria y la cohesión social a largo plazo.
Con base en una cultura, una historia y unas estrategias de sustento particulares, comúnmente forma la columna vertebral de los sistemas comunitarios andinos y tiene una función clave en la producción y reconfirmación de los derechos y las reglas de agua.
Aquí, los derechos y las obligaciones de cada miembro se derivan de los derechos y deberes colectivos.
Además, los derechos de agua de cada familia dependen no solamente de la ejecución de sus obligaciones en el sistema de uso de agua, sino también en la ejecu-ción de otras tareas colectivas establecidas por la comunidad.
Este hecho enraíza estos derechos, de maneras múltiples y complicadas, en otros componentes del fundamento normativo de las comunidades de agua andinas.
Aunque estén comúnmente ocultas de lo externo por el uso de estrategias miméticas de protección (adoptando apariencias institucionales formales) para resistir la interferencia estatal, estas fundaciones normativas de las comunidades de agua involucran patrones organizativos, reglas de operación y acuerdos claros con respecto a las tareas y los privilegios.
El fundamento de la comunidad de agua entreteje dinámicamente el proceso de acceder y defender la fuente del agua; la definición de derechos, obligaciones y reglas de trabajo; las definiciones, valores, significados y símbolos locales, así como la relación de la comunidad humana con el agua y el ambiente natural (y a menudo el sobrenatural).
Provee de un sentido de pertenencia mutua en el sentido de que los seres humanos colectivamente pertenecen a un sistema o fuente de agua particular, y viceversa.
Este fundamento colectivo es un espacio físico, cultural, sociolegal y político clave para maniobrar no sólo en el mundo del agua local, sino en los campos de batalla más amplios sobre el control del agua.
Se concreta ya sea por medio de alianzas horizontales con otras organizaciones de base o de alianzas verticales con organizaciones regionales o internacionales e instituciones internacionales.
De la mano con el fortalecimiento interno de sus cimientos locales, los grupos usuarios también necesitan lograr nexos a escala mayor para defender sus intereses relacionados con el recurso agua.
A su vez, para la creación y efectividad de tales redes y alianzas estratégicas, dependen de sistemas de control del agua autoconfiados, conscientemente organizados y bien sostenidos, y con cimientos sólidos.
Para esto, a pesar de las disputas y diferencias internas, son esenciales la unidad de cooperación, la coherencia y la autoridad legítima dentro de la organización usuaria del agua.
Luchas por los derechos de agua
Desde las Guerras del Agua abiertas hasta los enfrentamientos locales y encubiertos de las comunidades, casi todas las luchas por ese tema en las alturas andinas expresan que hay más en juego que sólo la distribución del poderoso recurso hídrico en sí mismo.
Manifiestan que, además de la lucha por el material líquido en sí y su infraestructura, en un segundo nivel de RUTGERD BOELENS contestación hay una disputa sobre las definiciones y los contenidos de los derechos de agua y las reglas de gestión.
Luego, en un tercer nivel, tiene lugar la lucha sobre las facultades de toma de decisiones y la legitimidad de los sistemas normativos y sus autoridades; y, todavía en un cuarto nivel, se encuentran los discursos que defienden políticas, las construcciones normativas y las jerarquías hidráulicas.
Los conflictos dejan en claro que los derechos de agua actuales no sólo dan acceso al líquido y a la infraestructura hidráulica, sino que también son relaciones de poder que definen el control sobre la toma de decisiones en la gestión del agua.
No debe sorprender, por lo tanto, que las políticas nacionales dominantes y el discurso político internacional que prevalecen en la era neoliberal estén buscando desarticular los derechos locales de agua y socavar los cimientos de las comunidades de agua y las identidades hidráulicas locales: un proceso de des-identificación con lo local, y de alineamiento con los intereses nacionales y externos.
Pero las comunidades locales responden ante estos procesos de dominación política y homogeneización cultural.
Luchan para rearticular activamente sus derechos de agua, y para defender y reconstruir su identidad hidráulica.
Los derechos y las luchas por ellos y por la autoridad en los Andes no sólo ejemplifican la naturaleza inherentemente política del agua, sino que también están asociados de cerca con significados e identidades culturales.
Así, sus luchas no deben ser estrechamente vistas como protestas contra los efectos de nuevas políticas hídricas, sino que requieren de una contextualización más amplia en términos históricos y sociales.
Las luchas por el agua en los Andes también son luchas por la especificidad y la autonomía locales, por el derecho de autodefinición de la naturaleza de los problemas de agua, así como por la capacidad de decidir sobre la dirección de las soluciones.
Por eso, las luchas son además una crítica de la propia racionalidad de las reformas, y activamente cuestionan sus pretensiones de neutralidad y objetividad.
Desean mostrar que las leyes y decisiones políticas que se justifican sobre la base de la neutralidad y la eficiencia en la práctica real trabajan promoviendo una agenda política muy clara, y protestan contra la pretensión de que los modelos neoliberales estén fundamentados en algún tipo de ley natural.
En consecuencia, las luchas no sólo demandan maneras alternativas para distribuir el agua, sino también nuevas maneras de pensar y hablar sobre el agua.
ISSN: 0210-5810 Para contestar no sólo las injusticias de agua y las regulaciones expuestas por los poderes políticos coercitivos y visibles, sino también para desafiar los mecanismos invisibles del poder moderno disciplinante y normalizador, las comunidades tienen contraestrategias que, de forma igualmente intermitente, usan tácticas tanto visibles como invisibles.
De manera alternada se vuelven hacia la resistencia abierta o el mimetismo, el disfraz, el anonimato y la identidad protegida; hacia las demandas legalmente expresadas y los arreglos localmente codificados; hacia la movilización de alto perfil y la creación de derechos y la defensa de la base de bajo perfil.
Las luchas por la defensa de los derechos de agua se desarrollan y tienen lugar en el ámbito oculto del fundamento de la comunidad de agua y, en otros momentos estratégicos, emergen como manifestaciones públicas a escala nacional y hasta internacional.
Resaca, resistencia y creatividad
A pesar del predominio de la legislación de agua positivista, las políticas de agua universalistas y las estrategias de poder para disciplinar los repertorios locales de derechos de agua y las organizaciones usuarias, la existencia continuada de un pluralismo legal es en sí mismo un claro signo de que el proyecto normalizador no se ha completado ni se completará jamás.
La diversidad de derechos de agua es una expresión de resistencia.
El «espesor» de los arreglos normativos locales y su entretejido con todas las otras esferas del control del agua, físicas y metafísicas, organizativas y políticas, junto con una relativa autonomía, una informalidad y una inserción en las redes de comunidad y parentesco, hacen que los fundamentos de la comunidad no sólo protejan y sostengan una continuidad y una acción colectiva semiautónomas y permitan una resistencia reactiva y una protesta, sino que también constituyen formas de resistencia activa a las políticas y las prácticas de la normalización.
Los fundamentos de los derechos de una comunidad de agua son una resaca (en inglés: undertow: «una corriente bajo la superficie del agua que se mueve alejándose o a lo largo de la playa, mientras el agua de la superficie se mueve hacia la playa»).
44 La base oculta o mimetizada de la no conformidad, las «resacas de los derechos de agua», por sí mismos (y aparte de las protestas comunitarias abiertas y públicas), son entidades poderosas y actos de resistencia.
Además, no sólo la existencia de una variedad de arreglos de derechos consuetudinarios forma una base importante de resistencia contra la usurpación, la dominación y las políticas disciplinarias.
Es particularmente la creación constante, dinámica y subterránea de los derechos de agua consuetudinarios lo que opera como fuente básica de la defensa de los derechos de agua y como herramienta de resistencia.
Es una estrategia consciente e inconsciente para mantener firmemente en las propias manos de la comunidad la generación de reglas y su puesta en vigor.
Esa creación de reglas y derechos de agua refleja un proceso dialéctico, a través del cual la gente lucha y, al hacerlo, erige el mundo en el que vive.
Los resultados, la forma y los contenidos de los sistemas de derechos de agua locales son un reflejo de esta lucha doméstica y hacia afuera.
Por último, como he argumentado, los derechos de agua son una relación social entre actores sociales; emergen de las estructuras de poder prevalecientes y también constituyen una relación de poder en sí mismos.
Pero la lucha por los derechos de agua por parte de las comunidades locales es mucho más que sólo un intento de lograr poder-sobre, de incrementar el control sobre los recursos hídricos y sobre el comportamiento y acciones de los diferentes actores involucrados en la gestión del riego.
También tiene que ver con el poder-para, poder-con y el poder-dentro:
El proceso de generar derechos de agua dentro de los sistemas y comunidades de uso de agua se refiere a la capacidad creativa (poder-para), y combina tres elementos básicos: la creación y recreación por los usuarios de esos derechos y sus contenidos específicos; la particular creación y adaptación de la infraestructura capaz de materializar los derechos de cada familia, y la creación y recreación de una adecuada organización para manejar el sistema y la fuente de agua.
Luego, el poder-con se muestra claramente a través de la lucha por mantener una organización sostenida, un cuerpo de derechos y obligaciones consensuados que vinculan a todas las familias de regantes, y de la acción colectiva, fundada no en una «solidaridad filantrópica» o en una «armonía andina», sino en la reciprocidad contractual y en la propiedad hidráulica colectiva, que vinculan los derechos de cada familia al derecho colectivo de la comunidad de agua.
Al mismo tiempo, la unidad, la autonomía y los derechos colectivos, tomados en conjunto, pavimentan la vía para la batalla de legitimación de su sistema normativo, tanto en lo doméstico como hacia afuera.
Así, el poder-con también se manifiesta en la movilización de redes multiescalares para defender o adquirir los derechos de agua en cantidad y calidad suficiente.
Resistir para poder crear, y crear para poder resistir: la historia pasada y presente de sus disputas por el acceso al agua, de su construcción y defensa de los sistemas normativos propios, y de su creación de sistemas de uso de agua entretejidos con las condiciones locales socioculturales, políticas y físicas, no ha resultado solamente en sistemas tecnológicos que, a través de organizaciones funcionales, llevan el agua a sus campos y hogares.
Más que nada, estos procesos han conllevado una construcción social de complejos sistemas sociotécnicos que interactúan con contextos particulares fundamentados en las normas y capacidades específicas de sus creadores y defensores, con base en el poder colectivo y enraizados en las resacas, según el significado aquí de esta palabra ya comentado.
Tales procesos de empoderamiento local de creación, adaptación, regeneración y diversificación de los derechos de agua fusionan la resistencia local con el cabildeo creativo y proveen de forma y sustancia a las identidades hidráulicas: su poder-dentro. |
Son muchas las oportunidades que los historiadores americanistas tienen de reunirse para proponer, discutir y analizar sobre el pasado que unió y separó las experiencias atlánticas a partir de 1810 y que nos lleva hasta 2010 en la conmemoración de los bicentenarios de esas historias bifurcadas desde los procesos de Independencia.
Para pensar una cultura común, diferente y diversa, Iberoamérica, se celebró el XIV Congreso Internacional de Latinoamericanistas en Santiago de Compostela del 15 al 18 de septiembre de 2010.
Un Congreso de tan amplia magnitud, con un total de veinte mesas, del que es imposible abarcar en esta reseña todas las ponencias presentadas.
Por lo tanto, para facilitar la tarea del interesado en sus más de tres mil páginas, se impone estructurar y describir las temáticas tratadas que componen los doscientos años de historia que en este evento científico se tratan, las cuales hemos dividido en los siguientes apartados: Pensamiento político, Independencias, Culturas Atlánticas, Política Actual e Indigenismo.
En el área de Pensamiento Político: «El pensamiento liberal atlántico en perspectiva comparada (1787-1898)», y en segundo lugar, «La vida compartida: sociabilidades masónicas, paramasónicas, patrióticas, artísticas, cívicas e intelectuales».
De estos dos apartados es importante destacar
ratura de los viajeros y sus visiones sobre esta ideología en México, acotándolo a la frontera sonorense.
A partir de la figura de Robert W. H. Hardy, un inglés que pensaba que México, al adoptar el sistema federal copiando al de Estados Unidos de América, el primero no podría funcionar por ser una sociedad con demasiado arraigo corporativo y de privilegios, así como que la igualdad de los indígenas solamente estaba en el papel.
Son puntos de vista muy parecidos a los de uno de los más famosos detractores del funcionamiento de la democracia en México en el siglo XIX, Alexis de Tocqueville.
También la aportación de Rafael Herrera Guillén (Universidad de Murcia), sobre El «iberocentrismo» liberal español ante las independencias latinoamericanas.
Aquí encontramos el complemento a la anterior comunicación, ya que el autor indica que la desestructuración social de América fue siempre una realidad.
Un proceso acumulativo, donde ese iberocentrismo desembocará en la guerra de independencia, pero que también se convirtió en un obstáculo a que los principios liberales pudieran funcionar en Latinoamérica.
Política Actual: esta área, que se centra en la historia reciente del siglo XX, es la más extensa del Congreso, con las siguientes divisiones temáticas: «Movilización socio-política, violencia y revolución en América Latina»; «Justicia transicional y memorias.
El pasado en el presente, debates y luchas por las historias recientes»; «Nuevos y viejos actores: partidos políticos y sistemas de partidos en América Latina»; «Instituciones y rendición de cuentas en América Latina»; «El derecho internacional público y las Relaciones Internacionales en Iberoamérica»; «Derechos humanos, multiculturalismo, etnicidad y género en América Latina»; «Interpretación del enfoque de género en políticas, planes y proyectos para el desarrollo.
Desafíos y propuestas para una adecuada implementación»; «Los retos económicos de América Latina».
Posiblemente el peso de ese pasado desestructurado al que anteriormente hacíamos referencia y la necesidad de encontrar respuestas desde y hacia el presente, para un futuro mejor, teniendo como base la democracia, hace que nos detengamos en la importancia de la «memoria» de la que se encarga María Palmira Vélez Jiménez (Universidad de Zaragoza) en su comunicación «Memoria y testimonio en la historia reciente de Latinoamérica y España», en la que los vencidos por las luchas de poder político del siglo XX, los testimonios de las dictaduras, tanto en Latinoamérica como España, necesitan de la memoria histórica en el largo plazo, como un objeto científico, pero situados en el corto tiempo de la centuria pasada y nuestro presente de los tes-timonios.
Estos últimos son construcciones, reflexivas de una experiencia propia, vivida y particular, que tienen, en la medida en que se repiten en lo sustancial, una asumida verdad jurídica, de reparación.
Precisamente el carácter reivindicativo de la memoria histórica reciente es una de las grandes aportaciones de este Congreso, junto con el análisis de los procesos revolucionarios, las dictaduras, las actuaciones de los partidos de izquierdas y derechas latinoamericanas, etc. Donde los que siempre han sufrido más al amparo, o más bien, desamparo de las ideologías, son los ciudadanos.
También son evidentes la búsqueda de la justicia y reparación en la siguiente área temática sobre el Indigenismo: «Los pueblos indígenas de América Latina a 200 años de la Independencia: un análisis de sus logros en materia de la participación política, los derechos humanos y el desarrollo».
En este sentido destaca la contribución de Antonio Alejo Jaime (Universidad de Santiago de Compostela), «Organizaciones indígenas y globalización en América Latina».
El caso de la organización de naciones y pueblos indígenas en la Argentina, nos muestra lo vivos que están los pueblos indígenas en sus demandas que, como bien apunta el autor, tradicionalmente no se piensa, no se ven los argentinos como un país con presencia indígena.
Todo lo contrario, lo que demuestra su nivel de asociacionismo (ONPIA) y sus luchas por la autodeterminación, territorio, el respeto a su cosmovisión, etc. Cuestión que también sucede en los indígenas del Perú, como muestra Amelia Alva Arévalo (Universidad de Salamanca), en «El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en el Perú», donde un conflicto en la Amazonía peruana en 2009, sobre todo de carácter socio-ambiental, puso de manifiesto la necesidad de que los pueblos indígenas puedan ser escuchados en el nivel nacional a través del derecho a consulta que ratifica el convenio 169 de la OIT.
Por lo tanto, de los dos casos mencionados podemos obtener una rica información ratificándonos que las poblaciones indígenas deben ser consideradas sujetos activos que luchan por su espacio en un mundo globalizado que empieza a trascender a los estados nacionales.
Seguidamente tendríamos las dos últimas áreas que son menos extensas, pero con temas muy diversos entre los que se incluyen, por ejemplo, el papel de la mujer en las independencias, que vienen a completar los doscientos años de historia de estos días en Santiago de Compostela.
Independencias: «Salud y enfermedad en la Independencia de América»; «Viviendo las guerras de Independencia: mujeres entre realidad, HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
ISSN: 0210-5810 discurso y ficción» y «La celebración del primer Centenario de las Independencias: Historia, Mito y Retórica de una efemérides».
Culturas Atlánticas: «Vida cotidiana en los núcleos urbanos latinoamericanos: su evolución social, política y económica.
Siglos XV-XX»; «Dos orillas, Dos mundos y una Cultura»; «De las independencias a los centenarios.
Presencia inmigrante en las repúblicas americanas»; «Las migraciones y su adaptación a las sociedades pasadas y presentes: asimilación, asociacionismo, transnacionalismo y retorno»; «Problemas de desarrollo estratégico en Iberoamérica: recursos naturales, sociedad urbana y desarrollo cultural entre 1810-2010».
Como anteriormente hemos desarrollado a lo largo de esta reseña, la contribución que nos parece más relevante es el área que hemos titulado de política actual.
Puesto que ahora que estamos inmersos en las celebraciones de bicentenarios de independencias, la mayoría de las veces es necesario tener un buen conocimiento de nuestro presente para poder entender mejor nuestro pasado, para saber dónde queremos dirigirnos.-MAGDA -LENA DÍAZ HERNÁNDEZ, Universidad de Sevilla.
Alonso Álvarez, Luis: El costo del imperio asiático: La formación colonial de las islas Filipinas bajo dominio español, 1565-1800, México, Universidade da Coruña/Instituto Mora, 2009, 372 pp., gráficas y cuadros estadísticos.
La obra de Alonso Álvarez supone una valiosa recopilación de algunos de sus principales trabajos, hasta ahora dispersos en varias publicaciones, acerca de la historia de la Hacienda filipina.
Formado en la Universidad de Barcelona, el autor acredita una dilatada carrera investigadora en asuntos relacionados con la historia económica colonial y, en este sentido, su trayectoria se inserta coherentemente y enriquece la labor emprendida por otros historiadores de la escuela catalana que, como Josep Fontana o Josep M. Delgado Ribas, entre otros, vienen realizando toda una revisión historiográfica de la historia económica indiana.
En esta línea, el libro que aquí presentamos supone una valiosa síntesis de algunos aspectos centrales de la historia económico-fiscal de las islas Filipinas desde la conquista hasta la emancipación de la Nueva España.
El libro no pretende ser una mera recapitulación de publicaciones anterior-RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
ISSN: 0210-5810 mente dispersas y lo cierto es que, aunque en ocasiones es inevitable la repetición argumental y de datos en determinados capítulos en origen concebidos como publicaciones independientes, se logra una exposición coherente y de conjunto sobre distintas cuestiones a través de una eficaz distribución expositiva en grandes apartados temáticos.
Así, los dos primeros ensayos se articulan bajo el epígrafe de «El proyecto asiático de Legazpi-Urdaneta».
En sendos trabajos se profundiza en la situación económico-fiscal presente en el primer periodo de la presencia hispana, esto es desde 1565 a 1593, año en que se establece el monopolio del comercio del Galeón.
Antes de ello, dicha presencia venía siendo discutida desde el momento en que se había mostrado la inviabilidad de convertir a las islas tanto en núcleo para un futuro imperio español de las especias como en base para una posible conquista de China.
A la altura de 1588, según Alonso, ambas empresas estaban descartadas y, tras distintas polémicas, se acordó el mantenimiento de la colonia como baluarte defensivo oriental de los virreinatos americanos.
En la nueva estrategia imperial, Filipinas serviría para obligar a holandeses e ingleses a invertir mayores fuerzas en la defensa de los territorios y comercio propios en las Indias Orientales, recursos que retraerían de su ofensiva contra América.
Pero para alcanzar este objetivo también eran necesarias fuertes inversiones en Filipinas tanto para mantener el poblamiento español como para garantizar su capacidad defensiva.
En este sentido, Alonso Álvarez plantea su teoría de que la Hacienda filipina era autónoma con anterioridad al establecimiento del situado mexicano: puesto en marcha con la conquista, el relativamente moderado tributo indígena (aumentado, en realidad, por la inflación y por la práctica de las bandalas o compras forzadas y los polos o prestación de servicios personales) generó una dinamización de la economía interna (la presión fiscal obligó a los indígenas a aumentar la producción) que permitió cierto comercio de exportación de mercancías filipinas a Nueva España y, a su vez, tanto la viabilidad fiscal como el beneficio privado de los encomenderos.
En este estado de cosas, la rápida reconversión de la economía filipina hacía la intermediación entre China y Nueva España es explicada por un aumento impositivo, de ocho a diez reales, en 1589.
El aumento de la presión fiscal se consideró imprescindible para financiar el incremento de la inversión en defensa, pero para hacerlo menos oneroso al contribuyente indígena se permitió el pago en metálico.
Esta medida tuvo grandes repercusiones, supuso un grave retroceso de la productividad agraria y HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
ISSN: 0210-5810 artesanal (puesto que los indígenas preferían vender su fuerza de trabajo para pagar en metálico, que incrementar la producción para pagar en especie con unos productos tasados muy a la baja).
Así, se llegó a una fuerte inflación ante la escasez de oferta de productos que dio al traste con las bases de la prosperidad encomendera y posibilitó la llegada masiva de mercancías chinas.
El cambio de fundamento económico quedó consolidado en 1593, cuando la Corona otorgó el monopolio del comercio transpacífico a los hispano-filipinos como base de su prosperidad y la continuidad del poblamiento.
Si nos hemos detenido mucho en el primer apartado es porque lo que el autor denomina el complejo tributario indígena (tributo, bandalas y polos) va a ser una parte esencial de la obra, que será abordada recurrentemente desde distintas perspectivas.
Temática, en todo caso, de gran interés no sólo por ser poco estudiada y mal conocida hasta ahora, sino porque sus implicaciones suponen tanto una revisión del papel del situado mexicano como, por ende, una importante contribución a la explicación de la supervivencia de la Hacienda filipina tras la independencia de México, cuestiones ambas que suponen las otras dos grandes aportaciones historiográficas del autor.
Así, en un segundo apartado, «Los orígenes de la Hacienda filipina y la organización del sistema tributario», se analizan la composición y funcionamiento de la Hacienda de las islas desde la llegada de los españoles en 1565 hasta la normalización del situado novohispano en 1604.
Fue la precariedad de abastecimiento de los primeros momentos de la conquista la que impuso la necesidad de una política de fuerte coacción para establecer el tributo en especie.
Desde estos momentos, por tanto, se ponen las bases del complejo tributario indígena, incluyéndose ya la práctica de las bandalas y los polos.
Dicho complejo tributario se constituyó en la base de la primitiva hacienda seguida, de lejos, por otros ingresos como el almojarifazgo sobre el comercio del Galeón.
Pero el complejo tributario indígena sólo pudo ser fundamento de la Hacienda y base de la prosperidad encomendera en tanto en cuanto que aumentó la producción, limitada en época prehispánica al autoabastecimiento de pequeñas comunidades indígenas o barangays.
Precisamente, de los cambios introducidos por la nueva fiscalidad en la sociedad indígena tradicional trata el segundo ensayo de esta parte.
El análisis bascula en la figura del cabeza de barangay, tanto en su papel en la época prehispánica como en su posterior función como agente recaudador e hispanizador en el nuevo contexto marcado por la importación desde América de la política de concentración de población.
El tercer apartado, «Los tópicos sobre la Hacienda filipina», es fundamental como vertebrador de la obra.
Así, una vez realzada la relevancia primitiva del tributo indígena, se analiza, ahora, la importancia real de la ayuda novohispana.
Afirma Alonso que la idea de la insuficiencia fiscal filipina se ha convertido en un axioma historiográfico y que «la revisión del tópico pasa por la reconstrucción de las series anuales de las Cajas de Manila y, sobre todo, por un estudio minucioso de los componentes [datos desagregados] del ingreso y el gasto».
El resultado del análisis, a partir de datos procedentes de las series de Contaduría y Filipinas del Archivo General de Indias, lleva a redimensionar a la baja el peso del situado.
Así, las cantidades consignadas no sólo no fueron regulares a lo largo del tiempo, sino que los datos absolutos (agregados) de las Cajas de México y de Manila no reflejan la verdadera situación fiscal.
Así, por tanto, esta tercera parte del libro da la oportunidad a Alonso de presentar toda una tesis de conjunto sobre la evolución de la Hacienda filipina.
Por un lado, los ingresos del complejo tributario indígena no sólo fueron fundamentales en los primeros años de presencia hispana, sino que continuaron siéndolo, pese a la distribución de encomiendas privadas, durante el siglo XVII.
Por otro lado, el situado fue una ayuda importante, pero de irregular importe y, en general, no fundamental para garantizar la supervivencia fiscal filipina.
En base a lo anterior es explicable la fácil supervivencia de la hacienda insular tras la independencia mexicana: desde principios del siglo XVIII muchas encomiendas comenzaron a revertir a la corona, a ello se unió la mejora en la recaudación del tributo y la introducción de una política fisiocrática que provocó un auge de la agricultura de plantación exportadora que, a su vez, permitió compensar la desaparición del comercio del galeón, en realidad ya en decadencia.
Asimismo, la introducción del estanco sobre tabaco y alcoholes redondeó la autosuficiencia fiscal.
Este tercer apartado es, como decíamos, el elemento vertebrador de la obra porque, si bien en los capítulos anteriores el autor analiza la situación de autosuficiencia fiscal anterior a la introducción del situado mexicano, los ensayos posteriores suponen esfuerzos monográficos de análisis de los elementos fundamentales de la evolución de la Hacienda con posterioridad a la institucionalización del socorro novohispano.
Así, en una cuarta parte, Algunos tributos significativos, Alonso Álvarez presenta tres ensayos en HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
ISSN: 0210-5810 los que estudia el tributo indígena, los repartimientos o bandalas y, finalmente, el situado mexicano.
Asimismo, también dedica una quinta, y última, parte a las reformas borbónicas a través del estudio de la introducción del comercio libre en el archipiélago.
Todos estos ensayos son de por sí unas utilísimas monografías particulares sobre cada uno de los aspectos tratados; pero son, también, piezas perfectamente integradas en el discurso general del libro.
Una obra que constituye, en definitiva, una nueva herramienta de referencia de alta calidad historiográfica, fruto del trabajo de años y del amplio conocimiento y manejo tanto de bibliografías especializadas como de fuentes impresas y primarias procedentes de instituciones españolas, mexicanas y filipinas.
Así, en su esfuerzo, Alonso Álvarez ha logrado ir más allá de la síntesis para abordar una nueva «interpretación de conjunto de las interacciones entre la Hacienda pública, la economía y las estrategias de la administración española en las islas Filipinas entre los siglos XVI y XVIII».-JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ PALACIOS, Universidad Complutense de Madrid.
Barreto Velázquez, Norberto: La amenaza colonial.
El imperialismo norteamericano y las Filipinas, 1900-1934, Sevilla, CSIC, Colección Universos Americanos, 2010, 355 pp. En la justificación que esta nación hizo de su dominio en las Islas, el autor ha buscado los fundamentos que pudieran permitir comprender una paradoja: las prácticas imperialistas de un país que proclamaba ser abanderado del anticolonialismo.
Aunque asume una postura crítica, analiza la existencia de dos discursos en la sociedad y en el Congreso norteamericano en la época que estudia, una que justificó el imperialismo y el control sobre Filipinas, y otra anticolonialista que demandaba la concesión de la independencia a los filipinos.
No resulta fácil determinar cuál de los dos discursos respondía a razones más patrióticas, porque ambos grupos argumentaban con elementos que consideraban propios de la naturaleza política norteamericana.
De hecho, el deseo de Barreto con este libro es ayudar a entender la complejidad política e ideológica de la sociedad estadounidense y, en consecuencia, también de sus representantes en las instituciones.
En todo caso, lo que parece dominar en uno y otro discursos es el interés de sus autores por los Estados Unidos y no tanto por Filipinas o los filipinos, que -insisto-siempre aparecen como sujeto pasivo de estos dilatados debates.
Las Filipinas fueron adquiridas por Estados Unidos en 1898, como consecuencia de las derivaciones del conflicto generado por la intervención en Cuba.
Según las disposiciones gubernativas norteamericanas, las decisiones administrativas sobre las posesiones insulares que comenzó a tener el país desde 1898 correspondían al Congreso.
Esta es la razón por la cual las fuentes que utiliza el autor para la realización de su trabajo son los fondos de la Biblioteca del Congreso de Washington DC, sobre los que se manifiesta fascinado por su calidad y abundancia.
Sin entrar en precisiones, se trata de una gran cantidad de artículos, ensayos, discursos, conferencias, relatos de viajeros y de misioneros y escritos de funcionarios norteamericanos del gobierno colonial de Filipinas, que conformaron el fondo de conocimientos utilizado por los congresistas en sus debates y por la sociedad norteamericana, en general, para tratar de resolver la ignorancia sobre aquellas islas, de las que no conocían prácticamente nada, pero que formaron parte de los Estados Unidos desde 1898.
Los autores de estos escritos -»creadores de verdades» los denomina Barreto-en ocasiones tenían detrás una razonable experiencia vital y profesional en Filipinas, como podía ser el caso de los funcionarios del gobierno colonial o de algunos académicos, como Dean C. Worcester, pero muchos pasaron por expertos sin razón que fundamentase tal calificación.
En todo caso, unos y otros fueron los autores del conocimiento que los norteamericanos tuvieron de Filipinas en las tres primeras décadas del siglo XX.
En esta atmósfera de necesidad de conocimientos sobre Filipinas se podrían situar también trabajos como el de William L. Schurz, Emma Blair y James Robertson, que profundizaron en la historia de las islas en la época española.
Tal vez sea mejor centrar el ambiente de interés por Filipinas en el profesor Eugene Bolton, director del estudio para el que Schurz tomó documentación en el Archivo General de Indias de Sevilla entre 1912 y 1915 y que en 1939 publicó con el título de The Manila Galleon.
Blair y Robertson publicaron en 1907 una enorme colección de documentos del citado Archivo de Indias sobre la época española en Filipinas, que ha sido -y sigue siendo-la fuente de trabajos de investigación para historiadores norteamericanos y filipinos.
Este tipo de conocimientos académicos que deseaban profundizar en la historia española de las islas quedan diluidos en este trabajo, pero muy razonablemente, porque lo que ocupa sus páginas es sobre todo historia de los Estados Unidos, como más arriba se ha señalado.
La sinceridad del congresista William G Brantley (Georgia) es un buen ejemplo.
En 1900 se dirigió al presidente de la Cámara de Representantes con estas palabras: «En todo lo que hoy he dicho no he discutido de las Filipinas propiamente: mi preocupación no es por ellos, sino por nosotros».
Los seis capítulos del libro organizan su contenido de manera cronológica, atendiendo a la formación del cuerpo de conocimientos sobre Filipinas.
A la primera tanda de aventureros, periodistas, misioneros, funcionarios, etc., que escribieron sus informes a principios de siglo, se añadió más tarde la fuente de información procedente de la labor del Congreso, informes oficiales y contenido de los debates sobre las islas, siempre organizados en torno a los dos discursos enfrentados: uno apologético del control colonial de Filipinas, otro anticolonial que calificaba al primero de imperialista e impropio de la naturaleza política norteamericana.
Los defensores de uno y otro no tuvieron problemas para manipular la historia y presentar los hechos a su conveniencia cuando lo necesitaron.
Los colonialistas se esforzaron por mostrar la adquisición de Filipinas no como una acción de ese objetivo, sino como un «accidente histórico» que obligaba a los Estados Unidos a permanecer en las islas realizando lo que se podía esperar de su condición de país excepcional, civilizador y propagador de formas de gobierno republicano y democrático.
Para ello era necesario preparar a los filipinos mediante la educación y la enseñanza del inglés, porque juzgaban imprescindible conseguir alguna forma de unidad entre los grupos étnicos -para ellos tribus-que habitaban las islas.
Estados Unidos establecería cuándo terminaría esa labor de preparación que, en todo caso, aparecía como muy difícil, porque los regímenes republicanos y democráticos eran propios de la raza anglosajona.
Por otra parte, la necesidad del control sobre Filipinas se justificaba para favorecer la proyección de los Estados Unidos en Asia y la protección de sus intereses comerciales.
Los anticolonialistas defendían el mantenimiento del aislacionismo como fundamento de la política exterior de Estados Unidos y pedían la concesión de la independencia a Filipinas, porque no era propio de una república democrática tener colonias, porque retener Filipinas era un riesgo para los Estados Unidos, que no podrían defender sin grave deterioro una posesión tan alejada, y porque los malayos filipinos no eran asimilables en la sociedad norteamericana, sin perjuicio tanto racial como político para el futuro del país.
Además -aseguraban-, los filipinos habían conseguido un grado de civilización suficiente por la difusión del cristianismo y el mestizaje en las islas como para poder gobernarse a sí mismos.
Problemas derivados de la crisis de 1929, especialmente la presunta amenaza de la competencia de los productos filipinos para los granjeros norteamericanos y la presión de los sindicatos contra la entrada de inmigrantes filipinos, tuvieron la virtud de poner en sintonía estos discursos, al menos en lo que era preciso para que fuera aprobada en el Congreso la concesión de la independencia a Filipinas en 1934.
En los debates de los proyectos Hare-Hawes-Cutting y Tydings-MacDuffie, los argumentos que habían justificado el colonialismo se transformaron lo que fue preciso para justificar la independencia, predominando criterios eminentemente prácticos de orden estratégico.
Tanto por su tema como por sus fuentes, el trabajo de Norberto Barreto participa de una línea historiográfica cuya novedad es destacable.
Centrar el objetivo en la política exterior de Estados Unidos en los primeros casi cuarenta años del siglo XX en Filipinas, si bien de una manera indirecta, añade a los interesados en la historia de las islas apreciaciones singulares y valiosas.
Tal vez, en el trabajo hay una marcada insistencia en los mismos argumentos considerados desde distintas perspectivas, lo cual, a fin de cuentas, es propio del debate político que constituye su fuente primordial de trabajo.-ANTONIO GARCÍA-ABÁSOLO, Universidad de Córdoba.
Bertaccini, Tiziana: El régimen priista frente a las clases medias, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2009, 407 pp.
En el otoño de 2011, coincidiendo con la precampaña de las elecciones generales de 2012, el tema de las clases medias se ha convertido en México en un tema importante de discusión recurrente.
De acuerdo a los sondeos de la intención de voto dados a conocer en el verano de 2011, todo parece indicar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volverá a ocupar la silla presidencial, que el Partido de Acción Nacional (PAN) va a sus votos mermados, con la consiguiente pérdida del control en la Cámara de Diputados, y que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) va a ampliar su influencia política al crecer el número de sus representantes en el Congreso de la Unión.
Los tres partidos están afinando sus estrategias para aumentar el apoyo de los electores y no dejan de analizar el comportamiento de las clases medias por ser un granero importante de votos.
Bastantes analistas interpretan que el aumento de paro, la ampliación de la informalidad y la competencia internacional han supuesto una reducción de la cantidad de trabajadores formales sindicalizados y una disminución notable del número de campesinos, lo cual se ha traducido en un reacomodo de los tradicionales estructuras de control político del voto.
Al haber menos obreros y campesinos, las clases medias se han convertido en el centro de atención de todos los especialistas ocupados de diseñar las estrategias electorales.
El problema es que muchos de estos profesionales no definen con claridad quiénes componen esas clases medias, no analizan cuál ha sido su evolución en los últimos años, ni tienen en cuenta las diferencias regionales.
El libro de Tiziana Bertaccini realiza un estudio minucioso de gran calidad del comportamiento de las clases medias en México entre 1943 y 1964 y de cuáles fueron las estrategias del PRI para asegurar el apoyo electoral en estos colectivos.
La autora analiza la estructura y funcionamiento del citado partido y el rol que desempeñó el sector popular entre 1943 y 1964.
Subraya que la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) no había sido estudiada con la atención que se merecía, habiendo quedado opacada en un segundo plano su acción por la importancia que la historiografía ha concedido a los grupos de interés y a los grupos económicos más poderosos.
Basado en fuentes hemerográficas, orales y de archivo, la autora realiza un estudio pormenorizado de cómo actuó la CNOP y qué consecuencias tuvo en el juego político a mediados del siglo pasado.
Arranca la investigación con la creación de la CNOP en 1943 y la recomposición en 1946 del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en el PRI, momento en el que se establecieron las bases ideológicas y las estrategias de poder; y extiende el análisis durante las presidencias de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán (1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) y Adolfo López Mateos (1958-1964), a fin de comprender cómo fueron modificándose dichos principios teóricos y planes de acción a lo largo del tiempo.
El primer capítulo analiza qué cambios ideológicos introdujo el PRI con respecto al PRM y profundiza en la comprensión de la estructura del partido.
Para ello detalla los cambios que se dieron con respecto al PRM y subraya las sucesivas transformaciones que se fueron dando a fin de combatir la idea extendida en la mayoría de los analistas de que el PRI permaneció inmutable en el tiempo.
El segundo capítulo reconstruye los marcos trazados por los diferentes estatutos en materia de elecciones internas.
De modo ágil revela cómo interactuaron en el partido el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el presidente del PRI y los gobernadores.
También aclara la autora de forma inteligente la actuación de los sectores combatiendo muchos estereotipos manejados hasta el presente, y explica de qué modo se fueron vinculando y adaptando la estructura territorial del PRI y los organismos electorales.
El tercer capítulo analiza las características socioeconómicas de las clases medias urbanas durante la época cardenista, explica el surgimiento de la CNOP (1941CNOP ( -1943) ) y profundiza en el estudio de la comprensión de las relaciones entre el PRI y la CNOP.
De forma particular explica la construcción política que el PRI hizo de la clase media, el papel que la CNOP jugó en este proceso y cómo se fue transformando y adaptando el discurso oficial.
El cuarto capítulo, tras desarrollar la estructura interna del CNOP y cómo fue evolucionando, pone de relieve de forma magistral su actuación dentro del PRI como sector de enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo, poniendo de relieve los entresijos del funcionamiento de los mecanismos electorales internos y de qué forma facilitó el eslabonamiento sucesivo de los diferentes liderazgos.
Finalmente, se acaba examinando la función social de la CNOP, estrechamente vinculada al rol político, esclareciendo en consecuencia el papel que dicha institución desempeñó en la moviliza-ción política y en los mecanismos distributivos y de reciprocidad típicos de una forma casi institucional de clientelismo.
En las conclusiones, Tiziana Bertaccini subraya que el Partido Nacional Revolucionario (PNR, 1929-1938), el PRM (1938-1946) y el PRI tuvieron características distintas tanto en sus estructuras como en sus bases ideológicas; que el PRI demostró una gran capacidad de cambio y adaptación dentro de la ideología revolucionaria; y que la CNOP fue el instrumento que se utilizó para equilibrar el juego político y para controlar las votaciones internas hasta 1964.
El lector puede en consecuencia entender que, una vez que la CNOP dejó de tener el papel protagónico dentro del partido, las carreras dejaron de formarse dentro de esa formación política a través de los diversos cargos de elección popular por lo que los presidentes ya no salieron de las bases y no tenían experiencia interna.
Fue el momento en que llegaron a la presidencia personalidades sin experiencia electoral, cuyos méritos radicaban en sus carreras burocráticas o administrativas (López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo).
La autora explica que fue a partir de entonces cuando los engranajes del PRI dejaron de funcionar con la exactitud que lo habían hecho hasta entonces.
En suma, se trata de un libro bien construido académicamente y que se publica en el momento adecuado.
Una de las enseñanzas de esta importante investigación es que si el candidato del PRI a las elecciones de 2012 es capaz de reconstruir las dinámicas internas del partido, tendrá bastantes posibilidades de ocupar la presidencia.
Queda por comprobar, no obstante, si las clases medias de comienzos del siglo XXI siguen teniendo las características de las de mediados del XX.
Si es así, regresará el PRI y el orden.
Si no es así, regresará el PRI pero sin el orden de antaño, por lo que no tardará en desestabilizarse el edificio tras quebrarse uno de sus pilares más importantes.-PEDRO PÉREZ HERRERO, Universidad de Alcalá.
En los tiempos de cambios y crisis en que vivimos resulta interesante y útil leer este tipo de libros colectivos sobre temas contemporáneos, RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS con diversos enfoques e ideologías, en este caso referidos a Iberoamérica y también a España.
Sus dos directores, Capdevila y Langue, nos presentan una serie de trabajos partiendo de los avatares de los años 1960, en los que los ecos de la Guerra Fría habían mostrado su influencia en los diversos países aquí estudiados.
Ambos destacan en su introducción que la memoria ha cooperado a que se mantengan vivas cuestiones como los desaparecidos, los mineros con problemas y huelgas, los estudiantes masacrados en México o la guerra civil que tantas víctimas indígenas y ladinas causó en Guatemala, sin dejar a un lado a todos los sufrientes por cuestiones económicas, por el desarraigo tan contrario a la identidad, o los personajes importantes asesinados en periodos de gran violencia política.
Ya a finales del siglo XX la situación del análisis de estas cuestiones había evolucionado y se consideraba la historia actual como materia de enseñanza universitaria.
En esa última década hubo en Europa una serie de reuniones académicas que se acercaron a los temas citados con un carácter multidisciplinar y comparativo, situándose entre ellas una jornada de estudios sobre «Conflictos y sensibilidades en la historia del tiempo presente del mundo ibérico», que en Francia también se vincula a enfoques latinoamericanos y que se celebró el 20 de marzo de 2008 en la Universidad francesa de Rennes 2.
El libro que reseñamos es el resultado de esas aportaciones, junto con una más antigua y varias más recientes.
Esta obra está dividida en tres partes.
La primera, titulada «Pasados vivos / Historia en vivo», aporta la tesis de que el pasado todavía continúa, aunque no sea operativo en determinados planteamientos e incluso teniendo en cuenta que, después de bastantes años desde que comenzó la segunda mitad del siglo XX, se volvía al uso de ese pasado con un matiz «modélico», para no repetir errores anteriores, lo cual dio más importancia a los portadores de la memoria, como comentaremos a continuación.
Respecto a los capítulos de esa parte inicial, se encuentran temas tan variados, y a veces poco conocidos, como el de la Operación Peter Pan y la instrumentalización y educación de la infancia cubana en los cuatro primeros años de la revolución (E. Burgos).
Impactante otro de M. Gárate sobre una querella presentada por el politólogo y profesor universitario argentino Felipe Agüero, que en el 2001 acusó a su colega Enrique Meneses de ser uno de sus torturadores en septiembre de 1973, cuando el primero era estudiante en la Católica de Chile, y que incluye el proceso judicial y las biografías de ambos.
La memoria era aquí importante, teniendo su cauce en HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
Sobre Centroamérica aparecen a continuación dos trabajos desde diferentes perspectivas: En el primero, N. Borgeaud-Garciandía sigue la evolución de Nicaragua desde la dictadura somocista a la revolución sandinista, para terminar en el neoliberalismo de los 90, teniendo como eje de información a una obrera textil llamada Marta y a otros varones, Araya y Enrique, que, con sus propias palabras, van informando de cómo han trascurrido sus vidas, mejoradas durante el gobierno del FSLN, para decaer después con las faenas duras y rutinarias de las llamadas maquilas, fábricas de productos básicos vinculadas al capital extranjero.
El segundo capítulo es de M. Casaús Arzú y expone una interpretación histórica clarificadora sobre el genocidio como expresión máxima del racismo de Estado en Guatemala, desarrollado allí a partir de la época colonial española, pasando por el Estado-nación del siglo XIX y la oligarquía militarista del XX y los tiempos de la guerra civil de más de treinta años, hasta plantear en la p.
101 un «Diagnóstico del racismo», que llega a considerar al indígena como amenaza pública, realizándose varias masacres en 1982.
Muy valiosos y claros resultan los elementos de reflexión que se aportan como conclusión, analizando este proceso.
Se cierra la primera parte con el texto de M. Joly sobre la guerra civil española, conectando la violencia y las víctimas con las emociones y los recuerdos en la sociedad contemporánea que se han plasmado en la conocida como «Memoria histórica».
Se trata el denominado retorno de las víctimas, de los vencidos, vinculado a la transición política, hasta escribir sobre la «Memoria de la reconciliación», así como el papel de las mujeres en este duro y triste proceso.
La parte denominada «Escrituras» sitúa sus cinco capítulos en el cono sur, y estos tratan sobre las diversas formas de escritura de esa historia, incluyendo fórmulas como el graffiti, el affiche o cartel y la tradición oral, a través de los cuales los individuos participan en la elaboración de un texto de carácter histórico; aunque la fórmula empleada no parezca tan relevante, contiene matices de crítica y de protesta política, social y económica de carácter popular, incluyendo a los pueblos indígenas a través de los denominados «Talleres de la memoria».
Se abre con J.M. Pedro y C. Scheibe Wolff, que estudian la vinculación del feminismo y la izquierda desde 1968 hasta el presente, mostrando una presencia creciente de esas feministas de «segunda ola», posterior a la famosa fecha del mayo francés, y sus manifestaciones en Europa y el continente americano, en sucesivas etapas.
Las fotos, frases y dibujos incluidos en ese texto muestran caracterizaciones interesantes de estas aptitudes en América Latina.
M.M. Raimondi escribe sobre el teatro como espacio de resistencia en la Argentina posterior a la dictadura, aunque sin aceptar la fórmula de «teatro político», quizás demasiado cerrada.
Son valiosos los apartados que van vinculando este medio con las crisis políticas y sociales, defendiendo la multiplicidad de formas literarias -con una valoración mayor de la poesía-e ideológicas como una forma de resistencia en la Argentina de nuestro tiempo.
Cuadrados) y vacío territorio fronterizo entre ambas naciones.
Ambos se acercan a los usos que cada pueblo tiene, y hace, de su historia, buscando su legitimación al servicio de unos intereses, en este caso de una durísima contienda.
I. Combés, E. Ortiz y E. Caurey se centran en la visión de los isoseños de hoy, habitantes de la región boliviana de Isoso, de lengua guaraní y situada en la zona de conflicto bélico, con lo cual su implicación en ella supuso el abandono de la tierra, las familias y múltiples dificultades.
Sus impresiones posteriores hablan tanto o más de los blancos bolivianos que de los propios paraguayos, sintiéndose engañados y manipulados por las autoridades.
El segundo capítulo de esta parte, escrito por N. Richard, está dedicado a las denominadas figuras de la memoria: biografías de personajes vinculados a este enfrentamiento y a la extensa zona en que se desarrolló, extendiéndose incluso hasta el norte argentino, marcados por sus historias familiares y que aquí son vistos como «juguetes rotos» después del conflicto, al enfrentarse a nuevas fórmulas vitales y laborales, en lo que el autor denomina economía de los silencios.
Todavía una última aportación de la segunda parte tiene incidencia en otra guerra decimonónica del cono sur, esta vez la denominada de la Triple Alianza (Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay) entre 1864-1870.
C. Boidin, en un trabajo cuyo título recuerda a la sugerente obra de Georges Duby, El caballero, la mujer y el cura..., aquí sustituido por una viuda (que también nos conecta con Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos), su compadre y un loro, y que sirve para revivir a figuras de la memoria, usando la terminología antes indicada, de personas fuer-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
ISSN: 0210-5810 tes y primarias en un ambiente de violencia, resentimientos sociales y tendencias políticas vinculadas a las elites.
«Historias oficiales / Memorias colectivas» es el título de la tercera parte.
Se enfoca a las tensiones entre ambas, centrándose en regímenes populistas, a veces encabezados por dictaduras militares, en los que juega un papel destacado y eficaz la historia oficial, cuando sus dirigentes pretenden desarrollar el Estado que proponen bajo el poder y el manto de la ley, al costo que sea.
En ella se revisan temas vivos y situados sobre aspectos quizás más conocidos.
Así, F. Langue se sitúa en esa memoria e historia presente, subtítulo del libro, de la Venezuela chapista y su cultura política de matices populistas y pretorianistas, a la que compara con el golpe de estado que tuvo lugar en ese país en 1942.
En busca de un nuevo imaginario nacional, emerge de nuevo en este trabajo la sobrevaloración y «culto» de Simón Bolívar, de tantas implicaciones para la memoria hasta convertirse en una «religión cívica», con su museo, objetos y símbolos, tan vinculada a la historia oficial venezolana de nuestros días.
D. Albarrán se centra en otro tema atrayente de los últimos casi veinte años, los comienzos en el Estado de Chiapas de la revuelta indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994.
En ese tiempo, la memoria cooperó para la recuperación de personajes revolucionarios como Emiliano Zapata, al que ahora se le darían otros matices y una nueva significación como mito de la historia mexicana del siglo XX.
Palabras como injusticias, reclamaciones, dignidad, se reavivan en esos 90, y pocos años después serían incorporadas al neo-zapatismo, con participación de intelectuales deseosos de cambios profundos en el México de este siglo XXI.
A continuación G. Borras vuelve a centrarse en la historia de la Bolivia posterior a la guerra del Chaco, tratando sobre la «guerra del petróleo», a la vez que los antiguos contendientes revisan el papel y los intereses de la Standart Oil Company en ese enfrentamiento, cuyos grandes perdedores fueron los miles de indígenas, en el caso boliviano.
Partiendo de esas premisas, la memoria, los sectores organizados en partidos con su propia historia autóctona y la evolución de esta nación en la pasada centuria ha ido cambiando la historia oficial al pasar del indio ausente de ella al indio presente.
Todo esto enmarcado en el descubrimiento de los yacimientos de gas y un futuro de grandes producciones, a las que se dirigen las nuevas fórmulas de nacionalismo y defensa frente a los intereses extranjeros, con lo cual estas luchas se reafirman como defensa de la nación boliviana.
La presidencia de Evo Morales tiene su conexión en este análisis, sin duda valioso.
Y por último, L. Capdevila, uno de los directores de esta publicación colectiva, sitúa a Paraguay en un análisis de larga duración sobre su evolución contemporánea, partiendo de la Independencia y de su primer presidente, el doctor Francia.
Me parece que la primera parte del propio título «Pasado vivo y régimen de historicidad» ayuda a acercarse a este texto sobre un país en el que la historia se ha manifestado y usado en la memoria como elemento para reafirmar su heroísmo, los largos gobiernos dictatoriales imperantes e incluso como explicación para su aislamiento.
Las páginas que tratan de la transición y los cambios lentos en el análisis de la nacionalidad y la política paraguaya desde 1990 resultan interesantes en esa visión hacia el futuro de los nuevos lineamientos que se van desarrollando para abrir las visiones históricas del Paraguay del siglo XXI.
A modo de conclusión, la lectura de esta densa obra aporta sin duda una ampliación de análisis y acercamientos a los variados temas que en ella se tratan.
Siempre hay que agradecer a los autores su propuesta de enfoques nuevos, tanto sobre los temas en si como respecto a las formas de estudiarlos, rompiendo a veces cuestiones totalmente aceptadas en la historiografía sobre cada uno de ellos.
Especialmente valioso resulta el uso reciente de las artes -literarias, visuales, encabezadas por el cine, y otras-que han dado lugar a las conexiones entre estas realidades y un mundo de creación, que a veces tanto ayuda, y quizás para un público distinto y mayoritario, que también debe repensar sobre la historia.-MARÍA JUSTINA SARABIA VIEJO, Universidad de Sevilla y Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla.
Castillero Calvo, Alfredo: Los metales preciosos y la primera globalización, Panamá, Editora Novo Art, 2008, 272 pp., ilustraciones a color y bibliografía.
El profesor Castillero nos presenta este libro en su introducción como una obra destinada a un público culto no especializado, aunque también advierte que ha pretendido con él ofrecer algo más que un trabajo de mera divulgación, incorporando a la síntesis historiográfica no sólo la revisión de conceptos viejos por conocidos, sino también la primicia de datos novedo-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
Esta naturaleza sólo aparentemente contradictoria se va aclarando a lo largo de sus nueve capítulos, en los que el lector encontrará los múltiples ingredientes que hacen de Los metales preciosos y la primera globalización una obra polifacética y difícil de encasillar en una única categoría.
Contiene una narración clara de un proceso bien conocido por los especialistas, aquél por el cual Europa absorbió con avidez el oro, y, sobre todo, la plata producidos en América.
Con esa plata se sufragó el consumo de especias, sedas, porcelanas y té, lo que incentivó las actividades productivas de la India, Indonesia y China.
Ello consolidó el saldo negativo de la balanza comercial de Europa con respecto a Asia, que acabó convertida en el «cementerio de la plata» que los europeos extraían del Nuevo Mundo.
Gracias a la plata americana se articuló un sistema de intercambios directos y fluidos que, por primera vez en la Historia, adquiría una dimensión verdaderamente global, pues a él se incorporó también África a través de la trata negrera que abasteció el mercado americano de mano de obra esclava.
Ese comercio de escala mundial puso en contacto espacios que hasta entonces habían permanecido práctica o totalmente desconectados, aquellos universos aislados que definieron Gordon Hewes, Braudel y Chaunu, piezas de un puzzle planetario que fue componiéndose poco a poco para dar forma al mundo moderno, testigo ya de una primera globalización.
Todo este proceso se extendió hasta mediados del siglo XIX, cuando en las llamadas Guerras del Opio Gran Bretaña forzó a China a abrir sus puertos al comercio internacional y, en consecuencia, a las manufacturas de la Revolución Industrial.
La producción de los tradicionales artículos chinos de exportación se estancó y las consecuencias sociales y políticas fueron demoledoras.
Pero, más allá de ellas, se invirtieron los términos del intercambio comercial entre Oriente y Occidente, y China dejó de absorber la mayor parte de la plata que circulaba por los canales mercantiles.
Con ello dejó de ocupar un lugar central en el orden económico internacional para situarse en una posición periférica, pues, en un mundo de intercambios planetarios, la industrialización de Europa occidental no permitiría ya la existencia de más de un único polo económico global.
Pero si la conclusión del proceso marca el límite cronológico final de la obra, su inicio se observa ya antes de 1492.
Y, así, sin dejar nada en el tintero, Castillero arranca el libro con la frase «en el principio fue el oro», tras la que explica muy sucintamente la necesidad de metales que padeció la Europa bajomedieval, que la condenaban, como expresó Marc Bloch, a buscar lejos el oro que demandaba y a convertirse, por ello, en conquistadora.
Es decir, que se explica todo desde el principio, y en la misma tónica continúa hasta el final para que ese lector no especializado, al que a priori va dirigida la obra, discurra con facilidad por la secuencia cronológica que marcan los hitos principales del proceso de globalización.
Ciertamente, el libro de Castillero es -como reconoce-un compendio de las principales tesis de la historiografía del siglo XX sobre la economía moderna, desde los clásicos ya citados a Pierre Vilar, Gunder Frank o Wallerstein, a quienes se suman otros autores aún menos difundidos, cuyos aportes resultan fundamentales para comprender la interacción económica con el hemisferio asiático, como Kenneth Pomeranz y Richard von Glahn.
Pero Castillero es exhaustivo y no se limita a describir las grandes transformaciones estructurales o el fluir de los torrentes argénteos por el sistema circulatorio internacional, como lo hiciera Cipolla en Los destinos de la plata española (1999).
Entra en detalle y ahí es donde comienza a añadir esos otros ingredientes que convierten esta obra en algo más, muchas otras cosas más que una síntesis de divulgación para el público general.
Y es que este libro tiene en ciertas partes una concepción casi de manual universitario, que se explica por su propia temática, ya que referirse integralmente a la historia de los metales preciosos americanos exige abordar todos los grandes temas que configuraron la historia del Nuevo Mundo.
De hecho, el primer capítulo sobre «La búsqueda de Eldorado» sistematiza el tránsito del modelo de explotación basado en la práctica del saqueo y rescate a otro que habría de fundarse en la extracción minera.
Pero, más que eso, es una explicación de todo el proceso de colonización del espacio caribeño, en el que -apoyándose en datos cuantitativos-relaciona la producción de oro de cada región con la evolución de los vectores de la conquista.
El segundo capítulo demuestra, como titula uno de los epígrafes, que «se sigue buscando oro y se encuentra» aun después del hallazgo de los grandes yacimientos de plata de México y Perú a mediados del siglo XVI.
Adentrándose hasta comienzos del siglo XIX, aporta datos sobre periodos de explotación y volúmenes de producción de Panamá, Nueva Granada, Quito, Nueva España y Honduras y recoge información muy concreta de una bibliografía especializada sobre, por ejemplo, productividad de la mano de obra y costos de explotación.
Resulta muy interesante la atención con que se explica la relación económica de Honduras y Guatemala, que ejemplifica cómo la minería actuó como la mayor fuerza integradora de la geografía colonial, y no sólo en los espacios nucleares que estudiaron HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
Se expone también cómo la minería del oro panameño y neogranadino decayó tras la restauración portuguesa y la interrupción de los asientos negreros, y con ello aparece ya uno de los leit motiv de la obra, como es la crisis del siglo XVII.
Pero la narración trasciende hasta explicar el funcionamiento general de la trata y la sustitución de Portugal por Holanda como principal provisor de esclavos en el contexto atlántico.
Esa rivalidad luso-holandesa prepara al lector para iniciar el capítulo que se ocupa de Brasil.
Tras una magistral síntesis de su evolución económica en los siglos XVI y XVII, Castillero expone todos y cada uno de los factores que hicieron de Minas Gerais la piedra angular del imperio portugués, reservando un apartado al Barroco Mineiro como expresión cultural genuinamente brasilera, con el que cierra su desarrollo de la minería del oro en América.
Tras el oro, la plata.
El cuarto capítulo explica el auge de las grandes regiones productoras de la América española.
Perú y México son, pues, los protagonistas, aunque vuelve a incluir un epígrafe dedicado a Honduras, manteniendo el ánimo del autor por ofrecer un panorama lo más comprehensivo posible.
En él se señalan los particularismos y muy diferentes cotas de la producción hondureña, pero también se evidencia que la minería de la plata seguía pautas similares en cuanto a sistemas de beneficio y empleo de insumos, así como generaba consecuencias análogas sobre el desarrollo de actividades económicas subsidiarias en toda América.
Ese modelo de organización de la producción, así como las diferentes tendencias de la minería peruana y la novohispana, está expuesto siguiendo la bibliografía más autorizada, en un panorama que se complementa perfectamente con el capítulo sexto, que refleja el «diseño imperial del Nuevo Mundo» establecido a mediados del siglo XVI para drenar la producción de metales preciosos hacia la metrópoli.
Señala Castillero que, a pesar de sus muchas fallas, la eficacia de ese sistema de cauces circulatorios de la plata está demostrada por su vigencia, pues se mantuvo hasta que los Borbones respondieron a la decadencia de las ferias y flotas fomentando el desarrollo económico de las áreas marginales e intentando implantar un modelo de explotación más integral, como se describe en el último capítulo, donde las reformas político-administrativas y económicas se combinan con la explicación de la producción en el XVIII.
Sin embargo, sin negar la importancia de las reformas borbónicas, el autor resalta que éstas no modificaron sustancialmente el esquema inicial de los Habsburgo, dado que la minería siguió conservando su función axial para la integración de América en el sistema global de intercambios.
Todo está descrito pormenorizadamente, y no sólo en relación a las rutas marítimas del Atlántico y el Pacífico, sino también en cuanto a las comunicaciones interiores.
Es cierto que esos capítulos que comparten el enfoque al que antes me referí como de manual universitario podrían leerse como en una rayuela.
Pero el gran acierto del autor es haber sabido imbricarlos con aquellos otros que se refieren a sus implicaciones globales.
De este modo, logra una secuencia que combina la descripción estructural del sistema económico colonial -panorámica, pero necesariamente estática-y la evolución de la colonización española y brasileña en sus distintas etapas con el fenómeno de la circulación global de los metales, que es el verdadero protagonista de la obra.
De hecho, el capítulo quinto, que analiza la crisis del XVII al hilo del debate historiográfico, no se aborda desde una perspectiva americanista excluyente, en la que China aparezca sólo como un destino exótico; ni siquiera desde una perspectiva que contemple únicamente la relación de España con sus colonias, en la que Portugal, Holanda e Inglaterra sean presentados -como muchas veces ocurre-como actores que desempeñan un papel secundario.
De ahí que este libro sea una obra de historia global y eso lo convierte -además de las otras cosas que también es-en un libro original y especialmente interesante, que nos explica un fenómeno planetario y una relación económica multilateral.
Así, las consecuencias económicas y políticas sufridas en China por la simultánea disminución de la producción de plata tanto en la América española como en Japón entre 1625 y 1640, el segundo proveedor de plata del mundo moderno, resultan sorprendentes cuando se comparan con la crisis vivida en la España de Felipe IV.
Aunque la pregunta clave es por qué se produjo una disminución simultánea de la producción de plata en ambas regiones.
Sin desconsiderar otras hipótesis, Castillero se inclina por la tesis de Ralph Davis: la sobreproducción había devaluado el valor de la plata en los mercados internacionales y, a partir de segundo tercio del XVII, los elevados costos desalentaron la actividad minera tanto en Japón como en América.
La reducción de las importaciones de plata -tanto japonesa como americana-de China paralizaron su producción de sedas y porcelanas, y la economía colapsó.
Las crisis climáticas terminaron por destronar a la dinastía Ming y sus sucesores manchúes cerraron los puertos al comercio extranjero, lo que entorpeció la negociación de Inglaterra y de sus interme-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
Todo ello se agravó cuando el shogunato Tokugawa adoptó una política de aislamiento, cerró también sus fronteras al comercio exterior y prohibió la exportación de plata en 1660, aunque para entonces la minería japonesa ya había entrado en decadencia.
Esa coyuntura de crisis global sufrida desde de 1640 y el hecho de que las Indias españolas quedaran como única proveedora de plata de Oriente entre 1660 y 1680 habrían implicado -sugiere Castillero-una revalorización de la plata que explicaría por qué volvió a estimularse la explotación minera y volvió a crecer la producción de plata en las Indias en las dos últimas décadas del siglo XVII, como efectivamente ocurrió, al menos, en Nueva España, cuya tendencia al alza se mantuvo ya hasta fines del periodo colonial.
Esta interpretación se muestra especialmente interesante para la historiografía americanista, en tanto que aporta una explicación no sólo del inicio de la tan debatida crisis del siglo XVII, sino también de su resolución.
En este sentido, resulta más comprehensiva que las tesis tradicionales, que, en contraste, parecen también más limitadas por considerar factores exclusivamente regionales.
Y aquí es donde el autor va encajando las tesis que no son suyas -como aclaraba en la introducción-con esos otros datos menos conocidos por la comunidad americanista, ignorados bien sea por los límites del marco geográfico de nuestra especialización o bien, sencillamente, por nuestros prejuicios eurocéntricos.
Los capítulos séptimo -»Europa y Oriente se enfrentan»-y octavo -dedicado especialmente a la formación de los imperios de la VOC, la WIC y la East India Company-completan esta visión auténticamente tridimensional del planeta.
¿Cómo definir, pues, esta obra del profesor Castillero?
Desde luego no es un libro de mera síntesis divulgativa, pues consigue con maestría el objetivo que se propone, «ofrecer una propuesta convincente de enfoque global».
Es innegablemente una obra de madurez, resultado de una larga trayectoria investigadora enfocada mayormente en la historia de Panamá, intersección de los intercambios globales, lo que, sin duda, ha dotado al autor de una visión especialmente sensible para percibir el proceso que ahora nos describe.
Todo ello con una redacción fluida que hace que la obra sea de fácil y agradable lectura, aun estando preñada de información cuantitativa, referencias a textos contemporáneos y reflexiones historiográficas, reflejo de un bagaje copioso que evidencia su sensibilidad y conocimiento del Arte moderno y su capacidad para integrarlo como fuente complementaria.-JAIME J. LACUEVA MUÑOZ, Universidad de Sevilla.
Fraschina, Alicia: Mujeres consagradas en el Buenos Aires colonial, Buenos Aires, Eudeba, 2010, 325 pp.
La doctora Alicia Fraschina cuenta con una larga trayectoria de estudios sobre la mujer, su religiosidad y su opción monástica, lo que la convierte en una reconocida especialista.
Ya en su tesis de licenciatura acometió una primera aproximación a esta misma temática: Los conventos de monjas y la sociedad en el Buenos Aires tardocolonial, 1996, y es autora, además, de tres artículos: «La clausura monacal: hierofanía y espejo de la sociedad», en Andes, 11, 2000, 209-236; «Comían de la mesa del Señor: el espíritu de pobreza en el Monasterio de las Monjas capuchinas de Buenos Aires (1749-1810)», Archivo Iberoamericano, LX, 2000, 69-86; y «La dote canónica en el Buenos Aires tardocolonial: monasterios de Santa Catalina de Sena y Nuestra Señora del Pilar, 1745-1810», Colonial Latin American Historical Review, 9,1, 2000, 69-102; y como hito clave en su trayectoria investigadora: Mujeres consagradas en el Buenos Aires colonial, tesis doctoral defendida en la Universidad de Buenos Aires en el 2007 y recién publicada, que aquí se reseña.
La obra que nos ocupa comienza con una jugosa introducción, en la que sigue básicamente un trabajo anterior titulado «Monjas y beatas en la América colonial: Una aproximación historiográfica», incluido en Caretta, G. y Zacca, I. (comps.), Para una Historia de la Iglesia.
Partiendo de la pertinencia de un estudio sobre la mujer consagrada, se pasa revista a la evolución de la historiografía sobre la temática de la mujer y el claustro, desde que a mediados del siglo XX abriera esta línea de investigación Josefina Muriel, sin olvidar las aportaciones que al conocimiento de monjas y beatas se han hecho para el ámbito argentino, desde Vicente Quesada (1863), hasta las elaboradas en la década de los 1990, con aires renovados, por especialistas provenientes del campo de la Historia y la Literatura, y planteamientos vinculados a la Historia social y cultural -Cicerchia, Di Stefano, Zanatta, Birocco, Cohen-.
La autora se ubica en esta estela y se propone, a lo largo de nueve capítulos, ahondar en la temática, transitando senderos que nos aproximan a la realidad vital de las beatas y monjas porteñas en el periodo colonial.
El libro se estructura en tres partes de desigual extensión.
La primera abarca dos capítulos.
En el inicial se parte del análisis de las primeras beatas y, tras evocar su origen medieval, su desarrollo hispano y su rápida evo-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
ISSN: 0210-5810 lución hacia fórmulas de «enclaustración», iniciada ya a fines del XV, pero acelerada tras las reformas derivadas de Trento, y su traslado al Nuevo Mundo, donde bajo las fórmula de beaterio o recogimiento tendría un largo recorrido, se pasa al estudio de lo ocurrido en Buenos Aires.
Con una breve presentación del contexto fundacional y el primer desarrollo urbano porteño, la doctora Fraschina, que ya nos había ofrecido un primer avance de lo aquí tratado en «Primeros espacios de religiosidad femenina en el Buenos Aires colonial: 1640-1715», en Viforcos Marinas, M.a I. y Loreto López, R. (coords.), Historias compartidas.
Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América.
Siglos XV-XIX, León-Puebla, 2007, 315-338, nos dibuja el escenario donde se va a representar el fracasado intento de fundar un convento carmelita -Capitán Saavedra, 1653-y donde va a granar un conjunto de beatas -criollas, solteras, de desigual condición socioeconómica-, que fueron capaces de construir refugios privados y alternativos de religiosidad, perfectamente incardinados en su sociedad, a cuya construcción contribuyen criando huérfanas, educando niñas o asistiendo a pobres y enfermos.
En 1692 la iniciativa del capitán Prada Gayoso lleva a un intento de institucionalización de los anhelos «beateriles», promoviendo, con la aquiescencia del gobernador, el diocesano y la elite porteña, la fundación de una casa de Recogimiento en el remodelado hospital de San Martín, en la confianza de que, consolidada la iniciativa, se podría avanzar hacia la ansiada fundación de un convento de carmelitas.
La corona, al mantener el hospital, abortaría el proceso, y la pobreza impediría que una nueva iniciativa conventual, formulada en 1703, pudiera materializarse.
Para entonces, como señala la autora, ya se había conformado una amplia red familiar -de la que da cuenta en el apéndice I-, ocupada y preocupada por hacer realidad un espacio de religiosidad para las mujeres de la elite social.
El capítulo II se abre con una breve panorámica sobre el desarrollo del monacato femenino en Hispanoamérica, para centrarse en la gestación de los monasterios bonaerenses.
El de Santa Catalina de Sena, surgido a instancia y con rentas de don Pedro Briceño, un eclesiástico porteño empeñado en dotar a su ciudad de un convento al que podrían acogerse damas nobles y con posibles, que iniciará su andadura con dominicas venidas de Córdoba (Tucumán), y se configuraría como un convento grande, con rentas y dotes; y el de Nuestra Señora del Pilar, claustro recoleto surgido de la combinación del esfuerzo de los vecinos y del empeño de las capuchinas de Madrid y Chile, para acoger a damas sin medios.
Se trata de realizaciones conventuales diferentes en carácter, pero que comparten cro-nología -mitad del siglo XVIII-, ubicación periférica, dependencia de la autoridad diocesana, y, lo que es más significativo, funcionalidad.
La segunda parte de la obra -la más extensa-comprende del capítulo III al VII, a lo largo de los cuales se pasa revista a la intrahistoria de ambos conventos.
En el capítulo III, se repasan los requisitos de ingreso, algunos fundamentados en Trento -vocación y libre albedrío, convenientemente explorado y confirmado-, otros no tan canónicos, como la legitimidad y limpieza de sangre de las aspirantes; su edad mínima y máxima, su estado, o la dote de ingreso.
Todos son analizados con pormenor, estableciendo comparaciones y estudios de casos, para subrayar la flexibilidad de la norma y las estrategias desplegadas por la elite porteña para salvaguardar el prestigio de los monasterios destinados a sus mujeres.
En el IV capítulo el acento se pone en el proceso de ingreso al claustro, desde la decisión -personal/familiar-hasta la consagración; en él se pasa revista a las gestiones que preceden a la toma de hábito y que involucran a diversos agentes sociales, desde el obispo a los vecinos, pasando por la comunidad de religiosas receptora; se describe la ceremonia de toma de hábito y su significado; se reflexiona sobre el año de noviciado, concebido como tiempo de prueba y aprendizaje, subrayando el escaso índice de abandono detectado; se desgrana el ritual de profesión, más austero entre las capuchinas, más esplendoroso entre la dominicas, pero con idéntica carga de representación y simbolismo; y se finaliza con un minucioso examen de las obligaciones contraídas por las religiosas, a través de sus cartas de profesión, y del significado de los votos -públicos y solemnes-, que obligan a la monja a vivir perpetuamente en pobreza, castidad, obediencia y clausura, de acuerdo de las constituciones y reglas de uno y otro claustro.
En el capítulo V la autora disecciona, en primer lugar, el ámbito social al que pertenece el colectivo de las religiosas que pueblan ambos claustros: el de las catalinas, rápidamente poblado, y el de las capuchinas, que no completa su cupo de 33 hasta 1792; la conclusión es que hay un reducido grupo que procede de la elite -grandes comerciantes y altas jerarquías militares, administrativas y judiciales-, una mayoría que se vincula al sector medio y medio-alto -burócratas, oficiales y comerciantes intermedios-, habitualmente conectado con el clero regular y secular, y una minoría conectada con familias del mismo origen étnico y cultural, pero carentes de posibles, que es de la que se nutre el colectivo de monjas de velo blanco; se subraya, igualmente en este plano, el alto índice de parentesco entre las religiosas, y la vinculación con las terceras órdenes -en especial la de HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
ISSN: 0210-5810 San Francisco-particularmente en el entorno de las monjas de Santa Catalina, monasterio que siempre supera al capuchino en nivel social.
El capítulo se cierra con el análisis de la estructura social interna de ambos claustros, constituida por: un núcleo central de profesas, jerarquizadas por su condición de monjas de velo negro o de velo blanco; un grupo formado por donadas -sólo entre las catalinas-, sirvientas y esclavas -de clausura y de calle-, que auxilian a la comunidad; y otro más cuyo contacto con la comunidad o es sólo ocasional -médicos, sangradores...-o responde a necesidades y servicios puntuales -capellanes, confesores, limosneros, síndicos...-. La comunidad de mujeres consagradas, siempre bajo la tutela masculina del obispo o provisor, construye su vida y su hábitat a través del voto y los oficios electivos, siendo más amplia la participación entre las capuchinas, en cuyo convento la antigüedad no siempre fue tan determinante a la hora de ejercer el derecho a voto, y entre las que no cabe establecer relación entre el velo, el oficio y el sector social del que proviene la religiosa.
El capítulo VI versa sobre la vida cotidiana en la clausura, a partir de los dos parámetros que marcan su discurrir: el espacio y el tiempo; respecto al primero, tras subrayar la distancia entre la sólida fábrica del convento de Santa Catalina, construido ad hoc, y la precariedad de las dependencias que albergan a las capuchinas, se pasa a clasificarle en atención a su función: espacio de oración y unión con Dios -templo-, de trabajo -oficinas, cocinas, lavaderos, despensas-, de convivencia -sala capitular, refectorio, claustro, sala de labor...-, de comunicación con el exterior -coros, portería, tornos, locutorio-, de privacidad -celdas, que en el caso de las capuchinas se limitan a meras divisiones en el dormitorio común-.
Todos esos espacios se ordenan jerárquicamente por la mayor o menor cercanía al templo, eje de la vida conventual, de manera que los lugares que transitan las monjas de velo negro se articulan en torno al primer patio, mientras los ámbitos de las donadas, sirvientas y esclavas, se relegan al segundo.
En cuanto al tiempo, en la vida conventual siempre está pautado y ritualizado por la tabla horaria diaria -se describe la de cada claustro-y el calendario litúrgico, que determina las festividades ordinarias, a las que se suman algunas extraordinarias: profesiones, beatificaciones y proclamación de patronazgos como el de Santa Clara en 1806; el capítulo se cierra con dos cuestiones adyacentes: la muerte, concebida como acceso al paraíso y, por tanto, integrada en la vida consagrada, que se inicia precisamente con la muerte al siglo de la profesa; y la lectura, gene-ralmente colectiva, que resulta pieza fundamental en la formación de las religiosas y, sobre todo, en la construcción de los modelos de religiosidad y de la identidad grupal; especial interés reviste el inventario de libros del convento de Santa Catalina -transcrito en nota-, a través del cual cabe constatar cómo, a pesar de la norma, la literatura profana y la teología mística tenían su lugar en las librerías conventuales.
En el último capítulo de esta segunda parte -el VII-se plantea cómo, a pesar de que el claustro o «huerto encerrado» está concebido como una hierofanía o manifestación de lo sagrado, es también ineludible espejo de la realidad con sus tensiones y contradicciones; éstas van a exacerbarse en ambos monasterios a raíz de reformas regalistas borbónicas, entre las que se incluye la expulsión de los jesuitas.
Del monasterio de Santa Catalina se ofrecen algunos trazos de los conflictos suscitados en torno a la designación de confesores y al plan de reforma de regulares formulado por el cabildo municipal en 1775, que afectaba a las dotes de las religiosas y a los censos del monasterio, y una interesante semblanza del discurrir diario a partir de la visita episcopal llevada a cabo por don Benito Lué en 1806.
Respecto al convento de Nuestra Señora del Pilar, el objetivo enfoca el conflicto suscitado en torno a la admisión de M.a Antonia González (1769), que cuenta con el aval del ordinario y la desaprobación de una parte de las religiosas, que la tildan de mulata y por consiguiente indigna del hábito; el caso trasciende y adquiere carácter de categoría, dando lugar a un verdadero cisma interno entre dos posturas enfrentadas en torno a la obediencia del prelado y el estatuto y constituciones a observar, prolongándose durante más de veinte años.
La tercera parte del estudio, retoma el tema de las beatas.
El capítulo VIII gira en torno a la vida y experiencia religiosa de una mujer, M.a Antonia de San José -núcleo de un grupo de beatas adscritas a espiritualidad ignaciana-, personalidad y carisma muy conocido por la profesora Fraschina, que ya se ha ocupado de ella y de su epistolario en otras ocasiones, baste recordar: «La cuestión autobiográfica en el epistolario de María Antonia de San José, beata de la Compañía de Jesús, 1730-1799», en Viforcos Marinas, M.a I. y Campos Sánchez-Bordona, M.a D. (coords.), Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual, León, 2005, 705-728; «A Jesuit Beata at the Time of the Supresión in the Viceroyalty of Rio de la Plata», en O'Malley, J. et al. (eds.), The jesuits II: cultura, Sciences and the Arts, 1549-1773, Toronto, 2006, 758-771; y «La espiritualidad jesuítica en manos femeninas: Maria Antonia de San José, beata de la Compañía de Jesús en el Río de la Plata, 1730-1799», en Lavrin, A. y Loreto, R. (eds.), Diálogos espirituales.
El IX y último capítulo se dedica al desarrollo de una de las grandes aspiraciones de la beata jesuítica: la fundación de una casa de ejercicios y beaterio en Buenos Aires, que se revelará como eficaz instrumento para minimizar los efectos de la expulsión de la Compañía en la sociedad colonial porteña; se analiza el proceso de gestación de la fundación, el devenir cotidiano de la casa y, de modo especial, el fin y herencia de la fundadora, con sus conflictos y reconocimientos.
El libro se cierra con una docena de páginas dedicadas a recoger los objetivos de la obra y sus principales conclusiones, una cumplida y selecta bibliografía y tres ilustrativos apéndices.
Estamos ante un trabajo de fácil lectura y cuidada en la forma; en cierto modo, recopilatorio, porque recoge el trabajo de muchos años de archivo, de lecturas de fuentes primarias y secundarias, de esfuerzos y aportaciones ya avanzadas, pero también ante una obra de madurez, que actualiza y explora planteamientos renovados y nos brinda la valiosa síntesis de una siempre poliédrica realidad como es la mujer consagrada, en un tiempo y un espacio de por sí complejo y problemático: el del Buenos Aires Borbónico.-M.a ISABEL VIFORCOS MARINAS, Universidad de León.
Esta obra es un estudio regional de la industria azucarera y el trabajo africano en ella en una región de Cuba, la más importante en la expansión de dicha industria durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque su poblamiento en la segunda década de esa centuria se realizó con objetivos muy distintos.
El autor, Orlando García Martínez, es especialista en el tema de la esclavitud.
Ha escrito, por ejemplo, «Notarios y esclavos en Cuba, siglo XIX», editado en el número coordinado por Alejandro de la Fuente, Su «único derecho»: los esclavos y la ley, monográfico de Debate y Perspectivas, 4 (Madrid, Fundación Mapfre Tavera, 2004, 127-170).
ISSN: 0210-5810 Rebecca J. Scott, la obra Espacios, silencios y los sentidos de la libertad: Cuba 1898-1912(La Habana, Ediciones Unión, 2003), una de las más destacadas de los estudios históricos recientes sobre la Gran Antilla, y además, junto a Emiliano F. Morales y Alina Puig Yantá, dedicó una monografía a El brigadier José González Guerra: un héroe del 68 (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2000).
La villa de Cienfuegos es peculiar y a la vez muy representativa de la historia cubana deci monónica.
Fundada en 1819, por cierto con otro nombre, Fernandina de Jagua, en honor al rey de España (por aquel entonces Fernando VII) y con la añadidura del toponímico de la bahía en que se emplazó la población.
Pocos años después el nuevo asentamiento se convertiría en la localidad más importante del cuadrante centro-sur de la Gran Antilla gracias a la expansión por ella del cul tivo y la manufactura azucarera, sobre todo tras la construcción del ferrocarril entre 1851 y 1860, que la conectó con la capital de su región, Villa Clara (hoy Santa Clara), y con la práctica totalidad del occidente de la isla.
Sin embargo, la razón de ser de la colonia no había sido inicialmente esto, o al menos no sólo esto.
Originalmente fue Cienfuegos un resultado, quizás el más exitoso, de una serie de proyec tos que, a partir de las primeras décadas del siglo XIX, pretendieron, al unísono, aunque no sin contradicción entre sus términos y entre sus defensores, aumentar el número de habitantes de Cuba y especialmente de ciertas regiones de la isla.
Era ello necesario para dotar a su industria azucarera en alza de las tierras y la mano de obra que precisaba su constante expansión, pero además para la defensa del territorio frente a las incursiones de otros reinos europeos y de los piratas, fundando asentamientos estables en zonas estratégicas del interior, el sur y el este del territorio, pues la po blación se concentraba sobre todo en la costa norte de las provincias occidentales, concre tamente en el área habanero-matancera.
Finalmente, se intentó también que los nuevos colonizado res compensasen el peso que habían ido adquiriendo los esclavos y las gentes de color en general en la sociedad colonial debido al considerable número de africanos que fueron llevados a la Gran Antilla desde finales del XVIII para trabajar en las plantaciones de caña.
La primera parte del libro de Orlando García Martínez, aquí reseñado, está dedicada a esos problemas, al poblamiento de la villa de Fernandina de Ja gua y a cómo tras el mismo subyace la contradicción y también la complementariedad, así como la necesidad de que éste y el de otras partes de la isla se realizase con colonos blancos y no sólo con es -HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
ISSN: 0210-5810 clavos: «Contrapunteo entre esclavitud y colonización blanca», titula un primer capítulo de los dos que dedica al tema el autor.
El contrapunteo lo ganó el azúcar en Cienfuegos, como en otras partes de Cuba.
Por mor de la ventaja comparativa que tenía cultivar caña y producir edulcorante en la isla frente a otras ac tividades económicas, de la infraestructura, las redes financieras y de comercio dispuestas para ello, más aún en ricas y nuevas tierras como las de esa región, los ingenios, con sus esclavos, fue ron señoreando los predios de la colonia.
Es significativo, así lo cita el autor, que ya en 1830 el fundador de Fernandina de Jagua, Louis de Clouet, asociado a Horacio Bouyón y en contraposi ción con el proyecto de asentamiento que estaba la mente de sus mentores políticos, el capitán ge neral José Cienfuegos y el intendente general de Hacienda Alejandro Ramírez, fomentó la fábrica de dulce Nuestra Señora de Regla.
Todo un presagio la fundación del ingenio de Clouet.
Poco después, en 1838, había en el área cienfueguera 26 plantaciones azucareras con algo más de 1.500 esclavos, que representaban el 36% de todos los que trabajaban en esa zona.
Dos décadas más tarde, en 1858, eran 71 las plantacio nes y en ellas laboraban la mayoría de los casi 9.000 esclavos, que suponían ya un tercio de los ha bitantes de la localidad.
Por otra parte, de las apenas 35.000 arrobas de dulce que se exportaban por el puerto de Jagua en 1830, se pasó a una producción superior al millón y al 8% de la oferta agregada cubana de dicho artículo al finalizar los años cincuenta.
El autor no es explícitamente consciente de que la referida construcción del ferrocarril en la zona a partir de 1851 explica la cro nología de esa fuerte expansión.
El proceso de transformación de Cienfuegos en centro azucarero de primer orden en Cuba era conocido.
La necesidad de extender la producción a mejores tierras, la colonización previa de la zona y la llegada a ella del ferrocarril la convertirían con el tiempo en el área de mayor expan sión de la plantación en el territorio insular.
Lo que aporta al conocimiento histórico el libro de Or lando García Martínez son algunos de los entresijos de ese proceso, mucho menos conocido.
Así, el autor analiza con documentación de archivos locales y de diversa índole cómo se financió, de dón de llegaron los esclavos y en qué número.
Observa que a los inversores locales, que aportaron cré dito refaccionista para el fomento de ingenios, se sumaron muy pronto, en la década de 1840, em presarios y sociedades habaneras que proporcionaron recursos dinerarios y la mano de obra, pues en su mayoría, como era común en la Gran Antilla en la época, esos individuos y compañías com paginaban la actividad crediticia, comercial y la trata negrera (y posteriormente también de asiáti cos, que llegaron en masa entre los años cuarenta y setenta para completar el trabajo de los africa nos).
Arribaron a Cienfuegos, además, gran cantidad de esclavos procedentes de la zona de San tiago de Cuba, algunos dedicados antaño allí a otras actividades y sobre todos al cultivo de café, cuya producción y exportación fue decayendo bruscamente en las provincias orientales, y otros procedentes de la trata ilegal desembarcada en los puertos de la mitad levantina insular, más despo blada, aislada y desprotegida de la vigilancia de las autoridades.
El autor demuestra cómo poco a poco, sin embargo, se experimentó un fuerte crecimiento del tráfico negrero con destino a los pro pios embarcaderos cienfuegueros, particularmente del ilegal, y analiza este fenómeno siguiendo los pleitos contra varias personas implicadas en el negocio.
Esto permitió a los empresarios loca les, por ejemplo a Tomás Terry, reemplazar a los habaneros y a los de otros lugares de la isla como principales abastecedores de esclavos en su región.
Con tales mimbres la producción azucarera siguió creciendo en el área de Cienfuegos.
El número de ingenios en la zona pasó de los 71 registrados en 1858 a alrededor de un centenar en los años sesenta.
El ferrocarril -de nuevo al autor se le escapa esta relación-enlazaba definitivamente la localidad con Santa Clara en 1861.
Muchas fincas dedicadas antaño a otros cultivos y a la gana dería se transformaron en plantaciones de azúcar, proceso que Orlando García Martínez documen ta profusamente para varios casos.
A finales del decenio de 1850 eran ya casi 15.000 los esclavos que trabajaban, básicamente, en esas plantaciones, cuyas dotaciones promedio aumentaron entre 1838 y 1861 de 57 a 105 individuos, lo que muestra que con el tiempo se trataba de empresas cada vez mayores.
Corrobora tal afirmación el hecho de que más de la mitad estaban dotados de maqui naria a vapor en sus trapiches y nueve de ellas podían calificarse de colosos del sector y contaban con modernos evaporadores al vacío para clarificar el jugo de la caña, una cifra porcentualmente ma yor a la de otras regiones de Cuba.
La producción azucarera y la esclavitud asociada se impuso como eje articulador de la eco nomía y la vida en Cienfuegos a pesar de que inicialmente se trató de un asentamiento fundado pa ra ensayar, al menos, la combinación del ingenio con otras actividades agro-pecuarias que, al tiem po, HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
ISSN: 0210-5810 dotasen a la zona de un mayor equilibrio en la composición racial de su plantación.
Ya se ha visto cómo a la postre lo que se logró en la zona fue sentar las bases de lo que sería el gran área de expansión de la agro-manufactura cañera en la segunda mitad del siglo XIX.
La investigación de Orlando García Martínez, desgraciadamente, se detiene prácticamente cuando acaba la fase de crecimiento de la producción azucarera basada en el ingenio esclavista.
La progresiva abolición de la esclavitud tras el estallido en 1868 de la primera guerra de independencia cubana, o Guerra de los Diez Años, provocó una vasta transformación de la industria cañera, que se concentró horizontalmente, completó su proceso de mecanización y descentralizó la oferta de materia prima.
Los modernos centrales también comenzaron a dotarse de ferrocarriles industria les y de mayores cantidades de tierra y empezaron a adquirir la caña de agricultores más o menos independientes.
El sistema de colonato, como se denominó al régimen de abastecimiento mediante contratos con esos campesinos, era más atractivo para los antiguos esclavos y la inmigración que llegó de forma masiva a la Gran Antilla tras la abolición.
Además transfería a los cultivadores los problemas para abastecerse de mano de obra, los altos salarios que fue preciso pagar en muchos casos por ella y otras contingencias propias de los avatares naturales y de mercado que sufre el campo.
Orlando García Martínez analiza cómo, tras iniciarse el proceso abolicionista, se enfrentaron dos posturas en el área cienfueguera, una partidaria de que éste se llevase a cabo de un modo gra dual para ganar el tiempo necesario con que hacer frente a las transformaciones que ello implicó en la industria azucarera, y otra defensora de una liberación más radical.
También estudia cómo se unieron a los segundos sectores importantes de la población de color.
Al estallar la guerra de 1868-1878 la postura de esos últimos se radicalizó (quizás antes de estallar, como causa misma del conflicto) y se dio un enfrentamiento violento entre ambas posiciones.
La conflagración se libró sobre todo en la mitad oriental de Cuba, pero por ser las tierras de Jagua frontera con ella, el autor docu menta que hubo en la región destacadas hostilidades al menos hasta 1875.
La aportación de la investigación de García Martínez, como la de casi toda la his toriografía azucarera, es exigua para el tiempo posterior a 1868.
La ausencia de estudios de refe rencia y la escasez de fuentes son dos de los factores que lo explican.
No obstante Esclavitud y colonización en Cienfuegos, 1819-1879 aporta algunos datos, ideas y sugerencias muy valiosas acer ca de dicho periodo.
Como la guerra redujo el número de ingenias en la zona, tras los destrozos sufridos en los enfrentamientos bélicos los más obsoletos no volvieron a producir.
Ahora bien, los que que daron colaboraron al progreso y competitividad de la industria del dulce, pues aumentaron su tamaño y capacidad de oferta, se modernizaron y adquirieron nuevas tierras.
El autor aporta conclusiones muy interesantes sobre cómo se financió esto.
Apunta que el grupo más elitista de propietarios locales fue el que dispuso o pudo conseguir el capital necesario, los Tomás Terry, Julio Leblanc, George Flower, Agustín Goitisolo, Nicolás Castaño y algunos otros, aunque no muchos más, cuyas fábricas producían en 1842 el 32% de la zafra local y en 1862 el 42%.
Otra conclusión interesante es que los citados ingenios más grandes (con más capacidad) acapararon los esclavos en el periodo de gradual abolición de la esclavitud, que no se completó hasta 1886.
Orlan do García Martínez señala que esta tesis es contraria a la defendida tradicionalmente por la historiografía.
Ahora bien, desde hace varios años algunos estudios han probado que los ingenios siguieron usando mano de obra africana mientras fue posible, concentraron su trabajo y mejoraron su productividad, entre otros el que escribimos junto a Luis Miguel García Mora para el libro editado por José Antonio Piqueras: Azúcar y esclavitud en el final del trabajo forzado (Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2002, 165-184), titulado «Ingenios por centrales y esclavos por colonos.
Mano de obra y cambio tecnológico en la industria azucara cubana, 1860-1877», y también el firmado en esa misma obra por Martín Rodrigo y Alharilla: «Los ingenios San Agustín y Lequeitio (Cienfuegos): un estudio de caso sobre la rentabilidad del negocio del azúcar en la transición de la esclavitud al trabajo asa lariado (1870-1886)» (252-271), que indaga precisamente en dos casos de la región de Jagua.
Esclavitud y colonización en Cienfuegos, 1819-1879, por tanto, confirma los resultados de tales estudios.
Una cuestión más que hay que destacar del trabajo de Orlando García Martínez es que se trata de una investigación regional, perspectiva algo descuidada por la historiografía sobre Cuba.
La zona analizada reproduce los procesos que estaban ocurriendo en toda la isla, no obstante pre senta algunas peculiaridades que Esclavitud y colonización en Cienfuegos, 1819-1879 contribuye a esclarecer.
Sin duda, no obstante, el área requeriría un estudio particular como los disponibles para La Habana o Matanzas, las jurisdicciones pioneras en el desarrollo de la industria azucarera insular.
Poco es el aporte documental que ofrecen estos apéndices, sin duda, para el tamaño de la investigación que, además, no se completa con una necesaria relación bibliográfica.-ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC.
Este libro tiene un doble valor y no sólo porque cuente con la autoría de dos buenos historiadores mexicanos sino porque incluye, al menos, dos lecturas.
El volumen está conformado por un catálogo de cerca de ochocientas referencias de publicaciones que fueron censuradas por la Inquisición entre 1790 y 1819 y por un estudio analítico de la censura en Nueva España durante ese mismo periodo de tiempo.
Las fechas que delimitan el libro son 1790, que marca el principio de una nueva etapa a partir de la Revolución Francesa, y 1819, año en que se publica el último edicto inquisitorial pues la institución desapareció un año después.
Al ver la periodización las primeras dudas que nos asaltan son ¿continúan las prohibiciones a pesar de la libertad de imprenta decretada por la constitución de Cádiz?
Y ¿quién realiza el trabajo censor una vez disuelto el Tribunal, por decreto también de las Cortes de Cádiz en 1813?
Respecto a la primera, hay que tener en cuenta que los edictos se publican para prohibir la circulación de libros ya editados, luego la libertad de imprenta no vendría a ser un obstáculo para que la Inquisición se pronunciara en contra del texto en cuestión.
Pero aún así, señalan los autores que en realidad dicha libertad no estuvo en vigor en Nueva España, mientras que sí se aplicó la derogación hasta 1814 del Tribunal pero, y es un dato importante a tener en cuenta, la labor censora siguió practicándose en México por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas locales.
A mi juicio este es el periodo de tiempo más interesante del análisis aquí presentado, el comprendido entre 1810 y 1815, porque presenta los edictos promulgados en Nueva España, no en la metrópoli.
Así, el conocimiento de los impresos prohibidos por las autoridades locales nos da muchas luces tanto de lo que se estaba escribiendo y publicando y lo que circulaba por Nueva España en los primeros años de la Guerra de Independencia, como lo que dicho gobierno colonial consideraba subversivo.
Por ello se convierte en una doble fuente para investigar sobre las ideas de los independentistas pero también sobre las de un grupo de intelectuales y hombres influyentes que estaban en contra de la separación y/o del cambio, corriente de pensamiento que no ha sido muy estudiada en México hasta el momento.
En este sentido, la obra tiene un gran valor como estímulo para nuevas investigaciones y estoy segura de que saldrán importantes trabajos desde el mismo grupo de investigación que la respalda: el Seminario del Comercio del libro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A partir de la consulta del catálogo que conforma la segunda parte del volumen, constatamos la importancia de la producción americana, de la que sabemos, además, que era mucho mayor de lo que aparece en los edictos, pues la falta de autonomía del Santo Oficio mexicano evitaba que éstos se cebaran sobre la producción propia.
Así, es fácil pensar que se producía infinitamente más de lo que está consignado en los citados edictos.
Por otra parte, y esto es válido también para la producción externa, hay que tener en cuenta que los libros prohibidos en los edictos son sólo una muestra de las publicaciones subversivas pero que no pueden considerarse de manera total pues muchas de éstas pudieron pasar desapercibidas a los censores.
En él no sólo se presentan los libros prohibidos sino los folletos, las proclamas, los papeles, los manuscritos, los periódicos y las gacetas e, incluso, las comedias.
Cada registro incluye, siempre que es posible, información muy valiosa relacionada con el motivo de los censores, la fecha en que se publicó el edicto en Madrid y en México y la forma de prohibición que podía ser especial (lo que incluía a las personas autorizadas a leer libros prohibidos), corriente o simplemente mandada a recoger.
Como decíamos al principio, el libro tiene varias lecturas y contribuirá por ello a futuras investigaciones en diferentes campos de la historia pero también de la literatura, la documentación o la biblioteconomía de los próximos años.-INMACULADA SIMÓN RUIZ, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá.
Magallanes Castañeda, Irma Leticia: La Compañía de Jesús en Durango, Nueva Vizcaya: Del asentamiento a la Expulsión y sus consecuencias, Durango, Secretaría de Educación del Estado de Durango, 2010, 566 páginas.
Si bien la historiografía mexicana ha sido muy fecunda a la hora de estudiar la obra y legado de la Compañía de Jesús en la Nueva España, son muchos los aspectos que aún quedan por descubrir de esta apasionante historia de la orden religiosa que por lejos dio más que hablar -para bien y para mal-en la historia colonial hispanoamericana.
Y es precisamente este objetivo el que movió a la autora a realizar este trabajo, gran esfuerzo académico que se vio coronado de buena forma con la obtención del Grado de Doctor por la Universidad de Sevilla, tras la lectura de esta Tesis que aquí se reseña tras su publicación.
El estudio es simplemente el mejor trabajo realizado sobre la historia de los jesuitas en Durango, es decir, desde la llegada de la Compañía a la Nueva Vizcaya hasta el extrañamiento de la orden a partir de junio de 1767, y este calificativo de mejor lo podemos fundamentar a partir de la profunda investigación realizada por la autora en cuanto a documentación archivística se refiere, pero también porque a través de sus páginas, se puede constatar el amplio conocimiento de la bibliografía existente, tema no menor si consideramos que abordar el tema jesuítico en el norte de la Nueva España, y en Hispanoamérica en general, implica recabar una amplia y profunda lectura de autores clásicos y modernos.
Ahora bien, en cuanto a la estructura del trabajo, la autora comenzó por establecer el contexto geográfico -los altos llanos de Guadiana-, el político y social de Nueva Vizcaya, incluyendo también la organización religiosa al momento del establecimiento de los jesuitas en dicha región.
De especial interés resulta el acápite sobre la economía, factor no menor cuando hablamos de una fundación jesuítica que requeriría necesariamente una autofinanciación si es que pretendía ir más allá de las primeras misiones volantes.
En este sentido Durango y su región, con una incipien-RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS te economía minera y ganadera, fue atractiva para explicar la expansión hispana, y posteriormente la llegada de los misioneros.
Para el caso particular de los jesuitas, animados por el gobernador Río de Losa, establecieron en la villa de Durango una residencia, la primera de Nueva Vizcaya, en 1590.
Dicha fundación se explicaba por la necesidad de apoyar la expansión misionera hacia Sinaloa, territorios fronterizos que requerían una cabecera desde donde apoyar a los religiosos.
Tras abordar el tema de las misiones y cómo éstas se secularizaron en el siglo XVIII, Irma Leticia Magallanes centró su atención en la acción de la Compañía en Durango, para lo cual el segundo capítulo lo dedicó en extenso a estudiar los antecedentes de su fundación, que en específico se concretó en 1633.
Interesante resultó en este estudio puntual, el apartado sobre los protagonistas, las personas detrás de los religiosos, aportando valiosos antecedentes que al mismo tiempo abren nuevas líneas de investigación.
De igual forma, el tema educacional cobra relevancia, más aun en la sociedad actual que necesita reconstruir los fundamentos de la historia de la educación, de la cual los jesuitas tienen mucho.
Por esta razón, trabajar, por ejemplo, los niveles educativos o las fuentes de sostenimiento son una invitación a la reflexión prioritaria de cómo se deben abordar estos temas; en este caso, en un estudio puntual de Durango y la Compañía de Jesús.
En el tercer capítulo, la investigación centra su atención en la economía, tema de orden temporal muy apropiado al asumir una investigación jesuítica, no porque este ítem sea un capricho de la orden, sino porque sus miembros estaban obligados a tratarlo seriamente de acuerdo a sus Constituciones.
Es decir, donde había un colegio, simultáneamente debían existir fuentes de financiación, y las haciendas fueron casi un común denominador.
En este caso, el estudio aborda el caso de las haciendas La Punta y San Lorenzo.
En la introducción, la autora confiesa que la primera idea que tuvo al iniciar este estudio era profundizar en la expulsión de los jesuitas de Durango en 1767, y si bien la idea evolucionó y amplió su marco cronológico, el cuarto capítulo trata en extenso lo que fue el extrañamiento de la orden desde esta región de frontera, fenómeno aún más sensible en el plano del impacto en la sociedad local.
Resulta de especial interés la puesta en ejecución del real decreto del 25 de junio de 1767, así como el seguimiento a toda la ruta seguida por los ocho sacerdotes y dos coadjutores que conformaban el contingente que residía en el Colegio de Durango.
ISSN: 0210-5810 Una consecuencia de lo anterior es el tema de las temporalidades, y para ello se elaboró una quinta parte que trata en profundidad sobre los bienes de los jesuitas, así como su destino.
Por eso es importante el apoyo en material archivístico, siempre abundante para este tipo de estudios, especialmente por la prolijidad con que se actuó, y que poco se han utilizado por la historiografía.
De igual forma, en el mismo capítulo se trata sobre las consecuencias de la expulsión desde una perspectiva educacional, religiosa y económica.
Por último, la autora no quiso que su obra se delimitara de la forma tradicional con que se suele fijar su marco cronológico, es decir, el extrañamiento de 1767.
Para comprender de mejor forma el proceso global que vivió la Compañía en Durango en tiempos coloniales, se decidió extender la frontera temporal, para lo cual, en un sexto capítulo, se estudió el restablecimiento de la orden en 1819 y su secularización definitiva en la ciudad en 1821, tiempo breve pero suficiente para haber dejado huella en la sociedad duranguense del siglo XIX.
De especial interés resulta el estudio de las devociones introducidas en dicha época.
En definitiva, este libro, que ve la luz gracias a la edición de la Secretaría de Educación del Estado mexicano de Durango, es un verdadero aporte a la historiografía jesuítica hispanoamericana, abriendo nuevas luces en el desarrollo de estas necesarias historias de frontera.-RODRIGO MORENO JERIA, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.
Martínez Ferrer, Luis (edición histórico crítica y estudio preliminar), Decretos del concilio tercero provincial mexicano (1585), México, El Colegio de Michoacán, Universidad Pontificia de la Santa Cruz, 2009, 2 vols.
Esta edición es el resultado de un trabajo en equipo, que incluye un prólogo de Alberto Carrillo Cázares, la revisión de textos latinos de Alfonso C. Chacón Oreja, la transcripción de textos en castellano antiguo también de Carrillo Cázares, así como un apéndice biográfico de Alejandro Mayagoitia, y así mismo son de la autoría de Mayagoitia las fichas biográficas de los jueces sinodales que se incluyen al final del tomo I. Además hay que indicar que el I de esos tomos contiene el estudio introductorio y el II la edición bilingüe latín-español de los decretos.
El importante trabajo de Luis Martínez Ferrer -profesor de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en la Urbe-que ahora comentamos es necesario contextualizarlo dentro de un proyecto editorial mayor en que desde hace varios años trabaja Alberto Carrillo Cázares en el Centro de Estudios de las Tradiciones de El Colegio de Michoacán, y que de un lustro a la fecha ha fructificado en diversas publicaciones, junto con la celebración de una serie de coloquios internacionales que este año llegaron a su décima edición -convocados los dos últimos con Andrés Lira en El Colegio de México-y cabe destacar que en varios de estos seminarios realizados en el Colmich -tanto en la sede de Zamora como en la de La Piedad -ha participado activamente Martínez Ferrer.
El proyecto en cuestión es el de la edición de las fuentes del Concilio Tercero Provincial Mexicano, gracias al cual no sólo -lo que ya sería de por sí envidiable-se han dado a la luz los manuscritos de dicho concilio, (Carrillo Cázares, Alberto: Manuscritos del concilio tercero provincial mexicano ( 1585), Edición, estudio introductorio, notas, versión paleográfica y traducción de textos latinos por Alberto Carrillo Cázares, México, El Colegio de Michoacán y Universidad Pontificia de México, primer tomo, vs. I y II, 2006; segundo tomo, vs. I y II, 2007; tercer y cuarto ts., 2009), sino que de manera complementaria se ha venido publicando un cuerpo de obras que le proporcionan tanto contexto como sustento histórico, entre ellas la que se refiere a la gestión episcopal de Alonso de Montúfar (Lundberg, Magnus: Unificación y Conflicto.
La gestión episcopal de Alonso de Montúfar O.P., Arzobispo de México, 1554-1572, traducción de Alberto Carrillo Cázares, México, El Colegio de Michoacán, 2009), o la nueva edición actualizada y puesta al día por Stafford Poole, en el marco de este mismo proyecto, de la biografía del siguiente arzobispo de México, Pedro Moya de Contreras, lista a la cual habría todavía que añadir el Directorio del Concilio (la biografía de Moya de Contreras acaba de ser publicada en inglés y ya está en proceso de edición la versión castellana, al igual que lo está el Directorio), y el estudio del aparato de fuentes a cargo de Jesús Galindo (Galindo Bustos, Jesús: Estudio del aparato de fuentes del Concilio Tercero Provincial Mexicano (1585), México, El Colegio de Michoacán, Fideicomiso «Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor», 2010).
Sobre la importancia capital de este tercer concilio, tanto en la etapa colonial novohispana como en la nacional mexicana, el doctor Alberto Carrillo explica en el prólogo de la obra que ahora comentamos: «El Concilio III Mexicano no es sólo un trascendental evento novohispano, es también una asamblea que se inscribe en la renovación católica de la monarquía española, en el seno de la Cristiandad post-tridentina.
Sus problemas no pueden ser considerados como exclusivamente mexicanos: son cuestiones que, en buena parte, vienen debatidas en Lima, Valencia, Milán, Varsovia o Coimbra.»
A lo anterior habría que añadir que, dado que hasta el año de 1771, en plena etapa ilustrada, no tiene lugar el IV concilio mexicano, y también debido a que éste nunca contó con la sanción de las autoridades correspondientes, tanto en Madrid como en Roma, el III concilio siguió vigente en México hasta finales del siglo XIX, y si uno parte del hecho de que aún a esas alturas los ámbitos temporal y espiritual en la América hispana resultaban profundamente interdependientes, se tendrá una clara idea de la trascendencia del Concilio tercero en la historia, tanto novohispana como mexicana decimonónica.
Para que quede claro el sentido y alcance del significado de «edición histórica crítica» con que el autor distingue su trabajo en el subtítulo, el propio Martínez Ferrer advierte en la introducción: «Desde el principio se ha contado con el texto final: la edición príncipe de 1622.
Pero se habla de'edición histórico-crítica' porque se ha llevado a cabo un trabajo crítico 'a la inversa'.
A partir de esta edición, se ha rastreado su confección contando con todos los elementos posibles (manuscritos mexicanos, romanos, etc.), y se han analizado y localizado las fuentes citadas por el concilio, dándoles la forma crítica del estilo moderno, buscando las mejores ediciones para su consulta.»
Sin lugar a dudas que el formidable trabajo que representa la edición histórico crítica de los decretos del concilio tercero provincial mexicano viene a cerrar con broche de oro la publicación de las fuentes de dicho concilio llevada a cabo por Alberto Carrillo, obra que permiten contextualizar los estudios historiográficos ya mencionados.
En el primer volumen se nos presenta el estudio preliminar de Martínez Ferrer que se dedica al análisis de la redacción de los decretos (1585); aprobación de los decretos en Roma (1589) y en Madrid (1591); dificultades para la publicación de los decretos; elaboración del aparato de fuentes de la edición de 1622; edición príncipe (1622); fuentes y bibliografía.
El segundo volumen contiene las características de la edición, la Recognitio del tercer concilio provincial mexicano (30 de octubre de 1589) y la edición histórico-crítica de los decretos del concilio.
No está de más el señalar que esta edición de fuentes estuvo precedida por otro proyecto de gran aliento encabezado por Alberto Carrillo, que se complementa estrechamente: el curso de derecho hispano-indiano del jesuita Pedro Murillo Velarde, de mediados del XVIII, y que gozó en su momento de gran crédito y difusión en la América hispana (Murillo Velarde, Pedro: Curso de Derecho Canónico hispano e indiano, coordinador del proyecto, Alberto Carrillo Cázares, México, El Colegio de Michoacán y Facultad de Derecho de la UNAM, 2004UNAM, -2005, 4, 4 En las últimas dos décadas la historia moderna de Irlanda se ha convertido en una cuestión historiográfica de particular interés para el mundo académico.
Desde distintos campos de investigación histórica se ha avanzado en el conocimiento de la historia común y se ha ampliado el ámbito de estudio, generando una cuantiosa producción editorial al respecto.
Irlanda y el Atlántico Ibérico.
Movilidad, participación e intercambio cultural refuerza esta prolífica actividad científica e intelectual y, siguiendo el camino iniciado en el Congreso Internacional Spanish-Irish relations through the ages (Salamanca, 2004), es el resultado del homónimo simposio internacional celebrado en Sevilla entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2008.
Esta obra colectiva, con una perspectiva comparada y global, pretende aportar una visión de conjunto y abrir nuevas líneas de investigación sobre los movimientos transnacionales y los procesos de integración de las minorías, la irlandesa en el caso que nos ocupa, en el contexto de los fenómenos migratorios europeos, en un marco geográfico más amplio que no sólo se circunscribe al Viejo Continente, sino que incluye el resto de territorios que configuraban la monarquía hispánica.
Presentado como una miscelánea de investigaciones realizadas por especialistas europeos en la mate-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 709-761.
ISSN: 0210-5810 ria -hasta un total de veinte contribuciones, publicadas en español, inglés y portugués-, Irlanda y el Atlántico Ibérico incluye estudios monográficos de diversa índole: económicos, militares, políticos, religiosos, sociales y de género, completados con trabajos puramente «atlánticos», que perfilan determinados aspectos de los exiliados irlandeses en la modernidad.
Esta heterogénea recopilación, dotada de una reseñable coherencia argumental interna, se rige por tres pilares fundamentales mencionados en el propio título de la obra: Movilidad, participación e intercambio cultural.
No se trata de conceptos vacíos, sino de rasgos definitorios de la comunidad irlandesa que, en su vinculación con la monarquía católica y su dimensión atlántica, muestra analogías con otras minorías europeas en la coyuntura de los siglos XVI-XVIII.
En este periodo, Sevilla conoció el desarrollo mercantil de una pequeña colonia irlandesa, muy próxima a los hombres de negocios británicos.
Mercedes Gamero Rojas y Manuel F. Fernández Chaves, valiéndose de la rica documentación de los protocolos notariales, analizan las redes y los intercambios comerciales de textil, aceite y cítricos de irlandeses con la Europa septentrional y con América.
Su especialización en estos últimos les reportó importantes ganancias, invertidas en la compra y arrendamiento de tierras destinadas a la producción de naranjas y limones.
No muy lejos de la capital hispalense, en las postrimerías del siglo XVII, llegó a Málaga John Aylward, un irlandés de Waterford que, con escasos recursos, ascendió en el mundo de los negocios gracias a la introducción de su firma en los circuitos comerciales preponderantes y a las redes socio-comerciales que fue tejiendo con Inglaterra y con otros comerciantes europeos en el Norte y el Mediterráneo.
A través del archivo personal de la familia Aylward, Jimmy McCrohan nos ofrece este estudio de caso como un ejemplo de prosperidad económica ante una aparente adversidad de partida.
Esto mismo señala Pedro O'Neill Teixeira de la gran mayoría de comerciantes irlandeses arribados en Portugal, los cuales se integraron rápidamente en su sociedad y se beneficiaron, además de la diáspora jacobita, de la estrecha relación de esta corona con la británica, para introducirse en el mundo de los negocios, establecer casas mercantiles y emprender intercambios comerciales con Europa y Norteamérica, a través de las rutas portuguesas.
Como se puede observar, en el establecimiento de redes comerciales, subyacen fuertes contactos personales e intrínsecos vínculos de dependencia, reciprocidad, competencia y rivalidad.
Con su reflexión historiográfica y metodológica sobre los aspectos antropológicos de las comunidades mer-cantiles extranjeras, los agentes comerciales y las redes especializadas, Ana Crespo Solana nos propone su análisis desde una perspectiva transnacional e interdisciplinar.
Al otro lado del océano, en el «Atlántico Ibérico», la comunidad irlandesa también participó muy activamente en los asuntos mercantiles.
Manuel Herrero Sánchez e Igor Pérez Tostado nos muestran cómo los irlandeses, insertos en las redes transnacionales de contrabando y asiento de negros, en manos de los genoveses Ambrosio Lomelín y Domingo Grillo y con el irlandés Ricardo Fuit como principal agente en Barbados y Jamaica, fueron «conectores del mundo Atlántico», el reflejo de su progresión e integración en el entramado económico y comercial del Caribe.
En Saint Croix, durante la Guerra de los Siete Años, Orla Power insiste en cómo esta minoría consiguió una posición privilegiada al mantener una actitud ambigua, incluso camaleónica, y al aprovechar las ventajas del comercio azucarero, para desplegar sus redes en la zona y abrirse a los mercados internacionales.
En esos años, en el puerto español de San Bernardo de Monte Cristi, los irlandeses son considerados por Thomas M. Truxes como «intrusos».
Su actuación como hábiles negociantes derivó en su progresivo enriquecimiento, al servirse de las restricciones generadas por los conflictos coloniales del siglo XVIII, para canalizar sus negocios a través de puertos francos e intermediarios neutrales y utilizar este enclave estratégico y principal centro distribuidor del Caribe, como base de sus transacciones comerciales con Francia.
Esta movilidad irlandesa desde los primeros años del siglo XVII, responde, entre otras causas, al impacto generado por la batalla de Kinsale.
Aún siendo un acontecimiento muy consabido, Enrique García Hernán nos presenta un nuevo matériel inédito, extraído de la sección de Contaduría Mayor de Cuentas del Archivo General de Simancas, que arroja datos significativos sobre las fuerzas que integraban la expedición española, la artillería, los bastimentos de cada compañía y otras cuestiones referentes a la acción y cultura bélica que abren una nueva línea de investigación al respecto.
Sin embargo, los costes militares no fueron los únicos a los que tuvo que hacer frente la monarquía hispánica.
No obstante, su periplo también continuaba un poco más al Sur, hasta Portugal.
ISSN: 0210-5810 Braga, valiéndose de la documentación inquisitorial del Santo Oficio luso, retrata a los exiliados irlandeses que, procesados por distintas causas, de forma voluntaria acudían a este Tribunal y exponían su manera de vida, sus prácticas religiosas, su pensamiento, etc. Información que nos ayuda a ver a estos grupos de naturales en tierra extraña desde una óptica renovada.
A lo largo del siglo XVII la mayor afluencia de irlandeses se hizo patente en el «ejército de las naciones» de los Austria.
Sin embargo, su participación en los conflictos peninsulares ha sido muy poco investigada.
Con su artículo, Antonio José Rodríguez Hernández nos aproxima al servicio prestado por los tercios de infantería irlandesa en el frente de Extremadura (1642-1668), los distintos modos de reclutamiento, el número de unidades, su estrategia de combate y su evolución interna.
En el otro bando, durante la Restauraçao, algunos irlandeses adquirieron mucho protagonismo en el entorno cortesano de la casa de Braganza, en especial por su proximidad a las mujeres de la realeza: la reina Luisa y la infanta Catalina.
Joana Pinheiro de Almeida Troni centra su atención en dos conspicuos religiosos: Pedro de la Poer, capellán real de João IV y tutor de su heredero, Teodosio; y fray Daniel O'Daly, quien, además de confesor de la reina, intervino como enviado en diversas negociaciones con Francia e Inglaterra.
La valía diplomática demostrada por los cortesanos irlandeses exiliados a mediados del siglo XVII, en conversaciones políticas y militares de gran relevancia con las potencias continentales, también es tenida en cuenta por John J. Cronin al referirse a sus estrechos contactos y su clara ambivalencia entre las coronas de España y Francia.
Lógicamente, muchos de estos cortesanos, que hicieron carrera en el ejército o emparentaron con la Grandeza, obtuvieron una privilegiada posición social.
En el Setecientos, con la llegada al trono de la dinastía Borbón y el estallido de la Guerra de Sucesión, la nobleza irlandesa emigrada se vio obligada a posicionarse entre Felipe de Anjou o el archiduque Carlos de Austria.
En este juego de lealtades, Declan M. Downey justifica cada una de las posturas adoptadas: Borbones en España y austracistas en Flandes, en función de los intereses de clase, e incide en cómo una nueva generación de estos nobles exiliados llegó a ocupar altos cargos de la administración y del gobierno a lo largo del siglo XVIII.
Del mismo modo, Óscar Recio Morales razona cómo, tras su paso por la Península, reducidos grupos de irlandeses ilustrados emprendían viaje hacia el sudeste americano y la zona del Caribe destinados en los ejércitos fronterizos de refuerzo.
Desde estas posiciones, avezados militares como Alejandro O'Reilly (Cuba) o Ambrosio O'Higgins (Chile) iniciaron un proceso reformador de tal trascendencia que determinó el destino de aquellos territorios hasta las independencias del siglo XIX; y que, a título personal, les reportó un mayor estatus socioeconómico, perpetuado y aumentado generacionalmente.
La religiosidad de la nación irlandesa siempre ha sido uno de los temas que más interés han despertado historiográficamente.
Lejos de permanecer en el olvido en esta obra, Benjamin Hazard destaca la labor misional efectuada por los religiosos franciscanos irlandeses en el «Atlántico Ibérico».
Basándose en las inéditas recopilaciones documentales realizadas por esta orden en el siglo XVII, sitúa a Florence Conry y Luke Wadding, desde Madrid-Flandes y Portugal, respectivamente, como promotores del movimiento evangelizador de esta nación en América.
Aunque su principal cometido fuera espiritual, estos misioneros se imbuyeron del espíritu descubridor y dejaron riquísimas descripciones y cartografías de las Indias Occidentales que han llegado hasta nosotros.
Igualmente, Matteo Binasco advierte cómo otro grupo de misioneros irlandeses se asentó en las colonias inglesas y francesas de las Antillas y creó canales de comunicación con la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, para que desde Roma se conociera la auténtica realidad del Caribe.
Así mismo, las noticias enviadas por irlandeses desde América no sólo se limitan al ámbito religioso.
Salvador Bernabeu Albert nos descubre al mercader gaditano Pedro Alonso de O 'Crouley y O' Donnell, quien formado en la Francia del siglo de las Luces, escribió su Idea Compendiosa de México.
Esta obra enciclopédica del virreinato de Nueva España, con detalladas descripciones, mapas y dibujos realizados por el propio Pedro Alonso, responde a la vocación ilustrada de un irlandés de origen que quedó tan maravillado con aquello que contemplaba durante sus viajes mientras efectuaba transacciones económicas, que quiso plasmarlo por escrito.
Por otro lado, la incipiente historia de género tiene un hito destacado en el conocido como «siglo de las reinas», el siglo XVIII.
Una centuria en la que pertenecer a la Casa de la reina o al círculo de damas de la Corte derivó en que estas mujeres, próximas a la soberana, adquirieran cierto protagonismo en la esfera política, ejerciendo una gran influencia sobre su persona.
En este ámbito las irlandesas no permanecieron ajenas a los asuntos de palacio y a las intrigas cortesanas, sino que, como postula Diego Téllez Alarcia con la marquesa de Salas y madame Lismore, fueron perspicaces estrategas insertas en las informales redes de poder femeninas, de una Europa «dominada» por hombres.
Además de la movilidad y la participación económica, militar y política de la comunidad irlandesa en el seno de la monarquía, no menos importantes fueron los intercambios culturales.
Estos influjos recíprocos dejaron una huella tan acentuada que ha impregnado la literatura contemporánea, tanto irlandesa como española.
A través de distintos poemas, Beatriz Villacañas conecta la poesía y la fuerza de las palabras con la historia, la tradición y la memoria común como fuentes y testimonios imprescindibles para comprender el profundo arraigo que las dilatadas relaciones hispano-irlandesas han generado en los respectivos imaginarios.
Esta misma influencia también se evidencia en las corrientes historiográficas.
Como cierre de esta obra, Óscar Recio Morales analiza el estado de la cuestión de los estudios irlandeses, el hispanismo en Irlanda y su proyección en el «Atlántico Ibérico», ofreciendo una amplia y variada bibliografía que nos orienta y ayuda en la comprensión del potencial de esta minoría en la América Colonial, un campo de investigación en expansión que dará grandes frutos en el futuro Irlanda y el Atlántico Ibérico.
Movilidad, participación e intercambio cultural es, en definitiva, una obra colectiva de obligada consulta por su interdisciplinariedad y su destacable rigor científico en la unidad de contenidos.
Un punto de referencia para aquellos investigadores interesados en seguir las líneas de investigación trazadas en sus páginas sobre las relaciones entre Irlanda y España, en un ámbito que trasciende lo meramente continental, el «Atlántico Ibérico».
Un espacio aún poco explorado por la historiografía, donde la minoría irlandesa supo entender las dinámicas coloniales para integrarse por completo y prevalecer, en el cada vez más complejo entramado de la monarquía de España de los siglos XVII-XIX.-CRISTINA BRAVO LOZANO, Universidad Autónoma de Madrid. |
México -que acaba de conmemorar sus primeros setenta años como institución puntera en América Latina, 1940-2010-un coloquio internacional que, bajo el título de Poder real y gobiernos locales en España e Indias (Siglos XVI-XVIII), reunió a catorce especialistas de México, Chile y España para presentar sus investigaciones desde una perspectiva integradora y comparativa.
Como expusieron los responsables del Coloquio en sus palabras de presentación, las historiografías de cada país o área cultural se hallan hoy en un notable proceso de fusión y acercamiento al que las instituciones involucradas en esta reunión han querido contribuir.
Autónoma de Zacatecas, versó sobre la aplicación del método antropológico de reconstrucción de familias en la región de Nueva Galicia en el siglo XVI.
El resultado, fruto de veinte años de esfuerzo, ha sido la elaboración de un riquísimo Diccionario Biográfico del Occidente Novohispano que recoge una información portentosa para los investigadores (25.000 voces) y abre nuevos horizontes para la historia, tanto local y regional como del virreinato.
Se debatió, a este respecto, sobre la tensión que estos enfoques pueden generar entre la autonomía del individuo y el determinismo que a veces se extrae de sus trayectorias -y del que es un claro ejemplo el problema de la «estrategia familiar».
Joaquina Noriega Hernández (El Colegio de México) expuso sus muy notables avances sobre el uso de la clemencia y la misericordia en las prácticas judiciales de la Oaxaca virreinal, con los alcaldes mayores como protagonistas que se valían de estos conceptos -asumidos por la población como táctica reductora de las penas-para incrementar su poder local.
Por último, Hilario Casado Alonso (Univer sidad de Valladolid) trató de las relaciones entre el comercio del textil y de objetos suntuarios con la cultura material en la Castilla de los siglos XV-XVI, estableciendo un panorama donde los intereses económicos de las nuevas rutas abiertas, los cambios en la demanda de las ciudades y la evolución del «gusto» en el consumo, suponen un desafío para una historia económica cada vez más exigente y compleja.
La segunda jornada incluyó cinco intervenciones.
El autor de esta crónica presentó un avance de su investigación sobre la idea de obediencia en el mundo hispánico de los siglos XVI y XVII, con algunos ejemplos de conflicto entre la corona y los gobiernos urbanos motivados por la tendencia de la primera a debilitar el uso de la fórmula de compromiso bajomedieval «obedézcase pero no se cumpla».
Leticia Pérez (Universidad Nacional Autónoma de México) trató del papel de los seminarios tridentinos -por lo general, preteridos por la historiografía en favor de las universidades-como centros donde confluían intereses locales y susceptibles de usarse como vehículos de estrategias no sólo religiosas, sino políticas, lo que provocaba conflictos con el clero regular.
Bernarda Urrejola Davanzo, investigadora chilena de El Colegio de México, analizó el papel del sermón sacro antes de su paso al «discurso cívico» destacando la especificidad de este género en función de su contenido, la autoría (y su relación con la autocensura), el auditorio y sus efectos -como los procesos abiertos por la Inquisición por una prédica «escandalosa» en CRÓNICAS una ciudad determinada.
El debate se centró sobre la presión de la censura en los autores de sermones y en el margen de originalidad que los manuales de sermones dejaban para la creatividad de quienes los escribían.
Cerró la sesión Rodolfo Aguirre Salvador (Universidad Nacional Autónoma de México) con una muy documentada y original pesquisa sobre la negociación de Felipe V y el arzobispado de México para lograr el pago del subsidio eclesiástico durante la Guerra de Sucesión.
Este pago, ya habitual en la Península, no lo era en Indias, de ahí el interés de este estudio, que prueba cómo el fracaso de la corona en su objetivo de estabilizar la citada recaudación sacó a la luz no sólo la relativa debilidad del rey, sino también las agudas divisiones que atravesaban al clero novohispano.
La tercera y última jornada tuvo como primera intervención la ponencia de Pilar Gonzalbo Aizpuru (El Colegio de México) sobre el problema de las «castas» en el México virreinal.
Brillante y convincente, provista de un notable aparato empírico, la investigadora cuestionó la realidad de la conocida como «sociedad de castas», una interpretación errónea y anacrónica de la realidad novohispana por parte de una determinada historiografía.
En vez de compartimentos sociales estancos entre etnias y de una nula movilidad social -rasgos que, en puridad, son los que definen el orden de castas-, Gonzalbo prueba que más allá de unos innegables prejuicios sociales, raciales, económicos y políticos generadores de desigualdad, el término «casta» en su acepción estricta es inaplicable a la realidad indiana aunque se usara en los documentos.
Su instrumentación, más bien, derivó de la cultura de la «limpieza de sangre», pero esto en ningún caso equivale a un casticismo social y segregativo auténtico.
De ahí que la palabra «calidad» se usara más, ya que ayudaba a reflejar mejor la complejidad real.
En este sentido, la diversificación de fuentes, como las judiciales y los libros de bautismo, marca el camino apropiado para entender que, por ejemplo, los célebres «cuadros de castas» de la segunda mitad del siglo XVIII no reflejaban la realidad sino una aspiración idealizada.
Carolina González, otra investigadora chilena de El Colegio, expuso el problema de los esclavos litigantes en Chile durante la transición a la independencia.
Mediante el estudio de los litigios que estos planteaban a sus dueños para alcanzar la «carta de libertad», surge una cultura política y judicial que sirve como radiografía de las relaciones de poder del momento.
Gloria Franco (Universidad Complutense de Madrid) presentó la cuestión de la sociabilidad en las ciudades españolas del Setecientos.
Salones, tertulias y cafés fueron lugares donde la sociedad urbana dio muestras de un interés por la política antes poco usual.
Su importancia fue reconocida por los gobiernos de la época, que por esta razón trataron de controlarlos, como fue el caso de las Sociedades Económicas.
La exposición de Gabriel Torres, de El Colegio de México, analizó el problema de la conspiración política como «modelo» para explicar determinadas crisis.
Enlazando en un continuo algunos episodios ocurridos en Nueva España entre los siglos XVII y XIX, dió especial relieve a la categoría emocional del «temor» y a la categoría racional de la «conspiración», esta última necesitada de unas pruebas documentales no siempre disponibles ni fiables para el historiador.
Precisamente sobre el problema metodológico de este cruce de campos, el emocional y el racional objetivados a través de los dos conceptos referidos, trató el debate posterior.
Por último, Luis Ribot, de la Universidad de Valladolid, trazó un cuadro denso y completo de las relaciones entre las ciudades castellanas y la corona bajo los Austrias, o lo que es igual, del proceso de entendimiento o disenso entre los grupos urbanos y la dinastía reinante en plena época imperial.
La singularidad castellana estribó en que sólo esta monarquía tenía al rey en su territorio, lo que supuso tanto problemas como ventajas.
La complejidad administrativa del espacio castellano, la existencia de unas Cortes que sólo representaban a algunas de las ciudades más conspicuas pero no a todas y, en fin, el carácter foral de zonas como Navarra o los territorios vascos, todo se sumaba para hacer del gobierno de Castilla una realidad nada simple.
Si es cierto que el conflicto era habitual, también lo es que tras cada uno de ellos se abría espacio la recomposición de las relaciones gracias al mecanismo del servicio a cambio de merced, tantas veces articulado en las Cortes -o sin ellas ya desde 1665.
La ausencia de rebeliones comparables a las que sacudieron otras partes de la Monarquía hablaría, por tanto, de una estabilidad y una eficacia que hundían sus raíces en esta peculiar cultura política.
Es de esperar que próximas iniciativas como la que aquí hemos referido contribuyan a incentivar unos intercambios que ya son, a decir verdad, no sólo hispánicos sino trasatlánticos.
Es una necesidad y una feliz motivación.
Coloquio Internacional En torno a la muerte.
Ritos, prácticas, imágenes y discursos: África-América-Asia-Europa
Ciudad de México, 5-8 de julio de 2011 Este Coloquio Internacional celebrado en el Auditorio Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología, inició su organización codirigido por la doctora Nadine Béligand, del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) de México, y la maestra Elsa Malvido ( †), de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (DEH-INAH), también de México.
En su fase de elaboración, pretendía reunir a especialistas cuyos campos de investigación -la arqueología, la historia, la literatura, la antropología y la sociología-fueran lo más variados posible, con la meta de hacer dialogar los estudios de áreas culturales con los estudios interculturales.
Una primera experiencia de este enfoque ya se había plasmado en el número 58 de la revista TRACE (Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre), coordinado por la doctora Béligand y publicado por el CEMCA en diciembre de 2010, bajo el título Las ciencias sociales y la muerte.
El proyecto del Coloquio tenía como meta ampliar los horizontes sin poner límites cronológicos, dado que son campos disciplinarios privilegiados en ese tipo de debate.
Otra línea importante era de naturaleza epistemológica: si bien en el campo de las ciencias sociales, el tema de la muerte es un objeto recurrente, los coloquios y publicaciones de naturaleza comparativa en una perspectiva intercultural e interdisciplinaria son prácticamente inexistentes.
Al favorecer intercambios entre África, América, Asia y Europa en el terreno de las transferencias culturales y de las influencias recíprocas, se pretendía llenar, al menos en parte, un vacío historiográfico.
Esta apertura tenía toda su importancia en la renovación de las perspectivas historiográficas y de las herramientas metodológicas.
Las respuestas favorables de diversos investigadores permitieron juntar 36 especialistas en ciencias humanas y sociales (procedentes de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Perú y Suiza) que se dedican, con enfoques muy diversos, al estudio de las prácticas funerarias, de los rituales en torno a la muerte y a los muertos, así como a las imágenes y discursos sobre la muerte.
Tras la inauguración del Coloquio por Inés Herrera Canales y Delphine Mercier, directoras de la DEH-INAH y del CEMCA, la mañana HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 765-787.
Esta sesión fue organizada por Alicia Bazarte (Instituto Politécnico de México), que evocó la larga amistad entre ambas, y recordó que si bien Elsa no creía en aquel «más allá», no se podía dudar de su presencia allí, sentada en alguna butaca del auditorio.
Se acompañaron estas palabras con una proyección de fotografías de la vida de la homenajeada, cortesía de Icel y Bertha Malvido, hija y hermana de la finada.
A continuación evocaron a Elsa varios colegas: Beatriz Cano Sánchez (DEH-INAH), su amiga muy cercana Susan Deeds, Manuel Fariña González, que recordó la presencia de Elsa en Canarias, Concepción Lugo Olin y Lilia Venegas, destacando su vitalidad e interés en su trabajo, en viajar por el mundo, conociendo nuevas personas, su gran capacidad como organizadora de congresos y otras actividades académicas, así como su lucidez, apasionamiento y entrega en todo lo que emprendía.
La conferencia inaugural, a cargo de Eduardo Matos Moctezuma, al comparar los nueve círculos de La divina comedia de Dante con los nueve pasos a seguir para llegar al Mictlan (a través de los relatos de fray Bernardino de Sahagún y del Códice Vaticano A 1338), y encontrar similitudes, dio la tonalidad general del Coloquio, al retomar la famosa pregunta de Claude Lévi-Strauss, «¿cómo comprender que, de un extremo a otro de la Tierra, los mitos se parezcan tanto?»
Así, de entrada, se reunieron los ingredientes fundamentales de esta reunión científica: el espacio, el tiempo y el método comparativo.
Con un total de diez sesiones repartidas en tres días y medio, que no podemos desarrollar en esta crónica por falta de espacio, las del 5 de julio fueron dedicadas a los Lugares de los muertos, así como a los Rituales de sepultura (cremación y tratamiento funerario del cadáver) y luego a Los cementerios.
Estas permitieron poner en paralelo áreas culturales muy diversas y hacer aflorar nuevos métodos de investigación.
En arqueología, primero se trató de diferenciar los restos arqueológicos de los mitos heredados del pasado: así, ¿cómo interpretar los centenares de miles de túmulos de Bahrein?
¿Una «isla de los muertos» o una «ciudad de los vivos con sus muertos»?
Pierre Lombard mostró que ese «paisaje lunar» de finales del tercer milenio y principios del segundo no sólo era una «isla de los muertos» sino una «ciudad de los vivos y de los muertos».
Un segundo problema de los arqueólogos, en la misma escala, la de la monumentalidad y de la simbólica.
Así, Philippe Chambon explicó CRÓNICAS que los túmulos y recintos gigantescos de las necrópolis neolíticas del V milenio a.
C. en Europa occidental corresponden a los grupos humanos más tempranos para los cuales se pueden identificar estatus diversificados y repetitivos.
Pero con la ponencia de Gregory Pereira se hizo un cambio de escala ya que este arqueólogo analizó las sepulturas de niños en los espacios domésticos de los Tarascos, del epiclásico (600-900 d.
Entre los dos periodos se pueden vislumbrar algunos cambios que podrían reflejar una evolución en las mentalidades que tal vez se pueda relacionar con la llegada de una nueva población, los Uacuséchas.
La siguiente escala de análisis fue una clasificación muy fina de los depósitos rituales del Templo Mayor, en la que Ximena Chávez diferenció los depósitos rituales con evidencia de sacrificio, las ofrendas con individuos decapitados, así como las sepulturas que involucran el tratamiento funerario de la cremación, los cuales le permitieron concluir que la disposición del cadáver en el citado Templo de Tenochtitlan envuelve una polisemia que no debe perderse de vista al hablar de la muerte entre los mexicas.
Desde la perspectiva de la arqueología europea sobre la Antigüedad y el Medioevo, las historiadoras y arqueólogas Isabelle Séguy e Isabelle Rodet-Bélarbi, interrogaron la noción de «no sepultura» (diferente de la sepultura a-típica, de la errática y de sepulturas ligadas a contextos de catástrofe).
Ellas mostraron que la privación intencional de sepultura puede estar ligada a acontecimientos bien precisos tales como, por ejemplo, los castigos en un contexto de guerra o de justicia, o infanticidios en un contexto moral y social muy coercitivo.
Finalmente, un estudio histórico a cargo de Amanda López permitió establecer la relación entre religión, clase social y práctica funeraria.
Pese a los esfuerzos del gobierno por fomentar la cremación en lugar de las inhumaciones gratuitas, los hornos del Cementerio de Dolores, en 1909-1913, fueron usados sólo para la incineración de los cuerpos no identificados.
Por lo tanto existió una doble moral en la que las elites alababan la cremación como una práctica moderna, civilizada y digna aunque la mayoría no la escogían para sus familiares.
La sesión siguiente, dedicada al estudio de los cementerios, reunió a arqueólogos e historiadores de México.
En primer lugar, una investigación inédita de Judith Hernández Aranda sobre el cementerio de la iglesia del Cristo en La Antigua, Veracruz, ubicado en la parte posterior de la llamada «Casa de Cortés» y que apareció en agosto de 2010, al inundarse esa ciudad.
Algunos cuerpos y sus contextos pertenecen claramente a la época del contacto, por lo que tal vez ese fuera uno de los primeros cementerios de españoles en territorio novohispano.
Le siguió una ponencia inédita de Elsa Malvido (+) sobre la iglesia-cementerio de San Miguel Chapultepec, datada en 1524, demolida en 1913 y que fue descubierta en 2004 cuando se hizo la remodelación y saneamiento de la primera sección del Bosque de Chapultepec, conteniendo entierros de niños en ollas y también sepulturas bajo el suelo de esta iglesia y no en el atrio.
Otra ponencia de igual importancia que la anterior, tanto por la calidad de las fuentes utilizadas como por el análisis tras-disciplinario, tuvo como autora a Martina Will de Chaparro, que trató de la disposición de los muertos en Nuevo México en el siglo XIX, y en concreto de la parroquia de Santa Fe, después de la conquista de esa zona en 1846.
Finalmente, Isabel Méndez Fausto hizo una descripción de las prácticas secularizadas del Panteón de Mezquitán, Guadalajara (1896-1964).
El miércoles 6 de julio fue «el día de los historiadores», presentándose trabajos sobre El cuerpo desmultiplicado, El cuerpo martirizado y Martirio e identidad.
Las ponencias iniciales hicieron hincapié en el primer tema: cuerpo del rey muerto, exequias reales en México y en Perú.
En él Thomas Calvo presentó la ponencia «Llantos del Occidente en el ocaso de los mejores de sus reyes en las Españas (siglo XVII)», en la que mostró que las honras fúnebres son las fiestas dinásticas por excelencia de los siglos XVI-XVII, explicando que poco o nada puede hacer el concepto de los dos cuerpos del rey, ya que la monarquía tiene al virrey como alter ego del soberano o simplemente «su representación».
Por su parte, Georges Lomné demostró que «Las exequias de Bolívar» habían logrado suscitar una verdadera sacralidad que los clérigos neogranadinos se esforzaban por atribuir, desde 1782, al retrato del rey.
Otra forma de sacralidad fue observada por Jacques Barou, antropólogo de las sociedades sub-saharianas.
Al examinar el ritual de los «segundos funerales» que, entre los Dogon de Mali y los Lobi de Burkina Fasso, marcan el paso del muerto al estado de ancestro pues, instalado en el altar de los ancestros e identificado como tal, su espíritu ya deja de atormentar a los vivos y goza de un culto a cambio de la protección que otorga a sus descendientes.
Así, los segundos funerales siempre tienen por objetivo neutralizar el espíritu de los muertos para protegerse en su contra y a veces para estar protegidos por ellos.
El tema de El cuerpo martirio fue abordado a partir de dos lecturas: primero el cuerpo hecho martirio en la ponencia de Nathalie Kouamé, CRÓNICAS cuando al centrarse sobre la ejecución pública, en Nagasaki, el 5 de febrero de 1597, de veintiséis cristianos de origen europeo y japonés, resaltó que el ordenante de esa macabra ceremonia -Toyotomi Hideyoshi (1537-1598), maestro absoluto de Japón entre 1582 y 1598-era impulsado a ella por motivaciones esencialmente políticas, proponiendo así una revisión historiográfica del acontecimiento.
En segundo lugar, al tratar el proceso infligido al cadáver del condenado a muerte (Francia, siglo XIX), Anne Carol mostró que, si bien la Revolución francesa había proclamado la extinción de la pena de muerte del condenado, sin embargo persistieron en el XIX prácticas anatómicas (disecciones, experimentaciones, conservación museográfica, trofeos); además, el cuerpo del condenado, objeto de tratamientos post mortem infamantes, difícilmente podía volver a la «normalidad funeraria».
Cerró este primer día Martirio e identidad, una temática que reunió a dos jóvenes investigadoras mexicanas que estudian, una el Ashura en Teherán (Alejandra Gómez Colorado) y la segunda el tema del martirio en la historia sikh (Maria Fernanda Vázquez Vela).
La primera trató de la remembranza del martirio de Hosein que marcó la división definitiva entre los musulmanes chiítas y sunitas.
Junto con Ebrahim Khadem Bayat, fotógrafo, e Irais Barreto Canales, internacionalista, Gómez Colorado realizó una serie de entrevistas en videos y fotografías, apoyándose en este material para describir los rituales junto con una selección de testimonios.
María Fernanda Vázquez Vela, por su parte, exploró el concepto de shahid (martirio) para el sikhismo, las varias representaciones de los cuerpos de mártires de diferentes épocas expuestos en los museos sikh en India, su simbolismo y significado, así como la importancia y la utilización del gurdwara (templo) como espacio de memoria del martirio.
A lo largo de la tarde del mismo 6 de julio se presentaron dos ponencias enfocadas al tema del Servicio fúnebre, las de Christian Sorrel y Diego Fernando Guerra, ambientadas en Francia y Argentina a principios del siglo XX, ante el avance de la laicización y la modernidad en aspectos relacionados con la muerte.
La última sesión fue dedicada a la proyección de un video de Yu-Sion LIVE: Servis Zanset-Cérémonie aux Ancêtres, Université de La Réunion y Asociación Mémoire collective (78 min. en versión original y 45 min. en la versión proyectada).
Presentado por Claude Prudhomme, este video revive los tiempos fuertes de un culto doméstico en honor a los ancestros, celebrado anualmente en la Isla de la Reunión (85% de población católica), en el mes de noviembre y en periodo de luna llena.
ISSN: 0210-5810 El culto es una síntesis de las prácticas nacidas en Madagascar, de África y también de Europa (cristianismo) y de Asia (hinduismo, China).
Está marcado por sesiones de purificación, sacrificios, ofrendas de alimentos y momentos de trance y de posesión.
Las temáticas del jueves 7 de julio por la mañana eran, por una parte, Las representaciones del más allá y, por otra, Enfermedad y muerte.
Dentro de la primera de ellas, Yuribia Velázquez Galindo, Aaron Rosenberg y Juan José Ramírez Bonilla desarrollaron, respectivamente, ponencias referidas a la Sierra Norte de Puebla, una comparación entre México y los países africanos de Tanzania y Kenia, y en tercer lugar la literatura popular de Indonesia reflejada en la cerita pendek o «historia corta».
Respecto a la sesión dedicada a Enfermedad y muerte, incluyó a Miguel Angel Cuenya, centrándose en Puebla desde fines del XIX; Holguer Lira Medina, con un balance negativo sobre la pésima situación de los hospitales capitalinos entre los siglos XVI-XIX, haciendo énfasis en que eran sitios de abandono y reclusión, que sería después matizada en la ponencia de Luz María Hernández Sáenz, la cual mostró que los citados hospitales (entre 1750 y 1870) proporcionaban tratamientos médicos con buenos resultados a muchos de sus pacientes que, de otra forma, hubieran muerto solos en sus casas o en las calles.
Para cerrar la actividad del Coloquio en ese día, se dedicó la tarde a la cuestión de La circulación de las creencias y de los rituales, con dos ponencias de enfoque geográfico y temático distinto.
El profesor japonés Ôishi Kasuhisa analizó la difusión del cristianismo en el Japón del siglo XVI y sus consecuencias, mientras que Claude Prudhomme centró su presentación en los ritos funerarios del suroeste del Índico -costas de África, Madagascar y las Mascareñas-, como espacio multicultural.
Finalmente, el viernes 8 de julio fue dedicado a los rituales funerarios, en su dimensión etnográfica, etnohistórica e histórica.
El acercamiento antropológico corresponde a las ponencias de Catherine Good Eshelman, acerca de la concepción de los muertos entre los nahuas de la cuenca del Balsas (Estado de Guerrero); y de María Miriam Manrique Domínguez sobre la etnografía de los rituales de muertos en Tlahuac, San Andrés Mixquic y Santiago Zapotitlán (Distrito Federal).
Good Eshelman explicó que diferentes aspectos de la vida ceremonial están en relación con el mundo y con los seres humanos, mostrando la importancia de los muertos en las actividades de la comunidad y para la reproducción cultural mientras que Miriam Manrique Domínguez se acercó a la vitalidad de las conmemoraciones y rituales de «Días de Muertos», vinculándolos a la noción de tra-CRÓNICAS bajo colectivo y reciprocidad.
Precisamente, dentro de los rituales funerarios, se subrayó la cuestión del duelo.
Así, Silvia Mancini presentó un trabajo sobre el uso estratégico de los estados hipnóticos en la crisis del duelo, teniendo como base la técnica simbólica del 'lamento ritual' de las sociedades mediterráneas, que es susceptible de desembocar hacia la problemática de la articulación entre los estados psico-fisiológicos y su uso histórico-cultural.
Por último se abordó el aspecto histórico de los rituales funerarios; Gerardo González Reyes presentó un acercamiento a la muerte a través de testamentos de españoles y criollos del Valle de Toluca, en el XVII, que le permitieron matizar el concepto de «domesticación» de la muerte (Ph.
Ariès), al mostrar el predominio de la incertidumbre acerca del destino del alma.
La etnohistoria no podía faltar; Caterina Pizzigoni presentó una ponencia sobre los rituales funerarios de los nahuas del México central a través de sus testamentos en el siglo XVIII, con prácticas como la elección de sepultura y peticiones de misas.
Nadine Béligand, por su parte, propuso una reflexión acerca del interfaz entre vivos y muertos a través de las disposiciones testamentarias de los indígenas en el XVII, explicando que, si bien los testadores son en general bastante silenciosos en cuanto a las disposiciones relativas a su funeral, existen excepciones que los inscriben en el centro de una red cuyo papel está determinado por su 'calidad' y/o su cercanía, entrando las exequias de algunos personajes en el campo de las ceremonias públicas, de alcance colectivo, que diseñan redes sociales interactivas entre vivos y muertos.
La conferencia con la que se clausuró el Coloquio fue dictada por el sociólogo Pascal Hintermeyer, quien abordó un tema de suma importancia titulado «Entre el dejar morir y el derecho a la muerte...»; explicó que actualmente los debates sobre el fin de la vida tienden a concentrarse alrededor de dos propuestas, la que prefiere dejar morir en condiciones aceptables, y la que reivindica el derecho a la muerte bajo la forma de eutanasia voluntaria o del suicidio asistido.
Las tensiones entre ambas opciones tienden a ocultar la evolución esencial: tras haber privilegiado los resultados cuantitativos en materia de prolongación de la existencia, las reivindicaciones cualitativas se aplican al fin de vida y a las condiciones de la muerte.
Dentro del Coloquio se desarrollaron otras actividades de signo diverso, como visitas al Museo Nacional de Antropología (doctor Gregory Pereira) y a la Zona Arqueológica de Teotihuacan (doctor Alejandro Sarabia González), así como la presentación del video ya reseñada y un espectáculo de danza (Shanti Oyarzabal), vinculados con la temática del HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 68, 2, julio-diciembre, 2011, 765-787 La sección de Historia de América y África del Departamento de Antropología Cultural, Historia de América y África de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona viene celebrando cada dos años, desde 1987, los Encuentros-Debate «América Latina Ayer y Hoy», consolidados como lugar de encuentro y puesta en común para investigadores de distintas universidades e instituciones europeas y americanas.
Los pasados días 12, 13 y 14 de septiembre de 2011 tuvo lugar en la ciudad condal el XIII Encuentro-Debate, que en esta ocasión se organizó conjuntamente con la Asociación Española de Americanistas (AEA), constituyendo este evento el VII Simposio Internacional de esta última, y que llevó por título «América: poder, conflicto y política».
Un simposio que ha CRÓNICAS resultado ser un acontecimiento científico de gran magnitud, como lo acreditan, entre otros factores, el destacado número de especialistas que en él se dieron cita -más del centenar-, la calidad de sus intervenciones, la amplia variedad de temáticas y contenidos y la viveza de los debates.
La coordinación del Simposio estuvo a cargo de los doctores y profesores Gabriela Dalla Corte Caballero, Ricardo Piqueras Céspedes y Meritxell Tous Mata.
Su dedicación y buen hacer lograron que el evento respondiera a los objetivos previstos: ser un punto de encuentro para los americanistas, y un espacio de debate y puesta en común de sus correspondientes líneas de investigación.
La inauguración del Simposio tuvo lugar el día 12 de septiembre en el Aula Magna de la Facultad.
Aparte de los coordinadores intervinieron la doctora María Ángeles del Rincón, decana de la Facultad de Geografía e Historia, y el doctor Antonio Gutiérrez Escudero, presidente de la AEA, coincidiendo ambos en sus discursos en destacar la fundamental oportunidad de celebrar este encuentro académico en Barcelona, ciudad donde los estudios e investigaciones americanistas han tenido desde siempre una notabilísima importancia y trascendencia.
El desarrollo de esta reunión científica, debido a la multitud de sesiones programadas, tuvo lugar en diferentes aulas y salas de la Facultad de Geografía e Historia.
Las sesiones se organizaron en seis mesas o líneas temáticas, que se detallan a continuación.
La mesa uno, dedicada a la «Organización y desarrollos coloniales (S.XV-XIX)» estuvo coordinada por Ricardo Piqueras y se concretó en seis sesiones distintas, en las que se presentaron unos 30 trabajos.
La segunda mesa, dedicada a «Estado y sociedad en la América Contemporánea (S.XIX-XXI)», coordinada por Pilar García Jordán, contó con 28 ponencias repartidas en cinco sesiones.
Al estudio del «Bicentenario del primer país independiente: Paraguay 1811-2011», mesa coordinada por Gabriela Dalla Corte, se dedicaron tres sesiones, en las que se expusieron 17 ponencias.
La mesa cuatro, titulada «América-África: relaciones intercontinentales» y coordinada por José Luis Ruiz Peinado, se desarrolló en dos sesiones y fueron propuestos 6 trabajos.
La mesa coordinada por Juan José Sánchez Baena y dedicada a «Historia Marítima entre el Viejo y el Nuevo Mundo» tuvo una sesión en la que se expusieron cuatro ponencias relacionadas con el tema.
La sexta mesa, dedicada a «Pensamiento y acción en la independencia de América», fue coordinada por Ascensión Martínez Riaza y se dividió en tres secciones, con un total de 17 ponencias.
Sin duda, se abordaron muchas de las líneas de investigación más relevantes del mundo americano.
Eventos científicos como éste permiten comprobar el interés por la Historia de América, constatar la profunda renovación de los campos de investigación y corroborar cómo algunos de ellos han logrado mantener su vigencia y consolidarse.
El programa del Simposio se completó con otras actividades académicas y culturales.
El final de la jornada del lunes 12 se aprovechó para la presentación, en la Sala de Juntas, de la colección Scripta Autochtona, historia indígena de las tierras bajas de Bolivia y dos de sus libros.
Por un lado, Para una historia de los Sirionó, de Pilar García Jordán y, por otro, el editado por Javier Matienzo, Roberto Tomichá, Isabelle Combès y Carlos Page, Chiquitos en las Anuas de la Compañía de Jesús (1691Jesús ( -1767)).
Ambas obras han sido publicadas este año en Cochabamba por la Editorial Itinerarios y el Instituto de Misionología.
Asimismo, y de forma simultánea, en la Casa América-Cataluña se presentó el documental Paraguay: ¿Cambio cautivo?, a cargo de Arturo Landeros y Xavi Zulet, del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad (GIDHS) de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
Posteriormente, se desarrolló una mesa redonda -organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)-, sobre el modelo de crecimiento económico del Paraguay, en la que participaron Ricardo Garay, ex ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Bernardino Cano Radil, ex diputado paraguayo, Herib Caballero, historiador de la Universidad Nacional de Asunción, Juan Andrés Cardozo, catedrático de la misma universidad y Juan Carlos Rubio, profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Moderó el debate Gabriela Dalla-Corte.
Durante la tarde del martes 13, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Americanistas (AEA) en el Aula Magna.
Entre sus puntos principales cabe señalar las tres propuestas para sede del próximo congreso de 2012 (Bilbao, Murcia-Cartagena y Sevilla), aunque quedó pendiente la elección.
También se presentaron los libros compiladores de parte de las ponencias presentadas al Simposio de la AEA celebrado en 2008 en Madrid (Una crisis atlántica: España, América y los acontecimientos de 1808, Madrid, 2010, coordinado por Concepción Navarro, Arrigo Amadori y Miguel Luque) y al Congreso del 2010 en Valencia (Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y las Independencias Nacionales en América, Valencia, 2011, coordinado por CRÓNICAS Antonio Colomer Viadel).
Asimismo, el doctor Arturo de la Torre presentó un informe sobre la evolución de la página web [URL] y el doctor Juan José Sánchez Baena lo hizo sobre la revista digital de la Asociación, Naveg érica.
Finalizado el pleno, los congresistas pudieron elegir entre dos actividades culturales.
La primera de ellas brindaba la oportunidad de visitar el Museo Barbier-Mueller y disfrutar de la exposición Camino del Inca.
El pasado de los Andes.
La segunda opción consistía en una visita guiada por la Biblioteca de Cataluña.
En balance, cabría destacar la conveniente e interesante elección de los temas, la calidad de las aportaciones científicas, el establecimiento de un excelente marco de reflexión y análisis, así como el ambiente de cordialidad que rodeó el evento.
Como epílogo a esta breve reseña, sólo queda felicitar a los organizadores, tanto instituciones como personas, que han hecho posible este encuentro.
Ciclo «Experiencias de gestión del agua en Andalucía y América latina»:
-«Estudio de la evolución desde 1950 del abastecimiento de agua potable en dos poblaciones hispanoamericanas: La Fría-Mairena del Aljarafe», ponente la doctora Lisbeth Zambrano (Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela), coordinado por el doctor Jesús Raúl Navarro García (EEHA-CSIC), 11 de enero. -«El cólera y los inicios de la sanidad pública», ponente el doctor José Jesús Hernández Palomo (EEHA-CSIC), coordinado por el doctor Jesús Raúl Navarro García (EEHA-CSIC), 11 de enero. -«Agua y salud: influencia de los tratamientos de potabilización del agua en la mejora de la salud», ponente el doctor Juan Manuel Matés (Universidad de Jaén), coordinado por el doctor Jesús Raúl Navarro García (EEHA-CSIC), 28 de enero. -«Opinión pública y conflictos por el agua en el México decimonónico», ponente la doctora Inmaculada Simón (ATMA), coordinado por el doctor Jesús Raúl Navarro García (EEHA-CSIC), 28 de enero. -«Transformaciones en el paisaje limeño: políticas y percepciones del medio ambiente», ponente la doctora Elizabeth del Pilar Montañez Sanabria (Universidad de California, Davis), coordinado por el doctor Jesús Raúl Navarro García (EEHA-CSIC), 10 de febrero. -«Gestión del agua en América Latina.
Un análisis comparativo de los marcos regulatorios argentino, brasileño y chileno», ponente Vanesa Valverde Camiña (CSIC-Universidad de Salamanca), coordinado por el doctor Jesús Raúl Navarro García (EEHA-CSIC), 10 de febrero. -«La gestión del riesgo de inundaciones: experiencias de evaluación en Colombia, ponente el doctor Sergio Andrés Salazar Galán (Universidad Politécnica de Valencia), coordinado por el doctor Jesús Raúl Navarro García (EEHA-CSIC), 10 de febrero.
-«Los derechos de propiedad de las aguas termales y la aparición de la empresa balnearia moderna en España, 1750-1874», ponente: Luis Alonso Álvarez (Universidad de A Coruña), coordinadora la doctora Inmaculada Simón (ATMA), 10 de marzo. -«Salud y paisaje: contribución desde el termalismo a la revitalización de ámbitos rurales», ponente el doctor Jesús Raúl Navarro García (EEHA-CSIC), coordinadora la doctora Inmaculada Simón (ATMA), 10 de marzo. -«El país de la sed: los intereses franceses en proyectos hidráulicos en el México porfirista», ponente el doctor Alejandro Tortolero (UAM, México), coordinado por el doctor Jesús Raúl Navarro García (EEHA-CSIC), 27 de abril.
La cuenca de las paradojas.
Oportunidades en la cuenca del Guadaíra.
El agua y las galerías subterráneas de Alcalá de Guadaíra.
La mina de agua de Alcalá de Guadaíra.
Su papel económico y los problemas de mantenimiento durante la Edad Moderna», ponentes los doctores Fernando Díaz del Olmo (Universidad de Sevilla), J. Raúl Navarro García (EEHA-CSIC), Genaro Álvarez (Sociedad Espeleológica Geos) y Manuel F. Fernández Chávez (Universidad de Sevilla), organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y Sociedad Espeleológica Geos, colabora: Seminario Permanente ATMA, dentro de la Exposición fotográfica «Los caminos del agua», 1 de abril (ver apartado Exposiciones).
«El conocimiento ecológico tradicional sobre las aguas termales y mineromedicinales de Alhama de Granada (España) y Santo Amaro Da Imperatriz (Brasil): un análisis a partir del concepto de resiliencia y etnoecología», ponente Frederico Alvim (CSIC), coordinado por el doctor Jesús Raúl Navarro García (EEHA-CSIC), 1 de abril.
Historia dos balnearios de Galicia, 1700-1936, intervienen el doctor Luis Alonso Álvarez, la doctora Elvira Lindoso Tato y la doctora Margarita Vilar Rodríguez, dentro del Ciclo «Experiencias de Gestión del Agua en Andalucía y América Latina», 10 de marzo.
Crónica del Simposio Internacional América: poder, conflicto y política (Asociación Española de Americanistas y Universidad de Barcelona)
Actividades del año 2011 en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos |
El vacío de poder centralizado que sufrieron las ex colonias se vio reemplazado por diferentes formas de organización político-institucional que, en el caso rioplatense, favoreció que aparecieran los Estados provinciales hasta el proceso de centralización del Estado argentino hacia fines del siglo XIX.
1 De esta forma, durante la primera mitad de ese siglo, los distintos Estados provinciales del litoral y del interior, constituidos por antiguas ciudades-provincias coloniales y su hinterland rural, articularon diversos pactos y tratados que cristalizaron en el surgimiento de la Confederación Argentina liderada especialmente por los caudillos del primer ámbito.
Entre éstos, Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el período 1829-1852, con un intervalo de tres años comprendido entre 1832-1835, fue la figura política que logró mantenerse en el poder provincial y que contribuyó a la hegemonía del Estado porteño hasta su derrocamiento en 1852.
2 En gran medida, la historiografía consideró tradicionalmente que el surgimiento y la consolidación de los caudillos rioplatenses y americanos estuvieron estrechamente vinculados con el grupo de los grandes terratenientes, con los cuales se identificaron y sustentaron las bases de su poder político y económico en detrimento del resto de la población rural.
La polí-tica de tierras implementada por ellos habría contribuido a generar la presencia de grandes latifundios, especialmente en las zonas de la nueva frontera interna, y de este modo, habría beneficiado al sector social de los grandes propietarios, a diferencia de lo ocurrido en otros procesos colonizadores, como el de Estados Unidos o Canadá, donde la presencia de los pequeños y medianos propietarios tuvo un papel destacado.
3 En el caso particular de Rosas, el desarrollo de una política de cesiones de tierras públicas a manos de particulares basada en el otorgamiento de premios a la fidelidad política o por campañas militares contra los indios, donaciones incondicionadas y condicionadas y la venta de 1.500 leguas cuadradas 4 en el sur de la provincia de Buenos Aires fue considerado por sus detractores políticos como política dilapidadora de los recursos fiscales a discreción del gobernador y generadora de una estructura agraria latifundista en la frontera sur que benefició a los amigos del "régimen" y que originó posteriores procesos sucedidos en la "Argentina moderna".
5 De hecho, hasta bien avanzado el siglo XX, la mayor parte de la historiografía rural argentina homologó la historia nacional casi exclusivamente con el espacio pampeano bonaerense, extrapolando cronológicamente los resultados de los procesos históricos de finales del siglo XIX -como la gran expansión agraria vinculada al sector externo y la forma-3 Lynch, John: Juan Manuel de Rosas, Emecé, Buenos Aires, 1997 y Caudillos en Hispanoamérica, 1800-1850, Mapfre, Madrid, 1993.
Oddone, Jacinto: La burguesía terrateniente argentina, Libera, Buenos Aires, 1967.
Carretero, Andrés: La llegada de Rosas al poder, Pannedille, Buenos Aires, 1971 y La propiedad de la tierra en la época de Rosas, Coloquio, Buenos Aires, 1972, entre otros.
Sobre la colonización de Norteamérica véase Adelman, Jeremy; Stephen, Aaron: "From borderlands to borders.
Álvarez Maurín, María José: "Las praderas fronterizas de Canadá y Estados Unidos", en Álvarez Maurín, María José; Broncano, M.; Chamosa, J. L. (Coords.): La frontera.
Mito y realidad del Nuevo Mundo.
Una revisión historiográfica en Ratto, Silvia: "El debate de la frontera a partir de Turner.
La New Western History, los Borderlands y el estudio de las fronteras latinoamericanas", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Tercera Serie, 24, Buenos Aires, 2003, págs. 105-126.
5 Oddone: La burguesía...
Carretero: La propiedad... y "Contribución al conocimiento de la propiedad rural en la Provincia de Buenos Aires para 1830", Separata del Boletín del Instituto de Historia Argentina "Dr. Emilio Ravignani", Tomo XIII, 2a serie, 22-23, Buenos Aires, 1970, entre otros.
ESTADO, TIERRA Y POBLAMIENTO EN LA CAMPAÑA SUR DE BUENOS AIRES ción de una "clase terrateniente"-al período tardo-colonial, incluso aquellos supuestos provenientes de otras regiones de Hispanoamérica como el norte de México.
De esta forma, sucesos históricos relevantes en un país de tradición agro-exportadora como la Argentina, como el acceso a la tierra y las relaciones sociales de producción, se explicaban mediante una visión que destacaba una estructura socio-económica y política simple, basada en la omnipresencia del gran latifundio ganadero extensivo desde la colonia tardía, es decir, amplias extensiones de tierras concentradas en manos de unos pocos particulares en propiedad plena, estrechamente relacionados e identificados con los gobiernos de turno, que mantenían lazos cuasi feudales con la fuerza de trabajo de sus estancias, los peones, varones solos sin familia, cuya producción principal era la ganadería vacuna orientada al mercado externo.
6 Empero, basados en una nueva documentación, estudios recientes sobre el mundo rural rioplatense han develado renovados problemas, enfoques y metodologías: Ha surgido así una visión mucho más compleja y diversificada de este espacio en sus diferentes aspectos, que plantean rupturas y continuidades entre los períodos tardo-colonial e independiente, y comprueba, en contraste con este modelo tradicional, la existencia de unidades de propiedad y de producción agraria mixta y diversificada de distinto tamaño, con mano de obra libre y esclava con una presencia importante de la familia, orientada tanto a mercados externos como regionales y locales desde finales del siglo XVIII, así como la autonomía entre los procesos de formación de la "clase terrateniente" y del Estado.
En lo referente al acceso y tenencia de la tierra, demuestran que ésta fue el factor de producción más abundante en la campaña desde ese período, así como plantean los diversos ritmos en la constitución de un mercado de tierras, diferencias regionales basadas en la antigüedad de asentamiento, las múltiples formas de acceder al recurso que excedieron sustancialmente a la 6 Una puesta al día sobre estas posturas historiográficas en Míguez, Eduardo: "La expansión agraria de la pampa húmeda (1850-1914).
Un trabajo pionero que discutió estos planteos fue el de Halperín Donghi, Tulio: "La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires (1810-1852), Desarrollo Económico, Vol.
Sobre la evolución de los estudios de la hacienda hispanoamericana véase Mörner, Magnus: "La hacienda hispanoamericana en la Historia: un esquema de reciente investigación y debate", Desarrollo Económico, Vol.13, 52, Buenos Aires, enero-marzo de 1974, págs. 741-773 y Van Young, Eric: "Mexican Rural History since Chevalier: The Historiography of the Colonial Hacienda", Latin American Research Review, Volume XVIII, 3, 1983, págs. 5-61.
MARÍA SOL LANTERI propiedad privada plena (ocupación sin títulos legales, arrendamiento, etc.), la coexistencia de superficies de variados tamaños, la diversidad de actores sociales que intervienen y la importancia de las prácticas consuetudinarias de una población de índole campesina en el proceso de implantación regional del sistema capitalista y la constitución del Estado independiente que, lejos de haber sido lineales, no estuvieron exentos de conflictos.
7 En consonancia con estos avances de la producción de las últimas décadas, tanto la política de tierras efectuada por el gobierno de Rosas, como muchas otras cuestiones concernientes a los caudillismos rioplatenses, la articulación de su poder, la importancia de los pequeños-medianos productores y propietarios rurales en su sustento, la relación con las formas y prácticas institucionales y de legalidad política, el rol de los sectores subalternos, entre otras son objeto de una revisión historiográfica, que se plantea nuevas miradas, iluminando un tema medular en la historia americana de ese momento.
8 De esta forma, nuevas investigaciones que analizaron la política de premios y donaciones incondicionadas otorgada por el rosismo a manos de particulares han demostrado que no tuvo las dimensiones que sus opositores políticos contemporáneos estimaron y que manifestó una 7 Un estado de la cuestión sobre los estudios rurales de la campaña rioplatense en Garavaglia, Juan Carlos; Gelman, Jorge: "Mucha tierra y poca gente: un nuevo balance historiográfico de la historia rural platense (1750-1850)", Historia Agraria, 15, Revista Semestral del Seminario de Historia Agraria, Murcia, enero-junio de 1998, págs. 29-50 y Fradkin, Raúl; Gelman, Jorge: "Recorridos y desafíos de una historiografía.
Escalas de observación y fuentes en la historia rural rioplatense", en Bragoni, Beatriz (Edit.): Microanálisis.
8 Véase especialmente Goldman, Noemí; Salvatore, Ricardo (Comps.): Caudillismos rioplatenses.
Nuevas miradas a un viejo problema, Eudeba, Buenos Aires, 1998 y Goldman, Noemí (Dir.): Nueva Historia Argentina.
Nuevas perspectivas de historia política del siglo XIX en Sábato, Hilda; Lettieri, Alberto (Comps.): La vida política en la Argentina del siglo XIX.
Armas, votos y voces, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003 y Sábato, Hilda: La política en las calles.
Entre el voto y la movilización.
Quijada, Mónica; Bernand, Carmen; Schneider, Arnd: Homogeneidad y Nación con un estudio de caso: Argentina, siglos XIX y XX, Colección Tierra Nueva e Cielo Nuevo, 42, CSIC, Madrid, 2000.
Ternavasio, Marcela: La revolución del voto.
Bragoni, Beatriz: Los hijos de la revolución.
Familia, negocios y poder en Mendoza en el siglo XIX, Taurus, Buenos Aires, 1999.
Romano, Silvia: Economía, sociedad y poder en Córdoba.
Primera mitad del siglo XIX, Ferreyra Editor, Córdoba (Argentina), 2002.
Para el caso latinoamericano ver la compilación de Sevilla Soler, Rosario (Comp.): Consolidación republicana en América Latina, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla, 1999 y Peralta Ruiz, Víctor; Irurozqui Victoriano, Marta: Por la concordia, la fusión y el unitarismo.
ESTADO, TIERRA Y POBLAMIENTO EN LA CAMPAÑA SUR DE BUENOS AIRES envergadura mucho menor que la planteada tradicionalmente, debido a que no todas las personas -beneficiadas por ella-realizaron la correspondiente escritura para apropiarse de las tierras.
9 A pesar de analizar las modalidades de cesiones de tierras fiscales a manos de particulares desarrolladas por el gobierno rosista en el marco del proceso de apropiación privada de tierras públicas en la provincia de Buenos Aires, hasta el momento no se ha considerado el impacto cuantitativo de otra forma de traspaso como fueron las donaciones condicionadas de tierras en propiedad cedidas a partir de 1829.
En efecto, a partir de ese momento, siendo Viamonte el gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires y amparado por Rosas, el Estado dispone la cesión de tierras fiscales en distintas regiones de frontera, pero sólo se efectivizan en la zona del arroyo Azul, aunque no fue estipulado el monto de la oferta estatal.
Estas donaciones de tierras fueron condicionadas porque su efectiva apropiación legal a partir de la escrituración estaba sujeta al cumplimiento de una serie de disposiciones de poblamiento y defensa de la frontera por parte de los beneficiados.
10 Ahora bien, si, como los estudios agrarios recientes han demostrado, la tierra era el factor de producción más abundante en la campaña rioplatense desde la época tardo-colonial, ¿por qué se donaron tierras fiscales en Azul?
¿Cuáles fueron las características centrales del proceso y cuál la envergadura de esta política comparada con otras modalidades implementadas en la región?
El objetivo central de este trabajo será entonces tratar de contribuir a saldar estos interrogantes mediante el análisis del impacto micro-regional que tuvo la política central de tierras desarrollada por el Estado provincial de Buenos Aires durante el período 1820-1860; es decir, desde el mismo momento de su conformación hasta casi inclusive una década después de la caída del rosismo.
11 De esta forma, nos centraremos 9 Infesta, María Elena; Valencia, Marta.
E.: "Tierras, premios y donaciones.
Infesta, María Elena: La pampa criolla.
Usufructo y apropiación privada de tierras públicas en Buenos Aires, 1820-1850, Publicaciones del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, La Plata, 2003.
10 Infesta: La pampa criolla...; Infesta, María Elena: "Propiedad rural en la frontera.
11 Cabe destacar que a partir de 1852 el Estado de Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina, integrada por el resto de los Estados del litoral y del interior, hasta el año de 1861 en que comienza a formar parte de la misma.
Por otro lado, no consideramos la parte urbana del partido por exceder los límites de nuestro trabajo.
MARÍA SOL LANTERI en la relevancia que tuvieron las donaciones en esa zona de la frontera sur bonaerense y mostraremos asimismo las distintas modalidades de traspaso de tierras públicas, haciendo hincapié en la importancia que tuvo el gobierno rosista en el poblamiento y en la creación de distintos grupos de tenedores de tierras en la región.
Para ello comenzaremos por recordar las políticas colonizadoras efectuadas por el Estado en el Río de la Plata desde la época tardo-colonial; luego, las particularidades del período rosista, el marco legal de las donaciones y las características de su proceso de poblamiento.
En un segundo apartado, nos centraremos en el análisis de las cesiones de tierras fiscales en Azul tratando de reconstruir el volumen de las donaciones comparado con otras modalidades de otorgamiento y, finalmente, esbozaremos algunas conclusiones que se desprendan de nuestro trabajo.
Como mostraremos, la tesis que tradicionalmente consideró al rosismo como el forjador de una estructura agraria latifundista en la frontera sur se advierte nuevamente relativizada en el marco de su coexistencia con otras unidades de propiedad y de producción de menores dimensiones, que fueron predominantes en Azul, a diferencia de lo ocurrido en otros partidos de la campaña de Buenos Aires.
Estas donaciones condicionadas de tierras de pequeñas-medianas superficies adjudicadas por el gobierno de Rosas se las enmarca en un proceso de expansión económica basado especialmente en el ciclo del vacuno y en una crítica coyuntura histórica de consolidación de la soberanía territorial del Estado provincial en el "nuevo sur" bonaerense, durante la cual se estaba fortaleciendo además el poder de un nuevo sector dirigente y propietario en el litoral: la facción rosista del federalismo porteño.
12 Las fuentes que utilizamos constituyen la totalidad del corpus documental de los duplicados de diligencias de mensuras de Azul del Archivo Histórico de la Dirección de Geodesia y Catastro de la provincia de Buenos Aires (DGYC), formado por 436 documentos; todos los expedientes sobre tierras en usufructo de Azul hasta 1860 de la Escribanía Mayor de Gobierno del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (AHP-BA), el informe sobre las suertes del sargento Cornell de 1859 (DGYC) y otras complementarias, como padrones, informes de agrimensores y recursos cartográficos de la región.
La colonización de la frontera sur bonaerense: el poblamiento y las políticas del Estado
Durante los tres siglos de dominación colonial el espacio, efectivamente controlado por la monarquía española y la sociedad "hispano-criolla" en el Río de la Plata, llegaba hasta el llamado "corredor porteño"; es decir, una pequeña porción del territorio que actualmente constituye la provincia de Buenos Aires, formada por la ciudad homónima, capital del virreinato del Río de la Plata desde 1776, y sus zonas rurales aledañas, cuya producción se orientaba especialmente al abastecimiento de mercados regionales en torno al eje comercial Potosí-Interior-Buenos Aires que la producción de plata articuló.
13 El río Salado, la cuenca hidrográfica más extensa del lugar, fue el límite natural establecido con las sociedades indígenas asentadas en la región durante la colonia, aunque no impidió el desarrollo de relaciones interétnicas asiduas.
14 Si bien a partir de la segunda fundación de Buenos Aires en 1580 comenzó a desarrollarse la expansión de su hinterland agrario con la formación de las primeras chacras trigueras en su entorno, la frontera sur bonaerense se ocuparía paulatinamente desde 1720 hasta 1852, tanto de forma espontánea, con el asentamiento de colonos nucleados en torno a capillas u otros centros, como de forma forzosa, mediante la política estatal de poblamiento de la frontera con el indígena, para ocuparla, mantenerla y controlarla de forma más sistemática.
15 A partir de 1820, el Estado pro-vincial de Buenos Aires comenzó un proceso de expansión hacia el sur, territorio ocupado por los indígenas desde los albores del asentamiento humano en la región, para afianzar su dominio en el lugar y acaparar esas tierras y poder articularlas al nuevo marco productivo, fundamentalmente ganadero, que estaba produciéndose en aquel entonces.
16 Este nuevo ciclo económico, que contribuyó a la inserción de la economía rioplatense al mercado internacional, junto con los cambios producidos en la coyuntura post-revolucionaria, generaron una transformación en la elite rioplatense que, de caracterizarse por sus actividades mercantiles desde la época colonial, comenzó a invertir en tierras y en la actividad pecuaria, aunque manteniendo su interés en el sector urbano.
17 El avance oficial hacia el sur no fue novedoso en el contexto rioplatense.
Ya desde la época tardo-colonial, el Estado había tenido la intención de fundar centros de avanzada de población civil, inclusive al sur del río Salado, además de implementar otros métodos como la línea de fortines o el mantenimiento de cuerpos militares regulares para disputar la frontera con el indígena.
Cabe citar los planes del virrey Vértiz o de Félix de Azara; o más tardíamente los de Pedro Andrés García, que por diversas causas parecen no haberse concretado.
18 Sin embargo, la imposibilidad estatal en controlar de forma efectiva este territorio no impidió que simultánea o anticipadamente al accionar del Estado, los pobladores del interior del virreinato del Río de la Plata, de diferentes zonas de la campaña e inmigrantes extranjeros fueran asentándose en diversas regiones, poniendo en produc-ción y estableciendo distintas relaciones jurídicas con la tierra que ocuparon desde ese momento.
19 Empero, lo novedoso de este proceso en la coyuntura post-independiente fue el avance exitoso, aunque con retrocesos, del Estado porteño en la frontera sur mediante la fundación de pueblos, fortines, la extensión de la ciudadanía política y la incorporación definitiva de este territorio al "Estado Nacional" hacia fines del siglo XIX.
20 Entre las distintas políticas formales implementadas, la de tierras tuvo una gran relevancia, porque permitió, entre otras cuestiones, el establecimiento de una población, su puesta en producción y su apropiación legal, a ritmos no necesariamente concomitantes, a la vez que la canalización de ingresos al Estado mediante el pago de cánones o de ventas.
En este sentido, durante la primera mitad del siglo XIX se destacan dos oleadas de ocupación y apropiación legal de las tierras fiscales en la campaña de Buenos Aires.
La primera, comprendida por las grandes extensiones donadas por el Directorio hasta 1820, que continuaban las mercedes coloniales, a particulares en diferentes regiones de la campaña, y la segunda, por la modalidad de la enfiteusis, implementada desde 1822 hasta 1840, mediante la cual el Estado traspasaba a particulares el usufructo de grandes superficies de tierras a un bajo costo, que permanecían en manos oficiales 19 Ver entre otros Mateo, José: "Migrar y volver a migrar.
Los campesinos agricultores de la frontera bonaerense a principios del siglo XIX", en Garavaglia, Juan Carlos; Moreno, José Luis: Población, sociedad, familia y migraciones en el espacio rioplatense.
Canedo, Mariana: "Tierra sin gente y gente con tierra.
La dinámica del acceso y de la transferencia de la tierra en una zona de colonización temprana de la campaña de Buenos Aires.
(Los Arroyos, 1600-1850)", en Zeberio, Blanca; Bjerg, María; Otero, Hernán (Comps.): Reproducción social y sistemas de herencia en una perspectiva comparada.
Banzato, Guillermo: "Ocupantes y propietarios legales en la región noreste del río Salado.
Chascomús, Ranchos y Monte entre 1779 y 1850", en Girbal-Blacha, Noemí; Valencia, Marta (Coords.): Agro, tierra y política.
Debates sobre la historia rural de Argentina y Brasil, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, 1998, págs. 37-64.
Fradkin, Raúl: "`Según la costumbre del Pays ́: costumbre y arriendo en Buenos Aires durante el siglo XVIII", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Tercera Serie, 11, Buenos Aires, 1995, págs. 39-64.
Mascioli, Alejandra: "Caminos de acceso al usufructo y propiedad legal de la tierra en la frontera bonaerense.
20 Cansanello, Carlos: "De súbditos a ciudadanos.
Los pobladores rurales bonaerenses entre el Antiguo Régimen y la Modernidad", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", No11, Tercera Serie, Buenos Aires, 1995, págs. 113-139 y "Pueblos, lugares y fronteras de la provincia de Buenos Aires en la primera parte del siglo XIX", Jahrbuch Für Geschichte Lateinamerikas 35, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, Alemania, 1998, págs. 159-187.
MARÍA SOL LANTERI siendo garantía de préstamos externos.
21 Es en este marco y dentro del proceso de expansión hacia las tierras del "nuevo sur" cuando se puebla la zona del arroyo Azul que, a diferencia de otras regiones de la campaña bonaerense, se destaca porque su proceso colonizador fue impulsado por el Estado provincial mediante una serie de donaciones condicionadas de suertes de estancia en propiedad otorgadas en 1829, que se efectivizan a partir de 1832.
22 Cabe destacar que la zona que denominamos del arroyo Azul comprendía en ese momento una extensión mayor a la que adquiriría el partido homónimo hacia finales del siglo XIX.
De hecho, según el informe que realiza el sargento Cornell en 1859, las suertes de estancia estaban ubicadas en "...una estencion de campo a una y otra vanda del espresado Arroyo [Azul, SL] cuya longitud yo la calculo en mas de treinta leg. partiendo desde el Gualicho a las lagunas de Artalejo entre Tapalque y los Huesos.
Toda la parte occidental de esa longitud ha sido y es frontera", 23 a lo que habría que adicionar otras tierras en usufructo y en propiedad (ver mapa 1).
En la segunda mitad del siglo y conforme se fueron creando nuevos partidos como Juárez en 1867, Olavarría en 1878 y estableciendo los límites precisos de los otros colindantes, los de Azul se fueron reduciendo hasta alcanzar aproximadamente los actuales.
24 Las donaciones condicionadas constituyeron una modalidad singular establecida desde el Estado provincial, porque a pesar de que ya había habido asignaciones de tierras realengas o públicas a manos de particulares desde la época colonial, su entrega no había sido tan sistemática y concentrada geográficamente como las del arroyo Azul, además de presentar un tamaño medio mucho más reducido.
25 Estas concesiones parecen haber sido las primeras de una serie de repartos de tierras que continuó en otros lugares de la campaña bonaerense a partir de entonces, como en Chacarita, San 21 Infesta, María Elena: "Estrategias de apropiación privada de tierras nuevas en Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX", en Girbal-Blacha: Agro, tierra y política..., págs. 21-35 y "La enfiteusis en Buenos Aires.
22 Andrés de Giles, San Miguel del Monte y Luján, cuyos destinatarios fueron especialmente pequeños-medianos propietarios y productores rurales, entendidas como una estrategia colonizadora efectuada por el rosismo para incrementar su base política en la región mediante el amparo de estos sectores sociales.
26 De hecho, si bien la colonización de las fronteras internas a través de donaciones sistemáticas de tierras funcionó como aliciente para el establecimiento de pobladores, constituyó, entre otras, una de las políticas formales básicas desarrolladas durante el proceso de construcción del Estado y la Nación en la segunda mitad del siglo XIX, tanto en la Argentina como en otras regiones de América, su existencia durante la primera mitad se advierte especialmente durante el período de gobierno de Juan Manuel de Rosas.
27 Las suertes de estancia concedidas en Azul se plantearon con una extensión de media legua de frente por legua y media de fondo, equivalente a 2.025 has. cada una, medida que, según los parámetros tecnológicos del momento, permitía cubrir las necesidades de reproducción de una familia de pobladores de la campaña dedicada especialmente a la cría del ganado vacuno.
28 Esta superficie es mayor a la media encontrada en una zona del norte de la campaña bonaerense como San Nicolás, donde prevaleció la franja 0-499 has. hacia mediados del siglo XIX, pero tras un proceso de fragmentación comenzado a principios del siglo XVIII.
Y, aunque ubicada en el centro del paradigma del "gran latifundio pampeano", la frontera sur es una superficie menor en comparación con otros partidos de antigua colonización como Chascomús, Ranchos y Monte, con un promedio general de 3.731 has. hacia 1850, dentro de un proceso colonizador iniciado a fines del siglo XVIII.
Y también en contraste con otros partidos del mismo "nuevo 26 Garavaglia: "La propiedad de la tierra...".
27 Garavaglia: "La propiedad de la tierra...".
Halperín Donghi, Tulio: Una Nación para el desierto argentino, CEAL, Buenos Aires, 1982.
Véase, por ejemplo, el caso de la colonización agraria mixta de Santa Fe en Gallo, Ezequiel: La Pampa gringa.
Por otro lado, en Brasil la colonización del oeste paulista se llevó a cabo por pobladores rurales inmigrantes, fundamentalmente provenientes del sur de España e Italia, que se articularon al ciclo productivo del café y se vieron beneficiados por políticas precisas de fomento de la inmigración realizadas por el Estado.
Véase González Martínez, Elda E.: Café e inmigración.
Los españoles-Sao Pablo 1880-1930, Cedeal, Madrid, 1990 e "Identidad y representación colectiva de un grupo inmigrante: los españoles en Sao Paulo.
1950-1970", en González, Elda; Moreno Alfredo; Sevilla, Rosario (Edits.): Reflexiones en torno a quinientos años de Historia de Brasil, Editorial Catriel, Madrid, 2001.
"Una revisión de las diversas políticas estatales sobre la colonización de las fronteras internas y los procesos de conformación de los Estados republicanos en Iberoamérica" en Lanteri: "Estado, tierra y poblamiento...", especialmente "Introducción", págs. 1-14.
28 Garavaglia: Pastores y labradores... y "La propiedad de la tierra...".
sur", Dolores registró un promedio cercano (2.591,4 has. en más del 50% de los individuos con tierra para 1840). pero con un proceso de asentamiento iniciado en las primeras décadas del siglo XIX y Tandil, que presentó un tamaño promedio de superficie mucho mayor, de 17.037 has. hacia la misma fecha.
29 Sin embargo, las suertes son de dimensiones enormes si las comparamos con otras regiones fronterizas de América, como Brasil, Estados Unidos o la Amazonia andina, pero cabe destacar que, en términos comparativos con el interior de la campaña de Buenos Aires, con otras modalidades de traspaso de tierras fiscales de la zona y en el marco de las condiciones tecnológicas y de acceso a los mercados contemporáneos, constituyen superficies de pequeñas-medianas dimensiones, que en ese momento sólo permitían cubrir la reproducción agraria familiar.
30 Para obtener los títulos de propiedad de las suertes los pobladores debían cumplir con un conjunto de pautas y condiciones que se detallan en el decreto de septiembre de 1829, entre las que contaban: poblarlas con su familia o personas de faena, hacerlo al cabo de un año con un capital no menor al de cien cabezas de ganado vacuno o su equivalente en equino o capital agrícola, levantar un rancho de paja y construir un pozo de balde, entre otras.
Los otorgamientos, así como la delimitación y ubicación de los terrenos y las concesiones de los títulos de propiedad, estuvieron a cargo del comandante general de la campaña, que en ese entonces era Juan Manuel de Rosas.
31 29 Canedo, Mariana: Propietarios, ocupantes y pobladores.
Banzato, Guillermo: "Análisis y comentario de fuentes para el estudio de la propiedad de la tierra en los partidos de Chascomús, Ranchos y Monte, 1779-1850", Trabajos y comunicaciones (2a Época), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, 25, 1999, pág. 167.
Mascioli: "Caminos de acceso al usufructo...", pág. 89.
Mosse, Valeria: "La propiedad de la tierra en la frontera sur de Buenos Aires.
El caso de Tandil visto a través de los duplicados de mensura", CD de las IX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba (Argentina), 2003, pág. 6.
García Jordán, Pilar (Coord.): La construcción de la Amazonía andina (Siglos XIX-XX).
Sala i Vila, Nuria: Selva y Andes.
31 AHPBA, La Plata, Sala de Representantes: Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires, 1829, pág. 17.
ESTADO, TIERRA Y POBLAMIENTO EN LA CAMPAÑA SUR DE BUENOS AIRES Asimismo, el gobierno dictaminó que la extensión del título de propiedad se daría luego de que los pobladores presentasen un documento concedido por el comandante en el que se debía establecer el correcto cumplimiento de las condiciones impuestas por el decreto de 1829 para poder obtenerlo y que podrían disponer de sus terrenos con libertad luego de diez años de haberlos poblado.
Además del aliciente de la entrega de terrenos en propiedad para poblar el lugar, el gobierno estableció que las familias que se asentaran en esa línea de fronteras estarían exentas de realizar el servicio militar, excepto la defensa de la zona de su poblamiento.
En junio de 1832, Juan Manuel de Rosas, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, basándose en el decreto anterior, estableció la necesidad de llevarlo a cabo debido a las condiciones de pobreza que el levantamiento de diciembre de 1828 y la sequía de 1829-1832 habían producido en la población rural.
Por medio de un nuevo decreto, el gobierno dictaminó la voluntad de establecer una población regular en Azul y propuso la anulación de los derechos de los enfiteutas de la región a cambio de una o dos suertes de estancia en propiedad, que serían otorgadas según el decreto de 1829.
Además, se estableció que no se admitirían más denuncias de pobladores y se otorgaron cuatro leguas de tierra para la construcción del ejido del pueblo, sin permitir que fuesen disputadas por ellos.
Ante la falta de un juez, el gobierno nombraría a una persona encargada de distribuir los terrenos para los ejidos de Azul y las guardias Argentina, Blanca y Mayo.
32 Ahora bien, más allá de las disposiciones oficiales respectivas, ¿cuántas suertes fueron donadas por el Estado?
¿Qué características presentó su proceso de poblamiento?
¿Quiénes fueron los pobladores beneficiados por esta política?
En primer lugar, hemos identificado que el gobierno rosista cedió 305 suertes de estancia a 296 particulares a partir de 1832; es decir, un total aproximado de 617.625 has. de tierras públicas que fueron concedidas por el Estado mediante esta modalidad.
Los ritmos de ocupación y de apropiación fueron muy rápidos y se corresponden especialmente con la duración el período de gobierno de Rosas.
El mayor porcentaje de poblamiento de las suertes se dio en la década de 1830, concentrado en el primer lustro del decenio.
Luego la tendencia continúa pero merma significativamente, 32 Muzlera, Joaquín M.: Recopilación de Leyes, Decretos y Resoluciones de la Provincia de Buenos Aires sobre Tierras públicas, desde 1810 a 1895, Editor Isidro Solá Sans, La Plata, (s/f), Tomo I.
Sin embargo, algunas suertes fueron abandonadas y otras vueltas a poblar durante el período, debido a malones indígenas, mientras otras fueron embargadas por el rosismo.
33 En segundo lugar, el proceso de ocupación y de apropiación de las suertes presentó límites muy lábiles.
Desde el mismo momento en que fueron adjudicadas por el Estado y violando las disposiciones oficiales que prohibían la enajenación entre particulares antes de la escrituración, comenzaron a ser traspasadas entre éstos predominantemente mediante la compra-venta y herencia.
De hecho, si bien recién a partir de 1860 las suertes comenzaron a ser escrituradas por los donatarios, sus descendientes u otros pobladores, fueron ocupadas, apropiadas y en algunos casos traspasadas por sus beneficiarios durante el período.
Otra característica distintiva es la rápida puesta en producción de los terrenos.
Desde el mismo momento de su ocupación, los pobladores fueron estableciendo distintas clases de instalaciones agrarias y mejoras en su interior, como estancias, chacras, postas, etc., que remiten a las actividades productivas agrícola-ganaderas y comerciales desarrolladas, y que fueron también, eventualmente, objeto de transferencias entre particulares.
34 En tercer lugar, los donatarios presentaban un perfil socio-demográfico y económico bastante similar al resto de la población de Azul, aunque pareciera ser que en conjunto tuvieron mayor capacidad de acumulación.
Fueron, en general, pequeños y medianos productores agrarios dedicados especialmente a la cría del ganado vacuno.
Un pequeño grupo estuvo estrechamente vinculado con el gobernador Rosas por relaciones de parentesco consanguíneo, ritual o de corte político, como su hijo Juan, su hermano Prudencio, los Burgos, los Miñana, los Guerrico, entre otros.
Sol: "Poder, poblamiento y relaciones interétnicas en el sur bonaerense.
Las donaciones de tierra en el arroyo Azul en la primera mitad del siglo XIX", tesis de licenciatura, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, 2000 y "Pobladores y donatarios en una zona de la frontera sur durante el rosismo.
El arroyo Azul durante la primera mitad del siglo XIX", Quinto Sol, Revista de Historia Regional, 6, 6, Instituto de Estudios Socio-Históricos, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, La Pampa, 2002, págs. 11-42.
34 Lanteri: "Pobladores y donatarios..." y "Poblamiento, producción y relaciones interétnicas en la frontera sur bonaerense.
Sobre la estructura de la propiedad rural en Azul véase Infesta: "Propiedad rural en la frontera...".
ESTADO, TIERRA Y POBLAMIENTO EN LA CAMPAÑA SUR DE BUENOS AIRES
Con todo, si bien las suertes fueron ocupadas, apropiadas y puestas en producción por sus pobladores, no pudieron ser escrituradas en su mayoría porque a partir de 1839 el gobierno prohibió el traspaso de tierras públicas a particulares excepto las comprendidas por los boletos de premios de 1839, que beneficiaron a aquellos que permanecieron fieles a la causa rosista luego del levantamiento de los "Libres del Sud".
36 Esto provocó que recién a partir de la década de 1860 y especialmente luego de la ley de arrendamientos rurales de 1857 -por medio de la cual el Estado permitía la regularización de los tenedores precarios de tierras públicas-comenzaran a escriturar sus tierras.
Es decir, que a pesar de que la mayoría de los donatarios cumplió con las condiciones de poblamiento y defensa de la frontera estipuladas por el gobierno rosista, sólo tres pobladores con lazos cercanos a él fueron propietarios legales de sus suertes, que escrituraron en 1839: Prudencio y Juan Rosas (hermano e hijo del gobernador respectivamente como ya mencionamos) y Mariano Lara.
37 Aunque esta situación no impidió que los donatarios pudieran usufructuar las tierras, generar derechos de ocupación, ni que fueran considerados como "propietarios" por el Estado durante la primera mitad del siglo XIX, dentro de una coyuntura donde el concepto moderno de propiedad privada estaba todavía en cierne, y que no hubieran pagado, en algunos casos, el impuesto a la propiedad de la contribución directa.
38 Por otro lado, aunque en Azul se registra la presencia de poblamiento espontáneo previo al impulso colonizador oficial, las donaciones contribuyeron a aumentar su establecimiento.
El crecimiento más pronunciado se produjo en las décadas de 1830-1850, coherente con el proceso de ocupación de las suertes de estancia, y susceptible de ser comparado con 36 Infesta: "Tierras, premios y donaciones...".
37 Infesta: "Propiedad rural en la frontera...", pág. 273, también confirmado por nuestros datos.
38 Archivo General de la Nación (AGN), Buenos Aires, X, 25-4-6: "Padrón de haciendas y suertes de Estancia pertenecientes al Fuerte Azul y a los capitalistas que han pagado la Contribución Directa hasta el año pasado de 1836".
Agradezco al Dr. Carlos O. Cansanello (UNLu-UBA) por haberme llamado la atención sobre esta fuente.
Sol: "La tierra y el poblamiento en una zona de la frontera sur bonaerense durante la primera mitad del siglo XIX.
El arroyo Azul y el rol de las políticas estatales", CD de las IX Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2003.
Sobre la importancia de las prácticas consuetudinarias en el acceso a la tierra y la construcción del concepto de propiedad privada en la campaña bonaerense véase Fradkin, Raúl: "`Según la costumbre del ÌPays ́..." y "Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña bonaerense de la primera mitad del siglo XIX", Anuario del IEHS, 12, UNCPBA, Tandil, 1997, págs. 141-156.
Sobre el impuesto de la contribución directa ver Gelman, Jorge; Santilli, Daniel: "Distribución de la riqueza y crecimiento económico.
Buenos Aires en la época de Rosas", Desarrollo Económico, Buenos Aires, Vol.
MARÍA SOL LANTERI las áreas de poblamiento más exitoso de la campaña rioplatense, como las primeras etapas colonizadoras de San Nicolás o el oriente entrerriano.
Para el período 1854-1869 el guarismo disminuye a 1,33%, lo que refiere que el mayor porcentaje de población se estableció en la zona durante el período rosista.
Según la información de los padrones, que no registran a la población indígena con territorialidad en la región, la población censada de Azul se agrupa principalmente en unidades censales (UC) de tamaño pequeño y mediano.
Más del 50% de la población en estos dos años apareció nucleada en torno a UC integradas por 1-10 personas.
40 Es decir, que en plena frontera sur, espacio frecuentemente considerado de grandes unidades de propiedad-producción, se registra la presencia predominante de unidades de dimensiones mucho más cercanas al trabajo agrario familiar que a otras formas de dependencia laboral típicas de una gran instalación rural, inclusive en las primeras décadas del siglo XIX.
Sin embargo, este predominio de UC de tamaño pequeño y mediano, que también se encontró en otros partidos del "nuevo sur", no impidió la concentración de población en otras grandes unidades.
Por citar algunos ejemplos, las tres UC de los "hacendados" Prudencio Rosas, el mismo gobernador Juan Manuel de Rosas y su primo, Nicolás Anchorena, acapararon juntas el 11,2% del total poblacional de Azul en 1836 y el 22,3% en 1838.
Es decir, que a diferencia de la época colonial, cuando la característica central de estos agrupamientos en la campaña bonaerense era el predominio de UC pequeñas y medianas, en la década de 1830 coexistieron éstas con otras muy grandes unidades.
41 Habiendo analizado entonces las políticas desarrolladas por el Estado para colonizar la frontera sur desde el período tardo-colonial y destacado el 39 Canedo: Propietarios, ocupantes...
Schmit, Roberto: "Población, migración y familia en el Río de la Plata.
40 Lanteri: "Poder, poblamiento y relaciones interétnicas..." y "Pobladores y donatarios...".
Gelman, Jorge: "Crecimiento agrario y la población en la campaña bonaerense durante la época de Rosas.
Tres partidos del Sur en 1839", Cuadernos del Instituto Ravignani, 10, UBA, Buenos Aires, 1996 y "Unos números sorprendentes.
Cambio y continuidad en el mundo agrario bonaerense durante la primera mitad del siglo XIX", Anuario del IEHS, 11, UNCPBA, Tandil, 1996, págs. 123-145.
ISSN: 0210-5810 papel que tuvo el gobierno rosista en el poblamiento de Azul mediante la modalidad de las donaciones de suertes, las reglamentaciones oficiales y las características centrales del proceso, en el próximo apartado nos abocaremos al estudio comparativo de las distintas formas de adjudicación de tierras fiscales en la zona.
Las modalidades de cesiones de tierras fiscales en el Azul
Durante el período abordado, además de las donaciones de suertes, el Estado implementó diferentes formas de traspaso de la tierra pública a manos de particulares que fueron comunes con otros partidos de la campaña bonaerense.
Si bien ninguna modalidad manifestó la magnitud que tuvieron las donaciones, a continuación veremos en qué consistió cada una para luego poder compararlas en conjunto.
¿Qué nos muestran los cuadros 1 y 2?
En primer lugar, comprobamos que la mayoría de las tierras fiscales transferidas en usufructo en Azul se realizó mediante la enfiteusis y no por arrendamiento, que fue casi irrisorio, tanto en cantidad de traspasos como en volumen de tierras concedido, aunque cabe destacar que éste recién comenzó a desarrollarse hacia finales de la década de 1850.
La enfiteusis, implementada desde las "reformas rivadavianas" en 1822 hasta su suspensión en 1840, permitía obtener el usufructo de superficies de tamaño considerable a muy bajo costo, fue una de las vías principales que contribuyeron a la consolidación de la gran propiedad en la campaña bonaerense, especialmente a partir de la ley de ventas de 1836, que permitió su apropiación legal.
42 Por su parte, el arrendamiento fue la forma de traspasos de tierras desarrollada por el Estado de Buenos Aires a partir de la ley de 1857, y lejos de generar una concentración territorial, contribuyó a compensar la situación jurídica de los ocupantes precarios de tierras públicas y a ampliar su ocupación productiva en la provincia en la segunda mitad del siglo XIX.
43 Empero, si bien el Estado usufructuó más de ocho veces más de tierra pública en enfiteusis que en arrendamiento durante el lapso considerado, Azul sólo registra el 9,1% del total de la superficie transferida en este sector de la campaña mediante esta primera modalidad, cifrado en 1.543,04 leguas cuadradas, donde las zonas demandadas más importantes fueron Tandil, Monsalvo y Bahía Blanca.
44 Cabe destacar que de los trece traspasos en enfiteusis, cuatro fueron luego anulados porque ocupaban el área donde se realizaron las donaciones de las suertes, a pesar de que no tenemos información de que estos enfiteutas hayan sido compensados con ellas tal como estableció el decreto de 1829.
Además siete solares fueron comprados en propiedad plena al Estado por parte de particulares a partir de 1836.
Mientras que de las tres transferencias en arrendamiento, una fue una renovación de una superficie que ya se encontraba en enfiteusis en la década de 1830.
La superficie media de 42 Infesta: "La enfiteusis en Buenos Aires...".
43 Valencia, Marta: "Las tierras de Buenos Aires: el sistema de arriendo público.
1857-1876", Trabajos y comunicaciones (2a Época), 25, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, 1999, págs. 179-216; "Las tierras de Buenos Aires: del arriendo público a la propiedad privada.
1864-1876", en Lázaro, Silvia (Coord.): Estado y cuestiones agrarias en Argentina y Brasil: Políticas, impactos y procesos de transformación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, 2000, págs. 149-194 y "Las tierras públicas de Buenos Aires: políticas y realidades en la segunda mitad del siglo XIX", Anuario del Centro de Estudios Históricos "Profesor Carlos S. A. Segreti", 1, 1, Córdoba (Argentina), 2001, págs. 113-128.
44 Infesta: "La enfiteusis en Buenos Aires...".
MARÍA SOL LANTERI los terrenos enfiteúticos fue de 29.075,5 has., mientras que la de las tierras en arrendamiento fue de 14.499 has., ambas de grandes dimensiones en comparación al tamaño de las suertes.
Por otro lado, comprobamos que el mayor porcentaje de las transferencias y del volumen de tierras concedidos en Azul se realizó mediante su entrega en propiedad; plena, en el caso de las ventas y condicionada, en el caso de las suertes.
¿Qué nos muestran los cuadros 3 y 4?
Como se puede observar, las ventas y donaciones superan con creces a las tierras que fueron cedidas en usufructo.
De las diez transferencias en venta, siete casos, como destacamos, corresponden a terrenos que ya se encontraban usufructuados en enfiteusis anteriormente y que fueron comprados por particulares al Estado según la ley de 1836 y el decreto de 1838, que estableció que aquellos enfiteutas que no compraran sus tierras perderían sus derechos.
Las tres restantes corresponden a tres suertes de estancia que, si bien fueron donadas por el gobierno rosista, fueron adquiridas en propiedad particular y por lo tanto restadas del total de las donaciones.
Vale decir otra vez que los únicos propietarios legales de las suertes hasta 1860 fueron la familia Rosas y Mariano Lara, que vendió a Prudencio su suerte en 1839.
Por su parte, las donaciones de suertes de Azul constituyeron tanto la mayoría del número de traspasos como el mayor volumen de tierra concedido, no sólo en propiedad, sino de todas las modalidades de tierras fiscales otorgadas a particulares durante el período.
Recordemos que la superficie media de ellas fue de 2.025 has. cada una, mientras los terrenos en venta implicaron un promedio mucho mayor, 27.275,1 has., que se corresponde con las grandes superficies enfitéuticas que pasaron a la propiedad plena por medio de esta vía.
Si comparamos en conjunto lo sucedido con cada modalidad al final del período que nos concierne, el panorama es el siguiente: CUADRO 5 Como se observa, el impacto de la política de tierras rosista en Azul fue relevante, ya que si establecemos un corte cronológico por década, comprobamos que la de 1830 nuclea casi la totalidad de los traspasos así como del volumen de tierras fiscales adjudicados por el Estado durante las cuatro décadas abordadas (99,4% y 96,3% respectivamente).
Asimismo, las donaciones de suertes de estancia constituyeron no sólo la mayor parte del total de las transferencias y del volumen de tierras fiscales cedidos por el Estado en la década de 1830, sino de todo el período, concentrando el 95,6% de los traspasos y el 68% del volumen total de tierras otorgado.
Cabe recordar que las transferencias en enfiteusis de la década de 1820 fueron descontadas al final porque fueron anuladas para propiciar las donaciones de suertes y el resto fue comprado en propiedad, por lo que el Estado dejó sin resolver sólo dos parcelas por 43.281 has.
Por su parte, las transferencias de la década de 1850 en arrendamiento constituyen únicamente dos casos (el tercero, como mencionamos, ya fue contabilizado en enfiteusis), uno de los cuales se realizó sobre el área de las suertes, por lo que fue descontado del volumen total de las donaciones.
La llamativa ausencia de transacciones en la década de 1840 en todas las modalidades de cesiones de tierras públicas, coherente con la información encontrada para el resto de la campaña de Buenos Aires y entendida, para el caso de la enfiteusis, en el marco de la crítica coyuntura le significó al gobierno de Rosas los múltiples conflictos internos y externos que se sucedieron por esos años.
45 Por su parte, la década de 1850 también presentó conflictos entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación, que se reflejaron en un retroceso importante de la frontera estatal y en la política de tierras, que recién recobraría impulso a partir de la ley de arrendamientos rurales de 1857.
46 Por otro lado, la media general de superficie para las parcelas en usufructo, si bien varió por década, es mucho mayor a la de los terrenos en propiedad (18.920,25 has. frente a 2.539,6 has. respectivamente) y el promedio general del período para todas las modalidades de cesiones de tierras fiscales es de 2.746,9 has., situación que se explica por el abultado número de suertes transferido.
¿Qué conclusiones podemos entonces colegir de los datos presentados hasta el momento?
En primer lugar, advertimos la importancia que tuvo el gobierno de Rosas en el poblamiento y en la creación de diferentes grupos de propietarios en esta zona de la frontera sur mediante las decisiones políticas generadas en lo concerniente a la entrega de tierras públicas.
De hecho, por medio de las donaciones de las suertes y las ventas de 1836 el Estado generó una política dual de beneficio de dos grupos bien diferenciados: por un lado, el de sectores sociales con raigambre colonial en la campaña rioplatense, los pequeños-medianos productores y propietarios rurales, que se beneficiaron con la política de las donaciones, más allá de que un grupo cercano al poder también fue agraciado con ellas.
Y por el otro, el de sectores socio-económicos consolidados en la campaña, que pudieron acceder a la propiedad legal de sus explotaciones enfiteúticas, los que, a su vez, estaban estrechamente enraizados en el poder provincial, como Francisco Piñeiro, Félix de Alzaga, Prudencio Rosas, entre otros.
Es de destacar que la intención del gobierno provincial con las donaciones de las suertes no fue la de acaparar ingresos para el erario público como en el caso de las ventas, porque sólo se escrituraron tres suertes durante el período; mientras la mayor parte de los beneficiados con esta política pudieron usufructuar sus tierras sin ninguna compensación monetaria al Estado por ello.
En segundo lugar, comprobamos que la mayoría de las tierras adjudicadas fueron transferidas mediante la pequeña-mediana propiedad (condicionada) a través de las suertes de estancia, que constituyeron el significativo 68% del volumen total de tierras fiscales concedido por el Estado durante ese período (ver gráfico 1).
Es decir, que en plena frontera sur, espacio habitualmente considerado de grandes latifundios, no sólo se verifica el predominio abrumador de la pequeña-mediana propiedad frente a la grande, sino que fue el mismo gobierno rosista, tradicionalmente considerado por la historiografía como propiciador del gran latifundio, el responsable de esta política.
Y si bien esta coexistencia entre la pequeña-mediana y la gran propiedad también se manifestó en otros lugares de la campaña bonaerense, en ninguno de ellos la presencia de la pequeña tenencia tuvo la envergadura que adquirió en la frontera de Azul, ni tampoco se manifestó desde el inicio de sus procesos colonizadores como en éste, sino que fue el resultado de un proceso de fragmentación secular.
En tercer lugar, la gran concentración de tierras adjudicadas en la década de 1830 nos parece un dato ilustrativo, porque es en ese preciso momento cuando en la campaña se está desarrollando la "expansión ganadera", con el corrimiento estatal hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, dentro de un marco de aumento de los precios de la tierra y el ganado a partir de 1820.
47 Por lo tanto se necesita el poblamiento efectivo de esta región, tanto para articular estas tierras al ciclo productivo fundamentalmente ganadero en marcha, así como para consolidar también la soberanía territorial del nuevo Estado provincial en esa zona de frontera con las sociedades indígenas.
Asimismo, el inicio de la década de 1830 constituyó una crítica coyuntura en la que se produjo una de las sequías más importantes registradas en la región que afectó a la producción rural y además fue el interregno entre los dos períodos de gobierno de Juan Manuel de Rosas.
En efecto, la época de otorgamiento de las donaciones fue concomitante a las disputas entre las distintas facciones federales por el poder porteño, a la campaña militar hasta el río Colorado encabezada por Rosas, al establecimiento de la política del "negocio pacífico de indios", entre otras cuestiones, que contribuyeron al afianzamiento del poder del sector dirigente y propietario que lideró la confederación hasta 1852.
48 De hecho, los repartos gratuitos de tierras que se plantearían en diferentes lugares de la campaña como una estrategia política para ampliar la base social y neutralizar el avance de los sectores disidentes al rosismo tuvieron en Azul un peso incontrastable: el lugar de enclave por excelencia de su poder militar en la frontera sur, sede del 6.o regimiento de milicias de la campaña liderado por el mismo Prudencio Rosas, que junto a los "indios amigos" con territorialidad en la región contribuirían a mantener el statu quo rosista y a defenderlo en algunas situaciones conflictivas, como los malones de 1836-37 y la rebelión de los estancieros de 1839.
49 Por otro lado, esta concentración de transferencias en la década de 1830 y la abrumadora presencia de las donaciones en Azul conducen a plantearse una comparación con otros procesos colonizadores de la fronte-47 Halperín Donghi: "La expansión ganadera...".
Garavaglia: Pastores y labradores...
48 Garavaglia: "La propiedad de la tierra en la región pampeana...".
Un resumen de esta coyuntura en Pagani, Rosana; Souto, Nora; Wasserman, Fabio: "El ascenso de Rosas al poder y el surgimiento de la confederación (1827-1835)", en Goldman: Nueva Historia Argentina..., págs. 283-321.
Sobre la política indígena del gobierno véase Ratto, Silvia: "Indios amigos e indios aliados.
49 Sobre estos episodios ver Ratto, Silvia: "Soldados, milicianos e indios de `lanza y bola ́.
Según los datos hasta el momento, en Dolores, por ejemplo, la mayoría de las transferencias de tierras públicas otorgadas a particulares durante 1800-1860 fue realizada en las décadas de 1820 y 1850 y el mayor volumen de éstas se adjudicó en la década de 1820 mediante la modalidad de la enfiteusis.
50 Por su parte, en Tandil se produjo un proceso sustancialmente distinto al ocurrido en Azul, en tan sólo tres años, entre 1836 y 1839, el 80% de las tierras del partido pasaron a manos privadas.
Es decir, que el proceso de apropiación privada plena en este sector tuvo un ritmo vertiginoso y permitió el acceso a la propiedad legal de sectores económicamente consolidados y estrechamente vinculados con el poder provincial, con un predominio claro de la gran propiedad, a pesar de su constante fragmentación a lo largo del siglo XIX.
51 Además, a diferencia de Azul, en ambas zonas el peso de los premios y las donaciones fue mucho menos significativo y presentó otras características, e implicó un escaso porcentaje del total de las tierras fiscales adjudicadas, del 24,6% para Dolores y sólo el 3% para Tandil y en superficies medias mucho mayores.
52 Mediante las donaciones de las suertes y las ventas de 1836 el Estado benefició a dos sectores sociales bien diferenciados: por un lado, los pequeños-medianos propietarios y productores agrarios y, por el otro, los muy grandes, que estaban además estrechamente vinculados con él, si bien algunos de ellos también fueron agraciados con las donaciones.
Sin embargo, la presencia de la pequeña-mediana propiedad, aunque coexistió con otras de grandes dimensiones desde el inicio del proceso colonizador, fue abrumadora frente al resto de las modalidades de tenencia de tierras fiscales, que comprendió las suertes la reveladora cifra del 68% del total de tierras públicas otorgado en un área caracterizada tradicionalmente como el paradigma del gran latifundio pampeano.
La gran concentración del volumen y de las transferencias registrada en la década de 1830 se entiende en el marco de un proceso de expansión agraria vinculado al ciclo del vacuno, de afianzamiento de la soberanía territorial del Estado provincial de Buenos Aires en la frontera interna y de consolidación del orden rosista mediante la captación de diversos sectores sociales.
Además, las donaciones condicionadas fueron adjudicadas en Azul, un enclave del poder militar del rosismo en la frontera 50 Mascioli: "Caminos de acceso al usufructo...".
51 Mosse: "La propiedad de la tierra...".
Mascioli: "Caminos de acceso al usufructo..." y "Productores y propietarios de la frontera bonaerense.
ESTADO, TIERRA Y POBLAMIENTO EN LA CAMPAÑA SUR DE BUENOS AIRES sur, mientras que en otras áreas de esta misma región el peso de las donaciones y los premios tuvo un impacto mucho menor y presentó otras características, que propició las grandes extensiones de tierra.
Finalmente, cabe contrastar la magnitud de esta política frente a otras modalidades de adjudicación de tierras fiscales desarrolladas por el gobierno de Rosas en la campaña de Buenos Aires.
Las donaciones condicionadas, que sólo se efectivizaron en Azul, implicaron la entrega de 228,75 leguas cuadradas en 305 donaciones a 296 particulares, aunque durante la primera mitad del siglo XIX sólo pasaron a la propiedad plena 2,25 leguas cuadradas.
Mientras los premios por combate contra los indios y a la fidelidad política sumaron juntos 820, 75 leguas cuadradas, de las que fueron escrituradas 192,7 por 27 particulares durante el período, lo que favoreció claramente el desarrollo de la gran propiedad en la región.53
El objetivo central de este trabajo fue tratar de saldar la carencia de información sobre una de las modalidades de adjudicación de tierras públicas implementada por el gobierno de Rosas en la campaña de Buenos Aires.
En gran medida, éste fue tradicionalmente considerado por la historiografía como estrechamente vinculado al sector de los grandes propietarios rurales, con los que se identificó y sustentó las bases de su poder político y económico en detrimento del resto de la población rural y al cual benefició directamente a través de distintas políticas como la de tierras.
Si bien éstas, así como otros aspectos concernientes a los caudillismos rioplatenses, están siendo re-examinados en la actualidad, aquí nos detuvimos en una modalidad de traspaso que hasta el momento no había sido objeto de una revisión cuantitativa.
De tal forma, hemos destacado que las donaciones condicionadas de tierras fiscales en propiedad, si bien se plantearon en principio para ser otorgadas en diferentes lugares de la campaña, se efectivizaron en la frontera del arroyo Azul a partir de 1832, y aunque no fue establecido el monto de la oferta estatal, pudimos reconstruir su volumen y compararlo con otras formas de entrega desarrolladas tanto en su interior como en otros lugares de la campaña de Buenos Aires.
De hecho, si bien las donaciones de estas pequeñas-medianas extensiones de tierras públicas no constituyeron la modalidad de otorgamiento predominante efectuada por el rosismo -la que sin dudas contribuyó a fomentar de la gran propiedad en la región, aunque en mucho menor medida de la que tradicionalmente se consideróel impacto cuantitativo que dicha política tuvo en la frontera de Azul fue relevante y se vincula con diferentes aspectos de la coyuntura histórica contemporánea.
Nos preguntábamos en la introducción por qué si desde el período tardo-colonial la tierra había constituido el factor de producción más abundante y accesible en la campaña rioplatense el Estado había implementado esta modalidad, por qué se realizó en Azul, cuáles fueron las características centrales del proceso y cuál la envergadura de esta concesión comparada con otras formas de otorgamiento de tierras fiscales en la región.
Hemos referido que las donaciones de las suertes, junto con las otras modalidades de cesiones del período, fueron realizadas en un contexto de expansión agraria importante en la campaña de Buenos Aires, basada especialmente en el ciclo del vacuno y en un proceso de expansión estatal hacia las tierras del sur del río Salado que, si bien ya había sido planificado por el Estado desde el período tardo-colonial, no había sido exitoso como lo fue durante la primera mitad del siglo XIX.
El que ayudó además a consolidar la soberanía territorial del nuevo Estado provincial en construcción frente al espacio ocupado por las sociedades indígenas.
De hecho, las donaciones de Azul no sólo contribuyeron a afianzar el área ocupada por el Estado provincial en esta zona de frontera, sino a acrecentarla sustancialmente, ya que la superficie total de las donaciones superó con creces al espacio abarcado con anterioridad por las tierras en enfiteusis de la década de 1820.
Asimismo, si bien las donaciones de suertes en Azul fueron planteadas en 1829, fueron entregadas por el gobernador Rosas recién a partir de 1832, durante el lapso hacia su segundo período de gobierno, que constituyó una crítica coyuntura en la que se estaba fortaleciendo el poder del rosismo, el nuevo sector dirigente y propietario en el litoral, en un marco de disputas al interior del mismo federalismo porteño; cuando además el gobierno implementó diversas acciones como la campaña militar hasta el río Colorado, el establecimiento de su política indígena, entre otras cuestiones.
Las donaciones entonces pudieron ser concebidas como una vía para afianzar su poder mediante la captación de determinados sectores sociales, en este caso, los pequeños-medianos propietarios y productores rurales, y fueron establecidas además en un área estratégica de la frontera sur como Azul, que junto con el partido contiguo de Tapalqué, constituyeron un foco de su poder militar y los bastiones más fieles a la causa rosista en la región.
Por otro lado, la voluntad política de poblar la frontera sur se materializó con las donaciones que, si bien con asentamientos previos, contribuyeron al establecimiento de población en Azul y a la inmediata puesta en producción de los terrenos por parte de distintos tipos de productores agrarios, especialmente pequeños-medianos dedicados a la producción pecuaria, que acudieron al aliciente de la oferta estatal de tierras.
El proceso de poblamiento de Azul fue exitoso, así como también la intención del Estado en el lugar, que se vio compensada por el establecimiento efectivo de pobladores desde el mismo inicio del proceso colonizador oficial, a pesar de algunas coyunturas interétnicas conflictivas.
De hecho, el asentamiento de población en Azul fue concomitante con el período rosista y con la ocupación de las suertes de estancia.
A través un rápido ritmo de ocupación, las suertes fueron apropiadas y puestas en producción por parte de sus beneficiarios, que las usufructuaron sin necesidad de una retribución monetaria al Estado por ello -si no mediante otras vías como el servicio miliciano-, ya que sólo tres donatarios escrituraron sus suertes durante la primera mitad del siglo XIX.
De esta forma, en Azul se produjo un rápido proceso de apropiación privada de tierras públicas que no fue legal en su mayoría sino hasta después de 1860, cuando se concedieron los títulos formales estipulados desde 1830.
Cabe destacar que la intención del Estado mediante las donaciones no fue la de acaparar recursos fiscales para el erario público como en el caso de las ventas de 1836, sino justamente la de contribuir al poblamiento local, a la articulación de las tierras al proceso productivo fundamentalmente pecuario en marcha, al amparo de ciertos sectores de la sociedad rural y al afianzamiento de la soberanía estatal y del orden rosista en la región, que se dieron de forma evidente para el gobierno provincial.
Por otra parte, la información encontrada en el estudio socio-demográfico de la población es coherente con la del registro de la tenencia de la tierra del lugar y refleja una clara articulación del poder en determinados individuos vinculados con los nuevos sectores dirigentes y propietarios en el ámbito rioplatense post-independiente, a la vez que la continuidad de sectores sociales de raigambre colonial en la campaña, los pequeñosmedianos propietarios y productores rurales, que fueron beneficiados directamente con la política de las donaciones, si bien no faltaron algunos MARÍA SOL LANTERI particulares relacionados con el gobierno que también fueron agraciados con ella.
En efecto, hemos comprobado cómo a diferencia del resto de los partidos de la campaña de Buenos Aires y en especial en un espacio habitualmente considerado como el paradigma de la gran estancia, la frontera sur, en Azul la pequeña-mediana propiedad fue abrumadora frente a la grande, y según la información con que contamos hasta el momento, en ningún otro lugar el impacto de las donaciones fue tan relevante ni presentó estas características.
Y hemos advertido además cómo el mismo rosismo, tradicionalmente considerado por la historiografía como propiciador del gran latifundio, fue el responsable de esta política.
Aunque también, como destacamos, no dejó de realizar paralelamente su acción predominante, en beneficio de los grandes propietarios de la campaña mediante la ley de ventas de 1836.
Poblamiento efectivo, fortalecimiento de la territorialidad estatal, ampliación del área productiva en la frontera sur, beneficio de diversos sectores sociales, el acceso a las tierras en Azul estuvieron estrechamente vinculados con la participación del Estado provincial de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX, especialmente durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas.
La estructura agraria dual entre la pequeña-mediana y la gran propiedad, si bien con un claro predominio de aquélla a diferencia de otras áreas de la frontera sur bonaerense, fue creada por éste y se mantuvo como tal hasta bien entrado el siglo.
Cabe ahora, con estos resultados obtenidos como plataforma de análisis, indagar con mayor profundidad sobre la articulación que estos pequeños-medianos productores y propietarios rurales tuvieron en el sustento de las bases del poder del rosismo en esa región clave de la campaña de Buenos Aires. |
Entrevista a María Justina Sarabia Viejo 1 VZT.
¿Desde cuándo te interesó la Historia de América?
Diría que desde que nací, porque soy hija de un cubano y eso, no cabe duda, marca una trayectoria.
He oído siempre hablar en mi casa no sólo de Historia, y también he comido productos caribeños.
Mi padre, que seguía yendo a Cuba periódicamente, transmitía ese amor por todo lo que era América, quizás, ampliándolo en la distancia, que eso pasa mucho.
Cuando ya había estudiado lo que se llaman "comunes" en la Universidad de Sevilla, asistí a unos cursos en La Rabida, y eso me acabó de decidir.
Así que yo diría que desde 1967 pienso medio en español medio en americano...
Además tienes una ventaja: tener a la mano las fuentes para la Historia de América en Sevilla, que es un sitio privilegiado para la acumulación de todos esos materiales.
Los profesores y los cursos sobre Historia de América en esa época donde tú estudiaste ¿Eran más importantes que ahora?
¿Se sigue teniendo esa intención de formar americanistas?
En parte, porque, por ejemplo, sin ir en contra de lo que he hablado anteriormente, me alegro y me he ido alegrando cada vez más de haber estudiado esos tres primeros cursos muy generales.
Para mí fue siempre muy importante, y de hecho en México, en los congresos, me decían que se me notaba esa formación previa, porque estudié mucha Historia de España, Universal, Latín, Griego, Geografía, Filosofía.
Era verdaderamente una titulación de Filosofía y Letras, por lo que me apenó el día que se cambio el nombre por Facultad de Geografía e Historia.
Siempre me gustó la Historia del mundo a lo largo de los siglos, como se estudiaba, si no recuerdo mal, en dos cursos y muy duramente.
Asistían alumnos de otras especialidades, no sólo de Historia de América.
En cuarto y quinto aunque eran específicos de América, se seguía estudiando Historia de España moderna.
Ahora esto les falla a los alumnos en España y, en Sevilla en concreto, no la conocen bien.
Había otra asignatura: "Instituciones Españolas en la Baja Edad Media", que es una mina para el estudio de los primeros años de la Conquista de América, porque si no, ¿«se cae llovida» la llegada a Nueva España en el XVI?
A los alumnos de licenciatura y doctorado los machaco haciéndoles leer esos temas.
Actualmente la enseñanza es más especializada y los profesores están quizás más al día en la bibliografía.
En esos años -estoy hablando de los 60-había veces que, entre mentalidades políticas y restricciones bibliográficas, el americanismo oficial (la política está en todo), la Historia de América que se difundía en España se veía claramente.
Era más difícil la formación orientada, con libertad de lectura, con libertad de pensamiento de los profesores.
Hoy hay maestros de todas las ideologías, entonces no.
Vuelvo a decir que, para mí, era importante el hecho de tener una familia un poco diferente.
Siempre me han dicho que era yo distinta, y con el tiempo: ¡me encanta!, lo he asumido, tenía siempre detrás a alguien que me indicaba que no hay que creer todo lo que se dice: tienes que ver esto, tienes que plantearte otro punto de vista, a ver si puedes leer tal libro...
El problema era que muchos libros no llegaban, y no se viajaba al extranjero, como por ejemplo hoy lo hacen mis sobrinos que, con 12 o 13 años, han salido todos fuera de España.
La primera vez que visité el extranjero fue en el viaje fin de carrera.
Algunos alumnos terminamos admirando a ciertos profesores y haciendo como una especie de seguimiento de sus propias investigaciones.
¿En tu caso también empezó con alguna admiración hacia algún profesor?
Muchas veces cuando los alumnos de doctorado (tanto los que he dirigido como los de otros profesores a los que he ayudado) me dicen «maestra»: esa palabra sí que me gusta, aunque aquí en España no se usa.
Hubo un trabajo muy bonito de una reciente catedrática de Historia Medieval, en el que se trataba de la importancia de ese vocablo y, como yo siempre digo, hay cosas que no se cuantifican, que no se pagan...
Tengo que reconocer que tuve un maestro que fue mi director de tesis de licenciatura, de doctorado, y con el paso del tiempo, lo he revalorizado.
Era una persona con una mentalidad conservadora, que lo asumía sin problemas, muy respetuoso, y que no imponía sus criterios.
Yo he procurado aprender de todos los alumnos que he tenido, y hasta hoy, creo que para eso no hay que tener edad.
Este profesor era el catedrático Don José Antonio Calderón Quijano, con quien empecé a hacer trabajos en cuarto curso de carrera.
Fue quien me enseñó a investigar, no tanto orientándome en las lecturas, sino que cuando releía lo que yo escribía, me permitía comentar.
Aunque era un hombre de su tiempo, de su mentalidad, supe siempre, o por lo menos lo intenté, compaginar nuestros puntos de vista.
He respetado a todos mis profesores, pues se puede aprender mucho hasta de personas con las que no se esté de acuerdo en sus enfoques.
Yo tengo carácter, y no me callaba mucho.
Desde que empecé a trabajar en la universidad, un año después de haber acabado la carrera, he tenido mis discusiones incluso con los más grandes, con los mayores.
Pero con el tiempo, los he entendido mejor y ellos, de alguna manera, han visto mi verdadero carácter.
Yo discutía porque no hay por qué aceptar que nadie pontifique, una cuestión que se hacía mucho en ese tiempo.
Pero quizás ellos también, al hacerse mayores y al ver que se les respeta como a un maestro que has visto durante 30 años, interviene entonces el factor humano, que para mí es muy importante.
En general reconozco que perdono más las cuestiones humanas que las científicas.
Un caso, para mi prototípico, ha sido Don Francisco Morales Padrón.
Al tratarlo en los últimos años de su vida, ver sus problemas de salud, sus dependencias -cuando era un hombre duro y autoritario-, agarrado a un alumno que lo ayudaba a salir porque estaba casi ciego, a mí eso me ha hecho entenderme con él de otra manera.
Una cosa muy personal es que Don José Antonio nunca me dejó de hablar de "usted"; aunque era lógico que yo sí lo hiciera.
Fui durante muchos años la única mujer que trabajó con él, porque era como si sólo quisiera llevar a una en su equipo y hasta que ésta no se fuera, como ocurrió con Lourdes Díaz Trechuelo, cuando sacó la cátedra, entonces yo la sustituí.
El tema humano siempre está presente.
Con mis alumnos, mientras cursan la licenciatura, como son muchos, la relación es menor; pero en el momento que empiezan a hacer conmigo trabajos de tesis, he intentado compaginar la investigación con el cultivo de su amistad.
Puede ser positivo o puede ser negativo, pero es mi punto de vista.
Nos decías que había muchas restricciones de libros.
Después que ya no las hubo ¿Cuáles son los libros (han de ser muchos) que más te atraparon, que más hubieras añorado en otro tiempo leer y tuviste que posponer su lectura?
Diría que más que un solo libro, un tipo de libros que conservo hasta hoy: los de estudios metodológicos que me ayudan a plantear mi propia línea.
Porque, claro, en aquellos tiempos, había algunos que se decían claramente marxistas, así, cuadriculadamente marxistas; a mí eso no me llamaba la atención, no por marxistas, sino por «cuadriculadamente».
Hasta hoy, creo que muchos se obsesionan en ver planteamientos metodológicos: lecturas sobre distintas líneas abren siempre caminos.
Cuando me prejubilé, dejé montones de libros que faltaban en la Biblioteca de la Universidad al igual que hice en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, y de hecho ya soy una donadora de libros reconocida en sus registros.
Muchos de esos libros, aunque ya pueden estar superados, sigo usándolos.
Recuerdo un viaje a Inglaterra en los años 70 en que me dediqué a comprar libros en inglés.
Aunque mi inglés era del Instituto Británico de Sevilla -para leer muy bien, pero no tanto para hablar-compraba libros incluso cuando visitaba alguna entidad.
Tanto en la Universidad de Londres como en el Museo Británico, en cuyas bibliotecas trabajé para mi tesis doctoral, adquirí tres o cuatro libros y, como decimos aquí, «les salieron muchos novios».
Todo el mundo me los pedía, y yo inicialmente presté dos que me costó la vida recuperar; lo conseguí amenazando con retirar el salu-do a uno de los colegas.
En Historia Económica he hecho pequeñas incursiones, y esos libros los sigo teniendo y los releo porque siempre me dan ideas.
No sé muy bien definir en qué línea estoy y lo que hago, pero sí sé lo que no me gusta, y si eso me lo he planteado siempre, ahora que han pasado casi cuarenta años, sigo igual.
Para mí es otra manera, no diré de luchar, sino de considerar que no estoy acabando, eso sí, el concepto de jubilada no va conmigo, porque el día es muy largo.
Ahora disfruto de tiempo para más y distintas cosas, y si me tardo una hora como si me tardo dos, sin problema.
Me acuesto tarde y aunque no soy de levantarme a las seis de la mañana, a más de las ocho ya me duelen las cervicales; eso es señal de que ya estoy harta de estar en la cama.
Tus líneas de investigación fueron influidas por Don José Antonio Calderón Quijano en sus primeras investigaciones: el tema de las instituciones, pero después te fuiste a temas más sociales, más de género, de economía, es decir, has incursionado por distintas facetas de la historia.
Estoy de acuerdo en la primera parte y no porque me obligara, sino porque (también eso lo valoro yo ahora), tenía su programa de trabajo.
Para él, y para los que entraban a trabajar con él -aunque no fue a México, pese a que nació allí-, México era parte de su vida y de su mundo.
Tenía un programa de trabajo que hubiera dado para 15 alumnos más de los que tuvo, y que hoy son la mayoría profesores e investigadores.
A la hora de hacer, por ejemplo, la tesis de licenciatura bajo su dirección, sacaba la lista de los temas que él consideraba idóneos, que eran de menor amplitud que una tesis doctoral.
En esos años le interesaban las rentas de la Real Hacienda, y entre ellas el juego de gallos.
Este tema lo trabajé para mi tesis de licenciatura, publicándose en 1972.2 Años más tarde me encargaron un libro sobre el mismo asunto, cuyo resultado está a años luz de mi primer ensayo.
3 Si en todos los años que han pasado, yo siguiera haciendo libritos como éste, no por el tamaño sino por cómo está escrito: ¡ay qué pena!, ¡qué «pena española»!, no ¡qué «pena mexicana»!
La primera creo que no me daría, porque la vida está para ir avanzando.
Sin embargo, con la tesis reconozco que Don José Antonio dio un paso en cierta manera arriesgado para él, porque decía: tengo varios temas que no sólo porque forman parte de mi proyecto de trabajo, sino que me parecen importantísimos y son estudiar los grandes virreyes del XVI.
Me dijo: «va a ser un trabajo pesado, de mucha búsqueda, en el cual siempre va a tener usted esa especie de duda, y además le van a decir que cada capítulo podría ser una tesis».
Y en efecto, me lo han dicho como diez personas muy destacadas, empezando por el padre Lino Gómez Canedo: «¡Ay! podría usted haber hecho la parte de la Iglesia en profundidad; pero se planteó muchos aspectos, lo que le impidió avanzar en el conocimiento de todo lo que sucedió en la Nueva España en esos años».
Con el tiempo he comprobado que, efectivamente, el poder central en sus diversas líneas: económicas, políticas, revela mucho más que lo que sería un estudio del virrei nato, que ya después he ido ampliando, sobre todo en planteamientos periféricos, a lo largo de los años.
En este caso acepté su reto, y el resultado es otro de los libros que no fue en un principio muy conocido cuando se publicó.
Salió después, si no recuerdo mal, de leer la tesis, Es un libro que merece la pena y está agotado desde hace tiempo.
4 Durante su elaboración me sumergí en la documentación muy a fondo, aunque no debo olvidar ni despreciar los trabajos que realicé en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, muchos de ellos dirigidos también por el profesor Calderón Quijano: de Cartografía,5 cartas del Cabildo6 y las ordenanzas del virrey Toledo.7 Después, desgraciadamente, estas ediciones no se me valoraron como trabajos propios.
No sé qué mentalidades me «punteaban» o infravaloraron estos temas, aunque con el tiempo no me importó.
Por ejemplo, en un «sexenio» 8 en el que yo tenía dos tomos de las cartas del Cabildo, junto con la edición de las ordenanzas del virrey Toledo más el libro de Vascon celos,9 me denegaron el reconocimiento.
Hay colegas que llegan a trastornarse por la negativa de un sexenio, llegando a impugnar la evaluación del mismo, pero son guerras perdidas.
A lo largo de mi vida he preferido hacer lo que me gustaba en cada momento, y una vez que pude tomar las riendas de mi propia carrera académica, siempre he procurado alternar y hacer compatible la enseñanza y la investigación.
Tú has podido entonces proponer a tus alumnos temas que a ti te hubiera gustado trabajar y, por falta de tiempo, de oportunidad, los estás colocando en ellos.
No mucho, lo que sí procuro, y eso en realidad es reconocer mis propias limitaciones, sobre todo bibliográficas, es dirigir trabajos sobre épocas y espacios que conozco.
Siempre he respetado lo que cada colega trabajaba en mi departamento y en la Escuela, cosa que otros profesores no han hecho, pero peor para ellos.
Acepto dirigir sobre temas en los que estoy más o menos preparada, y esta práctica no me ha dado mal resultado, pues buena parte de mis alumnos hoy son profesores, con buenos currículum y que recuerdan con agrado los años que estuvieron bajo mi dirección.
Además son amigos: no me han aborrecido después de acabada la tesis, lo que aprecio mucho.
Sobre lo que tú señalas de trabajar así con los temas, en cierta manera lo hago ahora por ejemplo con Isabel Arenas, 10 que ya es profesora titular igual que yo.
Si trabajamos -como ahora que llevamos una ponencia conjunta-es porque en determinado momento nos ayudamos en buscar un tema en común.
Ahora que para mí el hacer currículum no es necesario, no me importa el que ella firme los trabajos en primer lugar, pues además se apellida Arenas.
Si continúo colaborando con grupos de investigación, lo hago porque me interesa, pero no por motivos económicos.
Me basta con la publicación, ya que en cierta manera estoy un poco por encima de los aspectos académicos desde mi jubilación.
Me gusta investigar, editar, estar al día en bibliografías, y en ese aspecto, ¡cómo agradezco yo a las revistas!
Además, me escribo con muchísima gente, no por las revistas sino por la amistad, y eso me mantiene actualizada, enterada y la memoria viva.
A veces es cansado seguir en la revista 11 y trabajar con los colegas.
A uno de ellos, le he encargado cosas del Anuario sobre sus temas.
Al principio aceptan trabajar, pero luego me mandan los informes escritos a mano y me pregunto: «¡caray, yo soy secretaria académica, no estoy para todo!».
Al final termino por no encargarle nada.
Desde que la informática se metió en nuestras vidas, a veces nos agobia, pero en mi caso me ayudó mucho en las cuestiones académicas durante los últimos años que pasé en la Universidad.
En ocasiones, en lugar de hacer un borrador y pasárselo a la secretaria del departamento, mejor lo hacía de una vez, quedando esos escritos como modelos 10 Han publicado juntas, entre otros, Sarabia Viejo y Arenas Frutos, 2007.
11 Se refiere al Anuario de Estudios Americanos, del que habla líneas abajo ENTREVISTA A MARÍA JUSTINA SARABIA VIEJO Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 13-28.
ISSN: 0210-5810 y así me lo han agradecido los diferentes secretarios que ha tenido el citado departamento.
Estas iniciativas mías tienen su origen en los años que trabajé con Don José Antonio Calderón, que nos enseñó a redactar peticiones, documentos oficiales, en fin, de todo.
A veces me han comentado que por qué no escribía un manual de redacción.
En ocasiones me han llamado del Negociado del Tercer Ciclo: «¿Usted es la profesora Sarabia?, ¿le importa que usemos este escrito que ha mandado como modelo?»
Y yo les respondo: «Yo no pido copyright, úsenlo ustedes».
Soy así, no huyo de las cosas y me meto en líos que no tengo por qué.
El día que vea que no hago nada de eso, diría: «uuhhh que mal estás», pero, bueno, espero que sea dentro de muchos años más.
Cuéntanos tu primera experiencia americana.
Era un México y una ciudad de México completamente distintos.
Como soy de una familia muy viajera y grande, llevaba ciertas facilidades.
En México tenía unos parientes republicanos, exiliados de la guerra Española, cuyos hermanos vivían en Madrid.
El segundo día de llegar a México, con el pasmo consiguiente de los tamaños y de un mundo tan distinto, fui a visitar a estos señores, quienes ya eran muy mayores, y me ofrecieron una casa.
Una sobrina suya tenía una refaccionaria, lo que me impresionó mucho: ¡una mujer al frente de una refaccionaria!
Estaba situada por la Colonia de los Doctores, y me contaba muchas anécdotas.
Esta familia hasta hoy sigue siendo mi familia mexicana.
Recientemente ha venido la nieta de esta señora que se ha hecho novia de un joven de San Juan de Aznalfarache, o de algún otro sitio de por aquí, a quien conoció estudiando en Estados Unidos.
Parece entonces que voy a tener a mi familia mexicana aquí ya mismo.
En un principio iba a viajar con Cristina García Bernal, pero como su padre se puso muy enfermo, llegó a México más tarde.
Para mí esta familia fue excelente, pues, aunque no me conocían de nada, me recibieron muy bien.
Con el tiempo fui conociendo a otras gentes y, como decía mi madre, cuando uno no habla mucho, se tiene que ir a ver a Santa Quiteria, que parece que es la abogada de los mudos.
Pues yo a Santa Quiteria no tengo que ir...
Así que conocí a mucha gente en este viaje y lo pasé muy bien.
Me parecía un país interesantísimo y desde entonces, en cierta manera, ese viaje influyó en que siguiera investigando sobre México.
Siempre he procurado que mis alumnos visitaran México mientras estaban redactando la tesis, como hice yo.
En ese viaje conocí el Archivo General de la Nación; fui también a la Biblioteca Nacional y a Puebla, a ver el Archivo del antiguo ayuntamiento.
Desde entonces, lo de viajar nunca me ha parecido tiempo perdido.
Mi padre era sobre todo el que quizás más entendía mi afán viajero, porque él había viajado desde joven.
Yo le escribía, por ejemplo, que me había ido sola a la zona de Yucatán, y me respondía: «hija ten cuidado».
«¡Ay papá!, tú no te preocupes que a mí no me pasa nada».
Aunque Cristina hizo en parte el mismo viaje que yo, se vinculó a otro grupo; tal vez fue Román Piña Chan quien la llevó a Yucatán.
Pero yo fui un poquito, o bastante, a mi aire.
Aunque después realicé viajes en grupo para ir conociendo Europa, siempre preferí viajar a mi aire: eso lo tengo ya clarísimo.
De hecho siempre que salgo, excepto en contadas ocasiones, no he sido de viajar en grupo.
Creo que ya han pasado de los cincuenta mis viajes a México.
Hablo desde cruzar el Atlántico a recorrer todo el país.
La parte que me queda es Monterrey y el Norte, y ahora, con estos trabajos, aunque no cabe duda de que también he profundizado el noreste, estoy yendo a la zona de Jalisco.
Muchos kilómetros y cuántos temas.
Ya bastantes, aunque la gente no tiene por qué saber ni los años que llevo trabajando ni mis intereses.
Entonces me dicen: ¿Y por qué cambiaste de temas?
El año que viene diré «hace 40 años que empecé», y dediqué mi atención a otros asuntos, en cierta manera, porque, si no, siento que me hubiera aburrido.
Lo que sí es curioso, y se puede ya rastrear, es que todos los trabajos referidos a la Nueva España son coloniales menos el de Vasconcelos, y todos ellos, de alguna forma, parten inicialmente de la tesis doctoral.
Las especies, 12 los colorantes, 13 los asuntos de historia civil, eclesiástica, los temas de corregimientos, los de reducciones y congregaciones, 14 todo eso, por lo menos la palabra, está en la tesis.
Yo le digo a los alumnos: «no os obsesionéis con meterlo todo, como decimos aquí, con calzador, con dificultad, porque en una tesis bien trabajada hay material para media vida, por lo menos».
Desde que realicé mi tesis doctoral ha aparecido mucha bibliografía y se han realizado congresos especializados que me fueron sugiriendo cuestiones para trabajar algún tema en concre-12 Sarabia Viejo, 1984.
Porque, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a hacer un libro de la grana cochinilla, que solo aparecía en 3 páginas de mi tesis? 15 A Don Luis de Velasco 16 después lo he visto bien a fondo, y en México he dado conferencias sobre colorantes, etc. Y he trabajado algún tema sobre Perú y Perú-Chile, cuando hice la edición de Sarmiento de Gamboa.
17 La culpa, con muchísimas comillas, del primer libro por lo menos, la tienen dos eminentes estudiosos peruanos, los profesores Teodoro Hampe y Guillermo Lohmann Villena, que me dijeron que era una pena que no hubiera un buen corpus documental de la época de Toledo, por muy polémico que fuera como virrey.
Y como Justina también hacía muchas transcripcio-nes..., cuando me lo propusieron, claro que me pareció interesante y también que confiaran en mí.
Era una tarea que, ahí sí, puedo decir que no sabía en lo que me metía, Tampoco me lo valoraron, lo he dicho antes y no me preocupa.
Pero lo que no me planteé en ese momento, la juventud es así, era lo que me iba a pedir de tiempo, cuando además y a la vez tenía que estar compaginándolo con preparar oposiciones, con dar clases prácticas primero y después los cursos que me encargaban, porque esto duró años.
Todos estos libros se fueron editando en la segunda mitad de los años setenta, aunque creo que yo ya estaba en ellos a finales de los sesenta.
Siempre me ha preocupado hacer las cosas lo mejor posible; en lo del virrey Toledo por ejemplo, manejaba y cotejaba 5 fuentes distintas.
Eso llevaba un montonal de tiempo; además desconfiaba de las trascripciones porque, a veces, no es que hubiera palabras equivocadas, es que había párrafos que desaparecían; entonces me dije: «¡oh, vaya por Dios!», y me iba al archivo y así salió un tomo grande.
El de Sarmiento de Gamboa, la verdad es que responde a esas colecciones de publicaciones vinculadas al 92.
Pero como yo me metía a fondo, en una de las páginas, creo que fue en El País, hablando de la colección de bolsillo, se decía que había libros (y era el mío) que hubieran merecido una visión monográfica y no sólo un libro de bolsillo.
Yo incluí los 5 relatos, viendo lo mucho que aportaban y en la editorial me dijeron: «no, no pueden entrar nada más que dos: uno más largo y otro más corto».
Claro que puse una introducción interesante de fuentes, que después sirvió de modelo para otras ediciones.
También hice, pero eso era para los alumnos, la parte de Brasil 18 en una Historia de 15 Ibidem, [1998].
América que se publicó en la universidad, pues llevaba muchos años danto colonización portuguesa en América.
Este libro, que coordinó D. Luis Navarro García, se hacía con un magnífico objetivo en mi opinión, que era ayudar a los alumnos no sólo a estudiar sino también a tener una base teórica a través de un manual: acabó rematándose a un euro por tomo porque no se vendía.
¿Desde España se puede hacer una Historia General de América?
Lo veo difícil y yo diferenciaría.
Desde España se pueden tener, y pueden ayudar bastante, visiones amplias.
Y así fue mi enseñanza y después mi trabajo.
Nosotros dimos Historia de América Contemporánea, que empezaba en la Independencia, por bloques, no de país en país.
Incluso de bloques que todavía eran, por ejemplo, lo que después se llamaría la Gran Colombia pero era el virreinato de Nueva Granada antes de la Independencia.
Y en el caso de México, se estudiaba México y Centroamérica.
Creo que algo he podido aportar, y a veces me han dicho en el doctorado, donde he tenido siempre muchos alumnos extranjeros: «¡ay!, es que usted da siempre unas visiones muy claras»; «pues es que llevo 20 años dando clases de América Contemporánea».
Y muchas cosas, efectivamente, se pueden entender y explicar mejor teniendo esas visiones.
Ahora, escribir es otra cosa: yo por ejemplo no me atrevería en absoluto a hacerlo.
En lo de Brasil, me acuerdo que hicimos una reunión previa, la mayoría éramos profesores del propio departamento, y dijo Don Luis y no sé quién más: «lo que se trata es de hacer un material para alumnos», que es lo que ahora, con el nuevo plan de Bolonia, se les intenta dar siempre por internet.
En ese tiempo, pienso que dicho libro cumplía una función, pero lo veía inabarcable.
Depende de los planteamientos con que se presentara.
Hay manuales que me han parecido utilísimos, como el de Halperin Donghi,19 pero es muy difícil.
Yo, como lectora, los he visto, en el fondo, desnivelados y ningún territorio me parece a mí que deje de tener importancia.
Ese es mi punto de vista, entonces yo no me metería, dejaría el trabajo a mis herederos.
No quiere decir esto que no me interese porque, enseñando, no hago esa diferenciación: se pude tener más material o mayores enfoques de varias clases que de una.
¿Cuál ha sido la importancia de tu labor docente y la relación entre esta labor docente y la de investigadora?
Quizás habría que preguntárselo a otros.
Pienso que me he jubilado teniendo ganas de trabajar, entusiasmo y gusto por la docencia.
Me siguen invitando a dar conferencias en colegios mayores.
Aunque me piden, más bien, que trate de temas de política actual.
A menudo, al final siempre me dicen: «se nota que le gusta este trabajo».
Hace cuatro años que ya no soy profesora, aunque creo que me voy a morir siéndolo.
Primero hice el intento de ser sólo investigadora, porque me encanta también la investigación, y después opté a una plaza en la universidad; simplemente me salió primero la de la universidad que la de investigación.
En los dos casos aprobé, lo que pasa es que en investigación nada más había un puesto y quedé segunda.
Pero, después de un año o dos, me dije: «creo que me ha pasado lo mejor que me ha podido pasar».
A medida que fue transcurriendo el tiempo cambié alguna vez de asignatura.
Y en cuanto a la relación con el alumno, diría una frase que puede parecer frívola, pero que es cierta en su totalidad: "ser profesor te mantiene joven, te mantiene viva".
Quizás la investigación en archivos, y sólo redactando, me hubiera cerrado demasiado.
Eso, finalmente, no me ha pasado.
Pienso que la docencia fue mejor para mí.
Me dijeron un viernes que no tenía la plaza, y el lunes siguiente estaba en la universidad, ya con mis prácticas y sustituyendo al profesor y preparando la oposición para la universidad, que era en cuatro meses.
En el momento me disgustó muchísimo, pero hoy, al contemplar los años pasados, creo que fue lo mejor.
Lo que pasa es que los malos ratos duelen, pero, con el tiempo, son pura historia.
Estas historias que estás preparando ahora, que vienen a futuro, ¿serán distintas a las anteriores?
Son más concretas temáticamente, porque ahora llevo varias líneas paralelas de investigación.
No cabe duda de que el tema de la Historia de la Mujer y de la Familia me atrae.
Empecé con trabajos sobre monjas.
Y decía de broma (para mí la broma es imposible quitarla de la vida), «me salí del convento».
Ahora me gusta más estudiar a la mujer en la sociedad, cómo ha ido viéndose su papel, tratándose, reconociéndose, o si sigue sin reconocerse, pero no me paso de la época colonial.
Porque creo, nuevamente, que de lo más reciente, de los siglos XIX y XX hasta el XXI, como no he ido leyendo al ritmo de lo anterior, me preocupa mucho no hacerlo bien.
Hay que tener un respeto, dentro de lo que se pueda, por estar al día y, en caso contrario, es mejor no tocarlo.
A veces leo cada tontería, pero es por simple desconocimiento.
Entonces digo: «Dios mío, que nunca me pase esto».
A lo mejor me puede pasar y no me doy cuenta, como puede pasarle a cualquiera.
Esa última línea y el tema de los libros siempre me han interesado.
Por suertes de la vida, me han ido llegando libros del XVII, del XVIII, que conservo, y me interesa el estudio de la imprenta, de la mujer en la imprenta, qué libros son los que se publicaban; porque ya no sólo me interesa el papel femenino, sino los propios libros.
Fui a Puebla y a Oaxaca a ver los libros antiguos de las bibliotecas.
Me encanta leer libros que traten de esos temas, ahí me meto y se me va la vida.
Acabo de ver uno estos días (preparando el Congreso de Salamanca) que tengo que releer más.
Lo ha coordinado Pedro Rueda con otra historiadora creo que de la UNAM, 20 que trata de diversas bibliotecas y de libros antiguos.
Como me dará más pistas y más trabajo, pues encantada.
A veces, como siempre nos pasa a todos, me vuelven a hablar de los virreyes.
Por ejemplo, una vez hice una comparación de los virreyes de Felipe II en la Nueva España y en el Perú, 21 que fue un poco la continuidad de este proyecto de D. José Antonio.
Y, por supuesto, allí está el virrey Toledo.
No huyo de los temas que, a veces, parece como que regresan al cabo del tiempo, como ocurre con un artículo o el título de una conferencia.
Por ejemplo, tengo documentación de Zacatecas sin trabajar, de Oaxaca sin trabajar y tengo otros manuscritos de la colección Borbón Lorenzana de Toledo sin estudiar.
O sea que no me voy a aburrir, hasta tengo material del pueblo en el que nació en Cuba mi padre, que se llama Holguín y ahora es una ciudad, de su fundación, de sus vecinos.
Una de tus actividades más importantes fue la editorial.
La editorial a veces es una labor poco reconocida y esa sí es verdaderamente pasada de noche, casi se hace gris ¿Qué nos puedes decir acerca de esta labor editorial que tienes por años haciendo en el Anuario? 22 JS.
Entré haciendo una crónica en el Anuario en 1970, por lo que mi colaboración ahí es más antigua que la docencia.
22 Anuario de Estudios Americanos, publicado desde 1944 por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla.
ISSN: 0210-5810 antiguos gremios, he entrado desde abajo, y no he llegado a directora porque no soy miembro del Consejo [Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)] y no lo puedo ser, si no, pienso que podría haberlo sido perfectamente.
A mí me encanta la labor de editora, me he hecho casi una obsesiva de las erratas, de corregir esas maneras de escribir.
Cuando hicimos aquella edición del congreso de AHILA de 1990, yo coordiné la edición y fueron tres tomos,23 y allí nos dejamos diez personas los ojos.
Después, cuando se celebró el siguiente congreso, creo que fue en Leipzig, se levantó [David] Brading y dijo: «levanto el sombrero para los que han llevado esta edición».
Y efectivamente, después de tantos años, creo que sigue siendo la mejor que se ha realizado de un congreso de la AHILA y la que se hará, porque ya ahora ni se hacen completas.
Es que casi todo me gusta, porque también me divierto, y me encanta la música, el teatro, pasear; creo que es una manera de ver la vida.
Y si me comprometo, me comprometo.
Es la segunda vez que soy secretaria del Anuario; la vez anterior duró diez años y me fui por enfermedad, y ahora podrían ser ocho y me voy a ir porque creo que debe entrar otra persona, porque estoy como en un permiso especial; como jubilada no debiera estar.
Claro, me han llegado a decir «tonta», pero es que esto, o se hace por amor al trabajo, o no se hace.
A veces sin meter todavía un artículo, lo he releído y le he dicho al autor: «¿por qué no metes esto? ¿por qué no cambias aquello?».
Me quejo porque me canso a veces, y eso es muy humano.
Pero como lo hago porque quiero, donde yo me meta, mientras yo pueda, las cosas saldrán lo mejor posible y he cogido desgraciadamente una época en la que el Anuario no para de cambiar, sobre todo desde el 2007, que fue cuando ya empezó la edición digital, (aunque sigue teniendo papel y digital) y cada vez nos dan órdenes nuevas.
Empezamos a meter la bibliografía de cada trabajo al final de 2010, con la idea de que venía bien tener de cada uno su bibliografía.
Pues el Consejo lo ha, digamos, ordenado desde su Servicio de Publicaciones este año, y nos ha indicado: «les damos un tiempo».
Estoy revisando con la secretaria que nos ayuda que vayan esas bibliografías antes de fin de año.
De hecho, llevo en mi casa dos días encerrada corrigiendo el número uno, o sea, que no me puedo quejar, aunque lo haga a veces por cansancio y porque en casa me duelen los ojos y estoy harta de estar sentada; me levanto, me paseo un poquito y, como yo pueda, saldrá lo mejor posible.
Práctica tengo, porque como ya digo: «estos |
Un ejemplo de mundialización: El movimiento de biombos desde el Pacífico hasta el Atlántico (s. XVII-XVIII)/ A case of globalization: the circulation of folding screens from the Pacific to the Atlantic (17th-18th centuries)
Centro de História de Além-Mar (Universidade Nova de Lisboa), Portugal El artículo analiza la circulación de objetos entre Asia, América y Europa a través de un estudio de caso: la producción y comercio de biombos.
El análisis de las redes económicas asociadas al tráfico de obras de arte supera los límites nacionales o imperiales y nos obliga a romper con los planteamientos tradicionales de centro y periferia.
Asimismo, las relaciones personales que implicó el proceso de encomienda de biombos o la difusión de estos objetos a través del movimiento de personas por cuatro continentes, muestran cómo el desarrollo de la economía mundial o la formación de imperios de dimensiones planetarias incentivó los intercambios en todos los niveles y dio como resultado el nacimiento de una nueva cultura material de carácter mundial.
La conquista de América y el desarrollo de nuevas rutas directas con Asia, abren un campo de estudio que abarca cuatro continentes y las principales civilizaciones de la Edad Moderna.
Las transformaciones que sufrió el mundo durante este periodo nos invitan a preguntarnos hasta qué punto muchos de los fenómenos asociados a la globalización son recientes o si, por el contrario, cuentan con antecedentes que es necesario revisar.
1 En este sentido, los biombos suponen la excusa perfecta para indagar en lo que Sanjay Subrahmanyam definió como connected histories, las relaciones históricas que se dieron entre sociedades contemporáneas, y tratar de evaluar las implicaciones culturales y sociales que propiciaron los nuevos caminos iniciados por portugueses y españoles.
2 La importancia de considerar los biombos como un producto más inserto en el comercio internacional resulta evidente si tenemos en cuenta el hecho de que hasta el momento existen pocas investigaciones que se hayan ocupado detenidamente de la producción, transporte y venta de estos muebles, dedicando la mayoría del esfuerzo a los textiles o la porcelana.
Algunos trabajos de historiadores norteamericanos y portugueses han examinado los biombos dentro del conjunto del arte namban en Japón, sin embargo, se ha prestado poco interés a la producción china de estas piezas destinadas a la exportación.
Además, abundan en los catálogos de exposiciones análisis particulares sobre los principales ejemplares conservados hasta la fecha, que se limitan a describirlos desde un punto de vista estético (iconografía, estilo, símbolos, materiales...), poniendo poca atención en su significado histórico y desligando de manera artificial el nacimiento de una nueva economía mundial de sus manifestaciones artísticas.
Para el caso de Nueva España, tan sólo el libro de Teresa Castelló y Marita Martínez publicado hace cuarenta años o, más recientemente, los estudios de Gustavo Curiel, Santiago Sebastián y Sofía Sanabrais, le conceden una consideración pormenorizada a este asunto.
3 No obstante, estos autores se fijan fundamentalmente en los biombos de factura mexicana, dejando de lado el tráfico de este tipo de muebles desde su origen en Asia hasta América o Europa.
En cuanto al otro gran virreinato americano, es importante señalar que hay pocos trabajos que traten del mobiliario en Perú durante este periodo y, en aquellos con los que contamos, apenas se encuentra alguna referencia a la existencia de biombos en las casas principales.
4 No obstante, a tenor de la abundancia de estas piezas detectada en la investigación realizada en los protocolos notariales de la ciudad de Lima durante el siglo XVIII, consideramos de la mayor importancia recuperar su presencia en los ajuares domésticos, ya que amplían considerablemente el marco geográfico que hasta ahora se ha manejado.
Además, siendo el estudio artístico de estos objetos de una gran relevancia, nos proponemos un examen más detallado de esta fuente desde un enfoque tanto económico, que incluya esta mercancía en el conjunto del tráfico mundial de objetos de lujo, como social, poniendo de manifiesto los motivos del éxito de estos muebles en los salones de tres continentes.
En este sentido, los biombos constituyen un buen ejemplo de la necesidad de observar los fenómenos históricos no sólo desde una perspectiva más amplia sino, además, interdisciplinar y transversal.
Asimismo, las redes personales que implicó el proceso de encomienda de obras de arte o la difusión de los biombos por medio del movimiento mundial de personas, pueden mostrar cómo la extensión del tráfico comercial o la formación de imperios de dimensiones planetarias incentivaron los intercambios en todos los niveles, dando como resultado el nacimiento de una nueva cultura material de la que los biombos constituyen una de sus mejores expresiones.
Por último, resulta necesario subrayar las dificultades que implica el estudio del comercio internacional de biombos, ya que su tránsito abarcaba un amplio espectro geográfico y se trataba de una mercancía minoritaria en los cargamentos.
Normalmente es difícil cuantificar los productos inmersos en el trato transpacífico porque en los registros de mercancías sólo se solían computar los cajones o fardos que se llevaban, sin especificar su contenido, y una gran parte de los intercambios se realizaron de manera clandestina y no dejaron ninguna pista.
Por lo tanto, la información con la que contamos no nos permite establecer series anuales de exportación de biombos o estudiar la evolución de sus precios.
No obstante, contamos con varias fuentes indirectas que transmiten valiosas informaciones con las que cubrir estas lagunas: crónicas, libros de sobordo, registros de aduanas, los propios biombos conservados y, sobre todo, los inventarios de bienes de los territorios implicados en el comercio, que conservan la evidencia de estas relaciones.
Así, aportaremos datos de diferente naturaleza y cronología con el propósito de demostrar el éxito constante de esta mercancía en el tráfico transoceánico, su progresiva inclusión en la producción local americana y su posterior exportación a Europa.
El tráfico de obras de arte a partir de los biombos
El comercio internacional en Manila
Durante la Edad Moderna se consolidaron dos rutas que articularon la mayoría del comercio internacional en el Pacífico.
La primera de estas vías fue la que iniciaron los portugueses una vez que lograron circunnavegar África y conectar con la India, China y Japón; la segunda fue la que establecieron los castellanos a través del trato entre Manila, México y Sevilla, pero que en la práctica también se extendió desde Nueva España por el resto de América.
Si bien existen numerosos testimonios que permiten rastrear la presencia de muebles en la primera de esas rutas, en esta ocasión nos vamos a referir fundamentalmente al «camino español», menos conocido en lo que se refiere a su relación con el conjunto del comercio asiático, en especial el de obras de arte.
Dentro del importante volumen de mercancías que cada año llegaban hasta Manila desde los diferentes centros productores de Asia, los biombos sólo supusieron una pequeña parte de un comercio dominado por telas, especias y porcelanas.
5 Su transporte en largas distancias fue realizado mediante un sistema relativamente sencillo que facilitaba su protección durante el viaje.
Normalmente estas piezas se introducían plegadas dentro de cajones que, en muchas ocasiones, eran elaborados especialmente para este cometido, ya que debían tener un largo mayor del habitual.
Podemos hacernos una idea de cómo pudo ser el porte de estos objetos en los barcos europeos gracias a las recomendaciones que hizo Alessandro Valignano a Nunes Rodrigues sobre la forma en que debía transportar los que conduciría como regalo la embajada de japoneses.
Sobre este asunto afirmaba que tenían que ser trasladados en una caja grande que él mismo había llevado para Japón y que adquirió en Cochim, debiendo ser almacenados en un local donde «la lluvia no entrase y el agua no llegase».
6 Así, no es extraño encontrar a personajes que conservaban estos recipientes para mantener en buen estado sus adquisiciones o alusiones a cajones de biombos en los registros de mercancías de los barcos, algunos incluso decorados con pintura.
7 Respecto al arribo de biombos a Manila a lo largo de los siglos XVII y XVIII, es posible afirmar que generalmente pudieron hacerlo a través de cuatro tipos de intermediarios: portugueses, españoles, chinos o japoneses.
La actividad realizada por los mercaderes lusos como introductores de productos asiáticos en Filipinas queda demostrada por la llegada al puerto de Manila (Cavite) de navíos con esta bandera desde Macao, Nagasaki e incluso de Goa, principales centros portugueses de redistribución en la región.
A pesar de que entre las condiciones aceptadas por Felipe II en las Cortes de Tomar, al poco tiempo de proclamarse rey de Portugal, se estableció una separación administrativa y comercial entre los dos imperios, los barcos fletados en los puertos lusos llegaron con asiduidad hasta Cavite para hacer negocio.
Entre 1577 y 1643 han quedado registradas 63 embarcaciones cuyo origen era Macao, además de otras siete que arribaron en 1612 y que, aunque se conoce que eran tripuladas por naturales de este reino, se ignora si procedían de Goa o de Macao.
8 Para este periodo, además, no fue extraño que los barcos portugueses cargados con productos chinos se dirigiesen a Manila desde Nagasaki, consiguiendo así un trato fiscal más favorable al que recibían cuando lo hacían directamente desde Macao.
Después de la ruptura de la unión ibérica en 1640, las naves lusas continuaron llegando a Filipinas.
Si bien es cierto que la guerra o el clima de hostilidad entre estos dos reinos pudieron haber afectado al comercio desde Macao, puesto que se registra un parón en la entrada de barcos desde este puerto entre 1643 y 1672, a partir de esta fecha se restablece la relación nuevamente.
9 No obstante, la ausencia de barcos comandados por capitanes portugueses durante estos años no debe indicar necesariamente que quedasen al margen del comercio con Manila, ya que pudieron seguir con su actividad de manera clandestina o a través de intermediarios como 6 Canepa, 2008, 24.
Entre los bienes embargados al maestre de campo don Esteban Eguiño el 3 de junio de 1720 aparece «Un cajón pintado con su biobo dentro de papel nuevo».
8 Sección Contaduría de la Real Hacienda de Filipinas, AGI.
Datos obtenidos a partir de la investigación realizada en el proyecto «Prosopografía de las comunidades lusófonas residentes e de passagem nas Filipinas (1582-1654)» financiado por Fundaçao para a Ciência e a Tecnologia, Portugal.
9 Chaunu, 1976, 142- Entre los objetos que transportaron en sus bodegas los barcos de bandera portuguesa se encontraban los preciados biombos, como demuestran las crónicas que se refieren al envío de este tipo de muebles desde los puertos lusos del Pacífico hacia la India y Europa.
El padre Luis Frois hizo alusión a los biombos japoneses afirmando que «ya se han mandado algunos a Portugal y a Roma, y van cada año para la India muchos», 10 mientras que el padre Juan Rodríguez Tsuzu, en su Historia de la Iglesia del Japón, comenta sobre los biombos que son «cosa muy acomodada que de acá llevan para Europa, de que hay muy varios y ricos en el Fuchu».
11 Entre el conjunto de productos que pasaban de Macao a Cavite también se encontró este tipo de muebles.
A inicios del siglo XVII, el gobernador de Filipinas Juan de Silva envió varias veces a Macao a su criado Pedro Angulo con la misión de comprar diferentes objetos de lujo orientales, entre los que se refieren los biombos.
12 Muchos de ellos fueron realizados en los talleres locales, como aconteció con el biombo del Diluvio Universal, actualmente en la colección del Museo Soumaya de la ciudad de México, o en talleres situados en otras partes de China.
En este sentido, pueden considerarse una prueba de su difusión los que encontramos registrados en los inventarios de bienes de distintas ciudades de América o Europa, y a los que nos referiremos más adelante.
Estos muebles no serían una excepción, ya que la relación comercial y de encargo de obras de arte a Macao desde Filipinas y Nueva España fue algo habitual.
Recordemos que la reja del coro de la catedral de México fue fundida en este centro portugués por un artesano chino.
Al margen de los portugueses, los castellanos afincados en Manila siempre tuvieron un gran interés por establecer tratos comerciales directamente con los productores chinos que les permitiesen el acceso directo al lucrativo intercambio con el continente.
Durante las últimas décadas del siglo XVI y primeras del XVII, la diplomacia castellana se esforzó infructuosamente por conseguir un enclave comercial estable en la costa de Fujian, similar al que disfrutaban los portugueses en Macao.
Ante el fracaso de este proyecto, en parte por los esfuerzos diplomáticos lusos, los cas-tellanos enfocaron su relación comercial en la región de Cantón.
A partir de finales del siglo XVII y conforme Macao y los portugueses perdían su papel tradicional como intermediarios, esta ciudad fue cobrando importancia como centro redistribuidor de productos chinos.
Resulta difícil encontrar fuentes que nos proporcionen un panorama general de las mercancías implicadas en el tráfico entre Cantón y Manila, no obstante, cuando tenemos la suerte de conservar el testimonio de los productos que transportaban los barcos castellanos, vemos que aparecen los biombos entre los cajones de sus bodegas.
En el registro y descarga efectuados en 1769 a la chalupa Nuestra Señora del Carmen, que venía desde Cantón a Manila a cargo del capitán don Antonio Pacheco, encontramos «dos cajones largos sin número ni marca que contienen dentro dos beobos de maque blanco cada uno con doce hojas», valorados en 25 pesos cada uno.
13 Por otra parte, las autoridades permitieron la constante llegada de población china al puerto de Cavite y su instalación permanente en un barrio de las afueras de la ciudad, el Parián, desde el que realizaban toda su actividad económica.
El enorme número de sangleyes fue siempre un motivo de recelo por parte de la comunidad española y derivó en conflictos violentos.
Una parte de esta población era de comerciantes pero otra estaba compuesta por trabajadores de distintos oficios.
Por lo tanto, resulta difícil dictaminar si todos los biombos chinos que aparecen en los registros de bienes, tanto de México como de España, fueron producidos por artesanos afincados en el continente o si una parte de ellos no serían fabricados en los talleres de sangleyes ubicados en Manila.
Como ejemplo de este problema, debemos señalar que existen diferentes teorías sobre el origen del antes citado Biombo del Diluvio.
A pesar de que tradicionalmente se atribuye su producción a la escuela de Macao, otros autores como LeRoy han apuntado que pudo realizarse en Manila, elaborado por artistas asiáticos conversos al servicio de la Corona española.
14 Asimismo, contamos con dos testimonios que pueden darnos una pista de la existencia de una manufactura de biombos en Manila, encuadrada seguramente en la producción de todo tipo de muebles de maque, o por lo menos de la presencia de talleres donde se remataban las piezas mandadas desde China.
El primer indicio lo encontramos en el cargamento del Nuestra Señora del Carmen, donde junto a materiales para producir camapes o taburetes de maque, aparece «un cajón con cincuenta y dos hojas de loza de maque colorado para dos beobos», lo que podría indicar que se mandaban materias primas para la fabricación posterior de estos muebles.
15 Asimismo, entre las propiedades del maestre de Campo de la ciudad de Manila, don Esteban de Eguiño, se incluyen «doce tablas de maque negro para biobo de estrado» que pudieron ser montadas por algún artesano especializado o reutilizadas en la elaboración de otro tipo de muebles como en ocasiones sucedía en Europa.
16 Los talleres chinos, dada la creciente demanda occidental de muebles de lujo que se venía desarrollando desde la segunda mitad del siglo XVI, comenzaron a elaborar biombos expresamente para la exportación.
Coetáneamente al inicio de la producción en Cantón de porcelana para los mercados europeos, se realizaron un tipo de «biombos de encargo» con temas occidentales sacados de pinturas o grabados europeos que eran interpretados a la manera oriental.
Se trataba de asuntos y composiciones nuevos para los artesanos asiáticos, pero que se adaptaban al gusto de sus clientes tanto europeos como americanos.
Por lo tanto, estos biombos se integran dentro de un fenómeno más amplio de desarrollo de una producción artesanal china destinada a cubrir las exigencias de la élite de estos dos continentes.
Desde finales del XVII se produjo un incremento de la exportación de los biombos chinos llamados erróneamente de Coromandel.
Esta denominación deriva de la costa de la India del mismo nombre, sobre el golfo de Bengala, desde donde eran embarcados a Europa, pero la mayoría procedía de las provincias chinas de Fujian, Zhejiang, Jiangsu y Anhui.
17 Esta confusión explica que la mayoría de los biombos que encontramos en Portugal y muchos de los que aparecen en España sean registrados en las fuentes como «de la India».
18 Es de suponer que, al ser un importante centro redistribuidor de biombos del norte de China, alguno pudo ser embarcado con destino a Manila, desde donde su paso a Acapulco resultaría muy atractivo.
No obstante, a tenor de las fuentes es más probable suponer que los biombos que salían de las costas del golfo de Bengala se destinasen fundamentalmente a Europa, mientras que, para el caso de Filipinas y América, este tipo de muebles chinos llegaría directamente desde Cantón o Macao, mucho más próximos.
Este hecho explicaría que los biombos registrados en Manila nunca sean calificados como «de la India» o «de Bantam», sino que siempre se hace alusión a su factura china o japonesa.
En cuanto a los biombos producidos en Japón, éstos podían alcanzar Manila a través de los japoneses que se trasladaban a Filipinas para negociar directamente o por medio de los europeos que tenían tratos en Nagasaki.
A inicios del siglo XVII, algunos españoles se dirigían hasta Japón para comprar muebles, como sucedió con los que se vendieron en 1613 al inglés John Saris.
19 Sin embargo, los que más abundaron en este tráfico hasta mediados del siglo XVII fueron los japoneses y portugueses.
Así lo recogió Antonio de Morga, quien no pudo pasar por alto en su crónica sobre las Filipinas la importancia de estos comerciantes, señalando a los biombos entre las mercancías habituales que se enviaban a Nueva España:
Si queremos rastrear la presencia de biombos japoneses entre las propiedades de los personajes más ricos de Filipinas o Nueva España, nos encontramos con el problema de la falta de interés de los productores de las fuentes conservadas por especificar el origen de los objetos o de hacerlo con rigor geográfico.
En muchos de los inventarios de bienes analizados sólo aparece el tamaño y el precio de los biombos, sin más explicación, o se califica libremente a todos los llegados a través del galeón de Manila con el adjetivo genérico de «chinos», lo que impide distinguir los diferentes lugares de fabricación.
No obstante, también se encuentran casos donde se especifica su procedencia japonesa, lo que probaría la larga relación comercial entre Nueva España y Japón.
En los inventarios de bienes de la ciudad de México aparecen consignados varios de estos muebles.
En 1626, el mercader Pedro de Burgos cuenta con un biombo de Japón «pintado y dorado» que se califica como viejo, lo que indicaría la existencia temprana en el virreinato de este tipo de muebles; a mediados del siglo XVII, Ana María Gomes de la Madriz o la viuda del capitán Tomas Aguirre Hirsnaba tenían cada una un biombo japonés de ocho hojas;23 mientras que en 1733, entre las propiedades de Josefa del Castillo, mujer del capitán José Fernández de Córdoba, se enlista un biombo japonés entre varios de factura novohispana.
24 Pero quizás el testimonio más evidente de que el vínculo entre Manila y Japón se mantuvo después de que el país se cerrara para los católicos lo hallamos en el registro de propiedades del antiguo gobernador de Filipinas, don Fausto Crusat y Góngora, que en 1706 contaba con once biombos nipones entre sus propiedades.
25 En el caso de Perú, merced a la exclusividad de la que gozaba Acapulco en el trato con Filipinas, la mayoría de las mercancías asiáticas que arribaron al Callao lo hicieron a través del comercio irregular con Nueva España.
Después de algunos contactos directos a finales del siglo XVI, tendremos que esperar hasta el siglo XVIII para volver a encontrar cargamentos venidos directamente desde Asia.
En las dos primeras décadas de este siglo, los trastornos ocasionados por la guerra de sucesión espa-ñola provocaron que las flotas de galeones fueran sustituidas por barcos franceses sueltos, quienes aprovecharon la coyuntura para encaminarse directamente a Cantón e inundar el Callao con mercancías chinas.
Además, la Compañía de Filipinas gozó de una oficina permanente en Lima y varios de sus barcos llegaron a sus costas cargados con productos de Asia.
Es probable que, como sucedía con los buques españoles y portugueses que navegaban en el Pacífico, en sus bodegas se incluyese algún mueble de lujo.
Por lo tanto, alguno de los biombos chinos que hemos documentado en Lima para el siglo XVIII también pudo haber utilizado esta vía de acceso.
El comercio de biombos entre Filipinas y Nueva España
Manila supuso la puerta por la que el conjunto de mercancías asiáticas entraban cada año en Nueva España a cambio de la tan codiciada plata americana.
El éxito de los biombos como producto suntuoso inserto en el comercio transpacífico entre los puertos de Cavite y Acapulco resulta indiscutible.
La referencia de Rodrigo de Vivero y Velasco a los biombos que ya habían llegado al virreinato antes de su retorno a principios del siglo XVII demuestra una vez más la pronta propagación de estos objetos y el interés por establecer una importación estable de los mismos: tablas cada uno», 28 mientras que en 1684 el capitán Francisco Antonio de Velasco o Tomas Enríquez incluyeron varios cajones de biombos entre los bienes que remitieron al virreinato.
29 Ya en el siglo XVIII, el sargento mayor, don Domingo Antonio de Otero Bermudes, apuntó en el libro de sobordo del galeón Santo Cristo de Burgos que en 1716 realizó el trayecto hasta Nueva España dos cajones de biombos «regulados por cuatro piezas».
30 Asimismo, en 1771 el Consulado de Manila realizó un informe en el que se recogían las mercancías que se despacharon en los galeones que fueron a Nueva España entre 1736 y 1740, apareciendo consignados en las listas varios biombos y rodaestrados de doce tablas, con la evolución de sus precios.
31 En este mismo documento se registraron para el año de 1770 rodaestrados de veinticuatro hojas maqueados y un «beobo de maque colorado con flores doradas de dos caras de 24 hojas».
32 A estos datos oficiales debemos sumar todos aquellos biombos que llegaron de forma ilegal y que, por lo tanto, son también muy difíciles de consignar en las fuentes.
33 Asimismo, los intentos por regular el tráfico de estas piezas son la mejor prueba de su presencia habitual.
En la real cédula de 1726 dirigida al marqués de Torrecampo, gobernador de Filipinas, en la que se le informa sobre la reglamentación del comercio de las islas con Nueva España, se hace alusión a los biombos, a cómo debían embarcarse y a la tasa que tenían que pagar.
De donde se deduce que esta mercancía ocupó un papel lo suficientemente significativo dentro del conjunto de las exportaciones como para que se reparara en la misma.
34 Una vez llegaban los cargamentos a Acapulco, estos se distribuían entre comerciantes mexicanos y de otras partes de América en la feria que se celebraba en esta misma ciudad.
Dadas las conexiones que tenían los novohispanos en Manila, la mayoría de los productos continuaban el viaje hacia la ciudad de México.
35 La importancia de este trato quedó evidenciada por el hecho de que la ruta que unía el puerto del Pacífico y la capital se 28 AGI, Escribanía, 411A, 286v.
33 Desde inicios del siglo XVIII, en la Plaza Mayor de la ciudad de México se situó el Parián, conocido así por ser el lugar donde se vendían los productos que llegaban desde Filipinas.
Entre estas mercancías se podían hallar muebles de lujo, muy demandados por los ricos criollos para adornar sus palacios.
Juan de Viera nos narra como «en ese mercado hay camas, biombos y estrados... en fin se puede poner una casa dentro de una hora para recibir potentados».
37 En varias pinturas del siglo XVIII en las que aparece representado el Parián podemos comprobar que los biombos estuvieron entre los objetos puestos a la venta, como sucede en el cuadro de la Plaza Mayor conservado en el Museo Nacional de Historia de la ciudad de México, fechado para 1766, o en el perteneciente a la Fundación Banamex.
El análisis de los inventarios de bienes, testamentos y dotes de las familias más prósperas del virreinato durante los siglos XVII y XVIII revela la popularidad de los biombos asiáticos entre el mobiliario de los principales palacios de la capital mexicana.
A la fascinación occidental por todos aquellos objetos lejanos, rodeados de un halo de «exotismo», se unía en Nueva España la dificultad de acceder a los productos europeos y el lugar privilegiado que, por el contrario, ocupaba en el comercio internacional con Asia.
Los tapices, que en los palacios del viejo continente rodeaban las paredes de los cuartos principales, eran escasos y muy caros en América, por lo que habitualmente fueron sustituidos por biombos que recubrían los muros del salón de estrado, mucho más accesibles.
Los propietarios novohispanos de estos objetos formaban parte de un grupo de «nuevos ricos» surgidos de la conquista, poblamiento y explotación de América que, ante la falta de títulos nobiliarios o linajes que respaldasen su ascenso social, buscaron símbolos de estatus que expresaran la posición recientemente adquirida.
En este sentido, los biombos llegaron en el momento preciso al sitio adecuado y toda familia rica que se preciase 36 AGN, Indiferente Virreinal, caja-exp.
6450-091 (Agradezco a la arqueóloga Andreia Martins Torres que me facilitara esta referencia).
La marquesa doña Teresa Francisca María de Guadalupe Retes, por ejemplo, tuvo ocho biombos repartidos por sus casas, uno seguro de origen chino,38 mientras que entre los objetos de valor del Conde de Xala se listan un biombo de maque de China de 240 pesos y «otro dicho de China con once hojas».
39 Es interesante consignar que durante el siglo XVII, paralelamente al comercio con Filipinas, se desarrolla en Nueva España una manufactura de biombos propia que adquiere un volumen muy importante, hasta competir en el mercado de exportaciones con los de manufactura asiática.
El nacimiento de esta producción en el virreinato, al margen de la influencia que eventualmente pudiera tener la llegada de algún artista foráneo, se debió a una serie de factores internos y a las consecuencias derivadas del papel central que ocupaba Nueva España en el tráfico internacional.
Dejando a un lado las consideraciones artísticas, hay que subrayar la oportunidad económica que la demanda de este mueble abría para los artesanos locales.
Al eliminar el gasto derivado del transporte y los intermediarios, los biombos «achinados» ofrecían precios mucho más baratos que los chinos o japoneses, normalmente entre los 5 y los 16 pesos, y sólo en algunos casos hechos «al remedo de maque» o de «maqué fingido» fueron valorados entre los 30 y los 50 pesos, muy lejos de los 100 pesos que costaba de media un biombo asiático nuevo.
Lo mismo sucedía con los ejemplares mexicanos pintados con temas occidentales, que contaban con un valor un poco más alto que los «achinados» pero aún muy lejos del precio de los que llegaban en el galeón de Manila.
El éxito progresivo de esta producción hizo que durante el siglo XVIII se extendiera tanto su uso que resulta muy difícil no encontrar varios biombos entre las propiedades de cualquier español con cierta fortuna, si bien los chinos fueron más exclusivos y, por lo tanto, menos frecuentes.
Durante esta centuria, además de la producción novohispana, vemos surgir manufacturas en otras partes de América como Perú, Guatemala o Colombia que se adaptaron perfectamente al gusto local y a los materiales utilizados comúnmente en los muebles de la tierra.
40 Expresión artística de una nueva identidad criolla, no podemos detenernos en este asunto, pero conviene apuntar que en el futuro el estudio de los temas representados en sus hojas podrá arrojar luz sobre la posible influencia que las obras novohispanas tuvieron en el resto de América.
El viaje por el Atlántico y por el Pacífico Sur
Una parte de las mercancías que llegaban con el Galeón de Manila hasta la ciudad de México se reenviaban hacia Veracruz para ser embarcadas con dirección a España.
Desde finales del siglo XVI y principios del XVII, Europa se vio inundada por una avalancha de productos asiáticos de carácter suntuario y de uso cotidiano, destinados en la mayoría de los casos a regalos o a colecciones particulares.
Los puertos de entrada de estas mercancías fueron Lisboa y Sevilla, donde pronto se extendió entre las principales familias enriquecidas por el comercio el gusto por los objetos venidos de lugares lejanos.
41 El estudio de los libros notariales del Archivo de Protocolos de Sevilla refleja el auge que tuvieron los biombos entre los enseres domésticos de los comerciantes y funcionarios de la ciudad, especialmente entre aquellos relacionados con la carrera de Indias durante los siglos XVII y XVIII.
42 Si bien coincidimos con María Jesús Sanz y María Teresa Dabrio en destacar cómo entre aquellos individuos implicados en el tráfico con América se encontraban riquísimos ajuares, superiores muchas veces a los de los nobles de la ciudad, discrepamos respecto a su opinión de atribuir a este grupo una preferencia por los objetos importados de Asia frente al supuesto gusto más tradicional de los aristócratas.
43 Una lectura atenta de los inventarios de bienes de Sevilla demuestra que el interés por estas obras no fue exclusivo de los comerciantes y funcionarios sino que, por el contrario, también se extendió entre las familias nobles.
44 Asimismo, desde el inicio de las relaciones ibéricas con Asia, la realeza española y la portuguesa tuvieron un gran interés por acceder a las mejores piezas que ofrecían aquellas culturas lejanas.
Muchas fueron 41 Juan Gil ha publicado un estudio en el que presenta una relación de los productos de Extremo Oriente que llegaron hasta Sevilla durante el siglo XVII en base a la documentación del Archivo de Indias de Sevilla.
42 Los biombos fueron habituales entre las propiedades de los miembros del Consejo de Indias, de la Casa de Contratación o del Consulado de Sevilla: Domingo de Urbizu, miembro del Consejo Real de Hacienda y alguacil mayor de la Casa de Contratación, presenta varios biombos en su ajuar doméstico; Ignacia Calzado, mujer de Esteban Torrado de Guzmán, contador y secretario del Consulado de Sevilla, «un biombo grande de liensso pintado» (ambos citados por Sanz y Dabrio, 1974, LVII, 89-150); además encontramos otro ejemplar propiedad de Juan de Torres y la Vega Ponce de León, conde de Miraflores de los Ángeles y presidente de la Casa de Contratación, que en la almoneda celebrada por su muerte sería vendido a Manuel de Torres, miembro de la Real Audiencia de la ciudad de Sevilla, por 120 reales de vellón.
ALBERTO BAENA ZAPATERO adquiridas como regalos llevados por las embajadas o enviadas por los funcionarios reales desplazados a aquellas regiones que buscaban ganar el favor en la Corte, mientras que otras fueron simplemente compradas por encargo.
La unión de las Coronas ibéricas propició que, durante sesenta años, las dos rutas que ligaban Europa con Asia quedaran bajo un mismo monarca, lo que facilitó aún más el tráfico de objetos «exóticos» hacia la Corte de los Felipes.
Después de la ruptura hispano-lusa de 1640, los reyes españoles siguieron demandando este tipo de muebles para la decoración de sus palacios, como puede apreciarse por su popularidad dentro de las colecciones reales de los siglos XVII y XVIII.
Así, Carlos II, en el inventario de pinturas del Palacio Real de Madrid, tenía un biombo de nueve hojas de charol «de la india», seguramente denominado así por haber sido importado desde la costa de Coromandel.
45 Entre los bienes de Isabel de Farnesio de 1745 se mencionan «dos biombos de charol y nácar con pintura fina» heredados de su tía Mariana de Neoburgo, la última esposa de Carlos II.
46 Carlos III, por su parte, contó con numerosos biombos repartidos entre sus diferentes palacios, algunos para su uso personal y otros para las infantas.
47 Al margen de los biombos chinos y japoneses que alcanzaron la Península, muchos de los producidos en Nueva España también partieron rumbo a Europa durante los siglos XVII y XVIII.
De esta forma, es posible encontrar estos muebles mexicanos incluidos en el ajuar doméstico de las familias nobles tanto de Sevilla como de Madrid.
En el inventario de 1683 del palacio sevillano de doña Inés María de Molina y Bermúdez se lista un impresionante biombo de estrado de las Indias de veintiséis paneles de lienzo pintado.
47 Entre las pinturas del Palacio Real de Madrid, Carlos III contaba con un «un biombo de charol negro con varias pinturas de aves y árboles de doce hojas»; en el real Sitio de San Lorenzo había cinco biombos de tela, hechos en damasco carmesí, filipichín encarnado y bayeta encarnada; en San Ildefonso un biombo de damasco amarillo; en el real sitio del Pardo, en el cuarto del rey se encontraban «dos biombos de ocho hojas cubiertos de damasco carmesí con galón de oro y tachuela dorada», mientras que en el de las infantas niñas había «uno de ocho hojas de doblar de caoba, cubierto su bastidor de damasco carmesí, trenzas y borlas correspondientes, que sirve a SS.
Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, se incluían «dos biombos traídos de las Indias» tasados en 600 reales, 49 mientras que entre los bienes inventariados en 1653 al conde de Monterrey se citan «cuatro biombos de las Indias».
50 Por último, en la testamentaría de Isabel de Farnesio también aparece un biombo que representaba la conquista de México, de veinticuatro paneles con pintura y madre perla, prueba de que estos objetos fueron valorados tanto como sus homólogos orientales.
51 También desde la costa occidental de Nueva España, a pesar de las restricciones del siglo XVI y a la prohibición posterior del tráfico entre virreinatos, partieron rumbo al Callao muchos productos llegados en el Galeón de Manila.
Los comerciantes peruanos idearon distintas formas de acceder a estas mercancías, como el trasbordo en puertos intermedios o el contrabando a bordo de navíos que transportaban azogue.
52 Como señala Bonialian, un número importante de barcos peruanos navegaban cada año hasta los puertos de Acapulco, Zihuatanejo, Huatulco, Realejo y Sonsonate, transportando plata, azogue, cacao y vino, y retornaban tiempo después cargados con mercancías europeas, mexicanas y asiáticas.
53 Entre estos objetos se encontraron los biombos, tanto los de origen chino como los de factura mexicana.
Como sucede con el resto de territorios analizados, nuevamente encontramos a ricos comerciantes y funcionarios entre los dueños de estos objetos.
La existencia de varios ejemplares asiáticos en Lima durante el siglo XVIII demuestra cómo el virreinato peruano estuvo conectado con el comercio de Extremo Oriente, bien fuese directamente o, más probablemente, a través de su relación con Nueva España.
54 Además, la presencia de biombos mexicanos en Sudamérica nos indica que la producción en este territorio tuvo un volumen notable, que fueron valorados más allá de sus fronteras y que alcanzaron no sólo Europa, como se pensaba hasta ahora, sino también el resto del continente americano.
El movimiento de personas y los biombos
La llegada de los primeros biombos a Nueva España y Europa fue paralela a los contactos diplomáticos entre los reinos ibéricos y Japón, y a la consolidación del comercio en el Pacífico, tanto en su vertiente occidental como a través del Galeón de Manila.
Los primeros ejemplares de los que tenemos noticia no arribaron a Europa de la mano de los comerciantes sino de la iniciativa de los religiosos.
Fueron los japoneses que componían la embajada que partió de Nagasaki junto al jesuita Alejandro Valignano rumbo a Lisboa en 1582, quienes dieron a conocer estos muebles.
Entre los presentes embarcados por la embajada se encontraban dos pares de biombos, los dos primeros ofrecidos a Felipe II y los otros dos al papa Gregorio XIII.
A principios del siglo XVII, tan sólo algunos años después de que esta misión visitase la Corte de Felipe II y el Vaticano, entre la relación de objetos que el embajador de Japón traía con el fin de venderlos para su despacho en Madrid, se hace mención de «Treynta Caxones de biobos de oro fino, cada Caxon dos biobos».
56 Prueba de que, nuevamente, los propios japoneses colaboraron en la difusión por Europa de un mueble de lujo que se consideraba típicamente oriental, pero que poco a poco iba ganando un espacio en los salones de los principales palacios de occidente.
En América, la primera noticia que tenemos sobre una presencia oficial de japoneses data de 1610.
Rodrigo de Vivero, después de su mandato como gobernador de Filipinas, naufragó en Japón durante su regreso a México y el shogun Ieyasu le ofreció un buque construido en sus astilleros para que continuase su viaje de retorno.
Junto a Rodrigo de Vivero embarcaron una embajada de 23 japoneses encabezados por Tanaka Shosuke con 55 Además, encontramos biombos mexicanos entre las propiedades de: Diego de Carbajal, corredor mayor del reino (AGL, Protocolos notariales, 64 esc.
Antonio José de Ascarrunz, 1748) o Josefa Jiménez Lobatón y Salazar, madre de don José de Rezabal y Ugarte, regente de la Real Audiencia de Santiago de Chile (AGL, Protocolos notariales, 144, esc.
56 «Memoria de mercaderías que trae el embajador de Japón», AGI, Filipinas, 7, 7, 88.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.01 el cometido de aprender la técnica del beneficiado de la plata y de consolidar una relación comercial directa entre ambos reinos.
Además, ese mismo año, el gobernador de Filipinas, Juan de Silva, informó al rey que había recibido del citado shogun varios biombos de poca calidad como gesto de amistad.
57 En 1611, Tanaka emprendió el camino de vuelta a Japón uniéndose a la expedición de Sebastián Vizcaíno, primer embajador enviado al país nipón por Felipe III con el propósito de impulsar los lazos económicos y políticos.
En estas misiones diplomáticas eran obligatorios los regalos y en este apartado tuvieron un protagonismo especial los biombos, lo que vino a establecer desde el primer momento su papel como objetos distinguidos.
Iyesasu respondió a los presentes de la misión española enviando al virrey Velasco el Joven diez biombos tejidos de oro, tres armaduras de samurai y una carta geográfica del Japón, obsequios que recibió en 1614 su sucesor en el cargo, el marqués de Guadalcázar, quien finalmente los haría llegar a don Luis de Velasco.
58 Adquiridos por los virreyes, los biombos pronto ocuparon un lugar principal entre los muebles de las casas reales de Chapultepec.
En 1640, por ejemplo, se dispusieron dos ejemplares chinos «que cubrían la música e instrumentos» mientras se servía el banquete de recepción al virrey Diego López Pacheco.
59 La vida en la corte virreinal constituía en México el modelo aristocrático que trataban de imitar las principales familias novohispanas, por lo tanto, el hecho de que llegaran biombos entre las ofrendas de las comitivas japonesas o su uso en los palacios oficiales, hizo que se extendiera la imagen de este mueble como elemento de prestigio y que muchas de las familias más ricas de la ciudad quisieran hacerse con uno para lucir en sus salones.
Asimismo, en la cultura política de la época se incorporó la imagen del biombo como mueble especialmente apropiado para regalar si se quería obtener algún favor o simplemente agradar al destinatario.
Ejemplo de ello son los biombos que enviaron los virreyes novohispanos a la península o el «arrimador de estrado» que en 1663 ofreció el gobernador de Nuevo México, Diego de Peñalosa, al contador de la ciudad de México, Carlos de Sigüenza.
Los biombos también fueron denominados arrimadores de estrado en Nueva España.
Funcionarios reales, comerciantes y mercaderes
La conformación de la Monarquía Católica durante el siglo XVI produjo un conglomerado de relaciones planetarias que conllevaría la constitución de burocracias móviles y un sistema económico de dimensiones mundiales.
Serge Gruzinski ha llamado la atención sobre una «elite mundializada» que se movió a través de las fronteras de los dominios españoles y portugueses, ambos íntimamente relacionados.
61 Este grupo de individuos propició de manera inconsciente una nueva cultura que superó los límites imperiales y que se vio influida por todas aquellas civilizaciones con las que entró en contacto.
A lo largo de la Edad Moderna, el transporte de biombos acompañó al movimiento de personas, en especial al de mercaderes y cargos reales desplegados por cuatro continentes, sirviendo como testimonio de los cambios producidos.
Virreyes y gobernadores fueron unos grandes consumidores de obras de arte, bien fuese para incorporar a su propio ajuar o para enviar a la Península.
Así, después de su mandato en Nueva España, muchos transportaron hasta su nuevo destino los biombos que habían adquirido.
Los temas representados en las hojas de estos muebles podían ser varios: los lugares más emblemáticos de la capital, como la Alameda, el paseo de Iztacalco o la Plaza Mayor; hechos históricos relevantes como la conquista de México, que solían acompañarse por una vista aérea de la urbe por su otra cara; representaciones de algunas de las prácticas más pintorescas de la tierra, como los desposorios indígenas y los ritos prehispánicos asociados al festejo de los mismos; o historias mitológicas apropiadas para espacios privados.
62 Estos biombos pudieron servir a sus dueños de recuerdo de su paso por aquella ciudad, de los méritos adquiridos en el embellecimiento de la urbe, o simplemente como símbolo de cosmopolitismo ante sus invitados peninsulares.
Muchos de los temas elegidos encajaban perfectamente con el gusto aristocrático de la época, que buscaba saciar la curiosidad por conocer «otros mundos» a través de la representación en sus salones de escenas costumbristas.
De cualquier manera, los biombos no constituyeron un caso especial y deben ser relacionados con los enconchados, trabajo típicamente novohispano del que se han documentado envíos a la Península 61 Gruzinski, 2010.
EL MOVIMIENTO DE BIOMBOS DESDE EL PACÍFICO HASTA EL ATLÁNTICO con el tema de la conquista, 63 o con los cuadros pintados con vistas de la plaza de la ciudad de México que fueron encargados por funcionarios u ofrecidos por la ciudad al final de su estancia.
64 El primer ejemplo que encontramos de funcionarios que se trasladaron desde México cargando con un biombo producido en la tierra es el que aparece consignado en Madrid en el inventario de bienes de 1617 del virrey Luis de Velasco el Joven o hijo.
Puesto que se indica que el biombo era «de las Indias», lo lógico es pensar que lo adquirió en México antes de su partida en 1612, fecha que nos sugiere cómo para inicios del siglo XVII ya estaba activa la producción de biombos en Nueva España.
65 El biombo, que representa la «Vista de la Plaza Mayor de la ciudad de México y del paseo de Iztacalco», descubierto en España y actualmente en la colección Rivero Lake, muestra en su parte superior el escudo del marqués de Cadereita, virrey de la Nueva España entre 1635 y 1640.
Puede que el interés de este gobernante fuera mostrar la ciudad en todo su esplendor, dado que emprendió numerosas obras para mejorar su drenaje y para reparar los daños producidos por un terremoto.
Incluso, parece que en la Plaza Mayor pudo representarse a sí mismo saliendo con su comitiva de Palacio en un ambiente festivo.
El biombo, en el que aparecen por un lado «Las artes liberales» y por el otro «Los cuatro elementos», fue pintado por Juan Correa siguiendo las indicaciones del virrey fray Payo Enríquez de Ribera, arzobispo y virrey entre 1667 y 1679.
Una vez se hubo cumplido su periodo de gobierno en las Indias, fray Payo trasladaría esta pieza entre su ajuar hasta la Península, donde permanecería hasta su incorporación a la colección del Museo Franz Mayer.
66 Otro virrey que aprovechó su breve estancia en la ciudad de México para hacerse con alguno de estos muebles fue José Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma y de Tula, el cual contó entre sus propiedades con dos biombos de dos haces cada uno, con temas sobre «La conquista de México» y una «Vista de la ciudad» el primero, mientras que en el otro se representaría «La defensa de Viena frente a los turcos» por una 63 La profesora García Saiz ha señalado a los virreyes conde de Galve y conde de Moctezuma como posibles comitentes de estas obras (García Saiz, 1999).
Asimismo, Sonia Ocaña defiende la idea de la vinculación entre esta técnica y la identidad criolla (Ocaña, 2008).
64 El cuadro que representa la plaza mayor de México de Cristóbal de Villalpando fue propiedad del conde de Galve y los descendientes del duque de Alburquerque conservan otra pintura sobre México (Martínez del Río, 1994).
Este ejemplar resulta muy interesante si tenemos en cuenta que es uno de los pocos que fue hecho con la técnica del enconchado, típica del virreinato, y que se elaboró en una coyuntura política especialmente sensible como fue la sucesión de Carlos II.
Por último, entre los objetos que se incautaron al virrey Iturrigaray en 1808 se hallaban «siete biombos de diversas calidades y pinturas», mientras que entre los muebles de su propiedad que se registraron en el palacio de Chapultepec aparecía «un biombo de moda con tallas doradas».
67 Estos bienes, de no haber sido retenidos, también hubieran acabado junto a Iturrigaray en España como prueba de su paso por la capital novohispana.
Con los gobernadores de Filipinas sucedió algo parecido.
Don Fausto de Crusat y Góngora debió de ser un gran aficionado al arte oriental y entre las propiedades que en 1701 le acompañaron a su vuelta a México se encontraban numerosos muebles japoneses, 21 escritorios, 10 de ellos de maque fino; abundante porcelana, abanicos y quimonos chinos; y hasta tres camas de ébano de estilo salomónico hechas en la India.
Entre estos objetos llama la atención la presencia de 11 biombos japoneses de diferentes tamaños y materiales (maqué, madre perla, oro y piedra ágata), destacando un conjunto de cuatro biombos de 6 hojas cada uno valorado en 625 pesos.
68 Por su número y valor puede que muchas de estas piezas fueran transportadas con la idea de venderse al llegar a su nuevo destino, sirviendo como promotor inconsciente de influencias culturales.
En el caso de Perú, también se pudieron utilizar las embarcaciones que debían trasladar a las dignidades eclesiásticas o civiles destinadas al virreinato para transportar mercancías ilegales venidas desde Asia.
El viajero italiano Gemelli Careri pudo comprobar cómo en 1697 coincidieron en el puerto de Acapulco la nao de China con el navío que debía conducir al nuevo virrey del Perú, Conde de Cañete, hasta Lima.
69 Esta situación fue aprovechada por los comerciantes peruanos para transbordar una gran parte de los productos asiáticos de la nao hasta el barco del representante real, seguramente con su complicidad.
70 Además, entre los inventarios de bienes de los capitanes portugueses y holandeses implicados en el comercio del Pacífico encontramos escritorios y cajas japonesas, lo cual nos pone en relación con el gusto por acumular obras de arte que pudieron desarrollar en sus viajes.
No olvidemos que por su situación privilegiada dentro del comercio mundial tuvieron acceso a las mejores piezas y a precios más baratos que los compradores habituales.
En Portugal fue común encontrar biombos entre el ajuar doméstico de aquellas personalidades que tuvieron relación con el Estado da India.
El alférez mayor Joam de Meneses, por ejemplo, murió cuando volvía a Lisboa desde Goa transportando entre sus pertenencias dos biombos, 71 el hidalgo García de Mello Torres, que tuvo derecho a un viaje a China, dejó en testamento dos biombos japoneses de cuatro hojas cada uno, mientras que Diego Valente, que fue obispo del Japón, cuando falleció tenía tres 68 AGN, Civil, 114, 1.
ALBERTO BAENA ZAPATERO pares de biombos.
72 Así, Yoshitomo Okamoto mantiene que los mercaderes que frecuentaban Nagasaki «were of course the pioneers in popularizing namban tastes».
73 Su objetivo al juntar estos objetos pudo no estar sólo en la mera ostentación sino que es posible que les apeteciese también recordar los lugares por los que habían pasado.
Asimismo, en el caso de los ejemplares producidos para la exportación en los que aparecen europeos llegando hasta las costas de Asia, puede que sus dueños quisieran conservar un testimonio de su actividad comercial, origen de su riqueza y de su formación cosmopolita.
Entre los capitanes españoles de Manila podemos observar una costumbre parecida a sus homólogos holandeses y portugueses por acumular objetos orientales.
Por ejemplo, entre los bienes embargados en 1720 al maestre de Campo don Esteban Eguiño, quien formase parte de una compañía de comercio que se dedicaba a la compra de objetos asiáticos para reenviarlos en la nao de China hasta Acapulco, encontramos cuatro biombos de papel pintado.
74 En Nueva España, si bien el gusto por los productos orientales se extendió rápidamente entre el conjunto de la población, este interés fue si cabe más acentuado entre aquellos que tenían o habían tenido algún tipo de relación con el comercio del Pacífico, sirviendo en un principio como introductores y difusores.
75 Resulta especialmente ilustrativo de la relación directa que se estableció entre aquellos personajes que tenían algún tipo de vinculación con Filipinas y el origen oriental de la mayoría de piezas que componían su ajuar doméstico, el caso del capitán Andrés de Acosta, quien en 1622 mantenía relaciones con las islas e importaba cajones de mercaderías de China.
Este comerciante, aparte de tener dos biombos entre sus bienes personales, contaba con un escritorio, un baúl, un escritorillo, un bufete y varias cajas de espejos de Japón, además de tres sobrecamas de la India bordadas de oro 72 Citado por Mendes Pinto, 1993, 20-21.
75 En el siglo XVII, el capitán Felipe de Navarijo, o la hija del capitán Cristóbal Gomes de la Madriz, Ana María Gomes de la Madriz, disfrutaron de biombos asiáticos en sus casas de la capital (AGN, Civil, 1802, 1 y AGN, Civil, 1863, 19).
Mientras que los mercaderes Pedro de Burgos, propietario de una tienda de ropa y telas, o Álvaro de Lorenzana, miembro del Consulado de México, tuvieron varios ejemplares chinos (AGN, Civil, 1835, 6; AGN, Bienes Nacionales, 1294, 1, 1653).
Ya en el siglo XVIII, el comerciante Nicolás de Arteaga y el dueño de un cajón en la plaza mayor, Miguel de Ibarburo, también tuvieron varios «rodaestrados de china» (AGN, Bienes Nacionales, 404, 5; AGN, Civil, 323, 1).
76 Los objetos incluidos en este inventario de bienes prueban la facilidad y el interés con el que un mercader afincado en Nueva España accedía a todo tipo de mercancías asiáticas.
77 También entre los funcionarios enriquecidos hubo quien quiso acceder a estas piezas que el comercio internacional ponía a su disposición, como el tesorero de la Casa de la Moneda de la ciudad de México, Luis Moreno de Monroy, que en 1622 declaraba tener entre sus propiedades «un biobo grande y dos pequeños» valorados en 70 pesos; 78 o la mujer del contador Francisco de Castro y Prado, que en 1694 poseía un «biobo de China con diez tablas».
79 Ya en la Península, como vimos, los comerciantes sevillanos presentaban una situación muy similar.
Entre las pertenencias consignadas al capitán don Martín de la Mata, quien participase del tráfico con Nueva España durante gran parte de la segunda mitad del siglo XVII, encontramos un biombo de estrado de «18 hojas pintadas con la historia de Cortés y Moctezuma».
80 Por último, en el lado japonés, los mercaderes enriquecidos con el comercio abierto con occidente fueron uno de los mayores grupos consumidores de biombos namban.
81 En este sentido, algunos autores han señalado cómo las pinturas más antiguas donde aparecen representados los portugueses llegando a Japón evidencian la temática comercial a través del énfasis puesto en la representación de las actividades mercantiles, resaltando la nao de trato portuguesa y los productos que se descargaban.
De esta forma, el éxito de estas composiciones en los biombos de la escuela Kano reflejaría el gusto y los intereses de una clase mercantil emergente.
82 Aparte de lo señalado, otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de estudiar el movimiento de personas y biombos a nivel mundial son las redes tejidas por las órdenes religiosas a través de cuatro continentes.
Muchas obras de arte circularon entre Asia, América y Europa de la mano de los frailes mendicantes.
77 Japón, adquirieron biombos durante su residencia en aquellas islas y los colocaron en sus celdas, como se indica en las «obedencias» de 1612 en las que se prohibía que los misioneros decoraran sus cuartos con este tipo de muebles.
83 Es de suponer que, en sus cambios de residencia, muchos sirvieron de intermediarios en su divulgación por el mundo.
Además, para el siglo XVIII hemos documentado biombos en varias haciendas jesuitas de Nueva España.
El estudio detenido de las propiedades y encomiendas asociadas a la Iglesia pueden revelar nuevos datos asociados al movimiento de objetos.
EL MOVIMIENTO DE BIOMBOS DESDE EL PACÍFICO HASTA EL ATLÁNTICO
La apertura y consolidación de dos rutas entre Europa y Asia vino incentivada por el desarrollo de una enorme demanda de productos orientales por parte de las sociedades occidentales.
El análisis pormenorizado de las fuentes demuestra la importancia que tuvo el tráfico de objetos de lujo dentro del comercio internacional y cómo, entre los muebles más valorados y cotizados, se encontraron los biombos.
Su transporte desde China o Japón hasta Portugal y Castilla a través de la India o de América, prueba la existencia de una «primera mundialización» de las relaciones económicas con base en las coronas ibéricas.
El largo camino recorrido por los biombos nos revela un conglomerado de conexiones que los imperios, si no las inventaron, sí las propiciaron o estimularon, creando las condiciones para que pudieran llevarse a cabo.
Así, el tráfico de esta mercancía permite identificar los intermediarios más destacados del comercio con Manila, destacando portugueses, chinos y japoneses, además de los principales puertos desde donde se importaban: Macao, Cantón y Nagasaki.
Además, la ruta mundial seguida por los biombos nos permite desterrar el eurocentrismo propio de los análisis históricos más tradicionales.
La importancia que llegó a adquirir el comercio a través del Galeón de Manila demuestra que Europa no siempre fue la explicación última de todos los fenómenos sino que en ocasiones fueron otras las regiones que llevaron la iniciativa o marcaron el volumen y características de los productos incluidos en los intercambios.
Por lo tanto, el tráfico de biombos nos permite redefinir los términos de centro y periferia, ya que, en lo que se refiere a la 83 Boxer, 1974, 215.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.01 «ruta española» del Pacífico, el centro no fue Europa sino Nueva España, y fue precisamente el Consulado de México quien controló la Nao de China.
Siendo esto así, cobran sentido los versos laudatorios de Bernardo de Balbuena quien, en su Grandeza Mexicana, reivindicaba el lugar de este territorio como ombligo del mundo:
En ti se juntan España y China Italia con Japón, y finalmente un mundo entero en trato y disciplina.
84 Ya sea como regalo diplomático o como mercancía de encargo, no es posible entender el éxito de los biombos en el tráfico mundial y su fácil integración a culturas diferentes si no se rompe con la «retórica de la alteridad».
De esta forma, resulta necesario hacer hincapié en los puntos en común, las circulaciones de todo tipo y las conexiones entre los distintos lugares, por muy lejanos que parezcan.
El comercio entre europeos y asiáticos se hizo en unas condiciones muy diferentes a las que se establecieron con las civilizaciones precolombinas conquistadas, China y Japón fueron valoradas desde occidente como culturas refinadas con las que era posible establecer una relación más o menos de igualdad.
El resultado de este equilibrio fue la difusión de los biombos entre los ajuares domésticos de las familias principales de Asia, América y Europa, ejemplo de una cultura material de carácter mundial que compartía determinados valores asociados a la búsqueda de prestigio u ostentación.
Este fenómeno integrador propició que, independientemente de que variaran los temas representados en sus hojas, los biombos ocupasen un lugar preeminente en los espacios principales de los palacios de tres continentes.
El nacimiento en el siglo XVII de una producción de biombos en Nueva España y su exportación al resto de América y Europa explican la vitalidad de los procesos propiciados por los intercambios económicos.
De igual manera, el desarrollo posterior de otras manufacturas locales en América como las de Perú, Guatemala o Colombia, reflejan la madurez artística que para el siglo XVIII se había alcanzado en el continente.
La asimilación y reinterpretación de los biombos dentro de la cultura material americana dio como resultado unas dinámicas artísticas originales que se pueden asociar al gusto e identidad criollos.
Por otra parte, la posible producción de biombos por artesanos de origen chino o japonés en Manila nos pone en relación no sólo con el movimiento de mercancías a través de estas rutas sino también con el significativo flujo de personas que se dio entre estos territorios y su influencia en las producciones regionales.
Del lado de los europeos, descubrimos un grupo de funcionarios reales y comerciantes que se movieron por los dominios mundiales de la Monarquía Católica divulgando inconscientemente una cultura material nueva que unas veces resultaba simplemente ecléctica y otras sincrética.
El estudio de los inventarios de bienes de estos personajes nos acerca la imagen de unos individuos que no sólo buscaron la riqueza inmediata sino que, además, muchos supieron valorar y apreciar las expresiones artísticas de aquellos lugares por los que pasaron.
Por lo tanto, los biombos fueron los testigos mudos del movimiento mundial de personas que la gestión política, económica o religiosa de los territorios que componían el Imperio español puso en marcha. |
La justicia en venta.
Si bien Carlos I decretó en 1523 la prohibición de vender y comprar oficios con jurisdicción en sus territorios patrimoniales de España e Indias, muchos años después su postrer sucesor en el trono español, Carlos II, tuvo que aceptar como necesario el mercadeo de los cargos americanos de justicia.
Si la medida del emperador se completó con otra varia normativa que formó parte de la «Recopilación de las Leyes de Indias» de 1680, su homólogo descendiente, tan sólo tres años después de esta fecha, abrió la puerta al comercio de los oficios judiciales de las audiencias indianas, explicando la actitud para intentar salvar la crítica situación de la real Hacienda.
Ante la protesta del Consejo de Indias, su justificación quedó patente en este conocido texto:
Siempre ha sido mi ánimo excusar estos beneficios, pero habiendo estrechado tanto las necesidades públicas, no sólo se han tenido por lícitos sino de obligación para evitar por su medio mayores inconvenientes, y así lo tendrá entendido el Consejo, quedando yo en deliberación de que se cese cuando se pudiere en estas negociaciones.
1 Dentro del estudio general de la venta y beneficio de cargos indianos en el siglo XVII, la presente investigación trata el «beneficio» de las magistraturas americanas entre 1683 y 1700,2 etapa analizada independientemente,3 y su evolución aportando nuevos datos sobre nombramientos, cargos y dineros recaudados e incluyendo no sólo los puestos ejercidos sino también las provisiones no ocupadas, además de la necesaria aproximación al origen y condición social de los letrados protagonistas.
Era prerrogativa del monarca español proveer los cargos estatales de la administración americana, que habitualmente ejercía por medio del Consejo de Indias o de su Cámara, salvo los casos ya delegados en las pertinentes autoridades americanas.
Era asimismo preceptivo que en la correc-ta elección del funcionariado se valorasen específicamente méritos, servicios y cualificación de los aspirantes, designando los más adecuados para el ministerio correspondiente y entendiendo siempre que el nombramiento era concesión graciosa del Rey.
Pero durante el siglo XVII la Corona paulatinamente fue aceptando la recepción de dinero como factor de valoración, (bien por oferta del aspirante o por petición al pretendiente) y principal determinante de la provisión.
En ambos casos, la fórmula, denominada «beneficio», fue considerada un donativo o servicio al monarca, cuya primera aplicación americana en 1632 afectó a los cargos de real Hacienda, como «servicio» de valor creciente ante las agudas necesidades de la Corona.
El sistema se amplió en 1674 a los oficios políticos o de gobierno, englobando presidencias audienciales, gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos, y poco después, a partir de 1683, la oferta mercantil se completó con los puestos propiamente judiciales, es decir, las magistraturas de las audiencias, de modo que a fines del reinado de Carlos II la designación por dinero del funcionariado estatal indiano fue fórmula dominante.
4 Y ya entrado el siglo XVIII tampoco los primeros Borbones, pese a las primeras buenas intenciones de Felipe V, evitaron tan extensa venalidad,5 que prosiguió igualmente muy activa en su primera mitad, y sólo con Carlos III se intentó remediar la corrupción denunciada, pero aceptada como necesaria.
6 Algunas precisiones sobre los conceptos de «beneficio» y de «venta».
Con el vocablo «beneficio» se indicaba en general la provisión de un cargo público a cambio de un dinero para la Hacienda, y se aplicaba a todo tipo de oficios, fiscales, políticos, judiciales, militares o burocráticos.
Pero como ciertos cargos tenían anexa facultad judicial, y la sola idea de que la Justicia pudiera «andar en ventas» resultaba inaceptable en la mentalidad de la época, tanto letrados como teólogos y los propios consejeros de Indias quisieron distinguir en perspectiva jurídica el sentido de «beneficio» y «venta».
Diversos estudiosos han precisado la diferencia: Muro Romero expresa que la negociación pecuniaria de cargos con jurisdicción anexa (políticos y judiciales) no era «venta» sino «beneficio», es decir, una figura jurídica distinta, y que era «un régimen excepcional impuesto por las necesidades financieras».
7 En la misma línea, para Román 8 se trata de una transacción en la cual la Corona recibe un provecho o «beneficio» adicional por su función de proveer ciertos cargos, pero que nunca es venta del oficio pues el receptor no adquiere su propiedad, como sucedía con los empleos verdaderamente vendibles; 9 es como decir que se beneficiaba el nombramiento pero no el puesto.
Más recientemente, Barrientos Grandón trata este aspecto en profundidad y precisa que la concesión de un cargo por beneficio era para el Rey no un ejercicio de merced sino de gracia, en cuyo caso no precedía la consulta del Consejo, ya que no era menester calificar méritos, al no tratarse de una merced real; en ellas sólo bastaba con la seguridad de haberse realizado el «servicio pecuniario», y por ende intervenían las instituciones de hacienda; era el príncipe directamente mediante un decreto decisivo quien hacía la gracia de estas plazas; y en los títulos despachados a favor de los así provistos se dejaba expresa constancia de tratarse del «beneficio» de una plaza, previo «servicio pecuniario».
10 Sin embargo, en la práctica, tales expresiones referidas a la provisión de puestos de justicia americanos no eran comunes, pues la gran mayoría de los títulos beneficiados no hacen ninguna mención del donativo, aunque consta su presencia por otras vías documentales, e insisten en denominar el tipo de donación como «merced».
11 En consecuencia, «beneficiar», en este sentido jurídico, equivaldría a obtener la provisión de un cargo con potestad judicial mediante entrega de 7 Muro Romero, 1978, 5 y ss.
9 La problemática de los oficios indianos «vendibles y transmisibles» en su fase inicial (siglos XVI y principios del XVII) está en Tomás y Valiente, 1972, 1973 y 1976.
11 Algunos ejemplos: La plaza de oidor supernumerario de la audiencia de Santa Fe de Bogotá fue otorgada a Carlos de Alcedo y Sotomayor por nombramiento de 12 de diciembre de 1692 y título de 18 de enero de 1693 sin ninguna referencia al donativo de 10.000 pesos, que sí figura mencionado en AGI, Contaduría, 235, Memorial de los préstamos de Diego de Villatoro.
Idéntico es el caso de José Blanco Rejón, en cuyo título de oidor de Santiago de Chile de 17 de septiembre de 1688, con nombramiento de 26 de junio anterior (AGI, Contratación, 5795, 2, 208-210v.), no se cita beneficio mientras en la misma referencia precedente (AGI, Contaduría, 235) aparece expresada la cuantía donada.
Sin embargo, en la época estudiada el término «beneficio» designaba el nombramiento de oficios estatales o municipales por dinero, tuvieran o no componente judicial, pues significaba aprovechar esa elección para lograr una ganancia añadida.12 Pero como la palabra «venta» resulta hoy día más expresiva de una transacción económica que «beneficio», de sentido más preciso pero jurídicamente mal conocido, su uso como sinónimo se ha generalizado más fácilmente.
El proceso de beneficio de las magistraturas indianas
La provisión beneficiada de los puestos de justicia en las audiencias indianas culminó el proceso de enajenación de la administración americana generado por la creciente crisis de la Hacienda peninsular, en especial a partir de Felipe IV.
Comenzó a fines del siglo XVI con los «oficios menores» (regidores, alferazgos, escribanías y otros),13 se fue ampliando con los cargos de hacienda, se ensanchó con los gubernativos y se remató con los judiciales.
El aspecto clave para su mercadeo fue la presencia o ausencia de capacidad judicial anexa, pues siempre se rechazó, por imperativos legales y éticos, que la justicia pudiera proveerse por dinero.
Y aunque juristas y teólogos atacaron radicalmente la presencia pecuniaria en provisiones de audiencia (presidentes letrados, oidores, fiscales, alcaldes del crimen, etc.) y de gobierno (presidencias de capa y espada, gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos), en cambio sí la toleraron en los hacendísticos (oficiales de Cajas Reales y miembros de Tribunales de Cuentas), pues se entendían con menor riesgo venal por sus muy escasas y concretas posibilidades de ejercicio judicial.
Pero también las magistraturas audienciales acabaron negociándose; de fecha tan temprana como 1637 es el primer caso conocido, bien peculiar.
Bajo el gobierno del conde duque de Olivares, el Consejo de Indias recibió orden de designar para la primera plaza de oidor, alcalde del crimen o fiscal que vacare en la Audiencia de Lima al oidor de Bogotá Juan Padilla por ofrecer un servicio al Rey de 14.000 ducados.
14 Los consejeros se asombraron doblemente: primero por la presencia de dinero en cargo de Justicia, y luego por el negativo perfil del adquiriente, pues Padilla estaba procesado y suspendido en su audiencia neogranadina.
Y en su respuesta de rechazo expusieron abierta y claramente los peligros de tan inadecuada proposición, con un texto tan diplomático y sugerente como el siguiente:
[...] no es de creer que sea conforme a la voluntad de Vuestra Majestad en cuyo dichoso reinado y gobierno nunca ha consentido que se pusiese en plática [sic] materia tan dañosa y escrupulosa como vender los oficios de justicia, no sólo de plazas de oidores, alcaldes o fiscales (que esas por más preeminentes y que más universalmente la administran, causarían sin comparación mayores daños), pero ni las de corregidores, ni alcaldes mayores, de menor mano y poder, porque esto en su sustancia, señaladamente en las Indias, donde el remedio está tan lejos, no vendría a ser otra cosa que vender la sangre de aquellos miserables indios y de los demás vasallos españoles, de los cuales había de sacar el comprador con grandes usuras el precio de su oficio [...].
15 Quizás por insistir en su actitud, el Consejo fue marginado de tales provisiones hasta el final del mandato de Olivares en provecho de ciertas juntas especiales creadas al efecto por el valido, como la de Vestir la Casa o la de Coroneles, o de ciertos partidarios suyos, como Jerónimo de Villanueva o el conde de Castrillo.
Incluso, para facilitar tales transacciones, efectuadas mediante acuerdo particular con el comprador, el monarca pidió al Consejo títulos de nombramiento en blanco.
16 Fue esperanzador que en 1643, apartado ya el Conde Duque, la Corona dictara que «ningún Tribunal, Junta o Consejo consulte oficios de justicia ni puestos de guerra interviniendo precio», 17 queriendo evitar así que la oferta pecuniaria se enmascarase bajo méritos o servicios; además, el nombramiento de sujetos para las magistraturas indianas volvió a manos de la Cámara de Indias tras su restauración en 1644.
Esta actitud no venal se mantuvo hasta la década de 1680, un largo periodo durante el cual el interés se centró, según ciertos textos, en la conveniente idoneidad y prepa-14 Consulta del Consejo de Indias sobre la plaza de oidor de Lima para Juan de Padilla por 14.000 pesos, Madrid, 1 de abril de 1637 (Konetzke, 1953, II, 1, 359-361).
Lima, 6 (Datos ofrecidos por el Prof. Arrigo Amadori, a quien agradezco aquí su amable información).
ÁNGEL SANZ TAPIA ración de los provistos y en los peculiares problemas que su estancia en tierra americana creaba al «cursus honorum» del letrado afectado.
Los oficios de justicia eran vitalicios, pudiendo los ministros ser removidos por voluntad regia a otros puestos o lugares, al igual que ser depuestos por ciertos delitos o faltas.
Funcionarios judiciales de las audiencias eran los presidentes letrados, los fiscales, los oidores, los alcaldes del crimen y el protector de indios, todos los cuales ejecutaban tareas vinculadas a la administración de justicia.
Por otra parte, en esta época la figura del presidente no letrado únicamente tenía potestad y carácter gubernativos, ya que en las audiencias subordinadas se requería condición de jurista para ejercer el cargo.
Como gobernador, su ejercicio era temporal, generalmente por un máximo de 8 años, y solía reunir también la calidad militar de capitán general, por todo lo cual este puesto de audiencia quedó incluido en la esfera de los oficios políticos y fue sometido pronto al mercadeo pecuniario.
Sobre el funcionamiento de la Audiencia:18 el presidente dirigía las sesiones y distribuía las materias entre los miembros; los oidores estudiaban las causas penales y los delitos civiles, y dictaban las sentencias; el fiscal era el representante del Rey,19 cuyos derechos defendía ante el tribunal; y el fiscal protector de indios defendía a los naturales en materias judiciales y gubernativas, mediando entre ellos y la Corona.
El alcalde del crimen actuaba sólo en las dos audiencias virreinales, era juez togado, y fuera de su tribunal tenía jurisdicción ordinaria en su territorio.
En cuanto a los tipos de plazas, las audiencias americanas contaban con una plantilla regular de numerarios, variable según su importancia, formada generalmente por seis puestos propietarios: presidente, cuatro jueces oidores y un fiscal, a los cuales se podía añadir el alcalde del crimen y el protector de indios.
Pero desde la década de 1680 hubo presencia creciente de letrados supernumerarios y futurarios, porque, por lo general, adquirían el puesto mediante el donativo en dinero; la plaza en calidad de supernumerario suponía trabajar sin estar en plantilla pero con expectativa de titularidad como meritorio y con la mitad de salario que los titulares; también podía vestir toga y despachar en suplencia de titulares por ausencia, enfermedad u otras causas.
La futura era un nombramiento por adelantado, anticipadamente, estando el provisto en espera de ocupar plaza vacante pero sin participar aún de la vida audiencial.
Del mismo modo, existía la posibilidad de ejercer como interino, en situaciones especiales, y mediante designación del presidente o del monarca hasta que éste nombrara un nuevo propietario.
En la carrera judicial hispanoamericana se mantenía un escalafón bastante estricto.
20 En teoría, el primer puesto en Indias para un ministro principiante solía ser una audiencia poco solicitada por su menor categoría, considerable distancia o inferior salario; después, con cierta experiencia y alguna suerte, el magistrado pasaba de ejercer en audiencias secundarias a hacerlo en las virreinales de México y Lima.
Sin embargo, no era nada común que una carrera americana culminara en España, ya que los puestos en las Chancillerías y en los Consejos peninsulares estaban copados por letrados beneméritos españoles.
Quienes aspiraban a un destino en Indias eran muy conscientes del problema, y en este sentido resulta muy revelador un texto de la Cámara de Indias de 1676, donde se defiende que las plazas indianas se provean en sujetos competentes para la buena administración de la justicia, como se sintetiza seguidamente.
21 Entre las muy importantes cuestiones del escrito presentadas al monarca destaca especialmente la denuncia de la mala calidad de la justicia americana en general, por varios factores enlazados, como: a) el rechazo de muchos letrados bien preparados a las plazas indianas por la dificultad de volver a España; b) por ello, la abundancia de letrados de menor categoría que aceptaban el puesto en Indias como alternativa de trabajo; c) la incompetencia de estos, «faltándoles a muchos de los oidores las letras y experiencias que se necesitan»; y d) la falta de efectividad de las visitas generales a las Audiencias y de las particulares, concebidas ambas como método coercitivo.
Ante tan graves desajustes, los consejeros subrayaban como solución el envío de buenos ministros a las audiencias, sólo posible si se les daba esperanzas de que, cumpliendo bien sus obligaciones, volverían premiados a la península.
Sugerían como compensación y estímulo que «se señalasen dos plazas de oidores en las Chancillerías de Valladolid y Granada y otras dos en las Audiencias de Sevilla y Galicia para que ascendiesen a ellas los oidores de las Indias, según los servicios y grado de cada uno...».
El rey propuso entonces que los ministros indianos aspirantes a ejercer en España presentaran su «currículum» a la Cámara, y que ésta le consultara una plaza en las chancillerías de Valladolid y Granada, oferta enviada a México a comienzos de 1677.
22 Pero ya entonces se empezaron a beneficiar los cargos indianos de gobierno, además a buenos precios, pese a tener anexo un fuerte componente judicial, aspecto que no bastó para impedir el negocio sino que hizo presagiar un futuro similar a las plazas de justicia.
Ya en 1683 se negociaron las primeras presidencias audienciales (eran cargos de gobierno) y al mismo tiempo dos oficios específicos de justicia (aunque sin ejercicio judicial directo) como eran los fiscales protectores de indios de Quito y Lima.
En cuanto a las dos fiscalías de protectores de naturales, la quiteña fue provista en Ignacio Martínez de Aybar y Eslava por servicios y 13.000 pesos, y la limeña fue para Esteban Márquez de Mansilla por otros 16.000 pesos y servicios.
23 Por su parte, el cargo de fiscal protector de indios24 ofrece caracteres peculiares que le diferencian abiertamente de los demás oficios audienciales, pues sólo existía en las audiencias del Perú.
Además, era provisto por los virreyes y tenía calidades muy específicas según este texto: con carácter autónomo y como magistrado independiente, con la misión de actuar como defensor nato de los indígenas de todo el distrito de la audiencia, no sólo en calidad de procurador de sus pleitos sustanciados ante ella sino sobre todo amparándolos en caso de queja contra sus corregidores.
25 El cargo ya existía tiempo antes en las audiencias peruanas26 y era cubierto por los virreyes hasta que en 1641 la Corona recuperó su provisión pues, aunque carecía de administración directa de justicia, sin embargo su titular podía ejercer los puestos específicamente judiciales en situaciones de interinato, importantísima posibilidad que quizás justificaba su alta estima y su valoración económica por beneficio.
El fiscal protector de naturales tenía definidas sus funciones: suplir interinamente al fiscal titular en enfermedades, ausencias y vacantes, estar presente en los acuerdos y juntas del tribunal audiencial en temas referentes a los indios, nombrar protectores delegados en pueblos del distrito sin intervención de virrey ni presidente, efectuar la visita anual de la tierra con el oidor designado para ello, ejercer de fiscal de la Santa Cruzada y poder gozar de los privilegios y honras públicas del cargo como los demás fiscales (por ejemplo: lucir la garnacha, tener asiento en el estrado, etc.), además de percibir un interesante salario de 2.000 ducados al año.
27 Pese a tan honrosas intenciones, probablemente por exigencia del personalismo de Olivares, estos fiscales protectores sufrieron el «beneficio», pues así fueron negociados los puestos titulares de Lima (para Francisco de Valenzuela), de Charcas (Diego Benítez Maqueda), de Santiago de Chile (Antonio Ramírez de Laguna), de Santa Fe de Bogotá (Gonzalo Suárez de San Martín) y finalmente de Quito (para Juan de la Concha Bernardo de Quirós), por unos donativos respectivos de 9.000, 6.000, 4.000, 4.000 y 5.200 pesos.
28 Sin embargo, contra todo lo legislado y como era de temer, su actuación no debió ser precisamente modélica, pues en 1648 Felipe IV, ya sin la presencia de Olivares, declaró que los titulares no cumplían sus funciones y ordenó la vuelta al sistema anterior, es decir, que virreyes y presidentes designaran a los sujetos idóneos.
29 Pero tampoco esta fórmula cumplió las expectativas, pues en 1669 desde Santa Fe de Bogotá denunciaban que «la defensa de los indios está muy "descaída"», y que ciertos pleitos se habían perdido «porque las autoridades indianas habían nombrado para el puesto a sus criados, "personas legas y de poca experiencia y menos autoridad"».
30 Pese a ello, el protector de indios se mantuvo mediante nombramientos interinos hechos en Indias, oficialmente sin dinero, hasta la década de 1680 cuando las angustias de la Hacienda peninsular obligaron a medidas más radicales.
En Lima fue fiscal protector Esteban Márquez de Mansilla, ya fiscal de la audiencia, financiado por el agente Diego de Villatoro; al morir Márquez le sucedió Juan de Peralta y Sanabria, que abonó 18.000 pesos.
En Quito fue titular Ignacio Martínez de Aybar y Eslava, fiscal también con el cargo interino desde 1681, mientras en Bogotá actuó Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero.
31 Res ponsable de la apertura al mercado parece ser el duque de Medinaceli, entonces presidente del Consejo, gran impulsor de medidas drásticas para salvar al Erario, que se verían acrecentadas con los mandatarios siguientes.
Este año 1683 fue decisivo en el beneficio de los oficios audienciales pues el mercadeo de presidencias y fiscalías de protectores, cargos teóricamente sin jurisdicción pero con posible ejercicio excepcional, fue un avance hacia el comercio de las magistraturas propiamente judiciales.
Todo parece indicar que por esta puerta abierta se coló definitivamente el sistema, pues ya en 1684 fueron titulados por dinero cinco puestos: tres oidores (Quito, Bogotá y Charcas), un alcalde del crimen supernumerario (México) y un fiscal de Santo Domingo.
El primer caso localizado fue Antonio 29 La Corona quiso rescatar los oficios de manos de sus usuarios para suprimirlos, y en 1668 sólo sobrevivía el titular de Charcas; Suárez (1995, 289) añade que entonces aún no se habían rescatado los cargos porque la real Hacienda no tenía dinero suficiente para restituir el precio pagado.
Igualmente en 1666 se ordenó al presidente quiteño que el cargo no se volviera a vender, se devolviera el dinero y se nombraran protectores honrados (AGI, Quito, 210, 4, 54r-59v.)
Martínez Luján de Vargas, abogado peruano y relator de la audiencia limeña, quien llegó a oidor de Charcas (decreto de 1683 y título en 26 de agosto de 1684) 32 por 18.000 pesos y la financiación del agente Diego de Villatoro.
Los otros dos oidores fueron Juan de Larrea Zurbano 33 en Quito, y Francisco López de Dicastillo 34 en Santa Fe de Bogotá, cuyos donativos se desconocen; Simón Ibáñez de Lazcano alcanzó como supernumerario la fiscalía del crimen de México (también por cantidad ignorada) 35 en tanto que la fiscalía de Santo Domingo para Francisco José Merlo de la Fuente fue más original, al obtenerla por la condonación de una deuda (superior a 9.000 pesos) que la Corona debía a su padre, provisión considerada como beneficiada.
Recurso lógico para evitar el escándalo de ver la Justicia en venta, al mezclar en cambalache el dinero y los oficios de audiencia, fue la omisión de toda referencia al beneficio en los títulos correspondientes, citando sólo los servicios y méritos (ciertos o supuestos) prestados a la Corona.
No obstante, el asunto era bien conocido en la Corte al extremo de que se alzaron voces contrarias denunciando que tal negocio estaba prohibido por derecho.
Pero la exigencia de numerario se impuso sobre cualquier otra consideración, y en 1693 el monarca justificó su persistencia al nombrar presidente del Consejo al duque de Montalto «obligando las necesidades presentes a la continuación de los beneficios de Indias...».
37 32 Aunque el título (AGI, Contratación, 5446, N. 128) no cita el beneficio sino la frase «...atendiendo a la suficiencia, letras y buenas partes que concurren en vos...», el donativo de 18.000 pesos sí está explícito en una Relación de cargos (AGI, Contaduría, 235); al dorso del título firmaron Vicente Gonzaga, Tomás de Valdés y el conde de Castellar, marqués de Malagón.
33 Juan de Larrea Zurbano, criollo peruano muy controvertido, provisto por decreto en 1684 y titulado al año siguiente, llegó a Quito en calidad de «depósito» (AGI, Quito, 15, R.3, N.18), es decir, trasladado temporalmente mientras se solucionaban sus problemas en el anterior destino de Santa Fe de Bogotá; es más que probable el beneficio en este cambio porque fue gestionado por Diego de Villatoro, el agente por antonomasia en el mercado de cargos indianos (Sanz Tapia, 2009, 106-111).
Entonces el propio Consejo respondió con un exhaustivo texto, basado en doctrinas de teólogos y juristas, donde denunciaba abiertamente los daños y peligros del dinero para la Justicia en Indias y recomendaba que se cumpliera la prohibición.
Un párrafo bien expresivo -y sobradamente conocido-dice así:
[...] no son los oficios los que se benefician, sino la justicia la que se pregona en pública almoneda, su legal vara que mide premio y castigo la que se convierte en instrumento, con que desproporcionan sus intereses los compradores y a excesivos precios vuelven a venderla, en que tanto zozobra la obligación constituida por la divina autoridad para hacer justicia, depositada en el Real corazón de Vuestra Majestad [...].
38 Ya está citado cómo el monarca reiteró su intención de evitar el beneficio cuando fuera posible, aún confesando aceptarlo por necesidad.
Por otra parte, las reformas intentadas en la última década del siglo para mejorar la administración indiana también afectaron al campo judicial al facilitar la promoción de titulares mediante el ascenso de categoría, el cambio de audiencia e incluso el ejercicio en España como compensación de la carrera indiana.
Buena prueba de esa intención promocional fue la oferta a los oidores destinados a Manila (puesto menos demandado) para que, tras 5 años de servicios «cumpliendo con su obligación», fueran promovidos a plaza de alcalde del crimen en propiedad en la audiencia de México.
39 Del mismo modo se intentó reducir el número de ministros a su planta inicial, evitando la presencia de supernumerarios, aunque tamaña empresa, proyectada en 1691, resultó de complicada ejecución, pues casi todos los magistrados sobrantes entraron precisamente beneficiando el cargo como supernumerarios, 40 con lo que quedaban sin ejercicio y con su salario antiguo hasta pasar en propiedad a los mismos u otros nuevos empleos.
Asimismo, buscando mejorar la actividad judicial americana, la Cámara de Indias pro-38 Respuesta del Consejo de Indias de 9 de noviembre de 1693.
39 Respuesta a la Cámara, enero de 1686, incluida en el título de alcalde del crimen de México de Jerónimo Barredo, explicando que «Por justos motivos de mi servicio he resuelto suspender a tres oidores y al fiscal de mi audiencia de Manila en las Islas Filipinas.
Y siendo conveniente proveer estas plazas en personas que tengan las prendas de literatura, política y de otras circunstancias que son menester...»
Una real cédula al presidente de la audiencia de Guadalajara de 26 de octubre de 1693 (AGI, Guadalajara, 232, 7) dice «... se manda que las Audiencias queden reducidas al número de ministros de su antigua creación... pero... se ha de pagar el salario por entero a los ministros que justificaren haber beneficiado sus plazas aunque por ser supernumerarios queden reformados del ejercicio...».
puso en 1694 que todo letrado provisto para Indias sufriera un examen antes de recibir su título «para reconocer, además de los grados o estudios que les asistieren, el juicio, capacidad y prendas que no se pueden descubrir en el escrito de una relación».
41 También Felipe V quiso ajustar, ya en 1701, las plantillas de la administración indiana, aludiendo al proyecto de Carlos II de diez años antes y anulando aquellas provisiones que «se hubiesen concedido por el Rey mi tío [Carlos II] por decretos decisivos, sin preceder consulta de la Cámara».
42 Pero las urgencias hacendísticas de la Guerra de Sucesión dieron al traste con ello y en 1704 el sistema volvió con más fuerza.
Antes de analizar la provisión de magistraturas indianas 43 es preciso citar como dato complementario el excesivo número de nombramientos en los años previos 1680 y 1681 (respectivamente 29 y 12, todos por méritos y servicios), igual que había sucedido en la provisión de los oficios de gobierno, hechos ambos que parecen responder a ese deseo de mejorar la administración de justicia.
44 Y aunque en 1682 sólo hubo 2 provisiones, cabe pensar que las plantillas audienciales estaban entonces bien cubiertas por gentes con servicios y méritos.
Así pues, desde 1683, a un ritmo irregular, la Corona otorgó por donativo pecuniario al menos 59 plazas de las 147 detectadas como provistas hasta fin de siglo, lo que supone un porcentaje mínimo beneficiado del 40%.
Por servicios y méritos fueron 73, en tanto que 15 aún son desconocidas (gráfico I).
43 Datos elaborados por el autor sobre múltiples fuentes documentales (Relaciones en AGS, DGT, Inv.
13, 10, y AGI, Contaduría, 235; y títulos en AGS, DGT, Inv-24, diversos legajos, y AGI, principalmente Contratación) y bibliográficas, en especial Barrientos Grandón, 2000.
44 En 1678 se pidieron informes a las autoridades americanas (virreyes, presidentes, prelados y cabildos) sobre sujetos beneméritos de sus distritos para que la Cámara pudiera proveerlos en cargos de gobierno, medida que puso cierto freno al beneficio porque entre ese año y 1681 todos los nombramientos políticos indianos hechos por ella valoraron sólo los méritos y servicios no pecuniarios (Sanz Tapia, 2009, 65).
Es destacable que un 29% de las plazas provistas no lo eran en propiedad, lo que parece dato clave por su vinculación con el beneficio de dichos puestos, como se verá.
Gráfico III: provisiones dadas por servicios, por beneficio y desconocidas.
PROVISIONES BENEFICIADAS Y SUS CATEGORÍAS Sumando supernumerarias y futuras hay 38 plazas no propietarias (3 fiscales, 29 oidores y 6 alcaldes del crimen), cuya concesión por dinero podría entenderse como una fórmula de la Cámara para rentabilizar más aún los nombramientos, obteniendo dinero inmediato sin propiciar al tiempo la posesión, tal como se había hecho con los cargos de gobierno, negociados desde 1674 pero en máxima oferta desde 1686.
Para valorar estos nombramientos no titulares, el gráfico V muestra la relación numérica entre beneficiados y no propietarios sobre la cuantía total: La constante proximidad o coincidencia (en 1689, 1693 y 1700) de beneficios y cargos no propietarios indica que una mayoría de provisiones beneficiadas eran puestos supernumerarios y futurarios, no titulares, cuya ocupación podía tardar años al estar en espera de vacantes por traslado, defunción o retirada temporal.
Son 38 provisiones sobre las 59 beneficiadas, un 64,4 %, expresivo de que sólo poco más del tercio (el 35,6 % restante) de los oficios judiciales indianos en propiedad se otorgó por dinero, nota que suaviza la impresión negativa del beneficio de provisiones judiciales a fines del XVII.
En cuanto al ingreso total por donativos, hay 27 casos cuya cuantía se ignora aunque sí constan como beneficiados, y el importe global de las restantes 33 provisiones alcanzó un mínimo de 384.100 pesos (en 2 ó 3 casos sólo consta un monto parcial).
El monto más alto, 22.000 pesos, se abonó en 1693 por dos futuras de alcalde del crimen de Lima a cargo de dos criollos nativos del lugar, Juan Pérez de Urquizu y José de Santiago Concha, ambos letrados y a la vez comerciantes; otros 21.000 pesos por dicho cargo en propiedad entregó en 1687 el también limeño Miguel Núñez de Sanabria.
46 El gráfico VI recoge los desembolsos anuales (pesos de 8 reales):
GRÁFICO VI CUANTÍAS ANUALES POR CARGOS DE AUDIENCIA
En una hipotética aproximación, el total absoluto, en proporción a los datos conocidos, estaría en torno a 700.000 pesos.
Volviendo a las cantidades verificadas, el mayor ingreso suponen las oidorías, al ser más numerosas, ya que por ley había al menos cuatro por audiencia, cuyo donativo localizado de 232.000 pesos se repartió así: 54.000 entre 4 oidores propietarios (de 12 nombrados), 127.100 entre 13 supernumerarios (sobre 22 provistos) y los 51.000 pesos restantes entre 6 futurarios (con otro provisto más).
De los 4 fiscales electos, uno era futurario y otro supernumerario, pero sólo se conocen dos donativos que suman 15.000 pesos.
Los alcaldes del crimen nombrados fueron 8, de ellos 2 propietarios (importe de 35.000 pesos), 3 supernumerarios (desembolso desconocido) y 3 futurarios (44.000 pesos de beneficio).
También hubo 2 casos de adquisición de fiscal y oidor supernumerario pero tampoco consta su aporte pecuniario.
47 Finalmente, los 4 fiscales protectores de indios dieron a la real Hacienda 55.000 pesos por sus nombramientos.
Aspecto interesante es la distribución de plazas en las once audiencias de la época, como muestra el cuadro siguiente: Las audiencias virreinales fueron el principal destino por la superior categoría y el mayor número de magistrados en la plantilla titular: México y Lima disponían de 2 fiscales (civil y criminal), 8 oidores y 4 alcaldes del crimen, 48 a los que entonces se sumaba en la peruana un fiscal protector de naturales.
Las demás audiencias contaban con fiscal y 4 oidores más un presidente letrado en las subordinadas (Guadalajara, Quito y Charcas) y un fiscal protector de indios (Bogotá, Quito y Charcas), según gráfico VII: GRÁFICO VII PROVISIONES POR AUDIENCIAS (1683-1700) La audiencia limeña distribuye su mayoría en plazas beneficiadas y ameritadas en tanto que México tiene predominio evidente de servicios, al igual que Guatemala, Manila y Santo Domingo, estos tres últimos casos quizás por ser lugares poco atractivos para una carrera judicial.
La presencia pecuniaria domina en Charcas, Quito y Panamá, mientras que hay igualdad en Bogotá y Santiago de Chile; en Guadalajara, pese al escaso número, también el beneficio es la fórmula preferente.
Algunas notas sobre los magistrados provistos
En principio, el lugar de origen de los ministros electos.
DOI: 10.3989/aeamer.2012 Surge una indudable divergencia de nombramientos en las audiencias virreinales según la naturaleza de sus electos, pues mientras México tuvo mayoría de españoles, en Lima fueron superados ampliamente por los criollos.
La igualdad se aprecia en Quito, Panamá y Guadalajara frente a la aplastante primacía española en Santa Fe de Bogotá y Manila, menos marcada en Guatemala y Santo Domingo.
Por contra, tras la sede limeña, Charcas y Santiago de Chile contaron así mismo con predominio de americanos.
Se evidencia el mayor potencial criollo en el virreinato peruano en conjunto (40 letrados frente a 28 peninsulares), mientras en el ámbito novohispano dominaban los españoles (45 ante 14 americanos).
Entre las 147 plazas hubo 32 bajas, de ellas 13 por fallecimiento, 5 anuladas antes de la posesión, 4 por renuncia a posteriori, 1 por promoción a otro puesto, en 6 casos se ignoran las causas, y además en otros 5 no hay datos del ejercicio.
De hecho, las posesiones efectivas se redujeron a 116, casi el 80 %.
No obstante, en adelante se cuentan todos los nombramientos.
Tratando sólo oficios beneficiados: En los 59 casos constatados hay presencia mayoritaria de criollos, con 41 plazas, por mucho más de 372.100 pesos citados (se ignora el valor de 14 y parte de 2), mientras que 19 plazas de españoles aportaron un mínimo de 55.000 pesos, también a falta del monto de otros 13 donativos.
El gasto proporcional corre parejo al número de plazas beneficiadas, pues supone el 67,8% de los americanos y el 32,2% de los españoles, esto es, más del doble por parte criolla.
Pese a faltar los 14 casos citados, el número de beneficiados y el abono total más alto correspondieron a cargos de la audiencia limeña, muy distanciada del resto, incluso de México, el otro tribunal de idéntica categoría, que, contrariamente, contó con mayoría de puestos ameritados.
Gráfico IX: Cargos y gastos de los criollos por audiencias:
GRÁFICO IX CRIOLLOS: PLAZAS BENEFICIADAS Y GASTO CONOCIDO POR AUDIENCIAS
Por otra parte, era habitual que la mayoría de los letrados americanos aspirase a ejercer en su tierra nativa o en un ámbito próximo que facilitara su retorno a la audiencia de origen; pero la Corona, por razones de teórica
honestidad en la impartición de la justicia, procuró evitar esa posibilidad, al igual que cualquier tipo de vinculación entre los magistrados y su entorno humano, prohibiciones especificadas y reiteradas en las Leyes de Indias, pese a lo cual las previsibles dispensas también fueron negociadas y obtenidas por dinero, como ya se ha citado.
El estudio presente confirma que 14 de estas 41 plazas fueron para naturales de su mismo distrito (9 limeños, 2 panameños, 2 mexicanos y 1 quiteño, titulares en sus respectivas audiencias), pero fue más frecuente ejercer en ámbitos vecinos, como ilustra el que de los 14 letrados limeños restantes, 6 fueron a Charcas, 3 a Santiago de Chile, 3 a Quito, 1 a Panamá y 1 a Santo Domingo.
Entre los beneficiados españoles, los 19 puestos tenían como destinos Santa Fe de Bogotá en 5 ocasiones, México y Panamá en 4, Manila en 2, y Lima, Quito, Santo Domingo y Guadalajara en una sola.
El interés por ejercer en Nueva Granada podría verse aumentado por la perspectiva de paso inmediato hacia la vecina audiencia limeña, motivación quizás también válida para Panamá; el destino directo a México presuponía un expediente del provisto especialmente valorado en la Cámara (donativo substancioso, patronazgo importante, elevado rango social, etc.), sin olvidar que la propuesta de estancia de 5 años en Filipinas servía para acceder a una fiscalía del crimen de la audiencia mexicana en cuanto hubiera vacantes.
Es notable la escasa presencia de beneficiados peninsulares en Lima, sólo 1 frente a 7 por méritos, quizás porque las ofertas económicas de los peruanos eran más atractivas para la Hacienda.
Una mínima aproximación al perfil social de los provistos añade algunas notas al conjunto, englobando tanto a españoles y americanos como a ameritados y beneficiados.
Todo letrado poseía la pertinente titulación recibida en las universidades peninsulares o indianas, no siendo extraño que algunos criollos culminaran sus estudios en España, 50 estancia aprovechada a veces para conseguir o negociar diversas mejoras en otros campos con vistas al retorno a su tierra.
En este sentido, como sucedió con los criollos provistos en cargos de gobierno, es revelador que coincidan al tiempo la provisión audiencial con la adquisición del hábito de Orden Militar, bien por concesión regia o por compra; idéntica situación se daba entre los españoles en su visita a la Corte, incluso para la misma gestión del título de cruzado.
De hecho, aparecen 26 letrados con tal honra de caballero, aunque tan sólo 9 lo eran previamente a la provisión judicial, 51 en tanto que los 17 restantes se cruzaron en fechas inmediatas y con presencia de beneficio en 6 casos (4 americanos y 2 españoles), 52 lo que sugiere vincular ambas concesiones regias a la necesidad de fondos para la Hacienda peninsular sin demasiados reparos.
53 Con independencia de su rango, el conjunto togado tenía diversas ocupaciones previas, básicamente reducibles a tres grupos: a) quienes ejercían de abogados de audiencia o de corte; b) quienes ya tenía experiencia en magistraturas indianas, y c) aquellos aún no iniciados en la carrera judicial, bien por estar en universidades, ser recién titulados o ejercer otras actividades.
Como varios letrados tuvieron más de un nombramiento, se recoge la situación del provisto en el momento del primero, como indica el gráfico X, según las tres categorías (claves respectivas ABO, CON y SIN):
GRÁFICO X DEDICACIONES DE LOS PROVISTOS
51 Eran 6 españoles (cinco santiaguistas y un calatraveño) y 3 criollos (Alcántara, Calatrava y Santiago), dos de los cuales alcanzaron el cargo de audiencia mediante beneficio.
52 Se trataba de 4 criollos (tres santiaguistas y un calatraveño), todos con provisión judicial beneficiada, y 13 españoles (once santiaguistas, dos calatraveños y un alcantarino) con dos beneficios.
ÁNGEL SANZ TAPIA Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 63-90 Aunque son cuantías muy parejas, a primera vista destaca que la mayoría (45, es decir un 37 %) eran letrados sin experiencia en el ejercicio específico del oficio judicial (son el doble de españoles que criollos), cuya dedicación dominante conocida era la enseñanza universitaria, 54 aunque también había rectores de colegios universitarios, auditores de guerra en Cartagena de Indias y Lima, y otros puestos (corregidor, comisionado, etc.).
Y así mismo es notorio el número de aquellos que ya ejercían la abogacía (el 32,2%), destacando mayoría de americanos, quizás por ser la ocupación más accesible en el mundo judicial indiano.
Contrariamente, en los 37 magistrados con experiencia previa (que sumaron en esta etapa nada menos que 60 nombramientos) hay un claro dominio español porque las opciones de titularidad de los criollos venían siendo reducidas hasta que el beneficio les abrió parcialmente la puerta de las audiencias indianas.
No obstante, en once ocasiones los ministros americanos ya propietarios volvieron a obtener un nuevo cargo pero esta vez mediante el donativo en dinero.
Sintetizando lo expuesto, cabe afirmar que: a) El beneficio de los cargos judiciales en Indias tiene sus precedentes durante el valimiento del conde duque de Olivares, pero fue en 1683 cuando se abrió al sistema del donativo pecuniario con la provisión de presidencias audienciales y especialmente del puesto de fiscal protector de naturales, a través de la posibilidad de ejercer la fiscalía normal por suplencia.
b) Desde 1683 hasta 1700 hay constancia de la provisión por dinero de 59 plazas por lo menos, sobre un total de 147 nombramientos, es decir, el 40% con beneficio, modificando así cifras de anteriores investigaciones.
Dos tercios de los 59 puestos beneficiados no eran propietarios sino futurarios o supernumerarios (once fueron anulados poco después), lo que podría sugerir cierta estrategia de la Cámara de Indias para obtener fondos al momento pero sin comprometer la ocupación inmediata del car-54 En once ocasiones ejercían cátedras (Instituta, Retórica, Decreto, Vísperas) o sustituciones en distintas universidades (Salamanca, Valladolid, Alcalá, Oñate, S. Marcos de Lima, S. Carlos de Guatemala).
EL BENEFICIO DE CARGOS AMERICANOS DE AUDIENCIA BAJO CARLOS II (1683-1700) go, fórmula también usada en las futuras de cargos de gobierno en los mismos años. c) El monto total conocido de los «donativos» fue de 384.100 pesos de 8 reales, que en una supuesta estimación general resultaría ligeramente superior a los 700.000 pesos.
Los primeros alcanzaron 90 plazas (19 en beneficio) y los segundos 57 (41 beneficiadas), cuantía expresiva del uso del donativo pecuniario como principal recurso criollo de acceso, que se impuso a cualquier otro prejuicio o rechazo por la Corona a su inclusión en la carrera judicial indiana. e) Entre los letrados provistos solamente una ligera mayoría no contaba todavía con experiencia previa como magistrados de audiencia, y el nombramiento suponía su estreno en la carrera judicial, luego de otras actividades docentes o administrativas en algunos casos.
Entre los restantes, un grupo se venía dedicando al desempeño de la abogacía en sus distritos americanos o peninsulares y otros ya disfrutaban la ocupación efectiva como ministros audienciales.
En definitiva, la intención última del artículo es complementar, mediante el análisis de los cargos de justicia americanos, el panorama general del beneficio en Indias durante el siglo XVII.
La constante y creciente penuria económica de la Hacienda peninsular supuso también la inclusión en el mercado de los cargos teóricamente más respetables de toda la estructura estatal indiana, la administración de justicia. |
Universidad Autónoma de Madrid La llegada del conde de Galve a México como virrey de la Nueva España supuso la puesta en marcha de toda una serie de medidas dirigidas a conseguir la regeneración moral de la sociedad novohispana.
Objetivos de su atención fueron, entre otros, el pulque, el baratillo, la delincuencia y lo que él entendía como ineficacia de la sala del crimen.
En este trabajo enfocaremos nuestra atención en los temascales o baños de vapor, muy concurridos en la capital novohispana debido a sus funciones sociales, higiénicas y terapéuticas, entre ellas las de ayuda al parto.
Sin embargo, la introducción de una serie de «malos usos» llevó primero al conde de la Monclova (1686-1688) y, luego, a su sucesor el conde de Galve (1688-1696) a reglamentar su funcionamiento.
1 Este trabajo es parte de una investigación en curso sobre la sociedad novohispana a fines del siglo XVII.
Estructura y función de los baños de vapor
Los temascales -palabra derivada del náhuatl temazcalli, que significa «casa de baño»-eran baños de vapor cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas de Mesoamérica.
El antropólogo Alcina Franch ha estudiado exhaustivamente tanto sus estructuras como sus usos y significados.
En cuanto a las primeras, el temascal consta de una cámara central o sala de vapor, donde tiene lugar el baño, y de un hornillo o lugar donde se produce el fuego a partir del cual se obtendrá el vapor de agua.
Este hornillo podía ser una construcción bien anexa a la sala de vapor, bien incluida en ella, aunque en ocasiones era una zona en el interior del temascal que se dedicaba a servir de hogar, sin que hubiese separación alguna del resto de la sala de vapor; en este último caso, una abertura servía tanto para alimentar el fuego con más madera como para animarlo mediante la corriente de aire que se establecía con un pequeño vano o respiradero que servía para que la sala de vapor quedase limpia de humos antes de que entrasen los bañistas.
Otros elementos del temascal eran una puerta, que solía ser tan pequeña que había que entrar a la sala de vapor arrastrándose de rodillas; y un desagüe que permitía expulsar del interior de la sala el agua sobrante de la empleada tanto para producir vapor como para echarla directamente sobre el cuerpo.
Por último, uno o varios bancos servían a los bañistas como lugar para recostarse y descansar.
En cuanto al sistema para obtener el vapor de agua, si el hornillo o fogón estaba situado en el exterior del baño, el fuego calentaba la pared recayente a la sala de vapor y sobre la que se arrojaba agua para provocar el vapor; también era frecuente el procedimiento consistente en calentar piedras o tiestos de cerámica sobre los que se vertía el agua para generar vapor.
La tipología de los temascales era muy variada.
Los había de planta rectangular, cuadrada o circular; la construcción estaba a veces sobre el terreno, otras era semisubterránea o enteramente subterránea; el techo podía ser a dos aguas, plano o cupuliforme.
El tamaño variaba desde los que servían para una o dos personas hasta los que permitían la entrada de hasta veinte o treinta personas.
Y en cuanto a los materiales de construcción, para los muros se utilizaba el barro y la piedra, sobre todo la pómez o de tezontle, aunque la parte interior podía presentar un enlucido más o menos fino.
El pavimento solía ser de tierra apisonada, aunque los había enlosados y de ladrillo.
Y finalmente, la techumbre solía ser de piedra y barro sobre armazón de madera.
PATRICIO HIDALGO NUCHERA En los tiempos prehispánicos, antes de construir un baño se hacían ofrendas a los dioses del temascal y se enterraba un idolillo en el lugar donde se iba a levantar para así proteger al temascal; en la colonia, el sacerdote lo bendecía, síntoma de que no perdió el carácter sagrado que antiguamente tenía.
2 Silva Galeana ha transcrito un texto náhuatl que describe el rito del baño.
En él se relata que, antes de entrar el bañista, se encendía la hornilla y se calentaba agua junto a ella; cuando el temascal se hallaba caliente, se tapaba la hornilla con una piedra plana de tezontle y se arrojaba el agua caliente sobre ella, produciéndose el vapor; a continuación se esparcía grama y, finalmente, entraba el bañista, llevando consigo hierbas, generalmente aromáticas, tanto para atraer hacia sí el vapor como para golpearse suavemente el cuerpo con ellas.
3 ¿Qué funciones tenía el baño de vapor?
Alcina Franch señala cuatro en concreto: higiene, relaciones sociales, terapéutica y partos; mientras las dos primeras son funciones de tipo social, las dos últimas -controladas por médicos, comadronas, parteras, etc.-son más específicamente religiosas.
4 A destacar el uso que de los baños hacían las mujeres embarazadas, a las que se les practicaban masajes con el fin de relajarlas tanto antes como después del parto.
También los usaban los enfermos, quienes se recostaban sobre un petate o estera mientras un acompañante les golpeaba con suavidad la parte enferma del cuerpo con un manojo de hierbas.
5 Sin duda, el temascal era el sitio de purificación por excelencia, acto entendido como expulsar del cuerpo las sustancias que le podrían enfermar.
De ahí que Alcina Franch considere al temazcalli como un instrumento de higiene corporal y de purificación espiritual.
6 Además de las funciones señaladas, el temascal era también usado como lugar de encuentro para el mantenimiento de furtivas relaciones sexuales entre personas de igual o distinto sexo.
Así lo declara explícitamente el citado texto traducido del náhuatl por Silva Galeana:
También se dice que, cuando hombres y mujeres se van ahí a 'hacer algo' secretamente, quienes después se bañan 'sobre ellos se hace la obscuridad' (se desmayan), se quedan dormidos, y cuando despiertan les duele la cabeza.
Esto demuestra que allá fueron antes algunos a hacer 'su porquería', que allá fueron a darse placer.
7 Un texto de principios de 1687 nos informa, por último, sobre qué eran los temascales, su uso, número y horario de apertura en plena época colonial:
[...] se halló que hay en México más de cien temascales públicos, sin otros muchos particulares que tienen en sus casas algunos vecinos como una costumbre introducida de muchos años a esta parte, sin que se pueda hallar el origen y principio y el fin y el motivo de su introducción.
Los temascales son, unos subterráneos, otros sobre el haz de la tierra, en forma de hornos largos y anchos y muy bajos de techo, de cosa de vara y media poco más o menos, donde con fuego se calientan y con otros fomentos, azotes, movimientos y aspersiones de poca agua en las paredes calientes con exceso se procura sudar, y las personas que dentro de él están que, como va referido, son hombres y mujeres desnudos y de todos estados y calidades, salen y entran dos y tres veces a lavarse, unos con agua fría y otros con caliente, conservándose en tan grande indecencia no sólo cuando están dentro del temascal sino también cuando está fuera a vista y publicidad de todos, fomentando semejante deshonestidad con diferentes cantares, provocando la lujuria, y de ordinario dura desde las dos de la tarde, a cuya hora encienden todos los días los temascales, hasta media noche.
Los «malos usos» de los temascales públicos
A fines de 1686 o principios del año siguiente alguien, movido bien por el decoro moral, bien por la envidia o simplemente por celos, denunció que en un temascal de la ciudad de México se había cometido el pecado nefando.
Detenidos los «delincuentes» -como apostrofa la documentación al mulato Santiago de Quesada y al indio Diego Sánchez-, se probó tanto la sodomía de los citados como que en el propio baño, junto a los detenidos, había siete mujeres más -una española cachupina, una negra, dos mestizas y tres indias-, todos en cueros tomando los vapores.
9 A raíz de esta denuncia, la sala del crimen encargó a uno de sus miembros, el alcalde don Fernando de Haro y Monterroso, la averiguación de lo que ocurría en los temascales.
Durante los días 9 y 10 de enero de 1687, seis receptores acompañados de ministros visitaron diversos baños con la orden de detener a sus dueños o personas que estuvieran al frente de ellos si hallaban hombres y mujeres bañándose juntos.
8 Archivo General de Indias (AGI), México, 87, consulta de la sala del crimen al virrey, México, 22 de enero de 1687.
Sobre la homosexualidad en la época, ver Gruzinski, 1985, 255- En todos ellos hallaron hombres y mujeres de todas las calidades -indios, mestizos, mulatos y españoles-bañándose juntos y desnudos, por lo que fueron detenidos tanto las personas que en ese momento estaban al cuidado de los baños como algunos de los bañistas.
Para los magistrados, aquello era un desorden moral que conducía a deshonestidades, incestos, adulterios y otros vicios abominables, además de ser pernicioso, ofensivo a Dios y a la república.
Además de pecados -trasgresión de normas o preceptos religiosos-, eran delitos morales perseguidos por la ley, ya que entonces delito y pecado eran una misma cosa y, como señala Bartolomé Clavero, el Derecho más que la vida protegía el alma.
16 Por todo ello y con el fin de que cesasen tales inmoralidades, los miembros de la sala del crimen no dudaron en ordenar, por auto de 11 de enero de 1687, que se comunicase a los dueños de los temascales que no los encendiesen hasta contar con una licencia del virrey bajo la pena de doscientos azotes; y, por otra parte, se determinó que las personas detenidas fueran puestas en libertad abonando dos pesos cada una y que, quien no los tuviese, fuese conducido a un obraje.17 Tan sólo dos de las personas detenidas en las visitas a los baños fueron juzgadas.
18 El conde de la Monclova se vio en un dilema, ya que aprobar el auto de la sala de cerrar los baños podría ser una medida que disgustara a los sectores populares y engendrara un peligroso malestar.
De ahí que, amparándose en que la materia era de gobierno, decretó que todos aquellos que tuvieran temascales los siguieran usando hasta nueva orden, eso sí, apercibiendo a los dueños que serían severamente castigados si en ellos se cometían delitos y si hombres y mujeres entraban juntos a bañarse en ellos.
19 La sala del crimen, disconforme con la medida del conde de la Monclova, a pesar de que éste la justificó en el mantenimiento del orden público, pasó a realizar tres movimientos consecutivos: solicitar un informe médico sobre la virtud terapéutica de los baños, consultar al virrey y, por último, escribir a Madrid.
En cuanto al primero, sus firmantes -los doctores José Díaz Brisuela, Antonio de Córdoba, Francisco Antonio Jiménez y Juan de Escobar y Soltero, el bachiller Diego de Lodosa y el maestro Luis de Molina-dieron la razón a los alcaldes del crimen al declarar que En cumplimiento de la orden de vuesa merced, decimos que los temascales no son necesarios a la conservación de la vida humana, antes bien, son nocivos y causa de grandes enfermedades.
Y en los indios se han experimentado diferentes dolencias originadas del uso de los temascales.
Y aunque para alguna enfermedad pueden ser provechosos, hay en la medicina muchos remedios con que se pueda ocurrir al doliente sin usar de éste.
21 Como puede comprobarse en la transcripción realizada, los doctores omitieron los fundamentos en que basaban su opinión porque nadie se los había pedido.
No es de extrañar, por tanto, la parcialidad del informe, favorable a los intereses de quienes lo habían solicitado.
El segundo movimiento de los alcaldes del crimen fue elevar una consulta al conde de la Monclova con fecha de 22 de enero de 1687.
Tras aludir a los acontecimientos ya citados, los alcaldes del crimen confesaban que, aunque ellos pudieran cerrar los temascales por competerles el castigar y corregir los pecados públicos, no lo habían hecho tanto por respeto al virrey como Para la sala, hacía falta toda la autoridad del virrey para aniquilar a lo que ellos llamaban «ídolo» porque arrastraba a los hombres al pecado.
Para llevarlo a cabo, los alcaldes del crimen consultaban al virrey la adopción de las tres siguientes medidas: que ninguna persona usase los temascales, tanto los mixtos como los reservados exclusivamente a un solo género, bajo ningún pretexto, aunque fuese médico, so pena de doscientos azotes y diez años de obraje si los usuarios o encargados de encenderlos fuesen indios, mestizos y mulatos, y diez años de Filipinas si fueran españoles; que se derribasen todos los baños de vapor; y por último, que los alcaldes mayo-res fuesen los encargados de llevar a cabo lo anterior, haciéndoles cargo en sus residencias si lo incumpliesen.
Los miembros de la sala del crimen fundamentaban su radical propuesta en la promiscuidad pecaminosa existente en los baños, en la oportunidad que ofrecían tanto a hombres como a mujeres para cometer actos homosexuales y, finalmente, en el informe médico antes citado que desmentía los efectos benéficos de los baños.
Finalizaban con la opinión de que:
Todo lo referido se convence que el uso de los temascales es intrínsecamente malo, pecaminoso, con circunstancias tan agravantes, sirviendo solamente para fomento de vicios y pecados y que no conducen para la conservación de la salud, antes son dañosos a ella y ocasionan muchas enfermedades, y cuando pudieran aprovechar para algún achaque particular hay muchos medicamentos que lo pueden suplir, y en caso que no los hubiera no se deben aplicar medios pecaminosos para conseguir la salud del cuerpo, y así se deben quitar absolutamente para que no se desvíe de ellos con ningún pretexto, debajo de las penas que quedan referidas o las que a vuesa excelencia pareciere.
23 Tras elevar esta consulta al virrey, el tercer movimiento de los alcaldes del crimen respecto a los temascales fue escribir a Madrid, dando cuenta de todo lo efectuado hasta el momento.
Y aunque afirmaban estar seguros de que el virrey los cerraría, les debió de quedar alguna duda cuando solicitaban al monarca su prohibición absoluta, atendiendo a que era «materia abominable propia de bárbaros y muy ajena de república cristiana, y que conviene se prohíba sin que quede puerta ni resquicio de volverse otra vez a introducir con pretexto de la salud corporal».
24 En la corte la petición de los alcaldes del crimen de la Audiencia de México fue informada positivamente por el fiscal del Consejo de Indias el 21 de febrero de 1688, aprobada por ese organismo el 5 de abril y hecha saber al conde de la Monclova mediante la real cédula fechada en Madrid a 14 de agosto del mismo año.
Fue una desautorización al virrey, quien, como hemos visto, decidió conservarlos -al decir de su sucesor el conde de Galve-«con ciertas limitaciones por resultar lo contrario en detrimento grave de la causa y seguridad pública».
25 El despacho real prohibiendo totalmente los temascales llegó a México cuando había un nuevo gobernante al frente del virreinato, el cita-23 Ibidem.
Sin duda que, previendo el malestar social que causaría la medida, el nuevo virrey decidió por decreto de 8 de octubre de 1689 llevarla al real acuerdo, el cual en su posterior informe hizo la distinción entre temascales privados y públicos.
En cuanto a los primeros, o sea, los que cada indio tuviera para sí y su familia, se debían permitir en razón del alivio que proporcionaban, eso sí, observando el recato y modestia cristiana y evitando el concurso en ellos de dos personas a la vez; y en cuanto a los públicos, el real acuerdo sugirió que se restringiesen a doce, seis para hombres y otros seis para mujeres, con la condición de que a ellos, aparte de la mentada separación de sexos, entrasen sus clientes siempre solos.
El resto de los baños debían desaparecer, castigándose a su propietario con doscientos azotes y diez años de obraje si fuera indio y sólo con destierro a Filipinas u otro presidio si era de «otra esfera»; en ambos casos, además del castigo, el temascal sería demolido.
26 Empero, el virrey no se conformó con este informe y, con el fin de tener mayores datos sobre los que basar su decisión, solicitó el de dos médicos sobre los siguientes aspectos: si los temascales eran medicinales, qué uso había que hacer de ellos, qué tipo de gente podía usarlos y si de su prohibición se seguirían daños irreparables.
Los informes fueron solicitados a los doctores Ambrosio de la Lima y José de Oliver, quienes los presentaron el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 1689 respectivamente.
Aunque el primero es más prolijo, ambos coincidían en ser los baños saludables y preservativos de la salud, a la vez que muy perniciosa su falta.
27 Todo lo opuesto, pues, al informe médico evacuado el 18 de enero de 1687 a solicitud de los alcaldes del crimen, lo que demuestra que las respuestas siempre están sesgadas a favor de los intereses de quienes las solicitan.
El informe del doctor Oliver responde de manera muy precisa a las cuestiones planteadas por el virrey:
1.o Afirma que los baños no sólo son medicinales sino también útiles y necesarios para que la gente pobre, sudando en ellos, viva en limpieza, conserve la salud, alargue la vida y sane de males que los baños preservan.
2.o Defiende que si los baños son útiles para los indios también lo serán para el resto de las razas que habitan México, excepto para los españoles, ya que éstos son «de más adusto temperamento, más ardientes hígados y, la mayoría de ellos, los más catarrosos y destemplados de la cabeza».
3.o Aunque las autoridades médicas prescriben diversas reglas para el uso de los baños, niega que puedan aplicarse a los indios, quienes no sólo las desprecian sino que ello no tiene consecuencias negativas para ellos.
4.o Finalmente, opina que de la prohibición de los temascales se seguirían muchos males a los indios, tales como privarles del descanso que hallan bañándose después del infatigable trabajo que realizaban; carecerían de limpieza, con la que viven más sanos; no tendrían el alivio que se les sigue con sólo sudar, hallándose repletos de perversos humores y enfermedades; y por último, «quedarían destruidos del remedio preservativo y curativo de todas las enfermedades que padecen, pues en ellos el baño es un remedio fácil y eficaz, sin más coste que el de entrar a sudar en un temascal».
28 Aparte de estas consideraciones médicas y aunque no se le pidió, el doctor Oliver ofrece su opinión sobre los inconvenientes morales de los temascales.
Para él la solución es bien fácil: implantar en México los mismos remedios que ya establecieron algunos emperadores romanos, tales como cerrar los baños durante la noche y prohibir la concurrencia de hombres y mujeres en unas mismas instalaciones.
Por su parte, el informe del doctor Ambrosio de la Lima es más extenso y está salpicado constantemente de citas de autoridades clásicas.
Su primera intención es probar la antigüedad y uso universal de los baños, lo cual realiza citando pasajes de la Biblia y autores como Galeno, Celsio Rodiginio, Juan Bautista Egano y Justino.
A continuación, prueba la identidad de las termas romanas con los temascales indios, resultando muy interesante este punto puesto que nos ofrece nueva información sobre los últimos.
Basándose en autores como Calepino y Galeno, describe las termas romanas como la sucesión de cuatro estancias: en la primera había aire caliente, en la segunda agua caliente, en la tercera agua fría y, por último, una dedicada a que los bañistas se ungieran.
En cambio, el temascal es: un aposento pequeño lleno de aire caliente.
Tiene forma de bóveda y una puerta pequeña por donde entrar.
Entran en este aposento el cuerpo y dejan las cabezas hacia la puerta libres para respirar aire templado.
Por la parte posterior está otra ventanita muy pequeña por la cual entra el aire caliente a que dan fuego con artificioso primor, pues entra un vapor de agua que está en un vaso u olla que se calienta al calor del fuego, con que ellos no participan del fuego; después de esto, salidos del aposento pequeño, se echan agua fría.
Esto se entiende en los sanos, que los enfermos se retiran a sudar.
No gastan más ungüentos y todo esto se reduce a salir del hipocausto y echarse agua fría.
Lo mismo eran las termas.
No sé yo qué se pueda decir con más claridad.
29 Probada la antigüedad de los baños y la identidad de termas romanas y temascales mesoamericanos, el doctor De la Lima pasa a probar la utilidad de los baños.
Su silogismo es claro: si las termas, según Galeno, curaban a los héticos (personas flacas y casi en los huesos) y termas y temascales eran lo mismo, luego éstos últimos también curaban a los héticos, aunque de una manera más suave, ya que en ellos los bañistas únicamente pasaban del agua caliente a la fría.
Además, el doctor mexicano argumentaba la utilidad de los baños en el hecho de que naciones tan guerreras como los agarenos, los turcos y los romanos los usaban tal como hacían los indios, quienes, aunque más pacíficos, les aventajaban a todos ellos en trabajo, a lo que habría que sumar el que se abrigaban poco, cargaban hasta ocho arrobas de peso sobre sus espaldas, cambiaban continuamente de temples, no les salían canas tan temprano, se bañaban tres o cuatro veces a la semana y las mujeres iban a los temascales al tercer o cuarto día después de parir.
La utilidad estaba, pues, bien clara para la conservación de la salud y el doctor Ambrosio de la Lima los aconsejaba incluso al resto de la población mexicana.
A ello habría que sumar las propiedades preservativas y curativas de las aguas.
Frente a los autores clásicos que ensalzaban el valor de las aguas venecianas, las del Nilo o las de Haspa, el doctor De la Lima hace lo mismo con las siguientes de Nueva España: los baños de Atotonilco, cerca de Pachuca, los de Araron en Michoacán, los de Ixtlaclala (sic), que tienen gran virtud para sanar úlceras envejecidas y ya tratadas por médicos y cirujanos; los del Peñol, a una milla de México, que tienen admirable eficacia para remover los impedimentos de la reproducción «y hubiera sido lástima extirparlos porque se hubieran malogrado sucesiones ilustres»,30 y, por último, cita los baños del marqués del Valle en la provincia de Amilpas, que aunque no sirven para curar sí para recreo y deleite.
En su informe, el doctor De la Lima responde, además, a diversas críticas que se hacían a los temascales.
1.a crítica: que los indios se azotaban en ellos.
Tras afirmar que los espartanos azotaban a sus hijos regularmente para ejercitarlos en la paciencia y el sufrimiento y que para la Iglesia la disciplina era el remedio para mortificar los apetitos, el doctor niega que los indios se azotasen ni hiriesen sus cuerpos, sino que sólo se abanicaban con las hojas de maíz que cubrían los temascales.
2.a crítica: que los temascales eran sudatorios.
Tras exponer que los aposentos calientes de las termas también lo eran, el doctor comenta que, según Galeno, el aire caliente abre los poros y facilita que el cuerpo expulse de sí los hálitos y recrementos, 31 mientras que el agua fría consolida y fortalece la carne.
Por tanto, para De la Lima el sudor era la cosa más útil y provechosa para la conservación de la salud.
También critica a los que piensan que una exudación continuada podía «exolver», o sea, disolver, el calor natural de los cuerpos; si esto fuera así, responde, la canícula y las tierras calientes serían reprehensibles, y que si los baños «exolvieran» todo el calor natural del cuerpo, las calles estarían repletas de infinitos «exultos».
32 3.a crítica: que los temascales eran pequeños.
A esto responde el galeno mexicano que las estufas alemanas también lo eran y, además, así consumían menos leña en calentarlos.
4.a crítica: que la repentina mudanza de calor a frío altera con vehemencia.
De la Lima responde que si esto sucediera produciría dolor; luego si los bañistas no lo sentían sería porque la alteración no era considerable.
Para el doctor Ambrosio de la Lima, todas estas razones y las autoridades citadas acreditaban la utilidad de las termas y de los temascales, ya que ambas eran una misma cosa, a la vez que también probaban el gran daño y perjuicio que se seguiría de su prohibición, no sólo a los indios sino también a otra muchísima gente que los usaba.
La reglamentación de los temascales públicos
Ante los informes médicos que ponían de relieve la utilidad de los temascales, el conde de Galve decretó el 9 de noviembre de 1689 que se hiciese conforme proponía el real acuerdo en su parecer de 17 de octubre 31 Secreciones que, después de segregadas, son reabsorbidas por el organismo.
32 Cultismo aplicado en este caso a la calidad de una persona y que se podría traducir como individuo sin energía, aplanada por la falta de «calor natural».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.03 pasado, comisionando a los oidores Juan Bautista de Urquiola y Fernando de Haro Monterroso la asignación de los doce temascales públicos aceptados.
La información en torno a todo lo sucedido respecto a los baños de vapor de origen prehispánico fue enviada por el conde de Galve a Madrid.
33 Al fiscal del Consejo de Indias le pareció bien lo actuado, aunque dio una serie de prevenciones que, lamentablemente, desconocemos debido a que el soporte documental en que se hallan escritas está tan deteriorado que no permite su lectura.
Sean cuales fuesen, el Consejo aprobó lo decretado por el virrey el día 13 de diciembre de 1691.
Mientras tanto, en la ciudad de México tuvo lugar el señalamiento de los doce temascales públicos, que no fueron ninguno de los veintidós citados anteriormente.
35 «El cual por dejación suya y no haber querido continuar en su uso se subrogó en el que tiene y posee el contador Pedro Vidal de Fuentes, que está y cae en la calle que va del Reloj para la de Santa Catarina de Sena».
36 «En casas que llaman del placer, con el baño y lavadero de agua limpia que hay en otra casa».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.03 A los dueños de estos doce temascales les fueron notificadas las condiciones que debían guardar: no admitir en ellos concurso de gente; cada uno de ellos debía usarse conforme a la asignación de género asignada, pero mientras los hombres entrarían de uno en uno, las mujeres sí podrían hacerlo acompañadas; finalmente, se recalcaba que nunca entraran en un mismo baño hombres y mujeres «para excusar y obviar los graves inconvenientes y pecados que juntos, hombres y mujeres, cometían en ofensa de Dios nuestro señor».
37 El que contraviniese las normas sería castigado con la demolición de su temascal y doscientos azotes y diez años de obraje si fuera un indio, y diez años de destierro a Filipinas o cualquier otro presidio si era «de otra esfera», y penas iguales para todo aquel que abriese un temascal público sin tener licencia para ello.
Por último, se daba a los notificados un plazo de quince días para sacar el permiso para el uso de su respectivo temascal.
Para vigilar que se cumplieran las citadas normas, el conde de Galve nombró al alférez José Cumplido.
38 Ignoramos las medidas tomadas al efecto por éste, pero sí sabemos que unas dos décadas después las normas acerca de la separación de sexos en los baños no se seguían a rajatabla.
Tan es así que constituyó uno de los cargos que Francisco Garzarón hizo a los miembros de la Audiencia mexicana durante la visita que giró a dicha institución entre 1717 y 1721.
Al respecto, la cédula real despachada en Lerma a 13 de diciembre de 1721, especie de ordenanza realizada a partir de los cargos generales dictados por Garzarón contra los citados magistrados y que ordenaba corregir los abusos en la administración de justicia, disponía lo siguiente: los temascales públicos.
La propuesta de la sala del crimen de cerrarlos, basada en un informe médico ad hoc, fue desechada por el conde de la Monclova atendiendo a razones de orden público, pues a fines del siglo XVII la antigua costumbre indígena del baño estaba hondamente enraizada en hombres y mujeres de toda clase y condición.
Sin atender a estas circunstancias, en Madrid se aprobó su cierre, aunque el conde de Galve actuó más inteligentemente que su antecesor: con nuevos informes médicos esta vez a su favor, permitió los baños privados y autorizó media docena de públicos, mitad para mujeres y mitad para hombres, con la condición de licencia previa de apertura y salvaguardia de la moral en sus instalaciones.
Sobre la propiedad de los temascales públicos la documentación es parca, pero la consulta de los alcaldes del crimen de principios de 1687 nos proporciona un dato relevante aunque impreciso: pertenecían a conventos de monjas -uno tenía nada menos que tres-, frailes, clérigos, caballeros «y otras personas de su posición».
Estos propietarios, que se podían ver afectados por el cierre de sus negocios, los arrendaban a todo tipo de gente, como puede comprobarse en los cuadros que hemos elaborado.
En el primero aparecen como dueños seis indios, nueve indias, una mestiza, dos mulatas y un español, mientras que en el segundo aparecen cuatro indios, otras tantas indias, una mestiza, un mulato, una mulata, cinco españoles y otras tantas españolas.
¿Quiénes eran los propietarios de los doce únicos baños públicos autorizados y recogidos en el cuadro tercero?
La documentación cita sus nombres, entre ellos cinco personas que usan el «don», un presbítero, un capitán y un contador que subrogó el que dejó don José Martínez.
¿Eran todos ellos los verdaderos propietarios o actuaba alguno como testaferro de un tercero?
No tenemos respuesta a ello, pero cabe preguntarnos -aunque la documentación consultada no permita contestar tampoco a este interrogante-si la actitud del conde de la Monclova de no oponerse al cierre de los temascales propuesto por la sala del crimen y la posterior de su sucesor el conde de Galve de permitir los privados y autorizar una docena de públicos no obedeció a sendos intentos tanto de evitar el malestar social de las clases populares perjudicadas por el cierre como también de salvaguardar los intereses económicos de algunos de sus propietarios.
Finalmente, la denuncia por sodomía realizada a fines de 1686 o principios del año siguiente permitió a las autoridades, a través del proceso judicial abierto, conocer una serie de actuaciones inmorales que tenían como escenario los baños de la ciudad.
Ello no significa que esos «malos usos» no existieran con anterioridad a esa fecha y es probable que una revisión de la documentación de archivo proporcione nuevas evidencias al respecto, además de sobre el número de baños de vapor existentes y su funcionamiento en otros momentos de la época colonial.
Por lo que respecta al estudio que aquí presentamos, muestra un ejemplo de cómo la extirpación de unas actuaciones consideradas inmorales por las autoridades se topó con los intereses de los usuarios de los baños públicos y probablemente de sus propietarios, a los que se plegaron para evitar males mayores primero el conde de la Monclova y posteriormente su sucesor.
No sólo no pudieron ser cerrados en su totalidad sino que, pocos años después, de nuevo fueron denunciados los «malos usos» de los temascales públicos mexicanos. |
Los buscones de metal.
La llamada «alhaja de la corona» perdía su brillo inexorablemente y su futuro se presentaba incierto; ya no era lo que había sido cuando de sus minas se extraían grandes cantidades de azogue.
A la altura de 1780, las medidas borbónicas encaminadas al estímulo de la industria minera huancavelicana no habían tenido éxito.
La producción de mercurio no se había visto incrementada, tampoco se había reducido su elevado coste y la población estaba cada vez más empobrecida.
Para revertir esta situación, el visitador general Escobedo adoptó una serie de medidas, en el marco de una política económica más amplia, dirigidas a la reorganización, perfeccionamiento y progreso del sector minero del virreinato peruano.
Gracias a esas iniciativas, como demostró Fisher, la industria minera peruana en las últimas décadas del siglo XVIII experimentó un notable desarrollo.
Aunque, es cierto, no podemos decir lo mismo para Huancavelica, donde el florecimiento fue esporádico y escaso, fruto de un arbitrio que Escobedo había contemplado poco viable, la licencia general de pallaqueo.
En la minería huancavelicana del periodo colonial se desarrollaron tres sistemas de explotación.
El primero, de mayor duración, fue el sistema gremial o de asientos; el segundo, el de administración directa de la mina por la Real Hacienda y en tercer lugar, se estableció el sistema de pallaqueo, del que nos vamos a ocupar en estas líneas.
Éste ofrece un interesante ejemplo de cómo el indio accede a la extracción y fundición de azogue, quedando equiparado al español.
En consonancia con el afán utilitarista de la dinastía borbónica, el indio comenzó, paulatinamente, a abandonar su minoría de edad.
En esta línea se debe entender el acceso del indígena a la propiedad individual de la tierra y al registro y explotación de minas.
En verdad, diferentes leyes, desde antiguo, habían sancionado el derecho del indígena a registrar minas y trabajarlas.
No obstante, la teoría y la práctica no se mostraron acordes, pues aunque se le reconocía ese derecho sobre el papel, realmente no gozaba de él.
El permiso de pallaqueo, en el caso huancavelicano, volvía a otorgarle ese derecho.
El término pallaqueo ha tenido diferentes acepciones, según épocas y autores.
Whitaker, en su trabajo dedicado a la mina de mercurio, lo considera como un sistema de libre empresa, asociado a la población indígena.
1 Por su parte, Fisher, en su tradicional obra sobre las últimas cinco décadas de la minería colonial peruana, designa al pallaqueo «sistema de la libre minería del azogue».2 Similar es también la definición que Fuentes Bajo ofrece en su tesis sobre el proyectismo epigonal en la minería peruana, donde lo conceptúa como un permiso para la libre explotación de las minas por particulares.
3 Todas estas definiciones ponen de manifiesto que se trataba de un sistema de libre explotación del yacimiento minero que se estableció en Huancavelica.
Sin embargo, ninguno se detiene a fijar sus características y significado.
De ahí nuestro interés en desentrañar su verdadero sentido.
Con el nombre de pallaqueo se designaba a un tipo de trabajo, que era desempeñado, sobre todo, por particulares, consistente en la búsqueda de mineral principalmente a nivel superficial, con el objeto de separar de éste la porción rica de azogue de la que era inútil.
A los que se ocuparon de tal actividad se les llamó pallaqueadores o buscones.
La acción del pallaqueo, es decir pallaquear, está recogida actualmente en el Diccionario de la Real Academia Española, que la define como la tarea de entresacar la parte metálica de los minerales, también pallar o payar, españolización de la palabra quechua pállay: coger del suelo o cosechar.
En el Diccionario de términos mineros elaborado por Frédérique Langue y Carmen Salazar-Soler aparece pallani como precedente de pallaquear, con la acepción «coger del suelo, o del árbol o la cosecha, o mies, coxer a mano cualquier cosa», y pallapacuni la labor de «rebuscar las chacras, o lo que otros dexan».
En cuanto a la definición de pallaquear viene a ser coincidente con la anterior, es decir, escoger las piedras con mineral de las que no lo contenían, y los que realizaban tal actividad eran los palladores.
4 Actualmente, en las minas bolivianas, a quienes desempeñan esta labor se les denomina palliris (iri es el agentivo aymara), recolectores de mineral, y se trata de una actividad femenina.
Asimismo Antonio de Ulloa, en sus Noticias Americanas, empleaba los términos pallacos y pallaquear referidos principalmente a las minas de plata, si bien señalaba suceder lo mismo en las de azogue.
Los pallacos serían los pedazos de mineral «que manifiestan buenas pintas», encontrados en los montones de escombros de las minas abandonadas y la acción de escoger esos pallacos se designaba pallaquear.
5 Otra aproximación es la recogida por Saguier, autor que citando a Juan del Pino Manrique (en su «Descripción de la Villa de Potosí y de los partidos sujetos a su intendencia» de 1787), identifica a los buscas, buscones, pallaqueros -en el caso de Chile, pirqueros-, con indios y mestizos que con autorización de los dueños de minas «sacan los trabajos en la noche del sábado, entrando al anochecer de este día, hasta el domingo por la mañana, y el que reparten por mitad entre el dueño y el trabajador».
6 Además, resulta adecuada la diferenciación entre metal pallaco y metal de labor, a tenor de los desiguales costos de producción.
7 Como se observa, todas las definiciones hacen referencia a una misma tarea, la de buscar mineral separando la piedra, o la parte de ésta mineralizada, de la inservible.
En este sentido resulta muy acabada la descripción del virrey marqués de Osorno cuando observaba que el pallaqueo era «la facultad de recoger y fundir los particulares de su cuenta entre inmensos desmontes de esta antigua mina las piedras que en otros tiempos se desperdiciaban, y hoy se hacen útiles».
8 Otro rasgo definitorio es que se trataba de una labor realizada en la superficie.
En ello reparó Nordenflicht cuando diferenciaba a los trabajadores de acuerdo con la localización de la actividad: en el interior de la mina, los que se ocupaban del trabajo subterráneo (apiris, barreteros, torneadores...); en la parte exterior de la mina, los empleados en actividades superficiales, (pallaqueadores, molineros, lavadores...), y en tercer lugar, los operarios de las haciendas de beneficio y fundición (quemadores, fundidores, afinadores...).
9 Entendido el pallaqueo como la separación o segregación de los minerales inútiles una vez extraído de la mina, en este manejo se ocupaban unos operarios llamados escogedores.
10 En cualquier caso, no en todos los yacimientos mineros se desarrolló la labor del pallaqueo, o al menos, no en todos tuvo una significativa presencia.
11 En Huancavelica, Nordenflicht observó conveniente convertir esa actividad exterior en interior, con el consiguiente ahorro en los gastos de extracción y la ventaja de poder utilizar los escombros inútiles para terraplenar los parajes necesarios.
12 En la exposición del mineralogista sueco se desprende la idea de que el pallaqueo no era necesariamente una actividad desarrollada en la esfera individual, por particulares ajenos al resto del proceso productivo.
Precisamente en la especialización del trabajo indígena dentro de las empresas mineras potosinas, estudiada por Bakewell, se distingue en la fase extractiva de la plata la tarea de «escoger, entre el mineral descartado, piezas abandonadas de material que contiene metal», 13 que realizaban los pallires.
Incluso, admite el papel de la mujer en dicha labor, así como, en ocasiones, la multiplicidad de actividades de un mismo trabajador; resulta ilustrativo el caso de una mina donde los barreteros y apiris se empleaban durante el sábado como pallires.
Los planteamientos en torno al permiso de pallaqueo y su concesión
Desde antiguo hubo sujetos que rebuscaban el mineral en depósitos superficiales, al margen de la extracción realizada por los mineros del Gremio en la mina real.
Ciertamente nos consta que en el asiento celebrado en 1645, las tareas de los pallaqueadores fueron toleradas, pues se consideraron necesarias para el descubrimiento de nuevos yacimientos.
15 Ello, a pesar de ser considerados por los empresarios mineros como agentes contraproducentes para la mina y desfavorables a sus actividades mineras en el cerro.
Desde luego, dichas actividades ocasionaban una serie de desórdenes y perjuicios nada desdeñables: filtraciones de agua en las galerías subterráneas, como consecuencia de las oquedades superficiales realizadas en sus registros de mineral; deterioro de los soportes de la mina a causa de la utilización de pólvora o por las sustracciones ilícitas del rico mineral de los estribos; prácticas fraudulentas, ya que el mineral extraído del pallaqueo no era registrado ni controlado fiscalmente.
Con miras a poner fin a esos problemas, las actividades de pallaqueo fueron obstaculizadas en el plano legal desde tiempos del virrey duque de la Palata (1681-1689).
Denominados por este autor como buscones o cateadores.
EL SISTEMA DE PALLAQUEO EN HUANCAVELICA (1793-1820) nunca dejaron de practicarse, a la vista de la repetición de las disposiciones prohibitivas.
Tales prácticas volvieron a ser impedidas en la centuria del XVIII con motivo del asiento que celebró Jerónimo de Sola, debido a los robos y sustracciones clandestinas que implicaban.17 En los últimos tiempos del Gremio hubo cierta relajación y permisividad; no obstante, el asentista Nicolás de Sarabia, según señalaba Escobedo, «arrancó de raíz esta semilla, y dejó libre el Mineral de esta abusiva grangeria».
18 Para el visitador general, la figura del pallaqueador o buscón se identificaba con hombres perniciosos, que vivían del robo de metales y eran origen de numerosos desórdenes.
A pesar de estos inconvenientes, las dificultades de los vecinos huancavelicanos, agravadas por el fracaso de las medidas del antecesor de Escobedo, suscitaron un estado de opinión favorable al establecimiento del permiso general del pallaqueo.
Esa misma idea fue planteada en 1782 por Ordozgoyti a Escobedo19 cuando se encontraba al frente del gobierno de la Real Mina.
Jorge Escobedo no era de la misma opinión y dudaba de los beneficios que podría reportar la autorización a los particulares del libre trabajo denominado pallaqueo.
Como quiera que Ordozgoyti fue reemplazado por el ingeniero Pusterla, la licencia de pallaqueo fue postergada por el momento.
Queda claro, por tanto, que este sistema fue planteado años antes de su entrada en vigor en Huancavelica.
Es más, con anterioridad a Ordozgoyti, según Whitaker, el nuevo régimen de laboreo había sido propuesto por el virrey Manuel de Guirior (1776-1780) en una carta dirigida en 1776 a José de Gálvez.
La propuesta había sido abandonada entonces por cuanto planteaba las mismas condiciones para blancos e indios.
20 Los motivos de Escobedo para oponerse al pallaqueo eran otros distintos.
En su opinión, tal licencia general resultaría perjudicial para la mina por la pésima imagen que se tenía de los pallaqueadores.
Recordaba las quejas y recursos constantes de los mineros por la actividad de esos pallaqueadores.
Por otro lado, argumentaba que la fase de prueba de la administración real de la mina se vería en cierta medida alterada al incluir, junto a ella, la de los particulares, lo que produciría una notoria confusión.
El tercer motivo apuntaba a la dificultad para encontrar operarios dedicados a las labores en el interior de la mina, una vez concedido el permiso de pallaqueo, pues dicha actividad, aparte de ser menos ingrata y ardua, sería más lucrativa.
Por último, el mayor inconveniente lo veía en el extravío de azogue por causa de la alianza informal entre buscones, de un lado, y horneros y oyaricos, de otro.
Hasta ese momento, según Escobedo, los pallaqueadores habían rebuscado en los desmontes de los hornos porque era la tarea menos compleja; con la licencia generalizada, el número de pallaqueadores aumentaría considerablemente y ello, en opinión de Escobedo, supondría un mayor nivel de fraude a la hora de la fundición de metales.
Los horneros y oyaricos, coaligados con los buscones, tendrían resquicio, a cambio de cualquier gratificación, para dejar la hornada por debajo de su punto exacto de fundición, quedando los metales sobrantes del proceso con bastante azogue que sería aprovechado por los pallaqueadores.
21 Desde luego, no todos participaron de la opinión de Escobedo.
Como señalamos en líneas anteriores, Ordozgoyti había solicitado el libre trabajo del pallaqueo para el vecindario de Huancavelica con la expectativa de evitar el despoblamiento de la villa.
En respuesta a la negativa de Escobedo declaró, años después, que la mencionada desaprobación respondió a triviales pretextos, habiendo el visitador confundido el legítimo arbitrio que él requería «con las ladroneras, y otras maldades que abolió el Señor Sola».
22 Expresiones como ésta nos dejan entrever la disparidad de juicios referentes a los pallaqueadores, así como la ausencia de uniformidad en la concepción del pallaqueo.
Desde la perspectiva de unos, se presentaba como una solución propicia para la deseada recuperación de la producción de azogue de Huancavelica, y con ella la de la villa; precisamente Ordozgoyti escribía: «La expectativa de que se permitiese el pallaqueo, y la de lograr algún acomodo en la Negociación, hacía a muchos tolerable la Cortedad en que viven».
23 Por el contrario, otros lo juzgaron medio propicio para las sustracciones ilegales de mineral; tal era el parecer del intendente Márquez de la Plata (1784-1789) cuando señalaba que ese permiso destruiría el trabajo en la mina ya que «se haría irremediable el robo e inevitable su desolación».
24 Durante su gobierno predominó el dictamen dado por Escobedo en sus instrucciones y Márquez de la Plata lo apoyó.
En consecuencia, el pallaqueo no fue establecido.
Es más, consideró dañina la potencial resolución de un permiso general para trabajar minas de azogue formalmente, pues especulaba que con ella renacería el pallaqueo.
25 Como quiera que los resultados iniciales de su gestión en la Real Mina, fueron positivos gracias a los supuestos descubrimientos de metal,26 la práctica del pallaqueo quedó relegada a un segundo plano.
Sin embargo, las circunstancias más críticas heredadas por sus sucesores en el cargo, a raíz del derrumbe de la parte superior de la mina que tuvo lugar durante el gobierno de Márquez de la Plata, promovieron un cambio en el planteamiento del asunto.
Ya en 1788 desde la prisión, Marroquín, ex director de labores y fundiciones de la mina, respaldaba el pallaqueo de los indios como el régimen más conveniente para trabajar la mina, desechando tanto el asiento como la administración real.
27 Solicitaba, al mismo tiempo, encargarse él de la compra del azogue obtenido por esos indios pallaqueadores a 60 pesos, durante un año, con el objeto de demostrar la utilidad de ese arbitrio.
Sus antecedentes y su condición de prisionero motivaron que la propuesta no fuera oída.
El colapso de la mina, a raíz del derrumbe ocurrido en 1786, trajo consigo la disminución de los trabajos y el convencimiento de la población de que se aproximaba la ruina total.
Ante tal panorama, resulta plausible la búsqueda de determinadas estrategias de subsistencia por los habitantes de la villa.
Una de ellas fue el pallaqueo, como prueba el hecho de que se elevaran al soberano y al virrey diferentes solicitudes concernientes a la libre facultad para catear y obtener nuevos metales y polvillos.
En 1788, todavía durante el gobierno de Márquez de la Plata, se tramitaron dos de estas solicitudes referentes al permiso para beneficiar azogues en los contornos de la mina de Santa Bárbara en un caso, y en la propia mina en otro.
28 Finalmente fueron desatendidas ambas.
Posteriormente, a comienzos de 1790, Gojón de Gallón, un vecino de Huancavelica, escribía al rey demandando un permiso para trabajar los metales de mercurio del cerro y labores de la mina principal por parte del público en general.
29 De un año después data la solicitud del escribano Angulo Portocarrero, en nombre de todo el vecindario, dirigida al virrey.
En ella solicitaba la concesión de licencia para el trabajo general del pallaqueo de metales de azogue fuera de la Real Mina30 y ponía de manifiesto los beneficios que esa política proporcionaría tanto al real erario como a la población de esa villa.
En primer lugar estimaba, en términos muy optimistas, que semanalmente se acopiarían importantes cantidades de azogue en los almacenes, pagando la corona por ellos el importe de 100 pesos el quintal.
Este elevado precio de compra se vería compensado al no tener que sufragar de las arcas reales los gastos de «ratas y desmontes»,31 a más del beneficio derivado por el arrendamiento de 75 hornos que utilizarían los pallaqueadores, quienes lógicamente correrían con los costos de las refacciones de los mismos.
De no ser así, recalcaba, esos hornos permanecerían sin uso con el consiguiente deterioro, o con el gasto del sueldo de los jornaleros encargados de su mantenimiento.
En segundo lugar, señalaba las ventajosas repercusiones de esa licencia en las economías familiares dependientes en su mayoría del laboreo de la mina, y por tanto, afectadas con la disminución de sus trabajos.
Atendiendo a esto, de no concederse ese permiso general, la villa estaría abocada a una situación crítica: muchos de sus habitantes andarían «vagantes de Pueblo en Pueblo, para poder vivir, y tal vez valiéndose de la mendicidad»; 32 los indios peritos para el laboreo de la mina irían falleciendo o marchándose de la villa ante la falta de trabajo; las limosnas y contribuciones que recibían el Real Hospital de San Juan para la curación de los indios enfermos y el convento de San Francisco se harían más nimias o cesarían.
En fin, llegaría la decadencia total de la que fue fundada con el apelativo de Villa Rica de Oropesa.
De este modo, los huancavelicanos contemplaban con grandes expectativas el mencionado permiso.
Un aspecto llamativo de la propuesta de Angulo Portocarrero era que el pallaqueo comprendía a los distintos grupos de esa sociedad, desde los ancianos a los más jóvenes, otorgando igualmente cabida al trabajo femenino.
Justamente, su autor puntualizaba que la solicitud debía ir a nombre de todo el vecindario «de ambos sexos de esta Villa de Huancavelica», y deslindaba el cometido concreto de los diferentes sujetos sociales de esa villa en las actividades: el Anciano, sacando fuerzas de flaqueza con las luzes y experiencias que tiene adquiridas en esta Real Mina aunque no pueda tomar en la mano de Barreno, ni la Comba pero se presenciara a que lo hagan sus hijos, criados y sirvientes, y con anelo de lograr el fruto de su trabajo su principal desvelo será empeñarse mas y mas, en penetrar esos cenos de la Tierra.
El Joben con igual ardiente aplicación practicará las mismas diligencias, y a su exemplo tal vez hasta el sexo femenino quando no tome en la mano estas Herramientas, será un sobrestante, que con eficacia propenda, a que sus criados o gente que pague trabajen con exfuerzo. (...).
Por otra parte la viuda pobre, y la Doncella desvalida se aplicará a la labor de medias y otros texidos, que no tienen que envidiar en su finura a los de la seda y con la venta de ellos, costean su subsistencia y la de su familia.
33 Era, pues, una forma de estimular las alicaídas economías familiares de la villa estrechamente unidas, directa e indirectamente, al laboreo de la Real Mina.
Esta última actuaba como motor impulsivo de las diferentes esferas económicas huancavelicanas; de tal forma que, malográndose ella, el funcionamiento de lo demás se resentía hasta acabar en ruina.
Mas, no sólo la población de dicha villa se vería afectada.
Al igual que ocurrió en el caso de Potosí, Huancavelica, aunque en menor medida, había generado un área económico-territorial dependiente del centro minero y atraído importantes ramales del comercio interior de ese virreinato.
34 Su ubicación a más de 3.500 metros de altitud, en un entorno frío y árido, hizo necesario el abastecimiento de todo tipo de productos, tanto de primera necesidad (trigo, maíz, coca, etc.) como de otros utilizados en la minería (maderas, cal, hierro, acero, etc.).
Con la licencia de los buscones, se esperaba frenar el reflujo de los circuitos comerciales en torno a ese complejo minero.
35 En respuesta a los perjuicios observados por los contrarios al pallaqueo, principalmente los relativos al tráfico clandestino de mercurio, Portocarrero evidenciaba las novedades experimentadas en el laboreo de la mina y la calidad de sus metales.
En efecto, las labores de ésta habían sido clausuradas en su mayor parte, como consecuencia de lo acaecido en septiembre de 1786.
Del mismo modo, el mal laboreo que se había practicado en periodos precedentes había convertido el acceso al yacimiento en algo muy enmarañado, lo cual, unido al hecho de ser sus escasos metales de muy baja ley pues hacía tiempo que la veta principal se había perdido, disuadiría a los pallaqueadores de la sustracción ilícita de metales.
Con la llegada de Pedro Tagle (1789-1790), intendente comisionado para investigar la ruina de la mina sucedida con Márquez de la Plata, el proyecto de concesión de la licencia de pallaqueo a los particulares había comenzado a tomar cuerpo decisivamente,36 dejando a sus sucesores la resolución final.
No obstante, en el mando del siguiente intendente, Manuel Ruiz de Castilla (1790-1794) -en el cual radica la petición de Portocarrero-no faltó quien continuó percibiendo tal licencia como perniciosa para la administración real de la mina de Santa Bárbara.
Tal fue el caso, en un principio, del propio intendente y éste insistió bastante en señalar que a pesar de la disminución del trabajo en la mina a la mitad, la fundición en los 76 hornos útiles había continuado sin interrupción.
37 Adicionalmente subrayaba que la disminución de vecinos de la villa, con la extinción del Gremio y la administración real de la mina, había provocado que la población quedase reducida a los empleados de las oficinas de Real Hacienda, quienes, ante la ausencia de otros, desempeñarían la labor de los buscones.
En sus manos, consecuentemente, descansaría tanto la vigilancia y cuidado de los intereses del real erario, como el desarrollo de la actividad del pallaqueo, lo que haría dificultoso, según exponía el intendente, evitar los robos del metal extraído de mejor ley con el objeto de fundirlo por cuenta particular en los hornos adjudicados a los pallaqueadores.
No era el único aspecto vulnerable del sistema.
Las maquinaciones que podrían orquestarse entre los mayordomos costeados por la corona y los interesados en la ocupación de pallaco era otra de las causas de la vulnerabilidad señaladas por el intendente: fraudes en las hornadas tales como la manipulación de las cantidades de paja consumida en los hornos del rey, inflando las cifras para vender las cargas de ese material no utilizadas a los pallaqueadores a bajo precio; bajas supuestas de polvillos; desembolso por parte oficial en tareas de bolas que no habrían sido verificadas, etc.
Junto a los inconveniente que presentaba la continuidad de la fundición real, Ruiz de Castilla vaticinaba, al mismo tiempo, cómo la diferencia de precio del quintal de azogue en la compra a los pallaqueadores, a 100 pesos, en relación al precio de venta a los mineros, 73 pesos, acarrearía perjuicios de no menos consideración.
Es indudable que esa diferencia de cuantía ofrecía notables posibilidades al florecimiento de un comercio solapado e ilícito, en el cual el mismo azogue comprado al rey podía ser de nuevo vendido a éste a través de los pallaqueadores con un margen de ganancia en cada quintal de 27 pesos.
De todo ello, se desprendía que sólo para el caso de cesar la fundición de cuenta del rey, e igualando el precio del quintal de azogue en la compra y distribución, la corona no experimentaría graves quebrantos con la licencia del pallaqueo.
Ruiz de Castilla, sabiendo que el principal objeto de atención en su gobierno debía constituirlo la mina de Santa Bárbara, planteó otro arbitrio.
En primer lugar, atendiendo a los informes de los expertos relativos a la posibilidad de hallar metales de buena ley siempre y cuando la explotación de la mina real se ampliase a 100 puntas de barreneros, el intendente colegía que con 93.000 pesos se podrían costear durante un año esos barrenos en los parajes donde fuesen mayores las expectativas de reencontrar la veta principal.
Y por otro lado, en ese lapso de un año se podría franquear el permiso del pallaqueo a título de experimentación.
38 Se les pagaría el precio de 73 pesos el quintal.
Con ambas disposiciones, la Real Hacienda estaría en condiciones de comprobar si la decadencia de Huancavelica poseía un carácter irreversible, y asimismo, en términos de régimen de explotación, si el trabajo de los pallaqueadores lograba los resultados deseados y prometidos, tanto en la entrada de azogue en los almacenes reales, como en los descubrimientos pronosticados de nuevas vetas.
Sin olvidar tomar las precauciones necesarias con el fin de evitar los fraudes, quehacer en el que adjudicaba un papel a Federico Mothes y a los demás miembros de la expedición de mineralogistas extranjeros localizados por entonces en Huancavelica.
Sería precisamente a ellos, a falta de otro destino en la Real Mina, a los que se emplearía en el reconocimiento de los parajes donde emprenderían su labor los pallaqueadores y en velar por la regularidad del movimiento generado en esa operación.
Todos los arbitrios anteriormente mencionados quedaron de momento desestimados.
Sin embargo, por decreto de 26 de septiembre de 1792 se concedía a todos los vasallos la libertad para registrar y trabajar minas de azogue, a modo de lo establecido para el laboreo de vetas de plata y otros metales.
39 El nuevo sistema establecía tres condiciones: a) la posesión sería por 30 años según lo fijado en las ordenanzas de Toledo de 1574;40 b) las minas deberían encontrarse a diez leguas de distancia de la villa de Huancavelica y c) el compromiso de introducir semanalmente el azogue obtenido en las cajas reales más inmediatas.
El precio del quintal de azogue quedaba fijado a 73 pesos, y se prohibía expresamente la venta a particulares con la mira de soslayar el comercio ilícito que esa praxis podía generar.
Todo lo que quedaba fuera de las citadas condiciones no admitía autorización alguna.
Precisamente por ello, Francisco Farfán tuvo que suspender el laboreo del mineral de azogue de Huachocolpa, que se hallaba a 8 leguas de la Real Mina.
41 Quedaba cada vez más cerca la aprobación del pallaqueo extensivo.
¿Qué determinó, finalmente, su establecimiento?
Se pueden señalar varios motivos que nos explican este paso final.
Es indudable, como apunta Fisher, que a partir de las resultas de la visita de Nordenflicht al mineral (1793), incidiendo en la necesidad de una gran inversión para la modernización de la mina, se desatendieron los planes para restablecer la mina de Santa Bárbara, y se prestó más atención a las diligencias sobre trabajos fuera de ella.
42 Pero este argumento no fue el único.
Gracias a las actividades de exploración superficial, en esos años se comenzaron a descubrir numerosas vetas de mineral y polvillos en los cerros próximos a Huancavelica.
Ejemplo de ello las vetas descubiertas en el cerro denominado Vizcachas,43 una bocamina entre los cerros de Sinchilla y Cochimachay o las dos minas descubiertas por Manuel Sánchez Bravo en el cerro de Librillos.
44 Todo ello evidenció las posibilidades que podría ofrecer la licencia de pallaqueo en cuanto al descubrimiento de nue-vas vetas.
Asimismo, en 1793 fue descubierta y cedida al rey una nueva mina, la de Sillacasa, por Juan Bautista de Sotomayor.
45 La riqueza de ésta incitó a muchos a catear en sus inmediaciones con el objeto de localizar nuevos hallazgos de cuantioso y excelente mineral.
A ello se añadió, en junio de ese mismo año, el cese total de las actividades extractivas en el cerro de Santa Bárbara, paralizándose toda producción de azogue.
Este cúmulo de circunstancias allanó el camino para la introducción oficial del sistema de pallaqueo.
El sistema fue establecido en 1793 tan sólo en una parte del cerro, a modo experimental, y terminó ampliándose a todo él como respuesta a los excelentes resultados obtenidos.
No obstante, comprobamos que el virrey Gil mencionaba la fecha concreta de 26 de mayo de 1794 como momento de la aprobación por su parte de la disposición del intendente Ruiz de Castilla.
47 Al margen de las fechas, es cierto que con esto se inició un corto periodo de recuperación.
Mediante el pallaqueo se permitía tanto a españoles como a indios la libre labor de los yacimientos de azogue existentes en los cerros de la zona y la utilización de los hornos de fundición, asumiendo éstos sus propios gastos.
Todo ello a cambio de que el mercurio producido fuese vendido a la corona por 73 pesos, la cual lo suministraría luego a los mineros argentíferos por el mismo precio.
48 Por otro lado, la mina de Santa Bárbara continuó bajo administración de la Real Hacienda, pero su trabajo sólo consistió en tareas de conservación.
Una primera observación que podríamos hacer sobre este sistema reside en el tipo de trabajo que lo caracterizó, principalmente superficial e informal.
Se practicó de forma aleatoria y discontinua, con exiguos costos 45 AGI, Lima, 1335, informe del contador de azogues, José Antonio Becerra, Huancavelica, 7 de noviembre de 1803.
Sin embargo, Francisco Gil, en su Memoria de gobierno, menciona que la citada mina fue descubierta en el año de 1794.
Whitaker, en su trabajo sobre la mina de Huancavelica, también alude a esa última fecha para el descubrimiento de Sillacasa (p.
74) siguiendo la referencia del virrey.
Contreras y Díaz, 2007, 8, mencionan el precio de compra a los pallaqueadores a 85 pesos/quintal desde el inicio; como se verá, el precio de compra sufrió variaciones.
ISABEL MARÍA POVEA MORENO de producción.
De hecho, uno de los problemas a que se enfrentaron los pallaqueadores fue la falta de capitales que los imposibilitaba para operaciones de mayor escala que la meramente superficial.
Tal vez por ello se mantuvieron lejos de inmiscuirse en una lógica empresarial articulada en torno a prácticas económicas cotidianas en busca de mayor rentabilidad.
Dados sus escasos recursos, seguir una veta y acometer una extracción de mayor profundidad presentaba muchas dificultades.
En ocasiones, se ayudaban, para abrir catas, de herramientas prestadas por los mineros formales.
Se entiende entonces, claramente, que esta actividad minera se activó como un mecanismo de subsistencia para afrontar las adversidades de ese periodo por parte de la población huancavelicana, más que como un medio de incrementar la producción de azogue.
La falta de capitales de los pallaqueadores determinó la naturaleza de sus actividades.
A juzgar por los resultados, el trabajo se concentró en los depósitos superficiales de metales y polvillos.
Desde el principio se abandonó la idea de hacer perforaciones para seguir la veta.
También el factor monetario actuó como condicionante en la fase de beneficio, pues sin más recursos que los de su trabajo personal no era posible costear la fundición del mineral extraído y así lo reconocía Ruiz de Castilla.
49 Su sucesor mostró mayor preocupación sobre este aspecto del pallaqueo.
Al poco de su llegada, Juan María de Gálvez (1794-1805) propuso la búsqueda de un trabajo más riguroso.
50 Señaló la falta de recursos por parte de ese vecindario como el principal obstáculo a la hora de acometer un trabajo de extracción y fundición más racional.
De esta manera se preguntaba: ¿cómo podrá un vecino español, mestizo o indio sin ningunos fondos más que su trabajo personal (de cuya clase son todos estos mineros) seguir una veta o formal trabajo en su solicitud, si no tienen facultades para ello?.
51 En esos términos, el pallaqueo se concebía como un método encaminado únicamente al aprovechamiento de los criaderos superficiales.
La falta de recursos y del instrumental preciso hizo que necesariamente los indios tuviesen que utilizar herramientas prestadas; esto dio pie a que los palla-queadores fueran acusados de robar a los mineros españoles.
52 Por otro lado, para poder fundir los metales extraídos, tuvieron que arrendar hornos a sus propietarios, que de tal forma obtenían beneficios de unos hornos que no utilizaban.
53 Con estas prácticas, no fue extraño que se formasen compañías entre un español y un indígena.
La escasez de peculio, unida a la desidia que se le adjudicaba al indio, eran razones que explicaban, según los mineros de origen hispano, que la profesión de minero le era incompatible.
54 Si bien existía una clara diferencia entre estos «mineros» pallaqueadores indígenas y los mineros blancos, la falta de capital también se hizo notar en estos últimos, tal como se desprende de un manuscrito que hallamos en la serie de minería de la Biblioteca Nacional del Perú, donde los mineros se quejaban del «ningún fondo que tiene el cuerpo de este mineraje».
55 En cuanto al grado de complejidad y peligrosidad, el pallaqueo o pallaco era una de las actividades consideradas más livianas, ya que, al bajo costo de extracción, se unía su comodidad frente a los trabajos subterráneos.
56 El propio Nordenflicht hablaba de la reubicación de los indios imposibilitados para trabajos de gran esfuerzo físico en actividades superficiales, como eran la molienda, el empleo de cedazos o el pallaqueo.
57 Otros autores también lo identificaron con tareas leves que podían ser llevadas a cabo por personas más débiles físicamente, ya por su juventud, 58 por sufrir alguna mutilación, u otra incapacidad.
Incluso hubo resquicio para el trabajo femenino, lógicamente indígena.
59 Esto, junto a las pocas habilidades prácticas necesarias y a las exiguas inversiones monetarias precisas, permitió que muchos individuos se dedicasen al pallaqueo.
De esta forma, la población indígena pudo intervenir en el proceso productivo minero desde un plano diferente.
Los indios dejaban de ser simplemente mano de obra -coaccionada o libre-al servicio del minero para convertirse en patronos de sí mismos.
De hecho existió una clara identificación del pallaqueo como propio de la población india, hasta el punto de dar origen a discursos contrapuestos sobre el indio y sus capacidades.
Otra cuestión importante es la que se refiere a los posibles efectos perjudiciales del pallaqueo en la mina de Santa Bárbara, principalmente desde que se permitió el trabajo en las inmediaciones de dicha mina, adjudicando la mina Trinidad a los particulares.
60 El testimonio del ingeniero Pedro Subiela, designado para realizar un plano interior y exterior de la mina real, así como del terreno en el que se permitió el trabajo a los pallaqueadores es bastante revelador.
61 Éste denominaba a la superficie de la mina y sus costados como «casa de avispas» a causa de las numerosas oquedades producidas por el nuevo laboreo,62 las cuales provocaban muchas filtraciones de agua.
El ingeniero denunciaba dos excesos en esos trabajos: en primer lugar, abrir amplios zanjones a tajo abierto de forma arbitraria sin tomar ningunas medidas de precaución ante posibles derrumbes.
Y en segundo lugar, gravar al erario real con los expendios derivados de rellenar tales oquedades, puesto que en esa labor se empleaba el trabajo de los indios mitayos.
Sobre estas cuestiones Subiela mantuvo una dura polémica con el intendente Gálvez,63 quien, pese a su inicial reticencia, terminó apostando por el trabajo general de los particulares, no sólo de los pallaqueadores indígenas, sino también, y sobre todo, de los mineros de origen hispano.
Pues Gálvez reconoció cierta recuperación en la extracción de azogue desde el establecimiento del pallaqueo64 por lo que, pese a las deficiencias que contemplaba en él, no rechazó auxiliarlo.
Gálvez había permitido la libre empresa de azogue en zonas muy próximas a la mina real favoreciendo a minorías de mineros blancos.
El desordenado laboreo de éstos en sus minas, al amparo del permiso de pallaqueo, fue criticado por Subiela que escribía a principios del siglo XIX:
Cada uno si es faccionario del señor intendente trabaja como quiere sin guardar la ordenanza arruinando sitios, excavando sin orden, y haciendo de todo Huancavelica el más escandaloso y nunca visto trabajo.
65 Resulta de interés constatar la existencia del trabajo paralelo de mineros españoles -ya fuesen criollos o peninsulares-y de pallaqueadores, principalmente indígenas.
Los primeros eran mineros formales y, en mayor o menor grado, requerían de operarios en el laboreo de sus minas.
Con la práctica del pallaqueo a gran escala, se enturbió la clásica división entre mineros blancos y operarios indígenas.
Ninguno dejará de ocupar su antigua esfera laboral, la novedad se halló en la doble posición, y función, adquirida por algunos indígenas: operarios de minas al servicio de los mineros blancos, y a un mismo tiempo, mineros pallaqueadores.
En ambas posiciones no abandonaban el trabajo manual, si bien en la última adquirían, además, un papel de administradores de su propio trabajo.
Esta circunstancia nunca fue vista con buenos ojos por los mineros blancos.
Temían que el nuevo sistema afectara al abastecimiento de mano de obra.
En el caso de Potosí, por el contrario, la minería informal, el kajcheo, era concebida como un medio de atracción de trabajadores.
66 De hecho, la actividad de los kajchas, los fines de semana en las minas de los empresarios españoles, suponía un complemento a sus salarios como operarios durante la semana.
En cambio, en Huancavelica, el sistema de pallaqueo permitió a los indígenas trabajar sus propias minas o depósitos superficiales y las ganancias obtenidas por ese medio, podían alejarlos de su actividad como operarios.
El otro motivo de desconfianza venía motivado por los hurtos de metal.
Los mineros se quejaban de que el mineral extraído no pertenecía a nuevos descubrimientos, sino que procedía de sustracciones realizadas en sus minas.
Así se desprendía de un informe de la diputación de mineros, donde planteaban que:
El Yndio, al pretexto de una cata superficial de tierras o polvillos de cortísima ley, se entrega al ocio que es una de las pasiones que lo domina y al cabo de algunos días ayudado de toda su parentela hace una o dos hornadas cuyas lavas son más que regulares como producto de los metales mas floridos que substrajeron al Minero.
Mientras le dura su importe, la embriaguez, y otros excesos a que es inclinado por naturaleza 65 AGI, Lima, 1334, Subiela al virrey marqués de Avilés, Huancavelica, 18 de febrero de 1803.
Los mayordomos, gente por lo regular viciada, y de cortas obligaciones unidos con los trabajadores coadyuvan con ellos a la destrucción del Dueño.
67 Resulta obvio que tales argumentos respondían a las aspiraciones de los mineros por revivir el extinto Gremio68 y, de paso, poner fin al permiso general del pallaqueo.
Así, cobran sentido las reiteradas descalificaciones hacia los pallaqueadores y a la actividad que «en la actualidad está abandonada a las manos muertas y destructoras del Yndio».
69 Además, es posible pensar que la presencia de esos indios «autorizados para ser mineros» fuese entendida como un quebranto de la estructura social organizada bajo estrictos criterios raciales.
Por otra parte, esa situación nos permite, igualmente, contemplar otro hecho de suma importancia, nos referimos a la conflictividad aparecida entre los diferentes actores de la explotación minera huancavelicana en esos momentos.
Ésta aparecía por la falta de una reglamentación específica, que pudiera dar respuesta a las contrariedades y disyuntivas emanadas de la nueva situación.
Pronto quedó demostrado que no sólo se precisaba de la autorización que legitimaba y extendía la práctica del pallaqueo, sino que también era necesaria una legislación específica.
De este modo, Subiela llamaba la atención sobre una serie de puntos que, en principio, debían reconsiderarse en un intento de sortear, exitosamente, los desórdenes, abusos y conflictos, comúnmente presentes.
En uno de esos aspectos consideraba los habituales litigios entre los propios pallaqueadores -hemos de suponer que también entre éstos y los mineros españoles-, desatados por la falta de método con que hasta aquí han sido amparados en sus respectivas pertenencias, y respecto de que desde la extinción del antiguo gremio, no ha tenido la negociación de azogues estatutos o reglas peculiares, por las que se gobiernen sus operaciones, se conserven sus propiedades y decidan sus controversias.
70 Los primeros roces surgieron por desavenencias a la hora de atribuirse los descubrimientos.
Así ocurrió en el caso de unas vetas descubiertas en el cerro o paraje de Chuchau Cruz, en las inmediaciones del cerro de Chacllatacana.
Varios individuos reclamaron la autoría de los hallazgos, enfrentándose indios pallaqueadores y mineros españoles.
Asencio Corrales, vecino del Cerro de Santa Bárbara y jornalero en los hornos de Manuel de los Santos, junto a Antonio Arroyo, informaron del descubrimiento de una nueva veta de azogue, lo cual señalaba «nos ha costado muchas fatigas».
71 Solicitaban la adjudicación de dicha veta como primeros descubridores para, de esa forma, estar amparados frente a posibles usurpadores.
Por su parte, el minero Manuel de los Santos pretendía formar compañía con los dos anteriores, argumentando que las herramientas empleadas en el descubrimiento eran suyas.
Aquellos se quejaron de que «no queriendo nosotros acceder, nos ha maltratado».
Este caso revela los inconvenientes derivados de la falta de capital y del instrumental necesario.
Las referencias nos indican que se formaron comisiones para el reconocimiento y averiguación de la autoría de algunos de esos descubrimientos.
Tal ocurrió en la disputa protagonizada por Asencio Corrales y Manuel de los Santos: se puso en marcha una indagación con objeto de determinar a quién correspondía la explotación de esas vetas.
El director de la Real Mina, tras el pertinente reconocimiento, aseguraba que ésta había sido abierta por Corrales, y atendiendo a lo expuesto por diferentes testigos, concluía «ser único descubridor dicho Corrales».
72 En cambio, Pedro Subiela alabó el trabajo de Manuel de los Santos:
por el incesante trabajo que ha tenido desde el principio del pallaqueo, en que ha invertido la mayor parte de sus bienes, como porque observé al tiempo de esta diligencia que, sin embargo de haberse aclarado que Asensio Corrales a más de ser operario suyo, había hecho el descubrimiento con su herramienta y se avino inmediatamente a cuanto se dispuso por el teniente asesor y por mí, manifestando su desinterés y pronta obediencia.
73 Cuando el asunto parecía estar concluido, apareció en escena el indio Melchor Quispe.
Éste declaró haber trabajado, en un primer momento, en 71 BNP, Mss.
C3662, expediente formado sobre el nuevo descubrimiento de metales de azogue en el paraje nombrado Chuchau-Cruz, próximo a la real mina de Santa Bárbara, febrero de 1798.
72 Ibidem, informe del director de la Real Mina al intendente, Real Cerro de Santa Bárbara, 21 de febrero de 1798.
Sintiéndose marginado, recurrió al intendente, porque «don Manuel de los Santos, como ha hecho compañía con el dicho Asencio, me quiere quitar mi acción y derecho».
74 En definitiva, este ejemplo, puede servir para percatarnos de la maraña de disputas, por el derecho sobre nuevas vetas o yacimientos, que concurrió en esta modalidad de libre empresa.
La proximidad de las catas trabajadas o el supuesto abandono de las mismas motivaron asimismo bastantes litigios.
75 Pero no fue el único motivo de enfrentamiento.
El incidente protagonizado por Agustín Retamoso y Antonio Palomino, a raíz de una compañía formada por ambos para la fundición de metales, brinda una nueva casuística.
La discordia surgió por la posesión y propiedad de horno, construido por el primero junto a los depósitos de mercurio descubiertos por el segundo.
En el momento que Retamoso pretendió usar libremente el horno, como propietario del mismo, Palomino intentó hacer valer sus derechos sobre dicho horno.
El intendente zanjó el problema dando la razón al primero.
76 Conflictos, como vemos, en los que se ponía en tela de juicio la libertad en el descubrimiento y el trabajo de las vetas de azogue y que tuvieron como protagonistas también a los mismos mineros españoles.
La documentación es rica en pleitos de este tipo.
Así, en 1810 Facundo Pardo interponía, ante la intendencia, un recurso contra otros individuos de la villa por haber aparecido en su mina con intención de matarle.
77 En su opinión el acto respondía a su negación a trabajar la mina con esas personas, que resentidas querían intimidarlo.
También se iniciaron pleitos por robos, así como por apropiaciones de minas abandonadas, o dejadas de trabajar durante algún tiempo por sus propietarios.
Así ocurrió en el cerro de Chaclatacana con una mina trabajada formalmente por Bartolomé Dávila, en compañía con Francisco Calderón.
Ausentados éstos para atender otros menesteres, aprovechó la ocasión Juan Huamán, indio pallaqueador, para trabajar en ella, en la creencia de que la mina había sido abandonada.
No prosperó su demanda, ya que los verdaderos dueños no habían abandonado la mina más de cuatro meses, límite establecido por las ordenanzas.
78 No obstante, Juan Manuel Núñez, protector de naturales de esa provincia interpuso recurso a favor de Huamán, alegando que la mina no había sido trabajada durante años.
79 Desconocemos la conclusión del asunto, aunque más adelante volvemos a encontrar a Huamán elevando peticiones al intendente en relación a ciertos derechos sobre el mineral extraído.
80 ¿Cuál fue el perfil social y económico de los pallaqueadores?
De la documentación manejada se infiere una estrecha relación entre éstos y la población indígena; no significa ello que no tuviesen cabida otros grupos raciales.
Sin embargo, la mayor parte de los que se dedicaban al pallaqueo eran indios.
Buena parte de los adjetivos y particularidades que definían al sistema de explotación basado en el pallaqueo -informalidad, carencia de numerario, pluralidad de personas interventoras, exigua instrucción técnica, etc.-venían dados por la precaria situación de los individuos que engrosaban las filas del grupo de los buscones.
Durante todo el periodo colonial la subordinación de los indígenas respecto a la población blanca fue una constante que dificultó la adopción de estrategias laborales alternativas a las tradicionales prácticas de la organización del trabajo.
Por ello, fueron muchos los impedimentos para que el indio se desenvolviera en la libre empresa en el caso de Huancavelica.
Si bien no era novedosa para éste la actividad del pallaqueo, su aplicación extensiva, planteada como principal estrategia de supervivencia que, además, lo equiparaba al minero blanco, en tanto quedaba prescrita su libertad para extraer y fundir azogue, sí lo situaba en una esfera inédita para él.
En efecto, esa libertad lo equiparaba al español, pero lo cierto es que la igualdad fue más supuesta que real dadas las características o condiciones socioeconómicas del indio.
Aspecto que le hizo depender del español y dio margen, en esa nueva situación, a que los abusos y vejaciones a los que eran sometidos se siguieran reproduciendo.
Los pallaqueadores, a raíz de esa equiparación, se vieron afectados por una serie de pautas arbitrarias.
Por ejemplo, ellos no poseían hornos en propiedad, pues no tenían capital para su construcción y debían fundir sus metales en los hornos de los españoles, 78 Ibidem, Siglo XIX, 16, informe de Manuel de Helguero, director de la Real Mina, al intendente, Huancavelica, 21 de agosto de 1810.
79 Ibidem, recurso de Juan Manuel Núñez al intendente (sin fecha).
80 Ibidem, Siglo XIX, 3, recurso de Juan Huamán a Lázaro de Ribera, Huancavelica, 9 de diciembre de 1811.
81 Resulta sumamente difícil cuantificar el número de trabajadores dedicados al pallaqueo en los once cerros que circundaban la villa.
82 Como advertía el contador Nicolás del Castillo y Negrete, en relación al número de personas ocupadas en esa actividad, «no puede fijarse a punto de evidencia, por cuanto indistintamente trabaja todo el que quiere, dejando de hacerlo a su arbitrio».
83 Un cálculo aproximado, realizado por ese contador en razón de las entradas semanales de azogue en los almacenes de la corona -las cuales tenían lugar las mañanas de los miércoles y sábados-nos da un promedio de 130 personas.
Entre ellos, se podrían contabilizar algunos mitayos, de los pocos que para esas fechas llegaban a Huancavelica, quiénes ante la falta de actividad en la mina de Santa Bárbara buscaron, con el consentimiento, e incluso, imposición de los intendentes, otros medios de obtención de jornales.
De ello tenemos constancia para los últimos años del siglo XVIII, 84 pero es muy probable que también fuera así en los primeros de la siguiente centuria.
Es indudable que la concesión del permiso de pallaqueo fue acogida con gran satisfacción por el vecindario de Huancavelica.
Cuando se difundieron por la villa rumores sobre la intención del virrey de suspender la extracción de azogue por cuenta de los particulares, el intendente Gálvez no dudó en escribir al gobierno peninsular, señalando los estragos que tal disposición causaría tanto en la minería huancavelicana como en el peculio real.
Desde luego, la vuelta al sistema de administración real de la mina no tendría buena acogida en la villa, precisamente recalcaba Gálvez como la referida información «ha desmayado este común, y es preciso resulte la menos destilación de dicho ingrediente; que cesen en la fábrica de cinqüenta hornos que a su costa están haciendo; y que enteramente se pierda la negosiacion».
85 Gálvez, probablemente, al igual que el virrey Francisco Gil, vislumbró esa relativa recuperación de finales de siglo como la tan deseada res- tauración de la mina, que anteriores virreyes, intendentes o gobernadores habían perseguido en vano.
86 Además, este sistema de extracción de azogues, al correr a cargo de particulares, y por tanto, no requerir los desembolsos habituales por parte de la Real Hacienda, tenía el aliciente del ahorro de importantes sumas de dinero para las mermadas arcas reales; una cuestión, ésta, de gran importancia, como reconocieron el cuerpo de mineros y las autoridades huancavelicanas en sus informes y representaciones.
87 Los rumores sobre el cese del trabajo de particulares, no llegaron a materializarse; el sucesor del virrey Gil, el marqués de Osorno, lo mantuvo y apoyó, si bien exteriorizó algunas nuevas condiciones, como era la de reversión a la corona siempre que fuese conveniente.
88 ¿A cuánto ascendió el azogue producido en Huancavelica durante el tiempo de vigencia del pallaqueo?
En el siguiente gráfico se recoge el detalle anual y su evolución.
Los datos sólo comprenden hasta 1813, pues con la abolición del estanco del azogue se dejó de registrar las cantidades producidas.
Tras los positivos resultados iniciales a raíz del pallaqueo, en 1799 el virrey de Perú hacía constar la necesidad de la llegada de azogue de Almadén o Alemania, ante la baja producción de los pallaqueadores, los cuales entre 1797 y 1798 sólo habían presentado 7.350 quintales.
89 Sin embargo, la situación de guerra dificultaba los envíos de azogue desde la Península; lo que a su vez, sobrellevaba la dependencia de Potosí respecto del azogue peruano.
Ante esas circunstancias, y en su empeño por dar respuesta a los mineros azogueros, el virrey se planteó la adopción de medidas para el fomento del pallaqueo, primordialmente, un incremento en el precio del azogue comprado a los pallaqueadores.
91 Un aumento que no fue acompañado de una tendencia similar en la producción de ese ingrediente; pero que respondió a las difíciles circunstancias en el ámbito internacional.
Con la llegada de la paz (Tratado de Amiens, 1802), que reabrió el tráfico comercial, comenzaron a oírse voces, entre los mineros de plata, que abogaban por la bajada en el precio del azogue; fue el caso de los mineros del asiento de Pasco.
92 Sin duda la posibilidad de una rebaja no fue bien recibida en Huancavelica y los mineros de azogue reconocían que, si se consumaba, sería funesta para el mineral.
93 Aseguraban, también, que la situación de guerra vivida había puesto en evidencia que sólo Huancavelica con el azogue producido había sostenido, aunque con escasez, el Perú.
Cierto o no ese aspecto, el conflicto había terminado, y las reglas cambiado, de ahí que los ministros decidieron en 1803 fijar el precio del azogue en 73 pesos por quintal.
Pero los recursos y suplicas se sucedieron desde Huancavelica, logrando mantener para el azogue huancavelicano el precio de 85 pesos.
94 Las críticas circunstancias que atravesó Huancavelica propiciaron la permisión del trabajo general; pero, dadas sus características y su desarrollo, es difícil entender su implantación como una medida de restablecimiento del centro minero.
De hecho, la preocupación de las autoridades peninsulares se había centrado en el incremento de la producción de Almadén, mediante la introducción de una serie de avances significativos.
95 El azogue peninsular era más barato que el huancavelicano -cada vez más escaso-, y todo jugaba a favor de la tesis del abandono de las minas de Huancavelica.
No obstante, no debemos olvidar que, en esas últimas décadas del periodo colonial, un tanto convulsas, las remesas de azogue de Almadén no llegaron de forma regular.
Las interrupciones en esos envíos fueron las que ocasionaron que las miradas se posaran, una vez más, en Huancavelica, contribuyendo, al mismo tiempo, a relegar la idea de su total abandono.
Por tanto, la engorrosa coyuntura internacional también favoreció la aquiescencia de las autoridades al pallaqueo.
94 Ibidem, recursos de Francisco Flores a nombre del cuerpo de mineros de azogue de la villa de Huancavelica, sin fecha.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.04 El sistema de pallaqueo subsistió sin resolver sus múltiples debilidades: escasez de capitales, irregularidad en sus trabajos, conflictos entre los protagonistas, prácticas de usurpación, cuestionables resultados, etc. Consciente de todos estos aspectos, el intendente Lázaro de Ribera (1810-1812), tras haberse asesorado, elaboró un reglamento para la dirección y buen orden del mineral de Huancavelica.
97 El principal propósito del mismo fue reglamentar el establecimiento de una compañía de mineros, a la que se le haría entrega de la mina real con legua y media de extensión en su circunferencia, además de todas las herramientas, materiales, mitas, etc. asociados a ella.
Y en todos los parajes no señalados para la compañía podrían trabajar con plena libertad los indios y los españoles.
Sin embargo, su aplicación debió ser paralizada, tanto con la llegada nuevamente de Vives, como con el clima de agitación social previo a la independencia.
Incluso durante el mando del intendente Ribera se anunciaban cambios en las circunstancias que rodeaban la explotación de mercurio en Huancavelica.
Con las reales órdenes de 26 de enero y de 8 de febrero de 1811, se dispuso el traspaso de las minas de mercurio trabajadas por los particulares, siempre que fuesen ventajosas al fisco; a más de ordenar el libre comercio del azogue.
98 En los últimos momentos del periodo colonial, en medio de los conflictos independentistas, algunos particulares continuaron por su cuenta con la extracción de azogues.
99 Por entonces, la desaparición del estanco del mercurio, su bajo precio de venta y la convulsa situación, no hacían rentable las actividades formales de los mineros españoles, por lo que terminaron abandonando sus labores.
100 Mientras los pallaqueadores indígenas continuaron las suyas, gracias a sus bajos costos derivados de las actividades informales.
Además, las cortas ganancias sólo compensaban el trabajo personal de los pallaqueadores, no las inversiones de los mineros formales.
101 Algunos viajaban hasta Castrovirreina o Lircay, entre otros lugares, a vender las pocas libras de azogue obtenidas al ínfimo precio de dos o tres 97 AGI, Lima, 1342, reglamento para la dirección y buen orden del mineral de Huancavelica, 1 de octubre de 1811.
Siglo XIX, 3, registro de descubrimientos de metales en el cerro de Paloma-Orco, Huancavelica, septiembre-octubre de 1819.
100 Ibidem, Siglo XIX, 16, petición de Úrsula Montero al intendente Montenegro, sin fecha.
Informe de Subiela al intendente Montenegro, Huancavelica, 29 de agosto de 1820.
101 Igual ocurrió durante el resto del siglo XIX.
102 Mientras, los que no podían viajar tenían que buscar por las calles de Huancavelica a alguien interesado en comprarles el azogue mediante trueque por pan, maíz o coca.
Así ocuparon el espacio dejado por los españoles, y en el periodo post independentista fueron los protagonistas de la producción de azogue huancavelicana.103
A modo de conclusiones
Tras el cese total del laboreo en la mina de Santa Bárbara, en 1793, las actividades mineras en Huancavelica continuaron gracias a la licencia general de pallaqueo.
Con ésta, la producción local de azogue se mantuvo activa y las pérdidas de la Real Hacienda disminuyeron al no tener que hacer frente a todos los gastos asociados a ese yacimiento.
Sin embargo, esto no significa que se concibiese como una medida de restablecimiento y desarrollo del centro minero; pues para ello, desde luego, habrían sido necesarias elementales iniciativas de inversión.
La minería informal, característica del sistema de pallaqueo, no contó con los capitales precisos para ello.
En sus primeros años, el nuevo sistema de explotación logró un incremento productivo.
Pero tras ese breve intervalo, la cantidad de azogue ingresada en los almacenes reales descendió y se situó, con algunos repuntes, por debajo de los 3.000 quintales anuales.
Esa cifra, evidentemente, no dio entera respuesta a las necesidades de la minería argentífera peruana.
En el nuevo sistema existieron, junto a los pallaqueadores, mineros formales, de origen hispano.
No obstante, la libre empresa se basó principalmente en la actividad del pallaqueo y la mayoría de sus protagonistas fueron indígenas.
Se trataba de numerosos mineros informales, de escasos recursos y exiguos conocimientos técnicos que, por consiguiente, desarrollaron una labor superficial, auxiliados de su propia fuerza de trabajo.
Algunas de las características de los pallaqueadores, junto a su coexistencia con mineros formales y a la falta de un marco legal concreto y adaptado a la nueva situación, explican los conflictos y desórdenes que surgieron en esos momentos.
Los mineros hispanos no vieron con buenos ojos |
El clero rural, sus formas de intervención social y su politización (las Diócesis de Buenos Aires y Córdoba en la primera mitad del siglo XIX)/
Valentina Ayrolo y María Elena Barral
(CONICET-CEHis-UNMDP), Argentina y (CONICET-UNLu), Argentina
El artículo busca mostrar los cambios en los modos de intervención del clero en el contexto del proceso de politización abierto en la región en la primera mitad del siglo XIX.
Para su estudio se consideran algunas vías clave: las características de la gestión de las instituciones eclesiásticas locales y el papel de mediación del clero en un escenario de recomposición de vínculos entre los poderes civiles y eclesiásticos y de construcción de los Estados provinciales.
Nos interesa especialmente observar los cambios y continuidades, así como las similitudes y especificidades, en estos modos de intervención social del clero rural de las diócesis de Buenos Aires y Córdoba, destacando las transformaciones en la reelaboración de su papel de intermediación como propagandistas de las diversas experiencias políticas.
PALABRAS CLAVE: Clero rural; Córdoba; Buenos Aires; Mediación: primera mitad del siglo XIX.
La imbricación entre religión, sociedad y política durante la colonia ha sido ampliamente señalada por la historiografía americanista.
1 En Hispanoamérica el reformismo borbónico fue identificado como el quiebre de estas interrelaciones tan estrechas que configuraban límites muy imprecisos, inestables y permeables entre religión y política y ha sido señalado como el inicio de la etapa de la «secularización».
El ritmo, los niveles y la forma de este proceso son aún tema de discusión.
Las historias nacionales han destacado una serie de medidas gubernamentales orientadas a reordenar la vida eclesiástica como la continuación de ese proceso abierto en el siglo XVIII.
Ellas han entendido las reformas liberales de la primera mitad del siglo XIX, emprendidas por los nuevos estados en formación, como una continuidad «natural» de aquellas medidas borbónicas.
No obstante, el impacto efectivo de estas reformas y los modos en que se vieron plasmados los cambios en realidades tan diversas, han sido menos estudiados, aunque parece innegable que recetas y resultados modélicos se apartan bastante de lo sucedido.
Por eso vale la pena preguntarse, ¿hasta cuándo la religión y sus agentes definirán la «economía de las relaciones sociales»?, 2 ¿podemos pensar que existe un momento en el cuál lo político se torna autónomo respeto de la religión? ¿cómo se reposicionaron mutuamente el clero y los fieles?
Las cuestiones antes señaladas hacen del estudio del clero y sus mediaciones en los procesos de articulación social un tema de interés y nos obliga a prestar atención, no sólo a sus múltiples características, sino también a los cambios operados en este papel.
Es importante, por ello, analizar tanto las transformaciones que se operaron en los perfiles clericales y en sus modos de intervención social, como los efectos que estas innovaciones produjeron en las prácticas religiosas de las feligresías a quienes se encontraban dirigidos los esfuerzos de confesionalización.
El propósito del trabajo es mostrar los cambios en estos modos de intervención como producto del proceso de politización abierto en la región desde los primeros años del siglo XIX teniendo en cuenta la relación entre la política y la religión, así como también las posiciones que fieles y clérigos ocuparon en esa relación.
En este sentido se consideran algunas vías claves para el estudio de este proceso, como son las características de la gestión de las instituciones eclesiásticas locales y el papel del clero, en términos de mediaciones sociales, en un escenario de recomposición de vínculos entre los poderes civiles y eclesiásticos y de construcción de los estados provinciales.
Nos interesa especialmente observar los cambios y continuidades, así como las similitudes y especificidades en los modos de intervención social del clero de las jurisdicciones diocesanas de Buenos Aires y Córdoba -en particular de sus áreas rurales-, por lo cual sus primeras páginas proporcionan una contextualización de estas regiones.
La creación del virreinato del Río de la Plata en 1776 consolidaba y formalizaba institucionalmente un proceso de ascenso mercantil de Buenos Aires que se había iniciado en las décadas anteriores y que se sustentaba en su creciente capacidad para concentrar los circuitos de intercambio legales e ilegales y, sobre todo, el flujo de buena parte de la circulación de la plata producida en los distritos mineros del Alto Perú.
Este crecimiento se apoyaba tanto en la recuperación de la minería andina, como en la importancia que iba asumiendo el comercio con el Pacífico sur el cual, debido a la legalización de la ruta del Cabo de Hornos en la década de 1740, había activado notablemente la actividad comercial de Buenos Aires así como sus lazos con Chile.3 A lo largo del siglo XVIII, también las áreas rurales bonaerenses aumentaron su población y área ocupada en virtud de este proceso.
Por esta razón, una contextualización del escenario donde los párrocos rurales de Buenos Aires desplegaron su acción no puede dejar de mencionar las principales transformaciones que se produjeron en la región durante la primera mitad del XIX.
En el aspecto demográfico durante estas décadas la población de la campaña bonaerense creció a un ritmo mayor que la de la ciudad de Buenos Aires y a lo largo de 1830 llegó a superarla.
5 En esta estructura económica y social agraria los bienes pecuarios se estaban convirtiendo en los principales productos exportables.
Ello implicó una progresiva valorización de los recursos y una creciente afirmación de la propiedad privada que venía a cuestionar costumbres arraigadas.
6 Centrados en el ámbito eclesiástico, las primeras parroquias fijaron sus sedes en los oratorios particulares de algunas de las familias «principales» de cada poblado.
Entre las décadas de 1780 y 1820 las parroquias se duplicaron, mientras que las autoridades civiles y militares acompañaban esta lenta construcción de un orden institucional desde una posición secundaria.
Avanzando el siglo XIX, la situación se modificaría sustancialmente por, al menos, dos procesos convergentes y asociados entre sí: la preponderancia que asumió la presencia de las estructuras de poder institucional judicial y militar y sus agentes -es decir, la construcción del Estado provincial-, así como la declinación de la importancia de las instituciones eclesiásticas y la reformulación que -acerca de su papel en el orden social-se haría desde el estado provincial.
7 En este proceso revisten una importancia crucial las reformas llevadas a cabo por el «Partido del orden» en los primeros años de la década de 1820, conocidas como «reformas rivadavianas».
Así, la historia de la Iglesia en la región se entrelaza a las importantes transformaciones políticas y económicas que atravesaron el periodo: los desajustes que provoca la revolución y la guerra en las instituciones eclesiásticas y el papel subalterno que les imponen las reformas de Rivadavia en el caso de Buenos Aires.
Córdoba, por su parte, era la región del interior rioplatense más densamente poblada y más rica en cuanto a su producción agrícola-ganadera 8 y su ciudad capital ocupaba el primer lugar entre los núcleos urbanos de la zona.
Contaba con 7200 habitantes a finales del siglo XVII y sólo era superada por Buenos Aires en la misma época.
Su sector mercantil tenía un lugar privilegiado en el tráfico comercial rioplatense ya que controlaba una parte significativa del comercio con el Alto Perú (compuesto de mulas y ponchos) y Buenos Aires (integrado por ponchos, cueros vacunos y lana).
Pero además, esta ciudad mediterránea era el centro universitario más importante, y el único del virreinato.
Allí, iniciado el XVII, los jesuitas habían instalado una casa de altos estudios que rápidamente comenzó a otorgar títulos de grado académico.
Todas estas características colaboraron para ubicarla en un lugar privilegiado dentro de la región.
La economía cordobesa tendría en el ganado su principal actividad.
El crecimiento económico de la elite local se debió al control que ejercieron en los intercambios comerciales con Buenos Aires.
De tal suerte, la tierra ubicada dentro y fuera del territorio conquistado, especialmente en el suroeste, continuó sujeta a las formas de tenencia coloniales, bajo dominio fiscal, sin presión por privatizar o sanear títulos o avanzar sobre la frontera.
Si miramos ahora la estructura administrativa de la provincia, el espacio estaba organizado en partidos o curatos, que a su vez se dividían al interior en pedanías.
A fines del siglo XVIII eran trece los curatos que reunían el 84% de la población y la permanencia de ésta en los núcleos antiguamente ocupados explica dicha estabilidad.
Las necesidades religiosas y devocionales se cubrieron con las numerosas capillas existentes en cada curato, algunas de las cuales sólo tardíamente fueron convertidas en sedes parroquiales.
En estos espacios los representantes de la corona fueron los alcaldes de hermandad, quienes convivían con los jueces pedáneos, todos ellos designados por el cabildo de la ciudad para actuar en la jurisdicción rural.9 Los pedáneos eran personajes destacados de la zona, solían ser medianos propietarios rurales y casi siempre estaban vinculados a la elite local.
Su importancia residía en que, junto al cura párroco y al comandante de milicia, actuaron en el mundo rural como agentes del poder político y se condujeron «como intermediarios entre éste y sus comunidades particularmente en el caso de los pedáneos de alzada».
10 La revolución y la guerra ocasionaron una profunda crisis en las instituciones eclesiásticas en términos de desgranamiento de recursos económicos y de su personal en toda la jurisdicción del último virreinato creado en Hispanoamérica.
Las ordenaciones sacerdotales habían disminuido desde la revolución, e incluso desde algunos años antes, y sus rentas también caían junto a las dificultades de recaudación de los diezmos o del cobro de los derechos parroquiales.
11 Por diferentes motivos, ligados a la moviliza-ción general de la población rural, los feligreses que habían asistido y sostenido materialmente las parroquias y a los párrocos durante décadas -a través de donaciones, pago de servicios religiosos y de primicias-dejaban de hacerlo o lo hacían con mucha dificultad ya que «la causa de la Patria» se convirtió en prioritaria.
Este panorama desalentaba a los candidatos a incorporarse al clero, quienes encontraron otros ámbitos más atractivos de desarrollo profesional como los cuerpos de milicias o los medios intelectuales que dejaban de ser, paulatinamente, patrimonio exclusivo del mundo eclesiástico.
12 Por su parte, cada ruptura política significó una desarticulación territorial que afectó también a la esfera eclesiástica al fragmentar las jurisdicciones eclesiásticas más amplias.
13 Luego de la muerte del obispo Lue y Riega en 1812, el gobierno de la diócesis de Buenos Aires quedó en manos de un provisor hasta 1832, cuando se restablecieron las relaciones con Roma y se designó a un prelado residencial para la sede.
En Córdoba, después de la huida del obispo Orellana en 1817, 14 la sede eclesiástica quedó en manos de diversos provisores hasta que en 1834 se designó a Benito Lascano como obispo in partibus.
En 1836 Lascano moría sin conocer su nombramiento como propietario para la sede cordobesa y la diócesis volvía a quedar en manos de provisores.
15 Los sucesivos gobiernos revolucionarios no renunciaron al ejercicio del patronato y ensayaron distintos modos de relacionarse con las autoridades eclesiásticas y de reglamentar la vida de la Iglesia según las exigencias de cada etapa.
16 Durante este periodo las ordenaciones disminuían y los sacerdotes envejecían y morían.
Otros habían sido declarados enemigos de la revolución y, por tanto, fueron arrestados y confinados.
En Buenos Aires y en algunas otras provincias como San Juan y Mendoza se implementaron reformas dirigidas a modernizar el aparato 12 Ver Halperin Donghi, 1972 y Di Stefano, 2004.
13 En este sentido la asunción del patronato por parte de los gobiernos produjo que cada jurisdicción autónoma decidiese sobre los asuntos de «su» iglesia de forma tal que los espacios diocesanos tuvieron dificultades en mantener una administración centralizada.
14 Cabe aclarar que Orellana estuvo dos veces preso a causa de su dudosa adhesión a la causa revolucionaria, la primera en 1810 y la segunda en 1815.
Fue entonces cuando huyó hacia Brasil, para luego llegar a la Península donde se lo premiaría con la mitra de Ávila.
16 Sobre el ejercicio del patronato en la región son muchos los textos.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.05 político institucional heredado de la colonia y centralizar la estructura administrativa del estado-provincia.17 En el plano eclesiástico este programa reformista se proponía convertir las instituciones eclesiásticas en un segmento del estado en formación y a los clérigos en parte de sus funcionarios.
18 En otros espacios las reformas fueron graduales pero no se trazó un plan definido.
19 En Buenos Aires, hacia la década de 1830, el estado provincial consolidaba el control de la campaña y la expansión fronteriza, 20 a la vez que perfeccionaba el andamiaje político-judicial basado en los Juzgados de paz -una creación de las reformas rivadavianas que suplantó a los cabildosy su definitivo ejercicio de las funciones de policía rural.
En Córdoba, las fronteras permanecerían sin grandes cambios hasta la segunda mitad del siglo XIX, en gran medida debido a la acción de las milicias de frontera.
Los gobiernos siguieron administrando el territorio ocupado desde la época colonial racionalizando algunos segmentos del estado provincial como la administración de justicia, la legislación y las finanzas.
Los modos de intervención de las instituciones eclesiásticas y de los párrocos en la esfera local
Durante décadas los párrocos fueron intermediarios importantes en las zonas rurales a lo largo de toda Hispanoamérica.
21 A través de distinto tipo de mediaciones se convirtieron en piezas clave del funcionamiento burocrático de la monarquía y su sostén ideológico.
Del papel de la iglesia como mediadora en las campañas bonaerense y cordobesa trata este punto, más precisamente de los instrumentos, prácticas o instituciones de que se valió en el desempeño de este papel.
La estructura diocesana originaria de la campaña bonaerense sufrió, a lo largo del siglo XVIII y comienzos del XIX, transformaciones encaminadas a la multiplicación de sedes de poder eclesiástico.
Este despliegue institucional -donde las parroquias tendrían un protagonismo casi absolu-to-puede ser visto como una de las vías privilegiadas de intervención social de la iglesia, debido a su centralidad en el proceso de construcción de un orden institucional rural, al menos en sus etapas iniciales.
22 Si a lo largo del XVIII, las parroquias y capillas tuvieron un papel fundante en los procesos de estructuración social y del poder institucional, hacia finales del periodo la imagen es completamente opuesta.
En los pueblos de la nueva frontera la iglesia instaló sus parroquias tardíamente y la columna vertebral del estado se construyó a partir de las sedes de poder militar y milicianas.
Por su parte, en Córdoba, la estructura parroquial se mantuvo casi estable durante todo el periodo estudiado.
23 El dibujo diocesano mantuvo las catorce parroquias -una en la ciudad y trece en la campaña-que tenía desde su fundación, en 1806, hasta 1844.
Ese año, el gobernador rosista Manuel López, decidió la división de algunos curatos.
Esta decisión se tomó evaluando las necesidades de cada zona, por un lado, y las peticiones de los propios fieles, por otro.
Si tenemos en cuenta la situación política y económica de Córdoba en el periodo en estudio, esta estabilidad no resulta llamativa considerando que en esta jurisdicción -como muestran los estudios sobre su economía-se adecúa a las tendencias de la coyuntura de los mercados y permanece limitada por los costos impuestos por las distancias y el transporte.
24 En ambos espacios, el servicio espiritual en las parroquias se había nutrido hasta mediados de la década de 1820 de un heterogéneo conjunto de eclesiásticos.
Esta diversidad tenía que ver con que unos eran seculares y otros regulares; algunos eran clérigos particulares -ordenados a título de capellanía o de patrimonio privado-y otros habían accedido a las órdenes mayores a través del servicio en alguna parroquia de la región, entre muchas de las situaciones en las que podemos encontrarlos.
Seculares y regulares prestaban servicios religiosos en las parroquias aunque sus funciones eran diferenciadas: los curas diocesanos mandaban y los frailes obedecían o los sustituían en sus ausencias.
25 Esa situación se modificaría en Buenos Aires con las reformas rivadavianas, al quitar del servicio de las parroquias a un número importante de frailes, debido a la supresión de la mayor parte de las casas de regulares.
En Córdoba, aunque no hubo una reforma regular como la de Buenos Aires, el impacto de las allí practicadas y de las que se realizaron en las provincias de Mendoza y San Juan -jurisdicciones que le eran dependientes-también incidieron en el ya difícil control de regulares dispersos en zonas rurales.
26 Durante las últimas décadas de la primera mitad del siglo XIX los conventos masculinos fueron requeridos para suministrar clérigos a fin de cubrir destinos rurales ya que muchos de los pocos seculares existentes eran sospechosos de ser refractarios al sistema político de turno.
La respuesta de los superiores conventuales, sin embargo, fue siempre la misma: que a duras penas tenían hombres para cubrir las necesidades y responsabilidades de los conventos.
La escasez de clero fue evidente a partir de la década de 1830, agravándose año a año.
Cuando los eclesiásticos debieron testimoniar las acciones más relevantes -en las relaciones de méritos y servicios, por ejemplo-durante sus administraciones, a las virtudes de la caridad, la generosidad y el resguardo de la paz y la armonía, se sumaron tareas relacionadas con el arreglo de los templos, su ornamentación y su apariencia decente.
Hacia comienzos del siglo XIX, los curas mostraban su participación en otras acciones -inmejorables para demostrar su vasallaje-como lo fueron las invasiones inglesas de 1806 y 1807.
Su desempeño en estas coyunturas -movilizando a la feligresía en defensa «de la religión y de la patria» exhibió un tipo de liderazgo comunitario construido desde su papel de intermediación social construido desde distintas funciones: la administración sacramental, el ejercicio de la justicia eclesiástica o la supervisión de las hermandades que se fundaban en las parroquias.
Por su parte «la cátedra del espíritu santo» -el espacio del sermónfue otro lugar privilegiado de la intermediación.
El púlpito era el sitio desde el cual la palabra se jerarquizaba y conmovía estimulando la vinculación de la religión con la experiencia de la vida cotidiana.
Los sacerdotes se habían formado en el arte de la persuasión (la retórica), lo que quedaba reflejado en la preparación y sustanciación de los concursos donde uno de los ejercicios era el desarrollo de una plática sobre algún tema del evangelio.
27 Todas estas medidas evidencian la intención clara de reforzar la tarea pastoral desplegada por los clérigos a través de los sermones.
28 Si, como señala Herrejón Peredo, «el objeto de cada uno de estos discursos no es pri-mordialmente la persuasión, sino el ofrecimiento de lo indiscutible, de valores absolutos» al solicitar a los curas que persuadan a la feligresía a través de la palabra, se les pedía que la trasmisión del mensaje superase el estadio de sugerencia para convertirse en un mandato.
29 Así, hasta principios del siglo XIX, los eclesiásticos de la campaña contaban con recursos que potenciaban su mediación social -capacidades judiciales y sacramentales, entre otras-y estas formas específicas de intervención los diferenciaban de otros mediadores.
Sin embargo el impacto que el proceso revolucionario y la politización tuvieron sobre el clero produjo un tipo de adaptación que añadió nuevos sentidos al papel desempeñado hasta entonces.
A partir de la década de 1820 los estados provinciales en construcción asignaron un nuevo lugar al clero y acentuaron las transformaciones.
30 En el nuevo orden político, los párrocos eran concebidos como «funcionarios» al servicio de un orden político en construcción, donde el liderazgo político recaía en nuevas figuras -como los jueces de paz-, situación que los puso en la necesidad de pelear por un espacio de liderazgo comunitario hasta entonces fuera de discusión.
31 Como veremos enseguida, al participar en las luchas facciosas que atravesó la política de aquellos años, el clero parroquial perdió, en buena medida, su capacidad de garantizar el orden.
La politización del clero
La participación del clero rural en el proceso de politización puede verse a través del examen de una serie de prácticas que se registran en el plano local.
Para el caso de Buenos Aires el análisis se centra en los cambios operados en el ejercicio del ministerio parroquial, en las transformaciones registradas en una institución particular -las misiones interioresy en las características diferenciadas que revisten lo que hemos denominado «rituales de reconciliación».
Para Córdoba se estudia el modo en que el poder político local ve al clero y concibe su función.
30 Cabe aclarar aquí que desde 1820 y hasta 1852 las llamadas Provincias argentinas funcionaran como estados autónomos ligados entre sí por diversos pactos, entre los cuales el de 1831 que crea una confederación -aunque muy inestable-sería el más importante.
Sobre el particular ver especialmente: Chiaramonte, 1997.
31 Di Stefano, 2004; Barral, 2006, 153-178; Ayrolo, 2006, 93-114.; Ayrolo, 2007 vés de algunos conflictos a ese clero «permanentemente interpelado» al que, como señala Connaughton, «no sólo se exigía un activo papel como promotor y educador en el nuevo sistema, sino que se le obligaba al compromiso político y un carácter apolítico simultáneamente».
32 Esta ambigüedad será abordada, para el caso cordobés, a través de la solicitud que los gobiernos realizan al clero para que persuada a la feligresía, en público y en privado, sobre la necesidad de apoyar «la paz pública» en cuya base ven una moral y unas costumbres intrínsecamente ligadas al color político y a la estabilidad del «sistema».
Los conflictos por el poder a escala local
Este apartado busca mostrar algunos de los cambios que experimentaron los eclesiásticos en relación con su papel en la mediación social en los años posrevolucionarios.
Varios conflictos en los que se vieron involucrados algunos párrocos rurales de Buenos Aires y Córdoba hacia fines de la década de 1820 permitieron mirar ese nuevo lugar: un lugar inestable y sujeto a las contingencias de la vida política de entonces.
33 Algo de lo que podría dar fe Julián Faramiñán, el párroco de la Guardia de Luján en la frontera bonaerense, destituido en 1828 por el juez de paz del partido y un grupo de «vecinos principales», y emplazado a abandonar ese partido.
O podría dar testimonio del mismo el párroco de Chascomús Francisco de Paula Robles -desde la frontera sur de Buenos Aires y en el bando opuesto a Faramiñán en cuanto a sus alianzas y adhesiones-acusado de «simpatizar con los anarquistas» en 1829 y de generar conductas anárquicas en sus feligreses.
Aquí vemos a estos párrocos en algunos de los tránsitos menos felices de sus carreras sacerdotales.
Sin embargo, antes y después de estos episodios, y según variaba el tiempo político, podían encontrarse en posiciones menos marginales respecto del poder político instituido y actuar con virulencia frente a sus enemigos como orgánicos agentes políticos del mismo.
Lo mismo ocurría en la diócesis cordobesa.
34 También fue separado de su cargo el cura párroco de Ischilín, Gaspar de Martierena «con una prisión acalorada, ajena del trámite legal de estos casos; por que sin intimarme orden de prisión por autoridad competente atropelló mi representación con amenaza de muerte» sindicado de organizar una montonera en contra del gobierno.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.05 pedáneo de Chuñaguasi participó en 1821 en la organización de una montonera -con la ayuda de algunos feligreses del pueblo y de su hermano Valentín-muestran cómo la notoria participación a través de nuevas expresiones de la política resultaba una de las formas viables para pelear por tener o mantener un lugar en el ámbito local.
35 Un año antes, el cura excusador de Tulumba, Santiago Allende, había hecho poner preso por injurias al cabo del regimiento de Húsares con el auxilio del notario y de la fuerza armada.
Esta actitud, que tal vez antiguamente hubiese sido soportada por los funcionarios reales, ya no lo fue.
Por ello el gobernador pidió al provisor del obispado que «se sirva prevenir al citado cura, que sin el auxilio de los jueces seculares no proceda a la prisión de sus feligreses y mucho menos a injerirse en conocer causas de personas, que gozan fueros, cuyo conocimiento es privativo a esta intendencia».
36 Como vemos, los párrocos tuvieron la capacidad de poner en movimiento y a su favor recursos claves para seguir ejerciendo influencia luego de la Independencia.
En parte, esta arrogación de una autoridad que, vista a la luz de la nueva política, sobrepasaba sus funciones, se vinculaba con una larga tradición local en el dominio de posiciones claves de acceso a la justicia y de la regulación del mundo social, condiciones que les reservaron una importante cuota de poder.
37 Este nuevo contexto político puso en interacción antiguas prácticas con modalidades de intervención social inéditas.
El uso de la violencia física o verbal como formas de competencia por espacios de mediación y los excesos y abusos de autoridad no fueron extraños a los clérigos, quienes se encontraban, a la vez, como víctimas y autores de estas expresiones.
Faramiñán, en la Guardia de Luján, era acusado de «concitar partidos y fomentar rivalidades», de «desquiciar el buen orden social de esta Guardia» y de propiciar reuniones clandestinas en contra de las autoridades.
A Robles, en Chascomús, se le adjudicaba «una conducta no sólo irregular sino criminal como ciudadano y como párroco».
Todos ellos eran reprendidos o acusados por no cumplir justamente con esa función de preservación del orden social, tomándose atribuciones que ya les eran ajenas, o bien ape-lando a la «ilegalidad», como la conformación de una montonera, para resolver cuestiones facciosas que deberían tener mucho de personal.
Como hemos señalado, las décadas revolucionarias habían introducido cambios: fragmentación de las jurisdicciones eclesiásticas, mengua de recursos por parte de las instituciones eclesiásticas o dificultades para apelar a las contribuciones de los fieles para el sostenimiento de la iglesia.
En Buenos Aires, al tiempo que el estado en formación de la década de 1820 destinaba parte de sus recursos al culto y buscaba disciplinar en su proyecto modernizador al personal eclesiástico, instituía una nueva autoridad en los pueblos rurales -a la que los párrocos debían obedecer-: los jueces de paz.
Los casos descritos forman parte de un nuevo tipo de conflictos que asoman en los años 1820.
El clero, sobre todo el parroquial, se encontraba abocado a su ministerio pero también padecía necesidades de subsistencia y los feligreses no estaban en las mejores condiciones para asistirlo en este terreno.
A su vez, los nuevos estados necesitaban recuperarse económicamente, sobre todo, y precisaban restablecer el orden en la sociedad.
Para ello los clérigos eran sumamente necesarios y, como expresa el gobernador de Córdoba en 1820: «los ministros del Señor [están] doblemente obligados a conciliar la paz, absteniéndose de sediciones y de sembrar en los pueblos doctrinas perniciosas».
38 En este contexto, las formas de la lucha política también se habían modificado e incorporaban nuevos recursos: representaciones escritas, tumultos, la prensa, los levantamientos, un nuevo tipo de faccionalismo.
39 Los párrocos intervenían en ellas sin disimulo -de un bando u otro, como Robles, Echegoyen, Allende o Faramiñán-, disputando espacios de poder, calificando sus acciones y descalificando las de sus enemigos con el repertorio ideológico de la época.
40 Lo que se estaba modificando profundamente era el modo de zanjar los conflictos y un clima político donde todo consenso parecía quebrantado.
40 Un ejemplo de ello es lo concurrido en 1820 en la parroquia cordobesa de Tulumba, donde el cura decía estar impedido de ejercer sus labores espirituales a causa de «cuatro libertinos jóvenes» a quienes la utilización del «horroroso título de patriotas parece que los indulta para ser maestros de iniquidad y piensan que la libertad civil los favorece para la moral.»AAC, 26.
LAS DIÓCESIS DE BUENOS AIRES Y CÓRDOBA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
En este contexto de aumento e incorporación de nuevas autoridades locales y de limitación de sus competencias y privilegios, los párrocos acudieron al repertorio de recursos disponibles para la lucha política: desde el conocido púlpito hasta las representaciones o tumultos, los levantamientos y la prensa y, también, la negociación de acuerdos de convivencia con sus contendientes locales.
Esta dinámica que asumió la lucha política modificó los términos en que se planteaban las disputas: las peleas fueron mucho menos simbólicas y teatrales y bastante más despiadadas.
En Buenos Aires esta situación cambiaría, en parte, con la llegada de Rosas al gobierno de la provincia.
En el plano eclesiástico, por un lado, Rosas continuó con el núcleo de las reformas rivadavianas.
41 Pero, al mismo tiempo, introdujo modificaciones en sentido contrario (como lo fue el recurso a los regulares) y otorgó nuevos significados a ciertas instituciones, como sucedió a las «misiones interiores», las cuales se analizan más adelante.
En la construcción del sistema político rosista los párrocos tenía un lugar asignado: debían convertirse en sus agentes políticos y de propaganda.
En algunas parroquias esto resultó viable y en otras no. Una parte del clero parroquial estuvo lejos de poder asegurar la «paz común»: una idea que también se revestiría de nuevos sentidos.
42 Al mediar en un conflicto entre una autoridad militar y una eclesiástica en otro fuerte bonaerense -Carmen de Patagones, bastante más al sur-, el edecán de Rosas ponía negro sobre blanco el lugar de cada uno en el orden rosista: las autoridades locales debían limitarse a informar al Superior Gobierno, los prelados podrían intervenir sólo en los casos que les correspondiera y era Rosas quien se presentaba como el árbitro y garante del «orden público y de la sana moral de la religión».
Este mandatario se presentaba como el árbitro y el encargado de decidir en cada caso quién estaba en mejores condiciones para preservar la paz pública en el contexto de un consenso fuertemente politizado entre los defensores de la Federación, el orden, la religión, la propiedad y las buenas costumbres, que excluía a todos los que representaban lo contrario, es decir a los unitarios.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.05 Las instituciones eclesiásticas y los párrocos se encontrarían entonces entre las opciones posibles, pero ya no serían ni las únicas ni las más adecuadas para garantizar el orden social.
Si Rosas podía optar entre estos agentes -los eclesiásticos-u otros en la construcción de ese difícil consenso, en gran medida se lo debía a las reformas rivadavianas que habían transformado el lugar de las instituciones eclesiásticas.
En este tránsito el papel de mediación de los párrocos se había cargado de nuevos imperativos.
En el caso cordobés, las diferencias de credo político -y por ende la facción por la que cada sacerdote se decidió-comenzaron a evidenciarse tempranamente.
Los curas párrocos, quienes muchas veces eran oriundos de sus parroquias y además tenían intereses económicos y sociales en ellas, creyeron que las nuevas condiciones políticas los dotaban de una cuota mayor de poder.
Esta percepción podría responder a la conciencia que estos hombres tenían de las ventajas de su múltiple pertenencia.
Así lo muestra el caso del cura Salvador Isasa -hijo de un gran terrateniente, comerciante y funcionario de la zona-, quien en 1819 fue denunciado por los indios de la doctrina de Soto acompañados por el juez pedáneo.
Estos decían que Isasa «abusando de las facultades de su ministerio ha cometido y comete diversos atentados, ya en el orden político como en el moral».
44 Del mismo calibre eran las acusaciones sobre Valentín Tisera, cura de Río Cuarto, oriundo de la zona y conocido por sus negocios de venta de carne, 45 cuando en 1819, según las palabras de José Eugenio Flores del escuadrón de Río Cuarto, Tisera lo increpó encolerizado y llenándolo de insultos delante del juez pedáneo, le dijo que él era «un juez eclesiástico, y yo un triste subalterno, dando a entender á los circundantes, que estaba autorizado, y yo sujeto a sus desvergüenzas».
46 La competencia por el espacio de poder local llegó en algunos años a puntos muy álgidos.
Tal ocurrió en 1836, cuando el cura Salustiano de la Bárcena se enfrentó al juez comisionado del paraje de La Esquina, parro-44 AAC, 34, IV.
La enumeración de las cuestiones que presentan el juez y seis indios que lo acompañan muestran la osadía de un cura que evidentemente consideraba tener amplias prerrogativas.
A modo de resumen: prohibición de recoger algarroba en los campos sin su autorización, azotó a una mujer públicamente, «reveló» o «inventó» secretos de confesión en pleno sermón causando un singular revuelo, etc.
En un expediente que se le sigue a V. Tisera en 1831, por múltiples incumplimientos; un testigo decía: «me consta que se mezcla en negocios seculares pues lo e visto un año estar de abastecedor de carne i en otros negocios peculiares al comercio».
46 Como ya hemos indicado, los gobiernos iniciados en 1820 tuvieron especial interés en el mantenimiento del orden y en hacer del clero uno de los soportes de dicho logro.
En este sentido, el 15 de febrero de 1820 se daba a conocer en Córdoba una circular a los curas de campaña en la cual se resaltaba la «obligación de todo ciudadano, y en especial de aquellos que tengan mas influjo en la multitud, el que la ilustren acerca de las bases sistema de alianza y federación que es bien claro y sencillo, y el que la afición a él con las ventajas suyo ofrece a la sociedad».
49 Los documentos que atestiguan la recepción y puesta en práctica de esta circular marcan no sólo la posibilidad de un acuerdo entre gobiernos y clérigos sino además la conveniencia, para los párrocos, de hacer cumplir dichas órdenes.
A partir de 1835, con la llegada al poder de Córdoba del gobernador federal rosista Manuel «Quebracho» López, 50 las condiciones de participación política se endurecieron a la luz de los limites fijados por el propio gobernante, quien seguía personalmente cada uno de los movimientos «de y en» la política.
Las características que asumen esas misiones interiores en la época de Rosas son un buen ejemplo de la politización que se observa en determinadas instituciones y prácticas.
Estas misiones eran solicitadas por los obispos, los cabildos y luego por los gobiernos posrevolucionarios, para determinadas áreas que consideraban desatendidas, para encontrar solución a 47 Causa a Salustiano De la Bárcena, 1836, Ibidem, 37, VIII.
48 Es expulsado de la provincia por haber «insultando del modo más atrevido, atroz y bárbaro a todas las clases del estado» en el sermón de la función solemne de Nuestra Señora del Rosario.
51 Se trataba de una suerte de predicación extraordinaria, con un marcado carácter pedagógico y orientada a reorganizar la vida de las comunidades ya que los misioneros buscaban que los feligreses participaran regularmente en los sacramentos y ritos.
52 En la época colonial el fin principal de las misiones se orientaba a la confesión y comunión general, para convertir pecadores a través de la penitencia.
Era la oportunidad para ganar Santos Jubileos o indulgencia plenaria, aunque para ello fuera necesario prepararse, por lo que durante varios días tenían lugar los sermones, doctrinas y penitencias.
Una de las formas de preparar las confesiones era el Sermón de los enemigos, un ritual de reconciliación entre aquellas personas que se hallaban enemistadas, del que hablaremos en el próximo apartado.
Las misiones interiores desaparecieron junto a la mayoría de las órdenes religiosas y reaparecieron bajo el gobierno federal de Juan Manuel de Rosas, sobre todo en su segundo gobierno -a partir de 1835-cuando promovía el retorno de los jesuitas.
Sin embargo, fue Rosas quien decidió qué pueblos y parroquias se visitarían y quien estableció las modalidades de cada misión y no el obispo diocesano.
Las motivaciones para la elección de unas u otras eran fundamentalmente políticas.
Algunas parroquias necesitaban especialmente la predicación misionera y política debido a la presencia de falsos federales.
Además del itinerario, Rosas estableció las modalidades de la misión y el contenido de las predicaciones y así se convirtieron en «misiones federales».
Estas misiones se concebían, al igual que las coloniales, como instrumento de pacificación, pero a la vez como restauración del orden moral, 51 Para la diócesis de Córdoba, si bien hay pedidos de misiones a los jesuitas de regreso en el territorio en 1836, también hemos encontrado un pedido de 1830, del provisor Castro Barros, al cura y vicario de Malligasta (La Rioja) para que «personándose en el curato de los expresados Llanos de la provincia de La Rioja por sí o por otros operarios evangélicos, pueda ejercer y ejerza el ministerio santo de la predicación dando misiones y ejercicios públicos o privados en forma acostumbrada, o como mejor le dictase su celo pastoral» AAC, 40, II (1823-1841).
En 1838 se expide una circular desde la curia diocesana sobre la disposición conjunta entre ésta y el gobierno para la realización de «misiones publicas en los curatos de la Provincia» AAC, 53.
52 Este medio de cristianización reconoce antecedentes en Europa a lo largo del siglo XVII y es considerado una de las manifestaciones más importantes de la Iglesia católica postridentina: Rico Callado, 2006.
53 Di Stefano, 2006 político y religioso que la revolución y la guerra habían puesto en crisis y cuya recuperación no podían garantizar los párrocos.
El carácter político-religioso de los contenidos de las predicaciones hacía referencia al «paternal Gobierno de V.E., y su piedad religiosa» y a los palpables beneficios obtenidos por todos los habitantes de la Provincia, del actual paternal Gobierno de V.E., de sus trabajos é incesantes desvelos por el bien general, propagación de nuestra Santa religión, y sostén de la justa causa Nacional de la Federación, que con tanta dignidad han proclamado los pueblos de la República Argentina».
Las prácticas de reconciliación
Estas prácticas transparentaban la vida política y revelaban las transformaciones de las instituciones eclesiásticas en la sociedad, de sus vínculos con los poderes gubernamentales y de los nuevos lugares de los párrocos.
Se trata de un tipo de práctica administrada por los eclesiásticos en tiempos coloniales, que se iría alejando de esta gestión hasta pasar a manos de las autoridades políticas en los inicios de la década de 1830.
55 En la época colonial una de las formas que asumieron estos rituales fue el citado Sermón de los enemigos llevado a cabo durante las misiones interiores.
Los estudios de estas misiones en la España peninsular señalan al Sermón como uno de los momentos rituales más fuertes entre las actividades que tenían lugar los días de la misión porque suponía una preparación individual y comunitaria para la confesión y la comunión general.
Era concebido como parte de una batería de dispositivos para que los «corazones enemistados» pudieran vencer el odio por las afrentas recibidas y por ello era considerado como la máxima expresión de caridad.
Este tipo de prácticas penitenciales, revestidas de una fuerte carga afectiva y de un carácter espectacular, buscaban corregir «desviaciones notorias».
56 Este ejercicio de la reconciliación entre vecinos debía realizarse según pasos prolijamente establecidos en el Ceremonial de Misiones, una suerte de manual que pautaba las actividades de los misioneros.
Para el Sermón de los enemigos disponía: «el que hubiese injuriado u ofendido a alguna persona, irá a buscar a su casa (o carreta) y en llegando dirá La Paz de Dios 54 Di Stefano, 2006, 45.
57 Luego pediría perdón y el que lo recibía debería decir: «Yo le perdono, para que Dios me perdone; y si lo he ofendido en algo, perdóneme también por amor de Dios.
Luego, si son Hombre, o Mujer, y Mujer o Marido y Mujer, se abrazarán y si gustan pueden conversar un rato indiferentemente pero no hay que hacer a conversación las cosas que ocasionaron los disgustos, no hay que decir: Ud. tuvo la culpa, yo tenía razón.
Conversen (o platiquen) sobre otros asuntos y olviden para siempre sus sentimientos».
58 Durante la década de 1820, con la disminución y casi desaparición del clero regular, estas misiones dejaron de realizarse y sólo retornarían a lo largo de la década de 1830 cuando, bajo el rosismo, se recibía nuevamente a los jesuitas.
En ausencia de los religiosos, no obstante, se encontraron sustitutos para los rituales de reconciliación.
Las características que asumieron estos sustitutos dan cuenta del nuevo lugar que las instituciones eclesiásticas ocupaban en la sociedad, de las cambiantes relaciones que los poderes gubernamentales establecían con la iglesia y del papel que, en este contexto, desempeñaban los párrocos.
Frente a los innumerables conflictos entre curas y autoridades civiles, el poder político rosista tomaba a su cargo el ritual público de la reconciliación gestionado por sus funcionarios.
Así, los dispositivos para pacificar se encontraban en manos del poder político.
Elías Galván, subinspector de campaña, reconvenía a las partes.
Al párroco le recordaba su papel en la preservación del orden social y le advertía que sus intervenciones debían mostrarse imparciales.
Esta reconvención era acompañada por un paseo por las principales calles del pueblo con los enemistados, quienes «salieron acompañando al paseo que con este motivo se hizo más largo, se encaminaron para la morada del que suscribe donde se sirvió a la comitiva con café que se había preparado al efecto y se retiraron muy amigablemente comportándose de un modo muy civil en todos estos actos los tres reconciliados».
59 Los eclesiásticos se vieron por un lado apartados -o, en el mejor de los casos, desplazados de los primeros planos-de la administración de algunas instituciones de clemencia -como el asilo en sagrado-y de los rituales de reconciliación -como el Sermón de los enemigos en las misio-57 «Ceremonial de las misiones del Colegio Apostólico de San Carlos del Carcarañal.
Año 1792», en Nuevo Mundo, Instituto Teológico Francisco Fr.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.05 nes interiores-, al tiempo que eran parte interesada e implicada en los conflictos y, por lo tanto, destinatarios de las nuevas modalidades que asumían las prácticas de reconciliación.
Pero ni los recambios ni los nuevos lugares eran fijos y tampoco suponían procesos irreversibles, sino que dan cuenta de una convivencia más compleja entre las instituciones y los diversos modos en que los poderes gubernamentales -también cambiantes y conflictivos-apelaron a la religión en la construcción de un orden político viable.
Otra práctica interesante para los gobiernos fueron los sermones en tanto medios apropiados para transmitir no sólo explicaciones sobre la historia pasada que se reinterpretaba en clave de presente, sino además para comunicar pautas para la vida política.
60 Estas estrategias discursivas reafirmaban el papel del clérigo como mediador entre Dios y los hombres tal como lo deseaba Trento, aspecto que supo ser aprovechado por los gobiernos coloniales y postindependentistas.
La condición de oradores otorgaba a los clérigos autoridad para decodificar las señales divinas que «permanecían ocultas» para los fieles quienes, además, estaban inhabilitados para interpretarlas.
Así, la posibilidad de leer cómo lo divino y lo humano, sin mezclarse, se reunían en un mismo cauce en el que Dios manifestaba su poder, hacía del sacerdote un invaluable interlocutor.
61 La formación escolástica del clero cordobés del siglo XIX que consideraba que «nada sucede por acaso» sino que «en los libros eternos estaba escrito con caracteres indelebles» 62 fue aprovechada por los gobiernos y por los clérigos para orientar a los fieles en sus creencias alimentadas desde la voz autorizada y legitima de su sacerdote: «Pedid también al Dios de las misericordias [...] que aleje de ella los males, que la amenazan, que haga se estrechen cada vez mas los vínculos, que unen a toda esta Republica en el saludable sistema de Federación, para que asegurando así en ella el 60 Ayrolo, 2010, 273-300.
62 Colección Documental «Mons.
Dr. Pablo Cabrera», Sección Americanistas, Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Humanidades «Elma Kohlmeyer de Estrabou» ex Instituto de Estudios Americanistas, Universidad Nacional de Córdoba (IEA) 11634, «Sermón panegírico del Seráfico Patriarca San Francisco de Asís, predicado el año 1838».
Pedid al Señor, que asista con su especial protección al esclarecido jefe de la provincia, que presida a sus consejos, ilustrándolo en ellos para su mejor acierto, que lo libere de todos sus enemigos interiores, y exteriores, y que lo dirija en toda sus deliberaciones, para que logre sus vehementes deseos de restablecer la antigua felicidad de nuestra Patria».
63 Pero esta clásica herramienta se acompañó de otras prácticas persuasivas.
En 1837, el gobernador de Córdoba advertía que: «la persuasión ya general y también individual y a cada persona si cada persona lo necesitara.
La persuasión, el ruego; el empeño y la captación de las voluntades fue lo que Jesucristo encargó tanto a sus ministros amonestándoles que fuesen incansables, solícitos y empeñosos como el Pastor al cuidado de su grey».
Por ello no se podía abandonar ni el púlpito ni el confesionario, «no se limite a sólo la predicación publica, que [el párroco] los llame individualmente con el amor de Padre a hijo, colocando en ellos si es posible así más bien voluntad que argumentos y persuadiéndoles con eficacia a fin de que cumplan con voluntad y buen deseo lo que no conviene que hagan por la fuerza o la violencia».
64 En 1841, el mismo gobernador seguía insistiendo en la necesidad de inducir a los fieles por medio de la palabra; por eso, pedía al provisor del obispado que enviara una circular a los curas de la campaña «con el loable objeto de exhortarlos, a que no sólo se dediquen en los días festivos a instruir a sus feligreses en los principios de la Santa Religión, [...] sino también en los deberes que la sociedad impone» destacando la necesidad de «apoyar la paz pública» contra «los embates de la revolución y la anarquía».
La petición de López trasparenta lo que dijimos al inicio, la idea según la cual, la reforma de la moral y las costumbres bajo el signo del «actual sistema» debía ser apuntalada por la persuasión y el convencimiento de la voz autorizada y sagrada del cura párroco.
Como se mostró con anterioridad para la campaña bonaerense, las misiones interiores complementaron, apuntalaron y reforzaron la actividad de los curas párrocos y las posibilidades de intervención del gobierno.
Así lo muestran las palabras del provisor que, respecto a la puesta en práctica de las instrucciones dadas, «ha promovido con tesón las misiones a la campaña, bien persuadido de que logrando ver por este medio morigeradas las costumbres, se habrá logrado afianzar el respeto y la obediencia a las auto-63 Idem.
65 Numerosas cartas de curas adictos al color político del gobernador dan cuenta del trabajo evangelizador y de propaganda que realizan por sus curatos y muestran hasta que punto se había comprendido la importancia de esta tarea.
Muchos de ellos fueron premiados con puestos interesantes que les permitieron una vida más acomodada impactando de manera notable en sus carreras clericales.
66 La palabra sirvió para educar y evangelizar a los fieles.
En este sentido, el momento de la prédica, en la que tanto el orador, a través de su presencia, de sus gestos, de su voz, de su postura corporal, etc., como el propio sermón (la palabra escrita, la palabra dicha y las imágenes a las que se apela, las metáforas, y otros), son los instrumentos que materializan la intermediación cultural.
En la etapa que se abre el federalismo rosista en la provincia de Córdoba -1835-, la función de la religión como legitimadora de un régimen construido sobre la base de una uniformidad de criterio, el rosista, se volvía fundamental.
Como puede advertirse a partir de los análisis realizados, y como lo han señalado otros historiadores, la revolución y las guerras de independencia aceleraron los procesos de secularización que las antecedieron y trascendieron.
67 Estos acontecimientos, a los que se sumaron en el caso de Buenos Aires las reformas de la década de 1820 y en el de Córdoba las innovaciones realizadas por los gobiernos de la autonomía (1820-1852), agudizaron aún más los conflictos, transparentaron posiciones y profundizaron la faccionalización del clero.
Así el rol de mediador de los eclesiásticos -y en particular de los párrocos-se reelaboraría en otra clave: la de propagandistas de las diversas experiencias políticas federales o centralistas que tuvieron lugar en ambas regiones entre las décadas de 1820-1830 y 1850.
Pensamos que este proceso de faccionalización no fue ajeno al carácter que asumieron las relaciones entre párrocos y feligreses en unos años en los que la religión iría ocupando un nuevo lugar en los contextos político-65 AHPC, Gobierno,172, A, 1841.
El provisor Bernardino Millán al gobernador Manuel López.
En el caso de Buenos Aires, esa faccionalización no puede entenderse -al menos para el clero rural-sin considerar las transformaciones operadas en el espacio de la mediación social, en la aparición de nuevas figuras más clara y estrechamente ligadas a las ingenierías políticas de los regímenes y a la obstinación de muchos de los párrocos a no dejar el papel de mediación -casi exclusivo-que habían desempeñado hasta entonces.
En el caso de Córdoba, la observación de un rápido posicionamiento político del clero, puede ser vista como la forma de pelear por la supremacía comunitaria pero además como un recurso para su propia subsistencia.
Esta situación se complicaría hacia 1830 cuando el gobernador federal José Vicente Reynafé designaba como jueces ordinarios en lo criminal a los comandantes de milicia, dividiendo en cinco zonas la jurisdicción provincial, un esquema que sería respetado por el gobernador rosista Manuel López.
Entonces, para el caso cordobés, esas decisiones podrían marcar el momento en el que más claramente el estado avanza sobre las jurisdicciones clericales restringiendo y regulando su poder, como bien lo mostramos al analizar las órdenes y sugerencias que López hizo a los provisores diocesanos.
Si las relaciones entre párrocos y feligreses no estuvieron exentas de conflictos en el periodo colonial, de ningún modo los enfrentamientos asumieron las dimensiones que pueden observarse a partir de la década de 1820.
Si algunos argumentos acerca del mal ejercicio del ministerio parroquial pueden repetirse, no hay dudas acerca de que la política y los modos de lucha política habían cambiado sustancialmente.
Nadie hubiera imaginado -al menos para la campaña bonaerense-hacia 1780 a un alcalde de hermandad destituyendo a un párroco, algo que puede verificarse en el contexto revolucionario y en las décadas subsiguientes, en el cual los vecinos y los párrocos acuden a representaciones, tumultos y a la prensa periódica, entre otros medios.
Los procesos de politización analizados para Córdoba y Buenos Aires podrían leerse en un doble registro: sacralización de las prácticas políticas o secularización de las prácticas religiosas.
68 En ambas lecturas están presentes la religión y los rituales.
Y también el clero, aunque en distintas posiciones.
70 Las situaciones que analizamos podrían estar mostrando que ambos espacios, Buenos Aires y Córdoba, a principios del siglo XIX se encontraban en el inicio del proceso de laicización representado por el avance del «Estado» o de los estados sobre los espacios de la religión.
71 Esta situación sería aprovechada por algunos curas para legitimarse de un nuevo modo: el político «partidario».
Muchos de los eclesiásticos, cuando debieron defenderse para la organización de su supervivencia cotidiana, a menudo privilegiaron su honor personal y profesional.
72 Así resulta muy difícil encontrar una defensa colectiva de los beneficios de «la Iglesia».
Fundamentalmente cada eclesiástico defendía sus intereses personales apelando a sus derechos y libertades «constitucionales».
Este proceso no estuvo al margen de polarizaciones políticas y así se pueden encontrar conceptos opuestos acerca de lo que significaba ser un buen sacerdote y ciudadano.
73 Los modos de intervención del clero que hemos examinado en este artículo muestran cómo el poder político también buscó articular -o seguir articulando, como lo había hecho la monarquía ibérica-su propuesta política desde los espacios propios de la religión. |
Este artículo analiza los medios utilizados por Juan Manuel de Rosas para gravitar crecientemente en las iglesias de la Confederación argentina.
Relaciona ese avance con la construcción de un gobierno nacional e identifica las variables que lo hicieron posible: primero, la incapacidad de las provincias para asegurar el funcionamiento de las estructuras eclesiásticas, segundo, la coincidencia coyuntural de intereses entre Roma y Rosas para concentrar la autoridad sobre las iglesias argentinas.
Una de las características salientes de la historia política de la primera mitad del siglo XIX en el Río de la Plata fue la imposibilidad de dictar un texto constitucional que rigiera en todo el territorio.
Luego de la caída en 1820 del gobierno central en Buenos Aires -que había intentado durante diez años conservar bajo su mando la jurisdicción del virreinato del Río de la Plata-, el problema de la constitución se agudizó.
Es que sancionar una carta magna implicaba a partir de entonces la construcción desde sus cimientos de una autoridad que gobernara por sobre los diferentes estados provinciales, que se habían declarado autónomos y soberanos entre 1815 y 1820.
La comprensión de ese periodo avanzó un gran paso cuando sus historiadores se desprendieron del supuesto de que el proceso revolucionario había sido conducido por el impulso irrefrenable de independencia de una nación que encarnaba valores republicanos, enfrentados a los del régimen monárquico.
Por el contrario, está claro hoy que fue en los ámbitos provinciales donde las instituciones y prácticas republicanas se pusieron a prueba y que estos primeros ensayos no necesitaron de una constitución o de un estado, ambos nacionales, sino que les bastó con adoptar una organización confederal para relacionarse entre sí.
1 El reconocimiento, por parte de los investigadores, de la lógica confederal de la primera mitad del siglo XIX fue reflejada en una «federalización» de los estudios históricos, que se abocaron a analizar en cada realidad local los procesos de disolución de las formas políticas de Antiguo Régimen y la experimentación de nuevas instituciones y prácticas para legitimar y ejercer el poder.
Lamentablemente, este viraje fructífero no fue acompañado por un desarrollo similar de investigaciones sobre las lógicas de construcción política que se vivieron a escala supraprovincial, particularmente a partir de la década de 1830 y hasta mediados de siglo XIX.
Durante ese periodo, Juan Manuel de Rosas no sólo consolidó su poder como gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que también subordinó las demás provincias a su liderazgo.
Se han destacado como factores de esa gravitación el poderío económico de la provincia de Buenos Aires, una hábil utilización del pacto federal que suscribieron todas las provincias entre 1831 y 1832, y el manejo de las Relaciones Exteriores que delegaron en Rosas los gobiernos provinciales.
2 Sin embargo, son muy escasos los estudios que reflexionaron sobre el modo en que estas variables generaron una forma de gobierno supraprovincial con cierta lógica y algún nivel de estabilidad.
3 Por fortuna, en los últimos años se han multiplicado los estudios que, si bien no abordan de lleno el problema de la construcción de poderes con ese alcance más allá de lo provincial, analizan el desarrollo de identidades políticas y redes intelectuales que trascendieron ese ámbito, colaborando en la formación de un espacio político más amplio.
4 Este artículo comparte con los trabajos recién citados el interés por las formas de construcción de un espacio político supraprovincial.
Específicamente, estudia la política eclesiástica asumida por Rosas frente a las autoridades locales (tanto civiles como religiosas) durante el periodo de su consolidación como líder de la Confederación argentina.
Se intentará demostrar que las facultades que Rosas adquirió gradualmente sobre el ámbito eclesiástico colaboraron en la construcción de un poder supraprovincial -que los funcionarios rosistas denominaban «nacional»-, partiendo de la debilidad jurisdiccional de las provincias en esta materia.
Antes de seguir, quizás valga la pena aclarar el alcance de esta hipótesis.
Al analizar las formas en que Rosas ejerció ese poder por encima de lo provincial no se pretende proponer la existencia de un estado nacional, en potencia o en acto.
A este respecto se tiene en cuenta la advertencia de José Carlos Chiaramonte sobre el riesgo de interpretar la creciente gravitación política de la provincia de Buenos Aires como un proceso de organización estatal.
5 Pero este artículo sí se propone demostrar que, hacia el fin de su mandato, Rosas fue más allá de su rol como árbitro entre estados soberanos y autónomos.
6 La segunda hipótesis es que la concentración de facultades de gobierno eclesiástico en manos de Rosas se legitimó inicialmente con los mismos argumentos con que se defendía la autoridad papal.
Finalmente, se exploran los límites de esa concentración.
Por un lado, se propone que la defensa rosista de la organización confederal obstaculizó la cristalización completa de mecanismos de gobierno eclesiástico a escala nacional y, por el otro, que, al abandonar la defensa de la primacía romana, Rosas encontró un nuevo tipo de resistencia a la concentración de poder que no surgía de las provincias, sino de autoridades eclesiásticas imbuidas de una concepción de la Iglesia organizada en torno al poder pontificio.
El problema del gobierno eclesiástico después de 1810
La revolución de mayo de 1810 en Buenos Aires colocó a la capital del virreinato del Río de la Plata y a toda su porción central y meridional fuera de la jurisdicción de las autoridades peninsulares.
A partir de allí, el territorio rebelde vivió un periodo turbulento que sacudió las estructuras tradicionales de gobierno a causa de dos fenómenos disparados por la revolución: el de las guerras de independencia y el de la permanente provisionalidad del poder revolucionario, que durante diez años no consiguió fijar criterios de legitimidad política aceptados por todos los actores políticos de la región.
El problema fundamental consistió en encontrar una fórmula consensuada para expresar la nueva soberanía de base popular que la revolución había traído consigo.
7 Como consecuencia de la revolución, las iglesias rioplatenses quedaron incomunicadas con las autoridades residentes en territorio leal al gobierno español.
El espacio que se vio afectado por esta incomunicación comprendía a las diócesis de Córdoba (que incluía la región de Cuyo y las ciudades de La Rioja y Córdoba, con sus respectivas jurisdicciones), Buenos Aires (abarcaba a la Mesopotamia argentina, la Banda Oriental del Uruguay, la jurisdicción de Santa Fe y la de Buenos Aires) y Salta, creada en 1806 a partir de un desgajamiento de la diócesis cordobesa, con jurisdicción sobre las futuras provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Estos obispados perdieron el contacto con la sede arzobispal de Charcas y las órdenes religiosas lo hicieron con sus superiores generales en la Península.
La situación se agravó con el correr de los años.
Entre 1812 y 1819 las tres diócesis quedaron desprovistas de sus obispos y nombrar nuevos era casi imposible porque el papa no reconocía a los movimientos insurgentes en Hispanoamérica y se negaba a expedir las imprescindibles bulas de institución episcopal para los candidatos de los gobiernos independentistas.
Para empeorar aún más el panorama, en 1820, al desaparecer el poder central encarnado en el Directorio, lo hizo también la autoridad que había intentado heredar el derecho de patronato que detentaba el rey sobre esos obispados.
El denominado regio patronato indiano era la facultad que poseía el monarca para nombrar a las personas que ocuparían los beneficios eclesiásticos dentro de sus territorios americanos, desde los arzobispos a los párrocos, y que incluía también la obligación de fundar, erigir y dotar a los templos.
En torno a la figura del patronato se aglutinaban una serie de potestades del poder civil sobre el espacio eclesiástico que eran parte esencial de la soberanía de la corona española en América.
Una de las más importantes fue la capacidad de otorgar o negar el pase regio o exequatur a las disposiciones papales, requisito indispensable para que la normativa pontificia tuviera vigor en los reinos españoles.
8 Todo este vasto conglomerado de facultades era ejercido siguiendo la lógica piramidal de la monarquía hispana: mientras el rey, asesorado por el Consejo de Indias, poseía la potestad de presentar a los obispos y canonjías al papa, delegaba en los vice-patronos (siempre los virreyes, luego, y no sin disputa, los gobernadores-intendentes) la atribución de presentar a quienes ocuparían los demás beneficios en cada diócesis.
9 Las autoridades provinciales que surgieron en la década de 1820 como únicos poderes soberanos buscaron ocupar el lugar del patrono, pero encontraron más dificultades aún que el extinto Directorio para hacerlo, porque la convivencia de varias provincias en una misma diócesis ocasionó conflictos, particularmente cuando aquellas que no alojaban a la sede diocesana debían aceptar que sus sacerdotes recibieran órdenes de las autoridades eclesiásticas residentes en provincias vecinas.
El problema era de primer orden, porque el control de las estructuras eclesiásticas se consideraba todavía un componente fundamental de la soberanía y, por lo tanto, no permitía la injerencia de poderes extraños, menos aún de vecinos que siempre miraban con buenos ojos la posibilidad de subordinar a los gobiernos colindantes.
Frente a esta situación se disparó entre las provincias una carrera por conseguir la diócesis propia que desencadenó varias disputas jurisdiccionales.
Las autoridades políticas provinciales -y también las eclesiásticas-debieron acudir constantemente a instancias supraprovinciales para dirimir esos conflictos.
Desde la visita de la misión pontificia encabezada por Giovanni Muzi durante los años 1823 y 1824, la Santa Sede comenzó a intervenir como autoridad superior en materia eclesiástica.10 Sin embargo, las intervenciones de Roma sobre esas lejanas y sumamente inestables iglesias rioplatenses recrudecieron muchas veces los conflictos en lugar de aplacarlos.
La curia romana contaba con escasa información para tomar decisiones: la misión Muzi había recorrido sólo unas pocas provincias y lo había hecho de manera fugaz, del resto le llegaban noticias sesgadas, remitidas por gobiernos provinciales (o por sus comisionados) empeñados en conseguir su autonomía eclesiástica.
Orientado por fuentes tan tendenciosas, el papa nombró autoridades con escasas capacidades para ejercer el cargo otorgado, o creó nuevas jurisdicciones que eran económica e institucionalmente inviables.
Los ejemplos de malas decisiones tomadas por la Santa Sede sobran: la creación de la diócesis de Cuyo, con sede en San Juan, generó larguísimos conflictos con la vecina provincia de Mendoza -también incluida en el obispado y de mayor importancia que la nueva sede-y con las autoridades de la diócesis de Córdoba -que perdía una porción importante de su territorio al ser creado el nuevo obispado-; el intento de nombrar en la diócesis cuyana un obispo auxiliar, con sede en San Luis, no fue menos inoportuno, como veremos más adelante.
Para la flamante República Oriental del Uruguay, el papa nombró en 1830 un vicario apostólico, Pedro Alcántara Giménez, que fue rechazado por el gobierno uruguayo por ser español peninsular.
El obispo chileno José Ignacio Cienfuegos, que había gestionado en Roma el envío de la misión Muzi, explicaba a Benito Lascano en 1830 que «En Roma no tienen conocimiento topográfico de la América y división de provincias», como así tampoco de las autoridades políticas y eclesiásticas de las provincias argen-tinas.11 Frente a estas dificultades se ensayaron al menos dos soluciones.
En primer lugar, desde las oficinas pontificias se destacó un nuncio en Río de Janeiro con incumbencia en los asuntos eclesiásticos de toda la América austral.
Allí debían confluir los informes de una creciente red de eclesiásticos confiables distribuidos por todo el territorio.
El obispo Mariano Escalada, quien auxiliaba al anciano Mariano Medrano en la diócesis de Buenos Aires, era el centro de esa trama para las iglesias rioplatenses.
Los informantes leales debían ofrecer al papa un panorama menos difuso que le permitiera tomar decisiones sobre terreno firme.
12 La segunda solución no surgió del ámbito eclesiástico, sino del civil, cuando Juan Manuel de Rosas se constituyó en árbitro de las disputas entre las autoridades locales utilizando y ampliando las atribuciones que le otorgaba el encargo de las relaciones exteriores.
En las páginas que siguen nos concentraremos en esta segunda salida para estudiar cómo, sobre esa figura, se fue construyendo una autoridad supraprovincial en materia eclesiástica.
Atribuciones en materia eclesiástica para el encargado de Relaciones Exteriores: el decreto de 1837
La figura de encargado de Relaciones Exteriores como autoridad supraprovincial existía en las provincias rioplatenses antes de la llegada de Rosas al poder.
Desde la caída del Directorio en 1820, el gobierno de Buenos Aires había asumido de hecho el manejo de las relaciones exteriores en nombre de las demás provincias y esta situación se había prolongado hasta la reunión del congreso constituyente de 1824-27.
La «Ley fundamental», sancionada por el congreso en enero de 1825, refrendó formalmente el manejo de las relaciones exteriores en manos del gobierno de Buenos Aires hasta la institución del poder ejecutivo nacional.
En febrero de 1826 fue sancionada la ley de presidencia y, a partir de ese momen-to, el ejecutivo nacional estuvo a cargo de los negocios exteriores.
Caído el poder central en agosto de 1827, las provincias delegaron en el gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, los negocios de guerra y las relaciones exteriores.
Esta medida era urgente porque las provincias argentinas se encontraban en guerra con el imperio del Brasil desde 1825.
Aunque el gobierno de Buenos Aires había ya representado a las demás provincias frente al exterior, ésta era la primera vez que esa función surgía como producto de pactos entre estados que se consideraban completamente soberanos.
13 Juan Manuel de Rosas conservó esa delegación mientras gobernó la provincia de Buenos Aires.
A lo largo de su mandato fue ampliando las atribuciones del encargado de Relaciones Exteriores, al punto de avanzar de hecho sobre atributos de la soberanía que las provincias no habían delegado originalmente en esa magistratura.
En materia eclesiástica al menos, ese avance no fue producto de una mera imposición a los gobiernos provinciales.
En varias ocasiones los mismos gobernadores recurrieron al encargado para que resolviera conflictos que ellos no podían solucionar en razón de lo limitado de sus jurisdicciones.
Aunque los conflictos más arduos se desencadenaron en la región cuyana, los obispados de Córdoba y de Salta también vivieron litigios que buscaron su resolución en el despacho del gobernador porteño.
14 Frente a la frecuencia de los reclamos, Rosas buscó formalizar ese papel arbitral mediante un procedimiento que, según manifestaba, pondría fin a estas reyertas.
En febrero de 1837 emitió, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, un decreto en el que se otorgaba a sí mismo, en tanto encargado de las Relaciones Exteriores, la exclusiva potestad de conceder el pase o exequatur necesario para que rigiera en el territorio cualquier «Bula, Breve, ò Rescripto Pontificio».
Sin la venia del encargado ninguna persona civil o eclesiástica de la provincia podría reconocer cualquier «nombramiento, creacion, ereccion ò institucion, que se haya hecho, o que se pretenda hacer en esta Provincia, o en cualquiera parte del territorio de la República...», «mediata o inmediatamente [por] Su Santidad, el Romano Pontífice, o [...] la Curia Romana, o [...] algun otro cuerpo o persona que se crea autorizada por Su Santidad».
El vigor del decreto era retroactivo a todas las disposiciones romanas que hubieran ingresado a la provincia des-de el 25 de mayo de 1810.
Quedaban exceptuadas aquellas disposiciones papales que se refirieran al ámbito de la conciencia o penitencial.
15 Aunque esta norma sólo podía tener vigencia provincial, las alusiones en los considerandos del decreto a las discordias y divisiones entre «algunos pueblos de la República», a los «intereses generales de la Nacion» y a los deberes de «todos los Gobiernos de la Confederación», sugieren que el Restaurador tomó la medida en vistas a asegurar su acatamiento en las demás provincias.
Para conseguir este objetivo envió el decreto a todos los gobernadores, acompañado por una circular donde expresaba su deseo de que cada gobierno emitiera una disposición similar a la que se había dado la provincia de Buenos Aires.
16 De esa manera, todos los gobernadores prohibirían la aceptación de las disposiciones papales sin el exequatur previo del encargado de Relaciones Exteriores.
Si cada provincia emitía una ley idéntica, la norma provincial se hacía, de hecho, supra provincial sin lesionar las formas de la Confederación.17 El prurito federal del gobernador de Buenos Aires parece no haber sido necesario para sus colegas.
No sólo prestaron obediencia a esa disposición, sino que consideraron suficiente para otorgarle vigor el hecho de dar publicidad en sus provincias al contenido del decreto.
18 Según lo manifestó en la circular que acabamos de citar, Rosas emitió el decreto con el propósito de acabar con el «...desorden e informalidad con que se marcha pidiendo Obispos a Roma, y prestando obediencia y cumplimiento a las Bulas, Breves y Rescriptos Pontificios sin el pase o exequatur de la autoridad encargada de las Relaciones Exteriores...».
19 A renglón seguido, el restaurador pasó revista a los conflictos que había provocado esa desorganización en todas las diócesis y advirtió que el papa «...al ver el desorden como nos conducimos no querrá jamás entrar en ningún arreglo ni Concordato general con respecto a los negocios con nuestra Iglesia...».
20 Si no se daba término a esas prácticas, advertía, «...nos vamos a ver envueltos en un caos de que no podremos salir eternamente».
21 La existencia de una única autoridad que regulara la comunicación entre la Santa Sede y las provincias confederadas frustraría, además, los intentos de oportunistas «que como ratones de caza andan alrededor de las Oficinas», en las provincias rioplatenses y en Roma, vendiendo sus servicios a los pretendientes a la mitra, aprovechando la desorganización de las comunicaciones con la Santa Sede para hacer decir al papa «lo que ni habrá imaginado decir y hablando de asuntos que no tendrá la menor noticia, o que si la tiene, será por las mentiras y narraciones falsas que le habrán hecho».
22 El encargado de Relaciones Exteriores debía disciplinar a las provincias y ser el único interlocutor del sumo pontífice para brindarle una orientación confiable en las medidas a tomar respecto de las diócesis argentinas.
El decreto de 1837 es importante porque plantó las bases legales para alcanzar esos objetivos y lo hizo de una manera novedosa: en primer lugar, instauró una autoridad civil supraprovincial para el gobierno de las iglesias rioplatenses, respetando formalmente la organización confederal; en segundo lugar, lo hizo defendiendo la potestad del papa para gobernar todas las iglesias del orbe católico.
Cuando el gobernador de Santiago del Estero, Felipe Ibarra, manifestó su satisfacción frente al decreto celebrando lo que el santiagueño creía una medida destinada a frenar los avances de la autoridad romana sobre los derechos de la soberanía nacional en materia eclesiástica, Rosas respondió rechazando de plano todas las afirmaciones regalistas del gobernador santiagueño.
23 La extensísima carta que dirigió a Ibarra vuelve a achacar a los gobernadores la responsabilidad del 20 Idem.
Los conflictos habían surgido en casi todas las diócesis de la Confederación.
La creación primero del vicariato y luego de la diócesis de Cuyo no sólo había provocado la reacción de Mendoza y San Luis, sino que antes había ocasionado la resistencia y protestas de las autoridades civiles y eclesiásticas cordobesas, que perdían con esta medida una parte importante del territorio de su diócesis.
En ese mismo obispado de Córdoba, el nombramiento papal de un vicario apostólico para gobernarlo en 1830 ocasionó las resistencias del clero local y del gobernador (que no lo había propuesto).
En Salta, el nombramiento en 1835 de un vicario apostólico proveniente de la provincia de Tucumán, que pertenecía al obispado pero que no alojaba a su sede, provocó las resistencias del gobierno salteño, donde residían las autoridades de la diócesis.
23 El gobernador de Santiago del Estero denunciaba la excesiva injerencia de la Santa Sede y, particularmente, del nuncio de Brasil («un encapotado que está en el Janeyro») en la diócesis salteña.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.06 caos eclesiástico: «Los males que ha empezado a sentir nuestra Iglesia desde que nos hemos puesto en comunicación con la Silla Apostólica, no han procedido de la Curia Romana [...] sino del desgreño con que se han manejado entre nosotros los asuntos eclesiásticos, tirando cada Gobierno Provincial por su lado...».
24 En esta respuesta, Rosas lamentaba que Ibarra se hubiera dejado seducir por «ciertos fariseos» que no son más, advertía, que lobos en piel de cordero que se esforzaban en difamar al pontífice con la excusa de la defensa del Estado.
25 Y tras la reconvención vino la lección: era erróneo considerar el patronato como una prerrogativa de todo poder soberano.
Aunque fuera cierto que los poderes temporales tenían la obligación de proteger y fomentar la religión del estado, y que los cargos eclesiásticos debían ser desempeñados por personas que inspiraran la confianza del gobierno, ello no otorgaba a la autoridad civil el derecho de nombrar a las personas que ocuparían las dignidades eclesiásticas.
Tal privilegio sólo podía ser concedido por el pontífice.
El patronato que detentaban los reyes españoles había sido otorgado por el papa, y los gobiernos independientes de América debían procurarse una concesión similar para ejercer ese derecho.
26 Estas reflexiones de Rosas son muy importantes, primero, porque marcan un cambio en las bases doctrinales que habían defendido los gobiernos de Buenos Aires hasta ese momento, de fuerte raigambre galicana.
En segundo lugar, porque esta postura intransigente enmarcó ideológicamente el decreto de 1837, que es considerado por la bibliografía de corte más tradicional como uno de los hitos del regalismo rosista.
27 ¿Cómo explicar esta contradicción?
La clave está en que el decreto de 1837 no otorgaba al encargado de Relaciones Exteriores el patronato, que había sido la principal figura del corpus regalista.
Esta posición había sido sostenida a comienzos de la década de 1830 por el primo y consejero de Rosas, Tomás Manuel de Anchorena.
27 Llamo «discurso intransigente» a aquel que rechaza la intervención del poder civil en el gobierno eclesiástico y sostiene que la autoridad del papa sobre la iglesia católica no es sólo moral y espiritual, sino también jurisdiccional (Di Stefano, 2004, 167-177).
Utilizo el término «regalista» para denominar a las posturas que reivindicaban las regalías que había gozado la corona española sobre sus iglesias en América, sin otorgarle la carga peyorativa que adoptó al ser utilizado por quienes denunciaron en estas atribuciones un avance indebido del poder temporal sobre el espiritual.
28 La idea errónea de que el decreto de 1837 erigió formalmente a Rosas en patrono nacional está muy extendida.
Ello le permitió a Rosas erigirse en defensor de los derechos papales frente a la tradición galicana de los gobiernos rioplatenses.
29 Así y todo, las interpretaciones que adjudican a Rosas una política tan o más regalista que la de los gobiernos previos no son del todo infundadas.
Este gobernante no dejó de utilizar los muchos instrumentos que la tradición jurídica hispana le daba para gobernar las iglesias argentinas y que sus antecesores -a quienes criticaba con acrimonia-habían usado también.
¿Por qué buscaba Rosas romper discursivamente con la tradición galicana si seguía utilizando algunas de sus principales herramientas para conservar el control sobre las estructuras eclesiásticas?
En primer lugar, la adopción de criterios eclesiológicos opuestos a los que habían sostenido los gobiernos de Buenos Aires desde el año 1820 era parte de la política semántica rosista de asignar atributos a unitarios y federales siguiendo la lógica del antagonismo inconciliable.
30 En ese sentido, Rosas procuró convertir en rasgos esenciales de los unitarios aquellas características que les habían granjeado la antipatía general.
31 El efecto se complementaba asignando a su gobierno federal los atributos opuestos: si los unitarios eran impíos por haber implementado políticas regalistas, el federalismo rosista sería devoto protestando adhesión a la autoridad pontificia.
32 En segundo término, dentro de la provincia de Buenos Aires, Rosas había ejercido el control de la estructura diocesana apoyando al sector del clero menos afecto a la tradición regalista y reforzando la figura de Mariano Medrano -veterano defensor de la autoridad papal frente a las reformas galicanas de los años 1820s-en sus potestades de obispo nombrado por la Santa Sede, para debilitar al Senado del clero (nombre que recibía el cabildo eclesiástico en Buenos Aires) que no le era afecto.
33 En tercer lugar, la concentración de la autoridad eclesiástica en el sumo pontífice le facilitaba también el control sobre las demás diócesis argentinas, en la medida en que Rosas monopolizaba la comunicación entre esas iglesias 29 Di Stefano, 2006.
31 Sobre la política religiosa del grupo rivadaviano, luego devenido en unitario, puede consultarse Di Stefano, 2008 y, en discusión con este artículo, Barral, 2009.
32 La demonización de los unitarios estaba a cargo en gran parte del clero de la provincia de Buenos Aires, Barral, 2008.
El mismo autor destaca las contradicciones irresolubles que pronto se plantearon entre el discurso intransigente de Rosas y la concepción galicana con que gobernaba la iglesia porteña.
Acerca de la creciente presión rosista sobre el clero de su provincia: Barral, 2008.
Téngase en cuenta que, aunque el encargado de Relaciones Exteriores se pronunció en contra del ejercicio del patronato como prerrogativa del poder soberano, su decreto no avanzó sobre los derechos patronales que reivindicaban las provincias en tanto soberanas.
En síntesis, al no hacer mención al patronato, Rosas podía justificar sus atribuciones en materia eclesiástica y erigirse al mismo tiempo en defensor de los principales derechos que reivindicaba la Santa Sede sobre las iglesias del mundo católico.
34 También se resguardaba de la acusación de violar las prerrogativas que la organización confederal reservaba a las provincias.
Pero, aunque no pudiera hacerlo explícito, esta disposición le otorgaba una especie de patronato nacional de hecho, al menos en el nombramiento de obispos, porque sin el consentimiento del encargado de Relaciones Exteriores las bulas de institución episcopal que enviaba el papa desde Roma no tendrían validez.
De allí que cualquier candidato a la mitra debía contar con la aprobación de Rosas para ser instituido.
El Encargado de Relaciones Exteriores como árbitro de las disputas interprovinciales
habían participado las autoridades sanjuaninas, sin intervención de los demás gobiernos involucrados.
Ello ocasionó el descontento de estas autoridades, particularmente del gobierno mendocino, que tenía desde antiguo el deseo de ver instalada en su capital la sede episcopal.
35 Era porque el gobierno que alojara a las autoridades diocesanas podría condicionarlas mediante el ejercicio del patronato y así extender en materia eclesiástica su poder jurisdiccional más allá de las fronteras de la provincia, hasta donde alcanzara el territorio del obispado.
Consciente de ello, Rosas buscó poner coto a las pretensiones sanjuaninas.
Lo hizo apoyado en el respeto a las autonomías provinciales: en uso de las facultades que le daba el decreto de 1837, otorgó el pase a las bulas de creación del obispado de Cuyo pero sólo para San Juan, dejando en libertad a las provincias de Mendoza y San Luis para mantenerse dentro de la diócesis de Córdoba -jurisdicción eclesiástica a la que pertenecían antes de crearse el obispado de Cuyo-o aceptar su inclusión en la cuyana.
36 De todas maneras, las pretensiones autonómicas de las provincias en materia eclesiástica encontraban su límite en la debilidad de las mismas provincias antes que en la fortaleza de poderes externos.
Las estructuras fiscales e institucionales de la mayoría de ellas sustentaban a duras penas una escuálida red parroquial, aunque las necesidades políticas de sus autoridades las impulsaran constantemente a solicitar el obispado propio.
37 Aquí entró a tallar la segunda función del encargado de Relaciones Exteriores: no sólo dirimía conflictos interprovinciales, sino que podía evitar modificaciones jurisdiccionales inviables en las iglesias argentinas.
Es posible graficar esta función con un ejemplo elocuente.
Si había una provincia incapaz de sustentar una diócesis, ésa era la de San Luis.
Consciente de ello, su gobernador se propuso, al menos, conseguir de Roma el nombramiento de un obispo auxiliar sin separarse de la diócesis cuyense.
Véase también, vista del fiscal de San Luis sobre este conflicto y respuesta del gobernador de la misma provincia al obispo J. M. E. Quiroga Sarmiento, ambos documentos sin fechar y sin foliar, en AGN, X-25-3-6.
37 La pobreza de las iglesias provinciales está muy documentada.
Para no multiplicar las citas, remito a Auza, 1981.
38 No tenía en ese momento la obligación de hacerlo, puesto que todavía no existía el decreto de febrero de 1837.
Sin embargo, el trámite se retrasó, y el gobernador de San Luis no recibió las bulas de institución de su candidato, José Hilarión Etura, hasta mayo de 1840.
Inmediatamente las remitió a Buenos Aires solicitando el pase pero, con el argumento de que el trámite había sido iniciado sin intervención del encargado de las Relaciones Exteriores, Rosas negó el exequatur a las bulas.
39 Al mismo tiempo, el obispo auxiliar de Buenos Aires remitía un informe a Roma considerando inoportuno el nombramiento de un obispo en una jurisdicción tan pobre como la de San Luis, que a duras penas podía mantener económicamente su ínfima iglesia.
40 Ese no era el único inconveniente; algunos años después, el obispo cuyano descubrió en su visita que el frustrado mitrado no sólo administraba pésimamente su curato, sino que su comportamiento personal estaba muy lejos de honrar el orden sacerdotal.
41 En este episodio Rosas demostró que su intervención en el gobierno eclesiástico moderaba los efectos perniciosos de aquel «...desorden e informalidad con que se marcha pidiendo Obispos a Roma...».
La negativa a dar el pase a las bulas de Etura corrigió el error papal de haber nombrado a una persona evidentemente no apta para la dignidad episcopal en una región que no podía sustentar sus costos.
Que para Roma el regalismo rosista representaba el mal menor, e incluso necesario, lo prueban los mismos documentos pontificios.
Cuando Giovanni Mastai Ferretti fue elegido papa en junio de 1846 con el nombre de Pío IX, el gobernador de Mendoza, Pedro Pascual Segura -que lo había conocido personalmente cuando visitó la ciudad de Mendoza como secre-38 Véase Bruno, 1966-1976, X, 107.
En agosto de 1840, Escalada compartió su preocupación con su amigo Fabbrini.
Le recordó las paupérrimas condiciones de la provincia de San Luis, cuyo pueblo «apenas puede llamarse aldea» (66v.).
Le advirtió que sólo había un cura (el que fue nombrado obispo), que con serias dificultades estaba desde hacía unos años construyendo un templo, y un miserable convento dominico con uno o dos frailes.
El nuevo obispo estaría entonces sin clero, sin rentas y sin ministros que pudieran servirlo.
También el clérigo mendocino José Antonio Sosa se mostraba alarmado por la decisión de la santa sede.
Consideraba insólita la institución de un obispo para San Luis, cuando no había allí ni curas.
Con suspicacia comentaba a su amigo Castro Barros que «esto mas parece merienda de negros, q. prohibiciones Pontificias»; era evidente, afirmaba Sosa, que habían engañado al sumo pontífice.
Allí el obispo comprobó que Etura no llevaba al día los libros parroquiales, vivía amancebado y pesaban sobre él varias acusaciones de solicitación.
La petición preveía dos instancias: en primer lugar, el nombramiento de un obispo auxiliar en Mendoza, y en un segundo momento, la creación de una diócesis independiente del de San Juan.
42 Al igual que había ocurrido con San Luis, la decisión de elevar una nota oficial al sumo pontífice sin el visado previo del encargado de Relaciones Exteriores fue considerada por Rosas un acto frontal de desconocimiento de su magistratura.
Para evitar que esta situación se repitiera, el gobernante remitió una nota a Roma informando que la legislación existente en la Confederación sólo consideraba válida la correspondencia enviada a la curia pontificia por intermedio del encargado de Relaciones Exteriores.
No omitió informar también que toda disposición papal debía contar con el pase o exequatur de esa misma autoridad para regir en la Confederación.
43 Las pretensiones del gobernante no podían sino incomodar a la curia romana.
La Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios trató conjuntamente la solicitud del gobernador mendocino y la nota enviada por Rosas en mayo de 1848.
Para ese entonces, el gobernador Segura había renunciado a su cargo, presionado por facciones opositoras dentro de la provincia apoyadas por Rosas, que ya no confiaba en él.
44 Las conclusiones a las que llegaron los miembros de la Congregación son sumamente sugestivas.
Citamos por ello en extenso las actas de esa reunión: rían a Roma corrían el riesgo de ser incumplidas o inadecuadas a causa de la facilidad con que esos gobiernos eran desplazados del poder.
Rosas, en cambio, había demostrado ya sobrada capacidad para conservar el gobierno de su provincia e imponerse a las otras.
Por otro lado, el consentimiento de Rosas era indispensable para la actuación del obispo Escalada, pieza clave de la red de sacerdotes confiables que la Santa Sede proyectaba en el sur de América.
Con el correr de los años, esta circunstancial coincidencia entre el encargado de Relaciones Exteriores y el sumo pontífice se fue disolviendo a medida que cada una de las partes se consideraba con la fortaleza suficiente para prescindir de la otra.
De hecho, no se vuelve a encontrar durante la década de 1840 una defensa tan argumentada y decidida de la autoridad papal en los documentos oficiales del encargado de las Relaciones Exteriores.
En su lugar, fue cobrando mucha mayor entidad el concepto de patronato nacional.
El cambio obedece en parte a la modificación de las circunstancias que habían favorecido el discurso intransigente en Rosas.
La actividad de los opositores en los países limítrofes le ofreció la oportunidad de redefinir los rasgos negativos que adjudicaba a los unitarios, acusándolos ahora de conspiradores contra la independencia de la nación.
La imputación de impíos seguía operando, pero su efectividad podía flaquear en la medida en que los sucesos que le servían de referente se perdían en el pasado.
La autoridad de Medrano, por su parte, se debilitaba aceleradamente en la diócesis, al tiempo que se fortalecía la figura de su obispo auxiliar, Mariano Escalada, tanto menos dispuesto a complacer los deseos del gobernador cuanto más propenso se demostraba a implementar la política romana de centralización del gobierno de la iglesia católica.
Institucionalización de la autoridad nacional
A estos factores se suma la gradual consolidación de la autoridad rosista en el resto de las provincias de la Confederación.
Ello provocó la definitiva ruptura con Escalada, con quien las relaciones se venían enfriando aceleradamente.
Sobre la labor de los jesuitas en la provincia de Buenos Aires, puede consultarse Di Stefano y Barral, 2008, para ampliar sobre las oscilaciones de la política rosista en Buenos Aires, Di Stefano, 2006.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.06 siástico, esa autoridad se cristalizó en una serie de normas y procedimientos de gobierno que, a fuerza de repetirse, adquirieron cierto grado de institucionalización a escala supraprovincial.
Uno de los procedimientos donde se advierte esta tendencia es el juramento que se exigía a los obispos nombrados por Roma para conceder el pase a sus bulas.
En él se comprometía el futuro mitrado a sostener y defender la libertad y la independencia de la República bajo el régimen federal, prestar obediencia y sumisión a las leyes y respetar los derechos consiguientes a la soberanía, no mantener comunicación con proyectos que amenazaran la seguridad de la república, instar a la población al uso de la divisa punzó, no aceptar distinción ni dignidad alguna sin permiso previo del «Gobierno General de la República, o del que haga sus veces en toda ella», no dar cumplimiento a ninguna disposición pontificia sin el previo consentimiento del encargado de Relaciones Exteriores, no recurrir ni permitir que otra persona de su diócesis recurriese a Roma sin previo permiso del encargado.
47 En resumen, a falta de un marco legal que estableciera claramente las obligaciones de las máximas autoridades eclesiásticas frente a lo que con creciente frecuencia se llamaba autoridad nacional, el juramento suplía la norma al obligar con similar fuerza.
Si ese juramento se repetía en los mismos términos para cada nuevo obispo, todos ellos estarían atados a idénticas obligaciones, y así el gobierno gozaría de prerrogativas homogéneas sobre los obispos de las diócesis argentinas.
De esta manera, el decreto de 1837 funcionó como plataforma para esbozar, a partir de las condiciones que Rosas imponía para otorgar el pase, una suerte de marco normativo nacional sin necesidad de una legislatura.
Cuando las leyes no existían, suplió al poder legislativo emitiendo decretos o estableciendo normas paralegales, como ocurrió con el juramento.
48 En otras ocasiones, hizo las veces de ejecutivo nacional exigiendo el cumplimiento de una norma sancionada por una legislatura nacional ya extinta.
Asumiendo este rol, Rosas retrasó el pase a las bulas de erección del obispado de Cuyo porque, entre otras cosas, el acuerdo que habían firmado el gobernador de San Juan con el obispo fray Justo Santa María de Oro para apurar la creación de la diócesis declaraba exclusiva en esa provincia a la religión católica, y tal cláusula atentaba contra la tolerancia religiosa sancionada por el Congreso Nacional Constituyente en 1825.
49 Hacia fines de la década de 1840, la concentración de facultades de gobierno eclesiástico en la autoridad nacional avanzó sustancialmente.
En junio de 1849, a instancias de un conflicto desatado en la diócesis de Cuyo en torno a la validez de un conjunto de secularizaciones efectuadas por Muzi en los años 1820s., Rosas emitió un decreto que complementaba al de 1837 incluyendo a los rescriptos de secularización en el conjunto de disposiciones pontificias que debían contar con el pase regio del encargado de Relaciones Exteriores.
50 Aunque esta medida fue evaluada por la historiografía que ha tratado el tema como un claro avance sobre prerrogativas papales, en realidad no significaba un despojo de facultades que la Santa Sede hubiera ejercido previamente,51 pues desde la llegada de la iglesia católica a América, este tipo de trámite estaba fiscalizado por los poderes civiles.
Incluso los tímidos gobiernos provinciales habían impuesto el pase a los rescriptos de secularización en la década de 1820.
52 Es en este punto donde la ampliación de las atribuciones que sancionó el nuevo decreto constituyó un cambio sustancial.
Ya no se trataba, como había ocurrido en 1837, de asumir el lugar arbitral que ningún gobierno provincial podía ocupar.
El hecho de que los rescriptos fueran emitidos por autoridades externas al territorio sirvió de excusa para controlar aspectos de gobierno que poco que ver tenían con las relaciones exteriores.
El decreto de 1849 dejó en manos de la autoridad supraprovincial la política de secularizaciones que las provincias habían manejado desde 1820.
El traslado de sacerdotes del clero regular al secular permitía a las autoridades civiles y eclesiásticas de las provincias proveer de pastores a su despoblada estructura parroquial.
Se trataba, por lo tanto, de un punto muy sensible de la política interna provincial, que ahora quedaba en manos de Rosas.
Las repetidas menciones a un «Gobierno Nacional» o «encargado de la Direccion suprema de los asuntos nacionales de la Confederacion Argentina» reflejaron ese viraje de la magistratura de Rosas, que ya no restringía sus atribuciones al manejo de las relaciones exteriores, sino que avanzaba sobre facultades de los gobiernos provinciales, convertidas ahora en «asuntos nacionales».
Los argumentos con que se justificó este decreto reforzaron todavía más la tendencia a construir la figura del patrono nacional, y a imponer un cuerpo normativo supraprovincial para constreñir el margen de acción de los gobiernos provinciales.
El fiscal de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Lahitte, en el dictamen que sirvió de plataforma legal al decreto, asignó abiertamente facultades patronales a la magistratura confederal:
Aunque el ejercicio del patronato nacional reside en el Exmo.
Gobierno Encargado de las Relaciones Exteriores, en todo lo que está ligado con dichas Relaciones, los Exmos.
Gobiernos de las Provincias retienen y ejercitan, en sus respectivos territorios, el mismo patronato, fuera de los casos exceptuados que acaban de notarse, es decir, de aquellos que afectan las Relaciones Exteriores del Estado.
53 Detrás de este reconocimiento a la autoridad provincial se escondía una nueva distribución de las facultades patronales que no se había planteado de manera explícita en 1837.
Rosas, no sólo era encargado de Relaciones Exteriores, sino que también estaba investido con las facultades del patrono nacional.
Baldomero García, asesor del gobierno de Buenos Aires, fue más categórico a la hora de fortalecer la autoridad nacional:
Todas las bulas, breves y rescriptos pontificios, todas absolutamente las letras emanadas, mediata ó inmediatamente, de su Santidad el Soberano Pontifice, necesitan el pase ó exequatur de V. E., a quien está encargado, por sancion expresa de las Provincias todas de la Confederacion Argentina, de conformidad al pacto constitucional, el Gobierno Supremo de la Nacion en varios ramos, entre ellos el de Relaciones Exteriores.
La utilización del término «pacto constitucional» y la idea de que el gobierno supremo de la Nación incluía no sólo el manejo diplomático sino otros varios ramos, funcionaron como performativo, porque no existía en realidad un pacto que hubiese constituido un gobierno nacional con atribuciones que excedieran a las diplomáticas.
En parte esta operación era posible porque el «lenguaje nacional» contaba ya con cierta tradición en el discurso político argentino.
La utilización de términos que remitían a una identidad o comunidad política nacional se había hecho frecuente a comienzos de la década de 1830, en el momento de la firma del Pacto Federal suscripto por las provincias argentinas para reglar sus relaciones hasta tanto se sancionara una constitución para ese espacio mayor.
55 Los funcionarios rosistas de fines de los 1830s. y 1840s. no dudaron en retomar ese lenguaje cuando advirtieron que podía brindar legitimidad al orden supraprovincial que estaban construyendo, más aún cuando la paulatina expansión de discursos y sensibilidades románticas en este mismo periodo dotaban al discurso político nacional de un contexto semántico más amplio y complejo.
56 Sumado a esto, los dictámenes fundamentados del fiscal de la provincia de Buenos Aires y del asesor del gobierno, que en ocasiones se respaldaron en otros de la autoridad eclesiástica de Buenos Aires, fueron un elemento más en ese proceso de institucionalización de la autoridad nacional.
Su presencia legitimaba jurídicamente las decisiones del encargado desde el derecho civil y el canónico.
El poder nacional, el papa y las provincias
Aunque esta combinación sui generis de decretos, dictámenes, procedimientos burocráticos y habilidad política le permitió a Rosas consolidar su autoridad nacional avanzando sobre las autonomías provinciales en 55 Véase Chiaramonte, 1992, 231-246.
De este trabajo tomo la expresión «lenguaje nacional».
56 A comienzos de la década de 1830, muchos de los principales dirigentes unitarios y federales invocaban los intereses de la Nación o la República Argentina (refiriéndose ya no a Buenos Aires, sino a todo el territorio de las antes llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata) para justificar la necesidad de una constitución nacional.
Esa tendencia fue contrarrestada y finalmente derrotada por el federalismo porteño encabezado por Rosas en una coyuntura en la que su poder todavía no estaba consolidado en las demás provincias (Chiaramonte, 1992, 231-246).
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.06 materia eclesiástica, su capacidad de gobernar las iglesias argentinas experimentó ciertas restricciones que tenían origen en la irrenunciable organización confederal sobre la que este gobernante construyó su poder.
Esos límites se sintieron en la provincia de Corrientes, siempre díscola a la influencia rosista.
A comienzos de la década de 1840, tras retirar a Rosas el encargo de las relaciones exteriores en 1841, el gobernador Pedro Ferré estableció comunicación con el internuncio en Río de Janeiro, Ambrosio Campodonico, para solicitarle el nombramiento de un vicario apostólico con facultades episcopales destinado a asistir espiritualmente a la feligresía correntina, que hacía años no recibía la visita de su prelado y que pocas perspectivas tenía de revertir la situación, dada la incomunicación con la sede diocesana en Buenos Aires.
57 El trámite quedó trunco tras la derrota de las fuerzas antirrosistas y la huida de Ferré al Paraguay en diciembre de 1842.
Sin embargo, los contactos con Campodonico se reiniciaron a comienzos de 1844, bajo un nuevo gobierno antirrosista encabezado por Joaquín Madariaga.
La necesidad de un vicario apostólico era ahora más acuciante porque había muerto el delegado eclesiástico de la provincia, Juan Antonio Acevedo, que poseía facultades delegadas por el obispo de Buenos Aires para gobernar la iglesia correntina, y no quedaban en la provincia autoridades eclesiásticas con más atribuciones que las de los curas párrocos.
Este vacío y el enfrentamiento con Rosas crearon la oportunidad, a los ojos de Campodonico, para intervenir directamente en la vida eclesiástica correntina nombrando a un vicario apostólico en la persona de Juan Nepomuceno Goytía.
El breve del nombramiento fue expedido en Roma en noviembre de 1845.
Así, la Santa Sede nombraba nuevamente un vicario apostólico a petición de un gobierno provincial luego de casi diez años de férreo control rosista en el diálogo con Roma.
Pero la experiencia fue muy corta pues una nueva victoria federal forzó al gobierno correntino a volver a la órbita de Buenos Aires.
Este viraje en la política interna de la Confederación coincidió con el retiro de Campodonico de la nunciatura en Brasil y el nuevo representante pontificio en América asumió una posición conciliadora con Rosas que, por otra parte, hacia 1847 gobernaba sin oposiciones el territorio argentino.
Viendo reducidas nuevamente sus opciones, el gobierno correntino intentó cubrir la falta de autoridad eclesiástica en la provincia solicitando al obispo de Buenos Aires, Medrano, el nombramiento de un delegado eclesiástico.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.06 Dada la resignada sumisión del prelado a la voluntad del gobernador de Buenos Aires, este recurso era lo mismo que solicitar al mismo Rosas el nombramiento de la máxima autoridad eclesiástica en Corrientes.
Desconfiando aún del gobierno de esa provincia, el encargado de las Relaciones Exteriores dilató la provisión de un nuevo delegado eclesiástico.
Ante esta demora, el nuevo internuncio en el Janeiro, Caetano Bedini, se decidió a nombrar otro vicario apostólico, ignorando que, pocos meses antes, Medrano había designado finalmente un delegado eclesiástico y, más recientemente aún, Madariaga había sido derrotado de forma definitiva y Corrientes reincorporada sin dobleces a la Confederación.
Este nuevo vuelco dejó sin efecto, una vez más, el nombramiento del vicario apostólico y consolidó la potestad de Rosas en materia eclesiástica en todo el territorio.
El incidente con Corrientes prueba que la institucionalización y regularización de los mecanismos del gobierno eclesiástico ensayadas por Rosas estaban limitadas por su misma lógica de construcción de poder.
El tenue marco institucional con el que gobernaba más allá de su provincia otorgaba al encargado de Relaciones Exteriores una amplia libertad para premiar fidelidades o castigar disensos.
Podía así retardar el nombramiento de un delegado eclesiástico en Corrientes o clausurar la comunicación del nuncio con una provincia en particular.
Ese margen de discrecionalidad le aseguraba la obediencia de las autoridades provinciales.
Con ese comportamiento había conseguido también que los funcionarios pontificios prefirieran sacrificar la comunicación directa con una provincia (cuya independencia siempre era efímera) para mantenerla con el resto de la Confederación, representada por su encargado de Relaciones Exteriores.
Pero todo este mecanismo funcionaba en virtud de un delicado equilibrio entre varios contrapesos: no sólo era posible mientras los distanciamientos de ciertas provincias fueran pasajeros, sino que también requería una relativa buena predisposición del nuncio en Río.
Durante la gestión de Campodonico, el carácter intransigente del representante papal en combinación con la escisión correntina, amenazaron con desbaratar el sistema de gobierno eclesiástico que había funcionado en todo el territorio de la Confederación desde fines de 1830.
El nombramiento de un nuevo vicario apostólico a pedido de un gobierno provincial parecía retrotraer la situación a la década de 1830 (tan fértil en conflictos), que la imposición del encargado de Relaciones Exteriores había conseguido aplacar.
Si por un lado la tendencia del gobierno rosista a consolidar un poder central en materia eclesiástica parecía incapaz de superar totalmente los obstáculos que le oponía la tradición autonómica de las provincias argentinas -que el mismo Rosas promovía en beneficio de Buenos Aires-, por el otro comenzó a experimentar hacia fines del periodo una resistencia de nuevo tipo, que anticipaba las dificultades que encontraría todo poder civil para gobernar las iglesias en un contexto de creciente diferenciación de esferas y avance de la autoridad papal en el orbe católico.
En 1847 una porción del clero sanjuanino, junto con el obispo Medrano, y, más tímidamente, con el senado del clero porteño, sostuvieron que el trámite de la secularización debía quedar fuera de la jurisdicción temporal y reservado, por lo tanto, a la órbita papal.
58 Este episodio indica un cambio importante, ya que los sacerdotes, sin distinción de jerarquías ni de diócesis, hablaban en nombre de una Iglesia cuyos intereses estaban representados por el papa.
Los argumentos utilizados por el clero eliminaron la distinción entre iglesia local y poder pontificio, tan cara a la tradición galicana.
En cambio, tendieron a considerar las pretensiones del poder temporal como amenazas a la libertad eclesiástica.
Al promediar el siglo, la concordia de la década de 1830 entre los defensores de la autoridad papal y Rosas había terminado.
En gran parte la ruptura obedeció al vuelco de la política eclesiástica rosista dentro de la provincia de Buenos Aires.
59 Pero las circunstancias locales estuvieron acompañadas por transformaciones más amplias que afectaron tanto a Roma, como a la autoridad rosista en la Confederación y en el concierto de las demás naciones.
La Santa Sede acentuó durante el siglo XIX el proceso de centralización y concentración del poder eclesiástico en todo el mundo católico.
El encargado de Relaciones Exteriores, por su parte, gozaba hacia fines de nuestro periodo de una indiscutida primacía política supraprovincial y, tras dos intensos conflictos con Francia y Gran Bretaña de los que había salido airoso, del reconocimiento de las principales potencias atlánticas.
El estudio de la política eclesiástica de Rosas permite identificar algunas de las condiciones que favorecieron su gravitación sobre las demás provincias.
Se intentó demostrar que en el ejercicio de ese poder cobró forma un entramado de normas y procedimientos que reguló cada vez más el modo en que debían comportarse las autoridades civiles y eclesiásticas argentinas.
De esa manera, la magistratura ejercida por Rosas desbordó las funciones de un árbitro entre poderes soberanos autónomos.
Primero, porque esos gobiernos provinciales no eran totalmente autónomos ni soberanos en la medida en que fueron incapaces -en su gran mayoría y durante casi todo este periodo-de decidir sobre el nombramiento de los obispos de sus diócesis y, por lo tanto, de ejercer plenamente el patronato, que era una de las atribuciones de la soberanía según los criterios de la época.
60 Segundo, porque las disposiciones de Rosas no sólo afectaban a estados en disputa, sino que exigían su obediencia a todos los habitantes de la Confederación, formaran parte ellos del conflicto que Rosas debía dirimir o no.
Como se advirtió en la introducción, la existencia de un poder supraprovincial en materia eclesiástica no implica la de un estado nacional y tampoco supone la imposibilidad de las autoridades provinciales de manejar con cierto margen de autonomía sus asuntos eclesiásticos.
De hecho, la definición de tal estado no era una preocupación del gobierno rosista pero sí lo fue, tras la caída de Rosas, para quienes se propusieron elaborar y sancionar una constitución nacional.
Uno de los grandes desafíos de esta nueva etapa fue otorgar al estado nacional que se estaba constituyendo atributos soberanos que las provincias reivindicaban como propios.
Restaría analizar con más detalle en qué medida la experiencia de concentración del poder rosista facilitó la labor de construcción de este estado.
En el terreno eclesiástico, la experiencia del periodo de Rosas se extendió con sus grises: no fueron pocas las discusiones donde los antecedentes de esa etapa rosista se utilizaron para avanzar en la construcción del patrono nacional.
Tampoco faltaron las resistencias provinciales que contestaron estos inten-60 Es necesario hacer una aclaración para respetar la complejidad de este periodo: a pesar del consenso que existía sobre el patronato como atributo de la soberanía, el concepto mismo de soberanía estaba en pleno cambio en ese período y era objeto de disputas y nuevas lecturas.
A medida que avanzaba el siglo XIX se multiplicaron las voces de quienes sostenían que el patronato no era parte del poder soberano.
Un análisis más detallado de estos debates en Martínez, 2010.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.06 tos reivindicando, también, la tradición confederal que Rosas promovió y que en gran medida hundía sus raíces en las formas coloniales del gobierno civil y eclesiástico.
61 En uno y otro caso, este enfoque permite hilvanar de manera menos abrupta la historia antes y después de Caseros.
Además, el periplo que recorrió la postura del encargado de Relaciones Exteriores frente a la autoridad pontificia es un indicador de los cambios que se insinuaban durante la primera mitad del siglo XIX en la forma de concebir la relación entre soberanía política e instituciones religiosas.
La defensa inicial de Rosas de las prerrogativas papales quitaba al poder soberano la facultad de nombrar al personal eclesiástico de su territorio.
Se trata de un paso importante hacia la diferenciación entre instituciones civiles y eclesiásticas que durante la colonia habían estado fuertemente imbricadas.
Sin embargo, esa diferenciación fue sostenida mientras sirvió a Rosas para limitar aquellos atributos de la soberanía que los gobiernos provinciales no habían delegado en su persona.
Tan pronto como lo creyó conveniente, este gobernante abandonó el respeto por las prerrogativas papales e intentó reconstruir el esquema patronal de la colonia.
Pero la situación había cambiado y los argumentos intransigentes ganaban paulatinamente adhesiones dentro del clero local.
Frente a estas posturas se hacía cada vez más claro, y no sólo para Rosas, que los poderes políticos surgidos de la crisis colonial deberían reformular su relación con las instituciones religiosas y que el camino no sería apacible. |
En el artículo se rastrean los mecanismos de representación y el ejercicio del poder local en Filipinas durante la dominación colonial española.
Seleccionadas por las autoridades coloniales en función de criterios políticos, económicos y religiosos, las clases dirigentes nativas desempeñaron un papel ineludible en las resistencias o las lealtades que despertó el gobierno de la metrópoli en las posesiones orientales.
Estos aspectos constituyen las principales líneas de estudio de un análisis concebido en clave comparativa con los mecanismos ensayados en la península en torno al acceso y control del poder local durante el siglo XIX.
El desbroce de sus analogías y disimilitudes ocupa un lugar central junto al
escudriñamiento del significado de la reforma electoral de 1893 y los obstáculos que encontraron las autoridades coloniales para erradicar los vicios o influencia moral que, por acción u omisión, habían fomentado durante décadas.
A mediados del siglo XIX el moderado Luis María Pastor codificó en una obra titulada Las elecciones, sus vicios.
La influencia moral del Gobierno.
Estadísticas de la misma y proyecto de reforma electoral, algunas de las artimañas más recurrentes utilizadas por las administraciones de mediados del Ochocientos para falsear los comicios peninsulares.
De forma paralela popularizó la utilización del eufemismo influencia moral para referirse a la mediatización gubernamental de los procesos electorales.
Fue una socorrida fórmula para presentar la injerencia ejecutiva como una mera cuestión de moral que, con el objetivo de encubrir una intervención perfectamente institucionalizada como en realidad ocurría, era la que intercedía en la autonomía y dirección del voto.
La reflexión de Luis María Pastor en torno al carácter y parámetros que debían regir la intervención estatal en las elecciones constituye un buen ejemplo de una doctrina extendida entre las culturas políticas del liberalismo «respetable» decimonónico.
Aquella que concebía la influencia social y política como un elemento tolerable y recomendable a la hora de intervenir en los procesos electorales y canalizar la representación política.
La reflexión en torno a las consecuencias y prácticas políticas derivadas de estas doctrinas ha sido objeto de numerosos estudios centrados en los orígenes y configuración del caciquismo liberal entre la etapa isabelina y la Restauración.
No obstante, el balance dista de ser satisfactorio si se analizan las contribuciones que han aplicado estas categorías conceptuales a los sistemas de dominación desplegados en el archipiélago filipino durante el siglo XIX.
En este sentido se propone escudriñar cómo afectó esta concepción de la representación política a las elecciones a gobernadorcillos, el único estrato de poder tangible para los indios dentro del armazón político-administrativo colonial.
Pero también rastrear cuáles fueron las claves que determinaron la administración de una mayor o menor dosis de influencia moral, su relación con la coyuntura política y las condiciones particulares que confluyeron en el municipio indígena: luchas entre facciones o familias, presencia de españoles, mayor o menor arraigo de los candidatos, o el interés y capacidad coactiva de las autoridades gubernativas coloniales.
En este sentido se pretende evaluar el significado y alcance real de la reforma de 1893 en relación a las corruptelas que habían desvirtuado las elecciones para acceder al eslabón de poder local en el archipiélago.
Un análisis concebido en clave comparativa que pretende discriminar los para-JUAN ANTONIO INAREJOS MUÑOZ Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 199-224.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.07 lelismos o disimilitudes que marcaron las prácticas a la hora de acceder al poder político en la colonia y la metrópoli, no obstante la sima existente en cuanto a derechos políticos de ciudadanía.
Un estudio de microhistoria centrado en el gozne finisecular, cuando las autoridades coloniales redoblaron sus esfuerzos por controlar la dovela de poder municipal en un contexto mediatizado por la creciente contestación nativa al dominio español, la pujanza del incipiente nacionalismo filipino y la expansión imperialista internacional.
Las Principalías indígenas como espacio de influencia moral
La Constitución de 1837 consagró el gobierno de las Islas Filipinas bajo unas inicialmente transitorias leyes especiales que, salvo los etéreos y aperturistas incisos participativos protagonizados por la vigencia de la Constitución de 1812 y las reformas finiseculares, sesgaron los derechos políticos de plena ciudadanía de los territorios insulares.
2 Los únicos espacios de representación quedaron ceñidos a la elección de los gobernadorcillos.
Designados con un término despectivo y paternalista, cuyo uso se generalizó a partir de 1696, esta autoridad se situó al frente de los pueblos de indios y de los cabezas de barangays existentes en los pueblos.
Las nuevas encomiendas integraron las estructuras de organización socioeconómica prehispánicas, los jerarquizados núcleos de población conocidos como Barangays.
De origen nobiliario, las raíces del cabeza de barangay se remontan a los jefes de los diferentes grupos territoriales y familiares prehispánicos del mismo nombre.
3 Hasta 1789 fue de carácter hereditario y vitalicio, privilegio que no impedía que otros fuesen nombrados por las autoridades españolas, y a partir de esta fecha fue de carácter electivo.
1 Este texto es un avance de un trabajo en curso más ambicioso consagrado al estudio del proceso de construcción nacional y los mecanismos de representación política en Filipinas durante el siglo XIX a partir de la documentación procedente de los Philippine National Archives (Manila) albergada en el Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC (Madrid).
2 Contradicción catalogada por Partha Chatterjee como la fragmentación de la nación, en Chatterjee, 2003.
Véase un análisis pormenorizado de la paradójica legislación en Celdrán, 1994; Alvarado, 2001 -autor que incide en la inconstitucionalidad de legislar por decreto, técnica que califica de «pequeño golpe de Estado»-; Fradera, 2008, 9-30; y en Blanco, 2009, que enfatizó el papel desempeñado por la Iglesia a la hora de sancionar este apartheid, segregación o racismo colonial.
3 El cabeza de barangay se situó al frente de un grupo de tributarios que pueden vivir en diferentes barrios.
El barangay no es una división espacial del municipio.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.07 También, al igual que los gobernadorcillos, poseían amplias potestades tributarias, de orden público, y gozaron de ciertos privilegios como la exención de las prestaciones personales, militares y contributivas.
En suma, las colonias estuvieron administradas por un sistema político-administrativo mixto que intercaló dispositivos de dominación directa e indirecta.
4 Los conquistadores no suplantaron a estas élites nativas prehispánicas, también conocidas como principales, sino que les cedieron las riendas del poder local y delegaron en ellas nuevas atribuciones.
5 Hasta la reforma impulsada por Maura en 1893, las elecciones celebradas durante la segunda mitad del siglo XIX estuvieron regidas por la normativa de 1847.
6 Ambas leyes fueron las únicas modificaciones que introdujeron algunas variantes relacionadas con el proceso de selección de los candidatos a gobernadorcillo, sistema que en sus principales pilares permaneció prácticamente perenne hasta la intervención estadounidense.
Entre los cabezas de barangay que formaban cada Principalía se realizaba un sorteo, con carácter bianual a partir de 1862, para designar a doce electores.
Éstos y el gobernadorcillo saliente eran los trece encargados de elegir a tres miembros de una terna, formada por los más votados.
7 Una significativa criba que dejaba entrever el nivel de consenso existente entre las élites nativas.
Una vez elevado el resultado al gobernador civil, éste proponía al gobernador general de Filipinas al individuo de esa terna que consideraba más apto, o decretaba, si procedía, la anulación de la votación.
A la hora de discriminar, el gobernador civil contaba con los trascendentales y exhaustivos informes elaborados por las distintas autoridades españolas (la guardia civil, el párroco y el administrador de Hacienda) sobre cada uno de los miembros de la terna, siguiendo unos criterios políticos, económicos y religiosos.
Este sistema había sido desvirtuado por las corruptelas protagonizadas por las élites nativas en disputa por el poder y por la anuencia, complicidad o amparo de las autoridades coloniales españolas y las órdenes reli-4 Para contextualizar el caso filipino con los sistemas de administración directos e indirectos desplegados por las potencias europeas en el sudeste asiático, Trocki, 2004, 75-126.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.07 giosas.8 La reforma de 1893 promovida por Maura persiguió varios horizontes.9 En primer lugar, supuso un nuevo intento de atajar estos desmanes durante el breve paréntesis temporal que permaneció vigente.
El creciente interés peninsular e internacional por Filipinas trajo consigo un intento de racionalizar, modernizar y regenerar la administración colonial para reforzar lazos y tender nuevos puentes con la metrópoli.10 Y, en segundo lugar, la nueva legislación persiguió aumentar la participación y cuota de poder de las pujantes clases propietarias locales.
Se trataba de generar adeptos entre las élites nativas en una coyuntura marcada por la creciente cascada de contestación local al dominio colonial español.
11 La elasticidad de la categoría de principal se erigió en una de las principales novedades introducidas en el decreto de 19 de mayo.
Un status que pasaron a disfrutar aquellos vecinos que pagasen 50 pesos de contribución territorial.
Una medida que, en diálogo con Luis Ángel Sánchez, no constituyó una mera formalidad, sino que tuvo significativas repercusiones en el cuerpo electoral encargado de elegir al capitán municipal, la nueva designación del otrora despectivo término de «gobernadorcillo».12 Si bien el sistema pseudocensitario implantado no experimentó ninguna apertura en relación al reducido número de electores, con las nuevas modificaciones sí sufrió una reorganización de las categorías que daban acceso al voto.
La principal novedad de carácter participativo radicó en la concesión de tres votos a los mayores contribuyentes de la localidad que no fuesen cabezas de barangay, quienes, junto a los antiguos gobernadorcillos y cabezas de barangay (con tres y seis votos respectivamente), configuraron el nuevo cuerpo electoral (electores que fueron designados delegados).
Los comicios pasaron a ser presididos por el capitán municipal, acompañado por el cura párroco, disposición que intentó erradicar la anterior e influyente presencia del gobernador provincial o de sus delegados durante las votaciones.
No resulta baladí que fuese precisamente el jefe político una de las figuras que vio sensiblemente mermada su capacidad de maniobra e injerencia.
En primer lugar por su posición central en el sistema de ternas, sustituido por una elección directa y unipersonal a manos del renovado cuerpo electoral.
La influencia perdida por el gobernador provincial fue a parar a manos del nuevo capitán municipal, figura que engrosó su lista de atribuciones con nuevas competencias que aspiraron a reforzar su autoridad y prestigio.
No obstante, ¿qué efecto real tuvieron estas nuevas disposiciones legislativas?
¿Consiguieron durante su breve periodo de vigencia erradicar los vicios mimetizados durante décadas?
La reforma de 1893 y los obstáculos para erradicar la influencia moral: el gobernador civil
El examen de las conflictivas elecciones celebradas en la Principalía de San Isidro de Tubao, situada en la provincia de La Unión de la isla de Luzón, permite desentrañar con agudeza las prácticas, justificaciones, objetivos y consecuencias de las corruptelas electorales desplegadas en Filipinas.
Y, por extensión, las resistencias que encontraron a la hora de intentar erradicarlas las mismas autoridades coloniales que las habían auspiciado o consentido.
Unas manipulaciones conocidas a partir de las denuncias elevadas al gobernador general de Filipinas por varios delegados municipales electos, quienes censuraron el incumplimiento de la nueva legislación durante las elecciones celebradas el 23 de noviembre de 1894.
El envío de un escrito al gobernador general de Filipinas fue el soporte escogido para elevar la protesta.
En él se enumeraron de forma pormenorizada los vicios que habían presidido esas elecciones, desglose que fue encabezado por un ampuloso preámbulo:
Que amantes sinceros del bien moral y material de su pueblo, y por lo mismo, deseosos de que quién haya de regir y tener en sus manos el principal cargo municipal de la población y ávidos porque la ley se cumpla con toda rigidez, en fin, porque no pueden consentir que las elecciones municipales celebradas en su pueblo San Isidro se practiquen con infracción completa de los reglamentos sobre régimen municipal..., pues se consideran muy lastimados en el proceder demostrado por el señor gobernador civil de la provincia de La Unión...Un breve, escueto y verídico relato que de cuanto ha ocurrido en aquellas elecciones han de hacer aquí los recurrentes, convencerá íntimamente a V. E. de la justicia de esta respetuosa queja y de la legalidad y procedencia de la súplica que han de formular...
13 Más allá del lenguaje hiperbólico y de las luchas de poder que encubrían no pocas de estas exposiciones que apelaban a la defensa de la legalidad y el bien general, el proceder del gobernador de Filipinas, tras analizar el contenido de la protesta, corroboró la verosimilitud de las acusaciones.
Según los tres delegados de la Principalía denunciantes y firmantes del escrito, portavoces a su vez de otros cuatro delegados más (siete en total, es decir, mayoría de un electorado compuesto por doce electores), los vicios que adolecía la elección habían desvirtuado por completo la votación.
14 En primer lugar, por la asistencia del gobernador a las votaciones, las únicas que supervisó de todos los pueblos de la provincia.
Una presencia que violó la legislación aprobada el 19 de mayo de ese mismo año, que estableció el régimen municipal para los pueblos de las islas de Luzón y Visayas con más de 1.000 cédulas.
15 Su artículo 4.o (complementado por el artículo 21 del reglamento provisional para la ejecución del anterior decreto) había puesto coto a la decisiva presencia del jefe político durante las votaciones, cuyo papel debía reducirse exclusivamente a señalar el día para la celebración de los comicios.
José María Osorio, gobernador civil de La Unión, coaccionó personalmente a los delegados con el objetivo de que eligiesen capitán municipal a Carlos González, su candidato.
No obstante, siete de los delegados hicieron caso omiso de las «recomendaciones» de esa autoridad y dieron sus votos a Miguel Halog.
En palabras de sus votantes, «persona sin tacha legal alguna para tal cargo, vecino y principal reconocidamente honrado y para mayor abundamiento uno de los más pudientes de San Isidro».
Un testimonio que destila otra de las constantes vinculadas a la legitimación del poder político en Filipinas: la riqueza como una importante fuente de poder social.
16 Apenas el gobernador conoció de primera mano el adverso resultado de la votación la anuló de forma unilateral y convocó una nueva elec-14 Los tres denunciantes fueron Bernardo Dacanay, Alberto Boadoy y Torcuato Gago, naturales y vecinos de San Isidro de Tubao; portavoces a su vez de los también delegados Buenaventura Dacanay, Dámaso Suguitán, Domingo Fortes y Emeterio Padilla.
De todos ellos, sólo el primero, Bernardo Dacanay, fue elegido delegado por la categoría de mayores contribuyentes.
15 El impuesto de «cédula personal», creado en 1884, aglutinó los anteriores tributos personales.
Con carácter de documento de seguridad pública e identidad, su expedición tampoco fue ajena a las manipulaciones e irregularidades durante su corto periodo de vigencia.
Las medidas de racionalización hacendística implantadas durante el siglo XIX y los agentes y mecanismos recaudatorios del tributo personal puestos en marcha por la administración colonial son detenidamente analizados en Fradera, 1999, 133-190.
Una vez más, el idioma, lejos de constituir un requisito imprescindible, era instrumentalizado por las autoridades para seleccionar candidatos en función de sus propios intereses.17 El cura, autoridad «espiritual» que sí continuó habilitado en la nueva normativa para presenciar las votaciones como traductor, 18 asistió a la primera votación y celebró su resultado.
Cuando el religioso se retiró a comer al convento, el jefe político, tras declinar una invitación del cura para acompañarle a almorzar, aprovechó su marcha para presionar a los electores auxiliado por su secretario y por el «español europeo» Felipe Santiago González, padre del protegido candidato oficial y juez de paz del pueblo.
19 Una autoridad que utilizó un viejo recurso para aquilatar sus intimidaciones: amenazó judicialmente con abrir procesos criminales a los siete delegados, los otrora díscolos que, atemorizados, dieron su brazo a torcer y eligieron a Carlos González, su hijo, en una elección calificada con el eufemismo de «unánime».
20 Los denunciantes presentaron una protesta ante el gobernador general de Filipinas en la que se defendieron de los ataques del jefe político y censuraron las coacciones perpetradas por el juez de paz.
21 En primer lugar intentaron echar por tierra el impedimento lingüístico achacado a Miguel Halog, vencedor en las primeras elecciones.
Si bien reconocieron que Halog, aunque lo comprendía, no sabía hablar y escribir el castellano como había asegurado el jefe político, esta carencia no era un obstáculo insalvable para acceder al cargo.
Según los recurrentes, a pesar de que el artículo 9.o de la normativa de 1893 exigía que el capitán municipal hablase y escribiese el castellano, el artículo 49.o de la misma legislación rezaba que las actas de sesiones del Tribunal municipal, independientemente de la asistencia o no de los delegados de la Principalía y del párroco, se debían redactar en castellano si todos aquellos que tenían que suscribirlas entendían la lengua oficial.
En caso contrario, deberían ser redactadas en castellano y traducidas a la lengua nativa.
Es decir, según los denunciantes, esta cláusula permitía salvar el artículo 9.o mencionado.
Un argumento que reforzaron al blandir la existencia de un secretario municipal que traducía al capitán y miembros de la Junta municipal las actas y consultas que redactaba en castellano.
Los denunciantes intentaron presentar el problema del idioma como una cuestión subjetiva, al relatar el «desagrado» que mostró el gobernador civil cuando llegó al municipio y comprobó que sus habitantes no hablaban castellano, sin tener en cuenta las especiales circunstancias que concurrían en esta Principalía.
22 Un pueblo de nueva creación con tan sólo seis años de antigüedad, enclavado entre montes, «con medios rudimentarios en todo», y compuesto de «gentes sementeras» de diferentes partes del país.
23 Las papeletas originales de la primera votación fueron adjuntadas al expediente, en sintonía con las prescripciones que había establecido el gobernador general Weyler el 20 de febrero de 1890 con el objetivo de obstaculizar las manipulaciones.
No obstante, según corroboró el párroco, el capitán municipal que presidió el acto se negó a incluir el escrito de protesta en el acta electoral, negativa que motivó su remisión directa al gobernador general de Filipinas.
Un expediente que también incluía un informe del cura de San Ysidro, el agustino Aquilino García, sobre las aptitudes de ambos aspirantes.
En su examen, el religioso se inclinó por el candidato de los denunciantes debido a sus aptitudes, trayectoria y vecindad, inquisición que tampoco fue adjuntada al acta electoral.
En primer lugar, contradijo el argumento lingüístico empleado para desacreditar a Miguel Halog, al asegurar que controlaba con soltura el castellano, lo suficiente como para desempeñar con solvencia el cargo al que aspiraba.
De forma paralela puso en entredicho uno de los principales activos del mestizo Carlos González, al asegurar que sabía hablar castellano «bastante imperfectamente».
En su informe el párroco respaldó la denuncia de los delegados y aportó nuevos 22 En relación a la escasa difusión del castellano en Filipinas, véase Rafael, 2005.
23 Expresión con la que se denominaba a los barrios o visitas alejadas de las localidades matrices.
Estas aldeas y la población seminómada fueron los blancos predilectos de la política de reducciones orientada a incrementar la recaudación tributaria y la conversión al cristianismo, Blanco, 2009, 45.
Apuntó la utilización del soborno como uno de los medios empleados por los González para intentar hacerse con las riendas de la Capitanía.
También sacó a la luz pretéritas denuncias de abusos que habían recibido durante el ejercicio de sus cargos de cabeza de barangay y juez de paz, respectivamente.
Unos desmanes pasados que habían enervado la animadversión de muchos vecinos, los mismos que habían mostrado satisfacción de que no hubiesen conseguido la Capitanía.
La brecha abierta entre el párroco y las autoridades civiles (gobernador provincial, capitán municipal y juez de paz) resultó más que evidente.
Las imputaciones no acabaron aquí.
Los denunciantes, amparados en los artículos 9.o y 16.o del decreto de 19 de mayo de 1893, aseguraron que el candidato impuesto por el gobernador civil no cumplía las condiciones legales de acceso al cargo para el que había sido designado.
Según la normativa, únicamente podían ser capitanes municipales o cabezas de barangay los naturales o mestizos de sangley (los mestizos de chino e india).
Carlos González, cabeza de barangay de San Isidro de Tubao durante los anteriores cuatro años, era hijo de Felipe Santiago González, español peninsular, y de una nativa de la localidad vecina de Agoo.
Se trataba por lo tanto de un mestizo de español, citado en las fuentes como un «español filipino».
Es decir, que estaba inhabilitado para ostentar los cargos de cabeza de barangay, y, por extensión, de capitán municipal.
Además, no había podido asistir a las votaciones por encontrarse enfermo, ausencia que le impedía votar o ser votado.
En último lugar, los delegados esgrimieron una consideración de carácter extraoficial o informal para intentar persuadir al gobernador general y evitar la estructuración de un bloque de poder en la Principalía.
Recordaron a la autoridad superior que Felipe Santiago González, «español europeo radicado hace muchos años en aquel pueblo», compaginó el cargo de juez de paz de San Isidro con el de agente de la Compañía General Tabacalera.
24 Es decir, si finalmente su hijo era designado capitán municipal, «reasumiría en sus manos los poderes gubernativo, judicial y municipal, lo que daría lugar a arbitrariedades de una sola voluntad, como es de suponerse».
Un nuevo testimonio que arroja luz sobre el interés que tuvieron las élites locales, directamente o mediante testaferros, por ostentar estos cargos para promover y defender sus intereses económicos.
25 No obstante, ¿estaba dispuesta a consentir la máxima autoridad colonial una amalgama de poder de estas características?
Manila anuló las elecciones, aunque la orden de repetir las votaciones no pretendió evitar la configuración de una red clientelar que combinase poder económico, político y administrativo.
Las causas que llevaron al gobernador general a invalidar el proceso electoral obedecieron a otras motivaciones.
Tras conocer las impugnaciones, el gobernador general de Manila ordenó abrir un expediente para investigar los fraudes denunciados, tarea que fue encomendada al director general de Administración Civil.
En primer lugar, el 3 de abril de 1895 instó «inmediatamente» al gobernador civil de la Unión para que corroborase «categóricamente» si el capitán municipal violaba la cláusula que reservaba este cargo a los nativos o mestizos de sangley.
Cinco días más tarde solicitó al vicario provincial de La Unión una partida bautismal de Carlos González para complementar las pesquisas.
26 De forma paralela, el director general de Administración Civil reclamó al gobernador civil la remisión del acta electoral original.
En ella se negó la existencia de protesta alguna y se ensalzó la presunta legalidad que había presidido el proceso: «...cuya elección se llevó a cabo con arreglo a lo que dispone el real decreto de 19 de mayo de 1893, cumpliendo todas las formalidades, y sin que haya habido protesta ni reclamación alguna según V. E. se servirá reconocer...».
La primera votación que supuso la derrota del candidato oficial del gobernador civil fue omitida.
Sólo aparece reflejada la victoria «unánime» de la segunda y mediatizada elección.
Resulta palmario el paralelismo con las seculares irregularidades que presidieron los comicios decimonónicos en la metrópoli y su relativa presencia en las actas electorales.
No obstante, en el caso filipino, las posibilidades de recu-rrir a canales alternativos de denuncia, como la prensa o la tribuna parlamentaria, resultaron todavía mucho más reducidas que en la Península.
El 8 de mayo de 1895 el gobernador general informó al jefe político de La Unión que las elecciones de capitán municipal celebradas en San Isidro de Tubao el 23 de noviembre de 1894 habían sido anuladas a propuesta de la Dirección general de Administración Civil.
No obstante, el verdadero interés radicó en la causa esgrimida para invalidar el proceso electivo.
En la correspondencia entre ambas autoridades se especificó que el motivo no fue otro que la «incapacidad legal» de Carlos González derivada de su demostrada condición de «español filipino».
Los indios o mestizos de sangley no sólo fueron vetados para ejercer derechos políticos de ciudadanía o ingresar en las escalas superiores de la administración colonial,27 sino que los escasos espacios de poder que les fueron reservados también fueron usurpados por los peninsulares gracias a la anuencia de la administración colonial.
28 La trayectoria de los miembros de la familia González constituye un ejemplo acabado de esta asimétrica injerencia.
Los mestizos «filipinos españoles» de primera generación eran equiparados en derechos a los «europeos» o «peninsulares».
Mestizos que constituyeron un reducido porcentaje, si se compara con el precedente americano, en relación a la población total insular.29 Ambas circunstancias explican la escasez de reclamaciones como las que generaron, por ejemplo, los mestizos franceses de Indochina en relación a los dicotómicos contenidos de la ciudadanía entre los franceses metropolitanos y los sujetos de las colonias.
30 Reivindicaciones que sí entroncarían con aquellas respaldadas por mestizos españoles de mayor antigüedad y por los más numerosos mestizos de sangley, 31 dos de los principales soportes de la incipiente burguesía colonial que jugó un papel determinante en la confección y aglutinamiento del discurso nacionalista filipino.
32 Centrada la atención en la «incapacidad legal», los restantes fraudes cometidos durante las votaciones por el gobernador civil, a pesar de que eran bien conocidos, fueron omitidos.
33 Es más, en dicho expediente el negociado de Administración Civil -el encargado de elaborarlo-se intentó exculpar al jefe político por un presunto desconocimiento del estatus del electo:
De la sumaria y verbal instrucción efectuada, resulta plenamente comprobado que, si bien el acto electoral se verificó ajustado a la ley, fue en él electo como capitán municipal Carlos González, cuya elección quedó aprobada por el Gobernador Civil de la provincia por desconocer que el citado González tenía la condición personal de ser español filipino y no la de indígena o sangley que la ley determina para servir dicho cargo.
Conocida que fue esta circunstancia por el referido señor gobernador, se dispuso a anular la aprobación, resolviendo al mismo tiempo se procediese a una nueva elección para cubrir la vacante que el González deja.
En la misma circular de 8 de mayo, además de ordenar una nueva elección, sí se pidieron explicaciones al gobernador civil acerca de los motivos que le habían llevado a destituir a los cabezas de barangay de San Isidro de Tubao Buenaventura Dacanay, Emeterio Padilla, Guillermo Fortes, Dámaso Daguitán y Alberto Boado.
No resulta casual que fuesen cinco de los siete delegados que habían impugnado la primera elección.
La hipótesis de una represalia cobra todavía mayor fuerza si se presta atención a las excusas presentadas por el Jefe político ante sus superiores.
En primer lugar, relacionadas con sus funciones: por haber faltado a sus deberes en repetidas ocasiones, por abandono de cargos sin el permiso necesario para salir fuera del distrito y por la existencia de expedientes abiertos por ocultación de tributantes en sus respectivas cabecerías.
Y, en segunda instancia, «por revoltosos en el distrito», es decir, por cuestiones de conducta.
Unas pujantes fuerzas sociales, y las consecuentes políticas imperiales que intentaron subordinarlas, que constituyen dos de los aspectos que reclaman nuevos estudios, bajo la óptica de Fradera, 2005, 682; y Elizalde, 2009b, 68.
A Buenaventura Dacanay, señalado por el gobernador como uno de los cabecillas e «intrigante y de mala conducta», le acusó de «díscolo» por ser el responsable de presentar escritos de protesta ante las autoridades e inducir a otros para que las firmasen.
Además se había postulado como candidato en todas las elecciones a gobernadorcillo que habían transcurrido en San Isidro desde su reciente creación como pueblo independiente.
34 De los testimonios anteriores se destila que el mero hecho de elevar protestas, denunciar irregularidades o participar en las elecciones era objeto de estigmatización por parte de las autoridades coloniales.
35 Y, por extensión, autorizan a cuestionar los supuestos tópicos de atonía, desinterés y desmovilización de las sociedades colonizadas.
36 En 1892 y 1893, Buenaventura Dacanay había desempeñado el cargo de gobernadorcillo, bienio que según el juez de paz estuvo marcado por la condena de treinta días a la que fue castigado por desobediencia al cura (párroco ya difunto, y por lo tanto distinto de aquel que había censurado las irregularidades de la elección).
Durante su etapa al frente de la principalía tuvo como directorcillo -un puesto subalterno-a Guillermo Clemente, quien había sido encarcelado por «filibusterismo».
Una vaga denominación que, tras la publicación de las corrosivas novelas de José Rizal a finales de siglo, comenzó a generalizarse entre las autoridades españolas -junto a otras como la de rizalista-para denominar a un amplio y difuso espectro social e ideológico que englobó desde los partidarios de las reformas a los abiertos defensores de la independencia.
Este apelativo forma parte de una amplia nómina de términos similares cuyo extendido uso cuestiona la supuesta falta de indicios previos de los que adolecieron las autoridades coloniales antes de la insurrección de 1896.
37 En otras ocasiones estas denominaciones se erigieron en un sambenito usado por facciones en abierta disputa por el poder para demonizar a los rivales y enfrentarlos a las autoridades coloniales.
En el informe de la autoridad judicial se subrayó que Guillermo Clemente era yerno de Adriano Novicio, partícipe de una sublevación que había tenido lugar en 34 Los dos gobernadorcillos que habían precedido a Buenaventura Dacanay fueron Felipe Llorens y Santiago Vetía.
35 Al igual que ocurría en dinámicas imperiales como la británica en similares estadios cronológicos, según demostraron Engels y Marks, 1994.
37 Roberto Blanco ha incidido en los avisos que los clérigos regulares elevaron advirtiendo de tramas conspirativas, bien detalladas en cartas de algunos párrocos, al capitán general con anterioridad a la sublevación de 1896, en 2004, 591.
38 Del resto de denunciantes también presentó perfiles similares.
De Guillermo Fortes y Emeterio Padilla, quienes habían ocupado durante este mismo bienio puestos municipales como teniente mayor y segundo juez de ganados respectivamente, destacó que habían sido procesados por falsificar documentos.
Mientras que Dámaso Suguitan y Alberto Boado, junto a todos los anteriores, fueron calificados de «paniaguados» de Buenaventura Dacanay.
Es decir, como subordinados y miembros pertenecientes a la clientela organizada en torno a este último.
Para contrastar estas informaciones con personas que no formasen parte de la clientela del candidato oficial, el director general de Administración Civil solicitó al nuevo párroco, Baldomero Arranz, un informe de los cesados.
A pesar de que el sistema de ternas había sido eliminado formalmente en la nueva legislación, sus rémoras, como la elaboración de informes de conducta, seguían vigentes de manera informal, máxime en aquellas votaciones que fueron sometidas a pesquisas por irregularidades.
El cura había sido designado recientemente para dirigir esta parroquia y por tanto desconocía la etapa en la que Buenaventura Dacanay y su clientela habían regido la principalía, período que había estado marcado por el enfrentamiento de éste último con el anterior párroco.
39 No obstante, arrojó un juicio de valor totalmente opuesto al emitido por el Juez de paz.
El religioso no había detectado ninguna acción punible.
Al contrario, había notado en ellos «adhesión, respeto y obediencia» a sus consejos y censuró la destitución de los cargos que ostentaban.
También intentó minusvalorar o restar importancia a los desacatos mencionados por el juez de paz, faltas que reconoció eran frecuentes entre los cabezas de barangay de otras principalías vecinas.
Unos hechos en los que habían obrado «como tales indios», 40 por los que no habían sido procesados y que achacó a la «presión e influencia de otras personas de su esfera».
El objetivo del religioso fue claro, intentó presentar a los destituidos como meros brazos ejecutores o testaferros para despolitizar y restar la carga ideológica asignada por el juez de paz con el fin de estigmatizarlos ante las autoridades superiores.
El nuevo gobernador civil, Antonio Díaz de Cendreras, ratificó el juicio de valor emitido por el cura párroco a la altura de julio de 1895 gracias a los informes verbales que había podido recabar durante los escasos días que llevaba al frente de este puesto.
Habían transcurrido varios meses desde la celebración de las votaciones y había sustituido al jefe político acusado de orquestar los manejos, José María Osorio.
El mismo que había ratificado la verosimilitud de los informes del juez de paz y que había comenzado las pesquisas para aclarar las irregularidades que, contradictoriamente, él había alentado.
Las indagaciones llevaron al gobernador general de Filipinas a declarar la nulidad de las votaciones y a restituir en sus cargos a los delegados de la principalía defenestrados.
Un proceder que permite entrever cómo las autoridades coloniales más que preocupadas por la propia injerencia en sí, mostraron inquietud por las formas, repercusiones e imagen que ésta adoptase de cara a la opinión pública.
A lo largo de los meses que duraron las pesquisas aclaratorias, las autoridades coloniales de Manila censuraron los manejos orquestados por el gobernador civil.
El negociado encargado de su instrucción reconoció que las posteriores destituciones de los delegados no respondieron sino a las «desavenencias que surgieron en el seno de la corporación municipal de San Isidro de Tubao con motivo de la elección del cargo de capitán del expresado pueblo, cuya elección ha pasado ciertas vicisitudes».
Es decir, empleó eufemísticamente los términos «desavenencias» y «vicisitudes» para referirse a represalias y fraudes, respectivamente.
Algo muy parecido ocurrió con el tratamiento que recibía la corrupción electoral en la península.
En palabras del ya mencionado Luis María Pastor, se trataba de evitar la conmoción y los trastornos.
41 De ahí que los indios que protestaban fuesen especialmente demonizados.
Cuando las coacciones fueron desproporcionadas y alcanzaron un eco no deseado, las autoridades de turno se apresuraron a tomar medidas encaminadas a recubrir de un pseudolegalismo el proceso electoral.
En contados y excepcionales casos se anularon actas que adolecieron de palmarias y evidentes mani-pulaciones.
En la mayoría de las ocasiones únicamente se dictaron algunas medidas simbólicas o se realizaron simples promesas de escaso alcance real con el objetivo de dotar al proceso electivo de una inexistente aureola de legalidad y acallar transitoriamente las críticas de las facciones perjudicadas.
42 Máxime en una coyuntura marcada por la trascendencia otorgada a la desafección de las élites nativas respecto al dominio español.
En este caso concreto, el subrepticio reemplazo del gobernador civil, a pesar de que no se hizo una mención expresa, constituyó el chivo expiatorio sobre el cual se descargó la responsabilidad de los manejos.43
El poder local: del reforzamiento a la nueva desvirtualización del capitán municipal
No obstante, con la discreta sustitución del jefe político las manipulaciones no cesaron.
Apenas fue celebrada una nueva votación, las maniobras para falsear el resultado fueron redobladas.
El cómplice eslabón municipal no había sufrido depuración alguna.
Uno de los horizontes de la reforma de 1893 fue apuntalar la autoridad y prestigio del devaluado cargo de capitán municipal.
No obstante, el nuevo reforzamiento simbólico y funcional del otrora gobernadorcillo también fue susceptible de ser desvirtuado.
Las nuevas elecciones convocadas en San Isidro constituyeron un nuevo ejemplo acabado de este fracaso.
Las corruptelas volvieron a ser denunciadas directamente ante el gobernador general de Filipinas por el grupo de delegados que había elevado la primera protesta en otro sugerente comunicado:
Que con harto pesar y hasta con miedo elevan su humilde voz a V. E. para poner en su elevado conocimiento hechos que su justicia y rectitud bien conocidas no podrán menos de calificar de ilegales, que así los encuentra la corta inteligencia de los exponentes: y al elevar este respetuoso recurso de queja tienen por móvil el deseo que las prescripciones legales, o los reglamentos autoritativos sean una verdad práctica en esta localidad, que no sean atropellados por las personas que los deben acatar y cumplir, porque los recurrentes tienen la íntima convicción de que V. E. querrá saber cuanto pasa en este lejano pueblo referente a los actos públicos de la autoridad para en su caso anularlos y castigar a los agresores de la ley que con sus actos punibles dan ejemplos fatales y de trascendencia en la moralidad pública...
Resulta sintomático el sumiso y peyorativo lenguaje empleado por los demandantes, «su humilde voz» o «corta inteligencia», expresiones repetidas con insistencia machacona a lo largo del escrito.
Como también resulta esclarecedor el temor expresado por los demandantes ante las más que probables represalias, formales o informales, que acarrearía la denuncia.
Contaban con la reciente experiencia de las primeras elecciones impugnadas, represalia que se había corporeizado en forma de destituciones.
La mención al miedo que albergaban no resultó una fórmula retórica vacía de contenido.
La convocatoria de un nuevo proceso electoral estuvo marcada por la designación de Agustín Ventura, teniente mayor de la localidad, como capitán municipal provisional encargado de dirigir las votaciones.
44 Un cargo que en la nueva reforma fue revestido de una amplia capacidad operativa y que se erigió en una verdadera atalaya para cometer nuevas corruptelas.
El gobernador civil convocó las nuevas elecciones para el día 14 de mayo.
Los delegados de la principalía se presentaron un día antes, el 13, para tomar parte en la votación.
Agustín Ventura instrumentalizó su autoridad para cometer nuevas arbitrariedades contra la facción enfrentada a los González.
Ordenó a varios de los delegados -los denunciantes-que se presentasen en la cabecera de la provincia conducidos por un cuadrillero.
Al llegar a San Fernando, el día 14 de mayo, el gobernador civil les ordenó que volviesen al pueblo por no existir motivos para su comparecencia.
Cuando regresaron a San Isidro de Tubao, esa misma noche, la elección ya había tenido lugar.
Agustín Ventura aprovechó la ausencia de los «díscolos» delegados para obtener la victoria y ocupar ahora de forma definitiva el puesto de Capitán municipal.
45 El escrito fue firmado por Torcuato Gago, 44 De forma paralela al reforzamiento del antiguo cargo de gobernadorcillo, con la reforma de 1893 el cabeza de barangay asumió las anteriores funciones de teniente de barrio.
45 Electorado formado por los cabezas de barangay Alberto Boado (40 votos), Emeterio Padilla (40 votos), Guillermo Portes (45 votos), Torcuato Gago (44 votos), Dámaso Suguitán (36 votos), Florentino Milans (31 votos); por la categoría de antiguos capitanes o gobernadorcillos fueron elegidos Buenaventura Dacanay (53 votos), Felipe Llorens (48 votos) y Santiago Vetía (37 votos); y por los mayores contribuyentes Felipe Santiago González (59 votos), Anselmo García (58 votos) y Bernardo Dacanay (31 votos).
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.07 Emeterio Padilla y Bernardo Dacanay, los tres delegados ausentes enviados a la cabecera de la provincia para evitar que formasen parte de la junta electoral.
Según explicaron de forma pormenorizada al gobernador general, su traslado redujo el electorado a ocho votantes, ya que Buenaventura Dacanay no pudo asistir a la elección por encontrarse enfermo.
Los tres votos de los delegados podrían haber decantado el resultado en sentido contrario.
En el acta de votaciones se hizo constar que los denunciantes se encontraban ausentes pero sin especificar que habían sido obligados a presentarse en el Gobierno civil el día anterior.
46 La ausencia de los delegados desplazados supuso una clara violación de los artículos 4.o, 5.o y 7.o de la nueva legislación, aquellos que rezaban que el electorado debía estar formado por doce miembros, y, por extensión, invalidaban la designación de Agustín Ventura.
No obstante, las irregularidades no acabaron aquí.
Cuatro de los cinco delegados que dieron su voto al electo, los mismos que habían brindado su apoyo a Carlos González en la anterior y «unánime» elección, estaban imposibilitados para ejercer su derecho al sufragio.
Felipe Santiago González era juez de paz de Tubao y era español europeo.
Es decir, incumplía doblemente la legislación.
En primer lugar por la incompatibilidad del cargo que ostentaba.
Y, en segundo lugar, por violar los artículos 9.o y 16.o del decreto de 19 de mayo de 1893 que estipulaban que no podían optar a ningún cargo municipal aquel que no fuese natural, es decir, indio o mestizo de sangley.
Los cabezas de barangay Anselmo García y Florentino Milans se encontraban procesados judicialmente, acusados de participar en juegos prohibidos durante el desempeño de los cargos de teniente mayor y teniente de cuadrilleros, respectivamente.
Una tacha que entraba en colusión con el artículo 16.o que estipulaba honradez notoria como condición sine qua non para disfrutar del status de cabeza de barangay, cláusula también incumplida por el cuarto de los electores presuntamente incapacitados, Santiago Vetía.
La última de las irregularidades estuvo relacionada con la propia tramitación de la protesta, es decir, la urdida para impedir que la denuncia fuese elevada a instancias superiores.
Los reclamantes entregaron el escrito de censura al presidente de la Junta electoral municipal, el propio Agustín 46 Un recurrente y arbitrario procedimiento empleado en la metrópoli durante una buena parte del siglo XIX, favorecido por la identificación del reducido número de electores con derecho a voto hasta la definitiva instauración del sufragio universal.
Cuando el electorado de oposición fue numeroso, resultó frecuente el desplazamiento o detención del candidato que planteó resistencia al candidato oficial o ministerial para impedir que hiciese campaña electoral por el distrito y movilizase sus apoyos.
Aunque Ventura les libró un recibo que acreditaba el inicio de su tramitación, no habían recibido ninguna comunicación del gobernador civil en la que se les informase de la resolución dentro del plazo establecido para ello.
La sospecha de que en el primer escalón administrativo se había intentado seccionar el procedimiento de protesta movió a los denunciantes a recurrir directamente y de forma «extraordinaria» al gobernador general.
Resulta lacerante la valoración realizada desde la Dirección General de Administración Civil apenas conocieron la denuncia de los manejos en las primeras votaciones: «...siendo esta la única protesta que atravesando el radio de acción del gobernador civil de la provincia ha podido llegar a manos de la superioridad».
Para dotar de mayor legitimidad y credibilidad a su reprobación recordaron a Manila la «reciente» anulación de las últimas elecciones celebradas en esta misma Principalía a causa de las corruptelas cometidas por la misma facción que, de nuevo, pretendía hacerse a toda costa con la capitanía municipal.
Al igual que había ocurrido durante las pesquisas efectuadas para esclarecer la primera elección, se solicitó al párroco de Tubao un informe para contrastar las denuncias elevadas por los delegados.
De nuevo se recurría de manera informal a los procedimientos del sistema de ternas eliminado con la reforma de 1893.
El cura, al igual que había hecho su predecesor en la misma parroquia durante la última votación, ratificó la verosimilitud de las denuncias y abogó por su nulidad.
No obstante, intentó descargar parcialmente de responsabilidad a Agustín Ventura, urdidor y beneficiario de los amaños, al barajar la posibilidad de que hubiese recibido órdenes del gobernador civil de la provincia y hubiese actuado como una mera correa de transmisión.
Pero el religioso fue más allá, y aportó nuevos detalles de las facciones que se disputaban el poder omitidos en el escrito de protesta de los delegados.
Acusó a los cabezas de barangay «españoles filipinos» de «falta de ejemplo y religiosidad» -en referencia a Carlos González-.
También de haberse mofado de los delegados y cabezas de barangay destituidos durante el corto mandato de este último como capitán municipal.
El párroco aseguró que por su «paciencia y tolerancia» rehusó denunciar públicamente estos comportamientos.
Achacó la conducta de Carlos González a su debilidad y menor «influencia» en comparación a la ejercida por su padre, Santiago Felipe González.
De este último recordó su estatus de europeo, su categoría de primer delegado por mayor contribuyente y sus «considerables bienes de fortuna».
Unas credenciales a las que sumó su complicidad y apoyo a varios «semibandidos» del pueblo encabezados por el también delegado Anselmo García, brazos ejecutores de las coacciones orquestadas por esta facción, quienes desoían las amonestaciones del párroco.
Todos formaban parte de la misma facción que había aprovechado la ausencia del cura para celebrar las votaciones y evitar que impidiese o censurase los amaños, otra más de las desconsideraciones hacia la autoridad espiritual.
Una pérdida de poder que había sido favorecida por la normativa de 1893, reforma que había eliminado los tradicionales informes del párroco sobre los aspirantes a gobernadorcillo.
El testimonio anterior también permite cuestionar la frecuente consideración de religiosos, autoridades coloniales y españoles como un monolítico bloque de poder.
Y, de forma paralela, permite exhumar el juego de complicidades, denuncias y censuras anudadas en torno al ejercicio del poder político, religioso y económico en el archipiélago asiático.
La Junta provincial, órgano presidido por el gobernador civil, 47 decretó por unanimidad la nulidad de las votaciones por no haber tomado parte en la elección el número estipulado de delegados y ordenó la celebración de una nueva bajo la advertencia de «...tener presente todo lo legislado sobre el particular, puesto que son las terceras que se verifican en dicho pueblo».
El acuerdo fue acompañado de un escrito aclaratorio en el que el jefe político despejó las dudas planteadas por el cura respecto a su posible participación en los amaños.
El gobernador se desvinculó de la orden que había motivado el desplazamiento de tres de los delegados a la capital de la provincia el día de las votaciones, medida que censuró por adolecer de una causa justificada y que había intentado atajar al ordenar a los delegados que volvieran inmediatamente a la localidad.
A pesar de que los tres delegados llegaron a Tubao cuando ya habían finalizado las votaciones, su proceder a la hora de esclarecer los hechos sí autoriza a desvincularlo de las irregularidades orquestadas.
Durante la primera elección, su predecesor en el cargo había aprovechado su posición en el organigrama administrativo para defender a los responsables de los amaños frente a las autoridades superiores encargadas de juzgarlos.
En esta ocasión, el nuevo gobernador solucionó el problema sin necesidad de recurrir a instancias superiores, quienes únicamente se encargaron de ratificar la decisión adoptada y solicitaron un correctivo para el capitán municipal provisional que había ordenado la mar-cha de los delegados.
La Dirección General de Administración Civil ratificó las medidas disciplinarias adoptadas, materializadas en la destitución de los dos cargos que ostentaba, el de capitán municipal, alcanzado de forma fraudulenta; y el de teniente mayor, para evitar, en palabras del gobernador civil que tomó la decisión, que en un hipotético futuro pudiese acceder de nuevo al cargo como suplente.
Resolución: la legalidad como antídoto revolucionario
La tercera y definitiva elección, si no se cuenta la forzosa pseudovotación impuesta por el gobernador civil en la primera convocatoria, fue ganada por Miguel Halog, el vencedor en primera instancia.
Unos comicios que no registraron protestas y a los que no concurrió el cabecilla de la facción rival, Santiago Felipe González, tras alegar problemas de salud.
Constituyó un simbólico acto de desprecio hacia las autoridades superiores de Manila que teatralizó el malestar de la facción pro-española que no había podido hacerse con las riendas del poder municipal.
Las autoridades de Manila, al rechazar el falseamiento electoral y ceder el poder local a la facción que mayores tensiones o muestras de desafecto había exteriorizado contra la administración colonial, optaban por la solución aperturista e integradora para evitar una potencial deriva rupturista de mayor calado catalizada por la desazón electoral.
La ley de 1893 constituyó la punta de lanza de una estrategia integradora que sería eclipsada por las soluciones más represivas predominantes tras la revolución de 1896.
Es decir, habían tenido que celebrarse cuatro elecciones para designar a un Capitán municipal sin que las manipulaciones falseasen la voluntad de los votantes y se hiciese efectiva la nueva legislación aprobada.
Los sucesivos procesos electorales celebrados en San Isidro de Tubao constituyeron una buena muestra de las dificultades a las que tuvieron que hacer frente las autoridades coloniales para erradicar la influencia moral y los vicios sedimentados a lo largo de décadas a la hora de reclutar y seleccionar a las clases dirigentes nativas.
Unos comportamientos y prácticas que habían sido interiorizados por los distintos niveles de la administración, los eclesiásticos y los principales indígenas.
La reforma de 1893, y su aplicación efectiva, aspiró a estrechar los lazos entre las autoridades coloniales y las élites nativas sin proponer ninguna apertura en sentido democratizador.
Una reforma que estuvo mediatizada por dos problemas: su corto periodo JUAN ANTONIO INAREJOS MUÑOZ |
Las crónicas de expediciones, los diarios de navegación e, incluso, la más estricta literatura de viajes constituyen, ante todo, formas de ver el mundo.
Las narraciones de viajeros surgieron de la necesidad de difundir las memorias de sus periplos y, con ellas, recuperar las experiencias de encuentros con lo desconocido, con nuevos paisajes y nuevas costumbres, en una auténtica revelación del yo en el otro.
Tras cinco años de peregrinar por el mundo, Giovanni Francesco Gemelli Carreri regresó a Nápoles a finales de 1698, portando en su equipaje los diarios y anotaciones que se convertirían en el basamento de su Giro del Mondo.
La obra, un auténtico éxito, muy apreciada por sus coetáneos, apareció en seis volúmenes entre 1699 y 1700.
Viajando siempre rumbo al oriente, el napolitano Gemelli narró lo visto y vivido en su recorrido, anotando sus observaciones sobre los aspectos más diversos y sorprendentes, amén de las informaciones que sagazmente recogía de aquellos lugares y tiempos a donde no alcanzaba su mirada, guardando el orden que el diario de viaje le imponía.
Con estos materiales sintetizó una suerte de historia natural de las gentes y países que visitó, de su flora y fauna, de su religión y formas de gobierno: una mirada global a finales del siglo XVII que convirtió a sus lectores en un poco más cosmopolitas.
Así, el primer volumen narra sus vivencias en Turquía; el segundo, recoge la experiencia de Gemelli en Persia; el tercero, anota su paso por el Indostán; el cuarto describe el hermético imperio chino; el quinto, agrupa la estancia en Filipinas más la travesía de Manila a Acapulco a bordo del galeón, y, finalmente, el sexto describe sus viajes a través de la Nueva España y su retorno a Italia tras desembarcar en la península ibérica.
Desde que William Lytle Schurz incluyó numerosas referencias a Gemelli en su pionero estudio sobre el Galeón de Manila, 1 muchos han sido los investigadores de Filipinas y el Pacífico que se han acercado al Giro del Mondo, buscando nuevos datos para analizar y comprender el pasado de las posesiones españolas en América y Oceanía.
No obstante, el texto gemelliano sigue siendo muy desconocido para muchos historiadores, que sólo conocen la obra del napolitano por las referencias del citado profesor norteamericano.
Para superar esta paradoja, y dado que nos encontramos ante el relato más completo y detallado de la singladura de la Nao de China, calificada como la ruta más peligrosa y desconocida de la época moderna, hemos dedicado este dossier historiográfico a publicar en castellano por primera vez el relato completo acompañado de dos estudios adjuntos.
Salvando las traducciones, más o menos deficitarias que en francés e inglés se realizaron a comienzos del siglo XVIII, el conjunto de la obra del viajero italiano no ha sido publicado de manera íntegra más allá de su original en italiano.
Perfectamente conocida es la parte correspondiente al recorrido de Gemelli por la Nueva España, editada por Francisca Perujo en 1972, con sucesivas reimpresiones y con muy buena acogida entre los mexicanistas.
2 Del mismo modo, trabajos de carácter más local han traducido los comentarios del Giro directamente relacionados con sus investigaciones,3 quedando inéditos en castellano segmentos de la obra de sumo interés para los estudiosos del mundo hispánico, tales como la travesía del Galeón de Manila o la última parte del viaje por el océano Atlántico y el itinerario de Gemelli desde la península ibérica hasta Nápoles.
A mediados del siglo XX, una traducción bastante libre al inglés del volumen quinto, 1 The Manila Galleon, New York, E.P. Dutton & Co., 1939.
2 Giovanni Francesco Gemelli Carreri, Viaje a la Nueva España, estudio preliminar, traducción y notas de Francisca Perujo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002México, [1976]].
Con anterioridad en México habían aparecido otras ediciones de los capítulos correspondientes a la travesía novohispana: Viaje a la Nueva España, traducido por José María de Agreda y Sánchez y preliminar de Luis González Obregón y Nicolás Rangel, México, Sociedad de Bibliófilos Mexicanos, 1927; Las cosas más considerables vistas en la Nueva España, traducción de José María de Agreda y Sánchez y prólogo de Alberto María Carreño, México, Biblioteca Mexicana de Libros Raros y Curiosos, Editorial Xóchitl, 1946 y Viaje a la Nueva España (México a fines del siglo XVII), traducción de José María de Agreda y Sánchez e introducción de Fernando B. Sandoval, México, Biblioteca Mínima Mexicana, 1955.
Este mismo texto apareció también en lengua francesa con el título Le Mexique à la fin du XVIIe siècle, vu par un voyageur italien Gemelli Careri, présentation de Jean-Pierre Berthe e traduit de l'italien par M. L. N., Paris, Temps & Continents-Calmann Lévy, 1968. dedicado a Filipinas, constituye la única edición moderna de la estancia del napolitano en Manila y de su traslado hasta Acapulco.
4Con la traducción y edición que insertamos tras estas palabras de presentación llenamos un hueco demasiado tiempo pospuesto en la historiografía naval.
El texto que presentamos es la primera traducción que se realiza en castellano del Libro III de la Quinta Parte del Giro del Mondo de Giovanni Francesco Gemelli Carreri, cuya primera edición -que es la que utilizamos-se publicó en Nápoles en la imprenta de Giuseppe Roselli el año 1700.
Los cinco capítulos que conforman esta sección se corresponden con la travesía transpacífica realizada por el autor a bordo del galeón San José entre los años 1696 y 1697.
El dossier historiográfico se completa con sendos estudios de Salvador Bernabéu Albert y José María García Redondo.
El primero, con el título de «El abogado Gemelli: memoria viajera y cultura letrada», aborda la biografía del napolitano desde una amplia perspectiva, analizando su producción literaria y contextualizándola con su pericia viajera y su experiencia vital.
Superando las polémicas que suscitó el Giro del Mondo en los siglos XVIII y XIX, el artículo analiza las circunstancias y el valor testimonial del relato de la travesía oceánica como uno de los textos más completos e interesantes para conocer la navegación transpacífica.
El segundo artículo, «Sailscapes.
La construcción del paisaje del Océano Pacífico en el Giro del Mondo de Gemelli Carreri», apuesta por analizar teóricamente los procesos de percepción y representación del Pacífico, tomando como punto de partida el texto de Gemelli.
Bajo el nombre de sailscapes se define la elaboración práctica y simbólica del paisaje oceánico, atendiendo al recorrido de la nave y a la mirada del navegante como agente espacial.
Ambos trabajos suscitan nuevas perspectivas de investigación más allá de la narración gemelliana, cuestión capital de este dossier.
La actualizada interpretación de la vida y obra del viajero napolitano posibilita una renovada y productiva lectura del Giro del Mondo que servirá para abordar nuevos aspectos.
Por otra parte, la valorización del texto gemelliano para el estudio del Galeón, seguida de un innovador análisis de las cuestiones paisajísticas y espaciales, ofrece útiles instrumentos para el examen y la reflexión de la imagen del mundo a finales del siglo XVII.
El anexo documental adjunto, traducido del original italiano por la doctora Catia Brilli, ha respetado la estructura del texto primigenio en la medida de lo posible, puntualizado correctamente, desarrollando abreviaturas y reduciendo las mayúsculas y cursivas innecesarias.
No obstante, se han conservado ciertos arcaísmos y corregido la mayor parte de los nombres de personas y lugares que aparecen en el documento, señalando su grafía original en notas al pie en los casos más notorios.
Todas estas modificaciones han tenido por objeto el facilitar la lectura del texto sin merma de su valor histórico.
Dado que Gemelli no aspiraba a introducir un estilo literario notorio en su obra, al combinar su diario y apuntes con notas extraídas de otros libros, hemos encontrado algunas dificultades en ciertos párrafos para su total comprensión.
Sin embargo, la riqueza de datos sobre la navegación, la vida a bordo, los peligros de la ruta y la historia del Pacífico le confieren al texto gemelliano un valor indiscutible para justificar su edición en castellano. |
Grabado incluido en la traducción francesa de su libro: Voyage du tour du monde (1719).
El viaje alrededor del mundo del letrado napolitano Gianfrancesco Gemelli Carreri (1693-1698) sigue suscitando gran interés por varias razones.
Realizado a finales del siglo XVII, sin embargo, sus numerosas ediciones, traducciones y lecturas durante el Setecientos lo convierten en uno de los primeros periplos de la Ilustración.
1 Aunque los viajeros son tan antiguos como la humanidad, el siglo XVIII elevó a éstos y a la literatura que generaron a una posición privilegiada.
Los numerosos libros de viajes que se editaron a lo largo de toda Europa convirtieron la temática en un subgénero con miles de seguidores en la centuria ilustrada.
El interés por conocer el mundo empujó a numerosas personas a abandonar sus hogares y a enfrentarse a los peligros del camino y a los enigmas de los horizontes geográficos y mentales.
Los viajeros del Setecientos no inventaron nada, lo nuevo fue el considerable aumento de su número, el enorme espacio que reconocieron, las mejoras en los instrumentos y su repercusión en el pensamiento y en la elaboración del pasado de la humanidad, aunque, como ya estudié en otro trabajo, hubo más persistencias que novedades.
2 Gracias al éxito de esas múltiples empresas, los editores adquirieron -interviniendo directamente o por medio de intermediarios-un mayor protagonismo en la edición final de los textos, en la elección de los contenidos y en la disposición de las diversas partes, bien enriqueciéndolos con grabados, mapas, desplegables, etcétera, o bien adjuntándoles prólogos de personajes notables, apéndices diversos y documentos originales.
En contraposición, para ser usados por el caminante, se multiplicaron las guías, las descripciones en pequeño formato y los itinerarios con un fin eminentemente práctico.
Gracias a un público lector en alza y cada vez más exigente, los libros de viajes alcanzaron un gran éxito, siendo el Giro del Mondo (1699-1700) de Gemelli uno de los primeros best-seller de la centuria.
Para entonces, nuestro personaje, que había empleado casi cinco años y medio en dar la vuelta al globo, tenía otros dos libros de viajes impresos, cuyas circunstancias abordaremos en el siguiente apartado.
No era, por tanto, un escritor novel ni un viajero sin experiencia, si bien el éxito del Giro y la experiencia de un recorrido de esa envergadura le marcarían para el resto de su vida y lo entronarían en el parnaso de los más célebres viajeros de la Edad Moderna.
De abogado a viajero: las razones de Gemelli
Gianfrancesco Gemelli Carreri 4 nació en 1651 en la región de Calabria, en el sur de Italia, concretamente en la villa de Radicena, pequeña población rodeada de campos de olivos, naranjos y otros árboles frutales.
5 El núcleo principal se edificó junto a un convento de monjes basilios, que posteriormente ocuparon los dominicos.
El fundador fue el padre Niccolò Severino de San Giorgio Morgeto, contando con la aprobación del gobernador español Domingo de Mendoza.
El renovado edificio, ahora bajo la dirección de los hijos de Santo Domingo de Guzmán, se inauguró el 12 de marzo de 1537, renombrándose la iglesia dedicada a San Basilio como Santa María de la Misericordia.
4 Sobre la biografía de nuestro viajero, véase Maccarrone, 2000.
5 El 12 de marzo de 1928 se fundó la ciudad de Taurianova para englobar a varias poblaciones como Radicena, Terranova Sappo Minulio, Jatrinoli y otros núcleos rurales.
El nuevo topónimo se inspiró en Tauriana, ciudad costera que fue saqueada por los sarracenos en el año 950.
Al parecer, sus habitantes huyeron hacia en interior de la península itálica, instalándose en los alrededores de Radicena.
6 El convento fue suprimido por las tropas francesas el 7 de agosto de 1809.
La iglesia siguió siendo utilizada por los feligreses, pero se dedicó a la Virgen del Rosario en memoria de los padres dominicos.
EL ABOGADO GEMELLI: MEMORIA VIAJERA Y CULTURA LETRADA Carreri del que tenemos noticias es su hermano Giovani Battista, que llegó a ser abad del citado convento.
Aparte de este familiar directo, desconocemos los nombres y ocupaciones de sus padres y abuelos, o si tuvo otros hermanos y parientes.
Tampoco poseemos datos sobre su infancia y juventud.
Al parecer, estudió con los jesuitas y se graduó en leyes en la ciudad de Nápoles, capital del virreinato del mismo nombre bajo la soberanía del rey de España.
La realización de los estudios jurídicos a lo largo de varios años y en una ciudad no especialmente barata, demuestran que Gianfrancisco contó con algún patrimonio heredado, una familia con ciertos recursos o con el apoyo de algún protector, lo que también podemos extender a su hermano, quien, como ya señalé, fue prior del convento dominico de Radicena.
De cualquier modo, fortuna y mecenas desaparecieron pronto, obligando a nuestro doctor a ejercer su oficio en diversas ciudades del reino de Nápoles desde los veinte años.
Según escribió el propio Gemelli, su peregrinaje se extendió «por espacio de trece años en la judicatura y gobierno de muchas ciudades de aquel reino».
7 El virreinato de Nápoles, incluido en el imperio hispano tras su cesión a Aragón por los franceses en 1504 (Tratado de Lyon), ocupaba buena parte de la mitad sur de la península itálica: un enorme y rico territorio que estuvo regido por diversos nobles españoles desde Carlos V hasta 1707, año en que pasó, durante la guerra de Sucesión española (1701-1713), al imperio austriaco.
El origen napolitano de Gemelli explica el por qué entró con tanta facilidad en los dominios españoles de Asia y América durante su vuelta al mundo, aunque antes de iniciar este periplo, Gianfrancisco ya se había convertido en un experto viajero, experiencia que recogió en dos libros: Viaggi per Europa (Nápoles, Raillard, 1693) y La Campagna d'Ungheria (1704).
Gracias a la publicación de ambos textos, la biografía de Gemelli se llena de datos y noticias a partir de 1685, contrastando esta abundancia de información con la escasez de datos hasta entonces.
En los citados libros reproduce cartas, inserta reflexiones, cita a amigos y compañeros, confiesa sus filias y fobias, revela estados de ánimo, etcétera, lo que nos permite conocer mejor a nuestro huidizo personaje.
El primer viaje de Gemelli lo llevó por diversos estados y reinos de Europa.
En 1685 inició su peregrinaje ascendiendo la península itálica hasta llegar a Turín, desde donde atravesó la frontera con Francia rumbo a París y al palacio de Versalles, monumental complejo que lo deslumbró.
Tras visitar Inglaterra, de nuevo regresó al continente, desembarcando en los Países Bajos.
El letrado calabrés visitó Brujas, Amberes, Ámsterdam, Nimega, Colonia y Viena, donde se incorporó a un grupo de mercaderes que llevaban vituallas y otros géneros con destino a Buda, ciudad en poder de los turcos que estaba sitiada por las tropas del emperador Leopoldo y otros aliados cristianos.
En el campamento imperial, el jurista Gemelli se convirtió en soldado, cambió la toga por la coraza y participó en la batalla hasta la caída de la ciudad el 2 de septiembre de 1686.
Después de esta aventura guerrera, Gemelli regresó a Nápoles esperando encontrar un buen empleo.
En su poder llevaba varias cartas de recomendación, como la escrita por la reina Eleonora de Polonia, duquesa de Lorena, que tenía su corte en la ciudad de Innsbruks y que solicitó para Gemelli una plaza en la real audiencia de Lecce o en la de Catanzaro.
Sin embargo, el abogado calabrés no obtuvo nada de lo esperado y, defraudado, decidió regresar a los campos de batalla de Hungría, tomando parte en los combates de Siklos, Valpo y Mohacz.
Esta segunda participación voluntaria en la guerra santa contra los turcos le dio nuevas esperanzas para lograr un buen empleo en la administración virreinal, atreviéndose incluso a sugerir el puesto que deseaba: Juez de Vicaría perpetuo en la ciudad de Nápoles.
Y para lograr su empeño se dirigió con constancia y convencimiento tanto a los grandes cargos del Imperio (como al duque de Alba, presidente del Consejo de Italia, o al conde de Oropeza, del Consejo de Estado de Su Majestad), como a los funcionarios locales, sin olvidar coleccionar nuevas cartas de recomendación de monarcas, consortes, duques, embajadores, nobles, compañeros de batallas, etcétera, que enviará regularmente al rey Carlos II de España y V de Nápoles.
Además, desconfiando del poder de las recomendaciones escritas, Gemelli se trasladó a la corte madrileña donde, finalmente, consiguió un premio menor: la merced de dos bienios de auditor en tierras napolitanas, el primero en Lucca y el segundo en L'Aquila, además del título de Juez de Vicaría -que solicitaba insistentemente-pero sólo ad honorem.
Las mercedes fueron recogidas en un real decreto, datado en Madrid el 10 de abril de 1689, destacando Carlos II «las buenas prendas de virtud, modestia, y letras que concurren en persona del dicho Doctor D. Juan Francisco Gemeli».
8 Sin embargo, el abogado calabrés escribió desolado a su amigo Amato Danio desde la capital de la monarquía: «por el modo en que me he esforzado, y por los servicios con que creía haber adquirido algún mérito, concebía la ilusión de obtener algo más».
9 Cumplidos los dos bienios en los tribunales napolitanos, y de nuevo sin trabajo, Gemelli, queriendo sumar nuevas hazañas y méritos a su currículum y alejarse de ciertos enemigos en la profesión, proyectó un nuevo viaje, ahora mucho más ambicioso que los dos anteriores: dar la vuelta al globo siguiendo el rumbo del oeste, esperando quizás a la vuelta conseguir nuevos protectores y ganarse la voluntad real con los que anular a sus enemigos y alcanzar puestos relevantes en la administración, como finalmente sucedió.
Pero antes de abordar su gran viaje, quiero insistir en las razones verdaderas que, al parecer, decidieron a Gemelli a realizar un viaje tan largo, esforzado y peligroso como el giro del mondo.
En la dedicatoria de su libro Viaggi per Europa al virrey Francisco de Benavides, conde de San tisteban, fechada el 7 de febrero de 1693, el abogado calabrés le confesó la existencia de una infausta estrella que le había impedido seguir avanzando en la carrera judicial a pesar de su buen expediente y de las recomendaciones reunidas por todo el continente.
Sin embargo, desconocemos quién o quiénes le obstaculizaron su ascenso a los principales puestos judiciales del virreinato napolitano.
¿Se trató de una estrategia del letrado para mover el ánimo del conde de Santisteban?
Insisto, ¿un invento para ascender con rapidez a cargos que le dieran mayor estabilidad y prestigio en Nápoles?
La resolución a esta cuestión está lejos de resolverse, pero Gemelli porfió una y otra vez en la presencia de influyentes y poderosos perseguidores de su persona tanto en los tribunales de Nápoles como en el Consejo Supremo de Italia.
Estos altos funcionarios tendrían la culpa de impedir que nuestro viajero pudiera seguir escalando peldaños en la administración virreinal.
Por si quedaba alguna duda, en la segunda edición del Giro del Mondo (Napoli, 1708), el letrado calabrés señaló explícitamente: «Pero es también muy cierto, que ninguna otra causa me movió a emprender este otro, tan peligroso e incómodo [viaje], sino las injustas persecuciones, y los no debidos ultrajes que me ví forzado a sufrir».10 En conclusión, que la persecución en su ambiente letrado le llevó a tomar la decisión de dar la vuelta al mundo.
Sin duda, esta persecución fue una de las principales causas de su periplo, pero no podemos olvidar otras menos dramáticas.
Desde su primer libro, Gemelli apeló a la curiosidad como el principal motivo de visitar otras ciudades y recorrer nuevos paisajes, y así lo repitió en el Giro del Mondo.
Incluso confesó a los lectores que dicha curiosidad era su parte más débil, llegando a censurar la falta de interés de sus paisanos por conocer otros países y otras culturas a pesar de la extraordinaria nómina de viajeros italianos en otras épocas, desde los clásicos a Marco Polo, Cristóbal Colón o Américo Vespucio.
Cinco años, cinco meses, veinte días y un libro
El sábado 13 de junio de 1693, Gemelli inició su aventura, embarcándose en una falúa napolitana que lo condujo hasta su natal Calabria, donde pasó sus últimas semanas en la península itálica antes de hacerse a la mar y alcanzar la primera escala de su largo periplo: la isla de Malta.
A esta parada le siguieron numerosas travesías marítimas y peregrinaciones por desiertos, estepas, bosques, selvas y paisajes montañosos, donde visitó desde las más humildes aldeas a algunas de las mayores urbes de Asia y América, como Pekín o México.
En su circunvalación de la tierra, el abogado calabrés empleó cinco años, cinco meses y veinte días, regresando a la ciudad del Vesubio el 3 de diciembre de 1698, festividad de san Francisco Javier, protector de los viajeros.
Varios amigos, que habían salido a recibirle al camino cercano a Nápoles, lo acompañaron en su entronización a la ciudad que le vio partir.
Los primeros días, Gemelli se alojó en la casa de su compañero Castagnola y, posteriormente, vivió cinco meses en la residencia de su amigo Amato Danio, juez de la Gran Corte de la Vicaría.
Durante ese tiempo -escribió el viajero-todo fue un ir y venir a tertulias y palacetes de la elite local, donde se le pidieron detalles de su larga aventura.
El letrado calabrés se había convertido en una celebridad y los patricios napolitanos se lo disputaban para oír de sus labios los peligros y las maravillas de sus andanzas.
Pero Gemelli, consciente del principal objetivo que le había llevado a pasar casi cinco años y medio lejos de su patria, no descuidó la publicación de su obra: el Giro del Mondo, cuya primera edición, en seis volúmenes, se imprimió en el taller napolitano de Giuseppe Roselli entre el 24 de septiembre de 1699 y el 24 de febrero de 1700.
Un tiempo real-EL ABOGADO GEMELLI: MEMORIA VIAJERA Y CULTURA LETRADA mente escaso dada la magnitud y la dificultad de la producción impresa.
Además, Gemelli, que seguía sin trabajo, tuvo que multiplicar sus acciones y apariciones públicas, dedicando el primer volumen al nuevo virrey de Nápoles, Luis Francisco de la Cerda y Aragón, duque de Medinaceli (1695-1702), y el segundo a don Juan Francisco Pacheco y Girón, duque de Uceda, embajador de España ante la Santa Sede.
A ambos les demandó su sombra protectora para detener las persecuciones de varios funcionarios que le habían llevado, como señalé anteriormente, a tomar el hábito de peregrino, cuyo magnífico fruto es la edición del Giro del Mondo: un extraordinario esfuerzo que espera, gracias a sus valores literarios y dedicatorias, se transforme en un encumbrado cargo administrativo Sin embargo, los acontecimientos políticos parieron tiempos de desconcierto.
A la muerte de Carlos II, El Hechizado, el conflicto internacional por la sucesión al trono de España sumió a media Europa en un sangriento conflicto entre 1701 y 1713.
Finalmente, por la Paz de Utrecht, la Casa de Borbón se hizo con el imperio hispano, pero el virreinato de Nápoles, entre otros territorios, pasaron a ser gobernados por el emperador Carlos VI de Alemania, quien nombró en adelante a los virreyes napolitanos: primero el conde de Martinitz (1707) y posteriormente el príncipe de Teano (1707-1708), el cardenal Vincenzo Grimani (1707-1710) y un largo etcétera hasta 1734.
Durante el conflicto, las intrigas se sucedieron en los cenáculos y tertulias napolitanas, si bien no hay constancia de que nuestro abogado viajero participase en alguna de ellas.
No obstante, Gemelli se mostró abiertamente pro-austriaco y aprovechó la llegada a Barcelona del archiduque Carlos, proclamado Carlos III por el bando austracista -y futuro emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1711 y 1740-, para dirigirse a la ciudad condal y presentar sus libros a cuantos nobles y altos funcionarios encontró a su paso.
Finalmente, el 11 de agosto de 1708 enseñó sus obras al archiduque austriaco y el 29 hizo lo mismo a su consorte Isabel Cristina en la villa de Orta.
11 Los viajes, las recomendaciones y las audiencias dieron finalmente su fruto y, antes de acabar el año, Gemelli logró sus aspiraciones: ser nombrado Juez de Vicaría y Auditor de la Escuadra de las Galeras de Nápoles.
12 11 Carlos VI de Alemania y la princesa Isabel Cristina de Brunswick contrajeron matrimonio el 1.o de agosto de 1708 en la iglesia barcelonesa de Santa María del Mar.
12 Los principales episodios de este viaje a Barcelona son recogidos por Gemelli en su último libro: Aggiunta ai viaggi d'Europa, Napoli, Felice Mosca, 1711.
Su fama de viajero no paró de crecer, como demuestran las reediciones de su obra y las traducciones a diversos idiomas.
A su muerte, el niño nacido en la pequeña y humilde aldea de Radicena, rodeado de campos de olivos y naranjos, era un funcionario y escritor admirado en toda Europa, aunque la fama se fuera apagando conforme avanzase el Siglo llamado de las Luces por unos y de los Viajes, por otros.
Señala Rousseau que sólo conviene viajar a una minoría, pues los periplos terminan por hacer al hombre bueno o malo: «no convienen sino a hombres bastante seguros de sí mismos para escuchar las lecciones del error sin dejarse seducir, y para ver el ejemplo del vicio sin dejarse arrastrar».
No sabemos lo que le ocurrió a Gemelli, pues los detalles de su vida se volvieron a difuminar tras alcanzar los anhelados cargos bajo la administración austriaca, desconociéndose sus actividades durante el primer cuarto del siglo XVIII.
Este vacío dio pié a numerosas leyendas y conjeturas sobre su vida y su obra, que fueron creciendo al mismo ritmo que sus libros se fueron reeditando y traduciendo incluso en vida del autor.
Además, apareció editado en las obras completas del abogado calabrés y llegaron a publicarse algunos resúmenes.
En cuanto a las traducciones, la vuelta al mundo de Gemelli se editó en ingles en el tomo cuarto de A Collection of Voyages and Travels, some now first printed from original manuscripts, others Translated... and now first published in English (London, Awnsham and John Churchill, 1704).
A pesar del interés para los lectores en castellano -pues dos volúmenes están dedicados a las posesiones hispanas de Asia y América-, nunca apareció completo en español.
Pero volviendo al desconocimiento de la vida de Gemelli en el Nápoles austriaco, hay que remarcar que la ausencia de noticias generó, con el tiempo, numerosas conjeturas: se comentó que su peregrinación estuvo causada por conflictos familiares, que se vio envuelto en dos casos judiciales o que nunca había salió de Nápoles, escribiendo su Giro del Mondo mientras convalecía de una enfermedad causada por una epidemia.
El abogado calabrés, aún en vida, conoció tanto los halagos como las acusaciones, principalmente de ser un farsante y un plagiario.
Tras su muerte, y hasta el siglo XX, aparecieron los escritos hagiográficos al mismo ritmo que los que le acusaban de impostor, farsante y embaucador.
Por ejemplo, en el año 1900 se editó en Bérgamo uno de los libros más críticos con nuestro viajero: Il viaggiatore Gemelli Careri e il suo «Giro del Mondo», de Alberto Magnaghi.
13 Este escritor lo acusó de haber copiado a otros viajeros anteriores y, para demostrar la falsedad de su obra, comparó letra a letra la relación de la visita de Gemelli al emperador Kam-Hi de China, recogida en el volumen IV de su Giro, con la descrita por el padre jesuita francés Louis Le Compte (1655-1728) en Lettres sur l'État présent de la Chine (Paris, 1697).
La copia es casi literal, apareciendo la obra del francés tres años antes del libro gemelliano, lo que le bastó a Magnaghi, junto a otros ejemplos, para desacreditarlo.
Nos encontramos, sin duda, ante un problema no sólo de la obra de Gemelli, sino de la literatura de viajes en general, pues como señala Michèle Guéret-Laferté: «Es preciso destacar además que, si toda la literatura manuscrita está sujeta a sufrir deformaciones, incomprensiones, añadidos, supresiones, distorsiones, como una parte inherente de su proceso de difusión, la literatura de viajes ofrece un terreno ideal para la proliferación de este tipo de prácticas textuales».
14 Sin duda, el texto de Gemelli está lleno de préstamos de otras obras, ya que el calabrés no es un descubridor, aunque descubra varias regiones del globo para muchos lectores.
Muchos viajeros lo precedieron y, además, el propio autor reconoce explícitamente haber leído varias crónicas y relatos sobre las regiones que iba a recorrer en su obra.
Pero Gemelli realizó, sin duda, el viaje, y buena parte de sus escritos son originales.
15 Por ello, el Giro del Mondo también tuvo y tiene sus defensores, abogados de la veracidad de su peregrinaje mundial, justificando la incorporación a su narración de textos ajenos a su pluma tanto por el deseo de completar lo vivido, como por la necesidad de incorporar datos o sucesos que otros informantes le proporcionaban para que su mirada abarcara más allá del horizonte, aunque normalmente estas noticias las pasa por el tamiz crítico, como cuando escribe, en mitad del océano Pacífico, sobre las míticas islas Rica de Oro y Rica de Plata.
Sin embargo, queda pendiente la explicación acerca de la incorporación de algunos fragmentos de otros autores que Gemelli hace suyos, como 13 Magnaghi, 1900.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.09 la supuesta visita al emperador de China, episodio que al parecer nunca ocurrió y que el calabrés copia del jesuita Le Compte.
Aquí debemos de preguntarnos sobre las elecciones y las manipulaciones de los textos en relación con las nuevas exigencias comerciales y técnicas editoriales en los inicios del siglo XVIII.
Desde el siglo XVI, nace en Europa primero y en el resto del globo después una gran demanda de informaciones, descripciones y narraciones sobre los espacios desconocidos del planeta, que se acentuará conforme avance la centuria ilustrada.
Para satisfacer esa demanda, se van a crear unos modelos que los editores intentan mejorar e ilustrar para llegar a un público cada vez más exigente.
Sabemos que Gemelli, a pesar de la dureza de los caminos y las incomodidades de los barcos, redactó un diario donde recogió sus vivencias y otras noticias que iba adquiriendo en el camino.
Este diario, después de casi cinco años y medio, tuvo que ser muy voluminoso -quizás repartido en varios cuadernos-, a los que debía sumarle otras anotaciones sueltas, dibujos, esquemas, etcétera.
Ese material pronto se convirtió en una obra en seis volúmenes, aparecidos entre 1699 y 1700, lo que hace pensar que contó con una o varias personas para la creación del manuscrito que finalmente se envió a la imprenta de Giuseppe Roselli.
No sólo el escaso tiempo que Gemelli tuvo avala esta hipótesis, sino que además sabemos que el calabrés estuvo entretenido en acudir a varias tertulias y residencias para contar sus hazañas.
El principal colaborador en la construcción literaria del Giro fue el humanista Matteo Egizio, destacado intelectual de la época que ayudó a Gemelli y a otros escritores a pulir y ordenar sus obras antes de imprimirlas.
16 A ambos, o a uno de ellos, debemos atribuirle el ampliar, completar y enriquecer el diario con varios textos de otros autores, algunos con nombre y apellidos y otros anónimos.
Ese sería el principal cargo contra Gemelli: el trufar su testimonio personal con descripciones y noticias de otros libros, una práctica que era habitual en la época y que, desde luego, no invalida la veracidad del viaje, la riqueza de gran parte de sus capítulos y la utilidad de sus observaciones.
Además, la mayoría de los estudiosos del Giro están de acuerdo en que una de las partes más gemellianas es la travesía del galeón, de la que trataré a continuación.
Efectivamente, los defensores de la autenticidad del viaje de Gemelli han remarcado la veracidad de los datos y episodios reunidos en los dos últimos libros del Giro del Mondo: el V, dedicado a Filipinas y a la jornada en el galeón de Manila, y el VI, que recoge su paso por México y su regreso a Europa.
Gemelli aprovechó la necesaria etapa marítima para trasladarse de Asia a América -el viaje en el galeón de Manila, también conocido como la nao de China-para narrar con gran lujo de detalles la navegación desde el puerto de Cavite, en las inmediaciones de Manila, hasta la bahía de Acapulco, en la Nueva España: uno de los trayectos marítimos más importantes y desconocidos del planeta, por lo que la publicación de informaciones detalladas de la jornada oceánica fue muy atractiva y útil para los geógrafos, los comerciantes y los amantes de los viajes del Setecientos, aunque también para los mandos militares y navales de las potencias enemigas de España, que encontraron en la obra de Gemelli interesantes noticias sobre la ruta y las dificultades en la navegación de los barcos españoles por el Pacífico Septentrional.
Hasta la aparición del Giro, el único relato editado de la singladura del galeón de Manila se encontraba en la obra del padre Pedro Cubero Sebastián, Breve relación de la peregrinación que ha hecho de la mayor parte del mundo, editado en Madrid en 1680 y dos años después en Nápoles.
Sin embargo, la narración de Cubero, enviado como misionero a las Indias Orientales por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide (Roma), es más parca en noticias sobre el viaje; lo que le interesaba al sacerdote zaragozano eran los asuntos religiosos y la evangelización de China y Japón.
17 La experiencia marítima marcó a nuestro abogado calabrés por la dureza, los peligros y las incomodidades del viaje, al que calificó, en varias ocasiones, como «La più terribile, e lunga navigazione, che sia al Mondo», añadiendo con rotundidad: «Sperimentai io buona parte di questa miseria».
En total, el viaje se prolongó durante 204 jornadas.
19 En el galeón se embarcaron doscientas personas entre pasajeros, marinos, pilotos y diversos nombramientos reales, siendo el de general el más solicitado.
Pero el puesto más importante era el de piloto mayor, que recayó en el portugués, nacido en la isla de Madeira, Pedro Fernández, siendo asistido por dos ayudantes, uno de los cuales era el sevillano Isidoro Montes de Oca.
Aunque la llegada al puerto mexicano fue un poco tardía, el San José realizó un viaje transoceánico que podemos calificar de «normal».
Los pasajeros y la oficialidad tuvieron problemas para salir del laberinto del archipiélago filipino, navegaron sin novedad reseñable hasta las islas Marianas y, a partir de ellas, soportaron los fríos, las tormentas, los mares picados e incluso el granizo frecuente en el Pacífico Norte.
Los diferentes cálculos de los pilotos respecto a la longitud en la que se encontraba el galeón nos ilustra sobre la dificultad de alcanzar la costa americana a pesar de la ayuda de las «señas», diversas plantas flotantes que se alejaban cientos de millas del litoral del Nuevo Mundo, anunciando su proximidad.
En el viaje de 1696-1697, si bien los pilotos esperaban avistar tierra hacia el 20 de noviembre, hubo que esperar al 14 de diciembre para descubrir la isla de Santa Catalina (California).
Gemelli también participó de alguna forma de este error, pues había apostado con un tripulante que se vería tierra el 21 de noviembre, perdiendo dos botones de oro con esmeraldas.
A pesar de las constantes manifestaciones de Gemelli de la dureza del viaje, la travesía del San José no fue de las más infortunadas, como demuestra la baja cifra de muertos durante la travesía, tan sólo cinco personas, todas ellas en el mes de diciembre: un marinero el día primero, un enfermo el 7, un ayudante del piloto el 17, otro marinero el 18 y el capitán de Mar y Guerra el 19.
Evidentemente, esto no anula las numerosas incomodidades a bordo (mareos, falta de espacio, escasez de agua y alimentos, malos olores, picaduras de chinches y piojos, etcétera) y la sensación de peligro que soportaron los pasajeros durante varios meses.
Gemelli pudo paliar algunas de esas incomodidades al lograr alojarse en el camarote del guardián del galeón («buona cameretta per porvi il mio letto, e robe»20 ), con quien mantuvo una relación tirante durante las últimas semanas de navegación por negarle ciertos alimentos que compartían al principio.
Antes de seguir adelante, quisiera señalar que Gemelli pudo afrontar económicamente el viaje -cuyo pasaje valía veinte pesos de a ocho-gracias a sus actividades como comerciante, ocupación que venía realizando desde que salió de Nápoles, pero que ahora intensifica debido a las oportunidades que encuentra con el embarco de mercadería oriental en el galeón.
Gemelli oculta esta actividad al ser ilegal para un extranjero, pero, al llegar a Acapulco, cuenta en su relato que bajó de la nao acompañando a la imagen de la Virgen María que llevaban en el galeón hasta la iglesia parroquial: «Ritornai la sera a dormire nel galeone, per non rimaner cosi la roba sotto la custodia dello schiavo, che, per trascuratezza, avrebbe potuto farla danneggiare».
21 A esto se uniría el testimonio de una de las dos cartas incorporadas al final de su libro sobre China: «En Cantón, el 29 de abril de 1698.
Señor: Ya me he permitido el honor de escribiros por medio de los bajeles ingleses, y de avisaros que había comprado las 50 tazas para chocolate, con sus platos, que vos deseabais y que os mandaré por el R. P. Tuccio vuestro compatriota [...]
Vuestro muy humilde, y muy devoto servidor, Jean Basset.» 22 Gemelli no pasó desapercibido en el galeón, como lo demuestra que el general le pidiese asistirle judicialmente para resolver algunas peleas y diferencias surgidas en el barco, o que en el Tribunal de Señas, mascarada donde se juzgaba a los principales cargos y pasajeros del galeón, fuese acusado de comer demasiadas cachorritas, teniendo que donar a los marineros y grumetes cierta cantidad de dinero o regalos para salvarse de una «sentencia de muerte».
Otro dato que corrobora el interés que despertó el viajero italiano fueron las numerosas relaciones establecidas con los principales cargos del galeón y con los religiosos -principalmente los jesuitasembarcados.
Y al pisar tierra: «Habiéndose informado sobre mi persona, los oficiales reales me hicieron muchísimas cortesías y me ofrecieron sus servicios», siendo invitado a desayunar por el gobernador de Acapulco, don Francisco Meca.
Los espacios y la escritura
A pesar de las incomodidades, privaciones y peligros, Gemelli no dejó de escribir su diario.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.09 pasión y la constancia del abogado calabrés por la observación y la redacción: «Veggendomi il Contestabile del Vascello scrivere tutto ciò, nel mio libricciuolo, cominciò a farsene beffe», a lo que respondió el italiano tirándole el sombrero en la cara, aunque se quedó con las ganas -según confiesa-de romperle un palo en la cabeza.
24 Dicho diario fue la base principal sobre la que se construyó el libro tercero del volumen quinto, dedicado a la navegación entre Manila y Acapulco.
Dicho libro está dividido en seis capítulos, el último de los cuales destaca por su mayor extensión: (pp. 287-354).
Una rápida mirada a este listado de contenidos nos permite distinguir tres partes diferentes: la navegación desde Manila hasta las islas Marianas, que ocupa los tres primeros apartados; una narración de la conquista de las citadas islas, seguida de una historia natural y humana, a las que dedica los capítulos cuarto y quinto, y, finalmente, una larga crónica de la navegación entre las Marianas y Acapulco: un enorme sector del gran océano, lleno de privaciones y peligros, que ponía a prueba, en cada singladura, a hombres y barcos.
Como he señalado, los tres primeros capítulos cuentan la navegación jornada a jornada, ofreciéndonos variados e interesantes datos sobre la geografía, los habitantes y la naturaleza de las Filipinas.
Se trata de una navegación conocida, aunque no faltan los sobresaltos por la peligrosidad de la ruta, plagada de escollos, farallones e islotes, corrientes contrarias y vientos traicioneros, hasta desembocar en el mar abierto por el estrecho de San Bernardino, entre las islas de Camarines y Samal.
Poco a poco van apareciendo las digresiones en la narración, como la que compara las dificultades del viaje de ida a México con la facilidad de la vuelta (de Acapulco a Manila), lo que le hará confesar que uno de los principales fallos de su circunvalación del globo fue iniciarlo rumbo a poniente.
Los capítulos cuarto y quinto están dedicados al descubrimiento, conquista, evangelización, población y naturaleza de las islas Marianas, las que avistaron a partir del 6 de septiembre de 1696, terminando su narración con una detallada descripción de las pequeñas embarcaciones empleadas por los isleños.
Su estructura y versatilidad lo dejaron tan admirado, que mandó dibujar un grabado que incluyó en su Giro.
El sexto y último capítulo se ocupa de la larga navegación entre las Marianas y el puerto de Acapulco.
Como ya señalé, su mayor extensión contrasta con los anteriores capítulos, lo que permite insertar, entre las anotaciones diarias de vientos, observaciones astronómicas y rumbos realizados, varios excursos sobre la declinación de la brújula, las imaginarias islas Rica de Oro y Rica de Plata, la expedición de don Álvaro de Mendaña a las islas Salomón (1595-1596), la ínsula de Doña María Laxara, las miserias del galeón -las que compara con algunas de las Siete Plagas de Egipto-, las enormes ganancias que se conseguían en el viaje, la Audiencia de Señas, las enfermedades que aparecen durante la larga travesía (el berbén y el Mal de Holanda), la expedición de Sebastián Vizcaíno al Noroeste, la descripción del litoral mexicano y la llegada a Acapulco.
Efectivamente, Gemelli recoge casi obsesivamente las observaciones astronómicas de los pilotos, los acontecimientos de la navegación, las miserias de la vida a bordo, los imprevistos de un océano poco pacífico, las injusticias, etcétera.
Pero a pesar de las noticias navales y astronómicas, el diario del calabrés difiere de los realizados por los capitanes y pilotos del galeón, donde señalan día a día las latitudes, longitudes, rumbo, distancia realizada, el estado del tiempo, etcétera.
A Gemelli le interesan esos datos, pero resumidos en los principales hitos que explican la ruta realiza por los españoles en el Pacífico Septentrional entre Manila y Acapulco.
Al abordar el viaje del galeón, Gemelli narra una experiencia que implica un desplazamiento marítimo del que es protagonista y, como tal, testigo.
El relato se articula siguiendo el recorrido de la nave desde el puerto de salida al de llegada.
Este viaje lo utiliza el autor para la construcción de un clímax narrativo a partir del encadenamiento de los sucesos diarios y de la expectativa que genera en los lectores de que el barco llegue sano y salvo a su destino mexicano, por lo que no se priva de citar los naufragios y las derrotas fracasadas por los malos tiempos o por los errores de los pilotos.
El texto que finalmente se editó en el Libro Cuarto de su Giro del Mondo se basa, como ya señalé, en un diario donde el calabrés recoge las incidencias del trayecto, las islas que divisan (o que imaginan), las observaciones astronómicas, la vida a bordo, la alegría por ver tierra y los últimos trabajos hasta desembarcar en Acapulco.
Es decir, que los acontecimientos se ordenan a partir de la cronología que da cuenta del viaje.
En la narración del mismo se impone una mayor frescura, un aumento de los episodios cotidianos, de anécdotas y de referencias a la religiosidad que impone la fragilidad del hombre y la nave ante la inmensidad del océano.
Este tono más directo se debe tanto a la experiencia que sufre el propio viajero en un entorno nuevo, hostil e impredecible, como a la falta de referencias, pues el viaje del galeón era bastante desconocido.
Pero además de las experiencias del día a día en un cascarón de madera entre el mar y el cielo, el texto incluye otras noticias y relatos recogidos de diversos informantes embarcados en el San José.
El abogado nos revela algunos de ellos: los jesuitas Juan Yrigoyen, Antonio Borgia y Pedro Antonio Martínez, quienes lo documentan, entre otras cosas, sobre la misión que regentaba la Compañía de Jesús en dicho archipiélago, así como el contramaestre, que le refiere los pormenores de su recalada en las Marianas en anteriores navegaciones.
Otros informantes son el capitán Manuel Argüelles, que le da noticias sobre las enormes ganancias que se obtenían en el comercio del galeón; uno de los ayudantes del piloto, que le facilita un mapa y una relación del viaje de Vizcaíno y, finalmente, un enigmático fraile de San Juan de Dios que le informó sobre un ataque a los indios del Cabo San Lucas en el transcurso de otra expedición.
Estas informaciones, que seguramente serían algunas de las muchas recogidas en los tediosos días en la mar, nutrieron digresiones de diversa naturaleza que enriquecieron el texto.
En resumen, gracias a estos informantes y a otros anónimos, Gemelli introduce en la crónica diaria del viaje numerosos excursos geográficos, históricos, náuticos, fantásticos, etcétera, que son el factor distintivo de los relatos de viaje.
Informaciones, noticias y descripciones que van a enriquecer la narración y que proporcionan al lector de ayer y de hoy numerosos datos sobre el pasado del océano Pacífico.
Además, Gemelli utilizó al menos dos crónicas escritas: la obra del jesuita Francisco Colin, Labor evangélica, ministerios apostólicos de los obreros de la Compañía de Jesús, fundación, y progresos de su provincia en las islas Filipinas (Madrid, José Fernández de Buendía, 1663), de donde extrae la información sobre el viaje de Álvaro de Mendaña e Isabel de Barreto a las islas Salomón (1595-1596), y un mapa y una relación del viaje de Sebastián Vizcaíno, redactado probablemente por el carmelita fray Antonio de la Ascensión, que utiliza para incluir un resumen de la citada expedición a la Alta California entre 1602 y 1603.
25 Este texto y mapa le fueron facilitados por el ayudante de piloto Isidoro Montes de Oca.
Llegados a este punto, creo que es bueno recordar la intervención decisiva de Matteo Egizio en la redacción final del Giro del Mondo.
Sin embargo, es difícil saber hasta qué punto pudo intervenir en esta parte de la obra, pues pienso que la pluma de Gemelli está más presente que nunca tanto por la frescura de la escritura y la ausencia de elementos fantásticos, como por los datos de personas reales que aporta y la equidad de sus juicios y comentarios.
Aunque, como en todo relato de viaje que se precie, no falten episodios maravillosos, como la visión del singular ocaso del sol acaecido el 10 de septiembre: «Si vide il Cielo di color vio laceo con nubbi Verdi.»
Un prodigio para Gemelli, que fue ratificado por sus compañeros jesuitas.
26 La belleza de la Naturaleza en estado puro, que el abogado calabrés supo admirar en mitad de inmenso océano Pacífico. |
Dos cuestiones son tratadas en este artículo.
En primer término, se analizan dos momentos de una presencia inmigrante de más larga data como la francesa: la llegada de fugitivos con cargos por inteligencia con el ocupante alemán, y el arribo de emigrados y fugitivos como resultado de la independencia de Argelia.
En segundo lugar, se relacionan estos hechos con la construcción del terrorismo de Estado implementado en Argentina a partir de 1974.
Introducción: la Argentina, un país abierto a todos 1 Según el Preámbulo de su Constitución, la Argentina es un país abierto a "todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", sin 1 Las principales ideas contenidas en este artículo fueron discutidas en el Seminario del Dr. Carlos Cansanello en el Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; agradezco los comentarios del Dr. Cansanello y de los asistentes.
Una primera versión de este trabajo fue presentada en el X Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, "Identidad y multiculturalidad: la construcción de espacios iberoamericanos", realizado en la Universidad de Salamanca, entre los días 13 y 14 de mayo de 2004. distinción de raza, ideología o religión.
Después de la colonización española y de la independencia, la Argentina conformó su estructura social y poblacional a partir de diferentes olas migratorias internacionales e internas.
Este proceso se completó con el exterminio y la marginación de la población indígena originaria, desplazada primero por la implantación europea y luego por la expansión territorial de sus herederos "criollos".
Esta reconfiguración espacial y humana de la joven nación creó también sus propios mitos: del "crisol de razas", de la "europeización" y de la "tierra prometida", los cuales se instalaron en el imaginario social con gran facilidad, sobre todo gracias a la educación pública.
La Argentina ha honrado esa declaración, incluida en el Preámbulo de su Constitución, recibiendo a personas provenientes de los más diversos puntos del planeta y por las más variadas razones.
Las catástrofes políticas, religiosas y económicas del viejo continente expulsaron a campesinos y trabajadores pobres del entonces subdesarrollado sur europeo, judíos perseguidos por todas las variantes del tenaz antisemitismo europeo, anarquistas temporalmente derrotados, empresarios (schumpeterianos, unos; simples piratas de nuevo cuño, otros) y criminales de todas las guerras europeas huyendo del cambio de situación.
A partir de 1945, al igual que los Estados Unidos, la Unión Soviética o Gran Bretaña, la Argentina se convirtió en un destino interesante para muchos responsables, ideólogos y "técnicos" de los derrotados totalitarismos en la Segunda Guerra Mundial.
En lo que respecta al caso argentino, apellidos como Kutschmann, Mengele o Eichmann simbolizan el aspecto más repudiable de esta historia.
Fiel a la línea planteada por el Preámbulo de la Carta Magna, los diferentes gobiernos de la Argentina no discriminaron a estos personajes, abriendo las fronteras incluso a muchos franceses aliados del poder nazi; la historia se repetiría al final de la guerra de Argelia.
Para esta investigación, que ha comenzado en la Argentina y se desarrolla actualmente en Francia, se han consultado fundamentalmente archivos diplomáticos y militares de ambos países.
ISSN: 0210-5810 Este trabajo constituye un avance de la investigación para la tesis de doctorado sobre la presencia e influencia francesa en la sociedad argentina entre 1955 y 1976, en especial en el ámbito militar y católico.
Dos cuestiones son tratadas en el artículo: en primer término, se analizan dos momentos de la presencia inmigrante francesa de más larga data; luego, se presentan sus vínculos con los orígenes del terrorismo de Estado implementado en la Argentina a finales del tercer gobierno peronista.
Nuestro trabajo intenta reconstruir, por un lado, un movimiento migratorio entre Argelia, España, Francia y la Argentina, y, por otro lado, la circulación de ideas que alimentarían la formación de un imaginario en torno a la cuestión de la protesta y de la violencia política en la Argentina durante el período 1955Argentina durante el período -1976.
En lo relativo al movimiento de personas, consideraremos brevemente primero la fuga hacia la Argentina de personas que han colaborado en Francia con la ocupación alemana, pues serán estos "exiliados" quienes abrirán el camino para futuros arribos de personas con un background similar.
En segundo lugar, introduciremos la emigración producida como consecuencia del fin de la guerra de Argelia; en este caso, se trata de un proyecto de instalación de colonos argelinos y del ingreso de terroristas de la Organisation de l'Armée secrète (OAS).
Finalmente, presentaremos el contexto argentino de inserción y un avance de las relaciones que se establecieron entre franceses y argentinos.
Se insertará después de las conclusiones un esquema de análisis como síntesis de lo expuesto.
El aporte francés fue capital en la elaboración del discurso legitimador empleado por la dictadura para justificar tanto en el interior de las Fuerzas Armadas como frente a la sociedad el accionar represivo desplegado.
Como intentaremos explicarlo sucintamente más adelante, el aporte francés despertó un gran interés en el ámbito castrense y del tradicionalismo católico argentino por su lenguaje adaptado a la Guerra Fría (modernización), su empleo de conceptos de las ciencias sociales (pseudocientificidad) y su tono Archivo Histórico del Ejército, Boletín Público del Ministerio de Ejército, 1953de Ejército, -1966;;Archivo Histórico del Ejército, Boletín Reservado del Ministerio de Ejército, 1955-1958; Archivo Histórico del Ejército, Boletín Reservado de la Secretaría de Guerra, 1958Guerra, -1966; Archivo Histórico del Ejército, Boletín Confidencial de la Secretaría de Guerra, 1958Guerra, -1966; Presidencia de la Nación, Biblioteca de la Escuela Nacional de Inteligencia, Ejército Argentino, Reglamento RC-9-1 Reservado: Operaciones contra elementos subversivos, Buenos Aires, Instituto Geográfico Militar, 1977; Archivos de "La Cité Catholique", Paris.
En un intrincado entramado silogístico, todo esto se encadenaba como proposiciones lógicas irrefutablessu fundamento último se hallaba en la religión católica-, dando origen a un esquema de pensamiento que puede resumirse de la siguiente manera: toda protesta social encubría, detrás de las reivindicaciones sociales, económicas o políticas, una acción tendiente a debilitar al occidente "católico"; el objetivo era subvertir el orden establecido para acabar con la civilización "occidental y cristiana".
Lo dicho permitía poner en práctica todo tipo de acciones, aun las más crueles e inhumanas, para defender a la "civilización" amenazada de muerte.
Este esquema fue adoptado y adaptado a la situación argentina por quienes serían los líderes de la dictadura (militares y civiles), en el marco de su formación militar superior y en estrecha relación con determinados grupos del tradicionalismo católico a partir de 1955.
La contribución francesa se anclaba en varios componentes históricos del imaginario católico-militar argentino, sobre todo, en la idea del "enemigo interno".
La matriz francesa hizo un aporte decisivo en: a) la operación ideológico-discursiva de transformar a todo activista político en un "subversivo"; b) la consolidación en el imaginario militar argentino de la idea de que una tercera guerra mundial ya había comenzado (algo anticipado por Perón), de la cual los fracasos colonialistas franceses (Indochina, Suez, Argelia) y la Revolución Cubana eran la confirmación; c) la idea de que toda protesta social era el resultado de la acción encubierta del "comunismo internacional", fuera cual fuere su signo político y su objetivo; d) la idea de que la Guerra Fría era un enfrentamiento entre "civilizaciones": el Occidente capitalista y católico frente a la Unión Soviética, empeñada en destruir dicha civilización occidental para instalar el "materialismo ateo", en una extemporánea recuperación del pensamiento político medieval.
Entendemos la intensificación de la influencia francesa y los comienzos del terrorismo de Estado no como una relación de causalidad, sino como una coincidencia espacio-temporal y una interacción mutua.
3 Con respecto a los franceses, los indicios que hemos encontrado en nuestra investigación y la lectura de los trabajos que nos precedieron nos orientan a considerar su influencia como determinante en la implantación de lo que llamaremos "formación continua" en extremismo ideológico -que a la postre funcionará eficazmente en la educación reaccionaria de los cuadros implicados en el terrorismo de Estado-, más que una participación directa en estos hechos.4
El exilio argentino de los franceses en la segunda posguerra
No es posible estudiar este tema sin hacer una breve mención a la historiografía sobre este tipo de "exilios", pues el arribo al Río de la Plata de numerosos colaboracionistas franceses nos remite a otro tema más estudiado: la Argentina como refugio de criminales de guerra nazis.
Comenzaremos por una revisión crítica y somera de la asociación entre este fenómeno y el peronismo por entonces gobernante.
Muy a menudo, la interpretación del peronismo como un "aliado" o "derivación natural" de la extrema derecha europea, o su definición a la ligera como "fascismo" de tipo latinoamericano y de Perón como un "fascista", ha perturbado las miradas y opiniones de historiadores, politólogos, sociólogos, políticos y periodistas.
5 No obstante, la lectura de los trabajos de Uki Goñi6 sobre la llegada de criminales nazis durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón parecería bastar para sostener la validez de esta interpretación.
En lo relativo a los franceses, las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los primeros años de la posguerra muestran cuán tibios fueron los esfuerzos y magros los resultados obtenidos en repatriar a los condenados a muerte de origen francés que se refugiaron en la Argentina (especialmente en Buenos Aires y Mendoza).
7 De este modo, el lejano país del sur servía como "válvula de escape" para la convulsionada escena política francesa, envuelta en la debacle socio-económica y en un ajuste de cuentas que muchos temían se convirtiera en una guerra civil.
La poca voluntad de las autoridades políticas de ambos países en intensificar las medidas tendientes a someterlos a la justicia se debió, en primer lugar, a las razones de política interna francesa mencionadas; en segundo lugar, varios de estos individuos habían logrado incorporarse al aparato estatal y productivo argentino, de lo cual se esperaba sacar provecho a ambos lados del Atlántico.
La importante colonia francesa ya instalada en el país se ocupó de brindar apoyo y una buena acogida a sus compatriotas, transformándose en un actor central de esta historia.
Según lo hemos podido constatar en los archivos diplomáticos franceses consultados, la embajada en la Argentina hizo un seguimiento del movimiento migratorio.8 Para el periodista Éric Conan, "al final de los años cuarenta, huyendo de la depuración, cientos de franceses desembarcan en Buenos Aires.
En esta ciudad, que les recuerda mucho a París, nadie presta demasiada atención a su pasado.
Y no corren el riesgo de ser extraditados [no existe un tratado binacional].
Algunos reharán su vida, adquiriendo cierta notoriedad social.
Otros vegetarán".9 Así, los "exiliados" franceses encontraron en la Argentina la posibilidad de pasar desapercibidos en un país lejano y atractivo, además de un refugio seguro donde muchos comenzarían una nueva vida y otros aguardarían el momento propicio para retornar.
En cuanto a la actividad que los exiliados desarrollaron en la Argentina, la mayoría intentó no destacarse públicamente.
Sin embargo, algunos casos alcanzaron cierta notoriedad, en especial en el ámbito de la enseñanza universitaria y el periodismo como Jean Azéma, 10 Albert Falcionelli 11 o Jacques Marie de Mahieu.
12 Quizás el caso más significativo fue el de Jean-Pierre Ingrand, representante del ministro del Interior del gobierno colaboracionista francés ante las autoridades alemanas durante la ocupación de Francia (julio de 1940-enero de 1944).
Presidente de la Alianza Francesa de Buenos Aires hasta su fallecimiento en 1992, Ingrand fue el responsable administrativo de una parte del proceso de deportación de franceses hacia los campos de trabajo y de exterminio alemanes.
13 La sanción en 1959-1960 de una amnistía generosa por parte del gobierno francés para causas judiciales en colaboración con el enemigo nos aporta interesantes informaciones sobre los "refugiados políticos" galos en 10 Redactor de la revista Je suis partout, se suma al equipo de la publicación nacionalista Azul y Blanco; Cf.
MAE-AD, Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, Consulado de Francia en Buenos Aires, Série 1957-1966, 69 CA II.2 Français d'Argentine: 1956-1966, dossier Falcionelli desarrollará una extensa carrera como profesor de Historia en la Universidad de Cuyo, colaborando con la SIDE y la delegación argentina de la CIA en los años sesenta.
Además de los indicios sobre el particular señalados por uno de sus discípulos, el Dr. Cristian Buchrucker en el trabajo ya citado, los vínculos entre Falcionelli, la SIDE y la CIA aparecen mencionados en las memorias de uno de los agentes de la CIA destacados en Buenos Aires a partir de 1958; Cf.
Se incorporó como docente en la Universidad Nacional de Cuyo (provincia de Mendoza), una de las regiones argentinas preferidas por los inmigrantes franceses desde el siglo XIX.
Fue uno de los mentores de la fracción de extrema derecha del grupo Tacuara y su libro El Estado comunitario tuvo un gran impacto en los años sesenta.
13 Ingrand no fue "molestado" judicialmente e incluso se entrevistó con de Gaulle -a pesar de las recomendaciones contrarias del embajador francés en Buenos Aires-en ocasión de la visita oficial del Presidente francés en 1964, según Claude Cymerman, empleado de la Alianza francesa de Buenos Aires e intérprete del presidente de Gaulle durante su visita a la Argentina; Cymerman, Claude, Entrevista personal, Paris, 2 de octubre de 2003.
LA GUERRA DE ARGELIA Y LA ARGENTINA la Argentina.
Una vez conocida esta decisión política, los franceses residentes en la Argentina se pusieron en contacto con las autoridades consulares para interiorizarse sobre los requisitos para sumarse a la amnistía.
Gracias al procedimiento implementado (solicitud de inclusión en la amnistía vía consulado local) podemos conocer muchos datos sobre los solicitantes:14 en la mayoría de los casos, la amnistía fue acordada, los informes elaborados por el consulado muestran que, por lo general, los franceses evitaron inmiscuirse en la vida política argentina.
Así, el retorno se convertía en una posibilidad concreta.
En síntesis, por su historia previa, por sus intereses económicos y estratégicos, la Argentina de Perón era un buen lugar para los nostálgicos del "Nuevo Orden" derrotado, retomando la feliz expresión de Cristian Buchrucker.
15 Los proyectos industriales y tecnológicos del peronismo, la enseñanza universitaria y del francés, el periodismo, el comercio y la industria fueron las actividades privilegiadas por estos franceses para recomenzar una vida en sociedad lejos de la justicia de su país.
En lo relativo a la recepción de criminales de guerra por parte de la Argentina, entendemos que debería darse mayor importancia al profundo arraigo de la extrema derecha y la presencia de fuertes rasgos autoritarios en la cultura política argentina, en especial a partir del ciclo de protesta social y violencia política de 1909-1921 y de la crisis de 1930.
La guerra de Argelia y los franceses en la Argentina
La última guerra colonial francesa tuvo un impacto considerable en la sociedad argentina, cuyas marcas pueden hallarse en la extrema derecha, el catolicismo, la izquierda universitaria o las organizaciones guerrilleras.
Aunque con menor intensidad y consecuencias diferentes, la guerra de Argelia (1954Argelia ( -1962) ) generó también distintas opiniones, solidaridades y pasiones en la sociedad argentina como años antes lo había hecho (y lo seguía haciendo) la Guerra Civil española.
Menos numerosa, menos arraigada y demasiado proclive a destacar su singularidad (si esto conviene a sus intereses económicos y sociales), la colectividad francesa local no se transformó en un actor clave en los debates que generaba la descolonización del Maghreb, como sí lo habían hecho los españoles en el momento de su enfrentamiento fratricida.
Sin embargo, muchos ámbitos de la vida cultural y política argentina se vieron profundamente afectados, desde la formación militar superior hasta la enseñanza del francés, pasando por el cine y por la lucha independentista argelina.
El 19 de marzo de 1962 los acuerdos celebrados en Evian entre los representantes del Frente de Liberación Nacional argelino y el gobierno del general de Gaulle pusieron fin a la presencia colonial francesa y a una guerra que se cobró más de un millón de vidas, en su mayoría civiles argelinos.
La evacuación de la colonia imponía la repatriación de una gran cantidad de personas que abandonaban Argelia por temor a las represalias y por rechazo a la descolonización.
Los llamados "franceses de Argelia", considerados ciudadanos de segunda por los metropolitanos, tuvieron que buscar nuevos horizontes.
Los destinos privilegiados fueron dos: España -básicamente Alicante-y la Argentina.16 Lejos de constituir un exilio "político", la salida de estos franceses de Argelia es un caso bien diferente.
Para Jean-Jacques Jordi, "más que una simple repatriación, este movimiento puede considerarse como una verdadera migración, pues incluye los sentimientos de éxodo y exilio muy presentes en los individuos que la componen".17 Dos características presentaba la mayoría de los franceses que llegaban a la Argentina con la derrota del colonialismo en África del norte y en Extremo Oriente a cuestas: un furioso anticomunismo y un catolicismo exacerbado.
Lo que permitió que los más comprometidos políticamente pudieran vincular fácilmente su pasado nordafricano con la nueva realidad argentina, no para soñar con la restauración del colonialismo, sino más bien para aggiornar discursos y retomar viejas costumbres, como la vida clandestina, los seudónimos, los informes apócrifos, la megalomanía, los contactos con el mundo militar y la "comunidad" de inteligencia y el espíritu de cruzada.
En 1963 se iniciaron las negociaciones tripartitas entre particulares y los dos Estados para concretar la instalación en la Argentina de un número importante de repatriados de Argelia.
El gobierno francés no tenía soluciones para el problema de la reinserción de los franceses de Argelia, concentrado como estaba en detener una sangrienta posguerra colonial.
Alentar una ola migratoria parecía la mejor opción para no sumar elementos de discordia a una situación interna que se volvía una vez más conflictiva.
De este modo, según la historiadora Geneviève Verdo, "la organización de esta emigración constituía tanto un acto político como un acuerdo de orden económico [...]; a comienzos del mes de enero de 1964, un grupo de sesenta familias desembarca en el puerto de Buenos Aires".
18 Nuevamente, como en el caso de los colaboracionistas, la Argentina se convertía en una válvula de escape para el gobierno francés.
Durante los dos años siguientes, otros cinco grupos se agregarían, conformando un total de "ciento cincuenta familias oficialmente registradas en el marco de esta emigración".
19 El 19 de octubre de 1964 se firmó el acuerdo entre los gobiernos, que incluía interesantes ventajas para los "colonos".
20 Entre Ríos, Formosa (El Colorado), Chaco, Salta (Rosario de Lerma), Río Negro (Valle Azul) y San Juan fueron los lugares de destino asignados a las familias pieds-noir que desembarcaron en el puerto de Buenos Aires esperando encontrar tantas oportunidades como en Argelia, pero sin la presencia de los árabes.
21 Pensado por el gobierno de 18 Verdo, Geneviève: Les Français d'Afrique du Nord en Argentine: Bilan provisoire d'une migration, Memoria de Maestría, Université de Paris I, Paris, 1989, págs. 34-39.
20 Del lado argentino, el compromiso consistía en facilitar las gestiones para la importación de bienes muebles y de capital, además de ofrecer: tierras libres en ventajosas condiciones, exención de derechos aduaneros, asistencia educativa y sanitaria, y libre disponibilidad y transferencia de divisas desde Francia, fijando límites máximos para las transacciones y las franquicias.
Por su parte, el gobierno francés, se hacía cargo de los gastos de traslado de las personas y de sus bienes; además, concedería una ayuda económica en efectivo por familia para afrontar los primeros tiempos.
No obstante, lo que se había pensado como una experiencia de colonización se convirtió en emprendimientos individuales.
Del lado francés, la ignorancia casi total del medio en el cual se iban a instalar, la incompetencia de las autoridades consulares y de los franceses encargados de organizar la salida de los repatriados (bloqueo de sus fondos y obstáculos burocráticos french style), expectativas desmesuradas -para algunos, un nuevo "El Dorado"-y resabios colonialistas hicieron primar el desorden y la impericia.
A todo esto se sumaron los errores cometidos por las autoridades argentinas a todo nivel.
Illia como un relanzamiento de la política de colonización, los resultados iniciales han dejado un recuerdo agridulce en los expatriados.
No obstante, para algunos franceses de frondoso prontuario este acuerdo fue la discreta puerta de entrada al país: varios terroristas de la OAS lograron beneficiarse de las ventajas ofrecidas a los colonos.
La periodista Marie-Monique Robin mostró que los miembros y simpatizantes de la OAS recibieron los mismos beneficios que quienes se inscribieron en las sedes consulares y oficinas de migración francesas para incorporarse al proyecto franco-argentino de creación de colonias.
Robin entrevistó a algunos de ellos, como Hervé Faure, Nicole y Michel Bésineau, y Bertrand de Perseval.
22 Según Isabel Santi, el primer punto de reunión para los ex OAS fue Tacaaglé (provincia de Formosa, a 248 km de su capital), una antigua misión jesuítica.
Otros, como el coronel Jean-Yves Gardes (responsable de la "organización de masas" de la OAS), el general Paul Gardy (último jefe máximo de la OAS) y el capitán Bertrand de Gorostarzu no necesitaron inscribirse en plan de colonización alguno para instalarse en la Argentina, una vez que el gobierno del general de Gaulle logró un acuerdo con la mayoría de los integrantes de la organización terrorista que había atentado varias veces contra su vida: 23 les bastó con la ayuda de sus compatriotas y su prestigio 22 Faure es hoy el delegado en Argentina del tercer partido de Francia, el ultraderechista Front National de Jean-Marie Le Pen; en el pasado, este ex agricultor de Corrientes se convirtió en contratista de las Fuerzas Armadas argentinas para la provisión de equipos electrónicos.
El matrimonio Bésineau tuvo una activa participación en la guerra de Argelia en tanto miembros de la OAS; además, la señora Bésineau es la hija del general Gardy (último jefe de la OAS) y ex pareja de Roger Delguedre (uno de los miembros de la OAS fusilados por terrorismo).
En cuanto a de Perseval, mientras estaba detenido en la prisión de Fresnes por su participación en la OAS, las autoridades francesas le ofrecieron dinero y documentación para viajar a Argentina a cambio de abandonar la actividad terrorista, según su propio relato de los hechos.
Todas estas informaciones fueron obtenidas por Marie-Monique Robin y han sido publicadas en Robin, Marie-Monique: Escadrons de la mort, l'école française, Editions La Découverte, París, 2004, cap. 22.
23 El acuerdo propuesto incluía el fin de la tolerancia franquista a las actividades de estos terroristas en España.
Quienes aceptaron abandonar toda actividad conspirativa contra de Gaulle fueron amnistiados y poco tiempo después se les permitió volver a Francia; los que no aceptaron el acuerdo fueron inmediatamente expulsados de España hacia Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina y Portugal.
Roger Frey, ministro del Interior y artífice de la operación, designó a Michel Baroin (policía de la Direction de Sécurité du Territoire) para la tarea de convencer a los OAS con base en España.
Histoire d'une guerre franco-française, Editions du Seuil, Paris, 2002, págs. 388-389; Segura Valero, Gastón: A la sombra de Franco.
El refugio español de los activistas franceses de la OAS, Ediciones B, Barcelona, 2004.
LA GUERRA DE ARGELIA Y LA ARGENTINA como "especialistas" en contrainsurgencia.
Los franceses desplazados por la descolonización se encontraron con una sociedad crispada por los avances sociales y económicos logrados por los trabajadores algunos años antes y en estado de agitación, por lo que creían eran signos de la presencia de un enemigo interno 24 y la "expansión" de la "subversión" comunista en el cuerpo social.
Este clima les era familiar: ellos también creían en los mismos fantasmas, e interpretaban la independencia de las colonias como el resultado de una maniobra orquestada por el "comunismo internacional" para destruir a la "civilización occidental y cristiana".
Los que partían a una nueva aventura en tierras lejanas en el interior del país, como los colonos, fueron ajenos a los problemas políticos nacionales, pero quienes se instalaron en las grandes aglomeraciones (como Buenos Aires y Mendoza) rápidamente pudieron recuperar antiguos hábitos y prácticas.
Por ejemplo, en marzo de 1963, el coronel Jean-Yves Gardes y Alain Serrien, requeridos por la justicia de su país por su participación en la OAS, llegaron a Buenos Aires, 25 siendo recibidos por Albert Falcionelli (empleado de la Oficina francesa de Información bajo el gobierno de Vichy en Madrid), que además albergaría a Gardes en su domicilio particular.
Falcionelli era un ferviente anticomunista que había llegado legalmente a la Argentina, y en 1950 adquirió la ciudadanía argentina.
Fue un asiduo colaborador de la revista Verbo, órgano oficial de "La Ciudad católica", la filial argentina del grupo tradicionalista católico francés liderado por Jean Ousset al cual adhería Gardes en Francia.
Durante su servicio en Argelia, Gardes fue el jefe del "Bureau d 'Action psychologique" del Ejército francés, que tenía como órgano de difusión a la revista Contacts; esta publicación reproducía periódicamente artículos de la revista Verbe (de "La Cité Catholique" de Ousset) y era dirigida por el comandante Jean Cogniet, otro de los militares franceses ligados al grupo de Jean Ousset.
Pero Gardes no fue el único.
Vasco (más precisamente, en San Sebastián).
26 Gardy fue el único militar con rango de general que pudo esquivar la cárcel.
La presencia de este militar francés en la Argentina no provocó mayores comentarios en la prensa del país, hasta su fallecimiento en un accidente automovilístico, el 27 de octubre de 1975.
27 En mayo de 1963 llega Bertrand de Gorostarzu, 28 que se unirá al matrimonio Bésineau (ya instalado en Tacaaglé) junto al capitán de corbeta Jacques Picquet (otro fugitivo de la Justicia) y Christian Disert, un pied-noir de Orán".
29 Por varias razones, la Argentina de 1963 era un contexto sumamente favorable a las pretensiones de estos franceses desplazados y sobre quienes pesaban condenas a muerte, en varios casos.
El país que encontraron era el que habían comenzado a construir los militares y sus aliados civiles en 1955, en nombre de la restauración de la libertad, de la democracia y de la recuperación económica, sumado a la brusca entrada en la Guerra Fría.
Con el derrocamiento de Perón, la Argentina ingresó en una nueva etapa: la exclusión del mayor partido político nacional (primera causa de la violencia política), el ajuste de cuentas y recomposición de las relaciones con los Estados Unidos y la incorporación al esquema continental de defensa regido por ese país.
La proscripción y persecución del peronismo impulsó una espiral de violencia que en realidad traducía un enfrentamiento de clases 30 y cuyo objetivo fundamental, más allá de toda retórica y clima de época, era revertir la redistribución de la riqueza que había tenido lugar durante los dos primeros gobiernos de Perón (1946Perón ( -1955)).
Una burguesía atemorizada lanzó una frenética campaña anticomunista para poner en caja al activismo radical de los peronistas que poco a poco se transmutó en una trágica lucha en defensa de la "civilización occidental y cristiana".
La incorporación de la Argentina a la Guerra Fría y al bloque regional orientado por la política exterior de los Estados Unidos sirvió para internacionalizar este conflicto 26 Veterano de Indochina, inspector general de la Legión Extranjera, condenado a muerte por contumacia por el Alto Tribunal Militar de París por atentar contra la seguridad el Estado, figura preponderante del golpe del 21 de abril de 1961, responsable de la rama Argelia-Sahara de la OAS, el general Gardy sustituyó al general Edmond Jouhaud como jefe de la OAS después de la independencia de Argelia y poco antes del derrumbe definitivo de la organización terrorista.
30 Ésta es la sugestiva tesis de Daniel James; ver: James, Daniel: Resistencia e integración.
LA GUERRA DE ARGELIA Y LA ARGENTINA local, 31 lo cual implicaba no atacar su verdadera causa: las desigualdades sociales.
Así, toda forma de oposición o protesta social pasó a ser interpretada como una manifestación de la penetración comunista en el país.
Con una larga tradición de acogida de perseguidos y desplazados, con sus matices europeos que generaban la ilusión de no estar en América latina, con sus cenáculos fuertemente excitados por la "inminencia" de una nueva conflagración mundial y con sus enormes espacios vacíos, la Argentina se ofrecía a estos derrotados del colonialismo tardío como un terreno promisorio para el olvido del pasado inmediato, para soñar con nuevas utopías autoritarias o recomenzar un camino interrumpido por las atrocidades del colonialismo francés.
El cine y el policial negro se hicieron eco de esta cuestión.
En el film Le combat dans l'île (de 1961, pero que debió esperar autorización de la censura hasta 1963) de Alain Cavalier, Jean-Louis Trintignant interpreta a un joven burgués desencantado que, después del fin de la guerra de Argelia, decide sumarse a un grupo de ultraderecha que planea varios atentados contra personalidades de izquierda.
El grupo es traicionado por su jefe y sus acciones desbaratadas.
Clément, el personaje de Trintignant, se encarga de ajusticiar al traidor (refugiado en Cádiz) y para cubrirse decide pasar una temporada en la Argentina.
Al tiempo, cuando la situación se ha calmado, regresa a Francia y le cuenta su experiencia (en una granja de Entre Ríos) a su ex novia (interpretada por Romy Schneider): sólo son elogios para los "camaradas" que sin preguntar nada le han dado refugio, dinero, documentación falsa y lo han tratado de maravilla.
El policial negro incorporó el contexto de la descolonización como escenario y sirvió como vía de reivindicación política de estos personajes.
La influencia francesa en el ámbito militar y católico a partir de 1955
El ámbito castrense argentino era un terreno donde estas tendencias e ideas (anticomunismo y catolicismo tradicionalista), que explicaban el pre-31 Rouquié, Alain: Poder militar y sociedad política en la Argentina, Tomo 2, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, págs. 156-159.
32 La lista completa no está hecha, y no es posible publicarla aquí.
ISSN: 0210-5810 sente y proponían cursos de acción para el futuro inmediato coincidían, lo cual lo convertía en un espacio particularmente propicio para la inserción social de los recién llegados.
Con la Guerra Fría y el derrocamiento de Perón, las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas entraron en un proceso de renovación -tanto a nivel doctrinario como tecnológico-, además de exacerbar su tradicional politización.
Los militares, bajo influencia de la doctrina de la guerra revolucionaria33 y luego de la doctrina de la seguridad nacional, pasaron a desempeñarse como policía política interna encargada de contrarrestar la "influencia comunista" y la "subversión", relegando a segundo plano su rol de brazo armado del Estado en la defensa exterior.
La primera doctrina, de origen francés, había surgido de la derrota francesa en Indochina frente al Ejército Popular Norvietnamita.
Un grupo de oficiales franceses, para no asumir su responsabilidad por el fracaso para reinstalar el control colonial, llegó a la conclusión de que enfrentaban un nuevo tipo de guerra, para el cual no estaban preparados.
Ya no consistía en el clásico enfrentamiento entre fuerzas armadas por el control de un territorio y/o sus recursos económicos, sino que era un combate total que se libraba en el "corazón" y la "mente" de los habitantes: la guerra "moderna", "revolucionaria", o "subversiva", pero siempre de carácter "comunista".
34 Esta doctrina presentaba el atractivo de ser un análisis totalizador, con el lenguaje propio de la Guerra Fría, pero que recuperaba varios temas tradicionales del imaginario militar argentino; además, se proponía como una explicación "científica" de la conflictividad social y como un curso de acción para un futuro cercano y sombrío.
La segunda, resulta-do de elaboraciones brasileñas y estadounidenses, incorporaba elementos de la doctrina francesa, pero otorgaba una importancia decisiva a la llamada "ayuda para el desarrollo", combinando represión y financiamiento en la investigación social y la tecnología.
En este contexto, una línea interna del Ejército encabezada por el entonces coronel Carlos Jorge Rosas intentó lograr cierta autonomía de decisión en lo militar.
La estrategia imaginada por Rosas era buscar financiamiento y aprovisionamiento en Francia, para compensar la influencia estadounidense.
Como resultado del accionar de varios oficiales superiores argentinos -entre ellos, los tenientes coroneles Alcides López Aufranc, Tomás Sánchez de Bustamante y Manrique M. Mom-y de parte de la representación diplomática francesa en la Argentina, las Fuerzas Armadas fueron introducidas en la doctrina militar francesa y se realizaron varios intentos para intensificar la presencia de la industria militar francesa en el mercado argentino.
35 Los contactos se incrementan a partir de la estadía del coronel Rosas en Francia (1953-1955 36 ) como alumno en la Escuela Superior de Guerra de París, lo cual fue el inicio de un importante intercambio de oficiales y asesores, el establecimiento de una misión militar francesa -en el Estado Mayor del Ejército y en la Escuela Superior de Guerra-y visitas al más alto nivel político y militar (como las del presidente Charles de Gaulle en 1964 y del jefe del Estado Mayor francés, general André Demetz, en mayo de 1960).
37 La elaboración e instrumentación 35 García Lupo, Rogelio: "Indagaciones.
Generales argentinos entre Francia y EE.UU.", Clarín, Suplemento "Zona", 22 de abril de 2001, pág. 7.
36 Antiperonista pero que se había negado a involucrarse en las conspiraciones para derrocar a Perón, Rosas fue designado por Decreto presidencial 14529 (7 de agosto de 1953) para cursar estudios en la Escuela Superior de Guerra de ese país.
Ejército Argentino, Boletín Público del Ministerio de Ejército, Buenos Aires, 2504, 10 de agosto de 1953, pág. 978; Ejército Argentino, Dirección General del Personal, Archivo Histórico del Ejército, 15119, Rosas, Carlos Jorge (Ingenieros).
37 El rol del general Rosas en la "importación" de doctrina francesa es objeto de cierta controversia.
Samuel Amaral, Rosendo Fraga, Daniel Mazzei, Diego Llumá y María Oliveira-Cézar le atribuyen la responsabilidad de introducir en el Ejército argentino de ideas y técnicas represivas utilizadas por los franceses en Indochina y Argelia.
Por su parte, Rogelio García Lupo matiza esta impresión, a partir de sus vínculos personales con Rosas.
Por otro lado, varios oficiales superiores contemporáneos de Rosas (Bignone, Reynaldo: Memoria y testimonio, Planeta, Buenos Aires, 1992, pág. 40; Genaro Díaz Bessone, Osiris Villegas, Albano Harguindeguy, entre otros) que han comentado este aspecto de la historia militar argentina coinciden en esta apreciación.
En nuestra opinión, la trayectoria personal de Rosas debe ser tenida en cuenta en esta evaluación, por sobre sus estrechos vínculos con el Ejército francés.
Basándonos en sus artículos publicados en la Revista de la Escuela Superior de Guerra, en la consulta de su archivo personal y en una entrevista con su hijo, pensamos que Rosas -un oficial atípico por su desapego a la religión católica, sus inquietudes intelectuales y su intento de resistir el golpe militar de 1966-no estaba tan interesado en la "doctrina de la guerra revolucionaria" como en MARIO RANALETTI del plan de seguridad interior denominado "Conmoción interna del Estado" (CONINTES) entre 1958-1960 y los reglamentos del Ejército argentino destinados a la lucha contra "fuerzas irregulares" y de operaciones contra la "subversión" (Reglamentos RC-8-2 [1968] y RC-8-3 [1969]) muestran la compenetración alcanzada entre los asesores franceses destacados en la Argentina y los oficiales argentinos.
Del lado argentino, se produjo en la misma época un muy importante auge editorial de la literatura católico-militar de origen francés, que se incorporaría a la bibliografía que circula y se estudia en los institutos argentinos de formación militar, como los libros del general Lionel-Max Chassin, 38 del propagandista tradicionalista católico Jean Ousset y del coronel Roger Trinquier, 39 sin olvidar la amplia difusión de la obra sobre estrategia del general André Beaufre (iniciada por el general Marini en 1954).
Paralelamente, se aprecia una revitalización de la militancia de católicos tradicionalistas y de extrema derecha en los espacios de sociabilidad militares (institutos de formación, parroquias, asociaciones y grupos católicos laicos, etc.).
En este sentido, la actividad de la Congregación de Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey y del grupo "La Ciudad Católica", ambos de origen francés, es de vital importancia para completar, adaptar y legitimar el enfoque militar francés para el tratamiento de la conflictividad social.
Auspiciados por monseñor Antonio Caggiano (cardenal primado de la Argentina), Ousset y su grupo "La Ciudad Católica" tuvieron una amplia difusión en el mundo castrense argentino.
Los libros de Ousset, como El Marxismo-leninismo.
Introducción a la política (publicados por la Editorial Iction en 1963 y 1961, respectivamente) o Para que Él reine (traducido en 1962 por la Editorial Speiro en España, perteneciente a la filial local de "La Cité Catholique") y la revista Verbo aportarán un elemento crucial para el devenir del terrorismo de Estado en la Argentina: la tortura.
Esta revista, de amplia circulación en el ámbito castrense entre 1966 y 1976, fue un baluarte de la justificación católica del uso de la tortura en prisioneros considerados "subversivos".
40 Es un misterio para la historiografía el origen de este grupo en la Argentina.
Por nuestra parte, hemos podido averiguar que surgió a principios de 1958 en torno al colaboracionista francés y presidente de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey en la Argentina, Robert Pincemin y al ingeniero Mateo Roberto Gorostiaga, futuro secretario de Asistencia y Promoción de la Comunidad (1966Comunidad ( -1967)), repartición del Estado argentino especialmente creada por iniciativa de los hombres de "La Ciudad Católica".
Pero lo más interesante es el rol de los sacerdotes de la Congregación de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, que llevarían a cabo numerosos retiros espirituales en unidades militares, en los cuales el principal tema de reflexión fue la preparación del militar católico para un baño de sangre que redimiría al país del inminente peligro comunista.
Los miembros de esta congregación se preocuparon especialmente por la formación espiritual del personal militar, utilizando como método los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola; sus vínculos con el Ejército son tan aceitados que llegan a organizar retiros espirituales para guarniciones enteras, 41 como lo hacían habitual-mente en la España franquista.
Uno de los integrantes de esta congregación, el sacerdote Georges Grasset, se convertió en una autoridad en la materia en la Argentina; miembro fundador también de "La Cité Catholique" francesa, fue reconocido en varias entrevistas como el líder de "La Ciudad Católica" argentina también conocido como "Grupo Verbo", el principal vehículo de la transmisión de ideas del tradicionalismo católico francés sobre la justificación católica de la tortura.
Poco sabemos del rol del padre Grasset en este grupo, aunque en esa época se encontraba en la Argentina cumpliendo funciones en el capítulo local de su Congregación, los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey.
42 Una "marea" de escritos, conferencias, charlas, cursos, grupos de estudios privados, publicaciones periódicas, "retiros espirituales" impulsados por "formadores" como el sacerdote Julio Meinvielle (líder del antisemitismo católico), Carlos Sacheri (presidente del grupo "La Ciudad católica" de la Argentina) y Jordán Bruno Genta (agitador enrolado en la extrema derecha católica) retomaban los temas y reproducían los análisis de los franceses.
Estos "formadores" son sólo la "punta del iceberg" de un complejo entramado que conjugaba política y religión en un mismo análisis, responsable en gran medida de lo que el coronel Prudencio García definió como adoctrinamiento intensivo y formación reaccionaria y anticomunista.
43 Su principal aporte a la formación militar es consolidar el enfoque de los problemas políticos argentinos (especialmente, la violencia creciente, fruto de la proscripción del peronismo y de las desigualdades sociales) como el resultado de la "penetración" y de la "subversión" marxista que, como parte de una maniobra a escala planetaria, se abaten sobre la Argentina desde 1955.
Si bien la presencia de ex integrantes de la OAS en la Argentina ha sido señalada en diferentes fuentes y estudios, poco se sabe sobre su actividad concreta.
En este sentido, se los menciona como instructores de técnicas de interrogatorio y contrainsurgencia 44 y como parte de grupos paramilitares dedicados a reprimir a los disidentes a partir de 1973.
45 El periodista Marcelo Larraquy, sobre la base de testimonios directos que ha obtenido, sostiene que José López Rega (ex ministro de Bienestar Social, creador del grupo paramilitar, Alianza Anticomunista Argentina, y asistente personal de Perón) tenía una custodia compuesta por ex integrantes de la O.A.S, aunque no precisa su identidad.
Hemos tratado una etapa de la presencia francesa en la Argentina como resultado de la pérdida de la colonia argelina, su contexto de inserción y la difusión de ideas de origen francés en los ámbitos militar y católico argentinos.
Sin representar un aporte poblacional significativo, estos nuevos inmigrantes llegan a la Argentina en un momento de auge de la extrema derecha y de internacionalización de los conflictos locales para adaptarlos al esquema bipolar de la Guerra Fría.
El aporte francés permite una actualización de ideas ya presentes en el imaginario de estos ámbitos para adaptarlos a la terminología y la ideología propias de la época.
De este modo, las ideas francesas sobre la conflictividad social en el marco de la Guerra Fría se incorporarán a dos imaginarios históricamente ligados: el militar y el tradicionalista católico.
Este aporte será de suma importancia para definir las técnicas e ideas que conformarán el terrorismo de Estado en la Argentina a partir de 1976.
En otro registro, la novela News from a Foreign Country Came (New York, Clarkson Potter Publishers, 1991) de Alberto Manguel, cuenta la historia de un ex oficial del Ejército francés que reside en Québec, cuya historia personal une Argelia en la lucha por sacudirse el yugo colonial, el París de los sesenta y la Argentina de los desaparecidos, donde el personaje central ha ejercido sus habilidades como torturador, aprendidas durante su experiencia argelina.
Robin retoma una reconstrucción de la masacre de Ezeiza (20 de junio de 1973) hecha por la revista montonera El Descamisado, reproducida por el diario Libération en julio de 1976.
Nosotros, lamentablemente, no hemos podido corroborar esta información al cotejar otras fuentes secundarias y documentales.
46 Según los testimonios de ex miembros del círculo de colaboradores más cercanos del ex ministro y asistente personal de Perón recogidos por Larraquy, "en un viaje a Roma, López Rega había contratado a ex miembros de la OAS, que se hospedaban juntos en un hotel.
Eran suboficiales y oficiales del Regimiento de Paracaidistas coloniales del Ejército Francés. [...]
En la Argentina, la custodia argelina resguardaba la seguridad de algunos funcionarios ligados al ministro, entre ellos la del entonces presidente Raúl Lastiri. [...]
Los ex OAS habían llegado a la Argentina con la promesa de que, tras un tiempo de actuar como gardes de corps, les cederían tierras en la provincia de Entre Ríos, donde crearían una colonia agrícola"; en: Larraquy, Marcelo: López Rega.
MARIO RANALETTI La circulación de personas y la transmisión de ideas se beneficiaron ampliamente tanto de la presencia histórica como del arribo -con la derrota del nazismo-de inmigrantes franceses que estuvieron dispuestos a ayudar a los compatriotas que huían de la justicia de su país.
Esto también fue posible gracias a la complicidad y la lasitud de las autoridades argentinas para impedir la entrada de colaboracionistas del gobierno de Vichy y de terroristas de la OAS que llevaban graves condenas a cuestas; sin embargo, esta cuestión quedará sin dilucidar, hasta que los archivos franceses y argentinos sean más accesibles para el investigador.
Por otra parte, el refugio que estas personas en fuga encontraron en la Argentina fue sujeto a las necesidades de política interna francesa, en momentos de alta conflictividad social como la liberación de Francia por las tropas aliadas o el fin de la guerra de Argelia, sumado a los acercamientos franco-argentinos a nivel institucional, como el establecimiento de una misión militar de asesoramiento en la Escuela Superior de Guerra de Buenos Aires y en el Estado Mayor del Ejército argentino.
En la misma época, el activismo de grupos tradicionalistas católicos en el ámbito castrense regresa -como tantas otras veces-al centro de la escena.
Los militares incorporaron a su enfoque de la conflictividad social y política argentina dos influencias francesas: por un lado, la proveniente de la doctrina de la guerra revolucionaria, o el conjunto de ideas que los militares franceses elaboraron para explicar su derrota en Indochina y la situación en Argelia; por otro lado, la interpretación tradicionalistacatólica de la Guerra Fría como enfrentamiento de civilizaciones.
La fuerte impronta que dejaron estas dos influencias puede apreciarse en el discurso legitimador de la última dictadura militar argentina y en el rol desempeñado por algunos religiosos que, frente a las consultas de algunos oficiales, explicaron que los tormentos aplicados a los detenidos serían perdonados porque se practicaban en nombre de la defensa de la "civilización occidental y cristiana".
47 Una poderosa batería compuesta por retiros espirituales, conferencias, cursos, grupos privados de estudio y reflexión hizo posible que los 47 El ex capitán de navío Adolfo Scilingo, procesado por el juez Garzón por genocidio, declaró que recibió "consuelo" de parte del capellán de la Escuela de Mecánica de la Armada, después de haber arrojado al Río de la Plata a prisioneros adormecidos desde un avión naval.
Sobre el testimonio de Scilingo: véase Verbitsky, Horacio: El vuelo, Seix Barral, Barcelona, 1995, págs. 36-37; Mariano, Nilson: Operación Cóndor.
Terrorismo de Estado en el Cono Sur, Ediciones Lohlé/Lumen, Buenos Aires, 1998, pág. 39.
Podemos citar también el caso del teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, actualmente detenido en la guarnición de Campo de Mayo por ser el primer oficial en actividad en declarar su participación en el asesinato de prisioneros indefensos durante la última dictadura; Cf.
Verbitsky, Horacio: "Confesiones de un teniente coronel.
LA GUERRA DE ARGELIA Y LA ARGENTINA militares argentinos se convencieran de que cualquier método era lícito si se trataba de frenar el progreso de la "subversión comunista".
Este esquema fue funcional a una histórica formación reaccionaria de las Fuerzas Armadas; en particular, sirvió para encuadrar bajo un esquema simplificador y totalizante todas las formas de protesta social que se derivaban de la proscripción del peronismo y del aumento de las desigualdades sociales.
La formación en contrainsurgencia y la prédica del tradicionalismo católico (en especial, mediante los retiros espirituales) exacerbaron en el ámbito militar el temor a un cambio revolucionario y violento en la Argentina, lo que dio lugar a una respuesta salvaje y totalmente desproporcionada con relación a la supuesta "amenaza" que se cernía sobre la sociedad argentina.
Quisimos mostrar la coincidencia espacio-temporal de la llegada de personas e ideas desde Francia y cómo esto se sumó a un contexto particularmente crispado y proclive a creer en la existencia de un proceso de cambio social en ciernes, que debía ser extirpado de raíz, costara lo que costara, pues en ello iba el futuro de una sociedad argentina que se definía como "occidental y cristiana".
La investigación en curso para nuestra tesis de doctorado nos induce a considerar esta coincidencia en términos de complementariedad e interacción, descartando la idea de causalidad en la construcción del terrorismo de Estado.
Creemos que nuevas investigaciones sobre las raíces francesas del terrorismo de Estado en la Argentina podrán aportar seguramente nuevas pistas en torno a los orígenes y conformación no sólo en este país, sino en América del Sur, dada la importancia de la influencia militar y tradicionalista católica como en Perú, Colombia y48 |
Este trabajo analiza los procesos de representación y percepción del paisaje del océano Pacífico a partir de la narración del viaje de Gemelli Carreri (1698) a bordo del Galeón de Manila.
Presenta el concepto «Sailscape» como construcción práctica y simbólica del entorno oceánico, como parte de la navegación y de la imaginación geográfica.
Con el texto de Gemelli se ha ilustrado el análisis teórico del «sailscape» pacífico, atendiendo a la mirada del navegante y al recorrido de la nave como agentes espaciales en la construcción del paisaje.
En mayo de 1902, la erupción del monte Pelée arrasó la ciudad de Saint Pierre, dejando miles de muertos y a la opinión internacional conmocionada.
El fatídico suceso dio a conocer al mundo la isla de Martinica, sin embargo, esto no bastó para ubicarla bien en el mapa.
Apenas unas décadas después, el Giuoco del Giro del Mondo, una popular versión italiana del juego de la oca, emplazaba la ínsula antillana en pleno océano Pacífico.
Una isla, con su puerto y su volcán, parecía ajustarse más a aquel escenario oceánico, entre Tokio y San Francisco, flanqueada por una «ballena» y un «náufrago».
La selección e interpretación de las «imágenes» de la Martinica explican su reubicación de una manera -quizás-más acorde con el imaginario geográfico acerca del Pacífico, lo desconocido y lo peligroso.1 Parafraseando a Mercedes Maroto, el Pacífico no es algo que esté o haya estado siempre ahí, sino, más bien, un espacio conceptualizado, creado, inventado y producido por aquello que Certeau llamó «la práctica de la vida cotidiana».
2 De ahí que no tengamos reparo en afirmar que este océano, espacio producido y representado -en sentido lefebvriano y heideggeriano-, sea un cúmulo de imágenes que, a lo largo de cinco siglos, ha ido construyendo y redefiniendo su propio paisaje.
Mucho antes de nuestro juego, en 1698, otro italiano, Gemelli Carreri realizó otro Giro del Mondo que también surcó las aguas del Pacífico.
3 Su capítulo al respecto lo inició precisamente hablando de la «peligrosísima» y «la más terrible y larga navegación» posible en la Tierra.
Y es que la travesía de Filipinas a Acapulco, a bordo del galeón de Manila, era famosa tanto por sus albures y naufragios como por la promesa de aventuras y riquezas.
4 No cabe duda de que la exploración marítima del océano Pacífico ha sido uno de los fenómenos que más impacto ha tenido en la imaginación popular europea.
5 De hecho, hasta bien entrado el siglo XIX, el espacio del océano Pacífico era más conocido por evocaciones literarias, fascinantes relatos y cautivadoras estampas que por su cartografía, 6 y ello pese a que en el siglo XVIII fue recorrido por ilustrados viajeros como Cook, Bougainville, Lapérouse o Malaspina.
Los propios exploradores habían contribuido a difundir una imagen bastante difusa del mundo pacífico.
Sus narraciones y representaciones del océano configuraron una parte importante del repertorio occidental de ideas, esperanzas y sentimientos, 7 y aquel flujo de informaciones e imágenes fue absorbido por un público ávido de ensoñaciones y utopías vivientes.
8 El objetivo de este artículo es analizar la epistemología de las representaciones paisajísticas elaboradas en el transcurso de un proceso náutico.
Siguiendo a Denis Cosgrove, «geográficamente la idea del paisaje es la expresión más significativa del intento histórico de reunir imagen visual y mundo material y es en gran medida el resultado de ese proceso».
Por tanto, el paisaje «denota principalmente la geografía tal y como se percibe, se retrata y se imagina».
9 Nuevas líneas de interpretación del paisaje han ampliado sustancialmente los significados del término, dotándolo de una sensibilidad estética, ambiental y formal mucho más compleja.
El «Libro Terzo» de la Quinta Parte recoge su experiencia a bordo del galeón de Manila desde Filipinas a Acapulco.
El texto, por vez primera traducido al castellano, se publica adjunto al dossier donde aparece este trabajo.
Las referencias del Giro del Mondo en este artículo se han tomado de esta traducción de Catia Brilli.
7 Sobre el interés europeo por los viajes de exploración y la recopilación de objetos exóticos, relaciones de viajes, imágenes, mapas, etc. y la circulación e intercambio de éstos, véase Meadow, 2002.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.10 neologismos acuñados por otros autores, Francesco Careri ha consagrado el término Walkscape para definir el acto de caminar -de deambularcomo forma primaria de transformación simbólica, estética, física y de conocimiento del territorio atravesado por el ser humano, esto es, como «arquitectura del paisaje».
10 En esa misma dirección, proponemos un desarrollo hermenéutico del concepto, en tanto que lo extrapolamos a la construcción simbólica del paisaje oceánico desde un barco durante la navegación.
Las fundamentales particularidades de los procesos de percepción y representación de los paisajes en mar abierto nos harán hablar de Sailscapes.
El ensamblaje lineal de imágenes en el transcurso marítimo, la horizontalidad en la observación impuesta por la propia navegación y la imaginación geográfica supeditada a cuestiones como la orientación, la ausencia de hitos más allá del horizonte o la propia supervivencia, explican la sustancialidad de los sailscapes.
Somos conscientes de la imposibilidad de todo análisis teórico acerca de la vista y la imaginación que no repare en los condicionantes culturales que las supeditan.
Por ello, nuestro razonamiento del sailscape, de la elaboración de los paisajes percibidos en la navegación, requiere una concreción y un enfoque eminentemente histórico.
11 «Toda representación es, pues, referida por su espectador -o más bien, por sus espectadores históricos y sucesivos-a enunciados ideológicos, culturales, en todo caso simbólicos, sin los cuales no tiene sentido».
12 Así, vamos a tomar, como una suerte de tubo de ensayo, la navegación transpacífica de Gemelli Carreri descrita en su Giro del Mondo.
Con bastante acierto, Anthony Pagden habló de la «autoptic imagination» como recurso frecuente en los relatos de viajes -en especial en el comienzo de la era de las exploraciones-, consistente en privilegiar la evidencia de los testigos oculares y la presencia en primera persona al describir nuevos mundos.
13 En el caso concreto de Gemelli Carreri, la mirada autóptica, la experiencia como garante de verosimilitud, ha sido en ciertas ocasiones puesta en tela de juicio, 14 sin embargo, no es nuestro propósito rebatir la certeza de cada afirmación dada por el autor.
En la dialéctica que el texto establece entre experiencia y erudición, es la experiencia -por lo general de naturaleza visual-la que 10 Careri, 2009.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.10 engendra el conocimiento del medio que le rodea; por otro lado, la erudición -el bagaje previo, la argumentación o la explicación desde otras fuentes u otros puntos de vista-es la que estructura y da significado a la experiencia entendida como la propia mirada.
La síntesis de ambas proposiciones configura el conocimiento geográfico y, por ende, la producción del paisaje.
Es, precisamente, el hecho de que el autor se haya nutrido de otras miradas en su proceso escópico, antes o después de su viaje, el que encuadra la visualización del paisaje en un constructo social, cultural y simbólico de amplio alcance que lo vuelven un fenómeno histórico susceptible de ser analizado.
El relato de navegación de Gemelli Carreri, pese a guardar la forma de un diario de a bordo, no pierde el carácter teleológico que le imprime la reflexión a posteriori como reelaboración y conceptualización sistemática de una travesía lineal realizada por el viajero.
Las interpolaciones, aclaraciones o noticias agregadas al discurso elaborado, más que interrumpir la continuidad, reafirman el armazón de la experiencia personal (proceso también anterior y posterior al viaje) como elemento estructurador de la mirada y productor diacrónico del paisaje.
Del espacio medido al paisaje conocido
La «navegación», escribió Edwin Hutchins, es una colección de técnicas para responder a un pequeño número de preguntas de las que, quizás, la más importante sea «¿dónde estoy?»15 Tomando el texto de Gemelli Carreri como referencia, basta considerar cualquier día de su derrota para recibir minuciosa información de por dónde se encuentra el galeón San José.
En medio del océano Pacífico, la necesidad de ubicación -la orientación-es una cuestión de supervivencia; la determinación efectiva de la localización designa el punto donde el sujeto está, volviendo siempre al clásico axioma de «le moi est le centre du monde».
16 No obstante, a la par que intenta satisfacer esta premisa de orientación, el pasajero a bordo construye el paisaje natural que lo rodea.
La navegación, con el consecuente intento de ubicación, se convierte en una acción simbólica que dota al espacio visualizado de valores y significados, de tal modo que esta percepción y elaboración del entorno es un recíproco y necesario proceso (simbólico y práctico) que permite al hombre comprender la naturaleza, surcar los océanos y no perecer en el intento.
Aunque las técnicas mecánicas de ubicación formen parte de un horizonte epistemológico exógeno e independiente a la transformación simbólica del océano, no dejan de responder a una capacidad humana de orientación.
17 En la acción de descubrir al lector el recorrido trazado, la medición supone tan sólo un énfasis del lugar cartográfico por donde está pasando.
El navegante será, por tanto, un agente capaz de percibir y modificar de manera simultánea las imágenes del espacio atravesado, de ahí que su relato de navegación (sus representaciones) resulte válido para analizar su interacción paisajística.
Una continua línea azul ante sus ojos que circunda el horizonte es llenada de referentes que topografían un aparente espacio en blanco sobre el mapa.
Hace bastantes años, analizando la exploración hispánica, Raleigh Skelton explicó que una de las dificultades fundamentales de la navegación en el Pacífico, junto a su enorme extensión, era la escasez de puntos fijos que sirvieran de referencia en mitad del océano.
18 La derrota del galeón no era ajena a esta carencia, por lo que, si no se contaba con puntos inequívocos que determinasen la navegación, era preciso que tales hitos fuesen «creados».
Surcar las aguas filipinas no suponía un problema de orientación: la visualización de cabos y ensenadas, el encuentro de islas, escollos y puertos propicios indicaba a los navíos una ruta conocida e identificable.
Sin embargo, según leemos en Gemelli, la salida a mar abierto inicia un encadenamiento de mediciones de latitud que no cesa hasta avistar la costa novohispana, donde, nuevamente, la orografía del continente sostiene el curso del cabotaje.
A diferencia de la singladura en el archipiélago, el pilotaje oceánico prácticamente carecía de referencias visuales a un paisaje «estable» y es por esto por lo que se emprendía la sistemática medición de grados de altura que permitiese la orientación y la navegación en medio del gigante azul.
El decisivo abandono del indicador solar al costear la Nueva España revela -nuevamente-una opción fundamental por la ubicación sensorial.
Escribía Fernand Braudel que en este tipo de navegación cerca del litoral, «la costa que jamás se pierde de vista es el mejor de los hilos conductores, la mejor de las brújulas.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.10 A diferencia del recorrido en tierra, en mitad del océano es imposible señalizar una ruta, dejar una marca o pasar dos veces por un mismo camino.
Aunque entre dos islas próximas las referencias visuales no desaparezcan, es imposible indicar un punto preciso en el agua.
Debido a la ausencia de hitos estables en la mayor parte de la ruta, el navegante experimentado sabía que su única estrategia consistía en moverse en unos contiguos planos de proximidad, esto es, construir a cada instante su propio mapa.
Cada jornada, empleando un determinado instrumental de observación y medición de la latitud solar, los nautas descubrían entre qué dos paralelos se habían estado moviendo en las últimas horas; el re-conocimiento se producía en una situación de transición continua.
Así, atinada la altura cada mediodía, y consideradas la dirección y velocidad de las mareas y vientos, el gobierno del barco tomaba una decisión sobre cómo debían continuar o rectificar el sentido u orientación de su derrota.
Aun, de manera difusa, cabían ciertas marcas en plena inmensidad: «El jueves 13 se navegó a greco con viento de siroco y se observó la altura polar de 23 grados y 30 minutos y, por tanto, de haber pasado de la zona tórrida a la templada».
20 Junto al establecimiento de la Línea 21 o Ecuador, la división de la Tierra en zonas climáticas había sido una constante en la cosmografía mediterránea desde la Edad Media en sintonía con la tradición árabe y grecolatina.
Tanto una división como las otras carecían de cualquier expresión física, sin embargo, hasta bien entrada la Ilustración, coexistieron en su naturaleza matemática con una rica idiosincrasia mítica.
22 Empero, la proyección de un entramado geométrico de longitudes y latitudes sobre la superficie del globo era un requisito indispensable para la navegación.
Los pilotos del San José 23 tan sólo eran capaces de calcular la latitud con el empleo del cuadrante observando la altura del sol sobre el horizonte al mediodía.
Hasta bien entrado el siglo XVIII, aspectos como la longitud o la variación magnética suponían serios problemas a los marinos; no sorprende, por tanto, hallar en el texto debates y turbaciones relativos al girar anómalo de la brújula.
24 En los viajes de exploración, otros marinos -anteriores y posteriores-no dudaron en contactar con los nativos para recabar noticias acerca de los accidentes, recursos y distancias del océano.
Lapérouse fue uno de aquéllos que 20 Giro del Mondo, jueves 13 de septiembre.
21 Giro del Mondo, véase en el capítulo cuarto las referencias a la Línea.
23 El galeón San José fue el navío en el que se embarcó Gemelli Carreri en 1696.
LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE DEL OCÉANO PACÍFICO realizaron una navegación etnográfica analizando las prácticas navales de los isleños.
En tal sentido, Michael T. Bravo nos pone sobre aviso en los trabajos de estimación de distancias máximas entre islas, acometidos por el ilustrado francés, teniendo en cuenta las tecnologías locales para los viajes interinsulares, aportando descripciones e ilustraciones de las mismas.
25 Las relaciones de Gemelli Carreri podrían apuntar a una estrategia semejante no del todo clara en el texto.
En repetidas ocasiones a lo largo de la obra, el autor describe las barcas indígenas, que le llaman poderosamente su atención, explica su factura, capacidad y funcionamiento.
Y lo más interesante, la única ilustración que acompaña el relato transpacífico es precisamente un grabado explicativo de las naves de los nativos de las Marianas: «Extravagantísimas son las pequeñas embarcaciones de estas islas, ya sea por su estructura o por su velocidad [...]
Para que el lector pueda comprender mejor su estructura he hecho entallar un dibujo».
26 Con todo, la exactitud de los cotejos solares no dejaba de ser cuestión de diatriba y asunto de máximo interés a bordo del barco.
Los errores de medición se repiten a lo largo del diario, los días de cielo nublado o de tormenta era imposible realizar la observación, incluso tras muchas horas de tempestad se llegaba a perder el cómputo de las mismas jornadas.
La relación diaria hecha por Gemelli de las mediciones de los pilotos aspira a una precisión prácticamente imposible, ya que en diversas ocasiones debe de reconocer el yerro de los cálculos o aportar mediciones contradictorias como en el caso de las Californias.
Sin embargo, la procurada verosimilitud de la obra carga el texto de notaciones técnicas y de navegación, avalando el recorrido y presentándolo como testimonio válido incluso para un público especializado.
La narración del viaje adopta una eficacia cartográfica de delineación sobre el mapa, enlazando mediciones y accidentes con las descripciones insertadas.
27 Siguiendo el sesgo lineal de la mirada, Gemelli Carreri se deja llevar por la contigüidad y proximidad de las localizaciones, dibujando un recorrido continuo entre lugares dispersos.
No obstante, este trazo en el mapa del océano no es más que un vector inestable que conecta los escasos puntos firmes, una flecha vacilante que recorre espacios sorpresivos, en continua mutación, donde las aguas y los vientos transforman perpetuamente el entorno, el desplazamiento y la percepción del observador.
26 Giro del Mondo, capítulo quinto.
27 Sobre los periplos, las narraciones de viajes y el diseño cartográfico en los relatos antiguos resulta muy esclarecedor el trabajo de Jacob, 1980.
JOSÉ MARÍA GARCÍA REDONDO El trazado narrativo de este mapa vectorial crea una imagen del océano que encuentra su origen en la experiencia personal del viaje, pero también en la paráfrasis interpretativa de relaciones anteriores.
A la lectura lineal del trayecto sucede la proposición sinóptica de un espacio visualizado, representado, jalonado de signos sometidos a un ordenamiento geográfico que ya hemos definido como diacrónico.
El autor parte de la recopilación de obras anteriores (como la obra del padre Colín glosada en el texto),28 de noticias históricas o de referencias más o menos vagas que, con un afán presumiblemente enciclopédico,29 agrega fragmentariamente al cuerpo del texto.
Esta aparente escritura discontinua que encuentra su ejemplo más notable en los capítulos insertos sobre la historia de las Marianas, no hace sino proveer una nueva dimensión al paisaje del Pacífico.
El discurso geográfico que emplea Gemelli Carreri «historiza» el itinerario que sigue su nave.
Mediante la evocación histórica el camino del navío se instituye en un «espacio controlado» -previamente recorridoen la ruta habitual de los galeones de Manila.
El autor está haciendo aquí un ejercicio de reconocimiento de una estela en pleno océano.
La ruta de otros barcos no es perceptible como un surco impreso en el terreno, por ello, el movimiento de navegación es siempre un presente que desea, al menos ocasionalmente, deslizarse sobre los pasos de otros que le precedieron.
En tal sentido son frecuentes las acotaciones que refieren a un punto de la ruta o a contingencias pasadas en aquel camino:
El piloto propuso pasar las islas de los Ladrones a una latitud de 19 grados y 20 minutos (cuando comúnmente se pasan entre los 20 y 25 grados), pensando que así podría ganar más altura, itinerario que ya había sido exitoso en años anteriores.
30 Esta es la isla entre cuya punta y la de Calavite, en la isla de Mindoro, se llevó la tormenta al mencionado galeón San José.
31 La adición de notas que refieren al descubrimiento de una isla o a sucesos que allí ocurrieron supone una construcción conmemorativa del paisaje.
La elaboración del sailscape lee en la inmensidad las huellas invi-sibles del pasado, integra el espacio en el tiempo histórico y lo dota con marcas temporales que evocan el descubrimiento y la evangelización de esas zonas, y convierte su derrota en un camino «recordado» en la tradición geográfica.
El simple hecho de que los accidentes y los mares tengan y sean conocidos por un nombre es la muestra más básica de este proceso.
Pasado y presente se funden al referir un topónimo: «Se pensaba que la paloma hubiese sido transportada por el viento desde la isla llamada Doña María Laxara (por el nombre de una española que se tiró al mar en aquel punto viniendo de Manila)».
32 La navegación se vuelve parejamente una acción intervenida mediante la proyección de un itinerario anterior o de una ruta marcada en la cartografía: «Al ponerse el sol nos encontramos a la derecha el cabo del Espíritu Santo, que es la punta más oriental de la costa de Palapa y la primera que encuentran los galeones, como he dicho, viniendo de la Nueva España».
33 El paisaje que se elabore a bordo partirá, por tanto, de un proceso de evocación o recreación de unas vivencias concretas a las que se superpondrá simultáneamente las experiencias mantenidas en primera persona.
Así, considerando estos «hitos historiados», el océano deja de ser un espacio en blanco para convertirse en un enmarañado dibujo de surcos previos y accidentes geográficos sobre el que el nuevo navegante imprime una estela más.
El texto de Gemelli aporta tales referentes históricos, etnográficos y naturales que inserta la propia navegación en el curso de las singladuras transpacíficas del galeón de Manila: «Pasado el cabo, entramos en el Varadero Viejo.
En este puerto hacen escala todos los navíos que van a Acapulco para abastecerse de agua y leña».
34 O, buenamente, rememorando una suerte de navegación ritual que los pueda llevar a buen fin:
El jueves 18 continuó el mismo viento, manteniendo la proa siempre hacia levante que era nuestro camino correcto, porque para hacerlo con seguridad era necesario conservar la altura entre los 36 y los 42 grados como máximo, tal y como hicieron todos los navíos que emprendieron este viaje.
Esto se sabe porque, si las naves no ganan altura antes de encontrar las señas, después, desde la costa de cabo Mirdo hasta las Californias, están a sotavento y es dificilísimo ganar latitud.
Esto ocurrió hace seis años al buque que partió para la Nueva España después de la pérdida del San José.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.10 El sailscape no sólo relee lugares, topónimos y accidentes diseminados en el océano, sino que bosqueja y contrasta la ruta sobre un instante en el espacio-tiempo.
Su lectura historiada del lugar arroja motivaciones, expectativas e interpretaciones; más que la posesión del mundo, el autor pretende un conocimiento que le permita atravesarlo.
Gemelli configura la derrota como una suerte de travesía en tierra: la ruta a seguir es «nuestro camino», navegar es «caminar» o «hacer camino» y avanzar es «dar un paso».
Así, como viajero en tierra, capta cómo lugares e historias están conectados e interactúan unos y otras en nuevas formas culturales.
Los espacios que atraviesa le servirán de argumento para evocar sucesos y leyendas como la navegación de Álvaro de Mendaña e Isabel de Barreto, las misiones en la California o el enigmático Estrecho de Anian; pero también para recordar ciertos enclaves como peligrosos.
Las desafortunadas travesías del Santo Cristo o el San Felipe 36 se reelaborarán como una especie de señal de aviso.
En la exploración visual de Gemelli se fundirán las descripciones físicas y las interpretaciones estético-anímicas, situando su discurso en distintos planos al mismo tiempo.
Parte de una aceptación de la realidad que percibe por doble vía: la noticia que ha tomado de fuentes ajenas y la propia experiencia.
No plantea reparos en describir islas que no ha visto ni adentrarse en las formas de vida de lugares que no ha llegado a pisar con tal que sus fuentes de información sean lo suficientemente fiables.
Si aceptamos la sentencia de que «en la narración de viajes [...] existe un doble proceso de legitimación y motivación», 37 esto es especialmente notorio cuando Gemelli quiere dejar patente la presencia de los jesuitas en los confines de lo conocido.
Se ha escrito sobre el interés de Gemelli Carreri en ganarse el favor de la Compañía, 38 convertirla no sólo en su principal informante, sino encumbrarla como la avanzadilla civilizada en el Océano Pacífico.
Los paisajes del océano
En el fenómeno de producción del sailscape pacífico hemos abordado la determinación de marcas latitudinales y la evocación de sendas e hitos historiados, que nos han remitido a un problema ontológicamente cartográ-36 Giro del Mondo, martes 23 de octubre.
38 Gemelli estudió con la Compañía y la percibió siempre como una aliada para sus pretensiones políticas.
A lo largo de su Giro del Mondo alabará la eficacia de sus misiones además de nutrirse de informantes jesuitas.
Véase el trabajo de Bernabéu en este dossier.
Contrariamente a los mapas terrestres, dibujados tras operaciones de medición sistemáticas y meticulosas, «las cartas del océano Pacífico deben de cubrir espacios que nadie ha atravesado y jamás han sido mensurados».
El espacio insular y marítimo es uno de los más delicados de representar, en tanto que éste sólo puede ser, por definición, continuando con las palabras de Hélène Blais, «fruto de una observación discontinua».
39 Es por ello que, llegados a este punto, vamos a diseccionar la mirada como productora y estructuradora del paisaje del océano, a analizar la aprehensión del espacio como parte del proceso visual.
40 La visión es el sentido por excelencia por el que el sujeto percibe la inmensa mayoría de las informaciones.
41 Asistiendo al espectáculo del espacio, el acto de reconocimiento lleva implícita la estructuración y la clasificación de las formas geográficas, pero también una valoración y representación del entorno, simbiosis que hemos venido designando como «elaboración del paisaje».
A bordo del galeón San José, Gemelli Carreri compone una narración lineal que reproduce su ruta visual como observador y factor del sailscape.
La navegación oceánica requiere de una serie de hitos que no sólo indiquen dónde se está, sino que, como parte de un proceso cognitivo de reconocimiento, digan cómo se van superando una serie de marcas construidas previamente en el espacio.
Por ello, el recorrido, elaborado como un trazo en el mapa mental del navegante, al unir una serie de puntos en el mar es el que da sentido y articula el océano.
La mirada de Gemelli va poniendo en escena los intermitentes accidentes a modo de un paisaje continuo a lo largo del periplo, del mismo modo que el piloto tiene la habilidad de detectar en el vacío del océano las «marcas» que permiten la navegación: cada deformación es un acontecimiento, un lugar idóneo para orientarse y con el cual construir un mapa mental dibujado con unos hitos, unos recorridos y una superficie azul siempre cambiante.
42 Gemelli desde el barco tiene impuesta una percepción estrictamente horizontal de las islas que visualiza, detallando frecuentes referencias de lo que logra ver a cierta distancia: «Más allá, hacia el mediodía, se veía a lo lejos la isla más grande cuya forma semejaba una larga silla de caballo».
40 Muy revelador es el trabajo de Ortega Chinchilla, 2008 como análisis histórico de los procesos de percepción y representación de los entornos habitados en los croquis y bosquejos de mapas mentales en el siglo XVIII.
43 Giro del Mondo, miércoles 5 de septiembre.
movimiento-denota una singular atención a las referencias visuales para poder ubicarse en el océano y localizar la ruta idónea: El paisaje es dotado de una imagen y una memoria, unos signos que el nauta sabe interpretar: «El viernes 13 costeamos la parte de la isla de Mindoro donde se encuentra una larga y alta cadena de montes, donde la isla tiene dos lados de su triángulo, hasta pasar un largo y alto brazo de tierra que se extiende hacia el mediodía».
44 El texto nos revela cómo el autor proyecta ciertas actitudes subjetivadas hacia el entorno, representando la navegación ante todo como una experiencia vital y cultural.
45 Encontramos compaginadas dos realidades como parte de un mismo mundo del que participa el autor, esto es, dentro y fuera del barco, que condicionan una simultánea lectura del entorno.
Las condiciones de vida y los hábitos cotidianos de los marinos en altamar son una coyuntura trascendente en los procesos perceptivos y creativos del paisaje del océano.
Los estados de ánimo -cambiantes-de la tripulación son un componente, tan importante como el geográfico, que impregna el discernimiento del espacio y el recorrido.
De manera evidente, el hambre y la sed, los miedos y esperanzas, y las prácticas piadosas y de ocio se manifiestan en las elaboraciones del paisaje y éste es resultado de aquellas.
La escasez de agua y comida colorea los paisajes que son gratos, focalizando los recursos y caracteres naturales que interesan para el aprovisionamiento y la navegación: «Allí obtuvieron agua en un pequeño lago y carne, cazando muchos pájaros marinos [...].
Esta isla era pequeña, llana y verdeada por algunos arbustos».
46 En otros casos, parafraseando a Miguel de Unamuno, basta sólo oír el topónimo para adivinar lo que puede ser la tierra que recibió aquel nombre, 47 ya sea una pequeña islita llamada Botonsillo 48 o unas «verdeantes» islas consagradas al dios Baco.
49 Sin embargo, el espacio no es un receptáculo inmóvil que el sujeto percibe, sino que aparece representado como un agente activo y vibrante, como «un productor autónomo de afectos y de relaciones» 50 El ser humano sufrirá sus cambios y alteraciones, y se someterá ante la imposibilidad de aplacar las tormentas o la contrariedad de vientos y mareas; pero también agradecerá las lluvias que recarguen sus exiguas reservas de agua, una marea favorable o la presencia de un accidente que le sirva de refugio.
La realidad será representada consecuentemente en términos de antinomias, «el fluir de las percepciones será expresado sobre la base de categorías netamente contrapuestas».
51 Para el navegante, el re-conocimiento de una isla como marca permanente en las cartas náuticas comporta una clara ventaja: es una entidad espacial autónoma, rodeada por las aguas, perfectamente separada y visible en las superficies del mar y del mapa.
52 En la práctica, los marinos procedían a avanzar por analogías, incluso aunque estuviesen erradas; 53 así, la figura de la isla, que por su tamaño limitado es menos susceptible de verse atestada por excesiva y confusa información, 54 se convertía en una entidad objetivada y descrita, no sin ciertas repeticiones y tópicos a lo largo de un mismo relato: «Desde la proa avistamos la isla de Cedros, distante 17 leguas de tierra firme; ésta tiene un tamaño de 36 leguas y a los dos extremos tiene unos promontorios que la asemejan a una silla de caballo».
55 La definición de estos puntos fijos presupone no sólo que se pueda alcanzar su posición, sino que ésta se conoce y aparece en la cartografía manejada.
Salvando el notorio caso de las míticas islas Rica de Oro y Rica de Plata, confundidas con las llamadas de Salomón, 56 la narración de Gemelli suele seguir bien de cerca el trazado delineado en los mapas, donde los referentes geográficos se establecen como nodos centrales que rigen la navegación, incluso abriendo bifurcaciones en las que pueden confluir otras rutas marítimas y conectar con otros periplos posibles.
En aquel magno vacío, las islas Marianas se constituyen en el principal referente en medio del Pacífico.
No es necesario incidir demasiado en la importancia que Gemelli les otorga: llegar al archipiélago es el objetivo 50 Careri, 2009, 83.
55 Giro del Mondo, jueves 20 de diciembre, véase anteriormente citado el miércoles 5 de septiembre.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.10 del capítulo tercero y condición indispensable para arribar a Nueva España; el capítulo cuarto narra la historia de su conquista y forma geográfica y el quinto una miscelánea descriptiva de su historia natural donde, fascinado por sus embarcaciones, inserta la referida ilustración.
Confirmando lo anterior, es interesante dejar patente cómo las Marianas se constituyen como un «lugar» en la inmensidad del Pacífico.
Encontrar el archipiélago de las Marianas responde casi al cumplimiento de una navegación ritual, un recorrido que ha sido consagrado por la tradición, un alto en el camino, indicio fáctico de que el viaje está yendo bien.
A lo largo de la centuria precedente, y de la propia singladura, el océano ha sido escenario de unos acontecimientos, unos mitos y unas historias que hallan en las Marianas un espacio para su propia representación.
Las islas son erigidas como un nodo, un punto estratégico que acoge al observador-navegante y constituye un «foco intensivo» adonde se encamina y desde donde parte.
57 Son un lugar de pausa, pero también de paso y referencia, un borde penetrable, un espacio divisor que podía y debía recorrerse.
Las Marianas se elaboran como «centro», un espacio simbólico complejo donde los relatos de viajes y exploraciones confluyen en la propia articulación geográfica de las aguas del océano.
Mucho antes de informarnos del avistamiento de la primera ínsula de las Marianas, Gemelli nos ha ido previniendo de la ritualidad de su periplo.
Desde la misma partida, en la representación del entorno marítimo, el espacio aparece fuertemente jerarquizado.
La navegación hasta el estrecho conocido como Embocadero o de San Bernardino, punto de salida de las Filipinas y arranque a las Marianas, se manifiesta como el primer objetivo a alcanzar.
«Todo el camino desde Manila al Embocadero es un laberinto de islas muy peligroso, de 80 leguas de largo».
58 Es una ruta iniciática, minuciosa, peligrosa, con la debida observancia a cada una de las pruebas en su peregrinaje, «una navegación tan larga [...] en camino a la Tierra Prometida de la Nueva España».
59 No obstante, la navegación se impone y se adelanta a la exposición geográfica.
Las expectativas puestas en ir hallando las marcas que conforman el recorrido son una constante en el relato: «[...]
Por esta causa el lunes, último de mes, no encontramos las islas llamadas las Tres Marías, tal como queríamos».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.10 topográfico es bastante efímero y donde los mitos parecían tener buen asiento sobre los mapas, 61 el autor del texto debe recurrir a la autoridad de los levantamientos de Enrico Martínez y Sebastián Vizcaíno para dar fe de la forma de aquellas tierras: «Sebastián [Vizcaíno] partió del puerto de Acapulco y, reconocida la costa hasta el cabo Mendocino y las islas cercanas, hizo una carta marítima.
Yo mismo vi esa carta con las relaciones añadidas porque la tenía un ayudante del piloto».
62 En este litoral, Gemelli Carreri precisará nuevamente relaciones anteriores para ubicar buenos puertos y retratar a las gentes y recursos californianos.
63 Pero pese a la fiabilidad de las historias y sus informantes, el noroeste seguía siendo un lugar donde la visión y la imaginación se fundían en el trazado de las cartas:
Esta armada navegó durante varios meses hasta llegar al cabo Mendocino (situado a una altura de 41 grados y 20 minutos, donde se ve siempre su cumbre nevada y desnuda de árboles), donde murió mucha gente y el resto enfermó por el gran frío.
Por esta razón, cuando llegaron al susodicho cabo, se vieron obligados a volver atrás, aunque más adelante habían visto otra punta a la que llamaron cabo Blanco, señalada en los mapas a 43 grados.
64 La urgencia del final del viaje y, quizás, esta fragilidad de la cartografía en el norte de las Californias pudieron adecuar a este pedazo del océano para recibir marcas o hitos «en movimiento».
Durante los siglos que duró la derrota del Galeón de Manila, las llamadas señas se consagraron como el principal y más celebrado referente que indicaba a los marinos el encontrase próximos a tierra.
Aunque en el texto aparezcan otros jalones más o menos portátiles y significativos para los nautas (tales como maderos flotando, 65 las variaciones de la brújula 66 o incluso el santelmo), 67 las señas se habían convertido en un acontecimiento errante que salía al encuentro de los navíos.
68 auguraban el arribo, señalaban la ruta y celebraban el propio camino.
Las señas se deslizarán en el blanco del mapa como un espacio del navegar, como una representación de la propia experiencia personal en un tiempo cíclico y solemne oficiado por las aguas y la tempestad.
A lo largo de sucesivas travesías, los marinos del galeón de Manila supieron reconocer en el vasto Mar del Sur ciertos puntos e, incluso, sendas que fueron forjando la imagen del océano.
El sailscape se conformó en la inmensidad, ante todo, como una exigencia vital para la navegación, pero también como una construcción estética de carácter primario.
En el paisaje del océano se fundió de manera armoniosa el espacio y el tiempo, y con ellos la experiencia escópica del sujeto que lo contempla y hace por sobrevivir.
El texto de Gemelli Carreri sustituye a una línea trazada sobre el mapa indicando la derrota del San José y, con ella, el periplo de tantos otros navíos.
El establecimiento de una metaestructura de coordenadas en el espacio, fundamentada en la experiencia, es combinada con la constitución de una subestructura conmemorativa que elabora el lugar en la historia para traerlo al presente.
La narración del itinerario sucesivamente considera referencias geográficas, islas, escollos, etc., que organizan la percepción del paisaje y representan una compleja estructuración espacial desde un sujeto en continuo desplazamiento.
Las imágenes que se crean y se proyectan en el paisaje son el resultado de la apropiación y ordenación del espacio por los navegantes, en vista a satisfacer sus necesidades vitales y simbólicas, muchas veces procesadas y redefinidas a lo largo de varias navegaciones.
Estos elaboran el sailscape desde una perspectiva perceptiva y representativa a la vez.
Los marinos crean una representación del océano con la suficiente eficacia como para poder orientar actitudes y decisiones en pleno movimiento.
Que el océano fuese un inmenso blanco color azul que sólo los nautas podían entender es sólo la mitad del problema que satiriza Lewis Carroll; faltaría agregar los sailscapes que los marinos escriben y (se) representan ante la inmensidad:
Había comprado un gran mapa que representaba el mar y en el que no había vestigio de tierra; y la tripulación se puso contentísima al ver que era un mapa que todos podían entender.
JOSÉ MARÍA GARCÍA REDONDO «¿De qué sirven los polos, los ecuadores, los trópicos, las zonas y los meridianos de Mercator?
Así gritaba el capitán.
Y la tripulación respondía: «¡No son más que signos convencionales!»
«¡Otros mapas tienen formas, con sus islas y sus cabos!
¡Pero hemos de agradecer a nuestro valiente capitán el habernos traído el mejor -añadían-, uno perfecta y absolutamente en blanco!» 69
El sailscape no sólo localiza e identifica puntos en el mar, sino que también los crea y organiza vertiendo en la imaginación náutica una suerte de mapa mental que Gemelli Carreri nos transcribe en su narración.
Aunque la grandeza del océano bien pudiera representarse como un mapa «perfecta y absolutamente en blanco», a lo largo del relato encontramos la omnipresente referencia al diseño cartográfico.
Las imágenes y mediciones nos permiten dibujar el trayecto sobre aquella infinita extensión: la escritura del sailscape permite visualizar la disposición de tierras y mares prácticamente como un mapa.
Las palabras del autor trazan formas y contornos, y las notaciones técnicas y metafóricas sobre el lugar y la apariencia del espacio estructuran el vacío bañado por las aguas.
El empleo y la elaboración de marcas, hitos o barreras en la navegación preceden y suceden a un pilotaje de reconocimiento que revela dónde se encuentra el observador y también hacia dónde va.
La acción de navegar no implica una construcción o una alteración física del espacio oceánico, si bien lleva consigo una transformación del lugar y de sus significados.
Navegar será pues un acto perceptivo y creativo y el recorrido un lugar simbólico que imprime el navío atravesando el océano.
«El marino en el mar fue siempre uno de los lados del mapa que estaba creando».
70 Sólo la presencia física del hombre en un espacio no cartografiado, así como la variación de las percepciones que recibe del mismo cuando lo atraviesa, constituyen ya formas de transformación del paisaje que, aunque no dejan señales tangibles, modifican culturalmente el significado del espacio y, en consecuencia, el espacio en sí mismo. |
Peligrosísima navegación desde Filipinas a América.
Primer tramo hasta el Varadero
Puede decirse que la navegación desde Filipinas a América es la más larga y terrible del mundo: por los mares inmensos que se han de atravesar, casi la mitad del globo terráqueo, siempre con viento contrario; como por las tempestades increíbles que se encuentran una tras otra; y por las enfermedades mortales que sobrevienen en un viaje que requiere siete u ocho meses; ya por las diferentes latitudes y por el clima cambiante, ahora frío o helado, ahora templado o caliente.
Estos cambios, que bastarían para quebrar el hierro, tienen efectos devastadores sobre el hombre, que además durante la navegación está obligado a nutrirse con malos alimentos.
Habiéndose concluido la carga del barco por el general y los oficiales, y embarcados mil jarros de agua, el viernes 29, 1 antes del mediodía, se hizo vela en presencia del maestre de campo.
2 Tras dos leguas, dimos fondo en la misma bahía.
Con el pretexto de la falta de agua, el general hizo bajar a un religioso de Santo Domingo (quien ya había pagado 500 pesos por el pasaje), a un padre reformado de San Francisco y a un médico, al cual se había obligado a tener en su mesa: imprevisto éste que me proveyó de una buena habitación donde poner la cama y mis cosas.
El sábado último de junio, a pesar de que soltamos vela, continuando el mismo viento contrario de vendaval, volvimos a fondear rápidamente.
Lo mismo hicimos el domingo primero de julio tras haber hecho media legua.
El lunes 2 de julio, por una fuerte lluvia y por la intensidad del viento contrario, hubimos de quedarnos firmes.
Asimismo, el martes 3 se levaron anclas prontamente, sin embargo la lluvia obligó a fondear enseguida.
Apenas habíamos hecho tres leguas en cinco días.
Habiéndose consumido para entonces parte del agua, se envió una barca a abastecerse cerca del monte de Bataan.
Con curiosidad me monté en ella junto al sargento mayor Vicente Aramburu Vizcaíno,3 y desembarcamos en una llanura donde no podían alcanzarnos las flechas de los muchos negritos que cazaban por el bosque.
Comenzaron a ladrar como perros las mujeres y los hijos para que las fieras se dirigiesen hacia sus maridos y padres, que estaban al acecho.
Mientras cargábamos el agua, estábamos con mucho temor porque, teniendo sólo dos escopetas, no podíamos hacer frente a centenares de negros armados con arcos, flechas, lanzas cortas y largos cuchillos; por ello, me retiré rápidamente al barco con Aramburu, sin querer saber nada más de la caza.
En cambio, los marineros indios de nuestro navío, que iban y venían del bosque portando el agua, no recibían ningún ataque de los hombres silvestres porque entre ellos tienen un trato amigable.
Tomada el agua, pasada la medianoche, volvimos al navío con más miedo que hambre; fue muy conveniente quedarnos en el barco, no sólo a causa de los negritos, sino también porque parte de aquel monte está ocupado por los indómitos zambales.
4 El miércoles 4 no nos movimos a causa del viento contrario.
El jueves 5, antes del amanecer, nos pusimos en camino con un poco de viento y siguiendo la corriente; pero, hecha apenas una legua, el viento contrario nos obligó a fondear cerca de la boca de Mariveles.
Vino el corregidor con un pequeño parao (que es un tronco excavado con dos alas de madera a los lados para que no se vuelque), trayendo algunas frutas al general y retirándose poco después.
El viernes 6 continuó el mismo viento con aquellas lluvias que jamás faltan en las cercanías de Manila.
El sábado 7, viéndose reforzado el viento y la lluvia tempestuosa, levamos anclas y pusimos el navío a resguardo bajo el monte de Bataan, donde yo no quise perder la ocasión de bajar a tierra de nuevo.
Continuando los mismos vientos australes y las lluvias, nos quedamos anclados el domingo 8 y el lunes 9 en el mismo lugar.
El martes 10 avanzamos un poco echando las anclas al mar y luego tirando del navío con una cuerda.
No sentía más molestia que el calor porque, en cuanto a los piojos, otro flagelo frecuente en los navíos, no los teníamos, ya que se dice que este clima les impide atacar a los cuerpos de los europeos.
Más tarde se revisó bajo cubierta para ver si había jarros que, en vez de agua, llevasen mercancías, con la idea de llevar con nosotros sólo la mejor conservada.
Echamos al mar muchos jarros que llevaban pimienta, porcelana y otras cosas de valor.
El miércoles 11, antes del amanecer, cuando el viento meridional dio paso al boreal, 5 levamos anclas y, siguiendo la corriente, con poco viento, pasamos la isla de Mariveles y el monte de Bataan; al anochecer pasamos la punta de Marigondon y Limbones, y más tarde el escollo de la Fortuna.
El jueves 12, hacia el mediodía, dejamos atrás la isla despoblada de Ambil y la cercana de Lupang.
Esta es la isla entre cuya punta y la de Calavite, en la isla de Mindoro, se llevó la tormenta al mencionado galeón San José.
6 Asimismo, antes del atardecer, pasamos la punta de Santiago en la isla de Manila, que forma la bahía de Balayan.
El viernes 13 costeamos la parte de la isla de Mindoro donde se encuentra una larga y alta cadena de montes, donde la isla tiene dos lados de su triángulo, hasta pasar un largo y alto brazo de tierra que se extiende hacia el mediodía.
Esta isla está habitada en su mayoría por manguianes 7 silvestres que no han sido subyugados.
Estos pobladores tienen la piel olivastra y llevan el pelo largo.
Los padres jesuitas misioneros embarcados en el navío me dijeron que llevan colas de medio palmo de largas.
Éstos no son violentos con los españoles y comercian con los pocos indios domesticados y tributarios que viven en las aldeas en las faldas de la isla, bajo la protección de los padres agustinos descalzos.
Estos salvajes suministran el gamuto, 8 necesario para las embarcaciones, y llevan oro, cera, papagayos y otros bienes para intercambiar por arroz y cosas de este tipo.
Abundan en la isla búfalos, ciervos y gran cantidad de simios que van en grupo a la playa buscando frutos del mar.
Frente a la isla de Maricaban (cerca de Manila y con buena caza de ciervos y búfalos), el viento se hizo más fuerte y contrario.
No pudiendo avanzar, se estimó ponernos a la capa, pero hacia la medianoche el viento se reforzó aún más y nos hizo perder todo el camino recorrido.
El sábado 14 nos encontramos de nuevo frente a la punta de Santiago, pudiendo avanzar muy poco el resto del día.
Lo peor era que aquella costa no tenía un terreno bueno para las anclas y no era posible guarecernos de los vientos.
El domingo 15, remitida la violencia del viento contrario, fuimos bordeando para pasar la punta.
Primeramente dejamos una pequeña bahía a nuestra derecha, 5 Gemelli Carreri nomina los vientos según se acostumbraba en el Mediterráneo.
Al viento del norte se le conoce como tramontana y al del sur como mediodía, ostro o austral; poniente y levante son los de oeste y este respectivamente.
El noroeste aparece en el texto como mistral o maestro; el noreste como gregal o greco; el sureste como siroco y el sudoeste como lebeche.
6 El galeón San José, del mismo nombre que en el que viajaba Gemelli, naufragó entre Lupang y Mindoro el 3 de julio de 1694, tras haber salido del puerto de Cavite el 22 de junio anterior.
7 Manguián: término genérico que se aplica a diferentes grupos étnicos de la isla de Mindoro.
8 Gamuto: filamento que tienen los tallos de las palmas, usado en Filipinas para hacer las cuerdas.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.11 cerca de dicha punta; luego una bahía más grande, llamada el Varadero Viejo, y finalmente el estrecho entre la susodicha punta de Mindoro y la isla de Maricaban, cerca del seno y bahía de Bauan, en tierra de Manila, donde están los presidios de Guarnio, Balaxivo y Batangas.
Pasado el cabo, entramos en el Varadero.
En este puerto hacen escala todos los navíos que van a Acapulco para abastecerse de agua y leña.
Éste se sitúa en un seno semicircular formado por un brazo curvo de la isla de Mindoro y otras islas que están enfrente.
El mayor peligro del paso de este estrecho es que aquí se encuentran corrientes opuestas: una que va hacia Mariveles y la otra hacia el Estrecho de San Bernardino.
Después de comer bajé a tierra para cazar algo, pese a que la isla estuviese llena de hombres salvajes.
No pude adentrarme en el bosque por la espesura de los árboles: era impenetrable tanto para perros como para hombres.
Y no encontrando en la costa ni búfalos ni ciervos, volví al barco con las manos vacías.
Continúa el viaje hasta el puerto de Ticao
Traídos a nuestro barco los doscientos jarros de agua de la galeota del rey, que a tal fin nos había esperado en aquel mismo puerto, zarpamos el lunes 16 con viento austral fresco.
A nuestra derecha, cerca de Mindoro, pasamos unas siete pequeñas islas llamadas de Baco, verdeantes por los espesos árboles pero deshabitadas; a la izquierda dejamos la punta de Galván, en tierra de Manila.
Al caer el sol pasamos entre las islas del Maestro de Campo, cerca de dos pequeñas islas llamadas Las Dos Hermanas, y luego pasamos otras tres pequeñas llamadas Virreyes, igualmente copiosas en árboles y deshabitadas.
El martes 17, antes del amanecer, pasamos entre las islas de Banton y la punta de la isla de Marinduque, que dejamos a la izquierda.
Ésta es muy rica en frutas y raíces altamente nutritivas, como abundante en jabalíes, búfalos, ciervos y otros animales, por lo que se envió al champán por delante para proveer bastimentos.
Desde la punta de Marinduque se ve una pequeña isla (similar a la que está en Banton) llamada Botonsillo; detrás de ésta hay otra llamada Simara, poblada por indios domesticados de la misma manera que Banton.
Navegando con la proa a oriente vimos, muy de lejos, a nuestra derecha, las islas de Romblon, de Las Tablas y de Sibuyan, todas habitadas.
Todo el camino desde Manila al Embocadero es un laberinto de islas muy peligroso, de 80 leguas de largo.
El miércoles 9 18 navegamos en calma, pero el jueves 19 el viento retornó ligeramente y nos hizo avanzar hasta delante de la isla de Sibuyan.
El viernes 20 el viento se volvió más fuerte y favorable y, al caer el sol, pasamos el estrecho forma-do entre dos islas, la de Burias y la de Masbate (son ricas en minas de oro y en pájaros peregrinos llamados tavonos10 ), tras ello pasamos la isla de Ticao.
Todas estas son muy fructíferas y están pobladas mayoritariamente por indios no subyugados.
Habiendo costeado toda la noche del sábado 21 la isla de Ticao, dos horas después del amanecer fondeamos en el puerto de San Jacinto, frente a Sorsogon.
Aquí el domingo 22 se presentó el alcalde mayor de Albay, trayendo veinte puercos, quinientas gallinas y muchas frutas como regalo para el general.
El lunes 23 llegó el champán desde Marinduque cargado con víveres que los padres jesuitas de aquella parroquia enviaban a los padres Juan Irigoyen, 11 Antonio Borgia12 y Pedro Antonio Martínez, que viajaban con nosotros hacia la Nueva España: uno de ellos para quedarse allí y los otros para ir a Roma al servicio de la misión.
Habiéndose vuelto el viento muy favorable para pasar la bahía de Ticao, el martes 24 levamos anclas a temprana hora y, habiendo hecho unas pocas leguas a causa de la corriente, debimos de fondear en ella.
De inmediato se presentó un padre agustino descalzo de aquella parroquia para proveernos de fruta.
Después de comer bajé a tierra para lavarme; allí me dijeron que el pueblo estaba detrás, cerca de la playa, pero que bruscamente el piloto de un navío lo había quemado y los indios se habían retirado una media legua tierra adentro en el bosque.
Había cerca de treinta casas de madera cubiertas de nipa;13 la iglesia y la estancia de los padres misioneros eran del mismo material.
Sin embargo, los misioneros pasan la mayor parte del año en Masbate, porque los indios se van al monte para cultivar sus camotes y gavas, 14 y solamente bajan al pueblo con ocasión de las visitas de los padres misioneros.
El miércoles 25, día dedicado a Santiago, lo pasamos anclados ya que el tiempo fue adverso; el navío necesitaba un buen viento de mediodía para salir del Estrecho y ganar contra el ímpetu de la corriente.
El jueves 26 se hizo recuento de las personas a bordo para averiguar si había alguien embarcado sin licencia.
Ésta se paga a veinte pesos de a ocho a la Caja Real.
Se dejaron en tierra dieciséis personas que no la tenían, quedando en el barco sólo doscientas.
El viernes 27 fueron traídas al navío quinientas bombonas de caña llenas de agua (que el alcalde mandó tallar por orden del general), de ocho palmos de largo y anchas como el muslo de un hombre.
El mismo día comenzó a soplar un viento de vendaval fresco y decidimos levar anclas para partir; sin embargo, tuvimos que fondear nuevamente, habiendo desacuerdo entre los dos ayudantes y el piloto mayor, quien estimaba que el viento no era suficiente.
El sábado 28 el viento septentrional nos impidió zarpar.
Era verdaderamente una maravilla ver el navío como un vergel flotante por la cantidad y variedad de frutas y verduras (junto con cerdos y pollos) traídas de tierras cercanas en unas caracoas o barcas cosidas con cañas de India y que usan como vela una estera de forma piramidal, apoyada en dos palos, con largas cañas a sus lados para que no se vuelquen.
El domingo 29 continuó el mismo viento.
A la noche siguiente llegó la calma, que siguió durante todo el lunes 30; el martes, último de mes, volvió la tramontana contraria.
El miércoles, primero de agosto, algunos barcos procedentes de Bagatao nos dieron noticia de la llegada a salvo del galeón Rosario desde la Nueva España con el real situado.
Por temor al Embocadero, había fondeado en el puerto de Palapa, en la isla de Samar, donde había descargado el dinero para luego dirigirse a Manila.
Algunos barcos lo habían remolcado hasta la costa más cercana de aquella isla porque, una vez entrado en el puerto de las Filipinas, le está prohibido al galeón partir de él sin nueva orden.
El viento contrario no cesó el jueves 2.
El viernes 3, cuando se hizo algo más favorable zarpamos, pero de nuevo el viento se tornó contrario y nos obligó a volver a puerto; aquí el sábado 4 se celebró la fiesta de santo Domingo con misa cantada.
El domingo 5 la tramontana se volvió tan fuerte que debimos echar otra ancla.
El lunes 6 el tiempo siguió igual.
Pasamos las aburridas horas del día viendo las peleas de gallos, de los que el navío estaba repleto; esto no me hacía mucha gracia porque de esa manera no se comía otra carne que la de gallo.
El martes 7 se mandó el champán15 a proveerse del agua que ya se había consumido.
El miércoles 8 el ayudante del piloto discutió con un pasajero que llevaba a su cargo porque se lamentaba de la escasez de la comida; éste le dio un golpe en la boca y después lo persiguió con un cuchillo.
Queriendo recabar información, el general quiso que yo le asistiera.
Finalmente, el castigo no fue más que encadenar los pies a ambos hombres por unas pocas horas.
Pasada la medianoche, el jueves 9 empezó a soplar un fuerte siroco que convenció a los pilotos para partir hacia el mediodía, ya que no es posible salir del Embocadero, siempre con impetuosas corrientes, sin un viento tan fuerte que permita vencerlas.
Este Embocadero tiene dieciocho leguas de largo y cuatro, cinco o hasta seis leguas de ancho en algunos puntos.
Está cerrado casi como un patio: a un lado están la costa de la isla de Manila, las islas de Burias, Ticao y Masbate, los seis islotes despoblados de los Naranjos, la fértil isla de Capul (que los indios llaman de Ava), las Alupores y finalmente la costa occidental de Palapa; al otro lado están la isla de Maripipi (habitada por los talaxos), Tagapola, Mongol, Kamanda y Limbanquayan.
Todas ellas, por cualquier lado que se quiera salir, dificultan muchísimo el paso para ir hacia América.
Navegación hasta las islas Marianas
Animados los pilotos, como decía, por la continuidad de un fuerte siroco, todos estuvieron de acuerdo en salir del Estrecho; hacia el mediodía, siendo la corriente favorable, levaron anclas.
Y soltando las velas al viento antes de la puesta del sol, el galeón llegó cerca de la boca del mismo Estrecho.
Ésta estaba formada por la punta de Malpal, en el mediodía de la isla de Capul, por el pequeño islote de Kalentan (donde hay algunos bancos de arena, cerca de la punta de Ticlin) y el lado septentrional de la isla de Manila, distantes dos leguas entre sí.
Se sabe que entre Kalentan y Ticlin, al paso del galeón, queda una profundidad de un cuarto de legua, pero los pilotos no se atreven a tal angustia, como tampoco lo hacen entre las islas de Naranjos y entre Capul y Samar.
Mientras estábamos saliendo y la luna apareciendo en el horizonte, sobrevinieron unas lluvias tempestuosas que se sumaron a la corriente adversa; y aunque soplaba un fuerte viento favorable, el galeón no pudo dar un paso adelante, más bien retrocedió, exponiéndonos a graves peligros durante toda la noche.
Me asombraba y temblaba al mismo tiempo al ver el mar moviéndose como agua que hierve sobre un violento fuego; y sentía a cuantos navíos el ímpetu de la corriente contraria había hecho girar muchas veces, aunque se tuviese el control del timonel, hundiéndolos finalmente.
El viernes 10, festividad de san Lorenzo mártir, volvió la corriente favorable y antes del mediodía pudimos salir del Estrecho.
Primeramente dejamos a nuestra izquierda, cerca de la isla de Manila, el monte de Bulusan (donde está el volcán de Albay), y el escollo de San Bernardino, situado a 13 grados de elevación.
Al ponerse el sol nos encontramos a la derecha el cabo del Espíritu Santo, que es la punta más oriental de la costa de Palapa y la primera que encuentran los galeones, como he dicho, viniendo de la Nueva España.
Salidos a mar abierto con alegría y júbilo general, no debiendo volver a bajar las anclas hasta la Nueva España, pusimos las amarras bajo cubierta y abandonamos el bote para que no estorbase; en caso de necesitad, llevábamos otro en cuarteles (como dicen los españoles), es decir, labrado y descompuesto.
Durante la noche continuó el mismo fuerte lebeche, por lo que la magnitud de las olas y los desiguales movimientos del navío hicieron tener náusea a muchos.
El sábado 11 se mantuvo el mismo lebeche y, observado el sol, vimos que estábamos a 14 grados de latitud.
Cuando se va desde Nueva España a las islas, se navega siempre sobre el paralelo 13 grados de manera continua.
Dado que A BORDO DEL GALEÓN DE MANILA: LA TRAVESÍA DE GEMELLI CARRERI Acapulco está a 17 grados, hay que bajar hasta los 13 y luego proseguir siempre en línea recta y con viento en popa.
El viaje, por tanto, es tranquilo y el mar calmo (por eso los españoles lo llamaron Pacífico), como si se fuera por un canal, sin ninguna alteración por las olas.
De esta manera se puede llegar a las islas Marianas en sesenta o a lo sumo sesenta y cinco días, y de allí a Filipinas en quince o veinte días.
Al contrario, navegando desde Filipinas a Nueva España, el viaje es muy difícil: más que inquieto, el mar está endemoniado.
Para proceder sin volver atrás (como sucede a menudo), es necesario navegar ganando altura, yendo hacia el septentrión hasta los 40 ó 41 grados, a veces llegando a costear y ver Japón.
Luego, para proseguir en camino, hay que ir descendiendo de latitud hasta encontrarse con las señas (son las hierbas que, por centenares de leguas, flotan en el Mar de California) y con los vientos habituales que son menos contrarios.
El piloto propuso pasar las islas de los Ladrones a una latitud de 19 grados y 20 minutos (cuando comúnmente se pasan entre los 20 y 25 grados), pensando que así podría ganar más altura, itinerario que ya había sido exitoso en años anteriores.
Así pues, la proa se orientó al greco-levante.
El domingo 12 el viento fresco que había durado toda la noche finalmente cesó y quedamos en calma.
Observando el sol, vimos que estábamos a 14 grados y 13 minutos.
Aquel día los marineros se dividieron los paños que el rey les da para defenderse del frio.
El lunes día 13 fue igualmente calmo, y la latitud de 14 grados y 20 minutos.
El martes 14 sopló el mistral y nos movimos hacia el levante cuarta al greco.
Con el mismo viento, el miércoles 15 se puso la proa hacia greco, observando el sol a 14 grados y 45 minutos.
El jueves 16 fuimos en calma, pero la corriente nos hizo avanzar mucho más, encontrándonos a una altura de 14 grados y 53 minutos.
El viernes 17 un viento muy liviano hizo girar ligeramente toda la brújula, dejándonos en la misma latitud.
El sábado 18 navegamos hacia greco-levante con un poco de viento de mistral-tramontana, y se observó el sol a 15 grados y un minuto.
Como quedaba poca agua y restaba mucho camino, se empezaron a distribuir raciones más pequeñas.
Durante la noche sopló un viento de poniente-maestro que nos hizo poner la proa hacia levante.
Durante la noche sobrevino una tempestad tan fuerte que nos mantuvo a todos en vela, como el martes 21, navegando todo el día saltando y brincando las olas.
Aquel día también tuvimos un poco de lluvia que muchos se apresuraron a recoger con avidez.
El sol estaba a 16 grados y 16 minutos y empezó a soplar un viento de poniente-lebeche que continuó a lo largo del miércoles 22.
Con la proa hacia levante cuarta a greco se observó el sol a 16 grados y 26 minutos.
El jueves 23 navegamos a levante con viento de mistral, alcanzando una latitud de 16 grados y 44 minutos.
El viernes 24 el viento se volvió de tramontana, por lo que se navegó a levante cuarta a greco, siendo la latitud de 16 grados y 46 minutos.
El sábado 25 sopló el lebeche y la proa se dirigió a greco cuarta a levante sin cambiar de latitud.
El domingo 26 llegó un viento de poniente-lebeche pero mantuvimos la proa hacia la misma dirección; se observó una altura de 17 grados y un minuto.
Manteniéndose el mismo viento, se hizo lo mismo el lunes 27, observando el sol a 17 grados y 15 minutos.
El martes 28, aunque la calma fue absoluta, logramos los 17 grados y 18 minutos.
El miércoles 29, aunque sopló un viento de mediodía, no logramos avanzar mucho; el sol estaba a 17 grados y 34 minutos de latitud.
El jueves 30 sopló un viento de gregal-levante y navegamos con la proa hacia tramontana.
El viernes, último de mes, el ponientelebeche cambió en poniente-maestro; aquel día tampoco se pudo medir la latitud.
Al anochecer llegó una gran lluvia y todos los sedientos marineros, desnudos, se pusieron a recoger el agua con lo que tenían; en pocas horas habían rellenado todos los jarros vacíos.
El temporal continuó toda la noche, no pudiendo recoger más agua al no tener dónde almacenarla; con agua tan abundante se hicieron todos la morisqueta.
16 El sábado primero de septiembre navegamos hacia el oriente cuarta a greco con viento de lebeche, y se observó que teníamos el sol a una latitud de 18 grados y 50 minutos.
El domingo 2, antes del amanecer, el viento se volvió en un levante fuerte, terrible fortuna, pues no pudimos ni celebrar misa ni observar el sol.
Los pilotos además se vieron obligados a bajar los dos mástiles superiores, el de gavia y el de trinquete, temiendo que se rompieran y que perdiéramos así la esperanza de terminar el viaje; tales accidentes ya habían ocurrido otras veces.
Era tan grande el peligro que corríamos, que estuvimos vigilantes noche y día.
Las olas nos arriaban muchísima agua sobre el galeón y de cuando en cuando nos daban terribles sacudidas.
Entretanto se puso la vela mayor a la capa y, siendo expuesta la imagen de san Francisco Javier, el general le hizo al santo un voto del mismo valor que la vela, estimada en doscientos pesos.
Píamente se encomendó a su intercesión la protección de la vela y el fin de la tempestad: tres horas antes del amanecer el viento se volvió favorable.
El lunes 3, volviendo el viento de mistral, pudimos levantar los mástiles y seguir navegando hacia el greco-levante.
Aquel día pescamos la primera cachorrita 17 (especie de pez llamado así por los españoles) y la subastamos según la costumbre observada otras veces.
El general ofreció hasta 60 pesos de a ocho para hacer una ofrenda a la Madre Santísima de la Concepción, pero cuatro marineros añadieron 5 pesos más y se adjudicaron el pescado.
Luego se pescaron sobre unas veinte cachorritas y bonitos, peces sangrientos de la familia de las caballas.
Al 16 Morisqueta: arroz cocido con agua y sin sal.
17 En el original cacciorrette.
Los esciliorrínidos son conocidos vulgarmente como pintarrojas, lijas o peces gato.
Tanta era el agua que caía, que fue necesario sacar a los marineros de bajo cubierta a golpes de palo.
Esto impidió observar el sol, incluso al día siguiente, martes 4, cuando proseguimos con el mismo viento.
El miércoles 5 comenzó soplando el viento de lebeche; luego se volvió mediodía-lebeche.
Navegamos durante todo el día y observamos el sol a 19 grados y 33 minutos de latitud.
El jueves 6, al amanecer, vimos cuatro de las islas de las Marianas, pero el viento contrario impidió al piloto pasarlas a los 19 grados y 20 minutos como había decidido.
Más allá, hacia el mediodía, se veía a lo lejos la isla más grande cuya forma semejaba una larga silla de caballo.
18 En aquella misma dirección se veía una segunda isla, llamada en los mapas Griga19: era un volcán agudo y redondo que echaba humo de la cima.
Dijeron que tenía tres leguas de longitud y que en sus faldas, hacia el mediodía, estaba habitado.
El contramaestre del galeón añadió que pasó por allí durante otro viaje y que sus habitantes salieron en unas barcas para ofrecerles pescado, cocos, buyo20 y unos melones buenísimos.
Sin embargo, desde que un temerario pasajero maltrató a uno de los pobladores con un golpe de lanza, éstos no volvieron a acoger nuevamente al galeón.
Descubrimiento y conquista de las islas Marianas
Estas islas antiguamente fueron llamadas de las Velas.
Luego los españoles las llamaron de los Ladrones,21 porque yendo y viniendo de Nueva España a Filipinas solían desembarcar allí y los habitantes les robaban todo lo que podían, refugiándose después en los montes.
En enero de 1565, Miguel López de Legazpi, al mando de cuatro navíos y una fragata, tomó posesión de las islas en nombre del rey Felipe Segundo, yendo a la conquista de las Filipinas.
Pese a ello, esta posesión quedó sólo en meras palabras, pues no se estableció un presidio ni se construyó una fortaleza; ni siquiera se enviaron misioneros para inducir a los habitantes a abrazar nuestra santa fe, quizás porque se consideraba casi imposible hablar de religión a hombres que evitaban cualquier forma de comunicación con los españoles, huyendo al interior de sus bosques más impenetrables.
En tiempos pasados, los padres de la Compañía, yendo y viniendo de las Filipinas para sus misiones, viendo a esa pobre gente abandonada e inmersa en las tinieblas de la idolatría, propusieron con gran celo religioso a la majestad de la reina madre (que entonces gobernaba por ser el rey menor de edad) el cultivo de aquella viña silvestre, sin salvación en la gentilidad, por medio de la fundación de una misión de la misma Compañía, convenciéndola de que se podía cosechar el fruto de la buena semilla del evangelio.
Piadosamente concedió la reina aquella demanda.
Así, habiendo recibido las pertinentes órdenes de la corte, el gobernador de Manila armó las naves y los soldados precisos para la conquista de las islas.
Los acompañaron también los padres, cuya presencia fue estimada necesaria.
En poco tiempo los españoles se adueñaron de la isla Iguana, situada a 13 grados en la parte septentrional, y de la de Sarpana.
22 Prosiguiendo su empresa de conquista, encontraron poca o ninguna resistencia hasta subyugar todas las islas entre los 13 y los 20 grados, donde está el volcán.
Los padres misioneros tuvieron diferente fortuna porque, habiéndose arriesgado a andar solos por las islas para predicar, fueron maltratados; en concreto, el padre Morales fue herido en una pierna con una lanza en un lugar cercano al volcán.
Allí, igualmente, hace ahora 29 años, recibió la corona del martirio también el padre San Vitores 23 por haber bautizado a una joven sin el consentimiento de su padre.
Hasta el día de hoy, contando todos, han sido asesinados hasta diez misioneros.
Por esta razón, los padres se han retirado a las islas de Iguana y Sarpana bajo la protección de los presidios reales.
En los ciento setenta y siete años que los españoles han hecho esta travesía, pasando por diferentes bocas, han aprendido que esta es una cadena de islas que va de mediodía a tramontana; es decir, una línea que asciende desde enfrente de Nueva Guinea hasta cerca de Japón, hacia los 36 grados.
Los otros tres volcanes están el primero a 23 grados y 30 minutos, el segundo a 24 grados y el tercero a 25 grados.
La isla de Patos está a 25 grados y 30 minutos; la Desconocida, a 25 grados y 50 minutos; Malabrigo, a 27 grados, 40 minutos; la Guadalupe, a 28 grados, 10 minutos y las tres islas de Tecla, descubiertas el 23 de diciembre de 22 Sarpana, Zarpana o Santa Ana, hoy Saypán.
Tras trabajar en Filipinas como misionero y prefecto de estudios (1662-1667), se desplaza a las Marianas con cinco compañeros para fundar la misión jesuita a partir del 16 de julio de 1668 en la isla de Guam.
Sus compañeros fueron Tomás Cardeñoso, Pedro de Casanova, Luis de Medina, Luis de Morales (heridos ambos en agosto de 1669) y el escolar Lorenzo Bustillo.
Hay otras islas por descubrir desde los 13 grados hacia la línea y la Nueva Guinea.
Existe también otra cadena de islas que comienza en la Línea,24 a 300 leguas lejos del Callao, y se extiende hacia poniente hasta no se sabe dónde.
Las más conocidas están deshabitadas y tampoco tienen animales cuadrúpedos.
Según me han referido quienes han estado allí, sólo se encuentran unos pájaros muy fáciles de cazar que, al no espantarse por la presencia humana, basta golpearles con un palo.
En estas islas se paran a calafatear sus naves los corsarios que pasan por el estrecho de Magallanes a la Mar del Sur.
Las islas son llamadas de los Galápagos25 por la cantidad de estos animales, parecidos a las tortugas grandes, que allí se encuentran.
La isla principal de las Marianas es Iguana, por eso allí se decidió construir un fuerte castillo; actualmente está guardado por un presidio de ochenta o noventa soldados.
La segunda más grande es Zarpana y tiene presidio, aunque el gobernador habita en Umata; ambas islas son playas e impiden a los navíos acercarse a más de tres leguas de tierra.
En Agaña hay dos colegios, uno para niños y el otro para indias vírgenes: los gobiernan e instruyen doce padres de la Compañía y son mantenidos por el rey con una asignación anual de tres mil pesos de a ocho, además de lo que suministra para el sustento de los padres.
Para mantener estas islas, su majestad gasta generosamente 34.000 pesos de a ocho al año; de los que son 3.000 pesos para el sueldo del gobernador y lo que resta para el sargento mayor, los cien soldados de presidio y para el mantenimiento de los padres jesuitas y de los referidos colegios.
El dinero, junto con la ropa para vestir a la milicia, llega a Manila desde la Nueva España con el situado real.
Se mantiene además una pequeña nave para enviar a las islas todo lo que se necesita.
Las casas de los padres de la Compañía están hechas de barro, ya que no se da otro material en las islas.
Las de los indios son cabañas cubiertas con maderas u hojas de nipa con forma de cueva.
La isla tiene un perímetro de diez leguas y dista seis de la de Zarpana.
Esta última es menos grande; allí los padres jesuitas no tienen casa, pero la asisten cuando es necesario.
Allí se encuentra un pequeño presidio de soldados que sirve para frenar a aquella gente bárbara.
Hechura, religión, frutas, clima y maravillosas barcas de las islas Marianas
Los habitantes de las Marianas son de estatura gigantesca, corpulentos y de gran fuerza.
En ocasiones, echándose a las espaldas pesos de hasta 500 libras, van como si no fuera nada.
Son también expertos nadadores, capaces de correr bajo el agua hasta atrapar los peces; casi todos ellos saben hacerlo.
Antes de la llegada de los españoles, vivían en el monte, errantes y desnudos, bajo un jefe o principal.
No conocían ni el fuego ni el uso del hierro; comían pescado crudo (y algunos podridos), cocos y raíces.
Aunque tenían cantidad de cocos para hacer vino y aceite, bebían sólo agua pura.
No hay entre ellos ni nunca hubo ningún contrato de venta, sino sólo permutación; por muchos pesos de a ocho que los españoles pudieran llevar, no encontrarían ninguno dispuesto a darles a cambio un coco o una gallina, y se morirían de hambre los españoles si no les dieran a cambio telas, paños y otras cosas que los indios necesitan.
En todas las islas descubiertas hasta ahora no se ha encontrado ningún vestigio de religión, según me refirieron varios padres misioneros que allí vivieron por largo tiempo, tan sólo una gran veneración a sus antepasados (y no por amor, sino por temor), conservando sus calaveras en las casas e invocándolos ante la necesidad.
Dicho comportamiento hace entender que tienen alguna recta opinión sobre la inmortalidad de las almas y sobre algún lugar de morada desde el cual puedan intervenir para dar ayuda o hacer daño.
Su lengua es diferente de la de Filipinas.
Usan como armas lanzas con puntas, hechas con huesos humanos o con piedras puntiagudas.
Si bien en estas islas los árboles no son tan grandes y espesos como en las Filipinas, el terreno es óptimo para producir todo lo que los habitantes necesitan.
En el pasado no había nada más que frutas del país y muchas gallinas; pero con la llegada de los padres jesuitas y de los soldados se introdujo el arroz, las legumbres y otros cultivos desde Filipinas, y animales como caballos, vacas y cerdos que han seguido multiplicándose en los montes.
No había ni siquiera ratas pero, con el paso continuo de navíos, ahora hay bastantes.
En las islas no se da ningún animal venenoso.
El maravilloso y singular fruto de la isla es la rima, 26 que proporciona a los habitantes un pan muy nutritivo.
La planta es espesa y frondosa; el fruto es como la cabeza de un hombre, del color del dátil, pero espinoso como la giacca de Goa 27 y con un pequeño hueso en el medio que es como una nuez blanca.
Una vez cocido y rostizado sirve como pan y se conserva cuatro o seis meses.
El sabor es como el higo de Indias o el plátano.
Además de ello, en los montes abundan las palmeras de coco.
El duc-duc es un árbol parecido a la rima, por fuera su fruto es verde y se parece a una pera alargada.
La pulpa interior es blanca y suave, y está pegada a unos quince huesos que, asados, saben a castaña, como los de la giacca.
Igualmente, como alimento común se consumen muchos tipos de raíces, tales como ubis, gavas, camotes y otras.
Las aguas también son óptimas.
26 La rima o árbol del pan es el nombre con el que se conoce a una gran variedad de árboles distribuidos por Asia y el Pacífico, muy apreciados por su fruto comestible, de sabor parecido al pan, y por su madera empleada en la construcción de canoas.
Extravagantísimas son las pequeñas embarcaciones de estas islas, ya sea por su estructura o por su velocidad.
Están hechas con dos troncos de árbol encurvados, excavados y cosidos entre sí con bejuco o caña de India.
Tienen de largo entre cinco y seis brazos, y como la anchura no excede los cuatro palmos pueden volcarse muy fácilmente.
Para mantenerlas en equilibrio, a sus lados se les añaden otras piezas de madera sólida.
En cuanto a los pasajeros, como apenas tiene capacidad para tres marineros indios, éstos se acomodan sobre una tabla que se extiende sobre el agua a ambos lados de la embarcación y así pueden hacer el trayecto.
De los tres marineros, uno está siempre en el medio achicando el agua que irremediablemente entra por arriba y por las junturas de la barca.
Los otros dos deben de moverla y regirla, ubicándose en las dos extremidades.
La vela es como la que nosotros llamamos latina, hecha de estera y tan larga como la propia barca; por ello evitan cuanto pueden el viento de popa, pues haría volcar la embarcación fácilmente.
En cuanto a la velocidad, no hay ninguna suerte de barca que pueda igualarla: puede superar las diez y doce millas italianas a la hora.
Para volver atrás no hay que girar la proa, tan sólo la vela.
De esta manera, lo que era popa se vuelve proa, y con ella el marinero que estaba en la proa se vuelve timonel y viceversa.
Si hay que acomodar la barca, la carga y los pasajeros se ponen sobre la misma vela; y si el barco se vuelca, se endereza enseguida: prácticas extravagantes que siempre dejan a los españoles incrédulos, aunque las vean continuamente.
Pese a que estas barcas son aptas sólo para trayectos breves, en cierta ocasión hubo urgente necesidad y dos de ellas fueron enviadas desde Iguana hasta Filipinas, atravesando un golfo de 900 millas italianas, perdiéndose solamente una de ellas.
Para que el lector pueda comprender mejor su estructura he hecho entallar un dibujo.28
Larguísima y espantosa navegación hasta el puerto de Acapulco
El viernes 7, con viento de levante, se navegó hacia greco-tramontana sin observarse el sol.
El sábado 8, soplando el siroco, se puso la proa a greco-levante; el sol se observó a la altura de 21 grados.
El domingo 9, con viento siroco-levante, navegamos a greco, y se observó que el sol tenía la elevación de 21 grados y 40 minutos.
El lunes 10 por la mañana, estando con el mismo viento y sobre la misma línea, no se pudo observar el sol; al ocaso estaba a 22 grados.
Aquel día se vio el cielo de color violáceo, con las nubes verdes, cosa que los padres de la Compañía y yo, por no haberla visto jamás en ningún tiempo y lugar, la estimamos como un prodigio.
El piloto mayor dio comienzo a su novena para amparar en la Madre Santísima nuestro buen viaje, y por la noche hubo comida, bailes y pasatiempos, los pocos que permite la angosta cárcel de un navío.
El martes 11 se estuvo en calma y se observó el sol a la altura de 22 grados y 10 minutos.
Navegamos el miércoles 12 con el mismo siroco-levante hacia greco, y se encontró la latitud solar a 22 grados y 37 minutos.
Es bueno dar aquí constancia al curioso lector que, en este largo viaje, se observa una extraña variación de la brújula que ni matemáticos ni pilotos han sabido razonar en un siglo y ochenta años de navegación por esta ruta.
La variación comienza en cabo de San Bernardino, en 12 y 13 grados, aumentando imperceptiblemente hasta la mitad del camino, en 18 y 20 grados, en el transcurso de mil leguas o más.
Luego empieza a disminuir hasta el Cabo Mendocino, donde se observa a 2 grados.
En algunos puntos esta variación va hacia greco y en otros hacia mistral, en algunas partes es más y en otras menos, lo que la hace aún más difícil de explicar.
Ciertamente el fenómeno no puede atribuirse a piedras imantadas, ya que las islas están lejísimos, quizás mil leguas.
Los pilotos perciben esta variación cuando el sol está tramontando porque, señalando el verdadero punto occidental, se ve, pues, si corresponde bien la tramontana y los otros dos vientos cardinales.
29 El jueves 13 se navegó a greco con viento de siroco y se observó la altura polar de 23 grados y 30 minutos y, por tanto, de haber pasado de la zona tórrida a la templada.
Durante la noche hubo una gran tempestad y al día siguiente, viernes 14, navegamos con greco-levante hacia tramontana.
La mañana del sábado 15, soplando gregal-levante, se siguió navegando con la proa a tramontana.
Hacia el mediodía, el viento se reforzó en tal manera que el piloto se vio obligado a mantener a la capa la vela mayor; a las tres de la madrugada el viento contrario se desvió a greco.
Durante el día se pescaron tal cantidad de cachorritas que los marineros, asqueados, las tiraban por el galeón o las daban a todo aquel que las pidiera.
Ávidamente los peces tragaban el anzuelo, engañados por un pez volador hecho con trapos que, navegando a toda vela, apenas podía distinguirse de uno verdadero.
El domingo 16, una vez celebrada la misa, empezó a soplar el siroco y se navegó a greco cuarta a levante; el sol tenía de elevación 25 grados y 5 minutos.
El lunes 17, con viento ostro-siroco, se puso la proa hacia greco-levante.
El martes 18 se siguió el mismo rumbo aunque soplaba el lebeche.
Tuvimos el mismo disgusto que el día anterior al no poder observar la altura del Polo.
Se pesca-29 Esta anomalía fue explicada a mediados del siglo XX con la localización de un estrato volcánico, con importante carga magnética, sobre la plataforma oceánica entre las Marianas, Cocos, Palaos y Hawái.
Esto fue motivo de disputa entre los padres jesuitas, el agustino y el dominico acerca de si este pez paría o no. Algunos estúpidamente afirmaron que la madre había tragado a las crías (para después vomitarlas) con el fin de salvarles la vida; y que los peces ponían los huevos y, antes de que eclosionasen, los conservaban en la abertura debajo de los maxilares, como se dice que hacen las truchas.
Sin embargo, según me han dicho muchas personas expertas de cosas de la mar, la opinión más común y verosímil es que todos los peces paren al pececito cuando ya ha salido del huevo, por ello, dentro de los tiburones, pueden encontrarse huevos junto a tiburoncitos.
A este propósito me refirió el ya mencionado Juan Zavaleta Vizcaíno30 (quien ha pasado muchos años cazando ballenas en los mares septentrionales de Europa), que en el vientre de la ballena varias veces había encontrado ballenitas.
Aquel mismo día cayó una gran lluvia y los marineros, todos desnudos, se pusieron a recoger el agua, llenando todos los jarros vacíos; de aquel modo, tras dos meses y medio de viaje, en vez de comenzar a disminuir, la cantidad de agua para beber se hizo mayor.
El miércoles 19, con viento de levante, se puso la proa a greco-tramontana.
Se observó el sol en una latitud de 25 grados y 50 minutos.
Tuvimos algún pasatiempo con los tiburones que habíamos pescado.
Como ninguno de los pasajeros quería comérselos, uno de los grandes fue puesto en libertad con una tabla atada a la cola; fue una gran diversión verlo nadar sin poderse bajar al fondo.
También se ataron por la cola a dos tiburones entre sí, siendo uno de ellos cegado: al soltarlos al mar, el ciego, pensando que lo estaban cazando, oponía resistencia al otro que quería tirarlo hacia abajo.
El jueves 20 estuvimos en calma hasta el mediodía; luego se levantó un poco de viento de siroco que nos hizo llevar la proa a greco-levante.
Se observó la altura del sol a 26 grados.
El viernes 21, con viento de lebeche, se continuó el mismo rumbo.
Como el galeón iba muy veloz, se pescaron cantidad de cachorritas con el mismo engaño del pez volador hecho con trapos que las presas trataban de alcanzar, quedando atrapadas en el anzuelo escondido.
La misma noche, los dos pilotos ayudantes comenzaron su novena con muchas velas y linternitas.
Endulzaron las bocas de los asistentes con peras azucaradas y otras cosas dulces; siguieron bailes y comedias improvisadas, actuaciones y recitados.
El sábado 22 sopló el mediodía, por lo que navegamos a greco cuarta a levante.
Por la variación de la brújula se observó el sol a 27 grados.
El domingo 23, con viento de siroco, se avanzó con la proa en el mismo sentido.
En la misma guisa se navegó el lunes 24 y se observó al sol, teniendo de latitud 28 grados y 12 minutos.
El martes 25, habiéndose reforzado en siroco-mediodía, navegamos al greco-levante.
Se observó el sol a 29 grados y 3 minutos.
Por la noche se navegó con mucha prudencia para evitar dos pequeños escollos que estaban a una altura de 30 grados.
El miércoles 26 reinó el viento de mediodía y navegamos bien con la proa a greco para ganar mayor altura.
Se midió la latitud del sol a 29 grados y 58 minutos.
Viéndome el comandante del navío escribir todo esto en mi librito, comenzó a burlarse de mí, por lo que le tiré un sombrero a la cara.
De no haber sido retenido, le hubiese roto la cabeza con un palo.
El jueves 27 cayó una buena lluvia y un viento contrario de levante hizo ir al galeón hacia tramontana cuarta a greco; así nos encontramos a una altura de 30 grados y 30 minutos.
El viernes 28 se navegó igualmente a greco y se observó la latitud de 30 grados y 49 minutos a causa de la variación de la brújula una cuarta por mistral.
El sábado 29 se celebró la fiesta de San Miguel, ya que tal nombre tenía el general del galeón: se ofreció algo de comer y fue representada una comedia.
El viento fue de siroco y se tuvo la proa a greco cuarta a levante.
El sol se observó a la altura de 31 grados y 58 minutos.
El domingo 30 el sol estaba a 31 grados y 58 minutos, por lo que creímos estar a la altura de cierta isla imaginaria llamada Rica de Oro, puesta en los mapas a la altura de 32 grados menos algunos minutos, pero que, por lo que se sabe, nadie la ha visto nunca.
Hasta el mediodía navegamos hacia greco cuarta a levante con viento de siroco.
Luego llegó la calma hasta la medianoche, cuando empezó a soplar un viento de siroco-levante y se navegó a greco.
La misma noche el maestre del galeón comenzó su novena con bailes y comida.
El lunes 1 de octubre, continuando el mismo siroco-levante, se navegó hacia greco cuarta a levante.
Al mediodía se observó el sol a una latitud de 32 grados y 28 minutos.
Luego sopló el siroco (lo que, como siempre, con el galeón veloz nos permitió pescar muchas cachorritas y albacoras 31 ); por la tarde bufó un viento tan fuerte de mediodía que, a la noche, el piloto fue obligado a bajar los dos mástiles superiores y la verga de la vela mayor.
A causa de aquel mismo viento de mediodía, el martes 2 sobrevino un gran temporal que, golpeando continuamente, sólo permitió navegar con el trinquete y cebadera; las olas abatían tan fuertes y con tanta violencia el timón que rompieron el pinzote.
Más tarde, el viento cambió en mistral, pero no mitigó la furia del temporal, todo lo contrario, siguió aumentando; el navío subía sobre altísimos montes de agua, precipitándose después en profundísimos y espeluznantes valles.
Las aguas pasaban de un lado a otro por encima del galeón y no se pudo encender fuego, lo que nos obligó a comer frío y, por consiguiente, a no poder calentar chocolate.
Era imposible estar firme en un lugar, fuese sentado o de pie, ya que las olas nos hacían saltar como una pelota, chocando con las cajas u otras cosas.
Hacia la medianoche cayeron con violencia sobre mi cama dos varillas de cañón que por poco me dan en la cabeza y me matan.
31 En el original albacore.
El atún de aleta amarilla o rabil se encuentra en las aguas de mares tropicales y subtropicales de todo el mundo.
32 Pinzote: palanca que se introducía en la cabeza del timón y se empleaba para moverlo.
A El miércoles 3, continuando el mismo viento, no cambió la fortuna; se enderezó la proa a greco cuarta a levante.
Durante todo el viaje fueron vistos muchos pájaros de mar, pero ese día pasaron dos patos.
Un marinero cazó un pajarito parecido a un canario que había sido transportado por el viento y se había refugiado entre las cuerdas del galeón.
El general consiguió una jaula donde meterlo, pero, extenuado de hambre y fatiga, el ave murió el mismo día.
En su vientre fue encontrada arena.
Este animalito dio motivo para filosofar al piloto, a los ayudantes del piloto y a los pasajeros de dónde habría podido venir.
Se concluyó, sin dudarlo, que, empujado por el viento, procedía de Rica de Plata (isla a 30 leguas de distancia hacia el mediodía).
Se observó el sol a 34 grados y 7 minutos.
Los pilotos estiman que las islas Rica de Oro y Rica de Plata, con otras de su entorno, son las islas de Salomón.
33 Sin embargo, yo soy de la opinión de que tales islas son imaginarias, ya que en todo el tiempo y las veces en que se ha hecho esta navegación jamás han sido vistas.
Así, de las islas de Salomón es ignoto su sitio y su altura, si bien por muchos años han sido buscadas por orden del rey, y no han podido encontrarse.
Una vez un galeón, navegando desde Manila a la Nueva España, fue empujado por una fuerte tempestad hasta una isla.
Dado que el temporal había quitado toda la tierra del fogón del navío, ésta fue suplida con un poco de la tierra de la isla.
Una vez llegados a Acapulco, revolviendo la tierra del fogón, se encontró una lámina de oro que la violencia del fuego había derretido y separado de la tierra.
Maravillándose tanto de aquella noticia, el comandante dio constancia al virrey de México y éste al rey.
El rey ordenó que se enviase una armada en busca de aquellas islas, de las cuales el piloto había tomado la altura.
La armada salió del Callao de Lima en 1595, al mando del adelantado don Álvaro de Mendaña,34 a la búsqueda de las islas de Salomón, a las que pertenecería aquella isla.
Después de un larguísimo y penoso viaje, llegaron a una isla de negros (de la Nueva Guinea), situada cerca de la línea en la parte del mediodía, donde el adelantado y buena parte de su gente perdieron la vida.
De allí regresó a Manila su mujer, doña Isabel de Barreto,35 con solo la capitana en febrero de 1596.
Los otros navíos se habían perdido buscando vanamente en la conquista de aquellas ricas islas.
36 Hace cerca de treinta años, don Antonio de Medina, en virtud de la gran experiencia que tenía de aquellos mares, se ofreció al rey para hacer aquel descubrimiento.
Con este fin se ordenó al virrey de México y al gobernador de Manila que lo hicieran pasar a Filipinas como general del galeón, y que desde allí volviese a Acapulco.
El virrey lo despachó con este cargo, sin embargo, el nuevo gobernador de Manila, que viajaba en el mismo galeón, en cuanto el navío se alejó de la Nueva España lo privó del generalato y puso en su lugar al que había venido de Manila.
Medina, muy perturbado por tal afrenta, al llegar a las islas se fue a China escondido en un pequeño barco para después pasar a Madrid y presentar sus quejas al rey.
No habiéndose tenido más noticia de él, se piensa que, durante el camino, los corsarios pudieron acabar con él.
El jueves 4, habiendo cambiado el viento en tramontana y luego en mistraltramontana, se puso la proa hacia levante por temor a no encontrar la Rica de Plata; por esta razón se perdió altura, habiéndose observado el sol a 33 grados y 30 minutos.
El frío a tal elevación se hace sentir mucho.
Los pilotos decían que aquí la corriente permitía avanzar al galeón con más facilidad.
Sopló el levante el viernes 5 y se navegó hacia tramontana y luego se puso cuarta a greco.
Por la noche sobrevino una tempestad y el galeón debió ponerse a la capa.
El sábado 6 el temporal se hizo más fuerte, por lo que se bajaron los dos árboles superiores y estuvimos a la capa.
Estas son las tempestades que suelen observarse antes y después del día de San Francisco, quizás debido al solsticio.
Después del mediodía nos pusimos en camino con viento de siroco y avanzamos hacia greco con sólo el trinquete; y como más tarde el viento se hizo más violento y suscitó una gran tormenta, nos pusimos a la capa El domingo 7 se avanzó con la proa a tramontana cuarta a mistral con viento de levante.
Grandes e impetuosas olas tenían cubierta de agua toda la popa, impidiendo celebrar la santa misa.
El lunes 8 reinó un viento de mediodía y navegamos hacia greco cuarta a levante, dejándose la imaginaria Rica de Plata a mediodía a unos 34 grados y 30 minutos de latitud; se observó el sol a 36 grados y 20 minutos.
El martes 9 se sosegó el viento y, dado que se calmó, navegamos a greco cuarta a levante con viento de siroco que luego durante la noche se hizo más fuerte.
Con el mismo viento, el miércoles 10 navegamos hacia greco-levante.
El jueves 11 se avanzó hacia greco cuarta a levante y, pasado mediodía, hacia greco, ya que el viento mutó en siroco-levante.
El viernes 12 se puso la proa hacia greco cuarta a levante y luego hacia grecotramontana, soplando el siroco y el siroco-levante.
Para no tomar más altura, el piloto giró el galeón hacia el mediodía con un fortísimo viento de siroco-levante.
En aquella altura se observaba casi siempre el cielo nuboso y caía una lluvia menuda que los españoles llaman garúa.
El frío era muy intenso, aun más para los indios y negros nacidos en los países cálidos.
El domingo 14 no se pudo decir misa debido a los brincos que daba el ga león y al agua que lo inundaba.
Por la tarde, el viento contrario nos obligó a estar a la capa; a la medianoche fuimos hacia levante, soplando el viento de greco-tramontana.
El lunes 15, llegado el gregal, se dirigió la proa hacia siroco; antes del mediodía, cambiado el viento en siroco-levante, hubo que girar la proa hacia donde antes estaba la popa.
Se observó el sol: se encontró a 36 grados y 30 minutos porque estábamos perdiendo altura.
Por la noche el viento cambió.
El martes 16 seguimos con la proa hacia greco con viento de siroco-levante; más tarde cambió en levante, obligándonos a ir hacia greco-tramontana y a greco cuarta a tramontana.
Se observó el sol a la altura de 37 grados y 2 minutos.
Las lluvias que habían caído durante todos esos días mojaron muchos bultos y cajas con piezas de seda, abanicos y otras mercancías chinas, causando grandes pérdidas a sus propietarios.
El miércoles 17 estuvimos en calma y el sol se observó a 37 grados de latitud, habiéndose disminuido de altura.
A la puesta del sol llegó un viento de ostrolebeche y se puso la proa hacia levante.
Pero hacia la medianoche, vuelta la calma, navegamos de nuevo hacia mistral-tramontana.
El jueves 18 continuó el mismo viento, manteniendo la proa siempre hacia levante, que era nuestro camino correcto, porque para hacerlo con seguridad era necesario conservar la altura entre los 36 y los 42 grados como máximo, tal y como hicieron todos los navíos que emprendieron este viaje.
Esto se sabe porque, si las naves no ganan altura antes de encontrar las señas, después, desde la costa de cabo Mirdo hasta las Californias, están a sotavento y es dificilísimo ganar latitud.
Esto ocurrió hace seis años al buque que partió para la Nueva España después de la pérdida del San José.
37 Habiendo llegado a la altura de 35 grados, no pudo mantenerla por el sotavento.
El navío no pudo encontrar las señas, y ciertamente toda la marinería habría muerto por falta de provisiones y de agua si Dios no los hubiese proveído, haciéndoles arribar a una isla desconocida a una altura de 18 grados y 20 minutos, la cual, por haber sido descubierta el día de San Sebastián, lleva el mismo nombre.
Allí obtuvieron agua en un pequeño lago y carne, cazando muchos pájaros marinos (antes mencionados) que los españoles llaman bobos, que se llevaron salados en jarros de arcilla.
Esta isla era pequeña, llana y verdeada por algunos arbustos.
Después de la cena, el viento empeoró y nos dirigimos con tramontana hacia levante cuarta a greco.
Se observó el sol a 36 grados y 30 minutos de altura.
El viernes 19 estuvimos en calma y el sol se encontró en 36 grados y 19 minutos de latitud; se habían perdido esos pocos minutos al haber sido transportados por la corriente.
Más tarde empezó a soplar un viento de lebeche, y se puso 37 Hace referencia al malogrado galeón San José citado en la nota número 6.
Por la noche el viento se reforzó mucho y el sargento mayor Aramburu empezó su novena.
El sábado 20, con el mismo viento, navegamos a levante cuarta a greco.
Una garúa, es decir, una lluvia muy fina, hizo cesar el viento.
El domingo 21 tuvimos una calma aburrida, pero después de unas horas volvió el lebeche y nos hizo poner proa a levante cuarta a greco.
Se observó el sol a 36 grados y 37 minutos de altura.
Siendo la variación de la brújula de una cuarta hacia greco, avanzamos hacia levante para hacer camino.
Aunque esta variación sea siempre diferente, a través de ella los pilotos también llegan a saber cuán lejos están de tierra firme.
La visión de una paloma alegró a todos ese día; casi nos sentimos seguros de que podríamos cumplir el viaje, y pensamos que dentro de un mes podríamos ver tierra.
Se pensaba que la paloma hubiese sido transportada por el viento desde la isla llamada Doña María Laxara (por el nombre de una española que se tiró al mar en aquel punto viniendo de Manila), donde estos pájaros son tan abundantes que cubren el cielo.
No se trata de palomas terrestres, aunque se les parecen en el pico y las plumas, sino de mar, y tienen las patas como los patos.
La isla está ubicada a 31 grados de altura.
El lunes 22 continuó un lebeche tan fuerte como el de la noche anterior, por lo que pusimos proa a levante cuarta greco, pero por la noche el viento se tornó en mistral-tramontana.
El martes 23, antes del amanecer, se volvió el viento una tramontana tan fuerte que hizo avanzar al galeón mucho con la proa a levante cuarta greco.
Esa misma violencia del viento no nos permitió ni siquiera cocinar.
Se observó la latitud del sol a 36 grados y 16 minutos.
No hay ninguna duda de que, en tiempos pasados, esta navegación fue siempre terrible y muy peligrosa.
En 1575, por un error del piloto que no supo encontrar el Embocadero, el navío Espíritu Santo se perdió en Catanduanes.
En 1596 los vientos contrarios empujaron al galeón San Felipe hasta Japón, 38 donde, en represalia, se le quitó toda la carga que traía de la Nueva España.
Aquel suceso dio al entonces emperador Taycosama la oportunidad de perseguir a los cristianos, hasta llegar a matar a fray Pedro, 39 religioso descalzo llegado de Manila como embajador para facilitar la obra de los misioneros.
En 1602 se perdieron otros dos galeones y otros más en años posteriores.
Hoy en día el viaje no es menos difícil y peligroso, pese a haber sido frecuentado desde hace casi dos siglos.
Muchos galeones naufragan y otros vuelven atrás a mitad de camino debido a la ruptura de los mástiles o a los vientos contrarios, perdiendo en el mar a mucha gente y dejando heri-38 La arribada forzosa del galeón San Felipe desencadenó la persecución de los cristianos por el emperador Toyotomi Hideyoshi, quien se apoderó de los hombres y las mercancías de la nao filipina.
39 Fray Pedro Bautista (San Esteban del Valle, Ávila, 1545), misionero franciscano, fundó varias iglesias y hospitales antes de ser martirizado en 1597, en compañía de otros cristianos, por orden del emperador del Japón.
40 Durante toda la noche y el miércoles 24 continuó una fuerte tramontana que nos empujó hacia levante cuarta a greco.
Alrededor del navío se veían muchas palomas.
A causa del gran frío, el general hizo distribuir a los marineros mucho vino de nipa para que se calentasen el estómago.
Se observó el sol a 35 grados y 45 minutos de altura.
Durante la noche y el día tuvimos que emplear ocho o diez veces la bomba para drenar el agua que entraba continuamente en el barco.
El viento, antes de tramontana, cambió en gregal-tramontana, obligando al piloto a poner la vela mayor a la capa para no perder altura, y a hacer enderezar la proa hacia siroco-levante.
El jueves 25 estuvimos también a la capa, moviéndonos hacia un lado y otro del galeón para disminuir el peso.
Se observó el sol y nos dimos cuenta que habíamos perdido altura: estábamos a 35 grados y 10 minutos.
Por la noche, habiéndose reforzado el viento, se bajaron los dos árboles superiores.
El viernes 26, una gran lluvia mitigó el viento y el mar; sin embargo, tuvimos que estar la mayor parte del día a la capa.
La lluvia continuó con truenos y relámpagos.
Éstos se consideraban acreditados signos de estar cerca de tierra firme o de alguna isla, porque algunos creían que los truenos y los relámpagos sólo podían generarse con las exhalaciones ígneas procedentes de la tierra y no con los vapores del mar; como si en el aire, sobre el agua, no pudiera encontrarse nitro, azufre y otros elementos suficientes para generar truenos y relámpagos.
Por la noche navegamos hacia tramontana cuarta a greco, con viento de levante y greco-levante.
Después de tres horas de noche tempestuosa, en el mástil vimos una luz que los marineros llaman Santelmo, 41 celebrado por los pasajeros como anuncio de buen tiempo.
El sábado 27 se navegó primeramente a greco-tramontana y luego hacia levante cuarta a greco, con viento de levante y siroco-levante acompañados de una gran lluvia.
El domingo 28 siguieron los truenos y la lluvia.
Levantados los dos árboles que habíamos bajado, navegamos primero a levante cuarta a greco, luego a grecolevante y finalmente hacia greco con viento de siroco-mediodía, siroco y sirocolevante.
Observado el sol, se encontró la latitud en 36 grados y 10 minutos.
La 40 En el año 1692, el galeón Santo Cristo de Burgos fondeó de arribada en el puerto de San Miguel de Quipayo, en la provincia de Camarines.
Un año más tarde volvió a navegar, dándose por desaparecido.
Al parecer se incendió cerca de las Marianas.
41 En el original San Elmo.
El nombre de Santelmo procede del patrón de los marineros del Mediterráneo San Erasmo, obispo sirio martirizado alrededor del año 303, de quien procedería el italiano Sant'Ermo, si bien los españoles lo confundieron, lo encubrieron o lo intercambiaron por el más próximo san Pedro González Telmo, sacerdote nacido en Frómista (Palencia) hacia 1180 o 1190 y fallecido en 1246 cuando peregrinaba a la tumba del apóstol Santiago, siendo enterrado en la ciudad de Tuy (Pontevedra).
La iconografía lo representa vestido con el hábito dominico, con una vela azul en la mano derecha y un navío en la izquierda.
ANEXO DOCUMENTAL noche trajo mejor viento, por lo que se navegó a greco-levante a fin de recuperar la altura que involuntariamente habíamos perdido.
Serenándose el cielo el lunes 29, un luminoso sol irradió los corazones de los pasajeros, sepultados tanto tiempo en las tenebrosas nieblas y en las garúas.
Tras cambiar el viento a lebeche, dirigimos la proa a levante cuarta a greco.
Durante una navegación tan larga, los infortunados miembros de los ranchos 42 del galeón, en camino a la Tierra Prometida de la Nueva España (hablando en términos que usan los españoles), padecen miserias para nada inferiores a las de los israelitas cuando huyeron de Egipto en busca de Palestina: conocen el hambre, la sed, las enfermedades, el frío, las continuas vigilias y otras penas, además de los horribles sobresaltos causados por las olas.
Podría decirse que sufren todos los flagelos que Dios envió al faraón para ablandar su dureza: si a éste le tocó la lepra, en un galeón no falta nunca una sarna rabiosa y universal que aflige a los embarcados con una picazón continua.
Si en aquel tiempo el cielo se cubrió de mosquitos, sobre el barco hay una infinidad de insectos (que los españoles llaman gorgojos) generados por el bizcocho.
Son tan rápidos que infestan en poco tiempo los pasillos, las camas, los platos, y se pegan al cuerpo sin ser percibidos.
En lugar de los saltamontes, hay animalitos de diferentes colores que chupan la sangre y muchas moscas que caen en los platos de sopa, donde también nadan gusanitos de varias especies.
Y, por último, si Moisés transformó milagrosamente el bastón en serpiente, en el galeón, sin ningún milagro, el pedazo de carne se trasmuta en madera y en forma de sierpe.
Yo experimenté en primera persona buena parte de estas miserias.
En la mesa del guardián del navío, con quien me había acomodado, comí gallinas en los primeros días de navegación, pero cuando estábamos en altamar me hizo ayunar al estilo armenio, 43 prohibiendo el vino, el aceite, el vinagre y sazonando el pescado sólo con agua y sal.
En los días en que había carne, me daba de comer tasajos fritos, que son largos cortes de carne de vaca o de búfalo secados al sol o al viento; es una carne tan dura que no puede masticarse de ninguna manera si antes no se bate un buen rato con un palo grande (del cual podría decirse que difiere muy poco), ni se puede eliminar sin la ayuda de una purga.
Al mediodía se servía otro pedazo hervido de la misma carne-madera, sin más condimento que su dureza y simple agua.
También me quedé sin la consolación de empezar un buen bizcocho, 42 Pasajeros y marineros (incluyendo a grumetes y pajes) solían reunirse en ranchos, formando con sus pertenencias pequeños espacios de sociabilidad donde comían, dormían y pasaban los períodos de ocio.
Cajas, cofres y baúles, donde llevaban los alimentos -el matalotaje-, los utensilios de cocina y las pertenencias personales, incluyendo las ropas, podían servir indistintamente de mesa, asiento o lecho de descanso.
43 Los armenios fueron conocidos por la austeridad y rigor de sus ayunos, absteniéndose de carne, pescado, huevos, manteca, leche y queso, y haciendo sólo una comida a la puesta de sol.
El vino y el aceite también les estaba prohibido.
Dicho sacrificio lo realizaban todos los miércoles y viernes del año, excepto durante el tiempo de Pascua a la Ascensión.
Al comerlas, en cada bocado, se podían engullir muchos pequeños gusanos y gorgojos que allí se escondían.
En los días de magro, 44 la comida ordinaria era un pescado rancio cocido en simple agua y sal; al mediodía había mongos (legumbres similares a las judías), donde también se escondían muchos gusanitos que luego nadaban en la sopa.
La cantidad de estos era tal que, además de causarme náuseas, me hacía preguntar si la comida era de carne o de pescado.
Si alguna vez se mataba una gallina, quedaba en nada repartida entre tanta gente.
Esta amargura era suavizada al terminar la comida con un poco de agua y azúcar, pero nos la daban en un coco tan pequeño que, en vez de quitar la sed, la aumentaba.
Durante un mes nos ayudó la divina providencia con la pesca de tiburones y cachorritas que, asadas o hervidas, nos proveyeron cierto alivio.
Lástima del que tiene a otra persona en su mesa para compartir con él, pues la larga duración del viaje naturalmente lleva consigo todas estas incomodidades.
Ciertamente, los que se encargan de las provisiones gastan millares de pesos de a ocho para comprar carne, gallinas, pescado, bizcochos, arroz, cosas dulces, chocolate y otros alimentos.
La cantidad de comida es tal que, desde el inicio hasta el final del viaje, casi nunca faltan en la mesa los dulces y, dos veces al día, el chocolate, que marineros y grumetes consumen con la frecuencia de personas acaudaladas.
Sin embargo, la larga navegación lleva a gastarlo todo; además, en poco tiempo las provisiones se echan a perder, salvo los dulces y el chocolate, que son el único alivio de los viajeros.
Muchos pobres marineros, expuestos a las lluvias, al frío y a las otras inclemencias del tiempo, se enfermaban, pero nunca podían comer buen bizcocho, arroz, gallinas, pan de España y conservas que el rey consignaba al maestre del galeón para distribuirse a los enfermos.
El buen maestre consumía todo en su mesa.
Pese a todo lo que se padece en un viaje tan espantoso, la pura ambición de ganancias induce a muchos a hacerlo dos, cuatro, seis y a algunos hasta diez veces.
Una vez llegados a Acapulco, los propios marineros, que durante el viaje juraron no volverlo a emprender nunca más, se olvidan de las incomodidades pasadas, como las mujeres después del parto, para tomar los 275 pesos de a ocho que el rey les ofrece para el viaje de vuelta.
El sueldo total es de 350 pesos; sin embargo, antes de partir para América, en Cavite reciben sólo 75 pesos, porque si cobraran la mitad del sueldo pocos regresarían a Filipinas para terminar su trabajo.
Ciertamente es un gran placer volver a casa con 18.000 ó 17.000 pesos ganados en menos de un año, sin contar el dinero propio, porque esta suma basta para acomodar a cualquier persona para siempre.
44 Días de magro, de abstinencia de comer carne.
Al contramaestre, maestre y guardián (que pueden embarcar más fardos de mercadería), les basta un solo viaje para hacerse ricos.
Quien va con dinero tomado en préstamo al 50 por ciento, puede duplicarlo sin que las eventuales pérdidas de mercadería estén a su riesgo.
Estos grandes beneficios explican por qué muchos están dispuestos a hacer un viaje tan penoso, exponiéndose a tantas miserias y peligros.
Por lo que me concierne, estas esperanzas no me convencerán para emprender otra vez semejante viaje, suficiente para matar o inhabilitar a un hombre para siempre.
He hecho esta digresión para dar una idea al lector de las espinas que hay que sentir cuando se desean las rosas de la riqueza.
Los españoles y los geógrafos dieron a este mar el nombre de Pacífico (como se ve hoy en los mapas); sin embargo, ese nombre no se corresponde con sus tempestuosas y terribles alteraciones, por las cuales sería más apropiado el nombre de inquieto.
La verdad es que los españoles escogieron este bonito nombre cuando hicieron el viaje desde Acapulco a Filipinas, que, como ya se ha dicho, puede hacerse en tres meses con mucha calma, sin alteraciones del mar y con el viento siempre de popa.
El martes 30 navegamos con un fuerte viento de lebeche hacia levante cuarta a greco; pero más tarde el lebeche se mudó en un poniente fortísimo.
Se observó el sol en 36 grados y 40 minutos y, como necesitábamos ganar altura, se puso la proa a greco-levante.
Durante la noche hubo que gobernar el timón con diez hombres debido a la violencia de las olas.
El miércoles último de mes amaneció con viento de mistral, por lo que se puso la proa a levante cuarta a greco.
Vimos una pieza de madera labrada de unos ocho palmos de larga flotando en el mar; esto se estimó como signo de tierra cercana, pero también podía ser el vestigio de un naufragio.
No se observó el sol.
Terminado el mes de octubre con tantas penas, el jueves primero de noviembre vimos el cielo sereno y el mar tranquilo.
Por la noche sopló un viento de mistral que luego cambió en poniente y nos hizo avanzar hacia greco-levante.
Se observó el sol a 37 grados y 13 minutos de altura.
Por la tarde y durante toda la noche volvió a soplar muy fuerte el mistral.
El viento estuvo sin cambiar el viernes 2, continuando el camino a greco-levante.
Se observó el sol a 37 grados y 10 minutos de latitud y, viendo que estábamos perdiendo altura en vez de aumentarla por efecto de las corrientes, pusimos la proa hacia greco cuarta a levante.
El sábado 3 el viento fue cambiando en mistral-tramontana y por eso se puso la proa a gregal-levante.
La visión de otro trozo de madera sin trabajar hizo crecer nuestras esperanzas de estar cerca de tierra; sin embargo, los pilotos, engañados por las corrientes que iban hacia levante, retrocedieron más de cien leguas.
Al anochecer llegó de nuevo el mistral y se avanzó hacia greco cuarta a levante; por la noche tuvimos un viento de gregal-tramontana y pusimos la proa hacia oriente.
El domingo 4, teniendo un viento mejor, navegamos hacia greco-levante.
El sol tenía una elevación de 37 grados y 14 minutos.
El lunes 5, soplando el mistral, se puso proa a greco cuarta a levante.
El sol estaba a 39 grados y 2 minutos de latitud.
Después navegamos hacia levante y por la noche, cuando el viento disminuyó, hacia siroco-levante.
El martes 6, con viento de greco-tramontana y luego greco, navegamos hacia levante y siroco-levante.
Observado el sol, encontramos que habíamos perdido altura: estábamos a 36 grados y 40 minutos.
Continuando aquel viento no podía ser de otra manera.
Durante la noche navegamos hacia levante con viento, de greco-tramontana.
El miércoles 7, con viento de gregal, pusimos la proa hacia siroco-levante.
Al anochecer se giró la proa hacia mistral-tramontana para no perder más altura.
El jueves 8 se navegó de la misma manera y se observó el sol a 36 grados y 13 minutos.
Por la noche hubo un eclipse de luna pero las nubes nos impidieron verlo.
Por la mañana del viernes 9 hubo un viento de gregal-tramontana y por tanto se navegó con la proa a maestro cuarta a poniente.
El sábado 10 continuó el mismo viento contrario; el sol estaba a 36 grados y 40 minutos de latitud.
El domingo 11 el viento se hizo de levante y navegamos a greco-tramontana.
El lunes 12, teniendo un viento de siroco-levante, se puso la proa a greco y luego a greco-levante.
Se observó el sol a 38 grados de altura.
El martes 13 se navegó a levante cuarta a greco con viento de mediodía.
El frío se sentía mucho y los pocos víveres que quedaban iban pudriéndose, por eso comíamos con gran parsimonia.
Los mejores ranchos consistían en un vasito de chocolate por la mañana, alguna otra cosita dos horas antes del mediodía y después el almuerzo; por la noche nos daban otro vasito de chocolate y más tarde cualquier cosa dulce, sin cenar.
El viento estuvo haciendo girar mucho la brújula.
El miércoles 14 hubo un lebeche que hizo avanzar muy rápidamente al galeón, pero por la noche llegó el poniente.
Vimos un tronco con ramas llevado por la corriente desde tierra firme.
El jueves 15 hicimos muy buen camino con el mismo viento de poniente, yendo a levante cuarta a greco, pero más tarde se volvió de mistral.
Observándose el sol, se encontró a 39 grados.
Dudando que volviera el viento de gregal, nos dirigimos a greco cuarta a levante para ganar más latitud después del mediodía.
Alrededor del galeón se vieron muchas toninas, que se dice que no se alejan mucho de la costa.
Después de la medianoche volvieron a soplar el mediodía y el siroco, que duraron todo el viernes 16.
Al anochecer se mudó el viento en poniente-lebeche, continuando a grecolevante.
Por la noche tuvimos un viento de mediodía.
El sábado 17 hubo un lebeche muy fuerte.
Los indios nacidos en Manila, donde siempre se suda por el gran calor, no podían soportar el frío de este clima.
Se continuó con la proa a greco-levante pero sólo con el trinquete al haber empezado una tempestad.
Aquel temporal duró el domingo 18 y con tal fuerza que no se pudo celebrar misa; más tarde el viento se calmó, volviendo de nuevo el mistral, y se mantuvo la proa siempre hacia greco-levante.
Por la noche retornó el viento de lebeche, que duró parte del lunes 19, cambiando luego en poniente.
La gran fuerza del viento nos obligó a navegar sólo con el trinquete y el velacho.
La latitud del sol era de 39 grados y 38 minutos, y los pilotos, estimando no deberla aumentar más, dirigieron la proa hacia levante cuarta a greco; al anochecer empezó a soplar el mistral.
A la puesta de sol vimos pasar cincuenta patos delante de la proa que nos hicieron creer que estábamos cerca de la tierra firme.
El martes 20 navegamos hacia levante, que era nuestro recto camino.
Ese día sopló la tramontana más fría que habíamos sentido nunca y granizó durante media hora como no había visto desde que había dejado Europa.
Los negros del navío se refugiaron dentro de las jaulas de las gallinas.
Otros se pusieron bajo cubierta y, por muchos bastonazos que se les diera, no fue posible sacarlos ni para que hicieran sus necesidades; así apestaron el lugar donde dormían y por la mañana sólo se oían las quejas de los marineros.
Observando el sol a 39 grados y 20 minutos, vimos que habíamos perdido 18 minutos de altura.
Más tarde el piloto mayor y sus dos ayudantes manifestaron haberse equivocado: el primero había creído estar a 90 leguas de tierra; los otros dos, respectivamente, a 70 y 60 leguas bajo el Cabo Mendocino.
Con frío y granizo continuó la tramontana; nosotros seguimos con la proa hacia levante.
El martes 21 era el día en que yo había apostado que llegaríamos a nuestro destino.
Aún no habíamos visto tierra y por eso perdí dos botones de oro con esmeraldas.
El sol se observó a 38 grados y 45 minutos de altura.
Por la noche sopló un viento de poniente y empezó una tempestad que creció de intensidad hasta las cuatro de la madrugada; más tarde vimos el fuego llamado de Santelmo sobre la gavia de la vela mayor y el trinquete, lo que todos saludaron como un buen augurio.
Estuvimos inquietos toda la noche debido a los vaivenes del navío.
Cuando volvió el mistral, navegamos a levante cuarta a greco.
El jueves 22, con viento de mistraltramontana, seguimos el mismo camino.
Nos encontrábamos a una altura de 38 grados y 3 minutos.
Viendo que la latitud había disminuido por efecto de la corriente que iba hacia siroco, se puso el navío a la capa con la vela mayor.
Sobrevino un gran torbellino de granizo y por la noche la tramontana se reforzó terriblemente, batiendo maravillosamente el mar y dando grandísimas sacudidas.
El viernes 23 sopló un viento de mistral-tramontana, continuando el granizo y la lluvia.
Agitado por un gran balanceo, el galeón hubo de estar a la capa.
Se observó el sol a 37 grados y 26 minutos; nos encontrábamos a 37 minutos menos que el día precedente debido al viento y a la corriente.
Viendo el piloto que estábamos perdiendo altura y alejándonos de tierra, al anochecer el galeón puso la proa a greco cuarta a levante, ya que el viento era de mistral-tramontana.
La mañana del sábado 24 se navegó con viento de mistral hacia greco y, al anochecer, ayudados por un viento de poniente-lebeche, hacia greco-levante.
Aquel día vimos otro leño grande flotando en el mar.
Por la noche llegó una tempestad, con viento de poniente y grandísimos sobresaltos, y por tercera vez vimos el Santelmo en la gavia.
El domingo 25 se continuó el mismo camino pero empezamos a perder de vista las señas, pese a haber pasado las leguas tras las cuales los pilotos consideran estar cerca de tierra firme.
Pese a llevar un viento furioso y muchísimo granizo, el galeón logró avanzar hacia delante con muchísima dificultad.
Después del mediodía, el viento se hizo más fuerte y se puso la proa a greco cuarta a levante para divisar tierra o las señas.
Por la noche, los pilotos navegaron hacia greco-levante, levante y siroco-levante, cambiando de parecer y de camino según las variaciones del viento.
El temporal duró toda la noche y fue tan violento, con tales saltos de olas y horribles embestidas, que doce hombres no bastaron para mantener firme el timón.
Hacia la medianoche compareció por cuarta vez el fuego de Santelmo sobre el mástil mayor; no obstante continuó la tempestad con un fuerte viento de poniente.
El lunes 26 avanzamos mucho, manteniendo la proa a levante y a grecolevante pese a tener el mar siempre agitado.
El martes 27 comenzó a remitir la furia de la tempestad que por tres días nos había dado muchísimo trabajo, aunque el viento hubiese venido por popa.
Llegado el viento de lebeche, se puso la proa hacia levante.
Se observó la latitud y se encontró a 37 grados y 45 minutos.
Durante la noche hubo una gran tempestad que obligó a los pilotos a tener la vela mayor a la capa; pese a ello llevábamos viento favorable.
El miércoles 28, soplando un lebeche fortísimo, navegamos con la proa hacia levante cuarta a siroco.
Observamos una latitud de 37 grados y 20 minutos.
Sin embargo, el temor de no llegar a tierra nos hizo poner [el galeón] a la capa, es decir, firmes durante toda la noche.
El jueves 29 navegamos con el mismo viento además de estar acompañados por una buena lluvia.
El viento cambió primero en mistral y luego en lebeche, lo que nos hizo ir hacia levante.
El viernes último de mes se siguió navegando de la misma manera, observándose el sol a una altura de 37 grados y 16 minutos; pero por la noche, soplando el lebeche, se navegó hacia levante cuarta a greco sin mucha lluvia.
El sábado primero de diciembre seguimos por el mismo camino con viento de mediodía que luego cambió en lebeche.
Aquel día murió un marinero y rápidamente se arrojó al mar.
45 Ese marinero fue el primero que perdimos a pesar de tan-tos sufrimientos.
A bordo no había más enfermedad que una sarna perruna causada por el exceso de comida salada.
El domingo 2 se navegó en la misma línea, soplando el viento de mediodía y después de lebeche.
El lunes 3, observado el sol a 38 grados de elevación, se puso la proa hacia levante y luego hacia levante cuarta a siroco con viento de poniente.
Aquel día vimos otros signos de estar cerca de la tierra, no obstante se encontraba todavía lejana aunque navegásemos rápidamente.
Nos dio una inmensa alegría ver una hierba muy larga con una raíz grande, parecida a una cebolla, que decían haber sido transportada por la violencia del mar desde la desembocadura de un río.
Así pues, siguiendo la costumbre, los marineros se hicieron con la jurisdicción y, tomándola de su lugar, llevaron la campana a la proa.
Los jueces que habían sido elegidos por la audiencia, llamada en broma de señas, publicaron los bandos para juzgar a los oficiales del navío.
Más tarde se cantó el Te Deum laudamus; todos se congratularon mutuamente y se tocaron tambores y trompetas como si ya estuviésemos en puerto, en vez de estar todavía a setecientas leguas de la costa.
Estas celebraciones intempestivas deben atribuirse al horrible y largo viaje de tres mil leguas o más; aquello parecía que hubiésemos llegado a puerto, aunque faltasen por recorrer otras setecientas leguas.
El marinero que había visto la seña de la hierba recibió una cadena de oro del general y cincuenta pesos de a ocho de los particulares.
Se atribuyó piadosamente la felicidad y la seguridad del viaje al glorioso san Francisco Javier, porque esto ocurrió en su día festivo.
Sin embargo, se descubrió que los pilotos habían errado en el cálculo de la posición doscientas leguas o más.
La noche fue calma y la mañana del martes 4 sopló un ligero mediodía, que nos hizo poner proa hacia levante.
Se cantó la misa en acción de gracias a Dios.
Era ciertamente mérito de la misericordia divina el haber tenido un fuerte viento en popa durante veinte días, ya que, en cuanto al gobierno de los pilotos, no habían hecho nada más que subir y bajar de latitud, sin avanzar camino.
Aquel día vimos un pez, llamado lobillo por los españoles, con la cabeza y las orejas de perro y la cola como se dibuja la de las sirenas.
Vimos también otra hierba en forma de caña de azúcar con una gran raíz.
Siendo ambos signos de estar cerca de la tierra, dirigimos la proa que iba a levante hacia siroco cuarta a levante; de esta manera nos alejamos de tierra para irla a encontrar en una latitud menor, como de costumbre se hace cuando se encuentran las señas.
Por la noche el lebeche se hizo más fuerte.
Debido a la gran lluvia caída, los jueces marineros aplazaron su juicio hasta el miércoles 5, pero el tiempo adverso no se lo permitió.
Ya que soplaba un viento de mediodía-lebeche, se navegó con la proa hacia siroco-levante.
Se vieron muchos lobillos y muchas de las hierbas mencionadas, llamadas porras, con raíces frescas de varios palmos de largo.
Durante la noche pusimos el galeón firme o a la capa debido al viento contrario.
El jueves 6 navegamos a siroco cuarta a levante con viento de mediodía-lebeche, que luego cambió en poniente-lebeche; siguió la lluvia y el cielo oscuro con grandes olas.
Por la noche se estuvo a la capa debido al viento contrario.
La mañana del viernes 7 murió otro enfermo que también fue arrojado al mar.
Hacia el mediodía nos pusimos en camino con viento ostro-lebeche, poniendo la proa hacia siroco y a siroco cuarta a levante.
Se levantó el dosel para la marítima Audiencia de las Señas.
Pasado el mediodía, los dos auditores y el presidente, vestidos de manera ridícula, tomaron asiento.
Comenzaron con el general, el piloto mayor, sus ayudantes, el maestre, el contramaestre y los otros oficiales del galeón; más tarde juzgaron también al común de los pasajeros.
Primeramente el escribano leía a cada uno su imputación, luego los jueces pronunciaban sentencia de muerte, pena que en el acto se conmutaba en dinero, chocolate, azúcar, bizcocho, carne, dulces, vino y otras cosas.
Quien no pagaba inmediatamente o no daba garantías adecuadas era atormentado con una soga irremisiblemente al mínimo gesto del presidente marinero.
Me dijeron que una vez hicieron morir a un pasajero en un galeón arrastrándolo a lo largo de la quilla: no hay palabra ni autoridad suficiente para persuadir a una chusma entera.
Yo no estaba exento del común, viéndome acusado de comer demasiadas cachorritas.
La fiesta duró hasta la noche, cuando, como de costumbre, se dividieron todas las penas entre los marineros y los grumetes.
El sábado 8 navegamos a siroco con viento de poniente; más tarde el viento aminoró y se puso proa a siroco-levante.
Durante la noche estuvimos firmes debido al viento contrario.
El domingo 9 se levantó un gran temporal; con la llegada de un fuerte lebeche navegamos con la proa a siroco.
El sol estaba a una latitud de 37 grados y 38 minutos.
Por la noche se avanzó con la proa a siroco-mediodía por temor a dar en tierra, ya que en el mar habíamos encontrado unas sierpes traídas de los ríos por las corrientes.
El lunes 10, con viento de poniente, se puso la proa a siroco.
El sol estaba sólo a 37 grados y 10 minutos de altura, ya que el galeón avanzaba con mucha lentitud teniendo las velas desgastadas.
Estuvimos a la capa durante toda la noche; el martes 11 hicimos lo mismo debido al viento contrario.
Se volvió a poner la vela mediana que llevábamos plegada desde el Embocadero.
El galeón no pudo empezar a avanzar antes del miércoles 12; lo hizo con la proa a siroco-levante y a levante cuarta a siroco a fin de encontrar tierra.
Se retomaron también las anclas, que habían quedado arrinconadas en el fondo del navío desde hacía muchos meses.
El sol estaba a 37 grados de latitud.
Ese día tomamos del mar una porra de 25 palmos de largo, con la raíz gruesa como un brazo y la otra extremidad delgada como un dedo pequeño; en su interior estaba vacía como una cebolla de semilla, a la cual, como se ha dicho, la raíz se parecía en su extremidad más delgada.
De la parte más gruesa penden unas hojas largas que parecen algas de dos dedos de ancho y seis palmos de largo, todas de la misma largueza y de color amarillento.
Algunos discutían si la raíz fuera la parte delgada o la gruesa; porque no considerando las características de las hierbas que crecen en el agua, no podían creer que la planta estuviese derecha teniendo en la cima la parte gruesa; viendo además que de la parte sutil colgaban las conchas marinas.
En efecto, esta planta crece sobre los escollos bajo el agua, y es con certeza la más extravagante de todas las que he visto en muchos países.
La probé y su sabor no me pareció tan malo; algunos marineros le pusieron vinagre y se la comieron.
Durante la noche, en vez de avanzar, volvimos atrás y pusimos la proa hacia poniente para no dar con la tierra.
El jueves 13, [el galeón] volvió a hacer el camino a siroco cuarta a levante, con viento de lebeche; todas las anclas estaban listas para usarlas en caso de necesidad.
Después del mediodía llegó un viento de mistral-tramontana y navegamos hacia siroco también por la noche.
Al amanecer del viernes 14, navegando por el mismo camino con la misma tramontana, a la latitud de 36 grados hacia levante, descubrimos la isla de Santa Catalina; la isla está a doce leguas de tierra firme, más allá de la bahía de Toque.
En verdad son cinco pequeñas islas, de las que Santa Catalina es considerada la más grande y está habitada por indios silvestres.
46 Puede imaginarse nuestra alegría al verla, porque en muchos meses no habíamos visto nada más que cielo y agua.
El sol estaba a 36 grados y 4 minutos de latitud.
Al anochecer, al costearla por un lado, vimos que la isla de Santa Catalina tenía una forma alargada.
Navegando con la proa a siroco cuarta a mediodía, vimos de nuevo tierra el sábado 15; el mar estaba tan plácido como siempre se ve estando cerca de la costa.
Llegados a una latitud de 35 grados y 11 minutos, el viento se hizo más fuerte y cambió en mistral.
Aquel mismo día sacamos de la bodega los pocos cañones del navío para ponerlos en sus carros, y la madera para componer el nuevo bote y reemplazar así el que habíamos abandonado.
Por la noche, continuando un fuerte viento de mistral en popa, nos dirigimos hacia siroco cuarta al mediodía; lo mismo hicimos el domingo 16.
Los ánimos afligidos de todos empezaban a confortarse con la dulce esperanza de poder salir pronto de tantos sufrimientos, en particular por los alimentos podridos que estaban causando varias enfermedades.
Se observó el sol: la latitud había bajado a 33 grados y 49 minutos.
El lunes 17 se continuó la navegación en la misma línea con el viento de poniente y se observó el sol a 32 grados y 27 minutos.
Al anochecer murió uno de los dos ayudantes del piloto.
Por su robusta constitución física no podía creer estar cerca de la muerte, por ello con mucha dificultad lo convencieron para confesarse sólo pocas horas antes de expirar.
El martes 18 celebrados el funeral y todas las misas por el difunto; lo arrojamos al mar con un jarro de arcilla atado a sus pies.
Se avanzó a siroco con viento de mistral.
Más tarde, observado el sol a 31 grados y 10 minutos de altura, pusimos la proa hacia siroco-levante.
Aquel mismo día murió otro marinero.
46 Se refiere a las islas que flanquean la Alta California.
Fueron descubiertas por Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, llamándolas Islas del Poniente.
La isla de Santa Catalina fue bautizada por Sebastián Vizcaíno el 24 de noviembre de 1600 durante su viaje de exploración.
Esta isla y las otras que forman el Canal de Santa Bárbara estaban habitadas por los indios chumash.
La placidez del mar nos permitió componer el bote.
Antes de las cinco de la madrugada, el capitán de Mar y Guerra del galeón murió de un morbo llamado berbén.
47 Aunque en el navío no se embarcan soldados sino sólo unos pocos bombarderos, el gobernador de Manila dispone que estén presentes un general, un sargento mayor, un capitán de Mar y Guerra y un alférez real; éstos, excluyendo al general, tienen el título y el honor, pero ninguna función concreta.
En el viaje de vuelta desde la Nueva España a Manila se embarcan entre 250 y 300 soldados al mando de 15 ó 16 capitanes, los cuales por ambición compran el puesto.
Sin embargo, cuando llegan a Manila se reforman, como ocurre a nuestros compatriotas 48 cuando van a servir a Flandes o al estado de Milán.
Durante esta navegación se observan dos peligrosos morbos que se vuelven particularmente virulentos al acercarse a las costas de América.
Uno es el mencionado berbén, que hincha el cuerpo y hace morir hablando.
El otro es llamado Mal de Holanda: 49 llena la boca de llagas, pudre las encías y hace caer muelas y dientes.
El antídoto más potente es poner pie en tierra.
El jueves 20 pusimos la proa a siroco cuarta a levante con el mismo viento.
Nada más amanecer, encontramos la isla de Cenizas, distante 10 leguas de tierra firme, y la costeamos muy de cerca.
La isla tiene 11 leguas de largo y entre 4 y 6 de ancho, pero está desnuda de árboles y deshabitada.
A nuestra derecha, hacia poniente, dejamos luego la isla de Guadalupe.
Es una isla que los galeones reconocen habitualmente por estar lejos de tierra firme.
Celebradas cinco misas por los religiosos y el capellán en sufragio por el difunto capitán, su cuerpo fue arrojado al agua.
Se observó el sol a 29 grados y 9 minutos y se enderezó la proa a siroco cuarta a mediodía.
Desde la proa avistamos la isla de Cedros, distante 17 leguas de tierra firme; ésta tiene un tamaño de 36 leguas y a los dos extremos tiene unos promontorios que la asemejan a una silla de caballo.
Llegada la noche se mudó el camino para evitar dicha isla, pero en la oscuridad nos acercamos mucho con la proa y esto nos causó un cierto temor.
Entonces tornamos hacia poniente cuarta al mistral, casi volviendo atrás.
El viernes 21, estando todavía delante de la isla, sobrevino un viento de tramontana y se puso el navío hacia siroco.
Observado el sol, descubrimos que habíamos bajado a una latitud de 28 grados.
Durante la noche seguimos navegando con el mismo viento; la mañana del sábado 22 se mantuvo la proa hacia siroco con viento de mistral-tramontana.
La elevación del sol se encontró a 26 grados y 35 minutos.
El domingo 23 navegamos en la misma línea y con el mismo viento, observándose el sol a 25 grados y 19 minutos; luego nos dirigimos hacia siroco cuarta a mediodía.
47 El beriberi es una enfermedad producida por carencia de vitamina B1.
48 Gemelli hace referencia a sus compatriotas napolitanos.
49 Es el escorbuto, una avitaminosis producida por la deficiencia de vitamina C. Era común en los marinos que subsistían con dietas en las que no figuraban frutas frescas ni hortalizas ANEXO DOCUMENTAL Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 277-317.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.11 El lunes 24, soplando el mistral (frecuente durante estos meses en la costa), se dirigió el navío hacia siroco para encontrar la tierra, que se extiende de siroco a maestro comenzando en Acapulco hasta Cabo Mendocino.
El mismo día, a toque de tambor, se publicó un bando para que se revelaran las mercancías estibadas fuera de la bodega, para que pagasen los derechos reales del galeón.
Por el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, el martes 25, pasada la medianoche, se celebraron cuatro misas.
Mientras tanto, se navegó con la proa a siroco-levante, como el día precedente, a fin de descubrir tierra cuanto antes.
Se observó la latitud solar a 23 grados y 56 minutos.
Después de haber sacado diez cañones y haberlos colocado en su lugar, se distribuyeron los mosquetes entre todos para defenderse de los enemigos 50 que con frecuencia se encuentran en la costa de Californias.
Al anochecer vimos tierra pero todavía muy lejana.
Durante la noche continuamos haciendo el mismo camino con la ayuda del viento de mistral.
Lo mismo se hizo el miércoles 26, costeando una tierra alta a la altura del Cabo San Lucas.
La corriente, que iba hacia Acapulco, era favorable y nos hacía avanzar.
Ese día pasamos de la zona templada a la tórrida (ya que se observó el sol a la altura de 23 grados y 23 minutos) y, por consiguiente, empezó a sentirse el calor.
El viento siguió cambiando durante toda la noche hasta obligarnos a poner la proa hacia greco, y luego cesó del todo.
El jueves 27, con viento de poniente, navegamos hacia ostro-siroco porque hacia levante vimos una tierra alta, situada a 20 leguas del Cabo San Lucas.
Observamos el sol a 23 grados y 10 minutos de altura.
El viernes 28, al amanecer, nos encontramos frente al Cabo San Lucas, cabo que puede llamarse calvo, no habiendo en sus montes ningún vestigio de árbol.
Éste está situado a 22 grados y 35 minutos y cerca de su punta tiene una pequeña isla.
En 1595, el galeón San Agustín partió al descubrimiento de esta tierra todavía incógnita y se perdió en el puerto de los Reyes.
En 1602, el conde de Monterrey (que entonces gobernaba Nueva España), por orden real, dio el mismo encargo a Sebastián Vizcaíno, poniéndolo al mando de una armada compuesta por la capitana, almiranta y una fragata.
Sebastián partió del puerto de Acapulco y, reconocida la costa hasta el Cabo Mendocino y las islas cercanas, hizo una carta marítima.
Yo mismo vi esa carta con las relaciones añadidas porque la tenía un ayudante del piloto.
51 En ella leí que en varios lugares habían tratado con los indios silvestres, que habían encontrado humanos amables y en algunos casos inclinados a mantener relaciones de amistad con los españoles; y que habían invitado a la gente de la 50 Desde que Thomas Cavendish capturase en 1587 al galeón Santa Ana a la altura del Cabo San Lucas, sucesivas navegaciones procuraron atención al surcar estas aguas.
El impacto de su apresamiento y el importante botín obtenido incitaron que muchos corsarios, bucaneros y pichilingües se guarecieran entre las islas Marías y dicho cabo con el fin de apresar el galeón.
51 Como resultado de esta expedición se elaboraron varios diarios, mapas e informes por Sebastián Vizcaíno, Enrico Martínez y fray Antonio de la Ascensión.
Los memoriales de este último difundieron la veracidad del estrecho de Anián y la insularidad de California.
La misma disponibilidad la habían encontrado en los habitantes de las pequeñas islas de la costa.
Por el contrario, los españoles debían de guardarse de los indios de la bahía de San Quintín (situada a 32 grados de latitud) y de los que habitaban las riberas a 27 grados de latitud, que eran belicosos y de poca fe.
El religioso que escribió estas relaciones narra que el puerto de Monterrey tiene un buen fondeadero; a su alrededor hay mucha madera para fabricar barcos y otros usos; los montes cercanos son abundantes en caza como osos, ciervos y otros animales, en la llanura muchos volátiles y en las lagunas patos.
A seis leguas del puerto, hacia mistral, hay un río rápido de al menos siete brazos de fondo y, a 41 grados, hay otro parecido cuya corriente es tan fuerte que no permite entrar ni siquiera a toda vela con viento favorable.
Menciona también como buenos puertos el de los Reyes (donde se perdió el galeón San Agustín), el de Don Gaspar, a 38 grados de altura, y otros que tienen buen fondeadero.
Además habla de la abundancia o falta de agua y de leña en esos puertos, y otras noticias que dejé de transcribir por no interesar a nuestro diario sino a los pilotos de aquellos lugares.
Voy a referir sólo lo que me parece más singular, como es que en esos puertos hay tantos peces (además de ballenas en alta mar) que con sólo un anzuelo en un día se podría llenar un navío.
Los habitantes de aquellos lugares usan canoas o barcas similares a las de las Marianas, que les sirven para pescar perlas y peces.
Los que viven dentro del canal de Californias tienen embarcaciones hechas con pequeños maderos ligados entre sí que llaman balsas.
Los indígenas van sin miedo en los barcos porque son buenos nadadores; no se preocupan si la mitad de su cuerpo está en el agua porque, yendo desnudos (cubren sólo las partes íntimas con cortezas de árbol), no tienen temor de mojarse la ropa.
Cuando están en tierra, duermen en cualquier lugar donde se encuentren al anochecer.
Durante el invierno se calientan sólo con el fuego, luego sacan las brasas y yacen en las cenizas calientes.
Entre ellos hay enemistades mortales debido a las diferencias entre sus salvajes jurisdicciones.
Como armas usan largas astas con la punta de madera endurecida al fuego y flechas con puntas de pedernal.
No conociendo la moneda, cambian perlas, que abundan en toda la costa (su pesca además está vedada a los españoles y a los indios subyugados), por cuchillos y otras bagatelas.
El autor de las relaciones no habla de su religión ni de los frutos que da su tierra, considerándolos argumentos que no conciernen a su profesión de navegar.
Sin embargo, me dijeron que son idólatras, como todos los demás, y que se alimentan de animales de caza, raíces, hierbas e higos de Indias, llamados pitahayas o tunas, que abundan en el país.
Esta armada navegó durante varios meses hasta llegar al Cabo Mendocino (situado a una altura de 41 grados y 20 minutos, donde se ve siempre su cumbre nevada y desnuda de árboles), donde murió mucha gente y el resto enfermó por el gran frío.
Por esta razón, cuando llegaron al susodicho cabo, se vieron obligados a volver atrás, aunque más adelante habían visto otra punta a la que llamaron Cabo Blanco, señalado en los mapas a 43 grados.
En 1684, gobernando la Nueva España, con aplauso general del pueblo, el señor marqués de la Laguna, fue mandada otra armada, consistente en capitana, almiranta y una fragata, con muchos misioneros embarcados para liberar aquellas ciegas almas de las tinieblas de la idolatría.
Sin embargo, la armada no pasó el Cabo San Lucas, situado a 22 grados.
Una vez entrada en el canal, avanzó unas 182 leguas hasta los 29 grados, donde el canal empezó a estrecharse a sólo siete leguas; por temor a los bancos de arena y a las fuertes corrientes, la armada volvió atrás.
Se hizo la conjetura de que aquellas corrientes fuesen un canal que comunicara con el Mar Septentrional y que, por tanto, California fuese una isla.
Por el contrario, los bancos de arena, el fondo bajo y la estrechez del canal hacían pensar que no se pudiese pasar más adentro, y que las Californias fuesen tierra firme.
Se dice además que esta tierra firme linda con la Gran Tartaria.
Los padres jesuitas de Pekín, Macao y Cantón me narraron que mientras el padre Martín Martínez 52 estaba de misionero en Pekín fue llevada allí una esclava mexicana cristiana.
Siendo confesada e interrogada sobre su esclavitud, ella le dijo que, siendo niña, la esclavizaron en México y que luego fue conducida por tierra a la Gran Tartaria y finalmente a China.
Durante tan largo viaje dijo haber hecho algún tramo en barca, pero no más de un par de días para atravesar un canal o un estrecho.
Se considera esto como del estrecho de Anián, por el cual se dice que un navío holandés pasó del Mar Meridional al Septentrional.
La armada, volviendo del estrecho, fondeó en la bahía y puerto de San Bernabé.
En un campo cercano a su costa se habían construido unas pocas cabañas, adonde iban los indios pobres, empujados más por el deseo de saciar el hambre del cuerpo, que para curar la peste del alma; esa gente devoraba cualquier cosa que los españoles le diesen, pero rehusaban la ropa para cubrir su desnudez.
En nuestro galeón venía embarcado un religioso de San Juan de Dios que había navegado con aquella armada.
Él me refirió que no se había cumplido ninguna intención del rey, ya que el comandante pasó inútilmente cinco meses en dicho cabo; sin embargo, la estancia fue útil para su bolsillo, porque, a cambio de viles cositas, recibió buenas perlas de aquellos miserables.
Esos indios no tenían otra provisión que pescado (que suelen comer crudo), hierbas y raíces.
Y que aquel general, para vengar la muerte de un grumete muerto por los bárbaros, antes de partir, hizo cargar un cañón con balas de mosquete.
Cuando los mezquinos fueron a buscar las migas de las mesas españolas, descargó el cañón sobre ellos, dejando dos muertos y muchos heridos.
Por este motivo, no hay duda de que, si otros europeos van a aquel lugar, serán muy mal recibidos.
Con un ligero mistral mantuvimos la proa hacia siroco a fin de atravesar el canal de Californias.
El sábado 29 se tuvo la proa hacia siroco cuarta a levante con 52 Cabe la posibilidad de que este padre aludido sea el jesuita Martino Martini, misionero, historiador y cartógrafo, que murió en Hangzhou en 1661.
A BORDO DEL GALEÓN DE MANILA: LA TRAVESÍA DE GEMELLI CARRERI un buen viento de mistral, y se perdió de vista la tierra.
El sol estaba a una latitud de 21 grados y 32 minutos.
Más tarde se puso proa a siroco-levante y navegamos muy bien por la noche con una fuerte tramontana.
El domingo 30 cesó el viento, llegando más tarde un ligero gregal-tramontana.
Se observó el sol a 20 grados y 45 minutos de elevación.
Habiendo experimentado que la corriente había alejado demasiado el galeón de tierra y lo había hecho ir hacia mediodía, se enderezó la proa a levante cuarta a siroco con un poco de viento.
Por esta causa el lunes, último de mes, no encontramos las islas llamadas las Tres Marías, tal como queríamos.
Nuestro galeón estaba desviado 40 leguas del Cabo San Lucas y a 20 del cabo Corrientes, que forma la boca del canal.
Dichas tres islas se sitúan a 10 leguas, yendo de mistral a siroco, de la referida boca.
En ellas se encuentra agua, buenos árboles, abundantes animales de caza y salinas; por eso algunas veces allí se han quedado a pasar el invierno los corsarios ingleses y franceses que, a través del estrecho de Magallanes, entran a robar en el Mar del Sur.
Como habíamos estado siempre en calma, se encontró el sol a 20 grados y 24 minutos de latitud.
Durante la noche hubo poco viento.
El martes, primero del nuevo año de 1697, volvió la calma y alrededor del galeón se vieron más lobillos que levantaban la cola y los pies al aire como los perros de los saltimbanquis.
Se pescaron cinco buenas tortugas, cuya carne era muy parecida a la de la vaca, pero no tan sabrosa como la de las europeas.
Se observó el sol a 20 grados y 11 minutos de elevación y la calma continuó toda la noche.
El miércoles 2 de enero se bajó al mar el parao o pequeña barca y se pescaron siete tortugas que iban a flote durmiendo; con el tridente se pescaron también algunos tiburones y peces dorados.
Aquel día se observó el sol a 20 grados y 5 minutos.
Al atardecer sopló un poco de mistral que por la noche cambió en tramontana; de esta manera se navegó el jueves 3.
Al alba avistamos tierra de la Nueva España, mucho más allá del cabo de Corrientes, donde empiezan las conquistas españolas.
Desde allí toda la costa, empezando en los 20 grados y 55 minutos, está habitada por indios pacíficos.
No pudimos acercarnos a la tierra debido a la corriente contraria y al temor de encallarnos en ciertos bancos que estaban frente a la mencionada boca de Corrientes.
Observado el sol, se encontró a sólo tres minutos menos, ya que, durante la noche y el día, habíamos navegado con la proa hacia levante y luego cuarta a siroco.
Por tanto, nos dirigimos hacia siroco-levante para acercarnos a tierra y desembarcar al capitán del Pliego, que debía portarlo a México.
Se costeó de muy lejos dicho cabo, donde comienza una cadena de montes altísimos llamada Chamela.
Por la noche cesó el poco viento que había y el viernes 4 nos dimos cuenta que habíamos avanzado muy poco con la proa hacia siroco-levante.
Cuando más tarde se tornó el viento en mistral, que los españoles llaman virazón, navegamos lentamente todo el día sin alejarnos de los montes (que me dijeron ser ricos en minas de oro y plata) y viendo pasar cerca del galeón algunas pequeñas sierpes de colores transportadas desde los ríos por la corriente.
Antes del anochecer hicimos oír muchos golpes de arcabuz para avisar a la galeota que en aquellos tiempos se solía enviar desde Acapulco al encuentro del galeón o para que viniera un barco de indios con las provisiones, pero todo fue en vano.
Sólo por la noche vimos dos luces sobre altos y estériles montes que consideramos fuegos encendidos por los salvajes.
Durante la noche continuó soplando el mistral y, de cuando en cuando, el lebeche.
La mañana del sábado 5 se puso el nuevo bote en el mar para llevar a tierra al capitán del Pliego con las cartas destinadas a México y a Madrid.
Como el bote debía navegar con toda rapidez a tierra, se embarcaron también el padre jesuita Borgia (que tenía el mal de Holanda) y otros enfermos.
En México, sin embargo, se recibe la noticia cuando previamente llega otro mensajero enviado por el alcalde desde el puerto de Chamela en cuanto el centinela, desde lo alto de un monte, avista un navío en el mar.
Con este incierto aviso, dado al alcalde, de haber visto un navío grande (que puede ser también de enemigos), en México comienzan las plegarias que continúan incluso después del arribo del capitán del Pliego.
Cuando éste último llega se tocan todas las campanas en señal de júbilo; las campanadas continúan hasta que llega un tercer mensajero desde Acapulco llevando al virrey el aviso de que el galeón de China ha fondeado en aquel puerto.
La ciudad se alegra de la misma manera al oír la noticia de la llegada de la flota 53 porque los ciudadanos tienen muchos intereses en ella; lo mismo sucede en Manila al regreso del galeón.
El puerto de la Navidad está a una altura de 19 grados y 33 minutos; aunque tiene suficiente fondeadero para recibir a los navíos, tiene un escollo delante de la boca.
El de Chametla sólo tiene fondo para barcos pequeños, aunque es grande y está resguardado por varias islas hacia mistral y siroco y por la tierra firme.
En él abundan las perlas y los buenos peces.
Todo este trozo del país, desde el Cabo Corrientes hasta el puerto de Navidad, tiene el nombre de Nueva Galicia 54 y está habitado por indios conquistados.
Tras la calma que suele haber en aquella costa por las mañanas, llega la virazón del lebeche que luego cambia en mistral.
Durante la noche navegamos con la proa hacia siroco a lo largo de la costa.
El domingo 6, Pascua de los Reyes, continuamos haciendo el camino de las 80 leguas que nos faltaban para ir desde la Navidad hasta el puerto de Acapulco; pero digan lo que digan los pilotos, las leguas son más bien 150.
Se disparó un cañón para dar aviso a los guardacostas de que el navío era amigo.
Al anochecer nos encontramos frente al puerto y caserío de Salagua.
El lunes 7, manteniendo la proa hacia siroco con viento de poniente-mistral, antes del mediodía, llegamos delante del puerto y volcán de Colima, donde, como 53 La Flota de Nueva España unía los puertos andaluces con Veracruz, comunicando las posesiones hispánicas de cambas orillas del Atlántico.
54 En el original Nueva Malizia.
Continuamos costeando los montes calvos y con rocas escarpadas; hacia el anochecer, el buen viento nos llevó a la costa de Motines, o según otros Montines, 55 que llamaron así por ser un espacio de siete leguas con muchos montículos iguales.
Casi toda la tierra está deshabitada; tras varios días de camino apenas se encuentra un pueblo.
El martes 8 seguimos navegando en la misma línea, pero el poco viento que había cesó enseguida, y en todo el día avanzamos sólo dos leguas.
Por la noche sopló un ligero viento de lebeche que también cesó después de poco tiempo, no permitiéndonos dar un solo paso.
Verdaderamente los Motines es una zona calma.
Todos los días se ve un cielo sin niebla y por la noche hay una increíble serenidad y estrellas resplandecientes, particularmente tras la estación de lluvias, que empiezan en junio y duran todo el mes de diciembre.
El miércoles 9 tuvimos la misma calma y muchísimo calor, como el de los días caniculares en Italia.
A la puesta sopló un viento de mistral que duró unas cuantas horas hasta poco antes de la noche.
El jueves 10 siguió la misma calma; moviéndose solamente un ligero mistral por la noche que cesó enseguida.
El viernes 11 experimentamos la misma calma, y por la noche llegó un viento que nos empujó hasta delante del puerto y caserío de Zihuatanejo, frente al cual hay tres escollos.
Allí se pescan buenas perlas y se recoge sal.
Desde ese punto el país empieza a ser más fértil, con montes cubiertos de algunos pequeños árboles y el mar rico en varias especies de peces que desde el navío veíamos saltar en tropel.
Durante la noche reinó la tramontana, que en esta estación es normal en la costa, pero al no ser muy favorable, avanzamos poco.
La madrugada del sábado 12 estábamos todavía frente a Zihuatanejo.
Más tarde, el viento cesó del todo y pasamos la noche sin movernos con un calor insoportable.
El domingo 13 sobrevino un viento de proa, de modo que no pudimos hacer otra cosa que pescar cantidad de cachorritas, las cuales (con otras especies de peces) abundan en la costa.
Finalmente, después de tantos meses, se echaron las anclas, fondeando a media legua de la costa.
Por la noche nos atormentaron muchísimos mosquitos y pequeñas moscas que nos mordían a rabiar.
El lunes 14 continuó la calma, interrumpida a veces por un viento contrario que nos impedía dar un paso adelante.
La proa estaba dirigida a levante y sirocolevante, cambiando de dirección según las puntas de tierra que íbamos pasando.
La mañana del martes 15 sopló un viento de tramontana que nos hizo avanzar.
Volvió el bote con pocas provisiones y con la noticia de que el capitán del Pliego, no habiendo encontrado a nadie que pudiera proveerle de caballos en el puerto de Navidad, se había hecho conducir al puerto de Zihuatanejo.
Allí, algunos pescadores de perlas le habían dado cabalgadura para ir a México, y los demás que iban con él se encaminaron por vía terrestre o marítima.
El bote también trajo 55 La montañosa costa de Motines se extendía a lo largo del Pacífico entre los ríos Coahuayana y Carrizal, permaneciendo marginada durante buena parte de la época colonial.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.11 la noticia de que la flota había llegado al puerto de Veracruz con el conde de Cañete, nuevo virrey del Perú, y el conde de Moctezuma, de México, y que antes de desembarcar los dos se habían peleado.
56 Al anochecer pasamos la salina que está bajo la jurisdicción del alcalde mayor de Petatlán, situada a pocas leguas de distancia, pasados algunos valles.
En este territorio crece la mejor vainilla que, junto al cacao y a la pesca de perlas, aporta no pocos beneficios al alcalde.
Por la noche, alternándose los vientos de tramontana y gregal-levante con corrientes contrarias, navegamos más hacia atrás que hacia adelante.
La situación no cambió hasta la noche del miércoles 16, cuando pudimos pasar el puerto de Petatlán, apto para acoger grandes navíos.
Por la noche continuó la calma y el jueves 17 tuvimos el mismo viento contrario, pero después del mediodía, pasada la ordinaria virazón, es decir, el regreso del lebeche, avanzamos y pasamos la playa del Calvario, una costa rica en árboles de cacao y óptima vainilla.
Por la noche continuamos con la proa a siroco-levante, soplando una tramontana poco favorable.
El viernes 18 avistamos el puerto de Acapulco.
El piloto mayor se encontraba enfermo, con peligro de muerte, del mal de Holanda y del de berbén.
Al mediodía llegó una buena virazón de lebeche fresco que nos hizo avanzar mucho, manteniendo la proa hacia siroco-levante.
Mientras navegábamos por la playa de Coyuca vimos una piragua o barca grande que venía hacia nosotros.
Acercándose, nos trajo víveres y provisiones (consistentes en un toro, gallinas, cosas dulces y limones) que el castellano y don Francisco Meca habían enviado a nuestro general; llegaron también otros víveres que nos permitieron comer a todos.
Con la tramontana que sopló toda la noche avanzamos tanto con la proa a levante cuarta a siroco que, por la mañana del sábado 19, nos encontramos frente al caserío y puerto de Coyuca, cuya costa, larga 14 leguas, es abundante en cocos, cacao, vainilla y otros frutos.
Continuando el buen viento, entramos por la boca grande en el puerto de Acapulco, donde fondeamos a las cinco de la tarde.
Durante toda la noche se trabajó con las anclas para acercar más el navío al fondo del seno y, antes del amanecer, amarramos la popa a un árbol.
El puerto es seguro y al reparo de los vientos pero, teniendo forma de caracol, aquel viento que es favorable para entrar en las dos bocas (una a maestro, otra a siroco) es contrario para ponerse a seguro cerca de la tierra firme.
La mañana del domingo 20, con lágrimas de felicidad, nos abrazamos entre todos los que estábamos en el galeón por haber llegado al puerto deseado después de doscientos cuatro días de penosa navegación.
Cantamos el Te Deum para dar las 56 En diciembre de 1696 llegó a México José Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma y Tule, convirtiéndose en el último virrey novohispano de la Casa de Austria (1696-1701).
Francisco José Núñez de Villavicencio, señor de Las Cabezas de San Juan y conde de Cañete del Pinar desde mayo de 1688, fue nombrado virrey del Perú por Carlos II pero murió en la travesía de Acapulco a Paita y no llegó a tomar posesión de dicho cargo.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.1.11 gracias al Señor y a su Madre Santísima, pero el general no tuvo la bondad de solemnizarlo con algunos disparos diciendo que al regreso a Manila no le abonarían la pólvora.
Se saludó únicamente al castillo con siete tiros y éste, enarbolando la bandera real, contestó con otros tres.
Los pilotos, preguntándose cuántas leguas y grados habíamos hecho, fueron de diferente parecer: esto era porque no habíamos navegado derechos, sino serpeando inútilmente por el mar.
El piloto mayor Pedro Fernández, portugués nacido en la isla de Madeira, dijo que habíamos atravesado 125 grados y 2.500 leguas españolas.
En cambio, el ayudante del piloto Isidoro Montes de Oca, sevillano, hablaba de 130 grados y cerca de 3.000 leguas.
Para ir de Acapulco a Manila ciertamente no hay que hacer este giro inútil, como ya dijimos, porque desde los 17 grados hay que disminuir hasta los 13 y luego hay que seguir avanzando siempre sobre el mismo paralelo.
El viento en popa conduce felizmente a Manila en dos meses y medio, a lo sumo tres, sin encontrar ninguna tempestad.
Por tanto se atraviesan sólo 118 grados.
Las leguas no se pueden medir con exactitud yendo de oriente a poniente, aunque los pilotos estiman que se hacen alrededor de dos mil doscientas leguas españolas.
Se puede hacer otra ruta alternativa, esto es, navegando desde Acapulco hacia mistral hasta el Cabo Mendocino, y luego enderezar la proa hacia las islas Marianas y Manila.
De esta manera dicen que se atraviesan 117 grados que, calculados por 17 leguas españolas, son dos mil ciento cincuenta y nueve leguas.
Pasamos todo el domingo esperando la visita de los oficiales reales para poder bajar a tierra.
Tres horas antes del anochecer llegaron el gobernador, don Francisco Meca, contador, y el guarda mayor; se les consignó el registro de cuanto portaba el galeón (para regular los derechos reales, que ascendieron a 80.000 pesos de a ocho, incluyendo el regalo que se hace al virrey) y la segunda vía, es decir, el duplicado de las cartas destinadas a Madrid.
Estas cartas debían enviarse rápidamente a México con otro mensajero para usarlas en caso de que se hubieran perdido las primeras que había llevado el capitán del Pliego.
Habiéndose dado relación sobre mi persona, los oficiales reales me hicieron muchísimas cortesías y me ofrecieron sus servicios.
Una vez que se fueron, desembarcamos la estatua de la Madre Santísima; yo mismo la acompañé hasta la iglesia parroquial, mientras toda la artillería disparaba desde el galeón.
Por la noche volví a dormir al galeón para no dejar mis cosas al cuidado del esclavo que podría dañarlas por negligencia.
El lunes 21 bajé de nuevo a tierra y me refirieron que la Mira del Perú (vigilancia sobre un monte cercano a Acapulco en el que hay dos centinelas, uno que mira hacia Perú y otro hacia China, para dar aviso de los navíos que llegan) había avistado en alta mar dos barcos que estaban dirigiéndose hacia el puerto.
Se pensó que se trataba de la almiranta y la fragata de la armada del Perú que venían a recoger al nuevo virrey, el conde de Cañete.
Por la mañana desayuné con don Francisco Meca y, mientras estábamos a la mesa, escuchamos un tiro de cañón y, preguntándole la razón, me contestó que servía para avisar a las naves amigas que podían entrar en el puerto y hacer entender a las enemigas que los españoles estaban listos para defenderlo con las armas preparadas.
Para obtener más información, el castellano mandó al sargento mayor Aramburu a reconocer aquellos navíos con la barca de nuestro galeón; ya que las dos fragatas del Perú ancladas en el puerto no estaban preparadas.
En este punto es mejor dejar de escribir.
Retomaré la pluma para contar el resto de mi viaje en el último volumen.
Fin de la Quinta Parte |
, Índice de palabras anotadas (pp. 171-175), Tribus o parcialidades indígenas anotadas (pp.177-178), Apéndice titulado Tribus amazónicas o del Marañón.
Dentro de su excelente colección de transcripciones de textos, acompañados de estudios, ediciones y notas, que impulsan las Instituciones también incluidas en este libro -el CEI de la Universidad de Navarra y las Editoriales Iberoamericana y Vervuert-se afronta aquí el relato de un recorrido fluvial por el río Amazonas, también conocido entonces como Marañón por la parte homónima brasileña, que fue escrito por el jesuita burgalés Cristóbal de Acuña, participante en dicho viaje junto a su hermano de orden, el padre Andrés de Artieda, en 1639.
Para entender mejor esas conexiones hispano-portuguesas hay que tener en cuenta que este Nuevo Descubrimiento del gran río de las Amazonas por el padre Cristóbal de Acuña, religioso de la Compañía de Jesús y Calificador al cual fue y se hizo por orden de Su majestad, el año de 1639, por la provincia de Quito los reinos del Perú recoge en su información y se va redactando en los últimos años de la Unión de las dos Coronas de España y Portugal (1580-1640), conocida en la historiografía portuguesa como Tempos dos Felipes, ya que los tres reyes hispanos de ese nombre fueron simultáneamente monarcas lusos como Felipe I, II y III, lo cual ha causado a veces confusiones en las publicaciones sobre ese periodo histórico.
De hecho, el manuscrito estaba dedicado al conde duque de Olivares, famoso valido de Felipe IV de España (Felipe III para Portugal) pero la licencia dada en Madrid, según se observa en la edición hecha por la Imprenta del Reino, que se incluye en esta obra, data de 1641, después de acabada la Unión peninsular a mediados de diciembre de 1640, y siendo ya Juan IV, antes duque de Bragança, el primer rey portugués de la denominada Casa de Bragança entre 1640 y 1656.
Quizás por eso, la transcripción del Nuevo Descubrimiento se cierra con un «Memorial presentado al Real Consejo de las Indias sobre el dicho descubrimiento después del (sic) rebelión de Portugal», muy interesante por su visión de futuro, al recomendar una mayor vigilancia de las diversas entradas al Amazonas y sus afluentes, para evitar el contrabando y la salida ilegal de metales preciosos, al tiempo que se evitarían conflictos fronterizos en ese área, aunque es conocido que a mediados del siglo XVIII, tanto esta cuenca como la rioplatense serían motivo de enfrentamientos que llevarían a la firma del Tratado de Límites de 1750 entre España y Portugal y sus territorios en América del Sur.
Centrándonos en el estudio, se comprueban desde sus primeras páginas los conocimientos históricos, filológico-literarios y culturales de los tres editores, vinculados a la enseñanza superior en las Universidades de Navarra y Complutense de Madrid.
Se abre con un Prefacio, escrito por Arellano, Díez Borque y Santonja, centrado en las crónicas iniciales sobre el mundo americano, desde las Cartas y el Diario de a bordo de Colón, a los escritos de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, para explicar la navegación que empezó cerca de la desembocadura amazónica, comandada por el capitán mayor de Pará, Tejeira (o Teixeira) en 1637, llegando hasta Quito y recogiendo a su paso descripciones del gran río, con observaciones sobre las lenguas, costumbres, climas, flora, fauna y alimentación, etc., como narra Acuña en sus números IX a XIV.
A continuación un Estudio Preliminar que, de forma sucinta, desarrolla cuatro apartados, partiendo de la visión de las Indias como ese mundo en el que lo exótico, lo maravilloso, lo fantástico y lo nuevo tienen gran atractivo, como ya lo resalta el padre Acuña cuando en la hoja titulada Al Lector, al principio de su relato (p.
54), resalta al Amazonas como «un río de agua dulce navegado por más de mil y trescientas leguas, todo, desde su nacimiento hasta su fin, lleno de novedades.»
El apartado II del Estudio Preliminar está dedicado a la biografía y la obra de Cristóbal de Acuña (1597-1675), burgalés que ingresó en la orden de San Ignacio a los quince años, pasando como misionero al Perú y des-pués al reino quiteño, donde cofundó, con otros dos jesuitas, el colegio de Cuenca, del que luego sería rector.
Estando en Quito, se organizó el viaje de vuelta de la expedición de Tejeira, todavía máxima autoridad de Gran Pará, con una flota lusa que navegaría en sentido opuesto, del nacimiento a la desembocadura.
En parte debido a que un hermano del religioso Acuña era corregidor de la capital del actual Ecuador, los dos ignacianos fueron incluidos en este periplo, que partió el 16 de febrero de 1639 y llegó a Pará el 12 de diciembre de ese año, donde Acuña y Artieda esperaron cuatro meses para embarcarse con destino a España..
El apartado III se centra en el texto, cuidadoso y lleno de detalles, que en una parte inicial refleja su conocimiento de los viajeros anteriores por la Amazonía (Orellana, Ursúa, Lope de Aguirre, junto a varios portugueses ya del XVII), dedicando los editores un apartado final a los puntos más valiosos del Nuevo Descubrimiento, entre ellos la riqueza, la evangelización y conversión de los indígenas, junto a las costumbres, formas de vida, alimentación, etc. usando frecuentemente las comparaciones y parecidos con lo ya conocido.
La mayor extensión del escrito se refiere al trayecto fluvial en sí, narrando los afluentes, entradas distintas, poblaciones y otros con detalles, entre los números XVIII y LXXXIII.
Mención especial, vinculada con la denominación del río, merecen las Amazonas, a las que Acuña dedica el número LXXI, describiendo sus formas de dura, alejadas de los hombres excepto en uniones temporales para procrear.
También manifestó su opinión contraria a la esclavitud indígena, practicada por los colonos portugueses en el Norte de Brasil, a la que se enfrentaron los jesuitas de esa zona, con figuras tan destacadas como el padre Antonio Vieira, que se presentó varias veces ante los reyes de Portugal para apoyar esa actitud.
Una vez publicada esta obra en 1641, Acuña sería más tarde procurador de su provincia en Roma y calificador de la Inquisición en España, pero volvería de nuevo a América y, a través de Panamá, llegó hasta Perú donde fallecería casi octogenario.
Con este libro se recoge no sólo un diario de viaje sino muy diversas noticias, impresiones, críticas, conocimientos de la fauna, la flora (plantas medicinales), los habitantes autóctonos, que dan nueva importancia a las tierras amazónicas, territorio difícil duro todavía hoy.-MARÍA JUSTINA SARABIA VIEJO, Universidad de Sevilla y Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla.
ISSN: 0210-5810 Böttcher, Nikolaus; Hausberger, Bernd e Ibarra, Antonio (coords.): Redes y negocios globales en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert / El Colegio de México, 2011, 309 pp.
El estudio de redes sociales de la época moderna ha recibido gran atención en los últimos quince o veinte años.
En el ámbito de las redes mercantiles que articularon el comercio colonial español, han sido precisamente los coordinadores de este volumen y algunos de los autores incluidos en él quienes han desempeñado un papel de primer orden.
Con la publicación de Comercio y poder en América colonial: Los consulados de comerciantes, siglos XVII-XIX en 2003, Antonio Ibarra y Bernd Hausberger dieron inicio a una fructífera colaboración coordinadora (a la que posteriormente se han sumado Guillermina del Valle Pavón y Nikolaus Böttcher) de numerosos trabajos individuales (¡52 ensayos de 32 autores!) en torno a una temática común de redes, comercio e instituciones (léase Consulados).
Este de 2011 viene a ser nada menos que el quinto volumen, donde por primera vez también se abordan cuestiones relativas al comercio colonial portugués.
El libro recoge versiones más elaboradas de siete comunicaciones presentadas en una sesión que, bajo el título «Imperial Networks and Global Business in the Iberian World, 15th to 18th Centuries: Merchants, Bankers, and Corporations», fue organizada en el seno del XIV International Economic History Congress celebrado en Helsinki (Finlandia) en agosto de 2006 (en efecto, hace más de cinco años).
A las siete comunicaciones se les han añadido los trabajos de Nikolaus Böttcher, Guillermina del Valle Pavón y Eric Young.
Así, además del capítulo introductorio escrito por los coordinadores, el libro está compuesto de nueve contribuciones y un sugerente comentario final de Young sobre redes sociales.
Los diez autores provienen de diez centros repartidos por siete países americanos y europeos.
La mitad de los textos está en inglés (aunque al menos dos de ellos han sido traducidos del castellano) y la otra mitad en castellano.
Pese a la desigual calidad, las contribuciones de este volumen son de innegable interés.
El hilo analítico conductor lo constituyen las redes mercantiles que articularon el comercio del Atlántico ibérico y del Pacífico español (comercio intercolonial) desde comienzos del siglo XVI hasta principios del XIX.
«El concepto de red», nos recuerdan los coordinadores, «sirve para describir la asociación de un grupo de personas basada en relaciones de confianza y en un intercambio continuo de servicios o favores RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS dentro de un sistema de reciprocidad.»(14) La red se extiende tanto horizontal como verticalmente, no siempre responde a una reciprocidad simétrica, entreteje relaciones tanto formales como informales, y tiene una dimensión diacrónica, es decir, prolongada en el tiempo y por lo tanto susceptible de cambios y transformaciones.
Que no se trate de una estructura fija sino flexible es una característica crucial que obliga al historiador (a diferencia del sociólogo) a abordar la idea de red más como reflejo de práctica que como sinónimo de estructura.
En todo caso la red es una herramienta analítica que sirve para aprehender y analizar una realidad social y económica de relaciones e intercambios en constante negociación.
El primer ensayo, el de Montserrat Cachero, explora las relaciones de confianza que sustentaba la red transatlántica de una compañía de socios burgaleses que, a través de Sevilla, comerciaron con las colonias americanas en el periodo 1520-1505.
Haciendo gala de un robusto aparato teórico y empleando correspondencia mercantil de la compañía, Cachero parte de la hipótesis de que los mercaderes, ya desde el siglo XVI, tenían un comportamiento similar al de empresarios capitalistas: «No podemos estudiar a los individuos como miembros de un grupo, con una escala de valores y unas pautas de conducta idénticas, sino como agentes económicos independientes cuyo objetivo es la maximización del beneficio» (27).
Esta es una afirmación ante la que más de un historiador, y muchos antropólogos, pondrán el grito en el cielo.
¿Que el mercader del siglo XVI tuviera como objetivo «maximizar beneficios» significa que pensara como un empresario del siglo XX?
¿No operaba el mercader del XVI bajo normas sociales y valores culturales muy diferentes a los actuales? (tomando como «cultura» algo que nada tiene que ver con la racionalidad, tal como subrayan antropólogos como Clifford Geertz o politólogos como Francis Fukuyama).
Aquí me parece apropiado recordar las famosas palabras de la escritora británica Leslie Hartley: «The past is a foreign country; they do things differently there.»
A partir de la década de 1560 y hasta 1739, los principales intercambios entre España y los virreinatos americanos se efectuaron a través de un doble sistema de flotas y ferias.
La feria de Portobelo (en la orilla atlántica del istmo de Panamá) fue el lugar donde los comerciantes peninsulares se encontraban con los comerciantes peruanos para intercambiar mercancías europeas por metales preciosos americanos.
Es el marco institucional de estos intercambios lo que analiza el ensayo de Carlos Álvarez-Nogal.
Su hipótesis y enfoque abren una (a mi entender) muy provechosa línea de investigación.
Si los sevillanos podían controlar la oferta y los americanos la HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
ISSN: 0210-5810 demanda, «¿existió, por tanto, una cooperación permanente entre ambos grupos de mercaderes?», y si no la hubo, «¿fueron [las ferias] verdaderos mercados tal y como los describe la historiografía?» (57).
La respuesta final a estas preguntas (calibrar el grado entre ambos extremos) pasa sin duda por conocer más a fondo el marco institucional de los intercambios y (cuando las hubo) las redes comerciales transatlánticas.
Incidiendo en estas cuestiones, Álvarez-Nogal muestra las complejidades que subyacen bajo un marco de intercambio en apariencia tan sencillo como la feria de Portobelo.
Las contribuciones de Wolfgang Lenk (sobre el comercio del azúcar brasileño en el segundo cuarto del siglo XVII) y Nikolaus Böttcher (centrada en las presencias británica y norteamericana en el comercio interior de Cuba durante la segunda mitad del XVIII) no abordan directamente asuntos relacionados con redes comerciales.
Son, sin embargo, trabajos muy válidos y muy bien escritos de historia económica, con extensa información cuantitativa.
El trabajo de Ana Crespo (sobre redes de comerciantes holandeses que operaron a través de Cádiz de 1648 a 1778) y el de Leonor Freire y María Manuela Rocha (sobre las redes que canalizaban las importaciones portuguesas de oro brasileño) abordan un tema esencial para la compresión del comercio colonial de los Imperios ibéricos: la presencia de comerciantes extranjeros.
A diferencia de Böttcher, que también se ocupa del comercio de extranjeros pero no del tema de redes, estas autoras se centran en cuestiones relacionales.
Crespo muestra la importante participación de holandeses en la ruta comercial Amsterdam-Cádiz-América española, fuera en sus propias embarcaciones o a través de prestanombres españoles.
La pregunta que surge es si esta participación estuvo de alguna manera limitada por la necesidad de recurrir a comerciantes españoles.
La respuesta a esa pregunta quizás podamos deducirla del trabajo de Freire y Rocha, pues defienden que el marco institucional del comercio internacional del siglo XVIII constriñó la creación de redes globales o multinacionales.
En el caso del comercio colonial portugués, daba igual que los ingleses gozaran de privilegios en Portugal y que se les permitiera recibir oro procedente de Brasil; que no se les diera permiso para situar a compatriotas suyos en suelo brasileño posibilitó que la inmensa mayoría del oro viniera consignado a comerciantes portugueses.
Este es un poderoso ejemplo de la naturaleza nacional, étnica y religiosa de las redes comerciales de época moderna (y de la mayor confianza que éstas ayudaban a crear entre los miembros del grupo).
Así, buena parte del monopolio del comercio colonial portugués se preservó de manera harto paradójica (¿aplicable en algún momento al caso español?): «on the fringes of the colonial empires, the State found in multicultural networks the best allies in the defense of the colonial pact» (165).
El texto de Hausberger, que prescinde de «matematizar el tema o de presentarlo en cuadros y gráficas sofisticadas», revela «lo que la red aportaba a un comerciante de la Carrera de Indias, pero también dónde estaban los limites de tal utilidad» (171).
Para ello analiza la correspondencia (una de las pocas que se han conservado) del comerciante y naviero alavés establecido en Cádiz Tomás Ruiz de Apodaca.
En concreto se trata de parte de los papeles de Apodaca: 218 cartas correspondientes al viaje efectuado por éste a Veracruz en 1759.
Prestando gran atención al detalle, Hausberger destaca la importancia de los valores culturales de la época en la formación de redes sociales informales.
Los dos ensayos restantes se centran en comerciantes / negociantes de Nueva España.
Guillermina del Valle Pavón, haciendo gala de su profundo conocimiento del comercio y comerciantes novohispanos, muestra la participación mexicana en el comercio de cacao de Guayaquil (y su estrecho vínculo con el sector azucarero) a partir de la apertura de los puertos del Pacífico español (comercio intercolonial) en 1774.
Clara Elena Suárez, por su parte, analiza la quiebra en 1802 de la «casa de conductas» (dedicada al transporte de plata de la Ciudad de México a los puertos de Acapulco y Veracruz) del baztanés afincado en Nueva España Pedro de Vértiz.
Esta quiebra no sólo paralizó la economía novohispana, sino que el concurso de acreedores al que dio pie dejó al descubierto la extensa red de relaciones del quebrado.
Pero el texto deja demasiadas preguntas sin respuesta en relación a la importancia de la casa de conductas.
La tardanza en la publicación de esta colección de ensayos (por motivos de seguro ajenos a los coordinadores) origina algunos pequeños problemas que no pueden pasarse por alto.
Por un lado está la actualización de la bibliografía, que no va más allá de 2008.
Dos años de historiografía sería una ausencia asumible si no fuera por lo mucho y bueno que se ha publicado recientemente sobre redes sociales y mercantiles de época moderna.
Por otro lado, más relevante en mi opinión, está que algunos autores han tenido ocasión de depurar sus trabajos en investigaciones posteriores, y otros han publicado artículos con argumentos muy parecidos, si no idénticos, a los aquí expuestos.
Montserrat Cachero, por ejemplo, completó su tesis doctoral en 2010 bajo el título Should we trust?
Su contribución al presente libro, aunque de planteamiento muy interesante, es un texto fruto de investigaciones muy tempranas y por tanto no equiparable a la calidad de su trabajo posterior; de ahí que probablemente no le haga justicia.
Ana Crespo publicó en 2009 (en un libro títulado Mercaderes atlánticos: Redes del comercio flamenco y holandés entre Europa y el Caribe, editado por la Universidad de Córdoba) la versión original en castellano de su contribución a este libro.
Igualmente, la contribución de Clara Elena Suárez fue publicada en castellano en la revista Historia Mexicana en 2007.
Hausberger publicó un par de artículos sobre Tomás Ruiz de Apodaca en 2004 y 2007; la contribución del presente libro no añade demasiado a esos dos trabajos.
Otro aspecto criticable es la calidad de las traducciones al inglés de dos de las contribuciones, las de Ana Crespo y Clara Elena Suárez, que para nada hacen justicia a sus publicaciones en castellano.
Esto debería hacernos recapacitar sobre el propósito y utilidad de publicar en inglés.
¿A qué lector van dirigidos estos textos?
Si es a quien no entiende el castellano, entonces se ha de tener mucho cuidado de traducir cada término de manera precisa.
Por ejemplo, traducir escritura de riesgo marítimo (instrumento de crédito consustancial a la Carrera de Indias) como «marine risk policy» (Crespo, 135, entre otras), en lugar de bottomry (en caso de darse el préstamo sobre el barco), respondentia bonds (cuando el préstamo es sobre las mercancías) o sea loan (de manera genérica), puede originar problemas al lector de habla inglesa.
Dejando de lado estos pequeños problemas, que desmerecen muy poco los argumentos e ideas de los autores, este Redes y negocios globales en el mundo ibérico es una aportación muy sugerente al estudio de redes mercantiles de la Edad Moderna.-XABIER LAMIKIZ, Universidad Autónoma de Madrid.
Calderón, María Teresa y Thibaud, Clément: La majestad de los pueblos en la Nueva Granada y Venezuela.
A propósito de las celebraciones de los Bicentenarios de las Independencias de los pueblos Hispano-Americanos, los destacados historiadores María Teresa Calderón y Clément Thibaud han publicado un nue-RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
ISSN: 0210-5810 vo y sobresaliente ensayo titulado La majestad de los pueblos en la Nueva Granada y Venezuela.
En él los autores parten de la tesis de que las revoluciones americanas no solamente significaron la trasferencia de la soberanía del rey al pueblo en una cierta continuidad con las estructuras del Estado, como lo propuso Tocqueville para la Revolución Francesa, sino más bien que se inventó una manera de construir el sujeto de la soberanía con una forma nueva de representarlo, todo ello a partir de una tradición impresa por la legitimidad religiosa del catolicismo y la noción de incorporación.
Además de lo dicho, el texto persigue y logra el objetivo de dejar claro que es un error pensar que las revoluciones americanas se pueden sintetizar al liberalismo, visión que la historiografía tradicional ha fomentado durante casi todo el siglo pasado y parte del anterior.
Es de destacar que el planteamiento que ofrecen los historiadores Calderón y Thibaud no es el que suele encontrarse en un tradicional libro de historia, relativo a las independencias hispano-americanas, ni una historia de las ideas políticas, sino más bien una historia conceptual con una marcada carga de teoría y filosofía política, que tiene el objetivo de explicar cómo del desmembramiento del imperio español surgieron una serie de nuevos países en Ultramar, que dejaron de lado la arraigada forma de gobierno monárquica para emprender un nuevo e incierto camino lleno de dificultades, contradicciones y esperanzas, bajo el sistema republicano.
Este análisis nos hace ver como durante el recorrido del complejo camino los actores históricos progresivamente se vieron forzados a enfrentarse con los comprometedores conceptos de soberanía y majestad, a los cuales los autores del libro inicialmente se refieren (42) de la siguiente forma y que varían según las circunstancias y transcurso del tiempo: «Si la soberanía 'moderna' se basa en la noción de igualdad, si se trata de un poder que homogeneiza -sujetos y lugares-, la majestad es, en cambio, un principio jerárquico de distribución diferenciada de prerrogativas y honores, un dispositivo agregativo y segregativo de cuerpos y territorios articulados según una referencia al más allá divino.
Mientras la soberanía es inconmensurable y superlativa, la majestad es relativa y comparativa, como lo sugiere su raíz etimológica».
Tanto en Nueva Granada como en Venezuela el concepto nómada de soberanía y variable de majestad estuvieron presentes en muchos discursos, que son analizados en el libro con una óptica novedosa, en la que sus creadores tomaron en cuenta su sentido explicito e implícito, para de esta manera lograr reconstruir una especie de origen y desarrollo evolutivo de HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
No obstante, los dos ensayistas van más allá, y también se sumergen en estudiar otros conceptos como son: pueblo, independencia, federalismo, centralismo, regalismo, jansenismo, ciudadanía, libertad y liberalismo, entre otros, todos ellos bien enmarcados en su contexto histórico.
Calderón y Thibaud, además de ofrecer un estudio cargado de originalidad, también rescatan algunas visiones de la historiografía tradicional, como pueden ser las reiterativas discusiones sobre las reformas borbónicas y su relación con las independencias americanas, el vínculo entre la Ilustración y la Independencia, las consecuencias de la invasión napoleónica a la Península Ibérica, los problemas internos de la familia real española, la discusión entre centralismo y federalismo e incluso las posiciones confrontadas de dos próceres: el venezolano Simón Bolívar y el neogranadino Francisco de Paula Santander, empero con la clara novedad de analizarlos bajo la mirada fresca del hilo conductor de sus planteamientos: la soberanía y la majestad.
Sin duda, los doctos autores del libro logran explicar con sólidos e irrefutables argumentos las inéditas formas políticas que fueron surgiendo, y que sus protagonistas tuvieron que ir adaptando y reformulando durante el proceso revolucionario que se comenzó a vivir tanto en Nueva Granada como en Venezuela a partir de 1810, y que concluyó en 1832 con la consolidación de las dos repúblicas que anteriormente habían sido parte íntegra y fiel del Imperio Español.
El libro está redactado con un lenguaje erudito y denso, que busca el concepto y el argumento, evadiendo el relato y la descripción.
La organización y exposición del pensamiento contenido en él cuentan con una inteligente y sincrónica estructuración.
Su esquema está formado con un adecuado prólogo del doctor en Geografía e Historia don José María Portillo Valdés, una sustanciosa introducción, ocho equilibrados capítulos, unas sólidas conclusiones, una útil cronología que se centra en aspectos políticos y militares de España, Colombia y Venezuela y que comprenden los años que van desde 1808 hasta 1831, y una abundante e ilustrativa bibliografía, además de algunos mapas que complementan las brillantes afirmaciones.
También es de destacar que la obra lleva impreso el rigor y la madurez académica de los dos historiadores.
El fino trabajo de investigación que desarrollaron se ve reflejado en las diversas y selectas fuentes documentales manuscritas que obtuvieron, tanto del Archivo General de la Nación de Bogotá, como del Archivo Histórico Nacional de Madrid, además de la consulta de numerosos documentos que se hallan publicados, habiendo sido todas analizadas cuidadosamente bajo una nueva mirada.
Con respecto a la bibliografía que utilizaron los historiógrafos, se puede aseverar que seleccionaron una abundante e interesante diversidad de títulos y autores destacados, algunos con visiones clásicas y muchos otros con planteamientos innovadores, tanto de origen americano como europeos, que enriquece sustancialmente la visión expuesta.
Entre una de las muchas reflexiones que sin lugar a dudas pueden surgir de la lectura del ensayo, viene a propósito señalar que en la historiografía del siglo XX y la que se ha producido en lo que va del XXI, existen muchos y diferentes trabajos valiosos sobre el objeto de estudio, que han dejado una marca indeleble en el mundo académico.
Sin embargo, nos encontramos en un momento adecuado para avanzar un paso más en los caminos de la historia, superando de una vez por todas la tradicional visión de «Historia Patria» que ya cumplió su cometido político en Hispano-América, tanto para que los grupos dominantes justificaran ante sus sociedades y el resto del mundo la separación violenta con respecto al poder de la cabeza del imperio, como para reafirmar la fundación de los nuevos estados que debían dirigir soberanamente sus destinos sin ser tributarios ni dependientes de ningún otro.
Además, no debemos olvidar que dicha historiografía también fue usada para la imprescindible creación de una conciencia o identidad nacional que plantó y solidificó las bases para la cohesión política-territorial, militar, social y económica de las nuevas naciones.
Se concluye esta reseña subrayando que nos encontramos frente a una obra de gran alcance, con unos aportes excepcionales que enriquecen con nuevos conocimientos la historiografía referente al proceso de emancipación americana de finales del siglo XVIII y principios del XIX, tan de moda en estos momentos.
Esperamos que este libro que contiene una nueva forma de ver un viejo problema, que ya ha cumplido doscientos años, sea tomado muy en cuenta para la realización de futuras investigaciones referentes al tema, donde se dejen de lado los agotados esquemas teóricos, visiones de opresores y oprimidos, buenos y malos o vencedores y vencidos.
Sin duda, los numerosos planteamientos plasmados en La majestad de los pueblos en la Nueva Granada y Venezuela.
1780-1832 serán valiosos para los estudiantes universitarios, jóvenes investigadores y por supuesto para los estudiosos más experimentados que se interesen en esta línea de investigación que ha comenzado a renovarse, y que es fundamental para HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
ISSN: 0210-5810 comprender la realidad actual de los espacios americanos que se extienden hoy desde el Sur de los Estados Unidos de América hasta la Patagonia Argentina.-ÁNGEL FRANCISCO MANZANILLA CELIS, Universidad de Sevilla.
Caño Ortigosa, José Luis: Guanajuato en vísperas de la independencia: La elite local en el siglo XVIII, Sevilla, Universidad de Sevilla / Universidad de Guanajuato, 2011, 230 pp.
Esta obra reúne varios trabajos de José Luis Caño Ortigosa expuestos en congresos, además de artículos publicados en revistas especializadas.
Uno de los grandes méritos del autor es tratar temas poco estudiados o ignorados por la historiografía del Guanajuato colonial del último tercio del siglo XVII a principios del XIX.
A través de la real Caja de Guanajuato, creada en 1665, Caño Ortigosa revela la persistencia de ciertos problemas estructurales del sistema colonial hasta las primeras décadas del siglo XVIII.
Observar el funcionamiento de esta institución le permitió mostrar que el monopolio de azogue en manos de la corona española, los mecanismos de distribución de este insumo a los mineros de la Nueva España y la insatisfacción de las necesidades de éstos crearon fracturas importantes en el sistema.
Evidenciadas principalmente por la incapacidad del Estado para distribuir y abastecer azogue suficiente a las minas de Guanajuato, las más productivas del reino, así como por los frecuentes conflictos entre las mismas autoridades virreinales y, entre éstas y los mineros.
De ahí que aún cuando los oficiales reales lograron aumentar la recaudación de ingresos generados por la producción de metales preciosos durante la primera década de funcionamiento de la institución, el gobierno español tuvo que hacer cambios en la real Hacienda; así, privó de facultades a los alcaldes mayores y al virrey y se creó la nueva superintendencia general de azogues, entre otras cosas.
Esta evolución institucional fue concomitante con el nombramiento, sucesión y flujo de oficiales reales de otros lugares de la Nueva España asignados a la Caja real de Guanajuato.
Esto mostró el alcance de la movilidad geográfica de funcionarios procedentes de diversas regiones del centro, norte y noroeste novohispano, además de los recién llegados de la metrópoli española.
Todo ello redimensiona los procesos locales, regionales e internacionales, íntimamente vinculados.
En ese mismo orden de ideas, el autor analiza la composición del cabildo de Guanajuato en tanto que reflejo de una red socio-económica formada fundamentalmente por la elite minera, considerando como referente la obtención del título de villa en 1679 y el de ciudad en 1741.
Destaca tres aspectos: los cambios en la estructura orgánica de la institución, la evolución del perfil de sus miembros y la distinción de dos procesos opuestos que llevaron al poder político a los empresarios mineros y comerciantes más importantes de la localidad.
Para un mejor análisis distingue dos etapas, una, entre 1697 y 1732, dominada por los mineros que ocuparon la mayoría de los puestos más relevantes del cabildo; otra, de 1733 a 1741, en la que los comerciantes dominaron gracias a la fuerte inversión de capitales y abastecimiento de insumos que procuraron a la minería.
Los ejemplos dados por José Luis Caño muestran que la trayectoria individual de los miembros del gobierno local podía comenzar adquiriendo gradualmente la riqueza y el prestigio que luego les dio acceso al poder político.
O, el desempeño inicial de un cargo público favorecía que obtuvieran información privilegiada y eso facilitó su posterior inserción en uno o más sectores de la economía local o regional.
Así, el estudio particular de Sebastián Romero Camacho y su familia muestra sus mecanismos para integrarse a la elite guanajuatense: su matrimonio con la hija de un empresario minero acaudalado, la cesión que este le hizo del título de ensayador y balanzario de la Caja real de Guanajuato, el ejercicio durante largos periodos de este y otros puestos públicos que traspasó sólo a sucesores directos, así como la preferencia de estos a vincularse, como hizo su padre, con otros miembros de la elite local y casarse con peninsulares hidalgos o criollos ricos.
Mantener la propiedad del título de ensayador incidió en la prosperidad de los descendientes de Romero Camacho hasta fines del siglo XVIII, permitiéndoles acrecentar su riqueza y su prestigio, además de formar parte de la elite política de Guanajuato durante varias generaciones, gracias a su preocupación por introducir a sus sucesores en el mismo círculo social, así como por diversificar y expandir sus inversiones en la minería y el comercio en Guanajuato y otros lugares de la Nueva España.
El tema de las mujeres propietarias de minas y haciendas de beneficio miembros de ese poderoso grupo guanajuatense con sólidas redes de poder creadas a través de la dote y el matrimonio, está prácticamente inexplorado.
Dar cuenta de la heterogeneidad de sus transacciones permitió al autor mostrar cómo esas mujeres incursionaron en la minería, sobresaliendo como administradoras de grandes fortunas.
ISSN: 0210-5810 teger su patrimonio destacan los convenios matrimoniales que les permitieron conservar y transmitir los bienes a sus herederos.
El caso de las féminas herederas de los bienes de sus esposos llama particularmente la atención dada su riqueza y el alcance de su poder, favorecido por su habilidad para negociar, probada por múltiples transacciones.
Después de mostrar cuáles fueron las tendencias globales de éstas, el autor aborda la trayectoria de algunas empresarias mineras como Francisca de la Barrera, que permite comprender de manera integral la actividad de esas mujeres durante varios años, siendo copropietarias de minas y haciendas y con libertad económica y legal, en un contexto en el que su capacidad e inteligencia siempre fueron puestas en duda, da una nueva visión de ellas.
Incluye también a otras empresarias de la elite de esta ciudad como Francisca Moya y Monroy, Isabel Joaquina Sopeña Laherran o la condesa de Valenciana, cuyos logros apenas esbozados aquí son un verdadero estímulo para realizar estudios sobre las empresarias mineras que lograron aumentar sus fortunas e influencias dentro del ámbito económico y político en que se desarrollaron, así como sobre lo que podríamos denominar las pequeñas y medianas empresarias de la época, también ausentes en la historiografía.
En el último capítulo de su obra, el autor analiza las estrategias de integración a la elite de la villa estudiada de Agustín de la Torre y algunos miembros de la familia Septién y Montero, cuyas trayectorias implicaron procesos de larga duración que, en el segundo caso, comprendieron dos generaciones sucesivas con una actividad que se extendió en diversos espacios superpuestos: el local, el regional y también el internacional.
El caso de De la Torre, agente de negocios de la ciudad de México, representante de hombres de negocios y del cabildo guanajuatense, vinculado con empresarios mineros y comerciantes que poseían riqueza, prestigio y habían accedido al poder político, da cuenta del traspaso de parte de sus cuentas a la capital mexicana y la contratación de apoderados que gestionaran los asuntos que conservó en ella, como parte de sus estrategias para insertarse en la vida económica y sociopolítica de Guanajuato.
Allí diversificó sus inversiones en la minería, el comercio y otros sectores de la economía local; invirtió capitales en préstamos y se integró en pocos años en instituciones políticas como las diputaciones de minería y de comercio, además del cabildo, en el que ocuparía los cargos de procurador general, alcalde ordinario y teniente de fiel ejecutor.
Todo ello muestra cómo la riqueza y prestigio inicial de De la Torre le permitieron desarrollarse ampliamente en la economía y política local, constituyendo su integración un fenómeno dinámico y complejo dado el ejercicio paralelo de actividades que implicaron, cada una, el desarrollo de capacidades específicas.
Asimismo, también aborda la relación con otros miembros de la elite guanajuatense, mecanismo esencial para consolidar sus redes de poder.
En general, el proceso de integración de la familia Septién Montero en ese poderoso grupo fue similar pero la trayectoria de algunos de sus miembros durante el siglo XVIII, muestra, por un lado, las tendencias especificas de sus negocios en el campo de su preferencia, el comercio y el financiamiento o el comercio y la agro-ganadería, si se trata de Fernando o Agustín Septién Montero; y, por el otro, la continuidad y discontinuidad de sus estrategias en el curso de alrededor de cien años, las cuales permiten observar su integración bajo la misma línea teórica de riqueza-prestigio-poder político, aún cuando responden a otras cuestiones en la medida en que su actividad la practicaron en espacios y circunstancias distintas.
El primero, estableció algunas compañías comerciales en la villa de Guanajuato, unas cerca de las minas y otras en dicha villa, donde financió a empresarios mineros y comerciantes.
El segundo, aunque dedicado al comercio, adquirió varias haciendas agrícolas que lo convirtieron en terrateniente.
Esto incidió en el tipo de cargos que ocuparon en el gobierno local y los mecanismos que utilizaron para favorecer su posición y la de sus familias, al menos hasta 1810, en vísperas de la independencia.
Para terminar, quisiera hacer especial mención a la exhaustiva consulta de fuentes primarias en archivos de España, México y Estados Unidos, sustento de la propuesta teórica y metodológica del autor, porque esto permitió redimensionar procesos vistos hasta ahora como meramente locales y dará pie a que en investigaciones futuras se compare y analice el mismo tipo de procesos en la América española.-MARGARITA VILLALBA BUSTAMANTE, Universidad de Guanajuato.
Donoso, Miguel; Insúa, Mariela y Mata Induráin, Carlos (eds.): El cautiverio en la literatura del Nuevo Mundo, Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuert, 2011, 287 pp.
Durante la exploración de los territorios americanos, los conquistadores contactaron grupos indígenas con diferentes grados de civilización, algunos más violentos que otros.
La captura, padecimientos, escapes y redención de los cautivos españoles configuran materiales de un subgénero dentro de las crónicas de Indias.
El relato de cautiverio en América muestra interesantes puntos de convergencia y discrepancias frente a experiencia del cautivo en el Mediterráneo, tal como lo refleja la literatura española de la época.
Este nuevo volumen de la colección Biblioteca Indiana contiene los trabajos presentados en el congreso dedicado al cautiverio en el Nuevo Mundo, llevado a cabo en Santiago de Chile en junio de 2009.
Estos ensayos, con aproximaciones y temáticas muy diversas, ofrecen, tanto al curioso como al especialista, una sugerente invitación a la materia de estudio a partir del análisis de textos específicos, personajes y panoramas críticos, recogiendo, por lo general, los más recientes estados de la cuestión.
No es casualidad que el texto más estudiado en el volumen sea el Cautiverio feliz (1673) del criollo chileno Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán.
Esta obra, testimonio nostálgico de un cautiverio de alrededor de siete meses (ocurrido casi medio siglo antes, en 1629), constituye una singularidad en las letras coloniales, la cual lo hace destacar dentro del corpus de textos sobre cautivos en tierras americanas.
En primer lugar, Eduardo Barraza («El Cautiverio feliz de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán: de feliz cautiverio y felices captores») estudia la multiplicidad de discursos que presenta el texto del cautivo para transformar su aventura en un «cautiverio afortunado» o historia ejemplar y, por lo tanto, digna de admiración frente a sus lectores.
Para ello se detiene en aspectos de composición del relato, así como en el cariz de las digresiones que ofrece el libro, el cual se impregna de una atmósfera de paz y camaradería.
En similar senda interpretativa, Cedomil Goic, en «Cautiverio feliz: cautivos cautivados por su señor», analiza el material poético intercalado en la obra de Pineda y Bascuñán, encontrando en este evidencias de una formación humanística relevante, además de una rica visión religiosa, que se integran armoniosamente en una narración marcada por la miscelánea y el hibridismo cultural que ya empieza a despuntar en las letras coloniales.
Por su parte, Carlos González Vargas y Hugo Rosati («Un cautivo en el Arauco del siglo XVII») ofrecen un trabajo que traza minuciosamente la cronología del cautiverio de Pineda y Bascuñán, que puede reconstruirse a partir de los datos recogidos en su obra, con especial énfasis en la relación que establece el protagonista con el cacique Maulicán, su protector.
Finalmente, destaca el trabajo de Stefanie Massmann («Encuentros y des-encuentros en la frontera»), quien se ocupa de analizar la aparición de mujeres mapuches en el Cautiverio feliz.
La autora revela, con sagacidad, cómo el discurso misógino común al cautivo y el cacique atenúa las diferencias culturales, a la vez que expone la imposibilidad del mestizaje en la mentalidad criolla.
Precisamente, la presencia femenina en el subgénero del cautiverio configura otro de los ejes temáticos del volumen, en particular a través de la figura de Lucía Miranda.
Esta mujer, entre la historia y la leyenda, forma parte esencial de un relato de amor, cautiverio y muerte cuyo primer testimonio se encuentra en el poema épico Argentina (circa 1612) de Ruy Díaz de Guzmán y se prolonga hasta las letras rioplatenses contemporáneas.
Para empezar, Mariela Insúa analiza las recreaciones de la historia de Lucía Miranda, su esposo Sebastián Hurtado y los indígenas Mangoré y Siripo (hermanos que se enamoran sucesivamente de ella) en cuatro novelas argentinas: las dos tituladas Lucía Miranda, publicadas ambas en 1860, de Rosa Guerra y Eduarda Mansilla; la Lucía Miranda o la conquista trágica (1918) de Alejandro Cánepa; y la Lucía Miranda (1929) de Hugo Wast.
El análisis comparativo resalta las modificaciones aplicadas al conflicto amoroso (cuyos detalles varían según cada texto) y las consecuentes resignificaciones que entraña cada recreación, supeditada a contextos literarios y culturales distintos, de mediados del XIX hasta inicios del XX en Argentina.
En segundo lugar, Vania Barraza Toledo («Lucía Miranda, de Eduarda Mansilla: la española (que) cautiva en América») estudia la novela homónima (1860) de la autora argentina, hermana de Lucio V. Mansilla, a partir de la impronta romántica en el diseño de la protagonista, quien, además de atraer tanto a españoles como indígenas, posee características docentes y morales que la convierten en un paradigma femenino de la civilización, como proyecto nacional, frente a la barbarie que representan los indígenas.
Luego, en uno de los ensayos más atractivos del volumen, Silvia Tieffemberg («Lucía Miranda en el espejo: primeras cautivas blancas en el Río de la Plata»), con un discreto empleo de close reading y conceptos teóricos, reflexiona sobre Lucía Miranda y su contraparte en el poema Argentina, la Maldonada, mujeres que constituyen el haz y el envés de la mujer cautiva, una bipolaridad que se podría rastrear hasta Jorge Luis Borges, pasando por el Martín Fierro.
Un tercer tipo de aproximación en esta colección de ensayos es la que ofrece visiones panorámicas del tema del cautiverio o su protagonista a partir del análisis de un corpus de textos provenientes de distintos géneros.
ISSN: 0210-5810 Andrés Eichmann, por ejemplo, se ocupa de catalogar, delimitar y comentar las piezas líricas sobre san Pedro Nolasco, santo de los cautivos, en la colección de manuscritos musicales del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
Carlos Mata Induráin analiza el tema del cautiverio de amor (por el cual el personaje víctima de la pasión queda doblemente cautivo) en cinco comedias indianas sobre la conquista de Chile: La belígera española, de Ricardo de Turia; Algunas hazañas de las muchas de don Diego García Hurtado de Mendoza, de nueve ingenios; Arauco Domado, de Lope de Vega; El gobernador prudente Gaspar de Ávila; y Los españoles en Chile de Francisco González de Bustos.
A continuación, Miguel Zugasti presenta un estudio sumamente rico en datos, en torno a la figura del cautivo transculturado, con Gonzalo Guerrero a la cabeza, pero con otros exponentes quizás menos conocidos, pero tan fascinantes como el famoso onubense que se convirtió en líder militar de indígenas.
Por otro lado, en «El tema de la cautiva en las crónicas de la conquista de Chile», Osvaldo Rodríguez ofrece una introducción a los principales aspectos históricos y culturales que entrañaba la experiencia del cautiverio para las mujeres en el territorio chileno durante el conflicto hispano-mapuche.
Dicho ensayo nos da pie a comentar los trabajos de índole más bien histórica.
En este aspecto, el artículo de Macarena Sánchez Pérez («Más allá del Cautiverio feliz: de cautivos y cautivas en la Araucanía») propone replantear algunas ideas en torno al asunto del cautiverio a partir de las fuentes que se manejan para su estudio, dándole por ende al Cautiverio feliz un carácter excepcional debido a la experiencia narrada y la forma en que esta se presenta.
Con similar afán de refrescar el panorama crítico, Olaya Sanfuentes, en el recomendable «Morirse de hambre.
El hambre del conquistador», contextualiza adecuadamente el tema del hambre y las reverberaciones que poseía para los europeos trasladados a América, así como la forma en que la necesidad de alimentarse impacta en su proceder, hasta animalizarlos.
Por último, detengámonos en los ensayos monográficos, dedicados a indagar en torno a obras tanto canónicas como necesitadas de mayor difusión.
Sarissa Carneiro Araujo analiza el extenso episodio del cautivo Juan Ortiz en La Florida del Inca Garcilaso y a partir de este resalta la influencia de la ira en el desarrollo de este ambicioso proyecto historiográfico.
Lygia Rodrigues Vianna Peres («El cautivo, el taumaturgo: caminos y caminantes en la escena de la vida y de la muerte») presenta un escueto análisis de los Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, a propósito de su rol de curan-dero, que se convierte, dentro del texto, en un medio de evangelización.
Miguel Donoso aborda un curioso episodio del cautiverio del español Pedro de Miranda y sus compañeros en la Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile de Alonso de Góngora Marmolejo (compuesta entre 1572 y 1575).
Finalmente, Eduardo Godoy Gallardo comenta la obra teatral Cervantes en Argel (1886) de Antonio Espiñeira y percibe en ella la influencia de las comedias cervantinas sobre el cautiverio, especialmente en la composición de los personajes femeninos.
A manera de conclusión, se puede afirmar que El cautiverio en la literatura del Nuevo Mundo constituye un repertorio interdisciplinario de trabajos de diversa factura y temática, el cual nos abre una ventana a un género, el del relato de cautivos, que desde temprano ha producido en América obras de sumo interés, tanto en términos literarios como históricos, antropológicos y, finalmente, culturales.
La lectura de estos ensayos estimula a releer clásicos como Los naufragios o el La Florida, a explorar más en torno a personajes como Lucía Miranda y Gonzalo Guerrero o, inclusive, volver la mirada a textos no abordados en el volumen, como es el caso de la novela El entenado (1983), de Juan José Saer.-FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA, Hobart and William Smith Colleges.
Gil, Juan: La India y el Lejano Oriente en la Sevilla del Siglo de Oro, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2011, 434 pp.
En total, algunos esclavos y un repertorio reducido de mercancías: lienzos (calicuts, sinabafas, canequíes, balagates y pacharíes), prendas de vestir (camisas, sayas, túnicas, tocas o mantoncillos), ropa de uso doméstico (sábanas, colchas, manteles o toallas), muebles, gemas y piezas de loza.
Siguiendo prácticamente el mismo orden, se aborda la sinización de Sevilla («más tenue y amortiguada»), aunque los chinos avecindados en Sevilla presentan una mayor diversidad en su estratificación social y en su procedencia que los indios y aunque las mercancías chinas fuesen incrementando su presencia en la ciudad hispalense desde principios del siglo XVII: abanicos, telas (sederías, como damascos, tafetanes y terciopelos), prendas de vestir (sayas, jubones, túnicas, mantillas), sobrecamas y colgaduras de camas, pabellones de gasa, sobremesas, cojines, cortinas, cofres y escritorios y, para acabar, las celebradas porcelanas.
El resto del libro se dedica al encuentro de los españoles (y los sevillanos) con el Japón, que fue «una especie de deslumbramiento», en el que primó el interés misional por un pueblo que daba muestras de una aceptación de la religión católica que no se veía ni en el mundo musulmán ni en el imperio chino.
De ahí que la presencia de japoneses en España tuviera, entre otras cosas, una impronta de diplomacia religiosa, propiciada primero por el ímpetu evangelizador de los jesuitas, que trajeron a sus japoneses (la famosa llegada de los «cuatro niños» procedentes de los tres «reinos» cristianos, en realidad sólo señoríos, de las islas de Kyushu) por la vía de Lisboa, de donde llegaron al Escorial a visitar a Felipe II y de allí hasta Roma, la capital del orbe católico: una aventura que fue relatada extensamente en la crónica del portugués Duarte de Sande, a la que se dedica el último capítulo del libro.
Más interés para los fines del autor tiene la empresa evangelizadora de los franciscanos, que trajeron a sus japoneses por la vía del Guadalquivir.
Así el autor se explaya (como no podía ser de otra forma) en la famosa misión de Hasekura de 1614, a la que dedica unas precisas páginas que podemos sumar a las que ya le consagrara José Velázquez y Sánchez y, más recientemente, Marcos Fernández.
De cualquier forma, Juan Gil aprovecha la ocasión para poner en duda que el apellido Japón esté vinculado a la sola presencia de los samuráis de Hasekura en Coria, aduciendo serios argumentos en contra de lo que puede ser sólo una tradición sin excesivo fundamento: la existencia de una pequeña colonia japonesa a orillas del Guadalquivir al menos desde quince años antes de HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
ISSN: 0210-5810 la misión de 1614, la inexistencia de testimonios notariales de los samuráis de Hasekura ni en Sevilla ni en Coria del Río y, por último, la dificultad de atribuir a los guerreros nipones la exclusividad de enlaces regulares o irregulares con la población coriana.
Con las propias palabras del autor: «Me resisto a creer que todos los Japones de Coria sean el resultado de la potencia sexual de los 20 japoneses que vivieron en ese lugar menos de un mes.
Pero, ¿quién puede poner límites a la humana naturaleza?».
En cualquier caso, en la Sevilla del Siglo de Oro no faltaron los productos japoneses que, aunque muy pocos en cantidad y en variedad (armas, lacados, porcelanas), fueron relevantes por su calidad (las piezas «más artísticas y lujosas», subraya el autor) y algunos de ellos hasta insuperables, como fue el caso singular de los biombos, objetos originales que causaron furor en el mundo lusitano y en el mundo hispánico.
El autor, que abre un mundo prácticamente desconocido para los propios sevillanos (algunos de los cuales quizás habrán alguna vez oído hablar de los Japones de Coria, pero seguro que de ninguna otra cuestión de las aquí tratadas), presenta sus aportaciones de forma en exceso modesta, cuando confiesa que al menos habrá provisto «de información de primera mano sobre cómo el Lejano Oriente fue percibido y 'aceptado' por los españoles no en Manila ni en Acapulco, sino en la Península Ibérica y más concretamente en Sevilla».
En realidad, el libro ofrece mucho más, pues no sólo se plantea el impacto de esta presencia de hombres y mercancías de los más remotos confines en la sociedad de Sevilla (una ciudad, recordémoslo, vinculada a los descubrimientos y al tráfico ultramarino, una ciudad donde, según la repetidas palabras de Fernand Braudel, late el corazón del mundo), sino que ofrece una enorme cantidad de testimonios tanto documentales como literarios sobre individuos y sobre productos, sobre realidades y sobre percepciones de la realidad, sobre hechos puntuales y sobre las corrientes (en la moda, en las actitudes, en las formas de pensar) que tales hechos generan.
En suma un libro riquísimo en noticias (que a veces se segregan en forma de apéndices para mayor comodidad del lector) y también en la reconstrucción de esa leve asiatización de una comunidad que siempre imaginamos exclusivamente en sus vertientes europea y americana.
La Sevilla del Siglo de Oro, la ciudad cosmopolita por antonomasia, no podía dejar de tener también una componente oriental en la época de la primera mundialización.-CARLOS MARTÍNEZ SHAW, UNED, Madrid.
La aparición de la edición española de esta obra del profesor de la Universidad de Santa Bárbara, California, Pekka Hämäläinen (The Comanche Empire, New Haven / London, Yale University Press, 2008), supone un avance importante para el conocimiento de los indígenas de Norteamérica en nuestro país.
Y ello no solamente por la gran cantidad de información que el volumen aporta, gracias a la exhaustiva labor de investigación realizada por el autor en archivos estadounidenses, mexicanos y españoles, sino también porque implica la superación de viejas concepciones acerca de lo que las fuentes calificaban como «indios bárbaros».
Más concretamente, el libro afecta a los debates generales sobre el colonialismo, las fronteras y los territorios fronterizos.
Por lo tanto, se inserta dentro de la actual historiografía estadounidense que no ve a los indígenas como actores secundarios, sino como agentes fronterizos «en igualdad de condiciones» con los restantes.
La colonización del continente sería, en este sentido, un espacio en el que cada uno de los participantes realizó sus aportaciones y recibió las de otros, dando como resultado la aparición de «mundos» nuevos, de «universos híbridos» y de realidades socioculturales y económicas novedosas donde indios y euroamericanos lucharon, pero también intercambiaron, cooperaron y existieron.
Como sostiene en la introducción de la obra, el autor busca analizar el impacto de las políticas indias sobre las sociedades coloniales.
Para ello evalúa las intersecciones entre los pueblos indígenas y aquellas en las fronteras y los territorios fronterizos.
Una de sus conclusiones al respecto establece que las estrategias nativas en estos mundos interconectados no fueron puramente defensivas, sino que, por el contrario, implicaban guerrear, intercambiar bienes, firmar tratados y asimilar pueblos para expandirse y dominar espacios.
Precisamente, con relación al ámbito territorial contemplado, el autor se hace eco de la obra de historiadores actuales que abogan por la aparición de economías de intercambio fronterizo ajenas al mercado atlántico.
Aplicando estas teorías, los comanches trasladaron bienes, ideas y personas a través de lindes económicos, étnicos y políticos, con lo que crearon redes de violencia e intercambio que desafiaban la disposición espacial de las potencias coloniales.
ISSN: 0210-5810 mercados ajenos o al margen de otras redes de intercambio más amplias hasta crear, durante un siglo aproximadamente, un sistema comercial autosuficiente.
Sin embargo, también discrepa de posiciones actuales de la historiografía.
Según Hämäläinen, la región controlada por los comanches con frecuencia no fue un lugar en el que pudo prosperar una economía de intercambio.
Por el contrario, cuando éstos y los euroamericanos discutieron asuntos conceptualmente susceptibles de ambigüedad como la guerra, la paz, o la reciprocidad, recurrieron a malentendidos creativos o a la violencia.
Otro aspecto en el que sus planteamientos resultan innovadores es el que se refiere a las «fronteras alternativas», consistente en oponer dos concepciones de la frontera.
De este modo, donde los sedentarios veían demarcaciones rígidas, los indígenas apreciaban oportunidades para el comercio, el intercambio de regalos, el pillaje o la caza de esclavos; no unos límites estáticos, sino móviles y que se podían adaptar a los de las poblaciones sedentarias.
Al ofrecer una visión diferente a la de éstas, fragmentaron la realidad espacial en unidades menores actuando a escala local o regional.
Sus espacios de actuación serían ciudades coloniales, presidios, misiones, ranchos, haciendas o aldeas indígenas, a las que tomaron en consideración como unidades aisladas.
Evidentemente, realizar un análisis de estas características, que toma una dirección desde la Comanchería y las Grandes Llanuras «hacia fuera», plantea numerosos problemas con las fuentes utilizadas.
Puesto que los documentos escritos conservados fueron elaborados por autoridades de las entidades políticas euroamericanas entre los siglos XVIII y XIX, suelen presentar una visión unidimensional.
Se hace necesario, por lo tanto, el recurso a métodos etnohistóricos de análisis de los documentos, ya sea desde una «lógica inversa» o bien desde otra «paralela».
En el caso de la primera, se trabaja a partir de observaciones de campo recientes efectuadas sobre el mismo grupo analizado; en cuanto a la segunda, efectuamos comparaciones con valores culturales e instituciones de otras sociedades indígenas americanas o de otras zonas geográficas.
No obstante, son unos métodos de trabajo que deben usarse con cautela no sólo para no incurrir en la tendencia de presentar a las comunidades indígenas como algo estático, sino también para no obviar las peculiaridades culturales del grupo analizado.
Tras este apartado introductorio, la obra se adentra en el proceso histórico que llevó a la conformación de la Gran Comanchería como entidad política, económica y cultural que dominó el sudoeste de los actuales Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX.
Y lo hace adoptando una visión estereoscópica, con la intención de manifestar el modo en el que las diferentes partes trabaron relaciones entre sí, y cómo cada una las afrontó, aunque poniendo especial énfasis en la comprensión del mundo comanche.
En este sentido, Pekka Hämäläinen no contempla a los nómadas como un conjunto de pueblos que experimentó un proceso de adaptación a las innovaciones tecnológicas y culturales europeas, mexicanas y estadounidenses, sino que los considera agentes de cambio en los territorios fronterizos.
En efecto, estas bandas se constituyeron como elementos determinantes de la conformación histórica de la región comprendida entre el río Grande y el Arkansas.
De este modo, los «bárbaros» de los documentos euroamericanos son actores de este proceso, al igual que los poderes coloniales, y así se muestran en los distintos capítulos en los que se divide la obra.
En efecto, desde que aparecieron en los documentos novomexicanos en 1706 como aliados de los utes, pero especialmente tras expulsar a las bandas apaches de las Llanuras entre las décadas de 1720 y 1730, los comanches adquirieron protagonismo como poder militar, político y económico.
Al amparo de la debilidad de los asentamientos novohispanos al norte del Bravo y de los vaivenes de la política colonial europea en 1750 y 1760, las subdivisiones kotsotekas, yamparicas y jupes, en el valle del río Arkansas, y otra porción de los kotsotekas, asentada desde el Brazos al Colorado, consolidaron una red de alianzas y lazos comerciales que fue capaz de conectar territorios muy distantes.
Con la abundancia de productos que obtuvieron desde diferentes rutas, en especial gracias a los caballos y las armas de fuego, los comanches extendieron su modelo de explotación de los recursos naturales a otras agrupaciones: la caza a caballo del bisonte.
Pero, al mismo tiempo, mantuvieron dentro de su órbita y poder militar a sociedades muy dispares.
Gracias a la combinación de guerra y comercio, inseparables en el entramado de relaciones intertribales, los grupos situados al norte, como los kiowas y los pawnee, la confederación Wichita al este, Nuevo México y Texas se vincularon cada vez más al poder de los paraibos (líderes de bandas) y guerreros comanches.
Especialmente interesante resulta el caso novomexicano, donde el autor sostiene una inversión de la visión tradicional, puesto que, de forma progresiva, al amparo de la dinámica de asaltos y comercio, los vecinos de HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
ISSN: 0210-5810 las localidades entre el Pecos y río Grande pasaron a depender de los productos procedentes de la Comanchería, no sólo para su subsistencia, sino también para su defensa.
Así lo atestiguaba fray Francisco Atanasio Domínguez en la feria de Taos de 1776.
Esta alternancia entre guerra e intercambio fue posible, en parte, por la fragmentación fronteriza a la que se vio sometido el territorio septentrional de Nueva España.
Por ejemplo, parece que los comanches dividieron el espacio de Nuevo México en función del saqueo y el comercio.
No de otro modo se entiende la prosperidad de las ferias en aquella localidad, un enclave que los indígenas consideraban una entidad distinta a la establecida en Santa Fe.
Las teorías de Daniel Usner, sobre los sistemas comerciales autosuficientes desarrollados al margen del mundo atlántico, o las propuestas de Richard White, relativas a la aparición de espacios donde nómadas y sedentarios se influyeron mutuamente, pueden traerse aquí para explicar el proceder de los taoseños.
Esta superposición de asaltos y tratos comerciales resultó agotadora para las poblaciones sedentarias.
Ello fue así porque sus propiedades y personas se vieron en peligro por la presión comanche, pero también se debió a que, a consecuencia del desplazamiento de las bandas apaches hacia el río Grande y otros territorios al sur del mismo, sus flancos sur y este fueron saqueados en esos años.
Lipanes, natagés, mescaleros y gileños, entre otros, comenzaron a practicar una provechosa economía de depredaciones a partir de mediados de la centuria, tras el fracaso de la misión de San Sabá en 1759, conformándose la Apachería del siglo XIX.
Por lo tanto, los oficiales reales comenzaron a replantearse la política india; la eliminación de los apaches apareció como algo preferible a la enemistad de unas subdivisiones comanches muy poderosas.
El resultado de esta reorientación serían las paces logradas con estas últimas por Juan Bautista de Anza y otros comandantes de frontera desde 1786.
Aunque estuvieron lejos de erradicar el problema de los robos de ganado, sí lograron disminuir notablemente la entidad y periodicidad de los ataques.
En parte, ello fue posible por la diferente comprensión de los pactos alcanzados.
Por ejemplo, los españoles consideraban la entrega de presentes como una posibilidad de que los indígenas reconocieran la autoridad superior del rey de España, pero los nativos lo entendían de forma muy distinta.
Los comanches veían los tratos comerciales como un acuerdo entre parientes ficticios; la entrega de regalos no era una muestra de sumisión, sino una manifestación natural de dicho parentesco.
La confusión, no obstante, serviría para satisfacer los intereses de ambos.
La situación permaneció así hasta que la adquisición de Luisiana por los Estados Unidos, en 1803, y el comienzo de la Insurgencia cambiaron las miras comerciales de la Comanchería.
A partir de 1808 y 1810 los «comanches orientales», los kotsotekas asentados entre el Brazos y el Colorado que mantenían contactos con los taovayas y otras bandas wichitas, incrementaron los contactos comerciales con tratantes y agentes estadounidenses que ofrecían productos de más calidad con mayor regularidad que los suministrados por las autoridades de Nueva España.
Esta situación se mantendría después de la Independencia, unida a una reanudación de las incursiones, debido a la crisis de los presidios.
No obstante, no sería hasta el colapso de este sistema de cobertura, en 1832, cuando el norte de la República Mexicana pasó a ser un espacio en el que los «bárbaros» obtenían ganado y cautivos.
En este contexto, la independencia de Texas, que se materializó en 1836, supuso un elemento de desestabilización en las relaciones interétnicas en los años siguientes.
Teniendo presente lo anterior, Pekka Hämäläinen recalca que, durante la década de 1840, la región comprendida a uno y otro lado del Bravo pasó a ser recorrida por gruesas partidas comanches con una regularidad estacional.
Puesto que a sus saqueos se unían los efectuados por las bandas apaches, el resultado fue que, desde el comienzo de la Gran Indiada, en 1840 y 1841, hasta el inicio de la guerra del 47 Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y otras regiones del interior, como Durango o Zacatecas, fueron asoladas por los guerreros indios.
La situación llegó a ser tan devastadora que mermó la capacidad defensiva mexicana frente a las tropas angloamericanas.
Finalizado el conflicto mexicano-estadounidense, y tras el tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848, el panorama cambió para los diferentes agentes de la frontera.
Nuevo México, territorio que desde el siglo XVIII había estado dentro de la órbita comanche, pasó a ser un territorio de los Estados Unidos y México perdió la mitad de su territorio.
La geopolítica varió, por lo que los comanches debieron adaptarse.
No obstante, las décadas de 1850 y 1860 presenciaron el colapso de su modelo de explotación de los recursos de las Grandes Llanuras.
El agotamiento de las manadas de bisontes, las sequías recurrentes desde 1850 y la presión de los colonos angloamericanos fueron mermando la capacidad de respuesta de unas bandas que, desde 1840, habían experimentado un continuado proceso de declive demográfico.
El incremento de la economía predatoria al sur del Bravo sería una manifestación de esta crisis del imperio mercantil comanche.
En conclusión, esta obra es fundamental para profundizar en el conocimiento de los nativos de Norteamérica.
Su visión integradora de éstos dentro del proceso histórico, mostrándolos como creadores de una entidad política, militar, económica y cultural de primer orden capaz de ofrecer respuestas a los poderes coloniales supone un paso en la consolidación de los estudios recientes sobre el colonialismo y las fronteras en el continente americano.-FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MORENO, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla.
Manchado López, Marta María, y Luque Talaván, Miguel (coords.): Fronteras del mundo hispánico: Filipinas en el contexto de las regiones liminares novohispanas, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2011, 424 pp.
Siempre es bienvenido un libro que contribuye al conocimiento de la historia de Filipinas en la época colonial.
Los coordinadores de este volumen, Marta Ma Manchado López (profesora titular de la Universidad de Córdoba) y Miguel Luque Talaván (profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid), son destacados filipinistas y han reunido en este libro una colección de ensayos que abordan la historia filipina desde perspectivas diversas, pero bajo el tema común del concepto de frontera.
La magnífica introducción, elaborada por los coordinadores, desarrolla el hilo conductor que une la variada temática de los estudios monográficos.
La frontera es concebida en estos artículos como límite, pero también como zona de intercambio.
Manchado López y Luque Talaván ponen también de relieve la singularidad del modelo filipino dentro de la monarquía hispánica, aunque sea también un referente para la actuación española en otras zonas limítrofes.
Uno de los objetivos que se buscan con este conjunto de estudios, señalan los autores, es acercarse a un conocimiento más preciso del funcionamiento de la monarquía hispánica desde sus periferias.
El volumen se articula en torno a tres apartados.
Uno primero más conceptual, y de carácter más genérico, sobre el concepto de frontera aplicado a Filipinas; el segundo, que contiene el mayor número de estudios, dirigido a los contenidos, aborda desde distintas perspectivas el desarrollo de la vida en Filipinas, siempre teniendo como marco contextual su carácter de frontera; el último apartado, se ocupa de otras zonas fronterizas, que RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS de alguna manera se relacionan con Filipinas y establecer así similitudes y diferencias.
El ensayo que abre este libro, «Barreras geográficas y genéticas en el sudeste y el océano Pacífico» de Antonio González Martín, es un riguroso y sugerente estudio sobre las fronteras desde una perspectiva biológica y genética.
González Martín demuestra la presencia de fronteras genéticas y analiza el origen y distribución de nuestra especie desde sus orígenes en África subsahariana hasta la colonización de la Polinesia, última región del mundo colonizada por el homo sapiens.
La existencia de marcadores genéticos propios de determinadas poblaciones nos lleva a una mejor comprensión de la frontera que actúa como una barrera frente a la influencia de otras poblaciones.
El segundo estudio general es el de María Fernanda García de los Arcos, «¿Avanzada o periferia?
Una visón diacrónica de la situación fronteriza de Filipinas».
La autora señala acertadamente que el carácter de frontera de las Filipinas vino marcado por su propia originalidad dentro del imperio hispánico, una originalidad que se manifiesta en la siempre precaria dominación española, en la presencia sangley o en la fuerte impronta del comercio del galeón en la estructura económica y social.
Es interesante su exposición de las fronteras internas dentro de Filipinas que llevan a dudar de la facilidad con que España dominó aquellos territorios: las etnias no sometidas en el interior de las islas, la frontera sur en torno a Mindanao y Joló, las difíciles relaciones con los chinos, etc.
En el ensayo «Filipinas.
Una frontera más allá de la frontera», Antonio García-Abásolo expresa de forma plástica la paradoja que Filipinas, en su carácter de frontera, representaba para los españoles: un mundo fascinante y exótico, pero también incómodo y no deseable; lejano, pero también cercano a través de las cartas o testamentos de parientes y conocidos.
García-Abásolo define Filipinas como un mundo cerrado en una frontera abierta que se manifiesta en la variedad de intercambios culturales y en la convivencia estrecha de españoles, chinos y filipinos.
Este carácter paradójico ha hecho también que España y Filipinas hayan desconocido su mutua historia común.
De ahí el interés de las políticas actuales de acercamiento que permiten la recuperación de la historia compartida.
La segunda parte del volumen tiene como pórtico el excelente ensayo de Leoncio Cabrero, incluido aquí también como homenaje póstumo por su valiosa a portación a la historia de Filipinas.
Como se ha dicho, es el marco de entrada a los estudios que siguen a continuación pues el pro-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
ISSN: 0210-5810 fesor Cabrero Fernández ofrece un sintético recorrido por la historia política de la dominación española de Filipinas y las Molucas bajo el gobierno de los tres Felipes, desde la perspectiva de la actuación de los gobernadores.
Dentro de esta parte segunda, hay cuatro ensayos relacionados por la misma temática y que suponen un importante avance en el estudio de la vida cotidiana.
El estudio monográfico «En los confines del mundo hispánico: Una propuesta para el estudio de la vida cotidiana de los españoles en Manila (1571-1898)», de José María Fernández Palacios, ofrece una completa guía de trabajo a quienes quieran profundizar en la historia de Filipinas desde esta nueva perspectiva historiográfica.
Desarrolla para ello posibles temas y periodizaciones y sugiere fuentes documentales y bibliográficas desde las que se puede entrar al mundo privado de los españoles en Filipinas.
Un ejemplo concreto de una mirada sobre la documentación es el estudio de Marta Ma Manchado, «Poder y vidas licenciosas en Manila en la segunda mitad del siglo XVIII», que aborda las difíciles relaciones entre el poder civil y religioso a través del estudio de la Casa de Recogidas de Manila y las repercusiones que esas fricciones tuvieron para la vida de las mujeres encerradas en esta casa.
Ana Ma Prieto ofrece un claro ejemplo de la situación de la mujer en Filipinas en el siglo XVII al analizar un conocido suceso acontecido en la capital del archipiélago, «Malos tratos.
Adulterio y crimen en Manila.
El caso del gobernador Alonso Fajardo de Tenza».
Un caso que parece sacado de la obra de Calderón de la Barca, la muerte de una mujer a manos de su marido despechado, pero que la documentación presenta con todo detalle y que pone de relieve la soledad de las mujeres y la desigualdad de trato de que eran objeto.
Por su parte, Miguel Luque afronta con su ensayo «En las fronteras de lo lícito: Vida privada y conducta de los militares en el suroeste de las Filipinas» las condiciones de vida de los militares españoles enviados a Mindanao, Ternate y las Molucas.
Señala este estudio la existencia de una frontera dentro de Filipinas, la frontera sur donde los españoles luchaban contra piratas malayos y musulmanes en un territorio nunca sometido del todo a la Corona.
Luque Talaván pone en relación la difícil situación que vivían los españoles con su comportamiento social, sobre todo en el terreno sexual, y aborda la legislación civil y canónica que se aplicaba a los casos de bigamia o sodomía aparecidos en la documentación.
La constante referencia a las fuentes documentales constituye una valiosa ayuda para futuros investigadores en este tema.
Un libro como éste dedicado a Filipinas como frontera no puede dejar de lado uno de los aspectos distintivos del archipiélago como es el religioso.
La cristianización de Filipinas convierte a las islas en un bastión adelantado del ímpetu evangelizador, pero también aumenta su carácter de frontera respecto a los otros pueblos del extremo oriente.
Los dos ensayos dedicados a la cristianización de Filipinas se relacionan entre sí de manera paradójica, pues si bien Herbert González Zymla aborda en «La fundación e historia del convento de monjas franciscanas de Manila», la influencia de las clarisas en la evangelización de Filipinas y la expansión de estos conventos por el lejano oriente y, por tanto, pone de relieve uno de los elementos que unificaron la vida de españoles y filipinos, Roberto Blanco, por el contrario, señala el papel del clero secular filipino en el nacimiento del nacionalismo, es decir en el inicio del distanciamiento espiritual con la metrópoli.
«Forjando la identidad: la cuestión clerical en el nacimiento del nacionalismo filipino» analiza el proceso de gestación del movimiento independentista.
El autor demuestra con claridad que tiene su origen en el conflicto iniciado en el siglo XVIII entre clero regular y clero secular (en su mayoría filipinos) por la administración de las parroquias y señala el protagonismo de los sacerdotes Pedro Peláez, Mariano Gómez y José Burgos en la forja del «ser nacional filipino».
La condición de las Filipinas, y en concreto de Manila, como nudo comercial entre el oriente y el occidente es un aspecto que diluye en cierta medida el concepto de frontera.
Carmen Yuste, con su gran conocimiento de las rutas del galeón de Manila es la autora del ensayo «Allende el mar.
Los intangibles confines de la negociación mexicana en Manila».
Profundiza en las conexiones de los comerciantes mexicanos con el comercio del galeón y explica la paradoja de que Manila, centro del comercio asiático, se convirtiera en realidad en una provincia del comercio mexicano, a pesar del proteccionismo de las leyes reales y de los esfuerzos del Consulado de Manila por evitar el monopolio de los mercaderes de Nueva España.
La solución vino a través de la progresiva liberalización del puerto de Manila.
Miguel Ángel Martín Onrubia es el autor de «La ofensiva naval neerlandesa sobre Filipinas en el contexto de la Guerra de los Ochenta Años y su analogía con la llevada a cabo en los territorios americanos de la monarquía hispánica».
En este estudio demuestra que el constante acoso que los holandeses sometieron a Filipinas fomentó el carácter de frontera política del archipiélago.
De un modo ágil relaciona las ofensivas holandesas en el HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
ISSN: 0210-5810 Pacífico con la situación de la guerra entre España y los Países Bajos en Europa y ofrece una puesta a punto de la bibliografía sobre este tema.
Martín Onrubia concluye acertadamente que el problema de las defensas militares de Filipinas no radicaba en que existiera un grado de abandono por parte de las autoridades centrales, puesto que el tratamiento es el mismo que tenían las otras posesiones americanas, sino que España carecía de los medios para llevar a cabo la política defensiva que su extenso imperio demandaba.
Esta segunda parte se cierra con el recorrido sobre los diversos monumentos levantados a personajes relacionados con Filipinas que hace Carlos Reyero.
En su ensayo «Del sueño colonial a la catarsis nacional», describe con detalle las vicisitudes de la gestación y ejecución de esos monumentos, el eco en la prensa y la forma de expresar a través de esas representaciones el contacto entre las culturas.
El tercer bloque se ocupa de otros espacios fronterizas, pero que de alguna manera guardan relación con Filipinas.
El primer ensayo está dedicado a resaltar el papel del puerto de San Blas como punto de contacto entre México y Filipinas.
Guadalupe Pinzón escribe con este fin «Nuevas realidades y nuevos derroteros.
Los contactos entre San Blas y las islas del Poniente», donde expone las razones que convirtieron San Blas en el puerto preferido de las naves para recalar en el camino hacia Filipinas y la forma como sustituyó progresivamente a Acapulco.
Un interesante recorrido que lleva a concluir que la creación del departamento marítimo de San Blas reestructuró las navegaciones entre Nueva España y Filipinas y creó una nueva relación que resultó estratégica y necesaria en un momento en que había que incrementar las navegaciones.
En muchos puntos la vida en el puerto de Acapulco era muy similar a la de la ciudad de Manila.
En «Acapulco, frontera comercial del reino español (1565-1815)», Raquel Ofelia Barceló recrea el complejo espacio que era Acapulco como frontera comercial y describe la vida activa comercial de los meses de enero a marzo en contraste con la tranquilidad del resto del año.
Unas características que nos remiten a la vida en Manila.
«Marginalidad y frontera en el sureste novohispano», de Francisco Luis Jiménez Abollado, nos traslada a otros territorios dentro de Nueva España, las tierras bajas centrales del área maya.
El autor expone las peculiaridades intrínsecas de esas tierras que guardan consonancias con la zona sur del archipiélago filipino: variado mapa étnico, pero con un originario tronco común; un territorio que los españoles nunca terminaron de domi-nar; el contacto con culturas diferentes, etc. Son caracteres que hacen de estas tierras un territorio de fronteras, pero también marginal, con unos acusados niveles de pobreza.
El volumen se cierra con el ensayo de Adriana Delfina Rocher Salas, «La península de Yucatán: una isla en tierra firme», que estudia las dificultades que entrañó el establecimiento y permanencia del régimen colonial por su aislamiento geográfico, así como las diferentes estrategias seguidas por sus habitantes para asegurar la pervivencia y continuidad de sus vidas, costumbres y haciendas.
En suma, se trata de un libro riguroso que ofrece una puesta a punto en cuanto a la bibliografía y la temática de la historia colonial de Filipinas.
Como dice uno de los autores, el tema de la frontera ha sido estudiado desde muchos puntos de vista, pero faltaba un estudio específico aplicado a Filipinas.
En este sentido, este volumen viene a rellenar esa laguna y se convierte en el punto de partida necesario para ulteriores acercamientos.-INMACULADA ALVA, Universidad de Navarra.
Mena García, Carmen: El oro del Darién.
Nadie puede discutir que Carmen Mena es la máxima especialista española en los comienzos de la colonización española del Darién, un tema al que ha dedicado numerosos libros y artículos.
Es muy de agradecer, por tanto, que haya condensado en este imponente volumen sus conocimientos sobre aquel alborotado, sangriento y en tantos aspectos misterioso período de la historia de Tierra Firme.
Una primera parte introductoria traza la geohistoria del Darién, el puntal que permite comprender las dificultades que tuvo que sortear el asentamiento, dificultades que, a la postre, acabaron por vencerlo y arruinarlo.
La barrera física de la selva tropical impuso el asentamiento en la costa y la penetración por los ríos.
A pesar de ser húmedo y malsano, el Darién pareció un lugar apropiado para efectuar la exploración tierra adentro, y ello tanto por su proximidad al río Atrato, navegable en canoa, como por el hecho de que allí vivían unos indios menos belicosos que los caribes, los cuevas, un pueblo emparentado en parte con los chocoes que desapare-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
Acto seguido, Carmen Mena divide su estudio en tres grandes apartados: la conquista, los hombres que la hicieron posible y, por fin, el financiamiento de la colonia (esta división me hace recordar otro enfoque tripartito: el de Leon Homo en su vieja y excelente obra sobre el Imperio romano: el gobierno del mundo, la defensa del mundo, la explotación del mundo).
En la primera parte se analizan con todo detalle los primeros intentos de conquistar Veragua (Nicuesa) y la Nueva Andalucía (Ojeda), así como la fundación de Santa María de la Antigua y su definitivo despoblamiento (sus restos, perdidos en la selva, solo fueron identificados por la expedición belga de 1956): una sucesión constante de desgracias, tragedias y atrocidades sin cuento que solo el talento narrativo de C. Mena logra presentar de manera legible y coherente.
La autora somete a crítica acerada los datos de las fuentes, aceptando hipótesis plausibles (por ejemplo, la corrección que hizo K. Romoli de la fecha del descubrimiento del Pacífico, datándola en el 27 y no en el 25 de septiembre [la propugnada por J. T. Medina, El descubrimiento del Océano Pacífico, Santiago de Chile, 1914, I, p.
14, a conciencia de que no casaban los días de la semana]) y desechando teorías equivocadas de Sauer, como la de que no existiese paludismo en el Darién antes de la llegada de Pedrarias (p.
154), o su visión de Balboa, excesivamente favorable al extremeño (p.
En la segunda parte se pisa terreno mucho más firme, pues de la expedición de Pedrarias hay abundante documentación, presentada toda ella en este libro de manera exhaustiva.
Tras exponer las dudas que suscitó el armamento que se había de enviar a Castilla del Oro y analizar los pertrechos reunidos, Mena habla en profundidad de los hombres alistados, advirtiendo con razón que no todos ellos deben ser considerados soldados en el sentido moderno del término y estableciendo por primera vez una nómina completa de la tropa y de su reemplazo.
Después pasa revista a los capitanes de Pedrarias -un cargo entonces inestable-, hombres de pocos escrúpulos y duro corazón que acabaron muriendo casi todos a mano airada como en justo pago de sus crímenes.
Viene a continuación el estudio de los «continos», artilleros y músicos de la expedición, una hueste que tuvo corta vida, pues duró poco más de un año.
Seguidamente se exponen los procedimientos usados tanto para hacer las poco santas incursiones en territorio indígena como para repartir el botín, reparto que era a menudo fuente de disputas y pleitos: todo ello, en buena parte, herencia medieval (pero «cabalgadas» se seguían haciendo en las costas africanas en pleno siglo XVI).
Por último, se explica la composición de la gente que iba en las entradas; no faltaron en ellas ni los esclavos negros ni los temidos lebreles.
La tercera parte, dedicada a las finanzas de la conquista, desglosa los libros de las Cajas reales de Tierra Firme, que nos conservan las cuentas de los años 1514-1526, un tema ya tratado en los trabajos de Mario Góngora y Hermes Tovar, cuyos cuadros se utilizan debidamente.
El oro obtenido en las entradas o «cabalgadas» supera con amplitud la suma del oro obtenido en la explotación minera, aunque Mena señala en el primer caso la dificultad del análisis contable y discrepa en algunos puntos de Góngora, indicando que «antes de 1522 los registros de la tesorería diferencian claramente entre «quintos del oro de cabalgadas» y quintos «de rescates y presentes».
La tierra era rica en oro; al decir de Vasco Núñez de Balboa, en el Darién hay minas de oro por doquier; en 1520 se descubren en el Puerto de Misas y en otras partes nuevos lavaderos, cuyo beneficio se había concedido en 1513 a los colonos durante diez años, previo pago del quinto: ya en 1514 se ingresaron en la Caja real por este concepto 463 pesos.
Se describen a continuación las técnicas de minería y la mano de obra, organizada en cuadrillas -normalmente de unos 20 indios-, autóctonos o traídos de las islas, que trabajaban nueve meses al año bajo la dirección de un español (el «señor de la cuadrilla»), aunque a partir de la década de los treinta los indios fueron sustituidos por esclavos negros.
Sobre material inédito se establece una preciosa nómina de los mineros que trabajaron por su cuenta o al servicio de otros españoles durante 1515-1520, así como otras no menos preciosas listas de los «hombres ricos» del Darién, Acla y Panamá y de los consorcios mineros.
Después se ponen a nuestra disposición todos los datos existentes sobre las remesas de oro (1513-1536) y los registros del oro de minas en Tierra Firme (1514-1526), afectados por el descenso demográfico de los naturales, aunque los beneficios tuvieran un ritmo ascendente (en 1523 se duplicó la cantidad registrada en el año anterior), al revés de lo que ocurrió en las Antillas.
Siguen apartados dedicados a las casas de fundición, establecidas en 1514 en Santa María de la Antigua, en 1521 en Panamá y en 1525 en Acla; las fundiciones (hechas dos veces al año) y los funcionarios que las vigilaban, con especial consideración a la figura apasionante y apasionada del veedor Gonzalo Fernández de Oviedo, el protegido de Conchillos.
La metalurgia y su orfebrería indígena, fundida de manera inmisericorde por los conquistadores, merecen asimismo atención especial.
Finalmente, se estudia con todo detalle el oro arrebatado en las tristes cabalgadas (que sin duda existieron también en la Española; HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
ISSN: 0210-5810 es falso que el sistema establecido por Colón fuera de factorías, cuando lo primero que hizo fue ir tierra adentro) y el obtenido por un rescate más o menos pacífico, con tablas muy completas sobre cada una de esas entradas, el capitán responsable y el botín; todas ellas elaboradas sobre datos inéditos.
No puedo entrar a discutir con detalle todos los problemas y sugerencias que plantea este libro excelente e innovador en muchos aspectos, de suerte que haré breves comentarios siguiendo el esquema dado arriba.
Comencemos por la primera parte.
Es lástima que la carencia de documentos oscurezca la historia de estos primeros años del Darién, cuyo conocimiento se basa fundamentalmente en las crónicas de Las Casas, Fernández de Oviedo y Pedro Mártir de Angleria (así debe decirse, y no Anglería -forma analógica de los topónimos en -ía como Antioquia, Turquía, etc.-, pues es la latinización de Anghiera, su pueblo natal; es preferible, en consecuencia, no llamarlo Anglería: es como si a San Agustín de Hipona lo conociésemos por Hipona).
Ahora bien, Pedro Mártir escribió en latín; y como el latín renacentista tiene sus reglas y sus mañas, conviene pasar siempre los datos por el tamiz del humanismo para evitar caer en errores -errores, eso sí, de menor cuantía-.
López de Gómara, otro clérigo bien entendido en latines, no hace más que traducir el gladiator de Pedro Mártir cuando califica a Vasco Núñez de «rufián» y «esgrimidor»; por tanto, no hay contradicción entre los dos historiadores (p.
En el latín de aquella época (e incluso hasta el siglo XVIII, que fue cuando el padre Enrique Flórez demostró la falsedad de tal identificación) Olano Cantaber equivale al «vizcaíno Olano» y no al «cántabro Olano» (p.
136); lo mismo cabe decir de Pedro de Arbolanche, Arbolantius quidam Hispanus Cantaber (p.
El cronista milanés llama irónicamente «Fulvia» a la india que descubrió a Balboa la conjura que le tenían preparada los cinco caciques: es el nombre de la mujer que reveló a diversas personas la revuelta que había tramado Catilina, como cuenta Salustio en su Conjuración de Catilina (23); no se trata, ni por asomo, de un nombre indio (p.
170), ni cabe pensar, con K. Romoli, que «Balboa la llamaba Fulvia» (Vasco Núñez de Balboa, Madrid, 1955, p.
Es de notar que el juicio sobre Balboa cambia radicalmente en el curso de las Decades: de ser un sicario (así se lo presentaron Caicedo y Colmenares al milanés) pasa a ser un Hércules que libra la tierra de monstruos (sobre este punto cf. mi artículo «Los modelos clásicos en el Descubrimiento» en M. Nieves Muñiz (ed.), Espacio geográfico, espacio imaginario.
El descubrimiento del Nuevo Mundo en las culturas italiana y española.
No me gusta, lo confieso, la denominación de «viajes andaluces» que trató de imponer Vigneras para referirse a las navegaciones coetáneas de Colón: ¿qué tenían de andaluces Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Amerigo Vespuche?
Tampoco me parece muy apropiada la designación de «viajes menores» que les dio Muñoz; mas, en definitiva, todos los viajes fueron menores en comparación con el emprendido en 1492 y el fundacional de 1493.
Poco tengo que decir sobre la segunda parte.
Uno de los puntos que convendría estudiar con más atención es la procedencia de los hombres que pasaron a Indias, pues tendieron a agruparse por su origen.
Concretamente, los naturales de Torredonjimeno desempeñaron un muy activo papel en los primeros años de la colonización: no sólo nacieron en Torredonjimeno los hermanos Nicuesa, sino también Francisco Roldán, el antagonista de Colón; y en esos primeros viajes se asentaron en el Nuevo Mundo otros hombres oriundos de ese lugar, lo cual puede explicar el ascenso de Diego, aupado por una piña de paisanos aparte de por sus «dineros y hacienda» (cf. cuanto señalé en Historia y bibliografía americanistas, 1 [1990] 23ss. = Colombiana, Santo Domingo, 2007, p.
Me parece asimismo indicativo que entre los soldados de Pedrarias aparezca por dos veces un apellido, Troche, que ya figuró en el segundo viaje colombino (García Troche fue por escudero del almirante) y que después se hizo rico y poderoso en Puerto Rico: el oficial Diego Troche, alférez de la bandera de Nuestra Señora, y Gaspar Troche, un miembro del cuerpo de guardia del gobernador.
Parecen pertenecer todos ellos a la misma familia, dado que se trata de un nombre poco común.
Pasemos a la tercera parte.
Con razón se queja Mena de la oscuridad que reina en las partidas contables de los primeros años, al darse cifras globales del quinto del oro sin desglosar nombres.
Pero gracias a un documento, las cuentas de Pedro de Vique, tutor de Diego Marque (el hijo de Diego Marque, el contador de Castilla del Oro, y Beatriz Girón), nos enteramos de la cuantía de las remesas enviadas desde Panamá por el matrimonio a su retoño, avecindado en Sevilla; consta que recibió en total 6.810 pesos, pero no sabemos en cuántos años: la última remesa es de 1531 (cf. J. Gil, Los conversos y la Inquisición sevillana, Sevilla, 2001, IV, p.
Me interesa resaltar, por otra parte, que buena parte de los destinatarios del oro del HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
Cristiana nueva es también la Beatriz Franco (p.
562) que vendió en 1519 cofias de Ruán y mercaderías de Holanda a vueltas de otras «mercaderías para dar a los caciques e indios» (Conversos, IV, p.
No es una novedad el hecho de que los conversos desempeñaran un papel importantísimo en el comercio de Indias, pero siempre es bueno recibir la comprobación.
Los destinatarios de los envíos inducen a concluir que también fuesen ex illis quienes registraron el oro en el lejano Darién.
Con esa tacha cargaron el alcalde Juan Alonso de Plasencia (cf. Conversos, V, p.
71), Lorenzo Hernández de Soria (el sobrino del cánonigo sevillano Luis Hernández [o Fernández] de Soria, el amigo de Cristóbal Colón, suspecto de descender de un linaje maculado [cf. Conversos, III, p.
341]), el platero Cristóbal de León y su mujer, Isabel Hernández, y, desde luego, el homónimo Diego Fernández Cardenel (mal escrito, quizás aposta, «Cardenal»).
Se trata de un selecto grupo que invita a hacer un estudio sociológico más profundo.
La mala fama que acompañó en aquellos siglos el oficio de mercader se deja sentir en unos tremendos versos de Lope de Vega: Lavinio reprocha a Gerardo que acabará casando a su hermana con «alguno de estos viejos mercadantes, / muy cargado de usuras y mohatras», que tienen una «hidalguía muy notoria..., / que quizá colgará su ejecutoria [el sambenito], / sin ser paño francés, alguna iglesia» (El enemigo engañado [Obras de Lope de Vega publicadas por la Real Academia Española, Madrid, 1918, V, p.
Carmen Mena destaca por prestar siempre atención a la definición exacta.
No sólo se interesa por deslindar lo que significan los términos generales 'frontera' (p.
217ss.), sino que también desciende a otras distinciones más menudas, como las que median entre soldada, acostamiento y quitación (p.
258ss.), o nos enseña lo que son colunelas y coronelías (p.
270; añado que colunela es derivado del italiano colonnella,'pequeña columna'; que de colonello,'el jefe de la columnita', deriva nuestro 'coronel', y que de este, a su vez, sale 'coronelía'), las cabalgadas (p.
335), el cuadrillero, botinero y repartidor de cabalgadas (p.
380), y el significado de aperrear (p.
Esta sensibilidad por los términos le permite aclarar el significado de compaña, una sociedad más compleja de lo que había pensado Góngora (p.
Este cuidado por la palabra exacta es, a fin de cuentas, interés por el lenguaje.
Si he alabado antes el talento narrativo de Carmen Mena, es porque se trata de una excelente escritora que sabe aunar el máximo rigor histórico con la galanura de estilo.
Pocas, poquísimas veces se le escapa un desliz idiomático.
121; sólo conozco «banderín de enganche»: así en p.
146: la machacona insistencia de la ideología feminista sobre el «género» nos lleva inconscientemente a evitar la palabra «sexo», impregnada de pecaminosa lascivia por la mentalidad anglosajona), y «centrífugo» (p.
201), que significa ahí lo contrario de lo que se quiere decir.
Una amplia bibliografía, unas escogidas ilustraciones y un excelente índice cierran este volumen, indispensable para el estudioso de los primeros años de la colonización española en Indias.
Apenas hay erratas: «Jiménez» por «Giménez» (p.
Léase asimismo Benito de Basiñana, en vez de Benito de Bastiana, y probablemente Anda en vez de Unda (p.
459).-JUAN GIL, Real Academia Española.
Paniagua Pérez, Jesús y Salazar Simarro, Nuria (coords.): Ophir en las Indias.
Estudios sobre la plata americana, siglos XVI-XIX, León, Universidad de León, Servicio de Publicaciones, León, 2010, 595 pp., fotos blanco y negro.
Jesús Paniagua Pérez, catedrático de Historia de América de la Universidad de León, y Nuria Salazar Simarro, investigadora de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México DF (INAH) editan este volumen, uno de los resultados de la fructífera colaboración de las instituciones a las que ambos pertenecen y que se ha traducido como fruto más visible en la organización hasta ahora de dos Congresos, uno primero en México DF en 2007 y un segundo y último hasta el momento en León en 2009.
Estas dos magnas reuniones no han sido el único fruto de la cooperación trasatlánti-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
ISSN: 0210-5810 ca; junto a ellas ha habido un importante número de seminarios, artículos, conferencias y otros resultados anteriores que representan un trabajo muy significativo en la historia, no sólo de la producción -minería y metalurgia-de la plata, sino también de su conversión en objetos ornamentales, lo que conocemos con el genérico de platería.
Los centros de los que proceden los dos coordinadores del volumen muestran un denso curriculum anterior.
En el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la ciudad de México trabaja desde la década de los años 80 el grupo más conocido y prestigiado dedicado al estudio de la minería y la metalurgia en el ámbito mexicano -el más importante de la América Hispana-en el tiempo tardocolonial y en el posterior a la independencia.
En el caso de León, el interés por la historia arranca desde tiempo atrás, desde que en esa ciudad la cátedra San Isidoro allí ubicada organizara un simposio y publicara en 1970 una obra pionera en el abordaje de la historia de la minería, tanto en España como en la América Hispana Colonial, los varios volúmenes de La minería hispana e Iberoamericana.
En años más cercanos, entre los historiadores de la Universidad leonesa se ha desarrollado una línea de investigación que se ocupa sobre todo de la platería, tanto en el territorio peninsular como en el ultramarino.
Profesores de los departamentos de Historia e Historia del Arte de la Facultad de Letras de la citada universidad, y al frente de sus investigaciones el profesor Paniagua, han abordado el estudio del trabajo con plata, por ejemplo, en la provincia leonesa o en la ciudad de Quito o el de la obra del más ilustre de los orfebres hispanos del tiempo del Renacimiento, el leonés Juan de Arfe.
Es por tanto la citada universidad castellanoleonesa un centro de referencia en el estudio de la argentería y con tales antecedentes se convirtió en sede de la reunión científica sobre la plata americana en los siglos XVI al XIX a que antes aludíamos, el II Congreso La Plata en Iberoamérica, siglos XVI al XIX, celebrado en noviembre de 2009.
Los trabajos presentados a este Congreso constituyen el núcleo del volumen que reseñamos.
Este reúne treinta y cuatro trabajos divididos en cinco grandes temáticas: abre el conjunto un bloque de temas generales, con una sección miscelánea que acoge desde la presencia de metales nobles y piedras preciosas en el Antiguo Testamento, la plata y la minería en la correspondencia privada indiana, o las joyas en la literatura -los cuentos tradicionales, tanto peruanos como españoles-y en la pintura, concretamente en el retrato virreinal.
El segundo bloque, el de mayor desarrollo con once colaboraciones, aborda la infraestructura productiva de la plata en América, la minería americana.
Abre con un balance general de la actividad minera colonial -«Luces y sombras»-y continúa con aportaciones que plantean la producción minera tanto en Nueva España-México -Nueva Vizcaya, San Luis Potosí, Real de Catorce, Fresnillo-como en el área peruana -Potosí, Chayanta-o en Argentina, en un espacio temporal que va desde el siglo XVI al XIX y temático que abarca descripciones contemporáneas de zonas mineras, aspectos técnicos, como la relación entre producción y abastecimiento y distribución de mercurio en el virreinato novohispano, educativos como el funcionamiento de la escuela de minas del Fresnillo en Nueva España, económicos, como el comercio de plata, o sociales relacionados con la sublevación indígena en las minas altoperuanas de Chayanta o con la mano de obra mitaya en el Perú tardocolonial.
Los tres apartados siguientes se ocupan ya de la platería en sentido estricto: el trabajo de la plata y sus resultados.
El bloque tercero se dedica al área geográfica de América en que ésta conoció un mayor desarrollo: Nueva España, ahora ya limitado en el ámbito temporal al tiempo de la colonia, mientras que el cuarto aborda otras zonas con actividad orfebrera en la América colonial: Cuzco o Quito, con una sugestiva incursión a los vecinos territorios lusos del Brasil, en un interesante abordaje de las relaciones metrópoli-colonia a través de la actividad platera.
El último de los bloques temáticos se ocupa por fin de la recepción de la platería ameri cana en España y los sucesivos capítulos tocan el tema desde el punto de vista regional -Castilla y León, Guipúzcoa, Andalucía, Navarra-o local -el ducado de Osuna, la Limia orensana-o del estudio de piezas concretas elaboradas con base plata.
Como es natural, en un estudio que abarca un tan elevado número de colaboraciones, el interés de éstas o la pertinencia de su presencia son desiguales.
Hay aportaciones -la inmensa mayoría-con una elevada dosis de investigación original, basada en fuentes inéditas, mientras que alguna -excepcional-peca de repetir informaciones y argumentos archisabidos.
Pero es algo inevitable en una recopilación de textos de tal envergadura.
También lo es el desequilibrio que se muestra en el peso de unos ámbitos geográficos frente a otros.
Mientras que en el bloque minería se aprecia un buen equilibrio entre las dos grandes áreas productoras, México y Perú, en el de la platería el área novohispana está magníficamente representada por la presencia de siete artículos y por comparación con ella el resto de América está subrepresentado: dos artículos sobre Quito, pero sólo uno sobre Cuzco y una total ausencia de zonas tan interesantes como el res-to del Perú, el Río de la Plata o Chile, dónde la habilidad platera de los mapuches era proverbial en el tiempo tardocolonial.
Por último, a la vista de la destacada presencia que tienen los aspectos productivos, quizá hubiera sido interesante conceder el pequeño espacio de un artículo a recordar el que la plata colonial no tenía sólo como fin su conversión en objeto suntuario.
Su destino era también convertirse en moneda y, a través de ella, alimentar los circuitos económicos.
Hechas estas mínimas observaciones, solo nos queda volver a resaltar la magnífica obra ante la que nos encontramos: el avance que supone tanto en los conocimientos respecto a la minería, cuyos estudios han sufrido una clara recesión en la última década, como de la orfebrería.
Añadamos a ello la muy cuidada edición del Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, precedida por la bella portada adornada con unas preciosas ilustraciones de las minas de Canta, para poder afirmar que estamos ante una de las más importantes aportaciones de los últimos años a la historia económica de la minería, a la de la tecnología y a la del arte.
Y desear también que la colaboración entre los dos centros de ambos lados del Atlántico y el probado entusiasmo del editor español, el profesor Jesús Paniagua, permitan ver pronto un nuevo volumen y que se haga realidad lo que, junto con su colega mexicana, Nuria Salazar, expresan al final de la introducción: con esta obra «no queremos dar por cerrada una etapa sino [hacer que sea] la continuación de un trabajo de colaboración que esperamos se siga manteniendo con el paso del tiempo y a pesar de las distancias».-JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ, Universidad de Salamanca.
Ramos Soriano, José Abel: Los delincuentes de papel.
José Abel Ramos Soriano ha sido un investigador minucioso y paciente dedicado a indagar cada una de las pequeñas pistas que hicieron posible la construcción de una obra de gran valía.
A lo largo de su vida académica, su curiosidad intelectual lo llevó al estudio de los libros; jamás ha abandonado la historia de las mentalidades y, dentro de ella, se ha empeñado en analizar el mundo cultural de la sociedad novohispana, en especial los textos que fueron censurados por el Tribunal del Santo Oficio.
ISSN: 0210-5810 trabajos, nos ha mostrado el misterioso mundo que rodeaba a esos pequeños objetos formados de tinta y papel, que tienen una apariencia inocente pero, como se titula este libro, llegan a convertirse en delincuentes perseguidos por las autoridades religiosas y políticas.
Es bien conocido que en los coloquios de Historia de las Mentalidades,1 Ramos Soriano nos había adelantado algunos de los temas que se abordan en este libro, aunque reconocemos que la presentación integral proporciona una nueva visión de uno de los asuntos historiográficos de mayor importancia, tanto por las diversas dimensiones que lo rodean, como por su vigencia hasta nuestros días.
Para estudiar la censura de los libros, Ramos Soriano eligió el camino más complejo: el de organizar y analizar una inmensa cantidad de documentos históricos relacionados con la reglamentación (como los edictos) y la distribución social de los implicados.
Este panorama general le permitió demostrar de manera fehaciente las tendencias de los principales delitos de la fe, la frecuencia y los ciclos de mayor restricción.
En la historia de la Nueva España, el autor encuentra a un pequeño círculo de personas involucradas con la censura y/o en la lectura de esos libros «condenados», hombres instruidos encabezados por los eclesiásticos, comerciantes, militares y otros.
Y como bien afirma Ramos Soriano «los libros prohibidos constituyeron un vehículo idóneo para la difusión de las ideas subversivas».
A pesar de la diversidad de los criterios que constituyeron la política de los censores, en grandes líneas, podemos afirmar que los libros, o más bien la cultura escrita, independientemente de su formato, fue prohibida por atacar los dogmas cristianos, corromper las costumbres y desafiar al poder político del rey.
Según se aprecia por los datos de la gráfica 1°, durante el siglo XVI y XVII, los edictos se dirigieron en contra de las doctrinas de otras religiones, en especial el judaísmo y el protestantismo; en ese entonces, la figura de Lutero encarnó al demonio.
Durante el siglo XVIII, el enemigo a vencer fue la «Ilustración».
La enorme producción literaria de aquella época fue calificada como «nociva para la sociedad», los diablos se multiplicaron, como: Voltaire, Rousseau, Diderot, Hume entre otros muchos.
No obstante, en ambas etapas, la Inquisición evitó la filtración ideológica e interrumpió la difusión de todas aquellas ideas consideradas peligrosas que perturbaran al orden social.
Según la historiografía, a lo largo del siglo XVIII, gracias al desarrollo de la imprenta, se incrementó en forma notable la producción editorial y se abrió la posibilidad de una mayor circulación de «objetos culturales».
El público tuvo mayor acceso a los almanaques, vidas de santos, novelas, poesías, historias, entre muchas otras más.
Resulta sorprendente que algunas de las obras prohibidas siguen gozando de la simpatía del público, como por ejemplo: Abelardo y Eloísa, La Celestina, Lazarillo de Tormes, De las revoluciones de las esferas celestiales, Los libros filosóficos, El contrato social, Justin o los infortunios de la virtud etc. Con el fin de tener un instrumento de control más estricto, se publicó el Index Librorum Prohitorum en 1559 y se continuó reeditándose hasta 1948.
A principios del siglo XIX, el escritor José María Blanco White, conocido por ser un crítico de la monarquía española, recomendó a «quien deseara tener una buena biblioteca [que] debía guiarse por el índice de libros prohibidos».
2Sin duda la figura clave de la historia de los libros prohibidos son los inquisidores, quienes no conservan una buena imagen.
Se les recuerda por su crueldad, por ordenar a los verdugos que torturaran a los delincuentes o que hicieran grandes quemazones de libros en las plazas públicas.
En general, eran hombres de más de 40 años, que se distinguían por su alta preparación en teología y cánones, pero no necesariamente eran eclesiásticos.
3En este sentido, Ceferino Caso López, historiador español dedicado al estudio de los libros del siglo XVIII, investigó de manera detallada el perfil de los censores y descubrió que, entre 1724 y 1800, la mayoría eran laicos.
Es decir que en uno de los periodos más álgidos de la Inquisición en Nueva España, la responsabilidad de la censura de los libros quedó en manos ajenas a los eclesiásticos.
Dicho autor, agrega que la censura gubernativa pretendía «crear un sentimiento de sociedad vigilada entre las capas pensantes, de utilización intelectual fundada más en la reserva y prudencia de los autores que en la eficacia concreta de los criterios de valorización de su obra».
4Los delincuentes de papel nos encaminan a una sociología de los lectores, quienes estaban en contacto con la «cultura escrita», pero sobre todo «tenían acceso al poder ideológico, económico, político o social de la Nueva España».
Al inicio de esta obra, se le advierte al lector que el mundo indígena estaba excluido de estas fuentes históricas; de igual manera quedan fuera los niños, jóvenes e inclusive mujeres.
Ramos Soriano encontró sólo a tres mujeres implicadas: María Gertrudis, Francisca y «una dama», son muy escasos los datos sobre ellas.
Sin embargo, con esto no se quiere dejar una idea falsa de que todas las mujeres eran iletradas, pues estudios recientes muestran que no todas eran Sor Juana pero que había una buena cantidad de mujeres involucradas en el mundo de los libros.
Me parece que faltan muchas investigaciones sobre los lectores en México y el trabajo de Ramos Soriano es la base para iniciar dichos estudios.
Sobre este asunto, Iris M. Zavala, describe a los lectores españoles del siglo XVIII, afirma que el «público no siempre leía para esmerarse y cultivar su inteligencia.
Más bien prefería evocar lo que no pertenecía a su mundo cotidiano: mitología histórica, bandidos que robaban a los ricos sin escrúpulo, astrología.
No faltaba el mundo de lo sobrenatural, vidas de santos, además literatura que aun para nuestro modernos criterios alcanza grados poco comunes de desenfadada indecencia».
5Otra de las virtudes que podemos subrayar de Los delincuentes de papel es su vigencia.
Después de su lectura podemos reflexionar sobre la abrumadora censura en la que vivimos, e incluso la hemos asumido de tal manera en nuestra cotidianidad que ni conscientes estamos de ella.
Solo haré una breve referencia: en el Opus Dei info, existe actualmente un índice de libros prohibidos, heredado de la inquisición que abarca más de 60 mil libros.
Es una excelente bibliografía para apoyar las labores educativas de profesores y alumnos de humanidades.
6 Respecto a la censura política, la guerra ha dejado de ser en contra las religiones, la ilustración y el comunismo, hoy se combate a las redes sociales, a través del bloqueo de la señal de comunicación, como en el caso de Black Berry en Inglaterra.
Y uno de los más recientes, la censura norteamericana prohibió el cartel de propaganda de la película «La dama y el dragón», pues el actor abrazaba a la protagonista por la espalda, pero su mano atrapaba un seno desnudo.-EDUARDO FLORES CLAIR, DEH-INAH.
Riva-Agüero, José de la: La Historia en el Perú.
Tesis para el doctorado en letras, Edición facsimilar, Lima, Instituto Riva-Agüero, 2011, lvii+550 pp.
Los centenarios tienen la ventaja de recordarnos que las obras maestras tienen una fecha, escribió el historiador francés Pierre Vilar.
La Historia en el Perú, tesis con la cual José de la Riva-Agüero obtuvo el doctorado en Letras y una de las obras más logradas de nuestra historiografía, sigue siendo un libro peruano de 1910, que adquiere todo su sentido en el contexto histórico de principios del siglo XX.
Se trata de un texto que no sólo refleja la producción cultural y las inquietudes intelectuales de ese tiempo, sino que, además, constituye un importante hito en la biografía intelectual de su autor.
Las décadas finales del siglo XIX y primeros años del XX fueron testigos de una considerable edición de fuentes primarias y estudios relacionados con la historia, la lingüística y la arqueología andinas.
Entre 1871 y 1906 fueron publicadas cinco de las más importantes compilaciones documentales para la historia de la conquista y la temprana colonización españolas: la Colección de libros españoles raros y curiosos y la Colección de libros raros y curiosos que tratan de América, ambas a cargo del Marqués de Fuensanta del Valle y José Sancho Rayón; la Biblioteca Vetustísima, de Henri Harrise; la Colección de documentos inéditos para la historia de Chile, de José Toribio Medina; la Biblioteca Hispano-Ultramarina y las Relaciones geográficas de Indias.
También aquellos años fueron pródigos en la publicación y reedición de obras de los más importantes autores de los siglos XVI y XVII que escribieron acerca de la historia prehispánica (Santillán, Santa Cruz Pachacuti, Betanzos, Cieza, Cobo, Oliva, Montesinos, Sarmiento de Gamboa) y colonial temprana (Cieza, Las Casas, Jerez, Carvajal, entre otros).
La mayoría de estas ediciones fue conocida por Riva-Agüero porque aparece citada en su tesis.
Junto con la Historia, la Lingüística fue otro de los campos del saber que concitó la atención de los estudiosos contemporáneos de Riva-Agüero.
El interés por las lenguas nativas en América del sur no fue sino una proyección de lo que venía pasando en Europa.
Un móvil historicista y otro nacionalista subyacen en la lingüística decimonónica a ambos del Atlán tico: el estudio de la lengua permite la reconstrucción del pasado remoto de los pueblos y la afirmación de la identidad nacional.
En ese contexto, no extraña que en los países del área andina proliferaran las teorías acerca de los oríge-RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS nes del quechua y el aymara.
Riva-Agüero, como hombre de su tiempo, no fue ajeno a los debates sobre la materia.
La preponderancia del quechua sobre el aymara y sus correlatos histórico-culturales -anota Rodolfo Cerrón-fue defendida ardorosamente por Riva-Agüero, quien combatió incansablemente a Max Uhle, partidario de atribuir a los aymaras los monumentos de Tiahuanaco.
En La Historia en el Perú, nuestro autor sostuvo que tales edificaciones no podían ser aymaras, porque los collas «en su aspecto y costumbres ofrecen indicios de haber sido una nación bárbara e invasora, más fuerte que los quechuas; no presentan como estos señales de una disciplina social muchas veces secular» y añadió, en un tono peyorativo: «parecen raza menos vieja y agotada; y su lengua tosca y ruda, ajena a las delicadezas del quechua, no es de creer que haya sido vehículo apropiado de una gran organización política» (96).
Teñido de un marcado nacionalismo, Riva-Agüero sostuvo que la civilización quechua de Tiahuanaco habría sido destruida por la invasión de los aymaras, pueblo venido del este de Bolivia o del norte de Chile.
Entonces, los quechuas se habrían visto obligados a emigrar, y así quedó su raza dividida en dos grupos, sin comunicación entre sí: el de Quito y Perú, y el de Charcas (100-101).
Más allá de sus discrepancias lingüísticas con Uhle, Riva-Agüero supo reconocer los aportes de los estudios arqueológicos del sabio alemán.
No podía ser de otra manera en un tiempo en el que el interés por la historia prehispánica se hallaba en pleno apogeo.
Las páginas de las principales publicaciones periódicas académicas del momento -la Revista Histórica, el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima y El Ateneo-publicaron artículos sobre los yacimientos del hombre primitivo en la costa, el origen de las piedras de Tiahuanaco, los quipus, la estólica, la mascaipacha incaica, las evidencias materiales de ocupación en las islas del litoral, la divinidad de Pachacamac, la sucesión entre los incas, entre otros temas.
En 1910, el conocimiento del pasado anterior a los incas se había visto notablemente enriquecido gracias a los estudios de los eruditos locales, pero sobre todo debido a las excavaciones de Uhle, quien propuso la primera cronología relativa del desarrollo de la civilización en los Andes peruanos.
Aunque Riva-Agüero era un convencido del valor de las crónicas e historias de los siglos XVI y XVII para la reconstrucción de la historia prehispánica, era consciente que no se podía obviar el aporte de la arqueología.
Siguiendo a Uhle, sostuvo que fue en la costa donde apareció la «cultura verdadera».
Más aun, escribió que «Los vestigios de la más antigua civilización peruana se han hallado en los valles de la costa, desde Nazca hasta Trujillo.
ISSN: 0210-5810 cálido o templado de esos valles, favorable a la precocidad de la organización social, y la proximidad y quietud del océano, que facilitaba las comunicaciones por medio de la navegación costanera, permitieron que se asentaran y progresaran mucho antes de la era cristiana, una raza que supo trabajar y colorear artefactos de barro con rara maestría».
Dado el estado avanzado de desarrollo material de dicha raza en contraste con los que los precedieron, permitía conjeturar «que haya venido por mar de otro país y que haya traído ya formada su civilización» (88).
Dentro de la producción de Riva-Agüero, La Historia en el Perú es una obra temprana: fue escrita cuando su autor contaba 25 años.
No obstante su juventud, Riva-Agüero ya gozaba en 1910 de una bien establecida reputación en el medio académico nacional.
Cinco años antes, en 1905, había publicado El carácter de la literatura en el Perú independiente, su tesis para optar el grado de bachiller en letras, que obtuvo una buena acogida en el medio académico.
Por añadidura, entre 1906 y 1909 publicó en revistas y periódicos limeños avances de su tesis doctoral.
Los más importantes aparecieron en la Revista Histórica y en esta última dio a conocer sus ensayos acerca del Inca Garcilaso, Peralta y Llano Zapata, que luego se convirtieron en capítulos de su tesis doctoral.
También la Revista Histórica acogió la célebre polémica entre Riva-Agüero y González de la Rosa en torno a la autoría de los Comentarios reales.
Uno de los aspectos que más destaca de la tesis de Riva-Agüero es que se trata de un meticuloso estudio historiográfico, para cuya escritura el autor tuvo que consultar un nutrido corpus de bibliografía colonial y republicana.
Llama la atención la aparición de una obra con tales características en un medio, como el limeño de principios del siglo XX, en el que no se cultivaba la erudición y menos la historiografía.
¿Cómo pudo Riva-Agüero escribir una obra de tal magnitud?
Aunque la biografía intelectual de este destacado historiador está por escribirse, la propia obra permite esbozar una respuesta preliminar.
Creo no equivocarme al sostener que la obra de Pablo Patrón fue gravitante en la de Riva-Agüero.
Médico de profesión, Patrón era a fines del siglo XIX y principios del XX una de las figuras más reconocidas del medio académico limeño debido básicamente a sus estudios sobre lingüística.
En diversas publicaciones del país y del extranjero, dio a conocer su teoría sobre el origen sumerio-asirio de las lenguas quechua y aymara.
Patrón era asimismo una autoridad en la literatura colonial acerca de la historia de los incas y la temprana colonización europea, como lo muestra el detallado proyecto que en 1906, a petición del Congreso de la República, elaboró para editar una colección de «Historiadores peruanos».
Patrón sostuvo que, de acuerdo al proyecto del Congreso, quedaban excluidos de la publicación los documentos inéditos, pero que los había tan importantes que era imposible prescindir de ellos.
Propuso incluir no sólo a los autores peruanos, sino a los de importancia, cualquiera que fuese su nacionalidad, y tanto antiguos como modernos.
Más aún, escribió que la colección no debía llamarse «Historiadores peruanos», sino «Historiadores del Perú», y que debería estar compuesta de tres series dedicadas al periodo prehispánico, hispano y republicano, cada una, a su vez, integrada por dos subseries, una de obras históricas y otra de documentos.
También en 1906, Patrón publicó un estudio sobre la veracidad del cronista Fernando de Montesinos.
Riva-Agüero conocía muy de cerca la obra de Patrón y la influencia de esta última en su tesis doctoral es visible en tres aspectos puntuales: la selección de los «autores peruanos» objeto de estudio, el interés por la obra de Montesinos y la curiosidad por la lingüística.
El hecho de que Riva-Agüero dedicara su obra a Patrón pone aún más de manifiesto la relación entre ambos personajes.
La edición facsimilar de La Historia en el Perú, de 1910, es más que una muestra de la producción intelectual de su autor, es un testimonio de su ideario ideológico.
La imagen que ofrece Riva-Agüero del periodo colonial es idílica.
A la confusión y anarquía de las constantes rebeliones del siglo XVI, sucedieron tiempos de «profunda calma, de pacífica organización» (219).
La paz virreinal es tan sólo alterada por la esporádica aparición de bandas de corsarios.
Fiel al ideario anticlerical, tan en boga en el medio académico peruano de inicios del siglo pasado, sostuvo que en el Perú colonial dominaban las órdenes religiosas.
La vida conventual impregnaba la existencia del virreinato, que se convierte en un gran convento «con su soñolienta quietud, su monotonía interrumpida por pomposas fiestas, sus místicos arrebatos, sus intrigas y rivalidades minúsculas» (220).
La imagen que ofrece del clero es poco halagadora: se trata de un cuerpo social dominado por la holgazanería, la superstición y la «inercia mental y moral».
Como es conocido, Riva-Agüero años más tarde abjurará de estas opiniones.
La Historia en el Perú refleja la producción cultural y las inquietudes intelectuales de fines del siglo XIX y principios del XX, y constituye un elocuente testimonio de la trayectoria intelectual de su autor.
Por ello, no nos queda sino agradecer la feliz iniciativa del Instituto Riva-Agüero por la publicación facsimilar de una de las obras más logradas de la historiografía peruana.-PEDRO GUIBOVICH PÉREZ, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
Sanz Jara, Eva: Los indios de la nación.
Los indígenas en los escritos de intelectuales y políticos del México independiente, Madrid, Iberoamericana Vervuert / Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá, 2011, 340 pp.
A caballo entre la antropología y la historia, este libro es un esfuerzo por reunir el discurso sobre los indios emitido por intelectuales y políticos mexicanos durante los siglos XIX y XX.
A su autora le preocupa el ejercicio de poder que suponen la categorización y la clasificación porque éstas condicionan la imagen que del indio se tiene en el exterior (tanto fuera de las fronteras mexicanas como dentro, entre la población no india) y la imagen que el indio tiene de sí mismo (al menos cuando se define a sí mismo en un contexto en el que dialoga con los «otros»).
Los divulgadores de la concepción del indio (cambiante, o supuestamente cambiante, según la situación política) son, en buena medida, los propios creadores de dicha imagen: los intelectuales que, junto a los políticos (con frecuencia, sobre todo durante el siglo XIX, son las mismas personas), emiten sus juicios y los dan a conocer a través tanto de sus escritos como de sus discursos, entrevistas, declaraciones, etc. En este caso la autora centra su atención en su producción intelectual, tomada como fuente primaria de investigación.
Una de las principales conclusiones del trabajo es que, según la autora, a pesar de que hay cambios sustanciales en la retórica del proyecto nacional que traen consigo variaciones en la concepción del indígena y en el lugar que se les reserva en dicho proyecto (p.
14), se detectan relevantes continuidades en la ideología dominante (p.
Para los planes de integración nacional ideados desde la independencia, la más significativa de estas continuidades en el discurso es la percepción del indígena como un problema; como un problema que viene arrastrándose desde la colonia y que no ha podido ser superado por parte de los anteriores dirigentes pero que en el momento de emisión del discurso sí va a ser, por fin, solucionado a través de la intervención estatal.
Según Eva Sanz Jara, «el sentimiento hacia lo indígena durante los más de doscientos años de vida independiente bascula de la negación a la afirmación de los mismos en función de los intereses estatales que son, a su vez, dependientes de la imagen que México tiene de sí mismo en cada momento y que está muy relacionada con la coyuntura histórica» (p.
Resulta muy acertada la afirmación pero, no obstante, se echa en falta una contextualización en el momento histórico de cada período en relación a esa imagen cambiante; alguna referencia a lo que estaba ocurriendo en otros lugares donde la diferencia y/o la presencia de población considerada diferente también ha sido puesta en cuestión.
Y hago mención a esta ausencia porque considero que esta continuidad que contempla a lo largo del XIX y casi todo el XX, esta insistencia en la integración del indio a partir de la anulación de las diferencias como objetivo principal para crear la nación no es una peculiaridad mexicana sino parte del modelo liberal de estado nación característico del mundo occidental durante este período de tiempo.
En ese sentido, precisar las peculiaridades de la historia mexicana y relacionarlas con los cambios en el discurso habría dado mucha mayor relevancia a un libro importante como es el que estamos reseñando.
Sin embargo, esta falta de contextualización es debida a uno de los mayores logros del libro: poner en relación las continuidades y las discontinuidades en los discursos de políticos e intelectuales del México independiente.
Dada la amplitud del período de estudio y la profusión en el uso de las fuentes y de la bibliografía, añadir más contenido al libro hubiera sido arriesgado en términos editoriales y probablemente se habría visto la autora forzada a recortar contenido por otro lado.
Considero, por tanto, que nos encontramos ante un libro muy sincero en el que se exponen con claridad los objetivos y cuya estructura responde meridianamente a la exposición de los mismos.
Tal claridad y honestidad vienen apoyados por un manejo acertado de las fuentes que nos proporcionan una idea muy nítida de los principales lineamientos del discurso en cada una de las etapas analizadas y por ello y por la aportación de una cuidada bibliografía es muy recomendable su lectura y su utilización como libro de referencia tanto para especialistas como para todos aquellos que se inicien en la historia mexicana y, más concretamente, en la del nacionalismo y de la cuestión indígena.-INMACULADA SIMÓN RUIZ, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá.
Telesca, Ignacio y Mallo, Silvia C. (eds.): «Negros de la Patria».
Los afrodescendientes en las luchas por la Independencia en el Antiguo Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, Editorial SB, 2010, 280 pp.
El año 2010, en tanto año del Bicentenario, ha convocado a reflexionar a los historiadores de todas las perspectivas y campos en el análisis de sus objetos de estudio.
Así es como la propuesta de Telesca y Mallo genera la posibilidad de reunir a un destacado núcleo de historiadores especializados en el tema de los afrodescendientes, muy en boga en la actualidad cultural argentina.
Este libro, con una Introducción de Silvia Mallo y doce trabajos de autores reconocidos, desarrolla un análisis de distintos problemas vinculados a las cuestiones de los afrodescendientes, desde temas vinculados a la normativa y jurisprudencia, su participación en el ejército, en la revolución y guerra de Independencia en distintos espacios del virreinato del Río de la Plata, sobre sus condiciones de vida y su religiosidad.
Los textos de Liliana Crespi y la propia Silvia Mallo de nuevo, nos introducen en el análisis de las cuestiones normativas y jurídicas en relación a la esclavitud y la libertad de esos afrodescendientes a fines del siglo XVIII y principios del XIX, presentando la primera un minucioso análisis de la normativa heredada del medioevo castellano comprendida en las Partidas de Alfonso X y que también regulan el ordenamiento de la esclavitud de los afrodescendientes en el Río de la Plata.
Al decir de Crespi, es un «mundo de normas y prácticas judiciales: normas que existen y que se aplican en un marco cultural en el que la práctica genera derecho local» («Ni esclavo ni libre.
El status del liberto en el Río de la Plata desde el período indiano al republicano», 16).
Analiza ahí distintos aspectos sobre el logro de la libertad por parte de los esclavos, como la manumisión, que estaba contemplada en el derecho romano y la doctrina cristiana.
El proceso de manumisión en el Río de la Plata fue producto de decisiones individuales y no colectivas, a diferencia de Brasil o Cuba, señalando la existencia de manumisiones graciosas y condicionadas.
Las primeras eran efectuadas por los propios amos por motivos piadosos antes de morir o por premiar a un servidor leal.
Las denominadas condicionadas se establecían en los testamentos y se efectuaban a la muerte del amo o de algún familiar del mismo.
El peculio es otro elemento que esta autora estudia como vehículo de liberación a través de la coartación, proceso este donde el RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS esclavo se compra a sí mismo estableciendo con su dueño una relación contractual.
Otros puntos de análisis de Crespi son los regímenes de patronatos y la libertad de vientres que acontecieron en el transcurrir del gobierno revolucionario.
A pesar de las nuevas formas establecidas por la Revolución, ella señala que los gobiernos republicanos se encargaron de mantener a la población afro argentina en un estado de disminución civil, tardando medio siglo para otorgarles un status de ciudadanía.
Silvia Mallo nos propone un análisis del discurso sobre la libertad y la igualdad, y lo que acontece en la realidad del estado, los amos y los esclavos.
Intenta comprobar el uso de determinadas tácticas para desvirtuar las posiciones con el solo fin de lograr los propósitos de cada uno de los actores.
Asimismo estudia los cambios que se producen en la normativa desde fines del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, examinando a través de las fuentes judiciales el debate sobre el origen de la esclavitud, el concepto de libertad y la concepción del propio estado.
Afirma que esos cambios observados en el transcurso del periodo revolucionario, se evidencian en los discursos a favor o en contra de la esclavitud; realiza un análisis del discurso de las argumentaciones de los derechos de los amos y de los defensores de los derechos de los esclavos; y concluye que la idea de libertad se impone no sin protestas por parte de los amos, ni tampoco sin titubeos por parte de la elite gobernante.
Lo que no se logra hasta bien entrado el siglo XIX es la igualdad de derecho.
Marta Goldberg hace un examen de la composición del ejército por parte de los esclavos africanos, a quienes ella denomina afro-soldados de Buenos Aires.
Conforman los batallones de pardos, negros e indios.
Ya desde la fundación de Buenos Aires los negros esclavos integraban las milicias y el cuerpo de pardos tuvo, en las invasiones inglesas, una composición cercana a los 900 individuos.
Después de lograda la autonomía gubernamental, la igualdad en los cuerpos milicianos llegó a los indios pero no a los afrodescendientes.
Goldberg analiza y describe las formas de ingreso a los batallones: a través del rescate de esclavos para la guerra; por donaciones y préstamos; por el corso; mediante la incorporación de negros libres o esclavos que cumplían condena en la cárcel y de los libertos por aplicación de la ley de vientres u otras disposiciones.
Son estos libertos los que conformaron gran parte del ejército libertador de San Martín.
Esta autora, a través de distintas fuentes, como por ejemplo la literatura de viajeros, brinda información sobre el desempeño de los afro-soldados en las batallas de la guerra de Independencia.
ISSN: 0210-5810 destaca los problemas que se desarrollaban en los batallones de afro-soldados a causa de las epidemias y las deserciones.
Al mismo tiempo se refiere a aspectos muy enriquecedores acerca de la composición de las milicias, de la vida cotidiana y del desempeño de los afro-soldados.
Ghirardi, Colantonio y Celton aportan un capítulo cuyo objetivo es visibilizar la población esclava en la sociedad cordobesa en los tiempos del despertar revolucionario.
En su texto, las autoras advierten que la esclavitud es un problema que sigue siendo actual y tan grave como en los tiempos estudiados.
Como historiadoras especializadas en demografía histórica e historia de la familia, proporcionan una vasta información organizada y presentada en varios cuadros.
Ello es una especie de fotografía de los esclavos en la sociedad cordobesa, según el censo del año 1813.
Luego, las tres autoras analizan distintos sectores de la población esclava: los niños y ancianos; los enfermos y minusválidos y los amores ancilares, aquellas relaciones de subordinación y abuso que se desarrollaban entre el amo y la esclava.
Un capitulo que nos brinda una idea acabada de la población esclava en la Córdoba de fines de la colonia.
Beatriz Bragoni nos introduce en un tema poco estudiado en la historiografía nacional, tal como ella misma lo advierte: el grado de politización de negros y esclavos en Cuyo.
Su trabajo intenta arrojar respuestas sobre la participación política a través del estudio de un proceso criminal elevado por el gobierno a un grupo de esclavos y negros libres en 1812.
Joaquín Fretes, un negro libre, y Bernardo -esclavo de Francisco Aragón-eran los cabecillas de los rebeldes.
La autora propone analizar la cosmovisión política de negros y pardos que luchaban por su libertad.
Estos individuos, según Bragoni, diseñaron una estrategia destinada a modificar su condición jurídica.
En el caso mendocino los fiscales y defensores del caso establecen el pulso disruptivo de las ideas revolucionarias de la época con el reclamo de libertad del grupo de esclavos.
En el noroeste argentino la participación de los negros en la lucha por la independencia es analizada por Sara Mata.
Su objetivo es estudiar las formas de participación de negros y afro-mestizos, libertos y esclavos en la guerra de independencia.
En el análisis de la organización de las milicias al inicio de la revolución y los escuadrones organizados por Güemes en 1815, observa que la dinámica impuesta por la guerra librada en el territorio salteño-jujeño contribuyó a la construcción de una identidad política.
Mata proporciona un cuadro de situación de la población negra a través del análisis del censo de Carlos III de 1776.
La autora indica que los esclavos tenían disposición para a luchar por la libertad en cuanto que ésta les prometía su propia libertad a raíz de los servicios prestados a la patria, afirmación que es sostenida por la historiografía sobre el tema.
En este caso se podría señalar que hubo «una firme resolución que llevó a estos esclavos a huir y refugiarse en las filas del ejército» («Negros y esclavos en la guerra por la independencia, Salta 1810-1821», 135).
Ignacio Telesca ofrece una mirada sobre la cuestión en el territorio paraguayo.
Sostiene que la proporción de población afrodescendiente era numerosa y que el proceso de independencia no representó ningún cambio significativo para los esclavos.
Señala que los esclavos pertenecientes a las órdenes religiosas pasaron a ser esclavos del Estado por disposición del doctor Francia e indica que durante todo el siglo XIX los esclavos intentaron estrategias para revertir su situación pero, sin embargo, todavía entrado el XX la sociedad paraguaya seguía negando el componente afro de la misma.
Para el territorio de la Banda Oriental -actualmente Uruguay-el libro presenta tres trabajos con aportes significativos sobre la cuestión de los afrodescendientes.
El capitulo que escribe Ana Frega indaga las alternativas de emancipación y las posibilidades que se abrieron a partir del proceso revolucionario.
En el contexto de las políticas de Artigas y el proceso de emancipación uruguaya y con la misma perspectiva de análisis, destaca una situación similar a la que se desarrolla en Buenos Aires, en las provincias del Interior.
Eduardo Palermo toma como objeto de análisis una región determinada de la Republica Oriental que es la frontera uruguaya-brasileña.
Allí Palermo conceptualiza sobre la noción del espacio y la frontera.
Luego analiza en distintos ciclos de la conformación del Estado Oriental la importancia de la población afrodescendiente que se encontraba como mano de obra esclavizada en las estancias y en las zafras.
Borucki, Stalla y Chagas presentan un texto que es la síntesis de dos libros publicados previamente por los autores, siendo la preocupación central la abolición de la esclavitud en Uruguay.
Los autores analizan las distintas perspectivas que la historiografía ha desarrollado sobre el tema.
Los últimos dos trabajos de esta obra colectiva nos introducen en las condiciones de vida y hábitos de los afrodescendientes en el ejército y, en HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
ISSN: 0210-5810 concreto el segundo, sobre las asociaciones africanas porteñas y la religiosidad de las mismas.
Así, Otero centra su estudio en la vida cotidiana de los afrodescendientes que participaban en los ejércitos de la independencia, brindando una mirada sensible y conmovedora sobre las relaciones sociales en el interior del ejército por parte de los afrodescendientes.
Por su parte, Miguel Ángel Rosal ahonda en un tema que ha investigado desde hace mucho tiempo aportando un sólido análisis sobre la conformación de las asociaciones de negros e insertando una serie de apéndices documentales con los que demuestra lo afirmado en su capí tulo.
Sin duda este libro aporta un conocimiento muy enriquecedor sobre este grupo social, los afrodescendientes, que muchas veces ha sido relativizado en el proceso de construcción de las sociedades latinoamericanas.
Como señala Silvia Mallo en la introducción, el Bicentenario nos ha convocado a volver a reflexionar.
Ciertamente este libro ayuda a pensar sobre un aspecto de nuestra sociedad y nuestro pasado, centrándonos en con creto en un componente étnico que, durante muchos años, fue invisibilizado.
El giro indígena que ha marcado gran parte de la política latinoamericana en años recientes, desde el levantamiento zapatista en México hasta la elección de Evo Morales en Bolivia, le proporciona a Emilio del Valle Escalante un trasfondo continental desde el cual enmarcar, iluminar y someter a un análisis incisivo el surgimiento del movimiento maya en Guatemala.
De ascendencia k 'iche', miembro de uno de los veintitantos grupos mayas que en conjunto conforman aproximadamente la mitad de la población nacional, Valle Escalante (hoy en día profesor de literaturas y culturas latinoamericanas en la University of North Carolina) utiliza una perspectiva postcolonial para impulsar su investigación y cargar su discurso.
Las reflexiones teóricas, sin embargo, rara vez ofuscan los hallazgos empíricos, con el autor guiando al lector con habilidad y percepción a través de un vasto, y en ocasiones agobiante, cuerpo de literatura.
Asuntos RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS rebatidos con vehemencia, literalmente asuntos de vida o muerte en Guatemala, son confrontados y abordados con destreza, aunque probablemente nunca sean resueltos.
Un claro sentido de propósito no sólo se hace evidente desde el principio sino que es sostenido a lo largo de toda la obra.
«Me interesa examinar los esfuerzos del movimiento maya por revitalizar y afirmar las culturas indígenas», escribe Valle Escalante, «mediante un estudio de los discursos de literatura, periodismo, testimonios, proyectos educativos y otros textos culturales acerca de o producidos por representantes del movimiento» (2).
Declara que su «principal interés» reside «en explorar cómo, desde la década de 1970, los pueblos indígenas han desafiado narrativas establecidas y hegemónicas de la modernidad, la historia, la nación y la identidad cultural según la forma en que éstas se relacionan con el mundo indígena».
El origen del desafío maya tiene sus raíces en «una larga lucha política que, hasta el día de hoy, ha coincidido con un periodo de crisis económica profunda y generalizada y con el fracaso de los modelos de desarrollo de la nación-Estado guatemalteca» (3).
Consolidado en la década de 1990 -Valle Escalante considera como un hito histórico el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú en 1992-, el movimiento se dividió más tarde en «dos tendencias ideológicas» que acogen «dos rumbos complementarios y, en ocasiones, contradictorios», que el autor denomina el cultural y el popular (4).
El primero promueve «la revitalización de una identidad maya (no 'india'), del traje maya y de los idiomas y religión indígenas», mientras que el segundo es motivado por una agenda política más explícita, en la que las cuestiones de clase tienen preferencia sobre las expresiones de etnicidad.
Como suele ser el caso, las diferencias llevaron a la división, y a veces incluso a la ruptura, brecha que perdura, como plenamente lo atestigua el distante posicionamiento de Menchú en dos elecciones generales (la primera en 2007 y la segunda en 2011).
El autor reseñado estructura su libro en dos partes.
En la primera, analiza descripciones de la vida maya según se articulan en obras literarias y testimonios.
Ambos géneros le proporcionan abundantes ejemplos sobre los cuales discutir, pero prefiere centrar su atención en un pequeño grupo de exponentes e igual cantidad de obras emblemáticas.
En el Capítulo Dos, «From the 'Indian' as a Problem to the Indian as a Political and Social Agent» («Del 'indio' como problema al indio como agente político y social»), enfrenta a Miguel Ángel Asturias, el novelista guatemalteco más famoso y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967, contra Luis de HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
De hecho, Lión no era un hablante nativo del kaqchikel, contradicción que Valle Escalante reconoce pero sobre la que prefiere no hacer comentarios.
Concluye que Lión «consideró necesario criticar a Asturias y su versión del mundo indígena porque Asturias era el autor ladino [no indígena] por excelencia en Guatemala» (172).
Valle Escalante no pone en duda el genio de Asturias «para crear un lenguaje estético», ni discute «su valiosa y necesaria crítica del capitalismo» (32) en novelas como Hombres de maíz (1949).
Sin embargo, cuestiona la «limitada representación del mundo indígena» del laureado Nobel, contrastándola con el «profundo entendimiento de la colonialidad del poder» de Lión en El tiempo principia en Xibalbá (1985), considerada por muchos «la primera novela maya» (22).
La misma estrategia de punto/contrapunto se aplica al Capítulo Tres, «New Colonial and Anticolonial Histories» («Nuevas historias coloniales y anticoloniales»), en el que Valle E. aporta su punto de vista acerca de la disección casi quirúrgica que David Stoll, en su obra Rigoberta Menchú and the Story of All Poor Guatemalans (Boulder, Colorado: Westview Press, 1999), hace del testimonio de esta líder, reflejado en el libro Me llamo Rigoberta Menchú y así nació mi consciencia (edición e introducción por Elizabeth Burgos.
La segunda parte del libro se ocupa de las discusiones sobre la modernidad, la política de identidad y el papel de la educación en la creación de la «ciudadanía intercultural» en Guatemala.
El Capítulo Cuatro ofrece más un distanciamiento que un diálogo entre dos portavoces situados a ambos lados de la división entre mayas y ladinos, en el que a los argumentos de Mario Roberto Morales en La articulación de las diferencias (1998) en mi opinión les va mejor, en contraste con los de Estuardo Zapeta en Las huellas de B'alam (1999), una colección de sus columnas periodísticas de 1994 a 1996.
Valle Escalante alcanza el punto álgido de su discurso en el Capítulo Cinco, en el cual aborda el espinoso asunto de la Reforma Educativa implementada en 2002 «para enseñar idiomas mayas en varios kindergarten y escuelas primarias públicas en las áreas rurales y urbanas» (12).
El programa, en sus propias palabras, busca «no dividir el país y el Estado sino lograr un nuevo pacto social que tome en cuenta las diversas realidades de Guatemala [y que] reconozca y respete sus expresiones, derechos y necesidades, sin la mediación de la violencia ni confrontaciones polarizadotas» (141).
El autor que reseñamos argumenta que «la interculturalidad en el dis-curso educativo debería confrontar la colonialidad del poder» e insiste en que el movimiento maya «en vez de difundir la idea de una identidad cultural biológica debería hacer énfasis en la mayanidad como una disposición política que implica, más que un lugar geográfico o un idioma específico o cómo uno se viste o actúa, una experiencia histórica y una relación cultural afectiva y política desde la cual pensar y actuar» (140).
Su juicio, que me parece fundamentado y razonable, no es uno con el que todos los actores claves, ya sean mayas o ladinos, estarían de acuerdo.
La batalla por Guatemala -«desde una patria de pocos a una patria de todos», como Severo Martínez Peláez plasmó memorablemente en La patria del criollo: Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca (México, Fondo de Cultura Económica, [1970], 1998), su aún controvertido tratado sobre la identidad y el desarrollo nacional-prosigue con furia.-W. GEORGE LOVELL, Queen's University, Canadá.
Zaballa Beascoechea, Ana de (ed.): Los indios, el Derecho Canónico y la justicia eclesiástica en la América virreinal, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2011, 244 pp.
La historia de la justicia civil en Hispanoamérica colonial ha pasado por varias etapas: desde la primaria e indispensable recopilación de leyes y ordenanzas, transitando por la historia institucional, la de las ideas, hasta llegar a una perspectiva cultural y los temas propios de la antropología jurídica.
Existe una relación genética y progresiva entre algunas de estas orientaciones, porque paulatinamente hemos alcanzado una mejor comprensión del proceso judicial y de sus consecuencias.
Por otro lado, mal haríamos en menospreciar a los compiladores que pacientemente encontraron y ordenaron leyes y reales cédulas, porque el historiador no puede prescindir de los datos «duros» y de los aspectos institucionales.
Lo que es peculiar en el estudio de la justicia eclesiástica, y puede apreciarse muy bien en esta obra, es que todos esos momentos parecen darse al mismo tiempo.
Es posible que sea resultado de que fue un campo considerado solamente de manera incidental y episódica en el pasado, y que ahora conoce un nuevo y súbito auge, que se alimenta de los variados precedentes historiográficos.
También es una cuestión de diversidad formativa: ocurre que los autores llegan a este tema desde diferentes disciplinas, porque hay entre ellos historiadores de la iglesia, de la teología, del dere-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 1, enero-junio, 2012, 321-387.
El resultado puede ser muy interesante, y también muy heterogéneo.
Este volumen ha sido cuidadosamente editado por Ana de Zaballa, bien conocida por su empeñosa labor de coordinación de estudios de historia eclesiástica y del derecho indiano, como Nuevas perspectivas sobre el castigo de la heterodoxia indígena en la Nueva España: siglos XVI-XVIII (2005) y Los indios ante los foros de justicia religiosa en la Hispanoamérica virreinal (con Jorge Traslosheros, 2010).
La obra se halla dividida en tres secciones: «Los indios y el derecho canónico», «Visitas eclesiásticas y extirpación de idolatrías», y «Los indios antes los foros de derecho eclesiástico».
Jorge Traslosheros, en una compendiosa introducción en la que señala con mucha razón que no puede entenderse la sociedad indiana sin su matriz católica, establece bien las fuentes del derecho canónico (consuetudinaria, jurisprudencial, doctrinaria y legal) y comenta su estrecha vinculación con el derecho común.
Discute asimismo la idea subyacente de la transgresión como ofensa a Dios, que sin embargo no es juzgada por un código inflexible, sino por lo que llama una «antropología realista», que atiende tanto al crimen en sí como a la publicidad o escándalo generado por el infractor.
Finalmente, se adentra con gallardía en terrenos muy pantanosos, cuando sostiene que del estudio de la justicia eclesiástica se deduce que tanto españoles como indios compartían un mismo cuerpo de ideas, creencias y prácticas observables.
Los ensayos particulares comienzan, muy apropiadamente, con un artículo de Thomas Duve sobre los alcances y límites de la jurisdicción eclesiástica indiana en su época temprana y formativa, que trae consigo la experiencia europea pero debe necesariamente adaptarse a la realidad indiana.
Como es inevitable, su estudio deriva en la condición del indio como sujeto de justicia, y en su calidad de «miserable» (no en términos adjetivos, sino conceptuales).
Concluye el autor que la doctrina sobre los espacios jurisdiccionales era imprecisa, dado que los asuntos indígenas también tocaban a la justicia civil, y para evitar «revolver a la república» o causar escándalos terminó por admitirse la intervención de los juzgados eclesiásticos como supletoria en caso de «defecto» o negligencia del juez.
Para quien considera casos específicos, esta contribución trae inevitablemente a la memoria las peripecias del obispo fray Juan de Zumárraga, nombrado «protector» de los indios sin medios para ejercer su jurisdicción, y enfrentado a la hostilidad de la real Audiencia de México.
Los Concilios provinciales han sido uno de los tópicos clásicos de la historia eclesiástica.
Carrillo Cázares aborda un tema del que se ha ocupado desde tiempo atrás: los debates en el concilio mexicano de 1585 sobre la justicia de la guerra contra los indios «bárbaros» (los irreductibles chichimecas del norte novohispano) y la distribución de los indios en repartimientos forzosos.
La primera fue condenada, recomendando como vía preferible la pacificación mediante el poblamiento, y los segundos tenidos por «injustos, perjudiciales y dañosos par las ánimas, haciendas, salud y vida de los indios».
Así fue efectivamente el resultado de esta magna asamblea, pero probablemente por el corto espacio el autor no menciona que la discusión no fue tan sencilla ni las conclusiones tenidas por evidentes.
En este mismo concilio hubo teólogos (como Hernando Ortiz de Hinojosa), que defendieron la «guerra justa» contra los chichimecas, negaron que los españoles hubieran sido los agresores, y consideraron como irrelevante que hubiera víctimas circunstanciales inocentes.
Hoy día, evidentemente, este parecer y otros semejantes no resultan muy propicios para el elogio del humanismo eclesiástico, pero en su momento reflejaron los intereses y preocupaciones concretas de los colonos que vivían en zonas de cruenta guerra.
Con un tema menos polémico, Luis Martínez Ferrer se dedica al debate conciliar sobre la libertad de indios y negros para contraer matrimonio, aun sin permiso de sus amos o encomenderos.
La defensa del albedrío conyugal sigue la línea de la predicación y la legislación en el sentido de proteger a los indios de los abusos, primero de los caciques, y luego de los españoles.
No es desde luego el tema del autor, pero bien podría hacerse el argumento de que los «abusos» de los caciques eran simplemente la continuación colonial de arreglos y convenios sociales prehispánicos, donde el matrimonio era la forma de expresar alianzas entre linajes o bien la manifestación de jerarquías entre diferentes señoríos.
Si lo vemos desde este ángulo, el derecho eclesiástico resulta ser ante todo una herramienta de cambio cultural.
La segunda sección del libro, dedicada a extirpación de idolatrías, tiene un sesgo francamente peruanista.
Gira en torno a una institución -la visita de idolatrías-sobre la cual llamó la atención hace muchos años Pierre Duviols.
Estas «visitas» son peculiares porque aunque la persecución de idólatras fue común en Indias, resultó ser particularmente importante en este virreinato.
Sus inicios están muy vinculados a la labor del arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero, quien previamente había hecho méritos ejecutando criptojudíos en México y persiguiendo idólatras en Santa Fe de Bogotá.
ISSN: 0210-5810 A Macarena Cordero le interesa demostrar que las «visitas» pueden considerarse una institución del derecho canónico, y no una práctica incidental -un asunto sobre el que han existido diferentes opiniones.
Las razones de esta campaña de extirpación y la existencia misma de una extendida «idolatría» fueron puestas en duda en la época.
El historiador bien puede seguir estos precedentes, porque en estos asuntos hay con frecuencia más de lo que puede apreciarse a primera vista.
Estos sonados juicios servían a veces para acumular méritos más prontamente que con la callada labor cotidiana de administración religiosa; y en ocasiones había intereses subyacentes, como los de los jesuitas, que por sus propias razones descalificaban la labor de los primeros evangelizadores.
Este debate atrae la atención de Juan Carlos García, quien se ocupa del denunciante primigenio y juez visitador, Francisco de Ávila, con comentarios del mayor interés sobre Cristóbal Choquecasa, que encabezó una facción militante de indios conversos y delatores de sus vecinos «idólatras»; y de Pedro M. Guivóbich Pérez, quien se dedica a las «extirpaciones» tardías, cuando llegaron a ser parte de las visitas eclesiásticas ordinarias.
La discusión no es meramente académica, porque como advierte Guivóbich Pérez, es un tema que ha sido asunto de muchas páginas para quienes interpretan la historia indígena en términos de explotación y resistencia, y que hoy día dan una imagen negativa de la Iglesia.
El autor señala con razón que en ocasiones estas obras muestran una falta de conocimiento del derecho canónico, pero ciertamente la polémica no va a desaparecer con aclaraciones y precisiones jurídicas.
La sección de «Los indios ante los foros de justicia eclesiástica» incluye varios estudios de caso.
John Charles examina un antiguo favorito de la historiografía: la obra de Guamán Poma de Ayala, considerada en su relación con el derecho canónico y las repetidas denuncias que hace en contra de sacerdotes, que quizás se derivaran de sus experiencias personales.
De manera interesante, Poma de Ayala recomendaba presentar estas quejas ante la autoridad civil.
Magnus Lundberg, por su lado, atiende a la labor del juzgado eclesiástico ante los conflictos entre párrocos y feligreses en Ixcateopan (en el actual estado mexicano de Guerrero), en las primeras décadas del siglo XVII.
La suya es una historia de violencias físicas, castigos, así como mala administración y mala conducta eclesiástica, que es bueno contrastar con los elevados principios morales del derecho canónico.
Y como refiere el autor, estas demandas al fin y al cabo de poco sirvieron.
El artículo de Ana Zaballa no aparece en esta sección del libro, pero podría hacerlo.
Si en las dos primera partes de esta obra se observa una visión «desde arriba» del tema general, la autora proporciona en «Reflexiones en torno a la recepción del derecho eclesiástico por los indígenas de la Nueva España», una perspectiva opuesta (o mejor, complementaria).
Considera, con abundante acopio de documentos locales, la manera en que los indios hicieron propios los recursos previstos por el derecho hispánico, creando precedentes y prácticas que fueron incorporados como «usos» válidos.
Muestra muy bien que los «naturales» no fueron objetos sumisos ni pasivos del proceso jurídico, sino que, por el contrario, buscaron «apropiarse de la cultura, el derecho y privilegios que ofrecía el nuevo orden establecido».
Refiere Zaballa numerosos ejemplos en que los indios «pleitistas» utilizaron concienzudamente, y a veces maliciosamente, las demandas, apelaciones y recursos de fuerza, aludiendo a conceptos tan hispanos como la reputación o los méritos y servicios prestados al rey.
Esta obra, como puede verse, es de gran interés.
Los autores explican conceptos, reconstruyen instituciones, recuperan acontecimientos, plantean perspectivas de futuras investigaciones y establecen numerosas posibilidades de discusión.
Su lectura bien puede llevarnos a considerar la historia de la justicia eclesiástica como una disciplina moral.
Y no me refiero, evidentemente, al antiguo concepto moralizante, que buscaba juzgar con severidad la integridad de los personajes y las instituciones, sino al sentido que le daban al concepto de justicia los legisladores, los jueces y quienes acudían hace varios siglos ante los provisoratos o las audiencias eclesiásticas a defender empeñosamente su buen derecho.-FELIPE CASTRO GUTIÉRREZ, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México. |
Entre Lima y Buenos Aires hace mención al espacio territorial objeto de este dossier, los virreinatos del Perú y del Río de La Plata.
Ello no significa que los cuatro estudios de caso que abarca correspondan a esa etapa histórica, ya que solo uno de ellos lo hace.
El título alude a tres configuraciones nacionales fruto de su descomposición a partir de la crisis de la Monarquía Hispánica en 1808, Argentina, Bolivia y Perú.
Su conflictivo e interactivo proceso independentista sirve como nexo de unidad formal ya que tanto desde Lima como de Buenos Aires se trato de hegemonizar la adscripción territorial de la Audiencia de Charcas hasta que en 1825 esta se convirtió en la República de Bolivia.
Aunque en algunos artículos está presente la herencia de esa rivalidad en lo relativo a cómo la competencia internacional puso a prueba la solidez o las debilidades de los nuevos Estados, el objetivo del dossier es ahondar en el tema del cambio a través del conflicto interno (armado o no).
Se quiere ver cómo el conflicto político generó cambio social y cómo el conflicto social produjo cambio político.
Para ello, en este dossier se prestará atención a los conflictos centrados en la modificación de regímenes mediante el recurso a la revolución, en los vínculos entre violencia política y procesos electorales; en la reivindicación de derechos y jurisdicción a partir de variaciones constitucionales o en la incidencia de la ley respecto a la disminución o el aumento de desigual dades.
Se trata de ver cómo las relaciones de conflicto construyen, sostienen y desbaratan creati-vamente sistemas políticos y sociales y cómo en su desarrollo los diferentes contendientes ven transformadas, vertical y horizontalmente, sus alianzas, estimulados sus contradicciones y enfrentamientos grupales, y alteradas las estructuras de poder en las que se insertan.
Ya más en concreto y tal como indica el subtítulo, se busca mostrar a partir del tema del conflicto la incidencia de las acciones colectivas populares en los procesos de democratización del Estado y de la sociedad en las tres naciones mencionadas.
Al respecto hay que añadir que no se toma a la democracia como una meta necesariamente planificada por parte de los implicados en las contiendas, sino que en un contexto nacional basado en el principio de la soberanía popular ello sucede cuando tiene éxito la lucha por alcanzar lo que son sus fines sustantivos.
Así en aquellos casos en los que las reivindicaciones solo se refieren a una conculcación de derechos adquiridos, al reconocimiento de privilegios o a la defensa de intereses particulares, el litigio entre los distintos actores da como resultado medidas de concertación e institucionalización de acuerdos que favorecen el proceso democrático.
Establecida la concreción de lo democrático, no como un objetivo, sino como una consecuencia sobrevenida, como una «acción en proceso» en la que las intenciones de los actores no suelen ser unitarias ni claras, ni siempre previas a la acción, a continuación se ofrece una lectura ontológica relacional e interactiva acerca de qué se entiende por acción colectiva.
2 Con independencia de los referentes conceptuales a los que alude directa o indirectamente cada texto del dossier, la noción acción colectiva remite a la actuación conjunta intencionada para movilizarse concertadamente.
3 Es un fenómeno dinámico e interactivo que va redefiniéndose en el curso de la propia actividad reivindicativa por medio de improvisaciones organizativas y circulación de ideas y a través de repertorios compartidos de actuación -hábitos, tradiciones y experiencias-, con la consiguiente capacidad de transformación de estructuras, tendencias y actores.
Esta definición implica cuestionar la visión dicotómica que contrapone, de un lado, los sistemas políticos institucionales, y, de otro, la actuación de la población, y que tiende a pensar los movimientos sociales como formas de acción no-institucionalizadas y disruptivas y a contraponer Estado a sociedad.
A fin de mostrar la interrelación e interacción de ambas dimensiones se recurre al origen semántico del concepto institución.
4 Este informa de la acción de instituir, esto es, de fundar y crear un orden nuevo sobre uno antiguo.
Tal contenido presenta a la institución como un producto polisémico, dinámico y multifuncional referido tanto a lo instituido como a lo instituyente.
Lo primero hace mención al orden establecido y a las normas vigentes, mientras lo segundo alude a aquello por cuyo intermedio algo acontece, tiene lugar y origina sentido.
En consecuencia, institución, en tanto combinación de lo instituido y lo instituyente implica a la vez permanencia y acto/intervención.
Esta concepción hace que una institución no sea anterior y trascendente a los grupos humanos ni tampoco sea inmanente a la vida social.
Hace referencia a una norma, una forma social o una representación, pero también alude a la actividad desplegada por los miembros de la sociedad en tanto usuarios de tales normas, formas sociales o representaciones.
Y ello permite que toda institución esté conformada por fenómenos de poder, sistemas de acción, de decisión, de control y de negociación, siendo, en consecuencia, la institucionalización o acto de institucionalizar producto de la interacción entre la racionalidad establecida -reglas, formas sociales o códigos-y los acontecimientos, desarrollos, movimientos sociales que se apoyan implícita o explícitamente en dicha racionalidad y/o la cuestionan.
La noción de institución desarrollada posibilita no solo pensar las estructuras como la precondición material y a la vez el resultado siempre inconcluso del hacer o movilización colectivos.
También permite considerar la acción de la sociedad como un fenómeno dotado de autonomía y no un mero reflejo aditivo de los cambios en la organización de la producción o de la estructura del Estado, siendo historizados los aspectos normativos y procedimentales de la política al asumirse el proceso político como contexto de los movimientos sociales.
Con esta perspectiva analítica, en este dossier se insiste en desterrar como válido el tópico acerca de que, a causa de la persistencia del organicismo, del holismo y de una tradición católica, los países americanos recién emancipados eran espacios inadaptados para la modernidad y objeto de consolidaciones estatales fallidas.
La matriz autoritaria del legado español hacía imposible un desarrollo democrático, viéndose tal déficit evidenciado en el aplazamiento de los anhelos de justicia social y en la persistencia de la violencia.
En contrapartida y de acuerdo con las últimas investigaciones historiográficas,5 a partir de estudios de caso centrados en las competencias institucionales de los sujetos históricos, en este dossier se abogará por la existencia de una ciudadanía definida desde presupuestos fuertemente inclusivos, de un empleo social de la violencia política contrario al esquema weberiano sobre su necesario monopolio estatal y de una sociedad civil altamente politizada que instituye el sistema político y a la vez es instituida por el mismo.
Tales fenómenos pueden observarse en la tensión existente en las nuevas naciones entre el principio de poder popular y el de autoridad, siendo la fortaleza de la sociedad civil manifestada en el control de la gestión práctica de la acción colectiva.
Como ello implicaba el recurso a la violencia política por ser ésta parte del repertorio de la fundación republicana y de la defensa de la Constitución se generaron problemas de inestabilidad pública que afectaron al gobierno de estos países por estar referidos, entre otros temas, al combate entre distintos actores colectivos e individuales por el control de la fuerza, al debate sobre el modelo de Estado y el peso constitucional de los tres poderes o a la potestad jurisdiccional de las autoridades locales.
Se defenderá que la acción colectiva desplegada en torno a dichos problemas, en vez de interrumpir el camino hacia la modernización de la vida política por atentar contra la civilización y el progreso, estaba en consonancia con el proceso de democratización y la cultura política que lo sostenía.
6 El anterior supuesto se concretará a partir de tres perspectivas generales: primera, la dimensión cívica de la violencia y la importancia de la guerra en la definición del modelo de Estado; segunda, la fuerza de los sectores no poderosos en la definición del orden político; y, tercera, el peso de la mediación jurídica en la conversión del poder social en político.
Teniendo presente la imagen del pueblo en armas como encarnación para los contemporáneos del recurso cívico a la fuerza, Flavia Macías, María José Navajas e Inés Rojkind abordan el tema de la revolución y de los cambios institucionales generados.
Al mostrar la no oposición entre el ciudadano en armas y el ciudadano elector por ser los procesos electorales y las acciones colectivas formas de política mutuamente constituyentes, se adentran en el tema de qué usos de la violencia son aceptados, qué es lícito hacer para los autores de un hecho revolucionario y para sus audiencias o qué transformaciones se producen en la conciencia pública de los actores a partir de las experiencias compartidas.
Macías y Navajas trabajan el importante papel que tuvieron las fuerzas armadas -milicias y ejército de línea-en la producción revolucionaria, así como en el imaginario social que se forjaría en torno a aquellas.
El estudio de la conspiración de 1858 en Tucumán les permite reconstruir su entramado programático, organizativo y cultural y ahondar en el perfil de los sublevados -líderes y participantes-y en las razones para su actuación conjunta en busca de intereses comunes.
Con ello buscan analizar la dinámica interna de la protesta y las conexiones entre actores y mecanismos internos, mostrando no solo que la violencia es congruente con el fenómeno político, sino también que brota de acciones colectivas que no son intrínsecamente violentas.
A partir del estudio del alzamiento de 1890 en Buenos Aires contra el Partido Autonomista Nacional, Rojkind se inserta en el debate acerca de las modalidades de construcción y reproducción de la legitimidad política y del lugar que tiene la participación popular en esos procesos, mostrando que la transformación del régimen conservador no solo fue resultado de los conflictos internos que lo atravesaban, sino también de la acción política que diversos actores desplegaron en múltiples espacios y mediante una variedad de actuaciones -violencia revolucionaria, discursos de la prensa, debates parlamentarios y agitación callejera.
En los dos casos, la violencia no es interpretada como producto de la frustración, la desesperación o la debilidad, sino como un instrumento destinado a impulsar racionalmente los propósitos del grupo que la usa cuando éste percibe que hay alguna razón para pensar que podría ayudar a su causa, siendo un instrumento de la construcción democrática.
Nuria Sala i Vila y Anna Guiteras se enfrentan a la pregunta de en qué medida los procesos de cambio institucional afectan a las definiciones sociales y a las percepciones públicas de la ley.
Al hacerlo rechazan la comprensión del cuerpo jurídico como superestructuras coactivas y manifestaciones secundarias de fuerzas subyacentes.
A partir del tema de la justicia PRESENTACIÓN: ENTRE LIMA Y BUENOS AIRES conciliatoria en el virreinato del Perú, Sala i Vila se adentra en el proceso político de construcción de la ley y de la interacción social en su aplicación para estudiar a partir de la Constitución de 1812 la recomposición de la cultura jurisdiccional hispana y la (re)organización de la administración de justicia en la década de 1820.
Guiteras explora las posibilidades del disfrute ciudadano por parte de los indígenas en un contexto de competencia territorial entre cuerpos políticos como es el departamento del Beni tras su fundación en 1842.
Mediante la revalorización de los procesos políticos y socieconómicos acaecidos en las mal llamadas «fronteras» y «áreas vacías» de las tierras bajas bolivianas, aborda el uso de las leyes como elementos de articulación de la sociedad con el Estado, la potestad de éste para garantizar territorialmente el alcance de estas y las resistencias de los poderes locales, mostrando cómo la existencia de garantías constitucionales no presupone la automática eliminación del abuso sino su posibilidad de corrección mediante denuncias legales y acciones políticas.
Por último, a través del abordaje de las dinámicas de creación institucional, siendo la ley entendida en su doble versión de jurisprudencia y legislación, ambos textos inciden no solo en la implicación de la sociedad en la construcción estatal, sino en la conversión del Estado en el mediador por excelencia en la resolución de los conflictos.
Este dossier se suma a otras tres publicaciones insertas en el proyecto de investigación I+D HAR2010-17580 sobre el tema del complejo proceso de rearticulación nacional de la soberanía popular: un dossier sobre la violencia política coordinado por Marta Irurozqui en Revista de Indias (n.o 246, 2009), una edición dirigida por Marta Irurozqui y Mirian Galante, Sangre de ley.
Justicia y violencia política en la institucionalización del Estado en América Latina, siglo XIX (Madrid, Ed.
Polifemo, 2011) y un dossier de discusión análoga coordinado por Marta Irurozqui en Revista Complutense de Historia de América (n.o 37, 2011).
Reitera dos de sus observaciones a cerca del lastre de los prejuicios culturales y de las evaluaciones desestimadoras en la percepción histórica de América Latina.
Primera, a partir de la frase de Hannah Arendt acerca de que «el progreso es una superstición moderna», se incide en la necesidad de tomar conciencia del enorme peso que tiene en nuestra percepción del pasado tanto el paradigma del progreso, como la reducción de la «modernidad» a una suerte de finalidad necesaria de la historia universal que, encima, para el caso latinoamericano está sujeta a explicaciones de índole difusionista.
Y, segunda, a través de otra frase de Arendt sobre que el «tercer mundo no es una realidad, es una ideología» 7 se subraya que el negativo etiquetamiento de desarrollos históricos con epítetos como irracional, desviado o extraordinario no hablan de ellos, sino que informan de la actitud de ciertos observadores -académicos y políticos-hacia gestos sociales y prácticas públicas que desaprueban porque contradicen sus tradiciones idealizadas o sus convenciones sobre una jerarquizada producción de conocimiento.
Dado que los trabajos de Mónica Quijada fueron siempre abanderados en el cuestionamiento historiográfico de los muchos tópicos, estereotipos y juicios de valor que sin atender al fenómeno de la historicidad hegemonizan negativa e irrespetuosamente la comprensión académica de América Latina y pueblan de expresiones injuriosas sus tradiciones y experiencias públicas (constitucionales, republicanas, liberales y democráticas) quisiera dedicarle de forma póstuma este dossier.
Con él subrayo no solo la sobresaliente calidad de su investigación hasta el último momento, sino la pasión contagiosa con que siempre la emprendió.
Por todo lo compartido y por todo lo discutido. |
excepto en el ámbito local.
Los alcaldes tenían competencias en el gobierno interior de los pueblos y, al mismo tiempo, eran los jueces legos en las conciliaciones, un trámite preceptivo para los litigantes y para dirimir cualquier conflicto ante la justicia letrada -jueces de partido o audiencias.
A partir del estudio de caso de Huamanga, se analizan los actores y la tipología de las causas dirimidas durante las dos etapas en que el virreinato del Perú ensayó la política liberal hispana -1812-1814 y 1820-1824.
La cultura jurídica municipal estuvo dominada por una serie de cambios y reivindicaciones, que aportan nuevas perspectivas para comprender los convulsos tiempos de las guerras por la independencia en los Andes y que en ocasiones trascendieron a la temprana república.
Justicia conciliatoria durante el liberalismo hispano en el Perú: el caso de Huamanga1 La Constitución de 1812 otorgaría a todo español el derecho de dirimir sus diferencias a través de un arbitraje.
El acto de conciliación y su resolución se situaba entre las competencias de los alcaldes.
2 En la práctica se extendía a todo el ordenamiento jurídico una práctica habitual en los códigos de comercio y minería.
Nuestro propósito es analizar el alcance de la justicia conciliatoria en el Perú, donde estuvo vigente en las dos etapas liberales hispanas, 1812-1814 y 1820-1824, a partir de un estudio de caso, la ciudad de Huamanga, rebautizada Ayacucho tras la Independencia.
Como colofón intentaremos apuntar la influencia que tal proceso tuvo en el ordenamiento jurídico de las tempranas repúblicas peruana y boliviana.
Nuestro análisis se sustenta en los dos libros de actas de las causas vistas en justicia conciliatoria por los alcaldes de primera y segunda nominación de Huamanga3 y la generada por la administración judicial de la audiencia nacional del Cusco.
La transición de una cultura jurídica ilustrada a la liberal y su incidencia en el proceso de construcción del Estado republicano que surgió de la independencia ha sido objeto de atención por autores como Carlos Ramos o Víctor Peralta.
4 Si bien se ha avanzado en el conocimiento de las primeras corporaciones locales electivas,5 ante la persistencia de la justicia lega y la concentración de los poderes gubernativo y judicial en manos de los alcaldes durante el liberalismo hispano y el constitucionalismo peruano, sigue pendiente de análisis la coexistencia, tensión o lenta sustitución de la justicia lega por la letrada en la transición del mundo colonial de Antiguo Régimen a la temprana República.
6 Huamanga con cerca de diez mil habitantes era una ciudad administrativa -sede de intendencia y obispado-, residencia de artesanos -panaderos, tejedores-, comerciantes -muchos de ellos mestizos, especializados en la trata de ganado, productos de pan llevar o textiles-y propietarios absentistas o arrendatarios de fundos agrícolas y ganaderos dispersos en la diversidad de pisos ecológicos regionales, que producían trigo, alfalfa, maíz, carnes y cueros en las zonas altas, o azúcar y coca en los cálidos valles interandinos del Pampas o en la selva alta de Anco y Huanta.
7 La Universidad de San Cristóbal, aunque no viviera sus mejores momentos, le daba carácter, y quizás por ello clérigos, frailes y profesores tenían un papel social y cultural destacado.
Los conventos de San Francisco, Santo Domingo, San Juan de Dios, La Merced, Santa Clara o el Carmelo de Santa Teresa no solo dominaban la trama urbana e imponían fuerza a una religiosidad aún impregnada del espíritu barroco tridentino, sino que actuaban de agentes del crédito urbano y agrario.
8 En la práctica la coyuntura bélica originó una compleja, persistente e intermitente distorsión de las producciones agrarias rurales y de los circuitos comerciales huamanguinos, tanto los que vinculaban la zona con la costa, como los que a través de Huanta o Cangallo lo hacían con la sierra central -Pasco, Jauja o Tarma-, o con el Pampas y las zonas altas ganaderas del sur.
Las dos etapas dominadas por los presupuestos liberales hispanos introdujeron transformaciones legales y gubernativas sustanciales, sobre todo en lo relativo al gobierno local, cuando el cabildo y los regidores perpetuos de Huamanga fueron sustituidos por un ayuntamiento electivo, mientras que villas y pueblos pudieron autogobernarse por primera vez tras constituir sus respectivos ayuntamientos.
Al mismo tiempo la ciudad y región se verían condicionadas por una fuerte conflictividad regional, en una suerte de dicotomía guerra-revolución.
El primer liberalismo culminaría con los ecos de la insurgencia cuzqueña de 1814, cuando la columna dirigida por Hurtado de Mendoza tomó la ciudad y Huanta.
Durante el segundo liberalismo, entre 1820 y 1824, la situación política regional estuvo condicionada por las campañas militares y la insurgencia interna: la invasión del ejercito patriota del general San Martín, a partir del 20 de septiembre de 1820, supuso la ruptura de las comunicaciones y circuitos comerciales con la costa; durante la campaña del general José Álvarez de Arenales desde el 31 de octubre de 1820 la ciudad fue ocupada durante un breve periodo, ocurriendo lo mismo en Huanta, Jauja y Tarma; la represión realista fue contundente, al punto que Mariano Ricafort se ensañó con los montoneros morochucos, incendió Cangallo el 2 de diciembre de 1820 y reconquistó Huamanga; José Carratalá ordenó incendiar de nuevo Cangallo el 17 de diciembre de 1821; las represalias continuaron en 1822 ante la persistencia de acciones patriotas, siendo ejecutados María Parado de Bellido, Basilio Auqui o el morochuco Cayetano Quiroz en Ica.
9 Sin embargo, la ciudad de Huamanga, excepto el interregno de la ocupación patriota de fines de 1820, siguió bajo control realista hasta agosto de 1824, ocurriendo en general lo mismo con la región hasta la batalla de la Pampa de la Quinua el 9 de diciembre de 1824 y la capitulación del ejército español.
La justicia municipal en el temprano liberalismo hispano
La convocatoria a Cortes, los sucesivos debates de los diputados en Cádiz y la promulgación de la Constitución de 1812 evidenciaron pronto que el proceso abierto con la invasión francesa de la Península desembocaba en la liquidación del Antiguo Régimen y en la construcción de un nuevo entramado político, basado en la división de poderes, con cambios sustanciales en la administración gubernativa y judicial.
Se reconocía un único fuero y, en consecuencia, sólo se contemplaba desarrollar un único código civil, criminal y de comercio para el conjunto de la Monarquía, con la salvedad de conservar la vigencia de los fueros eclesiástico y militar.
El sistema judicial se estructuraba piramidalmente: un Supremo Tribunal de Justicia con sede en la Corte, Audiencias, Jueces de Letras en los partidos, y alcaldes en los pueblos.
Se posponía a una legislación posterior la determinación del número y la jurisdicción territorial de las Audiencias, divididas interna y proporcionalmente en diversos partidos judiciales.
Con carácter provisional y hasta cuando las Cortes lo considerarán conveniente o legislarán sobre el particular, se mantuvo la salvedad de ciertos juzgados privativos, como fueron los de Hacienda Pública, Consulados y Tribunales de Minería con competencias en temas fiscales, comerciales y minería.
Título V, De los Tribunales y de la administración de justicia en lo civil y en lo criminal.
En Ultramar, los jefes políticos superiores y de provincia -antiguos virreyes e intendentes del ordenamiento absolutista-perdieron toda competencia en justicia, excepto el fuero militar; se suprimieron los cargos de asesores letrados; se prohibió la intervención de las audiencias y jueces de letras en asuntos gubernativos o económicos y se ordenó a las primeras la transferencia de los asuntos en trámite a las diputaciones provinciales y se optó por suprimir las subdelegaciones desde el momento en que las diputaciones provinciales, de acuerdo con la audiencia preceptiva, hubieran fijado los nuevos distritos judiciales y nombrado los respectivos jueces de letras, atendiendo a principios de proporcionalidad territorial y al número de vecinos.11 Sabemos poco de la concreción real de tales disposiciones y sólo tenemos constancia del proyecto redactado por la diputación provincial limeña en 1814, un proceso que quedó trunco tras el retorno al absolutismo.12 Ante la dificultad por consensuar la división provincial prevista en la Constitución de 1812, se reconocieron provisionalmente las audiencias de Lima, Cusco y Charcas,13 adscribiéndoles el mismo territorio jurisdiccional vigente hasta entonces y manteniendo la misma sede.
14 La ocupación de Lima por San Martín determinó de facto la desaparición de la audiencia de Lima.
Esta situación fue resuelta por el virrey José de La Serna con la reordenación del mapa judicial peruano a partir de las audiencias nacionales subsistentes, Cusco y Charcas.
15 Se le asignó el carácter de audiencia territorial a la primera, siéndole adscritas las provincias de Tarma, Huancavelica, Huamanga y Arequipa, antes dependientes de la de Lima, 16 y a partir de mayo de 1823 la de Chiloé, 17 con la finalidad de asegurar el derecho de apelación, la provisión de vacantes de jueces y dirimir las dudas de interpretación constitucionales.
18 En lo local, se legisló que «en todos los pueblos se establecerán alcaldes, y las leyes determinarán la extensión de sus facultades, así en lo contencioso como en lo económico».
19 Ello significaba que se atribuía a los alcaldes electos el oficio de conciliadores, con competencias en causas civiles o de injurias.
Debían escuchar los argumentos de las partes enfrentadas y de sus hombres buenos, cuya intervención buscaba reforzar sus alegatos legales, 20 y emitir una providencia en el plazo de ocho días, que podía o no ser aceptada por las partes.
Todo el proceso debía quedar testimoniado en un libro de actas, anotarse los datos de las partes en litigio y las causas de sus discordias, describir las actuaciones o la documentación aportada, sus alegaciones y descargos, los dictámenes de los hombres buenos, aunque en Huamanga en la práctica sólo se anotaron con fecha y firma cuando había disenso.
Se concluía con la providencia de conciliación, fundamentada por el alcalde, y al pie las rúbricas de éste, de los hombres buenos y de las partes en litigio, o de un representante legal si alguno no supiera firmar.
Debía dejarse constancia cuando alguna de las partes no se avenía a la provisión conciliatoria, para emitir una certificación, trámite imprescindible para entablar posteriores apelaciones a instancias judiciales letradas.
21 Los alcaldes podían actuar además, y siempre según el Reglamento, en las diligencias judiciales relativas a asuntos civiles, hasta que llegaran a ser contenciosas entre las partes, momento en que debían elevarlas al juez 17 ARC, Corte Superior de Justicia, Archivo Administrativo, Libro 36, Libro 1 del despacho diario de la Audiencia Constitucional del Cuzco en su primera Sala, Expediente sobre entablar constitucionalmente en la provincia de Chiloé la administración judicial civil y criminal, 1.5.1823.
18 ARC, Intendencia, Gobierno, Pedimentos, leg.
IV De la administración de justicia en primera instancia hasta que se formen los partidos, art. VI.
En general, la Audiencia del Cusco exigió a los alcaldes que emitieran preceptivamente la providencia de conciliación, en tal sentido ARC, Real Audiencia, Administrativo, leg.
179, Auto de la Audiencia firmado por el regente, Darcourt y Zavala aviniéndose al dictamen del fiscal Mugica de 8.1.1823 en la Representación del Juez de Letras sobre el abuso de los alcaldes conciliadores en no terminar resolutivamente algunos negocios de que conocen en los juicios conciliatorios.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.02 del partido, aunque podían también hacerlo de forma inmediata en aquellos casos de urgencia en que no fuera posible recurrir al juez de letras.
22 Podían proceder de oficio, hubiera o no un juez de letras residente, para reprimir algún delito o delincuente, iniciar las primeras formalidades de la sumaria y detener a reos descubiertos in fraganti o cuando por ley las penas pudieran ser corporales, si bien debían trasladar los reos y diligencias al juez; al mismo tiempo un juez letrado, que necesitara actuar a través de partes o delegados, sólo podía recurrir al alcalde.
En Ultramar, se otorgaba a los alcaldes competencias en las causas civiles con demandas no superiores a los cien pesos fuertes y en las causas criminales sobre injurias y faltas livianas que no requirieran más que reprensión o una ligera corrección.
Ambos supuestos debían ser vistos y sentenciados en juicio verbal, oyéndose los pareceres de hombres buenos electos por las partes, sin que la sentencia fuera apelable y con la obligación de su registro pormenorizado en un libro de actas, firmando al pie de cada apunte el alcalde, los hombres buenos y el escribano.
23 En el Perú se les asignó, a partir de 1821, en pueblos carentes de escribanos públicos, todo lo relativo a últimas voluntades y testamentos24 y, a partir de 1822, también los pleitos mercantiles cuando no fuera posible la actuación de los respectivos diputados de comercio provinciales y con el objetivo de llenar el vacío generado por la inactividad del Tribunal del Consulado tras la ocupación de Lima.
25 A la par, aunque sólo tenemos constancia documental para Cusco y Puno, se les negó cualquier competencia contenciosa fuera de sus respectivas ciudades, limitando la jurisdicción de los alcaldes de las capitales provinciales a la propia urbe.
26 Hasta que no se hubieran constituido los respectivos ayuntamientos, al menos en el Perú, los jueces de letras mantendrían de forma interina las competencias gubernativas y de justicia conciliatoria en el ámbito local.
27 En consecuencia, el temprano liberalismo hispano establecía, como ha señalado Federica Morelli, una naturaleza de la justicia de base dual: «podría ser letrada y ajena a las corporaciones municipales, o lega, electiva, y, por tanto, vinculada a éstas», con una cierta tensión entre la pervivencia del derecho antiguo y los presupuestos liberales.
28 Desde la historia del derecho constitucional, Luis Morell interpreta que el Decreto CCLXIX de 23 de junio de 1813, Instrucción para el gobierno económico-político de las Provincias, atribuía al ayuntamiento, presidido por el alcalde, el gobierno interior de los pueblos; pero que ante todo se confería al alcalde atribuciones de juez, y por ello se le citó, en la legislación constitucional gaditana, dentro de los temas de justicia, lo que en el fondo presuponía la persistencia de las competencias que habían asumido en el Antiguo Régimen.
29 Nos interesa destacar el hecho de que la concentración de poderes situó a los alcaldes en una doble posición de dependencia de los poderes gubernativo y judicial.
Así la audiencia nacional de Cusco exigió que, a tenor de sus competencias judiciales, los alcaldes constitucionales prestaran juramento ante dicho tribunal para acatar el artículo 7.o del Reglamento de 9 de octubre de 1812.
30 A pesar de ello y atendiendo a las distancias, se aceptó que los de Puno, Arequipa o Huamanga lo hicieran in situ, fuera de sede judicial.
Su voluntad de ingerencia, y cierta tensión entre su defensa de la justicia letrada frente a la lega, determinó su recomendación al jefe político superior de la provincia de Puno, Tadeo Gárate, para que influyera en los electores en preferir como alcaldes a ciudadanos «capaces de desempeñar las funciones judiciales» 31 o para persuadir a alcaldes calificados de poco versados en procedimientos legales, como el de Arequipa en 1822, a actuar asesorados por letrados imparciales y no abusar de su autoridad, «ni de las Leyes que le estrechan obrar con justicia».
Un análisis de los cambios en el Trienio Liberal en Martínez Pérez, 1999.
30 ARC, Intendencia, Gobierno, Pedimentos, leg.
Expediente de Acuerdo sobre que los SS Alcaldes constitucionales presten su respectivo Juramento en este Superior Tribunal y ante su regente Presidente de esta Audiencia Nacional, 20.11.1820.
31 ARC, Real Audiencia, Administrativo, leg.
Expediente sobre que los SS Jefes Políticos de las Provincias de Puno, Arequipa, Guamanga, Guancavelica y Tarma a nombre del señor Regente Presidente de esta Exma Aud.a recivan el Juramento prescripto en el artículo 7.o del decreto de 9.10.1812 anualmente a los Alcaldes Constitucionales de sus respectivas Provincias.
32 ARC, Corte Superior de Justicia, Archivo Administrativo, Libro 36, Libro 1 del despacho diario de la audiencia constitucional del Cuzco en su primera Sala, Real Provisión emitida por la audiencia del Cusco en 2.5.1822 y librada al alcalde 1.o de Arequipa.
La justicia conciliatoria en el Ayuntamiento Constitucional
Durante el primer liberalismo hispano se dirimieron en Huamanga diecisiete conciliaciones, seis ante el alcalde de primera nominación, entre el 1 de octubre de 1813 y el 28 de febrero de 1814, y once ante el alcalde de segunda nominación, entre el 8 de mayo de 1813 al 30 de abril de 1814.
El procedimiento formal llevó a desglosar en dos libros separados las actuaciones de las dos alcaldías de Huamanga.
No siempre hemos podido verificar si se cumplió el precepto legal de resolver la conciliación en el plazo de ocho días, aunque en varios casos se perciben dilaciones.
Las actuaciones exigían la presencia de las partes, o en su defecto, de sus apoderados o del defensor de ausentes.
Un varón familiar directo debía representar a las mujeres y menores de edad, y respecto a éstos hacerse presente el protector de menores.
Los indios tuvieron dos tratos distintos, antes y después de la abolición del protector de naturales, debiéndose justificar documentalmente en el primer caso la actuación del cargo tutelar.
En las páginas de los citados libros se constatan diversas caligrafías, muestra de la intervención de varios escribanos, lo que denotaba cierto nivel de institucionalidad y la disponibilidad de recursos económicos para financiar las actuaciones.
En ningún caso se especifican las costas del proceso; sólo aparecen referencias tangenciales a la necesidad de nombrar peritos para tasar, inventariar o efectuar determinadas diligencias.
Existen ciertas evidencias de la asignación del pago de costas a una de las partes, aunque no queda claro cuál fue el procedimiento para fijarlas.
Los costos de la administración de justicia fueron una más de las nuevas competencias que gravaron sustancialmente los presupuestos de los ayuntamientos, un reto difícil de afrontar, sobre todo en los carentes de propios y arbitrios, situación que sólo podía resolver la diputación provincial.
Desconocemos cómo se resolvió en Huamanga, pero en Puno su diputación provincial fijó un arancel y la audiencia del Cusco acordó que, en su jurisdicción, los alcaldes no exigieran honorarios por sus actuaciones y que los litigantes costearan JUSTICIA CONCILIATORIA DURANTE EL LIBERALISMO HISPANO EN EL PERÚ Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 423-450.
33 Reproducimos a continuación los nombres de quienes ejercieron de jueces conciliadores, los cargos para los que fueron electos y los periodos en que se registró su actuación, y cuando, accidentalmente y por excedencias temporales, los alcaldes serían substituidos por regidores.
CUADRO Aunque sabemos poco de las historias de vida de los alcaldes constitucionales, algún caso apunta a su cercanía a sectores económicos regionales y proclives a asumir posiciones liberales.
Así, Miguel Iriarte y José Soto eran comerciantes o José Carrasco hacendado.
Iriarte fue diputado de comercio y, como el mayor contribuyente local, aportó cinco mil pesos en el empréstito forzoso de fines de 1821.
34 En la primera etapa liberal hubo treinta y cuatro intervenciones de hombres buenos en diecisiete conciliaciones, correspondientes a catorce personas distintas: siete actuaron en una ocasión, 35 dos repitieron, dos en tres ocasiones, 36 dos en cuatro -Pedro Mariano Munárriz y Juan Valdivia-y Juan José González en nueve.
En la segunda etapa liberal hubo ciento veintiocho actuaciones de hombres buenos en las ciento y una conciliaciones del periodo, al multiplicarse proporcionalmente los representantes en causas que implicaban a varias partes.
Se implicaron cincuenta y nueve personas: treinta y seis en una ocasión, 37 ocho en dos, 38 tres, una en cuatro, tres en cinco, 39 Calixto de Rivera en nueve, Lorenzo Palomino en once, Juan García de los Godos en dieciséis, Luis de Roxas en diecisiete, Luciano María Cano en veintiuna, Julián Caro en veintidós y, por último, Cayetano Medina y Urquizu en veintiocho.
Todo apunta a cierta tendencia a la profesionalización de la figura del hombre bueno o cuanto menos a que el alcalde, ante cierta falta de decisión propia de las partes implicadas, resolviera cubrir el imperativo de nombrar un hombre bueno recurriendo a funcionarios municipales, gente de confianza u hombres de derecho, sobre todo en casos de especial complejidad legal.
Si bien desconocemos el número de abogados existentes en la Huamanga del temprano siglo XIX, cabe pensar que eran pocos, lejos de la presencia significativa de tales profesionales en ciudades sedes de audiencias como Lima, Cusco o Charcas.
Los ejemplos de lo expuesto se hallarían en la reiterada intervención de Julián Caro, oficial mayor de la secretaría del ayuntamiento, o de Ignacio Alcazar, contador de la Caja Nacional, y de Luciano María Cano y Bernardino Estébanez de Ceballos, abogados respectivamente de las audiencias de Lima y Lima y Cusco o de Vicente León, abogado de los tribunales de la nación y de la audiencia constitucional de Lima, regidor y secretario del ayuntamiento de Huamanga.
A pesar de que, en general, sólo se incluyera en el acta el nombre y apellidos, su profesión, cargo o título académico, pueden singularizarse regidores -José Vicente Egurrola, Jacinto López, Juan de Dios Muñoz-o comerciantes como Miguel de Iriarte (alcalde en 1821).
Algunos detentaron varios puestos, como Cayetano Medina y Urquizu, que ejerció de síndico procurador del Monasterio de Santa Teresa o de defensor de ausentes.
En varios se constata su condición de aforados, por ser oficiales de milicias (capitanes José Carbajal, Juan José y Pedro José González en las de Huamanga, tenientes Juan de Dios Muñoz y José Ochoa o subtenientes Juan Valdivia y Jerónimo Esquiros en las de Huanta) o bien presbíteros (Juan García de los Godos, Andrés Jáuregui, Pedro Mariano Munárriz) o regulares (fray Manuel Corrales y Quintanilla, lector de moral, y fray Francisco de Aguirre, ambos mercedarios).
Su participación fue consecuencia de un debate de las Cortes de 1821, en el que se concluyó que el acto de conciliación no podía ser considerado como un juicio, lo que permitió tanto la participación de aforados, como la obligatoriedad de dirimir en primera instancia toda causa que les afectara en conciliación.
En conjunto y a pesar de que sabemos poco aún de las historias de vida regionales, ciertos indicios apuntan a que varios de los actores que intervinieron en la justicia local, como alcaldes conciliadores y hombres buenos, tuvieron una trayectoria política próxima a presupuestos liberales, con una decidida actividad pública y política en la temprana República.
Sólo a título de ejemplo y como avance de investigación, señalaremos que Juan Valdivia fue diputado suplente en la convención nacional de 1833; o que Luciano María Cano, arequipeño, fue sucesivamente protector de naturales de Huamanga en 1819 y secretario de la diputación provincial de Huamanga en 1822.
41 Considerado en medios locales de ideas liberales, 42 sería tras la Independencia asesor del gobierno del general Álvarez Arenales, presidente de la junta de beneficencia en 1826, secretario de la prefectura y juez de derecho en Ayacucho y su provincia en 1827, 43 vocal de la corte superior de justicia del Cusco en 1833, 44 senador por Ayacucho en 1833 y secretario del consejo de Estado en 1835.
En consecuencia, y si bien queda pendiente trazar las historias de vida individuales y colectivas de los actores del temprano liberalismo, todo apunta a la intervención de varios de ellos en la construcción de los nuevos parámetros de la cultura jurídica y política que se tejió en los tiempos en que se resquebrajaba el Antiguo Régimen colonial y aún era incierto si el liberalismo se impondría de la mano y obra de la Constitución de 1812 o de la peruana de 1823.
Tipología de las causas vistas en conciliación
Unas pocas conciliaciones terciaron en causas de injurias -seis de las ciento y una entre 1820 y 1824-, las cuales dejan entrever ciertas pautas de sociabilidad en las que dominaba la bronca y el exabrupto y una no desdeñable violencia física cotidiana.
41 AGNP, Superior Gobierno, 189, 1183, 31 físicas se cruzaron entre varias mujeres, en ocasiones subyacentes a la trasgresión de las normas al uso sobre la fidelidad conyugal.
Se resolvieron dando por suficiente la cárcel sufrida por una de las implicadas en peleas, multando a la agresora e imponiendo silencio a las partes; o también dando garantías de la moralidad vigente mediante el destierro de una «concubina» [sic], por su nulo arraigo, a lo cual no se avino la afectada, 45 previa argumentación del hombre bueno de una de las partes, Pedro José González, de que en tales casos «no nos debemos valer de la fuerza de las Leyes, sino de la razón».
46 Ello nos lleva a concluir que prevaleció el sentido común, antes que el ordenamiento legal, teñido de un fuerte espíritu moral en defensa del matrimonio cristiano.
De igual modo, en el propio proceso de conciliación no todo fue paz y orden o estuvo presidido por las buenas maneras.
Ello se demostró en el litigio por la posesión de la hacienda Ostuna de la testamentaría del cura de Hualla, Manuel Hernández, dirimido entre el abogado Bernardino Estébanez de Ceballos, esposo y representante legal de la sobrina del finado, Catalina Hernández, y el hermano del mismo, Francisco Hernández, cuando ambos se enardecieron «en expresiones que pasaban a personalidades de un modo que se tocó con una dificultad insuperable para que puedan tratar en acto de conciliatorio».
47 En 1822, en otro episodio, Hernández, que había sido regidor del ayuntamiento, cuestionó a Estébanez como elector del partido de Anco.
48 Si bien ciertos casos se enraizaban en el derecho indiano, como pudo ser la manumisión de Josefa Sáez, luego que, ante la nula referencia testamentaria, varios testimonios confirmaran la intención de su dueño, 49 otros supuestos apuntan a resistencias sociales en admitir el fin de los castigos corporales.
Al dirimirse una deuda, surgió entre otras causales, el hecho probado de que Juan Tamayo había azotado al indio Juan Ortega.
Se alegó que los azotes, ordenados por el provisor y vicario general del obispado, buscaban corregir una conducta matrimonial poco acorde con la moral cristiana.
Este castigo no contravenía los principios constitucionales, ya que la prohibición sólo se refería a actos en lugares públicos y no a la relación NURIA SALA I VILA entre patrones y criados, y menos a la que tenía derecho un padrino de casamiento, cuando textualmente «es costumbre que estos a los ahijados indios los suele corregir con azotes».
Ante tal defensa de la primacía del derecho consuetudinario coactivo en la esfera privada, la contraparte insistió en la vigente abolición constitucional de cualquier corrección física, recriminando una actuación sin apoyo en sentencia firme, agravada por el hecho de que «los azotes han caído sobre un español que está en el goce del derecho de ciudadano».
50 El grueso de las causas civiles pueden clasificarse como discordias en torno a legados testamentarios, litigios por el uso y disfrute de propiedades, tanto urbanas como rurales, deudas de toda índole, incluidas a la hacienda pública,51 pero sobre todo relativas a arrendamientos, documentos de fianzas -cartas de libranza, obligaciones-, e intereses atrasados de obras pías, capellanías o censos consignativos.
No entraremos en los detalles del conjunto de las conciliaciones, sino sólo de aquellos que nos puedan ayudar a comprender el trasfondo de los conflictos y cambios que se estaban produciendo en Huamanga durante la etapa estudiada.
La defensa de los derechos de propiedad fue un tema recurrente.
En varios casos se percibe cierta tensión entre estos y los de usufructo o tenencia más o menos precaria, tanto en lo relativo a aposentos o recámaras,52 como por servidumbres de paso hacia casas y cuartos o por callejones, viales o corralitos que no siempre estaban bien delimitados.
53 Los alcaldes intentaban racionalizar el confuso entramado urbano y la difícil convivencia vecinal que ocasionaba, cuando exigían que se cumpliera una venta comprometida verbalmente con el argumento de que en caso contrario los afectados no dispondrían de «luz y ayre»,54 o cuando desahuciaban a unos inquilinos de tiendas abiertas en la fachada de una casa para frenar todo escándalo público.
55 Mayor entidad tuvieron las discordias en torno a la propiedad o su tenencia, arrendamientos y mejoras o cargas que pesaban sobre fincas rurales situadas en zonas próximas a la jurisdicción de la ciudad, que se extendía hasta el río Huatatas o Acos Vinchos.
Sin embargo, al primar la vecindad de las partes, también se dirimieron asuntos sobre propiedades en la zona de Cangallo, Huanta o el valle del río Apurímac, 56 lo que dio pie a ciertos conflictos de jurisdicción entre alcaldes y jueces letrados de partido, como muestra el caso de Catalina Hernández contra el arrendatario de su hacienda Yamaná, Marcos Córdova, quien siendo vecino de Huamanga escapó a Huanta para huir de toda responsabilidad, treta que el alcalde atribuía a su condición de abogado.
57 Asimismo, normas imprecisas de tenencia de la tierra o cierta presión indígena sobre espacios agrícolas pudieron determinar la solicitud de amparo de los indios de Chiara para consolidar su derecho preferente al del hacendado de Maray-Vilca, Jacinto Infanzón, resuelto con una providencia favorable justificada en que «por ley estaban obligados los jueces a amparar en su posesión a los que estuvieren, aunque ella sea poco legal».
58 Las reclamaciones de alquileres atrasados también estuvieron a la orden del día.
Se exigió la cancelación de cuotas pendientes por las haciendas Pampay, 59 Acchapa o Guallcapuro, en noviembre de 1822, febrero y abril de 1823 respectivamente; el propio ayuntamiento en 1820 reclamó a Bartolomé Herrera la renta por la gestión de las laderas urbanas; 60 conventos como el de Santo Domingo y Santa Teresa pidieron, en septiembre de 1822 y marzo de 1824, el estricto cumplimiento de los contratos enfitéuticos suscritos respectivamente en la hacienda Yucay y el obraje y hacienda ganadera Caramarca, o su reversión.
61 El creciente endeudamiento de los tenedores de fincas 62 se atri-56 Ibidem.
Basilio Palomino contra Juan Alarcón, junio de 1821.
Bernardino Cevallos contra Marcos Córdova, junio de de 1821.
Indios de Chiara contra Jacinto Infanzón, junio de 1822.
Como resultado de los derechos sobre las tierras de Ataquisuar concedidos a los indios, se abrió otra causa en: LDC2.
Manuel Vellido contra Jacinto Infanzón, abril de 1823.
Demanda ejecutiva de Felipa Salcedo de la Hermosa contra Francisco Ubilluz.
Síndico Procurador D. D. José Matías León contra Bartolomé Sierralta, enero de 1822.
Convento de Santo Domingo contra los herederos del finado Juan Figueroa y contra el tutor y curador de ellos y albacea Pedro de la Hermosa, agosto de 1822; LCD1.
Cayetano Medina y Urquizo, síndico Procurador de las rentas del Monasterio de Santa Teresa contra María Carmen Cáseres, viuda y albacea Gaspar Villalva y Mendieta, marzo de 1824.
Martina González contra María Josefa San Juan, febrero de 1822.
Demandas ejecutivas de Juana de Eyzaguirre contra Juan Miguel de Ayarza y su esposa María Josefa Carrasco, septiembre de 1822; y de Felipa Salcedo de la Hermosa contra Francisco Ubilluz, noviembre de 1822; Pedro Meneses contra Francisco Velarde, febrero de 1824.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.02 buyó a los efectos adversos de las abundantes lluvias de 1817, que afectaron sobre todo los cultivos ribereños del Huatatas,63 y a los efectos de la guerra, cuando la región devino en escenario bélico o se volvieron hechos cotidianos la presencia de tropas y actos como la confiscación de ganado,64 apropiación de pastos para alimentar caballos y mulas del ejército65 o destrozos en los cultivos.
Así cuando Catalina Hernández exigió, entre 1817 y 1822, que los arrendatarios de la hacienda Yamaná se pusieran al corriente de pago, a lo ya apuntado uno de ellos añadió como descargo el «raro contingente cual es la guerra»,66 considerando que las pérdidas debían ser asumidas en parte por la propietaria.
Las secuelas de la guerra también afectaron a los propietarios urbanos, que vieron confiscadas temporalmente casas o fincas destinadas al alojamiento de tropas, sin que se les resarciera convenientemente o se les aclarase si era el ayuntamiento o la hacienda nacional quien debía responsabilizarse de los costos o desperfectos.
67 Un número considerable de conciliaciones evidencian crecientes dificultades por cancelar deudas contraídas para financiar actividades comerciales -obligaciones o fianzas-o agrarias -censos consignativos.
Así varios comerciantes no pudieron cumplir con obligaciones o vales de fianza suscritos contra los beneficios esperados en el tráfico de tocuyos, maíz, azúcar, aguardiente o piñas de plata, debido a la quiebra de los circuitos de intercambio hacia la costa o hacia las comarcas serranas vecinas de Cangallo, Andahuaylas o Pasco.
68 La mayoría de las reclamaciones tuvieron que ver con deudas de intereses no cancelados oportunamente de obras pías, buenas memorias, capellanías y, sobre todo de censos consignativos, que llegaron a acumular años sucesivos de impagos.
Todo parece indicar que hubo un creciente problema en el pago de estos.
Frente a sólo dos demandas por tal motivo en la primera etapa liberal,69 durante el Trienio Constitucional los conventos de San Francisco,70 San Juan de Dios,71 la Merced,72 Santa Clara,73 la Cofradía del Santísimo Sacramento74 o diversos eclesiásticos a título individual75 actuaron contra sus deudores, propietarios de fincas urbanas o agrarias, como las haciendas de Putaca en Cangallo del marqués de Valdelirios, Huacahuara de las hijas y herederas de José Pareja, Yamaná la Baja de Mariano Alvarado o el cañaveral de Llamoctachi de Cayetano López del Hierro.
En general, los censos oscilaban entre los mil y los dos mil doscientos pesos, destacando con mucho los veinte mil pesos impuestos sobre la hacienda cañaveral de Llamoctachi.
Algunas explotaciones, como Yamaná de José María Palomino o Huamancocha de José Gálvez, en 1821 acumulaban casi una década de atrasos en el abono de los intereses preceptivos,76 si bien el promedio de cuotas pendientes de cancelación se situaba entre las seis y siete anualidades.
Las alegaciones de los demandados apuntan a una situación condicionada por un enfrentamiento sustancial ente censualistas y censatarios.
Los deudores de cuatro capellanías impuestas sobre fincas urbanas o haciendas como la de Cayarpachi pidieron una quita en la deuda y se excusaron en las dificultades surgidas por «la situación del tiempo».
77 Según María Eusebia Laynes, al estimarse su deuda no se tuvo presente el mal estado de la finca por haber servido de cuartel de las tropas disidentes, ni la rebaja del interés del 5 al 3% «concedida esta gracia por el Soberano».
78 Juan García de los Godos, hombre bueno de José Palomino, 79 consideró que el tenor de la Real Cédula de 22 de marzo de 1816 era rebajar provisionalmente los intereses de los censos e iniciar un proceso informativo para, a la luz de los argumentos y posiciones recopiladas, convertir la medida en definitiva.
Una postura que devino colectiva cuando varios propietarios pospusieron los pagos de los intereses o decidieron abonar sólo el 3%, afectando sobre todo esta postura de facto a gentes e instituciones del mundo eclesiástico local.
La medida de presión se tomó en una coyuntura en la que el gobierno virreinal, acuciado por las necesidades bélicas, había confiscado las rentas de las capellanías y, al socaire de la revolución liberal, aplicado la Reforma de Regulares de 1820, que supuso la sujeción de las órdenes a los respectivos obispos, la supresión de los conventos con menos de ocho religiosos y la nacionalización de sus bienes, que en el caso de Huamanga afectó al menos al hospital de San Juan de Dios y a sus bienes y rentas.
80 Entre tanto el obispado estuvo bajo la supervisión de un administrador eclesiástico, ya que el obispo Pedro Martínez de Cos, sorprendido en su visita pastoral por la campaña del general Álvarez Arenales, se había refugiado en Lima, desde donde sería desterrado por San Martín.
81 La respuesta de los censualistas para forzar el reintegro de los intereses al 5%, o, cuando no fuera posible, resarcirse con la subasta de las propiedades, fue 77 ARAy, LC 17, LDC2.
Demandas por réditos vencidos a Juan de Dios Muñoz por una capellanía detentada por Feliciano Vergara, abril de 1821; de Baleriana Galindo contra Petrona Palomino, personera de su hijo político Marcos Pantoja, por la instituida por el presbítero Bernardo Muñoz Galindo, junio de 1821; de Vicente Fuentes cura de Chuschi, por la instituida por el deán de la catedral Gaspar Ortiz de Espinoza, en febrero y junio de 1823.
José Álvarez a nombre de Nicolás Benítez contra María Eusebia Laynes, viuda de Vicente de la Moya por los réditos atrasados de una obra pía instituida por Antonio López Vellido a favor del maestro de primeras letras de Huanta, julio de 1822.
79 José Palomino de Mendieta detentaba en 1823 las haciendas Yanamá y Tartaria y el molino Canónigo, con alfalfares y tierras de Yanamilla, tasado respectivamente en 2.500, 2.000 y 10.000 pesos; en 1828 constaba a su nombre la hacienda Carhuaschoque, sobre la que el convento de Santa Clara tenía impuesto un censo de 1.000 pesos, y un molino en la ribera del Huatatas; participó, como coronel de milicias, en la acción contra los montoneros patriotas en las punas de Lauricocha en julio de 1824; y fue alcalde en 1806 y 1824; referencias en: ARAy, Intendencia, Asuntos Administrativos, leg.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.02 recurrir a la vía judicial contra los deudores, con la salvedad de que el nuevo principio constitucional les obligaba a renunciar al fuero eclesiástico en tales asuntos y a sujetarse a la conciliación como cualquier otra persona o institución.
En paralelo, los censatarios presionaron políticamente para lograr la rebaja definitiva de los intereses que gravaban los censos consignativos, lo que ha sido señalado por Marie Laure Rieu-Millán como la principal reivindicación en temas vinculados a la agricultura expresada durante el primer liberalismo por las regiones andinas.
82 En realidad, desde la década de 1780, sucesivas peticiones habían llegado a la Corona suscritas por hacendados, como los de los valles de Lima y Trujillo, o autoridades, como el visitador Jorge Escobedo en 1784 o el intendente de Huamanga, Demetrio O'Higgins en 1802.
83 Durante el primer liberalismo, el cabildo del Cusco la incluyó en 1811 entre las instrucciones a sus diputados a Cortes; 84 la defendieron los representantes de Chile en 1812 y los de Charcas y Trujillo, Mariano Rodríguez Olmedo y Pedro García Coronel, en 1813.
El retorno al absolutismo no supuso en ningún caso el abandono de las reclamaciones.
El amplio movimiento reivindicativo continuaría entre 1814 y1820 cuando, tras la disolución de las Cortes, Fernando VII permitió en junio de 1814 que los diputados americanos permanecieran en la Península en defensa de las peticiones e instrucciones que les habían dado sus respectivas ciudades y provincias.
85 El diputado Martín José Mújica, siguiendo las instrucciones de los ayuntamientos de Huamanga y Huancavelica y como un medio para superar la crisis agraria y minera regional, solicitó en 1816 la rebaja definitiva, o en su defecto por diez años, de los intereses de los censos redimibles abonados en dinero.
86 El cabildo de Huamanga describía, en sendas peticiones de 1814 y 1815, una situación dominada por el creciente endeudamiento de las propiedades urbanas y rurales debido a los cortos márgenes de beneficios de las explotaciones agrarias, a la política metropolitana de consolidación de vales reales llevada a cabo en la década precedente 87 y 82 Rieu-Millán, 1990, 184.
Para el caso del virreinato de Nueva España y su relación con el proceso de Independencia véase Wobeser, 2006.
88 En parecidos términos se expresaron el diputado Mariano Rivero siguiendo instrucciones del cabildo de Arequipa, 89 el oidor decano de la audiencia del Cusco 90 y los hacendados de Trujillo.
91 La Corona accedería en 1816 finalmente a reducir al 3% los intereses de censos redimibles abonados en efectivo por un periodo de cuatro años en Huamanga, Huancavelica y Trujillo 92 y por diez años en Charcas, donde una iniciativa de los vecinos de Cinti, Tarija y Potosí dio lugar a la elaboración de un expediente (1796-1815) cuyas conclusiones se incluyeron en las instrucciones dadas a su diputado Mariano Rodríguez de Olmedo, obispo electo de Puerto Rico.
Además, para resolver si era o no conveniente consolidar la rebaja de intereses, se ordenaba iniciar expedientes informativos para que instituciones y propietarios pudieran defender sus pareceres e intereses.
La reivindicación de la rebaja de los intereses de los censos consignativos siguió manifestándose en diversas regiones andinas durante el Trienio Constitucional.
Sabemos que lo solicitaron los censatarios de Andahuaylas en 1822, 93 y la diputación provincial de Charcas, que trasladó el sentir de los ayuntamientos de La Plata, Potosí, Cochabamba, La Paz, Misque, Oruro y Santa Cruz de la Sierra.
Salvo para esta última y para toda la región del Oriente, se describió una difícil situación dominada por el creciente endeudamiento de las propiedades urbanas, rurales, ingenios mineros e instituciones de gobierno a causa de las constantes exigencias desde 1809 de donativos voluntarios, arbitrios y contribuciones extraordinarias para afrontar los costes bélicos.
94 A ello se sumaba la falta de mano de obra a raíz de las sucesivas levas y la abolición de la mita, la caída de la demanda y de los precios agrícolas, el declive minero, agravado por la escasez de azogues, la quiebra de circuitos comerciales, y la migración de un número no desdeñable de vecinos.
Había sido en tal situación de penuria cuando los «despiadados censualistas» habían recurrido a la justicia, con sus secuelas de altos costos judiciales y embargos.
La diputación provincial no veía otra solución a las dificultades que afrontaban los censatarios que rebajar los intereses y condonarles las deudas acumuladas hasta 1817, y que, una vez concluida la guerra y pacificado el virreinato, se llegara con los censualistas a una «moderada composición sobre capitales según el estado de las fincas».
95 Llegado a este punto, es bueno recordar que los censos consignativos tenían una característica dual.
Se trataba de contratos privados entre partes, en los que la Iglesia, y en particular las órdenes religiosas, fueron actores clave.
Sin embargo, el interés nominal era regulado rígidamente por la Corona.
La política borbónica tendió a rebajarlos al 3% en distintos contextos para sumar apoyos, como muestra que Felipe V los modificara en 1705 en la Corona de Castilla y Fernando VI en la Corona de Aragón -donde eran denominados censales-en 1750, 96 manteniéndose sólo tasas del 5% en los territorios coloniales americanos.
Esta diferencia en el gravamen debería ser un tema de investigación que nos permitiría comprender las características y determinantes en el crédito colonial y cierta sensación de agravio comparativo en el trasfondo de las reclamaciones de los propietarios andinos.
A priori debemos señalar que, si la temprana medida tomada por Felipe V se inscribía dentro de su política de lograr apoyos entre sectores de propietarios y censualistas en el contexto de la Guerra de Sucesión, 97 bien podemos presuponer que Fernando VII, cuando concedió su rebaja temporal en 1816, buscaba asimismo ampliar las bases de apoyo a la causa realista en las contingencias adversas de las guerras por la independencia en América.
Diversos autores han señalado una vía de interpretación para la España peninsular que nos puede ayudar a comprender el contexto de las reclamaciones agrarias andinas.
Según Bartolomé Yun, la coyuntura peninsular de fines del siglo XVIII se caracterizó por la tendencia a la baja de la rentabilidad agraria, pero sobre todo por el declive progresivo y paralelo de otras fuentes de ingreso típicas del Antiguo Régimen como lo fueron los censos consignativos.
NURIA SALA I VILA mica, de un modelo de desarrollo histórico que llevó a su vez a una crisis definitiva de las relaciones sociales que lo sostenían.
98 Ricardo Robledo ha señalado como para la nobleza castellana el censo consignativo por debajo del 3 % dejó de ser el recurso habitual de crédito en momentos en que los campesinos resistían de diversas formas el pago de los derechos señoriales o de la propiedad.
La negativa de los campesinos al pago de diezmos, censos y rentas de la tierra a diversas instituciones eclesiásticas coincidió con la de los señores al pago de los intereses de los censos.
99 En palabras de Enric Tello el sistema hipotecario censitario del Antiguo Régimen no se hundió por si mismo, ni como consecuencia de la intervención de la monarquía absoluta, sino que, como en el caso de los diezmos, fue destruido por quienes se resistieron a seguir pagando los intereses, porque en caso contrario se habrían vistos abocados a la quiebra, sojuzgados por las obligaciones de la renta territorial, del interés de los censos, de las exigencias señoriales y de una fiscalidad pública en aumento.
La legislación liberal no habría sido sino una vía que permitió recomponer el orden social y liberar la tensión de otra forma insoluble.
100 Tras la independencia peruana, el primer congreso constituyente suspendió el 31 de mayo de 1823 cualquier orden ejecutiva de cobro de los intereses de los principales impuestos sobre fincas rústicas o urbanas 101 a raíz de las peticiones del diputado por Trujillo, Justo Figuerola, y de la municipalidad de Piura.
102 Dos años después, el ministro de Hacienda del gobierno de Bolívar, Hipólito Unánue, tras oír el dictamen de la comisión de Justicia y Legislación y conocer los informes de diversas instituciones, como los de la municipalidad del Cusco, 103 fijó su tipo de interés en el 2% y 3 % según se tratara de fincas o urbanas, valores que se mantuvieron constantes a lo largo del siglo XIX.
103 Archivo de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, Caja 263, CC292, Expediente para que se informe al Gobierno Supremo sobre la orden de rebaja de los censos que indica el decreto del 22 de abril.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.02 Un balance de la justicia conciliatoria municipal y una coda Más allá del debate de si la justicia conciliatoria, como otras tantas aportaciones de la Constitución de 1812, fue consecuencia de una larga tradición o de innovaciones que surgieron de los debates de las Cortes,105 nos interesa señalar varios factores que han ido surgiendo a lo largo del presente artículo.
El modelo de conciliación liberal suponía una cierta inflexión en la concentración de poderes que había caracterizado al viejo cabildo, como consecuencia del hecho de que la conciliación no era entendida como un juicio en estricto sentido.
La justicia lega sólo sobrevivía en pueblos y ciudades ejercida por los alcaldes, en tanto que la justicia letrada se imponía en los partidos, las provincias y las audiencias.
El modelo de arbitraje se mostró como un mecanismo de intermediación y de búsqueda de engranajes de cohesión social.
106 Quizás el caso de los conflictos en torno a las deudas por intereses de censos nos aporta el ejemplo más ilustrativo de cómo las corporaciones locales asumieron posiciones políticas que eran coherentes con su experiencia acumulada en las conciliaciones.
En conjunto no hay evidencias de que los alcaldes de Huamanga favorecieran a censatarios o censualistas en sus dictámenes, ya que según los casos, optaron por exigir la cancelación de los intereses con cierta quita, ordenaron el embargo de ciertas fincas107 o la subasta de la propiedad para cubrir lo adeudado.
Y sin embargo las instituciones locales y los representantes provinciales se erigieron en portavoces políticos y defensores de los intereses de los endeudados detentadores de fincas ante las Cortes españolas, la Corona, o los congresos constituyentes peruanos de 1823 y 1828.
Anotemos aquí un breve inciso, se actuó corporativamente desde el cabildo en las etapas absolutistas y a través de los diputados a Cortes o de la diputación provincial en los periodos constitucionales.
Los ayuntamientos, cuando optaron por reivindicar el desarme de los principios que habían sostenido el crédito durante el Antiguo Régimen colonial, se convirtieron en la práctica en decididos defensores de los principios liberales y, quizás por ello, hemos podido probar la trayectoria liberal y republicana de varios de los actores implicados en las conciliaciones.
En Bolivia y el Perú el temprano republicanismo asumió en cierta medida los principios jurídicos del liberalismo hispano.
En Bolivia, los decretos de 15 y 21 de diciembre de 1825 daban lugar a la creación de una Corte Superior de Justicia en La Paz con las mismas atribuciones que las antiguas audiencias y mantenían vigente el Reglamento de Tribunales de 9 de octubre de 1812 y demás decretos de las Cortes españolas relativos a la administración de justicia.
Se conservaba la influencia liberal hispana en la ley Sobre los procedimientos de la administración de justicia (8 de enero de 1827), cuyos artículos 117, 133 y 134 establecían la existencia de jueces de paz, encargados de dirimir en conciliaciones las causas civiles y de injurias, excluyendo expresamente la posibilidad de que hubiera aforado alguno.
108 En el Perú, las constituciones de 1823, 1826 y 1828 coincidieron en atribuir a alcaldes y regidores, en ocasiones considerándoles jueces de paz, el principio y actuación de la conciliación entre vecinos enfrentados, un trámite inexcusable para poder apelar a cualquier instancia judicial letrada.109 En Ayacucho, durante la vigencia de la Constitución de 1828, las conciliaciones se registraron en los mismos libros de actas abiertos a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1812 que hemos estado analizando.
Un dato que por si mismo evidencia hasta que punto, para los contemporáneos, se trataba de una medida heredada y continuista del liberalismo hispano.
En conclusión, en el contexto de las guerras de Independencia se dirimió la voluntad y el derecho de construir un Estado propio por parte de los peruanos, pero al mismo tiempo tuvo lugar un largo conflicto entre quienes querían desarbolar el antiguo sistema y quienes querían consolidar una sociedad basada en los principios del liberalismo. |
respecto a que la legislación «reorganizó y estructuró la sociedad sentando las bases y reglas del juego del siglo XIX.
Las leyes y códigos que establecieron, asignaron e impusieron categorías y derechos sociales pueden ser descritos, entonces, como ritos de institución y ritos de legitimación».
«Los naturales son ciudadanos de la gran familia boliviana».
La participación indígena en la construcción del departamento del Beni, siglo XIX 1 / «The natives are citizens of the great Bolivian family».
Universitat de Barcelona/TEIAA En 1842, la creación del departamento del Beni implicó la extensión de la ciudadanía a sus habitantes, en su gran mayoría indígenas.
A través de la legislación sancionada a lo largo del sigo XIX, se analizan las estrategias, actividades e instituciones de esta población en relación al ejercicio de las garantías constitucionales en el ámbito sociopolítico -gobierno local-y en el socioeconómico -propiedad de la tierra.
PALABRAS CLAVE: Ciudadanía; Legislación; Indígenas; Amazonía; Bolivia; siglo XIX.
Agradezco a Pilar García Jordán los comentarios y apreciaciones a versiones anteriores de este texto.
A lo largo del siglo XIX, la mayor parte de la Amazonía boliviana estuvo bajo la jurisdicción del departamento del Beni, el más extenso y menos poblado de todo el país, siendo su población mayoritariamente indígena.
Una parte de ella estaba constituida por distintas filiaciones étnicas no sometidas, dispersas en los bosques; otra parte estaba conformada por diversos grupos etnolingüísticos que habían sido reducidos en la, por entonces, provincia de Mojos.
Fue en este último grupo en el que, en 1842, se fijó el Ejecutivo boliviano, interesado en adecuar el modelo misional a la normativa constitucional para equiparar a estos pueblos al resto de habitantes de la República.
Como a causa de la excepcionalidad anterior las garantías dictadas «a favor de los bolivianos» no incluían a los habitantes mojeños, el estatus de la región y de sus pobladores fue modificado.
En conformidad con los planteamientos modernizadores de la época y debido al interés económico del área, 2 se creó el departamento del Beni y se extendió la ciudadanía a sus miembros.
Ello significaba que los nativos benianos obtenían un acceso al comercio y a la propiedad, sujeto al principio de libertad auspiciado por la constitución y regido por las leyes orgánicas del país, las únicas aplicables a la población a partir de entonces.
Para unos autores, el nuevo estatus jurídico no tuvo ningún resultado práctico para los pobladores; 3 para otros, los nuevos derechos adquiridos solo propiciaron la expropiación de las tierras indígenas.
4 Si bien podemos coincidir con estos últimos para el periodo que se inicia con los albores del siglo XX, no estamos de acuerdo con hacer extensiva esa afirmación para la segunda mitad del siglo XIX.
Las disposiciones legislativas sancionadas en 1842 tuvieron gran importancia para la población nativa porque su conocimiento y utilización favorecieron la actuación de una parte relevante de la misma en la definición y estructuración de la sociedad beniana.
Por ello, es nuestra intención defender en este texto que las leyes gubernamentales fueron interpretadas y adaptadas por los indígenas a favor de sus intereses y en defensa de las calidades legales adquiridas.
Esta afirmación implica entender la legislación no como una representación ideológica superficial y arbitraria, sino «como expresión de las fuerzas sociales, culturales y políticas».
5 Su incidencia bidireccional en la sociedad no solo posibilitó un escenario que permitió la participación activa de los pueblos nativos en la construcción del departamento, sino que facilitó un paulatino proceso de institucionalización estatal en la región amazónica.
6 A partir de fuentes legislativas y de una variada documentación hallada en repositorios bolivianos, relativa a la correspondencia procedente de la prefectura beniana, el concejo municipal y el ministerio del Interior,7 nos proponemos abordar los avances y retrocesos experimentados por los nativos en el ejercicio de las potestades legales adquiridas a partir de 1842.
Mediante el estudio del papel de los nativos en las principales instituciones sociopolíticas benianas y de las prácticas desarrolladas por ellos para acceder a títulos de propiedad de la tierra, expondremos cómo y bajo qué parámetros parte de la población indígena beniana se vinculó a la nueva sociedad departamental.
Por ello abordaremos, en primer lugar, la legislación emitida a favor de ésta, ejemplificándose su aplicación; en segundo lugar, su participación en las entidades sociopolíticas del departamento; y, en tercer lugar, el proceso y los procedimientos en el acceso a la propiedad de la tierra.
Con este texto, que resalta el valor instrumental de los decretos y las instrucciones de 1842, y posteriores, en las prácticas y estrategias de los nativos del Beni para salvaguardar sus posesiones e instituciones, nos sumamos a las investigaciones que inciden en subrayar el activo papel desempeñado por la población indígena en la construcción de las repúblicas latinoamericanas.8
Los decretos e instrucciones de 1842, bases de conformación del departamento del Beni
El departamento del Beni estaba habitado, en su práctica totalidad, por indígenas.
La gran mayoría de estas poblaciones habían pasado por un régimen misional y, por ello, eran consideradas civilizadas.
Señala David Block que durante su reducción tuvo lugar una amalgamación y reelaboración de los sistemas de organización nativos, mezclándose con los europeos.
Surgiría así la cultura reduccional caracterizada por el ordenamiento urbano, la ganadería, el culto y praxis católica, el gobierno local, la organización social jerárquica y el mantenimiento de la lengua nativa; siendo posible esta cultura gracias al papel dinamizador jugado por los misioneros y la población indígena.9 Con la expulsión de los jesuitas, los nativos quedaron bajo una administración dual -civil y religiosa-cruceña.
Las jurisdicciones y responsabilidades superpuestas y el desarrollo de una economía de mercado en la región obligarían, tras el proceso independentista, al replanteamiento del organigrama político-administrativo de la provincia y de la situación de sus habitantes.
Sin embargo, pese al interés teórico de algunos gobernantes por incorporar la Amazonía a la vida republicana,10 nada se concretó al respecto hasta la presidencia de José Ballivián (1841-1847).
Por el Decreto de 6 de agosto de 1842 se promulgó la independencia de la provincia de Mojos del departamento de Santa Cruz, siendo creado el departamento del Beni en noviembre de ese mismo año.
11 Además, al constatarse el estado en el que se encontraban los nativos, «contrario a la naturaleza, la ilustración [y] a los principios constitucionales proclamados por la república», se estableció que: los habitantes de Mojos y los demás pueblos comprendidos dentro de los antiguos límites de la provincia se elevan a la clase de ciudadanos bolivianos y como tales capaces de los derechos de igualdad, libertad y propiedad, que las leyes garantizan a los bolivianos (art. 2).
12 En consecuencia, los nativos fueron declarados propietarios de sus casas y se repartieron habitaciones en los pueblos y terrenos aptos para el cultivo y el pastoreo, entre aquéllos que quisieran adquirirlos.
Se eximió a las mujeres del pago de cargas públicas, aunque ello se mantuvo para los varones, estipulándose que quedarían sujetos al pago de una contribución anual de dos pesos los que recibieran terrenos y de un peso los que no tuvieran tal asignación.
Este pago sería satisfecho por indígenas y no-indígenas, pues el decreto también fomentaba la llegada de población criollomestiza a la que también se le podría aplicar el repartimiento de tierras.
Con el objetivo de evitar que esta medida quedara sin efecto se reglamentó la nueva administración política, económica y social del Beni mediante las instrucciones del 8 de agosto y del 21 de septiembre de 1842.
La primera estableció en Mojos «el régimen legal del resto de la República haciendo observar la constitución y leyes orgánicas en cuanto sea susceptible por el actual estado de los naturales a los que es necesario poner o elevar al estado de civilización, de propiedad y cultura en que se hallan los demás ciudadanos bolivianos (art. 2.o)».
13 Con ella se fijó el organigrama de autoridades; de manera que la administración del distrito dependía de un gobernador, luego prefecto, cuyo representante en cada población sería el corregidor, con potestad sobre el resto de autoridades nativas.
El corregidor era el sustituto del administrador de temporalidades que hasta entonces había asumido todos los poderes públicos y debía encargarse de recaudar las contribuciones de las que hablaba el artículo del Decreto del 6 de agosto.
El ramo de justicia, a nivel departamental, dependía de un juez de letras nombrado por el gobierno y que administraba la justicia criminal o civil.
Subordinados a él quedaban los jueces de paz, cuya actuación se circunscribía al ámbito local; su creación obedecía al interés por evitar que una sola persona detentara todos los poderes públicos y, así, impedir los abusos cometidos por los antiguos administradores.
De ahí que se prohibiera la pena de azotes a las mujeres y se aceptaran en varones sólo por delitos de robo y embriaguez, estipulándose que únicamente deberían aplicarse por disposición judicial, quedando los corregidores, caciques e intendentes inhabilitados para practicarlos excepto en determinados casos.
14 Los nuevos cargos fueron ocupados, desde el principio, por población criollo-mestiza por lo que es posible afirmar que la Instrucción 13 ALP, SGL, 1842, 3/31, Instrucción de 8 de agosto de 1842.
Las autoridades debían «proteger la emigración» proporcionando viviendas y fomentando las actividades agropecuarias.
15 Todo ello requirió de una evaluación de los recursos económicos existentes que permitió, a través de la segunda instrucción, dictada el 21 de septiembre de 1842, la distribución de terrenos.
Se estipuló que cada familia -indígena y criollomestiza-podría acceder a la propiedad de un terreno de cultivo, uno de pastoreo y un lote urbano.
Se mantuvo la propiedad estatal y eclesiástica de algunos cultivos (algodón, cacaotales), cuyo cuidado quedaría a cargo de los nativos sin tierra y a medio jornal a cargo de aquellos que poseyesen algún tipo de predio.
Por último, se desposeyó a los gremios de sus estancias, estableciéndose su distribución individual a los que lo solicitaran.
16 Se trató, en definitiva, de medidas que sentaron las bases del desarrollo y la conformación del nuevo departamento, y que, además, con su insistencia en el tema del reparto de terrenos y la consiguiente generación de trabajo y renta, extendieron el ejercicio ciudadano a sus habitantes.
Recuérdese que desde la Constitución de 1839 se estableció una ciudadanía de naturaleza censitaria17, por la que solo podrían ser considerados parte de la misma todos los varones, mayores de edad o casados, que supieran leer y escribir, que pagasen impuestos y que tuvieran una renta mínima -que a lo largo del tiempo variaría de los 600 a los 200 pesos-proveniente de propiedades o del trabajo no ejercido en calidad de domésticos.
18 Respecto al primer requisito, dada la naturaleza local del reconocimiento ciudadano y el generalizado analfabetismo que afectaba a la población indígena y no indígena, en el Beni se reconocieron como letrados a aquellos que hubieran pasado por un régimen misional y que, por lo tanto, habían sido «civilizados» o capacitados para «entender» la ley.
19 Respecto a ellos, la población criollo-mestiza era mucho más reducida.
20 Dada la preeminencia indígena en la región que muestran estas cifras, con el Decreto del 6 de agosto no solo se pretendía homogeneizar 21 la realidad poblacional amazónica con el resto del país, sino que la equiparación fiscal de los indígenas benianos con la población criollo-mestiza, ejemplificada en el pago de la contribución sobre la tierra que deberían efectuar los «naturales y forasteros» de la región, redundaba en un esfuerzo de uniformización ciudadana.
Éste quedaba reafirmado con el nuevo estatus jurídico de los nativos que generaría un nuevo marco de relaciones entre éstos y los criollos-mestizos y daría lugar a una «nueva» sociedad amazónica organizada alrededor de la ocupación, control y explotación de la tierra y al acceso a distintas instituciones sociopolíticas locales y regionales.
La aplicación de las disposiciones mencionadas implicaba cambios en las relaciones de sus pobladores, criollo-mestizos e indígenas, al pasar, estos últimos, de ser sujetos tutelados a ser sujetos de pleno derecho.
Sin embargo, hay que señalar que el artículo 2.o del Decreto de 6 de agosto había hecho mayor insistencia en los derechos civiles -libertad de comercio y de propiedad-que en los políticos; ya que, como se ha indicado, la ciudadanía basada en criterios censitarios implicaba un determinado disfrute de los primeros para el ejercicio de los segundos.
Si bien ello no cuestionaba el acceso de los nativos a la ciudadanía debido a que la nueva legislación no establecía diferencias de naturaleza étnica entre los bolivianos, las prácticas sociales no dejaban de ser diferenciadoras por ello.
21 Sobre el principio de homogeneidad y sus complejidades, véase Quijada, 2000.
22 Barragán, 1999; Irurozqui, 2000, 56- que los «naturales indígenas [...] no están en estado de civilización ni pueden gozar de los derechos de ciudadanos».
23 En cualquier caso, la voluntad homogeneizadora del proyecto de Ballivián respecto a la incorporación de los indígenas amazónicos a la sociedad republicana, fue objeto de un complejo proceso en el que fueron constantes los avances y retrocesos de los nativos benianos en el ejercicio de sus potestades constitucionales.
El principal escollo a superar fue la pervivencia de ciertas prácticas de tutelaje de origen colonial ejercidas por las autoridades públicas y algunos comerciantes siendo las más extendidas la prestación de servicios gratuitos al Estado, tales como el transporte -fluvial y terrestre-de mercancías y correos, el cultivo de las huertas, entrega de la producción o la elaboración de tejidos.
24 A ello se agregó que la nueva situación jurídica de la población nativa permitió que esta participara activamente en la economía regional, pudiendo ser contratada como mano de obra por particulares para servicios domésticos, actividades productivas y el tráfico fluvial.
25 La co existencia de dos formas de uso de la mano de obra, gratuita si era por mandato estatal y con compensación económica si el beneficiario era un particular, dio lugar a una connivencia de intereses públicos y privados que ignoró los derechos constitucionales de los indígenas benianos.
Para revertir esta realidad, a lo largo de las siguientes décadas se aprobaron distintas normas que reiteraron tanto el reconocimiento ciudadano de los indígenas, como su integración a la modernidad en boga, si bien esto último no siempre ni necesariamente propició lo primero.
26 Pese a ello, este tipo de servicios se reimplantaron y modificaron un sinfín de veces, basándose para ello en la supuesta incapacidad de los nativos para ejercer su libertad.
27 También, por ejemplo, los nativos dedicados al transporte fluvial recurrieron a las leyes para defenderse, denunciaron los malos tratos, se negaron a realizar determinadas tareas y requirieron de ciertas formalidades para efectuar la navegación, 28 sin que por ello la mayoría de la población dejase 23 MHSC, PMC-MJ, 1/28-12, 12 de enero de 1840.
28 de trabajar en condiciones pésimas y en lugares donde el abuso de poder era la norma.
29 No sería hasta la Ley de 24 de noviembre de 1883 que fueron abolidos «todos los aranceles y tarifas impuestas por costumbre al trabajo de los naturales del Beni».
30 Las dificultades y abusos sufridos por los nativos benianos han contribuido a que algunos autores concluyan que los decretos de Ballivián no tuvieron aplicación alguna, sirviendo únicamente para beneficiar a la población criollo-mestiza.
31 Sin embargo, debe recordarse que la igualdad jurídica no es equivalente a equidad social, siendo la desigualdad social y la competencia desigual por los recursos compatible con el desarrollo ciudadano.
Todo ello en un contexto en el que la ciudadanía basada en criterios censitarios implicaba que los derechos a disfrutarse estaban condicionados por los deberes a ejercerse; lo que suponía variadas lecturas, en ocasiones opuestas, del conocimiento, el trabajo o la tributación en la determinación de un sujeto como ciudadano.
32 El peso del discurso de la capacitación, la responsabilidad y la producción también se plasmaría en el Beni con todas sus contradicciones.
Así, si en la década de 1840 desde la prefectura se juzgaba necesario difundir los principios de propiedad y libertad económica entre «los más aventajados», «más laboriosos y más civilizados» para lograr el progreso de la región; posteriormente, en la década de 1860, se acordaría exonerar de los trabajos públicos a los «naturales que por su capacidad y constante inclinación al trabajo» hubieran obtenido propiedades que necesitaran cultivar,33 llegando a proponerse la permanencia de los nativos bajo un régimen de tutela, salvo de aquellos que supieran leer y escribir y reconocieran la propiedad.
34 Esa narrativa sobre la limitación de la práctica ciudadana en función de sus capacidades, así como una mayor protección ante el abuso, también se reflejó en las decisiones de las autoridades locales.
Ejemplo de ello fue la negativa de la prefectura en 1864 a emplear a nativos en sustitución de un piquete armado de la capital, considerado encarnación de la acción administrativa departamental y único elemento de conservación del orden y la fuerza pública en la región.
Se recha-zó hacerlo tanto por «la equivocada persuasión que existe, por desgracia, en este país de que el indio es un ser pasibo [sic] al que puede obligarse voluntariamente aunque sea a prejuicio de su interés particular», como por considerar que éste tampoco «ha de tener la representación y el prestigio que arrastra consigo el ciudadano armado».
35 Es decir, al tiempo que se reconocía su peso económico en el desarrollo regional, pudiendo derivarse de él su reconocimiento ciudadano, también se le disminuía públicamente por considerársele un fácil objeto de abuso, a excepción de los más capacitados.
Y fue precisamente ese discurso sobre «la capacidad» y «la aptitud» y de su exigencia en la adquisición de la ciudadanía lo que permitió a algunos nativos sortear los subterfugios ideológicos que les relegaban de los espacios públicos y reducían su capacidad de acción.
A continuación veremos cómo el empleo de «los saberes públicos» en lo tocante al gobierno local y regional posibilitó su presencia en las entidades municipales del departamento.
Los indígenas y su participación en la vida política beniana: el cabildo indígena y su papel en la construcción departamental
La administración local del Beni requirió instituciones y autoridades políticas que gestionaran la vida pública de los pueblos, situándose a la cabeza de las mismas los sectores con mayor poder socioeconómico y político.
La principal fue el concejo municipal del Beni, con sede en Trinidad, entidad autónoma de la prefectura y a la que se sujetaban distintas juntas, sólo existentes en los cantones más poblados y, por ende, que requerían de representación política a nivel municipal.
Desde su instalación en 1849, 36 el concejo estuvo integrado por nueve miembros -siete como munícipes propietarios y tres como suplentes-que ejercían sus funciones durante dos años; estando las juntas compuestas por cinco.
Los miembros de ambas entidades eran elegidos por voto directo y popular entre todos los ciudadanos con derecho al sufragio.
37 De su correcto ejercicio dependía el buen desarrollo del gobierno local, por lo que sus integrantes debían residir en el lugar para evitar irregularidades en el desarrollo de las sesiones.
Cuando el Ejecutivo ordenó la organización del primer concejo municipal beniano se instó al prefecto a influir en la elección de sus miembros para evitar que el cargo fuera asumido por individuos que carecieran de la necesaria preparación.
38 Por entonces, la población beniana era indígena casi en su totalidad, siendo muy pocos los pobladores criollo-mestizos.
Se trataba de empleados públicos, religiosos y empresarios, además de confinados políticos y condenados por delitos varios, estos últimos, «de la clase más ignorante y degradada de los pueblos de afuera» y «de influencia nociva», según las autoridades.
39 Aunque es posible que en el momento de creación del departamento muy pocos individuos parecieran cumplir con los requisitos legales para actuar en la vida pública, el hecho de que el Decreto del 6 de agosto de 1842 confiriese la ciudadanía a todos los nativos «civilizados» amplió el número de participantes en el ámbito municipal.
De ahí que no deba extrañar que entre las personas calificadas como ciudadanos en los registros cívicos aparecieran los nombres de diversos indígenas, quienes disfrutaron del derecho al sufragio y se postularon como electores y/o elegibles a las juntas y el concejo municipal.
Tenemos conocimiento de algunas listas de sufragantes, unas para la elección a munícipes, otras para las elecciones nacionales, de las principales poblaciones benianas.
Ya en 1849, en la lista de electores para la presidencia de la República figura un número destacado de nativos en los cantones de Baures, Magdalena, San Joaquín o Santa Ana.
40 Posteriormente, en 1857 y 1860, casi dos décadas después de la creación del departamento y cuando ya existía un número nada despreciable de población criollo-mestiza en la región, las listas de sufragantes revelaban un número elevado de individuos con apellidos nativos.
En Trinidad, donde los no-indígenas registrados eran numerosos, la presencia nativa continuó siendo relevante, contabilizándose en 1857 dieciséis indígenas de un total de sesenta y un votantes, y habiendo en 1860 diecinueve nativos frente a los cincuenta y un criollo-mestizos anotados.
Esta situación era más evidente en Loreto y Santa Ana.
En 1860 la primera localidad del total de veintisiete sufragantes inscritos, ocho de ellos eran indígenas, mientras que en Santa Ana, de los dieciocho ciudadanos 38 ABNB, MI, Prefectura del Beni, 130/25, 22 de marzo de 1849.
41 La presencia de indígenas en estas listas electorales constataba la participación de los nativos en la vida política departamental, particularmente en los asuntos de ámbito local, dependiendo su incidencia en los mismos tanto de su grado de capacitación como de la mayor o menor presencia criollo-mestiza en cada localidad.
En todo caso, a día de hoy sabemos que sólo un indígena llegó a ejercer de munícipe en el concejo municipal del Beni: Frutos Nosa, corregidor y cacique de Trinidad, que ejerció de vocal a mediados de la década de 1850.
42 Pero, ¿quiénes eran los indígenas con derecho al sufragio?
La sociedad nativa beniana estaba organizada en dos categorías funcionales relativas a un orden jerárquico social: el pueblo, constituido por la gente común dedicada a tareas agropecuarias, a la construcción y al transporte; y la familia, que comprendía a los neófitos hábiles en las artes y los oficios europeos, a los que ayudaban en las celebraciones litúrgicas y, sobre todo, a la elite nativa cuyos miembros eran conocidos como indios principales, indicando tal adjetivo su papel relevante en el seno de la comunidad.
Éstos ocupaban los cargos más importantes del gobierno comunal y ostentaban cierto prestigio que se traducía en hablar y escribir en español.
43 Sabemos que algunos de los indígenas registrados ejercían o habían ejercido de caciques 44 y otros eran propietarios de tierras cultivadas y ganados, como señalaremos más adelante, por lo que cumplían los requisitos de ser alfabetos -o independencia de juicio-y de tener propiedad -o libertad de acción-que garantizaban la emisión de un voto responsable.
45 En virtud de ello, durante las primeras décadas de la historia del departamento del Beni, la elite nativa y algunos vecinos criollo-mestizos mantuvieron, a la par, el poder sociopolítico en la región.
En lo concerniente a los primeros, el proceso electoral y la posibilidad de acceder a un cargo de munícipe actuaron de mecanismos para su consolidación y reconocimiento sociales entre el resto de nativos y ante la sociedad criollo-mestiza.
En este sentido puede aventurarse que el nuevo estatus de ciudadano disfrutado por algunos indígenas les permitió asentar su dirigencia, reinventar jerarquías, man-41 ACCB, Individuos con derecho a sufragio, 29 de marzo de 1857, y Sufragantes para munícipes, 16-28 de marzo de 1860.
Estaba integrado por los jefes políticos nativos, que actuaban de mediadores entre el pueblo y los religiosos, y muchos miembros de la familia.
La autoridad máxima del cabildo era el corregidor, seguido del cacique y otros cargos -capitanes, intendentes, etc.-que se elegían y renovaban anualmente.
46 Tras la creación del departamento del Beni, el cabildo permaneció como la institución gubernativa de los indígenas, aunque su naturaleza se vio afectada por los cambios que conllevaron las reformas territoriales y legislativas de 1842.
Como ya se ha señalado, por la Instrucción de 8 de agosto de 1842 el cargo de corregidor se incorporó al organigrama político-administrativo departamental, desgajándose esta figura de la estructura sociopolítica nativa por quedar su designación a cargo de la prefectura y ser excluida la comunidad de la decisión.
El interés de la prefectura beniana por revitalizar el cabildo llevó a que a fines de la década de 1850 se aprobara un nuevo reglamento del mismo que hacía posible las pervivencias corporativas con el liberalismo.
47 Por un lado, se resucitaron las parcialidades que, por entonces, estaban casi en desuso, nombrándose nuevas autoridades; 48 y, por otro lado, se restableció la organización del cabildo y sus funciones.
49 Según se afirmaba en el considerando del reglamento el «sistema patriarcal de familias, con el nombre de parcialidad, son el faro y punto de partida para el régimen, arreglo y orden público» de la sociedad indígena; 50 de ahí que se mantuviera a los indios principales y a los miembros de la familia como únicos integrantes del cabildo, distinguiéndose del resto del común por el uso de símbolos europeos 51 como los trajes que vestían, el lugar principal que ocupaban en la iglesia, el hablar y escribir en español, el acceso a la propiedad de la tierra y la posibilidad de ejercer el sufragio.
47 Por entonces, a nivel nacional se sancionó el Decreto de 18 de enero de1858 que debía proteger a la población indígena de los abusos de los que podían ser víctimas por parte de las autoridades, a la espera de que adquirieran «los atributos de la ciudadanía».
49 Limpias Saucedo, 2005 [1942] sería ahora la máxima autoridad indígena y mantendría el cargo mientras desempeñara correctamente sus funciones.
Supeditados a él estaban los intendentes, los capitanes de parcialidades, los tenientes, los alcaldes, los comisarios, los fiscales y los alguaciles.
Para rodearlos del respeto que merecían, se dispuso, años después, que la toma de posesión del cargo por parte de los cabildantes conllevaría un acto oficial para visualizar la importancia de las funciones del cabildo.
52 Este poseía dos dimensiones: una interna y otra externa.
De un lado, la ceremonia suponía una sanción comunal de las jerarquías de autoridad.
De otro, el hecho de que fuese la prefectura la que, formal y solemnemente, sancionara el poder y las responsabilidades del cabildo y los cargos a él sujetos, implicaba no solo el reconocimiento estatal hacia las autoridades y representantes nativos, sino también su integración en el organigrama institucional exterior.
53 La nueva organización del espacio beniano comportó que el cargo de corregidor pasara no sólo a ser ejercido por un empleado público designado por la prefectura, sino que recayera, generalmente, en un individuo de extracción criolla-mestiza.
Como ya dijimos antes, por ahora conocemos solo el caso de un indígena, Frutos Nosa, que ejerció tal cargo en Trinidad entre 1843 y 1845, año en que renunció para tomarlo de nuevo desde 1849 hasta iniciada la década de 1860.
54 Durante este último periodo, mientras Nosa actuaba de corregidor, Mariano Cayuba lo hacía de cacique.
Un viajero estadounidense, refiriéndose a ambos individuos, señaló que «Cayuba era el hombre sabio de la tribu de los mojos.
Era respetado por su inteligencia, mientras que Fratos [sic] mantenía un rango mayor debido a su riqueza.
Cayuba pensaba que eso era injusto; mientras que él realizaba su trabajo bien y su casa era la más llamativa del pueblo, el hombre más importante cerca de él le recordaba constantemente que él debía ser nombrado corregidor».
55 A la luz de estas palabras el cabildo reorganizado mantuvo la dimensión jerárquica de la sociedad nativa a lo largo del siglo XIX.
Pero si durante el régimen misional la dirección del gobierno comunal había recaído en aquellos jefes que tenían autoridad moral sobre el pueblo común, a medida que la reforma de Ballivián se asentaba, las autoridades tradicionales vieron reacomodado su poder en beneficio de criterios de peso eco-52 Limpias Saucedo, 2005 [1942], 134-136, 148.
El lamento de Cayuba respecto a que Frutos Nosa formaba parte de los indios principales, era letrado y poseía suficientes bienes, expresaba no solo el cambio que se estaba operando en el seno de la comunidad nativa, sino también permite constatar que junto a la división funcional entre pueblo y familia, existían otras diferencias entre sus miembros relativas a los privilegios que estos podían gozar en virtud de valores acordes con los principios de riqueza y progreso nacionales.
56 El cabildo formalizó el ejercicio de autoridad en el seno de la sociedad nativa con la creación de cargos, roles y funciones que debían realizarse a favor del orden público.
El cacique quedó sujeto al corregidor, del que recibía y acataba órdenes relativas a la organización de los trabajos comunitarios y la conservación de la moral cristiana, con lo que la autoridad del corregidor desplazó a los cabildantes de sus funciones de mediación, provocando la cooptación y el desplazamiento de sus estructuras de decisión.
57 Ello les situó en una posición incómoda.
Se sabe que los corregidores abusaban con frecuencia de su cargo 58 y en sus exigencias involucraron a los cabildantes.
Si bien éstos eran los que debían señalar qué indígenas debían trabajar en las obras de carácter público, también intervenían en la contratación particular respecto a trabajos diversos como la navegación de los ríos, el corte de quina o la extracción de la goma elástica.
59 Estos cambios no impidieron al cabildo jugar un papel activo y destacado en la defensa de la sociedad indígena.
Considerado el representante legítimo de la misma, su autoridad fue reconocida por los empleados públicos criollo-mestizos y, hasta fines del siglo XIX, fue requerido para dilucidar conflictos de distinta índole, siendo considerada su palabra elemento suficiente de legitimidad.
Como observaremos en el próximo acápite, desde 1842 uno de los derechos civiles más queridos por los indígenas fue el acceso a la propiedad de la tierra.
En este sentido, a lo largo del siglo XIX el cabildo indígena fue exhor-56 Junto a Frutos Nosa, otros personajes significativos fueron José Gregorio Acuruza, quien durante años ejerció de cacique en Exaltación y fue propietario de establecimientos donde trabajaban hombres, mujeres y niños que ejercían de tejedores, remeros, criaban el ganado y cultivaban sus chacos; e Hipólito Ojopi, cacique de Baures, cuyo matrimonio con una cruceña redundó su autoridad tradicional sociopolítica entre los nativos con su nuevo estatus económico.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.03 tado por la prefectura y la municipalidad a informar sobre la pertinencia de las solicitudes de tierras, especificando quiénes las ocupaban, denunciando la usurpación de las mismas, si era el caso, y amparando, mediante la legislación vigente, los derechos de posesión de los nativos.
Ello permite afirmar que, pese a los cambios institucionales operados, las funciones originarias del cabildo indígena sobrevivieron a lo largo del siglo XIX.
Los indígenas benianos y su acceso a la propiedad de la tierra
El Decreto de 6 de agosto de 1842 estipulaba la extensión de una ciudadanía de corte censitario a toda la población nativa, permitiendo ello que miembros de la misma aprovechasen los recursos ofrecidos por la legislación para ejercer el derecho de propiedad.
Gracias a ello, adquirieron «pleno dominio» de los terrenos que ocupaban y por los que debían efectuar el pago de una contribución anual.
En este sentido, la ciudadanía que les fue otorgada estaba íntimamente vinculada a su estatus fiscal, manteniendo a los indígenas como un colectivo diferenciado a cambio de la posesión de la tierra y convirtiendo la tasa señalada en el elemento que certificaba su acceso a la propiedad y probaba su desempeño ciudadano.
60 En otras palabras, los nativos benianos adquirieron el estatus de tales por su condición de tribu tarios y poseedores de tierras.
Aunque a lo largo del siglo XIX este estatus iría desdibujándose, las disposiciones de 1842 permitieron que un número relevante de esta población se hiciera un hueco en la nueva sociedad republicana a través del trabajo y de la propiedad de la tierra.
Los títulos expedidos según las disposiciones de 1842 amparaban la ocupación y el trabajo de los indígenas, pero solo acreditaban su calidad de «usufructuarios».
Por este motivo, hasta inicios del siglo XX, muchos indígenas mostraron la voluntad de adquirir una escritura pública que les otorgara la propiedad definitiva sobre la tierra que trabajaban, reconociéndose como una «porción de bolivianos [...] quienes para elevarse a la clase de ciudadanos necesitan ser propietarios».
61 Una primera oleada de solicitudes de títulos de propiedad tuvo lugar en la década de 1840 con la creación del departamento y se apoyaron en el Decreto de 6 de agosto.
En este sentido, los motivos esgrimidos para adquirir los títulos de propiedad legal de los terrenos repartidos en virtud de los decretos de 1842 aludían a la voluntad de asegurarse un lugar que facilitara la supervivencia familiar y que pudiese transmitirse a los herederos.
62 Las solicitudes fueron tramitadas, en su gran mayoría, por individuos con medios para sufragar los gastos de la compra y que al hacerlo realzaban su rango social y sus capacidades letradas y pecuniarias alegando los cargos que ejercían en la comunidad y autodesignándose como ciudadanos.
63 Un segundo momento de compra de tierras tuvo lugar a partir de 1860 y, de nuevo, sus solicitantes se apoyaron en lo decretado en 1842 respecto a la protección «a los antiguos pobladores», haciendo de «la natural oriunda» «casta» indígena «dueñ[a] absolut[a]» de la tierra.64 A diferencia del periodo anterior, los predios más demandados fueron los de cultivo y la mayoría de las solicitudes fueron presentadas por indígenas del común que argumentaron en defensa de su petición el haber prestado servicios a la comunidad; siendo pocos los que alegaron su actuación sociopolítica.
También aludían a la pérdida y/o falta de los títulos y a su voluntad por legalizar su posesión de la tierra;65 y mientras seguían enfatizando la voluntad de asegurarse un espacio que permitiera sostener a sus familias, la mayoría manifestó la necesidad de frenar la presión de los colonos criollo-mestizos.
66 Tal demanda mostraba que su expansión afecta-ba a toda la población nativa, con independencia de su lugar en la jerarquía comunitaria, y daba cuenta del claro interés de los nativos por evitar ésta y la sobreexplotación de los recursos naturales a través del ejercicio de la ley.
Así, los indígenas del común fueron incorporando mecanismos que los aproximaron al ejercicio ciudadano, quizá primero no por voluntad pero sí por la necesidad.
67 Buen ejemplo de ello fue una solicitud presentada por el cabildo indígena de Trinidad en 1880, donde se afirmaba que «desde sus antepasados hasta el presente vienen ejerciéndolo [su posesión de la tierra] con variados cultivos, de que únicamente como subsisten haciendo uso de la leña y maderamen que dan los bosques, en beneficio propio y del público [...] aprovech[ándolo] en común, para sus ganados de los bajíos o pastales [sic] [...].
[De estos terrenos] se les quiere despojar o se les ha despojado ya en mucha parte, porque no hay para ellos justicia ni protección de parte del mismo funcionario que solicita comprar el terreno, quien no se sabe como dicen se ha establecido con sus labranzas sobre la margen de [los ríos], privándoles de los caminos de los bosques».
68 A inicios de la década de 1880 aún existía un acceso diferenciado a la tierra por parte de los nativos, distinguiendo los que poseían títulos de propiedad de quienes carecían de ellos.
Asimismo, también había un elevado número de indígenas que, con o sin título, trabajaban individualmente la tierra, aunque la posesión comunal -de la que participaba la mayoría de la población-se mantuviese.
69 La ausencia de escrituras públicas continuaba siendo la principal dificultad a superar.
Con el objetivo de paliar esta situación se promulgó la Ley del 24 de noviembre de 1883.
En ella se declaró «a los indígenas benianos propietarios absolutos» de las tierras que ocuparan o poseyeran, y se decretó el acceso gratuito a la propiedad de la tierra.
70 Esta ley vino a corroborar lo sancionado en 1842, respecto a que todo aquél que quisiera legitimar sus derechos de ocupación podía hacerlo obteniendo la escritura pública correspondiente.
De ahí que, a partir de entonces, se diese una tercera oleada de solicitudes de títulos de propiedad.
Ahora, se podría acceder gratuitamente a la propiedad de terrenos ocupados efectivamente; motivo por el que en las peticiones, los indígenas decían ocupar esos lotes desde hacía años y sin interrupción, viviendo y trabajan-67 En este sentido véase el trabajo de Quijada (2011, 149-307) El resultado de este tercer proceso fue la drástica disminución de la propiedad comunal a favor de una propiedad individual y el crecimiento de la demanda de lotes aptos para el pastoreo y las actividades agropecuarias.
Este último factor respondía al interés por acceder gratuitamente a una mayor superficie de terreno, ya que los lotes para pasto siempre fueron mayores que los de cultivo, y a la necesidad de salvaguardar los recursos naturales de la presión de los colonos.
Ocurría así debido a que la ley también preveía la adquisición de terrenos previo pago de cien bolivianos; lo que podía comportar la ocupación sistemática de los mejores terrenos por parte de los que pudieran asumirlo: indígenas con medios económicos y los grupos criollo-mestizos.
En suma, los decretos de 1842 y los que posteriormente los corroboraron posibilitaron que la población indígena viera asegurado su acceso a la propiedad de la tierra y, con ello, favorecido su desempeño como sujetos productivos, luego ciudadanos.
La gran cantidad de solicitudes de tierras tramitadas hasta fines del siglo XIX probaban que desde un primer momento hubo un claro interés por parte de la sociedad nativa por construir el espacio regional y participar de la vida departamental mediante el recurso a las leyes y el uso de los mecanismos jurídicos establecidos por la administración pública.
Las posibilidades de participación de los nativos en la sociedad republicana y, por ende, en la construcción del departamento disminuyeron progresivamente a partir de la década de 1890.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.03 sencia criollo-mestiza en las diversas instancias de poder como consecuencia, primero, de la mayor complejidad adquirida por la organización político-administrativa departamental; 73 y, segundo, por el desarrollo de la explotación de goma elástica en el norte amazónico y las políticas de colonización planteadas por el gobierno central.
74 Si los decretos e instrucciones de 1842 ya preveían en sus distintos artículos la llegada de población criollo-mestiza a la región, y la ley de 1883 atraía a nuevos pobladores por otorgarles tierras previo pago de cien bolivianos, las posteriores disposiciones de «tierras baldías» fomentaron claramente la colonización del área al tiempo que limitaron la propiedad indígena.
La Ley de 13 de noviembre de 1886 75 contribuyó a colonizar el departamento, por un lado, ofreciendo facilidades a los que quisieran desplazarse a la región y expandir la economía agropecuaria y, por otro lado, manteniendo el acceso gratuito a lotes de tierra dedicados a actividades agrícolas, cuya superficie se redujo de forma exponencial respecto a las disposiciones anteriores.
A ello se agregó la Ley de 26 de octubre de 1905 76 que supuso un cambio cualitativo sobre la cuestión al convertirse en el único elemento normativo acerca del acceso a la propiedad de la tierra.
Esta ley, además de favorecer la colonización, estableció el pago de diez centavos por hectárea para obtener lotes de cultivo y/o pastoreo de propiedad.
Ello supuso el asalto definitivo a la tierra por parte de los grupos económicos criollo-mestizos que, paulatinamente, se harían con grandes extensiones de terreno, convirtiéndose en los grandes latifundistas de la región.
Desde fines de la década de 1880 los indígenas vieron cómo sus tierras eran ambicionadas por los nuevos colonizadores que presionaban sobre sus posesiones e incluso llegaban a establecerse por la fuerza en tierras que ya tenían legítimos propietarios.
Si bien en algunos casos los títulos de propiedad adquiridos permitieron expulsar a estos colonos, en la mayoría de situaciones, la presión ejercida fue tan significativa que los nativos cedieron finalmente, vendiendo sus casas y lotes de terreno.
77 En medio de este proceso, unas pocas familias indígenas mantuvieron, e incluso, aumentaron sus propiedades, formando así parte de los grupos de poder locales y regionales, cuyo estatus estaba 73 Guiteras Mombiola, 2011a, 80-84, 92-100.
Resultado también del auge gomero y de la incorporación al mercado laboral del norte amazónico de gran cantidad de indígenas fue la mengua de la importancia de las autoridades indígenas.
El papel que a lo largo del siglo XIX había jugado el cabildo empezó a declinar, ya que desde distintos ámbitos se promovía una mayor supeditación de los cabildantes a las entidades organizadas desde el gobierno e integradas por población criollomestiza; llegando algún miembro destacado de la sociedad beniana a solicitar la eliminación del cabildo.
78 A pesar de que eso no ocurrió, a partir de la década de 1890 esta institución dejó de ser requerida para dilucidar el estado de ocupación de los lotes solicitados, perdiendo el poder y la legitimidad de la que había gozado entre las autoridades públicas hasta entonces.
Ese alejamiento de los nativos de las esferas de poder y decisión locales y regionales se hizo evidente en la desaparición de las listas electorales de sufragantes con apellidos indígenas.
Un ejemplo de su progresivo descrédito ciudadano se advirtió durante la elección de munícipes en Magdalena en 1886.
A causa de un conflicto de abuso de poder por parte del presidente municipal, su colegas afirmaron que éste «ha pretendido siempre y esforzándose hasta el extremo en que los miembros del cuerpo municipal de esta provincia se componga de indígenas para de este modo hacerse su voluntad [y] sea [ésta] la que impere en el ánimo de los municipales [...] y los pobres indios, sus colegas, ignorantes de todo ni siquiera del contenido de los oficios que él dirige como Presidente en nombre de ellos».
79 Si bien la acusación de malas prácticas fue avalada por el gobierno, 80 la cita daba cuenta del cambio que se estaba gestando en el seno de la sociedad boliviana.
Al iniciarse el siglo XX, el cabildo indígena había perdido su relevancia política, la élite nativa era alejada de las municipalidades, relegándose su autoridad al ámbito del cabildo, y la superficie de terreno a la que podían acceder gratuitamente era cada vez más reducida.
Con todo, en nuestra opinión, el proceso descrito a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX no invalida la tesis según la cual el recuerdo, el conocimiento y los usos nativos de la legislación aprobada en 1842 favorecieron la conciliación de sus garantías constitucionales con el desarrollo 78 Ver Salvatierra, 1872, 7-9.
Lejos de permanecer en una actitud pasiva, diversos miembros de la sociedad indígena elaboraron distintas estrategias para defender su acceso a las tierras, desarrollaron actividades agropecuarias que al generar riqueza regional legitimaban su peso público y social y actuaron en instituciones políticas locales y departamentales como ciudadanos bolivianos, siendo fundamental en este proceso la actividad del cabildo. |
Este artículo analiza las formas de organización de una fallida conspiración ocurrida en la convulsionada década de 1850 en Tucumán.
El objetivo es investigar el conjunto de motivaciones que llevó a un heterogéneo grupo de individuos a movilizarse y a participar de la misma, en el marco de una vida política provincial inestable y militarizada y a su vez enrolada en un firme proceso de institucionalización.
A principios de 1858, pocas semanas antes de la fecha prevista para elegir diputados nacionales, llegó al gobierno de Tucumán un comunicado por parte del comandante de campaña Dionisio Andrade.
Allí se informaba sobre preparativos revolucionarios que tenían el propósito de reemplazar a los gobernadores de las provincias norteñas de Tucumán y Salta y «estorbar el nombramiento de diputados al Congreso».
2 De inmediato, el Ejecutivo tucumano ordenó la prisión de tres sujetos sospechosos, Miguel López, Avelino Román y José Antonio Sierra, y se abrió un expediente a cargo del juez de primera instancia por «tentativa de revolución» contra el gobierno.
3 En los días siguientes, se citó a declarar a un heterogéneo grupo de personas cuyas edades oscilaban entre los 17 y los 50 años y cuyas ocupaciones eran muy variadas: desde peones, capataces de hacienda, soldados, artesanos, pulperos hasta importantes comerciantes y hacendados.
Algunos de ellos, mediante el desempeño de diferentes funciones, se habían visto involucrados en la frustrada conspiración liderada por Isidoro, Miguel y Tiburcio López.
Este episodio se inscribe en un contexto de intensa movilización política en Tucumán que afectó a amplios sectores de la sociedad, tanto de la ciudad como de la campaña, y que adoptó distintas modalidades: desde jornadas electorales muy concurridas y «asambleas de ciudadanos» hasta motines, asonadas e, incluso, invasiones armadas a las provincias vecinas.
Esto ya ha sido advertido en varios trabajos que han analizado el convulsionado funcionamiento legislativo y electoral, el peso de la guerra y el papel de las milicias en esos años.
4 Sin embargo, falta aún ahondar en las motivaciones y en los mecanismos que explican la intervención de los diversos grupos sociales en la inestable vida política tucumana, precisando las redes, los vínculos y las estrategias que permitieron la movilización de amplios sectores urbanos y rurales así como también las conexiones existentes entre ellos.
El expediente judicial que da cuenta de la frustrada conspiración de 1858 permite advertir las vinculaciones entre los procesos electorales y los levantamientos militares, la variedad de personas involucradas en la orga-nización de este tipo de prácticas y el fraccionamiento de los grupos políticos locales que, para la resolución de sus disputas, combinaban el camino electoral y las armas.
Dada su riqueza, este tipo de fuente ha adquirido una relevancia decisiva para la actual historiografía concentrada en el abordaje de los conflictos políticos, en especial aquellos canalizados mediante las armas.
Los testimonios que aparecen en los legajos judiciales han permitido reconstruir las experiencias y las representaciones de los líderes y de aquellos sectores iletrados que conformaban la amplia mayoría de la población y que habitualmente se involucraban en este tipo de prácticas.
Por supuesto, como advierte Revel, estos testimonios y documentos están siempre «inscriptos en una relación de fuerzas y transmitidos al papel por la pluma de un hombre de la ley», razón por la cual deben extremarse las precauciones al considerar las declaraciones que quedaron registradas en esos expedientes.
5 Teniendo en cuenta esta advertencia y, considerando documentos de distintos repositorios, nos proponemos identificar las formas de organización de la conspiración liderada por los hermanos López y adentrarnos en el conjunto de motivaciones y estímulos que llevó a un heterogéneo grupo de individuos a movilizarse y a participar de la misma, en el marco de una vida política provincial inestable y fuertemente militarizada, pero a la vez enrolada en un firme proceso de institucionalización.
En el primer apartado de este trabajo se analiza la relación entre el recurso a las armas y la vida política tucumana en la década de 1850.
Especialmente, se hace referencia a la organización de las fuerzas provinciales, a la importancia de ciertos regimientos departamentales y de sus comandantes y al poder del gobernador en relación con la milicia.
El segundo apartado se centra en los participantes.
De un lado, se examina a los líderes revolucionarios, sus vinculaciones y participación política así como sus objetivos en la fallida revolución.
De otro, se aborda la composición del grupo subalterno, los roles desempeñados y las estrategias mediante las cuales fueron reclutados sus miembros.
6 El término «subalterno» será usado en todos los casos en su sentido estricto, haciendo referencia a la posición subordinada dentro de una estructura de mando jerárquica.
Se alude aquí a todos aquellos que, independientemente de su perfil socio-profesional, desempeñaban una función supeditada a las órdenes de los líderes revolucionarios.
Armas y política en Tucumán: los convulsionados años cincuenta
La firma de la Constitución de 1853 inició el largo y controvertido proceso de organización de un Estado-nación en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX.
En este contexto, las relaciones interprovinciales y el vínculo entre esas provincias y el naciente poder central estuvieron en permanente disputa.
La referida constitución no fue firmada por Buenos Aires, que se mantuvo como estado independiente y soberano hasta 1859 y que sólo después de la batalla de Pavón (17 de septiembre de 1861) resolvería su reincorporación definitiva.
Las dificultades del poder central para generar recursos fiscales propios, controlar las fuerzas militares locales e imponer pautas de funcionamiento que articularan a todas las provincias firmantes y el conflicto con la provincia secesionada marcaron este primer tramo de la organización del Estado-nación argentino.
7 Tales circunstancias definieron el escenario de la década de 1850, caracterizada por una vigorosa y extensa movilización política que afectó, de manera particular, a varias provincias del norte.
Dicha movilización involucró a amplios sectores sociales, las elecciones fueron muy concurridas y violentas y las armas tuvieron una presencia central en la definición de los conflictos políticos.
Esto reveló muy tempranamente la ineficacia del lema de «confraternidad y fusión de todos los partidos» que el presidente Justo José de Urquiza (1854-1860) había enunciado con el propósito de resolver las discrepancias y clausurar los enfrentamientos de las décadas previas y que se mantuvo como principio rector de la vida política de la Confederación.
En el norte argentino, la pretensión de lograr un clima de concordia y negociación para sostener el orden constitucional contrastó fuertemente con los sucesos de violencia que se registraron a partir de 1853.
A lo largo de ese año se sucedieron pronunciamientos y hechos de armas para el recambio de los gobernantes, hasta que la provincia de Tucumán, bajo la dirección del gobernador Celedonio Gutiérrez, entró en guerra con la vecina provincia de Santiago del Estero.8 Los ejércitos se enfrentaron en la batalla de «Los Laureles» que concluyó con la derrota de los «gutierristas» y el traspaso del gobierno provincial a los grupos identificados como «liberales».9 Aunque se suscribieron acuerdos con la mediación de las autoridades nacionales, esto no significó la clausura de los conflictos ni fue garantía suficiente para convalidar el orden institucional tanto en Tucumán como en la región.
Las propias disputas internas de los «liberales» y la amenaza, no siempre cierta, de un levantamiento liderado por el vencido Gutiérrez, configuraron un escenario en el que la política misma aparecía como sinónimo de perturbaciones y actividades conspirativas para derrocar al gobierno de turno.
10 Para garantizar la legitimidad y el apoyo al nuevo gobierno, los «liberales» tucumanos dieron lugar al ingreso de una minoría «gutierrista» en la legislatura provincial e incluso mantuvieron a algunos comandantes cercanos a Gutiérrez en ciertos departamentos de campaña.
Sin embargo, las recurrentes escisiones del heterogéneo grupo «liberal» y sus desacuerdos en torno a la implementación de la consigna de «fusión partidaria» fueron desafíos importantes para la consolidación del nuevo orden institucional; más allá de que las fracciones coincidieran en la necesidad de sostener indefectiblemente la constitución nacional sancionada en 1853.
La conspiración que aquí analizamos se organizó durante el gobierno de Agustín Justo de la Vega (1856-1858).
Vega formó parte de la tríada de gobernadores tucumanos (junto a sus sucesores Marcos Paz y Salustiano Zavalía) que en la década de 1850 apostaron por la política de «fusión de partidos» enunciada por Urquiza y, además, lograron avances significativos en la institucionalización y reorganización de la provincia.
En relación con esto último, el dato más importante es la sanción de la constitución provincial en el año 1856 que, sobre los lineamientos establecidos por el texto nacional de 1853, estableció las instituciones fundamentales y sus pautas de funcionamiento, así como también los derechos y garantías de los ciudadanos.
En lo que se refiere al régimen político, el aspecto más significativo de la nueva normativa fue la prescripción de la reelección inmediata para el cargo de gobernador, cuyo mandato quedaba circunscrito a un periodo de dos años.
Esto, ciertamente, marcaba una diferencia sustancial con el orden institucional de las décadas previas e imponía claras restricciones a la concentración de poder en el Ejecutivo a partir de la exigencia del recambio y la breve duración del mandato del gobernador.11 A su vez, la constitución procuraba restringir la legítima utilización de las armas en el escenario político.
En su artículo 11 expresaba que «cualquiera disposición adoptada por el gobierno o la sala de representantes a requisición o influencia de fuerza armada o de una reunión de pueblo es nula de derecho y no debe llevarse a ejecución».
12 Los distintos mandatarios procuraron articular un esquema de poder local que se sujetara a los nuevos preceptos constitucionales, pero que, al mismo tiempo, fortaleciera su propia autoridad en el escenario provincial.
Para esto, la reorganización de las fuerzas militares fue una tarea esencial.
Aquellas representaban una herramienta clave en el control del territorio provincial, especialmente en la campaña, donde el sistema de lealtades militares constituido en tiempos de Celedonio Gutiérrez aún tenía vigencia.
Estas lealtades se configuraron en el marco de un ejército provincial que durante los años de la Confederación rosista (1831-1852) se había constituido en la expresión más acabada de la soberanía de las provincias y del poder del gobernador.
Dicho ejército estaba constituido por los regimientos de milicias, formados en los tiempos de la Revolución de Mayo.
En este punto conviene detenernos para clarificar qué eran las milicias.
En los últimos años, buena parte de la historiografía se ha encargado de contribuir con una definición de este tipo de cuerpos, muchas veces confundidos o superpuestos con otras fuerzas militares desarrolladas tanto en el Río de la Plata como en toda Hispanoamérica.
Por su estructura y funcionamiento, se diferenciaron del servicio regular-profesional y del posterior sistema de conscripción obligatoria implementado en el siglo XX.
Las milicias funcionaron como cuerpos auxiliares del ejército regular, convocadas y movilizadas eventualmente cuando las circunstancias así lo demandaban.
Organizadas desde tiempos coloniales, durante los años de las revoluciones de independencia funcionaron como cuerpos cívicos-urbanos auxiliares de los ejércitos revolucionarios.
En este contexto, su composición social se amplió e incluyó a gran cantidad de habitantes de las ciudades, muchos de ellos no portadores de las calidades vecinales exigidas en tiempos coloniales.
13 Asambleas cívico-militares, pronunciamientos y elecciones fueron ámbitos de acción privilegiados para las milicias.
En calidad de milicianos o «cívicos», gran cantidad de habitantes protagonizaron los acontecimientos políticos desarrollados durante las revoluciones de independencia, y definieron el naciente escenario republicano.
Luego de la crisis del poder central revolucionario en 1820, las provincias se erigieron en unidades autónomas y soberanas, cada una en posesión de un ejército propio.
Estos ejércitos estuvieron integrados por las milicias preexistentes y los cuerpos residuales de los ejércitos revolucionarios.
Los cuerpos de milicias que integraron el ejército tucumano fueron de dos tipos: los llamados urbanos o «cívicos» y los regimientos departamentales.
Los «cívicos» estaban ubicados en la ciudad capital y Monteros y los regimientos rurales o «departamentales» estaban distribuidos en toda la campaña.
Los primeros, constituidos por los ciudadanos domiciliados en la ciudad capital y Monteros, eran de servicio eventual y complementario de las fuerzas regulares provinciales.
Los regimientos departamentales eran de servicio permanente y estaban integrados por todos los habitantes domiciliados en la campaña.
Todos los habitantes enrolados en las milicias lo hacían en plenitud de sus derechos civiles, garantía que no existía para los «vagos» reclutados en levas.
El control sobre los diferentes tipos de fuerzas provinciales fue atribución del Ejecutivo provincial y los comandantes 13 Las variadas características de sus integrantes; el alto número de enrolados; sus funciones vinculadas con la defensa de la ciudad y sus instituciones, todo esto en combinación con la ya conocida faccionalización de los ejércitos revolucionarios se constituyen en razones que explican la íntima relación entre las milicias y la vida política revolucionaria.
14 Después de que los «liberales» se instalaran en el escenario político tucumano post Caseros, el control de los comandantes locales se mostró como una tarea necesaria frente a la persistente lealtad a Gutiérrez que aún manifestaban las milicias tucumanas.
Algunos mandatarios tuvieron más éxito que otros y esto dependió, sobre todo, de la experiencia militar de cada uno.
El ejército provincial comenzó por reorganizarse: la legislación nacional indicaba que todas las fuerzas provinciales debían alinearse bajo el mando del poder central.
Tal situación no significó el inmediato control de las milicias por parte del presidente.
La figura del gobernador desempeñó un papel fundamental para garantizar la colaboración de las milicias con el naciente proyecto constitucional y el orden interno provincial.
La reorganización emprendida por los gobernadores tucumanos incluyó varias vías: el recambio de comandantes departamentales por individuos adeptos, la tolerancia de aquellos que no se mostraban como una significativa amenaza, y la conformación de nuevas fuerzas militares.
15 De esta manera, se pretendía desarticular los antiguos sistemas de lealtades «gutierristas» generados en el seno del ejército provincial.
En este contexto la guardia nacional, cuya organización se había iniciado en cada provincia a partir del decreto de Justo José de Urquiza en calidad de presidente provisorio, adquirió protagonismo.
Retomó y afianzó la tradición miliciana iniciada en la década revolucionaria e institucionalizó un tipo de servicio sostenido en la figura del «ciudadano en armas».
Su organización en cada provincia tuvo por objetivo crear una fuerza cívica complementaria del ejército de línea, pero que a su vez respondiera al mandato del poder central.
Si bien la misma implicaba la formación de una milicia nacional, su fuerte impronta provincial fue característica por varias décadas.
Su puesta en funcionamiento no fue fácil y evidenció diferentes ritmos en cada provincia.
En Tucumán, los batallones de la guardia nacional comenzaron por reemplazar a los cuerpos cívicos urbanos bajo la organización de un nuevo enrolamiento siguiendo los parámetros del decreto nacional y solo hacia la década de 1870 se observan cuerpos de la guardia asentados en la mayoría de los departamentos de campaña.
De esta manera, por muchos años convivieron en Tucumán cuerpos de guardias nacionales con los regimientos departamentales que, en su mayoría, conservaron su funcionamiento regular y su subordinación al comandante local hasta por lo menos la década de 1870.
16 La lealtad militar de departamentos como Famaillá y Monteros, los más poblados de la campaña, resultaba clave para controlar el sur de la provincia, donde el poder de Gutiérrez había establecido uno de sus basamentos más sólidos.17 Además, esos dos departamentos funcionaban como espacios de intensa movilización electoral durante la década de 1850 y, en los distintos comicios realizados, mostraron una participación relativa bastante más alta que la de los demás departamentos de la campaña (Ver tablas I y II).
Luego de 1853, los regimientos que correspondían a Famaillá y Monteros habían quedado en manos de jefes militares antigutierristas: Dionisio Andrade y Silvestre Álvarez, respectivamente.
Ambos provenían del prestigioso elenco de jefes militares que habían luchado contra Celedonio Gutiérrez en la batalla de «Los Laureles» y, a partir de entonces, ejercieron un importante poder en sus respectivos distritos.
El gobernador Vega intentó supeditar ese poder a la autoridad del Ejecutivo a través de la organización de un batallón de guardias nacionales en Monteros, pero debió afrontar la discrepancia de los cuerpos cívicos locales aún existentes y del propio regimiento departamental que consideraban la medida como un acto de avasallamiento a sus prerrogativas, en tanto les quitaba autonomía en su funcionamiento, en el enrolamiento y en el manejo de las armas.
18 El mandatario logró imponer la formación del batallón «Fidelidad» de guardias nacionales en Monteros y, frente a los consecuentes motines e insurrecciones, impuso un nuevo comandante en jefe para el departamen-to: Nolasco Córdoba.
Éste, además de garantizarle subordinación y obediencia, tenía vínculos en la comunidad y había ejercido el cargo de juez departamental.
19 Esto tensó las relaciones entre el gobernador y grupos monterizos cuyo jefe departamental desplazado, Silvestre Álvarez, sería percibido por los líderes revolucionarios como un potencial colaborador.
Al mismo tiempo, el gobernador buscó afianzar su posición militar en la capital provincial mediante la creación de nuevos batallones de la guardia nacional y el robustecimiento de la «Guarnición Principal», compañía suelta del ejército de línea que residía en Tucumán y que el gobernador ya había asumido como guardia exclusiva del cabildo de la ciudad, cuyo edificio era la sede del Ejecutivo.
Esta fuerza, de servicio permanente, contaba con un elenco estable de jefes y soldados, muchos de ellos fervientes antigutierristas.
20 En contraste, los departamentos del norte, limítrofes con la provincia de Salta, no fueron incluidos dentro de las reformas ni recibieron una atención semejante a la de los distritos del sur o a la de la ciudad capital.
En el norte, el territorio provincial estaba dividido en dos departamentos: Trancas y Burruyacu.
En el primero residía la familia López, su asentamiento en la región se remontaba al siglo XVII y, durante las décadas que siguieron a la Revolución de Mayo de 1810, algunos de sus miembros habían logrado un protagonismo notable en la política local.
En el siguiente apartado revisaremos estos antecedentes y su situación durante el decenio de 1850 para alumbrar los entramados que dieron cuerpo a la conspiración contra el gobierno de Vega.
Los entramados de la conspiración: jefaturas y grupos subalternos
Previamente señalamos respecto a los líderes de la conspiración que los López eran una tradicional familia tucumana cuyo asentamiento en el departamento de Trancas se remontaba al siglo XVII y destacamos su papel en la política posterior a la Revolución de Mayo.
Javier López, tío de Isidoro, había sido gobernador de Tucumán en la convulsionada década de 1820 y líder en el norte de la «Liga Unitaria» (1830-1831) que fue vencida por los que sostenían el proyecto federal instalado finalmente en el Río 19 Nolasco Córdoba era, a su vez, la máxima autoridad del batallón «Fidelidad».
20 Recordemos que el servicio y movilización de la guardia nacional era eventual.
21 Como consecuencia de esa derrota, Javier López huyó a Salta y conspiró contra el gobierno tucumano desde allí.
Ángel López, sobrino de Javier y jurisconsulto de la familia, aprovechó la tolerancia practicada por el gobernador Alejandro Heredia (1832-1838) y logró un escaño en la legislatura tucumana.
Sin embargo, pronto ocurrieron enfrentamientos por temas impositivos que afectaban a sus negocios asociados al tráfico del Atlántico y que ponían en tela de juicio el proyecto de Heredia de recuperar y controlar el mercado altoperuano.
En coordinación con su tío Javier, Ángel López organizó un importante motín en contra de los comportamientos «despóticos» del gobernador, quien había desoído las decisiones de la legislatura al respecto.
La conspiración fracasó y Ángel López se exilió en Salta, desde donde continuó confabulando hasta que fue ajusticiado el 24 de enero de 1836.
El castigo estaba previsto en la legislación para todo aquel que se levantara en armas contra el gobierno, pero hasta entonces sólo se había aplicado de manera excepcional.
En este caso se impuso como estrategia aleccionadora que, a su vez, le garantizó a Heredia muy buenas relaciones con Rosas.
22 Estas experiencias definieron un perfil de la familia que se proyectó a las décadas siguientes y, tanto en Salta como en Tucumán, sería asociado a prácticas conspirativas y desestabilizadoras.
Después de Caseros, los López se reinsertaron en el escenario político provincial, pero sin alcanzar una gravitación equivalente a la de las décadas precedentes.
Desde la óptica de los negocios, la familia había diversificado sus inversiones.
A la actividad basada en la hacienda y concentrada en Trancas, sumaron el negocio de las carretas y el comercio en diversas escalas: desde tiendas y pulperías de mediana importancia hasta intercambios con distintas provincias, como Salta y Santa Fe.
23 Además, uno de los hermanos, Tiburcio, había seguido la carrera eclesiástica y se desempeñaba como rector del Colegio Nacional de Córdoba.
Más allá de su estabilidad económica, la vocación de los López por la política no tardó en reavivarse y, siguiendo los cánones habituales de sus antecesores, alternaron el recurso de las armas con la utilización de los canales institucionales para acceder a los cargos de gobierno.
21 Este pacto aludía a la constitución de cada provincia como estado autónomo y soberano, unidos por un vínculo de tipo confederal y laxo que no pusiese en peligro sus atribuciones.
23 Isidoro López participó de un motín en Salta en mayo de 1853 y luego estuvo involucrado en la invasión a esa provincia meses más tarde.
Al año siguiente, su hermano Miguel fue electo legislador provincial en Tucumán, mientras que el propio Isidoro era nombrado capitán del regimiento departamental de Trancas.
Esto, como podremos ver, no alcanzó a cubrir las expectativas del grupo, que ensayó alianzas con aquellas fracciones que se enfrentaron al gobierno de Vega.
Este comportamiento, sumado a los antecedentes políticos de la familia, definieron la percepción acerca de Isidoro como «díscolo», «aspirante» y «conspirador».
24 En virtud de ese historial, la denuncia de Dionisio Andrade fue considerada por las autoridades provinciales como una información consistente y exenta de dudas.
De acuerdo con esa denuncia, el levantamiento planeado por los hermanos López se proponía movilizar varios departamentos de campaña apelando a diversos vínculos.
Trancas era el asiento de los contingentes bajo su control, al que se sumaba la adhesión del regimiento n.o 4 de Burruyacu.
La situación geográfica de Trancas permitió a Isidoro López refugiarse allí -tal como lo habían hecho en ocasiones anteriores-, incursionando con bastante facilidad en la villa del distrito y en La Candelaria (territorio salteño), de donde reclutaba hombres y se aprovisionaba de animales.
En Burruyacu, la conexión clave era el importante hacendado Tomás Lobo.
Además, en el sur los López esperaban contar con el apoyo de Silvestre Álvarez en el departamento de Monteros y de miembros de la familia Frías que reunirían gente en el departamento de Leales.
Por otra parte, otros dos regimientos del sur, el de Río Chico y el de Chicligasta, también apoyarían la revolución a instancias de las gestiones de dos gutierristas: el coronel Tolosa y el comandante Plácido Herrera.
Los tradicionales partidarios de Gutiérrez vieron en este motín la posibilidad de reivindicar posiciones y articular fuerzas con el ex gobernador.
Según las declaraciones, la ciudad desempeñó también un papel principal en todo este plan.
Mediante correos o chasques se fue construyendo una red de apoyo urbana que contó con criadores que movilizarían a pequeños carniceros y jefes militares de los cuerpos urbanos.
Francisco Luna, criador y amigo de Isidoro López, declaró que había sido invitado por un chasque enviado por Isidoro para participar del motín, mientras otros testimonios señalaban que había ofrecido el apoyo de treinta carniceros.
Por otra parte, se mencionaba que Rafael Garmendia, que oficiaba como capitán de la «guarnición principal», también había comprometido su apoyo.
26 Si bien no pudieron probarse los vínculos entre Garmendia y los rebeldes, el gobierno nacional decretó la disolución de la referida guarnición el 22 de marzo de 1858.
27 Ambas regiones, campaña y ciudad, habrían constituido escenarios centrales para el reclutamiento y el desarrollo de las distintas instancias del plan revolucionario.
Sin embargo, la denuncia de Dionisio Andrade a las autoridades provinciales desbarató la conspiración que, al parecer, contaba con varios y diversos adeptos.
A continuación analizaremos la participación -vínculos y motivaciones-de los sujetos subordinados al contingente liderado por Isidoro López.
A partir de ello, queremos dar cuenta del papel de los llamados «sectores populares».
28 El término alude a todos aquellos que participaban del mundo del trabajo y de la producción, componiendo un universo amplio y heterogéneo que involucraba a quienes trabajaban en relación de dependencia y también a los que, de manera autónoma, buscaban garantizarse la subsistencia.
29 En Tucumán, durante la mayor parte del siglo XIX, el universo de trabajadores dependientes estuvo conformado por peones artesanos, peones de campo, «agregados», «conchabados», criados y sirvientes.
Sobre ellos recaían las normativas de disciplinamiento social, moral y laboral.
30 El segundo grupo, los trabajadores «autónomos», estaba compuesto por criadores y labradores, capataces con tareas de mando sobre las peonadas, pequeños comerciantes y maes-26 Una vez desaparecido su máximo jefe Bernabé Chocobar a fines de 1857, la «Guarnición Principal» comenzó a mostrar signos de rebeldía y poca sumisión al gobernador.
27 Esto se justificó en que Tucumán carecía de una problemática fronteriza similar a la de otras provincia y que, por lo tanto, esta fuerza estaba demás en la provincia.
Fue el posterior gobernador Marcos Paz quien, desde el gobierno provincial, la reinstaló, pero mediante un total recambio de sus integrantes.
30 El tema del disciplinamiento de la fuerza de trabajo es abordado extensamente en Campi, 1993.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.04 tros artesanos de la ciudad que, con sus propios recursos (una parcela de tierra, un taller, un pequeño peculio), trataban de lograr su sustento sin caer en la dependencia del trabajo asalariado.
Sin embargo, del mismo modo que el universo de «dependientes», estos sectores «autónomos» compar tían las dificultades económicas y el escaso prestigio social.
31 El expediente que aquí analizamos nos permite asomarnos a ese universo heterogéneo de sujetos y alumbrar sus formas de participación política.
De inmediato, se observa que los involucrados dan cuenta de dos situaciones diferentes: mientras algunos confirmaban la información del comandante Dionisio Andrade acerca de los planes revolucionarios, otros aseguraban que solamente se había tratado de llevar a cabo «trabajos electorales» para oponerse a los candidatos promovidos por el gobierno.
En ese sentido es bastante sugerente que los primeros apresados hayan sido dos individuos que habían estado realizando tareas relacionadas con los comicios.
Se trataba de un comerciante y un labrador, José Antonio Sierra y Avelino Román, respectivamente.
Sus nombres no constaban en la denuncia realizada por Andrade y tampoco habían sido señalados por los testigos que se presentaron voluntariamente.
Pero fueron puestos en prisión y sometidos a indagatoria por el juez de instrucción.
Aquí el dato significativo parece ser la vinculación de José Antonio Sierra con Gutiérrez.
Según el periódico provincial -cuyo director era el propio juez-Sierra era «entenado de Gutiérrez» y la actividad relacionada con los comicios era sólo un artificio para disimular los preparativos revolucionarios.
32 Tanto Sierra como Román aparecían como un nexo clave entre la elite dirigente y ciertos sujetos que disponían de recursos para movilizar votantes el día de la elección.
32 En el periódico se aseveraba que Avelino Román se había trasladado a la ciudad de Salta y allí había hecho imprimir «con fingido secreto lista de Representantes para hacer entender que trabajaban en las elecciones de diputados al Congreso [...]
El objeto de estos manejos era llamar la atención a trabajos electorales y descuidar al Gobierno hacia los anárquicos que se proponían emprender».
Era habitual, en el imaginario de la época, que los trabajos electorales fueran recelados como estrategia para esconder actividades conspirativas.
No sabemos si esto supuso un cambio de ocupación o una diversificación de actividades.
En lo que se refiere a Sierra, aunque no tenemos información adicional, podemos decir que aparecía como un sujeto con un capital relacional bastante importante.
Además de sus vínculos con artesanos, pulperos y comandantes, tenía llegada al gobernador a través de un tal Ciriaco Díaz Veliz.
FLAVIA MACÍAS Y MARÍA JOSÉ NAVAJAS yasen a los candidatos propuestos y se sumaran a los trabajos electorales.
También se desplazaron a la zona rural cercana, donde contactaron con varios individuos, entre ellos un comandante.
De acuerdo con las conversaciones referidas, parece que no resultaba fácil convencer a los partidarios de sumarse a las tareas necesarias para reunir votos.
Así, para animarlos, se señalaba la situación de los gutierristas que por demasiado tiempo habían vivido «en la condición de una familia extraña que no hace uso de los derechos como los demás», pero que ahora tenían «permiso» para salir de esa condición y presentarse a elecciones porque estaban todos dispuestos y «no temían abusos del Gobierno».
34 Ese mismo universo de actores, amplio y diverso, puede advertirse en los relatos que ratificaban la existencia de planes revolucionarios.
Es decir, ya sea que se tratara de participar en comicios o de tomar las armas contra las autoridades, el perfil socio-ocupacional de los sujetos no revelaba diferencias significativas.
Así, en distintos testimonios se manifestaba que varios artesanos habían sido «invitados» a participar de la acción armada.
Pero esa invitación incluía un incentivo adicional que no aparece mencionado en las convocatorias electorales.
Todos coincidían en señalar que la participación en la asonada contra el gobierno incluía un pago en metálico cuyo monto no se precisaba.
35 Esto pone de manifiesto la importancia de la compensación material para reunir hombres en una acción armada, pero no necesariamente indica la ausencia de otro tipo de motivaciones.
Como bien señala Fradkin, «la expectativa de remuneración y la motivación política no tienen por qué ser vistas cómo opcionales y alternativas».
Por una parte, la movilización se presentaba como una probabilidad de empleo temporal que no resultaba desconocida y, a su vez, podía encuadrarse dentro de objetivos políticos que hacían factible el cumplimiento de las promesas hechas en el momento de la convocatoria.
36 ¿Cómo se transmitían esas «invitaciones»?
¿Cómo circulaba la información en el momento de organizar un levantamiento armado?
Todos los testimonios recogidos en la primera parte del expediente, y que sirvieron para determinar los nombres de los procesados, coinciden en señalar que escucharon el dato en diferentes espacios públicos: la calle, alguna esquina o un baile.
Varios declararon que sólo sabían del intento de revolución por la «voz pública».
Así, el chisme o el rumor de una posible insurrección, tanto como la invitación a participar en ella, aparecen en las declaraciones como un tema casi habitual de las conversaciones de los vecinos que no se mostraban demasiado escandalizados al relatarlo.
37 Esto, por supuesto, se relacionaba con las experiencias políticas recientes de esa comunidad.
Como ya señalamos, el acto de levantarse en armas contra las autoridades funcionaba como una práctica reiterada en las décadas previas de la historia local.
Los años que siguieron a la declaración de independencia de las provincias unidas del Río de la Plata fueron prolíficos en asonadas y levantamientos.
Los llamados «pronunciamientos militares» se inauguraron como práctica en Tucumán hacia fines de la década de 1810.
Emergió ahí la fórmula del pueblo en armas que progresivamente fue cargándose de sentido y se insertó en la construcción republicana a través de las milicias y de la gravitación que estos cuerpos asumieron en el proceso de construcción ciudadana.
La acción armada se instaló en el escenario político como una instancia de intervención distinta de aquellas previstas en las reglamentaciones y diseños constitucionales que consagraron los principios de la representación, sin embargo, era percibida como una estrategia legítima de expresión directa de la soberanía popular.
Los pronunciamientos y revoluciones fueron comunes sobre todo en los decenios de 1820 y de 1830 en Tucumán, utilizadas en momentos en que los acuerdos en el marco de la Sala de Representantes fueron casi imposibles o bien cuando una fracción política acusaba de fraudulento un acto electoral determinado.
La defensa de las instituciones republicanas, de la libertad y de las leyes fueron en general los argumentos de los revolucionarios, quienes ponían en movimiento una amplia red de vinculaciones para hacer efectivo el levantamiento.
38 De la misma manera, el contexto político que suscitó la caída del régimen rosista fue terreno fértil para las acciones armadas: entre 1852 y 1853 37 La «filtración» de información y el «rumor» funcionaron como vías de acumulación de adeptos y eventualmente de obstrucción del éxito revolucionario.
En el contexto de la revolución de 1834 organizada por Ángel López contra el gobernador Heredia, un testigo expresaba que hacía dos meses que la «gente de cocina» comentaba la futura revolución.
A su vez, «Justo Luna contó a Rosendo Monasterio una tarde en que buscaba una vaca extraviada en las lejanías de Zárate, que habría revolución; la versión llegó al juez del lugar y la tiranía que tiene cien oídos lo supo al instante».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.04 se sucedieron los pronunciamientos para provocar cambios en el gobierno provincial y, luego, a mediados de 1856, se llevó a cabo la llamada «revolución de los Posse» que fue derrotada por la guardia nacional comandada por el gobernador Anselmo Rojo.
39 En definitiva, tanto para competir en los comicios, como para llevar a cabo un levantamiento contra las autoridades, se apelaba a los vínculos y a las redes que involucraban a distintos grupos sociales.
En el caso que aquí analizamos se advierte la particular importancia de dos actores colectivos.
En primer lugar debemos atender a la participación de los trabajadores manuales, los llamados artesanos.
Según apuntamos, varios maestros artesanos fueron invitados a participar en la revolución y, probablemente, se esperaba que ellos, a su vez, convocaran a sus dependientes y aprendices.
Al mismo tiempo puede advertirse la complejidad de los entramados que se activaban en tales instancias: esos artesanos que podían movilizar a sus subordinados se relacionaban con sujetos vinculados a la elite local, los cuales también multiplicaban sus redes de parentesco y amistad fuera del territorio provincial.
40 Además, es pertinente mencionar su participación en la guardia nacional.
En un principio, la misma se había organizado sobre la base de criterios socio-profesionales, estableciéndose en la capital provincial un batallón exclusivo de artesanos (luego este criterio quedó desdibujado y la compañía adoptó el nombre de Batallón «San Martín»).
41 Estos espacios de pertenencia configuraban un entramado de vínculos donde los artesanos se reconocían como actores importantes, especialmente por su papel de intermediarios y potenciales reclutadores de votantes y/o soldados.
Esa importancia en el escenario político provincial sería ratificada en las décadas siguientes a través de otras instancias de participación como los clubes políticos.
42 Junto con los artesanos, pero con una actuación más notoria, encontramos a los comandantes de milicias.
Esta figura ha llamado la atención de la historiografía interesada en desentrañar el papel de los actores interme-dios en las elecciones decimonónicas o en la organización de acciones armadas.
En lo referente a los comicios, el comandante aparecía como el responsable de poner el departamento «en orden» y de custodiar el desarrollo de los mismos.
43 Pero fue sin duda el peso de la guerra el factor que resultó decisivo para instaurar la importancia de estos sujetos.
En una época en la que los enfrentamientos armados eran una posibilidad cierta y frecuente, la preponderancia de los comandantes se incrementó notablemente.
¿Qué eran esos comandantes?
Como señala Fradkin, el término carecía de un sentido preciso, ya que aludía no sólo a un rango militar específico, sino también «a todo "jefe" que ejerciera el mando en una unidad, una expedición o un territorio en ocasiones determinadas».
44 De esta manera, tanto un oficial de carrera como un jefe de milicias podían alcanzar el título de comandante.
Además, si atendemos al perfil socio-ocupacional de los sujetos que fungieron como comandantes en Tucumán, advertimos algunos rasgos distintivos.
En términos generales puede señalarse que eran pequeños y medianos labradores y criadores que, en su mayoría, asentaban sus escasas riquezas en la posesión de ganado y se ubicaban entre los segmentos medios de las poblaciones de los departamentos sobre los cuales ejercían su función militar.
45 Su participación en la milicia fue un medio de ascenso social, pero sobre todo de posicionamiento político en escalones intermedios.
Contamos con algunos casos excepcionales que llegaron a posiciones de poder importante: el más emblemático es, sin duda, Celedonio Gutiérrez que alcanzó la gobernación.
Pero en general los encontramos en puestos menores, como escrutadores o electores provinciales.
46 Dionisio Andrade, por ejemplo, se mantuvo como comandante del regimiento n.o 8 de Famaillá y fue elector por ese departamento en 1858 y 1859.
Por su parte, Pedro Nolasco Córdoba, hombre de confianza de Agustín Justo de la Vega, se desempeñó como comandante del batallón «Fidelidad» de guardias nacionales de Monteros, como comandante del regimiento n.o 2 de Monteros en 1858 y como elector por capital y por Monteros en 1858 y 1861, respectivamente.
El paso de elector a gobernador es muestra elocuente, sobre todo, de la subordinación o suscripción a una candidatura en particular, pero también puede considerarse como un reconocimiento a la capacidad para movilizar a un amplio caudal de votantes durante las jornadas electorales.
47 La segunda pregunta que nos interesa responder es cómo fueron movilizados los sujetos que participaron de la fuerza liderada por Isidoro López.
Según la denuncia presentada por Andrade, los López daban por sentado el apoyo de varios departamentos de campaña, pero lo cierto es que sólo lograron reunir un contingente bastante reducido en Trancas al mando de Isidoro.
Luego del fracaso de sus planes originales, Isidoro López se mantuvo prófugo y trató de coordinar una asonada contra las autoridades el día previo a la elección de gobernador.
Para ello organizó un contingente que permaneció oculto en el monte, itinerante entre tierra tucumana y tierra salteña, y en contacto a través de chasques con grupos urbanos.
Pero el movimiento no se concretó porque fracasó la acción inicial prevista en la ciudad, que estaba a cargo del piquete de línea encargado de la vigilancia del cabildo.
El grupo movilizado bajo el mando de Isidoro López era un contingente de aproximadamente unos cincuenta hombres.
Lamentablemente, no tenemos información de todos sus integrantes ya que el expediente sólo registra el testimonio de doce de ellos.
La mayoría eran soldados rasos, mientras un par cumplían la función de chasque entre Isidoro y sus adeptos en la ciudad de Tucumán.
Además, consta la participación de otros siete, entre ellos dos sobrinos de López, que habrían tenido una posición de mando dentro del grupo.
De los doce que fueron apresados e interrogados, cuatro declararon ser artesanos (dos carpinteros, un sastre y un zapatero), otros dos labradores, un pulpero, un criador, un abastecedor, un desocupado, un hacendado (que «cuidaba una haciendita de su propiedad») y uno que no declaró ocupación.
48 ¿De qué manera se sumaron esos sujetos al contingente revolucionario?
Una parte del mismo se constituyó mediante estrategias coercitivas: Isidoro López comandó una incursión a la Villa de Trancas en la que incautó ganado y reclutó gente compulsivamente.
Así, uno de los carpinteros, de 47 La elección de gobernador era indirecta y era atribución del poder legislativo.
Para esto se conformaba un cuerpo electoral con los miembros de la Legislatura y un conjunto igual de diputados electores.
Tanto los legisladores como los electores se elegían por voto directo cada dos años.
48 Si se analizan las características socio-profesionales del batallón de ese departamento, sólo encontramos un pulpero que paga patente por una pulpería de campaña.
El resto no figura pagando contribución directa, por lo que deducimos que se trataba de empleados, jornaleros, labradores, etc. UN HACENDADO, UN CURA Y UN COMANDANTE apellido Díaz y residente en la villa de Trancas, afirmaba que López lo había «arriado», al igual que a los demás, y que, al sacarlos de allí, «les dijo que venían a pasear al pueblo y no a pelear».
49 Un tal José, que declaraba ser «hacendado» y haber estado a la fuerza bajo las órdenes de López, afirmó que no se atrevió a huir por miedo a «que lo hiciera alcanzar y lo hiciera lancear, y también porque no tenía o no contaba con medios para subsistir en el pueblo, pues los pocos bienes de campo que tiene quedaban a merced de D. Isidoro».
50 También en algunos testimonios se mencionó que un individuo que se había negado a seguir las órdenes de Isidoro había recibido por castigo doscientos azotes.
En contraste con tales declaraciones que destacaban el componente coercitivo de los vínculos entre López y sus subordinados, otros testimonios ponían de manifiesto relaciones de camaradería e intercambios más equivalentes.
Por ejemplo, el de Joaquín Pérez, quien había sido llamado por un peón de Isidoro por ser «amigo de su confianza» para pedirle que lo acompañara hasta la ciudad de Paraná «prometiéndole pagarle bien pagado».
51 A su vez, Pérez parece haber oficiado como agente reclutador.
En el expediente se lo nombra como «alférez», es decir que habría tenido alguna experiencia militar mediante la cual, podemos suponer, estableció lazos con otros sujetos que fueron convocados.
Sabemos, por su propio testimonio, que sumó a un vecino suyo, Pedro Antonio Álvarez, quien tenía una extensa trayectoria como soldado.
Nacido en Entre Ríos, había llegado a Tucumán junto con las fuerzas del General Lavalle, que vinieron a apoyar a la Coalición del Norte en 1841.
Pero después de la derrota sufrida en la batalla de Famaillá, Álvarez decidió unirse al bando federal sirviendo como escolta de Celedonio Gutiérrez, hasta que en 1852 lo pasaron a retiro.
Luego, con el retorno de Gutiérrez, volvió al servicio y participó bajo su mando de la batalla de «Los Laureles».
Finalmente, a causa de esa derrota, decidió irse con su familia e instalarse en tierra salteña donde se dedicaba a la labranza.
Al parecer, acostumbraba a complementar sus ingresos con el oficio de arriero, ya que cuando fue llamado por López estimó que quería «conchabarlo para el arreo de alguna tropa de hacienda» de las que aquel acostumbraba a mandar a Salta y Tucumán.
Como advierte Fradkin, si bien este mecanismo de reclutamiento puede considerarse coercitivo, «no es estrictamente forzado pues interpelaba lealtades y obligaciones ya conocidas por los paisanos».
A pesar del título de Alférez, el declarante dijo que su ocupación era «labrador».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.04 propuso que lo acompañara junto con otros a Catamarca o Paraná «para que lo defendiese en el tránsito de las guardias o partidas que le quisieran atajar».
Al igual que Pérez, dijo que les había ofrecido pagarles muy bien, que Isidoro le había asegurado que disponía de siete mil pesos para el viaje y que una parte se las entregaría antes de partir para que le dejasen dinero a sus familias.
Estas declaraciones permiten alumbrar la existencia de vínculos significativos de lealtad y camaradería que se habrían forjado a través de la experiencia en la milicia.
52 Por último, además de los incentivos materiales, Isidoro López apeló a otras estrategias para reunir adeptos y convencerlos de participar de la acción armada.
En esto era clave tener alguna certeza sobre la factibilidad de la empresa.
Para ello les dijo que «el pueblo ya se había pronunciado contra el Gobierno, que estaba todo concluido y que también los Departamentos de Campaña se habían pronunciado», y que él estaba por apoyar ese movimiento.
53 La contraparte de las distintas estrategias utilizadas por López para reunir adeptos era la capacidad de negociación de estos sectores subalternos que, tal como hemos apuntado, no sólo respondían a su líder por cuestiones de fidelidad, sino también porque éste podía ofrecerles bienes y condiciones de subsistencia que respondían a sus expectativas.
Esas expectativas involucraban ciertas compensaciones materiales, pero además se sostenían en la certidumbre que la concreción del objetivo político del levantamiento -es decir, el recambio de autoridades-podría resultar beneficiosa para su situación particular.
Si bien no podemos establecerlo con precisión, es probable que el reemplazo del gobernador tuviese un sentido concreto para las vidas de los sujetos que respaldaron la intentona de López y que por esa razón decidieran participar de la misma.
Por otra parte, esa capacidad de negociación también se evidencia en relación con el gobierno provincial.
Varios de los integrantes del contingente sólo se presentaron ante las autoridades y brindaron su declaración cuando se les garantizó el indulto por sus acciones.
Así, la perspectiva de obtener el perdón por parte del gobierno también funcionaba como un estímulo a la hora de involucrarse en una conspiración como la promovida por los López.
54 Dado que la práctica habitual no incluía castigos demasiado severos, el riesgo de una eventual derrota podía considerarse aceptable.
En algunas circunstancias, la decisión de sumarse a una banda de insurrectos se derivaba del temor a ser reclutado por el ejército de línea.
Este parece ser el caso de José Millán, un sastre, que también había sido llamado por López, pero no había aceptado la misión propuesta (acompañarlo a Paraná).
A pesar de esa negativa inicial, optó por quedarse con el grupo al enterarse que el Teniente Coronel Fortunato Torres había pasado por la zona con una partida armada en busca de López y su gente, a quienes se consideraba en rebeldía contra las autoridades.
La intención de ocultarse de Torres fue ratificada por todos los declarantes, quienes insistieron en su decisión de esconderse «hasta tanto se aproximase a la línea algún Jefe de los del interior de la provincia para presentarse [con él]».
55 Esto finalmente ocurrió cuando llegó a la Candelaria el Coronel Miguel Acevedo.
Aunque desconocemos la razón, queda claro que existía una diferente percepción de lo que conllevaba la presencia de los dos oficiales: mientras Torres constituía una razón suficiente para que se mantuvieran ocultos en el monte junto a López y bajo el cargo de rebeldía, la noticia de la llegada de Acevedo al pueblo los convenció de abandonar las armas y volver a sus hogares.
Los diversos vínculos a partir de los cuales se conformó la partida de insurrectos se afianzaron y resignificaron durante la experiencia del reclutamiento y el acantonamiento organizado por Isidoro López en Trancas.
Los pocos datos sobre esas jornadas nos permiten vislumbrar vivencias bastante animadas y placenteras: según señalaron algunos, su única ocupación durante esos días fue «tomar y bailar».
Además, se mencionaba que se habían mantenido «carneando» animales, lo cual constituía una gratificación habitual, tanto como un incentivo, para aquellos paisanos que se integraban al grupo armado.
Esto, por supuesto, no implica la inexistencia de reglas, las que pueden inferirse de los castigos aplicados a quienes no acataban las órdenes.
56 El núcleo fundamental que organizaba el contingente estaba definido por vínculos de amistad y parentesco.
Isidoro ejercía el papel de jefe, pero 55 Declaración del Alférez Joaquín Pérez.
Como señala Fradkin, una vez que se había conformado el grupo, era necesario «instrumentar una gama de sistemas de reclutamiento que combinaran compulsión, persuasión, encuadramiento político y estrategias que permitieran ratificar el liderazgo».
El grupo más amplio se conformaba a partir de sujetos con menor rango, que oficiaban de soldados y chasques, algunos de los cuales se habían incorporado voluntariamente y otros de manera compulsiva.
La combinación, en dosis variables, de herramientas de retribución y coerción se presenta como una de las claves para comprender la conformación y funcionamiento de estos grupos armados y su vinculación con los sujetos que fungían como líderes.
Desenlace e implicaciones de la fallida conspiración
A pesar de la coordinación de estrategias y del armado de una compleja y amplia red vincular, los López no pudieron concretar sus planes contra el gobierno.
Miguel y Tiburcio, junto con otros rebeldes, fueron apresados, mientras que Isidoro permaneció oculto en el monte al mando de un contingente de hombres armados.
Frente a tales circunstancias, el Ejecutivo provincial decidió ofrecerles un indulto a cambio de deponer las armas y presentarse ante las autoridades.
La propuesta fue aceptada por los rebeldes y el gobernador instruyó al fiscal para que le solicitara al juez interviniente el sobreseimiento de todos los reos.
La decisión del gobierno ratificaba los principios de la política de fusión urquicista y expresaba con mucha claridad cuál era su percepción acerca de los factores de inestabilidad que afectaban a la provincia.
En la fundamentación del pedido a la justicia, el ejecutivo señalaba que la «causa ocasional de los disturbios» que había alterado la paz pública radicaba en «la exaltación de los partidos».
57 El fiscal refrendó la solicitud del gobernador señalándole al juez la conveniencia política de adoptar una posición de clemencia en relación con los reos.
Dicha posición se sustentaba en «los liberales principios sancionados en la preciosa constitución de Mayo».
58 Las autoridades judiciales aceptaron y fallaron en beneficio del pedido interpuesto por el gobierno, ratificando la imperiosa necesidad de promover y preservar el orden público.
59 La decisión del gobierno también revelaba las limitaciones materiales para restablecer el orden en la frontera norte de la provincia.
Aunque la conspiración había sido desbaratada, Isidoro López había logrado movili-57 Nota del gobierno al juez.
UN HACENDADO, UN CURA Y UN COMANDANTE zara un grupo de hombres que se mantuvo en rebeldía, desafiando los intentos de las autoridades por someterlo.
Ello sin olvidar que los entramados de la conspiración habían revelado redes de vínculos que involucraban a un heterogéneo grupo de sujetos que podían ser cooptados para una acción armada contra el gobierno en la que asumirían diferentes funciones.
Al asomarnos a los testimonios que brindaron algunos de ellos, se advierten los distintos mecanismos empleados por los líderes para reclutarlos y movilizarlos.
Lazos de parentesco y amistad, incentivos materiales, consignas políticas o estrategias coercitivas se activaron para reunir a un contingente de varias decenas de hombres cuya intervención en la política decimonónica ha dejado, en la mayoría de los casos, escasas huellas. |
La revolución está vencida, pero el gobierno está muerto».
Consecuencias de una rebelión fallida: orden y legitimidad política
El 26 de julio de 1890 se produjo en la ciudad de Buenos Aires un alzamiento armado para derrocar al presidente Miguel Juárez Celman, líder del Partido Autonomista Nacional (PAN).
Por medio de la manipulación electoral y de otros mecanismos de control, el PAN mantenía a la oposición marginada y sin posibilidades reales de competir por la presidencia de la República.
La lógica del llamado régimen conservador implicaba que una elite política relativamente reducida concentraba el ejercicio del gobierno y dominaba además el proceso de selección de las candidaturas, tanto a nivel nacional como provincial.
Esa lógica había funcionado sin grandes contratiempos durante una década, desde la llegada del PAN al poder en 1880, pero cuando hacia fines de los años ochenta comenzaron a sentirse los efectos de una feroz crisis económica, la movilización política se activó, creándose particularmente en Buenos Aires un clima favorable para que prosperasen las denuncias y protestas contra el régimen.
La Unión Cívica, una heterogénea agrupación que reunía a sectores enfrentados con el PAN, acusó al gobierno de Juárez Celman y al de su antecesor, Julio Roca, de degradar las instituciones del país, de vulnerar los principios establecidos por la constitución nacional y de pretender suprimir las libertades públicas.
Los líderes de la Unión Cívica fueron incluso más allá y proclamaron la legitimidad de la rebelión contra un poder al que se calificaba de despótico y corrupto.
1 Los combates revolucionarios se iniciaron el sábado 26 de julio y se prolongaron durante cuatro días.
Las tropas rebeldes (civiles y militares) se enfrentaron con las fuerzas del gobierno nacional en las calles del centro de la ciudad, hasta que finalmente el levantamiento fue sofocado.
A pesar de su fracaso, esta sublevación trajo consecuencias importantes, dando origen a una crisis política e institucional que habría de extenderse hasta mediados de la década.
En lo inmediato, el signo más elocuente de ello fue la renuncia del presidente Juárez Celman, quien desprestigiado y sin apoyos se vio obligado a dejar el cargo.
Para completar el mandato que finalizaba en 1892, su lugar fue ocupado por el vicepresidente, Carlos Pellegrini.
La continuidad constitucional fue preservada y el PAN se mantuvo en el poder, pero las bases concretas y simbólicas sobre las que el régimen conservador asentaba su funcionamiento se vieron considerablemente afectadas.
No sólo emergieron cuestionamientos y desafíos de diverso tenor -desde fracturas en el sistema de control electoral hasta nuevas insurrecciones armadas que se verificaron, esta vez, en las provincias-, sino que resultó lesionada asimismo la noción de orden público que la elite gobernante defendía con obsesiva preocupación.
Para los hombres del PAN, el orden y la estabilidad institucional aparecían como condiciones necesarias para consolidar tanto la existencia de un Estado fuerte y eficiente como la formación de una sociedad próspera y moderna.
No había espacio dentro de ese esquema de pensamiento para las luchas políticas (vistas como esencialmente disruptivas) ni, mucho menos, para la agitación revolucionaria.
2 La literatura especializada no ha dejado de considerar la gravedad de la crisis que se abrió en 1890 y que hizo zozobrar la continuidad del sistema de dominación política que había montado el PAN desde su llegada al poder.
Si bien se ha señalado el protagonismo que tuvo la oposición, la atención ha estado puesta por lo general en los conflictos que surgieron en el interior del propio elenco gobernante.
La retirada de Juárez Celman de la escena política no conllevó de modo automático el declive de la influencia de sus aliados.
Los antiguos juaristas se resistían a abandonar las posiciones conquistadas durante los años previos y rechazaban, ante todo, someterse al liderazgo de Roca.
Este último había sido el fundador del PAN y era uno de sus principales dirigentes.
Durante su mandato (1880-1886), se habían sentado las bases de importantes transformaciones políticas, económicas y sociales que atravesaba la Argentina.
Al sucederlo en la presidencia, Juárez Celman había procurado minar su influencia y ahora Roca se disponía a recuperar la dirección del partido.
Esas tensiones -se afirma-dividían y debilitaban al PAN, tornándolo más vulnerable a los desafíos externos.
3 Sin negar la relevancia de tales explicaciones, la perspectiva de análisis que aquí proponemos se inscribe en una dirección complementaria pero diferente.
El punto de partida lo constituye la premisa según la cual «la construcción, reproducción y legitimación del poder político involucran no sólo a las dirigencias y a quienes aspiran a serlo sino también al conjunto de quienes forman parte de la comunidad política sobre las que ese poder se ejerce».
4 Sostenemos, de acuerdo con ello, que las verdaderas implicaciones de la crisis desatada por la Revolución de 1890 no se comprenden si no es tomando en cuenta también, junto con los antagonismos y las disputas que atravesaban a la elite gobernante, el proceso de ampliación y diversificación que experimentó la vida política en torno de esa coyuntura.
5 Especialmente en la ciudad de Buenos Aires, la quietud que había caracterizado los primeros diez años de supremacía del PAN fue reemplazada por una intensa movilización política en la que tomaron parte actores variados, a través de múltiples modalidades de acción y en ámbitos también diversos.
Si bien ese proceso de diversificación de la vida política no provocó, es cierto, el derrumbe del régimen conservador, sí colaboró decisivamente en la fragmentación de la escena política y en impulsar la transformación (en el sentido de una apertura gradual y controlada) que aquélla iba a registrar a comienzos del siglo XX.
6 En función de esas coordenadas de análisis y del cambio de mirada que sugerimos, este artículo aborda un momento en particular de la compleja situación creada por la fallida rebelión de la Unión Cívica.
Se trata del momento inicial, el que siguió a la derrota y la capitulación de las fuerzas revolucionarias.
La ciudad quedó sumida en la incertidumbre.
Había sido declarado el estado de sitio y circulaban rumores de todo tipo que no hacían más que incrementar la desconfianza de la población.
Sin embargo, en el lapso de unos pocos días la inquietud dejó paso al «inmenso júbilo popular» ocasionado por la noticia de la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, sucediéndose actos y demostraciones celebratorias de tal desenlace.
El congreso nacional había desempeñado durante esos días un papel crucial: no sólo había actuado como el centro de las negociaciones que desembocaron en la dimisión de Juárez Celman, sino también como el ámbito en el que se pronunciaron una serie de discursos de alto impacto que contribuyeron a alimentar la efervescencia política en Buenos Aires.
Asimismo, la prensa opositora intervino con su prédica para instalar la idea de que el alejamiento del Presidente constituía un «triunfo» de la opinión pública y que ese triunfo entrañaba la promesa del comienzo de una «nueva era constitucional» en la que los gobernantes habrían de obrar con acuerdo a las leyes y en beneficio del pueblo.
Rápidamente ese discurso acerca del momento «excepcional y único» que se inauguraba con la marcha de Juárez Celman habría de diluirse en medio de las dificultades económicas que no cedían y de una situación política que se volvía cada vez más endeble.
El período entre 1890 y 1895 estuvo marcado por nuevos ciclos de protesta y movilizaciones opositoras, así como por la incapacidad del oficialismo para recomponer un orden político estable.
Es justamente por ese motivo que nos interesa detenernos a observar el primer momento en torno a las circunstancias creadas por el estallido revolucionario y sus consecuencias inmediatas, la más importante de las cuales fue -claro está-la renuncia presidencial.
Confluyeron entonces los debates parlamentarios, los comentarios periodísticos y las manifestaciones callejeras para ahondar las grietas que el alzamiento armado, no obstante la derrota sufrida, había conseguido abrir en la legitimidad del régimen de hegemonía gubernamental impuesto por el PAN.
7 La caída del presidente Juárez Celman: rumores, expectativas y celebraciones La Revolución de 1890 intentó ser un movimiento de impugnación al exclusivismo político que ejercían los gobiernos del PAN desde 1880.
El alzamiento armado se hizo en nombre de la Constitución y con el objetivo declarado de «restaurar» las tradiciones de participación política, de ejercicio de las virtudes cívicas y de ruidosa competencia democrática que -según la mirada nostálgica e idealizada de los opositores-diez años de vigencia del régimen conservador habían terminado por ahogar.
La agrupación que dirigió la rebelión, la Unión Cívica, estaba integrada por miembros de los viejos partidos políticos porteños que poco tenían en común entre sí, excepto el hecho de haber sido marginados del poder por el advenimiento del PAN al centro de la escena.
A ellos se les sumaron un grupo de estudiantes universitarios y también algunos sectores militares, tanto del Ejército como de la Armada.
La junta revolucionaria planeaba derrocar a Juárez Celman por la fuerza e instalar un gobierno provisional que en un plazo de tres meses debía llamar a elecciones generales, libres y transparentes.
Como ya indicamos, la rebelión fue sofocada, dejando los combates un saldo de alrededor de mil víctimas, entre heridos y muertos de ambos bandos.
Tras el desarme de las tropas rebeldes, el gobierno garantizó una amnistía general para todos los insurgentes.
8 Las crónicas de la época destacaban la inquietud que se había apoderado de los porteños en los momentos que siguieron al fracaso revolucionario.
«La atmósfera estaba llena de zozobras», anotaba un testigo.
Había sido declarado el estado de sitio y regían, por lo tanto, limitaciones al derecho de reunión y a la difusión de noticias.
La escasez de información agudizaba la intranquilidad general.
Casi todos los diarios habían tenido que interrumpir su aparición iniciada la rebelión y sólo volvieron a publicarse varios días después.
Era un contexto propicio para que se propagaran rumores de todo tipo, siendo esparcidas las noticias más estrafalarias «por malicia, por lucro y hasta por pasatiempo.
Circulaban hojas anónimas con hechos ciertos revueltos con invenciones de una inverosimilitud grosera».
Se hablaba de grupos de soldados y de bandas de ladrones armados que cometían asaltos en los suburbios, se especulaba con una abrupta subida del precio del oro y comenzaban a oírse también, aunque todavía sin que se les diera demasiado crédito, rumores sobre una eventual renuncia del presidente.
A pesar de que la revolución había sido finalmente dominada, Juárez Celman estaba muy desprestigiado.
La insurrección había dejado al descubierto tanto la falta de disciplina que existía dentro de las fuerzas armadas como la impericia del gobierno a la hora de desactivar los planes revolucionarios de la Unión Cívica.
Además, Juárez Celman había tomado la decisión equivocada de ausentarse de Buenos Aires -la capital federal-durante los combates, dejando en manos de otros, como el vicepresidente Carlos Pellegrini y el entonces senador Roca, la gestión de la situación.
9 A partir de entonces, la atención se concentró en el Legislativo.
El 30 de julio, tras la capitulación de las fuerzas revolucionarias, se reunieron las cámaras de Diputados y Senadores para sesionar.
En el Senado, el representante por la provincia de Santa Fe, Manuel Pizarro, pronunció un discurso que tuvo gran repercusión dentro y fuera del recinto.
Pizarro pintó un cuadro desolador en el que las finanzas estaban arruinadas, el crédito público y privado debilitados, el comercio agonizante; la libertad política suprimida, «en una palabra, [...], las instituciones representan entre nosotros un montón de escombros como los que acaba de hacer el cañón en nuestras calles».
En esas circunstancias, agregó que no alcanzaban las palabras ni el estado de sitio para pacificar al país, sino que se requería algo más: un «gesto de patriotismo» como podía ser la renuncia del titular del Ejecutivo.
«La revolución está vencida», advirtió Pizarro, «pero el gobierno está muerto».
10 El diario La Nación reprodujo al día siguiente el texto completo de la intervención de Manuel Pizarro en el Senado.
El gobierno reaccionó mandando secuestrar la edición del periódico y quitándola de circulación, pero ya era tarde: «la frase [...] corría de boca en boca».
Mientras en las altas esferas de la política se aceleraban las gestiones para forzar la dimisión de Juárez Celman, aumentaban asimismo las expectativas políticas de la población.
Los juaristas intentaron organizar un nuevo gabinete de coalición que diera cabida, incluso, a representantes de la oposición, pero sin el apoyo de su propio partido el presidente no tardó en perder la exigua autoridad que le quedaba.
El congreso devino entonces en el centro neurálgico de las negociaciones entre los diversos sectores que pugnaban por hacerse con el dominio de la situación, especialmente el grupo de los anti-juaristas dentro del PAN al frente del cual se encontraban Roca y el vicepresidente Pellegrini.
En ese contexto de negociaciones, constantes rumores y creciente expectativa, el edificio del congreso se convirtió en «un hervidero de gente de todas las opiniones», mientras afuera, en la Plaza de Mayo, se iban formando grupos de varios centenares de personas deseosas de enterarse de las últimas novedades.
11 La tensión llegó a su punto máximo el miércoles 6 de agosto.
Luego de una semana de tentativas estériles por sumar los respaldos necesarios para continuar en el gobierno, Juárez Celman se vio forzado a enviar su dimisión al congreso.
Rápidamente, senadores y diputados se constituyeron en asamblea legislativa para tratar y, según todo hacía presumir, aprobar la renuncia presidencial.
Se estaba frente a una situación inédita en la historia institucional del país (por lo menos, desde la sanción de la constitución nacional en 1853) y no exenta -por cierto-de una carga considerable de dramatismo.
La sesión, presidida por Roca, incluyó discursos apasionados tanto a favor como en contra del alejamiento de Juárez, y fue presenciada por una barra numerosa que, a pesar de las recomendaciones que recibía, no evitó las exclamaciones, los aplausos ni tampoco los abucheos.
Una de las intervenciones que más agitación causó fue la de Dardo Rocha, senador por la provincia de Buenos Aires.
Sin rodeos, Rocha sostuvo que el presidente Juárez Celman había demostrado su incapacidad para «afrontar los grandes y pavorosos problemas que se presentan en la actualidad y cuya solución pone en peligro, no sólo la Constitución, sino la nacionalidad y tal vez la integridad de la Patria».
Siendo así, concluyó, no quedaba sino aceptar la dimisión y hacerlo además de manera unánime, puesto que se trataba de «una suprema necesidad reclamada por el bien público».
12 La votación no fue unánime pero sí ampliamente favorable a la renuncia.
En la Plaza de Mayo se había congregado una multitud ansiosa de conocer el resultado y «minuto por minuto el público aumentaba».
Había -según las crónicas-entre cuatro mil y seis mil personas, hombres (y también mujeres) «de todas las clases, nacionales y extranjeros».
La policía hizo desalojar el frente del edificio del congreso, pero no pudo impedir que los grupos siguieran ocupando las calles adyacentes.
Finalmente, pasadas las cinco de la tarde, se confirmó la noticia de que la Asamblea Legislativa había aprobado la dimisión de Juárez Celman y «poco después la ciudad trepidaba: los rugidos de la plaza se dilataron en un instante por todos rumbos».
De ahí en adelante, los relatos muestran que la inquietud y la zozobra de los días previos se convirtieron en expresiones de alegría que fueron ganando intensidad con el correr de las horas y que no cesaron durante la noche.
Se improvisaron demostraciones y tribunas.
El público acudió presuroso a festejar en las redacciones de los diarios opositores y a saludar a personalidades destacadas de la actualidad política.
Se daban vivas a la patria y a la libertad.
Incluso «en algunos templos se echaron a vuelo las campanas; bombas y cohetes explotaban por todas partes; en los cafés y restaurantes, desiertos durante tantos días, no había sitio para acomodar tanta gente; las casas abrían sus puertas, banderas e iluminaciones asomaban por distintos lados; por do quiera se formaban animados corrillos; y en general la ciudad despertaba alegre y bulliciosa de su letargo anterior».
13 El clima de fiesta continuó al día siguiente.
Desde las primeras horas de la mañana las calles volvieron a llenarse de gente.
La toma de posesión del mando por parte del vicepresidente Pellegrini fue, según los relatos, «un acto desbordante».
Una manifestación lo escoltó en el trayecto desde su domicilio hasta la casa de gobierno, convirtiendo la afluencia de público a la calle Florida en «una inmensa ola popular».
Y al llegar a destino el espectáculo se tornó aún más imponente, porque «no sólo en la plaza de Mayo, sino en las azoteas, en los balcones, encaramados en las ventanas, sobre los coches de los tranvías detenidos para utilizarlos como palcos, en los carros del tráfico», invadidos por los grupos de curiosos, una inmensa muchedumbre, excitada, alegre, bulliciosa, esperaba la llegada del doctor Pellegrini, prorrumpiendo de vez en cuando en expresiones de júbilo.
14 Ante la multitud que lo aclamaba, Pellegrini ordenó abrir las puertas de la casa de gobierno y dispuso que la guardia presidencial se retirara.
Durante varias horas, un «inmenso gentío» recorrió los salones del edificio.
Los visitantes «ocupaban los sillones ministeriales, iban de un lado al otro, sin cansarse de ver e imaginar».
El flamante mandatario se asomó además al balcón gubernamental y desde allí se dirigió al público congregado en la plaza.
Prometió una gestión de «honradez y patriotismo», basada en el respeto por la constitución y las leyes, así como en el apoyo de la opinión pública.
El entusiasmo popular alcanzó entonces un momento de verdadero «paroxismo».15
El triunfo de la opinión.
Movilización política y promesas de cambio
La violencia revolucionaria no era una dimensión ajena al conjunto de prácticas, ideas y valores que nutrían la vida política porteña a fines del siglo XIX.
Se trataba, por el contrario, de una tradición política fuertemente arraigada a la que en más de una oportunidad habían acudido diversos sectores para impugnar el proceder de autoridades a las que se acusaba de despóticas o ilegítimas.
La figura del ciudadano en armas y la representación de la revolución como último recurso frente a las violaciones constitucionales y, en particular, del derecho de sufragio que ésta consagraba, habían sustentado el desenvolvimiento de un ciclo de rebeliones en el marco del cual es posible situar también el levantamiento de la Unión Cívica.
16 Sin embargo, incluso en ese contexto, es importante tener presente que la revolución de 1890 impactó de un modo especial en la percepción que de ella se hicieron los contemporáneos.
En primer lugar, porque a diferencia de lo que había sucedido en otras circunstancias esta vez los enfrentamientos armados tuvieron lugar en las calles céntricas de la ciudad.
El parque de artillería, la plaza Lavalle y la plaza Libertad fueron el escenario de los combates.
Y en segundo lugar, porque el uso de la violencia revolucionaria chocaba con la concepción que especialmente la elite gobernante defendía acerca de la preeminencia del orden como condición y garantía para el progreso del país.
Desde la perspectiva de los hombres del PAN, la violencia pertenecía a un pasado de guerras civiles, rebeliones y conflictos que habían retrasado tanto la organización político-institucional como la modernización económica, social y cultural del país.
Resultaba inconcebible, desde ese punto de vista, que la acción armada volviera a irrumpir en la escena política, sobre todo en Buenos Aires, porque, al ser ésta la capital del país y una ciudad que crecía velozmente, funcionaba también (o debía hacerlo) como la vidriera a través de la cual exhibir ante el mundo las transformaciones y los adelantos conseguidos.
17 La bibliografía ha abordado en diversos momentos el análisis del debate que se suscitó hacia 1890 a propósito del carácter lícito o no del uso de la violencia revolucionaria.
18 Se ha dedicado menos atención, en cambio, a explorar la manera en que circuló y cristalizó entonces la idea de que lo que había comenzado como la sublevación armada de la Unión Cívica, se había transformado luego en un movimiento más abarcador, del que era protagonista el pueblo todo y que implicaba, por lo tanto, una «fuerza poderosa e incontrastable» ante la cual el presidente Juárez Celman no había tenido otra alternativa que inclinarse.
Esa imagen fue la que permitió que se hablara en aquel momento de un triunfo y de los augurios de «regeneración política y moral» que el mismo presuntamente conllevaba.
19 Nuestra intención es observar el modo en que se articularon espacios, palabras y acciones para producir esa sensación de un movimiento amplio y victorioso, y tratar de distinguir asimismo el efecto corrosivo que todo ello tuvo respecto de la legitimidad del orden político instituido por el PAN.
Hemos señalado ya el papel destacado que cumplió el Legislativo en el marco de la complicada situación que la insurrección había abierto en el panorama político e institucional.
El congreso tenía una función que desempeñar y, de hecho, así lo hizo.
Avaló la declaración de estado de sitio que el gobierno había decretado el 26 de julio de 1890, y, luego, tal como preveía la constitución, aprobó la renuncia presidencial el 6 de agosto.
Pero, más allá de eso, lo que nos interesa subrayar aquí es que, tal como apuntó un testimonio de la época, el congreso sirvió en aquella coyuntura «no sólo de parlamento, sino de comité y de prensa».
20 Las crónicas son elocuentes al respecto.
Dentro y fuera del edificio el movimiento era constante,
[...] los patios y galerías de la casa se encontraban ocupados por crecido número de personas que iban en busca de noticias.
Se había esparcido en el pueblo la noticia de que renunciaba el presidente de la república.
Los diputados y senadores eran interceptados en cada momento. [...] eran rodeados y asediados a preguntas.
21 La ausencia de diarios y las dificultades para la circulación de la información, incrementaban -como ya indicamos-la ansiedad del público.
Muchos intentaban tener acceso a la barra para poder presenciar las sesiones en las que, se sabía, se estaba definiendo el futuro político del país.
Pero la gran mayoría tuvo que conformarse con permanecer en los alrededores del congreso, en la Plaza de Mayo y en las calles circundantes.
Las descripciones insistían en marcar que «la lluvia y el frío no eran parte a impedir que aumentase [...] esa concurrencia», la cual -por otra partese fue renovando a lo largo de varios días.
¿Quiénes conformaban esa multitud?
Ésa es, como siempre, una pregunta difícil de responder.
Los relatos hablaban de «personas de todas las clases y todas las condiciones sociales».
Se mencionaba la presencia de grandes y pequeños comerciantes, de gente vinculada a la banca y a la Bolsa, de empleados y trabajadores.
Evidentemente, la crisis económica había contribuido a crear también el trasfondo de esa movilización.
No sólo se habían producido gran cantidad de quiebras de instituciones bancarias, con el consiguiente desfile de ahorristas empobrecidos, sino que también muchos comercios habían tenido que cerrar sus puertas al igual que lo hacían fábricas y talleres, estando paralizada la construcción.
El impacto social de la crisis fue muy fuerte y en ese sentido deben leerse las alusiones a «empleados impagos» y a la aparición de «gente hosca, dolorida, de lenguaje rudo y aspecto rotoso», que -especulaban las crónicas-ignoraba los pormenores de la discusión política, pero estaba convencida de que sus padecimientos iban a terminar con la caída de Juárez Celman.
La heterogeneidad era, por lo tanto, un rasgo que las descripciones recalcaban, si bien al mismo tiempo tendían a subsumir esa diversidad bajo la figura del pueblo, un pueblo expectante y dispuesto a movilizarse para asistir e incluso tomar parte activa en el desenlace del «drama político» que la revolución había desencadenado.
22 En todo caso, un punto que merece la pena marcarse es el hecho de que al menos una parte de esa concurrencia pareció haber encontrado en la palabra de algunos legisladores una referencia significativa para interpretar lo que estaba sucediendo y para actuar en consecuencia.
Los debates parlamentarios solían tener cierta repercusión a través, fundamentalmente, de los extractos que publicaban los diarios de las sesiones en ambas cámaras.
Esta vez, sin embargo, todo indica que el impacto de lo que se dijo en el congreso fue mayor y que ciertas intervenciones operaron como un incentivo para las reuniones y demostraciones callejeras.
En particular, el «discurso bomba» del senador Pizarro, aquél en el que por primera vez se planteó expresamente la posibilidad (y la conveniencia) de la renuncia presidencial, se convirtió -en opinión de protagonistas y testigos de los eventos de esos días-en «el golpe de gracia asestado a la bamboleante situación».
23 La censura gubernamental (el haber quitado de circulación la edición de un diario que reproducía el discurso) sólo sirvió, como vimos, para acrecentar la intranquilidad popular.
A partir de entonces, «la vida normal de la ciudad quedó suspendida y pendiente de las resoluciones del congreso, de las negociaciones políticas que se hacían y de la confirmación o desmentida de la tan anhelada renuncia».
Los discursos pronunciados durante la reunión de la asamblea legislativa tuvieron asimismo un efecto considerable.
«Es tiempo de salvar al país antes que todo», manifestó Dardo Rocha y con sus palabras alentó las celebraciones que se desataron cuando la noticia de la aceptación de la renuncia de Juárez Celman fue conocida por el público que aguardaba en la Plaza de Mayo.
Rocha estuvo también entre los oradores cuya palabra fue requerida por la multitud exultante.
La tarde misma de la votación en el congreso, cuando los festejos habían ganado ya las calles de la ciudad, una manifestación acudió a la casa del senador para saludarlo y pedirle que hablara.
Rocha felicitó al «pueblo de Buenos Aires» por la lucha que había librado contra las «camarillas inconscientes» y en defensa de su libertad.
«Se puede hacer presidentes», sostuvo, «se puede improvisar gobiernos, pero no se puede gobernar sin opinión».
Era un discurso dirigido a trazar una continuidad entre la insurrección armada con que la Unión Cívica había buscado deponer al gobierno de Juárez Celman y las manifestaciones populares que tan sólo unos días después celebraban la decisión del congreso de aprobar la retirada del mandatario.
24 Hasta cierto punto, por lo tanto, la oratoria de algunos legisladores parece haber funcionado como el combustible de la movilización callejera que alteró el ritmo cotidiano de la ciudad.
En igual sentido, y en realidad con más contundencia, obró la prensa.
El mundo periodístico porteño se encontraba a fines del siglo XIX en proceso de transformación.
Continuaban existiendo, como en las décadas anteriores, los diarios que eran instrumento de un determinado partido o de una fracción política.
Tal era el caso, por ejemplo, de las publicaciones que respondían a los diversos sectores dentro del PAN: el juarismo financiaba y tenía como sus voceros a Sud-América y La Argentina.
Pero esa forma de periodismo convivía con otras modalidades propias de la acelerada modernización que comenzaba a experimentar el campo.
La Nación y, sobre todo, La Prensa -los dos matutinos de mayor circulación e influencia-incorporaban nuevas técnicas y formatos, sin por ello abstenerse de expresar sus opiniones y juicios (en general, críticos de los gobiernos del PAN) ni tampoco de actuar como forjadores de la misma opinión pública que afirmaban representar.
25 Ambos periódicos habían colaborado con su prédica en la gestación del clima previo al estallido revolucionario, habían elogiado la formación de la Unión Cívica como una alternativa opositora al dominio del PAN y habían contribuido a divulgar las acusaciones de arbitrariedad, corrupción y despotismo que se le hacían a la administración de Miguel Juárez Celman.
Cuando se inició la rebelión, entró en vigencia el estado de sitio y junto con él las limitaciones a la libertad de expresión.
Los diarios vinculados con el gobierno no sufrieron censura y continuaron apareciendo, pero precisamente por eso las repercusiones que obtenían eran limitadas.
El 31 de julio, por ejemplo, La Argentina publicó un manifiesto que llevaba la firma del presidente y en el cual se procuraba desautorizar el levantamiento armado.
El documento no alcanzó mayor trascendencia puesto que «fuera de algunos partidarios del gobierno, era común no leer los periódicos oficialistas. [...]
En realidad, no sólo el público sino también el gobierno carecían de prensa, por haberla suprimido a la de prestigio el estado de sitio, y a la oficialista su impopularidad».
26 La cercanía del público con la prensa «independiente» (independencia en el sentido de ausencia de lazos de subordinación con el poder político) quedó demostrada en más de una oportunidad.
Cuando las restricciones cedieron y los diarios pudieron reto-mar la publicación de notas y opiniones políticas, las ediciones tendieron a agotarse.
Pero, además, durante las manifestaciones callejeras que siguieron a la aceptación por parte del congreso de la dimisión de Juárez Celman, los grupos movilizados acudieron a las imprentas de los periódicos para saludarlos y para pedir que algún integrante de la redacción les dirigiera la palabra.
Un joven redactor de La Prensa, Tomás Le Breton, encendió con sus palabras «el fervor del auditorio».
Destacó la conveniencia de conservar hacia el futuro la «templanza» propia de los vencedores, pero sin dejar de señalar también que frente a los «abusos» del poder la única opción válida era «salir en defensa de los derechos populares y, con ellos, de la dignidad de la patria».
27 Escenas como esa se reiteraron frente a los edificios de La Nación y El Diario.
La prensa funcionaba, por lo tanto, como una referencia ideológica y espacial para los habitantes de la ciudad.
28 Además, la relevancia del papel que desempeñaban los diarios se vinculaba con la facultad que tenían de producir imágenes e interpretaciones sobre lo que estaba sucediendo.
Las crónicas periodísticas combinaban la descripción de los acontecimientos de esos días con el análisis que de los mismos hacía cada diario en función de su respectiva orientación política.
Nos interesa observar aquí el punto de vista que desarrollaron aquellos órganos que se esforzaban por demostrar que eran los portavoces del pueblo y quienes podían ayudarlo en la lucha contra los gobernantes «extraviados».
29 En esa clave, especialmente La Prensa y La Nación se empeñaron en proyectar la idea del triunfo popular gracias al cual podría completarse la obra regeneradora que la revolución, «vencida en el terreno de los hechos», no había alcanzado a consumar.
Ambos diarios caracterizaban al gobierno de Juárez Celman como aislado de la «opinión sana» y conformado por un estrecho círculo de funcionarios egoístas, dedicados a promover sus propios intereses en vez de cumplir con «los deberes y las responsabilidades que les imponía la misión que habían aceptado de sus conciudadanos».
Esa definición no era ingenua ni neutral, pero se correspondía con ciertos rasgos del estilo de ejercicio del poder de Juárez Celman.
Su carrera política había sido veloz y ascendente, primero en su provincia natal -Córdoba-y luego en el escenario político nacional.
Cuando accedió a la presidencia de la República, en 1886, tenía sólo cuarenta y tres años, y estaba rodeado de un grupo de colaboradores igualmente jóvenes y ansiosos de apresurar la modernización de la Argentina.
Dentro del PAN, Juárez Celman buscó afianzar su dominio y el de sus partidarios en detrimento de posibles competidores.
Procuró para eso desplazar a los roquistas de posiciones de poder y se erigió en jefe único del partido.
Respecto a la oposición, los juaristas optaron por menospreciarla y ridiculizarla.
Ya fuera la iglesia católica (con la que estaban enfrentados) o los grupos políticos porteños que el PAN había derrotado hacia 1880, la estrategia consistía en describirlos como retrógrados, ineptos y carentes de verdadera significación política.
La prensa oficialista era el canal principal a través del cual se planteaban estas caracterizaciones.
Las denuncias sobre ausencia de vida cívica, fraude electoral, corrupción, etcétera, no merecían -desde la perspectiva del juarismo y sus voceros-respuesta alguna.
30 Frente a la prédica de los hombres del PAN, centrada en las nociones de orden, progreso y bienestar económico, el discurso crítico del unicato (como se denominó en la época al estilo político impuesto por Juárez Celman) hizo hincapié en la necesidad del involucramiento de la población en los asuntos de interés público, puesto que -se afirmaba-esa era la única garantía de honradez y moralidad por parte de las autoridades.
El periodismo opositor, en particular, formuló enfáticas apelaciones para que se concretara lo antes posible el renacimiento de la actividad política que los gobiernos del PAN habían intentado suprimir.
En el marco de ese tipo de apreciaciones había lugar para una mirada benévola acerca de la acción revolucionaria.
Pero, ante todo, los diarios se ocuparon de enfatizar lo que a su juicio había sido el «gran acontecimiento» de las jornadas de julio, y el auténtico motivo de festejo.
La idea de triunfo moral asomó con fuerza y la prensa no ahorró páginas ni tinta para insistir sobre ella.
La revolución -se decía-había fracasado en el terreno de las armas, pero se había producido una victoria más trascendente e irrefutable, como era la del «poder 30 Alonso, 2003, 41-54; Botana y Gallo, 1997, 36.
Desde la perspectiva de los hombres del juarismo, la actividad política era anacrónica en el marco de la carrera hacia el crecimiento económico y la transformación social en que ellos creían haber situado a la Argentina.
En su último libro Paula Alonso introduce algunos matices importantes en la caracterización del estilo político de Juárez Celman, véase Alonso, 2010, 355-357.
INÉS ROJKIND moral de la opinión».
31 En ese contexto corresponde ubicar, por ejemplo, las alabanzas al público que, haciendo caso omiso a las inclemencias del tiempo, había permanecido durante días apostado frente al congreso, aguardando la confirmación de la noticia de la renuncia de Juárez Celman.
Y en un sentido similar deben leerse las formulaciones sobre una nueva era constitucional que, supuestamente, el alejamiento del ex presidente inauguraba.
Desde esa perspectiva, el hecho de que el poder lo asumiera el vicepresidente Carlos Pellegrini, si bien afianzaba la continuidad del dominio del PAN, contenía promesas de «regeneración» que solo podían ser celebradas.
«El momento es excepcional y único en la historia del pueblo argentino», sostenía La Prensa.
El periodismo participó activamente, entonces, en la edificación de la imagen de un triunfo aún más importante que el de las armas y que el pueblo todo había conquistado con su empuje y su perseverancia.
Esa imagen impregnó también, como no podía ser de otro modo, las crónicas que los diarios hicieron de la votación en el congreso para aprobar la renuncia de Juárez Celman a su cargo y de las manifestaciones callejeras subsiguientes.
Dos aspectos sobresalen en esas descripciones.
De un lado estaba la reiterada mención al «inmenso júbilo» que reinaba entre la gente movilizada, las referencias al «desborde de vida, alegre y ruidosa», que se observaba en las calles más céntricas y hasta en los suburbios de la ciudad.
Es importante anotar que cuando se cruzan estos relatos con los que hicieron otras voces (las de protagonistas y testigos de los sucesos de aquellos días), ni el tono ni el contenido cambian demasiado y el tópico de la alegría prevalece.
32 De otro lado, destacaba en las crónicas periodísticas la cantidad de manifestantes que mencionaban y la diversidad de su condición, el hecho de que hubiera «gente de todas las clases y nacionalidades».
Aunque la cuestión de las cifras suele ser discutible y se sabe que las descripciones favorables tienden a inflarlas, puede aceptarse que se movilizaron varios miles de personas.
Buenos Aires ostentaba una larga experiencia en el uso de la calle en tanto espacio político donde emitir pareceres y articular reclamaciones.
Los hombres del PAN habían apuntado a minar esa tradición, como en general toda forma de participación política popular que entrañara -desde su punto de vista-una amenaza para el orden público y la esta-bilidad institucional.
33 En cuanto a la composición de la multitud, hemos indicado ya que, en efecto, la heterogeneidad era una característica en que las descripciones insistían, pero sin por ello dejar de ponderar también la figura del pueblo como actor central.
En ese marco, no faltan indicios que sugieren presencias y desempeños más concretos.
Es el caso de los estudiantes universitarios y los alumnos de los colegios nacionales.
Las crónicas exaltaban el protagonismo que les cupo como impulsores de las demostraciones callejeras, es decir, como quienes decidían a dónde marchar, qué consignas entonar, qué blancos elegir para los aplausos y los abucheos, etcétera.
La intervención de los estudiantes no sorprende si se toma en cuenta que habían tenido ya un papel señalado en la activación política que preparó el ambiente para el estallido revolucionario de 1890.
La movilización de sectores universitarios había servido en aquella oportunidad como impulso para que la oposición al juarismo confluyera finalmente en la formación de la Unión Cívica.
Pero, más allá de ese dato, la actuación de los jóvenes es indicativa de un proceso de ampliación y diversificación de la participación política que habría de profundizarse.
La circunstancia de que entre los manifestantes hubiera también mujeres, desempleados o extranjeros, nos está hablando de un escenario político en el que empezaban a irrumpir presencias nuevas, las de aquellos que por diversos motivos permanecían alejados de las vías formales de participación política (el voto, esencialmente) y para quienes, por lo tanto, la calle podía resultar un ámbito privilegiado de expresión y de acción.
34 Respecto a lo anterior, parece haber influido fuertemente en el ánimo de los manifestantes el afán por romper con la inercia en que había estado sumergida la vida política porteña durante los años precedentes.
«La ciudad despertaba alegre y bulliciosa de su letargo anterior. [...]
Nadie se estacionaba en sitio determinado sino breves momentos.
Era un ansia nunca satisfecha de andar y andar».
Todos querían hablar, convertirse por un rato en «tribunos improvisados» y expresar así su punto de vista acerca de lo que estaba sucediendo.
Pero también querían escuchar.
Un aspecto que las crónicas subrayaban era la formación de grupos de personas que acudían a las casas de personalidades políticas destacadas en búsqueda de voces autorizadas y de oratorias encendidas.
Una primera aproximación al lenguaje político que los manifestantes desplegaron durante este continuo circular por las calles de la ciudad puede servir para darnos algunas pistas acerca de cuáles eran sus opiniones y qué sentidos le daban a sus acciones.
La lista de personalidades a quienes la multitud saludó y cuya palabra era requerida comprendía a la gran mayoría de los que, con independencia de su filiación política, habían tenido una actuación destacada en la gestión y la resolución de la crisis suscitada por el estallido revolucionario.
Entre los destinatarios de aclamaciones y alabanzas figuraban tanto los dirigentes de la Unión Cívica y los líderes del levantamiento armado (Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Bartolomé Mitre, Manuel J. Campos) como aquellos que desde las propias filas gubernamentales habían dirigido las negociaciones para acelerar la salida del presidente Juárez Celman (Pellegrini y Roca).
La aparente contradicción que un espectro tan variado de nombres parece encerrar tiende a diluirse si se contemplan dos cuestiones.
Primera, el hecho de que los vivas y aplausos derivaban no sólo del reconocimiento a cuantos habían intervenido en la búsqueda de una solución de emergencia que permitiera descomprimir la situación, sino también -y es importante resaltarlo-de las expectativas que estaban puestas en esos mismos hombres para que no rehuyeran la responsabilidad de colaborar en la obra de reconstrucción política y moral del país que supuestamente se iniciaba.
Esto último se aplicaba en especial al vicepresidente Carlos Pellegrini.
Columnas de manifestantes acudieron en más de una oportunidad a su residencia particular y el día de la asunción, el 7 de agosto, lo escoltaron hasta la casa de gobierno.
Es posible conjeturar que el entusiasmo popular que despertaba la toma de posesión del mando por parte de Pellegrini se vinculaba con el clima de redención que el relegamiento de Juárez Celman y el fin del unicato parecían anunciar.
Del nuevo mandatario se pretendía que estuviera a la altura de las circunstancias, porque «el pueblo argentino tiene derecho a esperar que el ciudadano colocado al frente del gobierno en estos momentos sea el primero en recoger la lección de los acontecimientos y en imprimir a su administración, siquiera sea transitoria, el rumbo que le marcan las grandes aspiraciones nacionales».
35 Segunda, así como el fervor popular se repartió entre un abanico considerablemente amplio de diri-35 La Prensa, 7 de agosto de 1890.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.05 gentes políticos de diversa extracción, el rechazo se concentró con análoga intensidad en la persona de Juárez Celman: «ya se fue, ya se fue, el burrito cordobés.
Ya se fue, ya se fue, para nunca más volver».
Esa frase, coreada una y otra vez por los grupos de manifestantes, se transformó en la consigna distintiva de las demostraciones.
Una revista satírica de apreciable circulación en Buenos Aires, El Quijote, había plasmado durante los meses previos un llamativo «bestiario político» entre cuyos personajes se destacaba el de Juárez Celman caracterizado como un burro.
Lo interesante es que esa caracterización traspasó las páginas de la revista para convertirse en el lema de las manifestaciones callejeras de los días 6 y 7 de agosto de 1890.
Y como complemento de ello, una acción que se reiteró fue la de apagar o directamente romper faroles, no quedando «uno sano, ya fuese del alumbrado público o de los carruajes de plaza».
Esto fue así porque, en la iconografía instalada por las caricaturas de El Quijote, el farol simbolizaba el carácter incondicional del apoyo que sus «favoritos» le habían tributado a Juárez Celman en su condición de autoproclamado jefe único del partido y del gobierno.
36 Fuera de las invectivas contra el mandatario saliente y de los ataques contra los faroles, no se registraron -es cierto-agresiones ni enfrentamientos en las calles de la ciudad.
Sin embargo, la violencia no estuvo ausente.
Se hizo sentir, por ejemplo, en una serie de frustradas acometidas que los manifestantes efectuaron contra la casa particular de Juárez Celman, donde éste se hallaba recluido junto con familiares y amigos cercanos.
Las crónicas transmitían algo de la tensión que se vivía en la residencia al relatar que grupos de manifestantes se detenían frente a los balcones de la casa «repitiendo la cantata injuriosa», teniendo por la noche que ser reforzada la vigilancia en esa cuadra.
La agresión contenida, por lo demás, surgía de la propia dinámica de las demostraciones callejeras y se potenciaba con el recuerdo, todavía muy fresco, de los combates que habían tenido lugar tan sólo días atrás en esas mismas calles entre las fuerzas revolucionarias y las tropas gubernamentales.
37 Así, en términos del lenguaje de la acción que había caracterizado las manifestaciones, es posible plantear que la noción del triunfo estuvo muy presente, alimentada seguramente por los discursos parlamentarios y las arengas periodísticas, pero también por la experiencia de quienes durante esos días permanecieron ocupando las calles, primero a la búsqueda de 36 Sobre El Quijote, véase Román, 2011.
El entusiasmo y la alegría que las crónicas comunicaban no deberían llevarnos a pasar por alto el otro lado de los festejos: los cuestionamientos que encerraban.
Tal como iba a quedar demostrado en los meses y años siguientes, la crisis de legitimidad del régimen no se agotaba en el repudio al estilo político de Juárez Celman.
La movilización popular continuó y el alborozo que había acompañado a Pellegrini en su asunción del mando no demoró mucho en extinguirse.
El día de la toma de posesión, Pellegrini había ordenado abrir las puertas de la casa de gobierno para que el público pudiera ingresar.
El gesto estaba cargado de sentidos, apuntaba a trazar un corte abrupto respecto de la gestión de su antecesor y a diferenciarse de él.
Las crónicas describían a una multitud que invadió los principales salones del edificio para poder admirar de cerca el lujo que reinaba en ellos y que simbolizaba el divorcio entre el pueblo y los «gobernantes corrompidos».
Pellegrini reforzó ese ademán con promesas de una gestión austera y atenta a los requerimientos de la opinión.
Pero la iniciativa no estaba exenta de riesgos.
Las promesas generaban expectativas.
El diario La Prensa celebró el gesto del mandatario asegurando que al franquear el acceso a la casa de gobierno se estaba permitiendo, por fin, la entrada de «los aires puros de la libertad» y se habilitaba al pueblo para que ejerciera sus «actos de soberano».
38 El problema era que las expectativas no satisfechas podían convertirse en el motor de nuevas protestas.
Hemos procurado mostrar en este trabajo el modo en que en una particular coyuntura, como fue la de los momentos inmediatamente posteriores al fracaso de la Revolución de 1890, se produjo en Buenos Aires una movilización popular que alteró los términos de la discusión política y que tuvo el efecto de traspasar los criterios vigentes sobre participación pública en el marco del régimen conservador.
Durante varios días el ritmo cotidiano de la ciudad se vio trastornado, los porteños pasaron de la inquietud provocada por los enfrentamientos armados al alborozo que, a pesar de la derrota de la rebelión, estalló cuando se conoció la renuncia del presidente Juárez Celman.
Nos hemos centrado en analizar la confluencia que se registró en ese contexto entre espacios, actores y formas de intervención política, especialmente nos interesó observar el entrelazamiento que se generó a lo largo de aquellas intensas jornadas entre los discursos pronunciados en las cámaras, el papel que cumplió la prensa opositora y la práctica de la manifestación callejera.
Hay indicios que permiten sostener que de esa confluencia surgió la idea de un «triunfo de la opinión» que excedía a la derrota del alzamiento revolucionario, y que suponía además la perspectiva de una labor de reparación política y moral que habría de salvar a la República de los males que la afligían.
El propósito del texto ha sido, asimismo, señalar algunas de las implicaciones que esa noción de triunfo popular, proclamada en los discursos y actuada en las calles, poseía en relación con la legitimidad del régimen político que el PAN había montado desde su llegada al poder en 1880.
La movilización de aquellos días, en sus diversas modalidades, vino a poner en cuestión el principio de orden público que la elite gobernante esgrimía como fundamento del progreso y la modernización del país, y -por eso mismo-como justificación del monopolio del poder que los hombres del PAN aspiraban a ejercer.
La revolución de la Unión Cívica había intervenido ya en esa dirección, tanto por el contenido de las banderas levantadas como por el impacto producido por la irrupción de la violencia armada.
Si la rebelión había sido derrotada, la movilización posterior se percibió como una iniciativa más amplia, inclusiva y, sobre todo, victoriosa, todo lo cual tuvo el efecto de ahondar el resquebrajamiento de la legitimidad del dominio del PAN.
Es indudable que la renuncia del presidente Juárez Celman, por el propio peso político y simbólico de la medida, contribuyó a instalar esa percepción.
Las características del estilo político de Juárez Celman, por otra parte, lo convertían en el blanco predilecto de los cuestionamientos y su renuncia estuvo en gran medida motivada por los conflictos que ese estilo político había engendrado dentro del PAN.
Pero la crisis del régimen era más profunda y se vinculaba también con el surgimiento de una movilización política que fue más allá de las formas, los protagonistas y las pautas habituales.
Como ya indicamos, el entusiasmo que acompañó la asunción de Pellegrini en lugar de Juárez Celman no tardó mucho en disiparse.
Las complejidades de la situación política y los problemas económicos condicionaron el desenvolvimiento de la nueva gestión.
En noviembre de 1890, cuando habían transcurrido sólo algunos meses desde su forzado alejamiento, Juárez Celman recibió una carta de un allegado en la cual se con-signaba que el error más grande había sido consentir que «a la renuncia de Ud., se permitiese esa escandalosa bacanal por las calles.
El principio de autoridad está quebrado, ya no se respeta a nada ni a nadie.
El pueblo quiere otro carnaval de ocho días y hacer fiestas populares festejando un nuevo gobierno que se derrumba.
Los vendedores de diarios pregonaban hoy ¡la renuncia del Presidente Pellegrini!
¿Pero es que no hay policía para reprimir esos desmanes?» 39 Pellegrini no tuvo que renunciar, pero por lo menos hasta mediados de esa década la inestabilidad política continuó siendo el patrón dominante.
El PAN debió enfrentar múltiples desafíos -en las calles, con las armas y en las urnas-, algunos de ellos realmente serios, y si finalmente el equilibrio pudo ser restablecido fue al precio de una fragmentación de la escena política que habría de crecer hacia comienzos de 1900.
El régimen conservador sobrevivió hasta 1916, cuando un partido opositor (la Unión Cívica Radical) se impuso en los comicios y logró acceder a la presidencia de la República, pero la dinámica contestataria que se había iniciado en 1890 continuó funcionando durante todos esos años y contribuyó, tanto como las divisiones y las pugnas internas, a fijar el pulso y el sentido de la transformación. |
«Aquí yace Sebastián de Ocampo, que Dios perdona» (Perfil biográfico de un mercader indiano †1514)/ «Here lies Sebastián de Ocampo, whom God forgives» (biographical profile of an «Indiano» merchant †1514)
El gallego Sebastián de Ocampo ha pasado a la historia como marino y explorador, sobre todo a raíz de su expedición para averiguar la insularidad de la isla de Cuba en 1506.
Se le reconoce también por su relación con Vasco Núñez de Balboa, quien lo nombró por apoderado en defensa de sus intereses ante la Corte.
El análisis de su testamento nos revela otras facetas, desconocidas hasta la fecha, de este curioso personaje de la época de la conquista de América: además de su círculo familiar más inmediato, sus vínculos con la isla de la Gomera, donde estuvo avecindado por algún tiempo, y su actuación en Santo Domingo, en donde transcurrieron sus últimos años, y en Sevilla, donde falleció, como cambista y mercader del comercio atlántico con socios y protectores convenientemente instalados en las altas esferas del poder.
PALABRAS CLAVE: Sebastián de Ocampo; Descubrimiento y conquista; Mercader; Comercio atlántico; Testamento.
Hace ya bastantes años Manuel Giménez Fernández daba noticias sobre el paradero del testamento de un interesante y desconocido personaje de la exploración y conquista del Nuevo Mundo: el gallego Sebastián de Ocampo.
Según el erudito historiador, descansaba en los fondos del Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, concretamente entre los polvorientos documentos que había expedido allá por 1514 un laborioso escribano público llamado Manuel Segura.
1 Quien sea aficionado a esta temprana época sabe bien que la desaparición de muchos testimonios de aquellos apasionantes años agiganta el valor de cualquier hallazgo y acrecienta su interés.
También se explica por ello la pasión que estimula a los detectives de la historia, siempre a la caza de una pista valiosa, de un dato escurridizo, o de cualquier respetable evidencia a sabiendas de que no existe una historia definitiva.
Pero, por increíble que parezca hasta la fecha, nadie, que sepamos, se ha preocupado de localizar el testamento de este curioso personaje y desentrañar su apasionante contenido.
En efecto, son muchos los claroscuros que envuelven su figura.
Ángel de Altolaguirre ya advirtió que Sebastián de Ocampo, pese a haber desempeñado un importante papel en las relaciones de Vasco Núñez de Balboa con la Corte, «ha pasado desapercibido a los historiadores», y tiene razón.
2 Si se repasa con atención su perfil histórico, puede concluirse que nuestro hombre es hoy conocido más por sus vínculos con otros famosos personajes de la historia del Nuevo Mundo que por sí mismo.
Se le recuerda por haber acompañado al gran Almirante Cristóbal Colón en su segundo viaje (1493).
También por sus relaciones con el descubridor del Pacífico, el extremeño Vasco Núñez de Balboa, con quien seguramente entabló una sincera amistad durante su estancia en Santo Domingo y luego en el 1 En referencia al citado testamento anota Giménez Fernández, 1969, en I, 284, lo siguiente: «Este documento... se halla en APS, oficio IV de Manuel Segura, lib. II, fol. 681 vto. y ha sido publicado en el Catálogo de los fondos americanos, tomo IV, núm. 391».
Sin embargo, una rápida ojeada a la obra indicada nos demuestra que lo único que se transcribe en ella es un breve extracto de tan sólo unas líneas, pero en modo alguno el interesantísimo documento en su totalidad.
El testamento de Ocampo se reproduce parcialmente en el riquísimo inventario de los fondos de protocolos notariales que nos legó Enrique Otte («Fondo Otte») y que he podido consultar gracias a las facilidades prestadas por el profesor Jaime Lacueva, al cual quiero dar las gracias en estas páginas.
No obstante, y para asegurarme de la veracidad de la información contenida, también he revisado el documento original (Archivo Histórico de Protocolos de Sevilla, en adelante AHPS, 2209) y contrastado rigurosamente su contenido, corrigiendo o añadiendo allí donde lo estimé necesario.
Es cierto: a Ocampo se le atribuye el honor de haber sido el primer europeo que en 1506 circunnavegó Cuba demostrando su insularidad, pero el mérito le fue arrebatado hace unos años por el historiador Juan Manzano, quien niega que él fuera el primero.
3 En las páginas siguientes trataremos de desvelar aspectos sumamente reveladores y desconocidos hasta la fecha sobre la figura de Sebastián de Ocampo, que él mismo se encargó de transmitirnos en su testamento, redactado en Sevilla en el verano de 1514, poco antes de su fallecimiento.
La rigidez de los escritos oficiales, el apego a los relatos excesivamente épicos y muchas veces contradictorios de los cronistas de Indias nunca podrán competir con el valor testimonial de una de las fuentes históricas más expresivas del hombre del Antiguo Régimen, como es el material testamentario.
Ya lo decíamos en otra ocasión: «La muerte, como reflejo, como síntesis de valores y de conductas, constituye una materia historiable de primer orden, tanto como lo es la vida».4
Sebastián de Ocampo o la fuerza del destino
Cuando Sebastián de Ocampo vino a este mundo en la humilde aldea de Tuy (Galicia), allá por la segunda mitad del siglo XV, nadie, ni siquiera su padre Pedro Hernández, habría podido imaginar las fabulosas aventuras que aguardaban a aquel niño.
La caprichosa rueda del destino iniciaba su andadura, pero también es cierto que los denodados esfuerzos de aquella pequeña criatura por hacerse un hueco en la vida, desde el mismo momento en que se convirtió en un mozalbete despierto y ambicioso, hicieron todo lo demás.
Sí, cualquiera podría pensar que el destino lo empujaba hacia nuevos horizontes, muy lejos del minúsculo terruño gallego que lo vio nacer.
Lo atraía con fuerza hacia ese «Mar Tenebroso» poblado de fantasmas y seres mitológicos en donde nadie osaba adentrarse y cuya antesala -las islas Canarias-estaban siendo anexionadas a la corona de Castilla por las huestes de grandes señores feudales.
Transcurridos algunos años, dos espacios atlánticos: Las Canarias y el Nuevo Mundo se convirtieron en el escenario natural de las aventuras de este joven gallego.
Si alguien le hubiera preguntado, él mismo confesaría que allí transcurrieron sus años más felices.
Por entonces, pensó sin duda, que agotaría sus últimos días cómodamente instalado en alguno de aquellos privilegiados enclaves de la balconada atlántica.
Pero una vez más el caprichoso destino impuso sus dictados: un tórrido mes de julio de 1514 la muerte le sorprendió muy lejos: en Sevilla, el gran centro de negocios del Nuevo Mundo, a donde, siendo ya un hombre maduro había acudido una vez más para despachar algunos asuntos de importancia.
¿Qué sabemos de su etapa española, tan desconocida hasta estos momentos?
Lo primero que llama la atención, tras una lectura detenida de su testamento, es la vinculación de nuestro personaje con las islas Canarias, en concreto con la Gomera, esa isla sujeta al señorío de los Peraza, de la que se dice que nunca fue conquistada.
Como tantos otros españoles que se sintieron atraídos por la aventura atlántica, Sebastián de Ocampo también participó en la conquista de las Canarias y luego se avecindó en la isla de la Gomera durante algunos años, antes de pasar a las Indias, y allí le acompañó la fortuna, pues amasó un importante patrimonio en fincas y haciendas de labor, instaladas todas ellas en un frondoso paraje conocido como «el Valle del Gran Rey».
Seguramente otros miembros de su familia le siguieron hasta las Canarias, desde luego lo hizo su primo Alonso de Ocampo, quien llegó a ser gobernador de la Gomera por varios años.
Hombre combativo y de espíritu inquieto, Sebastián de Ocampo permaneció en la isla el tiempo suficiente como para hacerse rico y disfrutar de amoríos fugaces que le reportaron varios hijos.
El primero de éstos surgió en el mismo ámbito familiar aunque desconocemos en qué grado de consaguinidad.
La dama en cuestión se llamaba María de Ocampo y era, como el mismo Sebastián, vecina de la Gomera.
Con ella tuvo a Gonzalo de Ocampo, su hijo natural, puesto que nunca legitimó esta unión.
Hubo otra mujer que debió significar mucho menos en la vida de nuestro personaje puesto que llegada la hora de su muerte no supo o no quiso recordar su nombre.
Sin embargo, tuvo un hijo de esta misteriosa dama con el que mantuvo relaciones más estrechas que con el anterior, pues incluso le acompañó a las Indias.
Se llamó Simón de Ocampo y por lo que sabemos en 1514 -año del fallecimiento de su padre-estaba avecindado en la isla de San Juan.
El último miembro de la prole de Sebastián fue la joven María de Ocampo, todavía en edad casadera a la muerte de su padre, fruto reconocido de los amoríos con una vecina de Tenerife, de nombre Margarida Marrana.
Alguien aseguró años más tarde que Sebastián de Ocampo era hidalgo y criado de la reina Isabel; dijo también que llegó a las Indias por primera vez en 1493, acompañando a Colón en su segundo viaje, y deberíamos confiar en este testimonio pues procede nada menos que del mismísimo Bartolomé de Las Casas.
5 El apasionado fraile dominico y cronista de excepción de aquellos desmesurados años ha sido objeto de numerosas críticas por su fanatismo y resentimientos personales, pero al margen de sus errores, más que comprensibles por la abundancia de datos y de personajes de los que hizo acopio en su extensa obra, estaba bien informado porque vivió una buena parte de su vida en las Indias y tuvo ocasión de conocer directamente a muchos actores de aquella apasionante historia.
¿Qué grado de amistad mantuvo con Sebastián de Ocampo?
Eso nunca lo sabremos, aunque es indudable que lo conocía bien ya que ambos -Las Casas y Ocampo-aunque no viajaron, como se ha dicho, en la misma flota, coincidieron en La Española y probablemente en Cuba el tiempo suficiente como para compartir largas y distendidas charlas.
6 Por entonces Sebastián de Ocampo se había instalado definitivamente en Santo Domingo, era respetado por sus vecinos, quienes lo consideraban «harto hombre de bien», y gozaba de una inmejorable situación económica.
Ya había vivido lo suficiente como para saber que en aquella complicada red de intereses y turbios manejos del comercio atlántico era necesario disponer de socios y amigos convenientemente instalados a uno y otro lado del océano, de cómplices silenciosos y protectores influyentes, si se pretendía medrar con rapidez.
En efecto, era un hombre acaudalado y para asegurar el éxito de sus operaciones aprendió a moverse como pez en el agua en las altas esferas del poder, ya fuera en la Corte o en la mismísima Casa de la Contratación de Sevilla, organismo rector del comercio indiano.
Y vaya si lo consiguió.
Por lo pronto se asoció en diferentes negocios con el ambicioso tesorero real de La Española Miguel de Pasamonte, incondicional amigo de Lope Conchillos y secretario personal del rey Fernando.
Disfrutaba también de la amistad de todas las personas importantes de la isla, comenzando por el propio gobernador Ovando, habiendo participado con muchas de ellas, incluso con Diego de Nicuesa, en numerosas actividades mercantiles.
También se había preocupado de estrechar lazos en la Corte con algunos de los personajes más influyentes de aquellos momentos, entre ellos Francisco de los Cobos, antiguo miembro de la corrompida camarilla fernandista y luego todopoderoso secretario personal del joven Carlos I, así como de un destacado funcionario de la Casa de la Contratación, el factor Pedro de Isásaga, por lo demás contino de la Casa real.
¿Nuestro influyente personaje arrastraba un oscuro pasado?
La historiografía tradicional ha sostenido por mucho tiempo que un tribunal español lo condenó a muerte en 1501 por un delito de homicidio y luego de avecindarse en Madrid le conmutó la pena en destierro perpetuo a las Indias.
Una injusta lacra de la que convendría limpiarlo ya para siempre.
Una vez más fue el historiador Giménez Fernández el primero en proporcionar la noticia, dando pie a la confusión.
Luego, por inercia, otros investigadores se hicieron eco de la misma, sin caer en la cuenta de que se trataba de dos personajes distintos, aunque con el mismo nombre.
En efecto, refiriéndose a los colonos que integraban la expedición de Nicolás de Ovando a las Indias (1502), anotaba el citado autor lo siguiente: nuestro Sebastián, era de origen gallego y que sepamos no guardaba ningún vínculo familiar con los Ocampo extremeños.
Por lo que se aprecia, dos hombres llamados Sebastián de Ocampo compartieron aventuras en un mismo escenario.
Consideramos que en adelante deberían deslindarse sus trayectorias personales, tanto como sus éxitos o fracasos, por una simple cuestión de fidelidad histórica.
Pero regresemos a nuestro relato.
Sebastián de Ocampo no aparentaba tacha legal alguna cuando el poderoso gobernador de la isla, Nicolás de Ovando, en un gesto de confianza, lo comisionó para circunnavegar Cuba con dos barcos y comprobar si era una isla.
Las Casas recordaba años después que:
Acordó también por este tiempo, que era el año de quinientos ocho, el comendador mayor, enviar a descubrir del todo a la isla de Cuba, porque hasta entonces no se sabía si era isla o tierra firme, ni hasta dónde su largura llegaba, y también ver si era tierra enjuta, porque se decía que lo más era lleno de anegadizos, ignorando lo que el Almirante, cuando la descubrió el año de noventa y cuatro, había visto en ella.
Por su parte Oviedo se mostraba más impreciso, aunque de sus palabras parece desprenderse que el viaje debió producirse en algún momento del año 1509 y no en 1508, como aseguraba el fraile dominico:
Poco tiempo antes que el comendador mayor de Alcántara, don frey Nicolás de Ovando, fuese removido de la gobernación de aquestas partes, envió con dos carabelas y gente a tentar si por vía de paz se podría poblar de cristianos la isla de Cuba, y para sentir lo que se debía proveer, si caso fuese que los indios se pusiesen en resistencia.
Y a esto envió por capitán a un hidalgo llamado Sebastián de Ocampo.
10 No debe sorprendernos este baile de cifras.
Las crónicas de aquellos tempranos años no siempre aciertan en sus informes; algunas se caracterizan por sus apasionados relatos y la mayoría están plagadas de errores que se han transmitido por generaciones.
Nada de esto ayuda a la labor pesquisidora del juicioso historiador.
Por fortuna el hallazgo de cualquier dato, por insignificante que este sea, puede arrojar luz allá donde hubo tinieblas.
Un sencillo apunte contable ha llevado al historiador Esteban Mira a la certeza no sólo de que la expedición de Ocampo debió de producirse en el verano de 1506, sino de que ésta tuvo escasa trascendencia, pues como ya observara Oviedo: «(Sebastián de Ocampo) fue a aquella isla e tomó tierra en ella, pero hizo poco».
11 Así lo confirmaba la correspondencia de años posteriores de la cual se deduce que todavía la isla de Cuba no había sido explorada por completo.
Aún más, se duda incluso de que el mérito pueda achacarse al hidalgo gallego, cuyas dotes como marino y explorador parecen apagarse, en vista de este fracaso, como un candil sin aceite.
Ya lo señaló el gran colombinista Juan Manzano en una magistral obra dedicada a los Pinzones: no fue Sebastián de Ocampo, como siempre se ha admitido, sino Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís quienes en 1508 circunnavegaron por primera vez la isla de Cuba.12 Aquella expedición a la isla de Cuba que Oviedo desmerece con la lapidaria frase de «hizo poco» le ha valido a Sebastián de Ocampo, ya para la posteridad, el reconocimiento de «gran marino y explorador».
Una injusticia histórica, sin duda.
Otro suceso, bien conocido, lo puso en contacto con Vasco Núñez de Balboa, el famoso descubridor del Pacífico, quien desde 1511 gobernaba la colonia de Santa María de la Antigua, en las tierras selváticas del Darién, por nombramiento del virrey Diego Colón.
Siempre quedará la duda de si Sebastián de Ocampo era ya amigo de Balboa en aquellos tiempos en que ambos residieron en la isla o simplemente venía predispuesto a su favor, ya fuera por intereses comunes o por una simple cuestión de empatía, cuando lo visitó por última vez en el asiento del Darién.
Pero lo que nadie podrá negar es que su llegada resultó providencial para Balboa.
13 A fines de 1512, respondiendo a la llamada desesperada de los hombres del asiento de Santa María, el virrey Colón enviaba desde Santo Domingo a los hambrientos colonos del Darién dos embarcaciones cargadas de alimentos y otros suministros que fueron recibidos con enorme júbilo.
Por entonces Balboa aseguraba que los hombres estaban «tan al cabo que si mucho tardara el remedio, cuando viniera no fuera menester porque no hallara qué remediar según el hambre nos ha tratado».
Los barcos viajaban a cuenta de su armador, que no era otro que Sebastián de Ocampo, quien seguía avecindado en La Española, y aunque estaba previsto que el viaje durase veinte días finalmente se demoró hasta cerca de dos meses, después de hacer escala en la isla de Cuba.
14 Ningún cronista del Darién nos ha explicado los verdaderos motivos por los que el gallego Ocampo decidió convertirse en amigo y confidente de Vasco Núñez durante su estancia en el Darién.
Y más aún teniendo en cuenta el crispado ambiente que se había instalado en la colonia.
Ciertamente a la llegada de Ocampo el modesto enclave español de Santa María de la Antigua no era precisamente un remanso de paz.
En ausencia del gobernador Alonso de Ojeda, que, enfermo, había viajado a Santo Domingo para nunca más regresar, dos bandos andaban enfrentados: el legitimista integrado por los partidarios del bachiller Martín Fernández de Enciso, lugarteniente de Ojeda, y el facineroso en el que militaban los amigos y adeptos de Vasco Núñez, que pugnaba abiertamente por hacerse con la jefatura.
Tras un golpe de mano magistral, Balboa logró finalmente que Enciso fuera capturado y enviado preso a España junto con su proceso de destitución, al mismo tiempo que se le confiscaban todos sus bienes.
En aquellos precisos momentos el ambicioso extremeño había triunfado sobre sus enemigos, y había conseguido erigirse como el caudillo indiscutible de la colonia, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer.
Ante todo Balboa, el protegido del virrey Colón, era consciente de la precariedad de su jefatura y de la necesidad de que el monarca aprobase su actuación con un cargo en propiedad.
15 ¿Cómo se interpretarían allá en la distante Corte castellana los métodos nada ortodoxos de los que se había valido para apartar del mando al alcalde mayor Enciso?
¿Y cómo se defendería éste en los círculos cortesanos en donde gozaba de amigos tan influyentes?
Balboa no erraba en sus temores.
16 Necesitaba ganarse el favor real y decidió recurrir a Sebastián de Ocampo quien providencialmente se disponía a viajar a España para atender sus asuntos.
Balboa lo nombró su apoderado en la corte con la misión de ensalzar sus méritos y contrarrestar los ataques de sus enemigos, al tiempo que le confiaba trescientos setenta pesos de oro de minas para el rey, complemento de una partida anterior de otros quinientos pesos entregada a los procuradores del Darién, Caicedo y Colmenares, cuando éstos zarparon para la metrópoli unos meses atrás, así como diversos productos indígenas y un esclavo indio, que seguramente ya hablaba algunas palabras en castellano, para que explicase los métodos utilizados por los nativos en los lavaderos auríferos de la Tierra Firme.
Sebastián de Ocampo recibió también varios escritos, entre ellos una larguísima carta redactada por el propio Vasco Núñez el 20 de enero de 1513 y que constituye uno de los escasos testimonios personales que ha llegado hasta nuestros días.
17 En ella Balboa comunicaba al monarca los últimos sucesos acaecidos en la colonia, ensalzaba sus propios méritos y denunciaba los de sus enemigos, en especial los de Ojeda y Nicuesa, efímeros gobernadores de Urabá y Veragua.
Pero Sebastián de Ocampo debía cumplir con otra misión: la de entrevistarse personalmente con el monarca, dándole a conocer «la verdad» de los últimos sucesos de la colonia, siempre, por supuesto, en beneficio del extremeño.
«Para que mejor sea vuestra Alteza informado de todo lo que acá pasa -escribe Balboa-envío a Sebastián de Campo, suplico a vuestra Alteza le dé entero crédito porque de mí va informado de toda la verdad y de todo lo que en esto se puede hacer en servicio de vuestra Alteza y lo que es menester para la tierra».
Una vez ultimados los asuntos más urgentes, el apoderado Ocampo abandonó el Darién dispuesto a cumplir con su misión, pero -como ya adelantamos-fue detenido en Cuba más tiempo del acordado y no arribó a La Española hasta febrero o marzo de 1513, siendo severamente amonestado por los oficiales de la isla, quienes le impusieron por su tardanza una multa de 800 castellanos de oro.
Cuando la muerte acecha: El legado testamentario de Sebastián de Ocampo y el encargo de Balboa
En la vida de cualquier ser humano no hay un acto más auténtico que cuando este se despide de la vida y de su círculo afectivo y familiar más cercano.
Como ser social, acude a un escribano para redactar su testamento, legalizando así, mediante escritura pública, su última voluntad en lo que a la transmisión de sus bienes o herencia respecta.
Atendiendo a sus profundas convicciones religiosas y a los dictados de la Iglesia católica, el hombre del Antiguo Régimen cumple, además, con un requisito inexcusable al preocuparse por la salvación de su alma.
Y es que «el testamento era concebido entonces como un ritual de salvación, obligado y casi sacramental, que garantizaba a los fieles mediante un acto público, escrito ad pías causas, la reconciliación eterna y el camino hacia la otra vida a cambio de una serie de legados piadosos.
En definitiva, parafraseando a Jacques Le Goff, el testamento no era otra cosa que "un pasaporte hacia el cielo"», 19 aunque para un mercader poderoso, como era Sebastián de Ocampo, representaba sobre todo la postrera ocasión de dejar sus asuntos materiales bien en orden, antes de abandonar definitivamente la tierra.
En el viaje de regreso Ocampo fondeó en el puerto de Jagua (actual Cienfuegos); allí quedó varado uno de sus barcos, que ya hacía agua, junto a cuatro hombres que quedaron custodiando varias vasijas de vino.
El gobernador Diego Velázquez conociendo su llegada lo hizo llamar a su presencia recibiéndolo con todos los honores.
El fraile Las Casas recoge este suceso.
Dice así: «Supo Diego Velázquez que había llegado un navío y con él ciertos españoles al puerto de Xagua...por lo cual envió una canoa bien esquifada de indios remadores con una carta que les decía que se viniesen a donde él estaba, quienquiera que fuesen.
Llegada la carta, holgóse mucho el capitán, que era Sebastián del Campo, que fue el que envió el comendador mayor a que bojase aquella isla el año de ocho, según que arriba...dijimos; holgáronse también los que con él venían.
Éste había cargado un navío, suyo o con otros en compañía, de vino y mantenimientos para vender a los que estaban en el Darién, y despachada su mercadería, tornábase para esta isla... y vínose (al puerto de Xagua) a donde Diego Velázquez estaba... el cual muy graciosamente recibiólo».
Citado por Mena, 2004, 13 Cuando por fin llegó a Sevilla en el verano de 1514, Sebastián de Ocampo no tuvo apenas ocasión de despachar los negocios que le traían a la capital hispalense.
Muy pronto cayó postrado en cama de una grave enfermedad que lo conduciría a la muerte.
Como solía hacer siempre que visitaba Sevilla, se alojó en la casa de su primo, el mercader Alonso de Noya, situada en el barrio de San Marcos; con él y su familia mantenía unas relaciones muy estrechas, casi de hermano.
Durante aquellos días Alonso se encontraba ausente, pero su esposa Inés Romes, hija de un próspero curtidor sevillano, y su hija Beatriz atendieron solícitas al enfermo procurándole toda clase de cuidados.
Sintiendo la llamada de la muerte, el 25 de junio Sebastián ordenó llamar al escribano Manuel Segura para dictarle su testamento, pero días más tarde recordó algunos asuntos de importancia que había dejado sin resolver y añadió nuevas cláusulas en sendos codicilos, 20 fechados en 26 de junio, el primero, y en 3 y 6 de julio los dos restantes.
Siempre había sido un amigo fiel y un hombre de palabra, por lo tanto no se olvidó de la promesa contraída con Vasco Núñez en el Darién, pero sabía que la vida se le escapaba sin darle tiempo para cumplir el encargo, y por eso decidió transferir los poderes que tenía del extremeño a su primo Alonso de Noya, junto a un todavía desconocido 21 Francisco de los Cobos, oficial del secretario real de las Indias Lope de Conchillos.
En las citadas escrituras, 22 fechadas también un lunes, 26 de junio, que se han conservado acompañando al testamento, Sebastián de Ocampo concedía a su primo por los gastos que generaran las negociaciones cuarenta ducados, así como una mula pardilla, «que yo tengo ensillada y enfrenada», con la severa advertencia de que le sería retirado el legado, si no cumplía con el encargo.
El formalismo legal era parte consustancial del carácter español, tanto o más que la religiosidad.
Por eso, cualquier asunto, por nimio que éste fuera, requería de complicadas formalidades jurídicas, siempre ante la presencia de un escribano público, que era el encargado de atestiguarlo.
En este caso alguien pensó que sería necesario contar con un escrito de los oficiales de la Casa de la Contratación ratificando el encargo.
Y así, un mes más tarde, puesto que Noya no había regresado aún a Sevilla, un vecino de esa ciudad amigo del finado, llamado Juan de Ledesma, 23 compareció ante los oficiales de la Casa de la Contratación Juan López de Recalde y Pedro de Isásaga solicitando que éstos otorgasen «un mandamiento compulsorio» para que el escribano Manuel Segura le diese traslado del «dicho poder sustituto y la dicha obligación que el dicho Sebastián de Ocampo otorgó al dicho Alonso de Noya».
Mandas piadosas y lugar de enterramiento
Lo primero que despierta nuestra atención cuando repasamos las escrituras testamentarias del gallego Ocampo es la ausencia de preámbulos y fórmulas piadosas invocando la protección divina, o aludiendo a dogmas religiosos, tan característicos y abundantes en otros testamentos del Antiguo Régimen.
En este caso no hay lugar para protocolos religiosos, pues se pasa -diriamos que abruptamente-de la intitulación, que encabeza el documento, a la declaración de los deudores y de las deudas pendientes, lo que dice mucho del orden de prioridades de este importante mercader.
Sebastián de Ocampo quiso ser enterrado en Sevilla, en la iglesia de San Sebastián, allá en el campo de Tablada, 24 y para ello dispuso con esa pasión de ultratumba, tan usual en esta época, todos los detalles de su sepultura y entierro.
Como poderoso hombre de negocios designó un lugar preferente en aquella iglesia: justo delante del altar mayor en una sepultura de bóveda, cubierta por una losa de mármol blanco, del tamaño de su estatura, ornada de la siguiente forma: «y se ponga en ella un letrero que 23 ¿Quién era este misterioso Juan de Ledesma?
Nos hubiera gustado despejar esta incógnita, pues nos habría permitido acercarnos aún más al círculo inmediato de Sebastián de Ocampo, pero en el documento en cuestión sólo se dice de él que era vecino de Sevilla.
¿Se trataba del mismo Juan de Ledesma, el maestre de «la Zabra», embarcación de la que era armador el mismo Nicuesa, que en 1509 viajó junto al flamante gobernador de Veragua desde Sevilla a Santo Domingo y luego de acompañarlo a la Tierra Firme regresó a la capital hispalense?
Véase Mena (en prensa) y también AGI, Patronato, 150, 4, 1 «Información de méritos y servicios de Diego Fernández o Hernández, vecino de Sevilla que pasó a la Tierra Firme en 1509 con Nicuesa».
Ha sido publicada por Medina, 1913, II, 351 diga: aquí yace Sebastián de Ocampo, que Dios perdona, y en medio de éste las armas de San Francisco, que sea un escudo con las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo, y a la redonda un cordón de San Francisco».
Y en señal de humildad, para este trascendental momento elige como mortaja una de las más preferidas en el mundo cristiano durante siglos: el hábito franciscano.
En el testamento de cualquier hombre de alcurnia no podía faltar la institución de una o varias capellanías: fundación religiosa mediante la cual se imponía la celebración de un cierto número de misas anuales por parte de un capellán, el cual solía ser elegido por el propio testador.
Como era de prever, Sebastián de Ocampo dispuso también en su testamento la fundación de una capellanía en la citada iglesia de San Sebastián, dotándola con la generosa suma de mil pesos de oro, al tiempo que nombraba como capellán perpetuo de la misma al clérigo Francisco Bernal, estableciendo un orden de sucesión en la capellanía, primero en Pedro Romes, (hijo de su buen amigo el curtidor Juan Romes) y luego en Francisco Guillén.
Al cuidado de la citada capellanía y como patronos perpetuos de la misma eligió al prior del monasterio de San Jerónimo de Buenavista y a los priostes del convento y hospital de San Sebastián.
El círculo familiar y afectivo de Sebastián de Ocampo
El testamento de Ocampo constituye una fuente inapreciable para descubrir los verdaderos afectos, los amigos más cercanos y el linaje familiar, tan desconocidos hasta ahora, a los que el finado transmite una buena parte de sus bienes patrimoniales.
Por supuesto son sus hijos naturales: Gonzalo, Simón y María a los que primero dedica su atención.
Se aprecia que apenas los conoce, que guarda con ellos una relación muy distante.
Acaso le han llegado noticias muy lejanas de cómo han crecido o a qué se dedican, pero no recuerda la edad de sus hijos, ni siquiera sabe si su padre Pedro Hernández, a quien deja como heredero universal de todos sus bienes, vive o ha fallecido ya.
Al mayor, Gonzalo de Ocampo, lega cien ducados, como al resto de sus hermanos, pero lo beneficia, además, con «una heredad de cañaverales y tierra de regadío que yo tengo en la dicha isla de la Gomera en el valle del Gran Rey».
A Simón, de madre para nosotros desconocida y el único que reside en las Indias, cien ducados de oro.
A su CARMEN MENA GARCÍA hija María, que vive en Tenerife, le concede la misma cantidad, pero en concepto de dote y con el requisito indispensable que case con un tal Diego de Arce.
Una vez recompensada su prole, Sebastián de Ocampo destina las restantes mandas a sus familiares más cercanos: en primer lugar se observa un trato muy especial con su primo, el gobernador de la Gomera Alonso de Ocampo, pues lo equipara en el caudal hereditario con el mayor de sus hijos, entregándole, además de los consabidos cien ducados, otra importante finca del Valle del Rey, que posee en la isla de la Gomera, llamada «El Prioral», situada justo enfrente de la que lega a su hijo Gonzalo, haciendo constar que «la cual dicha heredad yo hube en repartimiento de mi vecindad».
En uno de sus codicilos posteriores reforma esta manda al disponer que su primo el gobernador entregue dos mil maravedís del caudal hereditario a una cierta Isabel Pérez que seguramente debía residir en Las Canarias.
Otras mandas transmiten el afecto y agradecimiento sincero que Sebastián de Ocampo reconoce por la familia de su primo Alonso de Noya.
En especial por Inés Romes, esposa de éste y enfermera solícita en los últimos días de Sebastián.
A ella deja cinco mil maravedís, haciendo constar que desea recompensarla «por el mucho amor que le tengo y muchas honras y buenas obras que me ha hecho en mi enfermedad».
Y no contento con este legado le añade más adelante lo procedido de los beneficios de cierta operación comercial de exportación de cueros, aún no resuelta, a cargo de la sociedad formada por el mismo Ocampo y el curtidor Juan Romes, padre de la citada Isabel.
A la hija del matrimonio Noya, Beatriz, a la que conocía desde que era una niña, transformada ya en moza de edad casadera, lega veinticinco ducados, haciendo constar que es «para ayuda de su casamiento por el mucho amor que le tengo».
Y por último, a su primo Alonso de Noya, a quien nombra junto al factor de la Casa de la Contratación, Pedro de Isásaga, como albacea testamentario de todos sus bienes al tiempo que le obsequia con «una mi mula pardilla que yo tengo enfrenada y ensillada; la cual le mando graciosamente por el mucho amor que le tengo y muchas honras y buenas obras que de él he recibido».
Otras mandas de menor interés histórico están destinadas a recompensar los servicios prestados por algunos servidores de Ocampo, entre ellos un fiel esclavo, respecto al cual Ocampo manifiesta su voluntad de que en un futuro pueda ser liberado, o bien a obras caritativas: a ellos les entrega diversas prendas de vestir siguiendo una costumbre muy enraizada en la época.
Socios y redes comerciales.
Los negocios de un indiano
Ya lo decíamos más atrás: lo poco que se conoce de Sebastián de Ocampo ha llevado a los historiadores a ubicarlo en el lejano limbo de los primeros exploradores de la geografía americana, sobre todo a raíz de su expedición a la isla de Cuba de tan dudosos resultados, como ya vimos.
Sin embargo, en su testamento sevillano se dibuja una figura mucho más compleja y polifacética que la de un simple explorador.
Nos descubre sobre todo a un hacendado, que se dedica en Canarias al cultivo del azúcar,25 cuyo producto seguramente exporta a Santo Domingo para satisfacer la demanda de los colonos, mientras la isla transita con decisión desde la economía del oro a la del trapiche; a un desahogado representante del comercio atlántico, que goza de excelentes contactos en sus negocios, e incluso a un cambiador relacionado con operaciones crediticias en Sevilla y en las Indias.
Cambiador y mercader a un mismo tiempo: no debe sorprendernos.
En estos tempranos años resulta difícil discernir entre unos y otros, porque los hombres de la Carrera lo mismo actúan como banqueros que realizando importantes operaciones crediticias de índole mercantil que los convierten también en mercaderes de pleno derecho.
26 Aquí, en la capital hispalense, se beneficia de su amistad con el factor de la Casa de la Contratación, el vasco Pedro de Isásaga, 27 a quien -recordemos-nombra incluso albacea de todos sus bienes, y seguramente se relaciona en cuestiones de negocio.
Al menos en una ocasión, que sepamos, presta al «hacedor» de la Casa treinta ducados de oro mediante la correspondiente carta de pago o albalá.
El de Isásaga no constituye, desde luego, un caso excepcional: resulta sobradamente conocido que los funcionarios de la Contratación se implicaron abiertamente en la Carrera de las Indias como agentes y armadores y que esta práctica estuvo muy extendida durante los primeros años de la vida de la institución, hasta 1522 en que fue prohibida.
28 En Santo Domingo, a donde traslada su vecindad en los años de madurez, conocía a todos los personajes más importantes de la isla, habiendo participado con muchos de ellos, incluso con el efímero gobernador de Veragua, Diego de Nicuesa, de tan desgraciado final,29 en operaciones crediticias.
De ello quedó constancia en su testamento.
En efecto en una de sus cláusulas Sebastián de Ocampo asume una deuda de 30 castellanos de oro, cantidad que había anticipado en nombre de Diego de Nicuesa a un tal Antonio Italiano, probablemente cuando aquel preparaba su expedición a la Tierra Firme:
A (Antonio) Italiano, difunto que Dios haya, treinta castellanos de oro, los cuales me obligué a dar y pagar por Diego de Nicuesa, capitán que fue de Tierra Firme; por ende, mando que si los herederos del dicho Antonio Italiano, u otra cualquier persona por ellos, no hubiere cobrado los dichos treinta castellanos del dicho Diego de Nicuesa o de sus bienes y constare haber hecho contra él y contra sus bienes todas las diligencias que el derecho requiere, que en tal caso, si las hubieren hecho, le paguen de mis bienes... y doy recurso a mis herederos para los cobrar de cualesquier bienes que del dicho Diego de Nicuesa hayan quedado.
Allí en La Española también se protege las espaldas estrechando lazos mercantiles con uno de los funcionarios más influyentes de aquellos años.
En efecto, disfruta de una compañía comercial nada menos que con el poderoso funcionario aragonés Miguel de Pasamonte, incondicional amigo del secretario real Lope de Conchillos, quien desde su llegada a La Española en 1509 como tesorero del rey maneja a su antojo el gobierno de la isla, apoyado en una amplia e influyente camarilla.
30 Así lo declara en uno de los párrafos de su codicilo, en el que hace constar que el objeto de la citada sociedad, que tiene por factor a Francisco de Cisneros, no era otro que «la provisión a la Tierra Firme».
¿Era esa la razón que lo lleva a viajar al Darién en 1512, poniéndolo en contacto con Balboa?
Confieso por decir verdad a Dios y al mundo y guarda y salvación de mi ánima que yo tengo en compañía de Miguel de Pasamonte, tesorero de su Alteza, y de sus hacedores del rey y de los oficiales de Su Alteza que están en las dichas Indias cierta compañía de la provisión que hicimos a Tierra Firme de la cual es factor Francisco de Cisneros, y me resta debiendo de la dicha compañía cien castellanos, los cuales son de lo procedido y principal de la dicha mercadería, los cuales cien castellanos han de cobrar de todos los que en ello tuvieron parte que son los sobredichos.
Además del factor Isásaga y del tesorero Pasamonte, nuestro mercader gallego se sirve en Sevilla para sus negocios de una sólida red de apoyos, gestada casi toda ella en el reducido marco de su círculo familiar.
En primer lugar, de un hombre de toda su confianza y muy querido: su primo, el mercader Alonso de Noya, a quien confía en su testamento la administración de su legado y dedica una de sus mandas: A Alonso de Noya, mi primo y mi albacea... por el mucho amor que le tengo y muchas honras y buenas obras que de él he recibido.
Al tiempo que pone en orden los asuntos pendientes entre ambos: por un lado, le reclama la deuda pendiente de cincuenta ducados de oro y, por otro, los gastos generados en su servicio: en primer lugar, 1.000 maravedís «que gastó por mí en ciertas cosas, y más le debo otros dos ducados que también dice que gastó por mi: mando que le sean pagados y remítolo a lo que él declarare que le debo que le sea pagado...
Y asimismo, mando que todos los maravedís que Alonso de Noya, mi primo y mi albacea, declarare en su conciencia y juramento que sobre ello haga que yo le debo, según él lo diere por su cuenta con el dicho juramento, que todo le sea pagado de mis bienes».
Otro de los factores de Ocampo en la capital hispalense también guarda parentesco con su primo: es el curtidor Juan Romes, por más señas suegro de Alonso de Noya, ya que -recordemos-éste estaba casado con una hija del curtidor, llamada Isabel Romes.
Con aquél comparte una compañía comercial dedicada al negocio de los cueros, seguramente para traficar con América, con una base patrimonial de 300 ducados de oro, cuyos beneficios reclama ahora en su testamento como legado de sus herederos:
Y confieso... que Juan Romes, curtidor, vecino de esta ciudad de Sevilla, en la collación de San Llorente, me debe trescientos ducados de oro que en mi testamento ten-CARMEN MENA GARCÍA go declarados que Juan de Oñate por mi mandado le prestó, y que estos dichos trescientos ducados de oro confieso que fueron para que el dicho Juan Romes los comprase de cueros, los cuales tiene comprados para que en compañías le comprase y vendiese, y que la ganancia que en ello hubiese, la partiésemos de por medio, que él hubiere la mitad y yo la otra mitad.
Mientras Ocampo se debate entre la vida y la muerte, el curtidor Juan Romes y su hija Isabel atienden solícitos a Sebastián de Ocampo.
En ausencia de su primo Alonso de Noya, en cuya casa se aloja, le procuran toda clase de cuidados, seguramente buscan al mejor galeno de Sevilla y los mejores remedios para el enfermo, todo lo cual genera una serie de gastos que Sebastián se ve obligado a reconocer: Y mando que por cuanto Juan Romes, curtidor, vecino de esta ciudad de Sevilla, ha gastado en mi enfermedad alguna contía de maravedís por mi mando que todo lo que él declare en su conciencia que hubiere gastado, le sea descontado, recibido en cuenta de una deuda que me debe de trescientos ducados, que en mi testamento tengo declarados.
Un interesante personaje suscita especialmente nuestra atención.
Se trata del platero Juan de Oñate, un artífice de reconocida reputación en la capital sevillana, cuya actividad polifacética en la Carrera de Indias, bien ajena a su profesión artística, no nos resulta desconocida.
31 Los Oñate conformaban una prolífica saga de plateros, originarios, seguramente, de la localidad navarra del mismo nombre, pero muy activos por Castilla y Sevilla a lo largo del siglo XVI.
Desde la capital hispalense, donde se establecieron desde fines del siglo XV y donde fundaron una importante compañía mercantil en 1516 con vistas al comercio ultramarino, los plateros Juan, Martín y Pedro de Oñate, que pertenecían a una misma familia, desarrollaron una intensa actividad en la Carrera de Indias, especialmente Juan que participó activamente en diversos negocios (mercader y socio comanditario, comprador de oro, fiador de mercancías y pasajeros, acreedor de pilotos y maestres de naos, prestamista, etc.), sin moverse de Sevilla en donde residía entre 1497 y 1526, aunque fue Pedro el único que pasó a América en diversas ocasiones.
No sabemos en qué preciso momento Sebastián de Ocampo entró en contacto con el emprendedor artista Juan de Oñate.
Seguramente supo de sus lucrativas actividades a través del factor de la Casa de la Contratación Pedro de Isásaga, pues con esta institución el platero mantenía vínculos muy estrechos.
Está documentado que entre 1511 y 1514 Oñate, que ostenta el cargo de platero de la catedral de Sevilla, se concierta al menos en tres ocasiones con los oficiales de la Contratación para comprar todo el oro que venía de las Indias para las arcas reales, pagándolo según el precio previamente estipulado en el contrato y que es depositario de gruesas cantidades que otros mercaderes le confían para asuntos mercantiles y bancarios diversos.
Uno de sus agentes es nuestro mercader Sebastián de Ocampo con quien Juan de Oñate se vincula en calidad de apoderado-prestamista en negocios bancarios. y declaro, por decir verdad a Dios y al mundo y guardar salud de mi ánima, que el dicho Juan de Oñate los dio (600 ducados) a las dichas personas prestados por mi mandado y que de ellos tiene en su poder el dicho Juan de Oñate cédulas y albaláes, de cada uno de la contía que recibió.
En estos tempranos años, en ausencia de una red bancaria debidamente organizada, el capital comercial privado fluye por los vericuetos más insospechados.
Ocampo confiesa en su testamento que tiene depositados en manos del platero Oñate 600 ducados de oro para operaciones crediticias.
32 Reconoce a sus deudores: los citados Juan Romes, Pedro de Isásaga y Alonso de Noya, además de un vecino de Alanís, llamado Juan de León y encomienda a su apoderado Oñate el cobro de los diferentes créditos, así como de las deudas pendientes en las Indias o en cualquier otro lugar, que servirán para hacer frente tanto a la dotación de mil ducados con los que ha dotado a su capellanía, como a satisfacer el legado de sus herederos y los cuarenta ducados por los gastos generados en la negociación de los intereses de Balboa, que Ocampo encomienda en trance de muerte a su primo Alonso.
Desgraciadamente el legado testamentario de Sebastián de Ocampo omite con frecuencia el volumen concreto en cifras de las deudas pendientes de cobro, así como los beneficios de las operaciones mercantiles citadas, lo que nos impide ponderar con exactitud el nivel de la fortuna de nuestro personaje.
A ello se añade otro factor de complejidad: las diferentes unidades monetarias empleadas por el testador y sus particulares equivalencias: castellanos, ducados y pesos de oro.
33 Pero, por lo que se aprecia, no cabe la menor duda de que el mercader Ocampo disfrutaba de una situación económica más que boyante.
En efecto, un cálculo aproximado de las cantidades adeudadas a su favor, superior a los mil ducados, frente a las insignificantes deudas pendientes de saldar por Ocampo, así como las rentas de sus dos sociedades mercantiles y el valor de sus haciendas en la isla de la Gomera arrojan un saldo favorable que no desmerece al de otros acomodados comerciantes indianos.
Ello permitirá a este indiano enriquecido -llegada la hora de su muerte-invertir parte del capital acumulado en esta vida con la fundación -recordemos-de una capellanía de misas por su eterno descanso de mil ducados de oro, con la seguridad de que con este acto seguía acumulando beneficios para el más allá.
32 Por lo que sabemos era ésta una práctica habitual del platero sevillano.
Ma Carmen Heredia, 1996, 563, nos informa cómo en 1514 Juan de Oñate figura ya como socio del cambiador sevillano Francisco Morilla para operaciones bancarias.
Dos años más tarde consta por una carta de pago que el platero ha recibido en depósito 600 ducados de oro del mercader vizcaíno Pedro de Vergara, cantidad que le reintegra diez años más tarde.
33 Al peso de 450 maravedís se le llamó castellano, 5 castellanos de a 450 maravedís= 6 ducados de 375 maravedís, pero Sebastián de Ocampo advierte que maneja un valor diferente de 400 maravedís el peso: «seiscientos ducados de oro, los cuales son de los seiscientos pesos de oro míos que yo le dejé en su poder en guarda, razonados cada peso a cuatrocientos maravedís».
«AQUÍ YACE SEBASTIÁN DE OCAMPO, QUE DIOS PERDONA» 34 «el cual tenía un hermano en las Indias que se llamaba Serrano».
Yo Sebastián Docampo, hijo de Piero Hernández de Tuy, natural de la ciudad de Tuy, estante que ahora estoy en esta ciudad de Sevilla, enfermo del cuerpo e sano de la [...] voluntad e en mi seso e acuerdo e entendimiento e en muy buena e cumplida memoria, tal cual Dios, nuestro señor quiso e tuvo por bien de me la querer dar, e creyendo firme e verdaderamente en la Santísima Trinidad comprendida Padre e Hijo e Espíritu Santo, tres personas e un solo Dios verdadero, bien así como todo fiel e verdadero cristiano debe tener e creer, e yo así lo creo e tengo, e temiéndome de la muerte, que es cosa natural, de la cual persona del mundo no puede escapar e codiciando e habiendo voluntad de poner la [...]
Dios, nuestro señor, [...] haya misericordia e piedad de ella e la quiera redimir e salvar e llevar a su santo reino celestial donde glorifique e alabe su divina majestad.
Por ende, otorgo e conozco que hago e ordeno este dicho mi testamento e las mandas e cláusulas en él contenidas de mis bienes en que hago y ordeno, así en hecho de mi cuerpo como de mi ánima, por mi ánima salvar e mis herederos pacificar acerca de las deudas que yo debo, digo y declaro por descargo de mi conciencia que son las siguientes: a Italiano, difunto que Dios haya, treinta castellanos de oro, los cuales me obligué a dar y pagar por Diego de Nicuesa, capitán que fue de Tierra Firme; por ende, mando que si los herederos del dicho Antonio Italiano, u otra cualquier persona por ellos, no hubiere cobrado los dichos treinta castellanos del dicho Diego de Nicuesa o de sus bienes y constare haber hecho contra él y contra sus bienes todas las diligencias que el derecho requiere, que en tal caso, si las hubieren hecho, le paguen de mis bienes [693r.]... (faltan varios reglones en cabeza del folio) y doy recurso a mis herederos para los cobrar de de cualesquier bienes que del dicho Diego de Nicuesa hayan quedado.
Y asi-mismo confieso que debo a Fernando de Mesa, vecino de la Buenaventura, cuatro pesos de oro por una albalá mío; mando que se los paguen y declare que él me tiene en prenda de ellos un caballo morcillo ensillado: mando que lo cobren de él, si el dicho caballo estuviere vivo y si no, cobren los aparejos de él y le paguen la dicha deuda.
Item, confieso que debo a Diego de Morales el diezmo de miel y quinientos montones de yuca y de quinientos montones de cares (¿cazabes?), y más le debo dos camisas de Ahetí (Haití), a veinte reales cada una, y unos zapatos en siete reales y cuatro pesos de oro que me dio por él Diego González: mando que se lo paguen todo.
Item, digo y declaro por descargo de mi conciencia y por decir verdad a Dios y al mundo y guardar salud de mi ánima que yo vendí un esclavo a Alvarado, vecino de Santo Domingo, que es en las dichas Indias, el cual se llama García, que es natural de Macao, que ahora tiene un criado del alcalde Rodrigo de Alburquerque, el cual ahorró el comendador mayor, gobernador que era en la isla Española.
Y yo, por descargo de mi conciencia, digo y mando que lo compren porque esta es mi voluntad de lo dejar libre, el cual yo vendí por treinta pesos de oro, éstos mando que den por él, y si costare más, que el dicho esclavo los pague y sirva por ellos.
Y estas son las deudas que yo confieso que me deben: primeramente me debe el bachiller Moreno cien castellanos de oro de cierta hacienda que le vendí en ciento y ochenta pesos de oro y de resto de ella me quedó a deber los ciento; y mando que porque traen pleito en la dicha isla, en mi nombre, sobre ellos, que si por averiguación diere cincuenta pesos que los reciban y de los otros cincuenta [692 v.] cobren de quien me lo deba.
Y estas son las mandas que yo mando: primeramente mando mi ánima a Dios e a Santa María e a todos los santos e santas de la corte del cielo, que sean intercesores a mi redentor Jesucristo por mi ánima que la quiera perdonar.
E cuando el finamiento de mi acaeciere, mando que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia e casa del señor San Sebastián, que es fuera y cerca de esta ciudad de Sevilla en el campo de Tablada, y que mi sepultura sea delante del altar mayor de la dicha iglesia, y que hagan una sepultura de bóveda y encima de ella me pongan una piedra blanca de mármol, de mi estatura, y se ponga en ella un letrero que diga: aquí yace Sebastián de Ocampo, que Dios perdona, y en medio de éste las armas de San Francisco, que sea un escudo con las cinco plagas (sic) de nuestro redentor Jesucristo, y a la redonda un cordón de San Francisco; y mando que me entierren en el hábito del señor San Francisco...y mando a la obra de San Marcos de esta ciudad de Sevilla por honra de los sacramentos que de la dicha iglesia he recibido y espero recibir [692] doscientos maravedís, e mando a la Santa Cruzada, un real de plata, e mando a las órdenes de la Santa trinidad e de Santa María de la Merced de esta ciudad para ayuda a la redención de los cristianos que están cautivos en tierras de moros enemigos de nuestra santa fe católica, a cada una orden un real de plata, e mando a la obra de Santa María de [...]
Sevilla por ganar los perdones que en ella son, otro real de plata.
E mando que para mi enterramiento se busquen treinta clérigos togados que acompañen mi cuerpo e en todos me digan misa el día de mi entierro en la dicha iglesia de San Sebastián.
E además de las misas que ellos dijeren, mando que digan el dicho día de mi enterramiento, estando mi cuerpo presente, una misa de réquiem cantada, e en todas las dichas misas sean ofrendadas con su ofrenda de pan e vino e cera [...] cumplieren.
E mando que les den a los dichos clérigos, así por decir las dichas misas como por acompañar mi cuerpo, toda la limosna que se acostumbra dar.
E mando asimismo que acompañe mi cuerpo la cofradía de la Misericordia nueva de esta ciudad, que le den dos castellanos de oro.
E mando que después del dicho día de mi enterramiento me hagan los nueve días y cabo de año y estos me los hagan en la dicha iglesia de San Marcos en tres días primeros siguientes después del día de mi enterramiento e que en cada uno de ellos me digan tres misas rezadas y en fin de ellos me digan otras tantas misas e oficios como el día de mi enterramiento.
E que sean todas ofrendas de pan e vino e cera la que cumplieren e den por las dichas las limosnas acostumbradas.
E mando que de mis bienes se compren quinientos maravedís de tributo e censo perpetuo en cada un año para siempre jamás, los cuales dichos quinientos maravedís de dicho tributo e censo mando que se den a la dicha iglesia e casa de San Sebastián donde mi cuerpo ha de ser sepultado para que de dicho tributo me hagan decir los priostes e cofrades de la dicha cofradía de San Sebastián que ahora son o fueren de aquí en adelante para siempre jamás una fiesta de Nuestra Señora de su santa Concepción e que se diga solemnemente un día en la tarde sus vísperas cantadas e otro día siguiente su misa cantada con diácono e sus diáconos e presbítero de la dicha iglesia, e salgan con su responso e agua bendita sobre mi sepultura.
[Al margen: Fundación de capellanía] E por esta manda de mi testamento, instituyo e mando que se me diga e ante una capellanía perpetua [...] para siempre jamás en la dicha iglesia y casa de San Sebastián, donde mi cuerpo fuese sepultado, en la cual mando que me digan en cada un mes perpetuamente veinte misas rezadas, dentro en la dicha iglesia por mi ánima e de mis difuntos e antecesores, e en fin de cada misa, el capellán que la dijere salga con su responso rezado sobre mi sepultura.
E doto e mando para la dicha capellanía porque muy bien se pueda decir e cantar e quede memoria perpetua en la dicha iglesia para siempre jamás de esta dicha institución, que yo en ella fundo, mil ducados de oro, que montan trescientos setenta y cinco mil maravedís, [691r.] de los cuales mando que se compren tributos e posesiones e renta perpetua para siempre jamás la que ellos bastaren e que sea segura e bien parada e en buenas posesiones e que la renta e tributos que de los dichos mil ducados se compraren, como dicho es, mando que se distribuyan e gasten en la dicha mi capellanía e en pro e utilidad de la dicha iglesia en esta manera: primeramente, que de la dicha renta se de e pague [...] para siempre jamás al capellán que dijere e cantare la dicha mi capellanía, catorce mil maravedís, los cuales el dicho capellán haya e cobre de las personas que se compraren los dichos tributos para su pro-veimiento e alimentos, a los plazos e según e de la manera que fueren obligados a los pagar, porque con ellos él se pueda mejor proveer e sustentar e rogar a Dios por mi ánima, e de lo restante que sobrare de la dicha renta, mando que se dé a un patrón que yo señalare en esta mi dicha capellanía mil maravedís en cada un año para siempre jamás por el cargo que él y sus descendientes han de tener en [...] las posesiones dotadas a la dicha capellanía e tributos que así se compraren, como dicho es, e en ver si se dice e canta de la forma e manera que yo la dejo dotada e mandada, como dicho es, e para que compela a los que dejo el cargo de ello que lo hagan e cumplan, e de lo restante que sobrare mando que se compren luego dos casullas, la una de damasco blanco con sus cenefas de carmesí e con todo lo a ella necesario de la misma manera para que con ellas se me digan las dichas fiestas de nuestra Señora perpetuamente e todas las otras fiestas solemnes e principales que en cada un año se dijeren... (manda comprar, además, un cáliz de plata con su patena y otros ornamentos) para la casa e iglesia de San Sebastián, a fin de aumentar sus bienes... y para que la dicha casa se pueda aumentar e edificar todo lo que en ella falta para se acabar.
E nombro por mi capellán perpetuo de la dicha mi capellanía, para que la diga y cante todos los días de su vida, al bachiller Francisco Bernal, clérigo presbítero, vecino de esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa María, que ahora reside en compañía de Polo de Grimaldo, canónigo de la santa iglesia catedral de Sevilla.
Y mando que después de los días de la vida del dicho bachiller Francisco Bernal, suceda en la dicha mi capellanía y sea mi capellán perpetuo en ella todos los días de su vida Pedro Romes, hijo de Juan Romes, curtidor, vecino de esta ciudad de Sevilla en la collación de San Lorenzo, y después de los días de su vida del dicho Pedro Romes mando que suceda en la dicha capellanía y sea mi [690 v.] capellán perpetuo en ella Francisco Guillén, presbítero, capellán y beneficiado de la dicha iglesia de San Marcos y vecino de esta dicha ciudad en la dicha collación de San Marcos...y después de los días de las vidas de los dichos mis tres capellanes que yo así dejo nombrados sucesivamente, como dicho es, que los dichos mis patrones que yo dejo nombrados y señalados en este dicho mi testamento que de yuso serán declarados, juntamente y de una conformidad, nombren capellán perpetuo a la dicha mi capellanía para que la diga y cante todos los días de su vida.
[690r.] [instrucción a los patronos de la capellanía]...
Y mando que los dichos mil ducados de oro, que yo dejo dotados para la dicha mi capellanía, como dicho es, que aquellos se cumplan y den y paguen de esta manera: que de ellos de y pague Juan de Oñate, platero, vecino de esta ciudad de Sevilla, seiscientos ducados de oro, los cuales son de los seiscientos pesos de oro míos que yo le dejé en su poder en guarda, razonados cada peso a cuatrocientos maravedís, e lo que sobran de los dichos seiscientos pesos de oro, sacados los dichos seiscientos pesos de oro que yo di a Juan de Oñate, se han dado prestados de ellos, por mi mandado, a Juan Romes, vecino de esta dicha ciudad de Sevilla en la colla-ción de San Lorenzo, trescientos ducados de oro; y a Pedro de Isásaga, hacedor de la Casa de la Contratación de las Indias de esta ciudad, treinta ducados de oro; y a Alonso de Noya, mi primo, vecino de esta ciudad, cincuenta ducados de oro; y a Juan de León dieciocho ducados de oro, de los cuales el dicho Juan de Oñate tiene en su poder ciertas prendas de oro del dicho Juan de León, las cuales dichas cuantías de ducados digo y declaro, por decir verdad a Dios y al mundo y guardar salud de mi ánima, que el dicho Juan de Oñate los dio a las dichas personas prestados por mi mandado y que de ellos tiene en su poder el dicho Juan de Oñate cédulas y albaláes, de cada uno de la contía que recibió; y mando que todas las dichas contías declaradas [689 r.] que el dicho Juan de Oñate dio por mi mandado a las dichas personas, como dicho es, las haya y cobre él todas a las dichas personas y de cada uno de ellos, y los recoja y retenga en sí todas para que sean enterados los dichos seiscientos ducados de oro; y para los cobrar, yo le doy poder cumplido bastante, según que de derecho en tal caso se requiere, e mando que sobre los dichos seiscientos ducados de oro que así el dicho Juan de Oñate ha de dar para la dicha mi capellanía, habiendo cobrado lo que así deben los sobredichos, mando que toda la demasía, a cumplimiento de los dichos mil ducados de oro, se cumplan de las dichas deudas que yo confieso que me deben en las dichas Indias de lo primero e mejor parado que de ellos cobrare de manera que entera y cumplidamente se pueda hacer cumplir la dicha mi capellanía de la manera que declarado tengo en este mi dicho testamento.
E mando que luego, sin dilación alguna, se comiencen a solicitar las cosas tocantes a la dicha mi capellanía...
Y por esta carta de mi testamento nombro por mis patronos perpetuos de la dicha mi capellanía al reverendo padre prior [688 v.] [roto...] del monasterio de San Jerónimo de Buenavista, que es fuera y cerca de esta ciudad de Sevilla [roto...] para siempre jamás; y asimismo a los priostes que son o fueren [roto...] en la dicha casa y hospital de San Sebastián [688 r.]
Y mando a Gonzalo de Ocampo, mi hijo natural, e hijo de María de Ocampo, vecina de la isla de la Gomera, cien castellanos de oro y una heredad de cañaverales y tierra de regadío que yo tengo en la dicha isla de la Gomera en el valle del Gran Rey, la cual dicha heredad yo hube de Alonso Prieto, mando que los dichos cien castellanos de oro le sean pagados de las deudas que me deben en las Indias en el dicho mi hijo susodicho, e que él pueda disponer todo lo que quisiere como por cada cosa suya.
E mando que luego le sea todo dado y entregado a la dicha María de Ocampo, su madre, si él estuviere en poder de ella, para que todo lo tenga en su poder hasta que él sea de edad para lo tener y administrar todo, y si él fuere de edad para ello, se lo den a él...
Y mando asimismo a Simón de Ocampo, mi hijo natural, que ahora está en la isla de San Juan, que es en las Indias del mar océano, otros cien castellanos de oro y que estos se los den asimismo de las deudas que me deben en las dichas Indias.
Y mando a Alonso de Ocampo, mi primo, gobernador de la isla de la Gomera, otra heredad que yo tengo en la dicha isla, que se llama El Prioral, y que es en el mismo valle del Gran Rey, enfrente de la otra heredad que yo mando al dicho Gonzalo de Ocampo, mi hijo; la cual dicha heredad yo hube en repartimiento de mi vecindad; y asimismo le mando otros cien castellanos de oro al dicho Alonso de Ocampo, mi primo, por el mucho amor que le tengo e por los muchos cargos en que le soy [...], los cuales dichos mil castellanos mando que se le den e paguen de las dichas deudas de las dichas Indias.
E mando a Ana García, vecina de esta ciudad en la collación de Santa María, en la Cestería, hija de Diego Sánchez, veinticinco castellanos de oro por cargo en que le soy, los cuales mando que le sean pagados de las dichas deudas de las Indias.
E mando a Beatriz, hija de Alonso de Noya, mi primo, otros veinticinco castellanos de oro para ayuda a su casamiento por el mucho amor que le tengo.
Y mando a María de Ocampo, mi hija e hija de Margarida Marrana, vecina de la villa de Tenerife, cien castellanos de oro que le sean pagados de mis deudas de las dichas Indias, los cuales le mando por el mucho amor que le tengo, e que les sean dados con cargo y condición que ella se case con Diego de Arce, porque esta es mi voluntad.
Y pagado y cumplido este dicho mi testamento... todo lo al que fin-care... mando que los haya y herede todos el dicho Pedro Fernández de Tuy, mi padre, al cual yo dejo y establezco por mi legítimo y universal heredero en todo el remanente de los dichos mis bienes.
Y si él no fuere vivo, mando que sean mis herederos universales en todo el remanente de todos los dichos mis bienes y derechos y acciones los dichos Gonzalo de Ocampo y Simón de Ocampo, mis hijos, y Alonso de Ocampo, mi primo, a los cuales dejo y nombro por mis herederos universales en todo el remanente de los dichos mis bienes, igualmente, tanto al uno como al otro, y que hayan la dicha herencia demás y allende de las mandas que a cada uno de ellos tengo hechas, como dicho es.
[687] Y que la dicha María de Ocampo, mi hija, no tenga más de los dichos cien castellanos de oro que le mando, como dichos es.
Y siendo vivo el dicho Pedro Fernández de Tuy, mi padre, al que yo dejo por mi heredero, como dicho es, le ruego y encargo que todos mis bienes que él de mi hubiere y heredare los tenga y goce de dichos mis bienes que así de mí hubiere y heredare los deje a los dichos Gonzalo de Ocampo y Simón de Ocampo, mis hijos, y Alonso de Ocampo, mi primo, para que los hayan y los hereden todos igualmente, como dicho es, tanto el uno como el otro, y así se lo encargo y ruego que lo deje mandado y yo así mando que se cumpla porque todos los dichos mis bienes yo los he ganado por mi persona e industria y trabajo por mar y por tierra...
Y para pagar y cumplir este dicho mi testamen-to... hago ende mis albaceas para que lo paguen y cumplan... a los dichos Pedro de Isasaga, vecino de esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa María, dentro de la Casa de la Contratación, factor que es de la dicha Casa de la Contratación, y Alonso de Noya, mi primo, vecino de esta ciudad de Sevilla, en la collación de San Marcos...
Y mando a cada uno de mis albaceas por el trabajo que han de tomar en cumplir mi ánima, a cada uno de ellos diez pesos de oro y más diez arrobas de azúcar blanco de las dichas mis heredades que yo tengo en la dicha isla de la Gomera... [fol. 686 v.]
Y por esta carta de mi testamento revoco y anulo...
Fecha la carta de testamento en Sevilla estando en las casas de la morada del dicho Alonso de Noya, que son en esta ciudad de Sevilla en la collación de San Marcos, domingo, 25 días del mes de junio, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1514 años...
Y porque no pudo firmar, firmolo por él los testigos que fueron presentes: Pedro Fernández e Cristóbal Díaz e Alonso Guerrero, escribanos de Sevilla.
En el nombre del muy alto... yo Sebastián de Ocampo... ratificando y aprobando la carta de testamento... y queriendo añadir algunas cosas cumplideras a descargo de mi ánima y conciencia, por ende, otorgo y conozco que hago y otorgo este mi codicilo en el cual primeramente confieso por decir verdad a Dios y al mundo y guarda y salvación de mi ánima que yo tengo en compañía de [685v.]
Miguel de Pasamonte, tesorero de su Alteza y de sus hacedores del rey y de los oficiales de Su Alteza que están en las dichas Indias cierta compañía de la provisión que hicimos a Tierra Firme de la cual es factor Francisco de Cisneros, y me resta debiendo de la dicha compañía cien castellanos los cuales son de lo procedido y principal de la dicha mercadería, los cuales cien castellanos han de cobrar de todos los que en ello tuvieron parte que son los sobredichos.
Y asimismo, confieso por decir verdad que tengo en poder de Juan de León, vecino de Alanís, veinte arrobas de vino que yo compré en la dicha villa, a ochenta y cinco maravedís la arroba, y me tiene él en su poder el dicho vino.
Y confieso que me debe Juan de Llanes, vecino de Sevilla, nueve ducados de oro de un caballo que le vendí de los cuales tiene hecho un contrato público de deudo ante Bernardo de Ulloa, escribano público de Sevilla.
Y mando al dicho Alonso de Ocampo, mi primo, dé a Isabel Pérez, hija de Esteban Pérez, dos mil maravedís y que estos sean de cien castellanos y de una heredad que yo le mando al dicho mi primo Alonso de Ocampo, según en mi testamento se contiene, y que los dichos dos mil castellanos se los dé por cargos en que el dicho Alonso de Ocampo le es, e yo así se lo encargo.
E confieso... que Juan Romes, curtidor, vecino de esta ciudad de Sevilla, en la collación de San Llorente, me debe trescientos ducados de oro que en mi testamento tengo declarados que Juan de Oñate por mi mandado le prestó, y que estos dichos trescientos ducados de oro confieso que fueron para que el dicho Juan Romes los comprase de cueros, los cuales tiene comprados para que en compa ñías e comprase y vendiese, y que la ganancia que en ello hubiese, la partiésemos de por medio, que él hubiere la mitad y yo la otra mitad; por ende, mando que toda la parte de la dicha ganancia que yo en ello había de haber y me había de dar de mi parte, que la haya y se la de a Inés Romes, hija del dicho Juan Romes, mujer del dicho Alonso de Noya, mi primo, los cuales yo le mando por muchos cargos que de ella tengo y buenas [685r.] obras que de ella he recibido.
Y confieso que debo a Alonso de Noya mil maravedís que gastó por mí en ciertas cosas, y más le debo otros dos ducados que también dice que gastó por mí: mando que le sean pagados y remítolo a lo que él declarare que le debo que le sea pagado.
Y confieso que me deben en la isla de Cuba, que es en las Indias del mar océano, dos vecinos de ahí, el uno que se llama Ordaz y el otro su compañero con él de mancomún, cuarenta castellanos de oro por una obligación que me otorgaron ante (en blanco) de Espinosa, escribano público de la dicha isla de Cuba, puede haber quince meses, poco más o menos; y porque yo les mandé con un amigo carta mensajera que diesen y pagasen los dichos cuarenta castellanos a Francisco de Córdoba, vecino de Alanís, mando que si no se les hubiesen dado y pagado al dicho Francisco de Córdoba que el dicho Francisco de Córdoba los haya y cobre para sí.
Y confieso que me debe Juan Romero, vecino de Capillas, tierra de la Serena, difunto que Dios haya, ochenta y dos pesos de oro por una obligación y porque el dicho Juan Romero es difunto y yo no tengo certidumbre de la hacienda que dejó, si era suya o no, mando que esto vieren: quedando de él bienes de que buenamente se puedan cobrar los dichos pesos de oro de sus herederos o de otra culquier persona que su hacienda tuviere, mando que se cobren, y si no hubiese dejado hacienda para ello de que buenamente se hayan de cobrar, yo les hago gracia y limosna y suelta de todo ello por amor de Dios; y que todo lo al en el dicho mi testamento contenido ratifico y apruebo...
Fecha la carta de codicilo en Sevilla estando en las casas de la morada del dicho Alonso de Noya, lunes, 26 días del mes de junio, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1514 años.
CODICILO: En el nombre del muy alto... yo Sebastián de Ocampo... ratificando y aprobando la carta de testamento... y asimismo la carta de codicilo... y queriendo... añadir y acrecentar algunas cosas cumplideras a descargo de mi conciencia, por ende, otorgo y conozco que hago y ordeno esta mi carta de codicilo en la cual confieso y declaro que me debe Bernardino de Texada, hijo de (blanco) Colchero, vecino de la ciudad de Toledo, el cual tenía un hermano en las Indias [684r.] que se llamaba Serrano, veintiséis mil maravedís que pagué por él a Fernando de la Isla, y más me debe diez castellanos de oro que pagué por él como su fiador a Andrés de Haro y tengo de él escritura de gasto la cual tiene en su poder Diego de Torres, fiador de Bernardino de la Isla, que está en las Indias del mar océano, o en poder de Alonso de Ocampo, mi primo: mando que sean cobradas de él; y mando que todas las deudas que me deben en las dichas Indias todas las personas que tengo declaradas en el dicho mi testamento y codicilo se cobren y vengan todas a la Casa de la Contratación, que todo lo que así se cobrare y hubiere, como dicho es, de las dichas deudas lo haya y cobre todo Juan de Oñate, platero, vecino de esta dicha ciudad de Sevilla, en la collación de Santa María, y que teniéndolo él todo en su poder lo que así se hubiere cobrado y cobrare que sea tenido y obligado de dar toda la cantidad de maravedís que fuesen menester para cumplir y pagar el dicho mi testamento y codicilo... y todo lo que restare en su poder, cumplido he dicho mi tes-CARMEN MENA GARCÍA Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 535-568.
Y asimismo, mando que todas las otras deudas que a mí se me deben fuera de las dichas Indias en cualesquier partes y lugares, que todas vengan a poder del dicho Juan de Oñate y que él las haya y reciba y cobre y tenga en su poder para acudir con todo ello al dicho mi padre...
Y para todo ello yo le doy poder cumpli-do...
Y mando que por cuanto Juan Romes, curtidor, vecino de esta ciudad de Sevilla, ha gastado en mi enfermedad alguna contía de maravedís por mi [683v.] mando que todo lo que él declare en su conciencia que hubiere gastado, le sea descontado, recibido en cuenta de una deuda que me debe de trescientos ducados, que en mi testamento tengo declarados.
Y asimismo, mando que todos los maravedís que Alonso de Noya, mi primo y mi albacea, declarare en su conciencia y juramento que sobre ello haga que yo le debo, según él lo diere por su cuenta con el dicho juramento, que todo le sea pagado de mis bienes; y en todo lo al en los dichos mi testamento y codicilos contenido lo ratifico y apruebo...
Fecha la carta de codicilo en Sevilla estando en las casas de la morada del dicho Alonso de Noya, que son en esta dicha ciudad de Sevilla, en la collación de San Marcos, lunes, 3 días del mes de julio, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1514 años.
CODICILO: En el nombre del muy alto... yo Sebastián de Ocam -po... ratificando y aprobando... la carta de testamento... y asimismo dos codicilos que hice...
(682 vto.) y queriendo... añadir y acrecentar algunas cosas cumplideras a descargo de mi ánima y conciencia; por ende, otorgo y conozco que hago y ordeno este mi codicilo en el cual mando a Alonso de Noya, mi primo y mi albacea, una mi mula pardilla que yo tengo enfrenada y ensillada; la cual le mando graciosamente por el mucho amor que le tengo y muchas honras y buenas obras que de él he recibido.
Y mando a Inés Romes, mujer del dicho Alonso de Noya, cinco mil maravedís por el mucho amor que le tengo y muchas honras y buenas obras que me ha hecho en mi enfermedad.
Y mando a Beatriz de Gallegos, mujer pobre, por amor a Dios y por servicios que me ha hecho, una saya nueva de paño de [...]
Y mando a Juana García, moza que me sirve, un mantillo de florete nuevo por amor de Dios y por servicios que me ha hecho.
Y por esta carta de mi codi cilo hago gracia y suelta a Juan de Llamas, vecino de esta ciudad de Sevilla, de un castellano de oro, de los nueve ducados de oro que confieso que él me debe, de un caballo que le vendí, la cual gracia le hago porque es hombre necesitado...
Y mando que toda la ropa de mi vestir la den a Francisco Guillén, clérigo, mi confesor, beneficiado de la iglesia de San Marcos, para que él la distribuya en los pobres que él quisiere que lo hayan menester porque rueguen a Dios por mi ánima.
Y mando que cuando mi señor fuere servido de me llamar de esta presente vida que mi cuerpo se lleve a enterrar por la ciudad y no por el campo porque los que me vieren rueguen a Dios por mi ánima...
Y en todo lo al en el dicho mi testamento y codicilos contenido ratifico y apruebo...
Fecha la carta de codicilo en Sevilla, estando en las casas de la morada del dicho Alonso de Noya, que son en esta dicha ciudad, en la collación de San Marcos, jueves, 6 días del mes de julio, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1514 años.
Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo Sebastián de Ocampo, estante que soy en esta ciudad de Sevilla, en nombre y en voz de Vasco Núñez de Balboa, capitán que fue de su Alteza en Tierra Firme y por virtud del poder que de él digo que tengo, el cual me otorgó ante cierto escribano público de Tierra Firme, el cual dicho poder ahora está en poder del señor Lope Conchillos, secretario de su Alteza, el cual dicho poder es para ciertas cosas en él contenidas que yo traje por comisión suya para negociar con su Alteza, otorgo y conozco que sustituyo... a Alonso de Noya, mercader, vecino de esta ciudad de Sevilla en la collación de San Marcos y a (blanco) Cobos, oficial del dicho señor secretario Lope Conchillos, ambos a dos juntamente y a cada uno de ellos por sí in solidum...
Fecha la carta en Sevilla, estando en las casas de la morada del dicho Alonso de Noya, que son en esta son en esta dicha ciudad, en la collación de San Marcos, lunes, 26 de junio de 1514 años.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Sebastián de Ocampo, estante que soy en esta ciudad de Sevilla, otorgo y conozco a vos Alonso de Noya, mi primo, vecino que sois de esta ciudad de Sevilla en la collación de San Marcos, que estáis ausente... que por cuanto yo tenía cierto poder de Vasco Núñez de Balboa, capitán que fue de su Alteza en Tierra Firme, que me dio y otorgó para solicitar en su nombre con su Alteza ciertas cosas; el cual dicho poder yo dejé en poder de Lope Conchillos, secretario de su Alteza, y yo en nombre del dicho Vasco Núñez os sustituí en el dicho poder a vos y a (blanco) Cobos, oficial del dicho señor secre-tario...
[680v.]... por ende, yo otorgo y prometo y me obligo de os dar para vuestras costas y expensas que en la dicha negociación habéis de poner, según que en un memorial e instrucción que os daré para lo susodicho se contendrá, una mula pardilla que yo tengo ensillada y enfrenada y más cuarenta ducados de oro para que la dicha mula y los cuarenta ducados de oro lo hayáis todo vos el dicho Alonso de Noya para vos como cosa propia vuestra por razón del dicho vuestro trabajo y costas; los cuales dichos cuarenta ducados de oro yo quiero y he por bien y mando a Juan de Oñate, platero, vecino de esta ciudad de Sevilla, os de y pague luego como vos el dicho Alonso de Noya viniéreis a esta ciudad de Sevilla y que os los dé para la dicha negociación, y que los dichos ducados de oro sean los que a él les sobren en su poder, sacados los seiscientos ducados que yo tengo dejados y mandados para una capellanía que tengo dotada y mandada en mi testamento que hice y otorgué ante Manuel de Segura, escribano público de Sevilla, y así dándoos los dichos cuarenta ducados de oro, como dicho es, mando que le sean recibidos en cuenta al dicho Juan de Oñate de los pesos de oro que en su poder tiene míos.
Y mando y quiero que no se entienda perjudicar, ni estorbar en cosa alguna la data de los dichos cuarenta ducados de oro que el dicho Juan de Oñate os ha de dar, como dicho es, o decir que vos el dicho Alonso de Noya me debéis cincuenta ducados de oro, que en mi testamento tengo declarados, porque aquellos los ha de cobrar el dicho Juan de Oñate de vos el dicho Alonso de Noya al tiempo que los habéis de pagar para cumplir lo que yo tengo declarado en mi testamento; y que así recibidos los dichos cuarenta ducados de oro y la dicha mula, seáis obligado vos el dicho Alonso de Noya a ir a hacer luego la dicha negociación delante de su Alteza y de poner en ella toda la diligencia [680v.] que convenga.
Y si no quisiéreis vos el dicho Alonso de Noya aceptar de ir a hacer lo susodicho, quiero que no os sean dados, ni pagados los dichos cuarenta ducados de oro ni la dicha mula.
Y otorgo y me obligo de tener y cumplir todo lo aquí contenido... so pena de cincuenta mil maravedís... da poder a jueces...
Fecha la carta en Sevilla, estando en las casas de la morada del dicho Alonso de Noya, lunes, veinte [679v.] y seis días del mes de junio, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1514 años.
Y porque no pudo firmar con su flaqueza y enfermedad... |
Cortés, Hernán: Cartas y Memoriales, Edición, estudio y notas de M.a del Carmen Martínez Martínez, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo /Universidad de León, León, 2003, 450 págs., cronología, bibliografía, índice documental, 8 láms., índice onomástico y toponímico.
Este libro se incluye dentro de la Colección "Humanistas Españoles", editada por la Universidad de León, que ya ha publicado las obras de autores tan destacados como Cipriano de la Huerga, Benito Arias Montano y Pedro de Valencia.
Después de las Relaciones de Indias sobre Perú (vol. 6) y México (vol. 11), recopiladas por el último de ellos, la temática americanista aparece de nuevo en esta colección con la publicación aquí reseñada, que ocupa el número 26.
Cartas y Memoriales ha sido realizado por M.a del Carmen Martínez Martínez, Profesora Titular de Historia de América de la Universidad de Valladolid, especializada en la documentación americanista de los archivos de esa ciudad y provincia, que ha reunido un conjunto de fuentes sobre el famoso conquistador de México poco conocidas hasta ahora, al ser sólo parcialmente publicadas algunas de ellas, y en su mayoría inéditas.
Como ella señala, el libro rellena el vacío de correspondencia privada de carácter judicial -como demandante y como demandado-sobre Hernán Cortés, en la que tienen también un papel destacado los aspectos humanos referidos a la familia, junto a la lealtad al emperador, el interés cortesiano por promover nuevas empresas y, desde luego, su continua defensa frente a las acusaciones y denuncias y especialmente de sus posesiones y privilegios, amenazados por el juicio de residencia y las propias decisiones reales de quitarle jurisdicción, como ocurrió con su cargo de capitán general o con la prohibición de su entrada en la ciudad de México.
Es el hombre fuerte, orgulloso, y a la defensiva, el que protagoniza estas cartas y memoriales.
Pero no se trata únicamente de la publicación de unos documentos transcritos, la cual hay que valorar en si misma por su dedicación y conocimientos paleográficos -véase los "Criterios de edición" en páginas 93-98-sino que la editora ha realizado un estudio introductorio (págs. 15-98) que enriquece el entorno de Cortés en España con nuevas investigaciones.
Los apartados de ese estudio, por tanto, resultan esclarecedores para los que investigan la época de la conquista y el comienzo de la colonización española en México a través de sus protagonistas, ya que en estos textos aparecen nombres muy destacados -los oficiales reales Rodrigo de Albornoz, Gonzalo de Salazar y Peralmíndez Chirinos, los conquistadores Fernández de Sosa, Juan Altamirano, Luís de Castilla, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Nuño de Guzmán, también presidente de la Primera Audiencia de México, entre otros-como tema de las cartas y memoriales y, por supuesto, entre los receptores de ellos en la metrópoli, encabezados por el propio Carlos I..
Esos destinatarios son personalidades de primera fila, entre ellos el secretario real Francisco de los Cobos, del que se publica únicamente una carta de interesante contenido, fechada en 5-6 de agosto de 1531 (número 41, págs. 221-226), aunque hay testimonios de que hubo más correspon-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS AEA, 62, 2, julio-diciembre, 2005, 311-360.
ISSN: 0210-5810 dencia entre ambos; en ella Cortés lamenta el que haya caído en desgracia ante ese poderoso personaje, al que envió dinero y regalos en su etapa de ascenso al poder.
También aparecen varios miembros del Consejo de Indias (Rodrigo de la Corte) y del Consejo Real (doctores Lorenzo Galíndez de Carvajal, Corral, Guevara y Bernal, licenciados Acuña, Santiago y Girón), nobles como el duque de Béjar (número 40, págs. 219-220), y otros cargos eclesiásticos como el obispo de Ciudad Rodrigo Gonzalo Maldonado, junto a secretarios y letrados.
La familia del conquistador residente en España tiene una presencia importante en esta correspondencia.
La encabeza su padre, Martín Cortés, que en dos cartas de 1520 y 1526 (números 1 y 3, págs.101-107 y 110-117) recibe poderes para solicitar al rey mercedes de cargos públicos, pueblos de indios y también realizar la compra de materiales varios, animales domésticos y simientes de morera, ante el interés cortesiano por fomentar la obtención de seda en aquellas tierras americanas.
Pero el principal receptor de esta correspondencia es, sin duda alguna, su primo, el licenciado Francisco Núñez, hermano de Pedro y Alonso de Paz, participantes en la conquista de México, al que escribió un total de 47 de ellas de forma directa, a las que se suman algunas más a través de otras personas.
M.a del Carmen Martínez, en las páginas correspondientes a estos dos familiares receptores (31-46), enriquece las biografías de ambos, con lo cual cubre parte de la propia historia de vida de Hernán Cortés hasta ahora sin rellenar.
Francisco Núñez se convirtió en el procurador de Cortés por excelencia ante la corte de emperador y, en unos años llenos de actividad y problemas para el conquistador, las continuas cartas y especialmente los que la editora denomina memoriales (1527, 1530 y 1531) dirigidos a este pariente, resultan básicos para reconstruir los intereses y la actividad cortesiana en esa curva cronológica que llega a su máximo punto en 1529, al recibir el marquesado del Valle de Oaxaca con pueblos y vasallos, y luego decae cuando pasa a ser un obstáculo para las nuevas propuestas políticas de la Corona en tierras mexicanas.
Lógicamente, una relación epistolar tan continua y estrecha pasó por momentos difíciles, llegando ambos primos a acabar enfrentados ante los tribunales.
Por tanto, y como conocedora y reseñante de obras referidas a Hernán Cortés -entre ellas la que sigo considerando más valiosa, firmada por José Luís Martínez y publicada en México-Madrid por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México en 1990 (véa-se mi reseña en Historiografía y Bibliografía Americanistas, XLIX, 2, Sevilla, 1990, págs. 252-253)-, considero que este libro pasa a incluirse en la lista bibliográfica de consulta obligada para profundizar en la historia de México hasta la desaparición de esta conquistador.-M.a JUSTINA SARABIA VIEJO.
Numerosos observadores de la política latinoamericana, como Levitsky, Novaro y Palermo, sugerían hacia finales de la década de 1990 el inicio de una etapa de política post-crisis.
El diagnóstico se fundaba en el "éxito" de las políticas de estabilización de precios y el final del ciclo de las denominadas "reformas estructurales" que abría las puertas a otras "de segunda generación" o institucionales.
Se esperaba que el período de "estabilización" diera paso a una nueva etapa "posinflacionaria" presidida por una agenda interna más orientada a resolver problemas sociales y mejorar la "calidad institucional".
Pero a comienzos del milenio, la vulnerabilidad financiera se agudizó, disminuyeron las capacidades fiscales de los estados, sobrevino la recesión económica y el descontento social.
Durante el período 1998-2003 buena parte de las democracias de la región se confrontaron con crisis financieras y económicas y un difundido malestar ciudadano con la representación política.
Sin embargo, la naturaleza y el impacto de las crisis no ha sido el mismo en toda la región: mientras en algunos países la profundidad de las dificultades anuló de un modo tal los recursos de gobierno que se tradujo en la interrupción de mandatos presidenciales (p. ej. Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Paraguay) en otros el impacto fue atemperado y pudo ser gestionado de un modo relativamente satisfactorio por los gobiernos (p. ej. Brasil, Uruguay).
La compilación de Flavia Fiorucci y Marcus Klein The Argentine crisis at the turn of the millennium: Causes, consequences and explanations, reúne una serie de contribuciones que abordan la crisis de 2001 en Argentina.
La edición del libro es auspiciosa: la apuesta por la selección de una diversidad de perspectivas de análisis de la crisis asume la complejidad de los acontecimientos que se pretende explicar.
Es muy difícil -como advierte Klein en el capitulo introductorio-y probablemente indeseable HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS abarcar todas las cuestiones en una sola publicación.
La lectura del libro revela -una vez más-que no hay un abordaje privilegiado que agote las explicaciones de las crisis.
La contribución del historiador Luis Alberto Romero que abre el volumen colectivo -The Argentine crisis: a look at the twentieth century-nos ofrece un relato sintético y apasionado del desenvolvimiento histórico del estado y la sociedad argentina a lo largo del siglo XX.
No podemos comprender la crisis de 2001 sin observar y revisar detenidamente los acontecimientos que nos trajeron a ella, pareciera decirnos el autor.
Romero organiza su mirada al siglo XX en dos grandes etapas impregnadas de claroscuros.
Primero nos enseña lo que denomina la argentina vital, pujante y conflictiva, a través de los diferentes papeles que cumplió el estado como creador de la nación.
Y luego, ofrece un relato de su decadencia.
La generación de distintos patrones de crecimiento económico y desarrollo social a partir de 1880 inaugura la etapa sanguínea, de vitalidad estatal: la conquista y distribución de tierras de grandes dimensiones, la emisión de moneda poco ortodoxa, el desarrollo de una sistema educativo de excelencia, desde 1916 la creación de instituciones de regulación de la economía, y a partir de 1945 la generación de mecanismos de redistribución social.
Es en el plano de la representación política donde se adivina -en el argumento de Romero-uno de las tensión históricas de la Argentina que estallan con la crisis: el principio democrático de soberanía popular e igualdad ha sido más débil que el de los intereses organizados que confrontaban y negociaban de un modo "colusivo, normalmente corrupto" (p.
Esto se expresó en la vocación hegemónica impulsada por los liderazgos que animaron la vida política del siglo XX -Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón-que erigieron formaciones políticas por encima de la institucionalidad constitucional: los partidos se autoconcebían como la encarnación de los intereses de nación.
Romero señala el proceso de instalación de las FFAA en el centro de la vida política -como depositarias y garantes de los supremos valores de la nación-a la vez como síntoma y reforzamiento de la debilidad de las instituciones para procesar los conflictos políticos.
El "proceso de reorganización nacional" iniciado en 1976 es, para Romero, el comienzo de "la Argentina de la decadencia" (p.30) que culminará en la crisis económica, política y social de 2001.
La forma republicana recuperada en 1983 esta atravesada por una paradoja: cuenta con actores capaces de fortalecer las instituciones de la competencia política mediante elecciones limpias abiertas y regulares pero no puede recomponerse del legado económico de la dictadura cuyas políticas la habrían condenado a una dependencia extrema del capital financiero, un estado profundamente endeudado, un sistema productivo en ruinas y altos niveles de desempleo (p.30).
La apuesta de Romero por una síntesis histórica capaz de poner en perspectiva la crisis de 2001 abre paso a estudios menos abarcadores y con una pretensión de exploración exhaustiva.
El artículo de Lucas Llach "A depression in perspective: the economics and the political economy of argentina ́s crisis or the millennium" pone a prueba las explicaciones económicas que procuraron dar cuenta de la crisis económica que involucró "la mayor caída del PIB que sufrió una economía capitalista en tiempos de paz al menos desde la segunda guerra mundial" (p.40).
Llach evalúa y sopesa cinco variables independientes que se utilizaron para explicar la crisis durante la década de 1990 y concluye que ninguna puede explicar en si misma su profundidad.
Un primer contraste con Romero lo constituye la ponderación de la capacidad explicativa del conjunto de las políticas neoliberales.
Llach muestra que no hay evidencias para afirmar que la recesión tan profunda tenga como causa la desregulación, las privatizaciones o la apertura comercial.
En cuanto a la explicación basada en la vulnerabilidad a los shocks externos, Llach admite que justificaría una recesión económica pero es insuficiente para explicar una caída del PIB de 40 meses consecutivos.
El tercer elemento que suele mencionarse como causa de la crisis es la apreciación cambiaria que incentivaba la fijación del tipo de cambio.
Sobre esta hipótesis Llach señala que el sistema de convertibilidad funcionó adecuadamente incentivando un alto crecimiento mientras los precios internos bajaban, la productividad aumentaba y los precios de las exportaciones se mantenían en niveles altos.
El problema, explica Llach de un modo convincente, no es tanto la apreciación cambiaria como la amplificación de las fluctuaciones derivadas de la rigidez del tipo de cambio fijado que se expresaban en un aumento mayor de la tasa de interés en tiempos de expectativas económicas menos favorables.
La dolarización de los contratos financieros y la deuda pública había vuelto muy vulnerable el sistema de convertibilidad: en un contexto desfavorable las expectativas de devaluación alimentarían las profecías autocumplidas de una corrida bancaria y una suspensión de pagos de la deuda.
En cuarto lugar, Llach muestra las debilidades de la explicación que sostiene que fueron altos deficits públicos insostenibles en el largo plazo que indujeron un alza de las tasas de interés (Mussa, 2002) los que produjeron la crisis: has-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS AEA, 62, 2, julio-diciembre, 2005, 311-360.
Finalmente, una última explicación de la crisis se atribuyó a un cambio súbito a partir de 1998 de las expectativas de los actores que se habían moldeado en percepciones de bienestar elevadas inauguradas por el proceso de reforma económica durante la década de los noventa.
Sin embargo, Llach relativiza esta hipótesis en tanto no puede afirmarse que las percepciones eran tanto más grandes que en otras economías.
La conclusión de Llach es que en tanto la mayoría de los elementos mencionados estaban presentes también en otros países estos no pueden explicar por si mismos la profundidad de la recesión en argentina.
El carácter distintivo que explicaría la naturaleza destructiva de la crisis es la combinación de estos elementos presentes en otros países (apertura a flujos de inversión extranjeros, déficit fiscal, etc.) con el tipo de cambio fijo.
Ahora bien, ¿por qué, entonces, el gobierno argentino no abandonó la convertibilidad?
Llach lo atribuye a una lógica perversa del currency board: en tiempos buenos nadie cuestiona un régimen responsable del crecimiento y la estabilidad de precios -y cuando se especuló modificarlo los mercados reaccionaban violentamente con una corrida bancaria-; en tiempos desfavorables, la salida de la convertibilidad solía percibirse como una capitulación a las presiones de mercado y su abandono amenazaba con provocar una crisis financiera y bancaria masiva.
La variable cambiaria es también uno de los elementos explicativos que presenta Laura Gómez Mera para dar cuenta del declive del MERCO-SUR -luego de la devaluación brasileña de 1998-y la superviviencia del bloque regional luego de la crisis argentina de 2001.
En Explaining MER-COSUR ́s survival after the argentine crisis, Gómez Mera atribuye la crisis del MERCOSUR a dos factores: 1) el deterioro de las condiciones macroeconómicas y financieras a nivel internacional, y 2) la incompatibilidad de la política cambiaria a partir de 1999 (flotación en Brasil y fijación en Argentina).
Su efecto combinado impactó negativamente en los niveles de intercambio comercial y de inversión y generó problemas de política económica doméstica que amenazaron la sustentabilidad política del proceso de integración.
Esto último se explica por las demandas de protección causadas por la expectativa de un incremento de importaciones que podría dañar intereses domésticos, que induce un espiral conflictivo de reversión proteccionista.
El endeudamiento en dólares de buena parte de los grupos económicos afectados en Argentina orientaba las demandas hacia compensaciones arancelarias y fiscales que minaban las sustentabilidad del MER-COSUR y de la propia política económica.
Esto a su vez erosionaba el margen de maniobra del gobierno argentino que, atenazado entre las demandas sectoriales y los constreñimientos regionales, carecía de herramientas a su alcance.
Este cuadro negativo cambia radicalmente con las modificaciones económicas introducidas en Argentina durante la gestión de la crisis y los recambios de gobierno pos-crisis en ambos países.
La superación de la incompatibilidad cambiaria luego de la devaluación argentina de comienzos de 2002, el cambio en el escenario internacional -marcado por el unilateralismo norteamericano y la disminución de flujos financieros hacia mercados emergentes-, y la convergencia ideológica y estratégica de los nuevos presidentes argentino (Néstor Kirchner) y brasileño (Lula da Silva), son los tres elementos que en distinto grado parecieran contribuir, según Gómez Mera, a un fortalecimiento progresivo del bloque regional.
Las contribuciones politológicas del libro están a cargo de Mariana Llanos y Sebastián Saiegh cuyos trabajos se interrogan por los cambios y continuidades en el sistema de partidos, y por las razones del éxito y fracaso de la iniciativa presidencial en la arena legislativa respectivamente.
El planteamiento de Llanos en From De la Rua to Kirchner: The beginning of a new political cycle in democratic Argentina está guiado por dos interrogantes de partida: ¿por qué el clima político emergente en 2003 que pareciera abrir un nuevo ciclo político en la política argentina no estuvo encabezado por un colapso del sistema de partidos como la crisis del 2001 parecía anticipar?
Y aún más importante ¿Por qué y de qué modo fue conducida por uno de los dos partidos tradicionales?
El argumento desarrollado por Llanos muestra que la explicación de la renovada vitalidad del peronismo luego de la crisis y la postergación del radicalismo a un nivel distrital debe buscarse en sus fuerzas relativas para ganar elecciones, gobernar y responder de manera satisfactoria a situaciones críticas.
El contraste entre los dos partidos tradicionales muestra que la eficacia electoral del PJ se funda en la fortaleza de los lazos con su base social tradicional y su capacidad para ampliarse.
Mientras que la base social de la UCR estuvo tradicionalmente asociada a estratos medios y medios-altos que suelen ser más críticos e independientes.
Otro elemento que destaca Llanos es la mejor performance del PJ asociada a la influencia mayoritaria y partidista de las reglas electorales, sobre todo en las provin-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS AEA, 62, 2, julio-diciembre, 2005, 311-360.
ISSN: 0210-5810 cias menos pobladas, cuyo efecto también pareciera haber contribuido a desafiar la consolidación de partidos nuevos.
La elección de representantes para el Senado -una combinación de mayoritarismo y paridad -suele traducir regularmente una cámara controlada por el PJ.
En el caso de la Cámara de Diputados ésta reproduce la fragmentación (por la aplicación del sistema proporcional) pero las provincias de menor población suelen tener una lógica mayoritaria.
En consecuencia los presidentes de la UCR en general han gobernado con el PJ como mayoría en ambas cámaras creando serios problemas de gobernabilidad.
Adicionalmente, Llanos destaca -en contraste con la institucionalización y rigidez de la UCR-la flexibilidad de la estructura interna PJ y la jerarquización fluida que parecieran explicar su capacidad para transformarse en un partido catch all y realizar giros programáticos manteniendo un apoyo electoral muy significativo.
Estas ventajas comparativas le permitieron al peronismo conservar un poder institucional clave para gestionar la sucesión posterior a la caída de De la Rua.
En cuanto a la evolución presente y futura de la política argentina el trabajo de Llanos sostiene que el modo en que actuó el nuevo presidente Néstor Kirchner durante los primeros meses de su mandato -produciendo acciones dirigidas a una mayor transparencia de organismos cuestionados e interviniendo en las elecciones provinciales-reforzó su posición y pareciera augurar la moderación de las conductas oportunistas en el PJ desatadas durante el gobierno de emergencia de Eduardo Duhalde.
Esta presunción se apoya en tres elementos: 1) peronistas y gobernadores en particular tienden a respetar al líder nacional una vez que mostró habilidades para ejercer la autoridad, 2) los líderes peronistas no tienen incentivos para competir una vez que están en el gobierno y menos aún en ausencia de elecciones sobre la sucesión presidencial, y finalmente 3) los gobernadores necesitan de los fondos nacionales que el presidente tiene el poder de distribuir.
La relación entre la política nacional y provincial y la influencia de ésta última sobre el margen de maniobra del presidente es abordada en el capítulo escrito por Saiegh.
En The "sub-national"connection: legislative coalitions, cross-voting and policymaking in Argentina, Saiegh prueba que la fortaleza del vínculo de los legisladores nacionales con los jefes políticos provinciales es una fuente de incertidumbre para las iniciativas legislativas presidenciales.
El argumento se basa en el carácter opaco de las preferencias de los legisladores que induce mayores costos a la formación de coaliciones legislativas ganadoras desde el Ejecutivo.
Esto explicaría los problemas que tienen los presidentes en condiciones de fuerte limitación de recursos para evitar que sus proyectos de ley sean derrotados: el costo de las compensaciones necesarias puede ser mayor a las capacidades del gobierno.
Esta debilidad presidencial en la arena legislativa incentiva el uso de recursos alternativos -vetos y decretos-y, por lo tanto, aumenta la propensión al conflicto entre ejecutivo y legislativo.
La identificación de la "conexión subnacional" -la influencia de los gobernadores sobre los legisladores nacionales-echa luz sobre el origen de las dificultades para aprobar leyes de fuerte impacto sobre los recursos de los gobiernos provinciales, en especial ilumina el recurrente fracaso de las reformas -como la fiscal-que precisan de un amplio consenso legislativo.
La contribución de Javier Auyero resume los cambios en las expresiones de protesta social surgidas durante la década de 1990 -que animaron una prolífica literatura sobre nuevas formas de protesta-y analiza dos casos que ilustran las formas divergentes de un fenómeno novedoso.
The means and meanings of popular protest in contemporary Argentina, Auyero muestra el grado de diversidad de estos episodios en los que pueden estar presentes redes clientelares -en el caso del estallido en la ciudad de Santiago del Estero-o partidos políticos -es el caso de la protesta en la ciudad de Cutral-Co-con diferente grado de influencia sobre la naturaleza y el desenvolvimiento de la protesta.
Esto revelaría que la frase más entonada de la crisis argentina ("que sex vayan todos") no representa todos los lazos que siguen existiendo entre las estructuras de movilización, rutina política, y redes clientelares.
El artículo de Auyero da cuenta de un contexto de cambios estructurales con diferentes respuestas locales distinguidas por el peso relativo de las redes asociativas y las estructuras de movilización, los cambios en las alianzas políticas, las rutinas políticas y, finalmente, las experiencias colectivas de la protesta en si misma.
La sintonía fina y la profundidad de las descripciones del artículo construyen un relato capaz de elaborar con claridad el contraste y el alcance de la distinta autopercepción de los actores: "pueblo honesto" que personaliza su lucha contra la "clase política corrupta" en el estallido santiagueño o como parte de un "pueblo amenazado", en Cutral-Co, por decisiones del nivel provincial y nacional.
Auyero conecta de manera convincente la autopercepción de los actores con el significado que toman las acciones: en Santiago del Estero se personaliza el objeto de la protesta como castigo a las prácticas encarnadas en políticos, y en Cutral-Co el objeto de la protesta es conseguir que las autoridades provinciales y nacionales tomen en cuenta la opinión de los ciudadanos afectados.
En el capítulo final de la compilación -Fascinated by failure: the "bestseller" explanations of the crisis-, Flavia Fiorucci realiza un análisis del mercado de interpretaciones de la crisis enriquecido por un inteligente contraste con algunos de los referentes de la tradición ensayista hispanoamericana en Argentina.
La muestra que elige la autora divide aguas entre los libros que alcanzaron mayor venta y resonancia en el espacio público-mediático.
Distingue las explicaciones de la crisis en dos categorías: las culturales -expresada en los libros de Marcos Aguinis, Mariano Grondona y Carlos Ulanovsky-y las de orden antiimperialista -basada en las publicaciones de María Seoane, Mario Rapoport y Mario Cafiero y Javier Llorens.
Fiorucci muestra que la distancia ideológica que las separa no impide que exista una suerte de relato maniqueo común: la imagen del paraíso perdido como construcción de un pasado añorado y el horizonte de un futuro prometedor -pese a las desgracias y amenazas persistentesson elementos presente en los relatos de unos y otros.
Una suerte de antropología negativa del argentino -como alguien de cuya conducta cabría avergonzarse-, carente de valores para el capitalismo y pesimista por naturaleza son los rasgos de un sujeto único que prefiguran las explicaciones culturales: se trata -nos dice Fiorucci-de un tipo de pseudo-explicaciones cuya concepción difusa de los argentinos, a la vez como culpables y víctimas de si mismos, diluye la atribución de responsabilidades políticas internamente.
En cuanto a las interpretaciones antiimperialistas, Fiorucci también destaca el modo en que construyen su argumento alrededor de la búsqueda obsesiva por hallar un culpable.
En este caso es el sistema capitalista global que a través de los poderes económicos y en complicidad con las elites dirigentes somete al país a través de la deuda externa y las políticas de liberalización.
Esto, nos muestra la autora, no hace más que obturar la comprensión y las posibilidades de dar una explicación de la crisis con alguna consistencia al tiempo que constituye una degeneración de la tradición ensayística argentina.
En suma, el libro editado por Fiorucci y Klein nos ofrece una variedad de enfoques complementarios que piensan el pasado reciente con herramientas de análisis capaces de comprender las raíces históricas de la crisis y los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que la atravesaron.-NICOLAS CHERNY.
Glave, Luis Miguel: La república instalada.
Veo con sorpresa en las páginas de esta revista (Anuario 62/1) una nota crítica a mi libro La república instalada.
Me sorprende porque no tenía noticia del interés del reseñador, conocido más por sus estudios inquisitoriales y sobre la censura de libros en el virreinato peruano, que por los temas tratados en mi libro.
Me llama la atención también el lugar editorial que buscó para entregar su comentario y, finalmente, me resulta llamativa la manera como construye su reseña para concluir que este libro es "un limitado aporte a la historiografía del Cuzco republicano".
Podría ser loable que luego de que algunas escuelas de historia en el Perú, hace relativamente poco tiempo, negaran la importancia de la reflexión teórica dentro del quehacer historiográfico, descartando ese interés para la sociología que era tenida por secundaria o no histórica, ahora es la precisión conceptual un punto nodal de las inquietudes que por ejemplo esta reseña nos parece mostrar.
Le parece impreciso al crítico el uso que hago de los conceptos.
Incluso el crucial y central de espacio público que encuentra tiene en mi libro un valor polisémico.
Sin duda que para un lector como el que me reseña sería necesario hacer un mayor esfuerzo de pedagogía conceptual.
Escribían Guerra y Lempériere en la introducción a un conocido libro sobre el tema, que el uso de la palabra público "es tan común y tan central en el análisis de la vida política y cultural en la época de transición a la modernidad que se olvida demasiado a menudo su polisemia y su historicidad".
El término evoca "la cosa pública de los romanos", la publicidad, califica la opinión como habla de los poderes públicos, y mucho más.
Terminan señalando que "lejos de ser sólo el calificativo neutro y cómodo de un "espacio" o de una "esfera" que se opone siempre...al campo de lo privado...el público es al mismo tiempo el objeto y el sujeto de la política".
El espacio público es aquel en el que se forma y desarrolla una opinión pública.
En la historia de la cultura política, esos espacios fueron lugares.
Esta idea se refiere a lugares no en el sentido de momentos o creacio-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS nes sociales sino lugares físicos: sitios, recintos, puntos de encuentro.
En la Grecia de las ciudades-estado, el espacio material del ágora coincidía con el lugar de expresión y formación de la opinión pública.
Así lo recuerda M. Augé el antropólogo de los no-lugares en la sociedad actual.
Fue ese el mismo papel que los estudiosos de la historia de la comunicación han encontrado jugaban e incluso juegan, lugares como los mercados en Marruecos, para no mencionar el conocido caso de los cafés, teterías y, en el mundo andino, como señalo en mi texto y otros han descrito también, las "chicherías" y tambos que eran los mesones andinos.
En mi introducción al libro, donde recojo mi comentario final a la compilación Del pliego al periódico, comenté el caso del árbol de Cracovia, viejo y frondoso ubicado en el corazón de París en los jardines del Palacio Real, un "árbol de la verdad" como también lo conocía la tradición, del que Robert Darnton nos dice era donde había que ir en el París pre-revolucionario para enterarse de las "noticias", allí los espías diplomáticos recogían rumores o datos y también allí los sembraban.
En la introducción y en el capítulo primero hago un esfuerzo por presentar una arqueología de lugares, físicos y sociales, a través de los cuales se fue gestando la opinión pública hasta la aparición del periódico que es el medio que protagoniza la historia que quiero contar.
En esa génesis hay que establecer los mecanismos de retroalimentación entre lo que se escribe y lo que se dice, ambos momentos de la comunicación son fuentes uno del otro y viceversa.
En sociedades muy orales como la andina, la historia es muy rica en cuanto a esta crucial relación que genera las ideas que circulan, las imágenes que representan la sociedad y finalmente, la opinión pública en una ciudad y en un país.
La explosión de la prensa periódica, la circulación de hojas más numerosas y a mayor velocidad, fundó el espacio de los medios y algunos piensan incluso que se inventó la opinión pública.
Menciono en mi estudio muchos puntos de vista de historiadores sobre las formas de la lectura y la manera cómo la idea de que no se leía o la lectura estaba limitada a ciertos cenáculos, es errónea.
Una revisión de la bibliografía de la compilación Del pliego al periódico le puede ayudar a conocer la unanimidad que hay respecto a este aspecto soslayado por visiones estrechas de la historia cultural.
Lo que hago en mi libro es presentar un estado de la cuestión al respecto y, siguiendo un derrotero firme y probado en muchos lugares de esa misma época de transición a la modernidad, rastrear en los artículos, los remitidos y noticias de los periódicos, las formas de ese trasvase entre lo dicho y lo escrito.
Eso es más que sólo "enunciar" el tema y no documentarlo como pretende Guibovich.
Hay tópicos tan enraizados que ni mucha escritura logra acabar con esos dichos, tal vez porque es más en estos tiempos que en aquellos cuando no se lee o se lee con poco interés y aprecio.
En el caso de la historia cuzqueña que refiero a través de la prensa, efectivamente, los espacios públicos donde se creaba la opinión fueron las plazas, las fondas, cafés y peculiarmente, las corridas de toros que tuvieron gran protagonismo en la definición de lealtades, de alianzas y desencuentros al punto que alguna generó un conflicto internacional entre Bolivia y Perú.
Finalmente desde luego, todos estos espacios confluyen en el periódico que recoge y a la vez alimenta las noticias que circulaban y se generaban en esos lugares que se hacen espacios públicos.
Los anónimos "cronistas" urbanos de los periódicos escribían desde los portales de la plaza mayor del Cuzco y desde los de la del Regocijo, verdadera o ficticiamente, nos trasladan a los corrillos urbanos, El Duende de los soportales del espacio central de la ciudad es la concreción de ese ir y venir de las nuevas entre la prensa y la calle.
Otros periódicos son más elitistas en su mirar y se denominan Atalaya, otros son como el Correo de encomiendas haciendo un laborioso trasiego de chismes, acusaciones, infundios y siempre proponiendo unas maneras de ver el mundo, la sociedad y la historia.
En eso se detiene mi libro, rastreando cómo se hace un espacio público en las páginas de la prensa y a través de ellas en las calles de la ciudad y en las conciencias de sus habitantes.
Podría ser una virtud de mi lector el que detecte sin saber que lo hace la naturaleza de los espacios públicos, el problema es que piensa que ese es un error.
Tampoco entiende el uso que hago de otros conceptos como mentalidad, identidad e historia cultural, pero tal vez si lee con aprecio, descubrirá otros tantos caminos para pensar los conceptos como al sorprenderse por la polisemia de los espacios públicos.
También le sorprende a Guibovich que cite a Jorge Basadre para llamar la atención sobre la importancia de usar la prensa regional que sigue siendo una asignatura pendiente de la historiografía peruanista.
Como Basadre escribió esto en 1971, parece que los años siguientes acabaron con esa falta y se ha producido dice el reseñador un "boom" de estudios regionales en los cuales la prensa ha sido una fuente muy utilizada.
Añade que además las colecciones están muy a la mano, como por ejemplo según nos dice en la mejor colección de periódicos del siglo XIX que existe que es la de la Universidad Católica y su Instituto Riva Agüero.
ISSN: 0210-5810 El lector que pueda seguir el candoroso consejo de Guibovich y consulte por internet el catálogo de esos fondos, encontrará al buscar periódicos peruanos del siglo XIX que efectivamente, la colección es magnífica, gracias al aporte de la biblioteca privada que donó Félix Denegri Luna.
Sin embargo, una colección de periódicos del Cuzco como la que inventarié y catalogué en la biblioteca de la Universidad San Antonio Abad, no existe.
Hay números sueltos o colecciones incompletas, en las principales bibliotecas, que por supuesto consulté para hacer el catálogo que publiqué por la Fundación Mapfre en 1999 y en otra versión en el Centro Bartolomé de la Casas del Cuzco ese mismo año.
Al confirmar que esa colección era única en relación a esa ciudad concreta (e incluso con prensa puneña, arequipeña, tacneña y paceña) me animé a hacer una pequeña prospección en el caso de Ayacucho.
Allí también, la colección de la biblioteca del convento franciscano es única, está en peligro de perderse y desde luego todavía no ha sido convenientemente explorada.
Mi esfuerzo con los fondos cuzqueños tal vez contribuya a que estos no se pierdan.
La colección, que fijé y difundí todo lo que pude, luego de varios años de trabajarla, me animó a convertir mis exploraciones en un libro que aportara al conocimiento de la historia cultural del Cuzco republicano.
No puedo afirmar que los casos ayacuchano y cuzqueño sean generalizables, pero sospecho habrá otros y que entonces, lo que afirmé en mi libro y lo que escribió Basadre en 1971 sigue siendo válido.
Desde luego que siempre la prensa es una fuente que se usa en los estudios regionales y sólo lo que haya en la Biblioteca Nacional y ahora en la de la Universidad Católica, es ya un venero irreemplazable de noticias, datos y pistas para todo tipo de estudios.
Sin embargo, hay más que rescatar y difundir sobre la historia de la prensa propiamente dicha.
Eso es lo que he hecho.
La autoridad que Guibovich quita a mi cita de Basadre, parece concederla a un artículo de Charles Walker que menciona como su valedor para decirnos que este autor contó treinta y cuatro periódicos en Cuzco entre 1825 y 1837.
Si el lector revisa en qué fuentes se basa Walker para hacer el conteo con que Guibovich empieza su crítica, verá que son unos estudios hechos por Denegri Luna y un profesor cuzqueño Cahuata Corrales, al que Denegri contribuyó a difundir fuera de los marcos de la ciudad de Cuzco.
En el catálogo que de la colección cuzqueña confeccioné en 1999 el lector puede encontrar qué periódicos eran esos, cuáles existen físicamente, qué duración tuvieron, cuáles se han perdido o de cuáles sólo existen algunos ejemplares.
Es más, si van a hacer un estudio sobre la prensa cuzqueña y sobre el Cuzco en base a la prensa, encontrarán esos catálogos como la guía que se usa en la hemeroteca cuzqueña y si entran en la página web de la PUCP, aparecerán esas mis publicaciones en los primeros registros que usted verá reflejados si busca periódicos peruanos del siglo XIX.
Como si estos esfuerzos por contribuir a difundir un capital documental no existieran y como si el autor fuera un desconocido principiante entrometido, nuestro crítico empieza su reseña saludando la importancia central del Cuzco en la historia republicana y dándonos unos sesudos párrafos que ocupan el cuarto de su nota en los que se coloca desde la atalaya de un experto conocedor.
Pero el que tenga información sobre la historiografía peruanista podrá comprobar revisando las publicaciones sobre esta ciudad y su región, qué lugar ocupa cada quien en el estudio de la formación de una identidad en Cuzco.
Es a ese esfuerzo, en el que el autor lleva más de veinte años, al que quiere sumarse La república instalada.
Por eso es que consideré que era pertinente difundir en un relato que trajera alguna novedad de perspectiva, los hallazgos que hice entre esos papeles impresos que ayudé a fijar y conservar.
Al catálogo mencionado y su estudio preliminar, añadí varias publicaciones sueltas, a manera de crónicas históricas que difundí en revistas regionales y nacionales y luego junté en un librito que denominé Páginas cuzqueñas y que fue publicado por la municipalidad del Cuzco.
Algunos episodios de esas páginas eran conocidos someramente pero reconocidamente importantes para la historia regional y nacional, unos fueron caros por ejemplo a don Félix Denegri Luna.
Luego, con esa experiencia y la seguridad del interés del tema, coordiné y prologué una publicación colectiva que denominamos Del pliego al periódico, donde reuní ensayos de historiadores de diversos países de América Latina y apareció como el N.o 3 de la revista Debate y perspectivas que publica también Mapfre Tavera.
Sumé esos trabajos y los convertí en este libro, poniendo el aparato bibliográfico que las crónicas históricas que había publicado como difusión no tenían.
Hay muchas razones para publicar un libro, como desde luego para hacer una reseña.
Sólo las noticias acerca de José Domingo González de Matos, escritor cochabambino que fundó El Duende, uno más de una dinastía de esos espíritus fantásticos que se hicieron célebres en el periodismo que he tratado de documentar en mi libro, merecen la atención de quien esté intere-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS AEA, 62, 2, julio-diciembre, 2005, 311-360.
ISSN: 0210-5810 sado en la historia del periodismo, de la literatura y de la historia político cultural del Cuzco republicano.
Sus intercambios con Francisco de Miranda y Vengoa, un gaditano capitulado que fue el alma del periodismo de la ciudad, no sólo tienen el sabor de la querella ingeniosa sino que atienden al sentir cotidiano de lo que era la fundación de la república, su razón y su destino.
Las letrillas y contenidos del Fiera Bras, una pequeña joya de la literatura nacional, cargado de representaciones de la nacionalidad que por entonces se imaginaba.
Las noticias acerca de José Palacios, más allá del Museo Erudito -cuya importancia en la historia del periodismo y las primeras aportaciones a la idea del Perú ya está reconocidaen la polémica que sostuvo desde La Brújula con el guatemalteco Antonio José de Irisarri, autor de La Pajarotada, una pieza central del inicio de la literatura boliviana, nos conducen por el derrotero de la agitación política que acompañó a la formación de la Confederación Perú Boliviana.
Algunas noticias teníamos, pero muchas más eran inéditas hasta donde llegaron mis esfuerzos por investigar el estado de la cuestión al escribir el libro.
Se ha escrito bastante ya sobre ese experimento fracasado que fue la Confederación Perú boliviana, pero sigue siendo un tema abierto, sobre el que hay que volver para conocerlo en su verdadera dimensión.
Dice Guibovich que el libro termina "de modo abrupto" con las noticias del fin de la Confederación.
Abrupto fue el fin de la Confederación: tres cortos años de un experimento de envergadura, donde se cruzaron en dramático final las biografías de dos fundadores nacionales como los mariscales Gamarra y Santa Cruz.
La historia que cuenta La república instalada es la que sale del cotidiano del pueblo y se refleja en la prensa, no es la historia política tradicional, ni la mera opinión acerca de si hubo o no un sentimiento anti boliviano en la ciudad.
Es el relato de la forma como se percibió el proceso en los espacios públicos.
Los sucesos nos muestran cómo se inclinó la balanza en contra de esa posibilidad de país andino de países.
Por eso la asonada del Señor de los Temblores, que fue motivo de un capítulo de la primera novela peruana escrita por Narciso Aréstegui, se documenta con la prensa local, aportando algunos elementos al conocimiento de la manera como se manifestó ese proceso confederal y nacional al nivel de la ciudad y sus pobladores.
Por lo mismo y por supuesto narramos las celebraciones del natalicio de Gamarra y las corridas de toros que fueron sucesos históricos de primer interés en este tema de la creación de una sensibilidad nacional y sus características.
No son estas de ninguna manera noticias desdeñables, ni su presentación incoherente como pretende Guibovich.
Son relatos que se construyen con las páginas de los periódicos y que siguen un orden cronológico y coyuntural hasta el fin de la Confederación.
Los actores son los periódicos, así lo escribo en la introducción, parafraseando unas afirmaciones que tomo de una entrevista que hice a F-X Guerra para la compilación Del pliego al periódico.
Tampoco lo entiende Guibovich, pero no es tan complicado, sólo significa que es a partir de ellos que hacemos la trama, éstos son expresión de una tendencia, un estilo, de un grupo cultural o corporativo, son ministeriales u oficiales, tienen distintos tipos que se analizan como base del relato.
Pero detrás de ellos, los personajes son también los que los escriben, a los que hay que descubrir las más de las veces del anonimato, y en el fondo, lo que interesa fundamentalmente es saber algo sobre aquellos de los que se escribe, el pueblo, el público, en el escenario de la ciudad, de la región y del país en construcción.
Son varios temas que aparecen, en el orden de los periódicos, las coyunturas y los personajes.
Sobre esto no parece tener nada que decir la reseña.
En un párrafo, el crítico pasa ojos por el índice y encuentra incoherentes unos capítulos.
Si lo lee con atención encontrará alguna coherencia, que no tiene que ser la suya, tal vez afortunadamente si consideramos que desde su torre vigía alcanza a despachar el primer capítulo como confuso.
Si la labor del reseñador fuese decir si le gusta un libro o no, vaya y pase, pero si no entiende algo, por confuso que sea, justamente se trata de su arte de reseñador.
Hay también malas artes.-LUIS MIGUEL GLAVE.
González Dávila, Gil: Teatro Eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias Occidentales, vidas de svs arzobispos, obispos, y cosas memorables de svs sedes (Nueva España), Tomo I, Edición, introducción, notas e índices de Jesús Paniagua Pérez y M.a Isabel Viforcos Marinas, Fijación y traducción de textos latinos de Juan Francisco Domínguez Domínguez, Universidad de León-Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2004, 656 págs., relación de Fuentes y Bibliografía, Indice onomástico y toponímico.
Este autor fue nombrado cronista mayor de Indias hacia 1642 y antes de mediado el siglo XVII ya tenía terminada la elaboración de su Teatro Eclesiástico... (publicado en 1649), con la pretensión de abordar el estudio HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS de la iglesia en Hispanoamérica en su conjunto, aunque sus dimensiones hicieron que la obra se dividiera en dos tomos, correspondientes a Nueva España -el que aquí se reseña-y al Perú.
La Universidad de León, dentro de la "Colección Tradición Clásica y Humanística en España e Iberoamérica", nacida en el año 2000, a imagen y semejanza de la ya consolidada "Humanistas españoles", para acoger las obras, autores y estudios que por época y estilo excedían el marco del humanismo, pero que podían considerarse sus herederos, ha incluido la extensa obra de González Dávila, manteniendo la división en dos tomos, con el objetivo de poner al día, en una edición revisada y anotada, este texto de consulta clásica para los historiadores, no sólo los dedicados al estudio de la iglesia americana en los dos primeros siglos de presencia española en el Nuevo Mundo.
El resultado primero, en el 2001, fue la aparición del T. II del Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias Occidentales, vidas de svs arzobispos, obispos y cosas memorables de svs sedes en lo que pertenece al reino del Perú, y tres años después ha visto la luz este primer tomo, dedicado al ámbito del virreinato novohispano.
Existían ya otras ediciones de esta parte de la obra de González Dávila: la realizada en 1949 por el editor José Porrúa Turanzas en dos volúmenes, y otra facsimilar, acometida en México en 1982, con introducción de Edmundo O'Gorman, pero era, sin duda, necesaria esta nueva impresión anotada y puesta al día, que con seguridad se convertirá en un útil instrumento para todos los estudiosos de temas americanistas y, como ya se ha indicado, especialmente de los vinculados a la historia de la Iglesia en Hispanoamérica.
Este tomo consta de una elaborada introducción y en ella sus editores Paniagua Pérez y Viforcos Marinas, además de ofrecer sustanciales datos sobre la historia del vida del que fuera cronista real desde 1617 y de Indias a partir de 1643, hacen interesantes aportaciones sobre la génesis de la obra y las fuentes manejadas para su elaboración, básicamente relaciones enviadas desde Indias y, sobre todo, historias eclesiásticas de las órdenes involucradas en el proceso evangelizador hispanoamericano.
Comprende también el estudio introductorio una clarificadora reflexión sobre el concepto de historia de Gil González Dávila y una ponderada valoración de su obra, concluyendo con una relación completa de las publicaciones debidas a su pluma.
Se reproduce aquí, incluso en su parte gráfica, la que salió de los talleres del impresor Diego Díaz de la Carrera, en Madrid, allá por 1649.
Su estructura sigue el modelo repetidamente ensayado por Gil González Dávila en los diferentes y previos Teatros de las iglesias de las dos Castillas.
Se inicia con una dedicatoria a Felipe IV, a la que siguen las preceptivas licencias, tasas y aprobaciones, más una relación de erratas, y se organiza por diócesis, cada una de las cuales se concibe como un capítulo independiente.
El primero y más extenso se dedica a México y le siguen otros trece correspondientes a los obispados de Puebla, Michoacán, Guatemala, Guadalajara, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Nicaragua, Nueva Vizcaya, Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Honduras.
No hay homogeneidad ni en la extensión, ni en el tratamiento, aunque en todos ellos la materia principal la constituye la relación de los prelados titulares desde su erección hasta el momento de la composición de la obra, a modo de historia biográfica de cada obispado.
Concluido el estudio de las diócesis y fiel al carácter de historia eclesiástica con el que se concibe, González Dávila ofrece una breve relación de santos canonizados en Indias, que limita a cuatro jesuitas martirizados en Oriente, y otra, algo más extensa, en la que reseña los nombres de los que estaban en proceso de beatificación y canonización en tiempos de Felipe IV.
Y tal vez por ese carácter acrítico y acumulativo que los autores de la edición señalan como rasgos propios de su concepción histórica, concluye el tomo con dos capítulos que tienen poco o nada que ver con su materia y más bien responden a su carácter de cronista-funcionario de la Corona: un listado de los componentes del Consejo de Indias en 1649 y un "Índice y memoria de las cosas notables" en el que tienen cabida asuntos tan dispares como la riqueza de reliquias de los conventos madrileños o la boda del monarca con Mariana de Austria.
No es necesario insistir en la amplia y continuada utilización que de la obra de González Dávila se ha hecho, directa o indirectamente, a través de Dionisio de Alcedo y su Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales, pues prácticamente no hay estudio relacionado con la Iglesia o los prelados hispanoamericanos de la época colonial, que no albergue alguna referencia a ella.
Esa mera constatación sería suficiente para justificar una nueva edición de la misma pero la que ahora reseñamos tiene el valor añadido que le confieren sus más de tres mil anotaciones, que la convierten, además, en un trabajo de minuciosa erudición por el volumen de consultas bibliográficas que denota, realizado por los editores-anotadores.
Gracias a ellas no sólo se subsanan los errores, en ocasiones de bulto, del cronista, sino que también se clarifican y amplían las, a menudo, inexactas o vagas referencias incluidas por él.
ISSN: 0210-5810 Una amplísima relación bibliográfica precede al utilísimo índice onomástico y topográfico, en el que tenemos otra muestra de la paciente laboriosidad de los editores.
Fruto de la colaboración de los servicios de publicaciones de la Universidad de León y de la Junta de Castilla y León, este tomo -como el citado al principio-constituye una publicación seria por el trabajo de los investigadores que intervienen en ella y muy digna por la calidad de sus materiales y lo cuidado de su edición.-M.a LUISA PAZOS PAZOS.
Después de un extenso periplo de poco más de cinco años, que se inició en Lima y continuó por Santiago de Chile, Buenos Aires y Río de Janeiro, el limeño José Eusebio de Llano Zapata llegó a Cádiz a inicios de 1756.
Como muchos otros criollos, Llano Zapata viajó a la península movido por el propósito de obtener mercedes de la corona.
En apoyo de sus pretensiones llevó consigo cartas de recomendación para personajes influyentes en la península, pero acaso la principal carta era su insaciable curiosidad y notable erudición.
Comprensiblemente, en su equipaje llevó documentos, notas y apuntes sobre la historia, los recursos naturales, la fauna, la flora y la geografía de la América española.
Este amasijo de textos, -convenientemente ordenado, escrito y completado con otra información científica e histórica-fue el germen del proyecto literario más ambicioso e importante de Llano Zapata: las Memorias, histórico, físicas, crítico, apologéticas de la América Meridional, obra cuya publicación se debe al empeño de Víctor Peralta, Charles Walker, Luis Millones Figueroa y Antonio Garrido, autores, a su vez, de sendos estudios sobre la vida y obra de Llano Zapata, incluidos en el presente volumen.
Aun cuando la biografía de Llano Zapata fue materia de interés desde fines del siglo XVIII para los autores del Mercurio Peruano y luego en los siglos XIX y XX para Manuel de Mendiburu, José Toribio Medina, Felipe Barreda y Laos, José de la Riva-Agüero, José Torre Revello y Félix RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Alvarez Brun, no sucedió lo mismo con sus Memorias debido fundamentalmente a su desconocimiento.
De acuerdo con el plan original diseñado por Llano Zapata, las Memorias debían constar de cuatro partes dedicadas a los reinos mineral, vegetal y animal, y al río Amazonas y sus afluentes.
Las Memorias permanecieron inéditas hasta 1904, cuando Ricardo Palma publicó en Lima un fragmento de ellas, el correspondiente al reino mineral, a partir de una copia que adquirió en Madrid.
Desde entonces, y por mucho tiempo, se pensó que el resto de la obra estaba perdido.
Para suerte de los investigadores y estudiosos, una copia manuscrita fue localizada en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y es la que ha servido como base para la presente edición.
No se incluye la cuarta parte porque, según sus actuales editores, Llano Zapata nunca la escribió.
Así como la obra mayor de Llano Zapata quedó incompleta, también su biografía contiene muchos vacíos.
Lo que se sabe de su trayectoria hasta su partida a Cádiz ha sido debidamente expuesto por Charles Walker en el prólogo de la presente edición.
Nacido en Lima en 1721, Llano Zapata era hijo del sacerdote Diego de Llano Zapata.
Se dice que por su condición de ilegítimo tuvo una posición poco afortunada en la sociedad limeña.
Esta afirmación quizá habría que matizarla, ya que la propia información biográfica parece contradecirla.
Si Llano Zapata fue poco afortunado en el medio social limeño, cómo entender que fuese el intelectual predilecto de arzobispos y virreyes.
Es muy probable que su origen haya constituído un impedimento para ingresar a la Universidad de San Marcos, de la cual el mismo declaró tan solo conocer "por sus muros y su fama".
Sin embargo, el no haber cursado en San Marcos, una institución en decadencia a mediados del siglo XVIII, o en otro centro de estudios, no fue obstáculo para que Llano Zapata se hiciese de una sólida formación intelectual y publicase entre 1743 y 1752 ocho impresos, entre libros y opúsculos, sobre gramática latina, astronomía, la Inquisición y la salud humana.
En una época en que imprimir era costoso, por no decir engorroso, Llano Zapata tuvo que contar con algún tipo de patronazgo en las altas esferas de la alta administración civil y eclesiástica a fin de publicar sus obras.
Este es un tema por estudiar, como también el que fuera amigo de Pedro Peralta Barnuevo, Victorino Montero, Luis Godin y diferentes asesores de los virreyes.
El propio Llano Zapata declara en sus Memorias su relación con el clérigo e historiador, Alonso de la Cueva Ponde de León, quien le franqueó el acceso a los archivos eclesiásticos y proporcionó algunos valiosos manuscritos para su consulta.
ISSN: 0210-5810 De lo que no cabe duda es que en Lima, Llano Zapata era además de un reconocido erudito, un hombre familiarizado con la literatura científica de su tiempo.
No podía ser de otra manera en una ciudad donde existía una activa vida académica y un próspero comercio de libros.
Llano Zapata fue un voraz lector y un atento escrudiñador de las diversas ramas del saber.
Fue precisamente esta vocación erudita lo que lo llevó a hacerse en Buenos Aires, camino de Cádiz, de una copia manuscrita del Paraíso en el Nuevo Mundo de Antonio de León Pinelo.
Antonio Garrido en su estudio trata de la influencia de la obra de León Pinelo en las Memorias de Llano Zapata.
Su tesis central es que Llano Zapata "se vio condicionado a lo largo de su vida por el peso específico de Pinelo, su obra y su vida, hasta el punto de querer ser un remedo de éste".
Que Llano Zapata quiso ser un "remedo" de León Pinelo es una afirmación construida a partir de comparaciones discutibles, toda vez, como ya se dicho, que la vida del escritor limeño requiere aún de mayor estudio.
En todo caso la trayectoria y aspiraciones intelectuales de Llano Zapata parecen haber estado más próximas a las del fraile Benito Jerónimo Feyjoó, el más famoso hombre de ciencia en la España de mediados del siglo XVIII.
De modo similar que Feyjoó, Llano Zapata se sirvió del género epistolar como el principal medio para construir su imagen de "filósofo", tal como se entendía en el siglo XVIII; y cultivar una extensa red de corresponsales en la república de las letras.
Es evidente que Llano Zapata leyó y citó extensamente el Paraíso en el Nuevo Mundo, la pregunta es por qué.
En este punto tan solo brevemente conviene comentar el contenido del texto de León Pinelo.
Se trata de una obra que examina las diversas opiniones de las Escrituras y de los teólogos acerca de las tradiciones sobre el Paraíso Terrenal y el Diluvio, con referencia a las épocas primitivas del continente americano y a los restos arquelógicos y legendarios hallados en el Perú, México y otros territorios del Nuevo Mundo.
La tesis central de León Pinelo es que el Paraíso estuvo en América del Sur, en concreto en un lugar entre los ríos Amazonas, La Plata, Orinoco y Magdalena.
La ubicación del Paraiso lo lleva a disertar acerca de seres asombrosos (evidencia de esa centralidad), paisajes exóticos y riquezas extraordinarias, que señalan y subrayan el providencial origen americano de la humanidad.
En suma, la obra de León Pinelo ofrecía una variedad de información digna de ser evaluada, confrontada y criticada, y así lo hizo Llano Zapata.
Con el manuscrito de El Paraíso en el Nuevo Mundo y otros textos en su equipaje, Llano Zapata llegó a Cádiz.
No extraña que optara por residir en una de las ciudades españolas más beneficiadas con el tráfico mercantil atlántico y el adelanto científico y cultural de la época.
Además de ser el punto de embarque y desembarque de mercaderías y personas, Cádiz era un activo centro de comercio libresco, quizá el más activo, a mediados del siglo XVIII.
Hace ya varios años que Marcelin Defourneaux, y en tiempos más recientes Christian Pelegry, han llamado la atención acerca de la importante presencia de libreros y comerciantes franceses en Cádiz.
Desde los grandes centros de producción editorial en Francia se hacían envíos de todo tipo de libros, prohibidos y permitidos, con destino a Cádiz y desde allí pasaban, unas veces ocultos y otras no, a la América española.
Cádiz se situaba en un cruce de las rutas mercantiles y culturales que unían Europa con el Nuevo Mundo.
Allí también confluían las noticias procedentes de América como de Madrid.
Por ello para un personaje como Llano Zapata era el lugar idóneo de residencia.
En Cádiz concluyó las Memorias.
Las características y propósito de la obra son estudiados por Luis Millones Figueroa en un sugerente ensayo.
Las Memorias son en opinión de Millones, un texto de Historia Natural, esto es un detallado inventario de hechos, datos y citas de asuntos relativos a los reinos vegetal, animal y mineral.
La información procede, por lo general, de la experiencia personal del autor, como de su lectura de textos muy diversos.
Pero importa destacar que la obra tenía en esencia dos propósitos, uno práctico, llamar la atención de la corona española acerca del valor comercial de los recursos naturales del Nuevo Mundo; y otro personal, ser gratificado por la corona con algún puesto o nombramiento en la administración.
Para lograr la atención de sus pedidos era común que los autores dedicaran sus obras a algún poderoso, las Memorias lo fueron a Julián de Arriaga, ministro de Marina e Indias.
No obstante ello, Llano Zapata nunca logró ver publicada sus Memorias.
El análisis de las razones de este fracaso ocupa la mayor parte del excelente ensayo de Víctor Peralta.
Considera que la "marginalidad" o frustración de Llano Zapata en España es un asunto complejo y que debe ser entendido principalmente a partir de las circunstancias políticas y culturales.
Entre estas estuvieron la imposición por parte del Consejo de Indias de una manera de escribir la historia de América diferente del modelo propuesto en las Memorias, la escasa influencia que tuvo en la corte el ministro Julián de Arriaga en su condición de destinatario de dicha obra; y la inoportuna crítica de la obra de Bartolomé de las Casas que hizo Llano Zapata en su deseo de combatir la leyenda negra de la conquista española.
Es junto con la Historia natural y moral de las Indias de Jose de Acosta y la Historia del Nuevo Mundo del jesuita Bernabé Cobo, el otro gran tratado de historia natural de interés para el virreinato peruano.
Ahora contamos con un elenco de textos para el estudio del pensamiento científico durante los siglos XVI, XVII al XVIII.
Pero además las Memorias es una obra que admite muchas lecturas no solo para documentar la biografía de su autor, de la cual ya he dado cuenta en detalle, sino también como testimonio de una manera de pensar en un contexto de cambios en el imperio español.
Los modernos editores han señalado con acierto cómo en la obra coexisten la tradición erudita y escolástica barroca con el espíritu crítico de la Ilustración.
Esto se explica al situar la obra en su momento histórico, esto es mediados del siglo XVIII, cuando la cultura política heredada de los Austrias daba paso a las nuevas ideas impuestas por la élite ilustrada al servicio de la dinastía borbónica.
Mis observaciones a la presente edición son varias.
Dada la extensión del texto (más de 500 páginas) y la enorme información que contiene, habría sido muy útil contar con índices onomástico, toponímico y temático.
Ellos habrían permitido estudiar con mayor facilidad la obra mediante la identificación de temas específicos y, en particular, de autores.
La cantidad de autores y obras citados por Llano Zapata es enorme.
Los editores presentan una lista de las obras citadas por Llano Zapata, pero ella dista de ser completa.
Más aún queda siempre la duda, no resuelta en ninguno de los estudios preliminares, acerca de cuáles textos fueron efectivamente consultados y leídos, y cuáles tan solo citados de manera indirecta.
Desde el punto de vista de la transcripción, extraña que las palabras en griego hayan sido omitidas y que los editores optaran por el camino más fácil de anotar "ilegible" cada vez que aparecía una de ellas.
También llama la atención que se diga que "se han actualizado los términos arcaicos" y que las "palabras mal escritas han sido corregidas".
Los criterios de transcripción resultan bastante cuestionables.
Concluyo con una reflexión crítico-apologética.
Es una tradición muy antigua en el Perú honrar a los personajes célebres del pasado designando con sus nombres a alguna institución trátese de una escuela, hospital, colegio, universidad, cementerio y equipo de fútbol.
Más común es encontrar calles con nombres de hombres de letras.
Hay tres calles en Lima que llevan el nombre de Llano Zapata.
Pero curiosamente en ninguno de los tres casos el nombre aparece bien escrito.
Gracias a Charles Walker, Víctor Peralta Luis Millones Figueroa y Antonio Garrido, Llano Zapata ha dejado de ser un nombre mal escrito en unos deslucidos y polvorientos hitos de cemento para convertirse en un fascinante objeto de estudio.-PEDRO GUIBOVICH PÉREZ.
Mena García, Carmen: Un linaje de conversos en tierras americanas (Los testamentos de Pedrarias Dávila, Gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua), Universidad de León, León 2004.
Quizá sea el testamento uno de los documentos más usados por los historiadores en los últimos tiempos.
Mezcla de disposiciones civiles y religiosas que el hombre otorga al enfrentarse con la muerte, lo convierten en un instrumento de carácter económico, pero también social y sobre todo espiritual.
El testamento, después de Trento, en el momento de triunfo de la Contrarreforma, se convierte en un documento más religioso que civil y nos permite penetrar en la mentalidad y la conciencia del testador.
Desde que las obras pioneras de Vovelle, Aries, Le Goff o Chunú lo tomaron como base de sus trabajos, ha sido utilizado desde todos los puntos de vista, sobre todo para el estudio de las mentalidades, pero también para analizar la historia de las familias y el nivel de fortuna y posición social.
Todas estas dimensiones están contempladas en la obra que nos ocupa en la que se reúnen varios elementos que coadyuvan para conseguir un clima de interés y un éxito en el propósito inicial: un protagonista de primer plano en el panorama del americanismo tanto por sus hechos como por lo polémico de su personalidad; una autora que ha seguido al personaje en varios de sus trabajos anteriores, que lo conoce en profundidad y que es especialista tanto en la época como en el territorio que él actuó y unos documentos valiosísimos como son los dos testamentos, con diez y seis años de diferencia, que Pedrarias otorgó en dos momentos muy distintos de su vida.
La profesora Carmen Mena, según ella misma confiesa en la introducción, se propuso hacer un estudio comparativo entre estos documentos, pero sobre todo buscaba un acercamiento más profundo al ser humano.
Y desde luego lo ha conseguido porque nos introduce en la complicada familia de los Arias de Avila, con estudios detenidos de temas tan diversos y amplios como la genealogía y el linaje desde 1480, las costumbres de la nobleza, el problema de los conversos y los procesos emprendidos contra HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS ellos por el Tribunal de la Inquisición, además de volver a enfrentarse con la personalidad de Pedrarias y los cambios que experimenta durante su larga estancia en tierras americanas.
Porque, igual que ocurriera con su precioso libro sobre el mismo personaje, Sevilla y las flotas de Indias.
La gran armada de Castilla del Oro ( 1513-1514), publicado en Sevilla en 1998, la autora no se limita a los documentos básicos empleados, sino que profundiza en cada tema con minuciosidad apoyándose en otros documentos y en una bibliografía idónea.
El libro está dividido en dos partes y un Apéndice en el que se reproducen los dos testamentos, el primero de los cuales, otorgado en Sanlúcar de Barrameda en 1514 antes de partir para las Indias, había sido publicado por Álvarez Rubiano en su clásica biografía sobre Pedrarias donde aparece confundido con otros documentos; y el segundo, redactado en Nicaragua en 1530, dos meses antes de su muerte, que se conserva en el Archivo General de Indias y que había permanecido inédito hasta ahora.
En la parte primera que se titula "El hombre y su linaje", la Dra.
Mena penetra en una familia de conversos segovianos y profundiza en este complicado mundo y sus problemas inquisitoriales así como en las difíciles relaciones familiares y el conflicto sucesorio por el condado de Puñonrostro, y vuelve a enfrentarse con la biografía de Pedrarias en la que proyecta una nueva dimensión y puntualiza detalles importantes sobre su obra, familia y vida, lo cual consigue gracias a la comparación de los dos testamentos y a los aportes novedosos del texto inédito de 1530.
Toda la segunda parte está dedicada al estudio comparativo de estos dos importantes documentos, examinándolos paso a paso, con detenimiento y profundidad.
Puede revisar a través de ellos temas tan variados como los preámbulos piadosos y la recomendación del alma, el lugar de enterramiento, el papel de la esposa D.a Isabel de Bobadilla como tutora y administradora del patrimonio familiar, los criados y parientes, el mayorazgo y la institución de herederos, los albaceas y testigos así como la fortuna heredada y acumulada por el personaje.
Como consecuencia de este minucioso estudio, en el que se introducen algunos cuadros que aclaran la situación, se llegan a explicar algunas de las actitudes de un hombre contradictorio cuya figura no ha sido, ciertamente, favorecido por la Historia.
El libro, publicado por la Universidad de León, incluye unos útiles índices y cuadros genealógicos.
Estamos, pues, una vez más, ante una obra importante de la Dra.
Carmen Mena que vuelve a deleitarnos con su buena pluma y sus profundos conocimientos, fruto de su especialización, estudio y dedicación a una vocación decidida y firme.
Vaya desde aquí nuestra felicitación y nuestro estímulo para que continúe en la línea desarrollada hasta ahora.-ENRIQUETA VILA VILAR.
Rosas Lauro, Claudia (editora): El miedo en el Perú.
Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, 285 págs.
Es el miedo tan viejo como el hombre.
En buena medida, gracias a él la especie humana ha sobrevivido; porque hay temores racionales e irracionales, siendo los primeros necesarios para la supervivencia.
Resulta aconsejable y benéfico para la vida temer a lo desconocido, a la enfermedad, a las fieras, a las fuerzas de la naturaleza, a nosotros mismos; pero no lo es tanto cuando el objeto que lo produce escapa a nuestro raciocinio.
Subyuga, doblega y somete, hasta paralizarnos y eclipsarnos la conciencia, la inquietud ante más allá, la muerte, fantasmas y demonios, premoniciones o cualquier otro móvil sin visos de verosimilitud.
En la historia observamos numerosas situaciones en las que el miedo, hábilmente manejado desde el poder, se ha convertido en un eficaz medio de control y gobierno de la sociedad.
El milenarismo y el providencialismo son buenos referentes de estos entresijos.
Una dimensión espectacular del fenómeno nos la ofrece el Barroco, época que desplegó toda una artillería de recursos de acción psicológica, con el miedo como hilo conductor (a la muerte, a la condena eterna, a la violencia estatal), encaminada a anular en el individuo los deseos de rebeldía y justicia social, y a inculcarles la conciencia de vivir en el mejor de los mundos posibles; de ahí que la creencia y la obediencia fueran garantes de la conservación de un el equilibrio milagroso logrado a lo largo de los siglos.
La atrición, hasta bien entrado el siglo XVIII, fuel el cauce que puso a las gentes frente a Dios y al Rey.
El miedo es propio de la psique, aunque, también, de la cultura.
Como resorte psicológico previene y protege; mas cuando se desborda deviene angustia, confunde lo cierto con lo dudoso, lo verdadero con lo falso.
Es, entonces, un estado en el que el hombre queda inerme y a la suerte de insólitas fantasías, y, lo peor, de intereses bastardos.
Mas los esquemas culturales, del mismo modo y a la caza de almas y voluntades, declinando un análisis racional de la realidad, construyen miedos: enemigos inexistentes (judíos, herejes, brujas), tabúes, fronteras míticas o determinadas actitudes.
Aquí entramos en componendas que todavía delatan múltiples facetas de nuestro devenir vital.
HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Es por ello que el miedo sea uno de los grandes motores de la historia, a la altura de la economía o la política.
Si bien, su naturaleza nos lleva a considerarlo entre factores mentales, cual el amor, el odio, la envidia, los celos, la ambición o los sueños; todos elementos indispensables en una aprehensión total del hombre, desde el pasado hasta el presente.
Porque adecuamos la imagen que tenemos de nosotros mismos no sólo desde factores objetivos sino también desde los subjetivos, o sea, a partir de la construcción, consciente e inconsciente, que nuestra mente hace de cuanto nos rodea.
Basten estos apresurados argumentos para dilucidar que el temor es, y debe ser, objeto de investigación historiográfica.
Venga a reforzarlo el Tesoro de la lengua castellana (1611) de Sebastián de Covarrubias, un diccionario selectivo en el que no se ausenta la voz miedo, prueba de su cotidianidad.
La definición dice: Hay un miedo que suelen tener los hombres de poca constancia y cobardes; hay otro miedo que puede en un varón constante, prudente y circunstante.
Y se apoya en una autoridad superior, las Partidas de Alfonso X, código que, en la ley séptima, especifica: ca por tal miedo non solamente se mueven a prometer o facer algunas cosas los homes que son flacos, mas aun los fuertes.
Mas aun otro miedo que no fuese de tal natura que dicen vano, non excusará al que se obligase por él.
Termina con un proverbio, es decir, con una creación cultural que representa lo real: miedo guarda viña, que no viñadero.
Viene este exordio a cuento para aplaudir la iniciativa editorial de la joven y brillante historiadora peruana Claudia Rosas Lauro, quien nos acaba de regalar un libro colectivo sobre diversas circunstancias históricas del Perú en las que el miedo adquiere un protagonismo especial.
En él recoge las aportaciones de los investigadores que participaron en el simposio El miedo en la historia del Perú, celebrado en el marco de la Conferencia Internacional Al fin de la batalla, organizada por el Seminario de Estudios interdisciplinarios Andinos (SIDEA) y celebrada en Lima durante el mes de noviembre de 2001.
Tiempo ha tardado en ver la luz este impreso; pero la demora no desmerece su oportunidad ni utilidad; tampoco su incuestionable y diversa calidad científica, que en, cualquier caso, viene a llenar un vacío, inexplicable, de la historiografía hispanoamericana y general.
En efecto, pocos son los historiadores que han asumido el riesgo de inmiscuirse en terreno tan complejo y resbaladizo como es el del miedo.
Tal vez porque los precedentes, nunca mejor dicho, asustan y hacen desistir de un empeño liderado nada menos que por el gran Jean Delumeau, historiador sabio en temores, pecados, paraísos y otros recovecos trascendentes que lo convierten en un referente inesquivable y en una guía imprescindible.
Esta, pues, puede ser la causa, de haber obviado la cuestión, como expresan las Partidas, otras gentes constantes y prudentes.
Parece que Delumeau, en El miedo en Occidente, ya lo hubiera dicho todo en su magistral estudio; pero no es así, ni un historiador de semejante talla en momento alguno siquiera lo insinúa.
La historia del miedo no se agota en un libro, ni en cien; es más, el del sabio francés, además de su indubitable calidad, llama nuestra atención y decisión para la causa.
Él mismo, en la introducción, reflexiona en torno al por qué del silencio sobre el miedo, que, en parte, lo justifica con la equiparación que se suele hacer entre miedo y cobardía, un binomio que no siempre se justifica y sostiene.
Delumeau, como todo historiador de altura, desbroza veredas para ponernos frente a universos apasionantes y no menos decisivos en la trayectoria vital de Occidente, que, en última instancia, ofertan posibilidades investigadoras y enigmas por resolver.
Ser hijo de Annales, y padre de exquisitas novedades, no le resta mérito ni eficacia.
Lo digo porque no es justo que, como a otros seguidores del movimiento historiográfico francés, se le responsabilice de hacer migajas de la historia y de atender a temáticas de moda que apuntan a las fibras sensibles y morbosas de los lectores.
Nada más lejos de la verdad.
Cualquiera que se haya dado el lujo, y le tiempo necesario (dado lo voluminoso de sus creaciones), de inmiscuirse en sus trabajos, rápidamente comprueba que el cometido no es hijo de la moda sino del gusto y la pasión por la comprensión del hombre y sus entresijos mentales.
No hay historiadores tradicionales o a la moda, sino buenos o malos.
En este caso de los mejores.
Pero volvamos a nuestro cometido.
Sin duda, el testigo de Delumeau lo recogen los historiadores, con la editora a la cabeza, que integran la nómina del libro que reseño, investigadores que exhalan todo un alarde de buen hacer a través del examen de temas variopintos, que, de entrada, manifiestan la variedad de matices y circunstancias que el miedo, como objeto de estudio, encierra.
Una escueta mirada al índice ya nos ofrece una idea de cuan compleja y versátil puede resultar la temática.
Sin eludir el inteligente prólogo del maestro Luis Millones, ni la sugerente y necesaria introducción de Fernando Rosas, todo un abanico de exquisitos acontecimientos históricos se abren ante nuestros ojos.
Algunos sabidos, otros menos; mas su valor radica en haber sido abordados desde la diferente y novedosa perspectiva del miedo, factor que induce a desarrollarlos con una distinta cualidad y fórmula explicativa que realza la originalidad.
Sobra decir que la visión de la historia siempre es relativa, o sea, depende del observador y de su método.
ISSN: 0210-5810 Si nos detenemos en especificar, de una manera tangencial, los hitos que recorren las páginas de este buen libro, en primer lugar destaca el marco cronológico abordado, desde el siglo XVI al XX, un encuadre que hace alusión a la larga duración en el examen de la cuestión, uno de los principios metodológicos de Annales que nos ha servido para reafirmar la resistencia a los cambios y la perpetuación de determinadas conductas.
Pues bien, en estos cinco siglos el miedo fluye y contamina aspectos tan interesantes y determinantes como la piratería (Ramiro Flores), la excomunión (Miriam Salas), vocaciones religiosas (Bernard Lavallé), el terremoto de 1746 (Susy M. Sánchez), rebeliones sociales (Scarlett O ́Phelan), la Revolución Francesa y el Perú (Claudia Rosas), la Independencia (Cristina Mazzeo y Arnaldo Mera), las elecciones en la República (José F. Ragas), el APRA (Jeffrey Klaiber), el deporte (Denise Leigh) y el poder (Augusto Castro).
Por tanto, desde los inicios de la época colonial hasta hoy, se afrontan una serie de problemáticas que en buena medida nos ayudan a entender el pasado y, por ende, el presente de Perú, de sus miedos y esperanzas.
Creo que este repertorio es suficiente reclamo para penetrar en un libro lleno de bondadosas sugerencias, de investigaciones y reflexiones serias indispensables para conocer mejor el miedo y sus entresijos.
Felicitemos, pues, a sus autores y démonos la enhorabuena por tan grato alarde de calidad científica.
No quisiera terminar sin hacer una congratulación especial a la editora del libro.
Su iniciativa, a todas luces necesaria, fruto de esfuerzos y sinsabores, como suele ser habitual en estas empresas editoriales, incide en la capacidad de trabajo y brillantez a la que ya nos va teniendo acostumbrados.
Por joven se puede ser inexperto, pero no falto de ingenio e ilusiones, sutileza y versatilidad, todas cualidades que Claudia Rosas exhibe en su quehacer académico.
Vaya este libro, mejor que mi opinión, que podría estar sesgada, para discernir que el mérito no es hijo del aprecio sino de la admiración científica.-CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ SÁNCHEZ.
Alta sociedad y mujeres de elite en el cambio de siglo, Santiago de Chile, Sudamericana, 2001, 225 págs.
Las transformaciones sociales y culturales -en consumos, sociabilidades, identidades sociales-que tuvieron lugar en Occidente en el marco de la consolidación y de la expansión internacional del capitalismo entre la RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS segunda mitad del siglo XIX y los años de la belle époque inmediatamente anteriores al estallido de la Gran Guerra en 1914, han merecido hasta el momento una atención lateral por parte de la historiografía latinoamericana, sobre todo si la contrastamos con la que sí recibieron los procesos más estrictamente políticos y económicos de este período, desde las modalidades de inserción de las economías latinoamericanas en la economía mundial, a los regímenes oligárquicos que se extendieron en buena parte de la región y la problemática transición a las primeras experiencias democráticas o de ampliación de la participación política que los sucedieron.
De manera más puntual, las repercusiones de semejantes transformaciones estructurales en los valores, convenciones y prácticas sociales de las elites tradicionales (convencionalmente denominadas "oligarquías", "patriciados" o "aristocracias") y el impacto que tuvo en su vida cotidiana un proceso de modernización que cambió radicalmente la forma y el funcionamiento de las sociedades sobre las que esos grupos tradicionales habían retenido hasta entonces un grado muy significativo de poder, riqueza y prestigio, permanecen como un conjunto de interrogantes aún carentes de un importante corpus de estudios que lo hayan recortado como su problema específico de investigación.
A llenar este vacío contribuye el trabajo de Manuel Vicuña, La belle époque chilena.
Alta sociedad y mujeres de elite en el cambio de siglo.
Estructurado en cinco capítulos más un prólogo y un epílogo, el eje de esta investigación es analizar las transformaciones que recorrieron a la vida social de la elite de Santiago de Chile entre el último tercio del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, ante el crecimiento y la remodelación urbana de la ciudad, la diversificación social y la expansión económica que signaron este arco temporal.
Como lo indica el título del trabajo, las dimensiones en las que especialmente se concentra el autor para acercarse a estos interrogantes son la sociabilidad y el universo femenino de la alta sociedad (indagando sobre su papel en el funcionamiento de la propia vida social; sus construcciones identitarias; sus intervenciones públicas).
Los principales méritos del libro de Vicuña podrían enumerarse de la siguiente manera.
Ante todo, alentar al desarrollo de un campo de la investigación histórica que, como hemos señalado, permanece curiosamente relegado, la historia social y cultural de las elites tradicionales tardodecimonónicas latinoamericanas.
Su aporte es en este sentido no sólo temático (concentrarse en un objeto y un conjunto de problemas hasta aquí bastante descuidados), sino también conceptual y metodológico.
ISSN: 0210-5810 no abreva en acercamientos tales como la historia de familia o los enfoques de redes -tan transitados al abordar los altos círculos sociales-, sino que se sostiene en una perspectiva de análisis más cercana al constructivismo social, que subraya la capacidad de agencia de los individuos y de los grupos sociales sobre la realidad social en la que están inscriptos, y que considera sus expresiones sociales y culturales (desde sus formas de sociabilidad a los discursos que modelan sus construcciones identitarias) no como aspectos epifenoménicos o residuales sino como prácticas que inciden activamente en las cosmovisiones y en los comportamientos de los actores sociales, en tanto implican determinados posicionamientos y atribuciones de sentido sobre el contexto social en el que están inmersos.
En segundo lugar, una de las aristas más sugestivas de esta investigación es la problematización de la belle époque de preguerra como período histórico para las elites tradicionales.
Convencionalmente entendido como una coyuntura definida por una prosperidad económica que favoreció un salto cualitativo en el nivel y en la calidad de vida de las altas esferas de la sociedad a través del consumo suntuario y de la ostentación material, uno de los puntos subrayados por Vicuña es que estas mismas características del alto mundo social generaron "ruidos" en el interior de la propia elite, y especialmente en importantes sectores del universo femenino, que no quedaron "a merced de la corriente identificada con una despreocupada vida de ocio, embarcándose, en cambio, en la ejecución de proyectos femeninos de reforma cultural y social" (p.
Un punto que, como enseguida señalaremos, es central en su trabajo.
En tercer lugar, es altamente interesante su reconstrucción de la conformación de la "alta sociedad" santiaguina del novecientos, entendida como una configuración de convenciones y relaciones sociales, anudada a través de distintos espacios de sociabilidad (del club a los salones de las residencias familiares), por la cual la elite logró delinear un mercado matrimonial con límites sociales precisos y un mundo social de vínculos personalizados, en un momento en el que en la sociedad tendía a afirmarse su despersonalización como consecuencia del crecimiento urbano y de los cambios en la estructura social producidos entre el último tercio del siglo XIX y los primeros años del XX (capítulo 1).
Es en este sentido especialmente sugestivo cómo Vicuña pone en relación el cambio de Santiago como ciudad -su crecimiento y diversificación-y el surgimiento de la "alta sociedad", al subrayar que la remodelación urbana realizada en las últimas décadas del siglo XIX -e imple-mentada además por destacados integrantes de la propia elite, como el intendente Vicuña Mackenna-abrió un conjunto de paseos y espacios urbanos que dotaron de escenarios "propios" a la alta sociedad haciendo posible así su desenvolvimiento (parques, barrios, etc).
Por otro lado, el autor sostiene que la constitución de esta última fue también posible y estuvo signada por un proceso de educación civilizatoria -siguiendo a N. Elias-, es decir, por un cambio en su sensibilidad -a través del refinamiento de conductas, gustos y consumos en el que se aprecia la difusión cultural europea, sobre todo francesa-y en la disminución de la violencia y del conflicto de las relaciones intra elite, todo lo cual ratificó su lugar en la cima de la pirámide social, al legitimar las distancias sociales gracias a un significativo arsenal de capitales culturales y simbólicos.
En este sentido, un destacable punto tratado por el autor es que la consolidación del lugar social de la elite santiaguina también se derivó de aceptar la incorporación de familias u hombres nuevos (al menos hasta el último tercio del siglo XIX), en tanto ello impidió su cristalización como grupo social y el surgimiento de elites rivales (capítulos 1 y 2).
En cuarto lugar, la mayor parte del libro (capítulos 2, 3, 4 y 5) se concentra entonces en la indagación del lugar de la mujer en la alta sociedad santiaguina de la época, y en un estudio de sus formas de sociabilidad, que además de ser un objeto de análisis en sí mismo constituye un lente particular desde el cual entrever qué respuestas ensayó este círculo social frente a los cambios que acarreó la modernización.
La tesis central al respecto es por demás atractiva, al estar muy atenta a los matices propios de toda realidad histórica.
Fundamentalmente, Vicuña plantea -contra una imagen extendida por una importante proporción de los estudios anclados en la historia de género-que las constricciones a la libertad femenina tantas veces subrayadas como rasgos emblemáticos del siglo XIX y más aún, de las altas esferas sociales, impiden aprehender que esas convenciones sociales pudieron ser activamente apropiadas por las mujeres para trascender los límites que aquellas formalmente les imponían.
Este argumento se aprecia en primer lugar en su análisis de la figura de las saloniéres (capítulo 2) es decir, de las anfitrionas de los principales salones del alto mundo social: tradicionalmente entendidas como figuras decorativas, Vicuña subraya que el salón, y el papel desempeñado en él por las mujeres, significaron en cambio una fuente altamente significativa de autoeducación para el universo femenino, que le permitió así acotar las dis-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS AEA, 62, 2, julio-diciembre, 2005, 311-360.
ISSN: 0210-5810 tancias que mantenían con los hombres a causa del diferente grado y perfil de educación formal recibida por unas y otros.
A su vez, destaca que fueron especialmente las mujeres las que mantuvieron activa la trama social de la alta sociedad, no sólo por dotarla de espacios de encuentro en reuniones y salones de las que eran anfitrionas, sino también por funcionar como "brokers" en el mercado matrimonial, papel de gran importancia para asegurar la reproducción social de la elite (básicamente porque su rol de "chaperonas" disminuyó el peligro de casamientos socialmente indeseables o inconvenientes en un momento en el cual, como subraya el autor, la influencia directa de los padres en las concertaciones matrimoniales comenzó a declinar).
En segundo lugar, Vicuña también destaca cómo el seguimiento antes que la ruptura de las convenciones sociales podía dar lugar a importantes transformaciones en la condición femenina al analizar los espacios más formales de sociabilidad que impulsaron las mujeres de la elite santiaguina: el Club de Damas y la Liga de Damas Chilenas, ámbitos diferenciados fundamentalmente -según nos dice el autor-por la mayor preponderancia de la mirada católica en el segundo (capítulos 3 y 4).
Vicuña sostiene que estas entidades, explícitamente alejadas de las ramas más militantes del feminismo, con todo subrayaron la necesidad de una mayor libertad ysobre todo-una mejor educación para las mujeres a fin de que éstas pudieran perfeccionarse en su rol de madres y esposas y así atenuar el impacto que la descontracturación de conductas aparejada por la modernización tendría en los hogares de alta sociedad (temida sobre todo por la aparición de una "sociabilidad juvenil" dotada de una creciente autonomía hacia los años 1910).
De esta manera, fundamentaron y alentaron un enriquecimiento de la formación cultural del universo femenino, al mismo tiempo que expresaron la expansión en Chile del "culto a la domesticidad" (la ponderación del hogar familiar como refugio frente a los cambios sociales).
También fueron espacios que supusieron una importante intervención de las mujeres en la esfera pública, al encarar e impulsar un "apostolado" a favor de estos lineamientos a través de medios de importante alcance social como la prensa o de eventos abiertos a un público más amplio que el de la propia elite (capítulo 5).
Si bien expresado en un tono más implícito, en tanto Vicuña le otorga un lugar importante a analizar y definir el clima de ideas que subyacía detrás de estos ámbitos de sociabilidad, un aporte igualmente sugestivo de este trabajo -o al menos, entonces, una lectura que puede desprenderse de él-es el señalamiento de los puntos de con-tacto que, frente a la modernización, existieron entre sensibilidades y miradas ancladas en perspectivas diferentes (seculares y católicas), justamente porque ambas se volcaban sobre una realidad que, a través de sus cambios vertiginosos, diluía un "mundo" de valores y prácticas conocido.
En consecuencia -como el autor subraya en el epílogo-la belle époque, si fue un período de disfrute, refinamiento y prosperidad para la alta sociedad santiaguina, también enmarcó un sensible desafío a las convenciones sociales sobre la que ésta había descansado hasta mediados de los años diez como consecuencia del impacto del proceso de modernización.
Este último se aprecia en la fragmentación y disrupción de ese mundo social que fue la "alta sociedad" del novecientos a partir de la primera posguerra y los años veinte.
Con todo, el libro de Vicuña -como todo texto verdaderamente relevante-dispara ciertos interrogantes referidos a aspectos que quizá habrían merecido un mayor lugar en el texto, como merece algunas observaciones metodológicas que probablemente enriquecerían, antes que diluirían, los argumentos que sostiene a través de sus páginas.
Comenzando por este último punto, llama la atención la ausencia de un trabajo prosopográfico que hubiera permitido la reconstrucción y la caracterización precisa de los integrantes del alto mundo social santiaguino.
Esta opción metodológica es abiertamente rechazada por el autor fundándose en sus límites interpretativos (p.
Esto es indudablemente cierto, pero también lo es que resulta una alternativa apropiada para una definición precisa del universo social bajo estudio, sobre todo para un lector poco conocedor de la historia chilena y de la evolución de la composición de sus altas esferas sociales.
En cambio, el autor reconstruye la trayectoria histórica de la elite santiaguina a partir del clásico modelo de las tres generaciones desarrollado por Oppenheimer y Balmori que, si bien puede ser apropiado para el caso chileno, ha sido ampliamente discutido tanto metodológicamente como por su potencialidad para trazar el retrato de la evolución de las elites en otros casos regionales.
En este sentido, también hubiera sido deseable una mayor presencia de la mirada comparativa, a fin de precisar mejor qué aspectos resultarían originales de la experiencia chilena y cuáles fenómenos trascendieron al caso de la elite santiaguina.
Como señalamos al comienzo de estas líneas, es cierto que no abundan trabajos anclados en miradas similares a las que Vicuña traza para el suyo (aunque tampoco son inexistentes), pero sí es amplia la bibliografía referida a países de fuerte irradiación social y cul-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS AEA, 62, 2, julio-diciembre, 2005, 311-360.
ISSN: 0210-5810 tural sobre las elites latinoamericanas de estos años (por ejemplo Inglaterra y Francia) así como para el caso de la costa este norteamericana, interesante parangón de referencia por ser grupos sociales más similares que los europeos, en cuanto a sus orígenes y trayectorias, a las elites sudamericanas.
Finalmente, entonces, quedan los interrogantes que la convincente exploración de Vicuña nos despierta como lectores.
Ante todo, el proceso de educación civilizatoria para la elite adquiere en su texto el carácter de un proyecto un tanto deliberado, que, sin desconocer las iniciativas tomadas con ese carácter (por ejemplo, la fundación de clubes orientados a reformular las relaciones sociales intra elite, como se aprecia en el análisis del Club de la Unión en el capítulo 1), llevan a preguntarnos si ese proceso no habría sido también el resultado de prácticas y decisiones más difusas, impuestas o incluso alentadas por las circunstancias, como la prosperidad material, y los juegos de imitación y diferenciación en el interior de la propia elite.
El autor lejos está de desconocer estos procesos, pero los incorpora de manera poco sistemática al análisis de los rumbos y modalidades que habrían signado el proceso de refinamiento cultural de la elite.
En otras palabras, cabe preguntarse si aquello que retrospectivamente interpretamos como dotado de una sólida consistencia no reconoció, contemporáneamente, un mayor grado de aleatoriedad.
Así, una exploración más atenta de las prácticas sociales desenvueltas por afuera de los espacios más formalmente institucionalizados (como los paseos sociales), quizá resulte una arista valiosa para incorporar más abiertamente cómo esa educación civilizatoria se fue constituyendo también en instancias más interaccionales y espontáneas, antes que sólo o preponderantemente por medio de espacios conscientemente delineados para propiciarla, como los salones y los clubes (el análisis más interesante que en este sentido nos ofrece Vicuña es el referido al viaje a Europa -el Grand Tour criollo-como instancia de adquisición de conductas y maneras refinadas -capítulo 2-).
Por lo demás, como lo señala el propio autor, los salones se caracterizaron por reunir antes que al conjunto de la alta sociedad, a algunos sectores específicos de la misma, como los grupos más inclinados a inquietudes artísticas e intelectuales, matiz que se convierte en otro de los aportes más interesantes del texto al descomprimir la homogeneidad de la alta sociedad iluminando los juegos de distinción internos a ella, pero que también arroja, entonces, otra vía sugerente para reflexionar sobre las modalidades que habría seguido la expansión del refinamiento y la civilización en el interior de la elite (por medio de procesos de imitación y/o diferenciación internos), así como, en consecuencia, sus límites y alcances.
Otra pregunta que motiva la lectura del trabajo de Vicuña es si la elite santiaguina debió darse esa distinción ofrecida por la educación civilizatoria sólo para ratificar jerarquías ya existentes y aceptadas (la opción elegida por el autor), o en cambio, debió hacerlo para reafirmar una posición menos cómoda como consecuencia de los cambios sociales que acarreó la modernización.
A lo largo de su trabajo, el autor relativiza la incidencia que los sectores medios en ascenso tuvieron en las respuestas ensayadas por la elite ante este escenario de cambios sociales.
El énfasis de su explicación más bien descansa en que esas respuestas fueron alentadas sobre todo por el desdibujamiento que la modernización provocaba en las convenciones que definían y sostenían a la alta sociedad.
Pero cabe también preguntarse hasta qué punto las iniciativas propulsadas por entidades como las que analiza el autor tenían como motivo sólo recomponer un mundo social que se desdibujaba progresivamente o si la mismas no apuntaron también a reforzar el lugar social y simbólico de la elite tradicional en la sociedad.
Sin dudas, el eje subrayado en el texto es de incuestionable pertinencia, y es probable que la explicación de Vicuña sea correcta, teniendo en cuenta que la sociedad santiaguina mantuvo un carácter bastante jerárquico a pesar de los procesos de cambio social, ausente en otros escenarios contemporáneos, como el de Buenos Aires, en donde el temor al advenedizo fue una constante entre los testimonios de los integrantes de los sectores tradicionales.
Este temor, al menos a partir de la lectura del trabajo de Vicuña, parece haber sido bastante poco importante entre la elite santiaguina.
Es aquí donde, por lo tanto, la mirada comparativa permitiría reforzar algunos de los argumentos planteados por el autor y clarificar mejor la especificidad de la experiencia de la elite santiaguina en la belle époque.
No obstante lo anterior, avanzar más decididamente en el lugar que la elite tradicional tenía en el imaginario de los sectores medios en ascensopor ejemplo, como grupo social de referencia en cuanto a conductas, comportamientos y hábitos a seguir para obtener reconocimiento social-es decir, poner en juego el mundo de la elite con la percepción que de ella se tenía desde afuera, es probablemente una de las puertas más interesantes que el valioso trabajo de Manuel Vicuña deja entreabierta para profundizar el análisis de los cambios socio culturales que aparejó la modernización en el Santiago de Chile de las primeras décadas del siglo XX.-LEANDRO LOSADA. |
Históricamente, diversos fenómenos meteorológicos y geológicos afectaron constantemente a la antigua ciudad chilena de Concepción, desde su declarada y abierta proposición de superar, arquitectónicamente hablando, las manifestaciones de la naturaleza.
Relatos, grabados, mapas y diversos testimonios reseñan e ilustran aquellas experiencias, manteniendo y conservando en la memoria colectiva estos «infaustos» episodios.
1 Por lo tanto, el escribir a partir de la idea de los desastres causados por los peligros naturales como posible símbolo de la cultura penquista, supone ingresar a un mundo completamente distinto que despliega un imaginario diferente, donde las relaciones entre el hombre y su entorno cobran -a cada instante y de forma reiterada-un nuevo significado.
En este contexto, ¿cuál vendría a ser esta conceptualización desde una perspectiva urbana?, o bien ¿cuáles serían las posibilidades de comprender y analizar la memoria que intenta recuperar los momentos contradictorios de la relación existente entre los desastres y la sociedad penquista colonial?
Para responder a tales interrogantes, se han analizado un conjunto de fuentes históricas, tanto en Chile como en España, en las que los fenómenos naturales aparecen como los eternos enemigos de la tranquilidad espiritual y del progreso material de los habitantes de la antigua ciudad de Concepción.
2 Teniendo en consideración lo anterior, el presente artículo se puede convertir en un aporte significativo ya que, al utilizar descripciones inmediatas al acontecer de los hechos, es posible recrear el desarrollo de la catástrofe, no solo desde una plataforma urbana o arquitectónica, sino también social y cultural, al conocer las formas en que se incorporaba al imaginario colectivo y originaba un modus operandi particular que permitía restablecer el orden en la afectada comunidad.
Antecedentes para nuestro enfoque
El estudio de los desastres causados por los peligros naturales promovió, una vez finalizado el denominado «Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN, 1990-1999)»,3 la aplicación de un cambio conceptual a través del desarrollo de investigaciones y acciones internacionales orientadas a lograr la reducción de los efectos causados por los mismos.
Ciertamente, los grupos de investigación que se dedican al tema han concluido que no existe ninguna ciudad que se encuentre libre de verse afectada por algún tipo de evento de origen natural que sea destructivo, como por ejemplo terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones y huracanes.
Se insiste en que lo más importante es saber resolver las situaciones coyunturales, y luego tener la capacidad de recuperación, la que en cada comunidad, y dependiendo del fenómeno concreto que la afectó, sería distinta (es lo que se denomina resiliencia);4 de este modo, e intentando criterios de estudio y acción, la comunidad científica llegó a un acuerdo generalizado con respecto a tres conceptos básicos:
Peligros Naturales: representan los efectos físicos de un proceso natural potencialmente perjudicial.
5 Vulnerabilidad: describe el grado de resistencia o susceptibilidad de un sistema socioeconómico con respecto al impacto de los peligros naturales; por lo tanto, el grado de vulnerabilidad (de 0 a 100%) se determinará por una combinación de factores, incluyendo la concienciación existente sobre estos peligros, las condiciones que presentan las poblaciones y la infraestructura, junto con las políticas relacionadas con la gestión de los desastres.
6 Riesgo: probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de la actividad económica), resultado de interacciones entre procesos naturales y condiciones de vulnerabilidad.
7 Complementando lo anterior, y con el fin de evitar la confusión que puede generar el uso de los términos «fenómeno natural» y «desastre», debemos decir que algunos fenómenos naturales son destructivos, pero no siempre causan desastres, como, por ejemplo, un terremoto que ocurre en una zona despoblada; en definitiva, un desastre es siempre un producto social en el cual el proceso físico no determina necesariamente el resultado, 8 en otras palabras, existe el riesgo de que ocurra un desastre cuando uno o más peligros naturales se manifiestan en un contexto vulnerable, por lo que una evaluación de riesgo debe considerar la siguiente ecuación: Riesgo = Peligro + Vulnerabilidad.
9 Ahora bien, de la mencionada ecuación se pueden desprender dos enfoques para analizar los desastres.
El primero, y el más extendido, ha tomado como punto de partida la idea de que los desastres son característicos de procesos naturales peligrosos; es decir, que los peligros naturales son los elementos que determinan el carácter del desastre, articulando así lo que algunos investigadores han denominado en sus trabajos como «naturaleza violenta y desenfrenada».
10 El segundo, el menos difundido, considera que el elemento activo de los mismos es la vulnerabilidad y los procesos y estructuras socioeconómicas que la conforman, en otras palabras sería la vulnerabilidad la que determina el carácter y alcance de los desastres.
11 Sobre este último punto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) -dentro del marco del mejoramiento de la metodología empleada en la evaluación de los daños causados por los desastres-, además de puntualizar los factores y definir las tres categorías de la vulnerabilidad (la exposición destructiva ante una determinada amenaza, la incapacidad de reaccionar adecuadamente cuando la amenaza se presenta y la incompetencia para lograr la recuperación de las condiciones de vida normales), presentó el siguiente esquema para entender de mejor manera su funcionamiento y aplicación: Vulnerabilidad = f (Grado de Exposición, Resistencia).
12 Dentro de esta lógica, el énfasis puesto en la vulnerabilidad como el «agente activo» de los desastres y no el fenómeno natural en sí mismo, constituye una interpretación válida para nuestro estudio; en efecto, y par-8 Herzer, 1990, 5.
Para efectos de esta ecuación, el «grado de exposición» corresponderá al tiempo y modo sometido de un ecosistema a los efectos de una actividad potencialmente peligrosa, es decir, cuanta energía potencialmente destructiva recibe y por cuánto tiempo; y «resistencia» como la capacidad de las sociedades humanas para hacer frente a los desastres.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.07 tiendo de la base de que la vulnerabilidad no se determina por «peligros naturales», sino por ciertos procesos sociales, económicos y políticos, las regiones más vulnerables serían aquellas que presentan mayores índices de pobreza y un mayor grado de dependencia.
De esta manera, y tal como lo explica la especialista Virginia García, esta desfavorable situación sería el resultado de la evolución de múltiples procesos sociales y económicos que, asociados a determinadas condiciones geofísicas, elevan el porcentaje de vulnerabilidad de determinadas sociedades; 13 por lo tanto, y teniendo en cuenta estos aspectos, podemos decir que los fenómenos naturales no serían necesariamente los agentes que provocan el desastre, puesto que solo se convertirían en el «detonador» de una situación crítica preexistente.
A este respecto, el investigador chileno Alfredo Rodríguez, al hablar de aspectos «no-naturales» de los efectos de los eventos naturales, indica que muchas veces éstos alcanzan la categoría de «desastres» por falta de previsión, o bien por la precaria realidad de algunas poblaciones; por lo que, al momento de desencadenarse un peligro natural, se desvelaría una parte de la realidad urbana que permanecía oculta, esto es: poblaciones precarias, materiales de construcción inadecuados, fábricas mal ejecutadas, localizaciones inadecuadas, etc. 14 En consecuencia, y en base a estos aportes teóricos, en las siguientes páginas daremos a conocer las alternativas desarrolladas por los habitantes de la vieja ciudad de Concepción en su intención por superar la dinámica de la naturaleza.
La fundación de Concepción y sus primeros registros catastróficos
En el curso de esta investigación, las primeras experiencias catastróficas registradas en la ciudad de Concepción datan a partir de 1536, cuando el riguroso clima afectó seriamente a la hueste dirigida por Diego de Almagro.
En la ruta cordillerana, el mencionado descubridor se encontró con las torrenciales lluvias del verano y, si bien llegó hasta el cultivado y fértil valle del río Aconcagua, las noticias que le trajo desde el sur su capitán Gómez del Alvarado en pleno invierno del citado año, unidas a la falta del oro que iban buscando, lo hicieron regresar al Perú.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.07 La difamación que hizo el citado adelantado del suelo chileno, no fue impedimento alguno para que Pedro de Valdivia dedicase su vida a conquistarlo y, en su intento por fundar una ciudad en el sur del territorio recién descubierto, se adentrara en el terreno araucano-mapuche.
Viendo que el número y arrojo de los indígenas hacían imposible la exploración de la región más allá del río Biobío, el extremeño se dirigió con su tropa hacia el mar en busca de una hermosa y abrigada bahía que, según dejó escrito su secretario Gerónimo de Vivar, «había visto el gobernador cuando vino el año de mil y quinientos cuarenta y cuatro donde dijo que había que poblar una ciudad cuando allá tornase».
15 De este modo, Valdivia -al mando de una hueste de 200 hombres-llegó al valle de Andalién en febrero de 1550 y se detuvo allí durante dos días.
En aquel sitio, el 22 de febrero, los indígenas -que según el conquistador sobrepasaban los vente mil-16 asaltaron su campamento pero los peninsulares, ante tal embestida, no fueron sorprendidos, gracias a que el fundador de la ciudad de Santiago había dispuesto que la mitad de los soldados velara el asentamiento mientras dormía la otra mitad.
En el lugar, se libró una dura contienda en la que el valor y el número de los indígenas pusieron a los españoles en desesperado aprieto, pero las armas europeas hicieron estragos entre los naturales, que no contaban con instrumentos defensivos; como consecuencia, la victoria no tardó en declararse a favor de los hispanos.
Un solo muerto tuvieron los españoles pero, según el mismo conquistador, «sesenta caballos y otros tantos cristianos» 17 quedaron heridos y, según otros, ninguno de los españoles combatientes escapó sin herida.
18 Lo cierto es que la ardiente fe de los españoles atribuyó el éxito de aquella jornada a la milagrosa intervención del apóstol Santiago, una figura decisiva en los enfrentamientos bélicos que sostuvieron entre los siglos XVI y XVII.
De esta manera, según refiere el cronista y militar Pedro Mariño de Lobera, «muy regocijados quedaron los cristianos con esta memorable victoria» 19 y ello, siguiendo su interpretación, reforzó aún más la idea de fundar una ciudad en aquellas tierras.
El sitio en concreto aún no se escogía, lo que sí se había definido era el nombre con el cual bautizarían a la futura ciudad: La Concepción de María Purísima.
Para cimentar tal objetivo, el gobernador escogió un terreno en una zona apacible y libre de enemigos.
Siguiendo algunos relatos juzgó como el sitio más cómodo un paraje que, rodeado de árboles y acompañado de una extensa bahía, le daban al lugar -llamado por los indígenas Penco-20 los atributos necesarios para ser el terreno donde fundar la ciudad castrense.
Habiendo caminado unas dos leguas (aproximadamente unos once kilómetros), y dejando atrás el lugar que precedió a la batalla, se llegó al espacio que ya está dicho e inmediatamente puso en ejecución su decisión.
De todo ello, el mencionado Pedro de Valdivia dio cuenta a sus apoderados de la Corte por carta fechada en Concepción el 15 de octubre de 1550: poblé este asiento y fundé una ciudad y nombrela de la Concepción del Nuevo Extremo.
Formé cabildo, justicia y regimiento, y puse árbol de justicia [...] y señalé vecinos, y repartí los caciques entre ellos; y así viven contentos, bendito Dios.
22 Once días más tarde, el nuevo cabildo confirió poder a Alonso de Aguilera para que gestionara en la Corte hispana mercedes y prerrogativas para la nueva urbanización.
El procurador cumplió su cometido y, entre otras peticiones, solicitó para Concepción un escudo de armas cuyos blasones, por real cédula del 5 de abril de 1552, quedaron dispuestos de la siguiente forma: un águila negra en el campo de oro i por una orla un sol de oro encima de la dicha águila i a los pies una luna de plata i a los lados cuatro estrellas de oro i dos ramos de azucenas de su color en campo azul.
23 Tal fue la fundación de Concepción, la primera de las ciudades australes de Chile, 24 la única urbe que pudo mantener a raya a los agresivos araucanos; la que, con mayor constancia y energía, soportó todo tipo de enfrentamientos bélicos y la que, gracias al indomable tesón de sus habitantes, llegó a un insospechado grado de prosperidad y grandeza, venciendo los obstáculos que frecuentemente le imprimía la naturaleza.
Todo esto sucedió hasta el mes de mayo de 1751, cuando un nuevo proceso geológico combinado obligó a su traslado.
El primer gran terremoto
En el Reino de Chile, mientras continuaban sucediéndose enfrentamientos entre los araucano-mapuches y los españoles, se viviría otro catastrófico acontecimiento, pero de naturaleza diversa y desconocida: un paroxismo, el primer gran terremoto que experimentaron los europeos en suelo chileno.
24 Lamentablemente no se conserva el acta fundacional de Concepción.
Los asaltos indígenas y las constantes destrucciones que provocaron los terremotos y tsunamis terminaron con el antiguo archivo del cabildo, siendo los documentos del viejo Archivo Municipal, que datan desde 1782, los únicos manuscritos que se conservan; el resto de los papeles.
25 Algunos historiadores e investigadores mencionan que el primer sismo del que se tenga registro ocurrió en 1520, señalando como fuente al abate Juan Ignacio Molina.
Su texto Saggio sulla storia naturale del Chili, publicado por Molina en Bolonia, en 1782, fija como el primero de los más importantes terremotos ocurridos en Chile, el del año de 1570.
Posteriormente, la traducción del mismo documento, efectuada por Domingo Joseph de Arquellada en 1788, seguramente por error de trascripción, indica el año de 1520.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.07 La ciudad penquista, puesta siempre en armas para prevenir incursiones indígenas, fue el primer centro urbano que experimentó la dinámica de la naturaleza; pues sus pobladores fueron sorprendidos la mañana del 8 de febrero de 1570 por un nuevo y anónimo enemigo.
Aquel día, miércoles de ceniza, cerca de las nueve de la mañana, hora en que la mayoría de los vecinos se hallaban en misa, repentinamente sobrevino un temblor tan grande que se cayeron la mayor parte de las casas y se abrió la tierra por tantas partes «que era admirable cosa verlo, de manera que los que andaban por la ciudad no sabían qué hacer, creyendo que el mundo se acababa».
26 Aquellas líneas se pueden entender porque muchos vieron salir, a través de las grietas que se abrieron en la tierra, grandes borbotones de agua negra con olor a azufre, hecho que asociaron con el hedor del infierno; además, luego del seísmo, fueron testigos de como el mar se retiró más de lo ordinario y «volvió con grandísimo ímpetu y braveza a tenderse por la ciudad».
27 Los penquistas, al escuchar el ruido estruendoso que precedió al terremoto, dejaron sus casas y salieron a las calles pidiendo a gritos la intercesión de la divina misericordia.
Envueltos en el miedo y el espanto, en consideración a los nulos conocimientos que tenían sobre el origen de los procesos naturales, entendieron -dentro de su religiosa y creyente mentalidad-que aquello era el fin del mundo, y por este motivo corrieron a refugiarse en las alturas más cercanas para establecerse provisionalmente.
En aquella despavorida huida, algunos comenzaron a preguntarse: ¿a dónde vamos?, ¿podremos escapar del castigo del Señor?; seguramente, con sus oscuros planteamientos intentaban traducir la inédita experiencia en alguna explicación lógica y satisfactoria, que ayudase a aquietar los ánimos y les brindase la posibilidad de tener una respuesta concreta para orientar un correcto actuar frente al ignorado fenómeno.
Siguiendo esta lógica, y en una actitud surgida directamente del temor y no de las características propias del evento, pensaban que si subían a lo alto, al cielo, Dios estaría ahí, y que si retornaban al llano de la ciudad también se encontrarían con él; incluso, otros llegaron mucho más lejos en sus pensamientos, vociferando que si pudieran volar hacia los desiertos o incluso llegar al otro lado del mar también serían alcanzados por el «azote divino».
Por lo tanto, muchos habitantes conscientes de sus faltas y de la gra-vedad de sus pecados, consideraron que la opción no era huir, sino «sufrir al señor, que es Padre y si ahora castiga, después nos regalará».
28 En este contexto, la arruinada ciudad debió ofrecer un espectáculo dantesco, repleto de escenas de desolación y llanto durante la tarde y la mañana siguiente.
Al respecto, el cronista Diego de Rosales expresó que: Los vecinos, habitando en estas precarias condiciones, consideraron como especial milagro de la Providencia que nadie hubiera perecido en el terremoto, 31 por lo que determinaron implorar solemnemente la clemencia divina por medio de un protector o abogado celestial.
Para cumplir aquel cometido, en el mes de junio de ese mismo año, se reunieron todos en la Iglesia Mayor en cabildo público, presidido por el mismo Torres de Vera, y habiendo echado a la suerte la elección de patrono, 32 recayó ésta en la Natividad de la Virgen Santísima.
Terminada la elección del intermediario, los presentes hicieron voto de edificar una ermita dedicada a esta advocación sobre la loma en que se habían refugiado después de la catástrofe, en acción de gracias.
Esta fue, además de la promoción de las reformas de las costumbres y la eliminación de los vicios arraigados en aquella sociedad, la fórmula utilizada, «suerte de remedio infalible», para frenar el comportamiento de la naturaleza; sin embargo, nadie se preocupó por atender las causas concretas del fenómeno que tanto daño les había causado, ni menos pensaron que el suceso podía volverse a repetir, solamente se avocaron a ensalzar la religión y sus símbolos, procurando así contentar a Dios, a quien sindicaban como el autor de tal evento.
En ese sentido, según refiere el cronista Pedro de Córdoba y Figueroa, los vecinos, además de las medidas ya adoptadas:
Un nuevo siglo, un nuevo sismo
Cuando iban diluyéndose en la memoria de las generaciones penquistas los estragos causados por el terremoto de 1570, se produjo un terremoto que trajo el espanto y turbación a los descendientes de aquellos habitantes que habían logrado levantarse del funesto evento del siglo anterior.
Así, y antes de comentar las características de este nuevo proceso geológico, hay que decir que, al despuntar el siglo XVII, la otrora «pequeña ciudad», como fue llamada por Mariño de Lobera, 35 comenzaba a mostrar cierto grado de adelanto y prosperidad.
Por ejemplo, de los treinta vecinos que albergaba en 1580 se aumentó, veinte años más tarde, a un total de setenta personas, 36 y en 1601, según un detallado informe redactado por el gobernador Alonso de Ribera, había en aquella urbe: tres conventos Ntra.
S a delas Mercedes, S n Fran co y S to Domingo cada uno de estos con un fraile; de ordinario la iglesia oy tiene un cura y un sacristán; ay un hospital que cuando yo llegué aquí estava por el suelo, casi perdida la memoria del y delas haciendas que tenia [...] la población de esta ciudad es de muy pocas casas y muy ruines de la traza que algunos buhios de paxa sin fora de calles ni ninguna cosa de curiosidad ni republica.
37 Se calcula que para el año de 1610 la ciudad tendría no más de ciento cincuenta casas que, al igual que el resto de los edificios del territorio chileno, estaban construidas de tapias y adobes, y eran humildes en cuanto a altura «porque ninguno tiene más del primer suelo y esto a causa de lo mucho que es sujeto todo aquel reino a terremotos».
38 Esta era la radiografía general de Concepción al comenzar el siglo XVII, una ciudad cuyo progreso material era muy lento, ya que su animada sociedad tenía en contra dos terribles enemigos: la guerra y las catástrofes.
El maestre de campo Martín de Herize y Salinas, comenzaba su relación histórica señalando que:
37 Gay (comp.) el cometa que por diciembre del año pasado de 52 apareció en la altura de Mayre, discurriendo por más de veinte días desde nuestra América austral a la septentrional de Nueva España, dio mucho que pensar en ambos reinos y especialmente en aquel se predijeron las fatales desgracia, y el común rebelión de los indios chilenos, insinuando ser mucho más lo que se dejaba al silencio de lo que se decía en el pronóstico.
39 sobrevino a esta catástrofe otro no menor fracaso, como fue salir por tres veces la mar por las calles de la dha. ciudad con que combatida de estos tan fuertes elementos cayeron los edificios y se perdieron los víveres y murieron hta. cuarenta personas.
43 Ciertamente, dos horas después del primer remezón y luego de que algunos vieran un enorme globo de fuego caer hacia el poniente, 44 el mar se retiró, pero inmediatamente volvió con un ímpetu aterrador y «bramando saltó las márgenes inundando y arrasando todo lo que había quedado en pié, todo lo que alcanzó su furia que fue hasta la misma plaza».
45 Cuando esto ocurría, y los espantados habitantes buscaban refugio en las lomas vecinas, el obispo Cimbrón se plantó en medio de la plaza y desafió a pie firme el furor de las olas, conjurándolas en nombre de Dios 46 -como si ello fuese el prodigio básico-para que se retirasen; sin embargo, esto no ocurrió, y todos los bienes y ajuares de las casas quedaron nadando en aquel mar sin márgenes.
En esta ocasión, no hubo construcción alguna que se eximiese del rigor de la naturaleza.
El palacio del gobernador, las Cajas Reales, los almacenes militares, el hospital de San Juan de Dios, así como los tres conventos, quedaron enteramente destruidos; lo mismo pasó con un barco que estaba en la bahía, que tras el terremoto quedó en medio de una laguna situada en los terrenos del arruinado convento de San Agustín.
Solamente la iglesia y colegio de la Compañía de Jesús, por encontrarse en un sitio más elevado que el resto de los edificios, se libraron de «la ira» porque Dios, siguiendo la providencialista interpretación del padre Miguel de Olivares, quiso que quedase en pie para el consuelo y refugio de tan afligido pueblo.
A la mañana siguiente, los penquistas comenzaron a descender de las lomas en que se habían refugiado, e in situ pudieron apreciar y valorar la ruina en que habían quedado convertidas todas sus pertenencias materiales.
El obispo, vestido de penitencia, reunió a los vecinos detrás de los muros de una capilla y les dirigió una piadosa exhortación, consolándoles en tanta desgracia y predicándoles la expiación para apaciguar la cólera divina.
Tras concluir sus palabras, la ciudad entera hizo voto de sacar en procesión una imagen de Nuestro Señor Jesucristo todas las noches del 15 de marzo, 43 Gay (comp.), 1852, II, 243.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.07 cumpliéndolo religiosamente hasta el terremoto de 1751; 47 no obstante, durante esta nueva tragedia, nadie se preocupó de comprender el origen de las causas físicas del evento, ni menos asociaron la reiteración del funesto acontecimiento al emplazamiento de Concepción.
¿Se pensó en el traslado de la ciudad?
La nueva catástrofe produjo una profunda impresión en todos los ánimos e incitó el desaliento entre los colonos ya que, por encontrarse totalmente disipados y repartidos entre las estancias y haciendas vecinas 48, comenzaron a hacer más latente la creencia de que aquellos nefastos acontecimientos eran una señal incuestionable de que era voluntad divina que los españoles no dominaran el territorio allende el Maule; además de ser un castigo evidente por las faltas acumuladas y el anuncio de nuevos desastres.
Sumábanse a estas sombrías percepciones la falta de recursos económicos para reedificar la ciudad y los fuertes arruinados, por lo que los habitantes de la destrozada urbe y las tropas que protegían la frontera del sur de Chile pronto se verían acosados por el frío y el hambre.
Esa mísera situación obligó a muchos a pensar que la ruina de aquel Reino era prácticamente irreparable, por lo que fue opinión común abandonar todos los territorios situados al sur del Maule y establecer sobre este río una línea fronteriza que los españoles no debían traspasar.
Esta era al menos la opinión de los miembros de la Audiencia de Santiago, manifestada oficialmente al rey en el comunicado que el fiscal don Alonso de Solórzano y Velasco redactó en la mencionada capital del Reino de Chile tras recibir noticias de la catástrofe penquista.
Conbendra -decía ese escrito-despoblar la ciudad de Concepción, dejándola fortificada con solo 200 soldados, haciendo mejor y mas segura mancion que ya se bieron despobladas en otra ocasión las ciudades de la Imperial, Villa-Rica y Angol, Osorno y aora la de Chillan, y dejar (des)poblada la de Chillán y pasar sus armas á el partido de la ribera de Maule, poblando en Duao, país capaz de buen temple y muy fértiles aquellas riberas, donde se guardara el vado que el río abre allí, tiene gran comodidad para el riego de tierras.
El mensaje de fondo que contenía aquel oficio era que el territorio de Chile estaba prácticamente perdido, y que los medios para su restauración resultaban absolutamente ineficaces, ya sea por la escasez de habitantes, de recursos económicos o por la fuerza y vigor de los indígenas; sin embargo, a pesar de la minuciosa y razonada exposición, en ninguna línea del citado documento se atiende al comportamiento de la naturaleza.
A la luz de aquella propuesta, y en el ánimo del rey y de sus consejeros, claramente quedaba desprestigiada la labor del gobernador, don Pedro Porter Casanate.
En este sentido, hay que decir que en la Corte española aún se mantenía intacta la creencia del poder ilimitado de las armas reales, entendiéndose que los desastres ocurridos en Chile eran el resultado de un mal gobierno, por ende, la negativa situación se mejoraría sustituyendo a las autoridades de turno.
Es por ello que, y a pesar del poco auspicioso escenario, Porter Casanate continuó con la recuperación del territorio perdido, intentando restablecer la paz y la tranquilidad comprendida entre los ríos Maule y Biobío.
Pedro Porter, que estaba fuera de Concepción el día de la ruina, volvió a ella tan pronto como tuvo noticias del terremoto, apresurándose para ponerla en estado de defensa, temiendo, una vez más, que los indígenas se aprovecharan del caos y de la consternación de sus habitantes.
Su sola presencia, sumada a la llegada de algunas fragatas con víveres, reanimaron a los afligidos pobladores de Concepción quienes, a pesar de la desnudez y escasez de comidas en que les dejó el terremoto, no pensaron jamás en abandonar su ciudad.
Así, ayudados por los socorros que les fueron enviados por el cabildo santiaguino, comenzaron a reconstruir sus arruinadas habitaciones, las cuales, transcurrido un año de la catástrofe, estaban en su gran mayoría habitables, permitiéndole a la urbe poder recobrar una existencia aparentemente normal y tranquila.
Martín Herize y Salinas, quien por entonces era corregidor de ella, expresó en su obra lo siguiente: finalmente puedo y debo afirmar que con estos felices progresos del señor Gobernador se ha restaurado mucha parte de lo perdido, así en la rebelión, como en el terremoto y reflujo que padeció Penco; porque si hemos de juzgar por los efectos, se reconoce que las iglesias y conventos se reedifican, el culto divino y celebración de fiestas se frecuenta con mucho lucimiento, las casas se reparan y se hacen otras de nuevo, los caminos están seguros, los vecinos se alientan a poblar y restituir sus estancias.
50 Siguiendo el comentario de este funcionario, puede entenderse que el hecho de que los vecinos no hayan pensado en ningún momento abandonar su ciudad se explique porque en ellos estaba arraigado de un modo profundo el espíritu de los colonizadores, una energía que, según Herize y Salinas, les impedía abandonar su lugar de residencia habitual, aún ante la perspectiva de obtener riquezas, incluso menos sacrificadas, en otro lugar.
Durante los primeros años del siglo XVIII, Concepción comenzó a experimentar una serie de importantes cambios no sólo en su fisonomía, sino también con relación a su papel como capital militar del país.
Esta situación se debió fundamentalmente a que, tras el terremoto de 1657, la guerra empezó a perder intensidad y entró en una etapa de tregua no concertada que dio paso a una convivencia más fluida en las relaciones fronterizas, originando una reducción de la estructura castrense a favor de las relaciones comerciales hispano-indígenas.
En este contexto, y a modo de ejemplo, la declinación del período bélico se apreció en la disminución del Real Situado que llegaba a Concepción, ya que su envío, desde 1688, se hizo directamente desde Potosí, sin pasar por las Cajas Reales limeñas, agilizando su recepción; esto se tradujo en una ferviente relación comercial mercantil entre los soldados del ejército y los comerciantes de profesión.
51 Además, la presencia de navíos franceses, que bajo pretexto de las alianzas creadas con la Corona española originaron una importante red de contrabando, ayudaron a modificar y darle vida al puerto y a la ciudad en su conjunto.
52 Lo concreto es que Concepción se comenzó a transformar al ritmo de las nuevas circunstancias.
Una de ellas, y quizás la de mayor impacto, fue el desarrollo del comercio cerealero que se tradujo en importantes cambios en la estructura comercial exportadora al crecer notablemente el sector agrícola sobre el ganadero.
Resultado de lo anterior, la ciudad militar, que había resistido los enfrenamientos bélicos y que se había logrado levantar luego de dos paroxismos de origen geológico, quedaba relegada por la ciudad civil; sin embargo, el rápido proceso de crecimiento y desarrollo que presentaba el asentamiento se vio obstaculizado, nuevamente, por la acción desenfrenada de la naturaleza.
El 8 de julio de 1730, un nuevo terremoto que afectó a todo el territorio chileno se hizo sentir con más fuerza en las ciudades del sur, y en forma especial en Concepción, donde el movimiento sísmico fue acompañado de una serie de salidas del mar que la dejaron en la más absoluta ruina.
Ésta sería la tercera catástrofe natural que la destruía.
Aquel movimiento telúrico, que se produjo a la una y media de la mañana, 53 fue calificado como «uno de los más terribles estremecimientos de la tierra esperimentado en América», 54 y el tsunami que lo acompañó provocó, una vez más, dramáticas descripciones de llanto y desolación.
Según el testimonio del obispo penquista Francisco Antonio de Escandón, después del seísmo y hasta las primeras horas de la madrugada, el mar se retiró durante cuatro o cinco oportunidades siendo: la retirada, y la salida y cada una con mas impetuosa fuerza, especialmente la tercera, en que, como a las tres de la mañana, se volvió a repetir el temblor de tierra, aun con mayor duración y con tan violentos vaivenes que pareció quería arroxar de si a todos los mortales.
55 Las olas del mar que, siguiendo el lenguaje e interpretaciones de la época, no se contuvieron en los términos que Dios les señaló, entraron en la ciudad más de tres manzanas o cuadras tierra adentro (unos quinientos metros), barriendo con sus embates todo lo que el temblor había dejado en pie, 56 infligiendo en la urbe la más absoluta desolación.
El jesuita Miguel de Olivares lo evocó así: retirándose el mar por tres veces, tres veces volvió con mas furia con todo el peso de aquellos montes de agua; i salvando la playa se entró sin resistencia por la ciudad y arruinó mas de doscientas casas que estaban situadas en lo mas bajo de la población i cerca de la playa.
Los daños y las enmiendas
Si se intentan analizar los perjuicios ocasionados por la catástrofe, bien se puede afirmar, siguiendo la documentación, que fueron mayores a los ocurridos en 1657, principalmente porque la inundación provocada por el tsunami se extendió mucho más tierra adentro, afectando a un mayor número de construcciones.
Ahora, si se consideran las mejores condiciones socioeconómicas de los nuevos vecinos, en comparación con los del siglo anterior, resulta lógico pensar que los edificios se habían alzado con más calidad y lujo, con lo cual la pérdida resultaba de mayor cuantía.
El obispo Francisco Antonio de Escandón lo resumió de la siguiente manera: dexo arruinadas de las tres partes, las dos de sus templos, sus casas y sus edificios, llevándose consigo cuanto encontró dentro de ellos, y lo que no pudieron sacar las ondas lo dejó sepultado en sus ruinas.
Cayó todo el Convento de San Francisco, menos la iglesia que quedo maltratada, que será forzoso derribarla.
El de San Agustín cayo tan del todo que solo se pudo sacar, con gran peligro el Santísimo Sacramento.
La Iglesia, el Hospital de San Juan de Dios, se arruinó [...]
A un mismo tiempo se arruinó cayendo a plomo, el Palacio de los Governadores; lo mismo le sucedió al mío; por estar uno, y otro los mas cercanos al mar.
Cayeron las Caxas Reales, la Sala de Armas y Municiones, la Veeduria general, la Guardia principal, los cuarteles de Cavalleria, e Infanteria, las Casas del Ayuntamiento, las Carzeles públicas.
Y en suma, de tres partes, las dos, de las mas principales casas y edificios de esta ciudad con los Graneros, las Bodegas, y tiendas de Mercaderías.
58 Siguiendo su pormenorizada descripción, no es difícil poder imaginarse el estado de la ciudad a la mañana siguiente, el cual acentuaba aún más el grado de aislamiento y el sentimiento de desamparo.
Así los penquistas, que como en las ocasiones anteriores, escaparon hacia los cerros aledaños, se quedaron admirados al ver como todo el sector que llamaban Canta-Ranas, que era el más cercano a la playa, «estaba a un nivel con el agua de la bahía, i que todo era mar i que el mar había perdido sus orillas».
59 Como consecuencia del terremoto, y especialmente por las inundaciones marítimas, los pobladores quedaron sin albergue, sin ropa, sin muebles ni víveres, ya que -continuando con la escena descrita por Escandón-«en medio de este mar nadaban sus haciendas de ropa y cuanto tenían en sus casas y aun las mismas casas, porque los que eran ranchos de madera de algunos pobres, las arrancó el agua y se las llevó».
60 Por lo tanto, el resultado de aquel proceso geológico combinado dio origen a fervorosos actos de piedad, además de todo tipo de comentarios, ya que el vulgo, como era común ante este tipo de eventos, se ocupó de referir anécdotas que indicaban que el pueblo tenía plena conciencia de que aquel terremoto era la consecuencia de sus innumerables excesos; 61 y aunque el obispo, distinguido hombre de letras, no estaba de acuerdo con esta aseveración, no perdonó diligencia alguna para fomentar el recogimiento de sus afligidos y «culpables» devotos.
De este modo, el citado prelado se dedicó a predicar en los cerros, donde estaban refugiados los habitantes penquistas, poniendo de manifiesto un hecho que consideramos importante: la capacidad o virtud para aceptar íntegramente la condición que identifica a Dios como fuente de castigos y principio de misericordia.
Sin embargo, tal como lo indica el mismo Escandón, la perfección de Dios no sólo va reducida a castigar y hacer justicia, sino que también implica la piedad de la misericordia, una suerte de dialéctica en cuanto a la transformación de algo negativo en su anverso positivo.
En este sentido, se puede inscribir el siguiente comentario del insigne clérigo: para agilizar los trabajos de reparación, ya que la catástrofe había dejado a la mayoría de los penquistas no sólo sin techo, sino también sin víveres.
Intentando aliviar la grave situación, el cabildo santiaguino ordenó que se trajesen provisiones de las estancias vecinas, fijándole los precios en nombre del interés público, a fin de que la desgracia común no diera origen a despiadadas especulaciones.
Así, y con los auxilios enviados desde Santiago y Lima, prontamente se comenzó la reconstrucción de aquella ciudad, sin que nadie se detuviera a pensar en la posibilidad de buscar un sitio más adecuado para su emplazamiento.
La ruina final y el obligado traslado
Concepción no se alcanzaba a recuperar de los estragos sufridos tras el terremoto de 1730, cuando otra vez fue asolada por la naturaleza.
Esta nueva catástrofe, la cuarta de su historia, sería decisiva para el emplazamiento de la ciudad, ya que el terremoto y tsunami de 1751 la dejaron en la más absoluta ruina, evocando las proféticas palabras el gobernador Cano y Aponte que, tras el desastre anterior, había concluido que la restauración del Reino «llevaría tanto tiempo que sería imposible de ver por quienes vivenciaron aquel fenómeno».
64 A este respecto, las crónicas y los documentos de la época abundan en patéticas descripciones, pero antes de conocerlas, quizás resulte interesante apreciar el estado de la ciudad previo al cataclismo.
El padre Gabriel Guarda, basándose en planos y documentos inobjetables recopilados durante su larga trayectoria investigadora, expuso que el tsunami que se generó tras el sismo privó a sus habitantes de una ciudad que, debido a su original desarrollo, añorarían con nostalgia, dada la alta jerarquía de la urbe y su peculiar desenvolvimiento.
65 El habitante y espectador de aquel excepcional recinto, siguiendo su completa descripción: remontaba desde el sur la calle principal, paralela al mar, lo hacia partiendo de la plazuela de Santo Domingo, contigua al convento de este título; a escasos metros de este cenobio, a su derecha veía abrirse una pequeña plazuela flanqueada por el palacio episcopal, el seminario conciliar y la Catedral, que presentaba a lo largo del total de uno de sus constados los contrafuertes de la nave de la Epístola.
Avanzando siempre por la misma calla, el transeúnte pasaría frente al hastial de ese magnifico edificio y entraría por el ángulo sur a la gran Plaza Mayor, que, sin embargo, tampoco ni siquiera ocupaba dos solares enteros.
Dinamizaban los costados de este recinto al norte de las casas del Cabildo, al oriente la Compañía de Jesús, con una callejuela anexa que irrumpía casa a eje en la plaza y al poniente casas principales.
66 Lo cierto es que aquel trabajado conjunto urbano se desplomaría, literalmente, de la noche a la mañana, negando los notables progresos arquitectónicos y técnicos de la colonia.
La madrugada del 25 de mayo del citado año, a la una y media de la mañana, se experimentó un fortísimo terremoto que, con una duración de seis minutos, 67 puso en la mayor consternación a toda la población del Reino.
Aunque el sacudimiento del suelo no fue tan violento como en las otras ocasiones descritas, su larga duración y a la hora en que ocurría, habrían bastado para sembrar el pánico.
Entendiendo que la ruina del territorio era general, el activo Domingo Ortiz de Rozas (1746-1755) denunció que «Dios quería apiadarse deste Reyno, y sacarnos del temor y sosobras a que nos ha constituido este aviso de su Justicia».
68 Previo a este terremoto, la noche del 23 de mayo, entre las once y doce de la noche, se había sentido un fuerte remezón de tierra que llenó de sobresaltos a los moradores.
69 En consecuencia, los habitantes de Concepción, a lo menos en su mayoría, consideraron este movimiento como un aviso misericordioso y se mantuvieron en vigilia toda la noche, dispuestos a abandonar sus habitaciones a la primera señal de peligro, hasta que: numerosos escombros, ya que se «habían derribado templos y edificios sin reserva de casa alguna», 71 dejaron a muchos sin la posibilidad inmediata de escapar, y la sensación del eventual avance del mar se conjugaba para dificultar la huida hacia los encumbrados cerros.
Los temblores, que según las descripciones se sucedían como en una ópera macabra, no dejaron templo ni casas en pie, suscitando los más extraños y profundos lamentos que se puedan excogitar.
En este sombrío escenario una narración refiere que, cuando se comenzó a vociferar sobre la posible salida del mar, muchos huyeron hacia los cerros sin más guía que su propio miedo, y «sin cuidar nadie más que de si propio: duplicando la pena de los padres y madres por no saber de sus hijos, ni maridos de sus mugeres, huían sin mas cuidado, que alexarse».
72 La desesperación y el caos llevaron a muchos penquistas a pensar que no llegarían a vivir la mañana siguiente; por otra parte, otros relatos indican que mientras todos los acongojados ánimos discurrían y comenzaban a hacer propia esta fatal idea, mostró Dios una de sus mayores maravillas «y fue el haber detenido las aguas del mar algo mas de media hora después del temblor», 73 tiempo necesario para que la población pudiera, aunque con la descrita dificultad, escapar y guarecerse en los cerros, cuyas faldas también comenzaban a desmoronarse a consecuencia del movimiento telúrico.
Lo cierto es que a la media hora del seísmo, el mar: se ausento precipitadamente de sus riberas dejando toda su bahía (que es de 3 leguas) en seco, pero como a los siete minutos volvió con grandísima fuerza encrespando ola sobre ola con tanta altura que excediendo sus limites supuro y corono toda la bahía.
74 El último cataclismo, «y del que puedo hablar como testigo ocular» 75 dice el jesuita Felipe Gómez de Vidaurre, «arruinó completamente la Concepción, no quedando en ella edificio alguno, que pudiere servir a su dueño».
76 En efecto, sus habitantes, al más mínimo movimiento sísmico, rápidamente, y basándose en las experiencias anteriores, corrían hacia los 71 AGI, Audiencia de Chile, 146, 13, informe del marqués de Salinas al virrey del Perú, Lima, 9 de agosto de 1751.
Esta última cita, serviría para entender por qué el número de fallecidos no superó las treinta personas, 78 de las cuales «seis eran inválidas, un loco que se entregó al mar y tres que no creían en los terremotos».
79 No obstante, para los sobrevivientes el escenario volvía a ser desolador, ya que nuevamente quedaron sin albergue, sin ropa ni comida pero -siguiendo algunas de las místicas elucidaciones-, como la divina misericordia les permitió encontrar entre el barro y los escombros una gran cantidad de peces muertos y trigo, pudieron sobrevivir hasta que se llegase la ayuda proveniente de la región central de Chile.
En consecuencia, la evaluación de aquella catástrofe fue completamente desfavorable.
Un anónimo testigo la sintetizó de la siguiente manera: por más que alguna ligera pluma haya querido disminuir su estrago, pues mirada de extremo a extremo, no ha quedado casa en ella, que pueda sin gran recelo, habitarse.
80 Por su parte, el abate Molina concluyó que: todo lo que para el ornato había encontrado una época espléndida, lo rompió aquel terremoto o lo pudrió el lodo.
81 Aquellos simbólicos y fatídicos juicios se entienden debido a que en «Penco el temblor lo dejó todo arruinado, todos los templos y las casas».
82 Por ejemplo, la iglesia Catedral, que después del terremoto de 1730 había sido reconstruida de cal y ladrillo, quedó completamente arruinada; el templo de Santo Domingo también resultó destruido en su totalidad, y de la iglesia de San Francisco, situada más cerca de la playa, no quedó resto alguno.
83 Esa misma desdicha la experimentaron las fábricas de la Merced, de San Agustín, el Hospital de San Juan de Dios y el cenobio de las Trinitarias Descalzas, único convento de religiosas en la ciudad.
84 Asimismo, cayeron dos establecimientos educacionales: el seminario y el convictorio, y los edificios episcopales y reales; y, siguiendo el citado relato anónimo, ninguna cosa hizo más patente el espantoso terremoto, que el daño provocado en la floreciente edificación del colegio de la Compañía de Jesús que, construido de piedra y ladrillo, era «el mejor que había por su fábrica en esta ciudad».
85 Por último, en lo que respecta a las viviendas particulares, la destrucción -sin considerar los ranchos pajizos de los habitantes más pobres-se elevó a más de 250 casas.
86 Resultado de lo anterior, muchos de los angustiados habitantes, al verse sin techo ni comida, y al evocar los otros daños que les había causado este irreconciliable enemigo, comenzaron a clamar por mudarse a otro sitio en que se considerasen libres de su acción.
En este sentido, el gobernador Ortiz de Rosas, consciente del peligro y la presión de los penquistas, determinó, no sin antes despertar una larga y apasionada polémica que se dilató durante doce años, 87 el traslado de la ciudad al Valle de la Mocha, un sitio distante a unos 16 kilómetros al sur de Penco.
88 Aquel traslado -que finalmente se ordenó el día 4 de marzo de 1764 y se ejecutó entre enero y marzo del año siguiente-, 89 significó un grave paréntesis en el desarrollo urbano de la ciudad, limitando enormemente sus posibilidades de convertirse en un polo que contrapesara la preeminencia e importancia de la región central del país, ayudando así a consolidar a Santiago como el centro urbano por excelencia y como la capital financiera del Reino de Chile.
A este respecto, y como colofón al traslado, el cronista Vicente Carvallo y Goyeneche advirtió que: «sus habitantes fueron separados de su justamente amado y delicioso terreno en que nacieron y conducidos al árido valle de la Mocha, cuyo suelo es todo de arena».
88 Sobre el origen del nombre del Valle de la Mocha, y su emplazamiento y características geográficas, ver: Campos Harriet, 1974, 12-15.
El mundo penquista, desde finales del siglo XVI hasta las primeras dos décadas del siglo XVIII, fue sacudido por tres seísmos que, con epicentros en el fondo marino, generaron tsunamis que arrasaron toda su costa, destruyendo lo que se había construido por los conquistadores hasta esa fecha (en 1570, 1657 y 1730).
Después de cada uno de estos terremotos y sus respectivos tsunamis y corrimientos de tierra, la población quedó dispersa, malviviendo entre las ruinas y en las lomas de los cerros cercanos; sin embargo, el despoblamiento de la ciudad no se ejecutó, ya fuera por la persistencia de los gobernadores de turno, o bien por el profundo espíritu colonizador que animaba a sus habitantes.
No obstante, tras la última catástrofe, ocurrida en mayo de 1751, se decidió, tal como se ha referido, el traslado definitivo de la ciudad.
San Agustín, en su homilía De urbis excidio referente a la devastación de Roma, señaló que cuando Dios castiga al género humano y lo acosa piadosamente con sus flagelos, castiga al mismo tiempo a justos e injustos.
91 De acuerdo con las palabras del santo latino, tras originarse un movimiento telúrico, la devoción, que adquiría renovados bríos, tenía muchas ocasiones de manifestarse con el claro propósito de expiar las culpas que eran consideradas las causantes de la catástrofe, y de esta forma ganar la caridad y la gracia divina.
Así se explica que, después de cada arrojo de la naturaleza, abundaran las confesiones, rezos del rosario, novenas, la prédica de sermones edificantes y moralizantes, además de las procesiones de penitencia; a lo anterior, se sumaba el recato en las vestimentas para evitar los excesos que, según la mentalidad de la época, habían contribuido a provocar la ira de Dios.
Las desdichas, las angustias, la calamidad y la muerte que padeció el pueblo penquista se atribuyó ciertamente a la desobediencia de los preceptos divinos; de este modo, en los escritos de uno de los tantos protagonistas se lee lo siguiente: «fue la majestad divina servida de embiar por mis pecados un tan grande terremoto que no dejo piedra sobre piedra».
92 Confesiones como la citada abundan en los archivos de la época, pero en prácticamente ningún escrito se refleja algún tipo de preocupación por intentar entender las causas mismas del fenómeno que tanto daño les causó.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.07 Un terremoto es un peligro natural, y bien se puede transformar en una catástrofe cuando el ser humano desatiende a sus causas y desafía las reglas de la naturaleza; no obstante, nuestros ancestros ante cualquier movimiento del suelo creían ver fenómenos de todo tipo, interpretándolos de las más diversas y apocalípticas maneras, haciendo todo tipo de promesas para reformar sus vidas, mejorar sus costumbres y así intentar aplacar la ira divina.
Un curioso escrito teológico, representante del modo de discernir de aquellos tiempos, planteó lo siguiente respecto al origen de los seísmos «causados por los pecados de los hombres»: confesamos en la corrección de los delitos que hemos cometido; pero olvidamos después de la visitación lo que entonces lloramos.
Porque si extiendes Señor tu mano para darnos el castigo, os prometemos hacer muchas cosas; mas si suspendes el cuchillo que amenaza nuestros cuellos, no cumplimos con lo que os hemos prometido.
Si nos hieres y castigas, os rogamos y clamamos nos perdones; pero si tu Señor, misericordioso nos perdonas, segunda vez os provocamos para que de nuevo nos hieras y castigues.
93 No conforme con este argumento, Felipe Gómez de Vidaurre, así como otros religiosos y letrados, intentaron darle alguna explicación más racional a los fenómenos telúricos, exponiendo hipótesis como las siguientes: la subterránea efervescencia de las materias inflamables, de que está compuesta la masa del territorio chileno, rarefaciendo la elasticidad del aire, y reduciendo a vapores la prodigiosa fuerza del agua que del mar vecino se introduce por los conductos subterráneos, causa inmediatamente tal fatal acontecimiento y así, concluye, yo vengo a concebir los terremotos como algunos físicos modernos creen deber suponer.
94 Esta última reflexión demuestra que, ya para mediados del siglo XVIII, muchos compartían la idea de que los terremotos eran procesos físicos propios de la naturaleza, y no un castigo enviado por Dios a las provincias del sur por sus escándalos públicos y la corrupción de sus habitantes; sin embargo, muchos personajes, fundamentalmente políticos y eclesiásticos, se esmeraban en perpetuar la idea del castigo divino con la intención de mantener, sin alteraciones, el régimen social y teocrático de la colonia.
LOS TERREMOTOS EN CONCEPCIÓN, CHILE: 1550-1751 no negaré a ningún filósofo ni estudioso que los temblores de tierra sean efectos naturales pero al mismo tiempo puede ser también que Dios se valga de estos fieles ejecutores de su voluntad santísima para castigar los pecados de los pueblos. |
a finales del siglo XVII y que permanecieron inéditas, donde éste analizaba no sólo las causas de la prolongación de tan sangriento conflicto, criticando la labor política de muchos gobernadores, sino que también representa un buen ejemplo de cómo trascendieron ciertas ideas en torno a la problemática de la guerra.
Jerónimo de Quiroga y Aguayo (Sevilla, 1628-Concepción, 1704) fue uno de los más ilustres militares que lucharon en Chile, el Flandes Indiano, en el transcurso del siglo XVII.
Llegado a Perú con tan sólo diez años, militar desde la infancia, en la capital del virreinato del Sur permaneció seis años, alcanzando Chile en 1644.
No abandonaría nunca el territorio.
Casado en dos ocasiones, padre de ocho hijos, Quiroga fue regidor de la ciudad de Santiago por compra del cargo en 1669 y promocionado a regidor perpetuo por decisión real en 1671.
Tras dilatada carrera militar, en octubre de 1675, el gobernador Juan Henríquez lo promueve a maestre de campo del batallón de Santiago y en 1677 al de gobernador de las armas y comisario general; cinco años más tarde, alcanzará el cargo de castellano de Arauco, Yumbel y Purén.
En 1692, el gobernador Marín de Poveda, subor dinado suyo en la juventud, lo destituyó de sus cargos para vengarse de viejos agravios.
Las muchas dificultades de sus últimos años de vida, marcados tanto por la adversidad política como por la enfermedad, no le permitieron completar su obra, que quedaría inédita.
1 Nuestra principal intención en este trabajo ha sido analizar la rica experiencia bélica, o en torno a la guerra, que, a la manera de aforismos de carácter militar, transmitió en su crónica el maestre de campo Quiroga, al tiempo que se procurará ponerla en relación con la tradición tratadística militar hispana de los siglos XVI y XVII.
La mejor prueba de la intención aforística de Quiroga es la repetición de sus principales ideas en las páginas finales de su escrito, que conforman un pequeño tratado sobre el arte de la guerra pergeñado a partir de la experiencia chilena.
Sobre la guerra en Chile
Según la fundamentada opinión de Sergio Villalobos, la llamada guerra del Arauco no fue un fenómeno de larga duración, con tres siglos de luchas constantes, sino, más bien, un proceso bélico de intensidad variable que acabó por transformarse en «una situación latente», con algunos enfrentamientos esporádicos y períodos muy largos de tranquilidad absolu-ta.
S. Villalobos propone una cronología iniciada en 1550 con la segunda campaña de Pedro de Valdivia, que daría lugar a la fundación de la ciudad de Concepción, y se prolongaría hasta la rebelión de 1654, que concluiría en 1662.
Dentro de esa larga etapa, en una primera fase, de 1550 a 1598, se produjo la conquista de la Araucanía y corresponde a las décadas de mayor dureza bélica.
La segunda fase, iniciada en 1598 con la gran rebelión que le costó la vida al gobernador Martín García Oñez de Loyola y que se prolongó hasta 1662, se distinguiría por el triunfo araucano y el establecimiento de una frontera al norte del río Biobío, si bien se mantuvo la lucha con constantes operaciones militares hispanas en territorio aborigen.
Entre 1662 y 1882, la etapa más larga, «...los choques armados son esporádicos, poco importantes y muy espaciados en el tiempo».
3 La guerra en Chile adquirió rápidamente unos tintes de dureza muy particulares que fueron denunciados, entre otros, por Jerónimo de Quiroga.
Las mutilaciones en vida -corte de manos, pies, narices y orejas-, por ejemplo, menudearon con la intención de aterrorizar a los aborígenes.
El cronista Jerónimo de Vivar se hizo eco del simbolismo trágico de este tipo de actuaciones, argumentando que en la memoria de todos, tanto quien había padecido la mutilación como sus contemporáneos, quedaría el recuerdo del delito cometido y de su brutal represión, pues, en caso de condenarlos a muerte, el problema sería, más bien, que «los vivos olvidan a los muertos como en todas partes se usa».
4 Este tipo de castigos se repetiría, junto con todo tipo de crueldades, una vez que los contingentes aborígenes fueron aumentando en número y la guerra se fue haciendo más enconada, con una clara intencionalidad didáctica: no se traicionaba a quien te había propuesto la paz.
El propio Pedro de Valdivia comenta cómo, tras prender a trescientos o cuatrocientos, mandó cortarles las manos derechas y las narices acusándolos de traición; al quedar vivos, el mensaje llegaría claro y rotundo al resto de la población.
5 Cuando el nuevo gobernador, García Hurtado de Mendoza, comenzó a operar en Chile desde 1557, una de sus primeras medidas consistió en mantener las atrocidades por imperativo militar buscando la derrota psicológica del enemigo aborigen.
Así, tras la presión araucana sobre la ciudad de Concepción, «mandó el gobernador cortar las manos derechas y narices,
[a] algunos les cortaban entrambas manos y éstos enviaban por embajadores a los compañeros que se habían escapado».
6 Después de algo más de dos décadas de operaciones militares en Chile, el oidor de la audiencia de Lima, Hernando de Santillán, viajó a dicho territorio en 1557 acompañando a García Hurtado de Mendoza.
En su informe, de un par de años más tarde, señalaba cómo, a su entender, era en Chile donde los oficiales más estilaban usar del exceso de las mutilaciones en vida.
Santillán, quien achacó a la crueldad de los suyos el ser una de las causas principales de la dilatación de las guerras en Chile, no tuvo reparos en continuar relatando lo que se hacía con los indios incluso cuando se habían rendido: aperreando muchos, y otros quemándolos y escalándolos (escaldándolos), cortando pies y manos e narices y tetas, robándoles sus haciendas, estuprándoles sus mujeres e hijas, poniéndoles en cadenas con cargas, quemándoles todos los pueblos y casas, talándoles las sementeras, de que les sobrevino grande enfermedad, y murió grande gente de frío y mal pasar y de comer yerbas y raíces... incriminando especialmente a Francisco de Villagrán y Francisco de Aguirre.
7 Aunque, como sabemos, estaba prohibido hacerles la guerra a sangre y fuego a los indios, con la consiguiente esclavitud de los capturados, lo cierto es que tras la gran rebelión araucana de 1598 se pidió en primera instancia al virrey del Perú, Luis de Velasco, permiso para esclavizar a los indios rebeldes hechos prisioneros.
Velasco sometió la cuestión al dictamen del arzobispo Reginaldo de Lizárraga, quien recibió el apoyo de jesuitas, franciscanos y dominicos en el sentido de declarar la guerra justa y los presos esclavizables.
Felipe III enviaría ayuda militar a Chile en 1604, pero sólo en 1608 dictaminó que los indios, varones y hembras, de diez años y medio y nueve años y medio en adelante, respectivamente, podrían ser esclavizados si eran capturados en rebelión.
8 Algunas sensibilidades denunciaron lo acontecido.
El jesuita Diego de Rosales, historiador de las guerras chilenas, no dudó en señalar que la codicia de los españoles estuvo en el origen de todos aquellos conflictos y no en las actitudes de los propios indios, unas ideas que encontramos, entre otros muchos, en Vasco de Quiroga.
9 Por su parte, Jerónimo de Quiroga no pudo por menos que decir:
[los gobernadores generales] siendo codiciosos son libres y absolutos y aplauden a los que los imitan, consintiendo muchos abusos de robos y muertes de indios, para venderlos, justa o injustamente, dando ocasión a que muchos escritores impriman las crueldades que ellos han ejecutado.
10 Sin duda, fue la extraordinaria adaptación de los mapuches a la forma de guerrear de su enemigo europeo una de las claves para entender la dilatación, y la dureza, de aquellas campañas.
Desde muy pronto se observó la obsesión de algunos jefes aborígenes por lograr hacer pelear a los hispanos a pie y no a caballo, «que la fuerza que tenían era los caballos».
11 También se prepararon allá, como en otras partes de las Indias, zanjas y hoyos con estacas para frenarlos, además del uso de lanzas largas al estilo de las picas europeas, cuyas puntas originales, de madera endurecida a fuego, fueron sustituidas por aceros españoles saqueados a los caídos.
Los araucanos fueron, quizá, quienes mejor supieron frenar la caballería hispana.
Según Álvaro Jara, «acostumbraban a situar una doble fila de piqueros para frenar el choque de los équidos, la primera portaba picas de cuatro o cinco metros de largo, la segunda las largas de seis y ocho metros».
12 Pero aún más importante, si cabe, se le antoja al historiador chileno la agregación -y adaptación-de la caballería a las armas propias del indio araucano desde el último tercio del siglo XVI de una forma creciente y continuada.
Los araucanos adaptaron la silla de montar española a un sistema propio de caballería ligera, haciéndola más sencilla y liviana, permitiendo a sus caballos una mayor movilidad.
13 Dada su peligrosidad, con el tiempo la lucha hubo de adaptarse a la guerra practicada por los indios.
El padre Rosales citaba a Aristóteles, Francisco de Vitoria y José de Acosta.
13 «Para los indios fue extraordinariamente importante llegar al cabal conocimiento de las armas españolas y de las tácticas, que se usaban contra ellos, porque de un lado significó ello perder el temor a las armas de fuego, explicarse su funcionamiento y de contrapartida, poder desarrollar a su vez formas de lucha mas favorables con las circunstancias en que las armas españolas eran empleadas».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.08 cientos hombres, si pudiera ser todos arcabuceros, ya que eran ellos quienes podían presionar más y mejor a unos indios que usaban de pelear «con lanças muy largas y flechería», de manera que para derrotarles se imponía hacer la guerra a pie y no con los caballos, una idea impensable apenas veinte años atrás.
14 A comienzos del siglo XVII, Alonso González de Nájera no tenía dudas acerca de las ventajas que les habían reportado a los indios chilenos el haberse adaptado al uso de las armas de fuego y acero hispanas y, en especial, al de la caballería, artículos que los indios habían ido obteniendo, sobre todo, gracias a las muy mal planteadas campañas de castigo (campeadas) que cada verano desde hacía décadas planeaban los gobernadores del reino de Chile.
15 Una de las soluciones adoptadas por el invasor hispano en Chile, como en otros lugares de la geografía de las Indias, fue el uso del aliado indígena.
Sergio Villalobos señala cómo cada expedición hispana iba acompañada por contingentes indígenas en un número nada despreciable, conformados por indios residentes al norte del río Biobío, quienes luchaban con sus propias armas y por la esperanza de obtener un botín.
Se utilizaban especialmente para exterminar al contrario en su persecución, cuando se producía una desbandada.
16 Al salir de Santiago en 1549, Pedro de Valdivia llevaba consigo indios picunches, que le ayudarían en el transporte y luego combatieron contra los araucanos.
El capitán y encomendero Juan Jufré, años más tarde, dirigió hasta setecientos indios de su encomienda de la región del río Maule.
Pero los propios araucanos derrotados y pacificados fueron los elementos más utilizados para oponerse a los todavía alzados.
En palabras del capitán González de Nájera, los indios amigos eran «...el verdadero cuchillo de los rebeldes».
Según algunos datos, los indios aliados podían doblar y, a veces, sextuplicar el número de combatientes hispanos.
A comienzos del siglo XVII, según González de Nájera, los nativos amigos alcanzaron los seis mil efectivos.
Dichos efectivos servían desde peones para construir y limpiar los fosos, mantener las empalizadas y los terraplenes, además de cuidar de la caballería, aportar pasto y leña a los campamentos, hasta actuar como 14 Citado en Bengoa, 1992, 64.
Aseguraba el autor que muchos soldados, a causa del hambre, trocaban sus armas, o partes de las mismas, como las llaves de mosquetes y arcabuces, por comida a los indios.
ANTONIO ESPINO LÓPEZ exploradores, de modo que despejaban los senderos, advertían sobre emboscadas y preparaban otras y formaban cuerpos de vanguardia.
En los enfrentamientos luchaban a su manera, pero de forma encarnizada y con iniciativa propia.
En la persecución mataban sin mostrar piedad, «alanceando a los prisioneros y cercenando luego sus cabezas»; más tarde, cuando tomaban los asentamientos de los indios alzados, «...destruían, quemaban y se llevaban a las mujeres y los niños, cometiendo todo tipo de atrocidades».
17 En 1594, con la experiencia de más de medio siglo de sangriento conflicto, el sargento mayor Miguel de Olaverría aseguraba que la guerra en aquel país era diferente «por ser sin cuerpo y sin cabeza y tan desmembrada y repartida».
El enemigo no iba a conceder una batalla campal, sino que iba a recurrir a los ataques por sorpresa, a asaltar los caminos reales, matar a los indios aliados, quemando los establecimientos hispanos en una orgía de violencia que recuerda notablemente a las no menos famosas guerras contra los chichimecas.
18 En Chile, como en otros lugares, explica S. Villalobos siguiendo las experiencias de Olaverría, una de las recompensas de las tropas era la servidumbre aborigen obtenida, tanto hombres como mujeres, que se encargaba de portar sus equipos y de la alimentación, además «abusar de las indias o llevárselas para la servidumbre y el placer era normal».
19 La venganza araucana llegaría cuando, tras la revuelta generalizada de 1598, especialmente, atraparon una gran cantidad de mujeres 20 y niños españoles en las ciudades que tomaron al sur del río Biobío.
Con ellos dieron lugar a una cierta descendencia mestiza.
De manera excepcional, la Monarquía envió a Chile oficiales con experiencia bélica en las guerras de Flandes, 21 además de refuerzos de tropas con experiencia desde el Perú.
21 Jerónimo de Quiroga hizo referencia al gobernador Alonso de Rivera, veterano de Flandes, quien, cuando llegó a Chile en 1601, conocedor de que al indio sólo lo frenaba las armas de fuego, su primera medida fue desmontar «la mitad de la caballería, dándoles a todos mosquetes, y los ejercitó como soldados, ejercitando hasta que, diestros en moverse a pie y disparar a punto fijo, pudo empeñarlos sin recelo de perderlos».
Por ello, aseguraba nuestro hombre, quien quisiera hacer la guerra en Chile debería saber «...que los mosqueteros siempre vencen y nunca han sido rotos del enemigo, ni tienen valor ni armas con que oponerse...».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.08 dalosa de las guerras chilenas era el no admitir los hispanos que el tipo de guerra practicado hasta entonces había fracasado y se imponía introducir cambios, mientras que los indios alzados sí lo habían hecho, por ejemplo con el uso extendido de la caballería.
22 Así, en el contexto de una guerra inacabable, en la que muchos opinaron y ninguno venció, Jerónimo de Quiroga también sintió deseos de dejar sentir su voz.
Una (dura) crítica a la guerra del Arauco
La codicia de los hispanos fue, quizá, su mayor y peor pecado en el transcurso de la conquista de las Indias.
Numerosos cronistas reaccionaron ante la evidencia de lo que decimos.
Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias señaló: «cosas han pasado en estas Indias en demanda de aqueste oro, que no puedo acordarme dellas sin espanto y mucha tristeza de mi corazón».
Bernardo de Vargas Machuca supo reconocer en su Milicia y descripción de las Indias que la codicia de los españoles había sido la causante principal de numerosos alzamientos de los indios, que habían costado la vida a muchos soldados, amén del despoblamiento de comarcas enteras y del alargamiento inútil de muchas guerras.
23 Chile fue el ejemplo paradigmático.
Para Jerónimo de Quiroga, en el principio fue el oro:
donde no hay oro no hay evangelio ni quien lo predique.
En alcance del oro anda todo hombre, y a vueltos de ellos entra la justicia, y los predicadores: el resplandor del oro es la primera luz que alumbra y descubre el camino de nuestra conservación o perdición, y luego entran los Ministros que dan reglas y preceptos para la vida espiritual y política, lo cual, si se ordena con buen fin y con cristiano y prudente consejo, se conserva y mantiene todo, pero todo se destruye procediendo con avarienta tiranía.
24 Y fue la tiranía de la codicia la que terminó con los buenos principios de muchos de los gobernadores, y eternizó la guerra en Chile.
Para Quiroga, la codicia25 es «...riesgo en que muchos se pierden con lo que ganan, y en que algunos pierden la vida y todo el crédito».
26 Desde los años del gobernador Valdivia, muchos cometieron errores de bulto debido a la sed de oro,27 obnubilados por la posibilidad, y la necesidad, de hacer fortuna a costa de los indios y con resultados desastrosos para sí mismos: «...cierto es que el valor oprimido de la codicia, mueve convencido de su flaqueza, pues el aliento y destreza de tanto conquistador, ciego y precipitado, se entregó al suplicio».
28 Casi ninguno tuvo remilgos si el final era el adecuado para sus conveniencias: Quiroga lo señala en frase magistral: «...aunque las cosas tengan desastrados principios, siempre esperan los fines más gloriosos y no importa, en opinión de muchos, empezar con infamia si se acaba con provecho».
29 Así, refiriéndose al gobernador García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey del Perú, uno de sus modelos, señala: «Digno es de eterna fama el capitán que sólo emplea su cuidado en llenar su obligación sin acordarse de llenar la bolsa, teniendo el oro a la vista».
30 Una de las consecuencias de la codicia entre los más altos oficiales fue la imposibilidad de reprimir los abusos sobre los indios entre sus subordinados,31 cuando, además, era harto sabido cómo «...el soldado tiene más gusto con lo que quita que con lo que recibe...».
32 Aunque cayendo en una cierta contradicción ideológica al señalar Quiroga las excelencias de notables personajes como Colón, Cortés, Pizarro o Valdivia, 33 lo cierto es que nuestro autor, en relación con lo que llamó la «conquista espiritual», alababa la actitud de algunos frailes llegados al territorio chileno a partir de 1548, quienes corregían con su comportamiento los excesos cometidos por los militares, sin buscar su enriquecimiento, y, en definitiva, sirviendo más a la conversión de los indios con su ejemplo y virtud que con sus prédicas.
34 Quiroga era consciente de la incompatibilidad del uso de la violencia y la prédica de la fe, 35 pero también que las conversiones obtenidas en un ambiente como aquél deberían estar en observación, 36 sobre todo si los ejemplos recibidos de los españoles eran los que eran.
Porque, a menudo, se había olvidado cuál era, o debería ser, el auténtico fin de la presencia hispana en Chile -y en las Indias-: las malocas no miran a la reducción de las Provincias sino a la del dinero para los generales, al revés de las campeadas, que sirven sólo de reducir por hambre a los infieles a que oigan la predicación evangélica, que es el fin de esta conquista.
37 Jerónimo de Quiroga siempre rechazó los excesos de la guerra y la crueldad gratuita, 38 sobre todo porque no conducían a la victoria y, además, porque «...no siempre se movían con justa causa las armas».
39 Ya se han mencionado las mutilaciones en vida, justificadas por imperativo militar, como una práctica habitual en las guerras de la frontera chilena.
De entrada, para Quiroga los aborígenes no atendían al temor que podría causar en otros colectivos dichos castigos pues, de manera, quizá, inconscientemente despectiva, no dudaba que «los bárbaros son como las fieras», 40 situación que se agravaba irremediablemente por la manera cómo se estaba intentando llevar a cabo aquella guerra desde los años de Pedro de Valdivia y mantenida por el resto de los gobernadores, incluido García Hurtado de Mendoza, para quien siempre hubo una disculpa.
35 «...la fe y religión recibida con violencia, muere presto o vive con peligro».
36 «Nunca debe el que conquista fiarse de la fe del conquistado, porque en orden a conseguir la libertad se inclinan todas sus acciones».
38 También lo rechazaba Vargas Machuca: «si el indio se alzó sin darle ocasión, con pocos medios será reducido, y cuando haya castigo, sea más piadoso que riguroso».
41 «Malquistose la gloria de esta victoria con haber pasado por las armas a los que, rindiendo las suyas, prometían la obediencia; pero no de todo lo que ejecutan los soldados tienen culpa los Generales».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.08 cía la cólera y el furor, de castigarlos severa y cruelmente, 42 pues con aquellas actitudes, cuando la furia se impone a la razón, se «pierde la fuerza del derecho» y sólo se termina justificando la causa del contrario; un extremo este último que militarmente, además de moralmente, era inasumible.
43 El buen general siempre ha de ser justo -y clemente-, 44 de ahí que la exaltación de la justicia 45 la asocie Jerónimo de Quiroga con un control adecuado de los rigores de la guerra.
46 Por ejemplo, ante el uso sistemático de los empalamientos, tras el del cacique Caupolicán, vencedor de Pedro de Valdivia, señalaba Quiroga cómo la impiedad y la crueldad se le antojaban incompatibles con la justicia, la cual sólo podía estar acompañada por la rectitud y una prudente templanza, sobre todo cuando se han de aplicar a aquéllos, como los «bárbaros», «que no saben lo que hacen» 47 y, por lo tanto, están exentos, en parte, de culpa.
Apenas un gobernador, Alonso de Sotomayor, reaccionó contra las medidas rigurosas una vez alcanzada la victoria, insistiéndoles a los suyos en el sentido que una piedad bien ejercitada obtenía mejores resultados que no el rigor de las armas, cuando, incluso, un general conquistador podía desacreditarse a causa de su crueldad con los vencidos.
48 Cuando, además, nos encontramos ante una violencia ejercida en grupo y, por lo que se desprende de las palabras de Quiroga, con un efecto desastroso, pues impide que cada individualidad, y sus posi-42 «Pocas veces es fácil enfrenar al victorioso y los consejos que damos cuando está el ánimo quieto no acertamos a observarlos en la prosperidad y ejecutamos mayores crueldades con pretextos de justificación en que va envuelta la cruel tiranía, instruyendo al bárbaro a mayores atrocidades; porque cuando las obras del que persuade la justicia y clemencia son crueles e injustas más mueve el ejemplo que las palabras y se imita lo que hace despreciando lo que dice si es opuesta la doctrina a la práctica y costumbres del que aconseja».
44 Álvaro José Pizarro de Carvajal, en sus Prendas del soldado Magnánimo (Toledo, 1649) consideraba que el buen general había de ser clemente y justo, y no sólo parecerlo, especialmente con el enemigo derrotado.
Además, esta sería siempre una excelente fórmula para obtener fama imperecedera.
También defendía la clemencia con los prisioneros del enemigo J. Castillo de Bobadilla, en Política para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y guerra (Madrid, 1597), así como Cristóbal de Benavente, conde de Fontanar, en Advertencias para Reyes, Príncipes y Embaxadores...
45 «...siempre conseguirán felicidades los que gobernando aplicaren su atención a la exaltación de la justicia, temiendo más hacer los daños que padecerlos».
46 «Más enemigos ha sujetado la clemencia que la espada, porque no consiste la gloria de las victorias en vencer, sino en saber usar de ellas, ilustrándolas el vencedor con la piedad, sujetando los cuerpos y los ánimos: porque el rigor es disculpable, mientras dura la ira en el combate, pero habiendo pasado es crueldad y bajeza de tiranos matar a sangre fría, ni ofender a los rendidos».
48 Quiroga, 1979, 257- bles virtudes, pudiera imponerse sobre la brutalidad colectiva a la que conduce una guerra sin visos de tener un final victorioso.
Nadie, en Chile, ocupaba su entendimiento en conocerse a sí mismo, sólo en destacar los defectos ajenos, los cuales siempre se potenciaban en compañía.
Y una fatalidad como ésa, en el pensamiento de Quiroga, sólo puede conducirnos a comportarnos como mal cristianos, dándose la paradoja de que el delito de los mismos, es decir, comportarse como bárbaros en la guerra y en el trato a los indios, era superior al delito cometido por los nativos, a saber, faltar a la fe que habían prometido adoptar, pero a causa del mal ejemplo y de los excesos de los primeros.
Así, ni la guerra se ganaba ni, mucho menos, la conversión de los indios estaba asegurada.
Buena parte de las reflexiones de Jerónimo de Quiroga se vertieron en un intento claro por advertir sobre la manera -errónea-cómo se había conducido la guerra del Arauco y la forma que, a su juicio, debería de adquirir en el futuro.
De entrada, Quiroga, enormemente crítico con la realidad del Chile colonial, defendía con mucha valentía cómo los aborígenes, sujetos como esclavos y no como vasallos que eran, habían comprobado sobradamente que la justicia colonial significaba oprimirlos con tributos y el degüello de los que se rebelaban, cautivando a sus familias, de modo que si apelaron a las armas fue para defenderse; si habían logrado salir adelante en la lucha por su libertad fue gracias a su «valor e industria, ayudados de nuestro descuido y confianza».
50 Ese binomio, descuido y confianza, es clave en el pensamiento de Quiroga.
Lo señaló en varias ocasiones, pero aportando soluciones, que es lo que cuenta.
51 No podía haber descuido cuando, a causa de la presión militar ejercida, debería saberse que «La desesperación es el último recurso del rendido» 52 y, por lo tanto, no debe- 49 Quiroga, 58, 1979.
51 Por ejemplo: «Tan antiguo es como la conquista escribir y firmar los capítulos de paz sobre el arenal, y fiarse de la fe de los indios.
Y este engaño tan repetido como si nunca se hubiera usado lo padecemos nuevamente, sin que nos reporten las trágicas experiencias que resultan de nuestra confianza».
O bien, «...la experiencia ha enseñado con sangrientas demostraciones que en Chile nuestra confianza y descuido y desprecio del enemigo ha militado contra nosotros, y siempre con la desconfianza el soldado está prevenido, el oficial vigilante y atento, el General prevenido y recatado».
52 Quiroga, 1979, 96 ría conducirse a los indios a la desesperanza o, en su defecto, no caer en la desprevención, otro de los pecados de muchos gobernadores.
53 La mejor receta para la victoria, o para encauzar la guerra de manera definitiva, como en tantos lugares de las Indias ocurriera, era potenciar la discordia entre los aborígenes y conservar las propias tropas para imponerse sobre los vencedores.
54 Conseguir encender la guerra civil entre ellos sería lo ideal ya que, a su entender, la desunión es el arma más poderosa para poder derrotar a una nación desde su seno.
55 Como ello no siempre sucedió, si bien las huestes hispanas contarían con el auxilio de tropas indias, debían imponerse otras consideraciones para vencer en un conflicto como aquél.
Analizando lo acontecido con la perspectiva que dan los años, la conclusión general a la que llegó Quiroga fue la siguiente: en primer lugar, sólo luchando con todos los efectivos posibles en campaña se alcanzó la victoria; segundo, nunca los indios mantuvieron su palabra de obligarse a la paz, unas veces por su inconstancia, pero otras a causa de la malicia hispana; tercero, nunca los gobernadores admitieron otra prenda que la palabra dada por los indios acerca de la paz alcanzada, una desprevención notable habida cuenta de su falta de rigor (por parte de los indios en cumplirla y de los españoles en aceptarla).
56 La estrategia, que comenzase a desarrollar parcialmente ya a inicios del siglo XVII el gobernador Luis Merlo de la Fuente, quizá el más apto militar de todos los que sirvieron en Chile según la opinión de Quiroga, para vencer en la guerra del Arauco era la siguiente: las plazas fortificadas en Chile deberían ser pocas, pero bien guarnicionadas, dado el corto número de soldados disponibles, porque muchos fuertes 57 diseminados por el territorio sólo servían para malgastar efectivos sin sujetarlo de manera efectiva; Quiroga se decantaba por las plazas que pudieran ser abastecidas desde el mar, siempre que se contase con los medios náuticos necesarios, 58 además 53 «La guerra, para alimentarse, busca la desprevención [...] y el Gobernador de una Plaza, si vive confiado, perecerá en la mayor seguridad, siendo delitos mortales los descuidos leves, porque las ocasiones no vuelven, ni paren en la guerra, ni dejan enmendarse los yerros convenidos».
55 «No es fácil subsistir conquistando sin introducir antes la discordia entre los naturales: excúsase esta prevención necesaria si ellos están en guerras civiles, porque la desunión es arma rigurosa, y pocas veces se oprimen por enemigo extraño las naciones, si ellas mismas no concurren a deshacerse».
57 de procurar organizar un ejército de campaña con el mayor número de efectivos posible, armados preferentemente con arma de fuego portátil -una medida tomada por el gobernador Alonso de Rivera en 1601-, ya que «no tienen poder los indios, aunque sean infinitos, a resistir un campo de dos mil españoles con bocas de fuego, 59 pero degollarán cien mil si se desordenan y dividen buscando piezas, o se entregan al sueño»; 60 eso sí, para vencer a un número superior de enemigos, pero desordenados, era necesario contar «con la destreza de las armas de fuego» y serían «superiores estando juntos y bien ordenados», 61 de ahí la importancia que daba Jerónimo de Quiroga a aprender la práctica del ejercicio militar.
Por lo tanto, nos hayamos ante un ejemplo paradigmático de cómo unos pocos, pero disciplinados, podían derrotar a muchos, indisciplinados.
62 En definitiva, «La disciplina militar bien observada y el ejército entero y ejercitado, endurecido con el trabajo y tan hallado con las armas como con los vestidos, es la única y eficaz fortificación, las más regular y segura de azares».
63 Una apuesta clara por la guerra ofensiva.
64 Por otro lado, el concurso de los indios aliados -los indios «amigos» de las crónicas-tampoco puede olvidarse; sobre todo se trata de aprovechar su presencia para fomentar, como se ha señalado, las operaciones en campaña y no centrarse en exclusiva en la defensa de las plazas, «donde aunque las mantengamos estamos encerrados».
Venciendo en campaña es la mejor forma, en definitiva, de defender las plazas.
65 Quizá el principal error cometido en las guerras chilenas había sido no haber porfiado hasta el final en la derrota de los indios, ya que «la ocasión que en la guerra se pierde nunca se restaura».
66 La guerra no se debía ejecutar, pues, lentamente, porque es 59 Quiroga apostaba por un ejército reducido, pero competente, profesionalizado, antes que por un contingente superior en número, pero que «Siendo grande tiene el riesgo del desorden y el hambre...»; en cambio, en uno más reducido se «...se excusa la confusión y se mueve con más presteza y seguridad, susténtase mejor y puede componerse de gente diestra».
62 Lo señala Bernardo de Vargas Machuca cuando dice: «Muchos capitanes con determinación, junto con prudencia y buen orden, hubieron victorias con poca gente de muy grandes ejércitos mal ordenados».
Pero en otros ámbitos también había funcionado.
Por ejemplo, en la traducción que Diego Gracián hiciese de la Anábasis de Jenofonte (Salamanca, 1552), se dice: «...vale más la disciplina y prudencia de los capitanes y la virtud y el esfuerzo de pocos soldados, que no la multitud de huestes de los enemigos».
64 «...el acometer es indicio de valor siendo con buen orden».
Y en otro lugar dice: «...las ocasiones en la guerra no vuelven, ni reparan, ni dejan enmendar los yerros cometidos».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.08 causa de perpetuarla y de consumir en ella el dinero y la gente, ejercitando al enemigo y dejándole diestro, aunque vencido porque la espada que se desnuda con justa causa ofende la estimación cuando amenaza solamente, porque nadie lo atribuirá a destreza, ni a templanza, piedad o compasión, sino a miedo o flaqueza, y sólo el que sabe ofender es temido.
Y no piensan que puede el que no sabe y el que es más atrevido.
Se atreven menos y presiden las armas el tiempo, la opinión y el miedo de los contrarios.
67 Con conflictos que se eternizan, el enemigo comienza a aprender a hacer la guerra y, como ya se ha señalado, incluso empleando el armamento europeo, lo que lo hacía doblemente peligroso.
Pero peor, incluso, eran los intereses políticos de algunos gobernadores, más preocupados por sus carreras que por los resultados a largo plazo en el frente chileno, lo que les llevaba, a menudo, a comunicar una situación de tranquilidad y control en su demarcación que era no sólo puntualmente falsa, sino totalmente irreal.
68 Así, refiriéndose al gobernador Alonso de Sotomayor, Jerónimo de Quiroga decía que era muy fácil culpar a los indios de todo cuando se sabía perfectamente que éstos no podrían escribir (al rey o al Consejo) ni informar.
69 La actitud del gobernador Rodrigo de Quiroga ejemplifica la de otros muchos: suspendió la guerra antes de haberla finalizado dando a entender lo mucho realizado y lo poco que quedaba por hacer; los oficiales, por lisonjear a su general, dieron su visto bueno; el virrey y el rey, ante aquellas noticias, excusaban el envío de nuevos medios de guerra; el gobernador podía dejar el cargo con honra, pues había cumplido con su cometido, pero todos sabían que la inquietud, y la falta de medios, quedaban en una tierra con una guerra sin acabar, lo cual no dejaba de ser un justo castigo, señala Quiroga, por «nuestra falsedad y ligereza».
70 Sólo con gobernadores que tuviesen muy clara la estrategia militar a seguir y bien aconsejados cuando lo necesiten se podrá avanzar en la pacificación del territorio.
De hecho, la cuestión de cómo y de quién recibir un consejo 71 oportuno también preocupó a Jerónimo de Quiroga, denunciando a aquéllos que «siendo inútiles para empleos políticos y militares, son hábi-67 Quiroga, 1979, 313.
71 «En la mayor grandeza se alcanzarán más cosas con la fortuna y con los consejos que con las armas y el brazo» (empresa 84), se dice en Idea de un príncipe político christiano representada en cien empresas (Munich, 1640) de Diego de Saavedra Fajardo.
También Nicolas Vernulz (o Vernuleyo) en Disputa política que consta de seis oraciones en que se trata cómo se ha de hazer la guerra felizmente (Madrid, 1644) señalaba: «Es necesario maduro consejo y pedir a Dios continuamente su divino auxilio para que suceda bien la guerra».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.08 les y diestros para la censura» de sus generales, perdiendo el tiempo en agradar a virreyes y consejeros, pero sin trabajar por el bien común de todos.
72 No obstante, no hay que abandonar el prudente consejo cuando sea necesario, especialmente en la guerra.
73 Ahora bien, deberíamos huir de la soberbia de aquel que se considera por encima del bien y del mal a la hora de aconsejar a su prójimo -«Cuán cierto es dar consejos a los dolientes, los que gozan de buena salud, preciándonos de médicos acertados, sin aceptar jamás a curar nuestros achaques»-74, así como de aquéllos que sólo lo hacen buscando su provecho: «Muchos generales de este ejército se han dejado llevar de consejos perjudiciales de sus ministros por el interés que iba envuelto en ellos, sea honroso o provechoso, pero han pagado su imprudencia en el mismo hecho...»; 75 el ideal sería poder escuchar las opiniones más diversas, siempre y cuando procedan de «hombres de suficiencia, valor y experiencia», y siempre sería más importante la calidad de las mismas que su número, huyendo de la elocuencia en los discursos y reparando sólo en su sustancia.
Jerónimo de Quiroga, tratadista militar
Aseguraba Jerónimo de Quiroga con orgullo su condición de autodidacta en la sapiencia militar impulsado por su obligación a desempeñar lo mejor posible su cargo militar, al tiempo que transmitía a otros lo aprendido 77 -«Siendo el fin principal de éste mi trabajo instruir a los que de nuevo se emplearen en servir en este ejército, en el conocimiento de la naturaleza de los indios chilenos...»-, 78 cerrándose el círculo de forma casi perfecta, pues lo que él adquirió en base a la lectura aplicada de los libros al uso lo llegó a escribir, pero no a publicar.
En cualquier caso, algunos de esos «dictámenes militares», como él los llamaba, fruto de la razón y de su 72 Quiroga, 1979, 60.
73 «Para vencer, empeñados en el combate, basta el valor y la constancia, pero antes de empeñarse en la última resolución es necesario el consejo, porque sin él será la guerra cruel y desesperada, y tendría desastrosos fines, aunque los principios hayan sido felices».
77 La transmisión de lo aprendido con gran esfuerzo, ya fuese con la práctica bélica o con la lectura de numerosas obras, fue un objetivo común a numerosos tratadistas.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.08 entendimiento, de su práctica y reflexión, debían servir a sus émulos para que éstos se valiesen de ellos cuando fuera menester y siempre, y ello es importante, para saber el por qué de las cosas, una cuestión trascendente que, incluso, repercutía en el «honor» del militar chileno, quien ya no quedaría pasmado ante el uso, por no decir el abuso, de tantos y tantos términos militares en boca de los milites recién llegados, como no, de Europa, pero desconocedores absolutos de qué estaban hablando.
Así, Jerónimo de Quiroga consideraba, y no fue el único, claro, que en la guerra no basta el ejercicio para saber, basta sólo para entender, y es necesario aprender la aritmética para formar los escuadrones, que no es lo mismo entrar en ellos con una pica que saber gobernar y ordenar todas las picas y demás armas; y no basta el decir que lo saben hacer, sino que han de saber hacerlo y enseñarlo; y no se puede saber ignorando los principios.
Y de la misma manera se deberían tener nociones de geometría tanto para poder formar en campaña los alojamientos como delinear las fortificaciones de las plazas, siempre con la ventaja de que si alguien -de nuevo el fantasma del soldado europeo-insistía en que se había hecho mal, poder defender lo hecho y, en todo caso, preguntar dónde se había errado y, sobre todo, por qué, siendo muy posible que el corrector mostrase con su corrección lo poco que en realidad sabía.
En cambio, el comportamiento en batalla no es una «ciencia», porque se debe obrar según «lo que el caso pidiere», en cita de Aníbal; únicamente sabiendo lo que podría suceder, es decir, teniendo más información, el general podrá decantarse por una decisión u otra, porque éste deberá saber siempre qué hacer en todas las situaciones posibles, en todos los lances factibles de la batalla, pero, al mismo tiempo, no es ésta una decisión que se pueda tomar por adelantado.
De manera inteligente, Quiroga introduce la necesidad de leer libros de Historia para complementar el conocimiento de la disciplina militar.
Si bien estaba de acuerdo en que ésta sólo se podía aprender realmente «viendo, peleando y ejercitándose en ella», es decir, con la práctica, lo cierto es que «bien aprovecha mucho leer historias para tener reconocidos las lances de la guerra y tomar el partido que importase en los casos repentinos, 79 don-79 F. Furió Ceriol en su El concejo y consejeros del Príncipe (Amberes, 1559) ya realizó la siguiente reflexión: «Porque (tomemos exemplo en cosas militares) un soldado viejo (sea general, capitán, u otro)... se havrá podido hallar por lo más en quatro batallas, en ciento escaramuças, en cinquenta cercos, en doze motines, en cinco rompimientos de guerra, en cinco treguas, i otras tantas pazes; pero el verdadero historiador se ha hallado i tiene experiencia de infinitas batallas, de infinitas escaramuças, de infinitos cercos, de infinitos motines...».
80 En definitiva, «...el soldado valeroso será de más valor adoctrinado y enseñado, porque si el oficial no sabe ni supo nunca, ¿cómo es posible que pueda adoctrinar a otro?».
81 La obra de Quiroga también incluye entre sus páginas finales un brevísimo tratado sobre el arte de formar escuadrones, 82 u ordenanza militar, y cómo moverlos, con los componentes al uso: una explicación de la parte teórica -aritmética, raíz cuadrada, etc.,-junto con los modelos habituales de escuadrón (cuadro de gente, cuadro de terreno y algunas de sus variantes) y la forma de doblar la marcha.
No obstante, Quiroga reconocía que en todos los años de la guerra de Chile, sólo en una ocasión, con el gobernador Francisco Laso de la Vega, se formó un escuadrón al estilo europeo en una batalla, porque «Los demás lances han sido arremetidas y sobresaltos, aquí mosqueteros, aquí arcabuceros, en todo sin orden ni cuenta, sino juntarse y disparar, huir o morir, o vencer...».
Por ello, lo importante es que los hombres fuesen diestros en formarse y en rehacerse «no con cuenta ni aritmética sino con seguridad y presteza».
De lo que se trata, en definitiva, es evitar que la caballería araucana pueda rodear el campo hispano, y para ello eran necesarias las picas utilizadas como en Europa, es decir, protegiendo a los arcabuceros y mosqueteros, mientras éstos puedan seguir haciendo su trabajo.
Quiroga es expeditivo al respecto: «Póngase el mosquetero, solo o acompañado, donde no lo pueda atropellar la caballería y él pueda disparar bien y matar indios, que eso es lo que da las victorias».
83 Y así, aunque, finalmente, se acabe peleando de otra forma, el caso es que Quiroga desea un oficial bien formado, como si fuese a luchar en Europa; incluso trazó un plan de trabajo consistente en formar y deshacer los diversos tipos de escuadrones un día de cada mes, valorando la rapidez y destre-za como se actuaba con todos los hombres presentes, situación que también les obligaría a ellos para con el ejercicio militar.
84 El gobernador Pedro de Valdivia fue muy ducho en el arte de escuadronear.
Jerónimo de Quiroga recoge la anécdota, famosa, de cuando en el campo de Jaquijaguana, en 1548, el segundo de Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal, el no menos famoso «demonio de los Andes», averiguó la presencia de Valdivia en las filas del ejército real sólo observando cómo se desplegaba éste, «porque aunque había en el Perú muchos y muy experimentados capitanes, era en la guerra de aquella tierra, pero que de la de Europa no había más», diría Carvajal.
Más importa la aprobación de un docto en la materia que se trata, que la de todo un ejército si es ignorante.
El ordenar la gente no se hace con sólo la teórica, ni con sólo la práctica: ciencia es que necesita lo práctico y lo especulativo.
86 Muchos presumen de grandes escuadronistas, y no saben decir cómo lo saben; hacen las cosas y no entienden lo que han hecho; pero donde no hay Carabajales (sic) que censuren, bien pueden los ignorantes blasonar de diestros, que ninguno conocerá si está allí Valdivia ordenando la gente.
87 Desde su providencialismo básico -«Nunca sin la ayuda del Señor de los ejércitos vencen los ejércitos» 88 -, Jerónimo de Quiroga diseñó el perfil del perfecto capitán 89 general para la guerra del Arauco -y también para otras-: el soldado experimentado, que nunca haya dado muestras de derrotismo ante las adversidades, 90 es el más indicado por haber conocido tanto la victoria como algunos lances trágicos, un conocimiento sobre lo militar que le permitirá no sólo prevenir algunos males, sino también remediarlos.
Ha de ser tan severo en sus resoluciones, como constante en todo lo que hubiera de resolver o ejecutar y advierte: «no es lo mismo severo que 84 Quiroga, 1979, 423.
86 No obstante, Quiroga también señaló: «(...) la militar y prestante disciplina no se aprende con discursos de fantasía, leyendo o estudiando, sino viendo, tratando, peleando y tomando el partido según los nuevos accidentes».
89 Para el famoso artillero Diego de Álava, en su El perfecto capitán, instruido en la disciplina militar y nueva ciencia de la Artillería (Madrid, 1590), dichas virtudes eran: fortaleza de ánimo, prudencia, severidad, buena fortuna en sus obras y ciencia militar.
Justo Lipsio defendía en Políticas (1589) que el buen general debía gozar de cinco características: ciencia, virtud, providencia, autoridad y fortuna.
90 «...cuando el General está adornado de las prendas que le constituyen digno de tan alta ocupación, nunca se rinde con las adversidades, y el que ha experimentado infelices sucesos sabe prevenirlos y remediarlos».
98 No obstante, el conocimiento de muchos de los lances bélicos ocurridos -y sus desagradables consecuencias-le lleva a exclamar: «Los movimientos coléricos 99 en la guerra siempre son a favor del contrario, y las precipitaciones siempre precipitan a los que, sin considerar el riesgo, se empeñan en él».
100 El buen general, en vista del riesgo aparecido, debe ocultar sus temores y asegurar la victoria tomando las decisiones oportunas sin dilaciones, aún a riesgo de que no todos las entiendan, valoren o compartan -«No bastan los aciertos para acallar las calumnias»-; 101 «[Es] pensión del que manda oír decir mal del bien que hace».
102 Y en esos lances, Jerónimo de Quiroga, que no dejaba de ser un hombre de acción, prefería la virtud del valor a la prudencia.
Lo justificaba de la siguiente forma:
en los riesgos de la guerra se debe dar al valor el primer lugar, y el segundo a la prudencia, porque primero es reducir, y esto lo hace el esfuerzo militar; después se sigue el conservar lo conquistado, cuya destreza toca a los jurisprudentes.
La primera acción es más lustrosa, la segunda más gloriosa, pero excusando comparaciones que siempre son odiosas, concluyo con que el valor tiene nombre de varón, y la prudencia de mujer, y así debe tener la preferencia como señor, o él se la tomará si alguno no se la diere.
103 Pero preferir una virtud sobre la otra no significa despreciar la segunda; es la suma de ambas lo que importa.
104 La experiencia es un grado, de manera que la crítica a aquéllos que han conducido la guerra sin poseerla -y el gran delito es quién los había promocionado sin merecerlo 105 -estaba asegurada: Gloriosa cosa es vencer, dominar y conquistar, poblar y reducir; pero mantener y sustentar lo vencido y reducido es honra ilustrada con el provecho público.
El valor ejecuta lo primero; lo segundo, la prudencia y la justicia, y no suelen concurrir estas tres virtudes en muchos hombres, especialmente siendo mancebos.
106 La crítica estaba dirigida especialmente a Francisco de Villagrán, quien perdió a su hijo Pedro, caído en una desgraciada acción fruto de su inexperiencia.
107 Quiroga no podía dejar pasar la oportunidad de señalar cómo el bien común jamás debe dejarse en manos de personas sin experiencia, que difícilmente aciertan a la hora de prevenir o remediar los riesgos.
108 La dirección de la guerra exigía, pues, un hombre de experiencia que supiese, con maña y astucia, atraerse a sus soldados, «a unos por amor y a otros por temor», sin ensañarse con los indios.
Además, y todos miran por lo que vieron, no de lo que veían».
110 En definitiva, Quiroga defiende la conveniencia de que los gobernadores de Chile fuesen más militares que políticos, dado que la principal problemática en Chile era una guerra inacabada.
La realidad fue muy contraria, al menos para el gusto de nuestro hombre, quien los criticaría con saña.
111 Como es habitual en estos casos, el tratadista es muy consciente de los males de los que adolece la institución militar.
Sin dejar de pontificar sobre cómo era y cómo debería ser la estructura de mando en el ejército de Chile, 112 Quiroga ya había resaltado cómo ante la evidencia de los achaques padecidos invariablemente se reaccionaba tarde, quizá cuando poco o nada se podía arreglar «...suelen aplicarse los remedios cuando ya el cuerpo enfermo 113 está rendido del achaque y débil la naturaleza para tolerarlo, lo cual no sucediera si estando fuerte el vigor se hubieran aplicado...» 114, siempre desde la óptica de un cierto ideal igualitarista a la hora de sufrir las penalidades de la guerra «...dichoso el ejército donde igualmente los Generales gozan de las conveniencias, riesgos y trabajos con sus soldados», 115 otro utilitarista, a la par que reformista, para asegurar el futuro de la institución en cuanto a la recluta de nuevos soldados 116 «No sólo debe pagarse bien al soldado que sirve, sino remunerarle cuando la edad o las heridas le desobligan de proseguir en su profesión, porque viéndolos retirar lisiados a sus casas y sin premio, se toma horror a la profesión militar» 117 -, todo ello a cubierto bajo el paraguas de un ideal caballeresco en el que todavía a finales del siglo XVII se creía: aún se valoraba más la lucha cuerpo a cuerpo que la pugna con armas que herían a distancia 118: «...los golpes de las balas y de las flechas acreditan el suceso que siempre se atribuye a la fortuna; sólo las heridas de la lanza o espada dan crédito al que con más valor y destreza las ejercita».119
Aunque escrita en el lejano Chile a finales del siglo XVII, la crónica de Jerónimo de Quiroga no sólo fue un intento por historiar enseñando acerca de los gobernadores que habían servido en el territorio desde los años de Pedro de Valdivia -y hasta mediados del Seiscientos-, criticando sus errores y aplaudiendo sus aciertos, de entre los cuales se puede desentrañar la opinión del autor acerca de cómo encauzar la interminable guerra del Arauco, sino que, además, nos permite entender, a partir de los numerosos aforismos que presiden el texto, cuál era el pensamiento militar que, a la manera de un tratadista más del mundo hispánico del momento, había generado su autor a partir de una experiencia bélica tan alejada, geográficamente hablando, de los ámbitos en los que a mediados y finales del siglo XVII podía ganar un oficial hispano una ya, por entonces, escasa gloria militar.
Hemos podido comprobar cómo Jerónimo de Quiroga, quien no cita nunca a ningún tratadista militar, responde al perfil del oficial responsable de su época, es decir, aquel que decide dejar constancia escrita de sus reflexiones para ayudar a sus compañeros de profesión: crítico con la institución, pero sin despreciarla, recomienda justicia salarial para con los soldados y el indispensable recurso al mérito a la hora de conceder ascensos; atento a la mejora del rendimiento de los milites, sobre todo los oficiales, quienes debían disponer tanto de «ciencia» como de «experiencia»; defensor de una cierta ideología militar y de un determinado perfil exigible al «buen» o «perfecto» general, que incluían virtudes como la fortuna, valentía, clemencia o prudencia, tan típicas de la tratadística de su época.
En definitiva, si bien desde la óptica militar hispana del momento la lucha contra el aborigen, fuese o no el afamado araucano, nunca estaría a la altura de los enemigos europeos de la Monarquía, lo cierto es que las enormes dificultades arrostradas para poder permanecer en el territorio del |
editorial, ha decidido proceder a la desautorización formal del siguiente artículo: Olivero Guidobono, Sandra, "Producción y mano de obra en las haciendas jesuíticas del Buenos Aires colonial: La Chacarita y Las Conchas en el siglo XVIII",
De entre todas las órdenes religiosas que llegaron al Río de la Plata, los jesuitas debieron desarrollar un triple trabajo, pues, junto con ser evangelizadores y educadores, se constituyeron en hábiles empresarios agrícolas.
La calificación de empresarios agrícolas aplicada a los jesuitas pareciera ser, en principio, objetable si solo se consideran sus condiciones de agentes espirituales y socioculturales.
Sin embargo, si se enfoca este aspecto desde la perspectiva económica, no cabe duda que los regulares administraban sus recursos de una manera racional, con el propósito de incrementarlos y obtener la mayor rentabilidad.
El presente estudio trata de una pequeña región del Río de la Plata, con algunos cientos de habitantes a comienzos del siglo XVIII.
Se considera, a pesar de ello, que su análisis puede contribuir a esclarecer aspectos del conjunto de la historia agraria rioplatense, así como insertarse en los debates sobre las estructuras del mundo rural en la América colonial.
La imagen de una campaña rioplatense colonial dominada casi exclusivamente por la abundancia de ganado vacuno sufrió un serio golpe cuando en 1985 se publicó un trabajo que analiza los diezmos de la región.
1 Si hasta hace poco el Río de la Plata colonial era sinónimo de ganado vacuno en abundancia, estancias interminables y gauchos vagando por las pampas, hoy aparece ante nosotros una sociedad rural mucho más compleja, con muy diversos tipos de propietarios y productores, con diferentes tipos de trabajadores y con una producción mucho más variada donde el trigo ocupa un lugar predominante.
Se puede afirmar que junto a la ganadería, que no era sólo bovina, había en la campaña rioplatense una intensa actividad agrícola, donde el cultivo del trigo era sumamente importante pero no el único, se incluían también otros cereales y diversos productos de huerta.
En el contexto de la economía colonial, en los umbrales de la economía moderna, el sistema económico-administrativo centralizado diseñado por los jesuitas puede considerarse excepcional, debido a la racionalidad con que se aplicaba, y superior a toda actividad agrícola desarrollada por iniciativa individual.
El mismo trabajo fue publicado en castellano en 1987.
Allí se analizan los diezmos del Virreinato del Río de la Plata para fines del período colonial.
DOI: 10.3989/aeamer.2012. o t e coordinaba los factores productivos, que el método contable utilizado le permitía controlar efectivamente costos y beneficios, y que los mercados internos que relacionaba posibilitaban una mayor redistribución de los excedentes productivos.
En el orden práctico, los jesuitas buscaban acrecentar sus recursos económicos para hacer más sólida e influyente su institución, y para sostener adecuadamente sus obras, aunque sin disociar sus objetivos espirituales y materiales.
En esta dualidad de funciones institucionales, los jesuitas siempre se esforzaron por «...encontrar un terreno común donde ambas exigencias fueran compatibles...».
2 Es importante recordar que el sistema económico de los jesuitas funcionó como un complejo urbano-rural, puesto que en las villas estaban los colegios y en áreas rurales las haciendas y estancias.
De este modo junto con el crecimiento de colegios en las ciudades y la expansión de los trabajos misioneros en toda la sociedad colonial, los regulares desarrollaron un proceso de acumulación de capital a través de sus propiedades rurales.
El alto valor de los bienes temporales que poseía la Compañía de Jesús en el momento de la expulsión ha siso uno de los motivos por los cuales se han realizado numerosas investigaciones, con el objeto de comprender como los regulares de esta orden lograron acumular tan extensa riqueza.
La primera conclusión que se puede inferir, es que se trata de un sistema único que fue aplicado con regularidad en toda la América colonial.
3 La Compañía de Jesús organizaba su estructura institucional desde la provincia, donde se establecía la Casa Profesa con su correspondiente colegio máximo que tenía el rango de universidad porque podía otorgar grados académicos.
Desde allí se decidía la fundación de nuevos colegios siempre y cuando que contaran con bienes suficientes para su manutención.
En la Casa Profesa residía el provincial, cuya misión consistía en controlar el funcionamiento de todos los trabajos realizados en la provincia a su cargo.
Bajo sus órdenes estaba el procurador general, con la tarea de supervisar las actividades económicas de todos los colegios, especialmente en lo relativo a la revisión de sus cuentas, inventarios y rendimientos productivos.
Los colegios estaban a cargo del rector que aseguraba el funcionamiento del complejo económico urbano-rural.
En las áreas rurales cada una de las haciendas que poseía el colegio estaba a cargo de un administrador generalmente un hermano coadjutor, cuya misión esencial era administrar, hacer producir las tierras y llevar una cuidadosa contabilidad de entradas y gastos.
4 La estructura de funcionamiento de cada hacienda era sencilla, el administrador era el primer responsable de ella ante el rector y el procurador.
A su vez dependían de él un mayordomo, capataces, peones contratados y esclavos.
La estructura de mando se basaba en la verticalidad de las instrucciones.
Sin embargo, cada colegio tenía autonomía de gestión y solo el provincial podía efectuar visitas cada dos años para controlar su funcionamiento, en tanto que el procurador provincial controlaba anualmente los libros de cuentas.
Estas estrictas normas de control obligaban a todas las unidades a operar con un sistema contable claro y preciso.
La clave del éxito económico de la Compañía descansaba en su estructura de funcionamiento y en la complementación de capitales.
Cada colegio contaba con sus propios bienes, por tanto era su propia gestión la que aseguraba su subsistencia.
Las haciendas y estancias debían producir lo suficiente para atender a los gastos y compromisos adquiridos, lo que era muy probable puesto que fueron racionalmente explotadas alcanzando un rendimiento altamente productivo y rentable.
5 El objetivo que perseguía la gestión administrativa de los jesuitas en sus haciendas y estancias era la utilización racional de la tierra, para lograr de ella un óptimo rendimiento.
Para lograrlo se coordinaba la explotación agrícola con la cría de animales, se utilizaban técnicas de cultivo eficientes, herramientas adecuadas, construcción de canales y buenos pastos.
Cada propiedad rural se convertía en una unidad productiva funcional y diversificada.
Las propiedades rurales de la Compañía calcaban la economía regional americana ya que se adecuaban estrictamente a las posibilidades y limitaciones ofrecidas en cada caso.
La impresión general de los contemporáneos era que los jesuitas sólo conservaban aquellas haciendas que podían asegurarles rentas satisfactorias.
La suerte económica de los colegios estaba ligada a la suerte general de una comunidad.
Por eso el acrecentamiento de los bienes de un colegio dependía tanto de la gestión de su 4 Chevalier, 1950.
ISSN: 0210-5810 El presente estudio contempla los diferentes elementos que intervinieron en la organización y funcionamiento de las unidades de producción de la Compañía de Jesús en Buenos Aires, centrándonos en las propiedades rurales de La Chacarita y Las Conchas, dependientes al igual que la estancia de Areco, del Colegio Grande de San Ignacio.
Sin lugar a dudas los libros de cuentas e inventarios levantados anualmente por los padres de la Compañía hubieran constituido la fuente documental más concisa.
Pero la destrucción de dichos libros llevada a cabo por los mismos misioneros ignacianos en el momento de la expulsión no nos permite contar con esa valiosa información.
Por ello el presente trabajo se centra en los datos aportados por los documentos generados por la Junta de Temporalidades en el momento de la expulsión, es decir en 1767.
Asimismo disponemos de libros de cuentas e inventarios datados en 1777 por las Temporalidades.
El objeto es observar y dar a conocer el desarrollo económico de estas propiedades jesuitas de la campaña rioplatense hasta el momento no estudiadas.
El presente trabajo se centra en el momento de la expulsión de la Compañía, contando para ello con los inventarios y tasaciones generados por la Junta de Temporalidades para los años 1767 y 1777.
El propósito es analizar el tipo de actividades económicas que los jesuitas incentivaron en la región y su adscripción al mercado de consumo interno y regional.
Del mismo modo se pretende conocer el tipo de mano de obra empleada en las propiedades en cuestión.
Sabiendo de antemano que la población esclava constituía la fuerza laboral prioritaria en las haciendas de la Orden, interesa analizar la política de equilibrio de sexos y reproducción no sólo como mecanismo de control poblacional sino como medio de control económico.
Tal como lo hicieron en otras regiones de América, los jesuitas adaptaron en el Río de la Plata su actividad misional y económica a la realidad local y sus recursos geográficos.
El crecimiento y afianzamiento de la Orden en Buenos Aires, y en especial en la campaña aledaña, durante el siglo XVIII, su adaptación a la realidad local y el aumento de sus actividades económicas y misionales, estuvieron determinados por el aumento de población.
ISSN: 0210-5810 Las formas de obtención de recursos financieros por parte de la iglesia en América fueron variadas.
8 Fue el clero regular el que llegó a obtener elevados ingresos provenientes del desarrollo de sus actividades económicas, comerciales y de crédito.
En este contexto, el caso de la Compañía de Jesús es quizás el más conocido, en parte porque es el más documentado y también porque fue sin duda el grupo religioso que mayor capital llegó a concentrar, especialmente en propiedades, infraestructura y mano de obra esclava.
En el caso de los jesuitas, los ingresos provenían especialmente de tres fuentes: explotación de sus propiedades rurales y la comercialización de parte de la producción; operaciones financieras, incluidos los arrendamientos de tierras y propiedades urbanas, censos y préstamos de dinero a interés; y limosnas, capellanías y obras pías.
Los ingresos procedentes de estas tres vías permitían a los jesuitas pagar los gastos que las misiones, residencias y colegios tenían, desde el mantenimiento de los sacerdotes, hermanos y esclavos hasta la construcción de nuevos edificios y reparación de otros y pagos a trabajadores conchabados.
9 A diferencia de los hacendados laicos, eran las ganancias y no el prestigio social lo que motivaba a los jesuitas a aumentar y explotar sus propiedades.
10 Los padres de la Compañía se convirtieron en propietarios por medio de donaciones y mercedes recibidas, compras y permutas, o por composiciones de tierras, litigios o apropiación ilegal de tierras aledañas a las haciendas que ya poseían.
Finalmente hubo otra forma de acceso a la tierra, el arrendamiento.
11 Por lo general las haciendas se iniciaban con una o varias donaciones de tierras ya labradas o con algo de ganado.
De todos modos, al principio había que consolidarse, pero una vez alcanzado ese punto la producción llegaba a ser muy importante.
Las haciendas jesuitas también funcionaban como almacenes y llegaron a regular el mercado de precios de carnes y cereales.
La distribución de sus tierras, alrededor de un centro administrativo -Colegio Máximo-y a escasa distancia unas de otras, permitieron un mayor control y comunicación entre el rector y los administradores, lo 8 Este tema ha sido objeto de varios estudios.
SANDRA OLIVERO GUIDOBONO Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 627-663 Al gozar del derecho de no pagar alcabala sus productos eran más baratos, lo que les permitía competir satisfactoriamente en el mercado.
Producción de las haciendas de La Chacarita y Las Conchas
Prácticamente todas las órdenes religiosas con sede en Buenos Aires eran propietarias de estancias en la región pampeana.
Los jesuitas se destacaban por las dimensiones de su patrimonio rural.
La célebre estancia que poseían en el pago de Areco era probablemente una de las más grandes de todo el territorio rioplatense.
14 Otras estancias jesuíticas porteñas eran, sin embargo, mucho más modestas, como las de La Chacarita y Las Conchas que constituyen el material de análisis de este estudio.
Comparadas con otras estancias eclesiásticas de la zona, las propiedades jesuíticas constituían verdaderas unidades productivas a gran escala.
El historiador Carlos Mayo, que ha estudiado a los betlehemitas, señala que esta orden fue una fuerte propietaria rural de la región, en especial por su estancia de Arrecifes que llegó a tener 18 leguas (90 km) en tanto que el establecimiento de Fontezuelas cubría una superficie de 10 leguas (50 km), llegando a tener 20.000 cabezas de ganado vacuno.
15 En cambio los dominicos y, probablemente, los mercedarios, eran dueños de estancias más reducidas: Nuestra Señora de Rosario, del convento de Santo Domingo, no llegaba a las 3.000 varas de frente y legua y media de fondo (1.875 has), es decir, era algo menor que una suerte de estancia, con 3.000 vacunos.
16 Situadas en el Pago de la Costa, en la campaña bonaerense, las estancias de La Chacarita y Las Conchas, estaban destinadas a proveer de recursos al Colegio Grande de San Ignacio, del cual formaban parte conjuntamente con la Calera de Magdalena y la estancia de Areco.
14 Archivo General de la Nación (AGN), IX, 7-3-7, Colegio de San Ignacio.
16 generales, la organización de la producción en estas estancias, reproducía el esquema básico de otras propiedades jesuíticas de la Gobernación: combinaba la producción ganadera con la artesanal y el cultivo del cereal, actividad sumamente importante en la región, principal proveedora de trigo de la ciudad porteña.
17 La actividad ganadera, central en las relaciones entre las estancias y el mercado interno, se concentraba en la cría de vacunos y mulares, probablemente, la principal fuente de ingresos, aunque también con existencia de ganado equino, ovino y caprino.
Apenas llegados a Buenos Aires, a comienzos del siglo XVII, el gobernador Hernandarias donó a la Compañía dos terrenos: uno al noroeste de las tierras de Pedro de Sayas, y el otro en el pago de Las Conchas, en el paraje llamado del Molino.
La extensión de estas tierras no fue precisa, pero fueron ampliándose poco a poco.
En 1622 el gobernador Diego Marín de Góngora cedió a los jesuitas las tierras y cabezadas limítrofes con las que ya poseían sobre el río de las Conchas.
Unos años más tarde, hacia 1637 el padre Tomás de Ureña continuó solicitando tierras que le fueron cedidas por el entonces gobernador Dávila.
18 Al llevar a cabo la fundación de Buenos Aires, Garay había cedido a cada poblador un solar dentro del recinto urbano y una fracción de tierra próxima a la misma.
Desde el extremo noreste de la ciudad se trazaron 22 lotes de dimensiones semejantes, todos corrían de sudoeste a noreste y estaban separados entre sí por zanjas.
Diez de estas 22 fracciones pasaron a manos de los jesuitas que junto al terreno cedido por Hernandarias constituyeron la Chacarita.
19 La hacienda de La Chacarita, distante a dos leguas (10 km) de la ciudad de Buenos Aires, tenía dos leguas de frente por una legua de fondo (5.000 has), el terreno fue valuado en 1.350 pesos, a razón de 4 reales la vara.
20 Una extensión de mil cuadras, solares ocupados en la actualidad por el Cementerio del Oeste, los Cuarteles de Caballería y de Maldonado, por el Instituto Geográfico Militar, por la Exposición Rural, Plaza Italia, Jardines Botánico y Zoológico, Golf Club Argentino, Obras Sanitarias, Hipódromo Argentino y Palermo.
SANDRA OLIVERO GUIDOBONO Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 627-663 Don Juan Francisco Suero y don Juan Diego Flores, antiguos vecinos del Pago de las Conchas, realizaron la tasación de dicha estancia el 13 de noviembre de 1777 por pedido del comisionado Juan Berlanga y ante el escribano José Zenzano.
La propiedad en su conjunto -terreno, árboles, muebles, ganado, edificios y obrajes-fue valuada en 35.034 pesos, valor superior al asignado a la estancia de Alta Gracia en Córdoba, y proporcional al monto estimado para Santa Catalina de dimensiones mayores.
21 La Chacarita, funcionaba como la mayoría de las propiedades de la Compañía, como un complejo ganadero, agrícola y artesanal.
Junto a la cría de ganado, como lo evidencia los cuatro corrales inventariados, se practicaba la agricultura de cereales, especialmente trigo, y la fruticultura.
El inventario efectuado al producirse la expulsión, reveló la existencia de una chacra destinada al cultivo de trigo, diez arados con sus rejas, 337 sacos de trigo almacenados, diez de harina y veintiocho de maíz, y una huerta donde se levantaban nogales, higueras, naranjos, limoneros y parras, y un monte de duraznos otros árboles frutales.
-1 corral de encerrar ganado con 700 postes de ñandubay.
Patio con 10 aposentos, cuartos con puertas y ventanas, alacenas embutidas en las paredes una pieza grande que servía de almacén o granero, todo de adobe cocido.
Patio con 4 cuartos que servían de cocina, carpintería y otros menesteres; una pieza grande para los dos telares con la fábrica de ponchos y frazadas.
2.996 -36 ranchos que sirven de habitaciones para esclavos y sirvientes.
500 -1 noria con su armazón y cubierta con su alberca y cañería de cal, ladrillo y argamasa.
2.183 -1 obraje de hornos de ladrillo y teja con dos galpones, uno de 28 varas de largo por 6 de ancho y otro de 44 varas de largo y 6 de ancho, con paredes de ladrillo cocido y barro, techados de madera y caña cubiertos de tejas, con sus pozos para el obraje.
Fuente: AGN, Colonia, Compañía de Jesús, Colegio de San Ignacio IX, 7-3-7.
SANDRA OLIVERO GUIDOBONO Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 627-663 La riqueza ganadera no sólo queda evidenciada por las cabezas de ganado existentes, sino por el cuadrante de sal que produjo al momento de la expulsión cinco pilas de charquis, lo que evidencia, aunque no podemos demostrarlo, la circulación de ese producto en el circuito mercantil local.
Sin lugar a dudas la carne desecada por la sal era consumida por la población esclava que trabajaba en la hacienda y algún excedente se comercializó entre las propiedades aledañas de la campaña rioplatense.
GRÁFICO N.o 1 TIPO DE GANADO INVENTARIADO EN LA CHACARITA, 1767
La Chacarita contaba, además, con un variado obraje, a saber: seis hornos de ladrillo y teja que se inventariaron en 1767, 15.000 ladrillos y 6.000 tejas, 600 baldosas, dos calderas de cobre y una de madera para fabricar velas, dos sacos de chicharrones para hacer jabón y dos telares, uno de ponchos y otro de frazadas.
Contaba, además, con ocho carretas, un carretón, carretillas y una atahona, lo que demuestra que la actividad artesanal y su comercialización para consumo tanto interno como local en el mercado bonaerense, debió ocupar un sitial de importancia en la producción rural de esa época, fundamentalmente la agrícola.
Sin lugar a dudas los ladrillos, tejas y baldosas producidas en la hacienda estarían destinadas a cubrir las necesidades en la construcción de edificios en el interior de la propiedad además de abastecer de estos insumos al Colegio de San Ignacio.
Varios de las edificaciones del Colegio Máximo debieron llevarse a cabo con el aporte de material producido en la Chacarita.
La existencia del molino, la noria, la atahona y los sacos de harina almacenados denotan la existencia de una producción harinera destacada que abastecería el consumo interno y proveería de excedentes al Colegio de San Ignacio.
La huerta de frutales proporcionaba lo necesario para sustentar la mano de obra que allí trabajaba.
La estancia Las Conchas, situada a 8 leguas (40 km) de la ciudad de Buenos Aires, tenía una extensión de una legua de frente por media de fondo (1.250 has), y el terreno fue valuado en 1777 en 1.500 pesos.
Esta propiedad se encontraba en el paraje llamado Molino de Tejada, sobre el río (en pesos y reales)
-1 capilla de 12 varas de largo por 6 de ancho, de barro cocido y ladrillo, cubierta de tejas.
6 -2 ranchos muy maltratados de 10 varas de largo y 5 de ancho c/u, cubiertos de paja y madera muy ordinaria.
12 Fuente: AGN, Colonia, Compañía de Jesús, Colegio de San Ignacio, IX, 7-3-7.
Su valor total, considerando terreno, edificios, muebles y ganado, era de 10.185 pesos.
Su principal actividad era la cría de ganado, que ascendía las 9.000 cabezas entre ganado vacuno, ovino, equino y mular.
No tenía, prácticamente, actividad agrícola y solo contaba con un escaso plantío de durazneros e higueras.
La actividad artesanal, fabricación de telas, prendas de vestir, ladrillos y jabones, parecía no destacar.
La estancia comprendía un área con buenos pastos para la cría de ganado mayor y menor, con el que se proveía al resto de las propiedades dedicadas fundamentalmente a la actividad agrícola.
Es muy probable que las Conchas abasteciera al mercado local de Buenos Aires con ganado en pie y carne para el consumo.
Se trataba de una propiedad extensa con abundancia de pastos dedicada a la cría de ganado en especial vacuno.
La estan- El valor del ganado inventariado ascendía a 7.886 pesos y 6 reales en 1777, es decir el 77,42 % del valor total de la propiedad y sus bienes, según la tasación realizada diez años antes.
Es decir que el capital en ganado había aumentado en un 31,24 %.
Indudablemente la actividad ganadera era muy próspera, así lo corrobora el alto número de cabezas de ganado vacuno.
El escaso porcentaje de bueyes en la estancia denota la importancia de la producción ganadera en detrimento de la agrícola.
GRÁFICO N.o 4 TIPO DE GANADO INVENTARIADO EN LAS CONCHAS, 1767
Las Conchas abastecía de cabezas de ganado a la región rural adyacente, así lo comprobaba el pedido de compra efectuado por Antonio Zamudio, vecino de la Costa, en 1771, de 1.000 mulas a 15 reales cada una, a pagar en 18 meses.
Don Domingo Belgrano Pérez, apoderado de Zamudio, compró en público remate, 771 mulas de un año, a 15 reales cada una, y 58 mulas de dos años, a 20 reales cada una, abonando un total de 1.470 pesos y 5 reales.
24 A pesar de todo ello, en una Demostración del estado anual de rentas realizado por las Temporalidades en octubre de ese mismo año, se evidenciaba el escaso valor conferido a Las Conchas, la cual era considerada una La Chacarita, en cambio, producía anualmente 605 pesos y fue arrendada el 6 de agosto de 1771 a don Domingo Berrondo con veintiuno de los veintiséis esclavos que poseía originariamente.
25 Una nueva muestra del valor e importancia de la producción triguera de la zona.
Seguramente el excedente cerealero se comercializaba en Buenos Aires, principal centro de demanda de ese producto.
La asignación de recursos productivos tendía a limitar la dependencia de esta estancia respecto del mercado, en lo que se refiere a su aprovisionamiento de determinados bienes y servicios.
Otros, aquellos no producidos en la misma hacienda, debían ser, en cambio, adquiridos en aquél.
La administración de Temporalidades del Colegio Grande de San Ignacio compraba o trocaba por sus productos -ganado y trigo-yerba y tabaco para la ración de los esclavos y conchabados, bayeta, pañete y cordelete para el vestuario de aquellos y la remuneración de éstos, vino, aguardiente, azúcar y algunos insumos básicos para la producción artesanal: hierro y algodón, por ejemplo.
El rendimiento económico era un reto por ser capaces de sostener colegios y misiones lejanas.
Por ello pusieron tanta atención en los productos y en el tipo de cultivo apropiados para cada región y descubrieron cuáles eran más ventajosos y qué tipo de ganado criar.
Los esclavos de las haciendas
En las haciendas coloniales existían tres tipos de trabajadores.
En primer lugar los esclavos -negros o mulatos-; en segundo lugar figuraban los peones y vaqueros, conocidos como conchabados, que vivían en la misma hacienda, en casas cercanas y recibían un pago semanal por jornada trabajada.
Finalmente los trabajadores eventuales que eran contratados para realizar tareas específicas en determinadas épocas del año, tales como la cosecha o la erra.
En el Río de la Plata, como en las otras provincias de las Indias Occidentales, todas las órdenes religiosas recibieron donaciones de sus fie- Los jesuitas acudieron a la enseñanza paulista, según la cual el cristiano no ha de preocuparse sobremanera por la vida terrenal.
Siendo la verdadera esclavitud la del pecado, la servidumbre podría brindar al hombre negro la oportunidad de convertirse, es decir, de alcanzar la verdadera libertad, la del alma.
27 Para la Compañía de Jesús la posesión de mano de obra esclava fue un factor fundamental en su crecimiento económico.
Constituía una fuerza de trabajo más barata que la asalariada y necesaria ante la disminución de la población indígena.
Criar y comprar eran los dos métodos usados por los dueños de esclavos en la época colonial.
28 La mano de obra esclava constituía el grueso de la fuerza de trabajo empleada en las propiedades rioplatenses.
Según el inventario de 1767 había 288 esclavos en las haciendas de campo del Colegio Grande de San Ignacio, distribuidos de la siguiente forma: 48 en la Ranchería del Colegio, 220 en La Chacarita, 9 en la Calera de Magdalena y 11 en Las Conchas.
29 GRÁFICO N.o 5 El claro predominio de la mano de obra esclava en la chacra de La Chacarita reafirma la importancia y utilidad de este tipo de trabajadores en las unidades productivas agrícolas, en contrapartida a su escaso número en el desempeño de las actividades ganaderas.
Al tasar los esclavos de La Chacarita en 1777, el valor arrojado de 8.650 pesos representaba más del 21 % del valor total de la propiedad.
De la lectura y análisis del Inventario de 1767, realizado por el capataz don Vicente Montoya tras la expulsión, se observaba una población en crecimiento con un relativo equilibrio entre los sexos.
La población total de las haciendas La Chacarita y Las Conchas sumó 231 individuos, donde los varones representaron el 47,8 % del total frente a un 52,81 % femenino.
Existía, en general, un leve predomino femenino, que al analizar cada propiedad por su lado, mantenía el equilibrio por sexos en La Chacarita pero no así en Las Conchas donde frente a una población masculina de diez individuos sólo se registraba una mujer.
Una vez más se pone en evidencia la preferencia de población esclava en las propiedades agrícolas donde el equilibrio de sexos aseguraba la reproducción.
En las Conchas, en cambio, por tratarse de una estancia ganadera el empleo de mano de obra asalariada resultaba más rentable y los escasos esclavos que la Compañía mantenía allí eran fundamentalmente hombres.
La relación entre los sexos se mantuvo hasta 1771, pero la población total en ambas estancias, incluyendo la ranchería del Colegio, se redujo, de 288 a 177 individuos.
En esos cuatro años nacieron 61 esclavos, 30 varones y 31 mujeres, con lo que la población inicial aumentó en un 8%.
Sin embargo, cuando en 1771 las haciendas fueron entregadas a su arrendador, encontramos en Las Conchas un cierto equilibrio poblacional, de once esclavos en 1767 a quince en 1771, pero en La Chacarita su número se vio fuertemente reducido, de 220 a 24 respectivamente.
El Inventario nos permite constatar que 23 esclavos fueron entregados por orden del administrador don Francisco Somalo, 108 fueron vendidos a casas particulares y 33 fallecieron.
El desequilibrio entre hombres y mujeres era la segunda causa de esa reducción de población, 71 mujeres fueron vendidas a casas particulares para desempeñar tareas domésticas.
Por otro lado Fernández, que estudia Alta Gracia, señala un mantenimiento de la población, de 271 a 290 personas en el mismo período.
La situación de Las Conchas y La Chacarita se asemeja a la planteada por Cushner para Perú.
Cushner, S. J., 1975, 187 El inventario tiene limitaciones, sólo es posible determinar el número de esclavos, no así el número de familias, ni su composición -cantidad de hijos-como tampoco su calificación laboral salvo para los 48 esclavos de la ranchería del Colegio, que forman parte de este estudio sólo en términos comparativos.
Sabemos que los jesuitas no dudaron de la capacidad del trabajo esclavo, los entrenaron en los distintos oficios y les confiaron tareas de responsabilidad, promoviendo a algunos las funciones de capataces, aprovechaban así el ascendiente que ciertos esclavos ejercían sobre otros y, a la vez, contribuían a neutralizarlo.
No se puede negar que producía más un esclavo bien alimentado, bien vestido y bien cuidado en caso de enfermedad, ni que valía la pena favorecer la formación de familias que respondían al ideal cristiano y permitían la reproducción y el consabido crecimiento natural de la población esclava trabajadora.
Las negras eran destinadas, en calidad de hilanderas, a los obrajes textiles, donde se fabricaban los pochos, frazadas y camisas de los propios esclavos, además eran empleadas como amas de leche y alquiladas en casas de particulares para el desempeño de las actividades domésticas.
Los hombres realizaban, por lo general, las tareas de arrear el ganado, siembra y cosecha, y las labores de herrería y fabricación de velas, jabones, tejas y baldosas.
En lo que se refiere a las condiciones habitacionales asignadas a la población esclava, los inventarios ofrecen referencias de interés.
Los esclavos se alojaban en la ranchería de las estancias, dos en Las Conchas y treinta y seis en La Chacarita.
Cuartos de paredes de ladrillos, fabricados en el mismo obraje, y barro con techos de tirantes, paja y tejas.
Como es de suponer, los jesuitas practicaron una escrupulosa separación residencial por sexos entre los esclavos solteros.
Los grupos familiares compartían vivienda.
El control social de una población esclava numerosa planteaba serios y delicados problemas, ignoramos, al presente, cómo y de qué manera lo encararon los regulares en sus estancias, pero lo cierto es que la Compañía de Jesús tenía una larga experiencia en la materia.
Sin dudas, un complicado sistema de retribuciones, incentivos y, en casos extremos, castigos, conjugados con un adecuado régimen de vida material y religiosa, aseguraron, no siempre con tanto éxito, la lealtad de sus esclavos.
Al lado de las capillas y enferrmerías también existían en todos los fundos de la Orden, celdas equipadas con grillos y cepos, destinadas a rebajar las ínfulas de los Se ha logrado distribuir a la población esclava por sexos y grupos quinquenales de edades, se observa un predomino femenino en las franjas etarias de 0 a 15 años y de 40 a 44 años.
Los varones aumentan progresivamente su número por cada grupo quinquenal para alcanzar los valores más elevados entre los 25 y 40 años de edad, casualmente la edad más productiva respecto de las labores agropecuarias y en los oficios, como se verá más adelante.
La edad media de la población esclava era de 27,8 años, en los varones era de 32 años, muy superior a la media femenina de 24,71 años de edad.
La tasación incluía, no sólo la edad de la mano de obra esclava, sino también el oficio desarrollado por los hombres, de lo que se comprobó que el 22 % de los esclavos sobre el total de la población masculina adulta, era peón de hacienda.
Además aparecen contabilizados cuatro albañiles, dos herreros, dos pastores y un carpintero.
Entre los esclavos que desempeñaban algún oficio se hallaron los valores más altos que oscilaban entre 180 y 220 pesos.
DOI: 10.3989 Al igual que en otras haciendas jesuíticas estudiadas, los esclavos debieron ocuparse de una diversidad de labores, referidas al cultivo de cereales, cuidado de árboles frutales, recolección de frutos y hortalizas, acarreo del producto agropecuario, molienda, elaboración de harina, cuidado del ganado, doma y erra.
Adicionalmente debieron realizar trabajos de herrería, albañilería, carpintería, tejería y producción de velas, adobes y tejas.
De los 75 esclavos que contó La Chacarita en 1777, un total de 55 fueron integrados en familias que conformaron 16 matrimonios, con un promedio de 3,43 personas por hogar.
Es decir que el 74,32 % de la población esclava formó parte de familias integradas en su mayoría por ambos cónyuges.
Sólo el 29,72 % de la población no habían formado familia propia, 15 varones se hallaban solos y 7 mujeres en igual condición.
El hecho mismo de que la población no libre de la estancia de La Chacarita manifestara tendencia al crecimiento es, en sí mismo, un dato relevante si lo comparamos con lo ocurrido en las haciendas jesuíticas del SANDRA OLIVERO GUIDOBONO Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 627-663.
Perú, conclusión que desafía la idea aún prevaleciente de que las poblaciones esclavas en América Latina no lograron reproducirse adecuadamente.
Es improbable negar que se tratara de una política de control demográfico deliberadamente promovida por la Compañía, en todo caso, no parece haber hecho nada por impedirlo.
El relativo equilibrio de los sexos, las buenas condiciones de vida material así como las uniones matrimoniales que los padres alentaron entre la población esclava, eran condiciones más que necesarias para contribuir al crecimiento vegetativo de dicha po blación.
CUADRO N.o 7 El valor total de la población esclava alcanzaba los 8.650 pesos, con un promedio de 115,33 pesos cada individuo, los valores más elevados los alcanzan los varones que desempeñaban oficios -herreros y carpinteros entre 180 y 220 pesos-y las mujeres jóvenes -entre 24 y 28 años de edad-cotizadas en 170 pesos.
Los niños entre 6 y 12 años alcanzaron valores superiores a los 100 pesos, mientras que ancianos o desvalidos no superan los 45 pesos.
La participación de la población esclava en el consumo y producción interna
La mano de obra esclava, fundamentalmente, y también la fuerza de trabajo libre, absorbían alrededor del 80 % de lo producido en las haciendas y, prácticamente íntegra la producción de trigo y maíz, además, de la bayeta y el pañete remesados y comprados en cada estancia.
El resto circulaba en el mercado regional abasteciendo de insumos al Colegio de San Ignacio e incorporándose el excedente en el circuito mercantil porteño, en especial la venta a particulares.
El vestuario de los esclavos incluía sombrero, chaleco y calzones de lienzo de algodón o bayeta.
El administrador solía repartirles los cortes de tela y eran los mismos esclavos, fundamentalmente las mujeres, las que los confeccionaban.
Cuando se producían nacimientos o fallecimientos, se les otorgaba lienzos de algodón para pañales, mantillas y mortajas.
El reparto de yerba mate y tabaco se estableció como una forma de agasajo o premio.
Además del vestuario que se les entregaba cada año, daban a algunos esclavos ropa y géneros como gratificación a sus servicios, aunque también se los quitaban en ocasiones como forma de castigo.
También como una especie de gracia, los jesuitas colocaban a las esclavas jóvenes como criadas en casas de familias o las enviaban al Colegio de Niñas Huérfanas para desempeñar labores.
Como parte de la política de agasajos acostumbraban a dar a los esclavos antes de casarse algo de vestuario además de pagar los derechos al notario.
También pagaban a los médicos para curar a los enfermos, a matronas y parteras cuando no había una esclava encargada de hacer ese trabajo y enseñar a otras el oficio.
En contadas ocasiones los esclavos realizaban servicios especiales que eran pagados con dinero, costumbre no generalizada.
Fundamental mente estaban destinados a las celebraciones religiosas donde ciertos esclavos con habilidades musicales solían cantar y tocar instrumentos.
Incluso en sus días libres podían ser contratados para ejecutar música en las fiestas del rey o de la catedral, desde luego el pago era entregado a los padres de la Compañía.
Desde luego, La Chacarita consumía para su mano de obra esclava el 93,54 % de bayeta y pañete y el 78,43 % de lienzo, lo que corrobora la presencia de una población esclava SANDRA OLIVERO GUIDOBONO Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 627-663 muy numerosa en relación con las otras haciendas de campo dependientes del Colegio Grande de San Ignacio.
Según rezaba en el Inventario, toda esta cantidad de insumos fue producida por los mismos esclavos en los obrajes textiles de la hacienda.
El capataz señaló que para proveer de mantillas, pañales y mortajas a las sesenta y una negras que habían dado a luz entre esos años, fue necesario comprar la materia prima requerida ya que parecía ser que la hacienda sólo producía para satisfacer el consumo interno y no estaba preparada para solventar los gastos ocasionados por los recién nacidos.
Las negras que habían dado a luz recibieron además, sesenta y una gallinas y treinta culantrillos.
El gasto significó para el administrador de las Tempo ralidades un total de 150 pesos y 8 reales, apenas el 7 % del total de los gastos.
CUADRO N.o 8 La ración de esclavos incluía carne, yerba, tabaco, sal y azúcar.
De las 4.742 reses de ganado vacuno existentes hacia 1771, sólo el 10,54 % fue consumido por la población esclava de La Chacarita, mientras que el 72 % fue entregado al Colegio Grande San Ignacio para la subsistencia de su población, el excedente pasaba a formar parte del circuito mercantil porteño.
En la estancia Las Conchas sólo se sacrificó un 5 % para consumo interno, un 13 % se desatinó a la venta a particulares.
Con respecto a los cueros, la proporción entre consumo de uso interno y comercialización se mantuvo, el 44,76 % fue utilizado en el servicio de las haciendas para recoger trigo, atar bueyes, techar carretas y ranchos, PRODUCCIÓN Y MANO DE OBRA EN LAS HACIENDAS JESUÍTICAS DE BUENOS AIRES Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 627-663 Durante la administración de don Benito Ruiz, de septiembre de 1771 a marzo de 1784, La Chacarita contó con un ingreso equivalente a 2.426 pesos y 2 1⁄2 reales, el 52,6 % fue producto de la venta de ganado vacuno, cueros, trigo, maíz y leña.
Cabe señalar que la estancia contaba entre sus ingresos lo producido en su atahona, y el metálico ganado por las negras conchabadas para amas de leche en casa de particulares, como así también, los ingresos cobrados de los arrendatarios de Las Conchas.
Entre la producción de la cual no se llevó registro de cobro ya que su empleo era gratuito y necesario, se mencionaban 128 ponchos, 35 frazadas y 22 sudaderas repartidas entre los esclavos de la Calera de Magdalena.
Asimismo, 7.400 ladrillos para construir el fuerte ordenado por don Juan de Berlanga, arrendatario de La Chacarita, y el arrendamiento de la huerta a Manuel Solís.
Los gastos registrados por Ruiz alcanzaban los 2.719 pesos y 2 1⁄2 reales, con lo que al cabo de 13 años de administración, la hacienda dejó como PRODUCCIÓN Y MANO DE OBRA EN LAS HACIENDAS JESUÍTICAS DE BUENOS AIRES Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 627-663.
El 25,55 % de los ingresos procedía de la venta de carne, cueros y bueyes.
Un 14,34 % fue originado por la venta de trigo y maíz y otro 15 % de la comercialización de pan.
La venta de leña ascendía al 9,4 % del total de ingresos percibidos, lo cual demuestra la importancia de la explotación maderera en la región.
La producción no creció a lo largo del período, pero se mantuvo y permitió satisfacer las necesidades de consumo interno y comercializar el excedente agropecuario que posibilitó la adquisición de otros productos de primera necesidad que la hacienda no producía y que resultaban prioritarios para mantener una población esclava en crecimiento.
Los gastos atribuidos directamente a la manutención de esclavos equivalían al 57,63 % del total.
Si consideramos que el valor de los esclavos representaba en 1777 casi el 25 % del valor total en que fue tasada la hacienda, comprenderemos que la inversión en manutención de fuerza laboral no libre era importante, lo que corrobora las buenas condiciones de vida material que rodearon a los esclavos, posibilitando un crecimiento vegetativo sustentado en el equilibrio sexual y en la consolidación de las estructuras familiares.
Los gastos de conchabo sólo alcanzaron el 5,63%.
Es evidente que la fuerza de trabajo esclava prevalecía sobre la asalariada.
La mayoría de los intercambios internos y parte de las compras que realizaba la hacienda -presumiblemente en mercados regionales-no se efectuaba en plata, ésta prácticamente no circulaba en la hacienda, sólo una pequeña parte del metálico era destinada al pago de salarios.
El ingreso en plata provenía, además de las ventas de ganado y pan a terceros.
No fueron encontrados Libros de Conchabo, sin embargo, gracias a una mención que realizó Ruiz conocemos el salario de algunos conchabados percibidos por seis meses de trabajo: el peón recibía unos 30 pesos, el hortelano 28 pesos, el carpintero 35 pesos y un maestro de cortar adobe 30 pesos.
Estos salarios se correspondían con los percibidos en otras haciendas como Santa Catalina en Córdoba.
32 Los salarios se hacían efectivos en pagos parciales, hechos en especie y metálico, este último solía ser muy escaso, y en ocasiones, excepcional.
El grueso del salario, pagado en especie, tenía una clasificación peculiar destacándose por su importancia el pago en género.
El peón solía retirar a intervalos irregulares, ropa confeccionada por los esclavos en los obrajes de la hacienda, cortes de telas, sombreros, calzones, poncho, o bien bayeta, lienzo, pañete y bretaña, para no mencionar sino las más frecuentes.
En Santa Catalina un peón cobraba 72 pesos igual que un carpintero, un mayordomo 100 pesos; los salarios oscilaban entre 60 y 100 pesos anuales (entre 4 y 6 pesos mensuales) según la calificación del trabajador.
DOI: 10.3989/aeamer.2012 Es importante señalar que la división entre géneros y especies, daba prioridad a los primeros en función de garantizar por medio del salario una necesidad esencial del peón, el vestido, ya que el alimento estaba incluido en la ración diaria y seguramente la estancia proveía también a su necesidad habitacional.
Cabe a este respecto preguntarse, hasta qué punto la ración alimenticia de los peones satisfacía sus necesidades cuando se registraron retiros de yerba y otros alimentos a cuenta del salario.
Lamentablemente nuestra información actual no autoriza a hablar por el momento, con precisión de salarios altos o bajos, de raciones completas o insuficientes, de jornadas reducidas o extensas dada la naturaleza de la documentación analizada y la carencia de otros marcos de referencia para el lugar y la época.
33 El 4 de octubre de 1777 se tomó registro de los créditos que el Colegio Grande de San Ignacio tenía a favor por obligaciones.
Los relativos a la venta de parcelas de tierras del Partido de Las Conchas arrojaron un saldo favorable de 815 pesos y 3 reales por 7.570 varas vendidas a particulares entre enero de 1765 y diciembre de 1766.
Si bien este dato es simplemente una muestra para todo el período en estudio, nos permite conocer otras probables fuentes de ingresos y las características de las ventas de tierras, extensiones promedio, compradores y monto de la transacción.
Los jesuitas de Buenos Aires se caracterizaron como en el resto de la América hispana, pos sus importantes extensiones de tierras, por una concisa organización, controles precisos, clara racionalidad económica que garantizó el logro de su autoabastecimiento y autofinanciamiento, fundamento de su aspiración de autosuficiencia.
De esta manera lograron desarrollar una producción, con cierta diversificación, destinada al consumo interno, expresión de un cierto comportamiento autárquico, a la vez que de una clara orientación a un mercado local y regional.
Los logros alcanzados con sus propiedades rurales se debieron a la explotación de los recursos naturales que cada sitio les proporcionaba.
La cría vacuna, caballar, el cultivo de cereales y de algunos frutos, para lo cual dispusieron de mano de obra indígena y mestiza mediante el conchabo y el trabajo eventual, a la vez que de una población esclava que constituyó la fuerza laboral fundamental en las haciendas, conformaron la base de sus unidades productivas.
Dotaron a sus propiedades de instalaciones necesarias para aumentar su productividad y desarrollaron una eficiente comercialización de su producción en el mercado regional.
Todo ello conducido con racionalidad económica, sentido de organización y una esmerada fiscalización, factores primordiales en la disminución de sus gastos e incremento de sus ingresos, clave primordial de su crecimiento y del éxito logrado, por lo que podemos asimilarlos a la idea de una efectiva empresa económica en términos modernos.
La concepción económica ignaciana se caracterizó por estar contextualizada en la realidad local regional y por promover la elevación del hombre mediante la educación cristiana y holística, que integró moral, social, política y económicamente a los habitantes de la región.
El establecimiento y desarrollo de sus exitosos complejos socioeconómicos: haciendasmisiones, manejadas por religiosos instruidos y capaces, con racionalidad, austeridad, autoridad, jerarquización, utilidad y eficacia, manteniendo siempre una coordinación que se destacó por su diversificación, complementariedad, fiscalización y adecuadas relaciones interpersonales.
Todo ello hizo posible el cumplimiento de la múltiple y efectiva función social, educativa, cultural y geopolítica que se realizó en la América hispana.
En el aspecto social la propiedad rural jesuita constituía un universo minúsculo formado por los religiosos -a veces sólo uno-, el administrador, los mayordomos, los capataces y los trabajadores, libres o esclavos.
Sin lugar a dudas los jesuitas fueron protagonistas de un proyecto sociocultural edificado sobre las bases de un sistema hacendístico que logró desarrollar los centros pecuarios de mayor producción y eficacia, mejor dotados y más florecientes de la América colonial.
Los padres destacaron por su experiencia en el manejo de la mano de obra esclava.
Ésta se caracterizó por ser útil, estar organizada en función de las actividades productivas, cumplir sistemáticamente con un horario de trabajo diario y la distribución especializada del mismo.
Claro que no todo era idílico, cuando no lo cumplían o se rebelaban eran castigados, así lo demuestran los cepos, esposas y grillos que se observan en inventarios de varias propiedades jesuitas de las América hispana.
34 Los padres de la Compañía mostraron una clara tendencia a mantener una población esclava joven y a propiciar el equilibrio de sexos para favorecer la reproducción en el ámbito familiar, actitud que respondía a la mezcla de sentimientos cristianos y razones de orden económico y rentabilidad.
Asumieron una actitud paternalista sin dejar de ser controladora y eficaz.
Estudiar una muestra pequeña como La Chacarita y Las Conchas ofrece dificultades, por el pequeño número, la limitación de las fuentes y la inexistencia de datos estadísticos previos, lo que limita el análisis y hace tentativas las conclusiones.
Pese a ello se han podido confirmar ciertas tendencias establecidas para las haciendas bonaerenses dependientes del Colegio Grande de San Ignacio, y se ha logrado compararlas con otras como las de Santa Catalina y Alta Gracia en Córdoba, la fazenda de Santa Cruz en Brasil y las haciendas jesuíticas de Perú, lo cual delata una política demográfica por parte de la Compañía.
Merecen destacarse la leve superioridad femenina, fundamentalmente en los primeros años del ciclo vital -entre los 0 y 15 años-el predominio de estructuras familiares que posibilitó mantener un crecimiento vegetativo de la población esclava basado en el equilibrio familiar y sexual, la tendencia a encausar a los más capacitados en labores de mayor responsabilidad, lo que podría cumplir la función de control de los esclavos bajo el mando de sus iguales.
El creciente interés por el estudio de la vida familiar esclava, su fertilidad, sus ocupaciones, los medios materiales de subsistencia, el tipo de vivienda que habitaban, el valor nominal que representaban como mano de 34 Tardieu, 2005, 77; Samudio, 2005, 197.
DOI: 10.3989/aeamer.2012. obra empleada dentro o fuera de las haciendas, los ingresos que fueron capaces de producir y los gastos que ocasionaron a sus propietarios nos llevaron a estudiar La Chacarita.
Tras haberlo hecho, concluimos tentativamente que este mundo era estable, con una estructura familiar nuclear, con reproducción suficiente para suplir la necesidad de mano de obra en la estancia y exportarla al Colegio y casa de particulares.
Creemos, además, que la proporción de esclavos calificados laboralmente era alta, por lo cual el conchabo de fuerza laboral libre resultó mínima.
Muy por el contrario, La Chacarita proporcionó mano de obra esclava a otras estancias particulares de la región, como trabajadores con oficios para obras requeridas en el Colegio Grande de San Ignacio y amas de leche que eran contratadas por los vecinos.
La racionalidad económica de la explotación rural jesuítica consistía, en el caso del Pago de La Costa, en la integración entre chacras, estancias y haciendas de la zona.
El Colegio Grande de San Ignacio y sus haciendas de campo -La Chacarita, Las Conchas, la Calera de Magdalena y la estancia de Areco-participaban del mercado regional.
Producían lo necesario para satisfacer el consumo interno, manteniendo una población esclava numerosa y estable, y proveyendo de los insumos requeridos por la fuerza laboral libre como salario.
El excedente era comercializado en la región, y a lo largo de estos 10 años de administración de Temporalidades, la producción cumplimentó satisfactoriamente las necesidades internas y regionales.
Las fuentes analizadas revelan el alcance de la producción y consumo interno de una estancia colonial en la campaña rioplatense así como la circulación interna de los bienes de consumo producidos en ella.
Todo un sector agrícola-ganadero y artesanal se organizaba en el interior de la estancia para hacer frente a los costos de producción que, en aquella economía requería la producción que a su vez era destinada al mercado regional.
Todo un sector de gastos no monetarios destinados a asegurar el funcionamiento interno y la rentabilidad de un establecimiento de peculiares características y dimensiones.
La parte de producción consumida en la hacienda misma era sorprendentemente grande, la producción de trigo, sin embargo estaba destinada prioritariamente a satisfacer el mercado regional de consumo.
El ganado vacuno también se destinaba al consumo interno, pero una parte importante del excedente era comercializado en la región.
Buena parte de la producción artesanal -textil, lomillería, carpintería-hacía frente a los requerimientos de la estancia, y solo subsidiariamente al mercado local.
DOI: 10.3989/aeamer.2012. o t e parte de esta producción era destinada al mantenimiento y a la remuneración de la mano de obra esclava o libre, y los excedentes eran cambiados en el mercado por vino, algodón y otros bienes necesarios.
El uso extensivo de los recursos naturales e intensivo de la mano de obra servil, que caracterizaría a la economía colonial latinoamericana, conducía a una división interna del espacio de la unidad productora en zonas o sectores, una destinada a la producción de bienes para el sustento de la mano de obra, otra, a la producción de bienes para el mercado regional.
35 Esta división y jerarquización interna del espacio de la unidad productora, era el resultado de una política de integración económica en el sentido de que la estancia reducía sus operaciones con el mercado, y que los procesos de producción eran, en su mayor parte, consumidos internamente.
Ello era así porque se había efectuado un aprovechamiento sistemático de la mano de obra.
La tendencia de la estancia a la suficiencia -que también obedecía, y a la vez, acentuaba la falta de integración de los mercados debida en parte a una lenta y cara infraestructura de transportes-arroja luz sobre la ventaja económica que la estancia obtenía de la producción interna de medios remunerativos no solo hacia los factores laborales del producto final sino en todo un esquema circular donde, en realidad, peones y esclavos producían los bienes que se llevaban al mercado así como también los insumos, el mantenimiento del capital productivo y los gastos varios de administración.
En suma, la administración de las haciendas jesuitas en el Río de la Plata, como en otras provincias de las Indias, resulta un buen ejemplo para demostrar que los hijos de San Ignacio administraban sus recursos productivos racionalmente y empleaban todos los medios a su alcance para obtener rentas suficientes que les permitieran mantener sus obras espirituales y educacionales.
Desde esta perspectiva, los regulares de la Compañía eran eficientes administradores y hábiles empresarios.
Su gestión les permitió crear y poner en funcionamiento la más grande empresa económica agropecuaria del período colonial. |
Necesarios por motivos religiosos, pero también civiles; tanto para las localidades donde se instalaban como para la Corona.
Más hubo esfuerzos por reducirlos a entidades exclusivamente religiosas, por parte sobre todo del fiscal Ramón de Posada.
El reinado de los Borbones es especialmente conocido en la historiografía mexicanista por su crítica a las órdenes religiosas.
Diversos estudios recientes han abordado ya el tema, y en ellos existe cierto consenso sobre el fuerte impacto que tuvieron para los religiosos las reales cédulas de 1749 y 1753, que ordenaban la secularización de las doctrinas; es decir, la entrega al clero secular de las parroquias donde habían ejercido hasta entonces la cura de almas, a veces desde tiempos de la primera evangelización.
A largo plazo, tales medidas tendrían por consecuencia el más absoluto declive de las órdenes, hasta llevarlas casi a su extinción, de forma que, afirma José Refugio de la Torre, la secularización fue «el pequeño grumo de nieve que se precipita colina abajo e incorpora elementos devastadores en su trayectoria».
1 Implementada además de manera dramática, según ha destacado David Brading, la secularización fue seguida de una serie de visitas de reforma emprendidas para corregir los «vicios» de la vida interna de los conventos, de la reorganización de ciertos puntos de su vida institucional (por ejemplo la supresión de los comisarios franciscanos de México y Lima), y del cierre temporal de los noviciados.
2 Todo ello contribuyó para que, hacia el cambio de siglo, el número de frailes disminuyera sensiblemente.
Estas reformas se inscriben en el amplio esfuerzo de los Borbones por reformar tanto la organización institucional eclesiástica como la cultura religiosa de su vasto Imperio.
En cuanto a lo primero el objetivo era reforzar el control del clero a través sobre todo de una interpretación cada vez más amplia del Real Patronato, 3 que no podía sino poner en cuestión la autonomía de los regulares, fundada en privilegios pontificios.
Y en cuanto a la cultura religiosa, ya en ciertos medios próximos a la Corona se denunciaba a los frailes por ser causantes de la «superstición» de las clases populares, así como por el mal ejemplo que daban las querellas propias de los claustros, especialmente intensas con motivo de la elección de sus superiores.
4 Desde luego, estos cambios se inscriben en el marco más general de las Reformas borbónicas.
Interpretadas por varios autores como un adelantado proceso de contrucción del Estado, en fecha más reciente se ha visto bien que no iban hasta poner en cuestión el Antiguo Régimen en su conjunto, y que dejaban espacios para la negociación, incluso en casos como los que citamos aquí.
5 Ahora bien, en este artículo no entraremos más en los detalles de la historia institucional de las órdenes religiosas, que, como puede apreciarse, ha sido ya tratada, pues nos interesa más bien un tema de la cultura religiosa de la época: los motivos para justificar la fundación de un convento, específicamente franciscano, haya sido un colegio de misioneros apostólicos o una casa de frailes de las provincias observantes.
Y es que, en efecto, todo lo anterior no significa que en esta época se hubiera dejado de fundar conventos.
Antes bien, la Corona misma fundó uno, de franciscanos descalzos, el de San Pascual del Real Sitio de Aranjuez,6 y por lo que hace a los reinos americanos apoyó sobre todo la creación de colegios franciscanos observantes de Propaganda Fide7.
Lo veremos un poco más adelante.
Ello era en buena medida por la utilidad que podían reportar a la Corona por sus actividades misioneras entre infieles, pero es importante destacar que, a lo largo del siglo XVIII, el rey nunca dejó de patrocinar el envío de franciscanos a tierras americanas, fueran de colegios apostólicos o de las provincias.
En el caso de la Nueva España, donde la orden franciscana era además la más antigua y extendida del reino, podemos contar la licencia para cinco colegios apostólicos, los de Zacatecas (1704), México (1733), Pachuca (1762), Orizaba (1797) y Zapopan (1812), y para al menos otros ocho conventos de las provincias observantes de San Pedro y San Pablo de Michocán y Santiago de Xalisco,8 los de Irapuato (1765), Zamora (1790), Guanajuato (1790) y Silao (1791) para la primera, y los de Saltillo, Sayula, Santa Ana y Tepic para la segunda (1784).
A ello debemos agregar otras solicitudes de fundaciones que no prosperaron por diversas razones.
En este artículo, repetimos, nos proponemos analizar los expedientes generados por estas solicitudes conservados en las secciones Audiencia de México y Audiencia de Guadalajara del Archivo General de Indias, para examinar los argumentos que en esta época se utilizaban para justificar la fundación de nuevos conventos.
Conviene sin duda recordarlo: las Leyes de Indias establecían claramente que debía pedirse la licencia real para ello, previa la del diocesano, la del virrey y audiencia del distrito, con una información de la necesidad, utilidad y «justas causas» de la fundación.9 Había que probar además que los religiosos contarían con lo necesario para mantenerse.
Tratándose de los franciscanos, que no podían tener bienes ni fundaciones pías, había que probar que en la región habría «limosnas abundantes» para ellos, todo sin causar perjuicio a los conventos ya fundados.
Por ello estos expedientes, normalmente muy extensos, contienen amplios informes de todas las partes involucradas, lo mismo las declaraciones de los vecinos de los lugares de los nuevos conventos, que los informes de autoridades civiles y eclesiásticas, además de los pareceres de los fiscales de la Corona, quienes además de ir guiando el intrincado camino de estos procedimientos, se constituían a veces en los principales obstáculos a vencer, como fue en particular el caso del fiscal Ramón de Posada (1793-1802),10 quien argumentó con amplitud contra la multiplicación de estas corporaciones.
Cierto, cada una de las partes podía insistir en un argumento específico.
En una primera parte abordaremos los argumentos de contenido fundamentalmente religioso, y que giraban en torno al concepto del «pasto espiritual», formado por la predicación y los sacramentos, que debían estar al alcance de todos los fieles.
Un abundante vecindario desprovisto de ese pasto era sin duda el mejor argumento para una nueva fundación, mas no era el único.
Veremos en una segunda parte que abundaban también los argumentos «civiles», digamos, pero profundamente locales.
Aun si se trataba de colegios apostólicos, cuyos misioneros podrían recorrer grandes distancias, las fundaciones se justificaban en buena medida por su utilidad al «público», esto es, a los habitantes de los lugares donde se establecían.
Los antecedentes de la orden en varios pueblos (dada la reciente secularización de parroquias, desde luego) se mezclan aquí con las inquietudes nuevas de las élites locales por contar, por ejemplo, con estudios de gramática y filosofía, con el honor de la patria y el mantenimiento del orden a través del combate a los vicios.
En fin, una tercera vertiente de argumentos está dirigida al actor que daba su licencia, el rey.
Lo veremos con detalle.
Los nuevos conventos podían contribuir a aumentar la extensión de sus dominios y a fortalecer la subordinación de sus vasallos.
No era un asunto menor, menos aún en los primeros años del siglo XIX, cuando la crisis de la Monarquía ha desatado la revolución liberal y la de independencia.
Hay ciertas solicitudes de conventos que son testimonio claro de que los frailes se tenían por útiles para la pacificación.
De manera más general, podemos decir de antemano que todos estos expedientes nos confirman hasta qué punto muchos de los objetivos de la Monarquía no podían dejar de lado a las corporaciones tradicionales, por lo que aun si la Corona no formuló estrictamente un programa para reformar a todos los religiosos, es bien claro que seguían siendo útiles para ella.
Veremos también los argumentos en contra de los religiosos, algunos formulados desde el siglo anterior, por ejemplo a propósito de su número excesivo, pero en general tendientes a proteger su carácter religioso en el más estricto sentido del término.
Y es que todos estos expedientes nos enseñan asimismo que, aun si hay una tímida secularización de los fines de estas corporaciones, se mantienen en los «reinos de la confusión», por parafrasear a Alain Cabantous,11 entre lo sagrado y lo profano.
Del pasto espiritual al buen ejemplo
Los expedientes de fundación de conventos franciscanos en la Nueva España del siglo XVIII nos recuerdan bien que la sociedad tenía entonces fundamentos religiosos.
Continuando una tradición de varios siglos atrás, racionalizada al menos desde el siglo XIII, se entendía que los hombres se asociaban para buscar simultáneamente el «pasto corporal» y sobre todo el «pasto espiritual».
12 Este último estaba constituido por los elementos necesarios para la salvación de los fieles, definidos como tales desde el Concilio de Trento: los siete sacramentos, incluyendo también la palabra divina a través de la predicación y el acompañamiento de los moribundos.
Las comuni-dades de religiosos, como cualquier otra corporación que se ocupara de estos asuntos, eran tenidas por útiles y necesarias para el vecindario en donde habían de instalarse, tanto más cuanto se tratara de una población abundante.
En ello hay pocos cambios a lo largo del período que estudiamos aquí y existe incluso cierta unanimidad de pareceres entre todos los actores de las fundaciones.
13 Si en 1702 el futuro Colegio Apostólico de Guadalupe de Zacatecas era juzgado «convenientísimo» por los canónigos de Guadalajara, en primer lugar porque «serán muy útiles a los habitadores de aquella ciudad para su bien espiritual», en 1812 el fiscal del Consejo de Indias calificaba de «útil cuando no sea absolutamente necesario», el convento que se solicitaba para el santuario de Los Remedios, extramuros de la capital, en virtud de «la necesidad [que] tienen de pasto espiritual aquellos naturales».
14 Hubo incluso expedientes en que la argumentación consistía casi en exclusiva en el tema del pasto espiritual: fue así en Guadalcázar, en 1757, cuya petición fue descartada por el Consejo considerando que, tratándose de un real de minas, su abundancia era pasajera, como lo confirmó un informe postrero del virrey Caxigal de la Vega15.
Más afortunada en cambio fue la solicitud para un convento en Guanajuato, asimismo fundada sólo en el crecimiento de la población de dicho real de minas, «el más célebre y famoso que tiene el reino» a decir de su ayuntamiento.
«La abundancia que hay de gentes» redundaba en la «urgentísima necesidad» de ministros de los sacramentos, o como lo decían los párrocos: «es preciso que a proporción de sus creces se añadan personas eclesiásticas para el pasto espiritual».
16 La idea de la proporción aparece también en la solicitud de un colegio apostólico para la villa de Orizaba, con el cual habrían de completarse tres grandes establecimientos religiosos en la urbe, equidistantes y hasta en línea recta.17 En suma, una urbe bien poblada debía idealmente contar con una adecuada distribución del pasto espiritual, y ello era motivo de atención de sus autoridades, las municipales tanto como los representes regios, como debía ser en cualquier otro servicio del público.
No era menos motivo para la fundación de un convento el culto de las imágenes religiosas.
Los frailes en este caso estaban ahí, cierto que para brindar la asistencia a los fieles, pero también para rendir homenajes a los simulacros de la Virgen y de los santos.
No era un asunto menor, el propio Concilio de Trento había justamente declarado el valor de la veneración de imágenes y reliquias, que se había convertido en uno de los principales símbolos de la catolicidad.
18 Los seglares de la Nueva España parecen tener claro que por ello ameritaban bien una comunidad completa de sacerdotes a su servicio.
Son bien representativos de ello las solicitudes de colegios apostólicos para Valladolid, Zapopan y Los Remedios.
Bástenos detallar sólo el primer caso, iniciativa del canónigo Fernando Navas Arnanz, quien, originario de Segovia, buscaba en 1774 a los misioneros franciscanos para que a su cuidado pudieran «adelantar los cultos y proporcionadas exaltaciones a la emperatriz de cielos y tierra en su dicho titular de El Henar», imagen propia de su región natal.
19 Mas el catolicismo de la época valoraba no sólo el fasto que caracterizaba al culto y adorno de las imágenes, sino también otras formas de oración, «interiores», digamos, como la meditación y la contemplación, que podían a veces llevar a verdaderos arrebatos místicos, pero que por lo común tomaban la forma de ejercicios espirituales.
20 Los frailes también eran requeridos para servir de guías para ello, o bien para ofrecer espacios para su práctica.
El mismo canónigo Navas Arnanz proyectó así que el futuro colegio apostólico sería útil también porque en él se fundarían una Escuela de Cristo y una Congregación de la Buena Muerte; 21 una y otra corporaciones destinadas a la oración y a la meditación de la Pasión, a pláticas doctrinales y otros ejercicios dedicados a la formación de devotos.
Los fundadores del convento de Silao tenían un proyecto semejante: el convento habría de servir también para que los vecinos pudieran «retirarse por algunos días de sus comercios e intereses mundanos» y preparar así una confesión general.
22 La guía de los frailes a los seglares devotos era especialmente importante para aquellos que ya estaban constituidos en corporaciones que seguían su carisma: las órdenes terceras franciscanas.
Ya lo decía el síndico de Saltillo en su solicitud de un convento para esa villa: él sería un «imponderable beneficio» para los abundantes terceros de ella, quienes podrían así incluso ganar «innumerables indulgencias».
23 Tal es, en efecto, otro de los beneficios que hacían útil al convento, los perdones plenarios o parciales de la estancia en el Purgatorio que se obtenían gracias a algunas de sus prácticas piadosas, y que eran un elemento de la economía de la salvación católica particularmente bien apreciado por los habitantes del mundo hispánico.
24 Ahora bien, tratándose de los franciscanos, aun si venían a fundar conventos en regiones evangelizadas desde antaño, no era menos importante entre los argumentos religiosos el que los frailes contribuirían a la interminable obra de la conversión de los infieles, en especial los del norte de la Nueva España.
Fue un punto de especial relevancia, obviamente, en el caso de los colegios apostólicos de Zacatecas, Monterrey-Boca de los Leones y de Los Remedios.
Lo decía el cabildo catedral de Guadalajara al rey en 1702: de los misioneros que se establecieran en Zacatecas se esperaba un «copioso fruto espiritual en los fieles», pero también que éste fuera «mayor en la conversión de los infieles».
25 Unas décadas más tarde (1749), los misioneros debieron comprobar la eficacia de su labor, obteniendo varias declaraciones de distinguidos eclesiásticos elogiando su dedicación a la conversión por todos los medios: «ya con el ejemplo, ya con el cariño, ya con el predicar, ya con la dádiva y ya finalmente con servirles en un todo», según expresión de uno de los canónigos tapatíos26.
En medio de testimonios a veces dramáticos de los sacrificios de los misioneros frente a los «bárbaros» del norte, los eclesiásticos y seglares declarantes hacían de su labor apostólica el más importante servicio «a mayor honra y gloria de Dios nuestro Señor».
27 Hasta finales del período que tratamos, esta vocación estaba lejos de desaparecer.
Es casi obvio decirlo, seguía siendo importante en las regiones del norte.
El proyecto de colegio apostólico para fundarse ya en Monterrey o ya en el Real de San Pedro de Boca de Leones (actual Villaldama), fue una iniciativa del obispo fray Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés, directamente «para reducir y convertir algunos de los muchos indios infieles que había en los confines de la diócesis».
28 Mas era un argumento presente también en las fundaciones de las regiones centrales, que sin embargo nunca llegaron a tener conversiones vivas.
El padre fundador del colegio de Orizaba, fray Juan Buenaventura Bestard, no dejó de citar entre sus causales la conversión de la «numerosa gentilidad» del norte de México.29 Doña Ana María de Iraeta evocó incluso el ejemplo de los jesuitas para pedir la fundación de un colegio de capuchinos que «propaguen la fe en Jesucristo».
30 Por ese entonces no se trataba ya sólo de convertir gentiles, sino también de pelear contra los enemigos del catolicismo.
Así lo decía en 1809, en su justificación de la necesidad del colegio apostólico solicitado para Puruándiro, el promotor fiscal de la mitra de Valladolid de Michoacán, José Felipe Vázquez: frente a los franceses que como Voltaire denunciaban la superstición de los frailes, o que como el emperador Napoleón los calificaban de inútiles, los misioneros eran necesarios como «defensores de la fe».
Lo afirmaba claramente el letrado eclesiástico: «la fundación pretendida será para Michoacán el nuevo muro que le ponga a cubierto de los insultos con que los enemigos de la religión han combatido a tantos pueblos».
31 En fin, la utilidad misionera de los franciscanos podía tener otro aspecto no menos importante: el buen ejemplo.
No es un tema a subestimar, la publicidad de la religión por sí misma se estimaba como un bien invaluable en el Antiguo Régimen, 32 y en este caso tenía además una dimensión didáctica, a veces la más propia de los religiosos, no siendo menos espectacular sus resultados que la predicación o las otras actividades misioneras.
Así era en particular en el expediente de Silao, en el que los fundadores y testimonios de la información de necesidad y utilidad destacaban la importancia de los frailes en «la instrucción de la juventud» porque «el ejemplo de los religiosos» serviría «de educación provechosa a los párvulos».
33 Educación tanto más efectiva podríamos agregar con el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán en su informe sobre la fundación de Zamora, pues podía incluso despertar nuevas vocaciones.
Decían los canónigos: «con el trato, comunicación y buen ejemplo de estos ministros se aficionarán al estado religioso, y desprendiéndose de los placeres mundanos se retirarán al sosiego de los claustros, en donde asegurarán su eterna felicidad».
34 De ahí que se estimara en particular que el nuevo convento contase con una comunidad completa que asegurara el cabal cumplimiento de su propia regla.
«Sus efectos serán más maravillosos y edificativos mientras sea más estrecha la clausura»,35 decía el alcalde mayor de Tepic en 1778.
Los misioneros apostólicos, cuyos colegios se estimaban particularmente estrictos entre los observantes, serían incluso un buen ejemplo para los otros frailes.
Lo decía el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas en la justificación del colegio de Zapopan: el nuevo convento sería «un oportuno y vivo despertador de la santa pobreza y de la más exacta observancia y obediencia» para los padres de la provincia de Santiago de Xalisco.
36 Atentos a la distribución del pasto espiritual, a rendir culto a las imágenes, a guiar las oraciones de los devotos, distribuirles indulgencias y servirles de ejemplo, no menos que a la conversión de los infieles y a la lucha contra los «enemigos de la religión», se diría que los franciscanos reunían en sí el modelo mismo de la catolicidad.
Eran por ello valorados, como hemos visto por seglares devotos, por el clero en todas sus jerarquías entre párrocos, canónigos y obispos, no menos que por las autoridades civiles y la monarquía misma.
Sin embargo, sobre todo en esta época, su utilidad no podía limitarse al «servicio de Dios».
Instrucción, memoria, honor y orden del público
Ya lo habíamos mencionado, todas las fundaciones que citamos aquí son, en principio, de utilidad del público o de la «república», es decir, de la comunidad, orgánicamente estructurada y gobernada, en la cual habrían de asentarse.
37 Hemos citado en particular la distribución de los sacramentos, pero hay también otros argumentos «civiles», digamos, de esa utilidad, que son los que examinaremos a continuación, mencionados por lo común por los ayuntamientos, magistrados regios o propuestos por los propios franciscanos.
Entre ellos, ocupa un lugar primordial el de la instrucción, aquí sí en el sentido de apertura de escuelas y cátedras.
38 Los franciscanos fueron muy solicitados para abrir escuelas: se les menciona entre los argumentos de siete fundaciones, las de Irapuato, Zamora, Guanajuato, Silao, Tepic, Saltillo y Culiacán, y en un antecedente de la de Orizaba.
Desde luego, la educación impartida en estas escuelas conventuales estaba dirigida ante todo a formar buenos cristianos, e incluso candidatos al clero secular procedentes de las élites locales.
Mas como hemos visto se trata de una tarea que no está obligatoriamente relacionada con la vocación religiosa de los frailes, que podían educar sólo con su ejemplo.
Los frailes ya eran útiles, pero lo serían «más si se obligan a la enseñanza de la juventud», como decía un vecino de Silao en 1789.
39 Esta distinción es propia de los actores de la época.
En la petición de licencia para el nuevo convento de Irapuato, los «vecinos republicanos» de esa congregación distinguían entre su utilidad para «el bien espiritual y salvación de las almas», y los «otros especiales beneficios a este lugar», que era donde contaban la apertura de escuelas.
40 Éstas eran valoradas, en primer término, porque evitarían el enviar a los jóvenes a estudiar a otros puntos del reino, lo cual tenía riesgos no sólo económicos, sino morales, pues «viven muchos en ociosidad y libertad peligrosa» según decir del ayuntamiento de Zamora.
41 De hecho, habrían de corregir un desorden de la juventud que algunos lamentaban incluso de la que vivía en sus pueblos, «que andan perdidos por las calles y plazas», como decía uno de los testimonios de Irapuato, y que sin estudios era «dejarlos casi inútiles a su patria», en palabras del obispo de Sonora.
42 Más aún, las escuelas contribuirían a la prosperidad de los pueblos, pues con «el socorro de los estudios y buena crianza de sus hijos» nuevos vecinos habrían de instalarse en ellos.
43 Los propios franciscanos parecen haber sido conscientes de que la apertura de escuelas o cátedras eran importantes para los vecindarios.
La fundación del convento de Guanajuato tuvo sus mayores dificultades al enfrentarse con ella las provincias de Santiago de Xalisco, que tuvo la iniciativa, con la de San Pedro y San Pablo de Michoacán, que consideraba a esa ciudad entre sus territorios.
Fue el guardián del convento de Celaya quien, en julio de 1782, se apresuró a presentarse por parte de la provincia michoacana ante el ayuntamiento de Guanajuato ofreciendo la fundación ideada por sus hermanos jaliscienses, pero mejorando sus términos, justamente con la apertura de unos «estudios generales» que incluyeran sendas cátedras de Gramática y Filosofía, aunque ni con ello logró ganar el apoyo inmediato de los regidores.
44 Ahora bien, en varios de estos expedientes, los franciscanos parecieran ser útiles no sólo por instruir al público sino por recuperar parte de la memoria con la que se identificaban.
En efecto, especialmente en el expediente de las fundaciones solicitadas por la provincia de Santiago de Xalisco, se trata de localidades que llegan a ser calificadas como «amantes de la religión franciscana», que antaño (antes de la secularización) habían sido doctrinas a su cargo, y que se hallaban bien dispuestas a levantar los antiguos conventos, aunque algunas tenían las iglesias parroquiales en rui-nas por un terremoto de años atrás.
Fue así en el caso de San Juan del Río (Durango) y, sobre todo, de Zapotlán, Sayula y Zacoalco, donde si las fundaciones no llegaron a prosperar por la pobreza de esos pueblos, los vecinos no dejaron de declararse con entusiasmo a favor del retorno de los franciscanos.
Habían sido ellos «quienes los criaron y educaron en los sagrados dogmas» y de quienes «han mamado su doctrina desde el primitivo tiempo de la conquista», se decía en Zapotlán;45 mientras que en Sayula el capitán de las milicias locales agregaba un punto económico: «con lo que se gasta en tres ministros clérigos pueden mantenerse seis u ocho regulares».
46 El párroco de Zacoalco expresaba por ello sus temores en su informe a la mitra de Valladolid de Michoacán: «esta gente como criada por los religiosos es muy afecta a ellos y con esto habiendo religiosos no harán aprecio del cura ni de clérigos».
47 Esa misma parroquia parece haber tenido algún problema previo de disputa entre el párroco y los feligreses sobre el pago de un ministro de pie fijo en el pueblo de Santa Anita, por lo que acaso los religiosos se habrían convertido ahí en parte de las disputas internas de la parroquia.
48 En suma pues, las nuevas fundaciones podían ser también una forma de recuperar parte de lo perdido en la secularización de doctrinas, siendo ejemplo sobre todo de que la ausencia de los frailes no significó su olvido inmediato en la cultura religiosa de los pueblos de la época.
Si no había precedentes franciscanos en el pueblo, los expedientes nos muestran en todo caso que el establecimiento de sus conventos podía ser útil para el «honor local».
Conviene tenerlo presente, la presencia de abundantes corporaciones religiosas en el espacio urbano era un timbre de prestigio no menor en la época, sinónimo de que se trataba efectivamente de una «república» bien provista y dotada en todos sentidos.
49 Se advierte bien en el expediente de Zamora: el párroco Dionisio Sandoval y Rojas declaraba en 1779 que el convento era necesario por el «aumento de la villa», no tanto en población, sino sobre todo en «esplendor, cultura y policía»; más directamente, los canónigos de Valladolid de Michoacán en 1783 lo juzgaron útil «para el lustre y honor de aquella villa»; lo que confirmaban los vecinos en 1786, por tratarse de una «población de considerable vasticidad [sic] en que se comprenden muchísimas familias de esplendor».
50 Otro ejemplo claro es el de Puruándiro, donde los vecinos reunidos en junta el 28 de julio de 1795 declaraban la fundación útil para «lustre y aumento de este lugar».
51 Por ello, las iniciativas de fundación eran en buena medida consideradas como expresiones del amor a la patria.
Lo decían con claridad los fundadores de los conventos de Guanajuato y Pátzcuaro.
Para el primero, fray José Antonio Verdín, la obra era producto de un «inflamado corazón» lleno «del amor patrio a esta ciudad», mientras que para don Manuel Antonio Barragán, promotor del segundo, era motivo para presentarse como «buen vecino» y «verdadero amigo de la patria».
52 De ahí que fuera harto complicado convencer a un fundador de cambiar el destino de su iniciativa, como se comprobó en el caso de sor María Manuela de la Presentación, patrocinadora del colegio apostólico de Zapopan, quien insistiría en que Guadalajara tenía derechos a los beneficios que aquél generara, «por ser mi patria, por haber vivido y muerto en ella mis padres, y por haberse buscado en este suelo el caudal que me dejaron».
53 Y cabe decir que esos beneficios podían ser directamente materiales, según hacían notar tanto los vecinos como los magistrados reales y los obispos.
Varios de los expedientes tratan del «aumento de la población», que ya habíamos citado a propósito de la fundación de escuelas.
Un nuevo convento podía con facilidad dar origen a un nuevo barrio, atraído por el propio «pasto espiritual» y servicios que ofrecía.
En Purándiro, uno de los vecinos declaraba en 1796, cuando apenas se estaba en los primeros trámites para una fundación, que no llegaría a concretarse, que «ya solicitan muchos individuos solares para construir casas y tener su habitación inmediata al pretendido convento».
54 En Silao varios de los declarantes anticipaban que «se extendrá mucho la población» con la llegada de los frailes.
De hecho, el subdelegado de dicha congregación presentaba como ejemplo al Colegio Apostólico de Nuestra Señora de Guadalupe, haciendo notar que, habiéndose éste instalado a una legua de Zacatecas, para entonces, en 1789, prácticamente se había unido la población a la ciudad, por lo que podía decir que gracias a los misioneros se poblaba el reino «hasta sus desiertos».
55 La obra material, la fábrica del convento, podía ser por ella misma un factor importante a considerar.
Decía el subdelegado de Boca de los Leones que, gracias a ella, se verían «socorridas muchas familias» en un momento de crisis de las minas de la región.56 Y en general, el mismo subdelegado destacaba el aumento del consumo que traería la presencia de los frailes, aunque fueran pocos, lo que era un punto no menor en una región recién colonizada, en la que el convento servía también para fortalecer la presencia urbana española frente a los pueblos de indios de la región.
Desde luego, también estaba la «piadosa industria» de los frailes, a decir del obispo Ruiz Cabañas, anticipando que los futuros misioneros de Zapopan emprenderían por sí la introducción del agua al pueblo, como efectivamente sucedería andando el tiempo.
57 En fin, no era menor tampoco la utilidad que los nuevos conventos podían reportar en el «combate de los vicios», esto es, de los pecados que traían consigo problemas de orden público por atentar a la moral, al honor e incluso a la tranquilidad, un tema que de nuevo reunía las preocupaciones de magistrados y eclesiásticos.
Los clérigos tenían por útiles a los misioneros franciscanos porque contribuían a la «restitución de haciendas ajenas», a poner fin a «rencores, juegos, amancebamientos» y a llevar el nombre de virtud a lugares donde «la vergüenza no se conoce», como decían algunos párrocos de la Tierra Caliente michoacana.
58 Tan es así que llegaron a encomendarles explícitamente la atención de la moral sexual, como hiciera el canónigo Arnanz con los futuros misioneros de Valladolid, quie-nes deberían atender a problemas «de urgente necesidad», como los embarazos de «una niña de reputación» o de «una casada ausente su marido».
59 Cabe decir que los pueblos mineros parecían concernidos por este tipo de preocupaciones.
De manera particular, los frailes eran necesarios para contener «los vicios y desarreglos con que comúnmente está asistida la gente vagante que ocurre a los minerales», según decía el ayuntamiento de Guarisamey.
60 El subdelegado de Silao, que confirmaba esa misma imagen, veía en los frailes un remedio a la conducta de los mineros, quienes gracias a sus prédicas, «trabajando con fidelidad y con arreglo a la caridad y justicia no usurparán de los metales que benefician, no defraudarán el tiempo a su trabajo, ni omitirán el trabajar conforme a las leyes de minería».
61 Así pues los religiosos no sólo distribuían al público el pasto espiritual, sino que podían lo mismo contribuir a su instrucción, ser parte de su memoria, reforzar su honor, aumentar su vecindario y ayudar a mantener el buen orden.
Servidores de Dios, sin duda, lo que no evitaba que fueran útiles también en asuntos profanos tan diversos en los que se mezclaban, casi de forma cotidiana, sin que ello fuera reprochable para el honor de su hábito.
Más no fueron sólo útiles para la religión y para el público, sino también para otro actor fundamental, para la Corona.
Expansión de la monarquía y subordinación al rey
Todos los expedientes que hemos venido analizando fueron preparados para ser presentados en principio ante el virrey o el presidente de la audiencia de Guadalajara, pero sobre todo ante el Consejo de Indias, por lo cual todos tienen en cuenta de manera particular la utilidad que los nuevos conventos representaban para la Corona.
Aun si, como hemos dicho al principio, en esta época la Corona emprende diversos proyectos para reformar a las órdenes, en sus dominios tanto americanos como peninsulares, 62 es de resaltar que no faltaron los argumentos a favor de las fundaciones, y varios de ellos fueron efectivamente bien considerados por los fiscales y conseje- Si bajo la Casa de Borbón las prioridades de la monarquía parecen desplazarse hacia la economía política, 63 poniendo en primer término la defensa militar y el aumento del real erario, se diría que los franciscanos se adecuaban bien a esas prioridades.
Ya lo hemos señalado, no es una casualidad que la mayoría de los conventos que citamos aquí se hubieran relacionado con el tema de las misiones en el norte novohispano.
Era ahí donde los frailes podían literalmente contribuir a la expansión de la monarquía, y no dejaron de recordarlo en sus solicitudes.
Asi en la información levantada en 1750, el colegio apostólico de Zacatecas podía vanagloriarse de que «en útil de la real corona», había contenido el avance francés en Texas, pues, según palabras del guardián, contaban para ello con la voluntad de «seiscientos indios hábiles, industriosos, fuertes en la guerra y expertos en el manejo de la fusilería».
64 Además, con su reclutamiento exclusivo de frailes locales, el colegio zacatecano era incluso tanto más útil cuanto que no obligaba a la Corona a pagar expediciones (misiones, se les llamaba) de frailes peninsulares como hacían los otros colegios «defraudando inútilmente su real erario».
65 Una de las solicitudes relacionada de manera directa con los propios proyectos de la monarquía para las órdenes fue la de la provincia de Santiago de Xalisco, que en 1776 solicitó licencia para fundar cuatro conventos.
La solicitud era consecuencia de las reformas borbónicas por dos vías, primero porque había sido la secularización de doctrinas la que había reducido a la provincia a un solo convento grande, la casa matriz de Guadalajara; pero además, había sido por órdenes de la Corona que los franciscanos de Xalisco se habían hecho cargo de una treintena de misiones en Sonora, la Pimería baja y Nayarit, así como habían sido propuestos para ocuparse de enviar frailes para la futura custodia de San Carlos de Sonora, un proyecto en que debían colaborar tanto colegios como provincias.
En el tema de la reforma de las corporaciones religiosas, Connaughton, 2010.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.10 malidad a la provincia, sino sobre todo para tener en ellos frailes suficientes para el recambio de misioneros, por lo que decía bien su procurador en la Corte, fray Manuel Riezu, en 1783, que eran para cumplir tanto «las obligaciones de su instituto religioso» como las «que se le han confiado por la piedad de sus soberanos».
67 Tratándose de proyectos que habían sido en efecto autorizados e incluso formados por el propio Consejo, el fiscal Antonio Porlier no dejó de citar el punto entre los justificantes que consideró para apoyar ese expediente, que se concluyó de manera positiva en enero de 1784, considerando que las fundaciones serían útiles «en servicio de Dios y del rey».
68 Algunos de los representantes de la Corona en el norte novohispano fueron también favorables a los nuevos conventos, que veían como una manera de consolidar la conquista de esas regiones.
Un ejemplo claro fue el gobernador de Nuevo León, Simón de Herrera, quien sugirió que, si había de fundarse un colegio apostólico en ese obispado, fuera en el Real de Boca de Leones, para «contener y resistir los insultos de los indios bárbaros».
69 Bruno Díaz Salcedo, intendente de San Luis Potosí, respaldo con entusiasmo la posible fundación en Valle de Matehuala por la provincia franciscana de Zacatecas, recordando que «estos pueblos y países se conquistaron más con sus apostólicas fatigas que con las armas y soldados».
70 Ahora bien, no sólo las misiones norteñas eran muestra del servicio que los franciscanos rendían a la Corona.
Podía haber un argumento económico.
Lo hemos visto, se esperaba que los conventos contribuyeran al aumento de los vecindarios; algunos magistrados civiles, como el subdelegado de Silao, señalaban de inmediato que ello redundaría «en ventajas del Real Erario».
71 Asimismo estaba el tema de la educación: la apertura de escuelas y de cátedras en los conventos no sólo beneficiaba al público, sino como decía un vecino de Culiacán, los convertía en establecimientos «en donde la juventud se instruya para ser después útiles al Estado».
72 De ellos saldrían, en palabras del alcalde mayor de Tepic, hombres capaces «para sostener el honor y decoro del real pabellón».
73 Esto es, su formación les permitiría seguir no sólo la carrera eclesiástica, sino también la civil, y convertirse ya en magistrados reales o en empleados al servicio de la Corona.
«SERVICIO DE DIOS, BENEFICIO DEL PÚBLICO Y UTILIDAD DEL
De manera más general, los conventos franciscanos podían siempre ser útiles para la promoción de la lealtad a la monarquía.
Tal era uno de los motivos por los que se repite una y otra vez en estos expedientes la fórmula de que los conventos serían «útiles al Estado».
Al respecto, contamos con declaraciones tanto de los notables locales, como de eclesiásticos y magistrados.
La diputación de mineros de Guarisamey esperaba por ejemplo que del nuevo convento resultara «la subordinación no solamente al soberano, sino a sus jueces», en tanto que uno de los párrocos que declaró en la información de utilidad de la fundación de Pátzcuaro explicaba que: «El hombre instruido en las máximas del Evangelio entiende necesariamente las obligaciones de la subordinación al rey y a sus ministros».
74 Lo confirmaba el intendente de Durango en 1795: los nuevos conventos eran útiles «a la observancia de la divina ley y veneración a las de Vuestra Majestad».
75 Pero tal vez quien lo expresó con la mayor contundencia fue fray Juan Buenaventura Bestard en un largo escrito a favor de la fundación del Colegio Apostólico de San José de Gracia de Orizaba en 1797: «los mejores cristianos son los vasallos más útiles y más fieles, y que el radicar los pueblos con las verdades de nuestra fe y en la caridad cristiana es el medio más apropósito para asegurarlos en la verdadera paz y en la debida subordinación».
76 Cabe decir que fray Juan Buenaventura no dudó en ilustrar de manera muy concreta los resultados de la predicación de los misioneros, pues remitió en anexo un recibo de la Real Casa de Moneda de México por la plata del rey restituida en el marco de una misión franciscana.
77 Ahora bien, el tema de la lealtad monárquica se vuelve de actualidad en la segunda década del siglo XIX, en el marco de la guerra que estalla en 1810.
Más aún, al menos dos de las fundaciones que tratamos, las de Los Remedios y Villahermosa, fueron concebidas en buena medida como agentes de pacificación.
78 De hecho, ya el expediente de la fundación en Pátzcuaro, iniciado en 1806 y llegado al fiscal de lo civil de México en los primeros meses de 1810, debió en buena medida su continuación y envío al Consejo de Indias por el nuevo contexto de la insurrección.
El virrey Francisco Xavier Venegas lo remitió finalmente en 1811, afirmando con claridad que «en ninguna época son más necesarios los propagadores de las buenas máximas y sana moral que en la presente en que por desgracia la corrupción de costumbres ha hecho tan rápidos progresos en todas partes».
79 Gracias al contexto de guerra, acaso ningún otro de los proyectos de fundación fue tan aplaudido por todos los involucrados como el que doña Ana María de Iraeta presentó para el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, extramuros de la capital novohispana, con vistas a la creación de un colegio apostólico de capuchinos.
Además de las entusiastas expresiones de los párrocos de la región, la fundación fue declada «utilísima y casi necesaria en las actuales circunstancias de haberse trastornado el orden público por la insurrección» por el gobernador del arzobispado Isidoro Sáinz de Alfaro, en lo que coincidió cabalmente desde Cádiz el ministro fiscal del Consejo Supremo de España e Indias en marzo de 1812, pensando que eran necesarios eclesiásticos que «contribuyan a contener el torrente de los desastres que se experimentan en aquel reino».
80 Algo distinto fue el caso de la fundación de un convento de recoletos proyectada por el capellán del Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, el bachiller José María Santiago, en 1815.
Su autor no pensaba sino en una serie de acciones de gracias a la Inmaculada Concepción, a quien había acudido con otros devotos durante los años de guerra pidiendo por la libertad del rey Fernando VII y del Papa Pío VII; el convento no era sino una de esas retribuciones.
81 Habría de fundarse, en sus propios términos: «para que haya almas que continuamente le estén dando las más rendidas gracias [a la Virgen] por los favores que le ha dispensado a Vuestra Majestad».
82 78 En general, como lo ha señalado ya una importante historiografía sobre la guerra, los religiosos participaron activamente en ella, véase sobre todo Van Young, 2006, 373-547.
81 Las otras eran gestionar en Roma la definición de la Inmaculada Concepción como dogma, y la fundación de un convento de religiosas recoletas.
Aun si estas iniciativas fueron tramitadas con celeridad en el consejo, mandando abrir los expedientes necesarios para formalizar las fundaciones, no llegaron a ver el día más bien por falta de recursos para su mantenimiento, que no porque las autoridades dejaran de considerarlos útiles e incluso necesarios.
En cuanto a las otras fundaciones que tampoco llegaron a concretarse, los obstáculos fueron de naturaleza muy diversa, desde la valoración de la incapacidad de la región donde habrían de asentarse para sostenerlos con sus limosnas, la falta de recursos asegurados para emprender la obra, la presencia de otros conventos en la comarca, la constancia de que eran poblaciones bien provistas de pasto espiritual, entre otros.
Pero entre ellos jugaron un papel destacado los informes de los fiscales del Consejo de Indias, en particular los de Ramón de Posada y Soto, que examinaremos a continuación.
Los fiscales de la Corona, tanto los de las audiencias de México y Guadalajara, como los del Consejo de Indias, tenían el deber de examinar todos estos expedientes y dar las indicaciones necesarias para el respeto de la legislación, protegiendo siempre las regalías de la Corona.
Como hemos visto, el cumplimiento de su oficio no implicaba necesariamente una oposición acérrima a la fundación de nuevos conventos.
En cuanto a los del consejo, si el fiscal Maldonado dio un parecer desfavorable a la de Guadalcázar en 1759, entre sus sucesores, Bernardo Caballero aprobó la fundación Irapuato en 1765, Antonio Porlier las de Sayula, Santa Anita, Saltillo y Tepic en 1784, y Juan Antonio de Uruñuela hizo lo propio con las de Zamora, Guanajuato y Silao en 1790 y 1791.
83 En sus dictámenes, ninguno de ellos mostraba una preocupación particular a propósito de los nuevos conventos, más allá del cumplimiento de las Leyes de Indias.
En cambio, quien sí parecía tener un proyecto más preciso para los frailes fue el fiscal Ramón de Posada y Soto (1793-1802), antiguo oidor de la audiencia 83 Los nombres de los fiscales del Consejo los hemos retomado de Gildas, 1972, 226-227.
«SERVICIO DE DIOS, BENEFICIO DEL PÚBLICO Y UTILIDAD DEL ESTADO» de Guatemala con una trayectoria importante como fiscal de la Audiencia de México.
84 Posada ya se había hecho notar por sus dictámenes en México.
De hecho, es él quien se convierte en el «obstáculo a vencer», por así decir, en el trámite del expediente de Zamora, que le tocó ver por estar sirviendo entonces (1784) también la fiscalía de lo civil.
Llegado a la fiscalía de Nueva España del Consejo de Indias en 1793, le tocó examinar la solicitud de conventos para la provincia de San Francisco de Zacatecas (1794) y las de los colegios apostólicos de Orizaba (1797) y Puruándiro (1798).
85 Pues bien, ¿qué era lo que reclamaba el fiscal de los religiosos?
En buena medida, no otra cosa sino una dedicación exclusiva a actividades religiosas, es decir, no aceptaba otro argumento respecto a su necesidad y utilidad, que no fuera estrictamente el de la falta del pasto espiritual.
Por ello, si algo impacta de los dictámenes de Posada, es el absoluto silencio en que pasa los argumentos respecto a la utilidad civil de los conventos que examina, incluso los que hacían referencia a su importancia para la Corona.
El tema a discutir, en cambio, es el de la suficiencia de ministros.
En el expediente de Orizaba, su primera observación contra el nuevo convento es que había referencias a otras corporaciones religiosas de la villa, que le llevaron a formar un cálculo de unos 43 sacerdotes presentes en ella, que «pueden administrar competentemente el pasto espiritual»; en el de Puruándiro, declaró que faltaban constancias de «que se haya experimentado falta de pasto espiritual [...] ni muerto persona del distrito que comprende sin sacramentos».
Asimismo, Posada se interesaba de manera particular por el cumplimiento estricto de los votos de los franciscanos, en primer término por la formación de una comunidad regular, que contara con suficiente número de religiosos para hacer vida claustral con ejercicios de coro, oración mental, conferencias espirituales, etcétera.
Esto es, Posada esperaba religiosos verdaderamente tales, y para ello no citaba leyes o cédulas reales, sino bulas pontificias, en particular una del Papa Inocencio XI de 1652, dirigida contra los conventos sin capacidad para albergar suficientes religiosos.
Las siguientes citas proceden de estos informes hasta nueva indicación.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.10 cipal objeto de su desconfianza es la figura del fraile vagabundo, aquel que, lejos de su superiores, anda «entregado a la ociosidad», y que por ello ponía en peligro la distinción que les correspondía como personas eclesiásticas, pues «se familiarizan demasiado con los seglares».
De ahí que en el expediente para la fundación de Orizaba, ante la iniciativa del padre fundador de enviar unos primeros frailes para instalar un hospicio y ocuparse de la obra, no dejase de insistir en que «nunca sería conveniente permitir a los religiosos tanto tiempo fuera de los claustros».
86 Al revisar el expediente de Puruándiro, Posada llegó a pedir un informe del comisario general de Indias del número de religiosos presentes en cada convento de la Nueva España.
Preparando una posible reforma general, que no llegó a concretarse, el fiscal propuso la supresión de los más pequeños, reuniéndolos con los más grandes.
Así podrían salir sólo para «hacer misiones y otros ejercicios de piedad», pero «viviendo el resto del año en comunidad y renovando en la oración y el coro su fervor».
87 En ese mismo sentido, se diría que para el fiscal era peligrosa en especial la mezcla de los frailes en cuestiones económicas.
Lo vemos bien en su dictamen del expediente de Zamora en la Audiencia de México.
La fundación se presentó por el ayuntamiento de esa villa con el respaldo de la orden tercera franciscana que en ella existía, la cual donaría sus bienes y rentas para el nuevo convento, operación que de inmediato el fiscal declaró «opuesta al instituto de San Francisco», es decir, a la observancia de la pobreza, como justificó citando para ello el derecho canónico.
88 De ahí también que el tema más evidente de los dictámenes del fiscal sea el de la recolección de limosnas.
Sobreviviendo de ellas exclusivamente los franciscanos, Posada se mostraba celoso partidario de cuidar que su número no fuera excesivo.
En el caso de Zamora, se preocupaba por la cercanía de otros conventos que enviaban cuestores a la región; en el de Orizaba, más contundente, utilizó una comparación destinada a conocer buena fortuna en el siglo siguiente, la imagen de los limosneros como plaga, pues «acosaban a los criadores y cosecheros a manera de langosta».
Al respecto, el letrado recuperaba en sus dictámenes argumentos contra el exceso de conventos que se habían formulado ya en el siglo XVII, y que lejos de estimarlos de «utilidad pública», los hacían prácticamente un peligro para el público.
En el expediente de Zamora, no dudaba en citar a Juan de Solórzano: «que estos conventos cuando son muchos gravan a la república y no pueden sustentarse con las limosnas de los fieles».
En los casos de Orizaba y Puruándiro repetirá una cita del discurso 42 de la obra del canónigo Pedro Fernández de Navarrete Conservación de monarquías, que los declaraba «muy dañosos y muy perjudiciales para lo público».
89 En fin, una última preocupación del fiscal era el de la seguridad de los fondos para las obras conventuales.
Contrario al frecuente argumento de los expedientes, de dejar a la Divina Providencia la recaudación por vía de limosna de los recursos necesarios para llevarlas a término, ya bajo la guía de los propios frailes, Posada se mostró severo en que se informara con exactitud de los fondos disponibles.
En los conventos pedidos por los franciscanos de Zacatecas, encargó sobre todo que los magistrados civiles dieran cuenta de si los pueblos «son capaces o no de soportar los gastos» y «hagan tasar el importe a que ascenderán».
En Puruándiro sentenció: «no hay fondo necesario para los gastos del edificio material».
La lógica era la misma: dedicados exclusivamente al cumplimiento de su regla, los frailes no tenían por qué ocuparse del financiamiento de sus propios conventos.
Congruente con su idea de que las fundaciones suponían varias dificultades, Posada propuso, tanto en Puruándiro como en Orizaba, reemplazarlas por otras vías: en el primer caso introdujo la posibilidad de dividir la parroquia, y en efecto se instruyó un expediente para ello; en el segundo solicitó se buscara un antiguo expediente para la fundación de una obra pía de misiones por parte de los jesuitas, de la que deberían hacerse cargo los padres agustinos de Veracruz.
De hecho, se diría que el fiscal prefería que fueran clérigos quienes atendieran la falta de ministros del pasto espiritual, en el entendido de que tal era su deber y para ello contaban con los productos de sus beneficios.
En su dictamen sobre Puruándiro, Posada hace un reproche muy claro contra aquellos eclesiásticos que habían apoyado la fundación: «por aliviarse de las cargas de sus respectivos ministerios echándoles sobre otros, sin advertir que son muy personales, que no excusan de responsabilidad a los que no trabajan por sí en la viña del Señor».
Sobre todo por lo que toca al tema de la clausura y de la limosna, el fiscal compartía en buena medida inquietudes de las reformas que ya se habían emprendido en la Península en el reinado de Carlos III, con resulta-89 Para ésta y las siguientes referencias, véase idem y nota 77.
Sobre el uso de estas mismas obras contra la abundancia de conventos en la Península, Atienza, 2008, 63-69.
90 En su caso, también sus posturas encontraron límites.
De los tres expedientes que aquí citamos, el primero, el de los diez conventos pedidos por la provincia de Zacatecas, terminó archivado en espera de que llegaran todos los informes solicitados, mientras que en el último, el de Puruándiro, el Consejo se conformó con lo pedido por el fiscal en cuanto a rechazar la fundación, pero no en cuanto a tratar de la supresión de otros conventos.
En cambio, en el caso de Orizaba, tras dos vistas del expediente que resultaron en sendos informes negativos, el Consejo pasó por alto sus informes y autorizó la fundación del Colegio Apostólico de San José de Gracia el 4 de julio de 1797.
Los consejeros únicamente justificaron su decisión en el escrito presentado por el padre fundador, fray Juan Buenaventura Bestard, y en lo informado por múltiples autoridades civiles y eclesiásticas en el amplio expediente.
91 Acaso, pero no podemos más que suponerlo, no hacían sino mostrar prudencia ante una solicitud en que estaban involucradas élites poderosas, como los cosecheros de tabaco orizabeños.
En los años siguientes, luego de que Posada dejara la fiscalía del Consejo, se diría que su esfuerzo por introducir una separación más clara de los religiosos del ámbito de lo profano no tuvo mayor continuidad.
Al contrario, ya lo hemos visto, las fundaciones franciscanas fueron mejor recibidas en el contexto de la guerra, directamente para hacer de ellas un instrumento de la pacificación.
El ejemplo más claro es el del Santuario de Los Remedios, para el cual, en una curiosa vuelta de la historia, fue el padre Bestard, para entonces comisario general de Indias, el único que se opuso a una fundación que estaría en las cercanías de otros seis conventos y tres colegios apostólicos, y por ello, en este caso, lejos de «socorrer» a los pueblos «sería sí gravarlos con nuevas cargas».
Aun si pocas llegaron a concretarse, las iniciativas de fundación de conventos franciscanos continuaron en el reino de la Nueva España bajo los Borbones, también en tiempos de las reformas, utilizando para justificarlas 90 Cortés, 1989, 137-202.
«SERVICIO DE DIOS, BENEFICIO DEL PÚBLICO Y UTILIDAD DEL ESTADO» argumentos tanto religiosos como profanos, lo mismo la utilidad de las repúblicas urbanas que la de la monarquía.
Los frailes seguían representando bien casi todas las prácticas promovidas por la catolicidad desde el siglo XVI, desde el fasto del culto a las imágenes hasta las prácticas devotas más interioristas.
Y al mismo tiempo, sus fundaciones servían ahora para la instrucción, para el aumento material y del honor de los vecindarios, no menos que para seguir extendiendo los dominios de la Monarquía Católica y arraigar la lealtad a su soberano entre los pueblos.
Lo reconocen así los vecinos, los párrocos, los obispos, magistrados civiles e inclusive varios de los fiscales de la Corona.
Desde luego, los propios religiosos parecen bien conscientes de estos múltiples argumentos a su favor, y los utilizan para reorganizar sus institutos, «despojados» de las doctrinas que habían concentrado sus atenciones desde siglos atrás.
Las nuevas fundaciones son en buena medida, lo repetimos, consecuencia de las reformas, y muestran bien que la propia monarquía no iba hasta proyectar la extinción completa de las órdenes.
Y claro está, las provincias de San Pedro y San Pablo de Michoacán, Santiago de Xalisco y San Francisco de Zacatecas, no parecen tampoco conformes simplemente de iniciar una larga agonía -aunque sin duda hacen falta más estudios para conocer más a fondo sus proyectos-, mientras que los misioneros apostólicos están directamente expandiéndose por el reino.
Aun si los resultados de estas iniciativas no fueron espectaculares, obtienen algunas licencias en puntos estratégicos, como reales mineros y regiones de reciente colonización del occidente y del norte, pero también en el centro, como fue el caso de Orizaba.
Hubo, lo hemos visto, esfuerzos por limitar esas fundaciones, pero lejos de tratarse de una oposición a las órdenes religiosas en sí mismas, o de un posible «secularismo» anticipado, se trata, o al menos así nos lo ilustra el caso concreto del fiscal Posada, de insistir en su protección como institutos religiosos.
El fiscal asume que es deber de la monarquía el amparo de lo sagrado, incluido el honor del hábito franciscano, y actúa en consecuencia cuidando con mucho celo que se establezcan sólo conventos que puedan seguir sus reglas de forma estricta.
Regalista, sin duda, ello no lo convierte de manera automática en enemigo de los franciscanos, como seguramente tampoco a muchos otros representantes de la monarquía, e incluso no dejará de hablar bien de algunos.
Prueba de ello es también el tono de confianza de la carta que le dirigió fray Pablo Mugártegui «religioso grave y varón ejemplar» desde el colegio de San Fernando de México, según decir del propio fiscal, quien recordaba «el afecto que profesa[ba] a este colegio» durante sus años de fiscal en la audiencia de esa capital.
93 Mas a pesar de los esfuerzos del fiscal, será el nuevo régimen liberal el que inicie otros proyectos de reforma más radicales, en medio de debates que ponían ya de manera más directa en duda y de manera pública la utilidad de los conventos franciscanos del antiguo virreinato de la Nueva España.
«Servicio de Dios, beneficio del público y utilidad del Estado».
La fundación de conventos franciscanos en la Nueva España, 1700-1821/ «Service of God, public benefit and utility of the State». |
En este artículo se analiza el papel de los seis diputados que fueron mandados a Cádiz por la Provincia de Yucatán entre 1810 y 1814.
No tuvieron una actuación notable, pues, lejos de preocuparse por los problemas de interés general, destaca el empeño que pusieron en favorecer asuntos locales que sí se consideraban de vital importancia.
Hasta 1810 Yucatán había jugado con la carta de la pobreza de los habitantes y la lejanía de los centros de poder, pero desde Cádiz este discurso fue cambiado por uno de opulencia y autonomía, pues así convenía presentarse en los nuevos tiempos.
En este trabajo se sigue la trayectoria de los seis diputados yucatecos que fueron a Cádiz entre 1810 y 1814, centrándonos en la representación que plasmaron de Yucatán en este trascendental foro.
Existen ya varios trabajos importantes que analizan la labor general de los diputados novohispanos en las Cortes2 y también sobre los diputados con más presencia como el célebre Miguel Ramos Arizpe, pero poco se sabe acerca del papel de aquéllos que brillaron menos y que tuvieron más reivindicaciones locales y provinciales tal como sucedió con los yucatecos.
Una particularidad es que el discurso de pobreza y lejanía de la península yucateca, tantas veces socorrido en época colonial, fue cambiado, en Cádiz, por uno de prosperidad y desarrollo, así la capitanía de Yucatán esperaba alcanzar mayores prerrogativas que consolidaran cierto grado de independencia con respecto a otros centros de poder.
Las fuentes utilizadas para este trabajo provienen principalmente de archivos (General de la Nación, México; General del Estado de Yucatán y de Indias) y, aunque de diversa índole, en su mayoría se trata de cartas y memorias escritas por los diputados y dirigidas a diferentes funcionarios.
Sobresale en particular el Manifiesto de los males que afligen a la provincia de Yucatán y de los remedios que su Diputado en Cortes propone...3 del diputado González Lastiri, donde se realiza un completo balance de la situación económica y política de la Península.
Asimismo se ha utilizado el Diario de Sesiones de las Cortes, pero dados nuestros objetivos nos hemos centrado sólo en la participación de los yucatecos.
Desde Montesquieu se habla ya del condicionante geográfico sobre el destino de los pueblos, sin ser propiamente deterministas consideramos que hay una estrecha relación entre geografía y sociedad.
Así, Yucatán tiene varias características que la distinguen, entre ellas ser una península y su lejanía de los grandes centros de poder, pues aunque tenía relación con la región Caribe se trataba igualmente de espacios periféricos.
Tampoco la parte terrestre ayudaba pues colindaba con la Laguna de Términos del Carmen, los pantanos tabasqueños y las montañas chiapanecas.
Un historiador español apuntaba que: «el aislamiento fomentará la fuerte personalidad y la singularidad de Yucatán, pero será también responsable de muchos de los retrasos y desfases de su historia».
4 Al interior de Yucatán, esta misma lejanía propició que se fuera desarrollando un espíritu independiente, que alcanzó su máxima expresión en el siglo XIX con los proyectos separatistas.
Durante la época colonial sólo el puerto de Campeche estaba habilitado para comerciar y lo hacía principalmente con Veracruz y La Habana.
Fue en 1770 cuando Yucatán tuvo la autorización para comerciar con la metrópoli, sin embargo, apenas hubo contacto con ella.
5 A principios del siglo XIX en la Península había dos ciudades (Mérida y Campeche, siempre en pugna por el poder político y económico), dos villas (Valladolid y Bacalar) y 220 pueblos.
Como puertos sólo funcionaba Campeche y en 1811 se abrió el de Sisal.
Una estadística de 1814 apunta que la población total aproximada era de 500.000 personas y se calculaba que al menos las tres cuartas partes eran mayas.
6 Desde temprana época los habitantes de Yucatán habían construido una de sus imágenes a proyectar hacia el exterior: sobre todo como distante y pobre, tal como se manifiesta en un documento de 1766: «pues la pobreza de esta península es mayor que nunca en todos los miembros universalmente».
7 Años después, hacia 1820, la Diputación provincial expresaba que la provincia de Yucatán se mantenía firme en su lealtad a pesar de las convulsiones políticas, «como sufrida en medio de las duras privaciones a que la ha reducido su pobreza natural».
8 Aunque el discurso de la pobreza es un tanto exagerado, pues la falta de minas u otras vetas naturales se compensó con la abundancia de mano de obra india, sí es cierto que las riquezas individuales nunca igualaron a las alcanzadas en las otras partes del reino.
Además fue un discurso que funcionó, pues gracias a esto el rey no eliminó las encomiendas, 9 como sí sucedió en la mayor parte del territorio americano, y los yucatecos lograron obtener así algunas prerro gativas.
Sin duda, los yucatecos tenían más relación con España que con México, y aunque varios asuntos pasaban por Nueva España, se prefería dirimir los asuntos judiciales directamente en el Consejo de Indias.
Asimismo se sabe que un puñado de comerciantes (como Matías Quintana) podían pagarse apoderados en Madrid, son conocidos porque llevaban los asuntos de varias decenas de personas más de toda la Nueva España: Juan 5 Ibidem, 65.
8 Centro de Estudios de Historia de México, CARSO-CONDUMEX, «Memoria sobre la provincia de Yucatán», CXIV-1, México, 1820.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.11 José de la Presilla, José Acevedo Villareal, Manuel Núñez Pardellano y Juan de Escolaño y Peñuelas.10 El Ayuntamiento, por ejemplo, no podía costear un agente de negocios.
También hubo gente pudiente -una minoría en realidad-que viajaba a ponerse al servicio del rey, como fue el caso del diputado Juan Rivas Vértiz de quien trataremos más adelante.
Pero en general se puede decir que la élite yucateca -e incluso los comerciantes-manejaban recursos bastantes limitados con respecto a su homónima de la ciudad de México o cualquier ciudad más grande.
Una élite política compuesta por funcionarios de hacienda y por los miembros del ayuntamiento, diversificaba su actividad económica con el comercio y con la posesión de haciendas.
La encomienda estaba en plena decadencia: el título sólo otorgaba prestigio pero no capital.
La posesión y explotación de la tierra, la cría de ganado y sirvientes adeudados dieron pie a una impresionante movilidad social.
Resulta interesante observar que con el régimen español acabó la era de la encomienda, el tributo y las obvenciones como fuente de riqueza, en el siglo XIX la apuesta fue la hacienda.
11 De todas formas, en general la élite económica y política de este periodo de transición fue bastante regalista.
Hubo una fracción de este grupo que derivó en una élite intelectual y aunque en Yucatán no hubo movimiento insurgente propiamente,12 los sanjuanistas dieron bastante dolor de cabeza a las autoridades.
Su nombre se origina de una reunión cotidiana de vecinos en la parroquia de San Juan, a partir de 1805, encabezada por su párroco Vicente Velázquez.
Entre los participantes se hallaban varios jóvenes del seminario y comerciantes de la talla de Matías Quintana (padre de Andrés Quintana Roo).
Aunque los sanjuanistas fueron considerados un «peligro», sus ideas aunque radicales no contemplaban una separación de España.
Gente como Lorenzo Zavala y Matías Quintana quizá lo pensaron, pero ya en una etapa bastante tardía cuando fueron encerrados en San Juan de Ulúa en 1814.
13 Los sanjuanistas encontraron su razón de ser cuando el diputado por las Cortes González Lastiri regresó con la constitución y se volvieron sus principales defensores.
El gobernador general escribía de ellos que se trataba de «una junta nocturna que se congregaba en esta capital con el nombre de San Juan, calificada de facciosa y dirigida por un presbítero... con otros asociados de sospechosas opiniones, logrando poderosos influjos en los pueblos».
14 Baste mencionar que fue obra y presión de ellos que la constitución de Cádiz se publicará en octubre de 1812, y que presionaran para que se cumplieran todos sus preceptos, para lo cual fundaron escuelas donde se leía y explicaban los artículos constitucionales.
Incluso, se atrevieron a pedir la renuncia del gobernador general, Manuel Artazo.
Sus ideas fueron consideradas muy radicales, entre ellas, por ejemplo, que las elecciones para el Ayuntamiento fueran por voluntad popular y no por venta, como, en efecto, sucedió a fines de 1812.
Yucatán, aunque apartada, no era ajena a los acontecimientos exteriores.
Aunque ya es un hecho conocido, no está de más mencionar que una de las consecuencias a raíz del ataque napoleónico a España en 1808 fue la convocatoria para reunirse en Cortes.
Para la primera etapa se eligió a un diputado por provincia y en total llegaron quince a España: 15... allí estuvieron reunidos, por primera vez, representantes de toda la América española, que tuvieron que pensar juntos los grandes problemas americanos en términos continentales.
La tendencia más natural de las provincias americanas era la regionalista; por eso sus diputados defendieron la creación de un Estado de autonomías.
16 En Mérida, el 15 de junio de 1810, se reunieron en sesión extraordinaria Benito Pérez, intendente y gobernador, el señor licenciado don Justo Serrano, teniente auditor de guerra y asesor ordinario de gobierno y los miembros del Cabildo.
Entre todos debían escoger a tres personas, las cuales debían mostrar su «probidad, talento e instrucción, y exentos de toda nota», según las instrucciones para elegir diputados.
Que el asunto es de la mayor gravedad porque el vocal va a representar todas las acciones de la provincia para su felicidad y por tanto es muy importante que en el elegido concurran las circunstancias de patriotismo, talento, aplicación, estudio y todo lo que deba hacerle apreciable en aquel congreso.
Que su señoría ofendería al cuerpo si recomendase a alguno de sus individuos en particular por considerar en todas las más apreciables circunstancias y así únicamente insinuará algunos de aquellos señores eclesiásticos y seglares que sobresalen por tan recomendables circunstancias.
Da cuenta con justificación del nombramiento de Diputado a las Cortes generales de España y de lo que ha ocurrido con este motivo».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.11 De los nombres salieron elegidos por cinco votos el canónigo magistral de la catedral don Ignacio de Cepeda, por cuatro el doctor don Miguel González Lastiri, por dos el guardián de la Mejorada fray Bernardo Arnaldo y con otros dos el regidor Miguel Bolio; sorteando entre estos dos últimos, salió electo Arnaldo.
Después la suerte la decidió un muchachito que pasaba por ahí y que sacó la cédula ganadora: la de González Lastiri.
18 Al ser campechano, y dada la rivalidad existente entre Mérida y Campeche, resulta significativo que él haya salido electo, mucho más porque aunque sí se preocupó por representar los intereses de la península yucateca, también aprovechó para velar por los campechanos.
Miguel González Lastiri, nacido en 1771, provenía de familia encomendera venida a menos y fue de los pocos que pudo estudiar leyes en la Real Universidad de México, gracias a una beca.
Generalmente se le describe como clérigo, pero en realidad era casado, al menos con una hija, y vivía de su carrera de abogado.
19 Su fama creció pues en agosto de 1810 fue asesor de un tribunal especial que juzgó a Nordingh de Witt, un sueco que se decía había llegado a Yucatán para promover la causa de Bonaparte.
González Lastiri no dudó en recomendar la pena de muerte, como se verificó.
20 Además poco antes había obtenido el cargo de asesor del Juzgado de Indios.
Las Cortes inauguraron sus sesiones el 24 de septiembre de 1810; en esos días que pasó en Cádiz, González Lastiri se dedicó a escribir a los funcionarios reales para fomentar los intereses de su región.
Le conocemos una primera carta datada el 5 de agosto de 1811, dirigida al decano del Consejo de Indias, Ramón Posada.
En ella explica que Yucatán se había distinguido por su fidelidad a la Corona, que entre sus necesidades estaba la de tener un Consulado «cuya jurisdicción se extienda a los negocios mercantiles de Tabasco y presidio del Carmen», pues hasta ese momento tenían que acudir a México, a más de 300 leguas, por lo que los negocios iban lentos.
Por esa razón, había enviado una memoria (de la que hablaré más adelante) donde se informaba de los males que afligían a la provincia y los remedios a ello.
Se sabe que fue enviada una orden al gobernador intendente de Mérida para que informase si, en efecto, convendría instalar Consulado, para lo cual se citó al Ayuntamiento y a los comerciantes.
Yucatán medía cerca de cuatro mil leguas cuadradas y tenía 600.000 habitantes, «sin incluir las de los presidios del Carmen y Peten Itzá, que también comercian con la provincia».
El Consulado podría mantenerse con el derecho de medio real por cada cien sobre el valor de todos los géneros, frutos y efectos comerciables que se extrajeran o introdujeran por mar.
Se alegaba que Yucatán era igual o más digna de gracia que las otras provincias que gozaban de Consulado por su población y su terreno, y que sólo se pagarían 150.000 pesos de sueldo cuando en La Habana alcanzaban los 500.000 pesos.
La mejor cédula que podía adaptarse para su fundación sería la de Veracruz, del 17 de enero de 1795.
La única dificultad hasta el momento estribaba en decidir si la junta consular se instalaba en Mérida o en Campeche.
Ante esta dificultad, él había tomado la decisión siguiente: que en Campeche, el puerto más antiguo y de mayor número de comerciantes, se fijaría el tribunal de justicia y junta y el de alzadas se establecería en Mérida, que se compondría con individuos de ambos lugares, más los de Valladolid, todo en beneficio de la agricultura, industria y comercio de Yucatán.
21 Pero su escrito más desarrollado es el Manifiesto de los males que afligen a la provincia de Yucatán y de los remedios que su Diputado en Cortes propone con arreglo a las instrucciones que ha recibido de sus comitentes para córtalos de raíz, fechado el 12 de agosto de 1811.
22 En este documento describe todos los problemas que preocupaban a Yucatán y que exigían pronto remedio, entre los que sobresalían el hecho de que una sola persona concentrara el poder político, militar, civil y criminal, la multiplicación de empleados de Real Hacienda, la creación de doce subdelegaciones y la necesidad de tener que acudir a México a arreglar los más diversos asuntos.
Ofrece variadas soluciones a estos problemas, entre ellas quitarle a toda costa el poder omnímodo al capitán general y gobernador, considerando una necesidad que el gobierno estuviera en manos al menos de cuatro personas: un comandante para lo militar, un letrado para el gobierno, un auditor de guerra para causas de hacienda y justicia y un último, para atender en exclusiva asuntos indios.
Además de que el capitán general ya no presidiera el Ayuntamiento sino los alcaldes, que pasarían a ser corregidores.
Para Lastiri esta figura era la culpable de que las potencialidades económicas de Yucatán no se desarrollaran, pues todos pensaban sólo en su provecho personal.
Campeche permanecería con su teniente de rey y el Ayuntamiento de Valladolid tendría un asesor letrado.
En los pueblos con más de 100 habitantes, incluidos Bacalar, Laguna de Términos y Petén Itzá, debía instalarse Ayuntamiento.
Pedía además la supresión de las subdelegaciones, de las alcabalas, de varios puestos de hacienda y del Ministerio y comandancia de Matrícula del puerto de Campeche, encargado de todo lo concerniente a la navegación de buques.
El documento es bastante largo y toca aspectos relacionados con gobierno, fisco, hacienda y agricultura.
Una característica es que González Lastiri gusta de plantear comparaciones, como lo hará en todos sus documentos, para resaltar las ventajas de Yucatán, a pesar de su infelicidad, por no ser lo suficientemente apreciada: «La provincia de Yucatán es más barata en el día que Cádiz, en alimentos, vestidos, habitaciones, sirvientes, etc.».
23 Haciendo alusión a la significativa población de la provincia y su extensión se pregunta: las demandas se tomó en cuenta a la población maya, hubo rubros que se ignoraron completamente como la instalación de una universidad, por la cual ciertos sectores llevaban pugnando casi medio siglo.
Para un autor como Pérez-Mallaína, que ha analizado el tema, las propuestas de González Lastiri resumen en los siguientes puntos los deseos de las élites yucatecas: limitar el poder de las autoridades superiores (que por cierto nunca eran yucatecas), aspiración a la autonomía política con la creación de una Audiencia y de una autonomía comercial con un Consulado.
26 Ocho meses después, y sin recibir aún respuesta a su demanda, mandó una «Representación del comercio de Campeche sobre erección de consulado», en la cual se decía que Yucatán era acreedora a un Consulado en el puerto de Campeche, a una Real Audiencia, a la separación de la Intendencia del gobierno y a que los indios dejaran de ser esclavos, pues ni Puerto Rico ni Montevideo ni Guadalajara podían compararse con Yucatán respecto a la extensión del terreno y la «feracidad» de la población, que alcanzaba casi la cifra de un millón.
El comercio de Yucatán alcanzaría gran progreso gracias al Consulado pues se quitarían las trabas que impedían su correcto funcionamiento, tanto la Diputación Provincial como los Ayuntamientos de Campeche y Mérida estaban dispuestos a trabajar en conjunto para acabar, por ejemplo, con el contrabando.
Solicitaba al Consejo una respuesta pronta, en vista de que en breve abandonaría la Península Ibérica para regresar a la propia y sólo les pedía que tomaran en consideración que los oficios se alternarían entre Mérida, Campeche, Tabasco y Valladolid e incluso el Petén si se agregaba a Yucatán, como se había solicitado.
27 La respuesta a las demandas de Lastiri se publicó en Cádiz el 24 de enero de 1813 por José de Limonta, contador del Consejo Supremo de Indias.
28 La idea de supresión de la Intendencia no prosperó y tampoco la de instalar una Audiencia o la formación de un tribunal especial para criminales de latrocinio.
Pero sí consiguió la separación del cargo de capitán general e intendente, aunque en la práctica tardó algunos años en imponerse y fue causa de serios altercados entre los dos funcionarios.
Se le remitió a la constitución y a los reglamentos en los casos de empleo de letrados para los Ayuntamientos, la erección de nuevos Ayuntamientos, las quejas sobre jueces inferiores y la posibilidad de los indios de formalizar sus demandas y querellarse, además de las materias sobre el trabajo personal.
Se dejaron pendientes cuestiones como la de agregar la provincia de Petén, la Laguna de Términos o el presidio del Carmen, la derogación de las alcabalas, los impuestos al comercio y la navegación.
Se recomendó que la Diputación Provincial se dedicara a fomentar la industria y la agricultura y que ella decidiera sobre el establecimiento de una sociedad económica, entre otros varios puntos.
Cabe la pena mencionar que aunque en este documento de Limonta se negó la instalación de la audiencia, meses después el Secretario de Gracia y Justicia en respuesta del 13 de marzo de 1813 dio luz verde para que esto sucediera en Chihuahua, Valladolid (Michoacán) y Yucatán, «cuando desapareciesen las convulsiones que agitaban a Nueva España».
29 Además del pliego de demandas antes explicado, González Lastiri agregó otras pocas directamente en las Cortes.
El 3 de septiembre de 1811, al discutirse qué partes del territorio español debían nombrarse en la Constitución, pidió la palabra para defender que Yucatán fuera una de ellas.
En esta ocasión el discurso de pobreza tantas veces utilizado fue cambiado por otro de exaltación, riqueza y gran número de habitantes, pero cumplió su cometido y Yucatán se añadió después del de Nueva Galicia. tados no les interesaban los problemas globales sino los de su terruño, que se intercalaban con los generales.
32 Como lo ha planteado Rieu Millán las provincias americanas aspiraban a tener una óptima representación en las Cortes y las instrucciones de los Ayuntamientos reflejan las preocupaciones de las ciudades con reivindicaciones «de alcance general, porque se refieren a problemas que afectan a muchas otras ciudades, pero los regidores las exponen desde una óptica totalmente local».
Varias ciudades americanas, continúa la misma autora, no vieron en sus diputados más que meros apoderados y algunos se lo creyeron.
33 González Lastiri decidió usar su voz para solucionar trabas y conflictos locales y muy poco intervino en los asuntos de carácter general (como lo sería también, según Chust, 34 el diputado por Nuevo México Pedro Bautista Pino).
Un tema tan trascendental como es la economía y la situación de la tierra, interesó a la mayoría de los diputados, sobresaliendo Mariano Mendiola, José Miguel Gordoa y Barrios, Joaquín Maniau, entre otros, y José Miguel Guridi y Alcocer y José Miguel Ramos Arizpe por sus participaciones, en cambio quienes mostraron menos interés serían José Ignacio Beye Cisneros, Antonio Joaquín Pérez y el mismo González Lastiri.
Sobre todo en lo que se refería al desarrollo de la agricultura y la industria.
En lo que toca a la repartición de tierras fue Ramos Arizpe uno de los más entusiastas, pues para él significaba un medio de hacer prosperar el norte.
35 La única participación no «provincialista» de González Lastiri junto con los diputados Eduardo Cárdenas por Tabasco, José Ignacio Beye de Cisneros, por la ciudad de México, y Mariano Mendiola, por Querétaro, fue proponer medidas desvinculadoras del mayorazgo, que no se proponía desaparecerlo, pero sí hacer más productivos sus bienes vinculados, entre ellos las tierras.
36 Aunque este apoyo del diputado puede desconcertar si tomamos en cuenta que en Yucatán no existió un solo mayorazgo.
Que a González Lastiri le interesaban particularmente los asuntos de casa se muestra en su participación del 3 y 4 de noviembre de 1811, que descendió aún más en la escala de sus peticiones, de la provincia pasó a la ciudad de Mérida y terminó en un individuo.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.11 de Mérida, solicitó como privilegio especial el tratamiento de excelencia para dicho cuerpo y el de señoría para cada uno de los miembros.
Además recomendó «el extraordinario mérito del patriota Quijano», quien desde la instalación de la Junta de Sevilla (en 1808) contribuía con 1000 pesos mensuales para sostener una compañía.
La recomendación de Miguel Quijano, de quien hablaremos más adelante, sobre todo tuvo gran aprobación entre algunos diputados, quienes incluso propusieron que se le declarara «Benemérito de la patria».
37 Después ya no se vuelve a encontrar a González Lastiri interviniendo en el Congreso.
Se sabe de él cuando en la sesión secreta de 30 de marzo de 1812 pidió permiso para regresar a Yucatán.
Debe recordarse que la Constitución se promulgó el 18 de marzo y que las sesiones no acabaron hasta septiembre de 1813.
Sin embargo, aunque «provincialista» González Lastiri veía con otros ojos a Yucatán elevándolo incluso a la categoría de reino, potenciándolo a la altura de la misma Nueva España, de la cual los yucatecos deseaban obtener más autonomía de ahí que pidieran su propia audiencia, consulado y universidad.
Como bien lo explica Estrada Michel provincialistas eran «los representantes de ciudades que encabezaban una intendencia o provincia menor.
Como ocurría con las elites económicas regionales a las que daban voz, les interesaba conseguir un canal de comunicación directo que fluyera entre sus territorios y la metrópoli, eliminando la intermediación regnícola o virreinal».
38 También resulta de interés mencionar que mientras González Lastiri solicitaba mayor autonomía con respecto a México, el diputado por Tabasco, Eduardo Cárdenas, pedía mayor independencia con respecto ¡a Mérida! 39 La Constitución en Yucatán no se publicó hasta octubre de 1812, pues el capitán general temía las consecuencias que podía tener.
Como se trata de un tema ya bastante analizado,40 y no ser propiamente nuestro objetivo, a continuación sólo esbozamos sus características.
Primero, se convocaron a elecciones para elegir un nuevo Ayuntamiento, en el cual quedó una mayoría sanjuanista.
41 Asimismo se formó una Diputación provincial, como en otras provincias, órgano regulador de gobierno con facultades para impulsar el desarrollo de la economía, el desenvolvimiento de los Ayuntamientos, la educación, además de otras funciones políticas acotadas, que funcionó en esta primera etapa del 23 de abril de 1813 al 11 de agosto de 1814.
42 Uno de los procesos importantes fue el de municipalización.
Los pueblos vieron la posibilidad de contar con gobierno y recursos propios, así que desplegaron varias estrategias para juntar el número requerido de mil habitantes, del tal forma que entre 1812 y 1814 se constituyeron 156 Ayuntamientos.
43 Otra de las medidas que causó más revuelo fue el decreto del 13 de noviembre de 1812, que prohibía los tributos, los repartimientos y los servicios personales.
En Yucatán de paso fueron suprimidas también las obvenciones.
En los pueblos, los mayas no tardaron en obedecer, dejaron de ir a la iglesia y de prestar servicio a sus curas párrocos, como consecuencia escasearon la cera y el maíz, que se consiguieron en Cuba y Estados Unidos, respectivamente.
44 «De esto se pasó al desprecio más absoluto de la religión, o de esa especie de culto material y poco inteligente a que estaba sometido el indio por pura costumbre, y sin un solo ápice de convicción».
45 Fueron los clérigos quienes más se empeñaron en revertir estas medidas que tanto les afectaron, solicitando incluso que los indios pagaran diezmo.
Cuando González Lastiri regresó a Mérida fue muy celebrado, no sólo se le nombró regidor decano del Ayuntamiento de Mérida sino que incluso esta misma institución solicitó que se le nombrara jefe político.
46 Además le valió ocupar lugar preferente en todos los actos a los que asistiera, «después del señor presidente a su derecha en las bancas de cabildo subsiguiéndole los señores alcaldes, oficiales reales y regidores [además] que pueda usar el uniforme de cuerpo...».
47 El periodo constitucional duró hasta el 4 de mayo de 1814 (cuando se supo el regreso de Fernando VII) y al diputado a Cortes le costó caro haber-42 Para un estudio completo de la Diputación en Yucatán ver Campos y Domínguez, 2007, también Bock, 2008.
González Lastiri murió en 1816 y pocos años más tarde su viuda, Isabel del Castillo y Enríquez, afirmaba que el ex diputado fue despojado de su empleo, privado de su oficio de abogacía y obligado a permanecer en México.
Según algunos miembros de la Diputación vivió «un secuestro civil», «un aislamiento moral» y falleció «en medio de la más angustiada pobreza», por tal razón solicitaban una pensión para la esposa y la hija.
48 Aunque no debió morir tan pobre pues se sabe que poseía las haciendas Santa Cruz, San Pedro y San Lorenzo Tipcan, eso sí, llenas de hipotecas.
49 Pasemos ahora a hablar de Miguel Quijano y Zetina.
Cuando González Lastiri fue elegido para ir a España había otra persona interesada en ocupar su puesto: el capitán y regidor-alférez del Ayuntamiento Miguel Quijano.
Este personaje resulta muy importante, pues él pertenecía a una de las familias más prestigiosas y ricas de Yucatán, pero a su vez envueltas en el escándalo.
Ahora se sabe que varios de sus miembros fueron los autores intelectuales del asesinato del intendente Lucas de Gálvez en 1792.
En 1809 hizo la oferta al rey de mantener una compañía en el ejército de España durante el tiempo que durara la guerra, por lo cual en agradecimiento se le condecoró con el grado de capitán del Regimiento de infantería inmemorial del Rey, lo que significaba además que podía portar perpetuamente su uniforme.
Quijano debía poner en las arcas de Cádiz la nada despreciable suma de aproximadamente 2300 pesos mensuales.
51 González Lastiri no quiso viajar solo a Cádiz y pidió ser acompañado por una persona de su entera confianza que pudiera sustituirle en caso de algún contratiempo, es decir Quijano, a lo cual el Ayuntamiento accedió después de algunas consultas, sobre todo la de otorgarle el título de diputado segundo, idea que fue desechada.
Así, el 7 de agosto de 1810 se aprobaron 2000 pesos de viáticos para González Lastiri y a Quijano se le permitió viajar como acompañante.
52 Quijano se quedó para la segunda legislatura.
Las sesiones se iniciaron en enero de 1814 en Madrid, pero él se presentó desde el 9 de septiembre de 1813 a las reuniones preparatorias y secretas.
Hubo reclamación por este nombramiento hecha por Agustín Zavala, un yucateco hermano de Lorenzo de Zavala, 53 quien había sido acusado de infidencia en años anteriores y deportado a España, pero como no hubo justificación a su protesta, Quijano fue admitido.
Es de notar que del total cinco eran yucatecos, es decir una cuarta parte, lo que demuestra la importancia que le atribuyeron los habitantes de esta península a tener presencia allende los mares.
Se trata de Ángel Alonso y Pantiga, de Juan Nepomuceno Cárdenas y Escobedo, de José Martínez de la Pedrera, de José Miguel Quijano y de Juan Rivas y Vértiz.
55 Un abogado (Martínez), tres militares (con funciones administrativas ya sea en el Ayuntamiento o Subdelegación) y un eclesiástico (Pantiga).
Cuatro eran criollos y uno peninsular (Martínez).
Sólo Quijano y Rivas Vértiz pertenecían a familias con verdadero poder político y económico, los Cárdenas gozaban de cierta influencia, pues habían sido encomenderos, pero más bien vivían de sus glorias pasadas.
A ninguno se le ha identificado en el partido liberal, sólo algunos coqueteos como hizo alguna vez Rivas Vértiz.
Todos eran más bien regalistas, aunque sorprende conocer que Martínez de la Pedrera fue denunciado cuatro veces «por su ideología política o por su defensa de América» y Quijano dos.
56 Sabemos que hubo otros dos elegidos como diputados: el campechano Pedro Manuel de Regil y el meridano Eusebio Villamil, pero ignoramos las razones por las cuales no se embarcaron.
José Martínez de la Pedrera era el único español de origen, nacido en Oviedo, en febrero de 1767.
Estudio abogacía en la Universidad de Sevilla y después se fue a Louisiana y a La Habana a probar fortuna, ahí fungió como asesor del subdelegado de rentas.
Asimismo contrajo matrimonio, pero debió quedar viudo, pues cuando pasó a Campeche se volvió a casar.
57 53 Importante político yucateco que también participó en las Cortes pero en 1820, y después fue conocido por haber ejercido como gobernador del Estado de México y artífice de la separación de Texas de México.
54 Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones.
Resulta muy interesante como estos criollos deportados a España por casos de infidencia en los años de 1810-1811 aprovecharon su presencia para ser admitidos en Cortes, ver Rieu-Millan, 1988.
57 Después pasó a la península, en Campeche fungió como Auditor de marina por título de 2 de septiembre de 1804 hasta que tal puesto desapareció el 6 de abril de 1810.
Más tarde se le nombró asesor del Juzgado de indios, cargo que le dejó Miguel González Lastiri cuando pasó a Cádiz, dándosele el título el 14 de diciembre de 1810.
Con motivo de que el gobernador y capitán general Benito Pérez Valdelomar fue nombrado virrey de Nueva Granada, y éste eligió como interino al Justo Serrano -licenciado, asesor, teniente de gobernador y auditor de guerra-Pedrera se opuso con vehemencia a tal elección alegando que Serrano no tenía «el carácter necesario».
Pero Pérez Valdelomar tomó tan mal esta oposición que lo relevó del cargo el 30 de junio de 1811.
58 Además se sabe que durante su estancia en La Habana había redactado algunos escritos considerados «demasiados desacatados e insolentes contra los alcaldes», por lo cual se tenía a Pedrera como hombre «ingenioso y muy a propósito para turbar la armonía de las autoridades».
59 Martínez se encargó de reclamar y fue pronto restituido en su cargo, con la advertencia de que se le tuviera en la mira.
Como una forma de conciliarse con el rey, en 1809 y desde Campeche, escribió El gabinete de Bayona confundido o Disertación Patriótica sobre el pretendido derecho de Napoleón 1.o a la Corona de España, exornada de Notas y de un apéndice genealógico, que fue impreso en Nueva Orleans en 1810, estudio donde defiende los derechos del «amado» y «omnipotente» Fernando VII.
60 Otro escrito suyo es la Idea de la esclavitud de Yucatán en el gobierno de los reyes, impreso en La Habana en 1812.
61 Dada su controvertida figura, ignoramos bajo qué mecanismos fue elegido como diputado a Cortes.
A su regreso de España, solicitó que se le repusiera en la asesoría del Juzgado de Indios de Yucatán y se le diera el puesto en propiedad, que se le pagaran 1000 pesos de salario y que se le concediera el honor de ser oidor de la Audiencia de Cuba.
La Cámara sólo aceptó la primera demanda.
62 Después fue nombrado asesor de la 58 AGN, Intendencias, 1.
59 Idem, «Sobre que se observe».
60 AGN, Impresos oficiales, 56, 61, 1810, 156-181, «Nueva Orleans Copia de la disertación patriótica escrita por José Martínez de la Pedrera abogado de los reales consejos y auditor de Marina de la provincia de Campeche».
Desde ese puesto escribió otro documento donde loaba la monarquía de Iturbide.
Don Ángel Alonso Pantiga era yucateco, nacido en 1776.
Familiar del obispo de Yucatán Luis de Piña y Mazo, quien lo impulsó en su carrera.
Estudió filosofía en el Seminario Conciliar de San Idelfonso, siendo en 1810 cura de la parroquia de Campeche, una de las de mayor prestigio en la Península.
64 Así como González Lastiri, los electores campechanos pensaron que Pantiga lucharía en defender sus intereses.
Según Justo Sierra, Pantiga siempre se había caracterizado por su moderación política, pero una vez en Cádiz tomó partido por el rey.
65 Se hizo célebre porque se unió al partido de los persas, denominación con la que fue conocido el grupo de los 69 diputados que el 12 de abril de 1814 enviaron al rey un documento manifestándole todo su apoyo, y en el que hacían una comparación entre la situación de Persia y la de España: 66 Que al Señor Don Fernando VII hacen en 12 de abril del año de 1814 los que suscriben como diputados en las actuales Cortes ordinarias de su opinión acerca de la soberana autoridad, ilegitimidad con que se ha eludido la antigua Constitución Española, mérito de esta, nulidad de la nueva, y de cuantas disposiciones dieron las llamadas Cortes generales y extraordinarias de Cádiz, violenta opresión con que los legítimos representantes de la Nación están en Madrid impedidos de manifestar y sostener su voto, defender los derechos del Monarca, y el bien de su Patria, indicando el remedio que creen oportuno.
64 Para más datos biográficos ver AGI, México, 3097A, Madrid, 27 de septiembre de 1815, «Don Ángel Alonso y Pantiga pidiendo se le nombre para una canonjía de México o de la Puebla de los Ángeles».
66 «Era costumbre en los antiguos Persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su Rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor.
Para serlo España a V. M. no necesitaba igual ensayo en los seis años de su cautividad, del número de los Españoles que se complacen al ver restituido a V. M. al trono de sus mayores» en «Manifiesto que algunos diputados a las Cortes ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid para que la Majestad del Sr. D. Fernando el VII a la entrada en España de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la Nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que creían oportuno» en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/08147285489781773087857/ p0000001.htm 67 Idem.
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.11 Quijano, por ejemplo, el otro diputado, sí en algo se caracterizó fue por el gran odio que manifestó a la Constitución, hecho que le costó la cárcel años después, pero por alguna razón -seguramente de índole ideológica-no se unió a los «persas».
Dada su fidelidad y aprovechando su nombramiento de diputado, Pantiga primero se preocupó por sus intereses particulares y escribió al rey para solicitar una canonjía.
68 Consiguió su cometido pues no volvió a Yucatán, quizá también tuvo un poco de reticencia después de su actuación, pero su fidelidad al rey le valió un cargo en Puebla, primero como comisario del Santo Oficio y años después como vicario capitular en esta misma ciudad.
69 De hecho, no resulta casual que el cura campechano haya parado en Puebla donde Joaquín Pérez Martínez, diputado por esta ciudad y también del grupo persa, fuera nombrado obispo.
70 Joaquín Pérez fungió como presidente de las Cortes cuando se discutieron las once propuestas de los diputados americanos y fueron rechazadas, razón por la cual se vio envuelto en un debate con el periodista Blanco White, además participó en la comisión para la elaboración de la constitución.
Su participación se ha dividido en dos etapas, una primera liberal y de sintonía con los otros diputados americanos y una segunda en donde se adhirió a los peninsulares y la causa de la iglesia, por ejemplo, defendió la permanencia de la Santa inquisición.
71 Juan Rivas Vértiz fue hijo de un capitán general y gobernador de la provincia, Antonio Rivas Bethancourt.
Aunque nacido en Campeche, el 6 de junio de 1774, muy niño aún fue mandado a España a estudiar a la Real Academia de Artillería de Barcelona e incluso su hermana sirvió de camarista de la princesa María Luisa de Borbón.
Después de veinticinco años y con el grado de coronel, decidió volver a Yucatán para arreglar los asuntos de su padre.
En 1820 fue elegido jefe político de Mérida en medio de fuertes controversias.
Nunca se casó y a partir de 1825 ya no participó en la vida pública, pero no murió hasta octubre de 1853.
72 Por último, el coronel Juan Nepomuceno Cárdenas y Escobedo, yucateco, nacido en mayo de 1774, pertenecía también a una prestigiosa familia, militar y encomendero, había sido subdelegado de varios partidos.
68 AGI, México, 3097A, Madrid, 27 de septiembre de 1815, «Don Ángel Alonso y Pantiga pidiendo se le nombre para una canonjía de México o de la Puebla de los Ángeles».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.11 Casado con Josefa Demetria Peón y Maldonado, una prima lejana, hija de uno de los hombres más ricos de la península yucateca.
Justo cuando salió electo a Cortes acababa de ser nombrado gobernador y jefe político de Bacalar, un lugar bastante alejado de la capital Mérida.
Resulta interesante mencionar que al menos a Pantiga y a Martínez de la Pedrera, el Ayuntamiento de Mérida les exigió el pago de fianzas.
Correspondía a la Diputación Provincial proveerles los recursos para su viaje, sin embargo el Ayuntamiento reclamó sobre la seguridad de los fondos asignados, mucho más porque los dos tenían causa abierta (Martínez por perturbador y de Pantiga desconocemos la razón).
Lorenzo de Zavala, quien refiere el caso años después pues a él mismo se lo quisieron aplicar siendo elegido diputado en 1820, nos explica que incluso el Ayuntamiento había planteado la posibilidad de que se pudiera anular su elección «por las reclamaciones que se habían elevado al congreso».
La Diputación Provincial consultó a las Cortes acerca de la materia y con fecha de 4 de febrero de 1814, éstas declararon que «el Ayuntamiento no debía pedir fianza por los viáticos y dietas recibidos, según decreto de 23 de mayo de 1812».
73 Asimismo Pantiga, Martínez de la Pedrera y Pedro Manuel de Regil, antes de salir para Cádiz y tomándose muy en serio su papel, redactaron dos escritos.
El primero, una carta escrita al rey, el 13 de mayo de 1813, participándole «el triste estado político de aquella provincia», en donde sustancialmente hacen una crítica acerba del Ayuntamiento constitucional compuesto por sanjuanistas «y la audacia con que se conducen hasta las heces del pueblo meridano».
Su principal propuesta era cortar cabezas, empezando por el capitán general y gobernador Miguel de Castro y Araoz.
Ya veremos que aún en España siguieron insistiendo en estos puntos.
El segundo documento es una Proclama, publicada por la recién instalada imprenta de Francisco Bates, de «los diputados de Cortes por la provincia de Yucatán a sus habitantes yucatecos», en donde principalmente expresan que harían todo lo mejor posible su trabajo, pero que necesitaban que hubiera respeto por la constitución y las autoridades constituidas.
Elevados por vuestra libre voluntad à la dignidad de vuestros representantes, en el soberano congreso nacional no nos prepararíamos dignamente á exercer las augustas 73 AGI, México, 3043, 174-180, 24 de enero de 1821, «Sobre instancia de don Lorenzo de Zavala diputado a Cortes por la provincia de Yucatán sobre haberle exigido aquella Diputación provincial fianza para su viaje, a pesar de las disposiciones en contra de las Cortes de 1814».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.11 funciones de nuestro cargo, sino os diésemos un testimonio público de nuestra gratitud, y de la impaciencia con que deseamos trasladarnos á la Metropoli...Yucatecos: huid prudentes de la ignorancia, y de la ipocresia para oir la saludable voz de la sabiduría y de la virtud.
Dirijid á nosotros las quejas que tuvieseis contra la seducción, ó la opresión, para que hagamos valer vuestra justicia en las próximas Cortes generales ordinarias, Sobre todo permaneced constantes en vuestros principios de sumisión a los dignos Yllmo.
Prelado y jefe superior político de la provincia, y a las autoridades subalternas, y en vuestro amor a la Constitucion...
El 12 de febrero, Pantiga fue elegido por 69 votos como representante americano suplente en la diputación permanente de Cortes.
75 De los cinco, Martínez de la Pedrera fue el más activo y que mostró más independencia al actuar, tal vez por ser peninsular y tener experiencia en varios lugares, prácticamente no se interesó en asuntos «provinciales».
El 17 de enero de 1814 presentó un proyecto de ley que estaba íntimamente ligado a su trayectoria personal, en el que proponía, en 13 artículos, que todos los ciudadanos podían ocupar el gobierno político de las provincias, pero quedaban excluidos los extranjeros, los militares, los eclesiásticos y los consanguíneos o afines a los altos funcionarios de la monarquía.
Se daría preferencia a los ex diputados a Cortes y a los letrados, y con experiencia de cinco años.
«El ciudadano pretendiente acompañará á su memorial documentos fehacientes de su aptitud, probidad y amor á la Constitución, como también de haber servido á la Patria».
Proponía además que los virreyes y capitanes generales ya no ejercieran funciones de jefes políticos, cargo que podría caer en los intendentes hasta que fueran nombrados por la regencia del reino.
Estos jefes políticos debían durar tres años en su cargo, además debía nombrarse un secretario.
76 Asimismo el 18 de marzo propuso que se ordenase al jefe político de Madrid hacer seis días continuos de demostraciones de júbilo por la traslación a esa ciudad de Fernando VII: «no debiendo dudarse que el pueblo heroico de Madrid 74 AGI, México, 3096A, 1813, «Varios diputados para las Cortes de 1813 por Yucatán participan el triste estado político de aquella provincia».
DOI: 10.3989/aeamer.2012.2.11 desea dar un testimonio público de su adhesión a las Cortes y del grande interés que le resulta de la de la traslación de S.M. á esta capital de la Monarquía».
77 Por último, participó en las discusiones al proyecto de ley sobre la responsabilidad de los infractores de la constitución.
Los otros diputados ya no tuvieron una intervención relevante, a Rivas Vértiz sólo lo encontramos en la sesión extraordinaria de la noche del 6 de abril de 1814, aprobando junto con Quijano y otros diputados el artículo 12 sobre los infractores de la Constitución.
78 Pantiga quedó integrado a la comisión ordinaria de hacienda y Cárdenas en la de marina.
Una participación corta pero significativa la tuvo Cárdenas cuando se presentó la propuesta de conceder el indulto general a los desertores de las tropas nacionales, él añadió: «que pues los motivos sobre que se propuso el indulto a las Cortes es de un interés general para la Nación entera, se haga extensivo á la España ultramarina», 79 moción que fue aprobada con el agregado de «sea extensiva a todo español que no haya servido a los enemigos, procesado ó sentenciado por delitos comunes».
Pantiga además aprovechó para mirar algunos intereses locales.
Por carta del 9 de marzo de 1814, firmada en Madrid, solicitó que se le concediese a Campeche el título de muy noble y leal, a la villa de Valladolid el título de ciudad y al pueblo de Izamal la gracia de villa.
Alegaba que, además de su tamaño, Valladolid, con cerca de 20 000 pobladores e Izamal con 14 000, «han hecho donativos a la patria en sus mayores urgencias y han sabido conservar aquel espíritu de unidad de sentimientos que los caracteriza de pueblos fieles y leales.»
Si bien el fiscal del rey dio su parecer positivo, los del Consejo alegaron que faltaban pruebas y, al parecer, el asunto no prosperó.
80 Aunque en las Cortes los diputados tuvieran poca presencia, lo cual se podría justificar pues sólo tuvieron cuatro meses para manifestar sus ideas, fuera de Cortes tuvieron una intensa actividad proselitista y trataron de influir desde lejos en los acontecimientos que sucedían en la Península yucateca.
También que los diputados yucatecos eran más bien conservadores y regalistas, y no perdieron oportunidad desde su posición de echar tierra sobre sus contrincantes.
En una carta escrita el 29 de enero de 1814 por Pantiga, Martínez y Quijano llama la atención de que no sólo se quejaran de «la poderosa facción de los llamados sanjuanistas» que estaba haciendo un uso indiscriminado de la libertad de imprenta, sino que tacharon al capitán general y gobernador de inepto: «Ya antes de salir de Yucatán éramos tristes espectadores de los planes e intrigas de los sanjuanistas, de los vicios de los letrados y del resguardo de Campeche y de otras fuentes de la infelicidad de Yucatán, y con este motivo representamos a vuestra excelencia... exponiendo nuestra opinión que convenía relevar a los principales empleados públicos».
De hecho, la carta tenía como objetivo insistir sobre este asunto, que el auditor de guerra fuera separado de su cargo y que el Gobierno político y la Capitanía General quedaran aparte uno de la otra, 81 puntos en los que ya había insistido antes González Lastiri.
El Consejo de Indias se tomó muy en serio tanto los escritos de los ex diputados como del Ayuntamiento de Campeche pues meses después decidió que el gobernador fuese trasladado a otro destino y que debía separarse de su lado su secretario Pablo Moreno, a quien se consideraba «peligroso», aunque no era propiamente sanjuanista, y se evitara la realización de juntas «subversivas».
82 Como se sabe, el 4 de mayo de 1814 Fernando VII disolvió las Cortes, sin embargo a instancia del ministro del despacho Universal, Miguel de Lardizábal, pidió a los ex diputados que le expusieran los problemas que merecían una pronta solución en sus provincias.
Nos interesa resaltar el trabajo de Verónica Zarate donde ella analiza las opiniones vertidas por los diputados después de la disolución de Cortes.
83 Juan Nepomuceno Cárdenas respondió que trataría de «desempeñar tan difícil encargo valiéndome de las escasas luces que proporciona ser hijo de la península de Yucatán», pero no dijo casi nada.
En realidad sólo lo encontramos apoyando una acción: en Yucatán el gobernador y capitán general Manuel Artazo, por decreto del 26 de agosto de 1814, mandó que quedara sin efecto la Constitución y que los indios pagaran a sus párrocos las obvenciones, las cuales habían sido abo lidas a raíz de la publicación de la Carta Magna, situación que causó gran revuelo en la provincia y gran malestar entre el clero, como ya 81 AGI, México, 3097A, 29 de enero de 1814.
84 En carta de 14 de febrero de 1815 firmada en Madrid, Pantiga y Juan Nepomuceno de Cárdenas escribieron al rey para que tuviera a bien aprobar el bando de Artazo.
85 Por su parte, Juan Rivas Vértiz alegó que tuvo poca participación pues no llevaba instrucciones.
Quijano tampoco contestó, según Zarate podía haber alegado que apenas se estaba incorporando a las Cortes, pero ya vimos que en realidad él estaba ahí desde 1810.
86 Incluso Miguel González Lastiri, que ya veía venir un futuro incierto, escribió para manifestar su gran adhesión al monarca, hacer constar que tuvo buena conducta pues casi no participó en las sesiones, que siempre votó en forma nominal y que el supuesto amor que profesaba a la Constitución era justo por el lenguaje del momento.
Como lo expresa la misma Zárate, surge la duda si estas manifestaciones eran legítimas o se enunciaban por las circunstancias tan difíciles del momento.
87 En el caso de González Lastiri no queda duda que era esto último lo que lo movía, y ya vimos su triste final por haber declarado alguna vez su «amor» a la Constitución.
Cabe mencionar que el castigo impuesto a los sanjuanistas o sus seguidores no tuvo contemplaciones, los cabecillas Lorenzo de Zavala, Matías Quintana y Francisco Bates acabaron presos en San Juan de Ulúa.
Del total de los veinte diputados por la Nueva España sólo ocho contestaron.
Por Yucatán, al final únicamente escribieron Pantiga y Martínez de la Pedrera, quienes siempre fueron los más activos.
El primero, en lo tocante a la población indígena, propuso la restitución de los cacicazgos de indios y sus cabildos que habían sido cancelados aplicando la Constitución, y también aprovechó para pedir el restablecimiento de los indios fiscales de doctrina y sirvientes en las iglesias, esto último tratando de llevar agua a su molino.
Asimismo se preocupó por el rubro de impuestos y pidió la abolición de la exacción de derechos triples en los negocios de los Ayuntamientos promovidos ante la Audiencia de México.
88 Por nuestra parte, encontramos que recomendó que se apoyara la creación de la Universidad yucateca, tomando 25000 pesos de los fondos de comunidades de indios para poder becar a doce estudiantes indios.
89 AGI, México, 3101, 21, Madrid, 5 de septiembre de 1814, «Expediente sobre el establecimiento de la Universidad de Yucatán en el Seminario Conciliar de Mérida».
El mismo Pantiga, junto con Martínez de la Pedrera, solicitaron, cada uno por su lado, en el proyecto de la erección de una media Audiencia y sobre todo la instalación de un Consulado de comercio, proyecto en el que los campechanos habían insistido mucho y que en ese momento se encontraba en revisión.
90 Pantiga escribió una carta el 3 de septiembre de 1814 y Martínez de la Pedrera un año después.
Destaca la manera en que este diputado ensalza a Campeche y quita importancia a Mérida:...ya porque solo en Campeche se puede lograr el saludable fin de exterminar el escandaloso contrabando por medio de un respetable consulado, ya porque allí es donde exclusivamente se suscitan y multiplican los pleitos mercantiles, ya por los perjuicios que de lo contrario resultarían a Campeche, y a los pueblos comerciantes inmediatos de Tabasco e isla del Carmen, atendida la considerable distancia de Mérida ya en fin porque aquella capital es un pueblo interior el que suscribe tiene ya manifestado que el decantado puerto de Sisal, distante de Mérida doce leguas es un camino pantanoso y difícil para la conducción de las mercancías, es un miserable surgidero sin abrigo que expone los bastimentos al furor de los nortes y no da lugar al uso de ancla por ser su fondo de piedra, poblado en las tres cuartas partes de indios y otras castas, donde por haberse traslado últimamente a la Habana y fijado allí su residencia el comerciante inglés Booth, sólo han quedado la casa de Sauri y la compañía de Tinto y Guzmán, quienes no pueden llenar los empleos consulares dejándose por tanto entender que tan ridícula sería la erección de consulado en Mérida de Yucatán como la traslación de Cádiz a Carolina.
91 De todas formas resulta significativo que al final fuera la representación por Campeche, la que cuidara por los intereses locales hasta el último momento.
La pugna entre Mérida y Campeche es otra larga historia.
Hemos hecho así una revisión de la trayectoria de seis diputados por Yucatán a las Cortes de Cádiz.
Podemos decir que en general tuvieron una participación muy secundaria.
De la parte de Quijano, Rivas Vértiz y Cárdenas no hubo ninguna propuesta concreta, y cabe resaltar que ellos representaban precisamente el ala meridana.
En cambio, de González Lastiri, Pantiga y Martínez de la Pedrera hubo más intervención, aunque los dos primeros se preocuparan más por asuntos locales.
Cabe resaltar la imagen que ellos se encargaron de transmitir de la Península yucateca -una construcción que además era campechana-, el discurso muchas |
La obra recoge los estudios de especialistas europeos en el análisis de las diferentes vías de provisión de cargos y honores a través del dinero a lo largo del Antiguo Régimen.
Una línea de investigación, la de los procesos venales, que está viviendo un verdadero resurgir entre los historiadores durante las últimas décadas.
En esta ocasión, si bien los autores centran mayoritariamente sus reflexiones en torno a España, cabe destacar la atención prestada a otros espacios geográficos del Imperio, caso de los Países Bajos o América, así como la comparativa realizada con Portugal.
Debe ser señalada igualmente la amplitud cronológica, situada entre los siglos XVI y XVIII, así como la variedad temática, pues se abordan diferentes ámbitos de estudio relacionados con la venalidad, como son los oficios municipales, los cargos militares y de justicia, los hábitos de caballero de las Órdenes Militares, o los títulos nobiliarios.
Se trata de un trabajo heredero de la corriente historiográfica que iniciaron en los años setenta algunos estudios de Antonio Domínguez Ortiz y Francisco Tomás y Valiente, y que más tarde han tenido continuidad a través de nuevas investigaciones realizadas por Francisco Andújar Castillo, Antonio Álvarez-Ossorio o Mauro Hernández.
En este contexto, la presente obra supone un punto y seguido, una pausa para la reflexión, para la evaluación de lo hasta ahora hecho, así como una guía para las investigaciones venideras.
La obra se encuentra dividida en cinco apartados cada uno de los cuales aborda una problemática diferente.
El primero de ellos: «Problemas conceptuales en torno a la venalidad», reúne varios trabajos que reflexionan sobre el uso que se da a conceptos como venalidad, merced o corrupción.
En su artículo, Jean Pierre Dedieu aboga por una contextualización más amplia de la transmisión de los cargos públicos durante el Antiguo Régimen, al tiempo que ve necesario un análisis más profundo acerca de los conceptos de venta,
secreto, publicidad o disimulación.
Los autores del segundo estudio, Jean Pierre Dedieu y Andoni Artola, ampliando la propuesta del trabajo anterior, tratan de situar la venalidad en el contexto de las convenciones políticas que regían la España Moderna, ahondando en la relación entre el individuo y el rey a través del dinero.
Michel Bertrand en su investigación en torno al concepto de corrupción en la España colonial realiza una reflexión acerca de los espacios de negociación en los que se encontraban los actores, unos espacios en los que la corrupción muestra la complejidad del sistema político y cómo este hecho no es sinónimo de un debilitamiento de la autoridad del Estado.
Para cerrar este primer bloque, Francisco Andújar realiza un esfuerzo por dibujar un campo conceptual en relación a los tipos de cargos enajenables, caso de los empleos «beneficiados» frente a los «vendidos», lo que según el autor responde a una misma realidad, al interceder en ambos una transacción monetaria.
Del mismo modo, también se profundiza en los conceptos de «dispensa», «seguridad o salvaguarda» y «facultades», elementos que están presentes en los contratos de venta de cargos.
En el segundo cuerpo del libro, «Las ventas de oficios municipales», Alberto Marcos Martín analiza los procesos de acrecentamiento y creación de nuevos oficios en Castilla a lo largo del siglo XVI.
María López Díaz incide de forma inicial en una terminología específica destacando los términos de «tráfico», «patrimonialización» o «mercado de oficios» frente al de «venalidad».
La autora aborda el estudio de las ventas de cargos municipales, especialmente para el caso gallego, tanto en los concejos urbanos de realengo como de señorío.
Sus conclusiones se centran en una confirmación de la venalidad de los empleos municipales, mayoritariamente de los que tenían voto en Cortes, siendo la Corona la principal promotora de esta actividad.
Siguiendo con los cargos municipales, aunque en esta ocasión en América, concretamente en Quito, Pilar Ponce confirma la venta de empleos sobre la base de negociaciones y acuerdos, si bien no olvida la importancia de diferenciar las prácticas venales de la metrópoli con las efectuadas en Indias, donde fueron más habituales, al punto que llegaron a provocar enfrentamientos entre los miembros de la élite quiteña, principales compradores, que se vieron ampliamente favorecidos en su intento de consolidación social.
En el tercer apartado de la obra: «Venalidad de cargos y oficios», Antonio Jiménez Estrella analiza el peso de las patentes en blanco y los suplimientos dentro del ejército español del siglo XVII.
Una alternativa que dibujó un nuevo panorama militar como consecuencia de una práctica venal, desempeñada por quienes tenían bienes metálicos, y aprobada por un rey necesitado de hombres.
Thomas Glesener contextualiza su estudio en los Países Bajos y se centra principalmente en los individuos, ya que son ellos quienes controlan los canales de información que dan vía a la adquisición de empleos, en este caso militares, y quienes gozan -tanto ellos como sus familias-de la confianza que buscaba el monarca a la hora de otorgar mercedes.
Inés Gómez traslada su investigación a los tribunales reales donde destaca una notable venalidad en los puestos subalternos del cuerpo, al tiempo que aboga por la necesidad de conocer a los protagonistas de una movilidad social descendente en los citados cuerpos judiciales.
En su trabajo, María Victoria López-Cordón desplaza el prisma de análisis a la Corte, más concretamente a los empleos de Cámara, aquellos que destacan por su cercanía a los monarcas.
Según la autora, se produjo un incremento del número de servidores personales lo cual pudo llevar implícita la aparición de nuevas vías de entrada al cuerpo, si bien la confianza en las personas y en las familias resistía como el mérito más destacado.
Se inicia el cuarto apartado: «Ventas de honores y naturalizaciones», con el estudio de María del Mar Felices de la Fuente, quien demuestra la existencia de un mayor control sobre el origen social de quienes pretendían acceder a la baja y media nobleza a través de la obtención de hidalguías o hábitos de caballeros, en contraposición a lo que ocurrió para ingresar en la cúspide del estamento nobiliario, la nobleza titulada, donde apenas se exigió trámite alguno durante la primera mitad del siglo XVIII.
Antonio José Rodríguez Hernández analiza la concesión de títulos nobiliarios a través del levantamiento de regimientos en el ejército español durante el siglo XVII.
Pese a ser un recurso regular, la práctica indica que no siempre resultó beneficioso para quien buscaba honor a través del reclutamiento de soldados, ya que en la mayor parte de los casos coyunturas especiales impidieron el logro.
En relación a los hábitos de las órdenes militares, Domingo Marcos Giménez destaca el proceso de venta de estas mercedes más allá de la posibilidad de caer en delito de simonía.
No en vano, ante el interés de la Corona por obtener beneficios económicos, el encubrimiento de esta venta sería objetivo principal de la Monarquía.
En torno a la problemática de la ocultación encara su trabajo José Manuel Díaz Blanco, quien analiza el secreto y la disimulación a partir de las «cartas de naturaleza» de la Carrera de Indias que fueron enajenadas.
Según el autor, a través del dinero se consiguió silenciar las fuentes y, en este caso, los orígenes de quienes comerciaban.
En el quinto apartado: «La Monarquía portuguesa.
Nuevas perspectivas», Roberta Stumpf desarrolla un balance historiográfico de la venalidad de empleos y honores en el contexto portugués y brasileño.
Al tiempo que asegura que la Monarquía portuguesa no despreció la venalidad, se certifica HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788.
Por último, Fernanda Olival señala una realidad venal portuguesa desde el siglo XV, pese a que las investigaciones son aún incipientes y los vacíos numerosos.
En cualquier caso, la autora anuncia cómo la venta de cargos fue más restringida en Portugal, en especial en lo relativo a las iniciativas de la Corona.
Uno de los elementos a destacar dentro del conjunto del libro, son los esfuerzos realizados por los autores para exponer una nueva metodología que permita avanzar en esta vertiente histórica.
La amplia consulta documental, mostrada a través del cruce de diferentes fuentes, así como la búsqueda de caminos hasta ahora inexplorados, ayudan a valorar el hueco ocupado por la obra.
Igualmente, debe ser destacado el interés de los autores por abrir nuevos caminos, caso de los análisis en clave de red social, habida cuenta de las referencias al peso de la clientela o de los parientes y allegados en el momento de acceder a las prácticas enajenatorias.
A lo largo del trabajo una idea se repite, la relación entre el individuo y el monarca.
Estamos ante una serie de estudios que reflexionan en torno a un sistema de relaciones económicas, políticas o sociales y que ponen en liza al principal agente del Estado, el rey, y a quienes solicitan de éste alguna contraprestación.
Un sistema de negociación entre el súbdito y el soberano en el que se observa una relación de intereses personales de la que todos buscan salir favorecidos.
En conclusión, se trata de una obra referente que invita a la reflexión, que abre nuevos ámbitos de estudio relacionados con la venalidad, y que muestra un amplio campo por trabajar pese a los avances conseguidos.-ÁLVARO CHAPARRO, Casa de Velázquez-LARHRA.
Andújar Castillo, Francisco, y Giménez Castillo, Domingo Marcos (eds.):
Riqueza, poder y nobleza: los Marín de Poveda, una historia familiar del siglo XVII vista desde España y Chile, Almería, Universidad de Almería, 2011, 212 pp., fotos blanco y negro.
El presente estudio está conformado por ocho trabajos de investigación referidos a la familia Marín de Poveda, originaria de Lúcar, en Almería, y que tuvo activa participación en Chile, Potosí y Charcas, en el antiguo Virreinato del Perú, en el siglo XVII.
El génesis de la obra se remonta a una solicitud que realizó el alcalde de la referida localidad almeriense, don José Antonio González, al grupo de investigación Sur-Clío de la Universidad de Almería, de realizar un curso de RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788.
ISSN: 0210-5810 verano que tuviera por objetivo profundizar en los antecedentes históricos de los Marín de Poveda, puesto que salvo referencias aisladas de la historiografía española, sólo se conocía por lo señalado por los historiadores chilenos José Toribio Medina y Diego Barros Arana, con relación a Tomás Marín de Poveda, quien fuera gobernador de Chile entre 1692 y 1700.
Asumido el desafío, se conformó un equipo de interdisciplinario para desarrollar una investigación que cumpliese con el objetivo del curso, pero que al mismo tiempo concretara un estudio como el que ahora se reseña.
El trabajo está dividido en tres partes.
En la primera, que trata acerca del paso de la familia desde Lúcar a América, se incorporan dos estudios de alto valor.
Francisco Andújar trata acerca de los orígenes de la familia y las relaciones de poder que ésta generó, en especial a través de la persona de don Bartolomé González de Poveda, el primero que pasó a América y que llegó a ser presidente de la Audiencia y arzobispo de Charcas.
Posteriormente Valeriano Sánchez, aborda un tema de gran actualidad historiográfica como son las redes de poder que generó la familia.
Aquí se destaca el gran trabajo investigativo del autor en archivos de protocolo, y que través de una línea genealógica pudo realizar un seguimiento a los miembros de este clan familiar, tanto por la vía de los Marín, los González y los López-Torres, quienes desde Yeste los primeros, desde Alange los segundos, y desde Jorquera los terceros, arribaron a tierras almerienses en tiempos de la repoblación y se vincularon con los Poveda, originarios de Barbalimpia (Cuenca) y repobladores de Lúcar.
En suma, en la primera parte de la obra queda claro que la figura del arzobispo de Charcas, tiene una clara influencia en los destinos de la familia y de la construcción patrimonial de la misma, puesto que cuatro de sus cinco sobrinos, entre ellos Tomás Marín de Poveda, pasaron al Nuevo Mundo y construyeron, a partir de redes y alianzas, un poderoso clan.
La segunda parte del libro aborda la figura de quien se transformó en la máxima autoridad política en la historia de Chile en la última década del siglo XVII.
Cinco estudios conforman este corpus acerca de su figura, pensamiento y actuación política.
El primero, del citado Francisco Andújar, apunta a la problemática de la compra de cargos en Indias, aspecto en el que se vio involucrado el personaje de estudio, aunque para entonces bajo un simpático eufemismo: el de «donativo gracioso».
Aquí el autor advierte que esta situación se debe contextualizar en los tiempos económicos en que vivía la monarquía de los Austrias.
A través de la mirada de Jimena Paz Obregón, ahí está la clave de lo que llama «un encumbramiento exitoso».
Aquí la autora, aprovecha de hacer una revisión a las particularidades de su gestión como máxima autoridad de la Capitanía General, así como después su trayectoria que lo llevó a recibir el hábito de la Orden de Santiago.
Finalmente se aborda un tema delicado, en cuanto al origen de la fortuna que amasó en Chile, planteando a manera de hipótesis el posible comercio de esclavos indios en que habría estado involucrado el gobernador, práctica bastante común en los tiempos en que él vivió en la frontera de guerra.
María Eugenia Petit-Breuilh trata las relaciones fronterizas en tiempos del personaje analizado.
Estudio interesante que permite recoger las variables que para entonces eran el centro de la preocupación del gobernador, es decir, mantener la paz, vigilar las costas de enemigos extranjeros y fundar ciudades en el extremadamente ruralizado Chile central.
Entre las soluciones buscadas por Marín de Poveda estaban los referidos parlamentos, las misiones de jesuitas y franciscanos, así como también la posibilidad de reducir los indios a pueblos.
El estudio del pensamiento del gobernador no podía faltar y por ello Javier Pinedo aborda este desafío.
Con una acuciosa búsqueda en el Archivo de Indias, se pudo poner en valor el interesante epistolario que allí se conserva.
Entre las grandes novedades que se aportan está la relación del gobernador con la élite local, y en donde el autor identifica elementos de identidad criolla que bien podrían hacer comprender lo que pasaría un siglo más tarde.
El último capítulo de esta segunda parte de la obra está a cargo de José Manuel Díaz Blanco, quien en forma aguda y bien fundamentada, trata el tema de la fundación de ciudades en la gobernación destacando la paradoja de que pese a que la política reformista de Marín de Poveda fue, por diversas razones, un fracaso, dos villas de su plan fundacional lograron prosperar con el tiempo, aunque para el caso de Talca, no en el mismo sitio donde la concibió Marín de Poveda ya que el emplazamiento urbano definitivo se debió al gobernador Manso de Velasco en 1742, a doce kilómetros de sitio original, hoy comuna de Maule.
En la tercera parte de la obra, nos encontramos con un estudio solitario dedicado a don Bartolomé Marín de Poveda, hermano del gobernador de Chile, cuya investigación estuvo a cargo de los editores Francisco Andújar y Domingo Giménez.
En él se trata de manera amena y documentada la historia del otro personaje de gran importancia en la familia en cuestión.
Lo inte-resante es que comienza construyendo la relación a partir del testamento de Bartolomé, una curiosa personalidad del ámbito eclesial que llegó a construir en América una fortuna basada en relaciones, alianzas, sociedades y una alta dosis de corrupción.
Tuvo el curato de Potosí y luego fue visitador general del arzobispado de Charcas, siempre bajo la protección de su tío, que falleció en 1692; regresó a España ese mismo año y llegó a ser capellán de honor del Rey en Madrid en 1695, donde desarrolló una intensa actividad, entre las cuales, las intermediaciones y los préstamos, permitieron acrecentar su poder económico, el cual, al momento de su muerte en 1702, legó en parte a su hermano Tomás, sin que éste último se enterara puesto que falleció en 1703 en Santiago de Chile, sin conocer noticias de la apertura del testamento.
Sin embargo, Bartolomé benefició de sobremanera al resto de la familia, en particular a su hermano Francisco Marín de Poveda, el único que había permanecido en Lúcar.
De ese modo parte de la fortuna de la familia siguió relacionada con el pueblo almeriense que les había visto nacer.
Estamos frente a un estudio del todo interesante, porque por diversas vías se ha podido reconstruir una historia poco conocida de un clan familiar, que por algunos de sus representantes dio mucho que hablar en tierras americanas y en la propia España.-RODRIGO MORENO JERIA, Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar, Chile.
Bandieri, Susana (comp.): La historia económica y los procesos de independencia en la América hispana.
Buenos Aires: Prometeo Libros, Asociación Argentina de Historia Económica, 2011, 402 pp., índice, cuadros, gráficos y bibliografía.
La Historia Económica había experimentado en los últimos años un reflujo fruto de las nuevas corrientes predominantes en la investigación sobre el pasado.
El pensamiento postmodernista, los new cultural studies, los llamados retornos de la política, narrativismo y análisis micro-históricos omitían o menospreciaban las generalizaciones y reduccionismo comunes en ella como formas de abordar el conocimiento y el papel del mercado en la articulación de las sociedades.
Recientemente, empero, y esto es normal aunque paradójico en el devenir del saber científico, la larga fase de crecimiento mundial en la que surgieron y crecieron tales postulados renovadores, ha concluido en una profunda crisis que ha devuelto a primer plano el interés por la indagación en los aspectos materiales de la existencia humana a lo largo del HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788.
Sin embargo también es cierto que quienes se dedican a explorarlos han aprendido mientras tanto de sus críticos y se acercan a ellos con puntos de vista enriquecidos y mejorados.
En lo concerniente a América Latina, y sobre todo al estudio de sus independencias, a las críticas a la Historia Económica en general se añadieron otras no menos relevantes, especialmente el hecho de que las explicaciones que han buscado en el pasado fundacional de los países las causas de sus problemas actuales, aparte de insuficientes, no habían logrado articular métodos de análisis y discursos cognitivos satisfactorios.
Además tales déficits se acrecentaban debido a que las investigaciones sobre el área en su conjunto y sobre casos nacionales y regionales en pocos casos consiguieron avances y una comunicación suficiente entre ellas para ofrecer hipótesis y conclusiones extrapolables y comparables.
De todos esos problemas, o más bien del intento por superarlas, y cabe decir que con honradez y relativo éxito, es resultado la compilación de Bandieri sobre la historia económica de las independencias hispanoamericanas.
El libro, fruto de un seminario organizado en las XXI Jornadas de Historia Económica argentinas en 2008, strictus sensus sólo tiene un antecedente, la obra coordinada por Leandro Prados y Samuel Amaral: La independencia americana: consecuencias económicas (Madrid: Alianza, 1993), que se centra básicamente en los casos nacionales y en el impacto en términos de costes y beneficios de la desestructuración política de territorios otrora unidos bajo una misma administración.
No obstante también es heredera de un inmenso acervo de investigaciones acerca de los distintos países de la región y de ésta en su conjunto, algunas específicas, dedicadas a la economía de inicios del siglo XIX, y la mayoría a períodos más amplios.
En ese sentido y en los términos expuestos puede decirse que el libro ha aprendido de las contribuciones precedentes, de sus dolencias, críticas que recibieron y aportaciones que es obligado extraer de ellas.
La editora señala en la introducción que no es que haya dejado de hacer historia económica en los últimos años, sino que ésta perdió centralidad en el debate y que recuperarla precisa una reorientación.
Quienes se dedican al tema, tras las críticas que ha recibido la manera la abordarlo en el pasado, no deben conformarse con realizar ejercicios de económica aplicada a problemas de antaño sin prestar también atención a otros asuntos vinculados, a los demás aspectos sociales, políticos, culturales.
Como ejemplo utiliza Bandieri el caso de la Pampa húmeda argentina y los trabajos que han quebrado la visión tradicional sobre la misma, focalizada en los terratenientes, para Mostar un panorama rural en el que predominó el pequeño y mediano propietario.
Y es sólo un ejemplo, como se ha dicho, pues los estudios recientes han insistido también en el análisis de otras regiones, mercados, prácticas y estrategias, del comercio desde la perspectiva de los comerciantes, de los obreros, las comunidades indígenas, los medios de pago.
Tras la introducción, por tanto, al lector obtiene una idea clara de lo que ofrece La historia económica y los procesos de independencia de la América hispana.
Se trata de un libro que privilegia el estudio del área rioplatense, pero completado con el de otras regiones, y también de una obra que no tiene entre sus defectos ese límite espacial, ya que carece de pretensiones de extrapolar sus conclusiones específicas, y sólo se presenta como modelo por su forma diferente y comprensiva de abordar los problemas mediante el examen particular de casos, que de así se postulan como aportaciones al debate.
En tal sentido de sus capítulos se infiere que los procesos de independencia, acerca de lo cual existe un amplio acuerdo, estuvieron motivados inicialmente por el vacío de poder que provocó la invasión francesa de la metrópoli en 1808.
Ahora bien, si su continuación posterior tuvo causas económicas, éstas estuvieron vinculadas con el aumento de la presión fiscal colonial y el efecto que tuvo en la sociedad, en unión con el descontento de la elite y otros sectores por la centralización de poder que habían supuesto las reformas borbónicas de la administración imperial y por una percepción extendida de que restablecer los lazos con España no era favorable para aprovechar las oportunidades de negocio que ofrecía el panorama internacional, comercial, financiero y productivo, resultado de la Primera Revolución Industrial y que se había materializado en la progresiva vinculación de las economías e intercambios mercantiles locales con Gran Bretaña, otros países europeos y Estados Unidos.
Así entendidas, las causas, y también los efectos económicos de las independencias, fueron múltiples y a la vez dispares, internacionales, regionales, intra e interregionales, específicos según los casos y problemas, y al mismo tiempo dinámicos, cambiantes, incluso los más generalizables como los descontentos por razones fiscales o reparto de poderes, o los derivados de las rupturas de espacios políticos y de mercado y de los intentos, no siempre exitosos, de establecer otro alternativos y reorientados en su relación con la economía mundial.
Y en ese sentido la primera conclusión de los autores del libro editado por Bandieri es que faltan datos y estudios al respecto para que la conclusiones puedan ser rotundas, aunque no por ello el estado actual de la cuestión impide ofrecer ya una idea y una imagen preliminar más rica, compleja y variada de los procesos de independencia, dado que en poco tiem-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788.
ISSN: 0210-5810 po se han acumulado numerosos trabajos y es previsible que el ritmo de producción se incremente en el futuro y facilite una mayor generalización de las hipótesis y resultados de investigación.
Con los precedentes teórico-metodológicos sucintamente expuestos los estudios compilados por Bandieri se centran en los análisis regionales, de ruptura y transformación de los mercados y problemas fiscales en el período de quiebra del dominio español sobre Hispanoamérica y de configuración en el área de diversos Estados, así como en sus efectos en la oferta y circulación monetaria.
Casi todos los trabajos se dedican al área región rioplatense y sus márgenes, incluyendo los casos paraguayo y de las provincias limítrofes con el alto Perú y Brasil, y se completan, para ofrecer un panorama más extenso, con capítulos dedicados a otras regiones.
Quizás el principal defecto de la obra en su conjunto es su ordenación.
Además de los estudios de los diversos autores, contiene comentarios a varios de ellos escritos por Tulio Halpering y Heraclio Bonilla, pero éstos se editan al inicio de la obra, cuando lo normal habría sido incluirlos tras los trabajos que critican.
Por otra parte, entre los dedicados a la región rioplatense hay investigaciones más generales y otras sobre regiones y aspectos específicos y debieran haberse organizado siguiendo un criterio de mayor a menor para facilitar su lectura integral y comprensiva.
Los estudios más generales por su metodología y enfoque son los firmados por Jorge Gelman, Daniel Santilli y Roberto Schmit, aunque se editan en cuarto-sexto lugar en la obra.
Gelman señala las dificultades referidas que para el análisis supone la escasez de datos acerca del período independentista, más aún cuando de lo que se trata es de realizar investigaciones con una perspectiva más amplia y compleja que las efectuadas en el pasado.
Pese a ello el autor afirma que la documentación disponible es suficiente y permite asegurar que el principal problema de esos años fue la forma en que las distintas regiones se enfrentaron al contexto económico en el que se produjo la emancipación.
Una mirada desde tal punto de vista muestra que el resultado más evidente fue el estancamiento del interior rioplatense y la pujanza, por el contrario, de Buenos Aires y de ello se deriva la necesidad de explotar qué factores facilitaron a la capital argentina aprovechar las oportunidades de crecimiento que por entonces se presentaban, vinculadas con la intensificación del comercio atlántico gracias a la revolución industrial y de los transportes.
Gelman, por tanto, cuestiona los enfoques institucionalistas de los problemas económicos de las independencias.
Lo importante fueron la oportunidades y el modo de aprovecharlas y las instituciones derivaron de ello.
Así señala el autor que lo más relevante del contexto tardocolonial en el Río de la Plata económicamente hablando fue el crecimiento económico de las regiones basado en el aumento de la demanda exterior agro-pecuaria y la preponderancia que por ello fue cobrando Buenos Aires.
Observa, sin embargo, que antes de la emancipación esto no generó grandes diferencias, aunque sí después, debido a la continuación de las tendencias anteriores, que favorecieron al área porteña y provocaron un estancamiento de otros territorios.
Por dicha razón sostiene que hay variables con mayor poder explicativo que las instituciones, básicamente la dotación de recursos para el referido aprovechamiento de la demanda externa que, debido a la escasez de capital y trabajo, estuvo principalmente relacionada con el acceso a la tierra.
A ello se añadió el abaratamiento de las comunicaciones fluviales y navales.
Hasta que esto sucedió y las distintas regiones compitieron por el abastecimiento del alto Perú y los altos costes de transporte otorgaron ventaja al espacio interior rioplatense, pero cuando se redujeron y la demanda internacional superó a la del altiplano andino, sobre todo tras la crisis minera que sobrevino con las independencias, fue el litoral quien cobró tal ventaja, acrecentada por el control bonaerense de las aduanas, motivo permanente de conflictos, y que junto con la demanda urbana otorgaron a su gobierno una capacidad recaudatoria -y económica-sin parangón en su vecindad.
En el mismo sentido que Gelman, Daniel Santilli estudia el caso de la provincia de Buenos Aires y los cambios que acarreó para ella el establecimiento del libre comercio con las reformas borbónicas en el último tercio del siglo XIX.
El autor estudia la expansión que, como consecuencia, experimentó la frontera agraria porteña, y lo focaliza en el examen de los cambios sociales asociados a la inmigración que recibió la zona como efecto, y luego también causa, de su auge exportador.
El autor señala que esto permitió un crecimiento demográfico que cambio y complejizó su población y su sociedad, pues tuvo como resultado una elevada movilidad social en un contexto de escasez de trabajo y de predominio, como ya indicaba Bandieri, de la pequeña y medina propiedad, lo que dio lugar a un escenario rural diversificado, dinámico y complejo.
Roberto Schmit, por su parte, cuestiona la afirmación tradicional de que la independencia conllevase cambios económicos y la formación de mercados nacionales.
La evidencia disponible y los estudios realizados en las últimas décadas indican que su efecto fue una fragmentación territorial y que tales mercados surgieron lentamente y en un contexto de gran incertidumbre institucional, escasez de circulante y déficit fiscal de los Estados.
La separación de España implicó para la economía rioplatense dejar de abastecer a aquellas regiones que surtía con su oferta y que ahora constituían unidades políticas distintas, y a los costes de la desmembración de los mercados se unieron, además, los de las continuas guerras de emancipación y post-emancipación.
Por otra parte, a los actores locales implicados en tales procesos se unieron diferentes intereses extranjeros.
Por ello cabe analizar la historia del período como la de un proceso de lenta y dificultosa reordenación económico-espacial, aunque sabiendo que el resultado fue favorable a las áreas portuarias y a sus modelos de Estado, a sus políticas y prácticas, que acabaron imponiéndose, lo mismo en el litoral pacífico que en el atlántico.
Esto, asimismo, derivó de una combinación de incentivos que potenciaron las redes mercantiles y negocios orientados al mercado externo, opción más fácil y barata y para obtener recursos que nutriesen los erarios de las nuevas repúblicas, pero que también mermó su capacidad fiscal y posibilidades de creación institucional y ocasionó graves desequilibrios territoriales que perjudicaron a las comarcas con peores condiciones para las exportaciones.
La peor herencia de la independencia, según Schmit, por tanto, fue la inestabilidad financiera y monetaria con que nacieron los estados hispanoamericanos.
El otro estudio específico de la región rioplatense que conformó la futura Argentina es el de Beatriz Bargoni.
La autora propone también en este caso un enfoque novedoso, regional, referido al área de Cuyo, y centrado en el análisis de un aspecto y unos sectores sociales concretos.
La investigación se refiere a las elites y sus cambios de comportamiento durante la transición de la colonia a la República, así como a sus disputas por el poder, y señala que un componente importante de los procesos que ocurrieron y sus derivaciones fue que se mostraron como sujetos activos ante la coerción y cooptación ejercida por la administración central, hecho que evidencia indagando en sus linajes, redes y vínculos locales que se formaron y en la definición de estrategias en los distintos contextos a que tuvieron que enfrentarse.
Otros tres artículos del libro se dedican a regiones rioplatenses que no se integraron en Argentina: Paraguay y Uruguay -en este caso analizando un aspecto muy concreto-, y a aportar una perspectiva general del amplio espacio del norte y sus conexiones atlánticas y pacíficas antes y después de la independencia.
El referido a la Banda Oriental, firmado por Raúl Frandkin, es una investigación tan particular como novedosa e interesante por su enfoque, conclusiones y propuesta metodológica y de indagación para otros lugares.
Los conflictos que caracterizaron a la independencia, señala el autor, fueron múltiples y variados en sus causas, efectos y manifestaciones.
De hecho se dieron varios tipos y uno especialmente interesante es el que puede denominarse guerra económica.
Con el fin de investigar ese fenómeno construye una base empírica, utilizando como proxi la magnitud de las movilizaciones militares.
La rivera este del Paraná -dice-era una zona en plena adaptación a los cambios en la economía y el comercio en general en el período en el que se produjo la emancipación, debido al aumento de la actividad mercantil resultado de la revolución de los transportes e industrial a que se refería Gelman.
Los enfrentamientos bélicos provocaron una presión sobre los recursos agropecuarios que fue dispar según el momento y las regiones, pero en general el análisis de la demanda de los ejércitos, que mide a través de la mencionada movilización de tropas, permite señalar que las contribuciones voluntarias de la población rural en un principio dejaron poco a poco paso a los expolios.
Además, examinando esa presión y su grado de compulsividad, se pueden explicar hecho como que los habitantes de determinadas zonas cambiasen de bando, incluso en más de una ocasión.
En tal contexto debe entenderse, por ejemplo, la propuesta que se debatió en Uruguay de unirse a Brasil.
A otra región fronteriza rioplatense que también optó por desmembrarse políticamente de los demás territorios del virreinato, Paraguay, dedica su estudio Nidia Areces, y lo focaliza en un aspecto concreto: las elites y sus conexiones inter e intrarregionales.
La autora señala que los vínculos ancestrales entre las oligarquías locales y las del litoral e insiste en el modo en que fueron afectados por la centralización borbónica, lo que le permite explicar que en el momento de la independencia se distanciasen tanto de la metrópoli como de Buenos Aires.
Argumenta que el resultado de los cambios políticos y económicos del período tardocolonial fue un progresivo predominio de los comerciantes porteños y además se caracterizó por la llegada de inmigrantes españoles que desplazaron a la elite local de las actividades mercantiles.
De ahí su temprana independencia y el hecho de que ésta no llevase aparejada cambios sociales y en las relaciones sociales como los que se dieron en otros lugares, y que a su vez clarifica las condiciones que condujeron al establecimiento de la dictadura de Gaspar Rodríguez Francia en 1814.
Opina la autora que dicho gobierno autoritario eliminó la competencia combinando fuerza y recursos fiscales, evitando así los enfrentamientos internos y minimizando el peligro de las amenazas externas recurriendo al aislamiento.
Esto, a su vez, generó estabilidad, aunque es discutible que pueda entenderse como una revolución radical, según han pretendido varios estudios, ya que el resultado fue el mantenimiento de las formas y vínculos precedentes en las relaciones socio-políticas, consolidando así una especie de equilibrio dentro de ese orden fundada en que cada cual fue relativamente beneficiado si se atenía al mismo, lo que a la postre creó desincentivos para el cambio.
El último artículo referido a márgenes del espacio rioplatense, aunque en realidad plantea un estudio general de la región enfocado en ellos, es un HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788.
Los autores sostienen que las reformas borbónicas favorecieron a la economía del interior del virreinato, aunque aún más a Buenos Aires.
Su ganado siguió abasteciendo al área minera andina y a la costa pacífica y sus tejidos y otras mercancías a Paraguay y al litoral atlántico, y de tales zonas recibía importaciones, de modo que el saldo de la balanza comercial fue relativamente equilibrado.
La población local debió ver esos intercambios como un bien que convenía preservar tras la independencia y esperar de ella, según se ha indicado ya, que paralizase la sangría de recursos que implicaba la extracción de su riqueza con destino a la metrópoli, mediante el tradicional monopolio comercial impuesto por el gobierno español y los diversos impuestos, y dirigida a otros países europeos como pago de sus mercancías.
Este último aspecto y la consideración de que los efectos del conflicto emancipador serían transitorios -opinan Assadourian y Palomeque-explica la alianza de las comarcas interiores del Río de Plata con la litoral-pampeana.
La expectativa de que las consecuencias de la guerra de independencia no serían duraderas, empero, fue errónea.
Como resultado el interior rioplatense perdió el mercado altoperuano, que Gran Bretaña comenzó a abastecer desde el Pacífico, y al reanudarse el comercio con él y con Chile, lo hizo sujeto a los aranceles que fijaron las nuevas repúblicas establecidas en la zona.
Por otra parte Buenos Aires y Valparaíso empezaron a importar yerba mate y azúcar de Brasil y no de Paraguay y Perú y ese último país elevó sus tarifas aduaneras para las importaciones chilenas, lo cual, unido a los conflictos arancelarios que se sucedieron fruto de la protección de diversos intereses de las distintas elites nacionales, acabó desarticulando los mercados establecidos durante la colonia, redujo el circulante y reemplazó los tributos coloniales por altos gravámenes establecidos por el gobierno bonaerenses para sufragar los costes de la guerra, procurando además que perjudicasen lo menos posible a la oligarquía porteña y pamperaza.
El pacto anticolonial se quebró producto de dicha política, aunque por entonces estaba ya muy afecta la oferta de las regiones del interior y sufriría aún más con los conflictos que asolarían el territorio consecuencia de los conflictos que caracterizaron las primeras décadas de andadura de Argentina.
Sólo el tabaco de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán, y luego el azúcar en esta última provincias estuvieron exentos de los referidos problemas e iniciaron la formación de un mercado espacialmente mucho más restringido en el espacio que el de tiempos precedentes.
Los tres últimos artículos de libro completan el panorama incluyen el análisis de casos fuera de la región rioplatense, Perú, México y Colombia, aunque el primero de ellos, según se ha visto, muy relacionado con ella.
Carlos Contreras discute si las vísperas de la independencia fueron de crisis o de crecimiento para la economía peruana.
La reanimación de la minería y el aumento de los ingresos fiscales parecen indicar lo primero y el fin del monopolio de El Callao con la habilitación para el comercio de los puertos de Valparaíso y Buenos Aires, y la pérdida de la riqueza mineral del altiplano con la creación del virreinato del Río de la Plata lo segundo.
Nadie discute, sin embargo, que a partir de 1808 la situación fue de crisis y que los conflictos posteriores la agravaron.
Según Contreras, y al igual que ocurrió en México, y en menor medida, aunque también, en el Río de la Plata, si algo unió a distintos sectores sociales peruanos frente a España fueron los elevados impuestos.
Por esa razón, dado que su movimiento independentista fue más tardío, mantenerlos reducidos fue la principal fuente de legitimación del nuevo Estado republicano, lo que mejoró el nivel de vida de la población a corto plazo, pero redujo la capacidad de inversión pública y perjudicó el crecimiento en el largo plazo.
El Estado, en síntesis, careció de fuerza política y de recursos suficiente para elaborar un programa económico tras la emancipación, y los largos y costosos conflictos posteriores, que acapararon buena parte de esos escasos recursos, agravaron la situación.
La principal afectada fue la minería argentífera, lo que explica su rápido desplazamiento posterior por la explotación del guano y luego del salitre como actividades principales.
Ahora bien, esto elevó los ingresos y proporcionó cierta estabilidad socio-política, incluso antes que en otros países vecinos, anticipó la reformas liberales que luego se realizarían en la mayoría de ellos, y la ampliación de los derechos civiles y de la justicia social, pero sobre la base de una economía cuyo sector externo perdió efectos multiplicadores con la sustitución de la plata por el guano como principal exportación, de una presión tributaria reducida que no se tradujo en mayor productividad y sí en un insuficiente gastos en infraestructuras, y de la consolidación de la hegemonía de las elites limeñas y la consiguiente exclusión de la serranas del poder central, rompiendo la tradicional articulación socioterritorial que había caracterizado a la colonia.
Luis Jáuregui, por su parte, señala para México algo similar a lo que argumenta Conteras sobre Perú.
Los problemas económicos del virreinato novohispano derivados del aumento de la presión fiscal en las décadas finales de dominio colonial, así como sus efectos en los distintos sectores sociales están mejor y más extensamente estudiados que en otros casos hispanoamericanos, lo que permite al autor una explicación menos profusa.
El aparten esplendor que supusieron para la economía novohispana las reformas borbónicas, con la reactivación del crecimiento de la minería y del comercio, aca-baron derivando por las razones mencionadas en mayores beneficios para la metrópoli, que endosó buena parte de su enorme deuda externa acumulada por las incesantes guerras al erario mexicano.
El impacto que esto tuvo en la oferta interna, particularmente en la agro-industrial, según el autor, mermaron las posibilidades económicas con las que el nuevo Estado tuvo que afrontar su situación postindependencia.
Un territorio muy extenso y en parte despoblado, cuya riqueza se basaba principalmente en la agricultura y la explotación de los recursos del subsuelo, hubiese requerido fuertes inversiones empresariales y en comunicaciones, pero la crisis en que sucedió la emancipación provocó que escasease al capital para ellas.
A esto se unió también la ineficacia de las instituciones, poco adecuadas para fomentar el crecimiento económico y que tardaron en modificarse, y el enfrentamiento de diferentes intereses regionales, que defendieron las posiciones que habían alcanzado durante la guerra contra España.
El último estudio del libro, firmado por Salomón Kalmanovitz, se refiere al caso de Colombia y señala que el principal problema derivado de su independencia fue la inestabilidad política.
Coincide con Conteras en que el efecto más importante fue una inversión escasa que mermó el crecimiento potencial, desincentivada por los conflictos postemancipación.
El período final de dominio colonial español sobre el territorio, señala el autor, tras la creación en ella del virreinato de Nueva Granada, fueron más prósperas de lo que hasta ahora había sostenido la historiografía.
La dificultades económicas con las que se afrontó la construcción de los nuevos Estados en el área, y particularmente el colombiano, derivaron de la contracción del crecimiento desde inicios del siglo XIX debido a las interrupciones en el comercio causadas por las constantes guerras, primero entre España y otros países de Europa en el Caribe, y posteriormente ocasionadas por el estallido de los movimientos insurreccionales hispanoamericanos y los conflictos internos en que desembocaron, así como por la decadencia y posterior abolición de la esclavitud.
Fueron factores positivos del período, en cambio, la disminución de la presión fiscal y la extracción de recursos por parte de la metrópoli, y la modernización institucional, que facilitaron luego la expansión exportadora.
No obstante la tradicional discusión sobre si el período anterior a la independencia fue de crecimiento o no, dice Kalmanovitz, hay bastante acuerdo entre quienes han estudiado el tema acerca de que la política tardocolonial no tuvo efecto necesariamente negativos a corto y medio plazo, aunque coincide con lo que señalaban Smith para la región rioplatense, Sempat Assadourian y Palomeque acerca del interior de la misma, y Contreras y Jáuregui respecto a Perú y México, que a corto y medio plazo provocó una fuerte escasez de circulante y un progresivo déficit fiscal, que junto con la también creciente introducción de mercancías extranjeras causaron problemas económicos y derivaron en una aumento de la desigualdades regionales, lo que además se agravó con la emancipación y los largos enfrentamientos civiles posteriores.
En definitiva, el autor sostiene que tales circunstancias impidieron aprovechar el boom del comercio exterior y acentuó los desequilibrios socio-territoriales, y aunque la actividad mercantil se expansión, sobre todo desde mediados del siglo XIX, y con ella la economía, el coste de los conflictos distrajo muchos recursos que podían haberse empleados en la construcción de infraestructuras que facilitasen superar los obstáculos inherentes a la escarpada geografía colombiana.
En síntesis, los artículos reunidos por Bandieri en constituyen sin duda la aportación colectiva más interesante que se ha realizado al análisis integral y comparado de la historia económica de los procesos de independencia.
Los comentarios de Halpering y Bonilla, dedicados respectivamente a los estudios de Frandkin, Santilli y Gelman, y a los trabajos de Kalmanovitz y Contreras, apuntan en parte las razones.
Insisten en el esfuerzo de los autores por subrayar la intensidad de los procesos de fondo que estaban aconteciendo en las sociedades y económicas cuando ocurrieron las independencia, y en cómo se vieron afectados por éstas, y en la necesidad urgente de contar con más investigaciones para contrastar las diferentes tesis esbozadas y comprobar la validez de ciertas explicaciones.
Lo interesante de los distintos capítulos de la obra es que presentan variadas y complejas aproximaciones a los problemas, algunas generales, otras sobre aspectos particulares, y que de ellas se puede ya ir deduciendo la complejidad y especificidad de los referidos procesos y también de las causas y efectos de las independencias y de su relación con ellos, pero al mismo tiempo una comunidad de factores explicativos que, con distinta intensidad, incluso cronología, se repite en muchos casos y en la que también conviene seguir indagando.-ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC.
Böttcher, Nikolaus; Hausberger, Bernd, y Hering Torres, Max S. (coords.): El peso de la sangre.
Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico, México, El Colegio de México, 2011, 320 pp.
La limpieza de linaje, el mestizaje y la nobleza son tres de las manifestaciones en las que la sangre codifica el cuerpo con significados específicos HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788.
El «valor de la sangre» se presta a una pluralidad de entrecruzamientos analíticos, desde perspectivas y métodos tanto sociales como antropológicos, literarios o artísticos.
«La sangre representa uno de los elementos primordiales a través del cual se construye el mundo como casa del hombre».1 La principal caracterización de la sangre en el Ancien Régime es su ambivalencia: de la sangre se puede predicar cualquier cosa y su contrario.
En cuanto radicalmente ambivalente, cada oposición puede adscribirle una nueva connotación.
Y la más radical disyunción destacable a esos efectos es la que existe entre vida y muerte.
La sangre es entonces principium vitae y principium mortis.
2 El excelente volumen coordinado por Nikolaus Böttcher, Bernd Hausberger y Max S. Hering Torres -hasta ahora el más actual y completo resumen crítico-descriptivo publicado sobre el fenómeno-a través de los tres ejes temáticos del subtítulo, analiza un denominador común de la sangre y su peso: el carácter distintivo.
La limpieza de sangre fue en el mundo hispánico un mecanismo de diferenciación genealógica y una categoría que se articuló con el color de la piel y la calidad de los vasallos del soberano.
En efecto, la sangre «marcaba diferencias entre los estamentos con base en las virtudes y en el ethos estamental anclado a ella» (p.
10); las tensiones conflictivas del Antiguo Régimen se advertían y solucionaban por medio de la sangre y la desigualdad estamental se justificaba como herramienta de la voluntad divina.
Y es la limpieza de linaje el eje central del análisis del libro y de ella se desglosan dos de sus derivaciones: el mestizaje y la nobleza.
Esta última «precede en términos cronológicos a la existencia de la limpieza, sin embargo convive más adelante con ella y la entrecruza en muchos casos; el mestizaje colonial, por su parte, se puede entender como la disensión y contrariedad de la limpieza de sangre -hecho que cuestiona la idea de la pureza» (p.10).
Los autores que colaboran en el volumen (los capítulos en total, con la introducción, son once) estudian los tres ejes en común aproximación al concepto de la raza.
Desde la lógica semántica de la modernidad temprana, «raza» significaba «parentesco» y la nobleza se comprobaba a partir de la raza; sin embargo, en el siglo XVI, la noción de raza apuntaba también a «linaje maculado» o «impureza de sangre»; asimismo, el mestizaje se podría interpretar a través de la terminología de la época como mescolanza de mala y buena raza, entendiéndolas como linajes que se representan y manifiestan a partir de la tonalidad del cutis.
En términos jurídicos el concepto de «limpieza de sangre» se empleó por primera vez en 1449 en el cabildo de Toledo: una sentencia-estatuto excluyó a los conversos de los cargos públicos.
Una tras otra, con el apoyo de la monarquía y del papado, las principales instituciones españolas adoptaron «estatutos de limpieza» que reservaban el ingreso a los oficios únicamente a los «cristianos viejos».
3 En el segundo apartado Max S. Herring Torres («Limpieza de sangre en España.
Un modelo de interpretación», pp. 29-62) analiza eruditamente el tema y esboza un modelo interpretativo puntual de «la historicidad de la limpieza de sangre, su desarrollo y su variabilidad conceptual» como categoría normativa, social y discursiva (p.
Mediante una amplia bibliografía y en concreto algunos tratados teológicos medievales o de la época moderna muestra cómo la metodología de la limpieza de sangre presente características complejas que abarcan el mundo jurídico, el social y el mental: «la limpieza de sangre no fue una constante estática, sino todo lo contrario, tuvo una variedad de significados y se adecuó a dinámicas especificas en su contexto histórico» (p.
Cuando, a partir del siglo XIV, los hebreos y después los mahometanos se convirtieron al cristianismo, la sociedad española acudió constantemente a dispositivos de exclusión ya no marcados por la adscripción a una comunidad religiosa, sino por el «imaginario colectivo» del linaje y la sangre.
El cambio definitivo respecto a la percepción del «otro» o de la «otredad» de las minorías (judías y musulmanas) se dio en términos jurídicos con la oficialización del nuevo «enemigo-neófito» en el estatuto-sentencia de Toledo.
Ahora era el converso el sujeto que se consideraba peligroso para la misma supervivencia de la sociedad española.
La originalidad del estudio de Herring Torres se centra en asociar el concepto de limpieza de sangre con el de racismo.
«La limpieza de sangre inició la metamorfosis de un "antijudaísmo religioso", característico en la Edad Media y Moderna en el ámbito europeo, para transformarse en un "antijudaísmo religioso-racial"» (p.
4 En «La nobleza ibérica y su impacto en la América española: tendencias historiográficas recientes» (pp. 63-76), de Óscar Mazín, se contextualiza, por mediación de la tratadística medieval y moderna y la historiografía europea, la nobleza hispánica como categoría moral, social y de movilidad y se llega a la conclusión que en el nuevo mundo la lejanía geopolítica consintió a los pobladores españoles deshacerse de los prejuicios «éticos-raciales» de la metrópoli o al menos aligerarlos.
Bajo el epígrafe de «Limpieza de sangre y construcción étnica de los vascos en el imperio español» (pp. 77-111), Bernd Hausberger ofrece un correcto panorama de las maneras en que algunos autores vascongados, a los dos lados del Atlántico, fundaron el discurso retórico de la supuesta limpieza de su estirpe en la Edad Moderna.
La noción de «limpieza de linaje» se cristaliza en el tema central de la identidad y los vascos se identifican a sí mismos como grupo minoritario privilegiado de la monarquía católica; cuando alegan, en términos simbólicos y reales, legales e identitarios, la ausencia de toda mancha a lo largo de su larga historia, anticipan en el imaginario colectivo la idea de «raza pura» de los siglos XIX y XX.
Citando el texto ya clásico de María Elena Martínez,5 Hausberger llega a la conclusión que el imaginario sobre la corrupción de la sangre en el mundo hispánico aparece con un planteamiento social y discursivo no sólo religioso sino también racista o «protorracista».
6 Javier Sanchiz es el responsable del trabajo «La limpieza de sangre en Nueva España, entre la rutina y la formalidad» (pp. 113-135).
A través de una extensa revisión historiográfica, enlista los escenarios principales de la limpieza de linaje en el virreinato en las pesquisas más recientes: Santo Oficio, Universidad, Colegio de abogados, provincias, órdenes religiosas, etcétera; describe los «espacios de la limpieza» en los fondos del Archivo General de la Nación de México, reflexiona sobre las calidades en la sociedad novohispana y afirma la sinonimia sangre-«vehículo transmisor»: la limpieza de sangre se puede considerar una condición «pre» o «paranobiliaria» como «resultado de un imaginario social» (p.
El historiador matiza su aseveración argumentando que por «noble de sangre» se entendía ser heredero de hidalgos y por «limpio de sangre» ser descendiente de los puros y no excluidos.
Finalmente, después de tratar la práctica de la exclusión en la Inquisición y las probanzas y licencias novohispanas, considera perspicazmente la limpie-za como un «requisito adicional» que los súbditos debían cubrir para optimizar las posibilidades de ascenso social o de acceso a una corporación o institución regia o a un empleo.
«Pureza, prestigio y letras en Lima colonial.
El conflicto entre el Colegio de San Martín y el Colegio Real de San Felipe y San Marcos (1590-1615)» (pp. 137-168), de Alexandre Coello de la Rosa, utilizando una vasta documentación, analiza la querella entre los dos cuerpos académicos citados sobre el «derecho de antigüedad» y sobre las prerrogativas y rentas que comportaba su reconocimiento por parte del rey.
Dicha disputa, que surge a causa de las transformaciones de los espacios educativos de la capital virreinal, encuentra su fulcro en los diferentes criterios de aceptación de los estudiantes: en San Martín se admitían criollos de provincias, mientras que en San Felipe se alojaban exclusivamente alumnos integrae famae et opinionis ex puro sanguine procedentes.
A lo largo del capítulo se afirma que las discriminaciones no se relacionaban con la raza, en su significación biológica contemporánea, sino con «razonamientos teológico-morales interpretados por los rectores de los colegios peruanos en el nivel local» (p.
Sin embargo, y en términos contradictorios, más adelante se asevera que «los criterios de distinción social enarbolados por el colegio de San Felipe dependían no sólo de las genealogías familiares sino también de las características fenotípicas de sus colegiales» (p.
«La limpieza de sangre: de las normas a las prácticas.
Los casos de Melchor Juárez (1631) y del padre fray Francisco de Pareja, comendador de La Merced (1662)» (pp. 169-185) se titula el artículo de Solange Alberro, que plantea, a través del estudio de esos episodios del siglo XVII, la labilidad de la regla de la limpieza de sangre en tierras americanas: formalmente acatada pero no cumplida a rajatabla.
En la administración cotidiana de las Américas las informaciones de limpieza de linaje no eran respectadas, incluso en institutos de gobierno que se suponían especialmente rigurosos en la selección de sus funcionarios.
Los expedientes de Melchor Juárez, secretario del obispo de Puebla, y Francisco Pareja, catedrático y maestro de La Merced, señalan cómo «el peso del contexto sociopolítico» se imponía a las normas en la materia (p.
En «Inquisición y limpieza de sangre en Nueva España» (pp. 187-217) Nikolaus Böttcher trata, gracias al dominio de las fuentes inquisitoriales españolas y mexicanas y desde un enfoque pluridisciplinar (el análisis discursivo, la biografía, la lingüística, la historia política y del derecho), unas cuestiones básicas de la limpieza de sangre como instrumento de segmentación sociocultural y como táctica de unión-exclusión.
A través de las «solicitu-des» de los aspirantes a las plazas del estado se precisan las consecuencias sociales de la limpieza de sangre y de la actuación del Santo Oficio, «entes de control y de adiestramiento poblacional» (p.
La vigilancia además muta con el tiempo: desde una primera etapa más rígida, entre 1535 y 1649, hasta las «grietas» de finales del siglo XVIII.
«Informaciones y probanzas de limpieza de sangre.
Teoría y realidad frente a la movilidad de la población novohispana producida por el mestizaje» (pp. 219-250), de Norma Angélica Castillo Palma, e «Ilegitimidad, cruce de sangres y desigualdad: dilemas del porvenir en Santa Fe colonial» (pp. 251-281), de Marta Zambrano, afrontan los temas de las mezclas de la sangre y la estratificación social en dos provincias de la corona hispánica, México y el Nuevo Reino de Granada.
Castillo Palma puntualiza el significado de pureza de sangre en la religión y su consecuencia legal como instrumentum regni: la exclusión de los mestizos.
Y subraya, en contradicción con otros apartados del mismo volumen y argumentando una supuesta abundancia de expedientes de limpieza en la última centuria de la Edad Moderna, «una mayor tendencia a obstaculizar la movilidad social de los "naturales de estos reinos"» (p.
Tal vez esta tajante aserción tendría que ser más documentada a través de un detallado estudio serial y cuantitativo de las probanzas mexicanas de limpieza producidas a lo largo de los tres siglos del dominio español.
En fin, añade un elemento poco conocido en el debate historiográfico: las pruebas de pureza indígena que atestiguan la identidad familiar y la ascendencia noble de un grupo autóctono.
Zambrano, manejando una extensa bibliografía internacional, adoptando un enfoque de género y de estudio de casos, explora con erudición la generación de la ambigua noción de «mestizo» en el virreinato neogranadino y explica cómo «el imaginario ibérico ideal de la época que preconizaba la rigidez de las clasificaciones sociales, tuvo que ajustarse repetidamente» por el choque entre civilizaciones y razas iniciado en las primeras fases de la conquista (p.
En el último título, «Del mestizo al mestizaje: arqueología de un concepto» (pp. 283-318), Guillermo Zermeño aborda el complejo tema histórico-filosófico del mestizaje como hecho que aspira a representar la identidad nacional mexicana.
Citando a Mora, Sierra, Vasconcelos, Ramos, Paz, Villoro, Zea y otros más y describiendo el largo camino histórico-semántico que transforma la palabra «mestizo» de la era colonial en la «idea incluyente» de «mestizaje» de la época nacional, verdadero recorrido del progreso civilizatorio que termina en 1950, concluye afirmando que el «elogio moder-no del mestizaje presupone [...] la abolición de una cierta noción de "pureza de sangre"» (p.
311 La obra que reseñamos representa un aporte importante en dos sentidos que complejizan la mirada sobre los procesos de construcción de los estados nacionales.
Por un lado, permite no sólo avanzar en una perspectiva comparativa sino incluso considerar problemáticas que atraviesan la cordillera en ese marco, y por otro, apunta a incluir en el proceso a múltiples actores sociales.
El libro consta básicamente de una introducción en la que los editores ubican el problema en el contexto de la historiografía latinoamericana, explicitan su apuesta teórica y metodológica a favor de un enfoque comparativo y destacan en términos generales las convergencias y divergencias entre Argentina y Chile en el periodo analizado.
Los textos que componen la obra se articulan en tres secciones.
Una primera sección, destinada a las instituciones, sus capacidades y límites, reúne tres capítulos.
El de Mauricio Rojas Gómez se concentra en las prácticas de control social por parte de la jerarquía eclesiástica y las autoridades civiles, examina las tensiones que recorren su implementación y las modalidades de una moralidad oficial y otra distinta practicada por la mayor parte de la población.
El de Roberto Schmit y Andrés Cuello da cuenta de las interacciones entre el proyecto nacional y su recepción en ámbitos locales como la provincia de Entre Ríos, haciendo un recorrido sobre las transformaciones del derecho de propiedad y las regulaciones de control social de la población rural entre 1850 y 1870.
La contribución de Gabriel Carrizo se dedica a repasar las alternativas de la materialización del control a través del estudio de la organización de la policía del Territorio Nacional del Chubut y las prácticas de resistencia de los sectores subalternos entre fines del siglo XIX y principios del siguiente.
La segunda sección está compuesta en su totalidad por artículos de autores chilenos como Milton Godoy Orellana, Hugo Contreras Cruces y Manuel Fernández Gaete, Rodrigo Araya Gómez, y Leonardo León Solís.
ISSN: 0210-5810 explora las respuestas y resistencias populares (en el marco del carnaval, el bandidaje rural, la criminalidad), ante las políticas estatales de control social desde la década de 1840 hasta el fin de siglo.
Finalmente, la tercera sección contiene tres contribuciones.
La de Daniel Palma Alvarado analiza las modalidades de la movilización popular en distintos puntos de Chile en el contexto de los motines de 1850-1851; en la de Ernesto Bohoslavsky, su repaso de los procesos protagonizados por las organizaciones gremiales del extremo sur de Argentina y Chile en las primeras décadas del siglo XX, le permite -a través de la articulación de un análisis de clase con la movilización y política-rediscutir «el problema más general de la construcción de ciudadanía desde arriba y su recepción, adaptación y apropiación desde abajo» (p.
Por último, el capítulo de Lisandro Gallucci se concentra en las formas híbridas de las prácticas políticas en Neuquén durante los primeros años del siglo XX, repasando las características de la participación de los «notables» y de los sectores subalternos.
Ninguno de los capítulos se focaliza exclusivamente en sectores de elite, intermedios o subalternos por más que estén ubicados en secciones que apuntan a enfatizar los márgenes de acción de unos u otros, sino que la gran mayoría tiene en cuenta las densas tramas de relaciones en que están insertos.
Quizás la única excepción, o al menos la más evidente, esté constituida por el texto de León Solís, donde se aborda la cuestión del bandidaje rural en la Araucanía entre 1880 y 1900, sin acompañar ese objetivo de ninguna referencia a los estudios de Hobsbawm, ni a las superaciones que de sus planteos se han verificado desde el debate Slatta-Joseph de principios de la década de 1990 en las páginas de Latin American Research Review.
La obra se cierra con un excelente epílogo redactado por Germán Soprano que no sólo realiza un balance de los capítulos, sino que propone, creo, una agenda de investigación muy interesante sobre cuyos principales puntos vale hacer una serie de breves consideraciones.
En primer lugar, el autor se pregunta de qué manera sería posible que estos trabajos permitan «reconocer e inscribir en un relato historiográfico más pluralista sobre estos dos países unos sujetos habitualmente tenidos por periféricos, físicamente distanciados [...] de los actores y de los centros del poder metropolitano de los estados nacionales» (p.
Para ello, sugiere inscribirlos no sólo en Argentina y Chile, sino compararlos con otros escenarios en una dimensión regional latinoamericana, lo cual, entiendo, permitiría la superación de aquel entrampamiento de la historia como «biografía de la nación».
En segundo lugar si bien relacionado con lo anterior, y dado que tanto historiadores argentinos como chilenos conciben la frontera como problema y objeto de interés en común, Soprano observa que se trata de un «escenario intelectual particularmente fecundo para comprender históricamente la singular conformación que asumen los procesos de estatización y nacionalización de espacios sociales y de las poblaciones en las fronteras» (p.
En tercer lugar, aunque reconoce que la mayoría de los trabajos tienen por referencia los procesos de conformación de los respectivos estados nacionales, Soprano argumenta que esta matriz no siempre constituye una referencia hermenéutica socialmente eficiente, y no siempre lo es tampoco para las poblaciones en estudio.
En lugar de ello, propone la región como categoría más adecuada para evitar la introducción a priori del esquema propio de los estados-nación.
Finalmente, Soprano inscribe los trabajos argentinos y chilenos en sus respectivos contextos historiográficos con el propósito de adelantar algunas otras posibilidades.
En el caso de los historiadores argentinos, señala su simpatía por un enfoque reciente en la historiografía argentina que omite «interpretar de antemano al Estado Nacional o a cualquier otra forma del orden estatal como el promotor principal y excluyente de la unidad económicosocial, política y cultural en la historia de la sociedad argentina» (p.
No obstante, sostiene que para lograr que esas iniciativas cuajen en nuevas síntesis sería necesario poner en diálogo una serie de investigaciones dispersas que actualmente circulan por carriles muchas veces distantes entre sí.
En el caso de los historiadores chilenos, señala las dificultades de una historiografía que, aunque tiene el foco aplicado sobre los sectores subalternos y se ocupa de sus propias iniciativas y experiencias, termina -en general-por centrar sus intereses analíticos en las agendas que fijan las elites estatales, políticas y /o sociales.
En resumen, la compilación de Bohoslavsky y Godoy Orellana representa un enfoque recomendable no sólo como lectura, sino para su inclusión en la bibliografía de las cátedras de historia nacional y americana.
La obra aparece en un momento en que resulta necesario revisar la producción historiográfica que mira los procesos de construcción estatal desde los centros de cada país y sigue presentando periodizaciones y regionalizaciones que varios investigadores vienen discutiendo hace al menos una década.
No se trata sólo de un excelente libro de historia regional, sino de un conjunto de aportes que, en palabras de sus autores, procura «pensar un problematizar una serie de macro-problemas de la historia latinoamericana (tales como los procesos de construcción del orden social o sus desafíos) tomando como estudios de caso a microregiones)» y lo logra acabadamente.-CLAUDIA SALOMON TARQUINI, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)/Instituto de Estudios Socio-Históricos de la Universidad Nacional de La Pampa.
La obra que presentamos deja la reflexión de que es muy poco lo que sabemos sobre los cabildos en la América hispana, y lo mucho que debemos celebrar el empeño que ha puesto José Luis Caño Ortigosa, para que su investigación constituya una importante contribución al conocimiento de esta compleja institución y de la sociedad en la que se inserta.
El municipio indiano como objeto de análisis de las ciencias sociales tiene una larga trayectoria que arranca de mediados del siglo XX, aunque es a partir de las últimas décadas que su estudio se complejiza al integrar el escenario institucional y el social.
Pese a los importantes frutos dados por este nuevo enfoque, no son muchos los trabajos que se pueden citar, si bien ahora se vine a sumar este estudio sobre el cabildo de Guanajuato, importante ciudad minera ubicada en El Bajío, una de las regiones más dinámicas de la Nueva España en el siglo XVIII y que destacó por su desarrollo urbano y producción agrícola.
Precisamente por insertarse en este contexto espacial tan pujante, es que el estudio del cabildo de Guanajuato tiene pertinencia y cobra protagonismo entre los trabajos publicados en esta línea.
Producto de la tesis doctoral de su autor, esta obra recorre a lo largo de sus casi 500 páginas la historia de esta intuición de gobierno municipal desde mediados del siglo XVII, que es cuando se funda el primer cabildo, hasta 1741 cuando la villa es elevada a la categoría de ciudad.
Y para abordarlo, Caño Ortigosa incursiona en la historia comparada confrontando el cabildo de Guanajuato, cuando es posible, «con algunos de los concejos de las principales ciudades del imperio y con otros que presentaban un carácter más provinciano», como él mismo nos anuncia al principio de su libro.
Pese a una realidad marcada por la escasa bibliografía existente sobre la historia de Guanajuato en su etapa colonial, que contrasta con la riqueza de su pasado, el autor arranca en el primer capítulo de la obra con un completo estudio de esta ciudad minera desde el surgimiento, a mediados del siglo XVI, del pequeño centro minero bautizado por los españoles con el nombre de Santa Fe de Guanajuato, hasta su integración en los mercados regionales de El Bajío y más tarde del virreinato.
De esta forma se va describiendo el desarrollo demográfico y económico que es el sustento del largo camino iniciado por el centro minero hasta la obtención del privilegio de villa.
A este respecto cabe mencionar la importancia que tuvo su rico subsuelo para que Guanajuato pasara de ser un pequeño «villorrio» -a decir RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS del autor-a posicionarse, tras el descubrimiento de ricas vetas de plata para mediados del siglo XVIII, como una de las ciudades más prósperas del imperio español.
Con este escenario armado, el autor pasa a analizar la configuración del cabildo y lo hace de modo espléndido y con gran habilidad al ensamblar la secuencia temática con la cronológica.
Parte de una institución en estado casi embrionario, conformada por un alguacil mayor y dos diputados mineros, hasta llegar a un cabildo de gran complejidad, representativo de la pujanza de Guanajuato en siglo XVIII, compuesto por dieciséis regidores, dos alcaldes ordinarios, dos alcaldes provinciales de la Santa Hermandad, un procurador mayor, y cuatro escribanos que auxiliaban en las funciones del cabildo.
Figura clave de esta estructura institucional es el alcalde mayor, que es analizado de modo exhaustivo en el segundo capítulo.
De este funcionario, máximo representante del poder del rey, se describen sus competencias y se revela que para el caso de Guanajuato acumuló, en consonancia con las características geográficas y económicas de la región, ciertas prerrogativas que lo diferenció de otros alcaldes mayores de la Nueva España.
Así, entre otras atribuciones, el alcalde mayor en Guanajuato tenia la facultad, como presidente del cabildo, de proponer a los candidatos para los oficios electivos cadañeros del ayuntamiento y aceptar o rechazar el resultado de la elección.
Una gran aportación de esta obra, y que ayuda al esclarecimiento de este oficio, es el estudio de las competencias de los funcionarios interinos, de quienes se ha logrado identificar los nombres de un gran número de ellos, así como el tiempo que ejercieron el cargo, por lo que se llega a la conclusión de que se trata de una figura de suma importancia en la labor de control de las autoridades locales en materia de gobierno, justicia y milicia.
En definitiva, el capítulo nos presenta en toda su complejidad y amplitud a un actor clave para entender el control que ejercían las elites urbanas sobre las regiones de la Nueva España y, no obstante, hasta el momento poco iluminado por la historiografía especializada.
Gran especialista en la temática, Caño Ortigosa percibe al cabildo como una de las principales instituciones que otorgaban poder y prestigio, y aprecia cómo ser miembro de este ámbito cerrado implicaba ciertos privilegios que redundaban en provecho personal y familiar.
De ahí el análisis de la configuración del cabildo guanajuatense, que identifica las distintas modalidades de ingreso que tuvieron los vecinos de la villa y nos muestre que, junto a los mecanismos tratados por la historiografía especializada -como fueron la venta y renunciación de los oficios capitulares o la elección anual-, los mineros y comerciantes de Guanajuato alcanzaron ciertas prerrogativas.
Demuestra así, cosa que no es tan sencilla, que la estructura de los cabildos no fue rígida, sino que hubo una evolución en el tiempo y una adaptación a la realidad del lugar; en este sentido, el análisis del cabildo de Guanajuato resulta modélico.
El estudio institucional se aborda en los siguientes capítulos, que manifiestan el exhaustivo trabajo del autor para identificar cada uno de los oficios capitulares que componen el cabildo guanajuatense, definir sus funciones y establecer las prerrogativas de los miembros de la corporación.
Sin duda una labor nada fácil que, gracias al atinado acierto de incursionar en la historia comparada, nos acerca a los pasillos y estancias de los cabildos indianos ya estudiados y nos revela que no hubo un patrón fijo, sino que la diversidad se impuso en la estructura y composición de estas instituciones en función de las particularidades geo-económicas en que estaban insertos.
Al hablar de los oficios resulta necesario abordar el proceso de enajenación que se dio en América en el periodo colonial y poner en evidencia las cotas de poder, riqueza y prestigio que otorgaba a nivel local, regional, virreinal o, incluso, imperial, -a decir del autor-, el ser miembro del cabildo.
Pero no sólo esto, también es preciso conocer si los diversos oficios eran de elección o enajenables y si representaban cargos de privilegio o de función.
De ninguna de estas variables se olvida Caño Ortigosa, quien sabe que sólo de este modo, al identificar las diferencias, se puede entender la relevancia de cada puesto y el atractivo que su desempeño podía despertar entre los miembros de la elite.
Esto explica la magnífica propuesta de presentar primero, en el capítulo cuarto, los oficios electivos y estudiar en el quinto y sexto los vendibles y renunciables.
Tal tipificación y ordenamiento de los oficios del cabildo de Guanajuato permite que, como explica el autor, «puedan comprenderse mejor las causas que motivaron el carácter que se decidió que tuvieran, cómo influyó el tipo de oficio en el modo de ejercerlos y en las personas que pudieron desempeñarlos, así como las consecuencias que se derivaron de todo ello».
Por último, agotado el escenario institucional, Caño Ortigosa incursiona en lo que es su otro gran objeto de estudio: identificar a la elite que se incorpora al cabildo.
Su interés se centra ahora en descifrar los mecanismos y prácticas sociales utilizadas para defender sus intereses individuales y los de grupo, así como en comprender las oportunidades estructurales y coyunturales de las que se beneficiaron para lograr situarse en la cúspide de la estructura sociopolítica local.
Muestra cómo el análisis prosopográfico, con la perspectiva de las redes sociales, permite ir más allá de la normativa y medir la capacidad de adaptación social, así como matizar la imagen del enfrentamiento entre criollos y peninsulares.
De esta forma, se comprueba que Caño Ortigosa logra alcanzar el objetivo de su investigación, que no es otro que el manifestado por Giovano Levi cuando se refiere al estudio de un exorcista de Santena en el siglo XVII: «El tema de este libro no es ni una revuelta abierta ni una crisis definitiva, ni una herejía profunda ni una innovación conmovedora, sino más bien la vida política, las relaciones sociales, las reglas económicas, las relaciones sociológicas de un periodo normal que permite contar cuantas cosas importantes vemos producirse cuando aparentemente no pasa nada».
Una atinada cita que resume el contenido de la obra y que el autor ha elegido como epígrafe para poner a la cabeza de su libro.
Por lo anterior, podemos decir que se trata de una obra que aporta un gran conocimiento al tema de los cabildos indianos y ello pese a las dificultades documentales que el autor encontró a lo largo de su investigación.
Por ejemplo, el no contar con muchas de las actas de cabildo para el siglo XVII y XVIII, que es la principal fuente documental para estudiar esta institución, ni con las ordenanzas municipales y disponer de un volumen menor de la correspondencia remitida por este centro minero.
Por fortuna este escollo se salvó gracias a la incorporación de fuentes menos clásicas, como los protocolos de cabildo, y a una ardua labor de búsqueda y rastreo documental en un gran número de archivos españoles, mexicanos y de Estados Unidos.
Sorprende el manejo de una extensa bibliografía especializada que incluye desde las obras más clásicas y de difícil consulta, hasta las de más reciente publicación, sin detectarse omisiones sobre la temática.
Un aspecto destacable de esta obra son los apéndices, que son testimonio del gran volumen de documentación que se ha manejado y que en muchos casos rebasa el marco cronológico establecido en la investigación; como también el prólogo de Manuela Cristina García Bernal, pionera en el estudio de las elites capitulares indianas, que cumple muy bien su función: valorar de modo objetivo y adecuado el trabajo dentro de la historiografía sobre el tema.
En cuanto a las cuestiones formales, el libro es bastante afortunado y presenta una edición clara y limpia, si bien se echa en falta, por su carácter académico, la inclusión de un índice analítico.
En definitiva, Cabildo y círculos de poder en Guanajuato (1656-1741) es un excelente trabajo de investigación, que a partir de ahora se constituye en una obra de consulta obligada para el estudio de los cabildos indianos y de las elites capitulares.-MARÍA PILAR GUTIÉRREZ LORENZO, Universidad de Guadalajara (México).
Desde que en 1844 se firmó el tratado de paz por el que España reconocía la independencia chilena, las relaciones entre los dos países no fueron precisamente cordiales hasta que en 1883, tras la intervención de Chile apoyando a Perú en su enfrentamiento con España, un nuevo tratado ponía fin a la hostilidad entre ambos.
Pese a ello, a finales del siglo XIX la situación no parecía haber cambiado demasiado; aunque los enfrentamientos hubieran desaparecido, este hecho no implicó, realmente, un acercamiento efectivo entre las dos naciones.
Por aquellos años España, a raíz de la pérdida de las Antillas, se replanteaba sus conexiones con las antiguas colonias.
El «desastre» del 98 no sólo había dejado patente que no era una gran potencia, sino que despertó serios temores sobre la política expansionista de los Estados Unidos, a los que desde entonces se mira como «el gran enemigo» de la cultura hispana, para cuya defensa, frente al impulso anglosajón, debían reunirse todos los pueblos que la integraban.
Ese cambio de rumbo era apoyado por amplios sectores de la clase dirigente, que estaban en desacuerdo con la política seguida hasta entonces respecto a América Latina, plagada de recelos mutuos, y cuyo único resultado había sido el alejamiento de países que consideraban «hermanos» y, todavía en parte, como una prolongación de la propia península.
Las publicaciones españolas de principios del siglo XX insistían, una y otra vez, en la necesidad de incrementar el comercio con las antiguas colonias, estableciendo nuevas líneas de navegación y celebrando exposiciones comerciales que reactivaran las relaciones mutuas.
Y es precisamente en esa época en la que el autor inicia su investigación sobre las relaciones hispano chilenas, investigación que extiende hasta la tercera década del siglo XX, con el propósito de analizar las relaciones entre los dos países en una etapa que considera clave para el capitalismo contemporáneo, y que viene a rellenar un claro hueco historiográfico.
Aunque dividida en tres capítulos (relaciones diplomáticas, relaciones económicas y productos de intercambio comercial), lo cierto es que la obra se divide realmente en dos partes, mucho más amplia la segunda que la primera, en las que se analizan las relaciones diplomáticas y económicas separadamente; y es que, en definitiva, como afirma el autor, fueron estas últimas las que determinaron el carácter y la intensidad de los contactos entre las dos naciones.
En la primera de ellas, utilizando una bibliografía contrastada y documentación de archivos españoles y chilenos, el autor parte del nacimiento del «hispanoamericanismo» en España para explicar los esfuerzos realizados por los gobiernos peninsulares por intensificar las relaciones con las antiguas colonias, así como las dificultades a que tuvo que hacer frente ese nuevo rumbo político.
Y es que en aquellos momentos, como se muestra con claridad en la presente obra, España no era una prioridad para la república chilena, que centraba sus relaciones exteriores en aquellos países con los que venía manteniendo relaciones económicas significativas.
Como ejemplo de ello, indica el autor, si bien España mantuvo una legación en Chile de manera permanente desde la firma del tratado de 1883, hasta 1908 no se nombró un representante chileno «permanente» en Madrid.
De acuerdo con esa falta de interés, Carrellán Ruiz nos muestra cómo esas relaciones, en general cordiales, se mantuvieron en un ámbito estrictamente formal, limitándose, prácticamente, al ámbito militar.
Desde comienzos del siglo XX España, como táctica para su acercamiento, dio amplias facilidades a sus antiguas colonias tanto para la formación de estudiantes en las universidades españolas como para la de militares en sus academias.
Y en el caso de Chile esa política comenzó a dar ciertos frutos, especialmente cuando la primera guerra mundial le impidió tanto la compra de material bélico como la formación de los miembros de su ejército en otros países (Alemania, Francia o Gran Bretaña).
En unos momentos en que procedía a la modernización de aquél, la antigua metrópoli le daba facilidades en este campo; y Chile supo aprovecharlas, siendo en este aspecto en el que se centraron las relaciones diplomáticas hispano chilenas, que se vieron intensificadas después por el acercamiento ideológico que tuvo lugar con la llegada al poder de Primo de Rivera en España y del general Ibáñez del Campo en Chile.
La segunda parte (capítulos 2 y 3) está dedicada a las relaciones comerciales que, como afirma el autor, son las que marcan realmente el acercamiento entre ambos países.
Ese comercio se centró, como se indica ya en el título del libro, en el salitre; y a la evolución de su tráfico dedica el autor gran parte de este bloque, en el que se analizan las vicisitudes que en los treinta años tratados experimentó dicho comercio, así como los intentos de las autoridades por normalizarlo.
Sin embargo, nos dice también, esos esfuerzos no fueron suficientes para acabar con los múltiples problemas que lo dificultaban (empezando por la falta de líneas de navegación regulares), y que se veían agravados por el hecho ya señalado de que España no era, en principio, un socio comercial demasiado importante para Chile.
Y es que aunque el mercado español fuera un destino interesante para su salitre, Chile no tuvo, en general, problemas para abastecerlo a través de terceros países.
Sólo cuando la guerra europea dificultó el suministro, y sus exportaciones comenzaron a sufrir por la competencia de los nitratos artificiales, Chile comenzó a prestar una mayor atención a sus relaciones directas con España, atención que se vería incrementada cuando con la llegada de Ibáñez del Campo al poder tuviera lugar, también, el acercamiento político.
Ilustrada con una serie de tablas y gráficos significativos para valorar el intercambio comercial, los productos de ese intercambio y, esencialmente, el papel fundamental del salitre en el mismo, la presente obra nos ofrece una panorámica detallada de las relaciones económicas entre ambos países en los primeros 30 años del siglo XX, relaciones que ayudan a explicar lo que fueron los contactos políticos y diplomáticos en ese periodo, en el que Chile se convirtió en el segundo país iberoamericano en cuanto al valor de las mercancía importadas por España, pese a que a la hora de comprar allí su puesto no pasó, en ningún momento, del octavo lugar.
Con la utilización de una bibliografía solvente y una interesante base documental, la obra viene a completar una serie de estudios que, con motivo de la celebración del bicentenario de las independencias latinoamericanas, se han venido realizando recientemente con el fin de ilustrar lo que fueron las relaciones de las nuevas naciones con su antigua metrópoli, para concluir, en el caso chileno, y a diferencia de lo que ocurrió con otros países del área, que a pesar de los esfuerzos de España esas relaciones no alcanzaron la intensidad pretendida por ésta.-ROSARIO SEVILLA SOLER, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC, Sevilla.
Carrillo Cázares, Alberto (ed.): Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano (1585).
Directorio de confesore (edición, estudio introductorio, versión paleográfica, aparato crítico de variantes y traducción de textos latinos), Quinto tomo, Zamora (Michoacán), El Colegio de Michoacán-El Colegio de México, 2011, 360 pp., fotos blanco y negro.
El Tercer Concilio Mexicano es, sin duda alguna, el evento jurídicocanónico más importante del periodo colonial en el virreinato de la Nueva España.
Los instrumentos pastorales del Tercer Concilio Mexicano -ritual, catecismo, directorio de confesores-no merecieron el honor de las prensas, y quedaron al margen de la acción pastoral, escondidos en unas pocas versiones manuscritas.
Es en esta tesitura en la que se enmarca la presente edición del Directorio para confesores y penitentes del Tercer Concilio de México, RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS obra del Dr. Alberto Carrillo Cázares.
El autor es profesor investigador del Centro de Estudios de las Tradiciones en El Colegio de Michoacán (Zamora, México).
Quizás la actividad más sobresaliente que ha realizado Carrillo es la de impulsar un grupo internacional de trabajo sobre los concilios provinciales mexicanos, cuyo fruto más importante ha sido la edición del propio Carrillo de los Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano (1585), en cuatro volúmenes publicados entre 2006 y 2009 por El Colegio de Michoacán (en el primer tomo en coedición con la Universidad Pontificia de México).
Se trata de la trascripción y edición de los volúmenes de la Bancroft Library de Berkeley, que contienen las actas del concilio (Mexican manuscripts, vols. 266-269).
La obra que ahora comentamos es el quinto tomo de la colección Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano.
En el Estudio introductorio el autor no hace una presentación general del Directorio, sino que profundiza en algunos aspectos.
Carrillo pasa luego a describir los cinco manuscritos del Directorio que se conocen.
Tres de ellos contienen el texto completo: 1) Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 7196, fechado en 1599; 2) Archivo de la Catedral de México, fondos microfilmados, libros diversos, XVI, 1401, letra del s. XVIII, con notas; y 3) Biblioteca Pública de Castilla-La Mancha en Toledo, fondo Borbón-Lorenzana, ms. 47, del s. XVIII.
Leyendo esta introducción llaman la atención del lector dos cuestiones: la enorme riqueza del Directorio por su contenido (moral, pastoral, espiritual, social, jurídico), y su vocación a fomentar un profundo cambio en la sociedad, que se vio frustrada por la no publicación.
En primer lugar se presenta la génesis y progresiva formación del documento.
Éste nace con el encargo oficial del Concilio al jesuita Juan de la Plaza de dos instrumentos, un «Confessionario» para españoles e indios, y una «Ynstrucción de examinadores y examinandos».
El Directorio está dividido en dos partes desiguales: la primera, más breve, es el texto de referencia para examinar a los candidatos a confesores.
No es muy diferente a otros instrumentos similares de Europa, y se ocupa de los pecados, casos de conciencia, censuras y excomuniones, descritos con sentido a la vez técnico y pedagógico, siguiendo la teología moral del momento.
La parte más rica y extensa, sobre la que se han ocupado algunos investigadores, es la «Dirección para confesores y penitentes».
Se compone de elementos de teología moral (interrogatorios por mandamientos y por pecados), espirituales/pastorales (virtudes del confesor, confesión de gente devota, orden de vida tras la confesión), de moral profesional (obligaciones específicas por razón de la profesión), moral económica (contratos), jurídicos (testamentos) y de justicia social (repartimientos de indios).
No se trata de un documento cerrado en sí mismo, sino concebido en estrecha unión con los decretos.
Como sintetiza Carrillo, «el Directorio resume el Concilio convirtiéndose en un instrumento de pastoral pensado como la manera práctica de hacer efectiva la reformación de la vida novohispana» (p.
La confesión -obligatoria para todos los fieles una vez al año-se veía como el medio ideal para purificar las conciencias y sanear la sociedad.
En las pp. LXIII-LXXVI, el autor ofrece la lista de las fuentes citadas en el Directorio, que refleja la ciencia jurídica y teológica de los padres conciliares, a la que se añade la personal de Juan de la Plaza.
Cierra el estudio introductorio un muy útil «Sumario del Directorio de confesores del Concilio III Provincial Mexicano (1585)», el cual quizá hubiera sido mejor situar dentro del índice general del volumen.
Siguen 335 páginas con el texto del Directorio, editado con la maestría ya demostrada por el autor en los anteriores volúmenes de Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano.
Se han usado los tres manuscritos completos del Directorio.
Destacan algunas características: la calidad paleográfica, las notas a pie de página con el aparato de variantes, las notas originales de los otros manuscritos y otras incidencias, la traducción de fragmentos latinos respetando los originales.
Se podría calificar la edición como de una sobria perfección, en el sentido de que el lector puede encontrar lo que busca sin estridencias, gracias a la ordenada y clara presentación de todos los elementos necesarios en una edición crítica.
Cierran la obra diversas secciones muy de agradecer: un glosario y tres índices onomástico, temático y toponímico.
Estamos delante de una excelente edición de uno de los instrumentos pastorales sobre la confesión más interesantes del mundo postridentino.
Con la obra de Carrillo se abre un importante campo de estudio para historiadores (historia de la Iglesia, de la vida social y económica, etc.), juristas (historia de las instituciones y de la doctrina canónica y civil), y teólogos (moralistas, estudiosos de la doctrina social de la Iglesia, de la espiritualidad, de los sacramentos, etc.), por no referirnos también a los antropólogos y a otros científicos.
El Directorio es fruto de un trabajo en equipo, aunque lleva la impronta de Juan de la Plaza.
Se trata de uno de los ejemplos más claros del nivel alcanzado por la Iglesia mexicana en los años finales del siglo XVI, en aspectos tan dispares como el derecho canónico, la moral, la justicia social, la espiritualidad, etc. En el Directorio se dan cita tradiciones muy diversas: académicas y pastorales, con aportes de los obispos, del clero regular y secular y hasta de laicos.
La no publicación de esta obra fue, sin duda, una gran pérdida para la Nueva España.
De alguna manera, la edición que presentamos nos «consuela» académicamente y nos estimula a seguir ahondando en las riquezas del Tercer Concilio de México.-LUIS MARTÍNEZ FERRER, Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma).
Felices de la Fuente, María del Mar: La nueva nobleza titulada de España y América en el siglo XVIII (1701-1746): entre el mérito y la venalidad, Almería, Universidad, 2012, 524 pp.
Este libro es uno de los frutos de la excelente tesis doctoral de la autora, realizada dentro del espacio de investigación modernista que lidera el profesor Francisco Andújar Castillo en la Universidad de Almería.
La filiación académica no es gratuita ni baladí.
El libro se caracteriza continuamente por bondades características del círculo modernista almeriense: atención a grandes problemas históricos, preocupación por desvelar las falsedades y los silencios de la documentación, cruce de fuentes como método crítico para conseguirlo, interés por el tema de la venalidad, cronología dieciochesca, elegancia literaria y conciencia de la necesidad de integrar la historia colonial americana dentro de la historia española.
La nueva nobleza titulada de España y América es una verdadera obra de escuela, en el mejor sentido que puede darse a esta expresión.
El propósito de estas breves líneas es ponderar la riqueza del abundante material americanista que contiene el libro, aunque para ello será menester partir de una sucinta exposición de su planteamiento general.
Felices de la Fuente ha abordado en su investigación el proceso creativo de títulos nobiliarios en el mundo hispánico en tiempos de Felipe V. Haciendo uso de una metodología muy novedosa, ha llegado a conclusiones importantes: la relativa intensidad del fenómeno (continuista con el reinado de Carlos II), la primacía de la vía ejecutiva en la tramitación de los títulos, la ausencia real de controles sobre el origen social de los agraciados, la amplitud cuantitativa y cualitativa del fenómeno venal y el peso equiparable de concesiones por méritos y servicios, sobre todo en el marco de la Guerra de Sucesión.
Entre todas estas ideas, se sitúa una tesis central a través de la cual la autora afirma que la prodigalidad de Felipe V supuso una renovación profunda de la nobleza titulada, que definitivamente dejó de ser aquel grupo reducido de dinastías linajudas al que se había reducido hasta mediados del siglo XVII.
La nueva nobleza titulada fue realmente nueva en un sentido muy profundo que va más allá de la simple contabilización de títulos de reciente creación.
ISSN: 0210-5810 mente, «configuró una aristocracia leal, de confianza, y en cierto modo dependiente, que asegurara la estabilidad plena del sistema.
Era una forma más de evitar posibles reacciones nobiliarias en contra del poder real, como las que se habían experimentado durante el cambio dinástico» (p.
La primera parte del libro disecciona la estructura institucional y el proceso burocrático que produjeron los nuevos títulos nobiliarios.
La autora ha logrado reconstruir la vía de tramitación de 67 títulos indianos (sobre un total de 78): 51 fueron concedidos por decreto ejecutivo, 13 por consulta de la Cámara de Castilla y sólo 3 por consulta del Consejo de Indias.
Las cifras recalcan la primacía de la vía ejecutiva sobre la consultiva y demuestran una participación minoritaria de los organismos políticos indianos en la Corte.
La explicación de esto último es sencilla: los llamados títulos de indianos fueron concesiones realizadas a indianos, pero administrativamente fueron títulos de Castilla.
La segunda parte del libro estudia el conjunto de los nuevos títulos nobiliarios, dentro del cual los títulos indianos fueron una parte destacada.
Felices de la Fuente ha contabilizado un mínimo de 318 títulos expedidos en tiempos de Felipe V. De ellos, 207 han sido calificados como peninsulares y 78 como indianos, quedando indefinido el origen geográfico de los 33 restantes.
El libro nos presenta un apasionante retrato de grupo de estos títulos indianos.
Merecerían destacarse muchos de sus rasgos, pero entre ellos llama poderosamente la atención un dato central: sólo dos títulos se concedieron por servicios personales directos a la Monarquía, mientras que 57 fueron títulos venales con total certeza, otros 16 lo fueron con un alto grado de probabilidad y sobre otros 3 se cierne la duda, porque su concesión se otorgó a personas «sin grandes méritos».
La conclusión es el predominio aplastante de lo venal sobre la vía del mérito personal, que se hace aun más llamativa cuando se establece la comparación con los 207 títulos peninsulares, de los cuales 149 se otorgaron por méritos y servicios y sólo 58 pueden clasificarse como venales con distinto grado de certidumbre.
La identidad de los compradores podría explicar la enorme incidencia de la venalidad y, a tales efectos, Felices de la Fuente explica que muchos de ellos eran grandes mercaderes que compaginaron su actividad comercial con inversiones en otros sectores, como el minero, el agropecuario o el financiero.
Los beneficios que obtuvieron fueron invertidos en su ascenso social a través de la compra de cargos y honores, entre los cuales los títulos nobiliarios eran la pieza culminante.
Esta catalogación explica con claridad la presencia minoritaria del componente americano en los capítulos dedicados a la nobleza titulada de servicio y la mayor atención recibida en los capítulos dedicados a los títulos venales.
Felices de la Fuente desvela en estos últimos un auténtico sistema en el que los títulos nobiliarios se ponían a la venta en mercados muy diversos: el primero de todos era la propia Corte, pero a ella se sumaban (previa licencia real) las instituciones religiosas, los municipios, los virreyes y los gobernadores americanos e incluso algunos particulares.
A su vez, en estos mercados se compraba a través de diversas modalidades: por transacción directa, por financiación de obras públicas, por contribuciones directas a la guerra...
Pudiéramos dar por hecho que los indianos sólo compraron títulos a los gobernantes coloniales, pero no fue así, porque también supieron aprovechar las oportunidades que se ofertaban desde la Península.
En realidad, como la autora demuestra, los indianos se las ingeniaron para adquirir títulos a través de la mayor parte de las vías posibles.
Recuérdese: administrativamente los títulos indianos eran en su mayoría títulos de Castilla, cuya negociación se canalizaba a través de diversos espacios situados físicamente en la geografía peninsular.
La lectura del libro proporciona al historiador americanista un bagaje de información e ideas que le obliga a plantearse preguntas.
Tal vez las más acuciosas sean las que se refieren a las evidentes divergencias que se verifican en la instalación de las mesocracias indianas y las peninsulares en la cúspide de la nobleza titulada.
Felices de la Fuente intenta responderlas invocando en primer lugar la «mayor ambición social por parte de quienes disponían de grandes capitales» en América y, después, la «tradición venal» indiana, que desde el reinado de Carlos II habría conocido una «prolongación natural» en la venta de títulos (pp. 408-9).
La propuesta es obviamente susceptible de ser aprobada, matizada o rechazada, como cualquier explicación histórica de largo alcance, pero nadie podrá negar nunca a la autora el mérito extraordinario de haber construido una base de datos de óptima fiabilidad para formularla y haber sentado con ella los cimientos para un debate histórico de primer nivel.
Ojalá otros historiadores no tarden en recoger el guante tendido por esta magnífica investigación.-JOSÉ MANUEL DÍAZ BLANCO, Universidad de Huelva.
García-Abásolo, Antonio (coord.): La Música de las Catedrales Andaluzas y su Proyección en América, Córdoba, Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones / Caja Sur, Obra Social y Cultural, Servicio de Publicaciones, 2010, 341 pp., ilustraciones + gráficos.
El presente libro, dedicado a la música de las catedrales andaluzas y su proyección en América, es resultado de los trabajos de investigación desarro-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788.
Intercambios y trasferencias culturales», patrocinado por la Junta de Andalucía.
En los últimos años se ha producido un auge en el estudio de la música en la América hispana: publicaciones científicas y grabaciones sonoras que rescatan antiguas partituras olvidadas han venido a rellenar lagunas sobre un campo de estudio fascinante.
Y es que la música es parte fundamental de la vida de todas las sociedades; y, como no podía ser de otro modo, también lo fue de la sociedad indiana.
Como decía un verso de Pedro Calderón de la Barca la música es el imán de los sentidos.
En ese contexto el libro coordinado por el doctor Antonio García-Abásolo, catedrático de Historia de América de la Universidad de Córdoba, resulta muy pertinente al tratar diversos aspectos de interés en relación a la música hispano-americana entre los siglos XVI y XVIII.
Un importante objetivo se plantea la obra: «insertar en el marco social, económico y político correspondiente la historia de la música y de los músicos» (pp. 9-10), poniendo en valor la música renacentista y barroca de la época virreinal española: la de las catedrales y otros centros religiosos destacados, la música indígena, y la música doméstica o profana.
En este libro se atiende al primer grupo, esto es, a la música elaborada o interpretada en señalados templos indianos a mayor gloria de la liturgia y el culto divino.
Música que inundaba sus naves, enriqueciendo unas magníficas ceremonias llenas de belleza y plasticidad.
Estudiar estas partituras, las historias que rodean a sus compositores y el devenir de su difusión y aceptación en España y en América es otra vía de acercarse al estudio del pasado.
De la presencia de la música y de lo musical en la vida cotidiana indiana nos hablan infinidad de manifestaciones artísticas.
Por citar una sola, extraordinaria, podemos referirnos a una de las tablas del Biombo de las Artes Liberales (1670), dedicada a la música.
Obra de Juan Correa, conservada en el Museo Franz Mayer (México, D.F.), en dicha tabla se representan cuatro figuras, enmarcadas en un evocador paisaje, sosteniendo dos de ellas una viola de gamba o violonchelo y una flauta, respectivamente.
A sus pies, sobre el suelo, unas partituras completan la composición.
Once son los capítulos que componen la obra, precedidos de una introducción a cargo de su coordinador, en donde se presentan de manera amplia y detallada los temas que la integran.
En el primer capítulo, «Historiadores y musicólogos americanistas.
Caminos que se encuentran», escrito por el doctor García-Abásolo, se traza un amplio panorama historiográfico sobre el estudio de la música hispana en la Edad Moderna.
Esta contribución es un magnífico ejemplo de cómo la música puede ser, y debe de ser, estudiada en el contexto humano, social, económico, político y misional del momento.
Una música que fue primero introducida por los religiosos regulares destinados al Nuevo Mundo con tareas misionales y que, después, se desarrolló al calor de las capillas musicales de las catedrales indianas.
En «Granada-Sevilla-Puebla de los Ángeles.
Los comienzos del villancico barroco», el doctor José López Calo (S.J.) analiza los comienzos del villancico barroco hispánico, situando sus orígenes en la catedral de Granada en los últimos años del siglo XV o primeros años del XVI, iniciándose con posterioridad desde este punto su difusión.
En «Músicos sevillanos de los siglos XVI y XVII en Hispanoamérica», el doctor Herminio González Barrionuevo señala cómo los «dominicos, franciscanos, y otros frailes que habían acompañado a los conquistadores, reconocieron la habilidad musical innata de los aztecas, incas, y otros indios del continente americano, y pronto recurrieron a la música como medio de conversión a la fe cristiana; de manera que, hacia finales del siglo XVI, existían ya impresionantes iglesias y escuelas de música» (p.
Incluye un análisis de los centros polifónicos de polifonía renacentista y barroca de Hispanoamérica, agrupándolos en centros catedralicios, parroquiales y conventuales.
Muy interesantes resultan las páginas dedicadas a los músicos de la catedral de Sevilla, de la Colegiata del Divino Salvador de la misma localidad y de otros centros hispalenses, que pasaron después a continuar su labor en los reinos de las Indias.
El doctor Javier Marín López, en «Patrones de diseminación de la música catedralicia andaluza en el Nuevo Mundo (siglos XVI-XVIII)», insiste en el decisivo protagonismo «jugado por el sur peninsular en las relaciones musicales con América» (p.
118); siendo muy interesante el apéndice titulado «Inventario abreviado de maestros de capilla andaluces de los siglos XVI al XVIII con obras manuscritas en archivos y bibliotecas americanas» (pp. 120-132).
Una figura inserta en la página 118 presenta un gráfico con los archivos de lugares de culto americanos que conservan el repertorio musical manuscrito andaluz: la catedral de Puebla de los Ángeles es la que más acervo posee en este campo.
La doctora Rosa Isusi Fagoaga, en «La música de la Catedral de Sevilla en el siglo XVIII y América: proyección institucional, movilidad de los músicos y difusión del repertorio», destaca el papel de difusor musical de la catedral de Sevilla estudiando, entre otras temáticas, la migración de músicos del principal templo hispalense a América durante la decimoctava centuria.
Importancia de su trayectoria personal y artística», la doctora María Isabel Osuna aborda el estudio de la figura de este jesuita (1688-1726), organista y compositor italiano, cuya música fue utilizada en las misiones del Río de la Plata en las que estuvo destinado.
Atractivo resulta el apartado dedicado a revisar las reducciones jesuíticas y la música allí interpretada.
El capítulo «El ambiente musical y el entorno americano cordobés de Fernando de las Infantas (ca.
1534-1609?)», del licenciado José Luis Ruiz Vera, investiga la composición de la capilla musical de la catedral de Córdoba, centrándose luego en la figura del sacerdote y polifonista cordobés Fernando de las Infantas.
Como continuación del tema anterior, en «Los maestros de capilla de la Catedral de Córdoba en el siglo XVIII y su presencia en los archivos americanos», la doctora Beatriz Fernández Reyes repasa la vida de la capilla musical de la catedral cordobesa y de sus maestros en el siglo XVIII, y cómo muchas obras allí compuestas o interpretadas figuran en algunos archivos americanos -como los existentes en las catedrales de México, Lima, Guatemala o Sucre, entre otros centros litúrgicos relevantes-.
Señala, asimismo, la proyección y fortuna crítica que tuvieron en Indias las obras de los compositores Agustín Contreras y Juan Manuel Gaitán y Arteaga.
En «La música en los documentos fundacionales de la Iglesia en el Nuevo Mundo: los modelos andaluces de las catedrales de Sevilla y Granada», el licenciado Gonzalo J. Roldán Herencia indica el valor de la documentación indiana para los musicólogos.
En concreto, el potencial que ofrecen tipologías documentales tales como las letras apostólicas y los documentos episcopales otorgados en Indias, donde se recogen útiles datos acerca de la forma de organizar y reglar el funcionamiento interno de las capillas musicales.
La doctora Mercedes Castillo Ferreira, en «La colegiata [o iglesia colegial] como entidad musical en Andalucía y su proyección en América: una reflexión sobre la exportación de modelos institucionales», analiza el papel de las iglesias colegiales andaluzas y su protagonismo como centros productores musicales.
Por último, en «La Catedral de Málaga como modelo de estudio de la música en el ámbito catedralicio español e hispanoamericano: logros, perspectivas y retos», la doctora María José de la Torre Molina expone, entre otras cuestiones de gran interés, las principales investigaciones acerca de la vida musical de la catedral malacitana, apuntando el trasfondo ideológico, propagandístico y antropológico de las fiestas renacentistas y barrocas, en las que la música ocupaba un papel principal.
Señala la autora cómo «las fiestas nos abren el camino para estudiar aspectos relacionados con la música que van más allá de compositores, obras e intérpretes, y que están relacionados con las funciones y sentidos de la música en el marco de la ciudad» (p.
341), citando algunas de ellas: relación entre música e ideología, entre música y espacios urbanos, la función representativa de los músicos, y uso de la música como vía de organización y diferenciación social.
Todos los capítulos se acompañan de unos elaborados aparatos críticos repletos de citas documentales y bibliográficas de interés.
Y todos ellos coinciden en señalar las notables trasferencias musicales que se produjeron entre Andalucía y América desde los comienzos mismos de la colonización.
Las catedrales de México, Puebla de los Ángeles, Lima, Santa Fe de Bogotá o Quito fueron destacados centros musicales.
Otra de las conclusiones que pueden extraerse del conjunto de las aportaciones reunidas en este volumen es que la capilla musical de la catedral de Sevilla sirvió de modelo para las creadas en las catedrales americanas.
Algo similar a lo que sucedió, en el ámbito de los estudios superiores, con la Universidad de Salamanca y su proyección ultramarina.
De igual forma, los análisis del cursus honorum y de la formación académica de muchos de los músicos que aparecen estudiados en los capítulos que componen el libro resultan de gran atractivo.
No deseamos concluir sin resaltar que nos encontramos ante una cuidada edición que sirve de estuche perfecto a una obra de extrema utilidad en el campo de los estudios culturales de la América española.
Obra destinada a convertirse en un referente para los especialistas en este área de conocimiento.-MIGUEL LUQUE TALAVÁN, Universidad Complutense de Madrid.
González Leandri, Ricardo; González Bernaldo de Quirós, Pilar, y Suriano, Juan: La temprana cuestión social.
La ciudad de Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XIX, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Colección América, 2010, 224 pp.
La temprana cuestión social.
La ciudad de Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XIX es una obra escrita conjuntamente por los historiadores Ricardo González Leandri, Pilar González Bernaldo de Quirós y Juan Suriano que tiene por objeto indagar en tanto tema y problemática historiográfica en las condiciones de emergencia de una temprana cuestión HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS social en la Argentina del siglo XIX y sus lazos con la educación, la beneficencia, la salud pública, los problemas sanitarios derivados de la modernización y del crecimiento urbano y más tarde con la imposición de una cuestión obrera.
El libro se estructura con una introducción y cuatro capítulos de autoría individual que despliegan de manera muy bien articulada los particulares temas de interés de cada autor en relación la temprana cuestión social.
Así, González Bernaldo (capítulo 1) toma como objeto de análisis a la Municipalidad y la institucionalización de lo social desde la perspectiva de la beneficencia en la Buenos Aires del siglo XIX.
González Leandri escribe en dos capítulos diferentes sobre las políticas y proyectos en torno a la educación pública elemental en Buenos Aires entre 1820 y 1870 (capítulo 2) y, en otro, sobre la temprana cuestión social en relación a la higiene y las instituciones médicas para los años 1852 y 1890 (capítulo 3).
Juan Suriano cierra el libro (capítulo 4) con un análisis sobre la incidencia de la crisis de 1890 desde la perspectiva de los trabajadores y la emergencia de la cuestión obrera.
Entonces, cada uno de los autores logra en terrenos fuertemente consolidados por años de investigación, desplegar aquellas problemáticas que permiten revelar el significado del planteamiento teórico sobre la emergencia de una temprana cuestión social en la Buenos Aires del siglo XIX, eje central de este libro.
Pero sin duda, la contribución reveladora que tiene este trabajo es su capítulo introductorio en el que los autores despliegan con densidad conceptual y lucidez teórica los nudos de una temática compleja planteada a su vez para un complejo período para la historiografía argentina.
Así, los autores instalan el problema en torno a la temprana cuestión social como ejercicio de exploración que les permita trazar los límites conceptuales y temporales para su definición en tanto objeto histórico.
Para ello, como caso relevante se presenta de manera precisa la ciudad de Buenos Aires y su gobierno municipal.
Los temas abordados están asentados sobre una sólida corriente de estudios culturales y sociales producidos en las últimas décadas por la historiografía argentina para los que se destaca la filiación con aquellos que cobraron mayor precisión en relación a la definición y análisis de la emergencia de la moderna cuestión social, tal los escritos de Ricardo Salvatore, Eduardo Zimmermann y Juan Suriano, principalmente.
1 Sin embargo, la compilación de Juan Suriano La cuestión social en la Argentina aparecida hace ya más de una década precisó no sólo sobre una selección de temas y problemas que se incluyen en ese libro sino que fundamentalmente detectó la importancia de la definición del marco cronológico y del establecimiento de un punto de partida para estos estudios.
En ese texto se observa con precisión que pese a que la profunda crisis de 1890 puso en evidencia la cuestión social, es desde varias décadas antes que se puede vislumbrar los indicios de la toma de conciencia en relación a problemas sociales y la apelación a la acción pública, particularmente en relación a la higiene, la salud y la educación.2 Es en ese proceso de desplazamiento y de repensar la cronología en que se encuentra la producción de La temprana cuestión social.
Es así como los autores que se reúnen en este volumen se propusieron luego del dictado de seminarios de discusión tanto particulares como compartidos, la misión de poner por escrito los resultados de aquellas ideas en proceso de discusión para avanzar en la definición de una temprana cuestión social tema hasta el momento escasamente planteado en la historiografía local para definirlo como un momento histórico particular más allá e independientemente de su institucionalización a principios del XX.
Precisamente, el desafío reside por un lado, en dar cuenta a partir de un conjunto de herramientas metodológicas y conceptuales de la existencia en la ciudad de Buenos Aires de una cuestión social temprana, y por otro, de pensar en la articulación de las diversas instituciones, actores y temporalidades que estos acercamientos planteaban.
La tarea se orienta entonces hacia la constatación de la especificidad de un período definido a su vez por la indeterminación institucional y por una diversidad de actores, agentes y jurisdicciones que entran en juego así como en revelar la importancia que tuvieron para la definición del perfil de la temprana cuestión social tanto actores e instituciones médicas, propagandistas educadores, asociaciones, como la pugna por jurisdicciones y atribuciones para su funcionamiento.
En esto fue central dar cuenta del rol cumplido por la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, pues aparece como particularidad que el gobierno municipal instituyó lo social como esfera de acción comunal y lo urbano como problema social, al tiempo que definió una serie de servicios públicos como la higiene, la salud, la educación y la beneficencia como forma de regulación social pública, definición que por cierto no estuvo ajena a tensiones.
En este escenario los autores reconocen otras conexiones problemáticas que refractan de algún modo sobre la complejidad y extensión del tema planteado en el libro.
Así una reflexión especial se refiere al papel del Estado, tanto en la formulación de la cuestión social como en las decisiones que van a definirse como respuesta institucional, tema que a su vez presenta ciertas limitaciones para la historiografía argentina y demanda necesariamente la puesta en revisión, de algún modo, de los estudios clásicos sobre la construcción del Estado.
Para Pilar González Bernaldo de Quirós, la noción de lo social lleva a repensar los postulados de Oscar Oszlak en su clásico y vital trabajo sobre el Estado.
3 Para ella pensar en los distintos emprendimientos públicos y privados que buscaban dar diversas respuestas a los problemas que empezaban a formularse como sociales no implicaban necesariamente la existencia del Estado sino que más bien dan cuenta de aquellas estrategias tanto sociales como institucionales que adecuaron la idea de Estado a acciones colectivas que enfrentaron la solución de cuestiones extremas.
Juan Suriano reconoce en cambio, en el tradicional estudio sobre el Estado elaborado por Oszlak, un complemento a las ideas pensadas en este libro pues aquella mirada estructural y desde arriba desarrollada en el clásico La formación del Estado argentino es una hipótesis que continúa siendo apropiada.
De algún modo, la temprana cuestión social se inscribe en esas trazas cuyo interés, cabe recordar, residió en mirar al Estado nacional sin considerar especialmente la conformación del poder municipal, ámbito en el que se desplegaron la mayor parte de las iniciativas y demandas sociales.
Ricardo González Leandri, por su parte, propone sortear el sentido teleológico que se desprende del texto de Oszlak en su definición de los rasgos de estatidad, dado que en la coyuntura específica en que se dio el desarrollo de la temprana cuestión social, aquella visión presenta variaciones y retrocesos.
Sostiene, que el ritmo de construcción estatal planteó marcadas diferencias según la dimensión analizada (educación, higiene, la regulación de las relaciones laborales o el control de la pobreza) difícilmente generalizable.
Aparecen también en el estudio introductorio reflexiones en torno a las ideas de Robert Castel y su tesis sobre el modo en que las revoluciones atlánticas bosquejaron un nuevo paradigma en el campo social con la eliminación de las corporaciones y gremios propios del Antiguo Régimen que suprimieron también los sistemas propios de protección estableciendo de hecho la «libertad sin protección».
4 Así, la historiografía modeló como noción «cues-tión social» la toma de conciencia de los nuevos problemas que planteaba la sociedad industrial y el mercado de trabajo libre, al cambio en la percepción de la miseria ya no como visión de destino individual sino como fenómeno social.
En particular, para el espacio rioplatense que emergió luego de la revolución de principios del XIX, se interpretó el desfase cronológico por el tardío desarrollo de su sociedad industrial y por la especificidad local que implicaba el impacto del proceso inmigratorio.
Así se pensó también como la cuestión social devino en cuestión obrera formulada más bien en términos de asimilación cultural y política.
En este punto, los autores plantean pensar esta problemática de modo menos lineal y -retomando lo postulado por Jaques Donzelot-presentar la existencia de lo social como campo de existencia humana situado entre el individuo y el Estado, inscrito en el proceso histórico de «invención de lo social» cuyas primeras muestras son detectadas en la revolución francesa del 48 con el surgimiento de la noción de solidaridad.
5 Localmente resultó asociado a la «generación romántica» y se identifican en el «dogma socialista» los postulados de la sociedad como producto de un pacto social que ofrece protección y derechos a sus miembros.
Reconocen los autores que estas ideas trazan una noción nueva atada al concepto de sociedad en la interpretación de los destinos individuales y la noción de intervención pública como salvaguarda de derechos, sin ser necesariamente una formulación de «cuestión» entendida como riesgo de ruptura o desestabilización del equilibrio.
Entonces, una nueva formulación se orienta a detectar en el tiempo la emergencia del sentimiento de amenaza al orden social en la Argentina posterior a la independencia, identificar cuáles fueron los modos de manifestación institucional y -fundamentalmente-como se articuló con la «cuestión social» datada para fines del XIX.
Los autores ubican que las primeras amenazas al equilibrio social se hicieron explícitas desde la política y estaban vinculadas a la propaganda contra el rosismo.
Las acaloradas denuncias opositoras en la prensa extranjera apuntaron a cuestionar la cruel desprotección que implicaba el abandono por parte del gobierno de las instituciones de beneficencia pública.
Es aquí dónde señalan una marca clave de este proceso, descubriendo en aquellas denuncias no sólo la introducción de un nuevo paradigma en el modo de pensar la sociedad sino también la emergencia del problema de las condiciones de desprotección de ciertos sectores sociales.
Así, afirman los autores, la temprana cuestión social quedó vinculada desde un comienzo a la idea de riesgo social, al riesgo de pérdida de cohesión y de crisis.
En la segunda mitad del siglo XIX los problemas en torno a la salud y la higiene, fundamentalmente las recurrentes epidemias, la aceleraron más que cualquier otro aspecto (por ejemplo la pobreza) y se comportaron como puntos de inflexión y promotores de redes de interdependencia social.
De algún modo las epidemias aceleraron la conformación de lo «social» y afectaron renovadas interpretaciones de la «cuestión social» en su expresión sanitaria así como la crisis del 1890 hizo lo propio para la cuestión obrera.
Estas crisis epidémicas, entrelazadas con otros hechos significativos de la segunda mitad del siglo, tales como las crisis sociales efecto de crisis económicas, las guerras (fundamentalmente la Guerra del Paraguay), se combinaron para dar lugar a diversos aspectos de la cuestión social y funcionaron como disparadoras de acciones tanto del Estado como de instituciones de la sociedad civil orientadas a dar respuesta a los efectos sociales de estos desastres.
La temprana cuestión social, se formula -y los capítulos del libro dan cuenta de ello-en el contexto de las décadas que siguieron a la institucionalización de la Municipalidad de Buenos Aires, la creación de su burocracia, de su precaria institucionalización, de las limitaciones materiales visibles en el espacio municipal, provincial como nacional y de la fragmentación política.
Fueron entonces la prevención frente a ese contexto que convirtió lo social en «cuestión», definida también por la indeterminación de los ámbitos de intervención.
Este escenario no quedó reducido meramente al ámbito local, pues también emergió en el plano nacional la implementación de políticas de intervención pública en los ámbitos de salud, educación y vivienda entretejiendo una compleja estatidad.
El arco conceptual y temporal que definen la emergencia de la temprana cuestión social tiende a cerrarse como efecto de la crisis de 1890 y los cambios en la expresión de los problemas sociales así como en las soluciones postuladas.
Es a partir de esta crisis y sus efectos que la cuestión social comienza a asociarse con la cuestión urbana y obrera y a postular un cambio de escala a cuestión nacional.
En un repaso por los temas desarrollados individualmente en cada capítulo por los tres autores se entiende claramente los postulados del denso texto introductorio.
Pilar González Bernaldo de Quirós explora deliciosamente -su análisis del Asilo de los Mendigos da cuenta de ello-en los orígenes de la institucionalización de lo social como ámbito de expresión pública en el marco del proceso de independencia y en particular en el de la creación de un poder municipal para Buenos Aires.
Situada especialmente en el análisis de la beneficencia muestra el modo en que la institución municipal implementó lo social como acción de implicancia pública comunal y cómo las problemáticas urbanas fueron identificadas como problemas sociales.
Efecto de esta concepción fue la ubicación de la beneficencia en el espacio comunal pero también en la disputa y competencia entre múltiples actores e instituciones que reclamaban su legítima intervención.
Los capítulos trabajados por Ricardo González Leandri avanzan sobre otras dos temáticas fundamentales para la definición de los objetivos de este libro.
En el primer capítulo se centra en la relación de la temprana cuestión social y la educación, tomando para ello -y sirviéndose de una nutrida documentación-de la acción de propagandistas, políticos y funcionarios.
Avanza sobre la tensión dada entre proyectos de reforma en pos de implementar la formación elemental pública con la concepción filantrópica y caritativa que asociaba educación con beneficencia, tensión a su vez atravesada por la relación entre educación y religión.
Señala González Leandri que este tema produjo más que otras cuestiones gran cantidad de ideas y programas que plantearon una temprana asociación de la educación pública con un derecho, particularidad quizás más evidente que en otras áreas.
En el otro capítulo, este autor se ocupa de la cuestión sanitaria y la redefinición de los términos higiene y salud y su implicancia en la definición de la cuestión social, expresada de modo más dramático como crisis epidémicas.
Retomando anteriores trabajos sobre estas preocupaciones, avanza en la idea de que tanto en la atención de la salud como en el control de la higiene se evidencia la inquietud estatal y un entramado profesional y de instituciones médicas (como caso el Consejo de Higiene) que pese a las limitaciones materiales formularían un criterio de intervención pública que se destacaría más adelante con la precisión de la cuestión social.
Juan Suriano cierra el libro con un capítulo destinado a analizar el impacto de la crisis de 1890 entre los trabajadores y sus múltiples representaciones.
Los efectos visibles de la crisis económica dados con el aumento de la desocupación, la pérdida salarial también se expresaron en los cambios en la forma de protesta con relación a la década anterior y en las variaciones en el plano político e ideológico de las organizaciones obreras.
El acierto del capítulo reside en la forma que el autor va demostrando como el efecto esencial de la crisis económica está en la reorientación de la cuestión social en cuestión obrera dado el impacto sobre los trabajadores y sus instituciones.
Pese a que el Estado demorará en materializar esos reclamos en políticas efectivas, es destacable, señala Suriano, el modo en que un grupo de intelec-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788.
ISSN: 0210-5810 tuales y legisladores instaló la noción de una política y legislación protectora del mundo del trabajo y los trabajadores.
La temprana cuestión social identifica de modo notable una trama de problemas, actores e instituciones que puestos en juego suman para la definición de la realidad social argentina en un tiempo histórico más prolongado y que busca en el despliegue del siglo XIX las condiciones de emergencia de una temprana cuestión social que dota de un sentido novedoso y atractivo a un período escasamente explorado desde esa perspectiva.-VIVIANA BARRY, IDAES-UNSAM Y UBA, Argentina.
González-Ripoll Navarro, María Dolores, y Álvarez Cuartero, Izaskun (coords.): Francisco Arango y la invención de la Cuba azucarera, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2010, 336 pp., tablas y bibliografía.
Arango es la figura más relevante y controvertida de la Cuba de finales del siglo XVIII e inicios del XIX y sobre la que más se ha escrito debido a la importancia de su labor y su obra.
Formó parte de la elite colonial y fue parte activa de las redes de poder, además de profuso escritor y polemista, atrevido en sus propuestas y práctico, capad de interpretar las posibilidades de éxito de los intereses que defendió: los de los grandes productores azucareros criollos.
La obra que aquí reseñamos es la interpretación más acertada de la labor y obra de Arango, pues apuesta por valorarla en su contexto, por su participación en los procesos que convertirían a Cuba en la mayor productora de azúcar del orbe y destino principal de la trata negrera.
En ese contexto variable supo leer mejor que nadie las oportunidades que se presentaban a la isla para expandir su oferta de dulce tras la revolución de Haití y proponer un proyecto mediante el que conseguir que la ocasión no tuviese un efecto efímero.
El prólogo de Allan Kuethe y la introducción de las editoras adelantan la referida intención y explican así que dicho proceso sea calificable como invención, como construcción de una nueva economía, sociedad y relación colonial con España articulada en torno al binomio azúcar-esclavos.
Y un excelente ensayo de Consuelo Naranjo redunda en esa idea y sostiene que en función de ello se redefinió el país y fue posible acallar voces y proyectos alternativos, pues con Arango se convirtió discurso, en un plan de actuación e instituciones, argumentación que completa un capítulo de Jamie Holeman, RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788.
ISSN: 0210-5810 quien indaga en la variable que lo hizo posible, en la esclavitud, y en el modo en que para ella también se elaboró otro discurso justificativo y una imagen, según la cual, su desempeño en Cuba era más benigno que en las demás Antillas.
Leida Fernández aborda otro aspecto relevante de Arango y su contexto, la existencia de un informe anterior a su Discurso sobre la agricultura con propuestas similares, escrito por Agustín Crame hacia 1780, pero que no tuvo igual éxito.
Y la razón fue el cambio de los tiempos, la citada rebelión haitiana que una década después dejaba a merced de otros competidores el tráfico negrero que se dirigía a ella y los mercados que surtía.
José A. Piqueras analiza en un magnífico estudio cómo la importancia de Arango fue, precisamente, que entonces había creado una red de conexiones en la Corte de Carlos IV, ante la que ejercía de apoderado del Cabildo habanero, y supo conjugar sus intereses con los de poderosos personajes del gobierno metropolitano, lo que explica el éxito de su proyecto para aprovechar los sucesos de Haití en beneficio de la expansión económica de Cuba.
Piqueras aclara la razón necesaria del éxito del proyecto aranguino, su origen y oportunidad, pero la razón suficiente es que se trató de un plan de creación institucional, de libertad de comercio y fundación de una Junta de Agricultura, que finalmente se erigió unida a un Consulado, con la que la elite de Cuba mejoraba su representación política y participación en la toma de decisiones.
En ese sentido fue continuación de medidas anteriores, que desde la década de 1760 estaban reformando la relación colonial y la economía de la isla, aunque la definitiva expansión de su oferta azucarera precisaba mano de obra y competir con los altos rendimientos laborales de otras Antillas que ésta fuese esclava.
Tal es la ocasión que brindó la revolución de Haití.
Las instituciones económicas eficientes son la que surgen como respuesta a las oportunidades de crecimiento que se presenta, más aún si se idea con el fin de propiciar la colaboración de los distintos intereses implicados y esa fue la aportación del proyecto de Arango en dichas circunstancias.
Estudios de Mercedes García y Dale Tomich insisten en ese lado de la oferta, del hacendado.
Señalan que la generación de empresarios que representó Arango modernizó el ingenio, pero su esfuerzo tuvo continuidad gracias a que se articuló en instituciones, en el Consulado y la Sociedad Económica, en las que aquel tuvo cargos de responsabilidad, lo que explica la razón por la que el proyecto de Cuba que defendieron se impuso sobre otros alternativos, no fue efímero y acabó extendiéndose a la totalidad de la sociedad insular.
Ada Ferrer, finalmente, completa los análisis anteriores aña-diendo a la explicación otro factor derivado de los sucesos de Haití.
Resultado de ellos -dice-migraron a la Gran Antilla miles de plantadores franceses con sus esclavos, capital y conocimientos técnico-empresariales, y ayudaron a la referida modernización de los ingenios.
Los demás capítulos del libro analizan otros aspectos de la labor de Arango con igual enfoque contextual.
Rafael de Bívar compara Cuba y Brasil y señala que la revolución haitiana y la invasión francesa de España y Portugal supusieron una reinstitucionalización de ambas colonias para garantizar la continuidad del vínculo con la metrópoli y refundar la economía esclavista.
Al respecto Alfonso Quiroz cree que es preciso redimensionar la obra aranguina en dicho contexto y observarla, más que como representación de la sacarocracia criolla, como esfuerzo de mediación entre ella y los variados intereses político-comerciales insulares y españoles, y Domi nique Gonçalves redunda en esa opinión y descubre en el pensamiento de Arango una complejidad y contradicciones que sólo se explican si se estudia como respuesta al mencionado entorno cambiante en el que se elaboró.
La complejidad de los intereses en disputa, en efecto, era tal que no se ciñó a una lidia entre criollos y metropolitanos.
Emma Vidal dice que en la misma Cuba inmiscuyó a copartícipes de su expansión azucarera y a las instituciones creadas para su fomento, materializadas en las desavenencias del síndico consular, Arango, y el intendente, José P. Valiente, y que el crecimiento de la oferta de dulce, asociada a la trata de esclavos, fueron el entorno y la razón de las disputas por el poder entre ambos y sus amigos y enemigos políticos.
Sherry Johnson ofrece una visión alternativa y muestra que la pugna insular-peninsular con que se ha analizado el debate público en Cuba en los años 1808-1823 no explica una realidad más intrincada, en la que se detectan enfrentamientos, pero difíciles de reducir a esos términos, pues más bien confrontaron a un grupo elitista metropolitano, que pretendió desplazar del poder a los criollos, con otro, liberal y formado por éstos y también por metropolitanos desilusionados con la monarquía y el absolutismo.
En sintonía con la tesis de Johnson, Josef Opatrný analiza la idea de patria en Arango y dice que la definió como lugar de nacimiento, y que al ser Cuba una colonia, compartía con la metrópoli derechos concedidos por el régimen político, lo que le permitió eludir controversias y excluir a la población de origen africano, a la que sólo otorgó valor laboral, imprescindible para su proyecto de expansión azucarera.
Esa posición implicó una contradicción en la que abunda Michael Zeuske al comparar a Arango con la otra gran figura de mayor influencia intelectual de su época en la isla, Humboldt, y señalar que ambos variaron sus posturas frente a la esclavitud con el tiempo, pero erraron en su vaticinio sobre su fin, pues ni se abrogó por manumisión como pensó el segundo, ni se convirtió en trabajo rural forzados, según sostuvo el primero.
Seis artículos más completan el libro y tratan otros aspectos de la obra de Arango y su contexto.
Armando García y Miguel A. Puig-Samper estudian su labor científico-educativa y afirman que en la Cuba del período se dieron considerables avances pero insuficientes.
Vicent Sanz analiza la producción de tabaco, sobre la que también escribió el habanero, y dice que su desplazamiento por el azúcar como principal fuente de riqueza no fue sólo un proceso económico.
Como argüía Naranjo, tuvo un componente político esencial y supuso la redefinición de la sociedad y del equilibrio de poderes en la isla.
José L. Belmonte, por otro lado, estudia la región de Santiago, capital del este insular, alejada del centro de expansión del ingenio, y muestra la importancia, pese a lo que se ha sostenido habitualmente, de los mecanismos de negociaciones en las relaciones amos-esclavos, que explican que muchos africanos, especialmente los nacidos en el territorio y los que llevaban más tiempo en él, mejorasen sus condiciones mediante ellos, incluso comprasen su libertad.
Finalmente Manuel Hernández y Manuel Barcia estudian la herencia de Francisco Arango, el primero la figura de su primo y colaborador, José, oscurecido por la talla de su pariente, pero con una relevancia que se manifestó, sobre todo, en un escrito acerca de la independencia de Cuba.
El segundo indaga en el conde de Villanueva, también colaborador de Arango, al que sucedió en la intendencia, considerado como continuador de su obra, y acerca del cual dice que si bien no tuvo la ilustración de su antecesor, estuvo dotado de mayor sentido práctico aun y de capacidad para hallar los medios con que lograr sus propósitos, por lo que fue gracias a su impulso, sobre todo en la construcción ferroviaria, por lo que la isla se convertiría definitivamente en la azucara del mundo.
En suma, Arango y la invención de la Cuba azucarera es una relevante aportación al conocimiento de un personaje y de los procesos que caracterizaron el tránsito del siglo XVIII al XIX, cuando Cuba consolidó su especialización económica y siguió unida a España tras la independencia del resto de Hispanoamérica.
Las editoras logran con la selección de los trabajos y la colaboración de los autores arrojar nuevas luces sobre ese contexto mediante el análisis de la figura que mejor lo representó.-ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC.
El planteamiento inicial de José Antonio Piqueras es poco común y por ello especialmente valioso pues hace una revisión del estado general de la cuestión en la sociedad española actual, llegando a la conclusión de que la esclavitud es un tema incómodo que fue borrado de su memoria colectiva tras la abolición definitiva en 1886.
En este trabajo el autor no duda en mostrarse favorable a denunciar la esclavitud como crimen contra la humanidad, manifestando que ni siquiera se ha solicitado el cambio de nombres de calles rotuladas con apellidos muy ilustres que especialmente en el siglo XIX hicieron fortuna con el tráfico humano en España.
Después de mostrar someramente la evolución de la esclavitud en la Península Ibérica desde la época romana hasta la modernidad, y aunque el autor no olvida la importancia histórica de la cuestión del cautiverio en el Mediterráneo, el trabajo gravita mucho más en un enfoque americano.
El trabajo pone de manifiesto que con la esclavitud apareció desde el siglo XVI la primera economía de un sistema-mundo, que para el siglo XVIII se había integrado en una interrelación atlántica que fomentó el desarrollo de la Revolución Industrial.
En definitiva, que fue necesaria una duradera colaboración entre los pueblos occidentales y los africanos para el mantenimiento de la trata negrera.
Esta se mantuvo hasta el siglo XIX cuando Occidente consideró que debía hacerse cargo directamente de los designios de África mediante el colonialismo, permitido y justificado por la creación de una valoración racista del africano.
Una de las características principales de la obra es la preponderancia de la casuística caribeña y sobre todo cubana, como no podía ser de otro modo por su importancia cuantitativa y cualitativa en dicha problemática.
El papel de Cuba en el proceso es decisivo dado que la mitad de los africanos son llevados a la Gran Antilla, en una evolución que se acelera especialmente a partir del siglo XVIII.
Cuba fue el gran exponente, junto a Brasil y el sur de los Estados Unidos de América, de la llamada segunda esclavitud iniciada en el siglo XIX.
Piqueras se posiciona en el debate a favor de esta segunda esclavitud teorizada por Tomich, que se caracterizaría por su integración dentro de la sociedad y economía industrial.
El autor destaca que la trata esclavista permitió la acumulación de capitales, lo que especialmente en el XIX produjo un enriquecimiento de negreros que llegaron a alcanzar títulos de nobleza en España.
Esto fue favorecido por la extensión generalizada de la corrupción, incentivada por unos inmen-RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS sos beneficios del comercio esclavista que socavaron los cimientos de la administración española en Cuba y Puerto Rico.
Piqueras no duda en comparar el tráfico de africanos con el actual tráfico de drogas.
Citando los estudios de Bahamonde y Cayuela, el autor pone de manifiesto que los grandes capitales obtenidos por peninsulares con la venta de esclavos sobre todo en Cuba, pero también en Puerto Rico, fueron reinvertidos en la Península, especialmente por catalanes, vascos, montañeses y andaluces, dando detallada cuenta de quiénes eran.
Describe además la implicación de la Corona por medio de la Regente María Cristina y su segundo marido Francisco Muñoz, tan escandalosa que desde Inglaterra se llegó a protestar al respecto.
En el capítulo con el significativo título de «Vida y destino» hace una detalla descripción de las opciones de resistencia por parte de los esclavos.
Piqueras estudia la aparición de espacios de libertad como el de los palenques y sus sistemas de vida.
También explica las acciones de persecución de negros, rancherías, los costes de dichas prácticas, etc. El profesor hace un notable esfuerzo por refutar los trabajos que desde 1970 han incidido en las opciones negociadas que mejoraron las condiciones de los esclavos e incluso les permitieron obtener la libertad, situando el debate en un punto que seguro será muy controvertido.
Considera que los estudios de estos casos son meras extrapolaciones poco aceptables por su escaso número dentro de los datos disponibles sobre millones de africanos esclavizados.
Es también muy interesante el capítulo dedicado a lo que el autor llama «combate desigual entre humanistas y defensores de la esclavitud», en el que cuenta como la cultura española del Renacimiento se esforzó por legitimar intelectualmente la esclavitud al considerar que afectaba a bárbaros e infieles.
El autor critica el liberalismo español que en el XIX, tras acercarse al abolicionismo británico y francés, se plegó ante los intereses esclavistas.
En este trabajo Piqueras se compromete y emite sus opiniones sin tapujos al considerar a los españoles implicados en el tráfico como «genocidas» considerando que fueron culpables de un «africanicidio» en masa.
Para el autor esta no es una visión extemporánea pues ya en la época la trata negrera era una práctica internacionalmente reprobada y perseguida.
No hay posibilidad de exculpar a los tratantes del XIX como hombres de su tiempo pues era a todas luces una actividad ilegal y moralmente cuestionada entonces.
Por otra parte, considero un gran acierto del autor las constantes e interesantes aproximaciones a la literatura o la pintura que han prestado atención a la esclavitud.
Me parece que uno de los aspectos más destacados del trabajo es que el autor ilustra sus explicaciones con una gran cantidad de estudios de casos, HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788.
ISSN: 0210-5810 aunque quizás se podría criticar que estos casos sean tan dominantemente caribeños y especialmente cubanos.
El autor por ejemplo dedica un amplio apartado a las tremendas condiciones del viaje trasatlántico de los esclavos, con numerosas historias que no dejan de conmover.
El libro cuenta además con un importante aparato crítico y con una selección de las obras más significativas que han tratado el tema.
Como ya mencioné antes, Piqueras expresa sus opiniones claramente y de manera persistente.
Los lectores podrán estar de acuerdo o no con sus planteamientos, pero pueden tener la certeza de cuál es la opinión del autor, que mantiene su criterio con pulso firme durante todas las páginas del libro.
Por ello podemos afirmar que el objetivo de Piqueras no es sólo hacer un estudio histórico.
También quiere incentivar un debate revisionista para que la esclavitud sea recuperada como una parte de nuestro pasado más ominoso y que la historia oficial ha tratado de borrar.
Nuestra historiografía está necesitada de planteamientos del debate científico del modo directo en que Piqueras lo ha hecho en este libro.
En mi opinión su «provocación» debe ser aceptada tanto por los que lo consideren acertado como por aquellos que no estén de acuerdo con sus planteamientos.
En el debate científico está el avance del conocimiento.
Todo esto hace que a buen seguro este libro se convertirá en una obra de referencia especialmente interesante y útil tanto para investigadores como para estudiantes.-SIGFRIDO VÁZQUEZ CIENFUEGOS, Universidad de Sevilla.
Ruiz Gutiérrez, Ana: Arte indígena del norte de Filipinas.
Los grupos étnicos de la cordillera de Luzón, Granada, Editorial Atrio, 2012, 236 pp., ilust.
Este trabajo se enmarca dentro de los resultados del proyecto de investigación de la Junta de Andalucía titulado Andalucía en América.
Arte, cultura y sincretismo estético, dirigido por el Prof. Dr. Rafael López Guzmán, Catedrático del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada.
Algunos de los trabajos de este equipo de investigadores vienen saliendo a la luz gracias a la Editorial Atrio, que ha creado para tal fin la Colección Atrio Patrimonio.
La investigación de la profesora Ruiz Gutiérrez es el cuarto número de la serie, ampliando los intereses americanistas iniciales al ámbito filipino prelegazpiano.
En los últimos años la discusión sobre las culturas prehispánicas en el archipiélago ha vivido un cierto repunte, gracias a las aportaciones de Scott RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS (Barangay, Manila 1994) o incluso de Fernando Zialcita (Authentic.
En paralelo, se han extendido los estudios sobre el papel de la comunidad china durante el gobierno español, destacando el recientemente publicado por Gil (Los chinos en Manila.
Sin duda, el conocimiento de ambas poblaciones resulta fundamental para entender tanto la posterior presencia hispana, así como para valorar el interés coleccionista de arte prelegazpiano en España durante los siglos XIX y XX, como ha apuntado recientemente Sánchez Gómez (Un imperio en la vitrina: el colonialismo español en el Pacífico y la Exposición de Filipinas de 1887, Madrid 2003).
El estudio de Ruiz Gutiérrez se divide en dos partes que analizan por un lado los aspectos culturales de los pueblos del norte de Luzón y por otro su producción artística.
La primera se centra en las diferencias entre los distintos grupos étnicos de La Cordillera, desde los isneg, los tinguian o los kalinga, hasta los ifugao, ibaloi y kankanay, pasando por los bontoc.
El segundo ofrece un panorama sobre el arte de estos pueblos.
Su estudio resulta fundamental para entender el futuro desarrollo bajo gobierno hispano, ya que tanto las técnicas como los materiales e incluso los significados serán reutilizados.
Por citar algunos casos, en el plano urbanístico cabe señalar cómo el consejo de ancianos se reunía alrededor de un árbol reconocible a cierta distancia, elemento habitual posteriormente en los atrios conventuales.
En el campo musical, los regalos de cítaras y flautas como parte del cortejo nupcial pudieron tener influencia sobre la casi total inexistencia de los mismos en las celebraciones religiosas de época española, que prefirió el uso del arpa.
La producción escultórica goza de cierto detenimiento por parte de la autora, enriquecido además por numerosas ilustraciones.
El material más utilizado fue la madera, especialmente la de narra.
El uso del marfil, muy extendido durante época española, debería ponerse en relación por tanto con la población sangley.
Quizás por ello, en muchos inventarios de parroquias filipinas las obras en madera fueron muy superiores a las de eboraria.
En línea con el trabajo de la autora, resulta interesante analizar el ceremonial de estos pueblos alrededor de la propia realización de los anitos, además de su vinculación con la arquitectura o con la agricultura.
Según se expone en el trabajo, existen paralelismos suficientes para poner en relación las obras del norte de Luzón con las estudiadas en la actual Indonesia, en concreto con la provincia de Sulawesi.
Por último cabe destacar otras manifestaciones artísticas tales como la alfarería, la cestería, la metalistería o la vestimenta.
Desgraciadamente los datos al respecto se limitan a algunas obras conservadas en museos tras exca-HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 69, 2, julio-diciembre, 2012, 727-788.
La autora rastrea por diversos medios las diferentes técnicas y tipologías, así como sus denominaciones y usos, demostrando el grado de especialización y refinamiento que alcanzaron en cada una de las culturas de La Cordillera.
Un capítulo de especial interés para el desarrollo posterior del arte en Filipinas lo ofrece la tradición de decoración de piezas de nácar.
Desde el fikum hasta el pangalapang o los pawisak, se evidencia un desarrollo técnico similar al que tuvieran los otomíes en América.
Aunque todas ellas son soluciones particulares de Luzón, la autora ha conseguido establecer vínculos formales con otras culturas tanto en Indonesia como en el continente asiático.
Con este trabajo Ruiz Gutiérrez aporta una renovada visión en castellano de las culturas del norte de Luzón aprovechando desde la investigación de campo hasta la revisión de fondos archivísticos, que quedan expuestos en un prolongado apéndice documental.
Gracias a sus conclusiones se facilita la puesta en valor de la diversidad cultural de los pueblos de las montañas y su variado patrimonio.-PEDRO LUENGO GUTIÉRREZ, Universidad de Sevilla.
Saranyana, Josep-Ignasi, y Amores Carredano, Juan Bosco (eds.): Política y religión en la independencia de la América hispana, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos / Universidad de Navarra, Estudios y Ensayos Historia 131, 2011, IX + 239 pp.
En el contexto de la conmemoración del bicentenario de la independencia de las naciones latinoamericanas de matriz hispana, la Universidad de Navarra organizó en Pamplona un Simposio internacional sobre Política y religión en la independencia de la América hispana (28-29 octubre de 2010), que contó con el patrocinio de la Pontificia Comisión para América Latina.
Intervinieron ponentes de once universidades -cuatro europeas y siete americanas-, y el discurso final estuvo a cargo del entonces Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
Este libro, publicado con el mismo título del Simposio, recoge las ponencias enriquecidas por las reflexiones de los debates posteriores durante el Simposio.
Aborda uno de los temas más debatidos por la americanística en el contexto de las conmemoraciones del bicentenario: la cuestión religiosa en la independencia de la América Latina y, en concreto, la participación de la jerarquía y el clero católicos en los procesos independentistas.
En general, se reconoce el papel destacado que tuvieron tanto la jerarquía como los miembros del clero secular y del regular.
Su preparación intelectual, así como su RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS compromiso con las elites ilustradas y la influencia que ejercía sobre la población de las colonias explican la función relevante que desempeñaron en esos momentos de graves y decisivas decisiones.
Hay tres trabajos de carácter general y ocho a nivel regional.
Los primeros tratan de los enfoques historiográficos sobre la independencia (Juan Bosco Amores); la Iglesia ante la conmemoración del bicentenario (Octavio Ruiz Arenas) y las conclusiones generales de las aportaciones recogidas (Josep-Ignasi Saranyana), todos ellos con perspectivas novedosas y enriquecedoras.
Desde una perspectiva regional-territorial estudian: Europa en el momento de la restauración ante la independencia (Mariano Delgado); y el análisis de los hechos y doctrinas que sostuvieron la empresa independentista en las diversas naciones de América Latina, con la sola excepción de Perú.
El profesor Bosco Amores aborda con buena óptica el análisis y periodización de las historiografías sobre la independencia latinoamericana.
Iniciada a nivel nacionalista desde 1949, tras un largo período de silencio en ambas costas del Atlántico.
En los 60, la irrupción de Annales lleva a una lectura de la independencia como un simple paso de poder de la burocracia borbónica a las élites criollas, sin cambios estructurales en las naciones.
A mediados de los 60 la historiografía anglosajona (John Lynch) ve la independencia a nivel continental como una revolución frente al neo-imperialismo español.
En los 90 la historiografía francesa (François Guerra) la interpreta como una «mutación» (1808-1810) que introduce a las nuevas Repúblicas en la Modernidad, al mismo nivel de Europa.
Actualmente, sin olvidar los planteamientos anteriores, se introducen nuevas perspectivas y fuentes novedosas, que permiten acercarse a diversos actores -el pueblo, los indios, los afroamericanos-y a los ámbitos regionales, y analizar las convicciones y las causas de su opción por uno u otro bando.
Monseñor Ruiz Arenas, hace una lectura «desde la Iglesia» del proceso vivido en la independencia que enfrentó a católicos de diversas opciones políticas; se detiene en las causas -doctrinales, socio-políticas, culturales-de cada una de las opciones, como vía para llegar a un entendimiento mutuo que garantice la paz.
El profesor Saranyana hace un lúcido análisis conclusivo del Simposio, desde la teología de la historia.
Plantea dos cuestiones nucleares del tema tratado: porqué los actores de la independencia de ambos bandos justificaron su opción con argumentos teológicos y si se dio o no un liberalismo americano.
A la primera responde que todos los protagonistas de la independencia plantearon justificar la moralidad de su posición por tener una compleja duda de conciencia sobre la licitud o no de la revuelta al poder legítimamente cons-tituido.
Esto es así, afirma Saranyana, por lo que denomina «humus español tan peculiar, que eleva, como por instinto, cualquier debate al plano de la trascendencia».
Y enlaza con las conocidas disputas sobre la legitimidad de la conquista o sobre la encomienda, inexplicables en otros ámbitos culturales.
En el momento de la independencia, todos, por ser católicos, apelaron a principios teológicos para apoyar sus actuaciones.
Esto hizo de la independencia de América Latina una realidad original, distinta de la disgregación de otros imperios.
Otra conclusión: en este proceso se dieron, sobre una base común cristiana, sistemas doctrinales distintos y enfrentados.
Saranyana deduce que caben distintas teologías políticas, dentro del cristianismo, como de hecho sucedió en las guerras de la independencia latinoamericana (Robert H. Holden, en su estudio sobre Guatemala afirma en esta línea que no se puede hablar del «papel de la Iglesia», porque no hubo una sola voz eclesiástica).
A la pregunta sobre si se dio un liberalismo americano, responde Saranyana acercándonos a dos figuras que conoce bien, el mexicano Servando Teresa de Mier y Terán, representante del primer liberalismo y el peruano Francisco de Paula González Vigil, exponente del segundo liberalismo, mucho más agresivo.
Y, citando el trabajo de José Luis Soberanes, añade que hubo después de la independencia, dos cuestiones religiosas que tuvieron que resolverse con urgencia: las relaciones Iglesia-Estado y la libertad de cultos.
Soberanes afirma que en el caso mexicano ambas cuestiones siguen aún vigentes, pues no han sido resueltas adecuadamente.
Saranyana añade que esta observación, con matices, podría aplicarse a otras latitudes de Latinoamérica.
Los trabajos regionales, de especialistas reconocidos, aportan las nuevas tendencias y estudios sobre el área.
Original el de Javier de Navascués, que analiza la obra literaria de Jacinto V. de Molina, afroamericano uruguayo, hijo de libertos, que sortea su adhesión al regalismo hispano, en medio de avatares que le llevan al Brasil y le hacen retornar al Uruguay de origen.
Destaca asimismo, el análisis cultural de Juan Bosco Amores al estudiar la realidad neogranadina donde la religión fundamentó un orden justo, por el que se comprende la posición realista de zonas y estratos populares de la población.
Estamos ante una aportación al debate americanista suscitado con ocasión del bicentenario.
Muestra que la comprensión de todo proceso histórico ha de hacerse desde un estudio interdisciplinar en el que la religión tiene una importante tarea y, en este caso, una función primordial para alcanzar una objetiva lectura de los hechos.
Útil tanto para los estudios de historia latinoamericana como para los estudiosos de teología del área.-ELISA LUQUE ALCAIDE, Universidad de Navarra.
Torres Torres, Fray Eugenio (coord.): Los dominicos insurgentes y realistas, de México al Río de la Plata, México, Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas / Miguel Ángel Porrúa, 2011, 642 pp., fotos blanco y negro.
El libro que reseñamos cuyo coordinador es el sacerdote dominico Eugenio Torres Torres O. P., ha contado con la colaboración de un notable grupo de historiadores e investigadores vinculados con el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas de la Provincia dominicana de Santiago de México, órgano rector de los trabajos presentes en la obra, la cual ofrece al lector una visión muy completa de la actuación política de los religiosos pertenecientes a la Orden de Predicadores durante el proceso de la independencia -gestado en el siglo XIX-en las regiones de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.
Para cumplir con esta fundamental tarea se contactaron a veinticinco autores de los países arriba mencionados para involucrarlos en el proyecto y así cada uno de ellos aportó el material imprescindible para crear la obra de 642 páginas, con un invalorable trabajo investigativo en archivos eclesiásticos y civiles -unos 38 reservorios documentales en América y Europa-, así como de Academias de la Historia de diversas naciones y el examen minucioso en las bibliotecas de universidades y de conventos repartidos por la amplia geografía de América Latina.
Un trabajo histórico perfectamente enmarcado en las celebraciones por el bicentenario de la independencia, evento organizado en los distintos países donde conmemoran el doble centenario del nacimiento como estados independientes de la corona de España.
La iglesia católica jugó un papel de primerísimo plano durante el proceso de emancipación.
Su participación fue compleja y en muchos casos tanto la jerarquía como sus demás miembros fueron presa de las incertidumbres morales y éticas originadas por la situación.
Muchos de los eclesiásticos se decantaron en los albores de 1810 por el bando monárquico o cerraron filas en torno a las tropas republicanas.
Casi todos convencidos de pertenecer al grupo de los defensores de la justa causa.
Unos pocos, madurando sus ideales, cambiaron de partido y auparon con más ahínco a aquellos que habían combatido inicialmente.
El libro comienza con una introducción escrita por el padre Eugenio Torres, quien logra un apretado pero denso contexto histórico del tema y así como una explicación e historia de los orígenes de la obra, madurada desde el verano de 2008.
ISSN: 0210-5810 Se trató de abarcar dentro de la temática diversos aspectos relacionados con los dominicos y la independencia.
El primer capítulo de María del Carmen Icaza de Velasco, titulado «Tres miradas patrias desde Perú, Argentina y México», analiza partiendo del arte de la época la visión de la nueva soberanía de estos países, en palabras de la autora.
Un capítulo muy especial e interesante.
Los siguientes capítulos desde el 2 al 4 y posteriormente el 20 y el 24 son los apartados dedicados a la relación general de los religiosos predicadores con los movimientos independentistas o monárquicos de Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile y Guatemala, en ese orden.
Los tres primeros autores son dominicos: Jonny France Zozoranga de Ecuador, Oswaldo Montilla de Venezuela y Rubén González de Argentina.
Lucrecia Enríquez, Paula Jiménez y José Manuel Castro escribieron sobre los dominicos de Chile y Fernando Urquizú hizo, a su vez, la disertación sobre el antiguo reino de Guatemala.
No podía faltar la referencia a las dominicas de clausura en el texto reseñado.
El quinto capítulo perteneciente a Guillermo Nieva Ocampo se titula «El gravoso precio de la lealtad: las dominicas de Córdoba de Tucumán y la Revolución (1810-1813)».
Las religiosas pertenecían a un monasterio de abolengo que no sólo constituía un centro religioso, además mantuvo en esos años vínculos estrechos con la monarquía, ocasionando que en 1812 se le acusara de «antipatriotismo».
El capítulo sexto corresponde a la dupla de dos investigadores: Roberto Di Stefano e Ignacio Martínez quienes escribieron acerca de los «Frailes de gorro frigio.
La Comisaría General de Regulares funcionó como un organismo que controlaba la vida interna y la participación de los religiosos en los diferentes estamentos de la sociedad.
La idea era solucionar la «necesidad de reorganizar el funcionamiento de las comunidades religiosas».
El siguiente capítulo (el séptimo) es de la investigadora Lucrecia Jijena y lleva por título «La revolución de Mayo y el ocaso de la Tercera Orden dominicana en Buenos Aires».
Entre los integrantes de la Junta de Mayo había terciarios dominicos, mercedarios y franciscanos.
La crisis política generó la participación de estos destacados terciarios en el ambiente social y sus posteriores reformas, pues los dominicos terciarios se vieron obligados a buscar nuevas formas de «apostolado laico».
El libro continúa con el capítulo octavo de Matilde Tagle.
Investigando en la biblioteca del convento de Santo Domingo de Córdoba donde existen unas tres mil obras escritas pertenecientes a los siglos XVI al XVIII, la auto-ra nos presenta a los «Frailes lectores en tiempos de la Independencia ¿insurgentes o realistas?
Córdoba del Tucumán, siglos XVIII-XIX».
El apoyo de los frailes no abarcó lo meramente económico o aquello espiritual, el aporte académico también fue significativo.
Los siguientes capítulos están dedicados -la mayoría-a figuras señeras de la historia dominicana latinoamericana.
El capítulo 9 del profesor Carlos Mario Alzate presenta a «Fray Ignacio Mariño y Torres: entre la labor evangelizadora y la revolución en la Nueva Granada», y los capítulos 10, 11 y 12 están dedicados al eximio dominico mexicano Fray Servando Teresa de Mier: de la pluma de César Alejandro Salinas Márquez nos adentramos en el tema «Fray Servando Teresa de Mier: vida de un dominico americano»; Cristóbal Sánchez Ulloa expone la figura de «Fray Servando de Santa Teresa de Mier Noriega y Guerra, la Orden de Predicadores y la Ciudad de México (1780-1795», y para terminar el estudio sobre él de Alfonso Esponera Cerdán: «Servando Teresa de Mier, recluso y capellán militar en España (1808-1811)».-FR. OSWALDO MONTILLA PERDOMO, O.P., Instituto de Teología para Religiosos de Caracas (ITER) y Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB). |
Se analiza la relación entre identidades, legislación, y prácticas culturales en la frontera norte de la Nueva España.
Argumentos que proponían esclavizar a los chichimecas deben de ser examinados en el contexto de un proceso histórico más amplio, respecto a las relaciones entre cristianos y musulmanes en la peninsula Ibérica, específicamente los estatutos aplicados a los moriscos granadinos.
El análisis de referencias a los musulmanes en los documentos coloniales tocantes al estatus de grupos indígenas puede aportar nuevas perspectivas sobre la relación entre europeos y no-europeos que fue articulado en los altos niveles administrativos imperiales, y también al nivel local, en las zonas fronterizas.
8 Ibidem, 6r-6v. «...halle en la plaça de la villa de la Purificación siete vasallos del gran turco todos hombres de la mar las espias que traen los principes todos andan en diversos avitos de vestidos como ven que requiere el negocio que traen entre las manos...».
24 Tratado de los chichimecas de nueva España (Biblioteca de El Escorial, MS K. III, 8), 392.
«Este nombre chichimeca es generico, puesto por los mexicanos (en ignomia) a todos los yndios que andan vagos, sin tener casa ni simentera los quales se podrian bien comparar a los Alarabes».
«El modo de matar a qualquier res, chica o grande, que usaban los indios, según su ceremonia antigua, es la propria que tienen los moros, que llaman el alquible, que es tomar la res encima del brazo derecho y volverle los ojos hacía el sol, diciendo diferentes palabras, conforme a la cualidad de la res que se mata».
«Y ansi bastaria castigar los principales o mas culpados y a los demas ordenarlos de manera q se les quiten todos los ynconvinientes q podrian tener pa revelarse».
«Pobrarlos en tierra llana, doctrinarlos en la ley de dios y buenas costumbres, dandoles todos los medios posibles pa q consigan este fin».
«Y sin esto seria nescesario poner entre ellos quien les muestre a cultivar la tierra, y a otros officios mecanicos como olleros, carpinteros, albañiles, y quien muestre a sus mugeres a hazer pan o tortillas y hilar y texer».
«Estando visitando un día al señor doctor Antonio González (muy ilustre señora) conocí en vuestra merced afición a ver criar la seda que tanto en este reyno de Granada se usa, y por aver a nos que yo viviendo en México tenía hecho este libro, del modo que en ello se a de tener para provecho de los Yndios de Nueva España...Yo quisiera que fuera materia tan generosa que conformara a la calidad de vuestra merced, más no deja de ser noble, porque aunque crialla es officio servil, el uso della es de nobles, y nunca a venido a usarse sino de gente generosa, y en los mas nobles usos de la tierra; y aunque no fuesse esto bastaría para tenerse por tal redundar de la theorica y pratica dello tanto provecho, y charidad a aquella provincia, y a otras gentes...».
«Los yndios de guerra...andan desnudos echos salvajes no tienen ley ni casas ni contratacion ni labran la tierra ni travajan mas que en la caça...».
41 Ibidem, 2r. «...andaban echos Alarves siguiendo la guerra e caça...».
42 Ibidem, 2r. «...andan como alarbes y salvajes sin tener lugar cierto...».
43 Ibidem, 3r. «...e asi seria de paresçer que convernia al servicio de dios y de su mag[esta]d y a la seguridad de los caminos y de aquella t[ie]rra e de todo aquel rreyno que se les hiziese guerra e diese castigo de manera que quedasen amedrentados porque se seguiria lo uno asegurar los caminos como su mag[esta]d es obligado para descargo de su rreal conciencia...porque es jente yndomita e sovervia...y asi conviene azelles prim[er]o buena guerra...».
«Los Alarabes que viuen en los desiertos de Barca que son entre Berberia y Egipto, son gente pobre y miserable, porque la tierra donde andan es esteril y aspera, y aunque tienen ouejas y camellos es tan poca la yerua que ay que sacan poco fructo del ganado».
«Son estos Alarabes los mayores salteadores del mundo, y quantos forasteros caen en sus manos los roban y prenden, y los venden a los Christianos, por manera q no osa ningun Mahometano passar por su tierra, solo ni acompañado».
«Y hazen poco effecto con ellas [escopetas] si no es para espantar a otros Alarabes como ellos, porque esta gente generalmente son medrosos de tiros de fuego, y dizen que es arma traydora q mata al hombre antes q llegue a mostrar su valor».
49 AGI, Patronato 182, R.5, 1v. «...todos son tan balientes e bellicosos y exercitados en el arco desde q saven andar de mamar a los niños asta que matan un conejo o liebre con el arco q lo azen de hedad de cinco o seis años».
In his Pragmática y Declaración sobre los Moriscos que fueron tomados por esclavos de edad de diez años y medio, y de las esclavas de nueue [sic] medio, del Reyno de Granada Philip II ordered that any participants captured in the Morisco rebellion above ten and a half years of age in the case of boys and nine and a half in the case of girls could be «sold or used as 50 «De la instruction de la audiencia de Mexico doze de Iunio año de treynta que manda provean lo que convenga cerca de la costumbre que tienen los Indios de hazerse esclavos los unos a los otros» from Encinas [1596], IV, 1946, 364.
«Y porque somos informados que los Indios entre si tienen por ley y costumbre de hazer esclavos, ansi en las guerras que unos con otros tienen, como por hurtos que hazen, y otras causas, informaroseys dello muy particularmente...».
53 AGI, Patronato 182, R.5, 3r. «...convernia que rresciviesen castigo por q se van la tierra adentro e se buelven libremente unos aviendo admitido el bautismo e otros que se estan en su ynfi -delidad...».
Following further debate the Council: 60 Encinas, IV, 1946, 361. «...los requerimientos necessarios para que vengan a nuestra obediencia».
61 «De la instruction que el Emperador Don Carlos de gloriosa memoria dio al Marques del Valle en [26 junio 1523]...y se dio a Diego Velazquez año de diez y ocho para nuevos descubrimientos que manda pudiesse hazer guerra a los Indios, y poner los que tomaren por esclavos (1523)» and «Provision que manda que los Indios naturales de la nueva Espana no puedan ser esclavos ni herrados (1526)» in Encinas, IV, 1946, 361-362.
«Habia duda desde el principio desta guerra si los rebelados, hombres y mujeres y niños presos en ella, habian de ser esclavos; y aun no se habia acabado de determinar el Consejo hasta en estos dias, porque no faltaban opiniones de letrados y teólogos que decian que no lo debian ser; porque aunque por la ley general se permitia que los enemigos presos en guerra fuesen esclavos, no se debia entender ansí entre cristianos; y siéndolo los moriscos, ó teniendo, como tenian, nombre dello, no era justo que fuesen captivos».
Mendoza stated that he never ordered the 64 Ibidem, 153. «...se resolvieron en que podian y debian ser esclavos, conformándose con con un concilio hecho en la ciudad de Toledo contra los judíos rebeldes que hubo en otro tiempo, y por haber apellidado á Mahoma y declarado ser moros.
Este parecer aprobaron algunos teólogos, y su majestad mandó que se cumpliese y ejecutase el concilio contra los moriscos, de la mesma manera que se habia hecho contra los judíos, con una moderacion piadosa, de que quiso usar como príncipe considerado y justo: "que los varones menores de diez años, y las hembras que llegasen á once, no pudiesen ser esclavos, sino que los diesen en administracion para criarlos y dotrinarlos en las cosas de la fe"».
65 Ibidem, 153. «...que la guerra era contra enemigos de la fe y rebeldes á su majestad; y que se habia de hacer á fuego y á sangre».
77 AGI, Justicia 1041, N.2, 57v. «...toda la villa de la Purifficacion mugeres y niños van huyendo el camino de Autlan porque los moros tomaron puerto en el pueblo de Vote es de la Purificacion». |
«Hállase Señor este reyno [...] con todas sus poblaciones tan destruidas y faltas de gente que parece ha padecido continuas guerras y rigurosas pestes, que son los cuchillos que acaban las más llenas y pobladas monarquías».
1 De esta manera describía las provincias del virreinato del Perú el virrey duque de La Palata hacia fines del siglo XVII, introduciéndose en un debate que llevaba ya varias décadas en la región: ¿Había sido la mita la causa del despoblamiento? 2 ¿Era necesario, entonces, abolirla como ha bían planteado algunos de los virreyes anteriores?
La Palata concluyó en su informe que no, que si bien se observaba el abandono de los pueblos, el hecho no significaba necesariamente que se hubieran acabado los indios.
Para el virrey, la mita había sido, efectivamente, una de las principales causas de este despoblamiento, pero no por la muerte de los mitayos sino porque éstos huían de los abusos en los que había derivado.
Los migrantes se refugiaban en las provincias exentas, o en las haciendas de españoles siempre necesitadas de mano de obra.
La Palata había llegado a Lima con instrucciones de la corona tendientes a revitalizar la mita, basadas principalmente en las demandas de los azogueros potosinos de esta mano de obra forzada y en la amenaza de un inmediato colapso de la actividad minera si no lograba dicha revitalización.
Entre otras medidas el virrey organizó una visita general que incluyó no solamente las dieciséis provincias que estaban enviando mitayos a Potosí, sino también aquellas vecinas donde se suponía estaban los migrantes.
A partir de esta información se evaluaría si convenía incluir algunas jurisdicciones exentas en el nuevo repartimiento de la mita, o aumentar el número de tributarios afectados de las dieciséis provincias a partir del retorno de los emigrados.
El argumento del virrey, es decir, que la causa más importante de las migraciones andinas fue la huida de las obligaciones coloniales (principalmente de la mita), fue retomado por la historiografía actual que lo sostiene, aunque complejizándolo como veremos en el próximo apartado.
Orientados por este debate y con el objetivo de participar en él, hemos analizado 1 La Palata, 1859, 240.
2 La mita fue organizada por el virrey Francisco de Toledo en la década de 1570.
A través de ella se obligaba a un porcentaje de la población tributaria a prestar servicios por un tiempo determinado.
La más conocida fue la mita potosina, que implicaba que aproximadamente un séptimo de la población de dieciséis provincias andinas entre Cuzco y Chichas trabajase en las minas e ingenios de Potosí.
Ambas eran mineras, atravesaban por un período productivo semejante (el apogeo de sus principales minas había ocurrido en la primera mitad del siglo XVII), eran vecinas y compartían gran parte de su historia y relaciones sociales.
Algunas de sus diferencias, sin embargo, complican la comparación, aunque no la invalidan: Chichas tenía por lo menos cuatro veces más población que Lípez, una economía mucho más diversificada y grandes diferencias ambientales hacia el interior de la jurisdicción.
3 La comparación se basa en dos ejes: la geografía de las migraciones y la anatomía de los tributarios.
El primero nos permitió conocer la migración en cifras y en su extensión, así como también las diferencias que hubo entre las dos jurisdicciones.
El análisis de los tributarios contribuyó a aportar información sobre los cambios ocurridos desde las reformas toledanas y la importancia de cada uno de los grupos de tributarios en la región.
La descripción cuantitativa obtenida se puso en diálogo con las respuestas dadas en la visita acerca de las causas de la migración, el pago de los tributos y sobre el proceso migratorio en sí mismo.
Las migraciones del siglo XVII
A diferencia de su antecesor el virrey Francisco de Toledo, La Palata no salió personalmente a recorrer el territorio, sino que envió a sus funcionarios a hacer la visita.
Su planificación se basó mucho más en las ordenanzas de Toledo -origen de la mita-que en el conocimiento de las sociedades andinas del momento, que habían sido profundamente transformadas por dicha institución.
Como veremos, la visita muestra que algunos de los supuestos sobre los que trabajó el virrey no se verificaron, lo que le da aún más valor al documento como un mirador de la población indígena andina del siglo XVII tardío.
Hoy sabemos que el contexto demográfico en el que se inscribió la visita fue el del derrumbe demográfico de la población indígena que recién comenzó a revertirse a comienzos del siglo XVIII.
4 Dentro de esta disminución -cuya intensidad aún se debate-el contingente de mitayos acompañó la tendencia, mientras que, por el contrario, diferentes fuentes reportaron el incremento de una población que se comenzó a llamar «forastera» y también el aumento de los «yanaconas».5 Junto con estos cambios se observa de manera simultánea el despoblamiento de las ciudades que caracterizaron el siglo XVI tardío y la ruralización de la población, procesos que acompañaron la decadencia de Potosí.
Los estudios historiográficos muestran que las migraciones no fueron solamente huidas de indígenas frente a la presión hispana.
Diferentes actividades económicas encabezadas por españoles competían por la mano de obra por lo que, por ejemplo, las haciendas agrícolas podían convertirse en «refugio» de la mita.
Las autoridades étnicas, por su parte, a veces en coordinación con los corregidores, podían promover el ocultamiento de tribu tarios para disminuir la cantidad de mitayos que debían enviar a Potosí, práctica que les permitía seguir contando con mano de obra en las comunidades.
Desde la historiografía se propusieron dos miradas sobre las migraciones en las que pueden agruparse la mayoría de los trabajos que se han realizado hasta la fecha: hubo autores que se inclinaron más por interpretarlas como huidas individuales de los indígenas con diferentes destinos -lo que favoreció la ruptura de las relaciones al interior de las comunidades-, mientras que otros las interpretaron como una acción coordinada por las autoridades étnicas que favorecía la manutención de los lazos comunitarios.6 Dentro de esta segunda línea interpretativa, algunos trabajos discuten los supuestos de La Palata relacionados con la huida, ya que encuentran que con las migraciones se buscaban alternativas tendientes a poder cumplir con las obligaciones y no a evitarlas.
Zulawski, por ejemplo, incluye al asiento minero de Oruro en la categoría de «piso ecológico», donde las poblaciones andinas podían complementar sus ingresos.
7 Entre los empadronados encuentra que la gran mayoría de los forasteros (82 %) estaba pagando el tributo y cumpliendo con sus obligaciones de la mita.
Larson agrega información que contribuye a esta línea de análisis, cuando muestra el alto grado de mercantilización que había alcanzado la población indígena y su participación en los mercados (presentes ya desde la segunda década del siglo XVII).8 Uno de los objetivos de esta práctica era ganar la plata que les permitiría pagar la exención de la mita: tan temprano como en 1633 la mitad de los mitayos pagaba su reemplazo.9
La visita general de La Palata
La razón principal por la cual se organizó esta visita (concretada a partir de 1683), fue la de analizar qué estaba pasando con los mitayos, cuya importante disminución había preocupado a las autoridades ya desde comienzos del siglo XVII.
El incremento de los abusos cometidos contra los mitayos por parte de los azogueros potosinos, la disputa por la mano de obra indígena por parte tanto de mineros radicados en otros centros como de hacendados, y finalmente la efectiva disminución de sus contingentes había llevado a numerosos debates y disputas que incluyeron la propuesta de abolir la mita.
La Palata tomó partido en el debate a favor de la mita, al sostener que la disminución de los mitayos no se debía tanto a las condiciones de trabajo en las minas sino a la huida de los tributarios de sus obligaciones.
Esta huida estaba favorecida, según el virrey, por lo fácil que era pasar a las provincias vecinas que no estaban incorporadas a la mita.
Con el fin de dar cuenta de este proceso, la visita organizada por La Palata incluyó no solamente las provincias mitayas, sino también aquellas donde se suponía que habían huido los mitayos y donde «se han situado con nombre de forasteros».
10 El primer trabajo que dirigió su atención a la Visita General de La Palata con preguntas sobre las migraciones fue el de Sánchez-Albornoz.
11 Entre otros aportes este autor propuso una cronología y una intensidad del incremento de los forasteros entre la población tributaria, una descripción del despoblamiento relativo de las tierras altas y destacó la importancia que había tenido la migración hacia los valles.
En 1981 Brian Evans retomó algunas de las preguntas planteadas por este estudio inicial, analizó las diferencias que había entre las instrucciones y lo que verdaderamente se realizó, describió algunos de los principales problemas del documento y planteó nuevas preguntas.
Cole incluyó esta visita en su detallado estudio sobre los cambios que tuvo la administración de la mita a lo largo del siglo XVII.12 Esta fuente fue utilizada también por otros investigadores en estudios de caso sobre algunos repartimientos, como el de Brooke Larson sobre Cochabamba, Ann Zulawski sobre Oruro, y varios autores sobre Atacama.
13 A continuación destacaremos algunas de las limitaciones que tiene la fuente señaladas por Evans y por Cole y que encontramos en los casos analizados, con una breve descripción de las principales decisiones que tomamos para procesarla.14 En primer lugar se destaca que particularmente en Charcas (en «las provincias de arriba») hubo muchos cambios en la definición de las fronteras administrativas y en los nombres de los pueblos.
Cada corregidor realizó la visita a su modo, sin seguir las instrucciones y sin consultar los libros parroquiales.
Uno de los principales problemas que hubo en el recuento de la población fue generado por la forma en que se empadronó a los ausentes, ya que no fue posible realizar un chequeo posterior en los lugares de destino.
Esto significa que una parte significativa de la población pudo haber sido empadronada más de una vez.
Todos estos problemas estuvieron presentes en nuestro análisis, aunque consideramos que por las preguntas que nos hemos hecho no afectan a los principales resultados.
En términos generales no hemos trabajado con ausentes, excepto para la primera caracterización de las jurisdicciones, por los problemas que presenta esta categoría, que por otra parte no era muy numerosa en nuestra región de estudio.
Con respecto al resto de la información, el caso de Chichas fue complejo para procesar, primero por la dispersión de la población migrante, y además porque los límites del corregimiento estaban en proceso de definición.
Hubo que tomar algunas decisiones: la unidad de análisis que elegimos fue «todos los parajes incluidos en la visita y empadronados por el corregidor de Chichas», anotando como observación a qué jurisdicción pertenecían según la fuente.
En el caso de Lípez, la comparación de esta visita con otra muy cercana cronológicamente (1689) nos permite afirmar que en tiempos de La Palata el visitador se centró en el asiento minero de San Antonio del Nuevo Mundo y descuidó relevar población que vivía muy cerca, aunque dispersa en asientos menores o en otro tipo de residencias.
La manera de agrupar categorías tales como «origen» de los migrantes y distinguirla de su lugar de nacimiento también es sutilmente diferente.
De todos modos, y para hablar a favor de las fuentes, el mapa de las migraciones no difiere sustancialmente, sino sólo en algunos casos de tributarios específicos que cambiaron su peso relativo.
Pero los lugares de origen (y de nacimiento) son aproximadamente los mismos, así como la proporción de los migrantes que tienen más importancia cuantitativa.
Quisiéramos terminar este apartado con una definición de las categorías utilizadas.
En términos generales durante la visita de La Palata se consideró «originarios» a aquellos indígenas y sus descendientes que habían sido reducidos, ya sea durante la visita de Toledo o en alguna posterior.
15 En teoría quienes no eran originarios debían entrar en alguna otra categoría de tributario, entre las que se destaca la de «forastero».
La relación más importante era la de un tributario (o sus descendientes) con su pueblo de reducción y con una autoridad étnica, por ello aun aquellos nacidos en los lugares de empadronamiento, pero que tuvieran antepasados reducidos en otros pueblos eran considerados forasteros.
Como nuestra preocupación inicial es la de las migraciones del período, cuando hablamos de forasteros hacemos referencia a la categoría de tributarios y cuando nos referimos a los que provienen de otras jurisdicciones los llamamos «migrantes».
Para distinguirlos hemos tomado tanto el lugar de origen (es decir aquel lugar relacionado con la autoridad y el pueblo de reducción del forastero y/o de sus antepasados) como el lugar de nacimiento (que nos permite distinguir a los migrantes).
Descripción de la población tributaria de Chichas y Lípez
En tiempos de La Palata Chichas estaba dividida en cuatro doctrinas, tres de origen toledano (Calcha, Cotagaita y Talina) y una más nueva de origen minero (la Nueva Chocaya).
Todos los análisis sobre la población de Chichas incluyen a aquellos tributarios empadronados por el corregidor de Chichas aunque residentes en algunos distritos indicados como pertenecientes a Porco y a Lípez pero que -curiosamente-fueron incorporados posteriormente a Chichas (detalle en cuadro 1).
El total de población empadronada en Chichas fue de 8.220 personas, incluyendo en este total tanto los ausentes, como las mujeres y niños (cuadro 2).
Si hay algo que caracteriza a Chichas a partir del análisis de esta fuente es la diversidad: de categorías de tributarios, de destinos de los migrantes, de actividades económicas que los requerían, de lugares de origen.
Sintetizando toda la información que desarrollaremos a continuación podemos decir que solamente un tercio de la población tributaria de Chichas correspondía genéricamente a lo que podríamos considerar originarios (incluyendo aquí a los ausentes, a los mitayos y a los indios de encomienda de Sococha) y dos tercios eran forasteros y yanaconas.
16 En todas las categorías encontramos hombres, mujeres y niños, lo que significa que la migración rara vez era de hombres solos, sino de familias.
Al menos un tercio de los forasteros y yanaconas había nacido en Chichas, es decir que no eran ellos mismos migrantes sino que lo habían sido sus antepasados.
Entre ellos es también posible que algunos hubieran cambiado de categoría de tributarios para evadir las obligaciones, principalmente la mita, pero esta distinción no la podemos hacer con estas fuentes.
El peso de la población nacida en otras jurisdicciones que llegó a Chichas para trabajar en sus haciendas y asientos mineros es muy significativo.
Mucho menos lo es el de la población local que se fue a trabajar a otros destinos, algunos forzados (mitayos y tendarunas) y los otros no sabemos realmente si se fueron libremente o como parte de otras obligaciones.
La importancia de las actividades mineras es notable, tanto por la cantidad de lugares de destino de los migrantes que se observan en los padrones directa o indirectamente relacionados con esta actividad, como por su influencia en la organización administrativa de la provincia.
Esta actividad no solamente se desarrollaba en grandes asientos como Chocaya, sino en pequeñas explotaciones que estaban dispersas por todo el territorio incluyendo las tierras de comunidad.
Por ello es difícil separarla del mundo campesino, al cual estaba integrada al menos parcialmente.
En la descripción detallada de los tributarios combinaremos por un lado lo que indicaban las instrucciones, y por el otro lo que realmente se hizo.
Según las instrucciones de la visita la población debía empadronarse en ocho cuadernos: a) los tres primeros correspondía a los «originarios» (presentes, ausentes pero que se sabe dónde están y ausentes de los que no se tiene noticias); b) el libro 4 era el de los «forasteros» y los siguientes c) eran de «yanaconas» y mitimaes (yanaconas del rey; mitimaes; yanaconas de estancias, chacras y obrajes; y yanaconas de iglesias, conventos y comunidades).
17 En la visita de Chichas hemos encontrado también d) un cuaderno separado de los «mitayos» que estaban en Potosí.
Hay, además, un cuaderno e) de los indios de «encomienda» de Sococha, que no son los únicos indios de encomienda ya que hay unos pocos venidos de otras jurisdicciones que están trabajando en Chichas.
Agregamos, además, que dentro de la categoría de originarios (que aquí señalamos con la a) se incluyeron aquellos que estaban en Tarija como «tendarunas».
18 A continuación realizaremos una breve descripción de cada uno de los grupos: a) Cuaderno de originarios: en rigor se los llamó indios de tasa, indios tributarios o simplemente «indios de [lugar de empadronamiento]».
Eran poco más del 26 % de la población tributaria.
Sus tierras comunales estaban repartidas entre Calcha, Santiago de Cotagaita y Talina.
En Calcha vivía la mayoría, casi un 37 %, repartidos entre ocho ayllos.
Le seguía en importancia cuantitativa Talina (32 %), con cinco ayllos y finalmente Cotagaita (31 %) con seis.
Dentro de estos cuadernillos se incluyó a muchos ausentes de los cuales se conocía el paradero.
Los principales destinos eran otros lugares dentro de Chichas (muchos de ellos mineros), Tarija, Potosí, Pilaya y otros destinos menos importantes.
Como ya señalamos, dentro de los originarios se señaló a los tendarunas, que eran quienes debían cumplir una mita de plaza en Tarija.
Cuarenta y dos tendarunas estaban en Tarija al momento de la visita y de ocho de ellos no se conocía el paradero.
El rango de edades de los tendarunas iba desde los 48 a los Originarios ausentes: estaban incluidos en el padrón de ausentes y eran aquellos de quienes no se sabía dónde estaban, no pagaban tasa, hacía mucho que se habían ido y con frecuencia no se tenía información acerca de su estado matrimonial o de sus hijos.
Estos padrones repiten información presente en los cuadernos de originarios, ya que éstos incluían un pequeño apartado dedicado a los ausentes.
En este análisis los hemos contado -por cierto-una sola vez.
Otros ausentes: hemos agregado esta distinción dentro de la categoría de los ausentes ya que tenemos un pequeño grupo que escapa de la lógica de las instrucciones.
Se trata de población que no era originaria sino forastera (24), arrendera (2) o yanacona (10).
Todos los yanaconas y algunos ausentes de las dos primeras categorías estaban de viaje, mientras que la mayoría del resto estaba en Potosí o en Tarija.
Entre los forasteros, diez estaban ausentes sin que se conociera su destino.
b) Forasteros: más del 45 % de la población de Chichas era forastera o arrendera.
Es principalmente sobre esta población que realizaremos el análisis de las migraciones, por lo que en este apartado no nos explayaremos mucho más. c) Yanaconas: Se encuentran en los padrones de forasteros, aunque separados por el encabezado que los distingue.
Había tres tipos diferentes: los del rey, los que vivían en las haciendas (y unos pocos en chacras) y los que se empadronaron en los ingenios.
Su proporción era muy significativa, ya que alcanzaban el 21 % del total de tributarios.
La gran mayoría (más del 80 %) había nacido en Chichas.
Entre los yanaconas llegados de otros lugares se destacan los de Cuzco y los de Potosí, muchos de ellos agrupados en unos pocos lugares de destino como por ejemplo las haciendas de Aylloma y la de Oploca.
Están incluidos en nuestro análisis de los migrantes.
d) Mitayos: se los empadronó en Potosí, con distinción de la comunidad de origen (Calcha y Talina).
Esta organización responde a la visita de Toledo, quien había organizado al repartimiento de Chichas en dos parcialidades.
El padrón realizado en Potosí asciende a 149 mitayos, aunque había además catorce incluidos en diferentes padrones (solo uno de ellos era forastero). e) Encomienda: analíticamente se puede dividir a los indios de encomienda en dos grupos.
El más importante cuantitativamente (320) era el de Sococha (en Talina), que correspondía al conjunto de «originarios» o naturales de Chichas.
Pero además había 32 indios de encomiendas de otras jurisdicciones que estaban trabajando en Chichas.
De ellos los más importantes eran los del Tucumán, pertenecientes a la encomienda de Campero, y asentados mayoritariamente en la hacienda del Valle de Tojo de su encomendero.
El caso de Lípez, en cambio, era mucho menos diverso.
La visita de La Palata muestra una población tributaria compuesta por una mitad de originarios y la otra de forasteros más yanaconas (cuadro 3) con una distribución espacial muy diferente a la del momento de las reducciones.
Esta provincia no fue reducida por Toledo y la genealogía de los originarios descripta en la visita de La Palata resulta confusa.
19 Por la historiografía sabemos hasta el momento que hay mención de una encomienda de Lípez otorgada a comienzos de la década de 1540 por Vaca de Castro a Hernán Núñez de Segura y a Francisco de Tapia, que pasa a la corona en la década de 1560.
20 A comienzos del siglo XVII se realizó una visita de reducción (1602-03), que mostraba un corregimiento dividido en dos.
21 Hacia el norte de la provincia, concentrados al sur del salar de Uyuni, se encontraban los poblados más densos, con actividad pastoril y de agricultura de altura (quinua y papas).
En el sureste, en cambio, vivían pequeñas poblaciones móviles y dedicadas principalmente al pastoreo que no habían sido tenidas en cuenta por el corregidor pero que pidieron ser empadronadas.
Su demanda se originó en los abusos cometidos por españoles dueños de haciendas y por mineros que estaban trabajando en la región que los llevaban a trabajar por la fuerza.
22 La visita general de La Palata también nos muestra a Lípez dividida en dos grandes territorios: el de los pueblos de originarios y el minero.
Los primeros son los mismos de la visita de 1602/03 ubicados al norte del corregimiento, en los alrededores del Salar de Uyuni.
En el sureste había, en cambio, un importante asiento minero (San Antonio del Nuevo Mundo), donde se había concentrado la mayoría de la población.
Muchos de los 19 Por un lado se indica (en junio de 1684) que habían sido de encomienda y que pagaban por «disposición de su encomendero desde España de mucho tiempo a esta parte».
Un mes mas tarde se indica, en cambio, que fue Toledo el que tasó sus tributos, los excluyó de la mita, los puso en cabeza de la corona y los hizo pagar sus tasas en Potosí.
22 AGNA, 13-18-6-5. a) Originarios: En la visita de La Palata los indios originarios estaban agrupados en un cuaderno, fechado en cada uno de sus pueblos, que eran cinco.
El visitador indicó que la gran mayoría de ellos estaban en San Antonio del Nuevo Mundo y que un pequeño grupo de ellos estaba en una doctrina cercana, llamada San Pedro de Salinas.
Había, también, unos pocos originarios del asiento.
No hay libro de ausentes ni constancia de ausencias.
b) Los forasteros estaban agrupados en quince cuadernillos organizados por lugar de origen, con información también de los lugares de nacimiento.
Eran el 42 % de la población y serán nuestro objeto de análisis por lo que no nos extenderemos aquí. c) Los yanaconas eran el 8 % de la población empadronada y provenían de Oruro o de Potosí.
Los hemos incluido dentro del análisis de los migrantes.
Geografía de las migraciones
Como hemos visto en la descripción anterior, los forasteros y yanaconas que estaban viviendo en Chichas al momento de la visita constituían la mayoría de la población tributaria.
No todos ellos eran migrantes, ya que una parte significativa había nacido en la región.
No tenemos información sobre el origen de un importante porcentaje de ellos (por ejemplo de las mujeres y sus hijos) y no hemos querido asumir que compartían el del hombre.
En los análisis, entonces, nos basamos solamente en la población que tiene explicitado su lugar de origen y/o de nacimiento que representa un 21 % del total.
Los forasteros y yanaconas con datos empadronados en Lípez, en cambio, llegan casi al 50 %.
Comenzaremos la descripción analizando el total de los que llegaron a la región y su distribución, para luego analizar cada corregimiento por separado.
Del conjunto de migrantes que llegaron a Chichas y Lípez se destacan los de Carangas, Porco y Potosí, y en menor medida los de Paria.
Según esta información, los de Paria se dirigieron en mayor medida a Lípez, los de Porco y Potosí a Chichas y los de Carangas se distribuyeron RAQUEL GIL MONTERO Anu. estud. am., 70, 1, enero-junio, 2013, 39-65.
Les siguen en importancia numérica los de Tucumán, Atacama y Cuzco.
Los porcentajes de tributarios provenientes de estas provincias son bastante menos significativos que los anteriores y se radicaron casi en su totalidad en Chichas (con excepción de unos pocos atacameños que fueron empadronados en Lípez).
Sintetizando, cerca del 60 % de la población migrante que había llegado a Chichas y a Lípez provenía de Carangas, Porco, Potosí, y Paria, es decir, provincias mitayas cercanas y una ciudad minera.
Este porcentaje se incrementa al 70 % si incluimos las provincias de Tucumán y Atacama.
El origen y la distribución de los migrantes cambian según sea que se dirigieran a Chichas (que tenía una economía más diversificada e incluía haciendas agrícolas) o a Lípez (donde se concentraron en el principal asiento minero y unos pocos se dispersaron en otros ingenios y asientos del repartimiento).
Los mapas 1 y 2 sintetizan la información de los migrantes según origen y destino.
23 El área de procedencia de los migrantes empadronados en Chichas es más amplia que la de Lípez, extendiéndose sobre todo en dos direcciones: hacia el norte de Canas y Canchis, y hacia la cordillera oriental.
El porcentaje de estos tributarios, sin embargo, es bajo: sólo el 3 % llegó de los valles orientales y el 4 % del norte de Canas.
24 Las ciudades se destacan como lugar declarado de nacimiento de muchos de los residentes en Chichas (en comparación con Lípez), en particular la presencia de muchos originarios del Cuzco.
El área de procedencia de los migrantes de Lípez, en cambio, es claramente la de las provincias mitayas, con pequeñas excepciones que son numéricamente poco significativas, como es el caso de Atacama.
Si incluimos algunas características específicas de los migrantes además de su procedencia podemos suponer que hubo mayores o menores grados de coacción en sus traslados.
El encomendero Campero, por ejemplo, tenía a muchos de sus indios de encomienda originarios del Tucumán en una hacienda suya en Chichas.
Otro caso semejante es el de un grupo importante de yanaconas de la ciudad de Cuzco repartidos principalmente en dos haciendas.
Sintetizando esta información, si bien la mayor parte de los migrantes provenía de áreas cercanas a Chichas y a Lípez, la cercanía no parece haber sido el principal factor determinante de la migración sino el hecho de haber sido una provincia mitaya.
Entre los forasteros que cumplían con la condición de haber nacido fuera del lugar de empadronamiento, el 60 % provenía de una provincia mitaya (es decir, había nacido en y/o declaraba el lugar como origen); el 24 % de una ciudad (Cuzco, Oruro, Potosí y Chuquisaca) y solamente el 16 % provenía de una provincia no mitaya.
El segundo factor que parece haber influido en las migraciones es la cercanía, ya que casi el 70 % de los migrantes (los 6 primeros lugares de origen de los migrantes si los ordenamos por su importancia numérica) provenía de las provincias ubicadas en torno a Chichas y a Lípez.
Sin embargo, los dos lugares siguientes en este ranking son los más lejanos: Cuzco y Canas y Canchis.
Anatomía de los tributos
Como advertencia metodológica de este apartado debemos señalar que en todos los análisis nos hemos basado en las declaraciones, sabiendo que no necesariamente reflejan la realidad, pero en todo caso lo que nos importa son algunos valores relativos más que los números muy finos.
Un dato de la visita justifica esta advertencia: en algunas ocasiones (de las que no hemos logrado encontrar su lógica) el empadronador expresa sus dudas en alguna de estas tres variantes:
[arrenderos del valle de Vitiche naturales de Potosí] dicen que pagan sus tasas en la villa de Potosí y la verdad Dios la sabe [otros arrenderos de Potosí] y el dicho dice paga sus tasas a su gobernador de su pueblo yo no creo a ninguno de ellos [arrenderos de Cuzco en la hacienda Palca] dice que paga sus tasas en Potosí a su curaca la verdad no la se.
25 Del total de los forasteros cuyo lugar de nacimiento fue diferente al del empadronamiento (y sacando aquellos escasos ejemplos de migrantes provenientes de provincias muy lejanas como por ejemplo Paraguay o Santa Fe), más de la mitad declararon pagar sus tributos y cumplir con sus obligaciones.
Esta proporción, sin embargo, es muy diferente si analizamos los corregimientos por separado.
En Lípez el 90 % de los tributarios dijo que pagaba sus tasas y cumplía con la mita, mientras que en Chichas sólo lo hizo 25 AGNA, 13-18-6-5.
El alto acatamiento (al menos en las declaraciones) de las obligaciones fortalece la hipótesis de la existencia de migraciones coordinadas con las autoridades étnicas, motivadas por la necesidad de cumplirlas.
¿Qué hacía que un tributario pagara sus obligaciones?
¿Dependía de la relación de las autoridades étnicas con su gente?
¿O sucedía que algunas actividades favorecían la desvinculación mientras que otras no?
¿Dependía del tiempo, es decir, a medida que iban pasando las generaciones de tributarios fuera de su lugar de origen, se iban perdiendo los lazos con su comunidad?
Probablemente una respuesta completa contenga todas estas alternativas.
Con la información que tenemos hemos realizado algunos análisis orientados por estas preguntas.
Lo primero que salta a la vista es la diferencia enorme que había entre Lípez y Chichas.
Hemos visto que en Lípez la visita hizo énfasis en un solo asiento minero, que en aquel momento atravesaba por un segundo pico de esplendor, más efímero y menos importante que el primero.
26 Una primera hipótesis de trabajo podría ser que el destino minero, en este caso a un solo asiento donde la población vivía más concentrada, favoreció el control de los forasteros, mientras que la dispersión de Chichas, que incluía actividades agrícolas en haciendas, permitió la evasión de los tributos.
Esta hipótesis no es fácil de verificar sin trabajos cualitativos que no hemos iniciado hasta el momento.
Sin embargo, dos chequeos realizados la ponen en duda: la comparación con otras fuentes cercanas en el tiempo que preguntan sobre el pago y el análisis diferencial por tipo de destino (minero versus hacienda).
En 1689 se realizó una visita de tierras en Lípez que no estuvo tan centrada en San Antonio del Nuevo Mundo.
En aquella oportunidad se preguntó si habían sido «empadronados en la numeración y padrón que hizo el maestre de campo don Cristóbal de Quiroga y Osorio», que fue el corregidor encargado de realizar la visita de La Palata: solamente el 10 % respondió que sí, porcentaje que llega al 30 % si solamente contamos a los tributarios.
Esta respuesta resulta desconcertante por lo cercanas que son estas visitas en el tiempo y mueve a diferentes conjeturas: o las declaraciones no son confiables, o no entendieron la pregunta, o la movilidad era realmente muy grande lo que implicaba un significativo recambio de población.
Esto pone en cuestión el posible control social que se ejercía por estar todos juntos en un asiento minero.
Si comparamos el porcentaje que declaró haber pagado sus tasas en Chichas según el destino en el que fueron empadronados, no encontramos ninguna diferencia significativa.
Nuestra hipótesis inicial era que quienes estuvieran trabajando en haciendas agrícolas podrían pertenecer al grupo de forasteros de los cuales la bibliografía se ha ocupado mucho, es decir, aquellos que huían de la mita y eran «protegidos» por algún hacendado español, quien en muchos casos pagaba sus obligaciones.
Esta falta de diferenciación según destino puede haberse debido, sin embargo, a los problemas que nos generó su clasificación, ya que muchas «haciendas» no eran establecimientos puramente agrícolas o ganaderos, sino que combinaban también la minería, y a la vez había actividad minera de escala reducida en tierras de comunidad o en haciendas.
Esta información la conocemos por fuentes cualitativas, pero no está presente necesariamente en la visita.
El pago del tributo, ¿dependía de la provincia de origen?
¿Había algunas autoridades con más capacidad de sostener los tributos de sus ausentes?
En una visita de ingenio de 1634 en Chichas, los declarantes indicaron que había autoridades que iban a buscar «algunos indios suyos», mientras que otras no. 27 Si consideramos a los grupos de migrantes entre los cuales más de la mitad pagaban tributo, se destacan Porco, Carangas y Atacama, tres provincias cercanas.
28 Sin embargo, el tipo de tributario incidía fuertemente en el pago del tributo: entre los yanaconas, por ejemplo, solamente el 3 % pagaba.
Finalmente, resulta interesante incluir a la población que dijo haber nacido en el lugar de empadronamiento, a pesar de ser forastero o yanacona: solamente el 4 % de ellos declaró haber pagado sus tasas y de ellos hay tres que declararon pagar «de un año a esta parte» al corregidor.
Los forasteros y yanaconas de Chichas y de Lípez
En este punto nos basaremos en las dos evidencias desarrolladas en los apartados anteriores (el patrón espacial del origen de los migrantes y el análisis de sus tributos), para responder a las preguntas que originaron este trabajo.
Relacionaremos nuestros análisis con los trabajos ya realizados sobre el tema, respondiendo los interrogantes que nos permite la fuente y señalando los que requieren de otro tipo de análisis pero se pueden dejar planteados.
Nuestra información se puede sintetizar en las siguientes afirmaciones: la mayoría de la población migrante provenía de provincias mitayas cercanas y este origen se acentúa en el caso del asiento de San Antonio del Nuevo Mundo; la clasificación de los tributarios es más compleja que la indicada en las ordenanzas, en particular en Chichas; esta clasificación influye en algunas de las características analizadas, como por ejemplo en la continuidad del pago de las tasas; quienes cumplían menos con sus obligaciones eran los yanaconas y las generaciones nacidas fuera de sus lugares de origen.
¿Qué lectura podemos hacer de esta información?
Como ya señalamos, la historiografía dedicada a los forasteros marca un momento fundante, que fue el de las reducciones ordenadas por el Virrey Toledo en los años 1570.
Toledo organizó una visita general por el virreinato que tenía como objetivo juntar y asentar a los indígenas en reducciones que permitieran organizar mejor el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la evangelización.
29 En este reordenamiento territorial y político cobraron importancia los capitanes de mita, autoridades creadas también por este virrey.
El papel de los capitanes fue muy importante y al comienzo equivalente al de «grandes hombres».
30 En cierto modo las capitanías contrarrestaron los efectos del desmembramiento que implicaron los repartimientos, los corregimientos y las reducciones.
La villa imperial de Potosí se convirtió en la residencia de los señores más importantes, además de ser el principal centro de aprendizaje de oficios mineros y metalúrgicos, de abastecimiento de insumos (aunque también de alimentos y otros productos), lugar de residencia de inversores y especialistas, y también de las autoridades étnicas encargadas en ocasiones de cobrar los tributos.
Muchos de los trabajadores de San Antonio, por ejemplo, provenían de esta ciudad.
31 Por todo ello, el hecho de que un gran porcentaje de migrantes llegados a Lípez y a Chichas proviniera de las provincias mitayas está en consonancia con el origen de la población de Potosí.
Después de las reformas toledanas, en particular después de los grandes cambios tecnológicos impulsados por Toledo que acompañaron la implementación del sistema de la amalgama para separar la plata del mineral y la construcción de numerosos ingenios de moler metal, una de las principales consecuencias que se observan entre los trabajadores indígenas de Potosí es la existencia de una mayor división del trabajo.
32 Dentro de esta división, los mitayos realizaban las peores tareas (acarreo de mineral fuera de las minas -realizado casi en su totalidad por los mitayos-y la carga de mineral en los ingenios de moler, ambos trabajos no especializados), que no solamente eran las más duras sino también aquellas por las que se recibía un jornal tasado por debajo del valor del mercado.
Que los tributarios desearan eludir la mita no significaba necesariamente que huyeran del trabajo minero, que sin dejar de ser todo lo duro que señalan los testigos del momento, también les proporcionaba oportunidades de ganar plata para pagar sus tributos, el reemplazo de la mita, o simplemente para vestirse y comer.
Esto último fue lo que indicaron los forasteros de Chucuito empadronados en San Antonio del Nuevo Mundo, Lípez: y habiéndoles preguntado por qué causa se habían ausentado de sus pueblos y venido a esta provincia respondieron que se habían venido por no tener en sus pueblos tierras donde sembrar comidas para su mantenimientos ni pastos para los ganados que tienen de las tierras y que por esta razón se ausentaron pero que pagan las tasas y tributos a su gobernadores sin faltar nada y toda esta provincia es de la mita de la villa de Potosí y dijeron no tener conveniencia ninguna en sus pueblos.
33 Muchos indígenas fueron a Potosí obligados por la mita y luego se quedaron allí, otros fueron aprovechando las oportunidades que brindaba este centro minero.
Nuestra hipótesis es que muchos trabajadores que aprendieron allí sus oficios (o en las minas cercanas) circulaban por diferentes centros mineros aprovechando nuevas oportunidades de trabajo que les permitían los conocimientos que habían adquirido.
34 Además Potosí continuó siendo el centro proveedor por excelencia de insumos, y el lugar de residencia de los principales inversores.
En la mayoría de los asientos mineros medianos y grandes de Chichas y de Lípez se utilizaba la amalgama con mercurio y/o se construyeron ingenios de moler, es decir, se aplicaron métodos desarrollados inicialmente en Potosí.
Esta hipótesis de trabajo se basa principalmente en evidencias cualitativas, en relatos aislados que muestran la importancia de Potosí, y posteriormente la de otros centros mineros, cuando se buscaban especialistas para construir ingenios, socavones o para iniciar alguna empresa.
34 Lo mismo encuentra Zulawski, 1995, en Oruro, a comienzos del siglo XVII.
Muchos de los azogueros y mineros que invertían en Lípez y en Chichas venían de Potosí con sus indios, se abastecían allá de gran parte de los insumos específicos de la minería y también de otros bienes que se encontraban en aquel enorme mercado.
Muchos tributarios declararon que pagaban sus tasas en Potosí, donde, como ya señalamos, residía una parte importante de las autoridades étnicas.
Por ejemplo, después de empadronar a los forasteros del pueblo de Calcha, el corregidor advirtió que de todos los que sean de la mita, solo de uno se dice que fue a servirla y harto sospecho es lo que afirman de que pagan tasa en Potosí pues no dicen el pueblo ni el curaca y todos son casados con familia.
36 La experiencia en el trabajo minero, sumada a las oportunidades que brindaban los asientos cuando estaban en su apogeo son dos razones por las cuales no parece extraño que el mapa de la migración a los asientos mineros de Lípez y de Chichas coincida en gran parte con el de Potosí.
En los testimonios que hemos ido adelantando se sugiere el motivo por el cual iban a estos asientos: lejos de huir de sus obligaciones fiscales, muchos de los migrantes buscaban oportunidades para poder cumplir con ellas.
Para analizar mejor esta afirmación veremos las declaraciones sobre el pago del tributo.
A pesar de las dudas que generan las declaraciones sobre el pago de las tasas, hay dos detalles que sugieren que no eran enteramente falsas: por un lado, porque la declaración no es homogénea (todos podrían haber dicho que pagaban para librarse de la presión, pero solo algunos lo hicieron) y por el otro porque el análisis detallado de quienes pagaban y quienes no guarda una cierta lógica, como veremos.
Un poco más de la mitad de los tributarios declaró haber pagado sus tasas, aunque quienes pagaban estaban más concentrados en Lípez.
Del conjunto de los tributarios que no pagaban el tributo se destacan dos grupos: los yanaconas y los forasteros nacidos en el lugar de empadronamiento.
Esta última información sugiere que los lazos con las comunidades de origen eran más fuertes en la primera generación de migrantes que en las siguientes.
También puede significar que las categorías de forasteros y yanaconas eran efectivamente un refugio para evitar obligaciones.
Otro detalle que el conjunto de la información sugiere, es que aún no estaban muy claros los mecanismos de cobro, organización y categoriza-36 AGNA, 13-18-6-5, padrón de forasteros del pueblo de Calcha.
MIGRACIÓN Y TRIBUTACIÓN EN LOS ANDES: CHICHA Y LÍPEZ A FINES DEL S. XVII ción de quienes salían de las categorías iniciales (indios de encomienda, de tasa, mitayos y yanaconas).
Si bien el fenómeno del forasterismo había comenzado hacía ya varias décadas, aún estaba en debate qué hacer con ellos y cómo organizarlos.
Todavía en tiempos de La Palata se seguía promoviendo la responsabilidad de la comunidad de origen por sus ausentes, aunque se comenzaba a plantear la alternativa de vincular a los tributarios más con su lugar de residencia que con el de origen.
La visita muestra que muchos de los forasteros estaban comenzando a pagar al corregidor y no a una autoridad étnica.
En síntesis, estamos asistiendo a momentos de cambios en los que aún había muchos temas por definir relacionados a los tributos.
Dentro del debate iniciado en el virreinato del Perú entre los defensores y detractores de la mita y continuado por la historiografía actual, el argumento que prevaleció -con pocas excepciones-fue que los mitayos habían disminuido principalmente como consecuencia de las huidas a las provincias exentas.
Lo que hemos encontrado en este análisis (que, como señalamos, coincide con lo encontrado en Oruro por Zulawski) no niega esa posibilidad, aunque muestra que la respuesta tiene muchas otras variables a tomar en cuenta.
Lo que sí es notable como síntesis de nuestro análisis es que la mita seguía influyendo en los circuitos migratorios de fines del siglo XVII no solamente porque se huía de esta obligación, sino porque había favorecido la conformación de un colectivo de migrantes relacionado con la actividad minera.
La composición de la población forastera y yanacona empadronada en la visita del duque de La Palata en Lípez y Chichas en 1683 tiene, sintéticamente, las siguientes características: a) son prácticamente la mitad de los tributarios en las dos jurisdicciones; b) no todos ellos son migrantes; c) el principal origen de la población migrante eran las provincias mitayas; d) los movimientos de población más significativos se realizaron entre jurisdicciones cercanas; e) el 90 % de los empadronados en Lípez y el 37 % de los de Chichas declararon haber pagado sus tributos y cumplir con las obligaciones de la mita.
Por las características del trabajo minero de Lípez y de Chichas, una parte importante de la mano de obra debía ser calificada, con experiencia RAQUEL GIL MONTERO en trabajo en ingenios y conocimiento de los procesos de separación de la plata por medio de la amalgama.
Esta necesidad, sumada al origen de los migrantes y algunas evidencias presentes en otro tipo de documentos estudiados, permite proponer que quienes llegaban a nuestras jurisdicciones de estudio provenían de otros centros mineros (principalmente del mismo Potosí).
Muchos de ellos acudían con sus familias (y animales) a los diferentes asientos por las posibilidades que tenían de ganar dinero, y poder hacer frente a las obligaciones coloniales.
En este sentido las declaraciones de los forasteros de Lípez son muy contundentes.
Todo esto no invalida otras alternativas, como que hubiera otras vías de aprendizaje de la actividad minera o metalúrgica (muchas de estas poblaciones de las tierras altas conocían estas prácticas desde tiempos prehispánicos), o que muchos migrantes se acercasen a los asientos practicando otras actividades como el comercio o la arriería.
El gran número de yanaconas encontrados en Chichas y el porcentaje más bajo de tributarios que pagaban sus tasas sugiere que efectivamente había migrantes que evitaban el pago del tributo y la mita refugiándose en estas categorías, o siendo «amparados» por hacendados también ávidos de mano de obra.
Esto no se daba en Lípez donde no había ninguna otra actividad productiva diferente a la minera desarrollada por españoles. |
En el contexto de la llamada rebelión general indígena de 1723, este artículo reconstituye las acciones llevadas a cabo para reprimir un supuesto ataque rebelde a la ciudad de Santiago en octubre de dicho año, el cual nunca llegó a realizarse, pero que llevó a la cárcel a más de una centena de indios que habitaban en las cercanías de la ciudad, la mayoría de los cuales eran inmigrantes venidos de la frontera del río Biobío o desde el interior de la Araucanía.
Dicho proceso se estudia desde la perspectiva del miedo al «otro», en este caso al indígena migrante, portador de un idioma, costumbres y una religiosidad mayormente incomprensibles para los hispanocriollos de Chile central, lo que los convertía inmediatamente en sospechosos y se les calificaba como «aucas» o rebeldes.
El 30 de septiembre de 1723 el alcalde de primer voto de Santiago de Chile, Pedro Gallardo Lísperguer, abrió una investigación judicial con escasos precedentes en el reino.
En ella se vieron involucrados más de ciento veinte indios, muchos de los cuales eran inmigrantes de la Araucanía que habitaban los distritos cercanos a la capital chilena.
1 Lo anterior se concretó en su encarcelamiento bajo la sospecha de querer atacar la ciudad, delito que aunque había sido frustrado era considerado atroz, pues no solo atentaba contra la vida de las personas, sino también contra la autoridad de la monarquía y la santidad de la religión, toda vez que el clero local estaría entre las potenciales víctimas.
Mientras tanto, en Santiago y sus alrededores la noticia del supuesto alzamiento era transmitida de boca en boca y la población, tanto plebeya como de elite, se hacía presa del temor y la desconfianza contra los indios.
Ello, a su vez, tenía un correlato en la toma de medidas concretas para proteger la urbe, como fue el apostamiento de custodia armada en los conventos femeninos y el reforzamiento de las rondas urbanas y rurales antes y después de que el conato rebelde fuera suprimido.
Los inculpados rápidamente fueron calificados como aucaes, voz que se usó frecuentemente para designar a los indios hostiles o a los que se alzaban contra la corona.
Sin embargo, dicho concepto de origen quechua pero resignificado en el periodo colonial, portaba mayores complejidades.
Giudicelli manifiesta que tal categoría operaba como un marcador de la barbarie fronteriza, por la cual los individuos así significados se encontraban alejados tanto del cristianismo como de la civilización.
2 Particularmente los jesuitas, según lo plantea Valenzuela, no dejaban de manifestar que los indios de la frontera «civilizados» a medias, entre ellos los que arribaban a Chile central, en cualquier momento podían transformarse en aucaes, generándose un paradigma epistémico que equiparaba «no civilizado» con «infiel».
Lo anterior aportaba a construir la representación de un «otro» que era eminentemente sospechoso por su origen y conductas.
3 Ese «otro» era aquel que pertenecía a un universo cultural, social y religioso distinto al propio a la vez que incomprensible, el cual si bien podía ser necesario como mano de obra, no se podía confiar en él y era el primero del que se debía dudar.
4 Era ese sujeto venido de la llamada «tierra adentro» que había llegado a Chile central como esclavo durante el siglo XVII o, paralelamente, inmigrando voluntariamente durante dicha centuria y en los años posteriores, quien si bien podía ser fenotípicamente parecido a sus congéneres del territorio pacificado, portaba un idioma que muchos ya no hablaban, formas de vida y costumbres que resultaban extrañas o rechazadas por los hispanocriollos, y que al estar exento de tributo, no tener bienes y pocas veces una familia, podía moverse libremente por los parajes rurales del reino.
5 Por lo anterior, estas líneas junto con reconstituir los hechos que rodearon la represión del supuesto asalto indígena contra Santiago, pretenden introducirse en el estudio de las representaciones del miedo y auscultar, bajo esa perspectiva, como se fue constituyendo tanto un escenario rebelde como un grupo de acusados que no sólo parecían condenados de antemano, sino que en el imaginario social de la época representaban la personificación del temor, la desconfianza y el peligro inminente.
6 En tal contexto, salían a la luz viejos temores, aquellos que llevaban la guerra a los territorios que, supuestamente, habían estado de paz desde 1558.
Pero esto distaba de ser cierto, al menos desde el punto de vista de las representaciones del miedo y de la memoria de tales hechos, que formaban parte del acontecer infausto, como calificó Mellafe a la serie de situaciones y sucesos trágicos que eran frecuentes en Chile y que, según su planteamiento, habrían ayudado a moldear el carácter de los chilenos.
7 No obstante, terremotos, maremotos, plagas y epidemias tenían un status distinto al de la guerra, pues aun cuando fueran considerados un castigo por las malas acciones de los hombres o el despliegue destructivo de la naturaleza, cada uno de ellos difícilmente se podía predecir.
La guerra, en cambio, era hecha por otros hombres.
Sujetos que en el tiempo habían demostrado una conducta pérfida, más aun cuando invitaban a los indios de paz a sumarse a sus alzamientos.
6 El estudio historiográfico del miedo tiene un importante referente en la obra de Delumeau ya citada.
8 Ruiz reconstruye de forma descriptiva y general una serie de momentos en que se temió la extensión de la violencia indígena por Chile central.
AUCAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
No obstante lo anterior, el proceso que pretendemos reconstituir ha recibido escasa atención de la historiografía, que sólo ha destacado que habrían sido rumores con poco fundamento y hechos que nunca sucedieron.
Asumiendo un punto de vista historicista es complejo cuestionar tales argumentos, pues en concreto si es que hubo una concertación indígena para rebelarse, ésta fue desarticulada antes de su concreción, por lo que a lo más habría que destacar la eficiencia de los oficiales de justicia que asumieron tal tarea, como lo hicieron Diego Barros Arana y Miguel Luis Amunátegui.
Éstos coincidieron en que el apresamiento de numerosos indios y su posterior juicio fueron reacciones exageradas, pues nunca se encontraron pruebas de un verdadero conato rebelde y sólo se trató de confusiones y sustos infundados.9 Posteriormente, Holdenis Casanova en el marco de la historia de las relaciones fronterizas, se hace parte de estas interpretaciones y sólo agrega que a pesar de todas las medidas tomadas la alarma era infundada y, más aún, que ello era parte de la psicosis tremendista que rodeaba los asuntos de la frontera.
10 Pero más allá del tiempo en que escribieron, dichos autores al hacer una interpretación positiva de los hechos no tomaron en cuenta que las noticias que agitaban a la población santiaguina tenían un origen más profundo que una ingenua credulidad.
No comprendieron que el temor al alzamiento y a la traición de los indios locales o de los inmigrantes mapuches, se constituía entre los no indígenas como un sentimiento permanente aunque casi imperceptible en lo cotidiano, el que asomaba con fuerza en situaciones de crisis, como el alzamiento de 1723, y se expresaba violentamente.
Al asumir dicho punto de vista, pasaron por alto el proceso judicial que se sustanció por aquello, el que llevó a más de un centenar de indios a la cárcel, algunos por varios años, muchos más de lo que duró la propia rebelión que originó, en la coyuntura, su prisión.
Las habladurías que llevaron a la cárcel a tales indios habían circulado por Santiago casi desde el momento mismo en que se supo la noticia de que las parcialidades del sur del río Biobío se habían alza -do.11 Lo anterior sucedió en marzo de 1723 y desde el mes siguiente tropas y pertrechos se movilizaron hacia la frontera.
Mientras tanto, en la capital el Cabildo discutía la pertinencia de dejar la ciudad sin resguardo, más aun cuando el gobernador insistía en que se le enviaran todos los refuerzos posibles.
Tal discusión se producía en el contexto de la firme creencia de que los indios de los alrededores y los que habitaban los partidos cercanos podían estar implicados en el alzamiento.
No obstante, ¿había realmente alguna razón para la preocupación de los ediles o aquello solo era parte de la psicosis colectiva que producía la guerra en curso?, ¿es posible encontrar algunos antecedentes o situaciones similares en el pasado que expliquen dichos rumores?, ¿se estaba frente a un temor coyuntural o estas habladurías representaban, al menos en algún punto, una memoria del miedo que salía a la luz ante la eventualidad del peligro?
Dichas preguntas guiarán esta primera parte de la búsqueda, pues antecedentes dispersos en distintas fuentes permiten plantear que los rumores antedichos tenían raíces más profundas que la simple coyuntura.
Al mismo tiempo, la construcción de una memoria colectiva del miedo, aun cuando estaba basada en una sucesión de hechos ocurridos en el pasado, no era necesariamente una reproducción actualizada del mismo.
Aun más, parecía tratarse de la reconstitución de situaciones significativas traspasadas de generación en generación mediante recuerdos y relatos orales, pero que al mismo tiempo se alimentaban de otras que podían identificarse con lo cotidiano, como era la permanente llegada de migrantes mapuches a los territorios del valle central y su continuo desplazamiento en busca de trabajo.
Ello hablaba de cómo eran significados ciertos sujetos y con qué conductas se les asociaba y se les había identificado durante largas décadas.
Desde el punto de vista del relato y aun del proceso judicial, dicha memoria del miedo parecía guiar la causa que se sustanció contra los supuestos rebeldes de Chile central en 1723.
Las acusaciones que se les hicieron, las preguntas que a partir de las mismas se sucedieron y la constitución de una suerte de versión oficial no nacían solo de lo dicho en los interrogatorios o de la imaginación paranoica de los funcionarios y autoridades monárquicas encargados de la sustanciación del proceso.
Por el contrario, en una cuota importante aunque imposible de medir, se basaban tanto en los hechos significativos a los que nos hemos referido más atrás, como en la forma en que los mapuches hacían la guerra, la que incluía una serie de acciones necesarias para comenzar y desplegar el conflicto, constituyéndose como uno de los más conocidos la entrega de la llamada «flecha de la guerra».
Ésta bien podía ser una flecha ensangrentada o el despojo humano de un enemigo, como su cabeza o una mano, la que era trasladada por un mensajero de un asentamiento a otro, o de persona a persona, intentando que fuera cogida por los posibles destinatarios, que con tal acto aceptaban sumarse a la rebelión.
Al contrario la negativa a tomar dicho elemento significaba el explícito rechazo a la iniciativa rebelde.
Otro elemento importante para desencadenar las hostilidades era la convocatoria a grandes fiestas, parlamentos o cagüintunes, denominación que varía según la fuente consultada, entre todos o parte de los involucrados; eventos que, como se supondrá, incluían reuniones y charlas, pero también bailes colectivos y consumo de gran cantidad de alcohol.
Dicha institución, a la que los españoles daban el despectivo y generalizado nombre de «borrachera», estaba destinada a constituir alianzas, decidir el conflicto y solidificar los vínculos entre sus participantes.
Junto con la larga tradición guerrera sureña y fronteriza que se remontaba hasta el siglo XVI, parecía ser el alzamiento de 1655 el suceso que marcaba el punto de inflexión en la construcción de la memoria del miedo, particularmente el asociado al levantamiento militar y la serie de dramáticas consecuencias que se derivaban de él.
12 Quizás el hecho de que en esos momentos efectivamente los indios del norte del Biobío se sumaron a la guerra, que las estancias desde Maule hasta Penco fueran asaltadas y saqueadas y por varios años no pudieron ser repobladas y quienes no qui-sieron rebelarse tuvieron que huir o fueron muertos por los alzados, marcaban este momento del pasado como un modelo al que había que poner atención y que no debía ser olvidado.
Asimismo, la forma en que las noticias del alzamiento traspasaron el Biobío y la incesante presencia de indios de la Araucanía en todos los parajes de Chile central, incluida la ciudad de Santiago, su contacto cotidiano con los habitantes originarios en sus pueblos y en las estancias donde trabajaban y residían, así como la percepción de que cualquier migrante reciente de tierra adentro podía ser un auca, invitaban a las autoridades a estar vigilantes y, eventualmente a tomar medidas contra los sospechosos de querer alzarse más allá de los parajes en que la guerra se había hecho cruelmente presente.
Así sucedió en noviembre de 1655 cuando el capitán Diego de Leiva, cabo de las armas del valle de Quillota, recibió noticias de la conspiración de los indios del cercano paraje de La Ligua, quienes supuestamente ha bían recibido la «flecha de la guerra» y se estaban preparando para levantarse.
Ante esto Leiva reunió varias partidas de jinetes armados con órdenes de apresar a los implicados.
Según tales informaciones los concertados eran un grupo importante de sujetos, fundamentalmente indios de las diferentes estancias liguanas, los que estaban encabezados por un carpintero llamado Pablo, el cual a pesar de los esfuerzos desplegados por los españoles nunca fue hallado.
Asimismo, no se descartaba que los habitantes originarios de lugares colindantes, también estuvieran implicados.
13 No obstante y a pesar de que se apresaron numerosos indios, mientras otros huyeron del lugar por temor a ser capturados, no quedó nada claro respecto del alzamiento.
Con lo anterior, Leiva y sus hombres confirmaron que aunque éste no se produjo, probablemente (quizás así lo pensaron) por la eficiencia de sus medidas, el hecho de que hubiese denuncias con nombre y apellido y que parte de los indios huyeran confirmaba la certeza de la conspiración.
Pero más grave que la propia rebelión, era precisamente que la «flecha de la guerra» hubiera llegado hasta territorios tan alejados de su foco original.
En tal sentido, era coherente pensar que los indios de parajes situados más al sur podían estar implicados o, al menos, habían hecho la vista gorda ante la presencia de los werken portadores de los símbolos del conflicto.
Evidentemente estaba más allá de la jurisdicción de Leiva responder a estas preguntas o tomar medidas frente a ellas, pero la sospecha no dejaba de rondar la cabeza de autoridades y funcionarios civiles y militares.
¿Quiénes eran estos indios?
¿Había forma de identificarlos?
¿Cómo evitar o al menos entorpecer su misión?
Eran preguntas que mantenían alerta a los funcionarios, pero también a la población del reino.
En ese contexto cada indio era sospechoso, pero quienes habían llegado de la Araucanía lo eran todavía más.14 La sospecha generalizada contra los naturales se manifestó claramente en el decreto que dictó el gobernador Antonio de Acuña y Cabrera el 11 de julio de 1655, mediante el cual prohibió las «borracheras» y los juegos de chueca que reunían a los indios de los parajes rurales del reino.
Al dictar dicha disposición éste manifestó que era necesaria, pues: se ha seguido gran disminución de los dichos indios por las muertes que causan las borracheras y juegos de chueca y que si andan vagando se impide el aumento de sus familias; y demás de los daños referidos se han reconocido por averiguaciones constantes que todos los indios naturales deste reino se habían convocado para hacer alzamiento contra la gente española y armas de Su Majestad, pretendiendo hacerse dueños de la tierra y borrar de ella el nombre español y cristiano.
15 Tal alzamiento se hacía, según el gobernador, a imitación del hecho por los indios de la frontera y de los que residían en las jurisdicciones de Concepción, Chillán e Itata.
No obstante, cabe preguntarse si el término imitación se entendía en su sentido lato de seguir el ejemplo de otro para realizar una acción, o bien, con él también se quería significar el comienzo de un proceso donde la comunicación entre los indios del interior del reino de Chile y los alzados era una posibilidad más que cierta.
Parecía que algunos de los incidentes registrados aquí y otros cuyo conocimiento no ha llegado hasta nosotros, indicaban que aquello era más que plausible.
16 Esta medida, que incluía la prohibición de que los indios se desplazaran montados, pues se veía en ello el principal medio de transporte de las señales del conflicto, se inscribía en un contexto que junto con haber traspasado lo local para arribar a los altos funcionarios del reino, daba por cierto lo que antes solo era un rumor.
De tal modo, desde fines de 1659 la Real Audiencia capitalina insistía en que los habitantes indígenas situados al noroeste de Santiago habían aceptado sumarse a la rebeldía fronteriza, que se extendía por casi cinco años, como bien lo expresó uno de sus fiscales, incluso ampliando la zona geográfica donde el signo del conflicto había llegado, pues según él era verdadero el alzamiento en: La captura de Ingaigüeno se produjo a fines de diciembre de 1660, siendo trasladado más tarde a la ciudad de Santiago, donde se continuó el proceso judicial.
Sin embargo, lo que más preocupó a los españoles era el hecho que esta situación, lejos de ser un hecho aislado, se sumaba a la captura de otros sujetos de características similares al aprehendido.
Más aun, si los indios de estancia o de encomienda que se habían unido a la rebelión seguían siendo definidos como domésticos o yanaconas, haciéndose una distinción tanto política como geográfica de los llamados indios de guerra y de los amigos, asimismo guerreros pero en este caso aliados del Real Ejército.
En el caso de Ingaigüeno, su procedencia fronteriza y sus acciones lo enmarcaban dentro del concepto de auca, un indio no solo difícil de sujetar por «naturaleza», sino también pobremente cristianizado y hasta refractario a la palabra evangélica.
En tal sentido, no debe extrañar que junto con ser acusado de espía, algunos de los españoles que declararon en el proceso sembraron nuevas dudas sobre él, esta vez respecto de la pureza de sus creencias.
En tal sentido, la acusación de hechicería parecía lógica, más aun cuando Ingaigüeno no tuvo inconvenientes en reconocer su condición de curandero.
Pero las plantas y yerbas que reconoció como sus materiales de curación, pronto fueron transmutadas en conjuros y hechizos.
Era su palabra contra la de sus acusadores, pues la prueba material de su hechicería -una canastilla donde guardaba los materiales de sus conjuros-no llegó a ser hallada.
Asimismo, tampoco era casual que hubiera sido apresado en la estancia de Rancagua, puesto que el corregidor del partido de Colchagua don Alonso de Soto, hacía pocos días había recibido una carta del obispo de Concepción en que lo conminaba a estar vigilante, pues se sospechaba que los rebeldes de Araucanía podían caer de sorpresa al valle central por los pasos cordilleranos que desembocaban en su jurisdicción.
19 La invasión transcordillerana no llegó a ocurrir y no se tienen antecedentes de que alguna vez se intentara, al menos en la jurisdicción de Colchagua.
Sin embargo, en 1658 los habitantes de Cuyo oficiaron al gobernador de Chile pidiendo ayuda, pues según expresaron contaban con información sólida y verificable de que los pewenches y otros grupos étnicos cordilleranos estaban desplazando un importante contingente de guerreros hacia ellos.
A raíz de esto, en septiembre de dicho año el corregidor de Cuyo se movilizó con una tropa de españoles hacia el sur y en río Atuel, a treinta leguas de Mendoza, sorprendió a un grupo de guerreros puelches y pewenches que intentaban llegar hasta el valle de Uco para maloquearlo.
Entre los mismos se encontraba un pewenche denominado Ilunculiche, que había protagonizado una maloca en el sector del Maule meses atrás.
20 Todos los elementos detallados anteriormente llevaban a una sola interpretación, nada favorable para Ingaigüeno, por la cual fue significado como un sujeto que además de ser rebelde, violento y artero, se constituía como la suma de la maldad, la guerra y la perfidia contenida en el alzamiento, incluso más allá de las razones del mismo.
En concepto de los españoles, él representaba lo peor de los indios, pero también la forma de operar de los aucaes y por lo tanto, de lo que había que sospechar al encontrarse con sujetos como éste.
Empezaba así la construcción de una memoria del temor, la que afloraría en épocas de crisis pero también como una referencia ante otras situaciones que involucraban el pasado.
Tal constructo se hacía presente principalmente en aquellas zonas donde el alzamiento se había concretado y que a raíz del mismo contaban a su haber con muertes de españoles e indios, además de numerosos daños materiales, algunos de los cuales todavía se hacían sentir con fuerza años después que las hostilidades habían cesado.
Así se puede apreciar en las palabras de don Fernando Carrión, un estanciero de Itata, quien en 1671, declaró: que es muy publico y notorio en todo este Reyno de chile como por el alçamiento general que hubo en el de todos los yndios mestiços y los demas yndios amigos que estavan de paz el año de pasado de seisçientos y cinquenta y cinco quedaron todas las estancias desiertas y despobladas de sus dueños yndios y ganados sin haverlas podido bolber a poblar.
21 Situación que precisamente afectaba a la estancia del declarante y que lo había llevado a tribunales, pues dichas tierras consideradas vacías, tendían a ser solicitadas como mercedes por otros españoles.
Asimismo, ante situaciones que -en principio-no tenían mucha relación con la rebeldía indígena, los recuerdos del alzamiento afloraban fácilmente.
Así sucedió años más tarde, en 1680, cuando el cacicazgo de Vichuquén fue declarado vacante.
Ante ello y entre el tráfago de probanzas de los distintos postulantes y sus testigos, uno de los antecedentes que se 20 Zapater, 1988, 38.
21 ANHRA, 168, 145 destacó fue la carencia de descendientes del linaje principal del pueblo de indios, pues «...el casique prinçipal a quien de derecho tocare el casicasgo le dieron garrote en este partido quando el alçamiento general...».
22 Es probable que tal testigo haya conocido al malogrado cacique de nombre don Gabriel, ya que vivía a sólo cuatro leguas del pueblo, por lo cual su testimonio gozaba de la credibilidad necesaria para validarse.
Difícilmente lo anterior era posible para los nacidos tras el alzamiento.
Sin embargo, muchas décadas después de sucedido había personas que aun hacían referencia a él para solidificar sus palabras, demostrando cómo operaba la transmisión de los recuerdos y, en esa medida, cómo tales hechos fijaban una memoria del pasado y de los protagonistas del mismo.
Será el propio pueblo de indios de Vichuquén el que permita argumentar en este sentido, pues en 1739 otra vez su cacicazgo fue objeto de disputas.
Nuevos argumentos y nuevas probanzas fueron presentados, pero los viejos hechos volvían porfiadamente.
Así el capitán Pedro Rey, de 69 años, refirió que para el alzamiento de 1655: fueron castigados algun[os] de la cavesa del motin a quienes dise dicho declarante [a]orcaron y pusieron en cuartos en diversas partes de dicha doctrina y pueblo de bichuquen, y dise dicho declarante no averlo bisto pero que lo save por averse [lo] dicho diversas beses su madre y otras personas asimentadas y naturalisadas en dicha doctrina.
23 Las palabras de Rey difícilmente podían ser más claras y detalladas, fundamentalmente en lo referido a como se hizo de dicho conocimiento.
24 Los fantasmas de la rebelión volvieron a despertar en 1715 cuando fue descubierta una supuesta conspiración entre los indios fronterizos y un grupo de caciques de los alrededores de Concepción, motivada por los abusos que los capitanes de amigos y cabos de los fuertes cometían en los tratos comerciales con ellos.
Según Barros Arana la mañana del 6 de marzo, día en que se celebraba el Miércoles de Ceniza, había sido elegida por los alzados para asaltar la ciudad; sin embargo, sus intenciones fueron descubier-tas por el corregidor, quien encarceló a varias decenas de supuestos implicados.
25 A pesar de que lo cita, la versión del historiador difiere un poco con lo escrito por el navegante francés Le Gentil de la Barbinais, que en esos momentos se encontraba en el lugar, quien planteó que la conspiración estaba acordada entre los llanistas, los que hicieron «correr la flecha» entre sus asentamientos llamando a la guerra.
Dicha convocatoria fue descubierta cuando un falso eremita indígena, en palabras de Le Barbinais, que a pretexto de pedir limosna había juntado una gran cantidad de hierro para hacer lanzas, fue sorprendido en su engaño.
Éste, luego de ser apresado y torturado, confesó todo lo que sabía de la proyectada rebelión, lo que le dio al gobernador los antecedentes y el motivo para lanzar una gran campaña de represión contra los indios que vivían en los distritos fronterizos situados al norte del Biobío.
Pero la rebelión nunca llegó a ocurrir, lo que no obstó para que cinco prisioneros fueran ejecutados públicamente, descuartizados y exhibidos en los caminos que salían de Concepción.
26 Para principios del siglo XVIII nada parecía imposible, pues ésta era al menos la segunda vez en sesenta años que los indios «domésticos» y otros que vivían al interior del reino se habían aliado con los habitantes de más al sur, por lo cual no sólo se ameritaba tomar medidas precautorias, como la prohibición de que los indios anduvieran a caballo, que Barros Arana calificó como una medida curiosa; sino reaccionar fuertemente ante esta amenaza, dando una señal poderosa respecto de la dureza con que se actuaría contra quienes pretendieran alzarse en armas, en una especie de reacción preventiva diseñada para producir temor entre los posibles rebeldes, quizás el mismo temor que ellos producían a los hispanocriollos.
El miedo al «otro» en Chile central: los Aucas contra Santiago en 1723
En marzo de 1723 los mapuches de los territorios fronterizos al río Biobío provocaron la muerte de dos capitanes de amigos y la salida de los colonos hispanocriollos de la Araucanía, a lo que siguió el cerco del fuerte de Purén y el comienzo de un alzamiento que involucró a parte importante de las parcialidades de dicho territorio.
Agradezco a Jaime Valenzuela la traducción de este texto.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.03 encabezados por el gobernador Gabriel Cano de Aponte, movilizaron al ejército y a las milicias del reino con la intención de combatir dicha rebelión y evitar su extensión por Chile central.
Ello motivó un sentimiento de gran preocupación en todo el reino, más aun cuando los eventos fueron demostrando que esta sería una situación que habría de prolongarse en el tiempo.
En tal sentido, los encuentros directos se espaciaron y los mapuches parecían evitar el combate frontal, contentándose con erigirse en una fuerza amenazante y elusiva, situación que se mantuvo por todo el otoño y el invierno de ese año.
27 En Santiago, en tanto, los hechos se precipitaban.
Mientras las autoridades pedían apoyo militar y económico al virrey del Perú, parte de las milicias ya habían salido hacia el distrito penquista, así como las pocas tropas regulares que se encontraban en la capital.
En sus calles, en tanto, se dejaban oír frecuentes noticias respecto de lo que ocurría en el sur e, incluso, de los temores de que la rebelión se hubiera extendido allende los Andes.
Se fue configurando así una visión de que la rebeldía indígena era más importante de lo que en una primera instancia se consideró y que este alzamiento podía replicar el de 1655 y ser aún más violento y destructivo, al involucrar a parte importante de la población originaria tanto del interior del reino como de sus fronteras.
Las habladurías, mientras tanto, traspasaron las calles para arribar a las oficinas de los funcionarios de la monarquía.
Así, el 13 de mayo de 1723 el cabildo de Santiago realizó una sesión extraordinaria para conocer una misiva enviada por el corregidor de la provincia de Cuyo.
En ella se planteaba que en una fecha, al parecer cercana a la de la carta, se había recibido información de dos caciques amigos respecto del inminente movimiento de indios aucaes pampeanos y cordilleranos con la intención de atacar Mendoza y las otras ciudades cuyanas.
28 Frente a esta sospecha el corregidor solicitaba que se le enviaran cien fusiles y carabinas a dicha urbe, que sólo contaba con cuarenta armas de fuego en mal estado y cuatrocientos habitantes varones para su defensa, lo que fue aprobado por el Cabildo, preocupado porque dichas noticias fueran verdaderas, con el consiguiente peligro que aquello implicaba no solo para las villas ultramontanas, sino para la propia Santiago, que de triunfar los indios quedaría amenazada por su flanco oriental y casi sin oportunidad de defenderse.
No obstante, dicha información era confusa y, en tal sentido, el temor de que tales ataques se concretaran crecía fuertemente y generaba numerosas interrogantes, sobre todo respecto de la cantidad de hombres que formaban las fuerzas enemigas, cuántos grupos étnicos y quienes concretamente estaban alzados y cuáles eran las verdaderas razones del supuesto ataque.
¿Se trataba acaso de la rama pampeana del alzamiento de la Araucanía?
¿O se estaba frente a un movimiento rebelde con características y demandas propias?
Aunque tales preguntas eran casi imposibles de contestar, ellas recordaban las amenazas de ataque a Mendoza en 1658, aunque esta vez no hubieron caciques ni indios presos y sólo se conocieron informaciones de una supuesta agresión.
Pero el problema con las noticias confusas era que prontamente podían convertirse en rumores, los que inmediatamente nacían con más de una versión.
De a poco el escenario rebelde se ampliaba, por lo cual se debían tomar medidas preventivas en los lugares donde éste todavía no se manifestaba y sobre todo en los que la posibilidad del mismo crecía exponencialmente, como lo era la ciudad de Concepción.
De tal modo, en julio de 1723 el gobernador Cano de Aponte dictó providencias para impedir el tránsito de los indios en las noches y reeditó esa vieja prohibición de que se movilizaran a caballo luego de cierta hora o más allá de una distancia determinada de donde comenzaban su viaje.
29 Pero hasta el momento, lo que parecía ser el mayor temor de la población santiaguina no había llegado a concretarse: esto era que la rebelión traspasara la frontera o los Andes y se extendiera por el valle central de Chile.
Aquello, sin embargo, pronto estaría por cambiar.
El 20 de agosto de 1723 el corregidor de Chillán informó a Cano de Aponte, que: me allo con 14 ianaconas presos en esta guardia a quienes estoi exsaminando i lo que e descubierto es estar conplicados con los de la tierra adentro siendo sus designios dar abanse a esta plasa y ciudad luego que la gente saliese al biage que tienen entendido egecute Vuestra Excelencia esta primabera cuia coligacion es general en toda esta jurisdicion dando prueba a esto el que desde que tengo presos a estos referidos se an uido dibersos yndios de las estancias y oi dia de la fecha me abisan se juntan en la cordillera de Alico y sus contornos a abiarse y armarse.
30 Al fin los temores se habían vuelto realidad.
Los catorce presos, como antes, eran prueba viviente del alzamiento.
Asimismo, la huída de otros de las estancias donde vivían y el aviso de la reunión de los conjurados en Alico se constituían como un escenario rebelde clásico, más aun cuando sólo cinco días más tarde el corregidor confirmará que tenía información de que más de cien indios se encontraban reunidos en aquel lugar.
Mientras tanto, en Rere, Puchacay, Itata y en la propia Concepción el temor ante el alzamiento de los indios vivientes al interior del reino crecía, lo que llevó a que el cabildo penquista se opusiera a que los labradores que habitaban en sectores cercanos a la ciudad fueran enrolados, pues ello implicaba dejar desprotegida la campaña cercana a la urbe regional.
31 Ante esto, tanto para la población santiaguina como para los funcionarios reales las preguntas que debían hacerse parecían obvias.
¿Estaba corriendo la flecha de la guerra más al norte?, ¿había alcanzado Santiago?, ¿quién o quienes la portaban?
Por último ¿había indios o comunidades que se habían sumado al alzamiento?
Y en ese caso ¿Quiénes eran los alzados en Chile central y cuándo atacarían?
Las respuestas llegaron cuando a fines de septiembre de 1723 el alcalde Gallardo Lísperguer recibió la denuncia de que un grupo de indios que residía en los parajes de Paine y Hospital, situados a 50 kilómetros al sur de la ciudad, preparaban un asalto contra ésta.
Rápidamente Gallardo movilizó partidas de caballería que apresaron a los denunciados, los que fueron trasladados a la cárcel de la Real Audiencia para ser interrogados.
Con autorización del gobernador, el edil asumió como juez de comisión y en vista de que las noticias parecían ciertas amplió la búsqueda de más implicados.
Su pesquisa llevó a que más de ciento veinte indios de distintos sectores de los partidos de Santiago, Melipilla y Colchagua fueran apresados.
La conmoción que dicha batida provocó, aumentó el temor de la población santiaguina y extendió la noticia por toda la región central.
A partir de las denuncias realizadas contra indios específicos y de los rumores que corrían por la ciudad, Gallardo se formó una visión del delito que intentaba evitar, pero también de quienes perseguía.
En base a ello se elaboraron los interrogatorios, comenzando lentamente a formarse una suerte de versión oficial o, al menos, consensuada de lo que habría ocurrido.
Tal versión fue recogida por algunos de los escritores de la época y aun cuando algunos, como Vicente Carvallo y Goyeneche, escribieron varias 31 León, 2002, 261-263.
HUGO CONTRERAS CRUCES décadas después de ocurridos los hechos, su texto expresa bien tanto las acusaciones contra los indios como las sospechas de la población capitalina.
De hecho, esto lo hace aún más interesante, pues en este caso estamos frente a la construcción de un nuevo hito en la memoria del miedo al indio, que al parecer acompañaría a la sociedad chilena hasta bastante entrado el siglo XIX.
Según Carvallo, en la víspera del 4 de octubre de 1723, cuando se celebrara la fiesta de San Francisco de Asís y una vez que dos compañías milicianas de reciente formación salieran hacia la frontera, solapadamente y sin previo aviso los indios que habitaban las cercanías de la capital se dejarían caer sobre ella.
Violencia y muerte era lo que esperaba a los habitantes de Santiago, especialmente a los hombres que quedaran allí; mientras tanto para las mujeres y niñas su destino sería el cautiverio, la humillación y el vejamen sexual.
De tal modo que: se levantó una voz vaga en aquella ciudad (3 de octubre de 1723), i en pocos momentos se difundió por toda ella que en los pagos de la Punta i Renca estaba campado un cuerpo considerable de insurjentes con designio de saquearla.
Hubo en ella la más horrible confusión.
Ni los eclesiásticos se eximieron de tomar las armas; i se pusieron salvaguardias en los monasterios de relijiosas para que no las incomodasen.
Se envió una partida de jente armada de los vecinos i mercaderes a reconocer los contornos, i todo era turbación.
32 Por su parte, Gallardo y sus hombres continuaban su tarea de traer nuevos sospechosos a la cárcel.
Ese año la solemne fiesta de San Francisco, que incluía sacar al santo de su iglesia y pasearlo por la ciudad escoltado por el Cabildo, las cofradías y un numeroso grupo de fieles, fue suspendida y los fuegos artificiales fueron trocados por fusiles y pistolas.
No sabemos, sin embargo, cuánto tiempo duró tal conmoción pero sí que en los días siguientes la sospecha se instaló sobre los inmigrantes mapuches que habitaban los distritos cercanos a la capital, pero también sobre el conjunto de los indígenas de Chile central, como bien lo expresó el cabildo capitalino en su sesión del 3 de octubre, en cuya acta quedó indicado que en la rebelión: se han conspirado los indios encomenderos no solo de los partidos de Melipilla a la frontera, sino también los que se hallan en los valles de Quillota, la Ligua hasta Copiapó.
33 El estado de las informaciones con que se cuenta y el hecho obvio de que el alzamiento no llegó a producirse, nuevamente imposibilitan saber positivamente los verdaderos alcances de la concertación rebelde o, incluso, si ella llegó a ocurrir alguna vez.
No obstante, en el curso del proceso judicial surgió una gran cantidad de informaciones que, aun cuando algunas eran contradictorias entre sí, permiten analizar tanto las representaciones que los hispanocriollos y la sociedad colonial en general tenía respecto de los alzados, como la dinámica social y cultural de los indios rurales y principalmente la de los inmigrantes llegados de la «tierra adentro», quienes en Chile reeditaban parte de las instituciones de su suelo, aun cuando ahora las identidades etnoterritoriales estrictas daban paso a una relación en la cual el origen de cada indio era un dato más a considerar, pero no necesariamente el único.
34 La propia carencia de estructuras parentales a las cuales recurrir, el hecho de tratarse de sujetos que llegaban solos o de pequeños grupos familiares, el estar en contacto permanente y cotidiano con una sociedad multiétnica como era la colonial y los conceptos que en ella se manejaban respecto de los migrantes, entre otros factores, explican que al menos para los hispanocriollos eran todos indios «de la tierra adentro».
Por lo anterior, el pasar de ser conceptuado de indio «doméstico», fiel o yanacona a auca solo dependía de su comportamiento o, en este caso, de aquel que se les atribuyera.
Precisamente, las denuncias de unos indios contra otros, a quienes acusaron de juntarse por las noches a hablar en secreto, irse a lugares apartados para participar de «borracheras» y portar armas, dieron mérito para que fueran apresados.
No sabemos la causa real de la denuncia, pero lo que queda claro es que probablemente nadie imaginó hasta donde llegaría aquello.
Como fuera, las palabras de Clara Acacaya, una mujer de más de 50 años, natural de Tucapel y quien residía junto a su hija y su yerno, Pedro Lemullanca, en una estancia situada en Paine y de Juan de la Cruz, natural de Concepción y residente en la misma localidad, abrieron una marea de denuncias y acusaciones.
En una declaración judicial fechada en 30 de septiembre de 1723, De la Cruz planteó que a fines de julio de ese mismo año había escuchado a Antón Pichunguala, de Tucapel, y a Pascual, un indio de Maquegua que supuestamente ostentaba el título de cacique, quienes: 34 Contreras, 2006, 19.
AUCAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO avian de yr a Aculeu a determinar la juntta y subirse al serro de Merungue al paraxe que llaman la huerta donde tenian tres mill y quatrocientas lanzas dispuestas y que hera menester endurezerlas para dar el asalto a la ciudad y matar a los españoles captibando las mugeres y llevando a la excelentisima señora governadora consigo para hazerla que les hiziese la chicha y que todos los yndios de la costa desde maule para aca se benian a junttar al dicho serro de Merumgue para la faccion referida... y que demas de ello esperaban tres parcialidades de yndios que pasaban por el Portillo de la otra banda de la cordillera que benian a cargo del hijo del casique Ayllacuriche para allanar toda la tierra que benian conquistando por la otra banda.
35 A tal relato se le agregarían o sacarían elementos por parte de acusadores, testigos y acusados, lo que derivaría en una rápida complejización de la historia y la recurrencia a una serie de detalles que aun cuando fueran difíciles de congeniar, irían construyendo una imagen de la rebelión pero a su vez del temor de los hispanocriollos.
La presencia, por ejemplo, de un hijo de Aillacuriche como líder de una fuerza militar auca venida desde la Pampa, más allá de resultar casi imposible, traducía el miedo atávico a la guerra mapuche personificada en el vástago de aquel lonko que encabezó la resistencia antiespañola en la Araucanía medio siglo atrás y quien había sido ejecutado a traición en 1674.
36 Por su parte, hubo acusados que aportaron nuevos detalles, que lejos de mejorar su situación judicial, la iban haciendo cada vez peor.
Sobre todo cuando algunos insistieron en que la conspiración estaba extendida por gran parte del reino y que la llamada a la rebelión venía corriendo de sur a norte.
Así lo relató Agustín Sacalagua, natural de Chocalán, quien declaró que al ir a coger unas yeguas cerca de su pueblo, se encontró con cinco indios a quienes calificó como aucaes, uno de los que le ofreció: una cosa como una mano blanca por que el aforro paresia de pellegillo poco mas prietto que el papel, y ensima como un tafettan colorado y yendola a coger le dio horror y no la quiso tomar por que le paresio ser mano de gentte.
37 Dicho sujeto, llamado Juan, lo amenazó diciéndole que si no tomaba el despojo, que era precisamente la llamada «flecha de guerra», lo mataría como a los españoles, pues era winka como lo eran ellos.
Seguidamente agregó que: benia de Maquegua con la flecha que hera una mano que alli traya, y que la avia venido corriendo por todos los partidos de Maule y Colchagua y que avia pasado por Lora y por los Coypos; y que pasaba adelante con la dicha flecha hazta la Ligua y Choapa, para que quando volviese estubiesen todos los yndios combocados para dar el asaltto a esta ciudad y a ttodas las estancias desde Choapa asta la Conzepcion.
38 Tal conversación se desarrolló en castellano, que era el idioma en que hablaba Sacalagua, y aunque los aucaes le hablaron en mapudungun, el confesante declaró que no entendió lo que le decían, ni tampoco pudo afirmar adónde se dirigieron luego de su encuentro.
Tal testimonio judicial sorprende por la certeza de los detalles, más aun cuando Sacalagua fue apresado días antes que en Santiago se conociera la denuncia hecha por Acacaya.
En este caso, había sido el teniente de corregidor de Melipilla quien había prendido al indio.
En esta declaración, el elemento que se transformaba en central era la presencia física de la «flecha de la guerra», que en esta oportunidad era una mano cercenada envuelta en un paño.
Nuevamente las instituciones guerreras mapuches se hacían presentes y con ello el temor tendía a aumentar, pues en momentos de conflicto no había otra forma de convocar a los guerreros que a través de este mecanismo.
Si antes había sospechas de que este tipo de elementos se trasportaba secretamente, en estos momentos y a pesar de que Juan y sus camaradas nunca llegaron a ser atrapados, las autoridades sabían bien qué y a quienes buscar.
Pero aquello no era todo, pues Sacalagua y algunos de los confesantes afirmaron haber participado de reuniones en que se había planificado el asalto a Santiago y la destrucción de las haciendas cercanas a la urbe.
La dinámica de las mismas, que fueron significadas como cagüintunes por los alcaldes y oidores que tomaron parte en el juicio, no requirieron mayor explicación para los indios, aunque al menos a uno hubo que explicarle que era un alzamiento.
Por parte de los acusados había distintas versiones sobre lo sucedido en dichas reuniones, algunas bastante similares a lo expresado por Carvallo y otros cronistas de la época, como la dada por Juan Perquecheuque, un indio de Toltén, quien declaró que fue engañado al cerro Merungüe:
Confesión de Agustín Sacalagua.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.03 y alli fue el cavyntun y hallo mas de seiscientos yndios y el que tenia la flecha hera un yndio viexo chileno el qual era toqui y que no save su nombre el qual era alto barbon medio amulatado, y que alli estavan rebueltos yndios paysanos y chilenos y anaconas, y que tendrian mas de mill lanzas de culeu todas con hierros... y que sus designios eran hazer campeada en esta tierra y entrar en este pueblo el dia de san francisco a media noche,...y el dicho caguintum se trato de como el dia citado havian de quemar todas las casas de este pueblo, y conventos y matar todos los cavalleros y ombres y dexar las mugeres y llevar a la señora governadora para la cosina.
39 Si el «otro» era quien participaba de un universo distinto al español, lo que inmediatamente lo marginaba de la cultura y formas sociales hispanas, entonces los indios inmigrantes eran la representación misma de esto.
Descontextualizados de su realidad cultural parecía que solo mudaban sus costumbres o sus nombres, como lo hizo Pedro Lemullanca, que cambió su patronímico a Donoso, como un signo exterior de su transformación.
Se hacían o mejor dicho se decían cristianos sólo para vivir sin problemas con la Iglesia y con la sociedad española, pero en el fondo seguían siendo tan «paganos» como el día en que salieron de su tierra.
Por esto es que a pesar de que casi desde los comienzos mismos de la colonización europea de Chile los migrantes mapuches forzados o voluntarios habían convivido con los colonizadores, los indios cuscos que los acompañaban, con negros esclavos y, más tarde, con los innumerables sujetos mezclados propios de la sociedad colonial, cada vez que un indio fronterizo o de la Araucanía se internaba en Chile se renovaba la presencia y la representación de aquellos que venían desde lugares ignotos, que portaban otras costumbres, que eran infieles o estaban pobremente cristianizados y de los cuales se debía desconfiar.
Por lo anterior es que no es extraño que entre los principales acusados se encontrara un grupo de «indios de arriba».
En tales sujetos el alcalde Gallardo concentró sus interrogatorios.
Particularmente, los inmigrantes que residían en el valle de Aculeo fueron apresados durante la última semana de septiembre de 1723 gracias a la denuncia de Juan de la Cruz, quien señaló que los alzados eran:
Pedro yndio yerno de Clara yndia de arriva Antton Pichumguala hermano de la dicha yndia Clara Anton Botello..., Alonso yndio...Augustin...Panchillo yndio..., otro yndio guaynita que solo le conoce por Guente Roza...otro yndio llamado Panchillo...que todos los sobredichos son yndios de arriva y Pazqual yndio de Maquegua que dizen ser casique...Ygnacio yndio de arriva...y que el yndio Pedro yerno de la Clara tenia en su compañia al yndio Alonso y a Dionisio y Sevastian yndios de arriba.
40 Mientras tanto, desde otros lugares siguieron llegando prisioneros a la cárcel de la Real Audiencia, entre los que se contaban más «indios de arriba» y algunos del partido de Melipilla, situado al sur poniente de Santiago.
De hecho, quienes eran encomendados, como Agustín y Carlos Sacalagua, que en definitiva fueron los únicos que declararon haber visto la «flecha de 40 ANHRA, 1616, 3, 145-145 v.
Declaración de Juan de la Cruz.
AUCAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO la guerra» y tenido contacto con sus portadores, bien podrían haber sido «contaminados» por los aucas, convirtiéndose ellos mismos en alzados y, por lo tanto, participes de la naturaleza fiera, embustera y traidora de los primeros.
Por su parte, algunos de los acusados comprendiendo el mecanismo que los hacía sospechosos, sacaron a relucir su larga permanencia en el territorio de Chile, sus conexiones familiares o sociales y su fe cristiana.
Unos se declararon amigos de los españoles, mientras que otros apelaron al uso de expresiones cotidianas como prueba de su extensa residencia, pero todos quienes utilizaron estos argumentos insistieron en no tener ninguna razón para alzarse.
Juan Carilab, un indio originario de Purén, de 70 años, declaró: «...para que avia de cojer la flecha contra los españoles quando los estaba sirviendo desde el tiempo del señor governador don Joseph Garro...».
41 Palabras que remitían a las últimas décadas del siglo XVII, a lo que Carilab agregó (en el entendido que De la Cruz, su acusador, había indicado que él había hecho una «borrachera» en su casa), que efectivamente había realizado una junta con sus amigos, pero que ésta sólo tenía como objetivo «holgarse».
Además, ella había sido hecha en un día de fiesta y exento de laborar, que era el de San Juan, apelando así al calendario festivo católico.
Palabras, de todos modos, que podrían estar sujetas a más de una interpretación, pues por esa misma fecha se celebraba el solsticio de invierno, momento de especial significación mágico-religiosa para los mapuches, aunque esto no fue tomado en cuenta por sus interrogadores.
Por su parte, Pedro Curagüeno, que provenía del mismo asentamiento que el anterior, manifestó que: el a muchos tiempos que esta en esta ciudad...y que no era indio resien venido,...y que aqui le conosen todos y que a sido leal a su Magestad...que vino a esta ciudad en tienpo de peluca que era el señor don francisco Ybañes governador y capitan general que fue deste Reyno.
42 Eso remitía al menos a quince años atrás, lo cual según Curagüeno probaría su hombría de bien y, por extensión, su inocencia.
En su concepto, entre más se alejaba en el tiempo su llegada a Chile, más quedaba atrás la imagen del auca o del «otro», para integrase a la comunidad rural local y a la cristiandad.
Confesión de Juan Carilab.
Confesión de Pedro Curagüeno.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.03 Por el contrario, viendo a estos sujetos en su contexto social y económico, si bien dichas palabras podían ser ciertas, al mismo tiempo lo eran otras, muchas veces pronunciadas por ellos mismos, que los mostraban ante los jueces como hombres y mujeres carentes de bienes materiales y de poco arraigo en la tierra, lo que se traducía en un continuo transitar de hacienda en hacienda en busca de trabajo, aunque también esto podía ser motivado por la huída de la justicia.
El propio Juan de la Cruz no escapaba a esta dinámica que, en general, era extensiva a parte importante de los migrantes de la Araucanía.
Al identificarse manifestó ser ladino en lengua castellana y natural de Concepción y que: Más todavía, los argumentos esgrimidos por los indios parecían no ser suficiente prueba de lealtad ni de un bien acabado proceso de cristianización, pues junto con quienes ya estaban asentados en el reino se encontraban muchos nuevos migrantes, que se concebían como aun en contacto con sus parientes del sur del Biobío y todavía sujetos a sus costumbres.
En ese sentido, la reedición de la figura arquetípica del «otro» se hacía más fuerte en ellos, más aun cuando algunos no habían adoptado los rudimentos básicos de la cultura española.
Así, al menos dos de los detenidos junto a Curagüeno en el partido de Aculeo tuvieron que ser interrogados mediante un intérprete pues solo hablaban mapudungun.
A éstos en el expediente se les calificó como bozales, epíteto generalmente usado para los esclavos africanos recién introducidos a los territorios americanos y que no cono cían ni el idioma castellano ni la religión cristiana.
Ese fue el caso de Alonso, asimismo de Purén, quien hacía dos años que había llegado a residir al Principal de Pirque.
Mientras tanto, Andrés hacía cuatro años que había venido desde la Imperial, pero todavía no hablaba un castellano medianamente inteligible.
44 Ambos declararon no saber nada del supuesto alzamiento y aun más, Andrés destacó que él no tenía amistad ni se reunía socialmente con los demás indios de la estancia de Hospital, muchos de ellos inmigrantes, pues a diferencia de él estos serían borrachos.
Lo anterior, sumado a la falta de conexiones familiares o sociales estables entre los inmigrantes más recientes, que generalmente se asentaban con otra familia rural; su gran facilidad para moverse por la geografía del valle central e, incluso, la rapidez con que cambiaban de trabajo, cuestiones estas dos últimas que podían concebirse como generales para el conjunto de los migrantes mapuches, más aun cuando estaban exentos de ser encomendados y de tributos, los convirtió a los ojos de las autoridades en las cabezas visibles de la supuesta conspiración para destruir Santiago.
45 Eran ellos y no los indios de las comunidades originarias de Chile central, en quienes se concentró la persecución, la que no terminó pasada la coyuntura militar fronteriza o disipados los temores en la capital, pues parte importante de los mismos fueron mantenidos en la cárcel por largo tiempo.
Para ciertas autoridades dicho lugar parecía ser el mejor para aquellos indios, pues al neutralizar su capacidad de moverse y comunicarse con otros se le ponía coto, al menos de manera simbólica, al temor y la desconfianza generada por su transitar libre.
De los informes enviados desde Chile se concluyó que el proceso, en términos judiciales, no había probado suficientemente la culpabilidad de los imputados, pero también que a más de cuatro años que la sumaria había concluido todavía había un número indeterminado de indios presos.
Gracias a una petición de la Real Audiencia de Santiago, el rey Felipe V dictó una real cédula para liberar a los últimos prisioneros, que aunque tardía no podía ser sino justa y en la cual criticó en duros términos al alcalde Gallardo, pues él y sus tenientes: fueron prendiendo, tan sin reflexión, que llegaron a tener en la cárcel más de ciento y veinte [indios] y[...] -continua el rey refiriéndose a lo actuado por la Real Audiencia-[...]reconociendo los clamores de estos pobres en las visitas de los sábados, pedisteis relación de todos los autos y viendo lo injusto de la prisión de más de setenta, los hicisteis soltar, sin más motivo que el que persuadía su justicia.
El miedo al «otro», en este caso a los indios inmigrantes de la Araucanía, a los cuales se les calificaba rápidamente como aucas, tenía una larga historia en la sociedad colonial de Chile.
Ella, sin embargo, no ha sido reconstituida todavía por la historiografía, que ha considerado que muchos de los hechos que permiten hacer relucir los sentimientos de temor y angustia frente al «otro», en realidad sólo fueron habladurías, temores infundados o exageraciones.
No obstante, dicho miedo iba más allá de una sensación personal sin manifestaciones factuales, para convertirse en un temor colectivo que cruzaba social y políticamente a los integrantes de la sociedad colonial.
Según Jean Delumeau, entre el conjunto de temores del hombre moderno, uno de los más destacados era precisamente el miedo a aquel que no participaba de un universo conocido y compartido, aquel que venía de tierras extrañas, con un idioma distinto y otra religión.
En este caso eran, precisamente, los inmigrantes mapuches de la Araucanía quienes mejor repre sentaban aquella figura.
Pero el miedo no era una cuestión solamente episódica.
Por el contrario, si bien éste se mostraba en toda su crudeza en momentos de crisis, en general permanecía latente en las poblaciones coloniales y se transmitía de generación en generación.
En ese contexto, el alzamiento general de 1655 46 Fuentes para la Historia del Trabajo en el reino de Chile, II, 84.
Real Cédula sobre la libertad de algunos indios.
AUCAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO fue uno de los hitos más importantes en la constitución de una verdadera memoria del miedo, en la medida que la actividad rebelde traspasó la línea fronteriza y se enseñoreó de los partidos de Concepción, Chillán e Itata.
La desconfianza y la conciencia del peligro inminente atravesaban el reino y las denuncias o las informaciones contra supuestos alzados se hicieron sentir cerca de Santiago.
De ellas sólo se ha conservado documentación histórica concerniente a un par de casos.
En ambos se mencionan la huida o el apresamiento de otros alzados, imaginarios o reales, lo que demostraría que estos hechos eran mucho más importantes de lo que sabemos o de lo que la historiografía nos ha mostrado.
El temor, a su vez, se alimentaba de los rumores que corrían en época de crisis, pero también de la serie de elementos que cada vez que se apresaba o se sospechaba de un indio salían a relucir.
Éstos formaban parte de la dinámica propia de la guerra mapuche e incluían el viaje de la «flecha de la guerra», la realización de «borracheras» rituales y la concentración de los rebeldes en un punto en particular, desde donde comenzarían las hostilidades.
Todo lo anterior fue, precisamente, lo que encontraron los funcionarios monárquicos en distintos lugares de los partidos de Santiago y Melipilla en septiembre de 1723.
En dichos territorios, poblados tanto por indios locales como por inmigrantes, se creyó descubrir y quizás efectivamente se hizo, una rebelión que tenía por objetivo destruir Santiago.
Dicho ataque sumiría a la ciudad y sus habitantes en un caos, donde los hombres serían muertos y las mujeres cautivadas, mientras que los edificios serían quemados.
El ataque había concertado a una gran cantidad de indios locales, de aucas e, incluso, a una columna indígena venida desde las Pampas.
Esto llevó a más de ciento veinte de ellos a la cárcel.
Dichos sujetos dieron una gran cantidad de informaciones que por el nivel de detalle y por la forma en que fueron interrogados permiten pensar que, al menos entre los propios indios la posibilidad del alzamiento era más grande que los rumores que la rodeaban.
Nunca sabremos si lo anterior fue así o no, sin embargo, en el expediente se revelaron todos los temores de los españoles y los elementos que en juicios e informaciones anteriores habían aparecido como los indicadores de la rebelión volvían a estar presentes aquí.
En tal sentido, el supuesto alzamiento de Chile central en 1723 era un hito más, pero de primer orden, para seguir construyendo el miedo al «otro» y su memoria.
pero explicable por la sensación de miedo que recorrió tanto a la población santiaguina como a sus autoridades y de la cual el proceso contra los supuestos alzados es una de las huellas más visibles.
Algunos años pasaron, la pista de los inculpados se perdió entre los legajos de archivo y en su propia y anónima vida; sin embargo, desde Madrid se pidieron noticias de cómo había concluido la situación, más aún cuando el gobernador Cano de Aponte había acordado la paz con Vilumilla y los demás jefes rebeldes y se había realizado un parlamento general en AUCAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
Jornadas internacionales sobre "Movilidad espacial en el contexto americano y europeo: el caso de España y Polonia"
Este encuentro, coordinado por Elda González Martínez, del Insituto de Historia del CSIC, Madrid y Ricardo González Leandri de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos -CSIC, permitió a un grupo de investigadores españoles y polacos que viene colaborando desde hace ya largo tiempo realizar la puesta en común de sus últimos avances de investigación.
En la primera sesión, que llevó por título "Españoles y polacos en América Latina" Elda González Martínez, en su trabajo "Los que se fueron.
La emigración española a América en el siglo XIX", describió algunas caracterísiticas específicas de la experiencia de los emigrantes transatlánticos desde fines del siglo XIX hasta la primeras décadas del XX, para lo cual utilizó como base los casos de Argentina y Brasil.
La ponencia se centró, sobre todo, en analizar la discriminación social, pero también racial y política que en ocasiones padecieron dichos inmigrantes, que los ubicó en muchas ocasiones en el papel de víctimas de la reacción xenófoba de determinados grupos nativos e incluso de la violencia del propio Estado.
Según la ponente se trata de ejemplos que sirven para iluminar el estudio de los problemas que hoy acarrean los flujos emigratorios en sentido inverso.
Sobre las "Etapas y características de la emigración polaca a América Latina, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1945." disertó Krystof Smolana del Instituto de Historia, Academia de Ciencias, Varsovia.
En su exposición realizó matizaciones e incorporó nuevos datos a cada uno de los periodos en el que se divide tradicionalmente la migración polaca a América: periodo anterior a 1869, con predominio de la emigración espontánea; etapa llamada de la emigración en masa propiamente dicha, entre 1869 y 1889/90, pero que puede extenderse hasta 1914; el momento de freno debido a la guerra, entre 1914 y 1920; el resurgir de la migración masiva, una especie de segunda oleada entre 1918 y 1939 y, finalmente, 1939-1945, época del destierro.
"La emigración polaca a Estados Unidos y América Latina.
Fuentes documentales para su estudio" fue el tema abordado por Anna Napiontkówna del Instituto de Historia, Academia de Ciencias, Varsovia, quien, tras definir la noción de propaganda, lo circunscribió al periodo 1890-1930.
El trabajo presentado se dedicó al análisis de las distintas formas que asumió la propaganda emigratoria en Polonia, destinada, sobre todo, a confirmar la imagen de prosperidad de los países americanos receptores.
En la conformación de una imagen positiva de dichos países, pero también del hecho emigratorio mismo, jugaron un papel relevante distintos medios y recursos.
En primer lugar los folletos, tanto los de mera información y análisis del país de destino, como aquellos basados en entrevistas a personas con cierta autoridad o en encuentros con viajeros o recuerdos de viaje.
También tuvieron un fuerte valor propagandístico las cartas de emigrantes en las que describían su vida en el nuevo lugar, sobre todo las publicadas en la prensa, los libros de aventuras y las enciclopedias.
Por último la ponencia destacó el papel de las asociaciones de emigración, con sus folletos, sugerencias y reuniones y el escenario fundamental en el que la propaganda emigratoria se difundío: las tabernas, regenteadas en muchos casos por judíos, quienes a menudo se desempeñaban también como agentes de emigracion al servicio de las compañías navieras.
El auge de la propaganda emigratoria de tales características es situado por la ponente hacia fines del siglo XIX.
Con posterioridad, hacia los años veinte y treinta del siglo pasado, dadas también las limitaciones que los países receptores comenzaron a poner a la inmigración, se dio paso a un tipo más realista y matizado de propaganda e información migratoria.
En la segunda sesión "Europa como nuevo destino emigratorio" y en el apartado sobre la especificidad polaca, el profesor Jan Zamojski del CRÓNICAS Instituto de Historia de la academia de Ciencias, Varsovia, expuso sobre "Polonia ante los retos migratorios, 1945-2004" El profesor Zamojski analizó cómo los avatares sociopolíticos de posguerra que afectaron a Polonia -país tradicionalmente de emigración, con una diáspora que actualmente se calcula en unos 10-12 millones de personas-se reflejaron en la la esfera de la movilidad espacial (turismo, emigración, repatriación, etc.).
Según el ponente los cambios en las fronteras del país, y en su sistema socio-político, en 1944-1945 ocasionaron grandes movimientos migratorios en los que participaron, entre 1944 y 1950, unos 10 millones de polacos, entre repatriaciones de refugiados, soldados, prisioneros desde la Europa Occidental (2,5 millones de personas) y desde la URSS (1,5 millón), desplazamientos de la población alemana (3,1 millones) y ucraniana (30-50 mil), emigración de la población judía (140 mil), y asentamiento en las tierras incorporadas a Polonia (más de 3 millones).
La crisis política de los años 1948-49 (el comienzo de la estalinización) hibernó los contactos con el extranjero y bloqueó los procesos migratorios.
Por su parte la crisis de 1956 (deshielo, desestalinización) dio lugar a las llamadas "repatriaciones tardías": alemanes desde Polonia a la RFA y RDA y polacos desde la URSS.
Comienzan entonces también los viajes turísticos al extranjero (sobre todo a los países socialistas).
La crisis de diciembre de 1970 y la década de E. Gierek (1970Gierek ( -1980) produjeron una mayor liberalización del sistema tanto a nivel político como social, incluyendo el desarrollo de los contactos económicos, culturales, científicos y turísticos con Occidente.
Tuvo lugar un boom turístico (a otros países del bloque y también a los países occidentales (1980 -más de 700 mil) y cada vez con más frecuencia ese tipo de viajes se transforman en viajes para trabajar temporalmente, migraciones laborales que, a menudo, se prolongan hasta volverse definitivas.
La crisis de 1980 ("Solidaridad" y la ley marcial) dio lugar a un éxodo dramático.
En 1980-1990 salieron del país unos 1,5-2 millones de polacos, en su mayoría jóvenes y con altas calificaciones profesionales, por motivos políticos que muchas veces se combinaban con los económicos.
Por su parte la transformación de los años 1990-91 contribuyó a frenar las salidas.
Otra oleada emigratoria comenzó después del ingreso de Polonia en la Unión Europea.
Se trató sobre todo de una nueva forma de emigración: salieron entonces personas bien formadas, también profesionales, para HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS AEA, 62, 2, julio-diciembre, 2005, 363-382.
ISSN: 0210-5810 emprender temporalmente un trabajo bien renumerado, pensando más bien en el regreso y no en asimilarse al nuevo país, aunque no excluyen de antemano la posibilidad de prolongar su estancia en el extranjero.
A la vez, persiste la emigración económica de personas de nivel de educación más bajo, peor preparación profesional, que salen de las aldeas y pequeños pueblos de Polonia, y -además de orientarse en las direcciones tradicionales-van formando las nuevas "islas" de la diáspora polaca en Suecia, Bélgica, Grecia, Italia, España, Australia.
Como conclusión el disertante reflexionó sobre cómo en los últimos tiempos la socidad polaca se ha convertido también en un centro de recepción de otros emigrantes, nuevo rol para el que se encuentra poco preparada (en el aspecto jurídico, institucional, pero también en su conciencia social).
A coninuación, en "La participación de los inmigrantes en la construcción de las grandes urbes ", Tadeusz Milkowsky del Instituto de Historia, Academia de Ciencias, Varsovia, analizó el papel de los contingentes inmigratorios extranjeros, con alta participación de trabajadores polacos, en la transformación urbanística de muchas ciudades europeas y norteamericanas y su fundamental intervención en la construcción de las obras públicas vinculadas al desarrollo del transporte masivo de dichas ciudades.
Al mismo tiempo describió la ambivalente y a veces contradictoria actitud que asumieron frente a ellos tanto las empresas contratistas, muchas veces en guerra entre si, como los gobiernos y la propia sociedad.
Era difícil que esta última, sobre todo sus sectores más encumbrados, pudiera hacer abstracción de la doble imágen con que se le presentaban los trabajadores inmigrantes y sus familias: por un lado mano de obra barata y abundante, dispuesta a hacer lo que otros no querían, por otro multitud peligrosa que deambula por la ciudad.
La explicación se centró fundamentalmente en los casos de la construcción de la red de transportes, sobre todo del metro, de Londres y Nueva York.
Como cierre de la segunda sesión Małgorzata Nalewajko del Instituto de Historia, Academia de Ciencias, Varsovia, expuso algunas de las características y evolucón del colectivo de residentes polacos en España.
En su ponencia "La inmigración económica polaca en España durante la década de 1990" Nalewajko señaló que dicho colectivo, primer grupo de inmigrantes de la Europa del Este visible en España, creció rápidamente desde 1989.
Sin embargo, desde 2003 resulta menos numeroso que los rumanos, búlgaros, ucranianos (según el numero de los permisos de residencia) y que CRÓNICAS los rusos (según los datos del padrón municipal).
No obstante, se ha comprobado una alta tasa de irregularidad por lo que es de suponer que se trata de un colectivo mucho más grande.
Una de sus características más destacadas es su heterogeniedad, que a veces se deja ver, según la ponente, en un exceso de competencia interna y en una cierta falta de solidaridad aglutinante.
Todo ello permite hablar más de una "constelación de redes" que de un colectivo formado.
En la última sesión, que llevó por título "Inmigración, sociabilidad y cultura en España", Rosario Sevilla Soler de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSIC, realizó una minuciosa exposición sobre la magnitud de la inmigración en España en las últimas décadas, que tituló "Panorama de la inmigración en España".
Destacó, a su vez, la gran actualidad de la cuestión, producto sobre todo de que en su nueva condición de receptora de inmigrantes, la sociedad española en su conjunto parece desconcertada.
Hasta finales de1989 casi un 60% de los residentes extranjeros en España procedían de lo que hoy se denomina Espacio Económico Europeo, con la excepción de los recién incorporados de la Europa del este, y su llegada se había venido produciendo de forma paulatina desde comienzos de la década de 1970.
De ellos, sólo los portugueses podían considerarse estrictamente inmigrantes económicos; el resto eran, en gran parte, jubilados que buscaban un clima benigno, trabajadores de empresas de servicios destinadas a esos jubilados, o directivos ligados al mundo empresarial y financiero.
Su presencia, por lo tanto, no tiene nada que ver con la problemática planteada actualmente por la inmigración.
Pero en la década siguiente se inició una corriente migratoria de distintos países africanos y latinoamericanos, en este caso por motivos económicos, que no ha hecho sino crecer desde entonces.
La expositora ilustró con cifras la evolución de tales flujos migratorios, no sólo en cuanto al número total de inmigrantes, aspecto que por sí mismo ha creado bastante confusión en la población, sino en cuanto a las nacionalidades mayoritarias de aquéllos, que ha variado extraordinariamente desde que se inició el fenómeno, incrementando las dificultades de la sociedad para afrontar los retos que plantea la nueva situación.
En una disertación que combinó el análisis teórico con la indagación empírica, Asunción Merino, del Instituto de Historia, CSIC, se preguntó por la pervivencia y el lugar que ocupa lo nacional en las prácticas asociativas de los inmigrantes peruanos en Madrid.
Su disertación llevó por título "El asociacionismo latinoamericano en Madrid: la diversidad interna de los colectivos de inmigrantes".
Tras la descripción de cuestiones claves para entender ciertas formas de comportamiento y la particular evolución del colectivo de peruanos emigrantes en Madrid, con raíces en las condiciones por las cuales se desplazaron y en las del medio receptor, la expositora llegó a la conclusión que, en determinados contextos, entre los que incluye el caso de los "peruanos madrileños", la categoría "nacional", sin duda relacional, se fragmenta frente a clasificaciones localistas, clasistas y racistas dentro de la comunidad y ante categorías universalistas como el cosmopolitismo o la religión; a su vez, en otros casos, se refuerza en un juego de códigos cuyas reglas sólo son conocidas por aquellos participantes que forman parte de la misma nación.
A continuación, Magdalena Fratczak, del Instituto de Historia, Academia de Ciencias, Varsovia, expuso sobre "España como destino de los exiliados argentinos durante la dictadura militar, 1976-1983".
Tras definir la categoría de exiliado como "la persona forzada a emigrar por la severa y cruenta persecución política desatada por el gobierno militar" y de describir cómo, además de México, éstos se dirigieron principalmente hacia Europa occidental -España, Italia, Francia, Suecia y Holanda-, profundizó en el hecho de que fue España el país que acumuló más exiliados argentinos, lo que lo llevó a convertirse en uno de los centros de la campaña internacional contra la dictadura de dicho país.
Se pregunta Fratczak en su trabajo por los motivos por los cuales los exiliados argentinos eligieron España como destino.
Basándose en conclusiones a las que arribó tras realizar una serie de entrevistas agrupa los motivos de tal elección en varias categorías.
En primer lugar señala aquellos de carácter general relacionados con una imagen positiva de España que tienen los argentinos.
Aquí se sitúa la percepción de la existencia de lazos culturales fuertes entre ambos países, consecuencia tanto del pasado colonial como de la masiva inmigración europea a Argentina en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX.
Un factor añadido es el idioma común.
En un segundo nivel coloca los motivos de carácter práctico relacionados con la facilidad de ingreso y permanencia en el país de destino.
Aquí, a pesar de no tener España en esta época estatuto de refugiado, se señala cómo los exiliados argentinos visualizaron favorablemente la existencia de leyes y reglamenteos que facilitaban el ingreso, residencia y trabajo a los latinoamericanos y la doble nacionalidad en el caso de los descendientes de españoles.
También fue bien percibida la equiparación de los latinoamericanos a los trabajadores españoles en lo que respecta a sus relaciones labo-CRÓNICAS rales (hasta 1978) y la existencia de convenios bilaterales sobre la convalidación de diplomas y títulos Como última categoría sitúa Fratczak la existencia de lazos familiares y contactos personales, que en buena medida facilitaron la incoproración al país de muchos exiliados y aumentaron la sensación de estar "entre los suyos".
Todo lo señalado convertía a España, al menos a priori, en un destino visualizado como "más sencillo" que otros para los exiliados argentinos.
Una prueba complementaria de ello puede verse, según la ponente, en la cantidad de éstos que se dirigieron a este país luego de haber realizado experiencias de adaptación infructuosas en otros como Israel o Suecia.
Culminó la sesión con la ponencia de Ricardo González Leandri "El exilio como ficción.
Escritores argentinos en España y Francia, 1976Francia, -2004"", en la que se preguntó si el exilio argentino ha generado una forma de contar diferente, si existe entre los escritores que lo padecieron unas características que lo engloban en un grupo de identidad propia.
Sin restar importancia a la gran cantidad de literatura testimonial producida, sobre todo en los primeros años del exilio, el ponente prefirió analizar como éste ha sido ficcionalizado por una generación posterior a la de los escritores expatriados y conocidos en su país antes de su marcha.
Se centra en el análisis de algunos autores que, jóvenes en el momento en que se vieron obligados a huir de su país, se formaron por tanto como escritores en la diáspora y cuya obra vio la luz, con retardo, una vez que el exilio, en un sentido estricto, ya había concluido.
Destacó las estrategias más comunes a este tipo de ficción producida en la diáspora: en primer lugar el desplazamiento y la alusión como formas eficaces de expresarse.
En segundo la permanente reflexión sobre el idioma, más importante en el caso de España que en el de Francia y, en tercer término el tema del espacio, con respecto al cual por un lado se establece una estrategia que puede denominarse como "contar desde la frontera" y por otro la recurrente apelación a la figura del viaje.
Por último, señaló el ponente, más allá de toda melancolía, la idea de falta de lugar, de no pertenecer a ningún lado y a varios a la vez, también relaciona a los escritores exiliados de esta generación, en un mundo cada vez más globalizado, con nuevos contingentes de emigrados y expatriados de otras regiones con los que tienden a establecer puentes de comunidad.
HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS |
El proyecto fracasado del último obispado del norte de la Nueva España.
Hacia la creación de la diócesis de Nuevo México/
Universidad de León, España
Los habitantes de nuevo México tuvieron desde la época de Oñate el deseo de disponer de un obispado, que se acrecentó en la medida que lo hacían los sentimientos autonomistas.
Los franciscanos por evitar el control del obispo de Durango.
Los habitantes de Nuevo México, porque veían una forma de promoción espiritual y material, así como el desarrollo de centros de formación.
El proyecto estuvo a punto de realizarse en las Cortes de Cádiz, tras la intervención del diputado por Nuevo México Pedro Baptista Pino, en colaboración con el periodista Juan López Cancelada.
El regreso de Fernando VII daría al traste con aquel proyecto de diócesis, que solo se crearía tras la anexión a los Estados Unidos.
PALABRAS CLAVE: Obispado; Nuevo México; Proceso de fundación; Siglos XVII al XIX.
Los territorios de Nuevo México habían sido adscritos a la diócesis de Durango, desde que esta fue creada por bula de Pablo V de 11 de octubre de 1620.
1 Se integrarían además los de Nueva Vizcaya, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, las Californias y parte de Coahuila y Zacatecas, incluidos también todos aquellos «que se extendían hasta la apachería».
2 Por tanto, fue aquella una diócesis de frontera que ocupó gran parte del inmenso y mal delimitado espacio del norte de la Nueva España.
La consecuencia fue que los prelados se sintieron muchas veces impotentes para controlar un espacio tan amplio, al menos más allá de lo que podían hacer los misioneros -que en el caso de Nuevo México fueron exclusivamente los franciscanos-, con su custodia de la Conversión de San Pablo, dependiente de la provincia del Santo Evangelio de México, desde su fundación en 1616.
No es de extrañar, por tanto, que incluso en vísperas de la independencia se insistiera en las Cortes de Cádiz en la necesidad de una diócesis, como también lo plantearon otros lugares, algunos menos necesitados y problemáticos que Nuevo México, cuyos territorios estaban habitados por un mosaico de pueblos indios.
Las Cortes de Cádiz, que fueron el eco de muchas de las pretensiones de los americanos, también sirvieron para intentar que se atendieran viejas aspiraciones en lo eclesiástico.
Un obispado no solo suponía el control en lo religioso de una demarcación territorial, sino un aumento de autonomía, una cierta reactivación económica, al menos de la capital diocesana, y un avance en lo educativo; asunto este último al que eran muy sensibles las autoridades y algunos ciudadanos tras décadas de influencia de la Ilustración.
Como consecuencia de lo anterior Culiacan solicitaba su diócesis en 1811.
Mariano Mendiola reclamaba en una larga exposición en las Cortes varías cosas para Querétaro, entre ellas, que se pusiese en marcha el obispado, que se ya se había solicitado en 1805, 3 pero que no se llegaría a crear hasta 1864 por la bula Deo optimo maximo.
El venezolano Rus llevaba en mente la creación de un obispado en Maracaibo, separado de Mérida, lo que se conseguiría por traslado de la silla episcopal en 1813.
4 Florencio Castillo hacía su solicitud para Costa Rica el 10 de mayo del mismo año.
En el caso de Puno, su diputado no pidió una nueva diócesis, como se le recomendaba en sus instrucciones, sino que optó por solicitar la división de los curatos.
5 Incluso, como reflejo del autonomismo del Norte de la Nueva España, se pretendía elevar Guadalajara a la categoría de archidiócesis por voz del diputado José Simeón de Uría, asunto en el que seguirían insistiendo al monarca en años posteriores, tanto el cabildo secular como el eclesiástico.
6 Toda esta problemática con los obispados no hay que desvincularla del pretendido autonomismo de los territorios del norte, cuya máxima expresión sería la solicitud en 1814 del diputado por Nueva Galicia, José Sánchez Resa, para que Guadalajara se convirtiese en la capital de un nuevo virreinato septentrional o al menos de una capitanía general.
7 Igualmente, Pedro Baptista Pino, como representante por Nuevo México en las Cortes, también había propuesto la creación de una Real Audiencia con sede en Chihuahua, 8 idea que reavivaba la mantenida en su día por Gálvez y Croix, ya que este último había pensado en 1778 en el establecimiento de una Audiencia en Arizpe, tema que quedó en punto muerto con la llegada al trono de Carlos IV, volviéndose a resucitar en Cádiz por los diputados Pino (Nuevo México), Guereña (Durango) y Ramos Arizpe (Coahuila).
9 Es decir, se apreciaba en el norte todo un deseo de reorganización para liberarse en todos los sentidos de la administración civil, militar y eclesiástica del resto de la Nueva España, 10 convirtiendo a Guadalajara en la nueva capital y potenciando otras ciudades y villas como Chihuahua, Durango, Culiacan, Arizpe, Santa Fe, etc.
Los precedentes del obispado de Nuevo México.
La lucha por el control entre franciscanos y prelados
Aunque el planteamiento más serio sobre el asunto no se produciría hasta las Cortes de Cádiz, conviene recordar que los deseos de la creación de un obispado en Nuevo México son casi tan antiguos como su definitiva conquista por Juan de Oñate.
11 Este había intentado que aquellos territorios, de delimitación indefinida, fueran sede de una diócesis o, en su defecto, de una abadía o un vicariato.
Es muy probable que el conquistador quisiese evitar la injerencia del obispo de Guadalajara, que reclamaba aquella jurisdicción desde 1596.
Como Oñate era consciente de que las rentas producidas en aquellos territorios no darían para crear una nueva diócesis, proponía, como hemos mencionado, otras posibilidades que permitieran cierta autonomía eclesiástica.
Así, se mencionaba la posibilidad de una abadía, solución que se había materializado o se había intentado en otros lugares de las Indias, amén de la primigenia de Jamaica.
Así, Santa Marta adquirió ese rango cuando su obispado fue trasladado a Santafé de Bogotá, en 1534, hasta 1577, en que se erigió de nuevo en obispado.
12 En Florida se pensó en esa solución en la primera mitad del siglo XVII 13 y se seguían insistiendo en ella en 1655, alegando siempre la imposibilidad de control del obispo de La Habana, por lo que acabaría fundándose la abadía de San Agustín de Florida.
14 Hacia 1631 también se había erigido la abadía de Santo Tomé de Guayana.
15 En Nueva España existía además la abadía de Pánuco y Tampico, a la que correspondían los diezmos de la Huaxteca.
Sin embargo, en Nuevo México no triunfó la proposición de Oñate al rey, en 1602, que el conquistador ya había madurado con anterioridad.
16 Los preámbulos del obispado neomexicano estarían íntimamente ligados a la labor misional de los franciscanos, que en lo religioso defendieron el control de aquel territorio y evitaron por todos los medios cualquier intento de secularización de sus doctrinas, que lograron mantener hasta el periodo independentista por encima de todos los proyectos que hubo de secularización.
17 Esto supuso continuos enfrentamientos con los prelados de Durango y propuestas de soluciones, entre las que ya estaba la erección de una nueva diócesis.
Ya el primer obispo durangués, fray Gonzalo de Hermosillo, tuvo que soportar que los franciscanos evitasen su visita a Nuevo México.
18 Se abría así una etapa de pretensiones autonomistas reli-12 Archivo General de Indias (AGI), Patronato, 1, N. 29.
«Copia del licenciado Fernando Paniagua por la que queda Santa Marta constituida en abadía».
15 AGI, Quito 88, N. 39, «El tesorero de la catedral de Popayán solicita se le presente a la abadía mandada erigir en Santo Tomé de la Guayana», Popayán, 21 de febrero de 1631.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.04 giosas en aquella provincia, que permanecieron vivas hasta la independencia, con un especial empuje durante las Cortes de Cádiz; aunque para entonces, como veremos, los intereses se habían hecho más complejos.
De momento, se trataba de evitar intromisiones en territorios de la custodia franciscana de la Conversión de San Pablo, alegando para ello los beneficios concedidos a los seráficos por papas como Adriano VI y Sixto V. Lo cierto es que la solución que vieron los frailes fue la de erigir una diócesis, cuyos prelados saliesen de su misma Orden, lo que les liberaba de las intromisiones de Durango.
Así, la Corona llegó a pedir información al virrey marqués de Cerralbo (1624-1635), que en una misiva mostraba su conformidad y consideraba que para regir aquella diócesis se podía pensar en el custodio que lo fuese de la provincia neomexicana.
19 De esa época de Cerralbo datan las noticias que aparecieron en 1630, al publicarse en Madrid el memorial de fray Alonso de Benavides, donde se solicitaba ya la erección de una diócesis neomexicana, lo que contó con el visto bueno del fiscal del Consejo de Indias, Juan de Solórzano, 20 aunque no llegó a concretarse.
El memorial era toda una exaltación de la labor de los hijos de San Francisco, en que se aprecia el olvido consciente de la dependencia del obispado de Durango 21 y el interés del autor por ser el primer prelado.
22 La época del virrey marqués de Cadereyta (1635-1640) fue de especial actividad en aquellas pretensiones de crear una diócesis neomexicana vinculada a la Orden franciscana.
El propio monarca había encargado al mandatario, en 1637, que manifestase si era oportuna la escisión de dos nuevos obispados en Sonora y Nuevo México.
Al año siguiente, el 26 de septiembre, el monarca también solicitó un informe al comisario general de los franciscanos en Nueva España, 23 que había pasado por entonces a ocupar su cargo.
24 Se pusieron entonces de manifiesto las dos soluciones posi-19 AGI, México 31, N. 2, «El virrey sobre el obispado de Nuevo México», México, 20 de marzo de 1632.
Natural de la isla de San Miguel, en las Azores, se dice que fue nombrado obispo auxiliar de Goa, aunque no se tienen otras noticias, y se ha llegado a suponer que murió en 1635 en el viaje a la India.
Es cierto que en esos años en que se le nombraba obispo auxiliar de Goa existía un grave problema, pues pretendía ser nombrado como tal el jesuita P. Juan de Rocha, contra de la voluntad del propio Felipe IV y de su Instituto e incluso protagonizó grandes enfrentamientos con el Cabildo catedralicio.
24 AGI, Contratación, 5420, N. 25 Pero la relación de Cadereyta con los franciscanos se tambaleó a causa del nombramiento como gobernador de Nuevo México de Luis de Rosas (1637), cuya relación con los misioneros fue pésima y desembocó en el famoso levantamiento de 1641, alentado por los frailes, que le costó la vida a Rosas y de lo que le tocó informar e investigar como virrey interino a Juan de Palafox (1642), convencido también de que había sido alentado por los hijos de San Francisco.
29 El prelado-virrey relataría en un memorial al conde de Salvatierra, que Nuevo México era un lugar sometido a aquellos misioneros, que en un principio se habían ocupado de la cristianización, pero que luego, al tener asumidas las competencias que correspondían a los obispos y las de Inquisición y Cruzada, sin que existiese otro gobierno eclesiástico, se habían enfrentado a los gobernadores, como al mencionado Luis de Rosas y a su sucesor Juan Flores de Sierra y Valdés.
30 Las tensiones entre los seráficos y los obispos de Durango, cuando estos quisieron hacer valer su poder, se convirtieron en una constante.
En 1667 el cabildo secular de Santa Fe había elevado sus quejas al prelado durangués, Juan de Gorozpi, quejándose de los abusos de los custodios franciscanos y solicitándole que pusiese un vicario.
31 No gustó aquello al comisario general Hernando de la Rúa, que al año siguiente se quejaba y pedía que se le prohibiese al prelado actuar en tal sentido.
32 Posteriormente sería el obispo Bartolomé García de Escañuela, el que en 1677 discrepó de la visita del comisario franciscano Antonio de Valdés, 33 pero tampoco los frailes quisieron aceptar la visita que él mismo inició a Nuevo México, en la que, por su delicado estado de salud, solo pudo llegar hasta El Paso.
Después de aquello, el levantamiento de los indios pueblo (1680-1692) no zanjó la polémica del todo, a pesar de la violencia desatada contra los españoles en general.
De hecho, en aquella revuelta murieron 21 franciscanos y prácticamente todos los españoles abandonaron el territorio.
El obispo de Durango, a pesar de los acontecimientos, decidió seguir nombrando vicario para Nuevo México, pero para no entrar en conflicto con los frailes designó en 1681 al custodio fray Francisco de Ayeta.
34 En esa misma línea estuvo otro prelado, Manuel de Herrera, que en 1688 nombraba como vicario al también custodio fray Francisco de Vargas.
35 Evidentemente eran tiempos difíciles en los que el clero secular difícilmente iba a aceptar cargos en un lugar de guerra, en el que ni siquiera podían asentarse.
Acabada la sublevación de los pueblo, los franciscanos se vieron favorecidos por los nuevos gobernadores con las promesas de Diego de Vargas a fray Francisco Corvera, 36 al igual que por Pedro Rodríguez Cubero.
37 Pero la guerra de Sucesión llevó al poder al partidario francés, Felipe V, que era mucho más proclive a favorecer al clero secular.
A pesar de todo, en el siglo XVIII, los frailes continuaron en su afán por crear una jurisdicción eclesiástica, alegando que era un territorio dema-siado alejado de Durango como para ser controlado por sus prelados y con el fin de mantener su independencia respecto de las injerencias de los obispos.
Estos, sin embargo, para hacer patente su autoridad, recurrieron a seguir disponiendo de vicarios foráneos, a lo que también se opondrían los franciscanos, que habían conseguido en 1694 que los obispos no pudiesen usar de ellos en sus diócesis y que incluso retirasen los ya nombrados.
38 Pero, como mencionamos, la nueva monarquía tenía otras pretensiones, entre las que estaba la de mantener un control más efectivo sobre la Iglesia, lo que a la vez favorecía las pretensiones de los prelados frente al clero regular.
Así, en el asunto de los vicarios, el nuevo monarca en una cédula dirigida a todos los prelados de las Indias, de 7 de septiembre de 1701, alentaba al nombramiento de tales vicarios.
39 En otra de 7 de diciembre de 1719, encargaba a los diocesanos visitar las misiones de los regulares; y en otra de 30 de julio de 1721, ordenaba poner visitadores en aquellos lugares demasiado alejados de la cabeza episcopal, como era el caso de Nuevo México.
Como es sabido, las disposiciones reales no necesariamente suponían su cumplimiento y los franciscanos de Nuevo México siguieron siendo reticentes al poder de los prelados.
Sería el obispo Benito Crespo y Monroy (1723-1737) quien definitivamente intentase hacer valer su poder, con una visita que inició en 1725, lo que provocó, como casi siempre, las protestas de los frailes.
Incluso aquel mismo año, y para no herir la susceptibilidad de los franciscanos, el prelado había nombrado vicario y juez eclesiástico al vicecustodio de las misiones de El Paso, fray Salvador López.
40 Este sería removido en 1728 por el comisario de su Orden, poniendo en su lugar como juez eclesiástico al custodio de Nuevo México, 41 a pesar de que fray Benito Crespo le recordara sus derechos sobre aquella custodia en territorios de su diócesis, 42 lo mismo que se lo haría saber al virrey marqués de Casafuerte, en 1731, 43 un año después de haber decido hacer de nuevo la visita de la provincia,44 a pesar de que el custodio franciscano, fray Andrés Varo, hubiese intentado disuadirle.
Pero el prelado decidió no prestar oídos, si no se le presentaban los supuestos privilegios de la custodia franciscana de Nuevo México.
45 Lo cierto es que, saliendo de Chihuahua, se encaminó a El Paso y de allí a Albuquerque y Santa Fe.
46 Ante aquella situación, los frailes, en una reunión celebrada en esa última villa el 18 de agosto, decidieron abandonar la provincia para no provocar un cisma, lo que se comunicó al gobernador Juan Domingo de Bustamante.
47 No llevaron a efecto su amenaza, pero los franciscanos seguían manifestando sus protestas y pensando en la solución de crear un obispado,48 tal y como lo solicitaba el comisario general, Francisco Alonso González, tras aquella turbadora visita del obispo.
49 Crespo, amén de esto, y contra los intereses de los frailes, había colocado como su vicario en Santa Fe a Santiago Roybal, a pesar de las protestas del procurador general, que insistía en que la custodia de Nuevo México no era jurisdicción del prelado.
50 Lo cierto es que Roybal se mantuvo hasta 1731, en que se le destinó a la localidad de El Paso y se nombraba como nuevo vicario a José Bustamante.
51 Las tensiones hicieron que desde España se pidiese al prelado, el 1 de octubre de 1732, que retirase a su vicario a la vez que se pedía al virrey que mediase en la discordia.
52 Crespo, de todos modos, no estaba dispuesto a ceder y nadie pudo evitar que iniciase otra visita en 1734, de lo que, como era de esperar, se volvieron a quejar los franciscanos a su provincial.
53 El sucesor de aquel prelado, Martín de Elizacoechea, también realizó una visita a Nuevo México en 1737-1738, siempre con la oposición seráfica.
Al finalizarla, escribió el 17 de mayo al comisario general, dando cuenta de la poca religiosidad de algunos de sus frailes y de su desconocimiento de la lengua de los naturales.
54 Como con su antecesor, los hijos de San Francisco se negaban a aceptar un vicario episcopal en Santa Fe y de nuevo surgió la amenaza de abandonar la provincia, tal y como lo comunicó el custodio Miguel Menchero, en 1741.
55 La amenaza tampoco se llevó a efecto, pero en cambio el mencionado custodio volvía a insistir, en 1748, en la creación de una diócesis, en un escrito que se le atribuye y que se tituló Instrucciones para la erección de obispado en Nuevo Mexico.
56 La actividad tanto de Crespo como de Elizacoechea, la recogería Valenzuela en una obra editada en Madrid en 1738.
57 Las proposiciones de obispado no solo tuvieron que ver con el control que querían mantener los franciscanos, sino que hubo otras proposiciones más centradas en una mejor administración espiritual y temporal, como la de Matías de la Mota Padilla, que propuso sin éxito la creación de una diócesis que comprendiese Nuevo México, Texas y Coahuila, lo que permitiría un acercamiento del pastor a sus feligreses.
58 A mediados del siglo XVIII la actividad secularizadora de la centuria se hizo más evidente.
Por cédula de 1 de febrero de 1753 se ordenaba secularizar todas las doctrinas o misiones de indios bien cristianizados.
Fue entonces el obispo Romeral y Tamarón el que pretendió restar poder a los franciscanos de Nuevo México, con su visita de 1760 59 y colocando a Santiago Roybal como su vicario en Santa Fe, amén de pretender otros dos vicariatos en Albuquerque y Santa Cruz de la Cañada.
60 Era obvio que no existía suficiente clero secular como para hacerse cargo al completo de Nuevo México, pero tanto el obispo como su vicario pretendían controlar, al menos, las cuatro grandes villas de españoles: El Paso, Santa Fe, Albuquerque y Santa Cruz.
De hecho el prelado solicitó la secularización de aquellos lugares en 1765, a lo que se opuso el comisario general franciscano, como se lo hizo saber al virrey marqués de Croix, en 1768.
61 No se debe olvidar que en el ínterin Carlos III, el 30 de julio de 1766, había mandado que los curatos y doctrinas de los regulares fueran asignándose a los seculares.
Con todo esto, el marqués reconocería las pretensiones de Tamarón en 1767, pero hubo de retractarse al año siguiente, puesto que, al convocarse la oposición para aquellos curatos, no hubo ningún pretendiente del clero secular.
62 Aun así volvió Tamarón a solicitar lo mismo al gobernador de Sonora y Sinaloa, Juan de Pineda, en 1768, para secularizar cuatro misiones de los antiguos jesuitas.
63 Precisamente la expulsión de la Compañía de Jesús había supuesto un respiro para los franciscanos del norte de la Nueva España, puesto que quedaron casi como los únicos evangelizadores del norte, de los que no se podía prescindir.
La creación de la Comandancia General de las Provincias Internas (1776) hizo que se intensificara la promoción del clero secular frente al regular, así como se insistía en la proposición de una nueva diócesis en el norte de la Nueva España, lo que apoyaban tanto José de Gálvez como Teodoro de Croix.
Este último propuso a Gálvez el 26 de enero de 1782 la creación de tres diócesis: una formada por Sonora y California; otra por Coahuila y Texas y una tercera por Nueva Vizcaya y Nuevo México,64 lo cual, como veremos, daría sus frutos con la creación de las diócesis de Nuevo León y de Sonora (1777-1779).
Aquellos intentos secularizadores los representó de una manera muy especial el gobernador Juan Bautista Anza, que en 1781 se lanzó a una campaña contra los franciscanos, pero que, como en tiempos de Tamarón, se encontró con un clero secular, con el que no se podía contar para la suplencia ni en número ni en disposición para afrontar los problemas de tierras de frontera, con los peligros que allí se cernían.
65 No menos duro fue Fernando Chacón (1794-1804), que acusó a los frailes en un informe de maltratadores de los indios, lo que sirvió para intentar acelerar el proceso secularizador.
66 En general, casi todos los gobernadores, atentos a la política de la Corona, no veían con buenos ojos el dominio de una Orden religiosa de un espacio concreto, como sucedía en Nuevo México.
En cuanto al control religioso era algo parecido a lo que había sucedido con los jesuitas en las misiones de Paraguay, por lo que tras su expulsión se habían entregado a franciscanos, dominicos y mercedarios, tratando de evitar el control omnímodo de una orden.
67 Todo ello sin olvidar que era mucha la población que criticaba con frecuencia la actitud de los frailes, 68 incluidos los indios, por los altos aranceles que imponían por impartir los sacramentos y por la utilización de demasiados sirvientes.
70 En realidad, en un intento de racionalizar la organización eclesiástica del territorio abogaba por la creación de cuatro mitras: las Californias, Sonora, Nuevo México y Nueva Vizcaya.
La dotación para el de Nuevo México sería a través de los diezmos, que desde el 5 de marzo de 1799 se hallaban cedidos por el obispo para conseguir la desmembración.
El propio virrey Miguel José de Azanza, en 1800, también era favorable a la erección de una diócesis, 71 pues parecía imprescindible la presencia de prelados en el norte de la Nueva España y en concreto en Nuevo México.
72 Era obvia aquella pretensión en un territorio tan inabarcable, al que las visitas episcopales raramente llegaban, pues eran 400 leguas las que separaban Santa Fe de Durango, por lo que Nuevo México solamente había sido visitado por tres prelados, el último de ellos Tamarón y Romeral, en 1760.
Después de el habría que esperar hasta la visita del obispo José Antonio Zubiria, en 1833.
A pesar del deseo de sustituir a los franciscanos por clérigos, en el tiempo que nos ocupa fue una labor casi imposible, tanto por el número como por la disposición.
En lo numérico hasta 1802 raramente hubo más de un clérigo secular y en ese año fueron tres, mientras que los franciscanos llegaron a moverse numéricamente en torno a la veintena, 73 en los años más críticos de la presencia española.
Navarro y Noriega en 1810 daba para Nuevo México 28 misiones y ningún curato.
74 Esto hizo que los conflictos de jurisdicción entre franciscanos y obispos debilitaran mucho la posición de estos últimos, y que la pretendida erección de un obispado neomexicano estuviese en relación directa con esos conflictos, puesto que los franciscanos pretendían mantener su poder a través de una fundación adscrita a su Orden, que los liberara de otras intromisiones.
También es cierto que a medida avanzó el siglo XVIII y sobre todo a partir del reinado de Carlos III se pensó en una diócesis más por intereses de administración eclesiástica que de conflictos, aunque estos se mantuvieran.
Además los franciscanos también pasaron en el siglo XVIII por una crisis de vocaciones, a pesar del funcionamiento de sus colegios de Propaganda Fide, y su número no permitía abordar todas las necesidades del territorio.
En toda aquella pretensión de erección de un obispado neomexicano también se había planteado la solución de un obispo auxiliar.
Así lo propuso Juan de Oliván, que había pasado como oidor de Guadalajara en 1712,75 al que se debe el mapa del norte de la Nueva España, de 1717,76 y que sugirió tal idea al virrey marqués de Casafuerte el 12 de julio de 1724.
77 Esta solución la propondría también años más tarde el obispo de Guadalajara, Antonio Alcalde, en 1773, para los territorios bajo su dependencia en el norte, por la imposibilidad de administrarlos, lo que parece que tuvo buena acogida, pues al año siguiente se le contestaba diciendo que su proposición se había pasado al Consejo.
78 Sin embargo no parece que esto llegara a calar en lo referente al territorio que nos ocupa.
El planteamiento definitivo en las Cortes de Cádiz
La respuesta a las necesidades de crear diócesis en el norte de la Nueva España, tal y como la llegaron a plantear José de Gálvez y Teodoro de Croix, era un asunto paralelo a la creación de la Comandancia de las Provincias Internas, en un intento por controlar a la Iglesia, dentro de la tónica general que representaba el despotismo ilustrado, que no veía con buenos ojos la autonomía de las órdenes religiosas en determinados espacios, sobre todo de misión.
En aquellos dos siglos, lo que había sido una fricción continua entre los obispos y los franciscanos de Nuevo México por el control del territorio en asuntos religiosos, acabó por convertirse en un asunto de gobernabilidad, en que hubo grandes injerencias del poder civil, siempre dispuesto, sobre todo a partir de Carlos III, a convertir al estado en el eje de la política religiosa, con todo lo que ello implicaba, teniendo su culmen en las Cortes de Cádiz.
Los pasos iniciales de la reorganización eclesiástica del norte de la Nueva España, en relación con la Comandancia, fue la creación de dos diócesis, que se repartieron prácticamente todos los territorios, desde California hasta Texas, manteniéndose Nuevo México bajo la jurisdicción episcopal de Durango.
Así, el 15 de diciembre de 1777 se erigió la diócesis de Nuevo León por la bula Relata semper, de Pío VI, 79 con sede en Linares; pero que por expreso permiso real se trasladaría en 1789 a Monterrey.
80 Esta comprendía los territorios de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas.
El 7 de mayo de 1779 el mismo Pío VI extendía la bula Inmensa Divinae Pietatis Charitas, por la que quedaba establecido el obispado de Sonora, con sede en Arizpe y cuyo primer obispo, por expreso deseo de Gálvez, sería preconizado en 1780 en la figura del franciscano Antonio de los Reyes, aunque no partiría hacia su diócesis hasta dos años más tarde.
81 Comprendería los territorios de Sonora y Sinaloa, desgajados de Durango, y las Californias, escindidas entonces de Guadalajara.
Nuevo México, por tanto, quedaba como un espacio aislado en medio de las nuevas diócesis y sus pretensiones de control eclesiástico ya no podían ir más allá de su territorio.
Aún así, los deseos de contar con obispado propio se mantuvieron y se plasmarían en las peticiones hechas por su diputado en las Cortes de Cádiz, Pedro Baptista Pino, en el informe leído el 20 de noviembre de 1812.
Aquel discurso se imprimió en la Imprenta del Estado Mayor, en Cádiz, en ese mismo año.
82 Nos atenemos a la actual edición de Pino y López Cancelada, 2007, ya que es la primera que aparece con el nombre de los dos autores.
Desde su llegada, debido a la ocupación francesa, se había establecido en Cádiz, donde intervino con frecuencia en muchos asuntos americanos y se enfrentó a muchos diputados de aquellas latitudes, a veces a través de su periódico El Telégrafo Americano, publicado en la ciudad de las cortes entre octubre de 1811 y marzo de 1812.
83 La exposición del diputado Pino fue organizada por López Cancelada, aunque sería el neomexicano quien le aportara los datos concretos.
Es más, el periodista, para que no quedase duda de la autoría, recurrió a un acróstico en la página.
42 del original, donde, si se enlazan las mayúsculas tras cada punto y seguido se lee: «D. Juan López Cancelada».
84 Él mismo dio a conocer este hecho en un folleto publicado en 1818 bajo las mayúsculas de autor J.M.C., ya que fue muy proclive a alterar su nombre y/o sus iniciales.
85 En aquel escrito, en el que se tocaban varios puntos relativos a Nuevo México, Pino y López Cancelada exponían las razones por las que se solicitaba la nueva diócesis en las Cortes.
En primer lugar se reconocía la enorme distancia de 400 leguas que había entre Santa Fe y Durango, con un camino difícil y peligroso, por lo que tan solo había recibido la visita de tres obispos en aquellos dos siglos: Benito Crespo, Martín de Elizacoechea y Pedro Tamarón y Romeral.
En consecuencia, Pino alegaba la tristeza que le producía el que con los 10.000 pesos de diezmos que aportaba Nuevo México, no se dejase ver por aquella provincia al obispo de Durango; de hecho, él mismo manifestaba que no sabía como vestían los prelados hasta que no llegó a Cádiz.
86 Otro motivo que se aducía era la enorme extensión, que alcanzaba las 3.500 leguas cuadradas, en las que se ubicaban 40.000 habitantes organizados en 26 pueblos de indios y 102 plazas de españoles.
Por último, se alegaba que Nuevo México producía anualmente en diezmos al obispado de Durango la nada despreciable cantidad de 10.000 pesos.
Se aducía igualmente que tanto las poblaciones de indios como las plazas de españoles se administraban por 22 religiosos franciscanos.
Solamente en El Paso y en Santa Fe se contaba con párrocos clérigos, ya 83 Existe edición actual facsimilar publicada por la Universidad de León, 2008 84 Véase en Pino y López, 124-125.
86 Algunos autores han mantenido que Pino había estudiado leyes.
Parece que esto lo contradice, pues el haber estado en alguna universidad novohispana le habría familiarizado con la presencia episcopal.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.04 que, como vimos, el proceso de secularización borbónico no había producido los efectos deseados, ni siquiera durante el gobierno de Fernando Chacón y su empeño por ello (1794-1804), aunque sí se hubiese reducido la presencia de franciscanos, que en tiempos de Joaquín del Real Alencaster (1804-1807) llegó a ser de tan solo ocho, sin haber sido sustituidos por el clero secular.
No es de extrañar, por tanto, que los frailes se volviesen a recuperar numéricamente.
87 Amén de lo anterior, Pino y Cancelada justificarían también la necesidad del obispado en cuestiones meramente prácticas y de organización eclesiástica, pues Nuevo México parecía un lugar abandonado de la mano de Dios, ya que la escasez de párrocos no permitía atender todo el territorio ni los feligreses podían trasladarse largas distancias para cumplir con sus preceptos.
Pero además de aquello seguían existiendo otros problemas que hemos visto con anterioridad.
Así, por entonces se volvía a traer a colación el problema de los vicarios, de los que no se podía disponer en los lugares más alejados, porque las rentas no alcanzaban para ello.
La explicación que se daba en este sentido era que la asignación anual de cada religioso al frente de una parroquia era de 330 pesos anuales, 88 cantidad con la que, según el obispo de Durango, los clérigos no podrían subsistir y atender sus necesidades, como eran las criadas y los aparejadores de sus caballos; así como tampoco mantener el altar de sus iglesias.
89 Incluso en los lugares más habitados -las villas de Alburquerque, Santa Cruz de la Cañada y Santa Feno había más renta que las obvenciones o pie de altar.
Toda aquella problemática suponían el diputado y el periodista que podía solucionarse con la creación de una diócesis y la presencia de un obispo propio para aquel territorio.
Pues, además de las mencionadas carencias materiales, se podrían implementar las espirituales, como la administración del sacramento de la confirmación, que no se impartía desde la visita de Tamarón, en 1760; incluso se evitarían los amancebamientos de quienes necesitaban de dispensa eclesiástica, lo que era bastante frecuente en Nuevo México, donde la endogamia de determinadas familias era más que evidente.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.04 Las soluciones que proponían los autores eran, por un lado el establecimiento en Santa Fe de la cabeza de la diócesis; pero además de esto, muy de acuerdo con la tradición ilustrada, la creación de un colegio seminario de estudios mayores, 91 así como escuelas públicas para la enseñanza de la juventud.
92 Esto podría resultar contradictorio con lo que sucedía a finales del siglo XVIII en otros lugares de las Indias, donde en la educación hubo tendencia a un mayor control de las autoridades civiles; pero en los lugares de frontera tal labor hubo que reservarla a menudo para la Iglesia, pues no todos los civiles con formación estaban dispuestos a adaptarse a unos condiciones de vida no demasiado favorables.
Por ello, un seminario suponía un avance en lugares que pocas aspiraciones podían tener más allá de alguna pequeña escuela o de formadores particulares.
Pino se movía entre la tradición y la modernidad, en este último caso, probablemente incitado por López Cancelada.
Así, junto a la pretensión de una diócesis planteó aquella idea que habían tenido los propios franciscanos, que los prelados debían ser de su Orden, porque «están los habitantes tan acostumbrados a ver este hábito, que cualquiera otro, no sería, quizá, bien admitido».
93 Las proposiciones de Pino tuvieron una buena acogida en las Cortes, que solicitaron a la Comisión Ultramarina para que informara sobre estos aspectos, la cual dio su contestación favorable el 21 de enero de 1813.
94 Tras ello, por el decreto CCXVII, de 26 de enero del mismo año, se decidía erigir el obispado con las firmas de Miguel Antonio de Zumalacárregui, como presidente, y como secretarios Florencio Castillo y Juan María Herrera.
Sin embargo, aquel no era el paso definitivo, pues se necesitaba completar otras informaciones para hacer efectiva la erección.
Especialmente relevante era la demarcación territorial, para lo que las Cortes solicitaron a las máximas autoridades civiles y religiosas de Nuevo México y Nueva Vizcaya, que procedieran al deslinde.
95 Se recordaban, incluso, los trámites necesarios en el proceso: era prioritario pedir a la Santa Sede el decreto pontificio, por medio del ministro plenipotenciario, 91 Hacia 1812 se iniciaron los trámites para la fundación de este seminario en la ciudad de Santa Fe, como se recoge en un expediente del AGI, Guadalajara, 561.
Con la llegada de Fernando VII se paralizó el proceso.
94 a lo que no podían negarse en Roma por la cuestión de la concesión papal a los Reyes de España; se suponía también que se debían enviar despachos o cédulas a los dos obispos más cercanos de la nueva diócesis, que, junto con el vicepatrono regio, debían proceder a la división; se debían mandar igualmente cédulas a los obispos afectados por la desmembración, al metropolitano al que correspondiese la nueva mitra, al gobernador de la provincia, al del distrito y al virrey.
Entretanto se debía pasar a consulta y nombrar un prelado y, si este aceptaba, se pedían las bulas a la Santa Sede.
Evidentemente este proceso no se realizó tal y como se describía.
Lo primero que se planteó fueron cuestiones burocráticas internas, habida cuenta de las alteraciones en la administración que se habían producido.
La Regencia, en ese sentido, comenzó por solicitar a la Comisión Ultramarina de las Cortes información sobre quién debía emitir las cédulas de creación del obispado, si el Consejo de Estado o la Consejería de Gracia y Justicia.
Aquella Comisión, formada por Zumalacárregui, José María Gutiérrez de Terán, José Antonio Navarrete, Pedro Antonio Aguirre y Antonio Larrazábal opinó que debía ser la Consejería de Gracia y Justicia, puesto que el Consejo de Estado era solamente consultivo.
96 Otro problema fue el de la división territorial y quién debía hacerla.
La Comisión, recurriendo a las Leyes de Indias, a las reflexiones de Ciriaco Morelli, profesor de la Universidad de Córdoba de Tucumán,97 y al mismo Solórzano, planteó que era algo que atañía directamente al monarca, por lo que las cédulas para establecer la división debían enviarse a quien en aquellos territorios representase el real patronato y que este debería trabajar en «anuencia» con el obispo de Durango.
98 En la sesión de las Cortes donde se planteó este problema intervino Ramos Arizpe, que veía la necesidad de que el decreto de erección se hiciese en uno o dos años «y no pasen diez o veinte»; para ello se debía sustituir la mencionada «anuencia» del prelado de Durango por la de «intervención»; es decir, que era conveniente que el obispo interviniese, pero no que fuera necesaria su anuencia.
Frente a esto el diputado Juan de Lera y Cano recurrió al derecho canónico y, por tanto, creía necesario que se oyese al obispo afectado y que se comprobase la existencia de rentas.
Ramos Arizpe alegó entonces que la diócesis duran-guesa estaba en sede vacante 99 y por ello «no hay rey ni Roque que impida hacerse esa desmembración del modo que ya he dicho».
Habló también el diputado por Maracaibo, José Domingo Rus, alegando su experiencia en la división de las diócesis venezolanas y apoyó las tesis de Arizpe.
Tomás Aparicio Santiz, por otro lado, pensaba como Lera, que no se podía quitar jurisdicción al obispo que la ejercía, porque eso no correspondía a la autoridad real.
Rus le respondió que la división de una diócesis no era una cuestión espiritual sino solo temporal y, por tanto, no afectaba a la Iglesia.
Por la Comisión que había aprobado el dictamen habló Larrazabal ratificando que la licencia para erigir un obispado en Indias era un derecho real.
100 Visto lo anterior, no le faltaba razón a Ramos Arizpe cuando sospechaba del retraso, como lo volvió a recordar meses más tarde, cuando en una alusión que hizo José Argüello al obispado de Nuevo México, contestó el representante por Coahuila que no era «tan crédulo en cédulas, por bien selladas que vayan».
101 Amén de esto era necesario también proponer sujetos para la mitra, por lo que el 14 de mayo de 1813 se comunicaba que la Regencia había resuelto que el Consejo de Estado procediera a proponerlos, cosa que parece que nunca se hizo mientras el diputado Pino se mantuvo en Cádiz, donde cesó como tal el 29 de septiembre de 1813.
Los últimos intentos y el fracaso
Las Cortes de Cádiz parecían haber sido la etapa final de aquel antiguo proceso episcopal de Nuevo México.
La buena acogida inicial de la proposición de Pedro Baptista Pino se fue disolviendo en los meses siguientes en asuntos burocráticos.
El propio diputado de Nuevo México tuvo que soportar las burlas de su gente, que le acusaba de inacción en la asamblea constituyente y que hizo famosa la frase «Don Pedro del Pino fue, don Pedro del Pino vino».
En realidad, el fracaso tenía mucho más que ver con el regreso de Fernando VII, que se produjo el 22 de marzo de 1814, 99 Lo estuvo desde el final de la prelatura de Francisco Gabriel de Olivares y Benito, el 26 de febrero de 1812, hasta el nombramiento de Juan Francisco Castañiza Larrea, el 18 de diciembre de 1815.
102 Archivo del Congreso de los Diputados (ACD), Documentación electoral, 3, n.o 30.
Con el sexenio absolutista muchas de las cuestiones planteadas en las Cortes se pusieron en entredicho.
En el caso del obispado de Nuevo México, aunque no hubo una negativa firme a su creación, las cosas se fueron prolongando en un interminable proceso de informaciones, que se mantuvieron hasta la independencia,103 pues no parece que hubiese una intención clara por alterar el panorama administrativo de la Iglesia novohispana en un momento de dudas de todo tipo, pero en que tampoco interesaba plantear una negativa contundente para no provocar el descontento de una población esperanzada en tener su diócesis, con todo lo que ello suponía en la época, pero que al mismo tiempo no estaba ajena al proceso independentista.
Sobre la cuestión de límites ya vimos el interés que se había despertado con anterioridad y al que debió responder el comandante general de las Provincias Internas Occidentales, Bernardo Bonavia (1813-1817).
Pero su respuesta llegó a España cuando Fernando VII ya ocupaba el trono.
Decía el Comandante que los límites de Nueva Vizcaya y Nuevo México se hallaban en El Paso y el río Grande, por lo que no era necesario hacer una demarcación más concreta del obispado, que coincidiría con las divisiones provinciales, tal y como lo había acordado con el canónigo doctoral de Durango.
Los problemas se podían plantear con otras provincias, pero llegaron a la conclusión de que los desiertos que separaban a Nuevo México de Texas y de Sonora no hacían necesaria una demarcación concreta, que podría llevarse a cabo cuando se delimitasen las provincias, como mandaba la Constitución y se recogía en el capítulo II.
En el fondo, todo lo que se había planteado y se seguía planteando era la supeditación de la administración eclesiástica al Estado, en aquella línea que habían defendido muchos preilustrados e ilustrados tanto de España como de sus posesiones.
Bonavia, respondiendo al problema económico, manifestaba que tanto para el seminario como para el obispado solamente se podía contar con los diezmos, que él mismo, de manera previsora, ya había mandado retener en las cajas de Chihuahua a partir del 16 de junio de 1814, sin perjuicio del derecho que a ellos pudiera tener el cabildo eclesiástico de Durango.
Evidentemente esta institución se quejó, alegando que según la Ley II, Título LXXI, Libro I, de la Recopilación de las Leyes de Indias, los diezmos no pertenecían a los obispados hasta que los obispos eran confirmados por el Papa; y no se debían entregar hasta que estos no ocupaban sus sedes; por tanto, era improcedente la retención que se había hecho, ya que en Nuevo México ni siquiera había obispo presentado, por lo que no se tenía derecho a tales diezmos.
Ni siquiera se podían acoger a lo expuesto en las Cortes de Cádiz, donde, el 14 de junio de 1811, alegando que la dificultad de comunicación entre España y América no permitía los viajes de los prelados nombrados, que tomaban posesión en España, podían disfrutar de la mitad de las rentas, si estas pasaban de 35.000 pesos; de dos tercios cuando importaban de 25.000 a 35.000 pesos; y de tres cuartos cuando eran de 15.000 a 25.000.
Por debajo de esas cantidades podían disfrutar del total.
El problema en Nuevo México era que ni siquiera existía un obispo nombrado para tomar posesión.
El Cabildo de Durango recordaba también a Bonavia que al seminario solo le correspondía el 3% de la gruesa decimal; además que se debía tener en cuenta que los diezmos se cobraban con mucho retraso.
Incluso se atrevía a sugerir que si no hubiese gastos en la construcción del seminario se deberían emplear en la instrucción de la juventud.
Lo cierto es que en la Península en el Consejo y Cámara de Indias, el 7 de septiembre de 1814, decían desconocer los motivos por los que las Cortes de Cádiz habían desgajado Nuevo México del obispado de Durango.
De nuevo se iniciaban los trámites y el 27 de enero del año siguiente se enviaba una real cédula a Bonavia, que recibió el 29 de septiembre, en la que se le pedía la opinión de si convenía el nuevo obispado.
La misma cédula se había enviado a otras autoridades civiles y eclesiásticas.
El 19 de noviembre, el fiscal del Consejo llegaba a la conclusión de que el expediente no estaba suficientemente instruido y pedía que se enviasen nuevas cédulas al Comandante para que respondiese a algunas cuestiones.
Ahora el problema que le planteaban era que se desconocían los antecedentes que daban lugar a la erección de una nueva diócesis, pues lo único que se tenía era la propuesta del diputado Pino a las Cortes y el dictamen favorable que había dado la Comisión Ultramarina.
Como consecuencia se expidió otra cédula el 27 de enero de 1815, por la que los ayuntamientos de Durango y Santa Fe debían dar razón de la necesidad del obispado, del territorio que debía comprender, del importe de los diezmos con los que se podía contar, y de otros aspectos que se considerasen oportunos.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.04 sando por enésima vez la necesidad del obispado y que este se debía corresponder con la demarcación militar y política, amén de que los diezmos que producía eran suficientes; añadiendo, además, que una diócesis no solo proporcionaría bienes espirituales, sino también temporales.
El mayor problema que se planteaba ahora para las autoridades neomexicanas era el de la catedral y residencia del obispo, para la que pensaba que podía servir de forma momentánea la parroquia de San Francisco, en Santa Fe, aunque no era fácil adaptarla para convertirla en catedral,104 ya que no dejaba de ser una iglesia que, aunque actuase como parroquia de españoles, no pasaba de tener un trazado misional y de ser una construcción muy simple de adobe y madera, como era tradicional en la arquitectura de Nuevo México.
105 Bonavia enviaba además los informes que le habían entregado los ayuntamientos de Santa Fe y Durango, así como el cabildo eclesiástico de este último lugar.
Todos ellos eran del parecer de que se erigiera la nueva diócesis.
El Cabildo de Durango insistía en que los diezmos de Nuevo México eran de unos 10.000 pesos y que ello era suficiente para la subsistencia del prelado, pues el de Sonora se mantenía con poco más de la mitad de aquella cantidad; dicho cabildo manifestaba que además se podían añadir los proventos del curato de Santa Fe «y aun pensionarse los más pingües del nuevo obispado al tiempo de su provisión en la tercera parte de obvenciones y derechos libres para la fundación del seminario».
Precisamente los diezmos de Nuevo México, en términos generales, fueron en aumento desde 1780 hasta la independencia.
106 No les parecieron suficientes aquellas informaciones a las autoridades peninsulares y otra vez se mandó al comandante general que hiciese una estadística que reflejase la población, artes, industria, labranza, comercio y riquezas.
En realidad parece que lo que importaba era dilatar el asunto sin provocar el descontento de la población.
En España se reconocía la necesidad del obispado, pero se dudaba de los medios para dotarlo.
Amén de esto, ahora se reconocía expresamente una realidad que preocu-paba a las autoridades españolas y que no se había mencionado tan claramente en todo este proceso, aunque hubiese estado latente.
Se trataba de la situación emancipadora de Nueva España, en que a pesar de la aparente tranquilidad por aquellos años, existían serias dudas para considerar la revolución como controlada.
Esta cuestión, además, debía relacionarse con el cobro de los diezmos, pues sería difícil hacerlo en una situación de conflicto.
Se ponía como ejemplo el obispado de Guadalajara, que disponía de grandes ingresos por este concepto, pero que no podía disfrutarlos.
En consecuencia el fiscal del Consejo era ya contrario a crear la nueva diócesis, al menos hasta que el país se hallase fuera de todo peligro.
Como mencionamos, probablemente para no provocar un descontento en la población en unos momentos tan delicados, no cesó la petición de informes, como el que se hizo el 18 de abril de 1818 al comandante general de las Provincias Internas Occidentales, que a la sazón ya lo era Alejo García Conde (1817-1821).
Esto sucedía cuando los habitantes de Nuevo México estaban más dispuestos a conseguir sus propósitos y por ello, incluso, propondrían un prelado en la figura de Juan Bautista del Niño Ladrón de Guevara, secretario del obispo de Durango, del que informaba muy positivamente dicho prelado y del que se formó una relación de méritos.
107 Aquel hombre había llegado a Durango en 1803 y se decía que era descendiente de la noble familia de los Guevara de Estella, cuyo marquesado se hallaba unido al condado de Oñate, de cuya casa era descendiente el conquistador de aquellos territorios, Juan de Oñate.
El propuesto no era un desconocido para los neomexicanos, puesto que había sido encargado de hacer una visita al territorio por el obispo Castañiza, entre 1817-1820, desarrollando una gran labor.
En esa visita había abordado los problemas de supersticiones, que abundaban en la provincia, algunas muy relacionadas con la muerte y las cofradías de terceros;108 igualmente denunció el mal estado de los templos, pues el de El Paso, que era el mejor considerado, lo describía el visitador como peor que una bodega.109 Al mismo tiempo reconocía que se había encontrado con una situación del clero muy semejante a la que mencionaba Pino, pues había 23 franciscanos y cuatro clérigos.
Los neomexicanos seguían luchando por su diócesis, ya que veían en ella una forma de engrandecer la provincia, de fomentar las artes y la agricultura, aumentar el comercio; en fin, que se mantenía el espíritu de los ilustrados de contribuir por medio del desarrollo a la felicidad del pueblo.
Como consecuencia, varias autoridades civiles y militares de la provincia firmaron un escrito apoyando la diócesis en una solicitud dirigida al ministro de Gracia y Justicia, el 5 de enero de 1818.
Por lo demás, las consideraciones que se exponían seguían siendo las mismas: límites que coincidiesen con los castrenses y mantenimiento con los diezmos de la diócesis.
Respecto a estos se aclaraba que, puestos en arrendamiento, producirían 11.000 pesos, pero que si se controlaran por administradores podrían suponer más de 12.000 pesos, de los que 5.000 serían para el obispo.
Entre aquellos firmantes no aparecía el nombre de Pedro Baptista Pino, el gran promotor de la diócesis en las Cortes de Cádiz, que había regresado a Nuevo México, donde se había enriquecido y que sería elegido de nuevo diputado en las elecciones de 24 de septiembre de 1820, con ocho votos de los 14 electores.
Sin embargo no regresaría a España, porque no se le abonaron las dietas y por las dificultades en las comunicaciones.
110 Desconocemos que proposiciones traería entonces, pero sin duda estaría entre ellas la del nuevo obispado, que no llegaría a fundarse durante el poco tiempo que quedaba del periodo español, a pesar de que a Santa Fe se le había concedido el estatus de ciudad, en 1819.
Tras la independencia, por decreto de 19 de julio de 1823, el Congreso mexicano mantenía lo aprobado en las Cortes gaditanas, incluso se instó al obispo de Durango para que, hasta que se crease un obispado en Nuevo México, nombrase un vicario foráneo; y para tal se nombró a Agustín Fernández de San Vicente, prebendado de Durango.
111 Con la independencia se desarrollaría la presencia del clero secular, lo que no se había logrado durante todo el periodo español, a pesar de los esfuerzos, ni siquiera en las Cortes de Cádiz.
Los golpes de gracia a los franciscanos serían los decretos de expulsión de México de los españoles, en 1827 y 1829, y el decreto del Congreso para la secularización de las misiones, en 1834.
Lo cierto es que los hijos de san Francisco fueron perdiendo presencia, no siempre compensada por los seculares; así, de los 23 frailes que había en el momento de la independencia, ya tan solo eran nue-110 ACD, Serie Documentación electoral, 7, n.o 18.
Los seráficos desaparecerían en 1848, cuando murió el último de ellos, fray Mariano de Jesús, coincidiendo con la firma del tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el que Nuevo México pasaba a depender definitivamente de los Estados Unidos de Norteamérica.
La independencia había supuesto el triunfo definitivo del clero secular criollo de la diócesis de Durango frente a lo frailes, españoles en su mayoría, y que curiosamente no aparecen representados en toda esa información de la última década de dependencia española, probablemente porque ya habían asumido la imparable secularización.
Fue después de la anexión a los Estados Unidos cuando por fin se creó el obispado de Nuevo México por bula de Pío IX, el 29 de julio de 1853, convirtiéndose en 1875 en archidiócesis, siendo en ambos casos el primer beneficiario de la mitra el francés Jean Baptiste Lamy, con el que la influencia española y novohispana en la iglesia neomexicana quedó desterrada y fue suplida por una masiva presencia del clero francés. |
Con el advenimiento del siglo XXI, los historiadores latinoamericanos debatieron nuevamente acerca de las posturas historiográficas que analizaron la transición del período tardo colonial al proceso de revolución e independencia a principio del siglo XIX, atendiendo al impacto de estos sucesos en las diversas regiones que integraban el espacio colonial hispanoamericano.
Estos debates generaron la necesidad de indagar cómo atravesó la ciudad de San Miguel de Tucumán este proceso, a partir del estudio de una familia representativa de la elite local, los Posse, entre 1780 y 1820.
Por este motivo, se centro la atención en la organización familiar, las estrategias de reproducción social y las actividades comerciales efectuadas por Manuel Posse, comerciante peninsular, en Tucumán.
El bicentenario del proceso de revolución e independencia en América Latina generó una revisión historiográfica de los antecedentes de estos acontecimientos vinculados con las reformas borbónicas, el proceso de atlantización de la economía, la expulsión de los jesuitas, la ilustración criolla y las posteriores experiencias de organización política devenidas de la desintegración de los territorios virreinales.
Estos debates se centraron en analizar las causas profundas e inmediatas que originaron el inició de la revolución, las consecuencias de la guerra y la experiencia política de los sucesivos gobiernos criollos, entre otros temas.
1 En la Argentina, el estudio del proceso de revolución e independencia generó una abundante producción historiográfica entre 1990 y 2010, que fue difundida en jornadas, congresos y publicaciones, que ahondaron en la interpretación de la marcha de la revolución en el Río de la Plata, a partir de las nuevas posturas propuestas desde la historia política vinculadas con la conformación del pueblo, del ciudadano y los aportes de la historia social, a partir del estudio del bajo pueblo y su participación en las milicias revolucionarias.
2 En Tucumán específicamente, la producción académica fue constante y la conmemoración del bicentenario generó por parte de los historiadores locales el replanteamiento de posturas historiográficas tradicionales.
3 Uno de los tópicos que se encuentra estrechamente ligada al caso tucumano fue la guerra.
El territorio de la Intendencia de Salta del Tucu mán se transformó, en el transcurso del proceso revolucionario, en un espacio en donde dirimieron sus fuerzas las huestes patriotas y realistas en la batalla de Tucumán de 1812.
4 En todo caso, si bien la guerra fue una característica inherente al proceso de revolución e independencia no resultó la preocupa-ción central de esta investigación.
Más bien sirvió como pretexto para abordar el análisis de la elite tucumana y de una familia en particular.
En este trabajo se ha realizado una aproximación al comercio de exportación y se han analizado las estrategias familiares y de reproducción social que implementó la familia Posse entre 1780-1820.
Se trató específicamente este período por tres motivos.
1) Fue una coyuntura que ocasionó un cambio en las relaciones de poder al interior de la elite local tanto por las reformas borbónicas como por las implicancias del proceso revolucionario.
Por este motivo, se organizó este trabajo a partir de un análisis década por década, con la finalidad de observar las transformaciones que se suceden en este período de transición.
2) El fundador de esta familia integró la corriente migratoria borbónica que se transformó en el territorio americano en la nueva elite del período tardo colonial.
Se indagaron específicamente las estrategias matrimoniales que implementó el peninsular y posteriormente sus hijos, debido que las mismas junto a las actividades económicas y el posicionamiento político permitieron a esta familia atravesar este período de transición.
3) Se analizaron los circuitos comerciales de exportación, identificando los destinos y la relación entre rutas comerciales y lazos de parentesco.
En este sentido, se realizó una aproximación a las actividades comerciales desarrolladas por el peninsular a partir del comercio de exportación con la finalidad de obtener un panorama de las transacciones mercantiles.
5 Para este trabajo se analizaron diversas fuentes.
En el Archivo Histórico de Tucumán (a partir de ahora AHT) se indagó el Boletín Genealógico de Tucumán con la finalidad de obtener información referida al origen de las ramas fundadora de los Posse.
Se analizó la Sección Judicial Civil (SJC) en donde se registraron los testamentos referidos a la familia en cuestión, a partir de los cuales se observó las hijuelas que recibieron cada uno de los descendientes, lo que permitió su posicionamiento al momento de los enlaces matrimoniales.
Asimismo, se indagó la Sección Administrativa (SA) donde se registraron los cargos públicos ocupados por los integrantes de la familia Posse en el período estudiado.
Se complementó con información extraída de las Actas del Cabildo de la ciudad, que aportaron nuevos datos referidos al desempeño de los integrantes de la familia en cuestión.
En este mismo lugar, se relevó la Sección de Hacienda que contiene los Cuadernos de Tomas de Razón (TR) expedidas por la Tesorería de Tucumán, la sección de Comprobantes de Contaduría (CC) y la sección Oficios Varios (OV) en donde se registraron las guías de exportación hacía Buenos Aires efectuadas por la familia Posse.
La prospección de las fuentes se completó para el período 1786/1809 mientras que para la década revolucionaria sólo se realizó una exploración parcial entre 1810 y 1814 debido a que la búsqueda de los datos resultó dificultosa.
Esto se debió principalmente a que las secciones de CC y de OV no fueron indexadas y la búsqueda de información se remitió a una exploración hoja por hoja.
A pesar de ello, la información obtenida permitió un panorama lo suficientemente acabado para realizar un análisis de la familia Posse.
La inmigración borbónica a fines del siglo XVIII.
Orígenes de la red de parentesco e inserción social de los hermanos Posse en Buenos Aires y Tucumán
En la segunda mitad del siglo XVIII, el rey Carlos III implementó las reformas borbónicas con el propósito de reforzar el control administrativo sobre los territorios coloniales.
La elite americana se adaptó a los nuevos requerimientos de la Metrópoli implementando diversas estrategias de reproducción social y fortaleciendo su red de relaciones, lo que aseguró su continuidad en el contexto local.
6 Estas transformaciones suscitaron la inmigración de numerosos comerciantes peninsulares hacía el territorio americano, luego de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de 1774, en búsqueda de nuevas oportunidades económicas.
Por este motivo, se consideró al concepto de red como una herramienta fundamental para analizar y comprender el comportamiento de las familias de la elite tucumana en este período de transición entre la colonia y el período revolucionario.
7 Los individuos que integraban las redes se desen-volvían dentro de un marco normativo, pero en la mayoría de las ocasiones su accionar estaba mucho más influenciado por sus objetivos personales, sus capacidades y su acceso a la información.8 En todo caso, la reciprocidad entre los miembros se condicionó a los buenos resultados conseguidos en la articulación de la red por los intermediarios porque si esto no se lograba, el conflicto y las fricciones se transformaban en una práctica recurrente.
Otro elemento directamente relacionado con el concepto de red, eran las estrategias familiares que utilizaban los enlaces matrimoniales como mecanismos que vinculan los grupos, en diferentes espacios como el local, el regional y el extrarregional.
En Tucumán, en el período en estudio, las familias de la elite tenían una composición determinada por diferentes variables que tenía en algunas ocasiones como eje la institución familiar y en otras, a personas que pertenecían al circulo extrafamiliar que se emplazaban en determinados espacios de poder.
Las reformas borbónicas provocaron una reformulación de las estrategias de reproducción social por parte algunas familias de la elite, quienes posteriormente se transformaron en la nueva elite del periodo tardo colonial.
En este contexto se insertaron los hermanos Posse, quienes formaron parte de la corriente migratoria borbónica.
Manuel, el fundador de línea familiar en Tucumán, nació en la villa de Camariñas (la Coruña) en 1753 y su hermano Gerardo nació en 1756 en el mismo lugar.
Ambos eran hijos de Domingo Antonio Posse y de Ana María Blanco de Martínez.9 De acuerdo con el genealogista gallego Crespo Pozo, este apellido pertenece a un antiguo linaje familiar, con escudo y casa solar radicada en Santa María de Sada, en las inmediaciones de la Coruña, sitio en el que ejercían señorío y jurisdicción.
Esta región estaba relacionada con las actividades comerciales entre la zona de la Coruña y el vecino país de Portugal.
10 Los hermanos, en un primer momento, se establecieron en 1776 en la ciudad de Montevideo donde realizaron, de acuerdo a los datos aportados por la tradición familiar, diversas transacciones comerciales vinculadas con la importación de efectos de ultramar.
Poco tiempo después, se trasladaron a Buenos Aires, en donde residía su tío Tomás Posse y Collins, quien se desempeñaba como comerciante de la plaza local.
11 En todo caso, las estrategias que implementaron los Posse fueron diferentes.
Por un lado, en 1792, Gerardo contrajo matrimonio con su prima María Insúa y Collins (hija de Tomas) lo que consolidó nuevamente los vínculos entre estos troncos familiares.
12 Por otro lado, Manuel se radicó en 1779 en Tucumán y al momento de su establecimiento tenía un patrimonio cercano a los 14.310 pesos que acumuló fruto de algunas transacciones comerciales que realizó previamente a su llegada.
13 El peninsular estableció vínculos económicos con comerciantes del ámbito local y capitalizó estas relaciones contrayendo matrimonio en 1783 con Águeda Tejerina y Domínguez, sobrina del Gral.
Domínguez comerciante del medio local.
Águeda Tejerina era hija de Fermín Tejerina y Barreda y Teresa Domínguez.
Fermín fue arrendatario de la Sisa en 1764 y recusado como Alcalde de Segundo voto en 1767 y como Gobernador de Armas en 1776, de profesión comerciante.
14 Era hijo de Francisco Texerina Barreda, quien desempeñó diversas funciones: 1783 (Alcalde de la Santa Hermandad y Regidor XXIV), 1785 (Alcalde Ordinario de 1.o voto y Regidor XXIV), 1787 (Regidor XXIV y diputado del Ramo de Sisa) y 1788 (administrador de temporalidades); y de Laurencia García, naturales de Sevilla.
Teresa Domín guez, esposa de Fermín, era natural de San Miguel de Tucumán, hija legitima del General Diego Domínguez, de profesión comerciante y Teresa Rodríguez.
15 Este enlace matrimonial reflejó el proceso de reproducción y reestructuración social de la elite tucumana.
Por un lado, el casamiento con Águe-11 Tomas Insúa y Posse -nacido en Torre Gallones, Sant Amet de Sarces (Galicia, España)se casó en Buenos Aires en 1767 con Juana Rosa Collins y Mansilla -descendiente del comerciante inglés John Collins y de María Andreá Mansilla-con quien concibió siete hijos -María Joaquina, María Josefa, Manuel Norberto, Juana Paula, María Cecilia, Mónica Francisca e Ignacio Insúa.
14 Las reformas borbónicas generaron la división de la elite en dos facciones.
El sector de la elite tradicional descendiente de los viejos troncos coloniales, quienes se manifestaban en contras de estas reformas y el sector pro-borbónico que apoyaba las transformaciones administrativas.
Las reformas plantearon una puja por el poder y el espacio en donde se dirimieron estos enfrentamientos fueron el cabildo y la Junta de Temporalidades, encargada esta última de la venta de las tierras que fueran propiedad de la Compañía de Jesús hasta 1767; García Calderón, 2009, 25.
15 Archivo de la Catedral de Tucumán (ACT), Matrimonios III, F. 3.
FRANCISCO BOLSI da significó para Posse su inserción definitiva al seno de la elite y la posibilidad de acceder al cabildo como funcionario desempeñando diversos cargos.
Se transformó en un actor central en la red familiar por su capital económico y sus vínculos comerciales con la elite de Buenos Aires, además del capital simbólico de pertenencia a la migración borbónica.
16 Por otro lado, evidenció las estrategias familiares utilizadas por familias de la elite tucumana que se vincularon con estos comerciantes peninsulares que emigraron en el contexto de las reformas borbónicas y que se transformarían en la nueva elite comercial del período tardo colonial.
18 A partir de su establecimiento definitivo los hermanos Posse estructuraron una red comercial que vinculó a comerciantes del medio local y de Buenos Aires, fortaleciendo estas relaciones mediante las uniones matrimoniales.
Inicios de la red comercial de Manuel Posse, circuitos comerciales de exportación y la incidencia de los vínculos de parentesco en su conformación entre 1790 y 1799
Antes de adentrarnos específicamente en el estudio de la red de parentesco de Manuel Posse y en el análisis de las exportaciones resulta necesario caracterizar el contexto económico en donde se efectuaron estas actividades.
En el siglo XVIII la situación económica de la ciudad de San Miguel de Tucumán era favorable debido a su ubicación como intermediaria en el eje Potosí-Buenos Aires.
De acuerdo con Cristina López, la región del Tucumán se caracterizó por su producción ganadera destinada a dos mercados: como ganado en pie que se transportaba hacia las provincias altoperuanas (especialmente a Tarija y Cinti) y como productos derivados (cueros, suelas, grasa, sebo), orientados a los mercados del Litoral.
Complementaban la producción local otros bienes como los pellones, el arroz, las maderas, los muebles, las carretas, que se dirigían a la capital del virreinato y zonas aledañas.
Desde Tucumán se enviaba el ganado, los pellones y los productos de reexportación (como la yerba y el azúcar) a los mercados del Alto Perú.
A cambio de sebo, grasa y quesos se obtenía el metálico y productos manufacturados como los textiles, los sombreros y las mantas.
Hacía el Litoral y el puerto de Buenos Aires se destinaban los cueros curtidos, el arroz, las maderas y las carretas.
En la ciudad portuaria los comerciantes tucumanos adquirían los «efectos de Castilla», la yerba, el azúcar y las manufacturas que no se producían en la jurisdicción y saldaban las cuentas con plata adquirida en los mercados altoperuano o en la misma capital del Virreinato.
19 Los comerciantes locales atendían dos mercados.
Uno vinculado con la importación de productos -que en el siglo XVIII se incrementó sensiblemente de acuerdo a diversos historiadores-consistente en la importación de efectos de la tierra y efectos de Castilla de bienes que no se producían en la región.
20 En lo referente al comercio de exportación, se manifestaron diferentes tendencias de acuerdo a las necesidades de los mercados consumidores.
Los datos aportados por las fuentes dieron cuenta de que las suelas fueron el principal rubro exportable concentrando el 39% de los envíos.
El segundo producto en cantidad de exportaciones fueron las tablas, hecho relacionado con la riqueza forestal en las sierras al oeste de San Miguel de Tucumán, de donde se extraía la madera para fabricar bateas, sillas y taburetes.
A partir de esta información, se indagó cuál fue el circuito comercial que centralizó el volumen de las exportaciones.
Se comprobó que el circuito sur concentro el 76% (751 envíos) de las exportaciones, seguido del norte con el 23% (226 envíos) y el oeste con 1% (7 envíos).
Tabla de elaboración propia.
Estos datos reafirman la postura de los historiadores locales y nacionales acerca del proceso de atlantización de la economía en el Río de la Plata.
23 Este redireccionamiento de las exportaciones significó una perdida 22 AHT, Sección comprobantes de contaduría, Libros de Toma de Razón, período 1789-1799.
As. como mercado, polo de arrastre y centro de distribución para un vasto conjunto regional.
Es decir que la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776, con capital en Buenos Aires y todas las medidas que lo acompañaron, fueron más que el origen, la confirmación legal de una realidad que ya empezaba a existir y que por supuesto fue así acentuada al máximo.
Desde ese momento los mercaderes de Buenos Aires van a dominar indiscutiblemente sobre toda una vasta área que abarcaba desde el Paraguay hasta Chile, desde Buenos Aires hasta el Alto Perú y aún un poco más allá...», en: Gelman, 1996 sustancial de la participación de las exportaciones hacía el Alto Perú, aunque de acuerdo a las fuentes relevadas, todavía mantenía un 23% del total de los envíos.
24 En toda esta amplia gama de productos que eran comercializados desde la ciudad de Tucumán, Manuel Posse se especializó en la exportación de algunos productos.
La tabla n.o 1 ilustra los productos que comercializó Posse hacia los diferentes circuitos en el período 1790-1799.
La cuantificación de las exportaciones evidenció además la tendencia de priorizar el circuito sur como escenario comercial teniendo como primer producto exportable, de acuerdo a la cantidad de envíos, a las suelas.
En este sentido, se indagó cuáles fueron las motivaciones comerciales que llevaron a Posse a concentrar sus exportaciones hacía Buenos Aires por lo que se identificó a los receptores de los artículos con la finalidad de identificar la lógica económica y si la misma tenía alguna relación con los vínculos familiares.
De acuerdo a los datos aportados por la tabla n.o 2, el grueso de las exportaciones de suelas hacía Buenos Aires fueron destinadas a Tomás Insúa y Gerardo Posse, hecho que demostró la estructuración de una red comercial entretejida con los vínculos de parentesco, lo que facilitó por una parte las transacciones económicas y por otra parte, vislumbró un aceitado mecanismo comercial entre los hermanos Posse y su tío.
La consolidación económica de Posse se combinó con su inserción en el ámbito político a partir de su designación como Defensor de Menores en 1787, Procurador de la ciudad en 1788, Alcalde de Barrio en 1793 y Diputado de Comercio en 1796.
25 En este sentido, el proceso que atraviesa Posse caracterizó el período de transición inaugurado por las reformas borbónicas y la paulatina reconfiguración de la elite tucumana a partir de la incorporación de estos nuevos actores sociales.
Asimismo, a partir de los datos aportados por la fuente se analizaron las exportaciones de suelas y el grado de participación de Manuel Posse en el total de las mismas con la finalidad de obtener un panorama aproximado de la situación del peninsular.
La tabla n.o 3 refleja que la cantidad de envíos no coincidió siempre con el volumen por unidad de suelas exportadas, hecho que se observó en el caso de Reboredo Manuel, que fue el comerciante que realizó 35 envíos exportando un total de 9.470 unidades (12%).
El comerciante que más suelas exportó fue Ponse, Alonso con 29 envíos con un total de 16.101 unidades (20%) mientras que Manuel Posse realizó 15 envíos que representaron 4.865 unidades (6%) de un total de 78.528 unidades exportadas con destino Buenos Aires.
A pesar de que la exportación de suelas no resulta significativa en comparación con otros comerciantes del medio local, da cuenta de una situación de progreso económico sustancial, tomando en cuenta que en 1786 se estableció Manuel Posse en Tucumán.
Esto explicó la centralidad de los vínculos familiares como una estrategia para progresar económicamente, hecho que favoreció el aumento paulatino de las exportaciones con el correr de los años.
Comercio de exportación y enlaces matrimoniales de la primera generación de los Posse entre 1800-1810.
La consolidación de la red de parentesco mantuvo constante en la primera décadas del siglo XIX.
A pesar de este descenso, la tendencia se mantuvo constante en cuanto al crecimiento de la participación de la ciudad de Buenos Aires como polo de atracción económica.
El circuito norte disminuyó de un 23% a un 18% para el período, lo que indicó una disminución en el total de las exportaciones tucumanas con respecto al decenio de 1790-1799.
27 Asimismo, el interés en el estudio de este primer decenio se vinculó con comprobar si Manuel Posse mantuvo el flujo de envíos hacía la ciudad de Buenos Aires o si la villa de Potosí captó la atención económica del peninsular.
TABLA N.o De acuerdo con los datos aportados por la tabla n.o 4, en el período 1800-1809 Manuel Posse amplió la gama de productos exportados hacía Buenos Aires incorporándose los sombreros, las sillas y taburetes y las lanas de guanaco, hecho que resultó significativo debido a que si bien los envíos no son fueron importantes, en cuanto a la cantidad, demostraron una tendencia a diversificar las exportaciones y captar nuevos mercados.
Asimismo, Manuel incrementó sustancialmente los envíos de suelas hacía Buenos marcando una diferencia con respecto al resto de los productos que exportó, pero además implicó una especialización en cuanto a este artículo específico.
A partir de este panorama que brindaron las fuentes, se analizó quienes fueron los receptores de este artículo en Buenos Aires y se comprobó que el único destinatario de los 29 envíos (11.020 suelas) fue Gerardo Posse.
Por un lado, el principal receptor de este producto dejó de ser Tomás Insúa tomando ese lugar Gerardo Posse y por otro lado, la totalidad de los envíos quedaron en el entorno de la red familiar, cosa que no ocurrió en el período anterior en donde participaron comerciantes que eran ajenos a ella.
29 Siguiendo la lógica de análisis del período anterior, se indagó cuáles fueron los comerciantes que exportaron suelas con destino Buenos Aires con la finalidad de observar la situación de Posse en este nuevo período (tabla n.o 5).
En el período que reflejó la tabla n.o 5, Manuel Posse realizó 35 envíos exportando 12.530 unidades, lo que representó el 23% un total de 57.563 unidades enviadas a la ciudad de Buenos Aires.
Esto lo transformó en el comerciante con mayor participación en este rubro.
El segundo comerciante fue Manuel Reboredo que efectuó 23 envíos, exportando 11.143 unidades que significaron el 19% del total.
La primera década el siglo XIX marcó también el inició de las uniones matrimoniales de los hijos del peninsular, quienes capitalizaron las relaciones previamente efectuadas por su padre con distintas familias de la elite tucumana.
El primero en casarse fue José Víctor Posse, que contrajo matrimonio con Tomasa Pereira y Araóz.
Era hija del prominente español 28 AHT, Sección de Comprobantes de Contaduría y Oficios Varios, Cuadernos de Tomas de Razón en los años 1800-1809.
29 Esta estrategia económica manifestó a la centralidad de los hermanos Posse en el vinculo comercial evitando los intermediarios y concentrando las exportaciones hacia Buenos Aires por sobre cualquier otro circuito.
31 La consumación de matrimonio resultó clave debido que entrecruzó a dos familias de orígenes diversos, los Posse, provenientes de la migración borbónica, y los clanes familiares de los Pereira y los Araóz, quienes descendían de dos antiguos linajes tucumanos vinculados a la vida comercial y política de la ciudad e integrantes de la elite tradicional.
32 32 Bernabé Araóz era hijo de Juan Araóz y Josefa Córdoba La familia Araóz era propietaria de numerosas extensiones de tierras en el departamento Monteros ubicado al sur de la capital de Tucumán.
Groussac los describió como señores feudales en esas comarcas, en Groussac, 1981, 182.
FAMILIA, ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL
La única hija de Manuel Posse, María del Rosario, se casó en 1806 con Roque Pondal y Blanco.
33 El peninsular nació en Camariñas en 1783 y se encuentra radicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán en los primeros años del siglo XIX.
Emigró hacia Tucumán por los contactos existentes entre parientes de la zona de Camariñas, lo que llevó al peninsular a emigrar a la zona del Río de la Plata.
En el censo de 1812 figura con la edad de 28 y en el padrón de electores de 1818 figura con residencia en el Tercer Cuartel de la ciudad -en la zona sur-como europeo endonado de 34 años, casado y de profesión comerciante.
35 Este matrimonio permitió, por un lado, la inserción social de Roque Pondal en el contexto tucumano y por otro lado, resultó una prueba de la fortaleza de los vínculos parentales transatlánticos existentes entre connacionales que emigraron de las mismas regiones de la península ibérica, lo que conllevó a un fortalecimiento de la red familiar y la incorporación de un nuevo actor comercial con un estrecho vínculo de parentesco a la red comercial.
36 Tanto Manuel Antonio Pereira, padre de Tomasa, como Roque Pondal mantenían un fluido contacto comercial con Gerardo Posse, quien era el destinatario de los productos exportados por ambos comerciantes a Buenos Aires.
37 Estas uniones matrimoniales fortalecieron la red comercial de los Posse al incorporar dos prominentes comerciantes del medio local.
El proceso revolucionario iniciado en 1810 generó una movilización de recursos destinados al mantenimiento del ejército revolucionario que 33 En Terán, 2004, 63.
36 En todo caso, de acuerdo a las fuentes no sólo el vínculo entre connacionales llevó a Pondal a emigrar hacía Tucumán, sino el parentesco de segundo grado a través del apellido Blanco debido a que las madres de ambos peninsulares eran de este apellido.
37 Manuel Antonio Pereira efectuó 13 envíos hacía Buenos Aires de los cuales 8 fueron para Posse.
En cambio, todas las exportaciones de Pondal se orientaron a través de la red comercial de la familia Posse.
En AHT, Sección de Comprobantes de Contaduría y Oficios Varios, Cuadernos de Tomas de Razón en los años 1800-1809.
Por una parte, la revolución significó un recorte sustancial del tráfico comercial con las provincias del Alto Perú, hecho que orientó en forma definitiva las exportaciones tucumanas hacía Buenos Aires.
Por otra parte, el sostenimiento de la guerra generó la necesidad de metálico para mantener los ejércitos motivo por el cual, las autoridades del gobierno central recurrieron a una serie de empréstitos forzosos que afectaron directamente a los comerciantes debido a que poseían una mayor disponibilidad de circulante.
Al respecto de las transacciones comerciales de Manuel Posse y de sus hijos sólo se obtuvo información parcial debido a que la prospección de las guías de comercio para la década revolucionaria resultó dificultosa por la falta de indexación de estas fuentes.
38 Sin embargo, los datos relevados permitieron una aproximación a la naturaleza de las transacciones económicas de Posse y de sus hijos quienes comenzaron sus actividades comerciales en esta década.
En los primeros años de la revolución, los circuitos comerciales vinculados con el Alto Perú se desarticularon paulatinamente.
Esto alteró la relación entre los mercados proveedores de plata, hecho que generó una marcada iliquidez, recesión y aumentó de precios que afectó directamente a los comerciantes tucumanos por la falta de circulante.
Asimismo, la guerra fue otro elemento que afectó directamente a la ciudad de San Miguel de Tucumán, escenario de la batalla de 1812, en donde el general Belgrano frenó el avance del ejército realista que luego del triunfo de Huaqui (1811) en el Alto Perú marchó sobre el territorio de las provincias unidas del Río de la Plata, poniendo en peligro la marcha de la revolución.
A partir del éxito militar en Tucumán, Belgrano volvió a derrotar a los realistas en la batalla de Salta y continúo sus operaciones militares hacia el Alto Perú, aunque una parte del ejército patriota permaneció acantonada en la ciudad hasta 1819 como defensa de la retaguardia.
39 Esta situación generó una necesidad creciente de recursos por parte de las autoridades revolucionarias que implementaron contribuciones forzosas que afectaron sobre todo -aunque no exclusivamente-a los comerciantes.
A pesar de esta situación de inestabilidad provocada por el proceso revolucionario, Manuel Posse y sus hijos efectuaron algunos envíos, 8 de bateas y 11 de suelas, hacia Buenos Aires que tuvieron como destinatarios a Gerardo Posse, como se observó en la tabla n.o 6.
A partir de esta información, se observó que Simón Posse concentró la mayor cantidad de transacciones comerciales efectuando 8 envíos seguido por su hermano Francisco con 4 y su padre Manuel con 3.
En todo caso, más allá de los datos cuantitativos aportados por esta tabla es posible percibir dos cuestiones.
Por un lado, los hijos de Posse en los orígenes de sus transacciones comerciales concentraron su atención en la exportación de los productos (suelas y bateas) a partir de los cuales su padre consolidó su capital mercantil y, por otro lado, aprovecharon las rutas comerciales, como ocurrió en el caso de Roque Pondal, quien exportó pellones a la villa de Potosí a los mismos consignatarios de su suegro, Manuel Posse.
40 La retracción de este último se vinculó sobre todo con que el recambio generacional que coincidió con el nuevo contexto económico y político.
De acuerdo con Cristina López, algunas familias tucumanas dedicadas a las actividades comerciales se vieron en serios problemas de continuidad para mantener la estructura mercantil debido a que carecían de hijos varones para prolongar las mismas, caso contrario de Manuel Posse que inició 40 Roque Pondal en la década revolucionario efectuó 5 envíos de pellones a la Villa de Potosí que tuvieron como destinatario Castelo y Casal Juan, quien Manuel Posse realizó 22 envíos entre 1793 y 1811.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.05 a sus hijos, quienes con algunas dificultades, se adaptaron a las nuevas estrategias mercantiles que impuso la década revolucionaria.
41 A pesar de esta coyuntura adversa, los comerciantes peninsulares de la plaza local detentaban el mayor giro comercial, aunque esta situación corrió de manera desfavorable debido a que fue el sector más exigido con las cargas impuestas para el mantenimiento del ejército.
42 Las autoridades del gobierno central impusieron 9 empréstitos en la década revolucionaria con cargo a devolución por la caja de Buenos Aires.
43 En 1813 las autoridades locales realizaron un censo en el sector de comerciantes para establecer el capital existente en la ciudad.
44 Esta medida tenía la finalidad de establecer una contribución para el sostenimiento del ejército y el monto de la misma varió de acuerdo al capital que poseía cada individuo.
En esta oportunidad, Manuel Posse era el comerciante más acaudalado de la ciudad con un capital de giro comercial estimado en $60.000, de acuerdo a lo declarado, por lo que aportó $1.125 que fue el monto más elevado.
45 El único hijo que aparece censado fue José Víctor con una fortuna estimada en $7.000 motivo por el cual tributo $475.
En este caso específico se evidenció que este integrante del clan Posse se situó entre los comerciantes de menor patrimonio en la ciudad.
Sin embargo, al contrastar esta información con el capital que poseía al momento de su muerte ($35.091 en 1852) se deduce que era un comerciante en franco ascenso en el contexto local.
En todo caso, tanto Manuel Posse como sus hijos afrontaron a lo largo de la década revolucionaria nuevos empréstitos, transformándose el padre, por su origen español peninsular, en quien recayó el peso de las contribuciones solicitadas por las autoridades del gobierno central (tabla n.o 7).
42 De acuerdo con Leoni Pinto, el pedido recurrente de empréstitos sumado a la falta de garantías de la devolución del monetario contribuido generó cierta resistencia de los contribuyentes extraordinarios.
El eje de los reclamos se centró en la paupérrima situación económica por la que atravesaban en el ámbito local.
45 Los 60.000 pesos no eran la cantidad de monetario que poseía Posse en su poder al momento del censo, sino una estimación de todos los recursos materiales de los que era propietarios, entre ellos, propiedades, existencias en su almacén, dinero en efectivo, etc.
Las continuas exacciones por parte del gobierno revolucionario no fueron el único problema que Posse enfrentó en este período debido a que los empréstitos eran ejecutados con cargo a devolución por la Caja de Buenos Aires.
Estas restituciones del monetario entregado no eran cumplimentadas por las autoridades, motivo por el cual Manuel solicitó la devolución de un empréstito en 1815, lo que generó la reacción de las autoridades tucumanas.
48 El pedido de Posse de la restitución del empréstito se interpretó de dos maneras.
Por un lado, se manifestó como la intención del peninsular por recuperar el dinero prestado ante la demora por parte del gobierno central de la devolución de los mismos.
Por otro lado, fue una forma de mostrar la inconformidad ante el proceso de revolución y guerra que se vivía, hecho que alteró la situación privilegiada de los comerciantes peninsulares en el contexto tucumano.
No fue posible a partir de este pedido denominar a Posse como «realista» debido a la delicada situación en la que se encontraban los peninsulares.
Leoni Pinto con respecto a esto afirma: «... los posibles enemigos del sistema debían mostrar una actitud muy cauta [...]
Más aún debieron dar muestras de ferviente patriotismo...».
49 Si bien, la situación «política» de Posse se vio comprometida por estas acusaciones, estos hechos no perjudicaron a sus hijos, quienes desde los inicios del proceso revolucionario realizaron constantes demostraciones de patriotismo integrando cuerpos de ejército y contribuyendo en todas las ocasiones que se les solicitó.
50 El contexto revolucionario no alteró las estrategias matrimoniales debido a que los hijos de Posse continuaron ampliando los vínculos con otras familias de la elite local.
Este enlace fue el primero en el entorno intrafamiliar y a partir del mismo esta práctica fue recurrente con el transcurso de las generaciones.
Las uniones matrimoniales de los hijos de Posse demostraron la capacidad por entretejer intereses mercantiles con estrategias de reproducción social mediante las cuales transitaron -no sin dificultades-la década revolucionaria y posteriormente se consolidaron en las décadas posteriores.
A fines del siglo XVIII las reformas borbónicas propiciaron la migración de numerosos comerciantes peninsulares, en su mayoría de origen gallego, quienes a partir de la aprobación del Tratado de Libre Comercio buscaron consolidar nuevas rutas para el tráfico mercantil entre la Metrópoli y las colonias.
En el ámbito tucumano este proceso fue estudiado por los historiadores locales que analizaron el período tardo colonial, transformándose el estudio de los hermanos Posse en otra prueba empírica de la inserción social de estos peninsulares, de su rápida adaptación al medio y la manera en que aprovecharon su capital simbólico como una herramienta para generar nuevos vínculos con la elite tucumana.
Un elemento ineludible relacionado con la reconstrucción de las redes familiares de los Posse se vinculó con el estudio de las pautas migratorias de estos actores sociales y de su relación con redes de parentesco más amplias, de carácter transoceánico; fenómeno analizado en el caso del Río de la Plata para el período colonial por la historiografía rioplatense.
Esta reconstrucción de las redes realizadas por diferentes autores (Socolow, Brading, entre otros), sirvió como elemento para reflexionar en este caso específico.
A partir de la información obtenida de las fuentes se advirtió que el proceso migratorio iniciado por Gerardo y Manuel Posse hacía el Río de la Plata no fue casual debido a que Tomás Insúa y Collins, tío de ambos, residía en la ciudad de Buenos Aires.
Este vínculo previo fue determinante al momento de decidir hacia que región emigrar del territorio colonial.
Las uniones matrimoniales efectuadas por los hermanos marcaron diferentes realidades.
Por un lado, el casamiento de Gerardo con su prima María Insúa y Collins significó su inserción en el contexto comercial de la plaza porteña y la reafirmación de los lazos de parentesco entre los Posse FAMILIA, ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL y los Insúa; estrategia que permitió la incorporación de Gerardo a las actividades comerciales efectuadas por Tomás Insúa y la posibilidad de incrementar paulatinamente contactos comerciales y capital económico.
A partir de este crecimiento Gerardo se transformó en el principal destinatario de las exportaciones de Manuel y de otros comerciantes tucumanos, reemplazando a su tío, quien en un primer momento ocupó la centralidad de esta red comercial.
Por otro lado, la unión matrimonial de Manuel Posse con Agueda Tejerina y Domínguez significó la incorporación del peninsular a la elite tucumana, la posibilidad de aprovechar los contactos comerciales del tío de su esposa, Diego Domínguez, quien era propietario de una pulpería en la ciudad y de vincularse con el mercado Alto peruano que mantenía un flujo significativo de importaciones desde Tucumán, a pesar del proceso de atlantización de la economía en el Río de la Plata.
Las uniones matrimoniales de los hijos de Manuel Posse respondieron a la misma lógica, debido que algunas reafirmaron los lazos de parentesco con los Insúa, propiciaron la concentración alrededor del núcleo familiar de otras familias relacionadas con las actividades comerciales como los Pereira y Borges, hecho que fue capitalizado en la transición del período tardo colonial y el proceso de revolución e independencia.
En este sentido, la figura central de la red en el ámbito local fue Manuel Posse debido a que propició las uniones matrimoniales de sus hijos, les prestó el capital para la instalación de sus pulperías y los incorporó al aceitado circuito comercial que estructuró con su hermano Gerardo Posse.
En cuanto al tema de las exportaciones tucumanas, se ha intentado a partir de la elaboración de diferentes gráficos ilustrar la naturaleza de los intercambios comerciales entre Tucumán y otras regiones; la tendencia hacía el circuito sur y sobre todo aproximarnos a la realidad comercial de Manuel Posse.
El estudio de las exportaciones en el caso de Manuel resultó clave con la finalidad de indagar en la evolución de la participación del peninsular en un rubro específico como las suelas.
Si bien sólo se cuantificaron los envíos desde dos parámetros -cantidad de envíos y unidades-esto reflejó el crecimiento de Manuel, al transformarse en el período 1800-1809 en el principal exportador de suelas de Tucumán.
Asimismo, el estudio de este producto específico sirvió como evidencia de cómo se estructuró la red comercial de los hermanos Posse, transformándose Gerardo en el receptor de los productos enviado por Manuel.
Los datos relevados a las exportaciones en la década revolucionaria resultaron una muestra sugerente en cuanto a la incorporación efectiva de los hijos de Manuel Posse a la red comercial.
Sin embargo, el proceso revolucionario generó la necesidad recurrente de recursos para mantener al ejército del Norte, peso que recayó en los comerciantes peninsulares de la plaza tucumana, entre ellos Manuel Posse.
Los empréstitos solicitados permitieron a la vez deducir la situación económica en la que se encontraban los hijos de Posse porque a partir de las contribuciones, que se prorrateaban de acuerdo a la fortuna, se evidenció que los descendientes del peninsular todavía se situaban en un momento de consolidación de su capital económico. |
La participación indígena en en la guerra de independencia de México (1810-1821) ha sido un tema tratado por varios autores desde distintas perspectivas que van desde los estudios de caso, regionales, comparativos entre regiones o pueblos, y los generales.
Respecto a los primeros se destaca el trabajo de Marta Terán para la región de Michoacán y el de Carlos Sánchez Silva correspondiente a la de Oaxaca.
1 Entre los segundos están las investigaciones de Juan Carlos Cortés sobre dos pueblos de Michoacán, 2 Antonio Escobar para las huastecas, 3 John Tutino sobre el valle del mezquital 4 y Francisco López Bárcenas 5 y Margarita Menegus para la mixteca.
6 Respecto a los trabajos comparativos remito a Taylor, que estudia los alrededores de Guadalajara y las zonas oaxaqueñas de la mixteca y el valle de Oaxaca, 7 así como a Peter Guardino que se ocupa del ámbito urbano de la ciudad de Oaxaca y del rural indígena de la sierra Norte de Oaxaca.
8 Entre los principales estudios con un enfoque general encontramos los de Manuel Ferrer Muñoz,9 Juan Ortiz Escamilla 10 y Eric Van Young, quienes analizan el proceso de la lucha insurgente a partir de los sectores de la población novohispana que participaron en la contienda armada, destacando el grupo indígena por su elevado número de integrantes.
11 Ante la falta de estudios históricos de otras regiones indígenas de Oaxaca que no sean las mixtecas y las zapotecas, 12 me propuse hacer una primera aproximación a la historia mixe de finales del periodo colonial a partir del hallazgo de un expediente sobre un conflicto de tierras a comienzos del siglo XIX.
13 En él aparecieron detalles que indicaban sucesos relacionados con la lucha por la independencia en la zona mixe.
12 Actualmente existen 52 grupos indígenas en todo México, 15 de ellos se ubican en el estado de Oaxaca.
Para más detalles sobre la población indígena actual de México, ver www.nacionmulti cultural.unam.mx 7 de octubre de 2012; y www.cdi.gob.mx 7 de octubre de 2012.
Dos de ellos, Acatlán y Mazattlán se ubicaban en la subdelegación de Nexapa y el tercero, Candayoc, en la de Villa Alta.
Así pues, el objetivo de este artículo es analizar las respuestas que tuvieron los pueblos indígenas mixes ante la ocupación de la intendencia de Oaxaca por Morelos y el establecimiento de un gobierno insurgente entre 1812 y 1814.
Me interesa conocer y mostrar las estrategias que estos pueblos o miembros de ellos implementaron para obtener ventajas tanto de los mandos insurgentes como de los realistas con el fin de favorecer sus intereses.
Sugiero que una estrategia implementada por los indígenas fue la manipulación política de los representantes de los gobiernos instaurados por ambos mandos.
El análisis realizado sigue los planteamientos de Peter Guardino, Yana Yannakakis y María de los Ángeles Romero Frizzi sobre la cultura política de los indígenas en el período colonial.
Guardino refiere la existencia de una cultura política corporativista en la Nueva España que incluía la diversidad local, en la que las reglas eran aplicadas a través de procesos que implicaban conflictos y negociaciones.
14 Yannakakis señala la formación de una cultura política colonial a partir de la aplicación de un sistema legal que incluía procedimientos judiciales, transacciones legales y representaciones orales.
Esta autora hace énfasis en que el procedimiento legal «ofrecía un terreno para la negociación de las relaciones de poder locales, que se podían reacomodar en función de las decisiones judiciales».
15 Ambos especialistas advierten sobre la importancia de la micropolítica o política local como elemento medular del sistema colonial, donde los indígenas eran los principales protagonistas.
Estos últimos, como ha señalado Romero Frizzi, usaron el derecho novohispano no sólo como una solicitud de justicia sino más bien como parte de una red de alianzas en búsqueda de poder.
16 A continuación quiero aclarar el uso de algunas categorías o términos que aparecen a lo largo del presente trabajo.
Utilizaré la categoría de «pueblo» de acuerdo al contexto colonial, en donde los asentamientos de indígenas eran reconocidos legalmente como entidades colectivas con derechos y obligaciones bajo la figura de «repúblicas de indios».
Como lo señala Lenkersdorf, estas repúblicas «fueron organizadas después de que la pobla-ción autóctona había sido reubicada en asentamientos urbanizados y adquirieron personalidad jurídica al ser regidas cada una por su cabildo indígena, es decir, un autogobierno de tipo municipal».
17 Por otro lado, refiero el término «subdelegación» correspondiente a una demarcación administrativa creada a finales del siglo XVIII.
Una vez implementadas las reformas borbónicas en el virreinato de la Nueva España con la intención de mejorar su administración, se dividió en intendencias y éstas, a su vez, en subdelegaciones.
Las subdelegaciones contaban con un juez o subdelegado que: «Tenía la obligación de cumplir con las responsabilidades correspondientes a sus cargos, tales como, por ejemplo, la supervisión de los cabildos y las repúblicas de indios, la observancia de las leyes o la recaudación de impuestos, y además, difundir las nuevas disposiciones entre la población y hacerlas cumplir».
18 En resumen, las funciones del subdelegado abarcaban las áreas de justicia, policía, hacienda y militar.
El texto está dividido en cuatro apartados: el primero trata el contexto de la ocupación por las tropas de Morelos de la provincia de Oaxaca entre 1812 y 1814; el segundo tiene como tema central lo ocurrido en la zona zapoteca de Villa Alta en los años de 1812 y 1813 -que como se verá guarda estrecha relación con los sucesos de Nexapa-, con un breve análisis de las diversas respuestas de algunos de los pueblos de aquella región ante la presencia de los insurgentes; el tercero aborda el caso de Mazatlán, donde de 1812 a 1814 tuvo lugar una lucha de facciones por el control político del gobierno local, en la cual uno de los grupos se declaró insurgente; y el cuarto analiza el impacto de la lucha insurgente en el alargamiento y solución de una disputa por tierras entre los pueblos vecinos de Acatlán y Candayoc, desde 1812 hasta 1818.
El territorio que abarcaban las subdelegaciones de Nexapa y Villa Alta era muy amplio, las dos jurisdicciones colindaban por el noreste con la subdelegación de Acayucán, perteneciente al actual estado de Veracruz.
Nexapa y Villa Alta compartían una larga frontera en donde los límites entre una y otra se difuminaban a través de las montañas de la sierra mixe y la selva del Istmo de Tehuantepec (ver mapa I).
Precisamente en esta porción colindante -que era la parte norte de Nexapa y sur de Villa Altaestaban localizados a principios del siglo XIX la mayoría de los pueblos mixes: treinta pertenecían a Villa Alta y catorce a Nexapa.
HUEMAC ESCALONA LÜTTIG MAPA I casi todos los pueblos mixes pertenecen al distrito mixe que forma parte del estado de Oaxaca.
20 La geografía de la región mixe es abrupta y de grandes contrastes.
Una parte de su territorio está compuesto por una sierra con montañas que llegan a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, con un clima frío y lluvioso que se mantiene casi todo el año, aunque en sus barrancas se encuentran nichos con ecosistemas tropicales y temperaturas más cálidas.
Otra parte corresponde a una zona intermedia entre las grandes montañas y las tierras bajas; en ella impera un clima cálido templado y la altitud promedio va de los 1.000 a los 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Una tercera porción que forma parte del Istmo de Tehuantepec la componen las tierras bajas de clima cálido-húmedo, donde las elevaciones máximas llegan a los 800 metros sobre el nivel del mar.
Justamente, en la zona baja se encuentran los tres pueblos protagonistas de este trabajo: San Juan Mazatlán, San Pedro Acatlán y Jaltepec de Candayoc.
En la época colonial los mixes se dedicaban al cultivo de maíz, fríjol, chile pasilla, algodón y, en las zonas bajas, caña de azúcar.
Algunos pueblos se especializaron en la producción de grana cochinilla y otros en el hilado y tejido de algodón para la fabricación de mantas.
Hoy los pobladores de las tres comunidades son campesinos que cultivan maíz, fríjol, café y complementan sus ingresos con la fabricación de textiles bordados para su venta en la ciudad de Oaxaca.
También aprovechan sus bosques de donde extraen maderas finas como el cedro.
Los insurgentes en Oaxaca
Una vez que el principal líder de la insurrección de 1810 contra el gobierno español, el cura Miguel Hidalgo, fuera ejecutado por los realistas, el mando de los insurgentes se concentró en la figura de otro clérigo de nombre José María Morelos.
Éste desarrolló sus más importantes campañas militares en las regiones correspondientes a los actuales estados de Guerrero, Puebla, Morelos y Oaxaca.
Morelos llegó a fines de noviembre de 1812 a la capital de lo que entonces era la intendencia de Oaxaca.
Al mismo tiempo, en España se promulgaba la Constitución de Cádiz, la cual no llegó a proclamarse en Oaxaca ese año sino hasta 1814, después de la ocupación insurgente.
21 Pero sólo estuvo vigente unos pocos meses debido a la vuelta al poder de Fernando VII, quien en mayo de ese mismo año la abolió para instaurarse como monarca absoluto.
22 Las tropas insurgentes, previamente concentradas en Etla, en el valle de Oaxaca, derrotaron a las realistas que defendían la ciudad a finales de noviembre de 1812.
El día 25 de ese mismo mes, Morelos y su ejército entraron a la ciudad de Oaxaca.
Como resalta Hamnett, Oaxaca fue, desde que Hidalgo saliera de Guadalajara en enero de 1811, la primera capital de una provincia en caer bajo el dominio de las tropas insurgentes.
Ocupada la ciudad, Morelos buscó controlar todo el territorio de la intendencia y para lograrlo distribuyó algunas de sus fuerzas por las regiones oaxaqueñas.
A finales de 1812 mandó a los hermanos Víctor y Manuel Bravo hacia la costa en dirección a Jamiltepec, siguiendo el camino que pasaba por Juquila.
23 Por su parte, Matamoros recibió órdenes de acercarse al Istmo de Tehuantepec en abril de 1813 para enfrentar a los realistas procedentes de Guatemala (ver mapa II).
24 Gay refiere que Ramón Sesma fue enviado por Morelos a Villa Alta a comienzos de 1813.
25 La zona de la mixteca alta y baja había sido frecuentada a lo largo de 1812 por los insurgentes y fue la ruta seguida por Morelos para la toma de la ciudad de Oaxaca.
Para entonces, Morelos y sus tropas contaban con el apoyo de varios pueblos mixtecos.
26 21 Sánchez Silva, 2008, y Mendoza, 2004, 21-24, señalan las dificultades que tuvieron el gobierno central y el provincial para llevar a cabo las modificaciones en Oaxaca que dictaba la constitución gaditana.
Sobre la aplicación de la Constitución de Cádiz en la Nueva España y sus efectos existe una bibliografía extensa.
Valdés lideró una fuerza insurgente conformada por indígenas de los pueblos de Jamiltepec, Pinotepa del Rey «y otros de la costa de Xicayán».
A pesar de tener buen armamento fue derrotado en el cerro de Chacahua por el capitán de Tututepec, Juan Antonio Caldelas, el 19 de noviembre de ese año.
Después relata la expedición de los hermanos Bravo a Jamiltepec.
26 De Bustamante 1961, I, 287, narra que Miguel Bravo «con tropas levantadas en la costa del Sur descendieron a la mixteca, en Yanhuitlán tuvieron su primer enfrentamiento con las tropas realistas el 9 de enero de 1812».
Taylor, 2008, 208-209, señala que el apoyo de los pueblos de la mixteca a Morelos pudo ser motivado por la comercialización de la grana cochinilla, en la que salían desfavorecidos los indígenas, y la diferenciación de la población provocada por el acceso a tierras menos productivas.
También presenta una lista de los pueblos insurgentes de la subdelegación de Xicayán para las mismas fechas.
El autor advierte que los pueblos de la mixteca entre 1812 y 1814 colaboraron tanto con los realistas como con los insurgentes para evitar saqueos y penas severas.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.06 Morelos estuvo poco tiempo en Oaxaca, pues a inicios de abril de 1813 se ubicó ya en los alrededores de Acapulco, ocupado en la toma del fuerte de San Diego, donde se habían atrincherado las tropas realistas de aquella ciudad.
Este hecho desvió su atención y, sumado a la pérdida de Valladolid y a la mala gestión de sus compañeros Benito Rocha y Juan Moctezuma y Cortés, a cargo de la provincia de Oaxaca,27 ocasionó que esta última fuera recuperada para la causa realista el 29 de marzo de 1814 por el brigadier Melchor Álvarez.
28 Frente a estos acontecimientos cabe preguntarse: ¿Qué estaba sucediendo por entonces en la zona de las subdelegaciones de Villa Alta y Nexapa?
¿Cómo reaccionaron los pueblos mixes pertenecientes a ambas jurisdicciones ante la cercanía de las tropas insurgentes?
Estas y otras preguntas trataré de responder en los siguientes apartados.
Villa Alta: curas y comerciantes realistas contra pueblos rebeldes
En relación a Villa Alta, Guardino señala que no hay muchos documentos que detallen las actividades rebeldes y las reacciones de los habitantes de la jurisdicción de Villa Alta.
Aun así, con los pocos datos obtenidos, este autor analiza algunas de las situaciones que quedaron registradas en los archivos oaxaqueños.
Un ejemplo de ello es la carta del sacerdote del pueblo zapoteca de Yahuive, Joseph María de Paz y Mendoza, enviada en marzo de 1812 al virrey Francisco Javier Venegas, donde se mostraba el miedo que tenían los pocos habitantes españoles y criollos de la provincia -la mayoría de ellos funcionarios, sacerdotes y comerciantes-de una insurrección general.
El cura de Yahuive acusó a sus feligreses de ser simpatizantes de los insurgentes y de manifestar intenciones de liberarse matando a los españoles europeos.
En su misiva el párroco incluyó el texto de un pasquín, cuya autoría adjudicó a los jóvenes del pueblo.
El texto incitaba a echar a los españoles y volver al tiempo de los indios con la ayu-da de los insurgentes.
Pero detrás de la denuncia contra los supuestos rebeldes había un conflicto entre el cura y los habitantes del pueblo por el pago de los servicios religiosos.
29 A pesar de las amenazas contra el cura, no hay datos que indiquen que Yahuive apoyó abiertamente a los insurgentes cuando éstos se presentaron en su territorio, sino que, por el contrario, pareciera que se mantuvieron del lado realista como se verá más adelante.
Los temores de los no indios y las esperanzas de amplios sectores de la población nativa se materializaron cuando unos meses antes de la toma de Oaxaca, en julio de 1812, apareció un grupo insurgente en el pueblo de Yaveo, de la jurisdicción de Villa Alta.
El día 31 de ese mes tuvo lugar un enfrentamiento entre dicho grupo y una partida de cuarenta realistas de la villa de Antequera.
La fuerza rebelde estaba compuesta por «300 negros de la costa».
Para fortuna de los no indios, los realistas obtuvieron el triunfo y dispersaron a los «rebeldes», poniendo así «en quietud a siete pueblos de aquella cordillera», según testimonio del capitán José Joaquín Arias que comandaba dicha partida.
30 Guardino refiere que la fuerza rebelde derrotada en Yaveo había sido «aparentemente invitada por las autoridades del pueblo de Jalahui».
El grupo insurgente estaba compuesto por mulatos de la costa de Veracruz y por mixes de la zona baja de la jurisdicción de Villa Alta.
El mismo autor describe sus principales acciones antes de que llegaran los realistas del capitán Arias.
Señala que, en un punto cercano al pueblo de Jalahui, los insurgentes se encontraron con los residentes y autoridades de dicho pueblo y con los de Latani, Santiago Sochiapan y otros más de la zona de Choapan.
Una vez reunidos se apropiaron de una caravana de mulas con bienes de «españoles europeos y capturaron a sus dueños y arrieros».
Acto seguido celebraron las detenciones con música, bailes y bebida.
Días después, otra caravana fue interceptada en el pueblo de Solaga por una multitud de indígenas al mando del mayor de dicho pueblo, Antonio Matías.
31 Después de someter a los arrieros, se llevaron la carga y metieron en la cárcel al comerciante y a sus mozos.
Por su parte, Pedro Flores, indígena de Jalahui y líder insurgente, atacó con sus tropas el pueblo de Zoochila, «que había desafiado su orden bajo influencia de su sacerdote residente, Francisco María Ramírez».
31 El mayor era un cargo de la república de indios en pueblos de la jurisdicción de Villa Alta en la época colonial.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.06 Poco después de estos sucesos, la partida realista del capitán Arias llegó al área y en breve tiempo logró echar a las fuerzas insurgentes.
En represalia a la participación abierta de Jalahui, el intendente de Oaxaca ordenó que saquearan y quemaran el pueblo por completo y que todas sus tierras se adjudicaran a Santa María Yahuive, que se había mantenido fiel a los realistas.
33 Llegados a este punto, cabe preguntarse ¿por qué Yahuive permaneció fiel a los realistas cuando por lo menos un sector de la población se había manifestado abiertamente a favor de los insurgentes?
Al carecer de más datos que brinden los detalles, sugiero que pudo existir una rivalidad entre los dos pueblos: el de Yahuive y el de Jalahui.
Quizás, como consecuencia del involucramiento de Jalahui y del resultado adverso que a corto plazo tuvieron los insurgentes, Yahuive se mantuvo en un principio al margen de los acontecimientos y, después, una vez que la fuerza realista hizo presencia y tomó el control de la situación, manifestaron su apoyo a estos últimos.
De esta forma podrían haber sacado cierta ventaja sobre el pueblo rival que se tradujera en la apropiación de sus tierras.
Otra explicación probable es que el grupo a favor de los insurgentes que había en Yahuive fuera minoritario o tuviera poca influencia en el resto de la población.
Si, como manifestó el cura de dicho pueblo, quienes hicieron el pasquín que incitaba a unirse a los insurgentes era un grupo de jóvenes, éstos pudieron haber sido reprimidos o maniatados por las autoridades del pueblo para que no trascendieran sus acciones.
Guardino refiere que el capitán y comerciante vasco Nicolás Aristi tomó el mando de una milicia realista de Villa Alta y se encargó de buscar y ejecutar a algunos líderes rebeldes que habían huido.
Se tiene noticia de la existencia de otra fuerza realista en el pueblo de Santa María Puxmetacán al mando del comandante Calixto Pérez, pero no se sabe cuándo se formó y si tuvo alguna participación en las acciones llevadas a cabo por las otras fuerzas realistas en la jurisdicción.
34 Por su parte, Nicolás de Aristi advirtió a la población de la jurisdicción que era su obligación encarcelar a cualquier indígena o forastero que no tuviera consigo un pase firmado por él.
Aristi aprovechó la situación en favor de sus intereses, presionando a los pueblos para que le pagaran la grana cochinilla que había perdido en manos de los insurgentes.
De igual forma, nombró nuevas autoridades en los pue-blos, que recayeron en personas recomendadas por sus contactos comerciales.
Estas intervenciones irritaron al subdelegado en turno, Julián Nieto Posadillo, quien se quejó ante el intendente de que Aristi estaba usurpando sus poderes.
El gobierno real apoyó al subdelegado y en noviembre de 1812 reprimió a Aristi.
Unas semanas después, ya en Oaxaca, durante la ocupación insurgente, Nicolás de Aristi moría fusilado junto con otros oficiales realistas.
35 Bustamante refiere que Aristi había ido a Villa Alta a «contener un tumulto» y que ahí los indios lo hicieron preso y lo entregaron a Morelos.
Comenta que «merecía vivir» pero, como había «repartido a los indios», tenía enemigos que procuraron vengarse de él.
36 Arrioja menciona un conflicto que tuvo Nicolas de Aristi con el pueblo de San Pedro Cajonos por un préstamo de 200 pesos, en donde el gobernador de dicho pueblo fue encarcelado durante cuatro meses hasta que los pobladores cubrieron la deuda.
Aristi había presionado al subdelegado en turno para que el pueblo pagara la deuda a pesar de que sus pobladores se encontraban en la miseria.
Era conocida en Villa Alta su fama de lograr que las autoridades de los pueblos que eran deudores de sus repartimientos fueran a la cárcel si no pagaban a tiempo.
37 En este caso, los indígenas aprovecharon la coyuntura para deshacerse de Nicolás de Aristi y aliviar así la presión que este personaje ejercía sobre sus pueblos y sus habitantes.
No obstante la rápida derrota de las primeras fuerzas insurgentes en Villa Alta por parte de los realistas, cuatro meses después, estando los insurgentes establecidos en la ciudad de Oaxaca, Morelos renovaba la presencia rebelde en aquella zona al enviar una partida al mando de Ramón Sesma.
38 No sabemos los detalles de sus acciones; solo consta que su estancia en la jurisdicción no fue prolongada.
Gay refiere que para finales de 1813 penetró por la zona de Betaza y Zoochila una partida de realistas al mando del subteniente Juan Murillo.
Iba en persecución de Pedro Flores, quien se había refugiado en Villa Alta después de haber sido derrotado en Tuxtepec junto con otro grupo de insurgentes.
Las tropas de Murillo fueron bien recibidas por los pueblos de Betaza y Comaltepec, distinguiéndose en los agasajos los curas de dichos pueblos.
39 Flores fue apresado en Villa Alta con la ayuda de la población local y fusilado ahí mismo.
40 Por otro lado, en 1814, los habitantes de San Bartolomé Zoogocho y de Santiago Zoochila fueron acusados de haber respaldado a los insurgentes y en consecuencia las autoridades realistas les decomisaron los bienes que tenían resguardados en sus cajas de comunidad.
41 Una vez que los realistas recuperaron la capital de la intendencia de Oaxaca, también lograron mantener el control de la mayor parte de la jurisdicción de Villa Alta, exceptuando la porción que colindaba con el actual estado de Veracruz.
En resumidas cuentas, entre 1812 y 1813, la zona villalteca se vio sacudida por las incursiones de grupos insurgentes y realistas, algunos procedentes tanto de Veracruz como del valle de Oaxaca y otros formados en los mismos pueblos de la jurisdicción.
Todos ellos recibieron apoyo de algún sector de la población de la zona en diversas formas y momentos.
Así, por ejemplo, hay casos de párrocos que incidieron en que algunas comunidades se decantaran por el bando realista.
42 Otros pueblos se aliaron con los insurgentes por conflictos con comerciantes y curas identificados con los realistas y que habían sido abusivos en tratos establecidos con algunas comunidades indígenas.
Sin embargo, además de lo señalado en este apartado, hubo otras circunstancias relacionadas con dinámicas locales que también influyeron para que los indígenas de Oaxaca respaldaran alguna de las partes o que, por lo menos, tuvieran un discurso que las posicionaba en uno de los dos bandos.
43 Más adelante se retomará el tema a propósito de los sucesos que tuvieron lugar en los límites entre las jurisdicciones de Villa Alta y Nexapa.
Se menciona también el pueblo de Zoochila, si bien --junto con el de Zoogocho--fue acusado en 1814 de apoyar a los insurgentes.
42 Como ya indicó Ferrer, 1999, 526, el influjo de los curas sobre los feligreses en algunas regiones pudo condicionar la postura favorable u hostil de éstos hacia los insurgentes.
En la nota 48 de su artículo menciona el caso del pueblo de Quiatoni, de la jurisdicción de Teotitlán, cuyo cura relató lo ocurrido cuando pasó por esa localidad el presbítero insurgente José Antonio Herrero: «fue bien visto y recibido de mis indios, dejándolos desengañados del error que padecían y quedando adictos a la justa causa y defensa de la religión a favor de la nación americana».
43 Taylor refiere un caso similar sobre la participación de los mixtecos, ver nota 26.
Nexapa: San Juan Mazatlán y la lucha de facciones
Al igual que en el caso de la subdelegación de Villa Alta, la información respecto a Nexapa y la presencia insurgente entre 1812 y 1814 no es abundante.
Aun así, se puede afirmar con los pocos datos encontrados que la llegada de Morelos a Oaxaca sí tuvo consecuencias en la jurisdicción.
La documentación refiere la presencia de un capitán insurgente en la zona de los mixes bajos cuyo nombre era Rafael Gallardo.
Son pocas las referencias sobre el origen y formación del grupo rebelde dirigido por Gallardo.
No se sabe si se unió a las fuerzas de Morelos cuando este entró en la ciudad de Oaxaca, si lo hizo aprovechando la expedición de Matamoros a Tehuantepec en abril de 1813 o si fue parte del grupo de mixes que se incorporó a las fuerzas de Pedro Flores en Jalahui.
Esto último es lo más probable debido a que algunos de sus hombres participaron en la detención de Nicolás de Aristi, en 1812, llevada a cabo en Villa Alta.
44 En todo caso, las fuentes reflejan que la milicia de Gallardo se estableció entre 1812 y 1814 en el pueblo de San Juan Mazatlán de donde era originario.
Desde ahí mantuvo en tensión la zona mixe baja que comprendía pueblos de las jurisdicciones de Nexapa (San Juan Mazatlán, Santiago Tutla, Santiago Malacatepec y San Pedro Acatlán) y de Villa Alta (Santa María Puxmetacán, San Juan Jaltepec de Candayoc y Ozolotepec).
Su contraparte en el área fue el capitán realista Calixto Pérez, quien dirigía una milicia que tenía su base en Puxmetacán.
45 No se tienen referencias alusivas a enfrentamientos directos entre ambos grupos.
Lo que sí consta es que en las dos fuerzas había un número importante de indígenas mixes.
A lo largo de 1812 y 1813, la tropa del capitán Gallardo recorrió el territorio entre Villa Alta, San Juan Mazatlán y Tehuantepec (ver mapa II).
Pero, a comienzos de 1814, cuando las tropas independentistas abandonaron la ciudad de Oaxaca, Gallardo también se retiró de la zona mixe baja.
Una vez que éste salió de Mazatlán, sin noticia de cuál fue su destino final, dos grupos de pobladores se acusaron mutuamente de haber sido insurgentes.
El caso del grupo insurgente de Rafael Gallardo en Mazatlán, junto con el de Pedro Flores en Jalahui, nos remite a la propuesta de Eric Van Young.
Este autor plantea que, durante la guerra de independencia, los indígenas MAPA II permanecieron muy cerca de sus pueblos, «al parecer demasiado ocupados en recuperar el equilibrio de las relaciones sociales, en ajustar viejas cuentas y protegiendo la integridad comunitaria».
Señala también «que la incorporación a la causa rebelde generalmente siguiera líneas de parentesco, amistad, relaciones y lugar de residencia».
46 Los pocos detalles que se conocen sobre el grupo de Gallardo provienen de cartas escritas por el subdelegado de Nexapa, José Román Ponze de León, al brigadier Melchor Álvarez cuando este recuperó para la causa realista la capital de la intendencia en marzo de 1814.
Después de la salida insurgente de la ciudad de Oaxaca, Ponze de León fue objeto de cuestionamientos por rumores de haber estado a favor de los «insurrectos».
47 A través de estas averiguaciones, así como de las declaraciones y confesiones de los indígenas acusados de rebeldes, salen a la luz los acontecimientos relacionados con la presencia de insurgentes en Mazatlán y en otros pueblos mixes de la jurisdicción de Nexapa como San Pedro Acatlán, Santiago Malacatepec y Santiago Tutla.
Sobre la división interna de los pueblos entre facciones insurgentes y realistas, ver Ferrer, 1999, 528.
Varios funcionarios de la Corona estuvieron bajo sospecha de simpatizar con los insurgentes antes y después de la ocupación de la intendencia de Oaxaca.
Entre los presos que fueron liberados por los insurgentes cuando ocuparon la ciudad de Oaxaca estaba el subdelegado de Zimatlán, Carlos Enrique del Castillo.
Otro caso es el del administrador y contador de la Real Aduana de Tehuantepec, que fue acusado por el subdelegado de aquella jurisdicción de ser «infidente» en 1812, ver Archivo General de la Nación de México (AGN), Infidencias, 175, 83.
Tensión que se fue incrementando hasta la víspera de la entrada a la ciudad de Oaxaca de los insurgentes en 1812 y a la salida de los mismos en 1814.
Esta situación de temores, sospechas y conspiraciones provocó una serie de ejecuciones y detenciones que involucraron a sacerdotes y autoridades civiles, principalmente criollos, tales como subdelegados y administradores de los ramos de la hacienda colonial.
Desde 1809 hasta 1821, se realizó una estrecha vigilancia y control de la población de la Nueva España.
Dicha función estuvo a cargo de la Junta de Seguridad y Buen Orden, de la que dependían las juntas provinciales como la de la intendencia de Oaxaca.
Esta última recibió el nombre de Junta Auxiliar de Buen Orden.
48 Los cuatro pueblos pertenecían a la misma parroquia; desde 1778 la cabecera de la misma era el pueblo de Acatlán.
En el siglo XVIII, la mayoría de los pueblos indígenas de Oaxaca estaban organizados en varias categorías, entre las que se encontraban los pueblos cabecera y los pueblos sujetos.
Romero Frizzi, 2011, 70, señala que: «Los españoles decidieron llamar a los asentamientos de más poder cabeceras, y a los de menor poder sujetos».
Arrioja, 2008a, 171-172, hace una descripción más detallada de la organización jerárquica de los pueblos indios en la época colonial: «Las cabeceras representaban el polo de una jurisdicción ejercida sobre los habitantes de cierto territorio.
No se trataba de unidades agrarias, ya que no regían la tenencia de la tierra; sin embargo, por el control que ejercían sobre la población, representaban una unidad territorial; también precisaban el centro o alguna subdivisión preponderante del pueblo respecto a sus componentes, que -a su vez-quedaban englo-MANIPULACIÓN POLÍTICA Y CONFLICTO INTERNO Anu. estud. am., 70, 1, enero-junio, 2013, 157-194.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.06 El 25 de septiembre de 1814, José Román Ponze de León requirió por carta al gobernador de Mazatlán que se presentaran ante su juzgado cinco personas de ese pueblo denunciadas por amenazas y vejaciones.
La parte acusadora la formaban Calixto José y Jacobo Santiago, originarios del mismo pueblo.
Estos últimos estaban arrestados en Quiechapa, donde residía el subdelegado de Nexapa, bajo investigación por haber sido insurgentes.
Los cinco demandados eran Nicolás Pacheco, Roque Servando, Manuel Gallardo, 49 Mariano Santiago e Isidro Mariano.
El juez mandaba que vinieran acompañados por el gobernador del pueblo para que se carearan con los otros dos que tenía presos.
Sin embargo, Nicolás Pacheco y sus cuatro compañeros no se presentaron en el juzgado de Quiechapa, aunque sí mandaron una carta al intendente de Oaxaca a principios de noviembre de 1814 con su versión de los hechos.
En su misiva alegaban ser inocentes y víctimas de los insurgentes.
Pacheco explicó que él y los demás habían huido a los montes y barrancas durante siete meses cuando el capitán insurgente Rafael Gallardo entró a su pueblo y que tres de ellos fueron apresados por personas de su mismo pueblo que estaban «insurgentados».
A través de un pago en reales pidieron que los liberaran, lo que ocurrió cuando entregaron 6 pesos (48 reales) a Gallardo.
Señalaron que este último era nativo del mismo pueblo de Mazatlán y que los obligó a unirse a su grupo.
No obstante lo anterior, Nicolás Pacheco y sus cuatro compañeros dijeron que, a pesar de haber pagado para que los liberaran, uno de ellos (Isidro Mariano) fue enviado a la cárcel de Tehuantepec, donde estuvo tres meses, y luego lo llevaron de regreso a Mazatlán, obligándolo también a «estar a sus armas», es decir, a rebelarse contra los realistas.
Más tarde, siendo parte de la fuerza insurgente, huyeron por segunda vez, pero los volvieron a atrapar y sufragaron otros 9 pesos al capitán Gallardo para que los «liberara».
A pesar de haber pagado por su «liberación», fueron obligados de nuevo a formar parte del grupo rebelde y al poco tiempo hicieron una tercera fuga, otra vez a los montes y barrancas, pero volvieron a ser apresados y llevados a la cárcel de la bados en los términos de cabeceras dependientes y sujetos; además, las cabeceras eran sede del gobierno indígena, de las cajas de comunidad, de las autoridades nativas, de los ministros de culto y del grueso de la población.[...]
Los sujetos por su parte agrupaban a pobladores que -geográficamente-estaban alejados de las cabeceras, pero ligados a ellas por vínculos políticos y fiscales; además, los sujetos eran asentamientos dependientes que prestaban servicios a las cabeceras.
En este mismo orden, las autoridades coloniales empleaban las nomenclatura de cabeceras y sujetos para distinguir la circunscripción eclesiástica de las parroquias».
49 Posible familiar del capitán insurgente Rafael Gallardo.
HUEMAC ESCALONA LÜTTIG que «salieron pagando en reales».
Bastante dinero tuvieron que abonar al capitán Gallardo por cada una de las fugas.
Finalmente, dijeron que los insurgentes los liberaron por estar cerca los realistas y a los ocho días fue «redimido su pueblo».
Para entonces, según Nicolás Pacheco, el capitán Gallardo había abandonado Mazatlán junto con su sargento Calixto José y Jacobo Santiago.
50 En otra parte de su escrito, los acusados refieren que, al llegar la tropa española, la auxiliaron con víveres y se unieron al grupo del capitáncomandante de Puxmetacán, Calixto Pérez, a cuya partida dijeron pertenecer incluso antes de ser apresados por los insurgentes.
Insistieron en que los sacerdotes de los pueblos vecinos de Quetzaltepec y Puxmetacán, Manuel Pedro Aubray y Juan José Mora respectivamente, estando en ese momento en la ciudad de Oaxaca, testificarían a su favor.
51 Refirieron que el propio comandante de Puxmetacán, Calixto Pérez, podía confirmar su versión pues a éste le constaba que el «citado sargento [Calixto Pérez] con su soldado [Jacobo Santiago] fueron de los que acompañaron al capitán Gallardo tanto para hacer las iniquidades como los que ocurrieron a la prisión del [ya difunto] capitán Nicolás de Aristi».
Dijeron que el comandante de Puxmetacán mandó al gobernador de Mazatlán que apresaran a Calixto José y Jacobo Santiago, «pero que como el gobernador y el alcalde Manuel Agustín son primos hermanos del indicado Calixto José», no lo habían hecho.
Por último, señalaron que los citados Calixto José y Jacobo Santiago vociferaron que el subdelegado de Nexapa les había dicho que «el cura Morelos estaba en guerra y que no se acababa y que quién sabe quién ganaría».
Que eso lo había escuchado Juan Pérez, indio de Candayoc, el cual estaba por accidente en Quiechapa y que «se dice por aquellos pueblos comarcanos el que [el intendente] Melchor Álvarez fue a la mixteca y se restituyó con una pierna rota, lo que hacemos presente por lo que ocurra».
De Bustamante, 1961, II, 219 y 231, da cuenta de un enfrentamiento en Silacayoapan el 27 de julio de 1814 entre la tropa de Melchor Álvarez y una fuerza insurgente dirigida por Ramón Sesma, que se había pertrechado en dicho pueblo.
Los realistas no pudieron derrotar a los rebeldes, quienes lograron romper el cerco el 19 de agosto de 1814.
Bustamante no menciona que Melchor Álvarez fuera herido en esa ocasión; sí lo refiere en el caso de otra batalla en Teotitlán del Camino, el 12 de octubre de 1815, frente a las tropas de los hermanos Terán.
El mismo autor narra que había un rumor de que Álvarez había sido herido de un brazo, aunque manifestó no tener la certeza de este hecho.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.06 Existe otra explicación de los hechos según el subdelegado de Nexapa, quien ante todo trató de reafirmar su postura realista y desmentir los rumores de estar a favor de los insurgentes.
Ponze de León recibió una copia del escrito con el testimonio de Nicolás Pacheco y sus compañeros con fecha del 11 de noviembre de 1814.
A continuación respondió al comandante e intendente de Oaxaca aportando más detalles que ayudan a entender lo ocurrido en Mazatlán entre 1812 y 1814.
El subdelegado dijo que se habían presentado en su juzgado Calixto José, Jacobo Santiago y Lucas Antonio (en representación de su hijo, que por estar enfermo permaneció en el pueblo de Mazatlán).
Éstos le contaron que Nicolás Pacheco, Roque Sebastián, Mariano Santiago, Isidro Mariano y Manuel Gallardo trataron de aprehenderlos por «habérselos llevado Rafael Gallardo por el rumbo de Villa Alta obligados de la misma fuerza con que los hizo entrar al servicio de las armas insurgentes».
Refirieron que se habían fugado «del lado de Gallardo que se extendió hasta unirse con los rebeldes emigrados de la capital poco antes de llegar las tropas de Nuestro Soberano».
Ponze de León refirió que, a principios de agosto de 1814, Calixto José, por temor a la amenaza de Pacheco y su grupo, se había presentado en Oaxaca para acogerse al indulto.
Señaló que no le parecía raro lo que contaba Calixto José, pues era común «entre los indios el vicio de la venganza».
Además, había comprobado la existencia del indulto de Calixto José que había sido expedido por el comandante interino, José Frances Enríquez, en ausencia de Melchor Álvarez.
53 Por otra parte, enfatizó que permitió que Jacobo Santiago y Lucas Antonio volvieran a su pueblo (Mazatlán) una vez que tuvo conocimiento de que el intendente Melchor Álvarez había recibido a los gobernadores de Tutla, Mazatlán y Acatlán, acusados de colaborar con los rebeldes, y que había absuelto a los dos primeros pueblos.
Apuntó que, antes de irse, Jacobo Santiago y Lucas Antonio dieron su palabra de que comparecerían de nuevo en dicho juzgado cuando Pacheco y compañía lo hicieran también.
Ponze de León señaló que no podía certificar que Pacheco y sus compañeros hubieran huido a los montes y permanecido ahí meses, pero por informes que había obtenido sospechaba que éstos dieron alguna gratificación para ganar la voluntad al comandante de Puxmetacán.
Que sólo cuando se vieron sin partido favorable ocurrieron al tribunal de Oaxaca y no antes.
Acto seguido cuestionó que «¿cómo que no se hacen cargo [Pacheco y sus compañeros] en su escrito del delito de haber hecho armas para sus alcaldes? ¿cómo no confesaban haber dicho voz en grito que tan insurgentes eran mis alcaldes de Mazatlán como su subdelegado, su cura y aún el mío [se refiere al cura de Quiechapa] con otras muchas cosas?».
Agregó, para desacreditar la denuncia de los indígenas en su contra, que «blasonan los representantes [de los pueblos] de leales y los indios son de la naturaleza de los huevos, que aquel que tiene conocimiento de uno, ya los conoce perfectamente a todos».
54 Sobre el testimonio que pudieran presentar los mencionados curas de Puxmetacán y Quetzaltepec, el subdelegado expresa que no duda de la honradez de ambos pero éstos sólo podrían certificar que tanto Nicolás Pacheco como sus compañeros únicamente «parecen ser buenos patriotas», puesto que «los interiores sentimientos jamás los ha juzgado la iglesia».
Por otro lado, cuestiona la autoridad del comandante de Puxmetacán sobre sus «súbditos» y el haber ignorado la suya al no enviar a su juzgado a los indígenas que había apresado pertenecientes a su jurisdicción.
De igual forma señala la desobediencia del gobernador y alcaldes de Mazatlán de no efectuar la orden de remitirle a Nicolás Pacheco y sus compañeros.
Cabe señalar en este punto que, frente a la confusión generada por las idas y venidas de los grupos realistas e insurgentes por el territorio de las subdelegaciones de Nexapa y Villa Alta y la consecuente inestabilidad política, así como la constante propagación de rumores, los indígenas involucrados en la lucha insurgente aprovecharon las contradicciones entre las distintas autoridades para librarse de ser castigados.
En la última parte de su escrito, el subdelegado de Nexapa se defendió de las acusaciones contra él, hechas por Nicolás Pacheco y sus compañeros, señalando su simpatía hacia los «insurrectos» a raíz de haber declarado que «Morelos estaba en guerra y quien sabe quien la ganaría».
Ponze de León expresó que «apenas y hablaba con los indios» fuera de los asuntos del juzgado y «menos con los mixes».
Pero a continuación se contradi-jo al decir que él mismo había favorecido y protegido a Pacheco cuando Gallardo lo persiguió por motivos y resentimientos particulares: «lo valenté y sostuve informando contra aquél [Gallardo] al que gobernaba la plaza de Oaxaca [es decir al intendente insurgente] hasta que logré quitarlo de su pueblo [se refiere a Gallardo de nuevo] manteniéndolo [a Nicolás Pacheco] en mi casa a este ingrato mixe y compañeros, dándoles bastimento para el camino y supliéndoles después dinero que aun me deben».
Enfatizó, con cierta desesperación, que si el intendente decidía continuar el juicio presentaría testigos, además de los mencionados Calixto José y Jacobo Santiago, a «otros muchos», incluyendo el gobernador de Mazatlán.
55 Con esta declaración Ponze de León ponía en evidencia que su relación con el pueblo de Mazatlán era estrecha e implicaba intereses más allá del formalismo entre autoridad real y pueblo tributario.
Una vez que Melchor Álvarez recibió la contestación del subdelegado de Nexapa, envió el caso al licenciado Manuel María Mimiaga, auditor de guerra.
En ella valoró las acciones tanto del comandante Calixto Pérez como de los «soldados de Mazatlán», es decir, de Nicolás Pacheco y su grupo.
De igual forma, destacó la importancia del respeto a la jurisdicción del juez de Nexapa y señaló la omisión del comandante de Puxmetacán al no enviar a los indios de Mazatlán que requería el subdelegado de Nexapa.
Advirtió al intendente Álvarez que:
Es muy conveniente y acertado proteger el entusiasmo de los que han dado pruebas de fidelidad al legítimo gobierno y se han sacrificado con sus buenos servicios en defensa de la Patria; pero también es preciso e indispensable sostener la noble autoridad de los jueces territoriales que están puestos por el mismo gobierno para la recta administración de justicia y que se les guarden los debidos respetos, porque de lo contrario, desconociéndose las autoridades constituidas, menospreciándose su jurisdicción y excediéndose cada uno de la que por su debido empleo le corresponde, se agrian los ánimos, se fomentan las discordias, se da lugar a la arbitrariedad y se entorpece el régimen y buen orden que se ha establecido de que depende la seguridad y permanencia del Estado.
57 El texto anterior refleja la preocupación de los realistas de Oaxaca, ya que, a pesar de haberse retirado los insurgentes de la capital de la intenden-55 Idem.
56 Mimiaga había sido teniente de letrado y asesor ordinario del intendente insurgente Murguía y Galardi.
58 Geográficamente era un punto vital para el gobierno realista, ya que por ahí pasaba el camino real a Puebla, la ciudad de México y Veracruz.
Era también la principal fuente de abastecimiento de la intendencia de Oaxaca.
La región de Nexapa se ubicaba entre el valle de Oaxaca y Tehuantepec, por donde discurría el camino real a Guatemala.
Esta era la retaguardia del frente realista.
Representaba su segunda vía de comunicación, suministro y escape ante un eventual avance insurgente sobre la capital.
59 Ante esta situación, los realistas oaxaqueños no podían permitir quedarse aislados y por consiguiente evitaron tener conflictos internos.
Trataron de calmar las rivalidades locales generadas por suspicacias y rumores que involucraban a funcionarios civiles, religiosos, comandantes de las milicias y rebeldes indultados.
Finalmente, Mimiaga recomendó que si Calixto José y Jacobo Santiago tenían alguna queja contra el comandante de Puxmetacán o Nicolás Pacheco que la presentaran «por ahora» en la comandancia general.
Melchor Álvarez envió una copia de la respuesta del auditor de guerra tanto a Ponze de León como a Calixto Pérez para que «les sirva de gobierno de lo determinado en este expediente y tenga un efecto cumplido».
60 Después de conocer estas dos versiones de los hechos de Mazatlán, quedan más preguntas que respuestas.
Las principales incógnitas son las acciones de Nicolás Pacheco y las del propio subdelegado Ponze de León.
Pero antes de entrar en especulaciones, adelanto una primera conclusión: la llegada de los insurgentes a Oaxaca no pasó desapercibida para los mixes de la zona baja.
La presencia insurgente provocó la movilización de indígenas de varios pueblos que nutrieron tanto a fuerzas realistas como a los rebeldes.
No obstante, en el caso concreto de Mazatlán, lo que impulsó la integración a la lucha armada fueron pugnas locales por el control político.
La partida que lideraba Rafael Gallardo, aprovechando la invasión y el control insurgente de la intendencia, trató de desplazar del poder político al gobernador y los alcaldes de su pueblo.
Gallardo obligó a someterse a su liderazgo a Nicolás Pacheco y a otros que habían sido o eran parte de la milicia realista de Puxmetacán con los que, al mismo tiempo, tenía una rivalidad política.
Al sobrevenir la recuperación de la ciudad de Oaxaca por los realistas, Gallardo abandonó el pueblo de Mazatlán para unirse a las fuerzas insurgentes.
Viéndose en una situación crítica, Calixto José y su grupo decidieron indultarse en Oaxaca, mientras que Nicolás Pacheco y sus compañeros permanecieron en el pueblo.
Cuando el grupo realista de Puxmetacán arribó a Mazatlán, Pacheco y sus compañeros se incorporaron a ella.
Finalmente, por temor a las represalias de Nicolás Pacheco, Calixto José acudió ante el juez de Nexapa.
Una interrogante importante es el papel que jugaron el gobernador y los demás miembros del cabildo indígena de Mazatlán frente a las pugnas entre Gallardo, Pacheco y Calixto José.
Pareciera que las autoridades de Mazatlán evitaron involucrarse directamente en el conflicto entre facciones de su pueblo y entre realistas e insurgentes.
Así, por ejemplo, su actitud fue ambigua al no acatar la orden del comandante realista de Puxmetacán de apresar a sus parientes insurgentes y entregárselos, pero tampoco desobedecieron completamente la instrucción, pues de algún modo convencieron u obligaron a sus familiares a presentarse en el juzgado de Nexapa, jurisdicción que les correspondía.
Van Young, en su análisis sobre el comportamiento de las autoridades de los pueblos indígenas durante el movimiento insurgente, afirma que la participación activa de los notables indígenas en la insurrección fue porcentualmente baja (un diez por ciento aproximadamente), debido a «su vinculación con el régimen colonial y con los españoles poderosos que lo encarnan localmente».
61 Pero resulta que las mismas autoridades tampoco respondieron ante la orden de su juez español cuando éste les pidió que le presentaran a Nicolás Pacheco.
Es posible que no lograran convencer a Pacheco y los suyos o que éstos hábilmente recurrieran al intendente, que era la autoridad máxima en la región, para evitar al subdelegado y esquivar su castigo.
Lo anterior refleja una crisis interna de las autoridades del pueblo y un vacío de poder aprovechado principalmente por Pacheco.
La acusación de este último contra el subdelegado de Nexapa de estar a favor de los insurgentes puede interpretarse como una estrategia para desviar la atención sobre su persona y sus actos.
62 Borah, 1996, 205, refiere la existencia de casos similares ocurridos desde el siglo XVII, que se enmarcaban en cambios de la estructura de poder, luchas de facciones al interior de los pueblos o el asentamiento de gentes nuevas.
HUEMAC ESCALONA LÜTTIG familia de notables en su pueblo?
¿Tenía alguna aspiración política dentro de su comunidad que rivalizaba con Gallardo y con las autoridades en turno?
Son preguntas sin respuesta por falta de información.
No obstante, refiero algunos detalles que indican la importancia a nivel local de su persona.
El hecho de haber recibido ayuda directa del subdelegado hace suponer que por lo menos tenía una posición privilegiada en su comunidad además de ser un tipo hábil, conocedor de la jerarquía de la administración provincial española.
También refleja ser un individuo con capacidad para costear un escribano y el envío a Oaxaca de la carta referida al principio de este apartado.
Si su objetivo era deshacerse de Gallardo, desprestigiar al gobernador y alcaldes de su pueblo, así como evitar enfrentar al subdelegado con quien pudo tener algún trato o deuda económica, los hechos demuestran que tuvo éxito en un corto plazo: Gallardo se fue con las tropas insurgentes que abandonaron la ciudad de Oaxaca el 29 de marzo de 1814, Ponze de León dejó de ser subdelegado en junio de 1815, 63 finalmente, él y su grupo quedaron como los únicos miembros de su pueblo fieles a la causa realista reconocidos por el comandante-intendente de Oaxaca.
Sobre el subdelegado de Nexapa queda la duda de si realmente era simpatizante de los insurgentes o fue obligado a permanecer en su puesto durante la ocupación insurgente como otros criollos que habían sido funcionarios del gobierno real.
64 Me inclino por la primera opción puesto que, además de sus declaraciones contradictorias respecto a su relación con los mixes insurgentes de Mazatlán, en las elecciones para delegados al congreso de Chilpancingo, Ponze de León figura como representante de Nexapa.
65 Quizás, de no haber sido por la denuncia de Nicolás Pacheco que puso en entredicho su fidelidad hacia los realistas, su caso hubiera pasado desapercibido y habría seguido ocupando el cargo de subdelegado.
Nexapa y Villa Alta: San Pedro Acatlán, pueblo «insurgentado», contra Jaltepec de Candayoc, pueblo «realista»
64 Tanto Manuel María Mimiaga como José María Murguía y Galardí siguieron ocupando cargos en el gobierno realista después de la ocupación insurgente, ver Hamnett, 1971, 163.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.06 ta Villa Alta, cabeza del mismo distrito, los pueblos de Acatlán, de la subdelegación de Nexapa, y el de Candayoc, de Villa Alta, se enfrentaban entre sí acusándose unos a otros de realistas y de insurgentes.
El pueblo de Acatlán se quejaba en una carta a su subdelegado, José Román Ponze de León, con fecha del 12 de enero de 1814 de haber sido agredido por el pueblo de Candayoc.
Expusieron que habían ido a limpiar sus algodonares ubicados en las tierras que disputan con Candayoc.
Al segundo día de estar trabajando, llegaron sus rivales a un sitio donde había un «estacamento».
Es decir, una marca que dividía la tierra.
Los de Candayoc preguntaron a los de Acatlán que quién había dado orden de poner el «estacamento»; éstos respondieron que «dos principales».
66 Acto seguido, los primeros agarraron a uno de los principales acatecos de nombre Santiago de la Cruz y lo amarraron a un árbol.
Después se fueron a la milpa de «humedad» donde estaban rozando otros tres indígenas de Acatlán, a quienes les pegaron mientras les preguntaban también sobre quién había ordenado poner el estacamento.
Éstos respondieron que «Don Benito Rocha», gobernador insurgente de Oaxaca, a lo que respondieron los de Candayoc que «aquí está los gachupines», que ellos eran compañeros de los gachupines y que «ustedes [los de Acatlán] están con los insurgentes, alcahuetes de los insurgentes son ustedes».
Los enfrentamientos siguieron en los días siguientes hasta que, al cuarto día, los de Acatlán lograron apresar a tres miembros de Candayoc e hicieron un ritual en donde uno de los principales acatecos les leyó un «papel».
Según estos últimos, los de Candayoc no querían saber el contenido de dicho papel y habían golpeado a uno de sus principales:
[...] salieron dos principales pidiendo perdón, hincados con un papel los principales, dieron un palo a la cabeza que le rompieron la cabeza a un principal llamado Raymundo Agustín, entonces se levantaron los principales [y] se estuvieron peleándose donde prendieron a tres de Candayoc y entonces les leyeron el papel que no querían [que] los leyeran delante de ellos, entonces nos pasamos al otro lado del estacamento de los de Tutla [pueblo vecino], pasamos a los tres que prendieron cuando fue el pleito al lado del río, le leímos el papel y después volvimos a pasar para que se fueran con sus compañeros y cogimos unos machetes y sombreros.
67 Quedaron diez heridos de Acatlán como saldo del enfrentamiento, no sabemos si Candayoc tuvo heridos ni tampoco el contenido del papel que 66 Por lo general, los principales eran nobles y ancianos con experiencia en el manejo de los gobiernos indígenas.
Pero lo que hicieron los principales de Acatlán con los tres indígenas de Candayoc, es decir, pasearlos por los linderos de los pueblos, leyendo el papel en cada una de las colindancias, tiene cierto parecido con lo que hacían los subdelegados en los litigios de tierras cuando efectuaban una dotación de tierras o realizaban una «vista de ojos».
68 Este no era el primer encuentro violento entre ambos grupos, aunque sí fue el que más heridos reportó.
En 1812, justo cuando los insurgentes se establecieron en la ciudad de Oaxaca, hubo otra refriega entre ambos pueblos.
A primera vista, y teniendo presente el caso de Mazatlán como foco insurgente y el de Puxmetacán como base de una milicia realista, se podría interpretar que Acatlán siguió el camino de Mazatlán, pueblo vecino que pertenecía a la misma parroquia.
Cabe destacar que Acatlán era la cabecera de la parroquia a la que estaban sujetos los pueblos de Mazatlán, Malacatepec y Tutla.
Se recordará que los gobernadores de estos pueblos, a excepción del de Malacatepec, fueron llamados en 1814 por el intendente realista Melchor Álvarez para cuestionarlos por ser simpatizantes de los insurgentes.
Tanto Mazatlán como Tutla fueron absueltos, no así Acatlán.
El pleito de tierras pendiente de resolución debió de haber influido para que Acatlán no fuera absuelto como los demás.
Por su parte, Candayoc era pueblo sujeto a la parroquia de Puxmetacán, ambos reconocidos por Melchor Álvarez como fieles a los realistas (ver mapa III).
69 Sin embargo, el motivo real de la lucha entre Acatlán y Candayoc poco tenía que ver con el conflicto armado entre insurgentes y realistas.
La principal causa del enfrentamiento de los dos pueblos era la propiedad de las tierras en donde se habían desatado los enfrentamientos antes mencionados, las cuales formaban parte del tablón de Jaltepec.
70 Como ya se ha MAPA III dicho en otro trabajo en donde se analiza el pleito desde su origen, lo ocurrido durante la ocupación insurgente fue un episodio más en el conflicto agrario entre ambas comunidades que había comenzado en 1790.
71 En ese entonces, también estaban involucrados en el litigio los pueblos de Santiago Tutla, aliado de Acatlán, y Puxmetacán, aliado de Candayoc.
72 Los cuatro pueblos tenían colindancias entre sí pero pertenecían a dos jurisdicciones distintas: Puxmetacán y Candayoc correspondían a la de Villa Alta, mientras que Acatlán y Tutla, a la de Nexapa.
Todos ellos se dedicaban al cultivo del maíz, el fríjol y el algodón, así como al corte de maderas finas como el cedro.
Las tierras disputadas se localizaban en la vega de un río caudaloso, el río Jaltepec, por lo que se podían aprovechar todo el año cultivando, simultáneamente, algodón y maíz.
73 Las relaciones geográficas de 1777 dan cuenta de la existencia en los cuatro pueblos de una semilla de maíz amarillo que daba tres cosechas al año.
74 El algodón era uno de los productos más valorados de la región.
75 Gracias a la siembra del mismo, los pueblos podían afrontar las cargas tributarias y demás pagos que hacían a la Corona española que, con las reformas borbónicas, se habían incrementado.
Del mismo modo, también servía como motor del repartimiento de mercancías, el cual, a pesar de la oposición del intendente, seguían practicando los subdelegados de ambas jurisdicciones.
Los cuatro pueblos hilaban el algodón para luego convertirlo en mantas, usaban una parte de ellas para confeccionar la ropa con la que se vestían y el resto, que era la mayoría, la entregaban a los agentes que los subdelegados tenían en las cabeceras parroquiales de su jurisdicción.
76 Durante el último tercio del siglo XVIII varias epidemias,77 sequías y heladas, afectaron a los pueblos indígenas de Oaxaca.
78 En este contexto de hambre y enfermedad, la zona mixe baja no fue la excepción.
Los pueblos de Candayoc y Acatlán, por ejemplo, sufrieron una considerable disminución de su población entre 1742 y 1789.
En 1802, los pueblos de Puxmetacán y Tutla establecieron un acuerdo que consistió en que el primero reconoció el derecho de posesión sobre la porción de tierra denominada «La Isleta».
A partir de entonces, Acatlán y Candayoc siguieron el pleito sin sus respectivos aliados.
En 1807, los dos pueblos (Acatlán y Candayoc) llegaron a un arreglo y por espacio de cinco años no hubo mayores problemas entre ellos.
Sin embargo, esta tranquilidad se rompió en 1812 cuando los de Acatlán presentaron una solicitud sobre los derechos de propiedad de la tierra en disputa.
80 Esto encendió los ánimos de Candayoc y volvieron los enfrentamientos entre ambos pueblos, principalmente cada vez que se encontraban en las tierras disputadas.
No se sabe si la solicitud de los de Acatlán se hizo antes o después de la llegada de Morelos a Oaxaca.
En cualquier caso, la cronología de la documentación demuestra que el cambio de gobierno en la ciudad de Oaxaca no fue un obstáculo para que los pueblos siguieran el pleito en los juzgados locales.
Al ver que los de Acatlán seguían haciendo gestiones sobre la propiedad ante las autoridades insurgentes y que los jueces de Nexapa no les habían favorecido en los dictámenes anteriores, los de Candayoc trataron de que la continuación del juicio se realizara en el juzgado de Villa Alta.
En octubre de 1813, Juan Pérez, indígena principal de Candayoc, se presentó en Quiechapa para recoger el expediente del litigio con Acatlán que previamente habían solicitado.
81 A continuación, por conducto de su abogado pidieron al intendente insurgente el cambio de jurisdicción, éste consultó con el asesor provisional Manuel de Leal y Araujo, de quien se desconoce el contenido de su recomendación, pues en ese momento abandonaron los insurgentes la ciudad y quedó pendiente la respuesta.
Es probable que fuera la solicitud de confirmación de la propiedad del predio, suponiendo que hubiesen tenido la posesión en 1807.
Llama la atención que los de Candayoc recalcaran su fidelidad a los realistas y acusaran a los de Acatlán de insurgentes.
¿Sabían los de Candayoc que los realistas pronto ocuparían la ciudad de Oaxaca?
Es probable que así fuera, como hemos referido anteriormente.
A pesar de las largas distancias y los malos caminos de la provincia, la información circulaba y los rumores abundaban.
También es importante destacar que el hecho de tener una milicia realista en el pueblo vecino de Puxmetacán pudo ser una ventaja en cuanto a que supieron de la noticia antes que los de Acatlán.
Ello explicaría el ataque de Candayoc en vísperas de la retirada insurgente de la capital provincial en marzo de 1814.
El litigio continuó una vez más con las autoridades realistas que debatían sobre la solicitud del cambio de jurisdicción hecha por Candayoc.
La situación en la capital oaxaqueña era complicada por las rivalidades entre los funcionarios realistas que volvieron, los que habían sido parte del gobierno insurgente de manera «forzada» y los que habían tenido una actitud ambigua y fueron perdonados.
La inestabilidad política en la intendencia influyó en el alargamiento del conflicto entre los dos pueblos.
Así, por ejemplo, el asesor de guerra Mariano Castillejos, consultado en 1815 por el subdelegado provisional José Vicente González sobre la solución del conflicto entre los dos pueblos, había dado su veredicto a favor de los de Acatlán.
83 En respuesta, el abogado de Candayoc, Mateo Forte, después de polemizar la recomendación de Castillejos, pidió que no se le consultase más «por odioso y sospechoso».
84 Se observa que, dentro del litigio de tierras entre los dos pueblos, salieron a la luz también los pleitos entre criollos y/o peninsulares que habían tenido diferencias por sus actitudes frente al movimiento insurgente.
En este caso, tanto Manuel Castillejos como Mateo Forte eran letrados y habían participado en el gobierno insurgente, pero la diferencia era que el primero había sido acusado en 1809 de «proclamas sediciosas» junto con su hermano Julián Castillejos.
85 Los hermanos Castillejos se habían mostrado a favor de la idea de la creación de una nación independiente de España, 86 debido a ello, varios criollos realistas como Mateo Forte los señalaron repetidamente como traidores o «poco fiables».
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.06 Durante el resto del año de 1815 y hasta 1817, fueron y vinieron en una y otra dirección por los caminos entre Acatlán, Candayoc, Villa Alta, Quiechapa y Oaxaca un gran número de cartas, dictámenes de asesores, citatorios, escritos de los apoderados y todos los papeles acumulados desde 1790, para determinar finalmente que el juicio debía de seguirse en el juzgado de Nexapa.
A principios de 1818, en febrero de ese año, el letrado y asesor del pueblo de Candayoc, Mateo Forte, presentó al subdelegado de Nexapa la copia de los documentos en los que se asentó la operación por la cual este pueblo, junto con Puxmetacán y Ozolotepec, había obtenido la propiedad del tablón de Jaltepec en 1737.
Los de Candayoc habían solicitado desde 1812 la copia de los «títulos de propiedad» al escribano José Álvarez, quien los tuvo listos a finales de 1813.
87 No se sabe la razón por la cual se entregaron hasta febrero de 1818 y no antes.
Es notable la similitud entre este caso y el de Mazatlán, donde las pugnas políticas entre facciones rivales, que muy probablemente ya exis tían antes de la llegada de los insurgentes a Oaxaca, determinaron la participación de un sector de la población en la rebelión.
El conflicto entre Candayoc y Acatlán se había iniciado antes de 1812 y la guerra de independencia fue un factor circunstancial que se sumó a la complejidad del mismo.
Los dos pueblos trataron de aprovechar la coyuntura en su favor, asumiendo alguno de los bandos.
Así mismo, ante la circulación de noticias sobre los resultados de enfrentamientos armados entre realistas e insurgentes en otras partes del territorio oaxaqueño, cada uno de los pueblos llevaron acciones locales que buscaban sacar provecho de esa información para consolidar su posición frente al rival y a las autoridades insurgentes o realistas.
Candayoc fue el pueblo que obtuvo mayores ventajas gracias a sus acciones directas -enfrentamientos directos con su adversario en las tierras disputadas-e indirectas -con litigios en los juzgados.
Aunque el resultado de dichos actos no se reflejó de manera positiva en lo inmediato, a largo plazo sí que tuvieron un efecto que benefició sus intereses.
En 1812, cuando todo parecía indicar que perderían el tablón de Jaltepec porque los dictámenes emitidos hasta ese momento favorecían la postura de Acatlán, sobrevino la intervención insurgente en la intendencia.
El nuevo escenario de entonces parecía seguir en su contra al ocasionar la demora en la obtención de sus títulos de propiedad debido a la inestabilidad política y al cambio de gobierno.
La situación pareció empeorar con la aparición del grupo insurgente de Rafael Gallardo en Mazatlán, que contaba con el apoyo de los pueblos vecinos, entre los que se encontraba su rival.
Por si fuera poco, el propio subdelegado de Nexapa, jurisdicción a la que pertenecía el pueblo adversario, había sido reconocido por el gobierno insurgente y significaba un elemento más en su contra, ya que el litigio era llevado por el juzgado de dicho funcionario.
Sin embargo, todo cambió en 1814 con la vuelta de los realistas y la balanza se inclinó a favor de Candayoc.
El subdelegado de Nexapa fue sustituido por uno interino, Acatlán y los demás pueblos «insurgentados» fueron vistos con desconfianza por el nuevo intendente, mientras ellos, gracias a su discurso de fidelidad, quedaron fortalecidos ante el nuevo gobierno español de la provincia.
También les ayudó el haber contado con una milicia realista en el pueblo vecino de Puxmetacán, en la que seguramente habría más de un mixe de Candayoc que les sirvió de fuente de información.
Finalmente, con la intervención de su abogado Mateo Forte, en 1818 conseguían una copia de los títulos de propiedad que incluía el tablón de Jaltepec emitidos en 1737 como resultado de una composición de tierras.
Estos documentos habían sido recogidos en 1784 por Sancho Pisón, alcalde mayor de Villa Alta, quien también fungía como Subdelegado de Tierras y Aguas y como tal había enviado los documentos al juzgado de Tierras y Aguas en la ciudad de México.
Desde finales del siglo XVIII el pueblo de Candayoc había estado esperando la vuelta de sus títulos.
Tardaron más de 30 años en recuperarlos.
88 Como ya señaló Romero Frizzi, «los pueblos soportaron esos gastos impresionantes de recursos y energía humana producidos por el sistema judicial novohispano y sus procedimientos sólo para debilitar a su enemigo, al pueblo rival».
En párrafos anteriores adelanté que la presencia insurgente en el territorio oaxaqueño sí tuvo un impacto en los pueblos mixes de la zona baja y que participaron activamente en el conflicto al incorporarse tanto a las fuer-88 En 1789, Candayoc, Puxmetacán y otros pueblos mixes de la jurisdicción de Villa Alta que colindaban con la subdelegación de Nexapa habían solicitado sus «títulos y documentos».
Los pueblos mixes señalaron tener problemas con los pueblos colindantes de la jurisdicción de Nexapa por carecer de sus títulos con los que aclarar las «dudas que se suscitan».
Igualmente señalé que lo hicieron con sus propias motivaciones y no impulsados por las ideas independentistas que tenían líderes insurgentes como Hidalgo y Morelos.
Las razones de su involucramiento obedecían a comportamientos propios de su cultura política local, es decir, a la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos en el interior y en el exterior de las comunidades.
El caso de Mazatlán representa una pugna entre facciones que se disputan el control del gobierno local.
Por su parte, Candayoc y Acatlán muestran la lucha por la tierra, por el control territorial y la persistencia o búsqueda de una autonomía.
Lo anterior bien puede vincularse a la propuesta de Van Young sobre el anarquismo localocéntrico que permeaba en varias comunidades rurales de la Nueva España a finales del período colonial.
Este autor destaca la poca visión política de los indígenas más allá del ámbito de sus pueblos y, en consecuencia, propone que el impulso de muchos de ellos para unirse a las tropas insurrectas fueron rencillas o conflictos locales, sin que en ellos influyera una conciencia política a favor de la independencia de España.
90 En este punto cabe aclarar que, en regiones como Michoacán, la incorporación a la lucha insurgente por los indígenas presentó otras características que contradicen la propuesta de Van Young.
Los indígenas del obispado de Michoacán habían sufrido en el último tercio del siglo XVIII las consecuencias de las primeras reformas borbónicas, que agravaron la supervivencia de sus comunidades.
A principios del siglo XIX tenían ya una conciencia de los efectos negativos de la implementación de las nuevas políticas para sus comunidades, situación que los llevó a participar de manera más directa y masiva en el movimiento insurgente de 1810.
91 Así pues, caben muchos matices en la aseveración hecha por Van Young, especialmente en lo que se refiere a la valoración de las motivaciones indígenas para incorporarse a la lucha armada.
Los dos ejemplos tratados aquí representan, a mi modo de ver, dos logros de sectores de la población indígena que supieron aprovechar la coyuntura política en su favor.
Nicolás Pacheco pudo librarse de su rival político dentro del pueblo --que era Rafael Gallardo--y legitimarse ante 90 Van Young, 2006, 722 y 846.
Este autor hace mayor énfasis en una desestructuración más temprana de la propiedad colectiva de la tierra y, por ende, de la vida comunitaria relacionada con la formación de las haciendas en el centro de Jalisco.
Lo anterior incidió en una mayor participación de la población indígena de aquella zona en la guerra de independencia.
Por su parte, Candayoc consiguió recuperar una porción de las tierras del tablón de Jaltepec.
En ambos casos, la estrategia de manipulación de los discursos del pueblo de Candayoc y de Nicolás Pacheco esgrimidos frente a las autoridades realistas surtió efecto.
Por otro lado, es importante resaltar la variedad de las reacciones que tuvieron los pueblos de las dos subdelegaciones.
Éstas muestran una dinámica histórica propia de las regiones como Oaxaca, influidas por una geografía predominantemente montañosa, en donde han confluido una diversidad de pueblos indígenas que, al mismo tiempo que comparten muchos rasgos culturales, responden de manera diferenciada a coyunturas exteriores.
Cabe señalar que los pueblos indígenas mixes funcionaban (en la actualidad lo siguen haciendo) como entidades colectivas, con una identidad vinculada a un territorio y con una dinámica determinada por la combinación de fuerzas centrípetas y centrífugas.
Las primeras se manifestaban en los conflictos internos entre facciones ocasionadas por el control político del gobierno local, y las segundas se dirigían al exterior a través de las disputas o rivalidades con los pueblos vecinos.
Finalmente, enfatizo que el aislamiento geográfico de los pueblos indígenas durante la época colonial, por lo menos en el caso de los mixes, no se tradujo en un aislamiento político.
Los litigios constantes en los juzgados españoles y la complejidad de los mismos mantuvieron una movilización constante de documentos, recursos y personas desde territorios remotos hasta la capital de la provincia y del virreinato.
Esto permitió también que las noticias de lo que ocurría en otras regiones de la provincia y de la Nueva España llegaran a los pueblos y reaccionaran ante ellas de acuerdo a sus intereses.
Demostraron tener una cultura política propia que si bien no correspondía a la de otros sectores de la población novohispana, por ejemplo los criollos, ello no significa que tuviese menos importancia.
Autores como Taylor han señalado que los pueblos indígenas de Oaxaca durante el siglo XVIII participaron activamente en varias revueltas y eso los hizo «buenos rebeldes pero deficientes revolucionarios» en la época de la independencia.
92 Sin embargo, ¿por qué presuponer que debían ser «buenos revolucionarios» según el modelo liberal? o ¿por qué habrían de comportarse de una manera que no correspondía a sus intereses?
Irónicamente, gracias a su bajo perfil «revolucionario», muchos indígenas oaxaqueños todavía mantienen el control de su territorio al mismo tiempo 92 Taylor, 2008, 208.
Con esto no pretendo caer en la idealización de las sociedades indígenas oaxaqueñas, pues como toda sociedad tiene sus propias contradicciones.
Pero sí creo necesario señalar que, juzgarlos por no reaccionar de acuerdo a las ideologías imperantes en ciertos periodos históricos, es negar una parte importante de su historia. |
El artículo se propone analizar la complejidad de la guerra civil que estalló en el Perú en 1854 entre el gobierno constitucional del general José Rufino Echenique y los revolucionarios liderados por el general Ramón Castilla.
Se estudiarán los distintos pronunciamientos antigubernamentales, el papel jugado por los ejércitos y las guardias nacionales en uno y otro bando y, por último, la política de premiaciones políticas con todos sus aliados, especialmente los liberales, que dispuso el bando vencedor de Castilla una vez establecido en el poder.
Los entresijos de una revolución 1 Los más recientes estudios sobre los estados latinoamericanos del siglo XIX no solo consideran a la violencia política parte racional del juego político, sino que han replanteado la mirada a las revoluciones, guerras civiles y golpes de Estado desde las propias lógicas discursivas y prácticas políticas de su época.
Se llega así a una propuesta que considera a la violencia como «un ingrediente de la realidad social que sólo se convierte en un hecho discernible y empíricamente observable en un contexto sociohistórico determinado».
2 Al igual que en otras realidades latinoamericanas, la historiografía peruana ofrece un creciente interés por reevaluar los hechos de violencia en la política decimonónica tanto por motivaciones académicas como por razones ligadas al clima bélico vivido en la década de 1980.
Sensibilizada por esta última circunstancia, Cecilia Méndez sostiene que el Perú carece de una memoria nacional de sus guerras civiles decimonónicas y que eso ha llevado al desconocimiento del papel que tuvieron en ese escenario las poblaciones rurales que participaron no sólo con las armas sino también ejerciendo «tareas de gobierno y control social que fueron claves en el proceso de formación del Estado nacional».
3 Cristóbal Aljovín estudia las revoluciones de la primera mitad del siglo XIX con la intención de demostrar que la ruptura del orden constitucional fue un componente esencial de la cultura política, por lo que el «republicanismo peruano estaba en una constante pugna entre una lógica representativa y una lógica jacobina».
4 Ello es matizado por Gabriela Chiaramonti que alerta de que la herencia constitucional gaditana favorecía que la titularidad y ejercicio de la soberanía no se percibiesen separados, sintiéndose los pueblos titulares originarios y por lo tanto autorizados en todo momento a reapropiársela5 mediante pronunciamientos.
Como complemento de las propuestas anteriores, este trabajo sobre la guerra civil de 1854 abordará la imbricación de las narrativas y las prácticas de movilización implícitas en los pronunciamientos revolucionarios con las políticas de negociación desplegadas por los contendientes de cara a la consolidación gubernamental.
El conflicto comenzó con un estallido revolucionario en la ciudad de Ica el 21 de diciembre de 1853 y culminó con la batalla de La Palma en Lima el 5 de enero de 1855.
Los historiadores la han considerado como una revolución liberal porque en el bando vencedor participaron conspicuos ideólogos liberales como Manuel Toribio Ureta, los hermanos Pedro y José Gálvez y Domingo Elías.
También se la asume liberal porque Castilla dispuso la abolición del tributo el 5 de julio de 1854 y la supresión de la esclavitud el 5 de diciembre de 1854.
Más allá de lo pertinente o no de esa clasificación ideológica, mi intención es dilucidar la trama de cooptaciones, negociaciones, intercambios sociopolíticos nacionales e internacionales de esa revolución.
Por un lado, ello implica cuestionar el automatismo nominativo que induce a reducir el liberalismo a un individualismo posesivo y que, en consecuencia, impide comprender el desarrollo contextual y la comprensión social de esta noción por convertir en pecado contra la modernidad cualquier atisbo corporativo o clientelar.
Por otro lado, ello supone atender a la organización espacial y social del Perú, a las rivalidades territoriales consecuentes en torno al modelo de Estado y a las redefiniciones grupales a partir de la oportunidad generada por la competencia política.
Para indagar en lo complejo y multifacético del desarrollo revolucionario se hará hincapié en que el llamado ejército libertador liderado por el general Ramón Castilla apeló con éxito al principio liberal en la medida en que ello fue también acompañado de cooptaciones formales e informales de múltiples fuerzas e instituciones sociales y regionales que poco o nada tenían que ver con lo ideológico.
Su triunfo sobre el bando constitucional del presidente José Rufino Echenique se gestó no sólo en el campo de batalla sino en los escenarios donde Castilla negoció la coparticipación gubernamental y la concesión de estatus, bienes y prebendas a los cuerpos y sectores sociales que lo apoyaran.
Pero para hacerlo contó tanto con una infraestructura institucional de legitimación como con una cultura de la movilización centradas en el ciudadano armado.
Para demostrar lo dicho anteriormente, se analizarán las interrelaciones de los pronunciamientos contra Echenique realizados por distintos actores.
También se atenderá a la presencia del ejército en la vida política y al peso de las guardias nacionales como forma de participación predilecta y obligatoria de la sociedad civil en el conflicto.
A diferencia del caso argentino, donde la fortaleza institucional y regional de este cuerpo de milicias, más que el propio ejército, fue clave en el resultado final de las gue-rras civiles,6 en el caso peruano la revolución de 1854 mostrará cómo, pese al interés del líder revolucionario civil Domingo Elías de convertirlas en decisivas fuerzas disuasorias de abusos constitucionales, la estructura del Estado peruano no favoreció su firme institucionalización como alternativa armada al ejército, produciéndose una erosión del principio de pueblo en armas por esa vía.
Por último, se incursionará en la política de reparto de recompensas políticas por parte del bando vencedor como modalidad para salvaguardar la viabilidad del régimen establecido, haciendo incidencia en que los límites de la negociación entre partidos se relacionaron con la diferente concepción acerca del peso de los poderes ejecutivo y legislativo.
El papel de los pronunciamientos en el escenario bélico
La revolución de 1854, que lideró triunfalmente el general Ramón Castilla, apoyado por Elías, en contra del gobierno del general José Rufino Echenique, suscita hasta la actualidad diversas y encontradas interpretaciones.
Como ejemplo de esa discrepancia basta contrastar lo afirmado por los historiadores Jorge Basadre y Rubén Vargas Ugarte.
Mientras el primero define a la revolución como un «violento plebiscito» en el que la ira popular pudo manifestarse en contra de la corrupción gubernamental, el segundo la enjuicia como el producto de la ambición de poder de Elías y Castilla ya que «la revolución no se justificaba en manera alguna, los males si acaso eran ciertos, podían remediarse constitucionalmente».
7 Enfoques más recientes tienden a valorar el suceso adoptando el punto de vista del vencedor.
De acuerdo con esta versión el uso de la violencia se justifica como una reacción a la venalidad y corrupción derivadas del proceso de consolidación de la deuda interna, un camino hacia el enriquecimiento personal acelerado gracias a los ingresos provenientes de la exportación del guano de las islas.
Se afirma, así, que como la consolidación «fue un fenómeno que benefició básicamente a la clase dominante capitalina, los notables y pueblos provincianos utilizaron el escándalo de la consolidación como un motivo más para rechazar al gobierno de Echenique y la corrupción capitalina».
8 Como complemento de la afirmación anterior se ha añadido que, además de la lucha contra la corrupción, los revolucionarios optaron por esa vía armada ante «la imposibilidad de lograr cambios por un camino legal debido a la sujeción de los congresos de 1851 y 1853».
9 Finalmente, en una perspectiva más ajustada a lo que sería la política clientelar de la época se sostiene que la guerra civil fue un ajuste de cuentas a los echeniquistas por parte de las facciones políticas derrotadas (vivanquistas, eliístas y liberales) en las elección presidencial de 1851.
10 Los inicios de la revolución cronológicamente deben remontarse a las dos cartas que Domingo Elías dirigió al presidente Echenique, en las que se refirió al mismo como «respetado general y amigo», y que fueron publicadas en el diario El Comercio el 12 y 16 de agosto de 1853.
En ellas denunciaba la consolidación como un fraude por haber generado numerosos expedientes falsificados que habían permitido el enriquecimiento de personajes allegados al gobierno.
La carta provocó que el presidente, autorizado por el congreso, dispusiese el encarcelamiento de Elías, quien tras prometer que se alejaría del país, fue liberado en septiembre.
Elías se asiló en la legación francesa y partió hacia Guayaquil, pero apenas desembarcó en esta ciudad se impuso como propósito organizar una expedición revolucionaria contra el gobierno peruano.
Sin emitir ninguna proclama, Elías ocupó con sus escasas fuerzas la localidad de Tumbes, siendo la asonada fácilmente desarticulada por la gendarmería el 21 de octubre de 1853.
Tras el fracaso de su complot, Elías se ocultó y fugó con dirección a Lima en donde entró clandestinamente en contacto con el general Ramón Castilla, quien ejerció la presidencia entre 1845 y 1851, con el propósito de lograr su apoyo para la revolución que estaba empeñado en liderar.
Obtenido el compromiso parcial del ex presidente, Elías eligió Ica, su tierra natal, como el escenario de su rebelión por contar allí con una amplia red de apoyos políticos de naturaleza clientelar y familiar formalizados en torno al Club Progresista, organización que había secundado su candidatura presidencial en 1851.
Para tener éxito le era vital contar con la aquiescencia del ejército y en eso se basó su oferta a Castilla para que este asumiese la jefatura militar del movimiento, mientras él se arrogaba la jefatura política.
11 También confiaba Elías en que en Lima su pronunciamiento sería secundado por las tropas comandadas por el general Alejandro Deustua, al sentirse este frustrado por haber otorgado Echenique al general Juan Crisostomo Torrico y no a él su apoyo para ser el futuro candidato del gobierno a la presidencia.
Pero Deustua finalmente se reconcilió con Echenique.
LOS ENTRESIJOS DE UNA REVOLUCIÓN Elías inició la revolución en Ica el 21 de diciembre de 1853.
El pronunciamiento hecho público ese mismo día estableció una junta gubernativa de provincia declarada «en situación independiente» de Lima hasta que se reuniese un congreso general.
Reconocía que Ica lideraba la reacción contra la tiranía echeniquista por la lesiva corrupción derivada de la consolidación de la deuda interna a través de la que «unos pocos hombres marcados con el oprobioso sello de la reprobación, han exprimido de vuestras arcas la cuantiosa suma de treinta y cinco millones de pesos, mientras que nuestros campos se esterilizan por la falta de brazos y de irrigación, nuestro comercio se halla sin vida y la industria nacional en sus últimas palpitaciones».12 A esa razón se añadía una segunda causa para derrocar a Echenique referida al hecho de que el gobierno no hubiese aún reivindicado por las armas los derechos nacionales ultrajados por Bolivia, estableciéndose que el papel de limpiar el honor patrio debía corresponderle «al esclarecido guerrero gran mariscal D. Ramón Castilla».
Resulta necesario recordar que el conflicto con el vecino del sur había estallado en 1853 como resultado del incumplimiento por parte de Bolivia del tratado comercial firmado en 1847.
Echenique había exigido al gobierno de Manuel Isidoro Belzu que admitiese a un representante diplomático en Potosí que verificara el fin de la emisión de la moneda feble que había provocado que las provincias del sur peruano se vieran inundadas por ese circulante.
Pero Belzu reaccionó con indignación ante ese intento de protectorado económico de su vecino andino y ordenó la expulsión del cónsul peruano.
El casus belli fue planteado en Lima en el congreso, que autorizó a Echenique a declarar la guerra en mayo de 1853.
La ofensiva peruana comenzó con una incursión naval que se limitó a ocupar el puerto de Cobija, siendo pospuesta sin embargo en varias ocasiones la anunciada invasión militar que se preparaba en Puno.
Esta inoperatividad del ejército proporcionaría a los revolucionarios un filón argumentativo para denunciar la dejadez del gobierno de Echenique en la resolución de la crisis con Bolivia por la vía armada.
Las tropas del ejército comandado por el ministro de Guerra, el general Torrico, desembarcaron en Pisco y derrotaron el 7 de enero de 1854 a los milicianos eliístas en las inmediaciones del cerro de Saraja.
El saldo del combate con el que se inició la guerra civil de 1854 fue de ciento cuarenta milicianos iqueños muertos.
Elías logró huir a Chile y desapareció temporalmente del escenario, mientras que Castilla, tras rechazar el gobierno su ofrecimiento de mediador, se asiló en un navío de guerra francés apostado en El Callao.
Paradójicamente, el mismo día en que se produjeron los sucesos de Saraja, tuvo lugar un segundo estallido revolucionario en Arequipa liderado por «los señores Diego Masías y sus tres hermanos, Fernando Alvizuri, Domingo Gamio y algunos artesanos» 13 que culminó con la huida de la ciudad del prefecto Rivero y de la gendarmería.
Jorge Basadre afirma que la mayoría de los líderes de la revuelta eran partidarios del general Vivanco, quien estaba exiliado en Chile como resultado del fracaso de su intentona revolucionaria de 1851, y actuaban motivados por lo que ocurría en Ica sin conocer aún su desenlace adverso.
El acta justificatoria de la junta departamental rebelde, que en su fase inicial la comandaba el prefecto Alvizuri, señaló tres causas para explicar el levantamiento: primera, la mayor parte de los pueblos del norte habían desconocido a la autoridad que mandaba en Lima; segunda, el gobierno echeniquista había cometido una «punible indolencia» al desatender el clamor popular de vengar los ultrajes inferidos por Bolivia; y, tercera, «el referido gobierno de la capital ha hostilizado a este departamento por todos los medios que ha tenido a su alcance».
14 Como puede apreciarse el pronunciamiento arequipeño no utilizó el justificante de la corrupción derivada del proceso de consolidación de la deuda y sólo coincidió con la provincia vecina de Ica en reclamar que se hiciera la guerra al régimen de Belzu.
Por lo demás se exageraba la situación de anomalía en que se hallaban las provincias del norte 15 y, a la vez, se transmitía una sensación de humillación asociada con el régimen de Echenique y se la personificaba en la figura del general Trinidad Morán, prócer de la independencia de origen venezolano, quien tuvo una polémica actuación como comandante de la guarnición arequipeña y se ganó la animadversión de parte del pueblo.
Paralelamente y sin estar sincronizado con el levantamiento de Arequipa, se produjo el pronunciamiento del general Fermín del Castillo en el departamento de Junín el 7 de febrero de 1854.
Este personaje asumió la condición de jefe superior del departamento y justificó su proceder del siguiente modo: «cuando todos los pueblos del Perú se convencieron de la 13 Valdivia, 1956, 207.
15 El acta alude a la rebelión de las provincias de Chiclayo el 1 de enero de 1854 y de Cajamarca ocurrida cuatro días más tarde.
Mientras la de Chiclayo puede vincularse al movimiento eliísta, la movilización de Cajamarca fue más bien una reivindicación regionalista ya que su objetivo fue alcanzar la condición de departamento y, por tanto, segregarse de La Libertad.
LOS ENTRESIJOS DE UNA REVOLUCIÓN necesidad de una revolución; cuando los verdaderos patriotas vieron humillado y escarnecido el honor nacional, cuando por el órgano del Gobierno se hacía difícil la reparación de los ultrajes recibidos por el Gabinete de Bolivia; cuando un mal sistema administrativo empezó por conculcar el verdadero pacto social, la idea revolucionaria cundió».
16 Por administración defectuosa, Castillo comprendía a la corrupción gubernamental asociada con la consolidación denunciada por Elías en sus cartas a Echenique.
En consecuencia, el pronunciamiento de Junín al ser similar al formulado unas semanas antes en Ica puede considerarse como un sucedáneo del mismo.
Castillo era muy claro en enfatizar que «en esas circunstancias no se reconocía otro caudillo que el pueblo mismo; y la persona de D. Ramón Castilla fluctuaba entonces en la más completa indecisión».
17 El movimiento fue desarticulado el 13 de febrero por dos divisiones del gobierno al mando de los generales Deustua y Salaverry.
Castillo huyó hacia el centro del país en donde terminó sumándose a las fuerzas de Castilla.
Retomando el caso de la revolución de Arequipa, durante las primeras semanas del levantamiento ocurrió la circunstancia anormal de que los juntistas no sabían a qué líder secundar.
El deán Juan Gualberto Valdivia, testigo de la época, relata que la noticia de que el general Juan Antonio Pezet, junto con la división militar de Puno, se aproximaba a la ciudad con el propósito de someterla dividió a los revolucionarios.
Mientras unos apoyaban la oferta de mediación del coronel Buendía, a quien Pezet había enviado para garantizarles la ausencia de represalias si se retornaba al orden constitucional, otros la rechazaban.
En esta tesitura se manifestó oportunamente el protagonismo del general Castilla.
A mediados de febrero este militar decidió implicarse en el conflicto arequipeño.
Transbordó del navío francés a un vapor de comercio que lo ayudó a desembarcar en una caleta próxima al pueblo de Atico desde donde se dirigió a Camaná.
Su entrada en la capital arequipeña se produjo el 13 de febrero y desde ese día fue ungido como jefe de la revolución.
¿Cómo fue que Castilla logró obtener el apoyo de una población mayoritariamente conservadora y partidaria del general Vivanco, su encarnizado enemigo político, y que por esa identidad había definido su revolución como la de una regeneración reñida con el liberalismo?
La respuesta la proporcionó el propio Vivanco en un folleto que redactó y publicó en pleno desarrollo del conflicto.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.07 tar, Castilla había anunciado a los arequipeños que asumía el liderazgo de esa revolución de común acuerdo con él, prometiéndoles que pronto se sumaría a la causa revolucionaria.
Vivanco denunció que ello era falso porque ninguna comunicación previa se había producido entre ambos y, más bien, «durante este tiempo su principal ocupación [de Castilla] fue consumar y ratificar el engaño de Arequipa... y siempre agregaba [por calles y plazas] que yo debía ser el presidente».
18 Fue así comprensible que ante el anuncio de que el ejército de Pezet estaba próximo a atacar la ciudad, el prefecto reconociera a Castilla como jefe del ejército regenerador.
Seguidamente, le fue conferido el título de jefe político del departamento y junto con sus agentes, entre los que destacó el deán Valdivia, se dedicó a organizar las milicias y barricadas.
El anunciado asalto de Arequipa por parte del ejército constitucional no se llegó a producir porque Torrico, al recibir noticias de nuevos pronunciamientos antigubernamentales en Puno y Moquegua que en su opinión variaban su situación de sitiador a sitiado, decidió retirarse de Paucarpata.
Las furibundas críticas vertidas en Lima contra él por el fiasco de Arequipa obligaron a Echenique a quitarle su confianza y, en compensación, encomendarle una misión a Francia que le alejó definitivamente del país.
Fortalecido por esa circunstancia, Castilla decidió aprovecharla para extender la revolución al conjunto de los departamentos del sur.
Mientras él se dirigía con parte de las tropas hacia el Cuzco, sus agentes arequipeños redactaron una nueva acta para reformular los principios esgrimidos el 7 de enero.
El nuevo pronunciamiento constaba de cuatro artículos.
El primero confería a Castilla el supremo mando de la República con el título de Libertador de la «tiranía gubernamental» de Echenique; el segundo le daba plenos poderes políticos a condición de que convocase una asamblea constituyente en el plazo máximo de un mes contados desde la pacificación del país; el tercero creaba en Arequipa una junta o consejo departamental de seis miembros subsistente sólo hasta la reunión de la asamblea nacional y cuya única función sería informar sobre las reformas que conviniese adoptar por el gobierno en beneficio de la región; y el cuarto facultaba al prefecto para proponer a los individuos que considerase como los más idó neos para integrar el consejo.
19 El acta es reproducida por Vivanco (1854); en cambio Valdivia (1956) la omite a pesar de ser protagonista de su redacción.
LOS ENTRESIJOS DE UNA REVOLUCIÓN La transformación de los heterogéneos objetivos de las regiones revolucionadas que se consiguió con la nueva acta constituida a partir de la proclama del 1 de mayo de 1854 y en la que Castilla aceptaba su nombramiento como presidente provisorio de la República con facultades extraordinarias fue espectacular.
Solo se mantuvo de los pronunciamientos anteriores el común objetivo de la destitución de Echenique.
El resto de las demandas, como la guerra con Bolivia o la revisión de los negociados de la consolidación, etc., quedaban supeditados a su inclusión en las demandas de los consejos departamentales.
Así el artículo tercero de la referida acta expresaba que la incumbencia exclusiva de estos consejos sería «la de indicar las reformas locales y generales que creyeren convenientes, presentando las primeras a la aprobación del gobierno y las segundas a las cámaras reunidas en congreso o convención nacional».
20 Castilla cerraba, así, el ciclo de los pronunciamientos de la etapa inicial de la guerra civil con un reparto negociado de futuros beneficios a los departamentos que apoyaran su causa.
La desactivación en el pronunciamiento de mayo de la demanda belicista contra Bolivia le garantizaba la viabilidad para iniciar negociaciones con el gobierno del general Belzu para adquirir las armas y los pertrechos que requería su ejército libertador.
De paso, lograba convencer a los departamentos del sur de que era necesario abolir la constitución de 1839, por la que paradójicamente había luchado en 1845, por ser el principal impedimento para su reelección presidencial.
A cambio, su actuación política quedaba sometida a lo que los consejos departamentales dispusieran, otorgándoles facultades ejecutivas que no habían tenido hasta ese momento.
Para reforzar su alianza con las provincias del sur, Castilla aceptó demandas locales como la supresión del derecho municipal de molinos que afectaba a los comerciantes arequipeños o la creación de una provincia en el Cercado de Puno y de otra en el valle de Majes a la que se bautizó con su apellido.21
La guerra civil y la cooptación del ejército y de las guardias nacionales
El gobierno de Echenique se inició el 20 de abril de 1851 con la transmisión del mando supremo por parte del presidente saliente Castilla.
Fue la primera vez que en la República tuvo lugar un ceremonial político de este tipo, ya que solo había logrado concluir su mandato el general Agustín Gamarra en 1833.
Pero este no había entregado la presidencia a su sucesor, el general Luis José de Orbegoso, sino que le nombró presidente una convención nacional sin que mediase un comicio popular.
Echenique había resultado vencedor en una contienda electoral, marcada por la violencia, la manipulación y el favoritismo presidencial, en la que había competido con el general Vivanco y Domingo Elías.
22 Echenique estrenó una forma de gobernar que difería de la practicada por su antecesor en el cargo.
En lo relativo a su política interna, si Castilla había concedido parcelas de poder y prebendas económicas tanto a sus partidarios como a sus contrincantes para lograr el apaciguamiento nacional, 23 a ojos de la opinión pública el desempeño de Echenique beneficiaba solo a sus correligionarios, siendo marginados o exiliados sus detractores y/o enemigos políticos.
Desde diciembre de 1851 se habían exiliado en Chile por cargos de conspiración los generales San Román y Vivanco, sin perder por ello sus respectivos sueldos como militares; y, aunque le ofrecieron sus servicios y consejos, fueron marginados de la vida política tanto Castilla como Elías.
En lo referente a las relaciones con los países vecinos, los regímenes de Castilla y Echenique también tuvieron marcadas diferencias.
El primero en un gesto de fraternidad internacional fue promotor de un congreso americano celebrado en Lima en 1847, al que acudieron representantes de Bolivia, Chile, Ecuador y Nueva Granada.
Mantenía además una estrecha amistad con el general boliviano Belzu, al coincidir ambos por distintas razones en su odio al general José Ballivián depuesto de la presidencia en 1847, siendo afianzada esa alianza con la conversión de Belzu en mandatario de Bolivia a fines de 1848 tras el derrocamiento del general José Miguel de Velasco.
Contrariamente a la tranquilidad internacional alcanzada por su antecesor, Echenique entró en un temprano conflicto diplomático con Ecuador por su tácito apoyo a la expedición militar planeada por el general Juan José Flores en contra del gobierno liberal de José María Urbina.
A esto se sumó en 1853 el conflicto diplomático con el gobierno boliviano derivado de la circulación de la moneda feble en el sur peruano que condujo a la autorización del congreso a Echenique para declarar la guerra a Bolivia.
LOS ENTRESIJOS DE UNA REVOLUCIÓN Para garantizar la lealtad de sus correligionarios y controlar el eventual problema de un conflicto bélico internacional, Echenique brindó un trato especial a aquellos que formaban parte de los altos mandos del ejército: nombró a algunos como ministros (Torrico y Mendiburu), colocó a otros en el congreso (Gutiérrez de la Fuente, Forcelledo, Cisneros, etc.) y, por último, confirió a sus más leales oficiales las principales prefecturas.
A esto se añadió el lucro económico de la oficialidad echeniquista.
Fernando Casós y Domingo Elías lo denunciaron en sus respectivos folletos y publicaron las listas de los oficiales supuestamente beneficiados con la consolidación de la deuda interna, entre los que destacaban los generales Torrico, Gutiérrez de La Fuente, Deustua, Pezet, Medina, Cisneros, Forcelledo, Vidal, Allende, Suárez, Iturregui, Valle Riestra y Vigil.
24 La satisfacción de los militares con el gobierno de Echenique se afianzó por las medidas tomadas para resolver el problema de los llamados jefes y oficiales indefinidos, es decir, aquellos que resultaban sin colocación en el Ejército y la Marina por no figurar en el presupuesto nacional.
En septiembre de 1853 se dictó una ley por la cual las familias de todos los oficiales excedentes del número fijado en la constitución tenían derecho a montepío, o lo que es lo mismo, a beneficiarse de los descuentos que se hacían a los empleados para socorrer a sus viudas y huérfanos.
También se garantizaba el goce de esas pensiones a las familias de los jefes que hubieran muerto bajo la condición de indefinidos con posterioridad a la promulgación de la ley de 1850.
Paralelamente, el congreso sancionó una ley en la que se resolvía «que los jefes y oficiales vencedores que después de reformados hayan entrado al servicio, con inclusión de los que hubiesen ascendido a la clase de generales, gocen mientras permanezcan en él, hállense o no colocados, el sueldo íntegro de su clase».
25 Por último, se amplió el número de las campañas militares que podía contabilizar un oficial para su promoción al incluirse las guerras contra la Confederación Perú-Boliviana en 1838 y 1839 y la invasión de Bolivia de 1841, ordenándose que estas produjeran seis meses de aumento en su tiempo de servicio.
Con estas medidas y otras de menor calado que beneficiaban a suboficiales y soldados rasos, Echenique pudo vanagloriarse de que su mejor partido político eran el Ejército y la Marina.
Por eso, y convencido de tener absolutamente disciplinadas a las armas nacionales, en sus memorias justificó que en 1854 «con él solo [el ejérci-to], a pesar de tener en contra a la mayoría de los pueblos alucinados, combatí la revolución que se me hizo por más de un año».
26 Cuando Castilla asumió el liderazgo de la revolución en Arequipa no contaba con ninguna facción de las fuerzas armadas que le apoyara.
Tras hacerse con el control de la situación en el sur sin necesidad de un enfrentamiento bélico con las tropas gubernamentales que, más bien, optaron por retirarse de Paucarpata, Castilla emprendió una ofensiva para debilitar y dividir al ejército.
Desde el cuartel general cuzqueño de Pampacolca el 28 de marzo decretó que en un plazo de cuarenta días los comandantes de buques de la escuadra y los generales, jefes y oficiales del ejército con los cuerpos que mandaban «se adhirieran al movimiento general de la República, separándose de la obediencia del general Echenique».
27 Esta disposición vino acompañada de una serie de consideraciones para los militares que la acataran o rechazasen.
A los primeros se ofreció conservarles en sus grados y colocaciones respectivas además de reconocerles cómo «beneméritos a la patria en grado eminente», mientras que a los oficiales que se obstinasen en desacatar el llamamiento y continuaran ejerciendo actos de hostilidad contra los movimientos populares se les advirtió que serían separados del ejército y sometidos a juicio como «traidores a la Nación».
Por último, Castilla se dirigió a todos los individuos de tropa y les alentó a «abandonar las filas del tirano de la patria» y a incorporarse al ejército libertador con el ofrecimiento de ser gratificados.
La medida no surtió efecto con la plana mayor echeniquista que fue la que asumió la conducción de las seis divisiones en que se organizó la fuerza constitucional, a saber, los generales Deustua, Torrico, Pezet, Cisneros, Suárez y Vigil.
Sin embargo, el decreto de Castilla iba a tener un progresivo apoyo de parte de una oficialidad insatisfecha con los modales clientelistas del presidente.
Un conocido cambio de bando fue el protagonizado por el general Baltazar Caravedo y que refleja la importancia de la reciprocidad en la política.
En su condición de prefecto de Lima Caravedo había comandado las tropas gubernamentales que vencieron en Saraja a las milicias revolucionarias de Elías en Ica.
Su lealtad hacia Echenique se rompió cuando este desatendió su promesa de perdonar al general Mateo González Mugaburu, un militar que en pleno conflicto bélico se había arrepentido de apoyar a Elías y había obtenido la protección de Caravedo.
Pese a las protestas de este, González Mugaburu fue apresado y objeto de un consejo de guerra.
Por ello, Caravedo, a pesar de haber sido premiado por Echenique con un ascenso a general de brigada, renunció a la prefectura limeña y días después se presentó ante los mandos del ejército libertador ofreciéndoles su renuncia a la categoría de general recientemente obtenida.
Castilla, en un gesto que daba cuenta de su destreza en manejar el juego de dones y contradones entre los militares, le confirmó el ascenso pese a haber derrotado a la revolución en Saraja porque, según las palabras del propio Caravedo, «comprendió que si la ocasión fue un acontecimiento funesto para la causa nacional, se había hecho justicia a mis servicios anteriores».
28 Las deserciones en el bando gubernamental y la cooptación de las milicias cívicas movilizadas en el sur por Echenique para la eventual guerra con Bolivia permitieron, en parte, el fortalecimiento del ejército castillista, que también en un primer momento estuvo financiado gracias a la emisión de vales de crédito público que los comerciantes de los departamentos del sur y del norte aceptaron como provisional moneda de cambio.
29 Sin embargo, la consolidación del poder militar de los revolucionarios en el sur peruano residió en el apoyo del presidente Belzu.
Castilla, en un gesto de buena voluntad, ordenó al gobernador de Tacna a que autorizara la devolución a Bolivia de la cascarilla confiscada por Echenique una vez decretado el estado de guerra y como represalia por el internamiento de la moneda feble.
30 A ello siguió la entrega de cincuenta mil pesos al comerciante francés Gabriel Larrieu para que gestionara ante Belzu la compra de armamento y otro tipo de pertrechos.
Cuenta el deán Valdivia que el agente francés llegó a La Paz y en un primer momento Belzu displicente sólo le autorizó a comprar armamento a los particulares.
Fue en un segundo encuentro en Cochabamba en donde Larrieu convenció al presidente y «Belzu, después de la queja que dio de no haber recibido de Castilla siquiera una carta de insinuación sobre tal asunto [la revolución contra Echenique], dio al francés fusiles, municiones, artillería y la caballada de su tropa».
31 En concreto, el ejército libertador obtuvo dos mil quinientos fusiles, sesenta y dos mil cartuchos de bala, seis piezas de artillería y quinientos caballos.
30 En 1853 Belzu creó un banco nacional de la quina y con autorización peruana estableció un estanco en Tacna, cuyas reservas alcanzaron la suma de 45.000 pesos.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.07 como un acto de traición a la patria, el canciller boliviano Rafael Bustillo no la negó, sino que la justificó en una circular dirigida a las cancillerías americanas el 1 de junio como una forma de proteger los intereses de su país y porque «era ya tiempo de aplicar al gabinete de Lima sus propios principios, de usar de sus mismos ejemplos y de infligir el talión de su propia conducta».
33 A diferencia del protagonismo del ejército, la participación de la guardia nacional en la guerra civil de 1854 ha sido un asunto apenas tratado por la historiografía.
Aunque su existencia se remonta a la época de las reformas borbónicas, desde su constitución en cuerpos cívicos durante el primer año de vida del protectorado del general San Martín, la guardia nacional tuvo un papel fundamental en el inicio y desarrollo de las asonadas políticas de las primeras décadas republicanas.
34 Las milicias estaban reconocidas constitucionalmente ya que se consideraba que los ciudadanos estaban obligados a contribuir mediante su entrenamiento armado al sostenimiento de la República.
Tal fue el principio bajo el cual el presidente Gamarra sancionó el primer reglamento para su organización el 26 de febrero de 1839.
La intervención más destacada de las guardias nacionales fue el episodio conocido como la Semana Magna de junio de 1844, fecha en que el pueblo de Lima se organizó en varios batallones de ciudadanos armados al mando del prefecto Domingo Elías para resistir a las tropas vivanquistas comandadas por el coronel José Rufino Echenique.
35 Aunque el enfrentamiento entre militares y civiles no se produjo finalmente, Elías recibió por la movilización armada de la población el calificativo de «hombre del pueblo» y la posibilidad de postular a la presidencia en 1845 y 1851, siendo derrotado en ambas ocasiones.
Elías y Echenique nunca sospecharon que diez años después volverían a enfrentarse en una nueva contienda bélica.
La táctica emprendida a fines de 1853 por Elías para hacer prosperar la revolución fue valerse de las milicias ciudadanas como su soporte militarizado.
Aunque su levantamiento en Tumbes apenas tuvo eco en la población y fue rápidamente desactivado por el gobierno, más fortuna iba a tener en su tierra natal Ica en donde el 21 de diciembre de 1853, como autoproclamado jefe político de la República, declaró a los cuerpos de la guardia nacional iqueña «en estado de campaña, con todos los goces y preeminen-cias que concede la ley a los del ejército».
36 En el referido decreto convocó a todos los individuos entre quince y cincuenta años a que se pusieran a disposición inmediata del jefe del primer regimiento que ocupaba el convento de San Francisco.
En compensación declaró a todos los movilizados exentos «por toda su vida del pago de contribución».
Dispuso igualmente que a todo aquel ciudadano que se encontrase sin pertenecer a alguno de los cuerpos cívicos se le destinara irremediablemente al servicio de la Marina.
Por último, Elías arengó en su proclama a los soldados de la guardia nacional del siguiente modo: el ángel protector del destino de los valientes os acompaña con la corona de la inmortalidad.
Por mi parte os aseguro, que nacido entre vosotros, me esforzaré en los mayores peligros para patentizaros que, formado por el pueblo, no soy indigno de él.
Este líder del civismo revolucionario en pocos días llegó a conformar una milicia con varios centenares de ciudadanos a los que proporcionó armas que fueron confiscadas a la gendarmería y a particulares.
Pero Elías hizo un cálculo erróneo de sus posibilidades políticas y militares y su ejército civil, mal entrenado y peor abastecido, en un lapso de dos semanas fue fácilmente derrotado por la bien pertrechada expedición militar enviada por Echenique.
Una segunda oportunidad se le presentó a Elías al inicio de la guerra civil para hacer de la guardia nacional su arma de disuasión prioritaria.
La coyuntura esta vez había cambiado para este personaje porque acordó con el general Castilla actuar como soporte de su campaña.
Así, en marzo de 1854, Elías desde su refugio en Chile aprovechó la retirada del ejército gubernamental de Paucarpata para retornar a Moquegua, una provincia ubicada al sur de Arequipa, y sublevarla con el apoyo de una pequeña milicia que había formado en Arica.
Tras lograr su objetivo continuó con la constitución de una división de guardias nacionales conformada por ciudadanos moqueguanos y ariqueños para contener a las tropas comandadas por el general Manuel de la Guarda en el vecino poblado de Tacna.
Su plan consistía en que una vez sus milicias hubieran derrotado a las tropas echeniquistas en julio «nos habríamos posesionado de las aduanas de Arica e Islay, sacado de ellas más de cien mil pesos, auxiliado al ejército libertador, y con 600 u 800 hombres habríamos marchado sobre Ica, pudiendo estar por agosto con una fuerte división sobre Lima».
37 Pero Elías fracasó y lo achacó al general San Román, comandante en jefe del ejército libertador del sur, que no permitió el envío de ciento cincuenta hombres de auxilio de la división acantonada en Puno que le había sido solicitada desde mediados de junio.
En realidad, el líder civilista pecó de voluntarismo e impericia porque, como había ocurrido en Ica, nuevamente enfrentó a la guardia nacional (mil efectivos mal armados y poco entrenados) con la división de Guarda, reforzada con las tropas comandadas por el general Trinidad Morán (mil quinientos soldados), en la batalla del Alto del Conde el 16 de noviembre de 1854.
Tras la derrota, Elías consiguió de nuevo huir y refugiarse en Arequipa.
Según el deán Valdivia, en Arequipa apenas conocido que las tropas del general Morán se acercaban a la ciudad para tomarla, su comandante militar, el coronel Pedro Canseco, decidió retirarse con su guarnición a Chuquibamba.
Esta determinación fue cuestionada por el resto de líderes revolucionarios que optaron por destituir a Canseco y entregar a Elías, como emisario reconocido de Castilla, la jefatura política del departamento y el mando de la guarnición.
Para enfrentarse por tercera vez al ejército de Morán, al que se sumó sorpresivamente el general Vivanco, Elías apenas contaba con «un escuadrón de cívicos y como doscientos paisanos infantes con diferentes armas y sin municiones a las órdenes del comandante cusqueño Barra, y cuarenta de los cargadores emigrados del puerto de Islay».
38 La táctica esta vez empleada por el líder civil, secundada por los milicianos arequipeños, no fue la de esperar la embestida del ejército sino que una columna armada atacase por sorpresa al batallón de Vivanco.
La acción ocurrida en Pocsi el 25 de noviembre tuvo un inusitado éxito y si bien Vivanco huyó «los vencedores volvieron a la ciudad, conduciendo por trofeos de su rápida victoria oficiales y tropa prisionera, más de 300 fusiles, 12.000 tiros a bala [y] dos piezas de artillería».
39 Era la primera vez que en la guerra civil los milicianos sorprendían y asestaban un duro golpe al ejército constitucional.
Esta hazaña iba a completarse el 1 de diciembre cuando las tropas de Morán y Vivanco iniciaron el asalto de Arequipa.
La guarnición militar y los milicianos, conjuntamente, no sólo lograron contenerlo sino que hirieron de gravedad a Vivanco y provocaron con ello que la división atacante se desorganizara y retrocediese sin rumbo.
Esta circunstancia provocó la dispersión de la caballería y obligó a Morán a suspender 38 Valdivia, 1964, 218.
LOS ENTRESIJOS DE UNA REVOLUCIÓN el ataque de sus tropas contra una trinchera.
Tras catorce horas de combate Morán se rindió y entregó su arma al prefecto.
El primer triunfo de Elías sobre el ejército gubernamental se vio empañado por el fusilamiento sin juicio sumario de Morán.
En su descargo Elías justificó este acto como un «deber doloroso de justicia» exigido por Arequipa y que «yo no podía contrariarlo, porque a veces el pueblo necesita de estos ejemplos».
40 Si con Elías la guardia nacional tuvo un papel fundamental en la contienda del 1854, menos significativo fue su empleo por parte de Castilla y Echenique aunque con una diferencia notable.
En el caso de Castilla, el dominio político y militar que alcanzó sobre los departamentos del sur tras la retirada de las fuerzas de Torrico en Paucarpata, inusitadamente le permitió absorber dentro del ejército libertador a los milicianos que estuvieron entrenándose con el propósito de intervenir en la anunciada guerra con Bolivia.
Así ocurrió en Puno, Cuzco, Ayacucho, Moquegua y Tacna.
Pero en lugar de potenciar una actuación autónoma de los batallones de guardias nacionales, estos fueron incorporados a las distintas divisiones del ejército y, por tanto, quedaron sometidos a la autoridad de la oficialidad castillista.
A estos ciudadanos armados Castilla les había ofrecido reconocimientos y premios una vez concluida la empresa revolucionaria.
En el caso de Echenique, este consideró que la guardia nacional opacaba al ejército, como prueba el hecho de que durante los tres años de su gestión presidencial no se dictase ninguna normativa específica sobre dicha institución a pesar de estar reconocida en la Constitución de 1839.
Su desconfianza hacia las milicias cívicas era tal que a pesar de tenerlas a su favor en la guerra civil, prefirió neutralizarlas o desactivarlas.
Por ejemplo, cuando tuvo noticias de que a principios de junio una división de nacionales de la provincia de Piura había derrotado en la hacienda de Macacará a un batallón de sublevados procedentes de Tumbes, los premió, primero, declarando como oficiales del ejército a los jefes de la guardia nacional de Piura y, segundo, concediendo a los individuos de tropa «quedar por toda su vida exceptuados del servicio en el ejército y en la guardia nacional, después de pasadas las actuales circunstancias, a menos que ellos voluntariamente quieran prestarlo».
41 Es decir, para Echenique el civil en armas debía terminar enrolándose en las filas del ejército por reconocimiento de méritos o por voluntad propia, no tolerándose así la existencia de un cuerpo armado paralelo al ejército y no sujeto al mismo.
Cuando el presidente advirtió que el ejército en que tanto había confiado para ganar la guerra acumulaba toda una serie de derrotas, con la consiguiente pérdida del control territorial, promulgó el Decreto del 18 de noviembre de 1854.
Obligaba, en primer lugar, a que se presentaran a los cuerpos del ejército de reserva tanto los desertores del servicio de tropa como los suboficiales y soldados licenciados, premiándose a los primeros con el indulto y a los segundos con un inmediato «enganche de diez pesos».
Convocaba, en segundo lugar, voluntariamente a todo particular a enrolarse en el ejército con la promesa de otorgársele diez pesos y además quedar «eximido del pago de contribución o patente por toda su vida».
Premiaba, por último, con la libertad inmediata a todo esclavo doméstico o de hacienda que se presentara al servicio del ejército por un tiempo de dos años, «gracia [que] se hará extensiva a su mujer legítima».
42 Pero las ofertas de Echenique a los militares que había marginado o perseguido durante su administración, a los ciudadanos que no había alentado a armarse en defensa de la legalidad constitucional como guardias nacionales sino como meros soldados de línea, y, por último, a los esclavos negros a los que tímidamente reconoció unos limitados derechos en el código civil de 1852, no fueron suficientes para obtener el apoyo de estos y revitalizar su fuerza armada.
Castilla hábilmente contraatacó la parte más popular del decreto de Echenique de noviembre con otro elaborado por su asesor liberal Manuel Toribio Ureta y promulgado en Huancayo el 5 de diciembre.
En este decreto se proclamó la libertad absoluta de todos los esclavos de la República sin condición alguna y con la promesa de indemnizar a sus expropietarios una vez concluida la guerra.
Los ex esclavos se enrolaron en el ejército libertador en un número que se calcula osciló entre dos o tres mil personas, actuando algunos como espías para proporcionar información a los oficiales de Castilla sobre los movimientos del ejército de Echenique.
43 No fue este el único soporte popular que Castilla supo orientar a su favor.
Previamente, había obtenido las simpatías de la mayoritaria población rural hacia la revolución al suprimir el tributo indígena en julio en la ciudad de Ayacucho.
Como los indios eran desafectos a la conscripción, colaboraron con el ejército libertador a modo de guerrillas poco formalizadas para hostilizar a las fuerzas echeniquistas en el centro y sur del país en la fase final de la guerra civil.
LOS ENTRESIJOS DE UNA REVOLUCIÓN
La justicia revolucionaria y el reparto de beneficios
Tras su triunfo definitivo sobre Echenique en la batalla de La Palma en enero de 1855, Castilla asumió la condición de presidente provisional y procedió a hacer efectivo su compromiso de premiar a los que lo apoyaron.
El reparto de dones políticos debía garantizar el logro del objetivo fundamental por el que Castilla había liderado la revolución que era eliminar toda la maquinaría política y militar que sustentaba la «tiranía» de Echenique y abolir la Constitución de 1840 que impedía su reelección presidencial.
Para promulgar una nueva carta política y eliminar a los conservadores echeniquistas, conocidos como consolidados y también «mashorqueros», es decir, aquellos que habían medrado tras la candidatura presidencial del general Torrico, Castilla recurrió a los liberales.
A unos les confió el poder ejecutivo y a otros les facilitó el control del legislativo.
Calificando al suyo como el «gobierno de la moralidad», el «Libertador» entregó a Pedro Gálvez el ministerio de Justicia, Culto y Beneficencia, a Manuel Toribio Ureta el de Gobierno, Relaciones Exteriores e Instrucción, y a Domingo Elías el de Hacienda.
El 5 de febrero de 1855 el gobierno castillista cumplió su promesa de convocar elecciones para una convención nacional que a partir del 15 de junio tuvo la misión de redactar una nueva constitución y, que al mismo tiempo, legitimó al presidente provisorio.
El nuevo reglamento electoral permitía el voto de los hombres analfabetos, incluyéndose en este rubro por primera vez a los ex esclavos afrodescendientes, pero introdujo una cláusula inédita que impedía votar a aquellos «diputados, senadores o consejeros de Estado que desde el 20 de marzo de 1851 hasta el 5 de enero de 1855 no sirvieron de manera alguna a los pueblos en la causa de su moralidad y de sus derechos».
44 La exclusión también afectó a los empleados, militares y agentes de policía que defendieron a la administración echeniquista.
Así, un amplio sector de ciudadanos, entre los que también fueron parcialmente excluidos los votantes vivanquistas, quedó inhabilitado de ejercer el sufragio.
Con esta polémica decisión electoral se garantizó que la asamblea nacional estuviese dominada por los liberales y que tuviera una amplia base de respaldo popular pero, concomitantemente, que el cumplimiento de sus decisiones quedara a merced de «un Estado dominado por el ejército».
45 La convención nacional concluyó la redacción de la nueva constitución el 13 de octubre de 1856, y esta fue promulgada con serias objeciones por Castilla.
El conflicto estuvo en que los liberales fueron consecuentes con su principio doctrinario de limitar el presidencialismo, lo que implicaba otorgar poderes de contrapeso al Legislativo (como fue la intervención del congreso en los ascensos de los militares).
La constitución también introdujo la incompatibilidad entre la presidencia provisoria y la candidatura presidencial, por lo que «los días de Castilla en el mando supremo parecían contados.
La convención se proponía a sobrevivirle».
46 Sin embargo, esta fue disuelta por Castilla el 2 de noviembre de 1857 junto con la convocatoria de un congreso para redactar una nueva constitución, produciéndose a consecuencia de ello la ruptura definitiva de Castilla con los liberales.
De no menor trascendencia que el poder concedido a los liberales fueron las regalías que Castilla otorgó a los miembros de su ejército libertador y a las guardias nacionales que le apoyaron.
Los principales beneficiarios fueron los jefes y oficiales que pelearon en la batalla de la Palma.
Conocidos popularmente como «los sagrados», el 2 de mayo de 1854 fueron nombrados «beneméritos a la patria en grado heroico y eminente» y se les otorgó una medalla de diez líneas de diámetro en cuya superficie se inscribiría la frase «A los libertadores de su patria».
Un decreto complementario se sancionó el 4 de mayo por el que se reconoció el mérito de los jefes y oficiales del ejército y de la guardia nacional que participaron en la defensa de la ciudad entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1854.
A estos se les entregó una medalla de oro de diez líneas de diámetro en cuyo centro se debía inscribir «A los valientes de Arequipa».
47 Finalmente, el 18 de febrero el ministro San Román sancionó la reducción de la fuerza permanente del ejército y la desactivación de las guardias nacionales con «la restitución a sus hogares de aquellos ciudadanos que llenos de abnegación y patriotismo, los abandonaron espontáneamente para consagrarse a la defensa común».
48 Tras la ruptura con los liberales en 1857 fueron «los sagrados» los que apoyaron de modo incondicional a Castilla en sus últimos años de gobierno y accedieron a colaborar con los políticos conservadores entre los que destacó el sacerdote Bartolomé Herrera.
En lo que respecta a los miembros del Ejército y de la Marina derrotados, Castilla cumplió con su amenaza vertida en plena guerra civil.
Por decreto dictatorial del 11 de enero de 1855 ordenó la separación de ambas instituciones «sin grados ni honores, [de] todos los generales, jefes y oficiales que sirvieron activamente a la tiranía de Echenique, y todos los que sin estar en actual servicio permanecieron bajo sus órdenes y no contribuyeron de modo alguno al triunfo de la causa popular».
49 En la lista de los que cayeron en desgracia destacaron ex presidentes como el mariscal Gutiérrez de la Fuente y los generales Vivanco, Vidal, Torrico y Echenique.
El 23 de noviembre de 1855 la convención nacional estableció el juicio de este último, sus ministros y los generales del ejército bajo el cargo de «desorganización de la República y ruina de su hacienda» y en marzo de 1856 resolvió que todos los generales, jefes y oficiales afectados por el decreto de separación presentaran sus hojas de servicio en la inspección general del ejército o la comandancia general de marina para adoptar una resolución definitiva sobre su baja.
Finalmente, los convencionales promulgaron la llamada ley de amnistía restringida el 16 de abril de 1856 por el que «quedaron relegados al olvido, las opiniones, actos y delitos políticos de las personas comprometidas en la última administración».
50 Ello no libró a los llamados militares «consolidados» de ser sometidos a un proceso de investigación por la comisión del crédito público encargada de investigar los actos corruptos de la consolidación de la deuda interna.
51 La colaboración militar brindada por el régimen belcista al ejército libertador fue retribuida por Castilla con la suspensión sucesiva de la interdicción comercial y el casus belli decretado en tiempos de Echenique.
El restablecimiento de las relaciones mercantiles y diplomáticas durante el breve lapso de tiempo que Belzu se mantuvo en el poder se prolongó du rante el régimen de Jorge Córdova, yerno y sucesor político de Belzu.
El entendimiento peruano-boliviano se interrumpió tras el golpe de Estado del 9 de septiembre de 1857 en el que José María Linares depuso a Córdova.
La tensión se reanudó cuando la dictadura de Linares reasumió los principios políticos del acérrimo enemigo de Castilla, el general Ballivián.
De ahí que el gobierno peruano diera refugio a Córdova y apoyara las conspiraciones de los exiliados belcistas en la frontera.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.07 La exigencia de contraprestaciones a Castilla por parte de las provincias que le apoyaron se puso en marcha apenas se estableció el gobierno provisional.
La más significativa fue la creación del departamento de Cajamarca el 11 de febrero de 1855, acto que había ratificado el decreto de la junta departamental del año anterior.
El caso de Arequipa también fue significativo.
El prefecto Llosa expresó que como recompensa a los sacrificios de esa ciudad estaban «las obras y mejoras que demanda en justa satisfacción de sus necesidades».
53 Seguidamente pidió la puesta en marcha de las siguientes obras: el colegio de artes, la atención a la agricultura, la protección del comercio del sur, el fomento de la instrucción pública, el restablecimiento del asiento mineral de Caylloma, la reconstrucción de la catedral y la planificación de la cañería interior del agua de Yumina.
Sin embargo, la lealtad de Arequipa al régimen no estuvo condicionada por la puesta en marcha de las obras públicas, sino por la orientación ideológica de la convención nacional.
Cuando la constitución fue promulgada, inmediatamente estalló una sublevación en el departamento por considerar los conservadores que Castilla los había traicionado al permitir que se atacara los privilegios de la Iglesia.
La nueva guerra civil se inició con el pronunciamiento del general Vivanco el 31 de octubre de 1856, que también fue apoyado en Moquegua.
Se prolongó hasta el 7 de marzo de 1858 cuando Arequipa fue sangrientamente ocupada por las fuerzas del gobierno.
Vivanco huyó y se exilió en Chile, sirviendo este nuevo fracaso para concluir definitivamente el pulso mantenido con Castilla por el poder desde la década de 1840.
La guerra civil de 1856-58 debe considerarse, así, como la continuación y definición del conflicto iniciado en 1854 ya que supuso el fin del regeneracionismo vivanquista, la ruptura definitiva de Castilla con los liberales y su alianza con «los sagrados» y los sectores católicos ultramontanos. |
La Junta de Historia y Numismática Americana es en la Argentina la institución sabia por excelencia.
Reúne en su seno hombres destacados del país [...]
Esta selección de valores intelectuales que la componen es la característica que la distingue [...]
Ella es para sus miembros, un hogar espiritual y blasón de su vida de estudiosos [...]
(Enrique de Gandía: La Junta de Historia y Numismática Americana.
Los orígenes de la historiografía erudita argentina se ubican hacia mediados del siglo XIX, en torno a la aparición de la primera versión de la Historia de Belgrano (1857) de Bartolomé Mitre.
1 Los debates entre este político historiador y Vicente F. López, autor de una Historia de la República Argentina en diez tomos (1883-1893), alimentaron una discusión sobre los modos y métodos para abordar el pasado y contribuyeron a otorgarle densidad teórica a la incipiente práctica historiográfica.
La versión erudita de la historia sostenida por Mitre obtuvo realidad institucional con la Junta de Historia y Numismática Americana (JHNA), cuya fecha de fundación en 1893 señala un hito en el proceso de nacimiento y consolidación de la historiografía liberal académica argentina.
Transformada en Academia Nacional de la Historia (ANH) en 1938, dicha institución fue reflejo del afianzamiento de la Historia como disciplina y del paso de la erudición a la ciencia -en sintonía con el proceso de configuración del historiador profesional durante las primeras décadas del siglo XX-, y obtuvo del Estado apoyo y recursos para elaborar un relato hegemónico del pasado, heredero de la historiografía liberal, que se plasmó en la publicación de la Historia de la Nación Argentina (1936-1950).
En tanto la corporación iba alcanzando estructura y rasgos más definidos, la posibilidad de integrarla se volvió condición y, a la vez, fuente de prestigio.
Por un lado, ser admitido implicaba un reconocimiento a la tra-yectoria previa, y era resultado de los vínculos forjados con quienes a partir de entonces se volverían pares.
Pero, por otro lado, significaba un plus de autoridad, y la legitimación en tanto que historiador, en una época en la que aún no existían títulos habilitantes para la práctica historiográfica.
De ella formó parte la mayoría de los principales referentes de la historiografía nacional de esos años, aun cuando el accionar desplegado desde el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires (1921),2 le sirviera de contrapunto.
Desde ambas instituciones, como así también, desde el ámbito de la docencia universitaria, un núcleo de profesionales de la Historia -que se consideró heredero de Mitre-fue el responsable de llevar adelante la renovación historiográfica que dio forma a la Nueva Escuela Histórica (NEH) a partir de la segunda década del siglo XX.
3 Al contemplarse desde los primeros tiempos una doble categoría para los miembros de la Junta -de número y correspondientes-, una pléyade de historiadores provenientes de las provincias argentinas pudo compartir el honor de formar parte de ese círculo de sociabilidad intelectual de elite.
A partir de un enfoque regional, este artículo indaga la trayectoria y la labor historiográfica, en tanto que miembros de la institución, de aquellos intelectuales e historiadores originarios de la provincia de Santa Fe que formaron parte de la JHNA.
Su pertenencia a una de las instituciones de Historia más importantes del país, los señala a priori, durante el período bajo estudio, como los principales exponentes de la historiografía académica y erudita de esa próspera provincia del litoral argentino.
4 Se procura determinar qué perfil tuvieron dichos historiadores, cuáles fueron sus temas de estudio y su desempeño en la Junta, en qué condiciones o circunstancias se incorporaron a ésta, y en qué medida significaron un aporte al avance de los estudios de historiografía provincial, en el ámbito de una institución interesada en construir y proveer una versión canónica del pasado nacional.5
La Junta de Historia y Numismática Americana Su historia se remonta a 1893, año en que bajo la figura tutelar de Mitre comenzó a reunirse un núcleo de destacados intelectuales.
Dedicada en un inicio a la numismática, en 1901 se regularizó su existencia con el nombre de JHNA.
Mitre la presidió hasta su fallecimiento (1906), siendo luego presidida por Enrique Peña, Antonio Dellepiane, Ramón Cárcano, Martiniano Leguizamón, Carlos Correa Luna y Ricardo Levene (quien gestionó su transformación en Academia).
En 1901 fue organizada con miembros de número (un máximo de cuarenta), que al incorporarse debían leer un trabajo de su autoría, y correspondientes (residentes fuera de la Capital Federal), que podían asistir a las reuniones con voz pero sin voto y eran eximidos del trabajo de incorporación.
Como fines de la institución, se fijaron: «fomentar los estudios que su nombre indica y establecer relaciones entre las personas que se ocupan de ellos dentro o fuera del país».
6 El accionar de la Junta ha sido diferenciado en dos periodos: el de predominio de la numismática y de la tradición elitista de la tertulia académica, con definición de los rasgos institucionales (1893-1918), y el de innovación y proyección institucional con predominio de los temas históricos (1919-1937).
7 Para justipreciar la importancia de la Junta, no debe olvidarse quiénes fueron sus iniciadores y el momento en el que surgió.
Mitre, su fundador, que fuera presidente de la Argentina en el «período de la organización nacional», como historiador logró articular un discurso tan exitoso sobre el origen de la nación que fue seguido por años por sucesivas generaciones de historiadores.
En cuanto al momento de la creación, en la Argentina de entresiglos (XIX-XX) se vivió un clima de preocupación por la definición de la identidad nacional, que alcanzó un punto culminante hacia el Centenario de Mayo (1910).
Estas circunstancias «marcaron muy profundamente la consustanciación de la JHNA con la historia de la nación», ya que «no se trató, únicamente, de estudiar esa historia, de investigar sobre ella, también se participó en su construcción».8
Numerarios y correspondientes santafesinos
Compartiendo un rasgo común a la mayoría de las instituciones de carácter corporativo, la JHNA procuró salvar del olvido la actuación de sus miembros.
En esta tarea, el Boletín (1924) cumplió un papel significativo y actualmente constituye un valioso material para acceder al conocimiento del funcionamiento interno de la institución a partir de 1901, cuando comenzó a dejarse registro en actas de las reuniones, ya que éstas fueron publicadas a posteriori en el Boletín.
Además, a partir de 1924 fueron publicadas las memorias anuales del presidente y la mayoría de las conferencias.
A través de estas fuentes es posible asomarse puertas adentro de la Junta para recabar interesantes datos sobre los intelectuales que pasaron por ella, los que dan indicios del proceso de consagración que se fue operando sobre sus personas, y que bien sintetizan las palabras escritas en 1935 por el secretario de la Junta, Enrique de Gandía, citadas en el epígrafe inicial.
Aquellos provincianos que la integraron, vieron por ello aumentar su reconocimiento en su propio medio, y es un lugar común, por ejemplo, que en las biografías de intelectuales santafesinos, se recalque esa membresía como si, por sí sola, constituyera garantía de sus cualidades como historiador.
En la provincia de Santa Fe, fueron seis los miembros de número, y catorce los correspondientes (dos llegaron a ser también numerarios), que entre 1893 y 1938 se incorporaron a la Junta.
A continuación se presenta, en forma de cuadro,9 el listado de los miembros originarios (por nacimiento o adopción) de Santa Fe que la integraron, y se consigna el título o tema de las conferencias que pronunciaron y de las cuales se tiene conocimiento.
DOI: 10.3989/aeamer.2013 Ahondar en las circunstancias de la incorporación y en las respectivas trayectorias, permite distinguir distintos momentos de contacto entre los contextos de producción provincial y nacional, tomando como observatorio de análisis a la JHNA.
Si se tiene en cuenta que ésta jugó su rol en la elaboración de una versión de la historia nacional, que aggiornó y proyectó la tradición liberal hasta bien entrado el siglo XX, no es irrelevante considerar qué cabida se dio a los historiadores provinciales en ese proceso y a qué mecanismos recurrieron éstos para transferir sus visiones regionales o locales del pasado a esa construcción historiográfica académica.
Los primeros años: santafesinos de relieve «nacional»
El año 1901, el de la organización institucional, figuran como miembros los rosarinos Gabriel Carrasco y Estanislao Zeballos (de número), y los santafesinos José María de Iriondo (de número) y Ramón Lassaga (correspondiente).12 En 1906, se sumó el rosarino David Peña (de número).
Para esos primeros tiempos las fuentes son más escasas, ya que no han sido publicadas en el Boletín las disertaciones, ni se conocen las circunstancias de las incorporaciones anteriores a 1901.
Tampoco es probable que al comienzo se pronunciasen conferencias de incorporación, condición que estableció el Estatuto de 1902, y que sí cumplimentó Peña.
El análisis de las actas iniciadas en 1901, no obstante, brinda interesantes detalles acerca de la actuación y los aportes de estos primeros santafesinos a una institución que se encontraba en plena etapa de organización, y permite comprobar que desempeñaron, en especial Carrasco y Peña, un rol de importancia en ese proceso.
Si se deja a un lado a Iriondo, miembro por un lapso muy breve y cuya figura intelectual e historiográfica no es comparable a la de los otros exponentes citados, 13 puede constatarse que los santafesinos que se incorporaron a la Junta durante esos primeros años eran hombres de reconocida trayectoria pública a nivel provincial y nacional, y que ocuparon un lugar de significación dentro de la vida política y del movimiento intelectual de fines del siglo XIX y principios del XX.
Todos integraban la elite dirigente de Santa Fe, si bien, en los casos de Carrasco, Zeballos, Lassaga y Peña, no se tratara de personas de recursos económicos, sino que fueron su capital intelectual y sus vinculaciones sociales, los que contribuyeron a ubicarlos entre los notables de la época.
En cuanto a su actuación e influencia como productores culturales, trascendieron -en especial, Carrasco, Zeballos y Peña-los límites de su provincia, y lograron proyección nacional, sobre todo desde su radicación en Buenos Aires.
Esta ciudad centralizaba la mayor parte de las empresas culturales, casas editoriales y publicaciones y, en ella, los intelectuales y su producción parecían adquirir visibilidad.
La residencia en Buenos Aires fue la que les permitió a Carrasco, Zeballos y Peña ingresar como miembros de número, pero también la que desdibujó sus orígenes provincianos.
Hacia 1901, Gabriel Carrasco -reconocido por sus estudios estadísticos-era director de la Oficina Demográfica Argentina y del Boletín Demográfico Argentino.
En años anteriores había desempeñado varios cargos ejecutivos y legislativos municipales y provinciales, y había sido responsable del censo santafesino de 1887 y del nacional de 1895.
Había escrito ya la mayor parte de su obra, que entre libros y artículos superaba el centenar de títulos.
En 1897 había publicado los Anales de la ciudad del Rosario de Santa Fe.
14 Como miembro de la Junta hasta su fallecimiento en 1908, se caracterizó por su acción y su compromiso con la institución.
Tuvo un alto índice de asistencia a las sesiones y a él se debe la redacción 13 Coleccionista numismático y director del museo histórico de su ciudad, Iriondo pertenecía a una familia eminente de la elite santafesina.
Aunque su nombre fue incluido en la lista de miembros elaborada a fines de 1901, no aparece en la nómina de junio de 1903, debido del proyecto para el primer estatuto, aprobado en 1902.
15 Además, se distinguió como conferencista asiduo, sobre temas de demografía histórica y estadística, aplicadas a la realidad argentina, deteniéndose en una única oportunidad en este tipo de análisis con respecto a su ciudad natal, Rosario.
Estanislao Zeballos era, para principios del siglo, una figura destacada de la política argentina.
Su radicación en la capital del país databa de sus años estudiantiles, aunque de una visita a su provincia natal surgieron las impresiones que plasmó en 1883 en La rejión del trigo (sic), relato histórico-literario en el que presentaba una semblanza de la historia de la inmigración y colonización agrícola santafesina.
Diputado, convencional constituyente, y ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia e Instrucción Pública, de este cargo se valió para conseguirle por parte del gobierno algunos beneficios a la Junta.
16 Vinculado desde joven al periodismo, ofreció a sus compañeros de la Junta su afamada Revista de Derecho, Historia y Letras (1898-1923), la que acogió la colaboración de la mayor parte de los miembros.
Ésta se constituyó así en un ámbito de interacción historiográfica informal entre quienes compartían relaciones formales e institucionalizadas al interior de la Junta.
17 Polifacético y erudito, Zeballos fue autor de cientos de artículos sobre gran variedad de temas.
18 Aunque poco asiduo a las reuniones, aprovechó sus apariciones por la Junta para ilustrar sobre libros raros y documentos poco conocidos, y en su única exposición registrada explicó el sistema histórico que adoptaría en su Historia General del Río de la Plata, que no llegó a concretar.
19 La permanencia de Zeballos en la Junta, pese a sus largas ausencias, y como contrapartida la rápida prescindencia de Iriondo, evidencian bien el comportamiento ambivalente de la institución, que optaba por disculpar a quienes le aportaban un significativo capital simbólico, y reflejan su doble carácter -explicado antes-de dadora y demandante de prestigio.
Como señaló Leguizamón como presidente de la Junta en 1923, Zeballos «no era de los concurrentes más asiduos, pero su pensamiento estuvo siempre al lado de nosotros, con el aplauso generoso y estimulador para todas las iniciativas de la institución, desde las columnas de su revista.»
18 Zeballos responde al modelo del «historiador erudito», sabio y crítico, que con su revista cumple un rol similar al que desempeñó Gabriel Monod en Francia con la publicación de necrologías de historiadores en la Revue Historique, ya que también él publica biografías y necrologías de intelectuales (varios, pertenecientes a la Junta).
Dumoulin, 2003, 150- Autor dramático, egresado y profesor de la Universidad de Buenos Aires, David Peña vio envuelta su incorporación (1906) en una polémica, debido al libro que había publicado poco antes sobre Facundo Quiroga.
20 Realizando una operación de revisión histórica que, sin embargo, no lo llevaba a enfrentarse con la tradición liberal (en una línea en la que ya habían incursionado autores como Adolfo Saldías y Ernesto Quesada), Peña se animaba a contradecir la tesis de Domingo F. Sarmiento y hacía la defensa del caudillo riojano.
21 Su obra confrontaba con las interpretaciones dominantes sobre el caudillismo y ubicaba a Quiroga en la senda del sistema constitucional argentino.
22 A pesar de la oposición despertada, 23 la postura de Peña contribuyó a darle notoriedad, y el año 1906 debe ser considerado clave para su proyección como historiador.
La revista de Zeballos publicó un avance de su libro y unas elogiosas apuntaciones biográficas, en las que se reconocía a Peña el mérito de romper «el silencio y la inacción» en la historia nacional, que se mantenía «paralizada» en las obras de Mitre y López.
24 La incorporación de Peña indica que la Junta no era del todo ajena a la renovación que -impulsada sobre todo desde las provincias-se estaba gestando desde fines del siglo XIX, orientada a revisar la visión hegemónica sobre la época de las guerras civiles y los caudillos.
Unos años antes que Peña había ingresado a la Junta, como correspondiente por Santa Fe, Ramón Lassaga, un precursor de esa línea reivindicatoria a través de su Historia de López (1881).
25 Es decir que la Junta, si bien tributaria de la tradición liberal, acogió desde sus orígenes a historiadores que en mayor o menor medida la cuestionaron, aún sin posicionarse en oposición a ella.
21 Nora Pagano incluye a Peña entre los posibles «revisionistas» anteriores al revisionismo histórico argentino, quienes plantearon la mayoría de los tópicos desarrollados luego por éste, pero sin romper con la tradición liberal.
Variables como los espacios de formación, y los vínculos que mantuviera Peña con liberales pero opositores al centralismo porteño, como Juan B. Alberdi, pueden conjeturarse como posibles explicaciones a esa forma de hacer historia.
En la reciente obra de Devoto y Pagano se denomina género reivindicatorio al utilizado por algunos escritores de fines del siglo XIX -comprendido Lassaga-, quienes elaboraron «alegatos "documentados" que con distintas modulaciones tendían a difundir o restituir la memoria de episodios o personajes injustamente invocados o ignorados en las narraciones disponibles».
David Peña procuró, como secretario de la Comisión Nacional del Centenario, que el gobierno diera participación y recursos a la Junta.
Puso a su revista Atlántida a disposición de sus colegas, lo mismo que al local del Ateneo Nacional (1913), para que pudieran dar allí confe rencias públicas.
Además, propuso ya en 1917 -como un antecedente de las Juntas Filiales-que se formaran centros de estudios en las provincias.
26 Por los temas de sus disertaciones y por las acciones que promovieron,27 no puede decirse que estos tres intelectuales significaran una presencia «santafesina» en la Junta, o que hayan actuado como «cuerpo» por su origen común.
Los vínculos privados entre ellos venían de lejos, y habían coincidido en Santa Fe en publicaciones periódicas y comisiones culturales.
Pero también habían cultivado afinidades con otros intelectuales del país, y de Buenos Aires en particular, necesarias para su admisión en una institución cerrada y elitista como lo era la Junta.
De modo que al momento de actuar en ésta, habían adquirido una figura «nacional», y parecían haberse alejado de los tópicos santafesinos.
Distinto es el caso de Ramón Lassaga, que como correspondiente detentaba, él sí, una membresía genuinamente provinciana.
A principios del siglo XX, era reconocido como la figura máxima de la historiografía santafesina, y el hecho de que fueran muy pocos los correspondientes en el interior (sólo 5 en 1901) es un indicador de que su obra no había pasado desapercibida para los principales historiadores del país.
El perfil de estos primeros santafesinos que ingresaron a la JHNA, en una etapa previa a la de profesionalización, fue el del productor cultural que conjugaba sus intereses intelectuales con su actuación pública y el ejercicio de la abogacía.
Las motivaciones del presente no se habían desprendido de su práctica historiográfica, y no demostraron ser sistemáticos en sus investigaciones.
Sus obras de carácter histórico, que aparecen combinadas con otros géneros literarios, son reflejos de una etapa en la que aún la Historia no se había configurado como campo autónomo.
Puede sostenerse empero que, más allá de sus múltiples ocupaciones, su pertenencia a la JHNA ayudó a configurar la imagen de «historiadores» que les ha adjudicado la historiografía posterior, que los ha consagrado como los principales referentes de la disciplina en la Santa Fe de entresiglos.
Los nombramientos de 1915 y la apertura hacia el interior
Si bien, para el caso de Santa Fe, la membresía de Ramón Lassaga significó la proyección de la JHNA en la provincia y la prueba de que ésta había sido concebida como una institución «nacional», ese cometido se cumplió en muy pequeña medida en los primeros años.
Hasta 1914, ha bían sido incorporados tan sólo siete correspondientes de todo el país a la Junta.
Fue a Martiniano Leguizamón, a quien se debió en 1915 la iniciativa de impulsar el nombramiento de correspondientes.
Al presentar su proyecto, Leguizamón realizó una revalorización de los historiadores provinciales, interesante por la época temprana en que lo hizo.
Se refirió al aislamiento y escasez de recursos con los que trabajaban, rescató su aporte al revisar los archivos provinciales, aludió al móvil reivindicatorio que solía guiar su labor, y los defendió de los juicios peyorativos que se vertían sobre ellos desde la capital del país y que minimizaban sus aportes debido al alcance local de sus estudios.
28 La incorporación fue presentada como un estímulo, y como una manera de difundir investigaciones que de lo contrario quedaban «inéditas o extraviadas en publicaciones exóticas y de escasa circulación».
29 La lista presentada por Leguizamón incluía a siete historiadores, acompañados de su respectiva bibliografía.
Entre ellos figuraba Juan Álvarez, entrerriano radicado desde niño en Rosario.
El proyecto fue bien recibido y aprobado, de modo que el número de correspondientes aumentó repentinamente en 1915, agregándose algunos más al año siguiente.
Dentro de esta ola de incorporaciones, fueron nombrados correspondientes, entre 1915 y 1916, Bernardo Frías (por Salta), y Martín Ruiz Moreno y Benigno Tejeiro Martínez (por Entre Ríos), exponentes los tres de la línea reivindicatoria de caudillos locales mencionada antes, por lo que sus obras pueden considerarse en sintonía con las de Lassaga y Peña.
30 En cuanto a Álvarez, era autor de varios libros.
Orígenes de la música argentina y Estudio sobre las guerras civiles argentinas fueron los mencionados por Leguizamón.
Llamativamente, éste omitió mencionar el libro que lo revelaba como un historiador regional: el Ensayo sobre la historia de Santa Fe (1910).
¿La explicación de ello?: si se atiende al juicio de algunos analistas, su Ensayo tuvo poca repercusión en su momento por sus características precursoras, y fue valorado sólo años después.
31 Álvarez compartía, con los intelectuales rosarinos que se habían incorporado a la Junta en los primeros años, algunos rasgos que iban más allá de la profesión jurídica en común, ya que su producción era conocida y estimada en Buenos Aires y superaba los límites de la crónica regional.
Se distanciaba de ellos, empero, por su concepción de la Historia, en la que adjudicaba un rol fundamental al factor económico (Álvarez ha sido considerado el fundador de la historia económica argentina).
En el Ensayo, por ejemplo, consideraba que el autonomismo defendido por Estanislao López era consecuencia de la necesidad, ya que sólo en el aislamiento Santa Fe podía reorganizar su economía vapuleada por las guerras civiles; 32 una interpretación muy distinta a la de Ramón Lassaga, quien había realizado una lectura épica a partir de la figura de un «gran hombre».
33 Por esas características innovadoras, Álvarez se constituyó en un referente para ciertos sectores intelectuales de entonces y de generaciones posteriores.
También puede llamar la atención que Leguizamón no incluyera en el listado a Manuel Cervera, autor de la primera historia integral santafesina: Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe (1907), pero esto puede explicarse por la menor proyección de su obra en los círculos porteños.
Al año siguiente de la incorporación de Álvarez era designado otro rosarino, pero como numerario.
Destacado jurista y profesor universitario, Rodolfo Rivarola se encontraba entre los intelectuales argentinos más reconocidos de entresiglos.
Fue el fundador de la Revista de la Universidad de Buenos Aires, de la Revista Argentina de Ciencias Polí ticas, y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
Entre sus libros de carácter histórico se encontraban: Partidos políticos, Unitario y Federal, Ensayo de Política (1905) y Del régimen federativo al unitario (1908), que lo mostraban partidario del unitarismo, un posicionamiento que podría parecer extraño para un historiador proveniente del Litoral, pero que puede 31 Como señala Oscar Videla, Álvarez basaba la explicación de la historia en factores generales -en particular, económicos-, que relegaban a segundo plano a los individuos y rompían con la imagen del «grande hombre».
Para Enrique Barba, el Ensayo parecía un «libro insólito» en el momento de su aparición, caracterizado por el culto del héroe y por un elevado sentimiento de orgullo nacional.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.08 explicarse tanto por su prolongada permanencia -desde los años estudiantiles-en Buenos Aires, como por la crisis que sufría por entonces el sistema federal.
34 Sus conferencias en la Junta poco tendrían que ver con la historia de su provincia, una temática alejada de aquellas que concitaban su interés, centradas en las relaciones entre historia, filosofía y ciencia política.
Tanto las obras de Álvarez como las de Rivarola eran reflejo de un clima de época de entresiglos signado por el positivismo, o por lo que Oscar Terán ha denominado «cultura científica».
35 La actuación en ámbitos universitarios, la apertura hacia nuevos enfoques -que en el caso de Álvarez se orientarían, sobre todo, a la consideración del factor económico y, en el de Rivarola, estrecharían los nexos con la filosofía y la ciencia política-y la búsqueda de explicaciones generales, fueron algunos de los rasgos que caracterizaron una nueva actitud, de base científica, para el abordaje del pasado.
36 Ejemplifica esa actitud una conferencia de Rivarola en la que, influenciado por el positivismo espiritualista de Alfred Fouillée, pretendía probar la existencia de ciclos de ideas-fuerzas en la historia argentina.
37 En cuanto a la incidencia en el campo de la historia provincial, si bien las circunstancias en las que se produjo el nombramiento de Álvarez obedecieron a un impulso de apertura de la Junta hacia el interior, éste no se consolidó por entonces en una experiencia más sostenida de vinculación con los ámbitos provincianos de producción historiográfica, ni la membresía de Álvarez y Rivarola pareció aportar por esos años nuevos contenidos, de alcance regional, a las temáticas puestas a consideración en la Junta.
El reconocimiento a la historiografía santafesina
En 1925 se produjo una nueva oleada de incorporaciones de historiadores provinciales.
A la sazón, era presidente de la Junta Martiniano Leguizamón, que de nuevo propició el nombramiento de correspondientes.
35 Para Terán, la expresión «cultura científica» designa al conjunto de intervenciones teóricas que reconocen el prestigio de la ciencia como dadora de legitimidad de sus propias argumentaciones.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.08 Por Santa Fe fueron incorporados ese año dos historiadores que, aunque nacidos fuera de los límites provinciales, fueron santafesinos por adopción: Manuel Cervera y Félix Barreto.
Este último, periodista e historiador, autodidacta, era director de la biblioteca de la Casa de Gobierno y organizó el Archivo histórico de la provincia.
La temática santafesina predominaba en su producción, como es fácil suponer en alguien que pasaba sus días en los archivos provinciales.
Luego de Iriondo, era el primer santafesino que ingresaba a la Junta sin ser abogado.
Manuel Cervera, en tanto, era la principal figura de la historiografía provincial.
Su Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe superaba con creces, por su amplitud cronológica y temática, cuanto se hubiese escrito sobre historia santafesina.
Estos dos nombramientos tenían el valor de incorporar a la Junta a historiadores cuya obra se concentraba en el estudio del pasado de Santa Fe y cuyo desempeño público era santafesino.
Significaban la continuación, en este sentido, de Ramón Lassaga -ya fallecido-, y su designación implicaba un reconocimiento externo a una producción que hasta entonces había sido sobre todo leída y valorada dentro de los límites provinciales.
Ese reconocimiento encontraba su parangón, también en 1925, en el juicio de un analista ajeno a la Junta pero integrante del Instituto de Investigaciones Históricas y representante de la NEH.
Rómulo Carbia, en su Historia de la historiografía argentina, aún cuando incluía a la obra de Cervera en el género menor de la crónica regional, la distinguía como caso de excepción, por su copiosa documentación, su erudición y su atención a diversos aspectos que la hacían iniciadora en el país de la «historia integral».
38 De ninguno de estos dos historiadores se conocen conferencias pronunciadas en la Junta, lo que nos priva de saber qué temas hubiesen elegido para dar a conocer en el ámbito de esta institución «nacional».
Fue gracias a algunos historiadores de otras provincias, incorporados por la misma época, que los tópicos provincianos -hasta entonces esporádicos-cobraron mayor cuerpo en el recinto de la Junta.
Los santafesinos se mantuvieron en sus disertaciones, por el momento, ajenos a ese movimiento que buscaba ubicar en el eje del análisis a temáticas de carácter local.
39 La única exposición brindada por esos años por uno de los correspondientes por Santa Fe, Juan Álvarez, se ocupó de «El factor individual en la historia» (1928), y si bien su autor apelaba a ejemplos extraídos de documentos provinciales, intentaba ensayar una interpretación más general sobre el acontecimiento histórico.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.08 La Junta Filial de Rosario y el giro hacia la historia local La proyección de la Junta hacia el interior adquirió mayor realidad a partir de 1926, al tomarse la decisión de instalar Juntas Filiales.
No es casual que las filiales se instalaran en esas ciudades.
Córdoba poseía, de lejos, la mayor cantidad de correspondientes.
41 Rosario había provisto a la Junta varios miembros de número, y contaba con un reconocido correspondiente, Juan Álvarez, que sería el primer presidente de la Junta local.
El objetivo de estas creaciones era el de «fomentar los estudios históricos y propender al intercambio de ideas y elementos para la investigación».
42 El 17 de agosto de 1929, la Junta aprobó la instalación de la filial Rosario bajo la presidencia de Álvarez, y nombró como secretario a Nicolás Amuchástegui.
El 28 de septiembre se completó el plantel, con Antonio Cafferata, Julio Marc, Calixto Lassaga y Francisco Santillán.
43 Días más tarde tuvo lugar el acto de asunción de los cargos, presidido por Levene.
Los discursos pronunciados dieron cuenta de la tensión existente en el imaginario de la sociedad, entre el «ser» de una ciudad volcada a los negocios, y un «deber ser» que reclamaba mayor atención para el intelecto.
Según Amuchástegui, la instalación de la Filial demostraba que dicha tensión estaba en vías de solución y que Rosario, además de ser un emporio mercantil, podía ser un centro de irradiación cultural.
Levene también hizo referencia al carácter bifronte de Rosario: «gran ciudad, vibrante por su capacidad para la acción y por su poder intelectual».
44 Juan Álvarez, a su turno, se hizo portavoz de un discurso localista que resaltaba los aportes de Rosario a la nación, e instó a los historiadores lugareños a complementar o brindar visiones alternativas a las versiones de la historia en circulación.
Con cierto decadentismo, exaltaba el rol jugado por Rosario en el pasado:
Hace falta que el Rosario recuerde su pasado; que recordándolo, suministre nuevos puntos de vista al estudio de la Historia Argentina; y que advirtiendo el rol que desempeñó antes, comprenda bien cuál es el que debe desempeñar en el futuro.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.08 lograrlo, se funda hoy aquí una institución cuyo único objeto es revelar lo que fue el pasado y hacerlo valer ante los ojos del presente.
Ha correspondido a la JHNA prestar al Rosario el valiosísimo servicio de ayudarla a reconstruir ante la República entera su conciencia de gran ciudad y de importantísimo elemento para el equilibrio interno nacional [...].
45 Con estas palabras, Álvarez marcaba un rumbo y definía el estilo de los estudios que se llevarían adelante en la Filial.
La preocupación por lo local sería su sello distintivo, junto con el esfuerzo por subrayar el concurso prestado a la nación por la urbe y su región -utilizando para ello, cabe aclarar, la tribuna local de una prestigiosa institución de alcance nacional-.
Paralelamente a la creación de la Filial Rosario, fue incorporado en 1929 a la JHNA, como correspondiente por Santa Fe, José Luis Busaniche, abogado y autor de Estanislao López y el federalismo del Litoral.
En los años siguientes, continuaron los nombramientos para completar la integración de la Filial Rosario.
En 1932 fue designado el anciano militar Federico Zeballos, hermano de Estanislao, por entonces ya fallecido.
En 1936, fueron incorporados Juan Jorge Gschwind (en reemplazo de Antonio Cafferata, fallecido en 1932) y Faustino Infante.
Entre los nombrados en Rosario había hombres con fuertes vinculaciones políticas y sociales, como Marc, Zeballos o Cafferata, y otros de orígenes más modestos, en quienes la actividad intelectual había servido como instrumento de promoción social, como Santillán o Gschwind.
Todos los nombrados eran abogados, a excepción del pedagogo Santillán, del publicista Gschwind y de F. Zeballos, y la mayoría había ocupado y ocuparía cargos públicos municipales y provinciales.
Compartían el interés por el pasado local, y varios habían integrado en 1925 la Junta Ejecutiva Pro Festejos del Segundo Centenario de la Fundación del Rosario.
Además, algunos intervinieron en la concreción de instituciones orientadas a resguardar la cultura y memoria rosarinas, como la Comisión Municipal de Bellas Artes, y de museos que eran llevados adelante con recursos privados, expresión de una burguesía rosarina que buscaba legitimar su preeminencia como clase, y librar a Rosario de la imagen de «ciudad fenicia».
46 El interés por dar vida a este tipo de instituciones era alto para los miembros de la Filial Rosario, si se tiene en cuenta que, entre sus primeras iniciativas, consideraron la organización de un Archivo Histórico en Rosario y de un Museo Sanmartiniano en San Lorenzo.
47 Estos dos proyectos tendían a insertar a Rosario y su área de influencia en el circuito de la cultura nacional y a historizar su evolución temporal, al dotarla de instituciones que contribuirían a resaltar su protagonismo en el proceso histórico argentino.
El ejemplo del proyectado Museo -que no se concretó por entonces-es ilustrativo, ya que buscaba capitalizar para la región -que portaba el estigma de carecer de pasado-el título de haber sido escenario de la victoriosa, primera y única batalla del general San Martín en suelo patrio.
Esa operación se reflejó también en los temas elegidos para las conferencias, que ahondaron en aquellos contados episodios en los que la tradición historiográfica argentina había rescatado el nombre de Rosario.
En un ciclo de conferencias realizado en la Filial entre 1930 y 1931, C. Lassaga se refirió a la mayor gloria de la historia rosarina, centrándose en determinar el sitio en el que había sido izada por primera vez por Manuel Belgrano la bandera nacional.
Santillán, por su parte, abordó el mentado suceso del incendio de Rosario por parte del general Balcarce, planteando dudas sobre su veracidad.
48 A juzgar por la interpretación esbozada por los historiadores rosarinos, la localización espacial contribuía a atribuirle significación al hecho, como si un determinismo geográfico señalara a Rosario como campo propicio para sucesos memorables.
En este sentido, C. Lassaga aludía a los «grandes y trascendentales acontecimientos ocurridos dentro de una pequeña zona de territorio argentino, bordeada por el caudaloso Paraná, en la cual está el Rosario».
La conferencia de Lassaga, además, presentaba una arista pragmática: obtener el concurso de la JHNA a fin de erigir un monumento que convirtiera el sitio del izamiento en un lugar de memoria.
49 Dentro de este marco general de análisis, algunos miembros optaron por rescatar del olvido a personajes y sucesos menos conocidos del pasado local, esforzándose por mostrar la pertinencia de su inclusión en las grandes páginas de la historia nacional.
Esta postura historiográfica tendía a colocar en un mismo plano a los hechos del pasado local que ella sacaba a la luz, con aquellos destacados por la historia argentina, reduciendo las diferencias a una mera cuestión de casualidad o fortuna dentro del trabajo heurístico del historiador de antaño, de modo que había «héroes» que, aunque merecían «una página del libro donde se recuerda a los que fueron, en su hora, abnegados servidores de la patria», permanecían ignotos, tan sólo 47 BJHNA, VI, 3.
BLASONES INTELECTUALES, LECTURAS REGIONALES, DERIVAS NACIONALES porque les «faltó la mano del cronista amigo que sacudiera el polvo de los legajos».
50 Un tercer núcleo temático retomaba aquellas cuestiones vinculadas a la etapa de los caudillos y de las guerras civiles, orientadas a poner de relieve la política autonómica santafesina, que enlazaban con los estudios precursores del siglo XIX, y que ahora se producían en el marco de un clima que recogía los aportes de la NEH -en particular, los de Emilio Ravignani sobre el caudillismo y el federalismo-51 y que anunciaba el revisionismo histórico de los años treinta, es decir, un escenario más proclive que aquellos tan marcados por la historiografía liberal.
José Luis Busaniche fue el primer santafesino que llevó estos temas a la JHNA, al referirse en su conferencia de incorporación a la política interprovincial entre 1829 y 1831.
Poco después, con motivo del Centenario de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, leyó dos nuevos trabajos, en la Filial Rosario.
Para Busaniche, la «región del Litoral» había sido «escenario de las grandes soluciones nacionales en la historia política de la República» y, el período de 1814 a 1820, «uno de los más movidos y fecundos de nuestra historia».
Su relato asumía la forma de un alegato, que procuraba librar a Artigas de la imagen adversa que le había atribuido la historiografía, y demostrar que el caudillo oriental estaba en el origen del sistema federal argentino que se impuso en la Constitución de 1853.
52 En cuanto a filiaciones historiográficas, se advierte en estos autores una constante alusión a Mitre, a veces como apoyatura y, otras, para indicar silencios o errores que debían subsanar.
53 Pero también hay referencias a autores provinciales, como Carrasco, Zeballos, Cervera y Álvarez.
Para legitimar su posición, Busaniche recurrió a la autoridad de Ravignani, 54 por una sintonía de ideas que no hallaba en otros referentes de la NEH.
55 La Filial Rosario desplegó durante la década del'30 una serie de actividades orientadas a impulsar en la ciudad el estudio y difusión de temas históricos, y dio apoyo institucional a diversas conmemoraciones rosarinas.
51 Ravignani encontró compatibles las ideas de autonomía provincial y unidad nacional de los caudillos, y los ubicó en la génesis del sistema constitucional.
55 Si el constitucionalismo de Ravignani se centraba en la configuración del Estado federal, la línea de Levene ponía, como Mitre, el acento en Mayo.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.08 El objetivo de incrementar los nexos con los ámbitos provinciales de producción historiográfica se puso de manifiesto en el respaldo que la JHNA le otorgó al Congreso de Historia de Cuyo (1937), del cual Levene tomó la idea de realizar los Congresos de Historia regional y nacional.
Al año siguiente, fue la Junta de Santa Fe la que organizó un evento con motivo del centenario de la muerte de Estanislao López.
Si los actos organizados en 1886 al cumplirse el centenario del nacimiento del caudillo -en los que habían intervenido R. Lassaga y D. Peña-no despertaron eco en las autoridades nacionales ni en figuras destacadas de la intelectualidad argentina, las Jornadas de Estudios Históricos de 1938 recibieron delegaciones de gobiernos provinciales, universidades e instituciones de diversos puntos del país y gozaron de la presencia prestigiadora del vicepresidente de la Nación y del presidente de la -ya para entonces-Academia.
60 Esa diferencia, por un lado, daba la medida de lo que se había avanzado, durante ese medio siglo, en cuanto a institucionalización de la disciplina histórica a nivel nacional y provincial, y en lo relativo a la constitución de vínculos y redes entre quienes la cultivaban en diversos puntos del país.
Por otro lado, era reflejo de un clima de ideas, que alentaba la realización de nuevas lecturas sobre la época de las guerras civiles y sobre las relaciones entre la nación y las provincias.
En el homenaje de «justicia histórica» rendido a López en 1938, Levene remarcó la significación de Santa Fe como propagadora de la Revolución de Mayo y destacó el rol de López en la firma de los pactos que sirvieron de base para la organización constitucional.
61 En el discurso del presidente de una de las principales instituciones dedicadas a la Historia, los santafesinos podían encontrar el reconocimiento que desde fines del siglo XIX venían reclamando al aporte realizado por su provincia a la construcción de la nacionalidad argentina.
Durante las cuatro décadas comprendidas entre la creación de la JHNA y su reconversión en Academia, la escritura de la historia en la 60 Micheletti, 2007, y Tedeschi, 2004.
61 «Jornadas Históricas en homenaje al brigadier Estanislao López.
El avance de la profesionalización, acompañada de un proceso de institucionalización del saber histórico, así como el surgimiento de nuevos clivajes político-ideológicos desde los cuales buscar comprender el pasado, posibilitaron la aparición de diversos ámbitos de discusión historiográfica.
De entre ellos, la Junta continuó representando la vertiente más liberal y conservadora, que desde 1938 estaría bajo la tutela del Estado.
Pero aún así, dio acuse de esas transformaciones, que en lo que hace al tema de este trabajo se evidenciaron en una más detenida atención a los historiadores y espacios de producción provinciales, así como a sus argumentos o claves interpretativas del pasado.
Si los primeros santafesinos de la Junta llegaron a ella casi a costa de desprenderse de su atuendo provinciano y gracias a interactuar en círculos porteños, y poco introdujeron los temas de su provincia, las generaciones sucesivas lograron inyectar en la corporación tópicos y miradas santafesinas de la historia nacional, auxiliados por un marco institucional que fomentó su agrupamiento y que dio cabida -en su sala de conferencias y en su Boletín-a esas lecturas regionales.
Para 1938, poco quedaba del «aislamiento» al que se había referido en 1915 Leguizamón para caracterizar el modo de hacer historia en las provincias, y a esta conclusión abona una interesante literatura desarrollada en años recientes en torno a las historiografías provinciales, develando prácticas y condiciones de producción.
62 En lo que respecta a Santa Fe -la provincia que tuvo la mayor cantidad de miembros correspondientes-, 63 desde la Filial Rosario y desde la Junta de Estudios Históricos, sus miembros desplegaban por entonces una mancomunada, entusiasta y sostenida labor de rescate y difusión del pasado local y regional.
62 Se posee el objetivo de avanzar hacia un análisis comparativo de los miembros de la Junta provenientes de distintas provincias, a fin de determinar peculiaridades y afinidades.
Por el momento, se dispone de estudios limitados a diversos espacios provinciales que pueden ser puestos en relación.
Entre otros, para el caso del Nordeste, son muy sugestivos los trabajos de María Silvia Leoni y María Gabriela Quiñónez, como los incluidos en: Maeder et. al, 2004; para Santa Fe, la reciente compilación de Suárez y Tedeschi, 2009; para Córdoba, Moreyra, 2002; para Salta, Quiñónez, 2003. |
El análisis de las relaciones entre la república Argentina y el imperio de Brasil durante la guerra del Paraguay ha sido bien estudiado.
No obstante, creemos, el rol que esas relaciones jugaron en el devenir de la política de la provincia de Corrientes durante aquel período de tiempo adolece de estudios que las esclarezcan.
Aún más si lo que se pretende es analizar las influencias que ejerció en aquel lugar la presencia de los distintos ejércitos de cada país aliado, argentinos y brasileños esencialmente.
De ahí la decisión de abordar el estudio de los efectos que tuvo la instalación de las tropas brasileñas en la provincia de Corrientes y, especialmente, en su ciudad capital.
Para ello debe tenerse en cuenta que deben diferenciarse dos fases durante el conflicto, toda vez que al principio del mismo la coincidencia entre los intereses de los países aliados parecía clara, pero no así durante una segunda etapa en la que se manifestaron discordancias entre ellos.
Así, concluida la guerra, las relaciones entre esos estados se deterioraron enormemente, hasta tal punto que no hubiera resultado extraño el inicio de hostilidades entre los vencedores.
En ese marco de guerra, extendido desde los momentos previos al inicio de la contienda y hasta el término de la misma, es donde las circunstancias políticas de la provincia de Corrientes adquirieron dimensiones importantes, tanto para los intereses del gobierno de Buenos Aires como para el de Río de Janeiro.
Corrientes, en pleno centro del teatro de conflicto, se convirtió en objeto de debates y de opiniones encontradas, entre aquellas que postulaban intereses brasileños y las que defendían posiciones argentinas.
De todas ellas se ocupó puntualmente la prensa correntina, demostrando a un mismo tiempo la gravedad de la crisis y la repercusión que podían tener las decisiones que se tomaran para la sociedad y la política de la provincia.
Aquel debate marcó la opinión pública de Corrientes durante todo el conflicto.
Pero no sólo eso, sino que también, en sentido opuesto, los sucesos relevantes que acontecían en la provincia, al estar en pleno frente de batalla, afectaban directa o indirectamente en la política argentina, toda vez que podían condicionar el transcurso de la guerra.
Sin duda, es en ese contexto en el que se entiende que pudieran confundirse los intereses provinciales con los nacionales y regionales, defendidos unos y otros por importantes actores que, además, fueron cambiando en la medida en que lo fue haciendo la propia guerra.
La formación de los nuevos países que surgieron tras las guerras de Independencia en el territorio del antiguo virreinato español del Río de la Plata fue un proceso evolutivo, sujeto a fuertes conflictos y que duraría décadas.
En este sentido, la fragmentación del virreinato después de 1810 generó espacios políticos y administrativos autónomos, que sólo más tarde se convertirían en soberanos.
Fue así como se constituyeron, por ejemplo y para el caso que nos ocupa, los estados de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Durante todo el siglo XIX se mantuvo entre ellos una demarcación limítrofe confusa y controvertida, que se complicó aún más con la política exterior adoptada por Brasil en aquellos años.
1 Y lo cierto es que la propia guerra de la Triple Alianza sirvió para precisar mucho mejor el mapa político de los actuales estados de la cuenca del Plata, fijando gran parte de sus fronteras territoriales.
2 Precisamente, entre otras muchas razones de carácter político y económico, Argentina, Brasil y Uruguay constituyeron una alianza en 1864 para poder doblegar las pretensiones territoriales y de demarcación fronteriza que el presidente paraguayo Francisco Solano López había puesto sobre la mesa aprovechando que aún estaban pendientes de solución.
De hecho, las desavenencias de López con el presidente Mitre y con el Emperador del Brasil habían ido en aumento, puesto que los intereses económicos paraguayos estaban fuertemente amenazados debido al encierro territorial que padecía, sin salida al océano, y que condicionaba las posibilidades de su comercio exterior.
No obstante, y a pesar de esas desavenencias, conflictos fronterizos e intereses económicos encontrados, la firma del tratado de la Triple Alianza fue muy cuestionada en Argentina, desde el comienzo, por distintos sectores políticos.
Un cuestionamiento que, asimismo, se prolongó durante todo el tiempo que duró la guerra.
3 El principal objeto de rechazo por los detractores del tratado era la alianza con Brasil, un país al que podía considerársele peligroso por sus evidentes diferencias con Argentina.
Entre tales diferencias destacaban los distintos tipos de gobierno que tenían uno y otro, monárquico el primero y republicano el segundo, así como los importantes litigios territoriales que tenían pendientes, sobre todo el heredado de los 1 Rosa, 1985, 12-26, 139-144.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.09 conflictos entre españoles y lusitanos durante los tiempos de la colonización y que no habían resuelto aún la línea de demarcación entre sus jurisdicciones.
4 También es cierto que no todas las reacciones en Argentina fueron de rechazo al tratado, siendo éstas diversas en el interior.
Lógicamente, estas opiniones variaban según vinieran de unas provincias u otras y de unos sectores sociales y políticos u otros.
Desde luego, por razones obvias, no nos proponemos como objetivo mostrar aquí todas las diferencias de opiniones y reacciones que suscitó el tratado.
Ni siquiera abordar todos aquellos planteamientos que se construyeron como argumentos en contra de la alianza con Brasil.
Ahora bien, para nuestro trabajo sí parece necesario conocer algunas de las opiniones que se generaron durante la guerra del Paraguay en contra de la amistad con el imperio brasileño.
Sirva como ejemplo, por su especial relevancia política e intelectual, la postura de Juan Bautista Alberdi quien, desde su residencia en Europa, mantuvo firme su oposición a la Triple Alianza.5 En diversas cartas y artículos periodísticos dejó claramente fijada su opinión de que se trataba de una unión entre enemigos, donde reinaba la desconfianza mutua y donde cada uno buscaba a través del enfrentamiento exterior, en realidad, acabar con sus propios enemigos interiores.
De esta forma, para Alberdi, el gobierno uruguayo no tenía más enemigo que el partido Blanco, Mitre a las provincias y Pedro II a los estados del Río Grande.
En el caso de Brasil, además, según el estadista y escritor no era más que otra forma del poderoso vecino imperial para dar satisfacción a sus pretensiones expansionistas y de influencia en toda la región.
6 Pero no sólo Alberdi, también contra Brasil se expresaron hombres de la política nacional argentina en otros lugares y por distintos motivos.
Entre ellos el entrerriano Ricardo López Jordán, quien en cartas a Justo José de Urquiza tras la convocatoria a la guerra contra el Paraguay no dudaba en aseverar que no era éste el enemigo a derrotar, sino los brasileños y los porteños.
7 También el general Julio Vedia, jefe de las tropas argentinas en Paraguay en 1869, se expresaba en términos similares en cartas dirigidas al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Carlos Tejedor.
En ellas decía textualmente que Brasil era odiado por todos y que su actuación no era más que «la política continuadora del Paraguay, y el Sr. Paranhos su fiel representante».
8 Sólo como último exponente del rechazo a la alianza con Brasil, y por la notabilidad de sus autores, haremos mención al intercambio epistolar que mantuvieron Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez, en cuyas interminables y polémicas discusiones se manifestó clara y constantemente lo problemático e inconveniente que resultaba la alianza con el gigante vecino.
9 Se evidencia así que importantes sectores de la sociedad argentina consideraban a los brasileños como un pueblo que podía ser tolerado como vecino, pero nunca abrazado como amigo.
10 Por tanto, en condiciones como esas se hacía difícil consolidar una sincera y permanente alianza entre la república Argentina y el imperio del Brasil.
De tal manera, es obvio que la alianza se gestó únicamente por una necesidad bélica y era previsible que una vez concluida la contienda los celos políticos e intereses encontrados situaran a los dos países en un clima de desconfianza mutua.
De hecho, así comenzó a experimentarse desde unos meses antes de finalizar la guerra, lo que generó un estado de incertidumbre acerca de lo que pudiera ocurrir después.
11 Para muchos en Argentina estaba claro que la de 1865 a 1870 no era más que una alianza efímera, y quizá contraproducente, de intereses.
Vaivenes de la política correntina
Una vez conocida la realidad descrita, la falta de comunión de muchos con la alianza argentino-brasileña, se hace necesario analizar el papel que la provincia de Corrientes desempeñaba dentro del juego de intereses.
Y es que, por una parte, cualquier suceso de importancia que pudiera acaecer en esta provincia durante la guerra, la más importante de la contienda geoestratégicamente, podía repercutir en el desarrollo del conflicto.
Por otra, el interés brasileño estaba claramente enfocado en la contienda en la ribera derecha del Paraná, sin obtener utilidad alguna de una posible desviación de la atención hacia conflictos o temas locales correntinos.
En cualquier 8 Archivo General de la Provincia de Corrientes (AGPC), Fondo Vedia Mitre, II, 175v y 200.
Al finalizar la guerra la figura más relevante de la diplomacia brasileña fue José María da Silva Paranhos, quien tuvo a su cargo las principales negociaciones en los tratados que darían formalmente fin al conflicto contra el Paraguay.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.09 caso, lógicamente, también los brasileños debían estar pendientes de la evolución política correntina, por su recién adquirida relevancia geopolítica y por tratarse de una parte del campo de batalla, al inicio, y corredor de tropas y de abastecimiento cuando los combates se trasladaron a territorio paraguayo a partir de 1866.12 Así pues, hechos como las elecciones a gobernador provincial de 1865 se tornaban como un acontecimiento fundamental para la guerra.
En ese momento, el marco político de la provincia estaba conformado por dos fuerzas bien diferenciadas: los liberales mitristas, que entonces gobernaban con Manuel Lagraña, y los federales urquicistas, que respondían a los intereses del caudillo entrerriano.
Los primeros defendían la necesidad de mantener la alianza con Brasil, como única manera, o al menos la más segura, de derrotar al presidente paraguayo.
En cambio, los segundos, desconfiaban abiertamente de Brasil.
13 Las elecciones se llevaron a cabo siguiendo la reforma constitucional que se había aprobado en 1864, una vez expirado el mandato de Manuel Ignacio Lagraña.
El Colegio Electoral convocado al efecto se reunió el día de Navidad de 1865, eligiendo gobernador al urquicista Evaristo López.
Conocidas ya las posturas políticas de unos y otros, ni que decir tiene el sentido predominante que habían tomado las opiniones con respecto a la alianza.
A ello se sumó la tragedia de la guerra, especialmente dura con la provincia correntina al ser el escenario de batallas y saqueos.
Y, como es habitual en tiempos de muerte y carestía, llegaron las epidemias, como la de cólera del verano de 1867 que el ministro de Gobierno, Wenceslao Díaz Colodrero, describió como terrible y responsable de diezmar a la pro vincia.
14 No extraña entonces que en una situación extrema como la que se estaba viviendo, a los pocos meses de la toma de posesión de López comenzaran las primeras manifestaciones de rechazo al nuevo gobierno: un incipiente movimiento de rebelión impulsado por el partido liberal para retomar el poder en la provincia que, no obstante, fue rápidamente sofocado.
A partir de ese momento los liberales pasaron a ser una minoría insignificante.
15 Lo realmente importante de todos estos hechos es que en Corrientes se iniciaba una etapa de fuerte convulsión política e inestabilidad institucional que repercutía directamente en las fuerzas de los ejércitos aliados asentados en su territorio.
Tanto es así que sediciosos locales compartían su lugar de acción con los ejércitos nacionales y con los extranjeros, como el brasileño, que se encontraban asentados en la provincia para la guerra contra Paraguay.
De hecho, la presencia militar brasileña era muy marcada, tanto por el movimiento de tropas en el puerto de la ciudad capital, como por la instalación de campamentos y hospitales.
16 La inestabilidad política e institucional del poder correntino y la presencia de un numeroso ejército brasileño en la ciudad, unido a la desconfianza que éste provocaba incluso antes de su llegada, provocó un rechazo generalizado hacia todo aquello que recordara al vecino imperial.
Un rechazo a la alianza que, como ya vimos, se había ido gestando desde antes de iniciarse la guerra, y en el que jugó un papel preponderante como creador de opinión el periódico El Independiente.
Esta publicación mantenía una clara línea editorial identificada con el paraguayismo correntino, que justificaba y enardecía con manifestaciones agresivas con Brasil.
Ese discurso anti brasileño del rotativo caló fuertemente en el sector urquicista, y se radicalizó, incluso, durante 1865, antes y durante la ocupación paraguaya de Corrientes.
A modo de ejemplo sirvan estas líneas que, en plena editorial del periódico, afirmaban poco antes de la invasión paraguaya: «Fijémonos en nuestro pasado que aún vive en lo que somos hoy, y pasemos la vista al porvenir que nos espera, y convendremos sin vacilar que el gobierno del Brasil es nuestro enemigo en común, y debemos unirnos, para defendernos de él, o combatir y exterminarlo si fuese necesario».
17 Pero lo cierto es que el rechazo a Brasil, una vez que las consecuencias de la guerra ya expuestas hicieron su aparición, también se extendió entre aquellos que no pertenecían a las líneas urquicistas o se sentían pertenecientes a una cultura paraguayo-correntina.
Efectivamente, tiempo después de la desaparición de El Independiente, por ejemplo, la hostilidad hacia los brasileños reapareció.
Y lo hizo desde las líneas del periódico liberal La Esperanza, que empezó a oponerse a la permanencia de las tropas brasileñas en las inmediaciones de la ciudad de Corrientes.
En parte, tal beligerancia provenía de la resistencia que muchos mostraban a la instala-ción de los hospitales militares brasileños, en los que muchos creían ver fuentes de riesgo de infección y epidemias.18
La presencia militar brasileña y la aprensión correntina
El ejército brasileño instaló sus principales campamentos en las cercanías de la capital, en Laguna Brava y Tala Corá.
Esos lugares facilitaban la presencia en la ciudad de los oficiales, que buscaban aliviar allí las privaciones de la campaña militar.
Por otro lado, el puerto correntino se había convertido en el apostadero más importante de los buques aliados, que en su mayor parte eran también brasileños.
Únicamente para hacerse una idea del movimiento naval en la ciudad durante la guerra mencionaremos que sólo en el año 1866 atracaron en el puerto fluvial un total de 1.017 buques, contando tanto los de carga como los de pasajeros.
19 Es pues evidente que la ciudad bullía con la guerra, con el ir y venir de personas, tropas, mercancías y armas.
Pero esta multitud y trasiego también causaba problemas, y no sólo de índole social, sino también jurídico.
La presencia de numerosos destacamentos, mayoritariamente brasileños y argentinos, generaron incertidumbre respecto a la legislación que debía aplicarse en diversos aspectos.
Puede entenderse mejor la situación si mencionamos que durante los primeros años de la guerra, por ejemplo, se diferenciaban en territorio correntino cuatro jurisdicciones distintas: la federal, la provincial, la militar argentina y la militar que aplicaban los ejércitos brasileños y uruguayos.
Lógicamente, el conflicto de competencias se hacía más grave cuando el hecho sometido a leyes era protagonizado por soldados de las distintas fuerzas aliadas.
Ante esa realidad, las autoridades de la provincia reiteraron en varias ocasiones que no eran competentes en litigios que involucraran a soldados de los distintos ejércitos, y derivaban las causas a sus respectivos mandos militares.
Pero, como exponente de las actuaciones que se producían en sentido contrario a esos intereses de las autoridades correntinas, puede citarse el caso en el que el comandante de las tropas brasileñas solicitó al gobierno correntino la aplicación de la normativa penal provincial para un caso de lesiones y heridas leves que un oficial argentino había infringido a un soldado brasileño.
Ese castigo solicitado en 1867 nunca llegó y José Hernández, fiscal del estado en ese momento y posteriormente autor de Martín Fierro, recomendó el traslado de la causa a las autoridades militares argentinas.
Ello permitió que la provincia, tal cual era su deseo, quedara al margen.
20 En cualquier caso, y a pesar de los problemas, los dos primeros años de la guerra evidenciaron la importancia estratégica que suponía el control y organización de la ciudad de Corrientes para el conflicto.
Sobre todo, la buena gestión que debía hacerse de su puerto, vital para el apoyo logístico, y la planificación de los recursos sanitarios, como primer puesto sólido de la retaguardia aliada.
Efectivamente, en la capital correntina se instalaron los principales hospitales de campaña, cada vez más grandes y numerosos debido a las demandas que generaron sangrientos combates como los de Curupaity, Tuyuty y Humaita.
Tal circunstancia, lejos de ser vista positivamente por el conjunto de la población correntina, generó una profunda preocupación en los habitantes de la ciudad.
El miedo a la propagación de epidemias entre los soldados y el posterior contagio a la población civil se extendió.
Y no estaban equivocados en sus temores, pues no debe olvidarse que el cólera, y posteriormente la fiebre amarilla, hicieron su aparición como una consecuencia más de la guerra en los años 1867, 1868 y 1871.
21 Pero el recelo no era sólo motivado por la aparición de enfermedades epidémicas, sino también por la constatación del hecho de que la ciudad, si bien podía atender a duras penas a los militares heridos y enfermos, no estaba preparada para afrontar una emergencia sanitaria que implicara a la población civil.
Las autoridades correntinas, conscientes de ello, en orden a prevenir nuevos brotes víricos y con las informaciones recibidas de que también se padecían en otros puertos del Paraná, como el de Rosario, extremó las medidas protectoras.
Así, se decidió declarar en cuarentena a todos los buques que llegasen desde el sur, y especialmente a los de bandera brasileña.
22 Lo cierto es que los correntinos consideraban a los brasileños y sus instalaciones, por encima de los demás y sus hospitales incluidos, como sospechosos de generar epidemias.
Los hospitales, por ejemplo, estaban distribuidos por la ciudad, siendo el más importante de ellos el denominado «Saladero de Zelaya».
Hasta tal punto llegaba la aprensión correntina que el inglés Richard F. Burton llegó a asegurar que había circulado un informe dentro de las filas brasileñas sobre la posibilidad de un asalto de la población al hospital de «San Francisco» para incendiarlo.
23 Este tipo de actitud también puede rastrearse en la prensa local de aquellos años.
La primera noticia que se halla sobre ello se publicó en diciembre de 1865, a raíz del alojamiento de soldados en casas particulares del centro de la ciudad.
Sirva de muestra lo editado por el periódico La Esperanza, en el que se aseguraba que entre los alojados en las casas se encontraban «infinidad de enfermos de las fuerzas brasileñas» tanto de viruela como de «otras pestes contagiosas que pone a esta población en inminente peligro».
24 Desde luego, también debe señalarse que no fueron sólo los enfermos brasileños los que generaron escrúpulos entre los correntinos, quienes no dejaron de mostrar rechazo hacia la instalación de hospitales militares de cualquier nacionalidad en las proximidades de la ciudad.
Una ciudad que, sólo a modo de acercamiento a su realidad hospitalaria durante la guerra, diremos que acogió hasta 5000 heridos en sus dispensarios, como en junio de 1866, y eso sin contabilizar los atendidos en otros puestos intermedios.
25 Pero, volviendo al acuartelamiento brasileño en la ciudad, lo cierto es que a medida que se iba prolongando su estancia, ésta fue generando nuevos focos de conflicto.
El rechazo correntino comenzó a no necesitar nada más que la sola presencia de las tropas brasileñas para mostrar su irritación por ella.
Después de dos años de permanencia ininterrumpida de las tropas imperiales, en 1867 comenzaron a producirse reacciones de evidente enemistad entre el pueblo y los soldados del país vecino.
Las más comunes fueron las riñas y peleas que frecuentemente se producían entre argentinos y brasileños en los lugares de ocio de la ciudad.
Una situación que llegó a tal punto que obligó a las autoridades militares brasileñas a poner en alerta permanente a sus tropas, reforzando las guardias en los depósitos y hospitales.
26 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro de Río de Janeiro (IHGB), Archivo, Lata 313, pasta 7.
Comunicación reservada del Coronel Joao de Souza da Fonseca Costa, comandante del cuartel general brasileño en la ciudad de Corrientes, al marqués de Caxias, 18 de abril de 1867.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.09 De hecho, los brasileños sufrieron pérdidas de armas y municiones en sus almacenes, debido a robos perpetrados por vecinos de Corrientes.
Unos robos que, además, motivaron las protestas de los mandos militares brasileños, ya que también padecían la pasividad que manifestaban las autoridades locales ante esos hechos delictivos.
Finalmente, los oficiales del ejército imperial decidieron, por su seguridad y para evitar males mayores, hacer exhibición de fuerza movilizándose hacia el puerto correntino.
27 Quizá es lógico pensar que para una ciudad como Corrientes, pequeña en habitantes y en dimensiones en aquel entonces, la presencia de las fuerzas brasileñas durante un tiempo prolongado generara temores y desconfianza, más aún ante el constante movimiento de sus tropas y barcos por la zona.
Así, en abril de 1867, cuando militares brasileños bajaron en la capital, el gobernador Evaristo López se apresuró a informar a Urquiza de que estaban desembarcando hasta tres cañones y dos batallones de infantería que se habían desprendido del Tuyuty.
Simultáneamente, López también informó sobre la situación al caudillo entrerriano Nicanor Cáceres, recientemente llegado del frente de batalla paraguayo, y ambos acordaron organizar tropas para contrarrestar el movimiento brasileño.
Afortunadamente, aquella tensa situación se resolvió de manera diplomática, sin mayores complicaciones, cuando el mayor Muniagurria, comisionado de Urquiza ante Cáceres, informó oportunamente al segundo de la marcada predisposición correntina contra Brasil y contra el general Bartolomé Mitre.
28 Tampoco era sólo el temor a la presencia militar brasileña, sino también a los accidentes que pudieran provocar de manera involuntaria, debido al empleo y transporte de tan elevado número de armas, municiones e insumos de extrema peligrosidad.
Y lo cierto es que ese tipo de temores tenían fundamento, como se evidenció en la fuerte explosión que se produjo en el pontón brasileño que se ubicaba frente a la Batería en 1867, a causa de la manipulación de pólvora.
Ese incidente ocasionó algunas muertes, aparte de importantes daños.
No extraña por tanto que, consecuencia de ello, en el informe que redactó el jefe de la policía local éste reclamara el alejamiento de los barcos brasileños de la ciudad, recordando que los temores de la población se habían hecho realidad.
La fragilidad de la política correntina y las elecciones de 1868
Las medidas políticas a adoptar en Corrientes, dentro de ese contexto de desconfianza ante la presencia del ejército brasileño, se veían condicionadas por el ambiente de fuerte inestabilidad que se vivía en la provincia, a cuyo frente se encontraba Evaristo López.
Esa inestabilidad derivó pronto hacia las manifestaciones violentas.
Antes de las elecciones de 1868, en septiembre de 1866 y a pocos días del inicio de la batalla de Curupaity, hubo un intento de revolución iniciado por liberales correntinos.
La sublevación estuvo dirigida por Félix Amadeo Benítez, Eudoro Díaz de Vivar, Sebastián Cáceres, Ángel Acuña y Esteban Guastavino, pero no tuvo el final esperado por ellos a la falta de apoyo popular.
En realidad, los alzados no llegaron a superar en ningún momento el número de cincuenta, aunque ello tampoco evitó que llegaran a adueñarse durante algunas horas de los edificios públicos y gubernamentales de la capital.
30 Ese efímero éxito, provocó la huida del gobernador Evaristo López quien, para proteger su vida, se dirigió a Lomas.
Allí organizó sus fuerzas y pudo regresar con ellas para sofocar a los rebeldes.
Según Domínguez, ni siquiera dio tiempo a la llegada de tropas de otros departamentos cercanos, como San Luis, las que, de camino, recibieron la noticia del fracaso de la revolución liberal.
31 No obstante, estos acontecimientos sí fueron lo suficientemente importantes como para provocar la retirada del campamento de Tuyuty del coronel Nicanor Cáceres quien, alegando motivos de salud, decidió poner distancia entre él y Corrientes.
Sin duda, se creía en peligro debido a la inconsistencia de la política interna correntina y el imprevisible futuro de la revuelta.
Una vez sofocada, Cáceres recobró protagonismo político en Corrientes, dando su respaldo militar al gobierno de Evaristo López y fortaleciendo el oficialismo correntino.
Y así lo expresó el gobierno de la provincia que, a través de su ministro de gobierno, hizo saber a Urquiza que el partido liberal había sido reducido efectiva y significativamente, con el consiguiente afianzamiento proporcional del federalismo.
32 Finalmente, esa realidad se plasmó con la mayoría alcanzada en las elecciones legislativas.
32 Así pues, para el año 1867 la realidad política correntina tenía dos focos de atención principales que la condicionaban a corto plazo y que debía gestionar: la guerra contra el Paraguay y la sucesión presidencial de 1868.
Además, ambas cuestiones repercutían, lógicamente, en el gobierno provincial y sus márgenes de maniobra política.
Por tanto, 1868 era el año en el que se iban a definir y transformar los espacios de disputa política, aquellos que, a la postre, desencadenarían la caída definitiva de la administración de Evaristo López.
Efectivamente, en aquel año se sucedieron algunos acontecimientos que generaron el suficiente malestar e inestabilidad política como para conseguir tal efecto.
Así, por ejemplo, la Cámara de Diputados de la nación rechazó a los representantes correntinos, fundamentando su decisión en la supuesta manera ilegal en la que habían sido elegidos.
Para el mes de mayo de aquel año la situación ya se había hecho insostenible y sectores del partido liberal reorganizaron una nueva revuelta con el fin de tomar el poder político en la provincia.
Entre los principales líderes liberales se encontraban en esta ocasión Santiago Baibiene, Daniel L. Artaza, Federico Gauna y Nicolás Gallardo, entre otros, mientras que la dirección militar estuvo a cargo del coronel Wenceslao Martínez, jefe de la Guardia Nacional en Corrientes.
33 La fragilidad política en Corrientes acercaba la provincia al caos, viviéndose momentos de máxima incertidumbre.
Por ello, no extraña que todo se agravara con acontecimientos imprevisibles.
Uno de ellos fue el levantamiento que se produjo en el departamento de Esquina que, a su vez, trajo como consecuencia el aprestamiento de tropas por parte de Nicanor Cáceres.
Éste, de ese modo, acudía rápidamente en defensa del gobierno constitucional, a la par que comunicaba a Justo Carmelo Urquiza la situación y le alertaba de la posibilidad de intervenir en suelo correntino.
Pero, a pesar de los esfuerzos del caudillo entrerriano, en esta ocasión la irreversibilidad de la nueva revolución liberal era absoluta, y el 27 de mayo tomaron el gobierno en la ciudad capital.
El gobernador López fue apresado, asumiendo la dirección provisional del poder ejecutivo el presidente de la Legislatura, Francisco María Escobar.
34 En realidad, los fundamentos del derrocamiento de López deben buscarse en la carrera que se había iniciado para la obtención de electores pro- 33 Castello, 1984, 422-426.
A principios de ese año Urquiza había visto como su influencia política en las provincias se había reducido drásticamente, contando tan sólo con la lealtad de los Electores de Corrientes y de Entre Ríos.
Lógica mente, todo ello perjudicaba su margen negociador y la oportunidad de alcanzar, por segunda vez, la presidencia.
Aparte, las alianzas que se te jían hasta último momento entre los diversos candidatos y sectores políticos hacían fluctuar constantemente las posibilidades.
En definitiva, de las negociaciones políticas debía salir la certeza del ganador, pero ésta sólo podía lograrse con el mayor número posible de electores.
Se comprende así que, al caer el gobierno de Evaristo López, se estaba impidiendo que los electores provinciales apoyasen a Urquiza, con lo que se diluyeron todas las esperanzas de éste.
35 Pero, aun cuando los acontecimientos les eran contrarios, los urquicistas no cejaron en sus esfuerzos por mantener el poder y comenzaron a aglutinarse y a coordinar acciones con las fuerzas de Nicanor Cáceres, con el fin de presentar resistencia en el campo de batalla.
Para ello, Cáceres alistó algunos batallones que aún le respondían y toda esta actividad y ambiente bélico se trasladó a la política interna correntina.
Los inconvenientes que se derivaban de todo ello para la política nacional tampoco se hicieron esperar y, sobre todo, las consecuencias en el frente de batalla de la guerra con Paraguay.
Y es que el espacio geográfico que ocupaba Nicanor Cáceres con sus batallones era justo el del corredor de aprovisionamiento de los ejércitos aliados.
Obviamente, ante la inseguridad en el paso, el tránsito de avituallamiento, insumos y armas disminuyó durante los meses de lucha política en Corrientes, ya que Cáceres aprovechó su ventaja sobre el terreno deliberadamente como factor de presión, interrumpiendo el paso de tropillas.
Esta maniobra se transformó en una estrategia militar y su mantenimiento en el tiempo comenzó a generar importantes inconvenientes.
Así lo aseveraba, por ejemplo, el jefe de la policía correntina, quien confirmaba la complejidad de la situación por el daño que se le estaba causando no sólo al gobierno provincial, como era el deseo de los urquicistas, sino también al ejército aliado.
36 En este contexto, Nicanor Cáceres no renunciaba a ningún apoyo y aprovechó las amistades cosechadas en el campo de batalla paraguayo con la oficialidad del resto de ejércitos.
Carta dirigida al ministro de gobierno Juan Lagraña, San Roque, 21 de junio de 1868.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.09 incluso, el mando brasileño, al que no dudó en acudir para que se le unieran en esta difícil situación de crisis política en Corrientes.
Una ayuda que el comandante brasileño solicitó a sus autoridades poder prestar.
37 Pero la respuesta desde Brasil fue contundente a ese respecto.
El marqués de Caxias ordenó a su mando en el frente que no debía interferir de manera alguna en los asuntos internos de los estados aliados, manteniendo la neutralidad en los acontecimientos políticos de la provincia de Corrientes.
Resulta significativo también en la orden del marqués comprobar que, en cualquier caso, el conflicto correntino sí les preocupaba, toda vez que afectaba directamente al aprovisionamiento de sus tropas.
De hecho, Caixas estaba convencido de que la maniobra de presión de Cáceres era un intento de presionarles a ellos para que ayudaran a la liberación de Evaristo López y, con ello, a su restauración en el poder.
Lo curioso en estos acontecimientos es que los brasileños se encontraban en medio de todo, ya que también los liberales habían acudido a ellos solicitándoles que la prisión de López se materializara en uno de sus buques de guerra.
38 Así pues, mantener la neutralidad era, en ese momento, la mejor opción para el imperio brasileño.
Brasil, neutral y muy presente en la política correntina
Como acabamos de comprobar, Brasil adoptó una posición de neutralidad frente a los acontecimientos que se estaban sucediendo en Corrientes.
Tal decisión resulta fácilmente comprensible pues, como ya se ha visto, no eran pocos los sectores de la sociedad correntina que percibían a los brasileños como extranjeros hostiles y eran considerados constantemente sospechosos de la aparición de epidemias como las del cólera y la fiebre amarilla.
Así pues, intervenir directamente en los asuntos políticos de la provincia no hubiera hecho más que empeorar la percepción negativa que de ellos se tenía, cuando menos en las filas del partido político que se viera perjudicado por su posible toma de posición.
Aún más sabiendo que, como se ha visto también, la misma firma del tratado de la Triple Alianza ya fue cuestionada debido a las condiciones que imponía a Argentina, con cláusulas que se veían como una sujeción frente a Brasil.
De hecho, al final de guerra se pudo comprobar lo débil que resultaba la amistad entre los dos países, cuando casi se llega a nuevo conflicto para solucionar las problemática de las fronteras.
Un enfrentamiento que únicamente pudo evitarse gracias al viaje de Mitre a Río de Janeiro en 1871, enviado por el presidente Sarmiento al ser uno de los impulsores del tratado inicial, para mantener el equilibrio de las relaciones bilaterales.
39 En este sentido, cobró importancia de nuevo la provincia de Corrientes, ya que en las relaciones entre Argentina y Brasil durante las décadas de 1850 y 1860 tuvo especial relevancia la figura de Justo José de Urquiza.
Efectivamente, fue con la anuencia de éste el que se impulsara la firma del tratado de la Triple Alianza contra Paraguay.
Y es que Urquiza había estado desarrollando esas buenas relaciones durante los años previos a la firma del tratado, por lo que era perfecto conocedor de ellas.
Baste recordar, como ejemplo, el fortalecimiento que experimentaron las relaciones con Brasil poco antes de la batalla de Caseros de 1852, en la que la intervención de las fuerzas imperiales fue decisiva para la caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas.
Pero sobre todo, la importancia que la amistad con el país vecino le supuso al propio general entrerriano, determinante para su estrategia en el poder.
Por tanto, puede fácilmente intuirse la importancia que tenía la postura que adoptara Brasil con respecto al movimiento mitrista correntino, pues podían afectar considerablemente a las relaciones con Urquiza.
Y ello si sólo se consideran los aspectos políticos de ese tipo de decisiones, sin entrar a valorar los sustanciales vínculos comerciales y financieros que, más específicamente, mantenía Urquiza con Ireneo Evangelista de Souza, vizconde de Mauá.
40 Así pues, la importancia de la participación de Brasil en la política correntina queda fuera de toda duda.
Aún más cuando la inestabilidad de esa política no hacía más que acrecentarse.
Quizá, el mayor punto de violencia se alcanzara en la batalla de Punta de Arroyo Garay, el 31 de julio de 1868, en la que se enfrentaron los seguidores de Evaristo López y los revolucionarios que lo derrocaron.
Un encuentro, por cierto, en el que ambos bandos se proclamaron vencedores, pero del que resultó, como principal consecuencia, el debilitamiento de las fuerzas de Cáceres.
Para ello fue fundamental la falta de colaboración de Justo José Urquiza desde Entre Ríos, una ayuda que éste había prometido para defender a su aliado 39 Cisneros y Escudé, 1998, 138-140.
La falta a su promesa permitió que el liberalismo, finalmente, se consolidara en la política local durante de los siguientes años.
41 Los propios cronistas y militares brasileños describieron estos enfrentamientos, interesados en todo cuanto ocurría y en el movimiento de tropas.
Por citar sólo una, mencionaremos la obra de Manuel da Costa Honorato, que cobra especial interés no sólo por su texto, sino también por la relevancia del plano de la ciudad de Corrientes que incorporó a su descripción, de 1867.
42 Pero más allá de la descripción propia de las páginas de la obra, reviste notable importancia el plano de la ciudad de Corrientes del año 1867.
Y es que de su notable diagramación destacan la cuidada marcación de calles, la señalización no sólo de las manzanas edificadas, sino también de las que no lo estaban y, sobre todo por lo que atañe al interés de nuestro trabajo, la anotación de los puntos de importancia para los brasileños.
De los 38 puntos indicados en el plano, catorce corresponden a intereses brasileños.
Concretamente, y con sus términos literales, el hospital de la Marina brasileña; hospital de batería brasileño; campamento de provisiones brasileño; depósito de armamento brasileño; hospital de astillero brasileño; almacén de los hospitales brasileños; hospital San Juan, con heridos brasileños; oficina de pago brasileña; cuartel general brasileño; hospital brasileño, por calle Catamarca; laboratorio pirotécnico brasileño; antiguo hospital de Avalos, con heridos brasileños; hospital del Saladero y cementerio brasileño.
Es notorio que no se puntualizara en el mismo ninguna referencia a los puntos de instalación del ejército uruguayo, mientras que sí se hace para algunos del ejército argentino, como los tres hospitales y el parque del ejército.
En cualquier caso, lo más significativo es que se trata de la única descripción que conocemos de la cuadrícula urbana de la ciudad de Corrientes durante la guerra contra el Paraguay, informándonos de los puntos estratégicos y logísticos para el asentamiento de los ejércitos aliados, especialmente de los intereses militares brasileños en la capital provincial.
Manuel Da Costa Honorato había participado como capellán en la campaña del ejército imperial y en 1867, regresando de los campos de batalla, residió por un tiempo en la ciudad de Corrientes.
En ella tomó los apuntes que habrían de convertirse en el «Esbozo histórico y topográfico».
El autor entregó sus papeles al Instituto Histórico Brasileño para ser publicados en su Revista.
Sin embargo, ante la demora de la publicación, Da Costa Honorato decidió que se editaran de inmediato para que pudieran leerse antes del final de la contienda.
LA INFLUENCIA DE LA PRESENCIA MILITAR BRASILEÑA EN CORRIENTES
La relación con Brasil después de la guerra
Las relaciones entre Argentina y Brasil en esos momentos recuerda la idea de allotría, conforme la expuso Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso.
43 Tanto, que su construcción teórica puede ser utilizada para la explicación práctica de las relaciones argentino-brasileñas durante y después de la guerra contra el Paraguay.
También, incluso podríamos acudir a las distinciones teóricas que, en el campo de la política, hizo Carl Schmitt sobre la relación amigo-enemigo.
44 Así, podríamos afirmar que una vez concluida la guerra contra Paraguay la desconfianza argentina hacia el Brasil tomó mucha más fuerza cuando hubo que ponerse de acuerdo en la firma de los tratados de paz.
Sin duda, una parte importante de las diferencias nacían de la discrepancia sobre a quién debían pertenecer las Misiones Orientales.
45 El sexto artículo del tratado de la Triple Alianza establecía claramente que ningún país firmante podía, por separado, negociar, hacer la paz o realizar convención alguna.
Un artículo que fue transgredido por Brasil, al acordar con Paraguay el tratado Cotegipe-Loizaga en 1872.
Lógicamente, esta violación fue mal recibida por los políticos y la opinión pública argentina, creando un rechazo que se plasmó intensamente en la prensa, tanto la bonaerense como la correntina.
Sirva de ejemplo el periódico correntino La Fusión que, reproduciendo expresiones de La Tribuna, afirmaba que Brasil había utilizado la sangre y el dinero argentino para vencer a Francisco Solano López.
El rotativo llegó incluso a plantear la hipótesis de que Brasil había abocado a Argentina hacia la guerra, calificando ésta de injusta, así como a acusar al imperio de poner en riesgo la estabilidad de toda la región y a tachar de violación del derecho de gentes la firma del tratado Cotegipe-Loizaga.
46 Efectivamente, la tensión generada entre Argentina y Brasil ponía de nuevo en peligro la paz de la región, implicando a los dos firmantes principales de la Triple Alianza.
Una alianza que, por otra parte, había mostrado en diferentes ocasiones su debilidad, disparidad de criterios entre sus componentes y la discontinuidad de sus decisiones.
También es cierto que se dio validez a los pactos convenidos entre Brasil y Paraguay en 1872, origen de la tensión inicial argentinobrasileña.
47 En cualquier caso, lejos de apaciguar el mal clima entre los dos vencedores de la guerra, el conflicto se extendió en el tiempo.
La tensión entre ambas partes necesitaba poco para salir a relucir, como se puso de manifiesto, por ejemplo, en 1874 cuando buques de guerra brasileños bombardearon el pueblo correntino de Alvear, que acabó completamente destruido.
Una desproporcionada reacción producto tan sólo del conflicto suscitado entre un miembro de la tripulación brasileña y dos médicos italianos que ejercían su profesión en aquel paraje de Corrientes.
De unas amenazas entre los implicados no resueltas por el juez de paz de Alvear se pasó, directamente, a una brutal agresión militar por parte de los buques imperiales, que no causaron víctimas únicamente por la rápida evacuación que sus pobladores hicieron de sus casas.
Resulta también significativo que a raíz de este suceso, las cancillerías de los dos países tan sólo intercambiaron tibias correspondencias.
El ministro de Relaciones Exteriores de la república Argentina realizó una leve reclamación y, por su parte, los representantes brasileños en Buenos Aires prometieron llevar a cabo una investigación al respecto.
Al menos, eso sí, se consiguió que el incidente de la destrucción del pueblo de Alvear quedara en el olvido, no perjudicando aún más las relaciones bilaterales.
Resulta obvio que la guerra contra Paraguay generó importantes consecuencias tanto en el país perdedor de la contienda como en los tres vencedores.
Pero, sin duda, parte importante de ellas se plasmaron en la provincia de Corrientes, debido a su ubicación geoestratégica durante el conflicto y a convertirse en centro neurálgico como lugar de aprovisionamiento logístico y retaguardia del frente de batalla.
La capital correntina se convirtió en el principal puerto de la contienda, así como en acuartelamiento y hospital de las fuerzas aliadas.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.09 Por tanto, también Brasil utilizó el territorio correntino como base de acción pero sin dejar de tomar en ningún momento todas las precauciones, tanto militares como políticas, que creyó oportunas para defender sus intereses.
Estos intereses en Corrientes fueron muy sensibles a lo largo de toda la contienda, pues afectaban directamente al aprovisionamiento de sus buques de guerra, a la logística de su ejército, a la labor de sus hospitales y a la seguridad y libertad de acción de sus tropas acuarteladas.
Desde la batalla de Riachuelo en 1865, la armada fluvial brasileña controlaba la navegación del río Paraná y el puerto de Corrientes, por lo que la atención que Brasil prestaba a la región era intensa y constante.
No obstante, a pesar de su enorme control de la zona, supo adoptar posturas prudentes tal y como lo demostró en varias ocasiones la preocupación de la comandancia del ejército brasileño por no tomar decisiones rápidas, intuitivas, peligrosas o que afectaran a las relaciones entre los dirigentes políticos correntinos y las autoridades brasileñas y argentinas.
La vigorosa presencia militar brasileña en la ciudad de Corrientes fue permanente durante todo el conflicto, con capacidad más que suficiente para ejercer una importante y quizá no deseada influencia en el desarrollo de la política interna de la provincia argentina.
La acusada y constante inestabilidad que padecieron las instituciones de gobierno correntinas se convirtió en germen para, por un lado, utilizar la presencia brasileña como arma para atraer a la opinión pública, desconfiada de las intenciones y de las enfermedades de las tropas imperiales, por parte de las distintas facciones políticas.
Por otro lado, también sirvió como acicate para que las distintas facciones en lucha en Corrientes, mitristas y urquicistas, principalmente, intentaran atraerse a esa poderosa fuerza militar hacia su causa.
No obstante, las autoridades militares brasileñas sólo estaban pendientes de obtener los mejores beneficios para sus planes y proyectos militares, por lo que optaron por una postura estratégica e inteligente de mantenimiento de la cautela y la neutralidad.
Y es que el apoyo a cualquiera de los dos bandos políticos que se disputaban el poder en Corrientes, con intereses sustanciales en el desarrollo de la política nacional, hubiera podido suponer cambios no deseados en las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina.
Durante la guerra contra el Paraguay, y aun tiempo después, la rivalidad entre argentinos y brasileños continuó, a pesar de la alianza y la aparente amistad entre ambas naciones.
Pareciera que la añeja herencia del conflicto colonial entre España y Portugal por las tierras estratégicas del LA INFLUENCIA DE LA PRESENCIA MILITAR BRASILEÑA EN CORRIENTES Anu. estud. am., 70, 1, enero-junio, 2013, 249-271. |
El siguiente artículo examina la configuración del retorno heredado en los hijos del exilio hispanoargentino.
Identidad, memoria y retorno son los ejes que estructuran un texto que toma como punto de partida la cultura narrativa hispanoargentina contemporánea.
Ésta se erige en un espacio explorativo sobre la identidad, en cuanto a tarea ontológica del sujeto transterrado.
Por ello nos centramos en una de las investigadoras más representativas del panorama histórico-literario argentino como es María Rosa Lojo.
Su imaginario se asienta sobre la memoria del retorno y su transmisión patrimonial.
Si bien analizaremos dicha concepción mitológica a través de la trama de su primera novela: «Canción perdida en Buenos Aires al oeste» y la confluencia de esta temática en su trayectoria.
«Las raposas tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, más el hijo de Hombre no tiene donde reposar su cabeza» 2 (Lucas, 9,58, Mateo, 8,19) Prácticas culturales sobre la memoria del exilio: características y tipologías narrativas sobre el exilio intergeneracional
Durante las últimas décadas del siglo XX proliferaron a ambos lados del atlántico narrativas culturales que -concebidas como lugares de la memoria-3 evocan un pasado reciente.
En ellas se debate el presente actual bajo una confrontación sociohistórica y respecto a los sucesos acontecidos en el pasado.
Pues cuando interactúan diversos niveles cronológicos, la memoria, en cuanto a dispositivo simbólico, procede como un vaso comunicante espacio-temporal.
El presente trabajo explora la configuración simbólica y material del exilio hispanoargentino, su legado patrimonial en la siguiente generación, ya que éste fue un episodio ineludiblemente compartido por la conjunción de acontecimientos políticos comunes.
Factores como el impacto de las respectivas dictaduras han dejado un hondo rastro en la narrativa hispanoargentina mientras que el imaginario del colectivo transterrado se ha forjado sobre la concepción del retorno.
En el siguiente epígrafe expondremos, desde un enfoque culturalista, las particularidades de una narrativa mostrada desde los márgenes y vinculada a la sociedad con la finalidad de constatar el devenir histórico.
A nivel metodológico se erige como un espacio explorativo y, por ende, nunca concluyente, sobre la identidad como tarea histórica de los desplazados.
Dicho de otro modo, el discurso literario se construye como un lugar óptimo de interpelación del yo/nosotros, que, en el marco de la diáspora, rastrea la huella fronteriza de pertenencia/exclusión y ahonda en el proceso de transculturación, desestabilizando el dispositivo identitario en función a un espacio preconfigurado.
La escritura hispanoargentina sobre las experiencias de la emigración y el exilio heredado se caracteriza por la disposición de unos relatos de los cuales emergen una nueva configuración de naciónhogar e identidad más allá del caos o la inseguridad ontológica que idea liza el retorno como imperativo patrimonial.
Dichas categorías, más que articu-lar el regreso físico o simbólico a la matriz identitaria, delinean otras esferas en torno a una nueva espacio-temporalidad.
4 Ajena a los fundamentos de racionalidad científica, este espacio narrativo redescubre escisiones y revela cuestiones no resueltas por los sujetos protagónicos.
Los posicionamientos, las ausencias, los silencios definen las condiciones de producción del metadiscurso narrativo, desafiando categorías por lo regular naturalizadas a la vez que mediante dicha forma cultural se convoca el ejercicio de la memoria no sólo como sentimiento sino como conocimiento.
Es por ello que analizaremos comparativamente las experiencias intergeneracionales sobre el desplazamiento y cómo dos países de una gran proximidad cultural -España y Argentina-varían su posición emisora y receptora de población, alterando la percepción de sus fronteras.
Bajo la metáfora de un círculo hermenéutico y en el marco de un proyecto de investigación más amplio debatimos acerca de los modelos sociopolíticos que inspiraron la historiografía de las migraciones y su relación con la construcción de la memoria e identidad colectiva de los migrantes y exiliados.
5 El dispositivo simbólico en el que se erige la memoria, sus atributos, así como los marcos en que se instituye la misma son ejes que orientan el texto,6 entretejidos por una historia compartida sobre el éxodo y el estado de transitoriedad que habitan los sujetos.
En cuanto a las modalidades narratológicas sobre la emigración y el exilio heredado -donde una segunda generación experimenta el desarraigo en su propio lugar de pertenencia-, cabe mencionar la adscripción a la nueva novela histórica, si bien coexiste junto a una preeminencia por formas de escrituras autobiográficas «reales o ficcionales».
Un giro subjetivo e inclusive un desdoblamiento del «yo» emergen de manera recurrente en esta tipología.
Entre éstas podemos hallar diversos géneros y subgéneros como la auto/biografía, el autorretrato, la novela autobiográfica, las memorias, los libros de viajes, los epistolarios o los dietarios y diarios.
Autores a ambos lados del atlántico testimonian prácticas y formas de vida nómada, encuadradas en unos espacios autobiográficos y representados en las novelas de Guillermo Saccomanno, 7 María Guadalupe Henestrosa, 8 Andrés Neumán, 9 Inés Fernández Moreno, 10 Alfredo Taján 11 o María Rosa Lojo,12 entre otros.
Lo destacable en la escritura de María Rosa Lojo es que además de integrar en una sola obra diversos géneros narrativos, combina formas culturales y narratológicas míticas, donde se integra el pensamiento mágico junto al denominado racional.
En consecuencia, la escritora logra resignificar el caótico recuerdo del transterrado que bajo el ritual de la palabra manifiesta el proceso social en tránsito al que asisten los sujetos desplazados.
Una polifonía de voces se suelen disponer en unos relatos que traman la urdimbre de una historia sobre el exilio y sus efectos en los personajes.
Bajo dicha coyuntura, individuos en continua traslación experimentan el destierro y se adentran en la permanente búsqueda de un lugar a modo de paraíso original, universalizando un perfil sobre el individuo transterrado.
La condición de extranjería que emerge del tejido histórico literario lojiano, entendido como un viaje-proceso en la construcción del sujeto y de autoconocimiento, alienta el nomadismo, la itinerancia y el viaje interior como autoexploración del «yo».
En estas circunstancias sus historias muestran personalidades escapistas donde los personajes resuelven de diversos modos sus experiencias vitales para poder conformar la propia identidad, en este caso adjetivada por la transnacionalidad.
La proyección de estas prácticas culturales articula, mediante la ficción que toda realidad contiene, el poder de mantener viva la memoria colectiva del hecho migratorio hispanoargentino durante el periodo de entre siglos, XX y XXI.
Desde la perspectiva del cambio generacional y la transmisión patrimonial, tanto material como inmaterial, la escritora hispanoargentina María Rosa Lojo actualiza la dimensión del retorno en su trayectoria tanto literaria como académica.
La caracterización común de la escritura sobre el desplazamiento es su concepción como «narrativa de frontera» y espacio donde despuntan discursos acerca de la otredad.
Desde los márgenes de cada línea fronteriza, tanto física como simbólica, 13 habida cuenta en cada orilla atlántica, los 7 Saccomanno, 2008.
13 Tomamos como punto de partida la conceptualización de frontera desarrollada a partir de los estudios de Fredrik Barth, en cuanto a la consecuente relevancia de dicha acepción y posteriores aportaciones para la definición del grupo social estudiado.
Aunque el concepto de frontera en su larga trayec toria epistemológica alterna una pluralidad de significados escasamente inocentes, en el espacio y en el tiempo, 14 dicha categoría continúa reformulándose bajo múltiples acepciones.
Si bien haremos uso del mismo como recurso heurístico que nos ayude a comprender los efectos de los contactos transmigratorios en los actuales procesos de mundialización.
Pues desde un posicionamiento de frontera, los personajes revelan los cambios sociales a los cuales asisten como efecto de los contactos interseccionales y las transferencias acontecidas en diversos marcos históricos.
Unas áreas transculturales se despliegan a partir de espacios interfronterizos de des/encuentros entre diferentes, en cuanto a fuente identitaria, originadas a raíz del contacto de culturas entre ambas orillas atlánticas.
En consecuencia los discursos que prevalecen en las obras de los escritores mencionados liberan a la historia narrada del eurocentrismo, ya que frente a un pasivo proceso aculturador el contacto intercultural expuesto se produce en distintos niveles de dominación, supervivencia, adaptación o modificación de las culturas de origen y recepción.
Es decir, salvando diferencias de género y contenido argumental, las historias expuestas reflejan, entre otros aspectos, el proceso en tránsito de una cultura a otra y en ese tránsito entre culturas se producen realidades narrativas transculturales que se tornan heterogéneas, mestizas e híbridas, 15 tal como es el caso de la narrativa lojiana.
Características de la obra de María Rosa Lojo: La memoria y la identidad en la narrativa lojiana
El testimonio narrativo de María Rosa Lojo es profundamente memorialista a la vez que matizado de continuos trazos autobiográficos.
16 En su 14 Entre las primeras tesis dictaminadas en la historiografía sobre fronteras, de hondo calado en los estudios de la historia norteamericana, cabe mencionar la exposición de Frederick Jackson Turner cuya proyección tomó protagonismo a partir de su conferencia impartida en 1893 acerca de «La importancia de la frontera en la Historia de los Estados Unidos».
El autor instaba, en primera instancia, a concebir el término bajo una acepción «expansionista», entendida como la línea divisoria entre la «civilización y barbarie».
Si bien en trabajos posteriores fue reformulada, entre otras designaciones, como «región de migración» concibiéndolo como proceso.
Es decir, frontera en movimiento antes que un lugar o región geográfica.
Perspectivas que para el caso Latinoamericano tomaría sendas diferentes.
16 Un estudio pormenorizado sobre «literaturidad del exilio», su vinculación a espacios autobiográficos así como el exilio heredado en la obra de María Rosa Lojo se halla en Crespo, 2009a.
La autora explora las alianzas y las fricciones en torno a la construcción de la identidad, pues ésta encuentra en el espacio narratológico el lugar idóneo para su reformulación.
El eje central de sus novelas gira sobre el estado de transitoriedad que origina en el sujeto desplazado el fenómeno de la emigración y el exilio como lugares tanto de desgarro como de conocimiento.
Desde una profunda reflexión crítica, en su rol de hija del exilio republicano en la Argentina, trata de enlazar ambas orillas atlánticas, definiendo espacios relacionales bajo una red de confluencias.
Al mismo tiempo desmonta el reduccionismo de planteamientos dicotómicos y las polaridades que escinden a los sujetos desplazados, física y culturalmente, discerniendo sobre la conformación de unos personajes fronterizos que desde la alteridad debaten acerca de lo propio y lo ajeno.
Es decir, ahonda en los procesos transculturales en consonancia a la conformación del heterogéneo concepto de argentinidad desmantelando a su vez la clásica frontera entre civilización y barbarie.
La estrecha confluencia de su quehacer literario con la narrativa histórica 17 fagocita, mediante la polifonía de voces, una memoria que vincula la historia política a la historia personal.
Por otro lado, la interconexión entre memoria e historia renueva mediante sus textos el espacio biográfico en relación con la vida pública.
La recurrente interdiscursividad de la escritora hispanoargentina subvierte el canon en una especie de hibridación narrativa y cultural donde espacios autobiográficos y relatos retrospectivos dan cuenta de la concurrencia entre ambas nacionalidades y sus traslúcidas fronteras, desde las cuales se posicionan sus desdoblados personajes.
Éstos, intermediados por la originalidad estética de la creadora y la multiplicidad de formas discursivas, se pronuncian como seres fragmentados adolecidos por el desarraigo e interactúan condicionados por el orden sociopolítico al cual se insertan, de ahí que su obra nos remita a la importancia del contexto en la ficción que toda realidad contiene.
18 Las dimensiones descritas caracterizan grosso modo la narrativa lojiana donde, por lo regular, confluyen diversos sub/temas como el extraña-17 Sobre la inscripción de la producción novelística de María Rosa Lojo a la nueva novela histórica argentina, véase Lehman, en Arancibia et al., 2007, 53-63; Tacconi, en Arancibia et al., Ibidem, 173-181.
18 Desde los márgenes la autora ahonda en los problemáticos límites entrecruzados de la dicotomía Historia y ficción procesando finalmente un discurso que logra atenuarlos.
Sobre la transposición de dichos límites, véase Mónaco, en Arancibia et al., Ibidem, 183.
Entre la primera y la última novela la escritora logra crear un puente de unión entre ambas orillas.
Aunque sus relatos mantienen el protagonismo de un sujeto escindido, un ligero desdoblamiento del «yo» permite a la narradora avanzar en la experiencia enajenante a la que asisten los hijos del exilio.
Hemos decidido analizar su primera obra por considerarla un texto fundacional dentro de la línea de escritura -desde los márgenes-sobre el exilio intergeneracional cuya historia e inclusive algunos de sus personajes reaparecen en otros libros de la creadora hasta que en su última novela, a través de Rosa, su alter ego, ultima el proceso identitario.
La reescritura del exilio desde los márgenes: «Canción perdida en Buenos Aires al oeste» 19
«Canción pérdida en Buenos Aires al oeste» es la primera novela de la escritora e investigadora hispanoargentina María Roso Lojo.
En ella retrata la estampa familiar de un exiliado español que emigra junto a su esposa -de familia falangista-a la Argentina, donde tienen tres hijos.
La autora incorpora la herencia del exilio a una generación socializada en la idea del tránsito dentro de su propio lugar de nacimiento ante la imposibilidad del retorno al lugar de origen familiar.
El texto, escrito bajo un tono confesional, contiene diversas modalidades discursivas.
Bajo este proceder se aúnan ficción novelesca, diariarística, epistolar, reflexiones, autorretrato, relato oral a través de la transmisión de cintas grabadas así como cuentos y leyendas.
Todas ellas reformulan cada trayectoria individual en fechas superpuestas y enfatizan la indeterminación espacio temporal de una realidad desdoblada por la experiencia de los personajes.
El relato revela las relaciones de a/filiación y esboza una genealogía a la que la autora retornará en su última novela, 20 en un constante diálogo con su propia historia per-sonal y familiar.
Profundiza en la experiencia del auto/destierro y perfila una fractura fronteriza a partir de unos individuos desubicados como consecuencia del exilio en una primera generación de españoles en la Argentina, que proceden secundados en el ocaso de sus vidas entre la pérdida y la nostálgica recuperación.
Éstos se erigen como sujetos introspectivos que apenas interactúan con su entorno, aislándose profundamente de su propio medio.
21 En esta obra convergen diversas historias mientras que el argumento principal gira en torno a la trayectoria de una familia encabezada por unos progenitores desdichados en su matrimonio que actúan entre la impiedad y la misericordia, insatisfechos y dolientes en el sueño de lo imposible.
La novela está estructurada por varios relatos constituidos por diferentes géneros discursivos y diversas combinaciones coloquiales.
Cada uno de éstos configura un capítulo, secundados por las voces de los integrantes del grupo familiar que, de manera «independiente», tejen una trama conjunta.
A la vez incorporan la memoria de los seres ausentes.
La inclusión de información historiográfica en su narrativa traza un puente entre la historia política y la historia personal narrada.
Bajo este proceder, las vivencias de Miguel, Alberto, Luis, Irene, Carmen, Juan Manuel y María trascienden durante cuatro décadas el impacto de la transitoriedad del exilio y el desarraigo, aflorando una reformulación identitaria -étnica, género, claseen todos y cada uno de ellos para engarzar una memoria colectiva bajo una atmósfera reflexiva.
«Canción perdida en Buenos Aires al oeste» incursiona en la hegemonía del baluarte porteño -escenario del exilio-22 como territorio de inspiración europeísta y epicentro de la nación que decidirá la suerte de «los Neira».
23 El alter centrismo acentúa la condición errante de extranje-ría que apesadumbra al fundador de la saga, el pater familias que es Juan Manuel Neira -el marino republicano-y cuyo nostálgico legado transmite a sus congéneres, extraños en su país de nacimiento.
Mientras que la posición de la Argentina como tierra de promisión, tras los diferentes puertos en los que éste recala en su periplo de transterrado, asistirá a un proceso de degradación frente a la idealización española en el imaginario del exiliado.
Conceptos como linaje o nación-hogar, en cuanto lugares ennoblecidos donde reina el orden y la seguridad, se vuelven inciertos en unos individuos que desarticulan mediante sus discursos todo anclaje territorial.
Los personajes tratarán de reorientarse a partir de la movilidad experimentada en su dualidad de desplazados, haciendo más traslúcidas las fronteras entre el «acá y allá».
De este modo se debilita la identidad focalizada por el lugar de referencia, ya que esta no es una esencia inmutable ni una unidad estática tal como manifiesta Lojo a través del posicionamiento de los sujetos.24
«Lo personal es político».
El papel de la institución familiar en el exilio
La novela «Canción perdida en Buenos Aires al oeste» cuya trama central es la historia de una familia transterrada, expone unas frágiles relaciones sociales en el marco del exilio hispanoargentino contemporáneo.
El hilo argumental se desencadena a partir del relato biográfico y memorialístico del hijo mayor de la pareja exiliada a la Argentina.
En el primer capítulo, Miguel se pronuncia desde el presente, refutando el pasado e invocando un frágil futuro el día de su treinta cumpleaños.
El joven elabora un discurso en permanente ausencia, hostigado por el desarraigo y la pérdida, autoexcluyéndose de sus experiencias vitales por la desdicha sobrevenida que él mismo retroalimenta.
No obstante, tratará de rastrear la «memoria rota» de su hilo existencial a través de las imágenes custodiadas en el álbum de su infancia al que interroga y descifra a un mismo tiempo.
25 Si bien el día de su aniversario visita la casa paterna, allí sólo encontrará cobijo en la única protectora del hogar: María, la criada que custodia el legado familiar.
26 La historia de Miguel constituye el primer y más extenso de los capítulos de la novela.
Presentado a modo de crónica y escrito en primera persona su relato se entrelaza con la trayectoria de otros miembros del grupo.
Los trazos autobiográficos dominan el recuerdo de su itinerario, mientras que el tono reflexivo barajado vincula los hechos pasados y presentes, explorando la identidad del narrador, quien a pesar de cumplir años deambula perdido en «un mundo de ruinas» ante un incierto presente y una frágil construcción identitaria: Sé muy bien que todos los espejos de la casa paterna están para mí inexorablemente rotos.
27 Por ello rastrea en las ilustraciones familiares alguna clave que lo hagan descifrar -a través de la memoria-su herencia cultural, izando un pilar donde sostenerse.
Así pues los retratos constituyen en la escritora una fuente para la reconstrucción de la memoria colectiva: ria.
Por un lado, el relato parte de la trayectoria de un padre exiliado, marino republicano ateo que soñaba con cultivar la tierra y por otro, una madre bella pero displicente, beata e hija de un coronel franquista aquejada de su disyuntiva de princesa destronada.
Una pareja que en su huida se desencuentra tras los acontecimientos de la Guerra Civil española.
Individuos que al poco tiempo de hallarse se confiesan distantes y cuyo contrapunto es el odio alimentado por un error de elección en una coyuntura adversa.
La acción de la novela se sostiene sobre unos sujetos replegados sobre sí mismos desde el inicio del relato.
La decadencia en la que se adentra la casa familiar se conjuga con los exabruptos del padre y en definitiva con el silencio familiar del que todos huyen pero alimentan a la vez:
La casa envejece como ellos y madura para la muerte, entregada al desamparo que resucita los recuerdos y proyecta fragmentos de sueños sobre los muros.
29 En este retrato de exiliados, herederos del exilio, y en definitiva autorelegados de su propia historia, el regreso al lugar de origen forma parte del imaginario familiar.
Instituyéndose la paradoja de volver a un país que se convierte en ajeno.
Suspendidos en la ensoñación de un paraíso perdido hipotecarán una identidad, alineada entre dos espacios y dos tiempos e intermediada por un pasado sin futuro.
Un retorno pospuesto ante la paralizante incertidumbre de regresar al lugar del cual no se partió, es decir de volver a un no lugar.
30 El destino de ambos, por lo tanto, está desdoblado por dicho fundamento dificultando en los hijos del exilio desplegar una identidad propia y poder en consecuencia afianzarla.
Una dimensión que sin embargo es nutrida por el papel que cumplen los sueños en los primeros transterrados, pilares sostenedores de la nostalgia de unos individuos desplazados en el espacio y en el tiempo.
Mientras que la presencia de la España republicana se manifiesta en el trazado urbano de la Avenida de Mayo de Buenos Aires.
Mediante este enclave se alinea la quimera de un retorno nostálgico cultivado por el recuerdo de los exiliados, así como por los aromas, los sabores y el contacto silencioso o secreto entre unos seres desubicados.
Aunque Miguel, principal relator del contexto familiar y político, reconoce que éstas no eran experiencias reales pues sólo se nutrían de la pura añoranza: Avenida de Mayo, llena de libros viejos y de mozos gallegos, con los que mi padre, también gallego, hablaba de Vigo [...]
Entonces mi padre estaba vivo y soñaba sus sueños materiales, hechos de aromas y sabores, de tactos secretos [...]
Pero aquella vida no tenía de real más que la nostalgia [...] lealtad a un mundo que no me pertenece y al que no pertenezco.
31 En este primer capítulo el hijo mayor rememora los atributos y los valores de los progenitores permitiéndonos comprender actitudes y comportamientos que rigen la acción de los mismos.
Alude a la decrepitud física y emocional de los padres quienes con tesón cultivan la distancia en el entorno familiar.
Incapaces de dar/se consuelo ni compasión, sus recuerdos sólo giran en torno al hijo muerto, Luis, paradójicamente por la patria en un intento de articular una identidad propia.
La tentativa del desapego familiar por parte del joven de los Neira lo llevará a perecer en la Guerra de las Malvinas.
32 Relegado a un espacio de frontera, la memoria del hijo ausente mantiene un papel central en la obra frente a la memoria del retorno que sucumbe con el progenitor.
Mientras tanto el padre es representado como un ser malogrado por la mala fortuna del matrimonio y el exilio.
Ambas circunstancias forjan su destino y, sin amor ni odio, «quizás sólo miedo...» se conformará como un hombre al cual le quedaba algo de «espera que no se parecía a la esperanza».
33 Desde su contribución en la guerra hasta el ejercicio como capitán de mercante fracasado, Juan Manuel huye de la circunspecta realidad, adentrándose en las «intimidades del olvido», acompañándole un silenciamiento de afectos, en «ese mar austral que no era su mar».
Al mismo tiempo que el hijo mayor, Miguel, hereda junto al exilio paterno la «desdicha de vivir».
34 El texto de Lojo se presta a diversas lecturas entre las cuales permite adentrarnos al análisis sociológico de la institución familiar, bajo el marco del desplazamiento tanto físico como cultural y a partir del eje que es el matrimonio Neira.
32 La guerra como realidad mortuoria atraviesa el texto de Lojo mediante la aparente y ausente fragilidad de Luis, el hijo menor de la familia Neira.
Hecho histórico que retrotrae al padre a recuperar la memoria de la Guerra Civil española, revelando las señas de su identidad en un constante diálogo entre diferentes experiencias como en distintos tiempos y contextos.
En este combate contra las fuerzas británicas (1982), perdido desde el comienzo, fueron enrolados jóvenes inexpertos entre 18 y 20 años de edad donde se hizo incorporar a la población indígena alentada por el valor a la argentinidad y la patria.
34 des-encanto de la clase social mejorada de los padres en el contexto del exilio.
Una dimensión expuesta con hábil maestría por parte de la escritora al confrontar los valores, costumbres y prácticas del resto de la parentela paterna emigrada a Buenos Aires.
Ésta, constituida por dos hermanas del padre, se remonta a los orígenes rurales del lugar de procedencia.
Desplazadas en barrios humildes y ambientes toscos se asimilan culturalmente hasta adentrarse en los suburbios de «tango y sainete» descritos en el relato.
Identificadas como «mujeres de campo, simples y toscas», 35 difieren del refinamiento de la familia Neira, encomendada por el rancio abolengo de Carmen, la progenitora, la cual actúa de manera compasiva con las cuñadas.
El cáustico retrato que Miguel transfiere de su madre es el de una mujer condescendiente cuyo paternalismo convierte a sus parientes en unos seres inferiores.
Postura enmascarada en una suerte de excepción que la llevará a tratarlas como sujetos menores de edad.
El perfil arrogante de la matriarca remarca la hegemonía de su propia condición social, subestimando a la familia del esposo, a pesar de la pátina misericordiosa que aparenta figurar: 36
Mi madre había dado todo un ejemplo de admirable sencillez y caridad cristiana.
37 Por otro lado, la elección de un ama de llaves intermediada por el paisanaje indica igualmente la preferencia materna por una criada discreta y reservada, pero especialmente de raza blanca, origen europeo y condición humilde.
38 Una designación en concordancia a la posición social familiar:
36 La percepción y el consecuente tratamiento de la matriarca hacia la familia política es de clara superioridad ejerciendo para la ocasión un proteccionismo mediado por su condescendencia o «patronizing».
A nuestro parecer, desde esta postura se sostiene grosso modo una mirada entre compasiva y despreciativa de las cuñadas.
Mi sincero agradecimiento a María Rosa Lojo por la objeción en torno a las múltiples aristas que este personaje contiene y particularmente por la aportación al texto de la acepción de «patronizing» y su contribución en el análisis de esta red de relaciones en el contexto descrito.
Asimismo a Alejandro Fernández por hacer posible este puente transatlántico de conocimientos e ideas.
38 De este modo María Rosa Lojo retoma los trazos configuradores del imaginario argentino articulado en base a la exclusión en lugar de la integración, donde la fuerza de la clase media desplazaría al mestizaje como elemento constitutivo de la argentinidad; negando, en términos de la autora, «las propias raíces».
Desde este enfoque reformula la nacionalidad en base a la construcción de un país blanco y europeo, revisando al mismo tiempo en su obra literaria los mecanismos alternos de exclusión y transculturación a partir de la experiencia migratoria y del exilio.
Respecto a esto último, véase Lojo (dir.), 2008.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.10 Prefería una mujer de mediana edad y, a ser posible, de la clase baja española que, después de todo era europea, y le evitaba tratos demasiados personales con las 'negritas'. [...]
39 La rememoración acerca del entramado que sostiene las relaciones afectivas y familiares de origen de la madre permite comprender la decisión de ésta respecto al casamiento con Neira y su posterior destierro.
Con ello nos remite a la trayectoria biográfica del abuelo materno, un coronel viudo, rechazado por la hija tras mantener relaciones ilícitas con mujeres de «baja cuna», entre éstas una fémina de etnia gitana.
Motivo por el cual Carmen tramará una venganza paterno-filial, esposándose con un enemigo del padre y resarciéndose del bochorno.
Con ello Carmen Albarracín teje en realidad su propia red donde quedará atrapada como reina destronada, al casarse con un hombre de otra condición social que podía hasta «avergonzarla».
En consecuencia se aleja de su vida acomodada y viaja a América para hilvanar un nuevo destino lejos de las miradas:
Mi madre disfrutó escaso tiempo de su venganza, y se encontró de pronto casada con un hombre de otro mundo, un hombre extraño que no podía sino avergonzarla [...]
Pero después de todo, creo, había en la casa alguien aún más sólo que ella y que yo y que mi padre [...].
40 Sin embargo en esta novela de frágiles relaciones emerge un halo de esperanza pues, entre otras conexiones fraternales, Miguel también testimonia los firmes vínculos afectivos en los que se sostiene su relación con el resto de los personajes.
Entre estos cabe mencionar la hermosa descripción acerca de cómo se fragua su amistad con Alberto Krieger.
Ambos jóvenes coinciden en una similar fractura identitaria como es la configuración de la argentinidad a través de sus orígenes extranjeros.
41 Así como por el hecho de compartir la experiencia de un padre ausente, uno mediado por el mar y otro por el abandono familiar.
El extenso relato encabeza-39 Idem.
41 La concepción de extranjería -con diferencias notables a la noción que su progenitor percibe de esta experiencia enajenante-en el marco de la construcción de la identidad nacional lo llevan a replantearse la posibilidad del retorno a sus orígenes inducido por su desarraigo y ante la inestable historia económica argentina contemporánea.
Aunque el éxodo de los argentinos difícilmente tiene cabida en el imaginario colectivo de un país que ha sido modelo de empresa biopolítica, en cuanto a administración y objeto de la acción del gobierno para la construcción nacional, su población se vería dispuesta a migrar en diversas etapas a partir de la segunda mitad del siglo XX.
ESMERALDA BROULLÓN ACUÑA do por Miguel ahonda en los condicionamientos externos que orientan las estrategias de todos los miembros del grupo familiar.
Otorga un especial protagonismo a Irene, su hermana melliza.
Ambos son representados como seres desolados por el desconsuelo y el desamparo familiar que les rodea.
Pues el repudio también se abatirá sobre Irene al elegir como pareja al filántropo médico en que se convierte Alberto, el amigo de Miguel.
Un hecho que la lleva a abandonar la casa sin legado alguno.
Mientras tanto el trágico episodio por el rapto y la desaparición de Laura -la novia de Miguel-en el contexto más dramático de la historia política argentina, lo amordazan.
El recuerdo de los desaparecidos preservados en un retrato que amarillea debilita el futuro del joven-hijo de exiliado que es Miguel.
El rechazo o la aceptación de una dimensión cercana a la felicidad es un tema que aborda la autora y en los que se encasillan unos personajes al borde de los límites de su existencia:
Se la llevaron, confundida con no sé quién, a no sé dónde, para no devolverla nunca [...]
Dentro de otros treinta años todavía tendré la última foto.
42 Ante la pesadumbre del ambiente familiar, Miguel opta por una solución escapatoria.
Abandona la casa familiar obviando la existencia de su hermano Luis, el hijo más amado y por el mismo hecho sobre el que recae, en su propia huida familiar, el peso mortuorio de una paradójica guerra.
En la última parte de su narración, Miguel, el hijo mayor de los Neira disecciona su perfil de viajero y crápula.
Una evasión que al mismo tiempo sirve para trasmitir el legado del progreso argentino.
En este contexto de autoexilio interno discurrido durante la década de los años ochenta, el protagonista baraja la posibilidad de viajar a Europa.
Sin embargo se resiste a retornar al lugar que contiene parte de su propio ser, su condición malograda y que reside originariamente en España.
Bajo este discurrir, el joven reconstruye su relato biográfico mediante una sucesión de fragmentos inconexos.
Yo Miguel, el desterrado de una tierra en donde no nací, el que vive no sólo en su país -triste país-sino en el mundo como en un hotel.
43 Un rompecabezas difícil de componer pero hábilmente manejado estilísticamente y expuesto en un extenso primer capítulo de la novela que ahonda en la realidad histórica de todos y cada uno de los personajes a par- 42 Lojo, 2008, 35.
EL RETORNO COMO PATRIMONIO EN LA OBRA DE MARÍA ROSA LOJO tir de su condición de desplazados.
En consecuencia el protagonista vive sin raíces, «entre culturas», rechazado desde la cuna, autodesterrado de la tierra donde nació que no es la de sus progenitores y como «hijo pródigo que no es aguardado por padre alguno».
Los personajes lojianos y el contexto del tránsito
La narrativa de Lojo está caracterizada por la convergencia y el protagonismo plural adquirido por la experiencia de sus personajes.
En su obra el pasado reciente se vuelve presente, 45 bajo una variedad de discursos y originales estructuras narrativas.
El reconocimiento del pasado inmediato por los sujetos permite a éstos revisar el hoy de un relato -narrado en primera persona-que adopta forma de viaje interior como característica propiamente lojiana.
Con una mirada retrospectiva entretejen su historia personal junto con la historia política hispanoargentina.
En este vaivén temporal el discurrir de la novela prosigue mediante una transmisión de escuetas cartas, loables por su transferencia informativa.
De modo que el segundo capítulo lo constituye un relato epistolar de un personaje relevante: Alberto Krieger, 46 el marido de Irene, escrita en febrero de 1984 y enviada a Miguel por el día de su cumpleaños.
En esta misiva el joven médico filántropo actúa como puente de unión entre ambos hermanos.
Pero como voz de su conciencia le reprocha su aislamiento y repliegue, «para curarse hay que querer».
47 Alberto representa, junto a Irene, el contrapunto vitalista y la fuerza renovadora de unos actores que reconocen la pluralidad de su legado coexistiendo en ellos diversos referentes identitarios, pero sobre todo logrando eliminar toda dominación jerárquica al respecto.
En las letras enviadas a Miguel le transmite su comprensión sobre el fuerte condicionamiento que ha ejercido en su identidad la relación de los padres, erigidos en culpables y víctimas a la vez.
A pesar de ser rechazado por la 44 Idem.
45 Enfoque que hemos revisado a partir de los fundamentos expuestos por Huysen, 2003.
46 Su origen alemán y la conexión a la familia Neira marca un contrapunto amortiguado en la transitoriedad identitaria, especialmente de Irene.
De este modo la transculturación recreada por la unión de ambos atenúa la frontera de lo ajeno hacia la reconstrucción de lo propio, materializado en el nuevo enclave territorial donde éstos se desplazan simbólica y físicamente, permitiéndoles enraizarse (concluyendo el arraigo) «tierra adentro».
Asimismo se evidencian una vinculación de dicha configuración con respecto a la realidad de la autora en relación a su propia biografía marital.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.10 familia de la esposa considera a Juan Manuel Neira como un hombre honrado arrastrado por las circunstancias y el error de una mala elección:
Pienso, sobre todo, en la palabra error.
Yo creo que nadie logra, en algún momento, evitar la sospecha de que su vida es un error, de que en los caminos posibles (sí, son muchos menos de lo que uno cree) ha elegido, justamente el equivocado.
48 Para vislumbrar la insondable elección de la condición humana en combinación con el azar, el joven narra en su carta la historia del padremendigo que lo abandonó y con el cual años más tarde se reencontró.
49 Pero advierte cómo su dolor y su ira se consumaron junto a Irene con quien reconstruye un itinerario personal propio y común.
Es decir, traspasan la frágil frontera entre memoria e identidad porque construyen un lugar en el mundo y esto es a su vez lo que tratan de mantener, incluso en su retirada familiar y exilio interior, alternando otras formas de entender el pasado y reescribir la/su historia.
Una historia que marca la imposibilidad del regreso tras su inclusión «tierra adentro» mediado por su traslado junto a la joven a la Mesopotamia argentina.
El tercer capítulo también se circunscribe a otra carta, escrita por Luis y dirigida a su hermana Irene en diciembre de 1981.
Si bien los dos capítulos anteriores traslucen información sobre el perfil del joven, el autor de esta misiva enfatiza por su parte la pesadumbre de vivir en la casa familiar, bajo el riesgo de perecer en ella como un objeto disecado.
Manifiesta a su hermana sus futuros planes de estudios universitarios, dando prueba de su vitalidad y especial sensibilidad -feminizando con ello la figura de este personaje-.
El autor de la misma se describe como un soñador mientras que en un contexto tan abrumador apuesta por el futuro sin replegarse, siendo el único miembro de la familia que no deambula desalojado del mundo real en el que vive.
Por este motivo refleja sus expectativas de «hacer algo por el país» y contrariamente a su hermano Miguel no se percibe como un individuo sin raíces sino que al contrario alude a su anclaje a un lugar, una tierra real:
Quiero hacer algo por el país en que nací [...]
Quizá por eso me siento más distante de Miguel [...]Y me dirías, Irene, que esta nueva y gloriosa nación ya es vieja, prematuramente vieja, con los cimientos corrompidos por la violencia y la mentira [...]
Tal vez no, porque ese sueño que es tu vida sigue creciendo, lento, seguro, como tus hijos, sobre una tierra real, y tendrá significado.
50 Una vez que manifiesta a su hermana su deseo de partir de la casa así como la asunción de las consecuencias por el abandono de los padres, desmonta su papel de hijo débil.
Luis será el más arriesgado de los personajes, bien por transgredir el peso de haber nacido a destiempo o bien por cargar con las dudosas consecuencias de una relación extramarital de la progenitora.
De ahí que trascienda de la protección maternal a la fría realidad de frágil combatiente.
Una nueva misiva enviada desde la guerra de las Malvinas en mayo de 1982 constituye la crónica de una muerte anunciada.
En ella Luis manifiesta no sentir miedo sino tristeza, dolor e indignación con los sucesos que protagoniza.
51 Valores que lo aseveran a su propia condición y fortaleza porque la guerra -la muerte-lo colma extrañamente de una gran fuerza vital, aunque ésta no será más que una esperanza truncada tal como acontece su trágico destino:
Me parece tan curioso no sentir miedo.
Sólo tristeza, indignación, dolor [...]
¿Será eso lo que llaman 'hacerse hombre'?
Cuando vuelva, Irene, te aseguro que este hombre que soy, o que quiere ser, va a hacer algo en serio.
52 En esta distintiva estructura narrativa de María Rosa Lojo, en consonancia al estado de fragilidad y transitoriedad identitaria de los sujetos, el cuarto relato hace público algo tan privado como es un fragmento perteneciente a un diario, testimoniado por Irene a fecha del 13 de febrero de 1985.
53 Mediante dicha modalidad autobiográfica, regido como un espacio para el reconocimiento del yo, la narradora -desplazada por la figura de la madre-recrea la propia experiencia y la transmisión del legado familiar bajo el escenario del exilio paterno.
En sucesivas líneas atesora los hechos de la cotidianidad, las impresiones, los recuerdos, los sentimientos, reflexiones y opiniones mediante fragmentarias anotaciones cotidianas aunque ciñéndose al devenir del tiempo.
51 Los personajes y las temáticas lojianas interfieren transversalmente a lo largo de su obra narrativa y poética.
La Guerra de las Malvinas está igualmente latente en su trayectoria poética.
52 Lojo, 1987, 77 53 La autora incorpora en el seno de su novela esta modalidad de escritura como técnica narrativa reparando especialmente en el alcance antropológico que adquiere la misma.
El capítulo cuarto articula diversas formas de la memoria y las condiciones de producción de este introvertido documento testimonial mediante un relato de ficción dentro de la propia ficción novelesca.
54 En este relato Irene es representada como una mujer desarraigada que a su vez rememora la nostalgia evocada por el padre hacia su lugar de origen; lamentándose en su reflexión de la escasa atención prestada por parte de los hijos hacia éste:
Los rasgos de mi madre, silenciosa y bellos como una estampa antigua; los ojos de mi padre, tristes de mar, empañados de tiempo recorrido [...] y mi padre, sólo mi padre recitaba, tácitamente, casi para sí:'Donde yo me he criado...' y ya no escuchábamos [...]
La única plegaria que papá se permitía decir.
Yo me miraba y me sentía infeliz, por no haber nacido verdaderamente en ningún sitio.
55 En unas escuetas pero precisas líneas retrata a sus progenitores a la vez que explora el desapego familiar experimentado a causa de la incomunicación entre los miembros.
Sólo el pequeño legado materno, paradójicamente compuesto por un bello espejo, se erige en el símbolo de la perfección sobre el cual estaba doblegada la madre, encomendado por su condición femenina y clase social, territorios que iluminan el ansiado rastreo identitario:
Si hubiera hablado con mi madre... pero mi madre estaba sola frente al espejo y suspiraba; ¿se reconocerán, seré todavía hermosa cuando vaya a España? 56 Alejada en cambio de los padrones comportamentales de su condición -y condescendida en una figura de leyenda como duende-sólo será protegida de su aislamiento y del ambiente opresivo tras su encuentro con Alberto, el amigo de su hermano:
Yo no soy una mujer, le contesté soy un duende [...]
Pero alguien que me amaba me salvó [...]
Y me sentí orgullosa porque yo también tenía magia, una magia nacida del juego que nos daba la alegría.
57 A partir de esta relación la autora del diario rememora por primera vez una «canción perdida...» en honor a los recuerdos del padre.
Durante la 54 Irene a través de su diarística reconstruye una trama ficcional -ficción dentro de la ficcióndonde los referente son sus propios padres.
Reescribe una historia propia en sus cuadernos, trascendiendo la fatalidad sobrevenida y tratando de esclarecer los itinerarios personales entrecruzados en fechas superpuestas que son reinterpretados en su escritura bajo la búsqueda de otro sentido al destino familiar.
55 narración autobiográfica de Irene se incorpora a modo de hipotextos un espacio mítico, 58 a través de una leyenda mágica transcrita bajo el título de «La verdadera historia del anillo».
59 Ésta recrea la fábula de un viajero/mendigo desterrado que representa al padre.
Mientras el preludio de un poético y onírico cuento, «Invocaciones a la dama del espejo», exhorta la historia de la madre, encarnada en una mujer infeliz, ingrata y cautiva de sí misma.
60 De tal manera que los personajes fantásticos incorporados a la leyenda y el cuento adoptan los rasgos de los propios protagonistas, trasmutando la fatalidad familiar acontecida y justificando el proceder y el desatino de éstos, más allá de una racionalidad instrumental.
La narrativa que Irene franquea consigo misma finaliza con otra misiva que su autora reescribe aunque sin contener un destinatario, pues su receptor es el hermano menor fallecido.
En esta carta escrita el 25 de diciembre de 1984 reflexiona sobre las capacidades y oportunidades perdidas de Luis.
La imposibilidad de que este permanezca en el recuerdo -debatiéndose entre la memoria y el olvido-por no más de un par de generaciones.
En forma de manifiesto argumenta que si ha de creer en algo o alguien sería en la figura de su hermano desaparecido.
La singularidad estética de Lojo se reproduce en el quinto relato de su novela protagonizado por Carmen, la matriarca de la saga familiar, representada en una mujer narcisista.
Su discurso enfatiza el tono confesional utilizado por el resto de los cronistas.
En su caso, la confidencia adopta la modalidad del discurso oral transmitido en una cinta que ésta deja grabada.
Un legado destinado a Irene, la hija ausente.
La madre, a pesar de haber malogrado la imposición de su honorable legado, realiza una declaración de buenas intenciones aunque ajustada a una doble moral, pues, para los padres, Irene es una hija «mal casada» que, además de transgredir las convenciones sociales, desistió realizar un casamiento acorde a su estatus.
Sin embargo, al unirse al joven médico de origen alemán, logra transformar la infelicidad familiar sobrevenida por la unión de los padres.
La misiva escrita por Carmen Albarracín se encuadra en un modelo de vida social impuesto que, desde sus cimientos ideológicos, retroalimenta los fundamentos 58 Espacio que alcanza una mayor plenitud en Lojo, 1994.
59 Lo mágico adquiere en Lojo un estatus privilegiado, pues a partir de dicha dimensión la autora ahonda en cuestiones antropológicas y filosóficas de los personajes particularmente en sus contextos culturales.
Mediante el poder evocativo del lenguaje mágico, la autora recompone una representación del mundo que permite a los protagonistas transitar más allá de una razón instrumental, así como trasmutar la trayectoria sobrevenida, en este caso, del exilio de los Neira.
Cuando en realidad la figura de la madre no es más que un arquetipo, una construcción histórica, puesto que si el modelo predominante gira en torno a una progenitora, en cuanto a fuente de afecto y seguridad para la prole, legitimado por el peso de la familia nuclear, la figura de Carmen resquebraja este principio modelador.
Ante estas circunstancias de distanciamiento, la madre finalmente se confía en la hija para narrar una historia personal, 61 su trama y venganza originaria; recaída, no obstante, en ella misma y más tarde en el grupo familiar.
El personaje reflexiona sobre los valores que han predominado en su vida cotidiana.
Si bien relata el modo en que, frente a la esfera pública/política, su vinculación al terreno privado/familiar hizo que sus relaciones se despolitizaran, perpetuándose una construcción de las diferencias respecto al sexo.
Diferencias implementadas como jerárquicas, dicotómicas y excluyentes, donde los valores supremos aparecen terciados por un orden patriarcal.
Es decir, Carmen asiste a la imposición de unos valores, culturalmente definidos por diferencias biológicas que articulan en el sujeto unas indicaciones referenciales de tipos ideales.
El imperio civilizatorio impuso una determinada economía afectiva, configurada en un pensamiento binario-complementario y definidas por unas relaciones sociosexuales y usos amorosos, mostrados como un ideal de amor romántico que apela al matrimonio, como la más alta culminación y logro emocional.
Mientras que en el perímetro privado se despliega el discurso del amor puro, inspirado en el rol de esposa fiel y madre nutricia al que Carmen no se corresponde.
Carmen Albarracín relata en esta lúcida declaración los episodios sucedidos en la alta y rancia sociedad de origen, recreando el marco político de una clase social en una época determinada de la Historia de España.
A través de la memoria rescata el pasado para posicionarse ante las circunstancias que acompañan el presente.
Después de ser abandonada en su juventud española por un falso escritor, tras un esperpéntico evento prota-61 En busca de la comprensión de los hechos acaecidos en el exilio y rescatando la solidaridad femenina mediante la confesión, la madre, en los últimos días de su vida, realiza una declaración privada ante la hija ausente, intermediada por un «dispositivo de feminización».
A partir de ello revela la lógica que subyace en la consolidación de una hegemonía representativa e imagen dada en torno a la mujer burguesa como modelo de feminidad, abordando con ello nociones claves de la génesis de la modernidad eurocéntrica trasplantada en este caso al imaginario rioplatense.
Sobre un planteamiento teórico que analice los procesos sociohistóricos de dicha hegemonía, véase Varela, 1997.
Por este motivo decide casarse con un marino republicano y ateo con carácter arrogante:
Hoy se ha casado con un ex marino de la República, un tal Neira.
Dicen que es un ateo, un ateo que tiene fe en el hombre [...]
Pero Carmen ha cometido un desatino.
Nadie puede juntar el agua y el aceite.
La sangre derramada es un abismo que arde todavía.
Dios se apiade de ella y del infeliz de Neira [...]
Caro le va a costar casarse con una señorita sin un céntimo de la 'buena sociedad'.
No será el primer loco derrotado por la sublime estupidez de la belleza.
62 La matriarca declara a la hija los motivos de su partida a América, así como su posterior legado de discreta mujer burguesa que logra un ligero grado de independencia, por la dedicación a una faceta pública como regente de un comercio de confección y ante una relación extramatrimonial que ésta expone en su grabación.
Reina destronada por el padre, el esposo y por sí misma no concibe al final de su vida más que el propio repudio, revelándose incapaz de proteger a su prole.
El sexto capítulo contiene la autobiografía de Juan Manuel Neira quien, pronunciándose desde una impersonal primera persona, recompone su trayectoria con cierta distancia.
El marino mercante, a modo reflexivo, invoca la crónica de una certera muerte al hallarse, en el ocaso de su vida, desraizado, enajenado y especialmente envilecido por su esposa, Carmen Albarracín.
En este marco de interacciones sociales en que se sitúan ambos protagonistas, podríamos argumentar que la vida en sociedad se pone de manifiesto mediante el uso de unas determinadas capacidades, aptitudes o poderes sociales, psicológicos y físicos.
En su configuración existe una estructura socio-sexual patriarcal centrada en la institución del matrimonio, marco regulador de las relaciones entre los sexos.
Desde esta perspectiva, la novela de Lojo retrata una relación sobre el conflicto -marital-donde las capacidades humanas de sus personajes son extraíbles a un continuo juego de poderes, poniéndose en correlación unas transacciones socio-existenciales que dan y recrean identidad:
He dicho que no hay más que la muerte [...]
He sido desalmado, desraizado, arrancado [...]
Y no haber encontrado nada, nada.
Porque este oro no tiene significado [...]
No tendrás esto como has tenido todo.
Hay un pequeño trozo de mi alma que no es tuyo.
63 El patriarca de la casa Neira se debate en la disolución de su memoria e identidad -llevándolo al suicidio-que hasta entonces había reafirmado desde su condición de exiliado.
Como tal se sabe conocedor de la imposibilidad del retorno al lugar originario, consumando su condición de «enajenado en lo propio».
No obstante en esta autorreflexión biográfica se retrata de manera altanera y majestuosa, arrastrado por la hombría y el orgullo.
Rememora sus antecedentes familiares, frente a la rancia estirpe de la esposa, en torno a la búsqueda del Dorado, al recuperar la figura del escribano de Indias, Felipe Neira, olvidado, al igual que su predecesor, en sus sueños de gloria.
Evoca más que ningún otro personaje, por protagonizarlo en primera persona, su nostalgia de exiliado y recompone historias fragmentarias que recrean la cultura española de posguerra, fustigándole el sentimiento de morriña de su Galicia natal.
Abrumado por la penalidad de las «batallas perdidas», la desaparición de los compañeros de guerra y la muerte de la madre desolada ante la ausencia del esposo e hijos, arremete contra Carmen, la mujer que amó y aborreció a un mismo tiempo.
Bajo estas circunstancias, narra los sucesos que lo indujeron a vender la tierra para «hacer las Américas»:
Me llevó el demonio, el mar, la mujer, la gloria (...) esa bella durmiente a la que quería despertar.
64 Sin ápice de autocompasión, los últimos días de Juan Manuel y Carmen en los márgenes del «oeste» porteño se hacen insostenibles.
De ahí que el personaje se adentre en un permanente clímax nostálgico donde retrotraerse a la cosmovisión de la cultura gallega, recordando la tensión ilusoria que había mantenido a lo largo de su exilio con el fin de recuperar un paraíso perdido.
Un legado utópico tenazmente transmitido a los hijos y que éstos no habrían sabido recomponer, ante la imposibilidad de tornar su mirada a un lugar que nunca fue real en sus trayectorias, más que en el imaginario familiar.
En esto último reside la paradoja del exilio heredado.
Por lo tanto el marino republicano testimonia un anhelado regreso que sabía imposible para sí mismo.
Suspendido en un espacio donde los extremos convergen a través de un tiempo circular -retroalimentando la esperanza en los hijos-transmite una experiencia de vida nutrida en las contradicciones propias de un estado en tránsito.
El exiliado reformula las condiciones de reafirmación identitaria mientras que en los hijos la identidad circu-la cuestionada y delineada en constante diálogo y no sin fricción con la historia familiar.
Detenidos entre dos universos e inmovilizados en dos tiempos y dos espacios, la generación del exilio heredado subsiste en una débil prolongación de la trayectoria paterna, quien desde la nostalgia errante consuma su conflicto existencial mediante el suicidio.
Por lo tanto, el destierro ha sido el único cronotopo posible para el primer Neira, desplazado en el borde oeste, periferia inalcanzable del otro oeste: la Galicia del exilio interpuesta por el mar y la extraterritorialidad.
Otro de los aspectos relevantes en la obra de María Rosa Lojo es que recupera el papel femenino sin idealizarlas ni victimizarlas.
Reinserta en su narrativa los perfiles marginales de la urbe, por lo regular dispuestos en espacios intersticiales.
Si las mujeres de esta novela no logran una «realización personal», María, el ama de llaves que se pronuncia en el séptimo capítulo de la novela logra trascender la experiencia propia como la ajena.
A la vez se realza como el personaje más lúcido entre los dispuestos por cada capítulo.
La novela se cierra con una nota diarística de María, la fiel servidora de la casa familiar registrada el 15 de diciembre de 1984.
Un manuscrito en el que se intercala la primera y la tercera persona donde ésta, contradiciendo su condición de mujer reservada a la sombra de la señora de la casa, toma la palabra y reformula en unas breves líneas los espacios de poder y hegemonía en su experiencia como inmigrante gallega en Buenos Aires.
Cuerpo de servicio durante veinte años se reafirma en su identidad y trayectoria propia, al margen de los Neira.
Muestra especial compasión por Carmen Albarracín, la señora, mal casada y triste -aristócrata venida a menos-que dirigía un taller de costura fina.
De este modo sostiene que la vida de Carmen no ha sido más que una infeliz y larga espera.
La sirvienta de origen gallego narra su biografía en el marco del desplazamiento migratorio al que asiste como hija de republicano.
Viajó a Buenos Aires en la madurez de su vida, sola, tras la pérdida del esposo y su único hijo.
Prosiguiendo las pautas de la interacción del paisanaje en el exterior, María es recomendada para incorporarse como criada a la casa de la familia Neira.
La guardiana del hogar en que se erige María registra en su manuscrito el estado anímico de los miembros de la casa a su llegada y retrata unos hijos asustados, un padre profundamente melancólico, esbozando un retrato compasivo de los esposos:
Era una pobre mujer, después de todo.
Necesitaba de tantos espejos, de tanta admiración para creerse amada.
Ni a sí misma se amaba y sólo supo querer lo que veía en ESMERALDA BROULLÓN ACUÑA los espejos de los otros: su belleza.
Desde que yo la conocí soportó durante años a ese hombre terco, duro, apasionado, orgulloso, que sin embargo la quería y que sin poder evitar la quiso siempre.
65 La criada disecciona en pocas palabras la experiencia de recomponer su itinerario, a pesar de dedicarse al servicio de los demás, asumiendo sin resentimiento una trayectoria sacrificada.
Revive el recuerdo de Galicia, el rumor de los mozos cantando por las aldeas, la importancia de la festividad, del descanso, la paz y el sortilegio de haber abandonado la esclavitud del trabajo en la sociedad de origen.
Portadora del legado familiar, trasmitirá, mientras viva, la memoria de esta historia compartida en el destierro al linaje de los Neira en la Argentina.
A modo de conclusión «Canción perdida en Buenos Aires al oeste», ficcionaliza la experiencia de una generación de descendientes de exiliados españoles en la Argentina.
En la línea de esta temática, los relatos de María Rosa Lojo adoptan la peculiaridad de un viaje interior, en consonancia con las emergentes narrativas del «yo», revelándonos en consecuencia aquello que los sujetos hacen de su experiencia.
Si bien emergen trazos de dominación eurocéntrica en sus textos, la autora acentúa la alteridad como elemento central de análisis.
Su narrativa ahonda en el exilio como lugar de conocimiento mientras que sus personajes, exiliados o hijos de exiliados, deambulan desde los márgenes en busca de un ansiado progreso bajo un anclaje territorial.
Emplazados en el «oeste» incursionan en sus identidades a través de un espacio fronterizo.
La identidad por lo tanto no es ni una esencia ni una unidad estática sino una práctica estructurada histórica y culturalmente.
La autora revisa el hecho cultural de la argentinidad, la heterogeneidad identitaria argentina en cuanto a país constituido por población emigrante y cuya cultura aborigen sería relegada a un mismo tiempo.
A la vez que combina ancestrales reminiscencias mágicas, cabe reseñar el paratexto introductorio en la narrativa lojiana.
Constatamos una singular representación de los personajes a través de sus epígrafes que dan claves del trasfondo argumental, bajo una lógica de intertextualidad bajtiana.
La obra que adquiere un tono confesional disecciona de manera magistral los desencuentros y los destinos malogrados entre los sujetos, a pesar del intento final de convergencia por parte de éstos en esclarecer mediante cada modalidad discursiva sus propios itinerarios.
Sin capacidad de discernir entre el mundo real y la copia, los individuos emergen en un constante diálogo con su historia familiar en un arco indeterminado del tiempo que su autora nos lega en esta obra como parte de una memoria e identidad compartida entre ambas orillas atlánticas.
La trama se sostiene en un oscilante contrapunteo cuyo movimiento no cesa ni tan siquiera con el desenlace final.
Pues entre la pérdida y la reparación, lo propio y lo ajeno, el extrañamiento o la nueva identidad se acotarán paradójicamente la in-movilidad en los personajes.
Éstos evocan un pasado inconcluso que como tal es contemporanizado, de ahí que vivan insertos en proyectos irresolutos.
De este modo la autora legitima el territorio de las subjetividades, si bien, en un constante diálogo con la historia reciente.
Por otro lado, la historia familiar no deja de ser mostrada como un relato de opresión, mientras que el motor que activa su propia trayectoria está retroalimentado por la idea del retorno.
Una finalidad perseguida por la búsqueda de un paraíso perdido que suspende a los sujetos en dos tiempos y espacios, hipotecando sus destinos.
En consecuencia se fragua una débil memoria colectiva, patente en un pasado sin futuro.
No obstante la memoria familiar se asienta en una dualidad espacio-temporal, configurada entre Europa y América; de ahí que los sujetos se muestren enajenados en/de lo propio, fundamentos organizadores de la historia. |
Pero además, el trabajo en distintos archivos de España y México nos ha permitido conocer mejor a su autor, situándolo en las redes de mercaderes extranjeros que comerciaban en la Carrera de Indias.
La documentación manejada, combinada con el relato, nos permite acercarnos a los métodos usados por los extranjeros para participar en la Carrera de Indias y el tipo de tratos que llevaban a cabo.
Así mismo, este artículo analiza la circulación de información sobre América en Europa.
En la Biblioteca Marciana de Venecia se conserva un pequeño relato donde se da cuenta del viaje realizado a la ciudad de México en 1618 por el vicentino Alessandro Fontana.
El texto manuscrito, de tan sólo seis páginas, está redactado en un perfecto castellano.
En el mismo no se menciona en ningún caso a quién va dirigido, qué razones llevaron a su autor hasta la Nueva España o porqué decidió escribir su historia.
La publicación del relato, cuya transcripción se ofrece al final de este artículo, estaría justificada sólo por el interés del mismo, y por la viveza con que las distintas ciudades y lugares visitados por el autor están descritos.
Sin embargo, he querido ir más allá, combinando distintas fuentes archivísticas para resolver, al menos en parte, los interrogantes planteados por el relato, y así mismo ahondar en el estudio de las redes mercantiles que conectaban Europa con el Nuevo Mundo, justo a un nivel que con frecuencia se nos escapa, pues aquí hablaremos poco de los grandes mercaderes para centrarnos en la figura de un joven factor que se encargaba de llevar las mercancías y el dinero de una orilla a otra del Atlántico.
Pese a que es bien conocida la importancia de los extranjeros en el comercio transatlántico,2 como afirman Fernández y Díaz «la actividad y las identidades de muchos de estos hombres no han sido estudiadas, debido a que en buena parte desarrollaron sus actividades al margen de las grandes instituciones comerciales de la Sevilla moderna: el Consulado de Cargadores a Indias y la Casa de la Contratación».
3 Sin embargo esos hombres, aunque extranjeros, constituyeron una parte esencial de la vida sevillana y mexicana del Seiscientos.
Para estudiarlos debemos utilizar información procedente de archivos ubicados en distintos países, pues resulta espurio intentar trazar las vicisitudes de un grupo de mercaderes extranjeros en la Carrera de Indias limitándose a los archivos de una sola ciudad, por muy ricos que estos sean.
El viaje de Alessandro Fontana comenzó el 26 de junio de 1618 cuando, junto a Julio Alfonso, 4 partió de Sevilla rumbo a Cádiz, donde debían embarcarse para América.
5 Varios hombres, entre los que se hallaban su tío Horacio Mora y Juan Andrea Vila, les acompañaron hasta afuera de la ciudad.
6 Sólo diez días antes, Alessandro acudió a la oficina de uno de los veinticuatro escribanos públicos de la ciudad para otorgar dos poderes a su tío Horacio.
Este pariente volverá a aparecer en más de una ocasión y, aunque no se dice en la documentación que le relaciona con Alessandro Fontana, sabemos que era genovés, 7 pues así consta en el requerimiento o memorial que en 1610 firmó junto a otros 87 mercaderes extranjeros en Sevilla, ninguno de ellos miembro del Consulado (pues no tenían carta de naturaleza), aunque todos ellos de extraordinario peso entre la élite comercial sevillana.
8 Sabemos también que tenía contactos comerciales (y seguramente familiares) en Venecia (de la que dependía Vicenza, ciudad de origen de su sobrino), con un tal Duodécimo Mora.
9 De esta forma podemos ver como Alessandro Fontana se insertaba dentro de las muy dinámicas redes mercan-5 Sevilla seguía siendo la cabecera oficial de la Carrera de Indias, pero la importancia de Cádiz no paraba de crecer, y cada vez era más frecuente que los mercaderes de Sevilla cargaran allí, Chaunu, 1959, I, 327; de hecho Cádiz se estaba convirtiendo en aquellos años «en una metrópoli comercial europea y en una alternativa, de hecho a Sevilla como sede de la cabecera de las flotas a Indias», Collado Villalta, 1986, 215-231.
6 En 1623 un tal Juan Andrea Vila otorgó un pleito sobre que se le diese cédula para que la Audiencia de Mexico le mandase pagar una cantidad de reales de los bienes que se embargaron a Juan Bautista Magrera, Archivo General de Indias (AGI), Escribanía, 1022A.
7 La colonia genovesa era una de las más potentes y mejor asentadas en Sevilla, ya desde la Edad Media, Pike, 1966.
Sobre la presencia de venecianos en Sevilla tenemos muchos menos estudios, aunque a inicios del siglo XV ya existía en la ciudad una colonia veneciana de cierta importancia.
9 El 18 de septiembre de 1610 declaraba ante un escribano sevillano tener cargadas en tres naos 27 sacos de jengibre, 10 fardos de zarzaparrilla, y una caja de mercaderías destinadas a Venecia: «las quales dichas naos están para partida para la ciudad de Veneçia donde las dichas mercaderías van consignadas y a entregar a Duodezimo Mora, vecino de la dicha çiudad de Ueneçia, y porque en ella no se le ponga ningún inpedimiento diziendo yr de parte sospechosas, a su derecho conviene provar como las dichas mercaderías las compró en esta dicha çiudad de Sevilla, y que esta dicha çiudad, y toda el Andaluzía y las dichas mercaderías están buenas de mal de peste y de otro mal contagiosso».
Sólo un par de meses después Horacio Mora apoderó a Juan Francisco Bibiano, vecino de Génova, y a Duodécimo Mora, vecino de Venecia, para cobrar de Juan Fossa, residente en Nápoles, 9.000 reales por una escritura de obligación que le otorgó como fiador y principal pagador de Juan María Fossa y Jerónimo Ansaldo.
tiles genovesas, a través de las cuales se conducía buena parte del flujo de capitales, hombres y mercancías entre Europa y América (e incluso Asia), y cómo éstas se enlazaban con mercaderes de otras partes de Italia.
10 Volviendo a 1618, con el primer documento Alessandro apoderaba a su tío para encargarse de sus negocios mientras él estuviera ausente, 11 mientras que con el segundo le concede poder para cobrar de Juan de la Cerda, vecino de Sevilla, 11.364 reales que le debía por ciertas mercancías.
12 En estos poderes declara tener tan solo 20 años, y aunque en ellos Alessandro Fontana aparece como «residente» y no como «vecino» de Sevilla, es posible que hubiera llegado a la ciudad siendo niño o adolescente, pues además del dominio del castellano que prueba en su relato, en el mismo queda claro que su ciudad de referencia era la capital andaluza.
No debe sorprendernos, por otro lado, su juventud, pues era habitual que los mercaderes extranjeros instalados en Sevilla llegaran a ella siendo muy jóvenes, y por lo general solteros, 13 lo que además les podía brindar la oportunidad, en un futuro, de acceder a su naturalización como castellanos mediante el matrimonio con una mujer española (abriéndoseles de esta forma definitivamente las puertas del comercio americano).
14 Como queda dicho, el 26 de junio Alessandro Fontana y compañía salieron de la ciudad de Sevilla.
La comitiva que les acompañaba les dejó solos una legua después y el grupo (no sabemos si además de los dos hombres, Fontana y Alfonso, iba con ellos algún criado o esclavo, pero resulta probable), continuó su viaje, haciendo parada en Los Palacios, Lebrija y El Puerto de Santa María, para llegar finalmente a Cádiz, donde posaron en la casa de Miguel Ramos.
Precisamente uno de los puntos interesantes de este relato es que nos permite reconstruir las redes de apoyo con que los mercaderes que hacían la Carrera de Indias contaban en cada uno de los lugares por donde pasaban.
A lo largo del texto Fontana informará puntualmente del nombre de sus acompañantes en los distintos trayectos, y de sus huéspedes, no sólo en Cádiz, sino también en Veracruz y México, como veremos.
Volviendo al relato, en Cádiz tuvieron que esperar aún varios días 10 Sobre el papel de Génova en el atlántico ibérico puede consultarse Herrero Sánchez et al., 2011.
Sobre la financiacóin de estas redes, Marsilio, 2008.
En concreto lo apodera para encargarse de sus deudas, así como para cargar cualquier mercancía dirigida a su nombre que él le pidiera por cartas o memorias.
13 De hecho, parece que la mayoría de los extranjeros «que llegaban a España eran solteros», Domínguez Ortiz, 1996, 128.
15 Finalmente, el 6 de julio la Flota, compuesta por 22 navíos, partió rumbo a América.
Desde ese día hasta que finalmente divisaron las islas del Caribe pasaron más de un mes sin realizar escalas.
La primera que hicieron fue en Guadalupe, donde los nativos de la isla se les acercaron en canoas para intercambiar todo tipo de comida fresca (que podemos imaginar los viajeros estarían deseosos de degustar a esas alturas) por distintos objetos de hierro.
Fontana fue uno de los que se decidió a bajar a la isla y visitar a su cacique, ofreciendo una breve descripción de ambos.
16 Pero el viaje debía continuar, y en los días siguientes Alessandro relata su paso cerca de Jamaica, Santo Domingo, las islas Caimán y el cabo de San Antón.
Justo antes de llegar al puerto de San Juan de Ulúa, un huracán destruyó uno de los barcos y tuvieron que deshacerse de parte de las mercancías para no naufragar, detalle que Fontana, como buen mercader, no olvida consignar.
En la ciudad de Veracruz, 17 Alessandro permaneció varios días en la casa de Pedro de Bertis, 18 y finalmente partió rumbo a la ciudad de México, 19 Su interés por los detalles nos permite conocer los nombres de todas las posadas en las que pararon a comer o a dormir, así como la dis-15 El registro de la nao destinada a Cuba que fue en la flota del general don Carlos de Ibarra se realizó a fines de junio de 1618 y puede encontrarse en AGI, Contratación, 1165, N.1, R.4.
De hecho, sobre varias de las personas mencionadas por Alessandro Fontana se puede encontrar información en el Archivo General de Indias, confirmándose la veracidad y exactitud del relato.
Entre otros que se irán desgranando a lo largo del presente artículo, se puede localizar al maestre de la nao en que se embarcó, Leonardo Doria (AGI, Contratación, 800, N. 8), o a Diego de Larrea, con quien visitó la isla Terceira (AGI, Contratación, 800, N.4), así como a don Fadrique de Toledo, general de la Armada Real con la que se encontraron al volver a España (AGI, Santo Domingo,869,L. 7,.
También Pierre Chaunu recoge información en su obra donde se confirman muchos datos ofrecidos por Alessandro y algunas inexactitudes leves.
En el libro del historiador francés se confirma que la armada y flota de la Nueva España capitaneada por don Carlos de Ibarra partió de Cádiz el seis de julio de 1618, con 23 navíos (21 naos y dos pataches, frente a los 22 que cuenta Fontana).
La nao San Antonio de Padua estaba en efecto dirigida por el maestre Leonardo Doria, mientras que Francisco de Abrego era el maestre de la más pequeña pero menos afortunada nao San Bartolomé.
16 La población autóctona de Guadalupe, compuesta por caribes, fue importante al menos hasta 1650, y parece que este tipo de escalas técnicas de barcos europeos eran frecuentes en la isla.
18 Encomendero de la Nueva Veracruz, según el testamento del capitán Domingo Meléndez, quien además de tener tratos con él, le nombra su albacea.
Pedro de Bertis fue también alférez mayor y regidor de la ciudad de Veracruz.
19 El camino que unía Veracruz con México era una de las arterias más importantes del comercio americano, de ahí que los virreyes se preocuparan de su cuidado ya desde el siglo XVI, trabajo en el estuvo implicado otro italiano, Juan Bautista Antonelli.
20 En el camino visitaron también la ciudad de Puebla, donde a Fontana le sorprendieron especialmente la catedral y las anchas y limpias calles.
Finalmente, el tres de octubre de 1618, Fontana arribó a la ciudad de México, «la ciudad de más importancia del imperio ultramarino español», 21 donde permanecería durante seis meses y medio.
En el relato no dice en ningún momento qué tipo de actividades realizó en ese tiempo, pero sí nos da una completa descripción de la ciudad, comparándola con Sevilla.
De hecho, a lo largo de su descripción de la capital novohispana, Alessandro cita nada menos que seis veces la ciudad andaluza.
México le parece similar a ésta, por ejemplo, «en las grandezas y en auer mucho tráfago (sic) y ser la jente española», aunque sabemos que la ciudad era un abigarrado conjunto de europeos, criollos, indígenas, africanos, asiáticos y mestizos de todos los grupos anteriores; 22 también le recuerdan a Sevilla la Alameda de México, construida a fines del siglo XVI por iniciativa del vi rrey don Luis de Velasco, 23 el acueducto de la ciudad, que compara con los Caños de Carmona que suministraban agua a la capital andaluza, 24 o la catedral que se estaba construyendo en esos momentos y «que en acauándose será cosa grandiosa».
No se olvida tampoco de mencionar los conventos de la ciudad, tanto masculinos como femeninos, 25 los tianguis 26 o su clima «fresco y sano en todo el año».
El 23 de mayo de 1619 Alessandro comenzó su camino de vuelta, esta vez acompañado por Felipe Mora (quien tendrá una especial importancia en sus próximos viajes), 27 Domingo de Vitoria y algunos amigos que les acompañaron al inicio, como ya pasara en Sevilla.
Es interesante constatar 20 Varios de los lugares que menciona Fontana, como Perote o Rinconada (nombres que se conservan en la actualidad), tienen su origen en los primeros tiempos de la colonización española y pueden encontrarse en otras fuente de la época.
En su momento «estas ventas eran instalaciones muy precarias, de chozas con techos de paja, con lo indispensable para que tuvieran algún descanso y comida los pasajeros y sus bestias», Martínez, 1983, 25-26; aunque con el tiempo se fueron convirtiendo en instalaciones más consistentes, Chaunu, 1959, I, 713-718.
23 La Alameda de México estaba llamada a convertirse, igual que la de Sevilla, en lugar de paseo y recreo para las élites locales.
En este texto se reproducen escenas de caballeros y damas paseando por la Alameda mexicana en el siglo XVII (26 y 40).
25 En total, el virreinato de la Nueva España contaba con 19 conventos femeninos al iniciarse el siglo XVII.
26 Uno de los sitios donde se hacían los tianguis (mercados) en México era la conocida como plaza del Volador, cercana a la plaza Mayor.
27 La coincidencia de apellido entre Felipe y Horacio Mora hace pensar que bien podrían ser parientes, aunque no hemos hallado ningún documento que lo confirme.
NATALIA MAILLARD ÁLVAREZ que estos mercaderes no viajaban solos, sino creando grupos unidos por lazos de negocios, amistad o parentesco más allá de las nacionalidades y continentes.
Por ejemplo, Felipe Mora aparecerá, como veremos, en distintos momentos de la vida de Alessandro Fontana, llegando a ser nombrado su albacea.
Si, como defienden Isabel Testón y Rocío Sánchez, en América, ante la fractura de las familias provocada por la migración, la amistad adquiere un papel más importante en las relaciones sociales, 28 podemos pensar que otro tanto, o incluso más, sucediera con este tipo de mercaderes jóvenes e itinerantes.
El grupo paró prácticamente en los mismos lugares que seis meses atrás, y el 7 de junio embarcaron.
En esta ocasión, la flota debía hacer escala en Cuba, lo que permitió a Alessandro visitar La Habana, dándonos una completa descripción de sus fuertes y del número de soldados que se podían encontrar en ella.
Tras Cuba, la flota pasó cerca de las Bermudas y paró de nuevo en la isla Terceira (Azores), para llegar a Sanlúcar de Barrameda el 22 de septiembre de 1619.
Seis días después, el 25 de septiembre, Alessandro volvió a Sevilla, tras haber empleado, como detalla en su relato, quince meses menos un día.
Las siguientes noticias que he localizado sobre Alessandro Fontana en los protocolos notariales sevillanos datan de junio de 1622, mientras preparaba el viaje a América en el cual fallecería.
Sin embargo, antes de eso podemos seguir su pista en México, consiguiendo una imagen más precisa de cómo y con qué frecuencia se movió durante esos años.
El 22 de marzo de 1621 lo encontramos vendiendo un esclavo negro de 35 años llamado Cristóbal al vecino de México Matías del Castillo por 200 pesos.
29 Las firmas en los documentos sevillanos y mexicanos confirman que se trata del mismo hombre.
Fontana debió salir de nuevo para la Nueva España en la flota que partió de Cádiz el 8 de julio de 1620, llegando a Veracruz el 11 de septiembre del mismo año.
30 Esto quiere decir que en sólo 4 años Alessandro Fontana realizó tres viajes a América.
De hecho, meses antes, en junio de 1620, su compañero y amigo (como lo definiría unos años después su tío) Felipe Mora se comprometió en Sevilla a pagar ciertos productos (clavos, cuchillos, alfileres, granates) al mercader francés Pedro de Lafarja, por valor de 46.470 reales, y sabemos que el negocio tuvo éxito porque el deudor se dio por pagado en diciembre de 1621.
31 No sabemos si este segundo viaje a América lo realizó Alessandro Fontana también en compañía de Felipe Mora, aunque es muy posible que así fuera, en vista del resto de la documentación encontrada.
En junio de 1622, poco antes de que la flota zarpase de nuevo, 32 Alessandro volvió a la oficina de un escribano público en Sevilla para otorgar seis cartas de pago junto a Felipe Mora con diferentes mercaderes.
37 Varios de estos hombres conseguirán, en los años siguientes, naturalizarse en Castilla, lo que les permitía tratar en la Carrera de Indias con la misma libertad que los españoles.
32 En ese mismo mes zarpaba otra flota para emprender el tornaviaje desde Veracruz a Cádiz.
El relato de su infortunada travesía fue escrito por fray Antonio Vázquez de Espinosa e impreso en Málaga al año siguiente por Juan Regne.
33 39 En este caso partieron en la flota capitaneada de nuevo por don Carlos Ibarra, que salió de Cádiz a fines el 7 de julio de 1622, llegando a Veracruz el 11 de septiembre.
El maestre Francisco Nicolás pilotaba la nao Natividad y San Francisco.
NATALIA MAILLARD ÁLVAREZ nes, 40 Alessandro Fontana enfermó y, después de dictar testamento, falleció.
Morir en el mar supone que con toda probabilidad su cuerpo acabó arrojado al océano, sin poder recibir sepultura, 41 pero gracias a ello tenemos su expediente en la sección de Bienes de Difuntos del AGI, 42 lo que nos permite conocer algo más sobre su vida y negocios.
En el testamento, otorgado ante el escribano del barco, declaraba ser natural de Vicenza, en la Señoría de Venecia.
43 Sus padres habían fallecido, pero a estas alturas sólo había recibido cien ducados de su herencia, así que decidió dejar el resto a sus hermanas, especialmente a dos que eran doncellas.
Declara estar soltero y pide ser enterrado en Veracruz, y aunque dejó a Juan Bautista Silman, vecino de Sevilla, una escopeta que tenía en su casa, nombró finalmente como heredero a su tío Horacio Mora, dejando como albaceas a su compañero Felipe Mora y a Domingo de Vitoria, vecino de México, las mismas personas que le acompañaron a su salida de la capital novohispana en 1619.
Fontana nos proporciona en su testamento una lista de sus deudas.
Además de contratar junto a Felipe Mora, parece que Alessandro hizo de intermediario para otros mercaderes, 44 pues llevaba una carta de Juan Antonio Sotarripa para recibir ciertas mercancías en México.
45 Pero a pesar 40 Posiblemente se hallasen atravesando el arrecife Alacranes, muy próximo a la costa de México.
Éste expediente aparece ya mencionado en Gil-Bermejo, 1986, 108, donde se describe a Alessandro Fontana como lombardo.
Sobre los bienes de difuntos, González Sánchez, 1995.
43 La búsqueda de información sobre Alessandro Fontana y su familia en Vicenza no ha dado resultado, aunque sí he podido constatar la presencia del apellido Fontana en la ciudad.
Aunque en ninguno de los casos hemos podido encontrar ningún vínculo con nuestro mercader más allá de la coincidencia de apellidos.
44 La complejidad y el riesgo inherentes al comercio atlánticos, agravados por la inseguridad que el sistema legal planteaba a los mercaderes, obligaron a éstos a desarrollar mecanismos de control, como el uso de terceras personas encargadas de recaudar las deudas al otro lado del océano.
De esta forma se podía controlar mejor el pago de las deudas en un escenario marcado por la información asimétrica y las largas distancias.
45 Sotarripa debió ser un habitual en la Carrera de Indias.
En 1618 obtuvo licencia para pasar a la Tierra Firme (por lo que debió ir en la misma flota que Fontana), y ocho años antes había obtenido licencia para viajar a la isla Margarita, en ambos casos como mercader (AGI, Pasajeros, L. 9, E. 1763 y L. 10, E. 1129).
Los nombres de sus acreedores no quedan detallados, pero sí los de aquellas personas a quienes Fontana debía dinero: Antonio Burgos (200 pesos), Juan Pedro Harón (vecino de Sevilla, 650 reales), Juan Andrés Ávila (500 reales), Juan Bautista Escoto (vecino de Sevilla, 400 reales), Camilo Puleyo y Alessandro Tasca (vecinos de Sevilla), más 16 reales que debía al sastre de la nao y una cantidad sin determinar al barbero de la misma, por los cuidados proporcionados durante su enfermedad.
de todas las evidencias, Fontana no viajaba oficialmente en la flota en condición de mercader, sino como marinero, ya que en una cláusula de su testamento declara «que la plaza de marinero que yo traya en la nao San Francisco, dueño el capitán Francisco Nicolás, que me la pagó el dicho capitán en reales de contado, de me doy por contento e pagado».
Es bien sabido que la emigración al Nuevo Mundo de los europeos no españoles estaba, por lo general, prohibida, 46 y aparecer como marinero o soldados era una estratagema frecuente para evitar dichas prohibiciones y poder pasar a América sin la correspondiente licencia, dando la impresión, cuando se consultan las fuentes oficiales, de que esa emigración de europeos no españoles fue mucho menor de lo que realmente debió ser.
47 Después de que la flota atracase en Veracruz, sus bienes fueron vendidos en almoneda pública.
Como era de esperar, considerando su vida itinerante, no portaba muchas cosas consigo: apenas ropas y una espada con su aderezo, todo dentro de una caja de madera que también fue vendida.
El valor total de sus pertenencias rondó los 250 pesos, que Fontana había dispuesto se emplearan para decir misas por su alma en América.
Cinco meses y medio después de su muerte, la noticia llegó a Sevilla, dado que es entonces cuando Horacio de Mora acepta la herencia de su sobrino, tal y como aparece en el expediente de Bienes de Difuntos.
Sin embargo, no le iba a resultar sencillo cobrarla: en diciembre de 1624 Horacio Mora todavía tuvo que otorgar un documento pidiendo que se apremiase a Felipe Mora en México, o en cualquier lugar de las Indias, China u otros reinos donde estuviere, para que entregase a la Casa de la Contratación los bienes de su sobrino.
48 Al otro lado del Atlántico, el 24 de mayo de 1624, casi dos años después de la muerte de Alessandro, Diego Vineron, 49 mercader vecino de México, acudía al escribano público de dicha ciudad en nombre de los hermanos Airolo, de quienes era apoderado, 46 Poggio, 2008, 469-477.
Esta fue, al parecer, una estrategia común entre los portugueses, quienes a pesar de la unión de las dos coronas seguían siendo considerados extranjeros a la hora de participar en la Carrera de Indias, Tempère, 2009, 131-132.
48 Como explica Amelia Almorza en el caso de los bienes de difuntos de genoveses instalados en el virreinato del Perú, la «cadena compleja» que constituían los albaceas y otros intermediarios para que la herencia llegase a su destino «muchas veces no funcionaba», Almorza, 2011, 904.
49 Quizás estuviera emparentado con el Nicolás Vineron que aparece entre los firmantes del «requerimiento de los flamencos» en 1610.
En 1615 Diego Vineron aparece en los Protocolos Notariales de México como tutor del menor Francisco Flores Adorno (AHNM, Notario Juan Pérez de Rivera, 11, 266-277v).
50 Pocos días después, el mismo intermediario regresaba ante el escribano para cobrar esta deuda y así mismo la contraída con Pedro de Lafarja, aunque el único de los socios vivos, Felipe Mora, no quiso pagar la avería, seguro y costas que le correspondían.
A pesar de ello, Vineron aceptó el pago y así pudo embarcar el dinero en la siguiente flota que partía desde San Juan de Ulúa para España (y lo hizo a cuenta de los deudores).
51 Los documentos rescatados en distintos archivos nos han permitido conocer el periplo vital de Alessandro Fontana, al menos en sus últimos años: hemos podido seguir su pista en dos ciudades separadas por miles de kilómetros, pero unidas por redes tejidas por unos hombres que, ya viajaran constantemente como Fontana o permanecieran asentados en un punto, como su tío Horacio Mora, contribuyeron a configurar el mundo atlántico del Seiscientos.
Sabemos quién fue Alessandro Fontana, conocemos las motivaciones de sus viajes, sabemos quién lo acompañó y quién lo recibió, los lugares que más le impactaron y finalmente el punto del inmenso océano donde falleció.
Pero algunas dudas permanecen sin respuesta, fundamentalmente qué o quién llevó a Fontana a poner por escrito el relato de su viaje y porqué éste se encuentra en Venecia.
El manuscrito siguió teniendo un papel importante en la época de la imprenta manual, especialmente en la difusión de noticias y relaciones.
52 Es bien conocido, por otro lado, que la Carrera de Indias, como escribiera Carlos Alberto González, se convirtió en «un cordón um bilical escriturario entre los dos continentes en acción.
Un nexo de unión gráfico que en parte explica el duradero y rápido dominio del Viejo sobre el Nuevo [Mundo]».
53 Al mismo tiempo, conocemos también el interés que en Italia, como en el resto de Europa, despertaron las noticias sobre América desde muy temprano.
54 Los italianos, conforme fue avanzando la conquista y colonización del continente, contaron con la creciente presencia de com-50 AHNM, 721, 43r-v.
52 «Confiar al manuscrito y a sus copias la preciosa difusión de relaciones de sucesos fue extraordinariamente habitual en los siglos XVI y XVII», Bouza, 2001, 147.
También podemos encontrar numerosos testimonios sobre viajes transoceánicos y relatos en González Sánchez, 2007.
En 1501, por ejemplo, el embajador veneciano, Angelo Trevisan, envía desde Granada cuatro cartas a su amigo, el cronista Domenico Malipiero, describiendo las hazañas de Cristóbal Colón, que conocerán una rápida difusión manuscrita.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.11 patriotas suyos (en su mayoría genoveses) en el Nuevo Mundo para informarse directamente de cómo era éste y lo que sucedía en él, 55 superando así las barreras informativas que la Monarquía Hispánica trataba de imponer en torno a sus dominios americanos.
56 Sin embargo, dicho interés no siempre tuvo un reflejo en la imprenta, manteniéndose muchas veces en el ámbito de la circulación manuscrita.
Así, por ejemplo, el breve relato de Fontana podría ponerse en relación con los Ragionamenti del mio viaggio intorno al mondo, de Francesco Carletti, quien entre 1594 y 1606 dio la vuelta al mundo, redactando un libro que no sería impreso hasta 1701 en Florencia.
57 Destino parecido corrió el Compendio y descripción de las Yndias Occidentales escrito a principios del siglo XVII por el carmelita fray Antonio Vázquez de Espinosa, que no vio la luz hasta el siglo pasado.
58 Frente a la mayor difusión de la información facilitada por la imprenta, la escritura manuscrita ofrecía un carácter más privado y personal, pero al mismo tiempo, al no requerir de tantos intermediarios para llegar del autor al lector, permitía una comunicación más inmediata, y sin duda más eficaz cuando se trataba de reunir información sensible.
En palabras de Renate Pieper, «fueron más bien las informaciones manuscritas, los informes, las cartas, los mapas y los gráficos, los que permitieron la construcción de un nuevo mundo atlántico».
59 En el caso de Italia, queda hoy día testimonio de esta circulación manuscrita de información sobre América en la cantidad de documentos custodiados en bibliotecas, museos y archivos «dispersos en casi todas las ciudades de primero, segundo y aun de tercer orden», tratándose no solamente de «relaciones oficiales, sino correspondencia privada y estudios».
60 Venecia fue, por otro lado, junto a Florencia uno de los principales puntos de difusión de las primeras relaciones y planisferios impresos del Nuevo Mundo.
Noticias sobre otros relatos de viajes escritos por italianos en el siglo XVII pueden encontrarse, por ejemplo, en Maccarrone, 2000, 63-72.
Los autores estudian a un buen número de autores de muy diversa índole que escribieron sobre México, especialmente las páginas 97-146 están dedicadas a escritos del siglo XVII.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.1.11 no fue tan común como la de otras naciones de Italia, lo cierto es que podemos encontrarlos también, y que se preocuparon de enviar información a su república, aunque aquella relativa al Nuevo Mundo solía ser, al menos en el siglo XVI, de segunda o incluso de tercera mano; 62 mientras que en el Seiscientos los conflictos políticos entre Venecia y España darán pie a la impresión de una serie de obras que se hicieron eco de la leyenda negra.
63 De hecho, no hemos de olvidar tampoco que el relato, escrito por un súbdito de la Serenísima, se refiere a un periodo de tiempo particularmente problemático entre ésta y la Monarquía Hispánica, marcada por los enfrentamientos entre el duque de Osuna, virrey de Nápoles, y Venecia, por un lado, y la supuesta conjura propiciada por el embajador español en la República, el marqués de Bedmar, por otro.
64 Sabemos que la información escrita, fuera impresa o no, corría por Venecia en distintas formas: allí se elaboraban avisos y noticias (avvisi) que después llegaban a toda Europa.
¿Pudo Alessandro enviar o vender su relación a la red de escritores de avisos que trabajaban en Venecia?
Al mismo tiempo, el uso de espías y confidentes estaba ampliamente extendido, y la ciudad era un centro de información más o menos secreta.
65 ¿Estuvo este relato originado en la red de informadores que pudo tejer el embajador veneciano en España en un momento tan sensible entre los dos Estados?
En cualquier caso, el texto de Fontana parece tener su origen en esta sed de información que, aunque extendida por toda la Europa del Seiscientos, fue mayor en Venecia.
A continuación se ofrece la transcripción del relato.
El criterio seguido ha sido el de respetar la ortografía del texto original, añadiendo únicamente los signos de acentuación y puntuación, así como las mayúsculas, para facilitar su lectura.
La autora subraya como los informadores venecianos suelen extender los estereotipos (en general negativos) que tenían sobre los españoles al Nuevo Mundo, en claro contraste con «non poche pubblicazioni proposte al pubblico colto dall' editoria veneziana cinquecentesca, nelle quali il Nuovo Mondo risplendeva come teatro di gesta insigni».
Viaje que hizo el año de 1618 de la ciudad de Seuilla a las Indias a la prouincia de Nueva Spagna a la ciudad de México, Alexandro Fontana Vicentino, en compañía de los señores Julio Alfonso y Damián de Lara, fue de la manera siguiente: Martes 26 de junio salimos de Seuilla el señor Julio Alfonso, ginoués, y yo, y nos uinieron a acompañar los señores Oracio Mora, Juan Andrea Vila, Alexandre Fasça, Jácome Astor y Francisco Anfonso y otras personas.
Salimos por la puerta de la Carne y nos acompañaron hasta una legua de la ciudad, de donde se despidieron y se boluieron a Seuilla, y nosotros fuemos a comer a los Palacios, que son sinco leguas de Seuilla, y de allí a dormir a Lebrixa, que son otras sinco leguas.
Salimos de Lebrixa el miércoles para el Puerto de Santa María, que es dos leguas de Xerez, en compañía de dos frailes de san Francisco que así mismo uenían a enbarcarse para las Indias, el uno por custodio de México y el otro de Mechoacán, los quales dexamos en el Puerto de Santa María, y nosotros pasamos en un barco a Cádiz, en compañía de Agustín de Medina y el capitán Diego Garcés.
Llegamos a puesta de sol, posamos en Cádiz en casa de Miguel Ramos en la calle de San Francisco, a donde uino el viernes veinte y nueve de junio el señor Damián de Lara, natural de Alcalá de Henares, en España, y estubimos juntos hasta el jueues çinco de julio que nos fuemos a enbarcar en la nao nombrada San Antonio el Viejo, capitán D. Benito de Sauallos, maestre Leonardo Doria, nao de porte de seiscientas y sinquenta toneladas, de donde el viernes seis de julio al amanecer el señor jeneral don Carlos de Hibarra hizo disparar la pieça de leua y se hizo a la uela la nao nombrada San Niculás capitana de la flota de Nueba Espagna de que yba por capitán y piloto mayor de toda la flota Juan Xunes, y luego fueron saliendo todas las naos, y la postrera en salir fue la almiranta nombrada San Antonio, capitán Lorenzo Bernal, en la qual yba don Antonio de Elixi, almirante de la dicha flota.
Salieron dies y seis naos para el puerto de San Juan de Lua, dos para Campeche, una para Santo Domingo y una para Puerto Rico, y otra para la Hauana, y un nauichuelo para las islas Canarias, en el qual yua el conde de Lanzarote.
Y fuemos nauegando con el fauor y aiuda de Dios con mui buen tiempo hasta lunes nuebe de julio, el qual día comesó a uentar el uiento más recio, aunque siempre en popa, con el qual tiempo una nao nombrada San Bartolomé alijó quarenta pipas de vino y duzientos barriles de fruta y otras cosas.
Y el jueues doze dicho descubrimos tierra de las islas de Canaria, y uenimos todo el viernes a vista de la isla de Lançarote, y luego de la Gran Canaria, y el sábado perdimos la vista tie-rra y fuemos nauegando en seguimiento de nuestro uiaje hasta ueinte del dicho mes, el qual día y el otro siguiente uisitó el general todas las naos de la flota, y siempre nauegamos con bonissimos tiempos hasta llegar a Guadalupe.
La primera tierra que descubrimos de las Indias fue Matalino a los 34 días después de partidos de la ciudad de Cádiz, y fue juebes nuebe de agosto y luego el viernes amanecimos junto a la isla de la Dominica, y el dicho día a la noche llegamos junto a Guadalupe, y el señor general por no tomar el puerto de noche porque no peligrase alguna nao, se atrauesó con la capitana, y luego se atrauesaron todas las demás naos, y el sábado al amanecer se boluió a hazer a la uela y tomó puerto a las nuebe del día para hazer agua y llegna, y uinieron a las naos muchas canoas de indios con muchas suertes de frutas, plantano, piñas, camotes, cañas, dulces, calauasas y otras cosas, y con galinas, pollos, güeuos, cochinos, tortugas, baruacoa y otras suertes de pescados, todo lo qual dauan a trueque de cuchillos, machetes, achas y otras cosas de hierro.
La ysla de Guadalupe es tierra fértil, abrá obra de trezientos indios, poco más o menos, los quales quando eran de guerra tenían sus casas a la sima del monte por el miedo que tenían a los españoles.
Abrá ocho años que comensaron a tratar con los españoles de las flotas, y agora an desmontado un mui gran pedaço de monte y tienen muchas casas echas y uan haziendo más en un llano, junto a la mar y a un río que baxa de la cumbre del monte por unos pedregales.
Y es el agua mui buena y delgada y esta se embarca y dura hasta llegar al puerto sin cobrar mal olor, como hazen otras aguas.
Fuemos a tierra el sábado en la tarde, el capitán, el señor Damián de Lara y yo y otras personas y fuemos a uer las casas de los indios y uimos el casique señor de la isla, que estaua sentado en una amaca de hierua, teñida de colorado, con diez yndios de guarda con sus flechas y arcos, boluimos a la noche a la nao y el domingo hazia medio día comensó un uiento mui rezio con muchísima agua y la capitana se hizo a la uela y le siguieron todas las demás y fue el uiento de manera que ante de tres oras perdimos la uista de la tierra, y fuemos nauegando con buen tiempo y de ay a tres o quatro días descubrimos tierra de la Jamaica, y luego descubrimos la costa de Puerto Rico, y así se apartó la nao que yba para dicho Puerto, y acauada esta costa de así a poco descubrimos la costa de Santo Domingo, que son siento y sesenta leguas de tierra, que se ha a uista della.
De aquí se fue la nao que yba para la dicha ysla.
En este paraje descubrimos dos naos que no eran de la flota y uinieron dos días a la uista de la flota, y después no parecieron más.
Unos dixeron ser de cosarios (sic) y otros ser las dos naos que yban a Honduras, que no pudieron salir quando la flota, y se quedaron en Cádiz quando partimos.
Y esto deuía de ser porque tubimos en México nueba de que abían llegado a saluo.
Uenimos nauegando siempre con buen tiempo hasta descubrir la isla del Caimán Grande, aquí tubimos sinco días de calma, que estubimos sin hazer viaje.
Acabadas las calmas fuemos en seguimiento de nuestro uiaje, y al cauo de pocos días descubrimos el cauo de San Antón, que es ysla disierta, aquí tubimos otros dos días de calmas.
En este paraje se apartó la nao para la ciudad de San Christobal de la Habana, y un día después las dos que yban para la ciudad de Mérida de Campeche.
Luego comensó a uentar un uiento tan resio que en medio día y una noche andubimos quarenta y sinco leguas que hai desde el dicho cauo de san Antón hasta a la sonda, que es un placel adonde ay muchísimos pescados, que llaman pargos, meros, doradillas, casones y otras suertes, en tanta abundancia que en un quarto de ora que esté una nao pescando coxe una infinidad dellos, que ay para que coma toda la jente de la nao, y para salar para el camino.
Este placel tiene por donde pasan las flotas ochenta leguas.
Estubimos en él quatro días y del cabo del al puerto ay cien leguas.
Fuemos nauegando con buen tiempo hasta el martes onze de settiembre, el qual día al amanecer nos hallamos a la uista de la Uilla Rica, que es tierra firme de la Nueba Espagna, quinze leguas del puerto de San Juan de Ulúa, a donde començó a uentar el viento norte tan resio que fue forçoso el boluer a la mar.
Y luego se boluió en un huracán que duró quarenta y ocho oras continuas, siempre arreziando con mayor furia.
Y fue nuestro señor seruido de enbiarnos agua que en la mayor furia lo aplacase.
En este tiempo se vieron muchas naos muy aflixidas y alijaron algunas cosas aunque de poca concideraçión, si no fue la nao San Bartolomé, que se uió perdida y le fue forçoso cortar el árbol mayor y alijar muchas cosas además de lo que auía alijado en el golfo.
La qual nao fue nuestro señor seruido que entrase ocho días después de la flota.
El sábado en la noche descubrimos tierra de la Villa Rica, que fue a quinze de settiembre y el domingo dies y seis dicho fuemos entrando en el puerto con mui buen tiempo y dimos fondo a cosa de las quatro de la tarde, y este día entraron onze naos y el día siguiente entraron otras tres y el martes entró la almiranta y el sábado entró la nao San Bartolomé, que fue postrera.
En la Veracruz en compañía del señor Julio Alfonso en la casa del señor Pedro de Bertis, donde estube nuebe días, al cabo de los quales me partí para México.
La Veracruz es ciudad de ciento y más uezinos, es tierra enferma porque llueue y haze calor todo en un tiempo todo el anno.
La mayor parte de las casas son de madera, y el año pasado de 1618 a sinco de diziembre se encendió fuego a media noche y se quemó el tercio del lugar, con tres conuentos, uno de la compañía de Jesús, otro de Señor santo Domingo y el de Nuestra Señora de las Mercedes, con gran daño de los uezinos por auersele quemado sus haziendas.
El puerto de San Juan de Lua está menos de media legua de la ciudad, en una ysleta en la qual está echo un castillo fuerte donde de continuo ay cien soldados de precidio, sin los que todos los años uan en las flotas, que son otros tantos que reciden allí nuebe meses.
Tiene quarenta pieças de artillería.
El puerto es mui peligroso por estar sujeto a los nortes, que el inuierno ordinariamente reinan de continuo, y su fuerça es de otto (sic).
Hasta abril la entrada es muy peligrosa por auer muchos baxíos y piedras por qual causa tienen puestas unas baias para que entren las flotas sin perderse y las naos están amarradas al mismo fuerte todos los nuebe meses.
Partí de la Veracruz lunes ueinte y sinco de settiembre en compañía del señor Juan de Burgos.
Fuemos a dormir a la Veracruz uieja, que son sinco leguas de la Veracruz nueba.
La uieja es poco abitada, aunque de bonissimo aire y temple, a causa que el puerto es más peligroso que de la nueba.
Salimos el martes por la mañana y uenimos a comer a la uenta de la Rinconada, que son otras sinco leguas, y de allí uenimos a dormir a la uenta del Río, que son quatro leguas.
Salimos de allí el miércoles por la mañana y uenimos a comer a la uenta de Lentero, que son sinco leguas.
Fuemos a dormir a la venta de Bartolomé, que son otras quatro leguas, y salimos de allí el jueues por la mañana y fuimos a comer a la Joya, que son otras quatro leguas, de muy mal camino, que todo es subir y bajar cuestas porque auía llouido mucho.
Fuemos a dormir a una venta que está junto a Perote, que es un ospital que son seis leguas, desde aquí comiença a hazer frío.
Salimos el viernes por la mañana y fuemos a comer a la uenta de Mártires, que son quatro leguas, y a dormir a la uenta de los Dos Caminos que son seis leguas, salimos el sábado por la mañana y fuemos a comer a la uenta del Pinal, que son siete leguas de tierra llana y fuemos a dormir a la Puebla de los Ángeles, que son seis leguas de buen camino.
Estubimos el domingo, todo el día uimos la ciudad, la quall es mui linda, grande y de mucho tráfago, tiene lindas fábricas de yglesias y casas y calles anchas y buenas y una yglesia mayor que uan fabricando que es grandiosa fábrica.
Terná más de veinte mill vezinos.
Partimos el lunes muy temprano y fuemos sin parar a la uenta de los Meluça, que son nuebe leguas, y quedamos allí aquella noche.
Salimos el martes a las ocho de la mañana y fuemos hasta la uenta de Riofrío, que son tres leguas, y fue-mos a hazer noche a la uenta de Córdoua, que son otras tres leguas.
Salimos el miércoles por la mañana y fuemos a comer quatro leguas desta uenta, en un pueblo de indios que está tres leguas de México, y llegamos a puestas de sol, miércoles tres de otubre uíspera de san Francisco.
Ponese desde la baÿa de Cádiz al puerto de San Juan de Lúa mil y nouecientas leguas por mar, y desde el dicho puerto a México ochenta leguas por tierra.
México es una ciudad mayor que Seuilla, y a semejansa suia en las grandezas y en auer mucho tráfago (sic) y ser la jente española.
Está fundada en medio de vna alaguna, y alrededor sercada de montes muy altos.
Tiene la ciudad las calles muy anchas y limpias y en muchas dellas en medio tienen una asequia de agua que entra del alaguna y atrauiesa toda la ciudad por el medio y por los lados y buelbe la misma agua a dar en la alaguna.
Por estas asequias traen los indios en canoas algunas cosas de bastimento a la ciudad de quatro y sinco leguas de fuera.
Tiene muy buenos edificios y templos y una yglesia mayor que se está fabricando al modo de la de Seuilla, toda de piedra de canto y pilares de lo mesmo, que en acauándose será cosa grandiosa.
El conuento de san Francisco es grande y la yglesia cubierta de bóueda y mui bien labrada, y todo el cielo de la yglesia con mucha curiosidad labrado y todo dorado, y alrededor de la yglesia capillas echas con la misma curiosidad, y la capilla mayor desta yglesia es de la manera que la capilla de los Reyes de la yglesia mayor de Seuilla.
La orden de santo Domingo y la de san Agustín tienen sus conuentos y yglesias de la misma manera que la de san Francisco, y estos tres templos son los mejores de la ciudad, y a este modo tiene otros muchos edificios y conuentos, assí de frailes como de monjas.
Los frailes son dies y las monjas quinze, y muchas peroquias.
Tiene dos ospitales, uno para españoles y otro para Indios.
Tiene un conuento de frailes de san Diego que está fuera de la ciudad, como el de Seuilla.
Los frailes de Nuestra Señora del Carmen tienen un conuento dos leguas de México, y un disierto que está çinco leguas que está en medio de un monte y lo tienen serrado y el camino echo a mano, que si no es por allí no pueden pasar.
Es recoximiento donde se recoxen los frailes por tiempos y guardan la orden que en los disiertos de España.
La yglesia es buena, nueba, y las ermitas por el consiguiente.
Esta obra la a echo un hombre particular que oy uiue en México, que se llama Melchor de Cuéllar, que dizen a gastado cien mil pesos con lo que les a puesto a los frailes en renta para su sustento.
El temple de la ciudad es fresco y sano, en todo el año no haze calor y al tiempo que se alsan las aguas en España comiensan allá.
Tiene una alameda echa a la traça de la de Seuilla, y unos caños como los de la puerta de Carmona de Seuilla, y uienen de una legua lejos de la ciudad y por ellos traen agua para el gasto de la ciudad.
Los quales se an acauado estando yo en México.
Tiene dos plaças donde cada semana se haze tiange, que es como feria o mercado por las tardes, y estos son los paceos de los ombres y mujeres.
Tiene muchas güertas y casas de plazer alrededor de la ciudad, donde ay mucha abundancia de frutas y regalos, y en todo el año no falta fruta porque en acauándose las de la tierra comiensan las de Castilla.
Estube en México en casa del señor Carlos de Campo, que biue en la calle del Espíritu Santo, junto a la plaça, desde quatro de ottubre hasta martes 23 de mayo, el qual día partí para la Veracruz en compañía del señor Felipe de Mora y Domingo de Vitoria, y nos acompañaron algunos amigos.
Fuemos a dormir a Charço, que son seis leguas, e de allí fuemos a domir a San Saluador, que son otras tres leguas.
Salimos Salimos (sic) el juebes por la mañana y fuemos a comer a la Puebla de los Ángeles, que son siete leguas, estubimos en la Puebla hasta el domingo por la mañana, el qual día salimos y fuemos a comer a la uenta del Piñal que son seis leguas y de allí fuemos a dormir a la uenta de los Dos Caminos, que son siete leguas, salimos de allí el lunes por la mañana y fuemos sin parar hasta Perote, que son ocho leguas, allí hizimos noche.
Partimos el martes por la mañana, fuemos a comer a la Joya, que son sinco leguas, de allí fuemos a Bartolomé que son sinco leguas, allí estubimos hasta que descansaron las caualgaduras y partimos aquella noche y caminamos asta el miércoles por la mañana, que llegamos a la Rinconada, que son treze leguas.
Estubimos allí hasta la tarde y fuemos a dormir a la Veracruz Vieja, que son quatro leguas, donde tomamos la mañana y fuemos a la Ueracruz Nueba el juebes por la mañana, día del Corpus que fue 30 de mayo, donde posé en casa del señor Pedro de Bertis, y estube hasta 17 de junio, el qual día con el fauor de Dios se hizo la flota a la uela.
Salieron veinte y una uela de conserua y fuemos nauegando con buen tiempo hasta 27 del dicho mes, el qual día tomamos sonda que se dize del cauo de [-], que son 150 leguas de San Juan de Lúa, de aquí nauegamos tres o quatro días con mui buen tiempo, después tubimos siete días de calmas, y luego nauegamos un día y una noche, y luego nos bolbieron a dar calmas que nos duraron ocho días, al cauo de los quales boluió un poco de buen tiempo, y a los quinze de julio tomaron la sonda de las Tortugas, que es treinta leguas de la Hauana, y el martes 16 dicho a medio día disparó una pieza la capitana a causa de que uido cinco velas que benían a la buelta de la flota y el general recoxió toda la flota y se puso en arma hasta sauer qué uelas eran, las quales se fueron llegando y luego se conoció ser Capitana y almiranta de Honduras, y las otras tres fregatas que uenían en su compañía, las quales así como llegaron a la capitana abatieron sus banderas.
El miércoles 17 del dicho mes a medio día se descubrió tierra de la Habana y el juebes todo el día la uenimos costeando, y aquella noche se puso la flota a la boca del puerto y el viernes por la mañana entró la capitana y se hizo salua al fuerte con sinco piesas y él respondió con tres y fueron entrando las demás y aquel día entraron todas.
La Hauana es una ciudad buena, aunque no muy grande, terná seis a siete cientos uezinos.
La ciudad está a la orilla de la mar.
Las casas son fabricadas al uso de Castilla.
La tierra es muy fértil y abundante de frutas y pescados.
El puerto es mui bueno, es un braço de mar que entra por la tierra angosto, tanto que pueden entrar tres o quatro naos a la par y no más, a la entrada a la mano ysquierda está un fuerte que llaman el Muro, es echo de peña biua, que la an ydo tayando por tres lados, dos que caen al mar y el otro al entrada del puerto.
Y encima está fabricado con piedra de canto muy fuerte y está tan alto que por ninguna parte no puede ser ofendido, porque aunque entrase muy gruesa armada no le pudieran ofender.
Y tiene el artillería de manera que no pueden entrar naos sin que las echen a pique.
Tiene sesenta pieças de artillería bien repartidas por el fuerte y abaxo junto al agua tiene doze pieças muy grandes, que le llaman los doze aportales.
Tiene de continuo cien soldados.
Frontero tiene otro fuerte echo de piedra de canto.
Tiene ueinte y cinco pieças de artillería y vna compañía de sinquenta soldados.
De la misma asera pegado a la ciudad ay otro de la misma manera.
Tiene otra tanta artillería y jente.
Esta es jente de paga y los uezinos son obligados en tocando a rebato de acudir y para ello tienen sus armas y una compañía de cauallos.
Estubo la flota despachándose y dexó el oro y plata y moneda en quatro misiones y medio en el dicho fuerte para que lo traiga los galeones que se aguardan de la prouincia de Tierra Firme, hasta domingo 28 de julio, el qual día por la mañana se hizo a la uela el general con ueinte y tres naos y fue nauegando con buen tiempo y el día siguiente se perdió de vista la tierra y el miércoles postrero del mes nos hallamos desenbocados de la calan de Bahama y fuemos nauegando con buen tiempo.
El día siguiente dexó el general atrás la almiranta de Honduras porque no podia seguir al par de la flota.
Tubimos buen tiempo hasta ueinte de agosto, el qual día se hallaron por el punto con la Bermuda que está quinienas leguas de la Habana, y fuemos nauegando con buen tiempo hasta veinte y quatro del dicho mes, el qual día tubimos un ventarón a popa muy ressio, día de San Bartolomé, que nos duró hasta ueinte y nuebe del dicho mes, en el qual paraxe se apartó una nao nombrada San Josefe y una fregata que uenía con la flota.
Después tubimos bonisimo tiempo hasta siete de setiempre que descubrimos las Flores, que es isla de las Terceras, y el día siguiente uimos otra ysla que se llama el Fayal, que está quarenta leguas de las Flores, y el otro día uimos la Tercera, que está ueinte leguas del Fayel, aquí nos calmó el uiento y nos uino por la proa y estubo la flota junto a la tierra aquel día y otro de una buelta y otra, y muchas personas de las naos fueron a tierra.
Aquel día fuemos a tierra algunas personas y fuemos de la nao el señor Felipe de Mora, Diego de Larrea y yo, y uimos la Ciudad de la Tercera, que está al orilla de la mar, fabricada en una cuesta.
Es ciudad de quatro mil vezinos, abitada de portugueses como lo son todas las demás de las Terceras.
Es tierra muy fértil y abundante de todos regalos, ansí de carne, pescado como de frutas, que ay abundancia grande y uale todo mui barato.
Tiene dos fuertes, uno a un lado y el otro al otro del puerto, con mucha artillería y los soldados del presidio son españoles.
El día siguiente, dies de setiembre, bolbió el uiento en fabor, el qual nos duró hasta dies y nuebe del dicho mes, el qual día uimos el cauo de San Vicente, donde nos calmó el tiempo y estubimos dos días sin poder montar el cauo, y el sábado por la mañana veinte y uno del dicho mes lo montamos y hallamos el armada real de España con veinte naos de que yba por general don Fabrique de Toledo, y por almirante don Antonio Vicendo, a los quales abatieron las vanderas capitana y almiranta y la armada uino con la flota asta a Sanlúcar, que llegamos el domingo a mediodía, veinte y dos de settiembre, donde el lunes siguiente entraron con la marea todas las naos con bien, al cabo de sinquenta y ocho días que auía que salimos del Hauana.
Ponese de San Juan de Lúa a la Hauana trezientas leguas, y de la Hauana a la Bermuda quinientas y desde la Bermuda a las islas de las Terceras ochocientas y desde las Terceras al cauo trezientas y del cauo a Sanlúcar sinquenta, que en todo hazen mil nouecientas y sinquenta leguas.
Partí de Sanlúcar el martes 24 de setiembre en compañía del señor Felipe de Mora y fuemos a dormir a Lebrixa.
Salimos de Lebrixa el miércoles por la mañana y venimos en Seuilla, que son dies leguas, y llegamos después del mediodía, que fue nuestro señor seruido diese fin a mi viaje, el qual duró del día que salí de Seuilla al día que boluí a ella quinze meses menos un día. |
En el mundo hispánico de la época moderna, la sangre constituyó el elemento esencial de un conjunto de categorías que reflejaron un universo cultural en el que se sintetizaron prejuicios, creencias, intereses, caracteres fenotípicos y saberes, y operó como un criterio fundamental de la estructura, las prácticas y las representaciones sociales.
La sangre, de hecho, considerada desde los niveles discursivo, simbólico y normativo, funcionó indistintamente como aglutinante de grupos sociales y como eficaz instrumento de diferenciación y disciplinamiento con múltiples implicaciones en las que intervinieron no sólo la Corona y sus corporaciones, sino también los particulares como reproductores de un orden que legitimaba la desigualdad en términos genealógicos.
Este libro reúne varias colaboraciones que hacen especial hincapié en el análisis del concepto de limpieza de sangre, aunque también asigna una participación importante a algunos de los fenómenos vinculados a dicho principio, como la nobleza o el mestizaje, que conformaban la constelación de categorías surgidas de la conjunción entre herencia biológica, religiosidad, honor y virtud.
Combinando trabajos que definen un marco de referencia de la estratificación social basada en el linaje con otros que recogen estudios de caso que enfatizan en las dinámicas, El peso de la sangre ofrecer una visión muy rica y a la vez polifacética de un fenómeno que se caracterizó por la compleja relación establecida entre el mundo de las representaciones y las prácticas concretas de los individuos insertos en contextos culturales y sociales cambiantes.
En esta línea, la primera de las contribuciones, a cargo de Max Hering Torres, propone un modelo de interpretación de la limpieza de sangre en
España que contempla tres dimensiones: normativa, social y discursiva.
De este modo, este trabajo explicita la historicidad del concepto, precisando las alternativas de su desarrollo, su variabilidad y, fundamentalmente, su racionalidad en un proceso de larga duración en el que la limpieza operó en ámbitos geográficos e históricos muy heterogéneos adaptándose a la singularidad.
Óscar Mazín, por su parte, plantea el problema de la movilidad social en la América española desde la perspectiva de la relación que mantuvo con los conceptos de nobleza y limpieza de sangre.
Utilizando como punto de partida las obras de Adeline Rucquoi, Antonio Manuel Hespanha y Jean-Paul Zúñiga, Mazín apunta la necesidad de centrar la reflexión en la revisión de la jerarquía, los vínculos y las prioridades introducidas por los españoles establecidos al otro lado del Atlántico en las dinámicas de movilidad y exclusión social, concretamente en sus referentes de pureza de sangre y condición nobiliaria.
Ya en el terreno de los casos concretos, Bernd Hausberger analiza el uso de la limpieza de sangre por parte de varios escritores vascos, con el objetivo de construir un discurso en el que la pureza del linaje se vinculara a los naturales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y del reino de Navarra.
Como señala este autor, la etnización de este discurso, que procuraba establecer una minoría privilegiada dentro del mundo hispánico, se zanjó con la adopción de una actitud «protorracista» sancionada legalmente por medio del reconocimiento de la hidalguía universal.
Sin embargo, Hausberger consigue determinar que en el mundo americano el uso de este argumento exclusivista por parte de las élites vascas acabó perdiendo vitalidad a medida que conseguían integrarse en las minorías privilegiadas de la sociedad colonial.
El aporte de Javier Sanchiz realiza un repaso crítico de la bibliografía producida sobre la limpieza de sangre en la Nueva España, que sirve como punto de partida para la consideración de varias cuestiones referidas a la aplicación concreta de este criterio de exclusión.
Así, el texto señala los ámbitos institucionales cerrados por la pureza de sangre, detallando ciertas características de los procesos de averiguación, aborda diversas dinámicas propias de la proyección pública de la limpieza, y, finalmente, refiere varios casos de exclusión por deficiencias en el linaje en el tribunal inquisitorial de México.
Alexandre Coello de la Rosa centra su estudio en el ámbito de los colegios limeños de San Martín y de San Felipe y San Marcos, analizando la rivalidad que mantuvieron entre 1590 y 1615.
El enfrentamiento que durante estos años sostuvieron dichas instituciones se nutrió de varias circunstancias, entre las que destaca el desarrollo del criollismo, aunque se articuló especialmente a través de la discrepancia en el criterio de reclutamiento aplicado por cada una de ellas.
De este modo, las cualidades del linaje se introducen como un mecanismo de poder de relevancia en un marco en el que las dinámicas sociales estaban sometidas a fuertes tensiones a raíz de los intentos de promoción de sectores relegados.
El texto de Solange Alberro muestra el revés de la trama de los procesos de averiguación de la limpieza de sangre, haciendo aflorar algunas de las circunstancias que, en el ámbito novohispano, permitían «enturbiar las pistas» genealógicas.
El núcleo de esta contribución radica en la descripción de las alternativas de dos casos en los que los individuos consiguieron introducirse en el ámbito eclesiástico a pesar de sus orígenes manifiestamente «sospechosos».
Las dinámicas y los resultados de estos procesos llevan a la autora a proponer la hipótesis de que en un contexto falto de «élites y de personas con antecedentes transparentes», resultó muy frecuente que la solidaridad de hecho se impusiera entre individuos que compartían «los mismos valores explícitos e implícitos y el mismo estatus privilegiado».
De este modo, Alberro salva la distancia entre norma y práctica poniendo de manifiesto la racionalidad del uso contextual de la limpieza de sangre.
Nikolaus Böttcher realiza un interesante estudio sobre el discurso de la pureza de sangre a través de la consulta de varios expedientes documentales que permiten constatar de qué forma fue aplicado por el Santo Oficio de México.
En este marco, el autor demuestra que, en el largo período comprendido entre los siglos XVI y XVIII, la aplicación práctica de dicho principio presentó múltiples matices e incorporó a nuevos grupos sociales.
De este modo, habría experimentado una «paulatina metamorfosis discursiva» que, entre otras cosas, acabó incluyendo a los mestizos y a las castas en un claro intento de las élites de ordenar y disciplinar el complejo universos social generado por el incremento de los grupos subalternos.
Norma Angélica Castillo Palma contempla la limpieza de sangre enfatizando el papel que desempeñó como mecanismo de movilidad social de la población mestiza de la Nueva España.
Así, constata el carácter cambiante y coyuntural de las exigencias relativas al linaje de ciertas corporaciones novohispanas y, fundamentalmente, señala la creciente «racialización» que tuvo lugar en los expedientes de limpieza promediando el siglo XVIII.
En consecuencia, la autora postula que la eficacia de los mecanismos de investigación debe encontrarse en la construcción de un discurso sobre el honor, que se tradujo en un proceso de «blanqueamiento» social.
Por medio de esta dinámica, los individuos sometidos a las probanzas enaltecían «a sus antepasados identificables con españoles, omitiendo a los de linaje sospechoso, de tal forma que las familias confeccionaron informaciones genealógicas para adecuarlas a la normativa y con ello evitar ser excluidos».
Marta Zambrano centra su trabajo en las dificultades que produjo la aparición de un importante contingente mestizo en la ciudad de Santa Fe respecto de su inserción en las jerarquías y las categorías sociales de los siglos XVI y XVII.
En concreto, la autora aborda las estrategias de los mestizos varones de primera generación y de las servidoras y madres mestizas de las generaciones sucesivas, resaltando, por un lado, la profunda diferenciación genérica establecida entre el destino de la descendencia femenina y la masculina de aquellos individuos.
En segundo lugar, se analizan las relaciones asimétricas de aquellas con varones españoles, que resultaron condicionadas no sólo por su condición sexual sino también por el lugar ocupado por su grupo de adscripción original en la estratigrafía social colonial.
Guillermo Zermeño encara una investigación arqueológica de los múltiples sustratos discursivos que, entre 1850 y 1950, jalonaron la transformación intelectual del concepto mestizo en la noción de mestizaje, entendido como la esencia de la identidad colectiva mexicana.
Este texto plantea la hipótesis de que la invención del mestizaje como principio identitario esencial tuvo un efecto negativo sobre la población indígena, adscribiéndose en la narración del proceso civilizatorio que buscó desvincularse del pasado colonial y establecer un futuro que tenía que ver, en palabras de Vasconcelos, con las «mezclas y combinaciones cada vez más acentuadas y múltiples».
En virtud de las numerosas aportaciones de los textos reunidos en El peso de la sangre, caracterizados por el especial énfasis puesto en plantear la relación entre norma y práctica a través de estudios que ofrecen visiones heterogéneas pero a la vez complementarias del problema de la limpieza de sangre -muchas de las cuales mantienen un estrecho diálogo entre sí-, puede afirmarse que nos encontramos ante una obra que constituye un aporte significativo para continuar reflexionando sobre un principio central de las dinámicas sociales del mundo hispanoamericano.-ARRIGO AMADORI, Universidad Complutense de Madrid.
Bravo-García, Eva y Cáceres-Lorenzo, María Teresa: Claves para comprender las Crónicas de Indias, Madrid, McGraw-Hill, 2012, XI, 100 pp., il., map.
Dada la complejidad de todo tipo que encierran, no cabe duda de que las crónicas de Indias constituyen uno de los tipos textuales más interesantes que se generan en el ámbito hispánico a raíz de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo y de su contacto con los pueblos originarios de estas tierras; complejidad -hay que decir-que ni mucho menos se reduce a los aspectos más estrictamente relacionados con lo que tiene que ver con la lengua en que se escriben (se entienda este concepto desde el punto de vista lingüístico o literario), sino que trascienden en mucho este primer campo para entrar de lleno en otros como la historia, la etnografía o la antropología, por citar solamente algunos de los más evidentes.
Es por esto por lo que cualquier acercamiento a estos textos se hace tan difícil, por la necesidad de aproximarse a ellos desde múltiples puntos de vista que den cuenta de unos materiales complejos y heterogéneos que pretenden -en principio, luego se explicará que no solo-trasladar al lector europeo una realidad tan peculiar y tan diferente como es la americana.
Precisamente aquí se encuentra uno de los puntos más interesantes y novedosos del libro que se está reseñando: la intención de facilitar unas claves que sirvan para la más correcta interpretación de estos textos, y su acercamiento -como se ha dicho ya, absolutamente necesario-desde una perspectiva compleja e interdisciplinar a ellos.
Ambas ideas quedan perfectamente reflejadas en la organización del volumen que manifiesta su índice: en efecto, frente a otros volúmenes -en los que el análisis lingüístico ocupa la parte fundamental del trabajo-, en este las autoras comienzan por definir qué se entiende por «crónica de Indias» desde su contexto sociohistórico (capítulo 1), para pasar posteriormente a un utilísimo capítulo 2 acerca de la génesis textual de la crónica indiana, en el que se atiende a aspectos tan importantes como las intenciones comunicativas que la generan, los tipos de discurso que lleva en su interior, el perfil histórico y social del autor o su relación con otros tipos textuales desarrollados en el mismo momento; por su parte, el capítulo 3 se centra en analizar el estado de lengua que refleja estos textos -así como algunos de los procesos de americanización lingüística, especialmente en el léxico, que se descubren en ellos-, mientras que el siguiente (capítulo 4: «La crónica como eje de la interculturalidad») vuelve, desde la perspectiva interdisciplinar ya mencio-nada, a centrarse en aspectos más alejados de lo estrictamente lingüístico, y que tienen que ver con cuestiones como la política lingüística, la aparición de una realidad diferente, estrictamente americana y necesariamente intercultural, o la repercusión que las crónicas tienen en la Europa de su tiempo.
Junto a todo lo anterior, el libro consta de un capítulo 5 compuesto por una veintena de actividades acerca de los cuatro capítulos anteriores, algo que evidencia aún más el carácter didáctico que la obra posee, y que las autoras explicitan al indicar que «esta monografía está diseñada como una herramienta de utilidad para el alumno de grado y posgrado y para todo aquel investigador que se inicie en el estudio de la historia, literatura y lengua española en el Nuevo Mundo» (p.
No hace falta ponderar, naturalmente, lo interesante que resulta ofrecer estos ejercicios -y sus soluciones, por supuesto-en un libro que, como ya se indicó, está pensado para alumnos de grado y/o posgrado, pues constituyen una ayuda fundamental para su proceso de aprendizaje, así como una forma cómoda y rápida de que los lectores evalúen su grado de asimilación de los contenidos expuestos; es de señalar, además, que no son los ejercicios ya mencionados el único aspecto que contribuye a transformar la obra en una poderosa herramienta didáctica, sino que a estos hay que sumar otras cuestiones como las numerosas referencias a páginas web de distinto tipo, las lecturas recomendadas al final de cada uno de los capítulos o -desde otro punto de vistalos abundantísimos esquemas, gráficos y figuras que se descubren en las páginas del libro.
Por último, el volumen concluye con un utilísimo índice de voces y materias -que sirve de gran ayuda para su consulta y, por ende, para su empleo en clase-y una extensa bibliografía, que las autoras han tenido el acierto de organizar en primaria (crónicas citadas a lo largo del libro) y secundaria (trabajos sobre las crónicas y su contexto histórico), de nuevo en una muestra clara del carácter didáctico que se aplica a toda la obra; hay que notar en este punto, con todo, un desliz que se debería subsanar en próximas ediciones: la cita de un fantasmal trabajo «Moreno Fernández (2010)» (p.
32) que luego no aparece recogido en ninguna de las dos listas bibliográficas finales que se acaban de mencionar.
Por supuesto, es evidente que en un libro en el que -desde el eje fundamental que constituyen las crónicas-se combinan y analizan temas tan variados como los ya señalados al describir el índice, son numerosísimos los aspectos que se podrían reseñar, pero entre ellos quizá sea interesante resaltar aquellos que, bien por su carácter de clave o bien por su escasa atención en otros trabajos, constituyen un acierto de las autoras: de este modo, cabe señalar, en primer lugar, la atención que se presta a cuestiones de base fundamentales como el proceso de elaboración de estos textos y sus fuentes (pp. 14-15), las intenciones -suma de factores medievales y renacentistas-que les dan origen (p.
16), o los tipos de discurso que aparecen en su interior (pp. 19-20), así como el análisis -breve; hubiera sido deseable mayor profundidad-de la relación existente entre la crónica y otros tipos textuales del momento histórico en que estas se generan (pp. 28-30); del mismo modo, son también destacables otras cuestiones como la minuciosa y completa descripción que se lleva a cabo de los americanismos semánticos y sus tipos, todos ellos perfectamente ejemplificados (pp. 40-48), o la atención que se presta a los tipos de intérpretes y a sus características específicas (pp. 59-62).
Como contracara de todo lo anterior, existe también una serie de cuestiones que quizá fuera necesario modificar con vistas a una próxima edición: a manera de ejemplo, en la figura 1.3. (p.
4) se establece la fundación de Buenos Aires a mediados de los años 30 del siglo XVI -fecha, efectivamente, de la primera fundación por parte de Pedro de Mendoza, que resulta un fracaso y no tiene continuidad en el tiempo; quizá fuera más oportuno fecharla en 1580, el momento definitivo de poblamiento de la capital argentina-, y poco después, en la página 9, se cita La Plata -y no Buenos Aires-como cabeza del virreinato rioplatense; así mismo, resultan cuanto menos confusas afirmaciones como que «la difusión de las crónicas no impidió la entrada masiva de indigenismos» (p.
33), que «los textos permiten seguir la huella de los indigenismos a través de estos dos procedimientos: 1. la adopción de préstamos indígenas (...) 2. el uso de recursos lexicogenésicos y expansión semántica de vocablos patrimoniales» (p.
34) y -refiriéndose al siglo XVI, cuando toda Sudamérica formaba parte del virreinato peruano-que «en los territorios continentales del sur, a excepción del virreinato de Lima y su zona de influencia, los contingentes migratorios fueron menos numerosos» (p.
En esta misma línea, también podrían ser discutibles -al menos, para el autor de estas páginas-cuestiones como la interpretación del concepto de hidalguización que se apunta en la obra (p.
6) o la justificación de la difusión del castellano por la península como resultado de ser «la variedad más innovadora y simplificada respecto a otras lenguas romances existentes» (p.
Pero lo cierto es que -más allá de los detalles inmediatamente señalados-la monografía de las profesoras Bravo-García y Cáceres-Lorenzo constituye un aporte de gran interés para todos aquellos que se pretendan acercar con provecho a las crónicas de Indias: tanto por la -más que mencionada ya-aproximación interdisciplinar a unos textos que de manera evidente la exigen, como por el clarísimo afán didáctico que respira la obra, estas Claves para comprender los Crónicas de Indias constituyen una ayuda más que notable para que un público neófito (y no tan neófito) pueda entender y disfrutar unas obras como estas, complejas y contradictorias, exuberantes, ancladas en el siglo XVI y a la vez tan actuales, que tienen la virtud de ubicarnos ante lo que sin duda constituye un momento fundamental para comprender la cultura española y americana de entonces, lo que en el fondo no es -conviene recordarlo-sino comprender mejor, también, nuestra actualidad y a nosotros mismos.-JOSÉ LUIS RAMÍREZ LUENGO, Universidad de Alcalá.
Cunill, Caroline: Los defensores de indios de Yucatán y el acceso de los mayas a la justicia colonial, 1540-1600, México, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, 393 pp.
En la introducción de su obra Caroline Cunill adelanta su objetivo: analizar la interacción que ocurrió entre los españoles y los indígenas de América utilizando el mecanismo del oficio de carácter judicial denominado protector o defensor de indios.
De entrada, la autora nos sitúa en una época cronológica, situación y lugar preciso: la gobernación de provincia de Yucatán, el imperio y la cultura maya, y el final del primer siglo de asentamiento ibérico.
La autora informa que restringe la época y contenido de la investigación con tal de hacer exhaustiva la obra, sin ignorar la actividad que tuvo este oficio de defensor en las demás partes del territorio americano.
Aun así, los capítulos posteriores resultan amplios y comparativos, y utilizan documentación judicial que surge alrededor del oficio del protector en otras jurisdicciones.
Además, se describen algunos ejemplos de litigios locales, expedientes y documentos que acompañan los juicios de residencia, sentencias en apelación a las autoridades peninsulares y algunas peticiones directas de los indígenas a la monarquía relacionados con el oficio de la protectoría.
Al comenzar, se critica la metodología usada en la historiografía americana tradicional del tema, por concentrarse en una visión separada o paralela de las dos culturas que convergen en Indias, dejando a un lado el efecto de la transculturación que surge debido a las interacciones que necesariamente nacen al juntarse indígenas y españoles.
Así, el estudio se dirige a comprender las interrelaciones y los procesos de adaptación entre estas dos sociedades, que compartieron competencia geográfica en Tierra Firme.
Su propósito es identificar indicios del impacto con la cultura del otro, pero visto desde el prisma de ambos grupos y no por medio de un acercamiento separado e individual.
Se menciona la nueva clase mestiza americana, que podría ser un tercer grupo social en el espacio socio-geográfico indiano, asunto antropológico que constituye uno de los temas históricos controversiales sobre las Indias y que permea muchos de los demás subtemas pendientes sobre el continente.
La teoría que presenta Cunill por medio del estudio de la defensoría es una visión multidimensional etnográfica americana.
Contrario al análisis tradicional bipolar de los temas indigenistas, al eurocentrismo característico de tantos estudios iberoamericanos y al estudio con óptica separada entre las repúblicas de indios y de españoles, en este caso la investigación se dirige a conseguir una interpretación conjunta y orgánica de los acontecimientos históricos.
A esos efectos, Cunill utiliza con efectividad la figura del protector de naturales, un oficio creado por la monarquía que se convierte en parte del marco general de la cultura jurídica indiana-colonial, para entrelazar ambos segmentos sociales y explicar la simbiosis resultante.
Lo que se destila es el flujo de esta mezcla social, las tensiones entre fuerzas contradictorias unidas en un espacio que, aunque físicamente inmenso, desde el punto de vista de las mentalidades puede resultar compacto.
La crisis de relaciones que surgió en el Nuevo Mundo, y que perduró por todo el periodo de colonización, a su vez produjo una serie de ajustes o adaptaciones recíprocas que Cunill escudriña con habilidad investigativa.
Así, el oficio de la defensoría indígena y la oportunidad que ofrece la documentación producida alrededor de esta institución sirven para medir el impacto del conflicto entre los grupos sociales.
El libro comienza con el análisis de la necesidad y génesis del concepto de la protección eclesiástica, antecedente a la defensoría civil, e incluye la explicación del rol paralelo que desempeñó la justicia real en los asuntos indígenas a principios del periodo colonial, insistiendo en los conflic-tos jurisdiccionales que se dieron entre ambos sistemas.
Luego, se pasa a discutir el cambio a una forma de administración civil por medio de los defensores laicos y se analiza la sistematización del cargo mediante el estudio de los sucesivos reglamentos introducidos por la Corona.
Tal vez faltaría profundizar sobre las posibles ventajas laborales, materiales y de dominio y demás motivos que la monarquía tendría para desarrollar esta institución de tipo permanente en sus provincias indianas.
La segunda parte del libro incluye información sobre los titulares del cargo, el perfil socioeconómico, nombramientos, salarios, grado de independencia con respecto a las autoridades locales.
El tercer y último capítulo se centra en la descripción de la intervención de los defensores en casos particulares y en sus métodos y condiciones de trabajo.
Se propone un balance de logros y fallos del sistema y se hace especial hincapié en la capacidad que demostraron los mismos mayas para utilizar a los protectores con el fin de defender sus propios intereses, colectivos o particulares.
La cuestión de la regulación del trabajo indígena, asunto medular de la sociedad colonial de finales del siglo XVI, época pertinente a la investigación, se discute en esta última parte.
Así, la investigación extrae por el método histórico-jurídico una síntesis de los documentos, las actuaciones oficiales, los procesos judiciales y el protagonismo indígena.
En efecto, se utiliza la herramienta del oficio del protector de indios para demostrar la forma en que este grupo, dentro del conglomerado social colonial americano, logra sus propias metas, se adapta a las necesidades de los demás y sobrevive en esta primera etapa crítica de la época post-colombina.
Se adelanta desde la introducción la teoría de que los indígenas utilizaron a los protectores judiciales para sobrevivir, beneficiarse de la justicia y lograr sus propias necesidades materiales, espirituales y existenciales.
Asimismo se sugiere que los sistemas políticos y legales de la sociedad peninsular también se nutrieron de las iniciativas e influencia indígenas, tanto a nivel criollo-americano como ibérico.
No obstante, esta parte de la tesis, aunque de mucho interés para investigación prospectiva, resulta difícil de probar en cuanto a causa-efecto y cuantificación.
Asimismo, preocupa que el libro pueda caer en el mismo tipo de dualismo historiográfico que critica Cunill en su introducción, al concentrarse mayormente en las dos sociedades predominantes, indígenas y españoles, sin incluir la mezcla de etnias que se desarrolla aceleradamente desde este tiempo, aunque se reconoce la importancia de los mestizos y africanos que entran a formar parte de la fuerza laboral y del gran mosaico social americano desde los comienzos de la colonización.
La historia de la génesis y el desarrollo del oficio del protector de indios que aquí se desarrolla están redactadas con excelente estilo y narrativa literaria.
Sus fuentes primarias en ambas costas atlánticas están bien señaladas y se cuida Cunill de explicar lagunas que naturalmente existen en la documentación.
El libro explora conjuntamente aspectos judicialesadministrativos y su impacto en la cultura de los indios y españoles.
Se describen los espacios donde se juntan estos dos segmentos por necesidad, pero con intereses frecuentemente opuestos.
No se trata, según Cunill, de ocultar las diferencias, tensiones e inequidades entre las dos culturas, sino de explorar, por medio del estudio de la institución de la protectoría, aquellos espacios donde se encuentran estos grupos.
A la vez, se advierte que, para evitar el peligro que representa el oficialismo institucional, se deben analizar los casos particulares y el uso que hicieron los indios de la figura del protector.
Estos postulados encajan perfectamente en las corrientes modernas historiográficas de historia-científica y la nueva historia vista «desde abajo», ya que la explicación de documentos sobre oficios coloniales podría dar resultados puramente descriptivos y faltos de análisis y contexto.
Cunill hace bien en insistir en la explicación del contenido y el uso que realmente tuvo la figura del protector para así desarrollar la «historia total» o completa según Braudel.
En conclusión, Cunill desarrolla con habilidad el tema de la interrelación de estas dos culturas en el entorno americano colonial y propone explicaciones genuinas sobre la adaptación, resistencia y transculturación a base del mecanismo de la protectoría y el defensor de naturales.
Destaca su insistencia en la visión de la historia social total que define y escoge un objeto de estudio «de abajo», con la clara perspectiva de inclusión y protagonismo de aquel personaje sin historia, siguiendo los principios establecidos por figuras como Lucien Febvre y Marc Bloch, que se inclinan a incluir y estudiar la situación del hombre común y en sociedad.
Además, el método de utilizar la documentación y experiencia del oficio e institución del protector para medir la interrelación y el proceso de transculturación social que ocurre entre los dos segmentos de sociedad que se describen permite un acercamiento productivo al tema.
En tal sentido, su contribución es de valor para aquellos que quieran analizar la historia social, colonial y actual, de las Américas.-GERARDO A. CARLO-ALTIERI, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
Dalla-Corte Caballero, Gabriela: Cultura y negocios: el americanismo catalán de la Revista Comercial Ibero-Americana MERCURIO (Barce lona, 1901(Barce lona, -1938)), Barcelona, Casa Amèrica Catalunya, 2012, 221 pp.
Los últimos años han sido prolíficos en obras conmemorativas.
A la multitud de publicaciones surgidas al albur de los bicentenarios de las independencias americanas se ha sumado un buen número de trabajos en torno, precisamente, a lo que fueron las festividades centenarias, las circunstancias que rodearon los fastos y la evolución de las relaciones hispanoamericanas desde la secesión hasta la celebración de dichos festejos.
Es de señalar que gran parte de los trabajos citados ha girado en torno al hispanoamericanismo, movimiento que se significó en la restauración de los vínculos entre España y las nuevas repúblicas americanas.
No puede decirse, en todo caso, que fuese este un movimiento homogéneo, pudiendo distinguirse dentro del mismo, cuando menos, una dualidad que ya se evidenciaría en las primeras décadas post-independencia entre quienes secundaron a los distintos gobiernos liberales en sus políticas de distanciamiento y/o acercamiento condicionado, y aquellos que calibraron lo mucho que se había perdido con la separación y buscaron la manera de consensuar acuerdos entre Madrid y los nuevos países.
Los primeros acabarían desembocando en un panhispanismo fuertemente ideologizado que preconizaría la unidad espiritual de España y las repúblicas hispanoamericanas, con la antigua metrópoli ejerciendo una especie de preeminencia tutelar.
Los segundos, por su parte, quedarían encarnados en una burguesía comercial sumamente perjudicada por la coyuntura y que, pese a los dictámenes gubernamentales, no cejó en su empeño de acercar posturas y generar una actitud favorable en pro del reconocimiento de las nuevas repúblicas.
Producto de todo ello sería el papel desempeñado por las Juntas de Comercio y sus integrantes en el paulatino cambio de la opinión pública española respecto a la nueva realidad americana, siendo decisiva a tal efecto la fundación y mantenimiento de revistas que actuarían de enlace entre las sociedades, la intelectualidad e incluso los gobiernos de ambas orillas.
No es este un tema desconocido para Gabriella Dalla-Corte quien, si bien en los últimos años ha estado incursionando en diversos asuntos de la historia paraguaya, goza de una amplia experiencia investigativa en lo que se refiere al hispanoamericanismo de este periodo y, más concretamente, al americanismo catalán.
En cierto modo la hipótesis del libro que nos ocupa -la posible gestación de la Casa de América de Barcelona en la Revista Comercial Ibero-Americana MERCURIO-supone para la historiadora un triple retorno: a una institución a la que ha dedicado no pocas atenciones a lo largo de su carrera; a una temática, el americanismo catalán, de la que siempre ha resaltado su vertiente empresarial como santo y seña; y, por último, a una publicación que conoce sobradamente por haberla analizado en anteriores estudios y que, en esta ocasión, le sirve como fuente para analizar los puntos previos.
La investigación toma como punto de partida un 1898 que resultó calamitoso para los intereses españoles.
Perdidas las últimas colonias americanas y asiáticas, el país cayó en una crisis de identidad que alcanzaría todos los ámbitos, pero que también generaría respuestas desde las que replantear el porvenir del país desde perspectivas distintas a las del pasado.
La revista MERCURIO fue una de esas respuestas.
Fundada en diciembre de 1901, ya desde el primer número sus promotores plasmaron su propósito de, en palabras de la autora, «rejuvenecer los vínculos entre España y Latinoamérica, dar a conocer la realidad americana, garantizar la paz y dejar atrás la guerra».
Un objetivo que, en todo caso, siempre estaría regido desde una perspectiva comercial que quedaría señalada en ese mismo boletín bajo frases que casi podrían considerarse premisas, como: «El interés mercantil es la gran palanca de nuestros tiempos»; «Hoy las naciones que más prosperan y dominan son las que más comercian».
¿Fue esta una tendencia exclusiva del americanismo catalán?
Ya en el siglo XIX otras burguesías comerciales como la andaluza habían incidido en dicha vía aun sin haber pasado por el trauma noventayochista.
Y, del mismo modo, tanto catalanes como andaluces asumieron que ninguna plataforma podía ser más idónea para reforzar los vínculos con América que la herencia cultural común o el compartir usos y costumbres.
No obstante, pocas recogieron la antorcha como hizo MERCURIO.
Y ninguna otra burguesía comercial del país insistió tanto en esa vía como la catalana.
Basta sopesar, como bien indica Dalla-Corte, cómo desde el primer número de la publicación hasta su cierre en 1938, esta siempre guardó espacio en sus páginas para las empresas anunciantes inmersas en el proyecto -una forma de darles trascendencia internacional y, sobre todo, una imagen en América-pero, a la par, cómo también llegaría a contar con más de 800 colaboradores repartidos entre la Edición Ilustrada y la Edición Comercial y de Transportes.
La metodología empleada por la historiadora parte del análisis de aquellos que se significaron como piezas capitales de la publicación y, por extensión, del americanismo catalán de este periodo.
Con todo, resulta interesante constatar cómo la autora procura contextualizar las actividades de la revista y de los distintos colectivos presentes en el trabajo, dejando entrever la influencia que tuvieron en las reivindicaciones de los sucesivos directores y empresarios los acontecimientos coetáneos, ya fuesen locales, como la Semana Trágica; nacionales, como la Guerra Civil; o internacionales, como la Gran Guerra o el Crack del 29.
En lo que concierne a la estructura, la obra aparece dividida en ocho apartados en los que se abordan figuras que van de Pere Casas Abarca, director artístico y creador de imágenes de la publicación, a José Puigdollers Macià, fundador de la misma y artífice de diversos proyectos como el Crédito Ibero-Americano, en cuyo seno funcionó la Revista Comercial Hispano-Americana (más adelante Ibero-Americana) o la conocida Embajada Comercial a América, un viaje al Cono Sur en el que se embarcarían dos abogados y amigos de juventud que posteriormente llegarían a ejercer como diputados en las Cortes: José Zulueta Gomis y Federico Rahola Trèmols.
Rahola también llegaría a ser director de la revista, al igual que Pere Casas.
No obstante Dalla-Corte une sus nombres a un tercero, Rafael Vehils Grau-Bolívar, a la hora de hablar de la creación de la gran biblioteca presente en el seno de la Revista Comercial Ibero-Americana.
Una biblioteca que resultaría trascendental a la hora de organizar, primero, los «Estudios Americanistas» y, más adelante, la «Sociedad Libre de Estudios Americanistas».
Hablamos de asociaciones que aunaron en sí intelectualidad y empresa independientemente de su origen español o americano, pero también de las raíces sobre las que se fundó la Casa de América de Barcelona y muchos de los fondos documentales de temática americana presentes a día de hoy en bibliotecas y archivos catalanes.
En resumen, un interesante trabajo que une a las reflexiones de la autora dos complementos a no desdeñar: por un lado, un amplio reportaje fotográfico que facilita sustancialmente la comprensión de lo expuesto y la coyuntura en que se movieron personajes y proyectos; y por el otro, una relación desglosada de autores y artículos publicados en MERCURIO.
Una magnífica herramienta para todo aquel que se decida a indagar en la complejidad de un tiempo, un movimiento y un contexto como el de las relaciones hispanoamericanas de comienzos del siglo XX y su contemplación desde el americanismo catalán.-MANUEL ANDRÉS GARCÍA, Universidad de Huelva.
El autor tiene deslindada la cuestión en un capítulo previo, una cortesía muy de agradecer.
Sigue a continuación una breve biografía de Duarte Pacheco, en la que se dedica especial atención a analizar la significación del tratado de Tordesillas y la intervención del navegante en aquellas negociaciones.
Al lector español le puede interesar que, después ser depuesto de la capitanía de la Mina (1521 ó 1522), el gran navegante portugués estuviese a punto de pasar al servicio de Carlos I.
La realidad de este viaje transoceánico es aceptada por casi todos los autores portugueses (yo mismo me incliné a darle entero crédito en mis Mitos y utopías del Descubrimiento.
Mas la cuestión no estriba en que se haya realizado o no esa navegación.
Con gran agudeza, el prof. Domingues hace ver que este pasaje se inserta en una descripción del mundo, en la que Duarte Pacheco se adhiere a la doctrina de «Jacopo, bispo de Valencia» (expuesta en sus Commentaria in Psalmos, Valencia, 1484).
En la importancia de esta doctrina (estudiada por W. G. L. Randles estrictamente desde el punto de vista de la expansión portuguesa hacia la India en su espléndido libro Da terra plana ao globo terrestre.
Selección de mapas del siglo XVI, Sevilla, 1989, p.
17; cf. una traducción completa del capítulo de los Commentaria en mi artículo «Los pasajes cosmográficos de los Comentarios a los Salmos de Jaime Pérez de Valencia», Mar Oceana, 2, 1995, 259-282).
Conviene recordar los dos principios más importantes sentados por el agustino, careándolos con el eco que tuvieron en el Esmeraldo.
Reza el primero: «El Océano no circunda toda la tierra, como piensa el vulgo, sino que está rodeado de montañas por todas partes.
En efecto, nos es conocida su costa al oriente y al sur, aunque nos queda por conocerla al occidente y al norte; pero los navegantes han descubierto muchas y grandes islas hacia occidente, pues su costa occidental no está muy distante, según Aristóteles al final del libro segundo Sobre el cielo».
Concluye Jaime Pérez siguiendo a Esdrás: «La tierra es siete veces mayor en tamaño que todos los mares».
Ahora bien, como bien señala Domingues, la referencia al viaje de 1498 se ha de interpretar en función del contexto en que se inserta: el navegante no discutió el problema de la localización del Brasil y de su descubrimiento porque en su mente no existía América, sino solo los tres continentes tradicionales; una sabia postura que recuerda, en el ámbito hispano, la preconizada por Edmundo O'Gorman en su célebre libro La invención de América (México, 1968).
¿Cuál es la imagen del mundo que tuvo Pacheco?
Esta pregunta conduce a Domingues a hacer una larga disquisición sobre el significado del «mapa», disquisición muy interesante pero que distrae algo al lector del meollo de la cuestión.
Como hemos visto, la concepción de la tierra que se expresa en el Smaragdo es plenamente ptolemaica (tres continentes), en contraposición a la nueva realidad cuatripartita que se plasma en el planisferio de Cantino (1502).
En cambio, según Domingues, el mapamundi de Lopo Homem (1519), excéntrico a la cartografía coetánea, expresaría gráficamente las ideas de Pacheco, quien quizá no fue del todo ajeno a su realización.
Esta coincidencia hace pensar a nuestro autor que el litoral tocado en la navegación de 1498 fuese el Brasil.
En líneas generales estoy totalmente de acuerdo con las tesis sustentadas en este volumen.
Más difícil de demostrar me parece la dependencia del mapa de Lopo Homem respecto de las ideas de Duarte Pacheco, dado que la concepción de la tierra que se refleja en uno y otro deriva, a fin de cuentas, de un tronco común: la Geografía ptolemaica, conocida en el caso del navegante a través de Jaime Pérez.
Por último, me permito discrepar en un mínimo detalle: que en los mapas se usara el color rojo para pintar el mar (p.
61); únicamente se pintó así el mar Rojo por antonomasia.
El libro está bien presentado, clara y agradablemente escrito y carece casi de erratas (solo he encontrado una: «por antimonia» en vez de «por antinomia» en p.
29).-JUAN GIL, Universidad de Sevilla.
Elvás Iniesta, María Salud y Olivero Guidobono, Sandra (coords.):
Redescubriendo el Nuevo Mundo.
Estudios americanistas en homenaje a Carmen Gómez, Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2012, 339 pp., fotos blanco y negro.
Esta rica obra dedicada a la memoria de la historiadora María del Carmen Gómez Pérez reúne las contribuciones de destacados especialistas, en gran parte de la Universidad de Sevilla y de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, sobre múltiples aspectos de la historia americana.
La gran variedad de los temas tratados y la amplitud del marco cronológico, que abarca desde las primeras fases de la colonización española hasta el siglo XIX, reflejan la intención de ofrecer nuevas líneas de interpretación de la historia de la América hispana en el campo económico, social y político a la luz de fuentes inéditas y de los aportes teóricos y metodológicos proporcionados por los enfoques historiográficos más recientes.
El volumen se abre con dos ensayos dedicados a Sevilla, que gracias al comercio con las Indias conoció su esplendor.
A través de los documentos conservados en el archivo de los Reales Alcázares, Pablo E. Pérez-Mallaína Bueno reconstruye el proceso de transformación de las antiguas Atarazanas del puerto en el edificio de la aduana, uno de los símbolos arquitectónicos de la «Sevilla americana».
En cambio Ramón María Serrera Contreras concentra su atención sobre las razones del progresivo declive de la ciudad en el siglo XVII con relación al comercio ultramarino, considerando el impacto de las prácticas de fraude, contrabando y corrupción administrativa, la creciente rivalidad con Cádiz en la disputa por la capitalidad del monopolio, y la importancia de factores externos a los mecanismos de gestión del comercio como la peste de 1649, que privó Sevilla de casi la mitad de sus habitantes.
En la obra destacan numerosos ensayos dedicados a Nueva Granada y a Cartagena de Indias, a los que Carmen Gómez dedicó gran parte de sus estudios.
La misma historiadora ha colaborado a la investigación que presenta María Salud Elvás Iniesta sobre el cuadro genealógico de la familia de Pedro Heredia, conquistador y fundador de Cartagena de Indias.
El estudio de las alianzas matrimoniales y la individuación de los privilegios adquiridos por la familia, como encomiendas y cargos públicos, permite a Elvás ilustrar las estrategias que transformaron Cartagena de Indias en el «reino privado» de Heredia y de su estirpe.
Julián B. Ruiz de Rivera analiza la figura de Juan de Villabona, rector de la Universidad de Sevilla y encargado en 1609 de visitar la costa caribeña del Nuevo Reino de Granada, las gobernaciones de Cartagena de Indias, Santa Marta y Antioquia en calidad de oidor de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá.
A la reconstrucción de la biografía, la formación académica y las visitas de Villabona se acompaña una detenida reflexión sobre los alcances y los problemas de realización de las reformas promovidas por el oidor español para una mejor definición del tributo, la limitación de los abusos y el adoctrinamiento de las poblaciones indígenas de la región.
Enriqueta Vila Vilar enfoca el estudio de Cartagena de Indias como centro estratégico de la trata de esclavos y del contrabando internacional en el siglo XVII.
De este contexto, se desprende un detallado análisis sobre la carrera de dos comerciantes portugueses, José Fernández Gramajo y su sobrino Antonio Núñez Gramajo, que por sus estrategias de ascenso social y conducción de los negocios pueden considerarse los arquetipos de los negreros en la América colonial.
María Luisa Laviana Cuetos propone un interesante ensayo sobre los excedentes fiscales de las Cajas de Guayaquil, que en la segunda mitad del siglo XVIII contribuyeron indirectamente al mantenimiento y a la defensa del puerto de Cartagena de Indias a través de remesas de capitales enviadas anualmente a Quito y Santa Fe.
Completan la serie de estudios sobre Nueva Granada dos ensayos sobre las implicaciones políticas y económicas de la lucha por la independencia.
Antonio Gutiérrez Escudero presenta un trabajo sobre el humanista y político colombiano Antonio Nariño y Álvarez, considerado uno de los precursores de la emancipación americana.
De este criollo ilustrado el autor analiza en particular los escritos editados en el semanario «La Bagatella» de 1811, que le sirvió de plataforma para denunciar la disgregación territorial del virreinato granadino, las ambiciones de las oligarquías locales y la falta de una clase dirigente preparada como límites infranqueables a la realización de un camino hacia la independencia comparable al exitoso modelo estadounidense.
Adolfo Meisel Roca analiza de manera concreta las repercusiones de la independencia presentando un balance de los costos coyunturales y de los beneficios a largo plazo de la guerra de emancipación para la economía de los territorios que pertenecieron al virreinato.
En esta sección se inserta también el trabajo de Carmen Mena García, que remonta a los orígenes de la colonización de Tierra Firme.
La autora se detiene a examinar las prácticas de rescates y presentes de oro y objetos de valor con que los españoles despojaron las poblaciones indígenas en Santa María de la Antigua del Darién y, más tarde, en Panamá.
Estas prácticas de intercambio desigual se aprecian no solo como medios de dominación económica, sino también como base para el estableci-miento un complejo entramado de relaciones que, más allá de las formas de depredación más violentas y del trabajo impositivo, propiciaron la empresa colonizadora también a través de un lento proceso de aculturación.
Otro consistente núcleo de ensayos es el dedicado a la Nueva España.
Entre ellos, el trabajo de Jaime J. Lacueva Muñoz discute el problema de los factores de crecimiento de la producción minera novohispana en los siglos XVI y XVII a la luz de las teorías avanzadas por la Nueva Economía Institucional, que permiten resaltar el papel de factores no tecnológicos como la experiencia y el conocimiento acumulados en el sector a lo largo del tiempo, la estabilidad política a nivel local y el sostén de las instituciones.
Abrazando una perspectiva más clásica, pero no menos sólida, Manuela Cristina García Bernal analiza el pronunciado desarrollo económico novohispano a través del estudio de la producción agropecuaria, que fue complementando el dinamismo alcanzado por la economía minera a lo largo del siglo XVIII.
Para explicar el crecimiento desigual que se dio en las diferentes regiones del virreinato, la autora analiza factores como el de la propiedad agraria, los sistemas productivos, las relaciones laborales y los principales mercados de destino de la producción.
Sandra Olivero Guidobono y José Luis Caño Ortigosa dedican su ensayo a la presencia y al papel social de las jefas de hogar en la ciudad novohispana de León a principios del siglo XVIII; la perspectiva de género permite a los autores profundizar el conocimiento de una provincia, la del Bajío, que destaca por su importancia económica y política en la historia del virreinato en la época colonial, evidenciando una realidad social en donde las mujeres podían llegar a tener una sensible autonomía.
María Justina Sarabia Viejo e Isabel Arenas Frutos presentan un estudio sobre el patrimonio del convento de las Concepcionistas de la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XVIII.
Mediante el análisis de las diversas rentas que conformaban la riqueza de la orden, así como el capítulo de sus enormes gastos, las autoras contribuyen a una mayor comprensión de la economía conventual femenina y de la función de estas instituciones en la sociedad local.
Salvador Bernabéu Albert presenta un ensayo sobre José de Gálvez, que como visitador a la Nueva España y más tarde como ministro de Indias de Carlos III implementó reformas de gran trascendencia para el virreinato.
Analizando dos composiciones elegiacas escritas en España en memoria del ministro difunto, el autor reflexiona sobre la figura y la herencia de Gálvez en el recuerdo de sus contemporáneos.
La sección dedicada a la Nueva España termina con dos ensayos sobre la independencia de Luis Navarro García y de Carmen de Mora Valcárcel.
El primero analiza la figura y el efectivo papel político del fraile mercedario Talamantes, encarcelado después de la destitución del virrey Iturrigaray en 1808 y considerado por algunos «protomártir de la independencia».
La segunda enfoca el cambio de mentalidad que se produjo en Nueva España desde la época virreinal hasta las primeras décadas del siglo XIX a través del discurso cívico septembrino, funcional a la elaboración de la idea nacional en el México independiente.
En su parte final, el volumen deja espacio a ensayos que abordan temas muy diferentes entre ellos pero de gran trascendencia en las respectivas áreas de investigación.
A la luz de los actuales conocimientos de la geodinámica circumpacífica, María Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda indaga sobre la influencia que pudieron tener grandes fenómenos naturales como tsunamis, terremotos y erupciones volcánicas en los mitos de origen y en la evolución de las tradiciones de los araucanos del sur de Chile durante la época colonial.
El trabajo de Enrique José Luque Azcona enfoca la figura del ingeniero extremeño Diego Cardoso del Espino y su papel en la construcción de las obras para la defensa de Montevideo a lo largo de las décadas de 1740 y 1750.
Antonio Acosta Rodríguez propone una interesante lectura del caos monetario que caracterizó el Salvador por varias décadas después de la independencia, interpretándolo como el fruto de una estrategia de las oligarquías locales para maximizar los beneficios generados por la economía del país y controlar su aparato estatal.
La obra se concluye volviendo a evocar Andalucía con el trabajo de Beatriz Vitar Mukdsi sobre la memoria y la identidad de los descendientes de los migrantes de Málaga, Granada y Almería que se afincaron en la provincia argentina de San Juan entre finales del siglo XIX y principios del XX.
El testimonio directo de uno de ellos ofrece una perspectiva de gran interés para entender la sobrevivencia y la evolución de las formas de auto-representación de una comunidad emigrada a lo largo de las generaciones.
Estamos ante una obra que refleja de manera plástica toda la complejidad del conjunto de factores geográficos, políticos, económicos, institucionales y sociales que influyeron en la evolución de la monarquía hispánica en la edad moderna y en la historia de la América hispana después de la emancipación.
Estudiando las conexiones entre las dimensiones locales y globales de los territorios que conformaron el imperio, la historiografía americanista desvela aspectos siempre nuevos de este entramado, y el presente volumen nos da una muestra de lo mucho que se puede y se debe «redescubrir». -CATIA BRILLI, Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
Gómez Álvarez, Cristina: Navegar con libros.
El comercio de libros entre España y Nueva España.
Este libro se ocupa del análisis del tráfico de libros entre Europa y Nueva España durante los años 1750-1820.
Se trata de la primera síntesis sobre estos asuntos con la que contamos para este interesante periodo del trasvase cultural entre Europa y México.
En el libro uno de los aspectos clave es la búsqueda del impacto que tuvo la Ilustración, que la autora centra en dos aspectos: el peso global del libro religioso respecto al civil y la llegada de determinados títulos que dejarían ver la influencia de la Ilustración.
Una de las premisas de la investigación de este libro era la necesidad de contar cuántos cajones fueron enviados, seguir la pista a quién los declaraba en España y a los destinatarios que los recibían en México, así como cuáles eran los títulos ofertados para ser leídos.
Para lograrlo la obra desgrana un detallado estudio cuantitativo centrado en los bultos declarados, lo que permite seguir la evolución global del tráfico, y el análisis de listas de títulos para detectar aquellos autores y obras que llegaron a los lectores del virreinato con mayor frecuencia.
Las fuentes seriadas utilizadas por la autora ocupan el primer capítulo, desgranándose las características de los documentos reunidos (registros de navío, memorias de títulos, etc.).
Esta riqueza de documentación original y su tratamiento sistemático son, sin duda, una de las más valiosas aportaciones de esta monografía a los estudios del tráfico de libros en el mundo atlántico.
En cada capítulo de la obra (el comercio, los comerciantes de libros y las lecturas) se analiza separadamente el sistema de flotas de la Carrera de Indias (1750-1778) y el tráfico de libros en el comercio libre (1779-1819).
Esto es, pasarían de 175 cajones anuales de media en el sistema de flotas a 213 cajones anuales en el segundo periodo.
El análisis diferenciado de cada periodo se sustenta en cambios en las fuentes documentales, aunque una vez aclarados estos aspectos, parecería más lógico un análisis global de los problemas analizados, sin la división entre comercio en flotas y galeones y comercio libre.
De hecho, en el libro se muestra con claridad cómo el cambio al comercio libre no alteró sustancialmente el peso que tuvieron los libreros gaditanos en el control del tráfico de libros a Nueva España.
En la obra se aprecia, lo que resulta de gran valor, que los cambios detectados en los contenidos embarcados no parecen deberse al cambio de sistema comercial de las flotas al libre comercio, sino a transformaciones del propio mercado del libro y la edición, y más concretamente a la producción de libros españoles, que tienen un peso importante en el tráfico de libros destinado a México.
Aunque es un tema abierto al debate en el que debería profundizarse.
En numerosos aspectos los puntos de vista trazados sugieren líneas de investigación que podrían replantear numerosos problemas del abastecimiento de libros y, no conviene olvidarlo, del propio funcionamiento del mercado novohispano de compraventa de libros.
Los datos desmenuzados, paso a paso, permiten contar con una imagen del crecimiento del tráfico, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVIII, y muy especialmente al final de la centuria, coincidiendo con el incremento de la producción de las prensas españolas.
Es la primera vez que se estudia de manera monográfica la evolución del tráfico comercial de libros a un territorio tan extenso como el virreinato novohispano.
La información recopilada ofrece una visión complementaria a la que ha sido analizada en los estudios del comercio, en los que el libro tenía un peso limitado al tratarse de un negocio con escaso impacto en las cifras globales del trasvase de mercancías y capitales.
Estos datos deben ser considerados como indicios, que nos dan una idea clara de la tendencia, pero podrán ser corroborados con otras fuentes y análisis cualitativos.
En todo caso, la propia investigadora matiza que no ofrecen una explicación completa del tráfico (ya que no se contabiliza el contrabando o el peso de los libros que llevan consigo los pasajeros).
En el análisis del tráfico elaborado en los primeros capítulos contamos con el continente, los cajones, pero no con el contenido.
Es una mera suposición, altamente especulativa y que, con la fuente, no es posible, en modo alguno, verificar con seguridad.
Los trazos biográficos de los libreros y agentes que participaron en el comercio de libros son otro aspecto esencial de la obra, ya que aporta datos significativos y de gran valor para contextualizar a los intermediarios del comercio atlántico del libro.
La información sobre los libreros más activos (muy especialmente en Cádiz, donde se embarcan 7.151 cajones, el 85,78 % del total) es un logro notable, ya que aparecen los que ya conocíamos junto a otros que actuaban de factores o algunos libreros de los que no se tenía constancia sobre su participación en el comercio americano.
En este sentido permite corroborar trabajos anteriores (que mostraban a algunos mercaderes de libros peninsulares muy activos como Sancha o Dhervé), y cuantificar su participación en el tráfico de libros a México.
En cualquier caso, algunos de estos libreros, como Espinosa de los Monteros, son presentados de manera incompleta, a partir de hipótesis que deben ser verificadas en archivos locales gaditanos y sevillanos.
La escasez de estudios monográficos sobre los mercaderes de libros peninsulares (y mexicanos) podrá ser paliada, al menos parcialmente, a partir de esta obra, aunque los datos reunidos deberán completarse (y en algunos casos rectificarse).
Otro aspecto fundamental del libro reseñado es el estudio de las «lecturas», es decir, los libros declarados en el momento del embarque o una vez llegados a México.
Esta oferta remitida al mercado mexicano para el consumo cultural es analizada también de manera diferenciada en dos periodos.
Se trata de fuentes de uno y otro lado del Atlántico, que permiten a la autora detectar las tendencias temáticas mediante la frecuencia de aparición en las memorias.
En el análisis se presentan únicamente los diez títulos y los diez autores que aparecen en mayor número de memorias, con la finalidad de comparar ambos periodos.
Aunque el lector especializado podrá encontrar en un CD adjunto un extenso documento con la lista de 2.953 títulos identificados que fueron enviados a Nueva España durante los años 1750-1820.
Es un listado alfabético de autores, ofreciendo una edición probable embarcada, aunque no se indica cómo figura en el asiento en la fuente original, ni la frecuencia de cada título.
En cualquier caso, será un listado de consulta que enriquecerá notablemente nuestro conocimiento de las obras exportadas y consumidas.
En este análisis se separa, de manera tajante, los libros comercializados para el periodo 1750-1778 y 1779-1820, lo que llevaría a detectar un «avance del libro seglar», al incluirse en el segundo periodo entre los primeros diez títulos con más registros cuatro títulos profanos (Don Quijote de la Mancha de Cervantes, Diccionario de la lengua española o las Oraciones selectas de Cicerón).
La «secularización de la lectura» al inicio de la segunda mitad del siglo XVIII se basaría en la presencia global del «libro civil» con un 58 % respecto al religioso que se sitúa en un 42 % (en los años 1779-1820).
Aunque quizás sería conveniente matizar este cambio hacia lo seglar, por ejemplo, en los registros de religión los textos de devoción y espiritualidad (los más leídos) pasan del 37 % (1750-1778) al 45 % (1778-1820), lo que podría indicar un incremento del consumo de estos textos.
Estas contradicciones se podrían ampliar, aunque no resta valor a la riqueza de casos analizados y la exposición de los datos generales.
En todo caso muestra un avance de las obras literarias, de la divulgación científica y, de manera débil, de filósofos de la Ilustración como Locke o Montesquieu.
Las lecturas son descritas temáticamente en los apartados de religión, derecho, literatura, historia, ciencia, diccionarios, filosofía, técnicas y artes, educación, política y economía, publicaciones periódicas.
Las obras citadas resultan de notable interés ya que muestran una panorámica de los textos que más circularon.
Aunque también se citan otras obras de menor circulación, pero muy reveladoras de la difusión de nuevas ideas, como es el caso de la Enciclopedia metódica editada por Antonio de Sancha.
Ahora bien, estos indicios deberán corroborarse al estudiar las bibliotecas novohispanas.
Las tablas detalladas (y el listado ofrecido en el CD) son una excelente fuente de información que permitiría comparar la oferta de los libreros europeos (y mexicanos) con los libros poseídos en las bibliotecas particulares.
Aunque, como cabía esperar y la propia autora destaca, numerosos títulos pudieron escapar al no aparecer en las fuentes analizadas o al no haber sido fehacientemente identificados.
La elección de la cronología en tiempos de la Ilustración y su posible repercusión en la Nueva España permiten a la autora enmarcar su estudio en «la conformación de las culturas políticas en una época de transición» de la colonia al México independiente.
La presencia de autores reformistas e ilustrados es limitada, pero ofrece un abanico interesante, como es el caso de los Auxilios para bien gobernar de Melchor de Macanaz, las obras de Pedro Rodríguez Campomanes o el Informe sobre la ley agraria de Jovellanos, entre otros.
En resumidas cuentas, estamos ante un libro rico y complejo, construido sobre una densa red de casos analizados cuantitativamente, que abre numerosos interrogantes y obligará a replantearse el funcionamiento del tráfico, el papel de los intermediarios, como es el caso de los mercaderes del Consulado de Cádiz, y la oferta de lecturas llegadas al virreinato novohispano.-PEDRO RUEDA RAMÍREZ, Universitat de Barcelona.
En el amplio panorama de la historiografía reciente sobre los primeros liberalismos hispanoamericanos, el caso de Cuba había sido hasta ahora poco estudiado.
Algunos trabajos de José A. Piqueras, del propio Manuel Hernández y del autor de estas líneas son casi los únicos de factura reciente.
Por eso, la obra que reseñamos llega en un momento muy oportuno.
El profesor Manuel Hernández, de la Universidad de La Laguna y profundo conocedor de la historia del Caribe hispánico, analiza con el detalle a que nos tiene acostumbrados los diversos proyectos políticos elaborados por miembros de la alta y media burguesía criolla cubana en el periodo de la crisis de la monarquía hispánica y del antiguo régimen, entre 1808 y 1830, superando incluso el lapso temporal indicado en el título.
El trabajo trata de cuatro temáticas relativamente independientes entre sí, aunque bien entrelazadas sobre la base de un argumento principal sostenido a lo largo de toda su obra.
En la primera, que titula «La disyuntiva de una Isla», aborda los efectos políticos en Cuba de la crisis de la monarquía (1808-1812) en torno a tres aspectos: el proyecto para la instalación de una junta autonomista en La Habana en 1808, el interés del gobierno estadounidense por la situación de la isla en el contexto de dicha crisis, y el proyecto político para la Antilla elaborado por el intelectual criollo José Agustín Caballero en 1811 para su presentación en las Cortes gaditanas.
La segunda parte se dedica a analizar lo que llama «prensa doceañista cubana», centrándose en dos publicaciones, El patriota americano y El Fraile, que reflejaron la fuerte polémica sostenida en ese primer periodo constitucional entre liberales criollos y partidarios del antiguo régimen en la isla.
El tercero de los estudios, sobre los orígenes de la masonería en Cuba, constituye la cuestión central del trabajo, como lo demuestra que ocupe más de la mitad de las páginas de todo el cuerpo del texto.
En la última parte del libro el autor vuelve sobre una temática ya tratada por él anteriormente, el conflicto suscitado entre lo que llama liberalismo exaltado y liberalismo criollo durante el segundo periodo constitucional (1820-1823).
Con base sobre todo en el análisis de la literatura histórica y de algunas fuentes documentales, además de la bibliografía específica, Hernández sostiene que existió un proyecto político criollo de carácter reformista y autonomista, de base liberal e instrumentado por la masonería local que, aprovechando el contexto de relativa libertad política y de opinión en la isla durante los dos periodos constitucionales, trató de articularse a través de las instituciones doceañistas (ayuntamientos, diputaciones y representantes en Cortes), pero también mediante la privilegiada relación de los miembros más prominentes de ellos con el capitán general, primera autoridad indiscutible de la Gran Antilla.
De esa manera, la burguesía criolla, que venía gozando de los favores de la monarquía desde hacía décadas, logró frenar la ofensiva de los que el autor denomina sectores liberales exaltados peninsulares, ligados a la burguesía comercial dependiente de la península, y solidificar su hegemonía política de facto en la isla.
Para al autor, los ayuntamientos constitucionales y las nuevas diputaciones provinciales fueron instrumentos utilizados por esta burguesía para lograr un mayor grado de autonomía política y la liberalización del sistema económico y comercial.
Por otra parte, ese proyecto político del liberalismo criollo tuvo siempre un fuerte carácter restrictivo y censitario, limitado en su participación activa y pasiva a la población blanca con un cierto nivel económico, en contraste con el modelo representativo gaditano, siempre más abierto.
Aunque ese carácter restrictivo es el propio del liberalismo doctrinario en casi todas partes, en Cuba se añadía el factor de raza y clase que suponía la presencia de una alta proporción de población de color, libre y esclava, que la burguesía criolla sólo podía entender como sometida a la primacía del hombre blanco, con independencia del discutido y discutible temor a la rebelión negra.
En conjunto, nos parece importante destacar el esfuerzo que hace el autor por dar a conocer el pensamiento político de esos representantes de los sectores medios de la burguesía habanera -Nicolás Ruiz Palomino y José del Castillo, Joaquín Infante y Antonio José Valdés, José Agustín Govantes, Leonardo Santos Suárez o Nicolás Escobedo-que han sido poco tratados por la historiografía cubanista reciente, siempre pendiente de los más connotados representantes de las elites.
Es significativa, sin embar-go, la coincidencia ideológica y programática entre esos autores y estos representantes (Francisco de Arango, por ejemplo) a la hora de proyectar para la isla un modelo liberal con un alto grado de autonomía dentro de una monarquía constitucional, la persistencia de la esclavitud y su principal objetivo centrado en obtener la libertad comercial sin restricciones.
Por otro lado, aun reconociendo la posible existencia de ese proyecto político liberal criollo, no convendría olvidar las diferencias que se dieron al interior de los componentes de esa burguesía: la posición de unos y otros en función de sus respectivos intereses, generó frecuentes y duros antagonismos personales, hasta el punto de que, por ejemplo, algunos de ellos compartieron la crítica de los «liberales exaltados peninsulares» contra el sector criollo más poderoso liderado por Francisco de Arango, o apoyaron las acusaciones de masonería que se hicieron contra el obispo Díaz de Espada, de quien acertadamente niega Hernández una supuesta filiación liberal.
Y de la misma manera, entre los llamados liberales exaltados encontraríamos también serias diferencias.
Mientras que algunos no eran otra cosa que liberales disfrazados para la ocasión, en realidad representantes de los intereses colonialistas de Cádiz contra los privilegios de los habaneros, otros, como los criollos mencionados anteriormente o el canario Gordillo, muy bien conocido por Hernández, disponían de un bagaje propio de carácter netamente liberal.
Con la enorme erudición a la que nos tiene acostumbrados, la parte sin duda más relevante de todo el libro es la que dedica a los orígenes de la masonería en Cuba.
Si hasta ahora se había analizado esta temática de manera aislada y algo superficial, Hernández demuestra la decisiva participación de la masonería en el desarrollo del proyecto político liberal criollo entre 1810 y 1830.
Cabe significar, no obstante, el carácter moderado del activismo masónico y la respuesta igualmente moderada de las autoridades coloniales, incluso en casos como el de Román de la Luz, cuya «conspiración», como apunta Hernández y confirma Sigfrido Vázquez, el mejor conocedor de esa etapa política en Cuba, puede interpretarse como un auténtico montaje del propio capitán general Someruelos para asegurar su continuidad al frente del gobierno de la isla.
Finalmente, la masonería cubana optó por el liberalismo moderado, lo que le permitió sobrevivir en la década de 1820 con la tolerancia de las autoridades coloniales.
En este sentido no puede ser más ilustrativa la última de las proclamas recogidas en el libro, que atribuye a uno de aquellos criollos liberales (y masones), José del Castillo, impresa en 1823, en la que se plantea que, por el momento, no hay una alternativa real a la permanencia dentro de la monarquía, siempre que ésta mantenga la misma política liberal y moderada que venía aplicando a la Gran Antilla en los últimos treinta años.
En definitiva, un magnífico libro que nos acerca al conocimiento de la historia de las ideas y el pensamiento político cubano en el tránsito del antiguo régimen a la modernidad.-JUAN BOSCO AMORES CARREDANO, Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Lapique Becali, Zoila y Arias, Orlando Segundo: Cienfuegos.
Trapiches, ingenios y centrales, prólogo de María de Carmen Barcia Zequeira, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2011, 224 pp., índices, cuadros, gráficos, ilustraciones y bibliografía.
Trapiches, ingenios y centrales es un estudio-inventario de la industria azucarera en la región de Cienfuegos en los siglos XIX y XX.
El área, ubicada en el centro-sur de Cuba, fue la zona de mayor expansión de los ingenios a partir de la década de 1850, del avance del cultivo cañero a partir de su primera demarcación de desarrollo, en la costa noroeste, colonizando el resto del territorio insular, sobre todo tras el inicio de la construcción de ferrocarriles en 1837.
Además su capital, llamada originalmente Fernandina de Jagua, había sido fundada en 1818 con el objetivo de poblar su hinterland y de un modo distinto al que estaba predominando en otras partes la Gran Antilla desde finales del siglo XVIII, cuando comenzó a crecer a un ritmo acelerado su oferta de dulce gracias al trabajo compulsivo de africanos, lo que fue configurando una sociedad esclavista y fuertemente especializada económicamente.
El origen de Cienfuegos y del proyecto que dio lugar a la villa ha sido bien estudiado por autores como Consuelo Naranjo y Armando García González (Racismo e inmigración en Cuba, siglo XIX, Aranjuez, Doce Calles, 1996) u Orlando García (Esclavitud y colonización en Cienfuegos, Cienfuegos, Mecenas, 2008), y también el modo en que con el tiempo se abandonaría la idea original de que en ella predominase una colonización blanca y campesina y una agricultura diversificada, para convertirse en el referido centro neurálgico del desarrollo azucarera cubano de la segunda mitad del siglo XIX.
Tales estudios y otros más generales, que analizan la industria del dulce en la Gran Antilla en el largo plazo y el caso de la región centro-sur en ese contexto, explican el valor historiográfico de la obra firmada por Lapique y Arias.
Contando con el acervo de conocimiento que ofrecen las investigaciones precedentes, y para completarlas, los autores ofrecen una exposición detallada y un breve estudio de los diferentes ingenios que ha habido y hay en la demarcación cienfueguera.
La introducción y el prólogo, escritos por María del Carmen Barcia, resaltan los citados valores y utilidad del libro, que además completa una nutrida historiografía que inventaría y analiza la industria azucarera cubana en general o diversas regiones del territorio.
En ella se puede citar el estudio de Laird W. Bergad (Cuban rural society in the Nineteenth Century: the social and economic history of Monoculture in Matanzas, Princenton, Princenton University, 1990) o el de Luis M. García Mora y Antonio Santamaría (edición de Justo G. Cantero: Los ingenios de Cuba, Aranjuez, Doce Calles, CEHOPU, CSIC, Fundación Mapfre Tavera, 2005, que incluye los censos de ingenios de 1860 y 1877) y, sobre todo, el de Alberto Perrer: El azúcar en Matanzas (La Habana, Ciencias Sociales, 2008), similar al de Lapique y Arias.
En conjunto esos trabajos y algunos otros como el de Guillermo Jiménez, Las empresas en Cuba 1958 (La Habana, Ciencias Sociales, 2004), más amplio y referido al siglo XX pero igualmente parecido a estos dos últimos, han ido construyendo una base de datos e información imprescindible para avanzar en el conocimiento histórico de la agro-manufactura cañera en la mayor de las Antillas.
La mera introducción del contexto historiográfico, resalta por sí sola su valor, aunque no menos que la calidad de sus autores.
Lapique, experta en musicología, biblioteconomía, artes y cultura popular, es una de las intelectuales cubanas con mayor bagaje y reconocimiento.
Durante años trabajó en la Biblioteca Nacional José Martí, y entre sus estudios más importante hay que resaltar su colaboración en la investigación El ingenio.
Complejo económico-social cubano del azúcar, de Manuel Moreno Fraginals (La Habana, Ciencias Sociales, 1978), lo que de por sí denota su conocimiento de la historia azucarera insular.
Además ha escrito infinidad de obras, por ejemplo «Un periódico musical: El Filarmónico Mensual» (Revista de Música 2/4, 1961); Catalogación y clasificación de la música cubana (La Habana, Biblioteca Nacional, 1963); Música colonial cubana en las publicaciones periódicas (La Habana, Letras Cubanas, 1979); La mujer en los habanos (La Habana, Visual América, 1996); Havana: history and architecture of a romantic city (New York, Monacelli, 2000, con María Luisa Lobo y Alicia García Santana); Memoria de las piedras (La Habana, Boloña, 2002); Cuba colonial.
Música, compositores e intérpretes (La Habana, Boloña, 2007); Crónicas del tiempo no perdido (La Habana, Ciencias Sociales, 2011), o Nkorí: vocablos africanos en la música cubana (La Habana, Letras Cubanas, 2011, con Natalia Bolívar).
Junto a Lapique escribe Cienfuegos.
Trapiches, ingenios y centrales el historiador y periodista Orlando Segundo Arias, que aparte de desempeñar diversos cargos en el Ministerio del Azúcar, ha realizado estudios acerca de «El frustrado atentado a Batista en 1954: reflexiones sobre un episodio de la lucha insurreccional» (Rafael A. Borges y Reynaldo Cruz, eds.: Santiago insurreccional, 1953-1956, Santiago, Santiago, 2006) La capacidad de los autores, que a su vez explica su elección del tema, explica la oportunidad y relevancia historiografía de este libro.
La primera virtud que resalta en el libro es que ese conocimiento de sus firmantes ha dado como fruto una obra perfectamente ajustada en la relación entre pretensión y resultados.
Lapique y Arias no son grandes especialistas en el análisis histórico de la industria azucarera cubana, pero sí disponen de una enorme sabiduría acerca del tipo y cualidades de las fuentes disponibles para abordarlo, de su ordenamiento, sistematización y divulgación.
Con esos mimbres dan forma a un trabajo imprescindible como manual informativo, base de datos y recurso de investigación, virtudes que acompañan de breves y rigurosos ensayos descriptivo-analíticos de dichos datos.
La obra comienza con una exposición de la simbología utilizada, tras lo cual se divide en dos capítulos, el primero de los cuales trata sobre el siglo XIX y el segundo sobre el XX.
El apartado dedicado al período anterior a 1900 incluye fichas técnicas y los referidos ensayos descriptivo-analíticos de todos los ingenios que operaron en Cienfuegos, construidos a través de la información proporcionada por las fuentes publicadas y la documentación de archivo.
Dichos ingenios se agrupan en subacápites correspondientes a la demarcación espacial en que se ubicaban: San Fernando, Cartagena, San Felipe, Santa Isabel de las Lajas, Padre Las Casas, Yaguaramas y Cienfuegos.
La sección, finalmente, termina con índices de los establecimientos agro-manufactureros cañeros y de sus propietarios.
La segunda parte, y repite el esquema de la primera.
Los centrales, como se denominó a las modernas fábricas de azúcar en el siglo XX, completamente tecnificadas y tras un proceso de concentración industrial, se agrupan igualmente por jurisdicciones, aunque previamente los autores ofrecen una relación de los existentes entre el inicio de la centuria y la revolución.
Dichas jurisdicciones son Abreu, Aguada de Pasajeros, San Fernando, Cienfuegos, Cruces, Santa Isabel de las Lajas, Palmira y Rodas.
El capítulo culmina, igualmente, con índices de ingenios y propietarios.
Un último capítulo está dedicado al período posterior a la revolución.
Ese lapso temporal no ha sido trabajado por los autores como los anteriores, de modo que se trata de una breve exposición -titulan textualmentepara ofrecer al lector una mínima información y detalle del mismo.
Lapique y Arias completan su obra con una extensa selección de imágenes que ilustra la obra y una sucinta bibliografía.
Habría cabido esperar de los autores una relación más profusa y detallada de la historiografía al respecto del tema, dado su extenso conocimiento de la misma, y que sin duda hubiese conferido un valor aún mayor a su inventario, exposición de información y breve análisis que, como se ha mencionado, nos proporcionan un estudio y repertorio documental excelente.-ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC.
El libro de María Isabel Lorca Martín de Villodres que lleva por título El jurista Diego Antonio Navarro Martín de Villodres (1759-1832) me ha hecho recordar a las grandes obras de la literatura, no basta con realizar una sola lectura del texto: pues en un releer más acucioso y detenido se van encontrando nuevas conexiones, se van descubriendo personajes, paisajes inadvertidos, se van percibiendo de diferente manera y con mayor amplitud contextos, acontecimientos que podemos enmarcar más plausiblemente, se nos invita a detenernos en fragmentos de la narración que habíamos pasado inadvertidos o puesto escasa atención y que en cambio revisten gran relevancia.
En la aportación que ha hecho M.a Isabel Lorca encontramos precisamente esto, encontramos una constante insinuación de la autora que estimula a la lectura, que incita al redescubrimiento de un fragmento de tiempo, de un tiempo histórico, que invita al redescubrimiento de un personaje, de un personaje que representa un capítulo y, por tanto, igualmente parte de un trozo de tiempo, de historia.
Tiempo y personaje que convergen en la vicisitud de los dominios de la monarquía española en América y en especial en Chile.
Pero también al igual que una bella obra de arte, el libro de María Isabel, en su contemplación, en su observar sereno y meditado, esto es, en su relectura más aquilatada nos envuelve, nos lleva a disfrutar de las ricas formas metafóricas, de los trazos elocuentes y de la belleza del estilo mediante las cuales las palabras han sido plasmadas a través de la pluma de la escritora, para expresar y dar vida a personajes, a eventos, a acontecimientos que dibujan un pasado, que nos lo esbozan, que nos lo hacen accesible, que lo expresan con destreza y delicadamente.
En suma la lectura se presta a que uno vuelva a representarse, por decirlo así, de una forma más decantada y acicalada, aquellos acontecimientos que acaecieron en el presente y que ahora son pasado -porque lo distinguimos como tal, lo diferenciamos-, nos permite apropiarnos de él, hacerlo parte de nuestro patrimonio espiritual del presente.
Con este libro, creemos, se ha abierto un importante horizonte cognitivo para la historiografía, tanto general como para la iushistoria en particular, un horizonte rico en posibilidades, que inyecta nuevos impulsos, porque muestra nuevos derroteros por los que se podrían enderezar un buen número de investigaciones.
Se parte y se aporta un abundante, un rico material histórico de primera mano, que no había sido contemplado por anteriores investigaciones -documentos que no habían sido conocidos hasta ahora-y que por tanto es en este sentido susceptible de ulterior desarrollo, por eso decimos que la presente obra viene a constituir un referente y viene a abrir el espacio de la posibilidad, ha abierto el espacio de un futuro, lo vincula, le da un rostro, porque seguramente estarán los estudios, más bibliografía, nuevos enfoques historiográficos, que hayan partido y hayan sido incentivados y guiados por esta obra que tenemos el gusto de recensionar.
Hegel decía precisamente que el final, la conclusión no era más que el inicio de algo; nosotros podemos decir entonces que se cierra, que se concluye la obra porque se inicia y por tanto continuamente el futuro viene reactivado, se reabre, viene reescrito.
Los documentos históricos y en general las fuentes que se han analizado, han sido fruto de un largo, un arduo y minucioso proceso de investigación que han permitido a la autora soslayar satisfactoriamente argumentos que se habían dado por ciertos, afirmaciones que ella demuestra carecen de sustento y que no hacían justicia, no colocaban en su justa dimensión la vida de su biografiado, al jurista y prelado realista Diego Antonio Navarro Martin de Villodres, en su humanidad, en su bondad, en su profesionalismo y convicciones, pero igualmente producían el efecto de dar una visión sesgada de la periodización de aquel tiempo.
Aquí pues, en la obra, para utilizar la expresión concreta de la autora, «se despejan incógnitas», y podemos añadir por nuestra parte se reescribe historia, se construye mundo sobre el mundo, o más bien un fragmento de mundo sobre el mundo.
La riqueza y diversidad de fuentes con las que se ha trabajado permiten a la autora salir, ir más allá de los enfoques tradicionales, adoptando un estilo y una metodología que salen de los cánones usuales con los que suelen ser desarrollados los estudios historiográficos.
En efecto, el libro El jurista Diego Antonio Navarro Martín de Villodres (1759Villodres ( -1832) ) no me parece una bibliografía desarrollada dentro de márgenes que hagan referencia solamente a grandes acontecimientos, a grandes momentos fundacionales, ni se refiere exclusivamente a personajes legendarios, los cuales solamente tendrían la dignidad de ser moralmente memorizados, de constituir la memoria colectiva, una memoria colectiva o social que en todo caso se puede decir de aquella que es sesgada, parcial, manipulada de origen, forzada; no soslaya aquellos acontecimientos naturalmente, pero su enfoque, sin la intención de ser exhaustivo -porque claramente ninguna obra lo puede ser-, no tiene un desarrollo lineal, sino que cuenta también la vicisitudes cotidianas, les otorga importancia, las valora, las pone en contacto con contextos más generales, va hilvanando de forma muy satisfactoria situaciones específicas, de la vida menuda con avatares más amplios, como es el caso de la crisis de la monarquía española y los respectivos procesos independentistas de sus dominios ultramarinos de América.
Más aun, es consciente de su importancia, de la relevancia que tienen los acontecimientos de la llamada microhistoria, es pues una historia social del derecho.
Una iushistoria que en todo caso permite captar los procesos sociales del pasado en su complejidad, en la multiplicidad de factores y riqueza de facetas que los producen.
Puesta la mirada paciente en un lienzo del distinguido jurista y alta dignidad eclesiástica Diego Antonio Navarro Martín de Villodres, encon-trado en un desván abandonado de una casa, la imagen abre la mirada al panorama de un mundo; en sus ojos se perciben los rastros de un pasado, las huellas de un mundo, de un tiempo.
Ahí en el desván, de frente a un retrato, las miradas se entrecruzan, Isabel observa un rostro afable, sereno, cordial, que la invita sutilmente al descubrimiento, a profundizar, en un pasado que seduce, que está lleno de gloria, pero también de avatares, de vorágine.
Y al lado de esta historia singular, a lado de la historia individual, del personaje corren las vicisitudes, es otra historia, está la historia del así llamado descubrimiento de un continente por otro que se dice viejo, pero también es la historia de la religión, es la historia de la monarquía española, es la historia de la posterior formación de las unidades nacionales en América que se emancipan.
En realidad todo aquello es una sola historia, es la misma historia, solamente que la historiografía, poniendo en práctica sus técnicas descriptivas, las separa como pieza de un discurso, de un orden discursivo orientado a una unidad temática: en cambio el mundo es un único mundo histórico, profundamente histórico.
En el cuadro histórico en el que se desarrolla la vida del distinguido jurista y prelado Diego Antonio Navarro Martin de Villodres, se condensan las huellas de la evolución, para utilizar un término Luhmanniano.
Dicho en otras palabras, la ruptura con la monarquía española (que se encuentra en crisis con motivo de la lucha de su libertad en un doble sentido: de su independencia frente a la invasión napoleónica y de sus libertades, de sus derechos que buscan reconocimiento constitucional) y el sucesivo movimiento de independencia en Chile que posteriormente se consumará son el resultado de improbabilidad.
Porque en efecto, no obstante que se pueda dar cuenta de las vicisitudes que se van configurando para finalmente quebrantarse los vínculos de los dominios monárquicos de España, todo esto no ha sido el producto de un plan, ni tampoco el resultado de un programa previamente trazado, que haya sido llevado hasta alcanzar su objetivo.
Solamente así podemos entender por qué situaciones altamente improbables se hicieron posibles, es decir, porque se ha producido evolución, y de esto da cuenta M.a Isabel Lorca: siendo este trabajo una oportunidad para ello, para comprender mejor nuestro presente.
En los interesantes capítulos de la obra se va desarrollando de forma entretejida y armónica el recorrido por el que va transitando el biografiado, impulsado por sus convicciones espirituales y de lealtad a la monarquía, que lo llevan hasta tierras americanas, a Chile principalmente, a predicar la fe en nombre precisamente de Dios y de la corona española.
Es un camino que no obstante la bondad y las satisfacciones de su misión se tornará cada vez más azaroso porque, como defensor de la corona y de sus ideales religiosos, exhortará, en modalidad de oposición, a través de la prédica, a través de argumentos y no con el recurso del uso de la fuerza, esto es, mediante auctoritas y no potestas, a la fidelidad de la corona y de la fe católica representada en ella, rechazando las intenciones separatistas, los movimientos independentistas que campeaban ya en aquellos territorios propugnados por las respectiva élites intelectuales.
La autora nos muestra un personaje poseedor de grandes prendas intelectuales, espirituales y morales, que sirvió con pasión y esmero a sus ideales, a sus creencias religiosas.
En efecto, el granadino Diego Antonio Navarro Martín de Villodres, ostentaba una sólida formación jurídica y eclesiástica, hombre sabio, de corazón humilde y humano, que sería condecorado con altas distinciones por su notable desempeño en su alta misión evangélica, como Obispo de la Concepción, de La Paz y Arzobispo de Charcas y por su compromiso leal a los servicios prestados a la corona en dicha tarea: como Caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, y de la Real Orden Americana de Isabel La Católica.
La duras dificultades por las que se ve envuelto el biografiado lo obligan, para conservar su vida e integridad física, a regresar a España en 1826, y luego años más tarde acaecerá su deceso en Córdoba el 5 de noviembre de 1832 y con ello se cierra un capítulo, el epílogo de la presencia española en América, el último obispo realista en aquellas tierras en donde de cualquier forma era considerado: verdaderamente digno por su saber, por su política y sus grandes virtudes.
Es por esto que, como afirma la distinguida iusfilósofa de la Universidad de Málaga: en la vida del jurista Diego Antonio Navarro Martin de Villodres se pueden descubrir los momentos más lucidos de la causa independentista en Chile y la crisis del gobierno monárquico, sea en su parte interna (la invasión napoleónica) sea en su parte externa (los movimientos separatistas).
También se puede descubrir, revalorándola, la vida de un humanista y conciliador.
Ella ha descubierto esto y conmina a los demás, como aquel cuadro lo ha hecho, de manera cordial y afable, a descubrirlo, a crear al igual que ella fragmentos mundo sobre el mundo: sociedad, para utilizar una vez más otro término luhmanniano, para expandir sociedad, es decir, el espacio de la comunicación.-JAVIER ESPINOZA DE LOS MONTEROS, Università del Salento, Italia.
Márquez Macías, Rosario (ed.): Huelva y América.
La llegada del centenario del nacimiento de la revista La Rábida.
Revista Colombina Iberoamericana, publicada en la ciudad de Huelva de manera ininterrumpida desde 1911 hasta 1933 con una periodicidad mensual, supuso la ocasión idónea para la organización de una serie de actividades académicas y culturales como corpus fundamental en la conmemoración de esa efeméride.
Dichas actividades, convenientemente ensambladas y coordinadas, se manifiestan en una triple secuencia: en primer lugar, el interés de la Universidad Internacional de Andalucía a la hora de la localización de los números de la revista, su digitalización y su puesta a disposición de los lectores interesados en Open Access dentro de su repositorio institucional, supuso un sólido punto de partida; en segundo, la organización de la atractiva y sugerente exposición Huelva y América.
Revista «La Rábida» (1911-1933) bajo el comisariado de Rosario Márquez Macías; para finalizar, en tercer lugar, con la publicación del libro aquí reseñado, bajo el mismo título que la exposición y con la propia Márquez Macías como editora.
El libro por una parte se instrumentaliza como el catálogo de la mencionada exposición.
La Rábida, publicación ilustrada que procuró a lo largo de su trayectoria no sólo tratar temas locales, sino nacionales e internacionales bajo un claro sesgo americanista, se despliega como un auténtico archivo en imágenes y testimonio visual de una época de indudable interés histórico.
El aparato iconográfico de la publicación adquiere su propio peso específico para ilustrar los contenidos abordados en las diferentes contribuciones y, de manera monográfica, en el capítulo final «La Rábida.
Revista Ilustrada», donde a través de diversos epígrafes se lleva a cabo un recorrido en imágenes por la Huelva de la época, la publicidad gráfica del momento, la Sociedad Colombina Onubense como ámbito de promoción cultural y de sociabilidad burguesa de primer nivel, el vuelo del «Plus Ultra», José Marchena Colombo, América Latina o la propia revista como vehículo de difusión de los artistas onubenses.
Por otro lado, la primera parte de la publicación se organiza como una monografía colectiva bajo el común denominador de la revista La Rábida como hilo conductor temático, donde los diferentes autores aportan sus contribuciones desde diversos ángulos de análisis: la Huelva de 1911, el movimiento americanista onu-bense de finales del XIX y comienzos del XX, Manuel Siurot o José Caballero.
María Antonia Peña Guerrero, en su contribución a esta obra, más allá de ofrecernos una instantánea muy conseguida de la ciudad de Huelva en el momento fundacional de la revista La Rábida, repasa de manera sintética los diferentes elementos de desarrollo -sociales, económicos, demográficos, políticos o culturales-que se manifiestan en la ciudad desde el último tercio del siglo XIX hasta bien entrado el XX, por lo que el apelativo de encrucijada histórica bajo la idea -o esperanza-de progreso para los primeros decenios del XX puede resultar de una cierta pertinencia.
Cuestiones como el aumento poblacional, la consolidación de la capital onubense como destino migratorio, el desarrollo y diversificación económica más allá del estereotipo de exclusividad pesquera, el binomio social entre unas clases populares proletarizadas y una burguesía cada vez más adaptada a los nuevos planteamientos económicos y a unas estrategias de sociabilidad clasistas, los inicios del agotamiento de las fórmulas políticas propias de la Restauración o el fértil florecimiento de una destacada actividad cultural, se despliegan como los ejes fundamentales para acercarnos a las primeras décadas del siglo XX de una ciudad con decidida vocación americanista donde, parafraseando a Peña Guerrero, la aparición de la revista La Rábida el 26 de julio 1911 y su legado suponen un magnífico testigo de su tiempo.
Rosario Márquez Macías aporta el capítulo más extenso de la obra, en el que partiendo de dos fuentes de información de primer nivel, la propia revista La Rábida y los libros de actas de la Sociedad Colombina Onubense, reconstruye alternando detalle y síntesis los episodios más destacados del movimiento americanista onubense desde finales del XIX y fundamentalmente durante las primeras décadas del XX.
Al margen del más que suficientemente abordado IV Centenario, entre la nómina de estos hitos analiza la creación de la Sociedad Colombina Onubense, la celebración en Huelva el año 1912 de la Asamblea Internacional de Asociaciones y Corporaciones Americanistas, el vuelo del Plus Ultra de 1926, el lugar ocupado por Huelva y su movimiento americanista en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, el proyecto de construcción del monumento a la fe descubridora, la creación del patronato para el cuidado y conservación del convento Santa María de La Rábida en 1930, el papel de José Marchena Colombo al frente de la Sociedad Colombina Onubense y, por supuesto, la aparición y recorrido histórico de la revista La Rábida como órgano de comunicación de la sociedad.
En efecto, desde el año 1880, fecha fundacional de la Sociedad Colombina Onubense, dicha organización se convierte en la correa de transmisión de un movimiento americanista especialmente intenso en el ámbito onubense.
Las contribuciones de Victoria Eugenia Corbacho González y de José María Morillas Alcázar centran su atención en la relación de dos personajes de peso para la Huelva de la época, como Manuel Siurot y José Caballero, con el movimiento americanista en general y la Sociedad Colombina Onubense en el primer caso y con la revista La Rábida en el segundo.
Sobre Siurot se aborda, dentro de su polifacética y poliédrica trayectoria, uno de los aspectos más desatendidos en la extensa nómina de estudios sobre el personaje, su faceta americanista.
En concreto la profesora Corbacho enfoca su análisis en la participación de este actor histórico en el I Centenario de la Independencia de Argentina (1910), pues Siurot, inmerso en el movimiento intelectual hispanoamericanista como andamiaje ideológico de base -de gran fertilidad a comienzos del siglo XX-y como miembro de la Sociedad Colombina Onubense, fue incluido, no sin visibles escollos institucionales, en la comisión oficial que el gobierno español envió a la conmemoración del primer centenario argentino.
El propio viaje y las diversas estrategias de Manuel Siurot para alcanzar su objetivo fundamental, estrechar lazos entre Huelva, La Rábida y Argentina, se analizan desde una triple vertiente: relaciones interpersonales, acción escrita y acción oral.
Desde la perspectiva de su activo papel como «agente operativo» del hispanoamericanismo durante aquellas jornadas bonaerenses, de los éxitos, las simpatías y los contactos establecidos en pro de futuros logros, la autora, partiendo de la propia producción escrita del personaje, concluye que el balance final tamizado por el transcurso del tiempo está lleno de claroscuros, de limitaciones y de ambiciosos proyectos irrealizables, aunque por otra parte esta aventura argentina no dejó de ser una escala más dentro de la intensa travesía americanista de Siurot.
El profesor Morillas califica la culminación del proceso de recuperación de la revista La Rábida y su difusión a través del repositorio institucional de la UNIA como un acontecimiento cultural de primer orden para Huelva.
Al propio valor intrínseco de esta serie documental como fuente primaria de primer orden, se le suma respecto al objeto particular de su análisis -José Caballero en su período como ilustrador gráfico de la revista (1929)(1930)(1931)(1932)(1933)-el valor añadido del acceso a dibujos del pintor de su primera etapa o «período onubense», que hasta ese momento se conside-raban en parte perdidos y que permiten abordar la etapa iniciática de Caballero como pintor, sin duda sobre la que más desconocimiento se cierne.
La labor del pintor en la revista supuso un primer paso hacia su reconocimiento social en los primeros años de su carrera artística por la proyección nacional e internacional de la publicación.
El gran valor científico de esta producción artística es que a partir estos dibujos y acuarelas, catalogados e inventariados sistemáticamente por José María Morillas en uno de los epígrafes de la contribución, se puede vislumbrar la rápida evolución y crecimiento artístico del pintor en sus primeros años, incluyendo influencias como las de R. Monleón, F. Roh, Piranesi, Goya, Duré, Picasso, entre otras, o el propio Daniel Vázquez Díaz al que Caballero conoce en esta época.
La contribución de Felipe del Pozo, director de la biblioteca universitaria de la Sede Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, se consagra al relato del proyecto acometido por su equipo de trabajo y él mismo de cara a la ya citada localización, catalogación, digitalización e incorporación en acceso abierto de los fondos de la revista La Rábida en el repositorio institucional de la UNIA [URL], aparte de fondos de otra naturaleza, como los procedentes de la Sociedad Colombina Onubense, que forman en su conjunto el Fondo Histórico Digital de La Rábida.
El epicentro de esta labor se situó en la actual Biblioteca del Monasterio Santa María de La Rábida, heredera en una parte importante de sus fondos de la colección que fue creando la Sociedad Colombina Onubense, punto de partida desde la que el autor aporta una visión panorámica e histórica del intento fallido de crear una biblioteca en La Rábida por parte de la sociedad.-VÍCTOR M. NÚÑEZ GARCÍA, Universidad de Huelva.
Mesa-Lago, Carmelo: Cuba en la era de Raúl Castro.
Reformas económico-sociales y sus efectos, Madrid, Editorial Colibrí, 2013, 316 pp., cuadros, gráficos y bibliografía.
Pocos temas generan tanta polémica como la Cuba castrista y, además, muchas veces no exenta de ideología y juicios de valor.
Por eso es obligado decir que las opiniones de Mesa-Lago son una rara excepción; suscitan, cuando no consenso, al menos un amplio respeto ganado en diez lustros de dedicación al análisis de los procesos ocurridos en la isla desde 1959, en continuidad y sin pagar más peaje que a la evidencia.
Los estudios del autor, por su rigor y honradez profesional, además de notables aportaciones al conocimiento y de animar constructivas discusiones, han elevado el nivel académico de la investigación y del debate acerca de Cuba tras el triunfo de su revolución.
Se puede decir que Cuba en la era de Raúl Castro es, por tanto y de momento, la última pieza de una dilatada y rica obra vital.
Desde la década de 1960, además de investigar sistemas económicos comparados y la Seguridad Social -los otros temas que concitan su atención-, Mesa-Lago ha ido construyendo y ampliando sus estudios sobre la isla, su país natal.
Sus trabajos iniciales se condensaron en 1981 en The economy of the socialist Cuba (Albuquerque, New México University), libro en el que presentó un método de análisis y para el que elaboró un extenso compendio estadístico que después ha seguido desarrollando y actualizando.
Entre sus publicaciones ulteriores acerca del tema destacan Breve historia económica de la Cuba socialista (Madrid, Alianza, 1994), Market, socialist and mixed economies: comparative policies and persformance.
Chile, Cuba and Costa Rica (Baltimore, John Hopkins University, 2000), Economía y bienestar social en Cuba a comienzos del siglo XXI (Madrid, Colibrí, 2003), La economía cubana al comienzo del siglo XXI (Madrid, Instituto Elcano, 2003) o Cuba's aborted reform (Gainesville, Florida University, 2005).
En ellas, y en otros artículos, capítulos y monografías, el autor ha continuado añadiendo datos a sus series cuantitativas, incorporando los avances en el conocimiento, discutiendo sus posiciones y aplicando su metodología y contrastándola con los problemas y problemas que han ido ocurriendo.
La extinción de la URSS, de su mercado privilegiado, ayudas y petróleo barato para Cuba, sumió a la isla en una profunda crisis desde principios de la década de 1990, temas que Mesa-Lago ya abordaba en su Breve historia y ha seguido explorando, junto a los sucesos postreros, en los trabajos que siguieron a ese libro.
La respuesta del castrismo fue el inicio de un proceso de reformas tímido y discontinuo, pues tras dar algunos frutos, y gracias a la ayuda que comenzó a prestar al país antillano Hugo Chávez tras llegar al poder en Venezuela, y que reemplazó en parte a la anterior asistencia soviética, se fueron alternando con períodos de retorno a la ortodoxia socialista.
Y en medio de tal proceso se dio un cambio en la dirección de la revolución.
Por razones de salud Fidel Castro cedió el poder a su hermano, y ese es el momento en el que arranca el análisis de Cuba en la era de Raúl Castro.
Que Raúl sucediese a Fidel era de esperar, aunque siempre se debatió si ello acarrearía cambios, y se sigue haciendo, pues es evidente que esos cambios han sido ralos, pero no hay acuerdo acerca de la razón.
Hay quien opina que la fuerza de los sectores inmovilistas los ha impedido, y quien opina que el objeto de las tímidas reformas es sobrevivir y eludir cualquier transformación radical.
Sea como fuere, la actual crisis internacional y lo que podría acontecer en Venezuela, sobre todo si muere Chávez, ha obligado a la dirigencia cubana a apostar por ampliar las medidas reformistas y a ofrecer cierta seguridad de que esta vez son un camino sin retorno.
La convocatoria del Congreso del Partido Comunista en 2012 y sus resoluciones, denominadas oficialmente propuestas para actualizar el modelo, indican que esto es así.
Sin embargo aún quedan dudas respecto a cuáles son los fines que se persigue: ganar tiempo y postergar modificaciones drásticas que pondrían en peligro la supervivencia del sistema revolucionario, o iniciar sin grandes obstáculos un cambio en profundidad, pensando que una vez puesto en marcha el proceso sucederá sin más remedio.
Cuba en la era de Raúl Castro termina su análisis apenas concluido el congreso del PCC, y el tiempo transcurrido no permite a Mesa-Lago ir más allá, saber más con certeza.
No obstante el autor apuesta por un moderado optimismo.
Lo hace, eso sí, tras un profuso y detenido análisis de un monumental conjunto de datos sistematizados que constatan el fracaso económico de la revolución y el deterioro de sus logros sociales e igualitarios tras la crisis de los noventa, así como de las políticas para resolverlos.
Lo hace también dando muestras de su extenso conocimiento de la situación de Cuba y de los distintos análisis y diagnósticos al respecto, contrastando con ellos su parecer.
Lo hace además con métodos comparativos que cotejan dicha situación, especialmente con la de aquellas naciones que mantienen regímenes socialistas y con los países latinoamericanos.
La isla sale bien parada en lo que concierne a su estado del bienestar en relación con estos últimos, aunque ha sufrido un retroceso considerable en los últimos años en todos sus indicadores.
Sus reformas, sin embargo, no guardan parangón con las emprendidas en China o Vietnam y no permiten visualizar una salida rotunda de dicha crisis si no se producen cambios más radicales.
Lo que sucederá queda así a juicio del lector, si bien para que forme una opinión fundamentada el libro le brinda información sobrada, cuantitativa y cualitativa.
Las dolencias de Cuba en la era de Raúl Castro, que algunas tiene, se derivan también de sus virtudes.
En la extensa exposición de datos y opiniones se echa en falta un análisis más detallado de las posiciones críticas con el castrismo, incluso con sus reformas, tanto de la emigración como del exilio.
El esfuerzo por examinar detalladamente las posturas oficiales y pro-oficiales para no incurrir en su demérito, sin duda provoca un sobredimensionamiento de las mismas respecto a las demás.
Se echa en falta, igualmente, un estudio más detenido de la comunidad cubana en el exterior, de sus diferencias, sus acuerdos y también de sus cambios con el tiempo y una evaluación del impacto económico-social que ha tenido su éxodo, pues las remesas que remite a la isla tienen como contrapartida una inmensa pérdida en recursos humanos, jóvenes cualificados y con capacidad emprendedora y de cambio.
Por otra parte, en muchos casos los datos que maneja, sobre todo cuando se refiere al período más actual, conciernen básicamente a La Habana y son escasos para el resto del país, si bien es preceptivo señalar que ello se debe a la dificultad de obtener información de otras regiones y agregada.
Otros temas de suma relevancia, sin embargo, son objeto de un extenso análisis, brillante en muchas ocasiones, como por ejemplo el bloqueo de Estados Unidos, los cambios que ha habido en la política norteamericana respecto a Cuba y, especialmente, el papel de apertura de espacios de socialización y conciliación que ha tenido y tiene la Iglesia Católica desde hace años gracias a la labor de sus ministros y al apoyo obtenido con dos visitas del Papa a la isla.
El libro peca, por el contrario, de no realizar análisis similares de otras confesiones, protestantes y afrocubanas, que seguramente no han desarrollado un rol similar, pero no por ello carecen de importancia.
Con estos mimbres Mesa-Lago ha conseguido ofrecer al lector, académico o meramente interesado, un magnífico y riguroso ejercicio de análisis intelectual de los procesos y problemas de Cuba desde que Raúl Castro asumió el poder.
Su optimismo, que expresa la idea «Raúl no logró implantar y especialmente acelerar las reformas estructurales pragmáticas hasta que la enfermedad de Fidel lo privó de impedirlas, aunque con la publicación de sus "Reflexiones" intentó obstaculizarlas, al menos hasta 2011 en que las apoyó», es opinable, no obstante la virtud del trabajo que lo fundamenta es que en sí mismo ofrece los instrumentos para discrepar.-ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC.
Aunque en la portada figuran cuatro editores, son Ángel Esteban y Jesús Montoya quienes se encargan de redactar el prólogo con el sugerente título «Desterritorializados o multiterritorializados?: La narrativa hispanoamericana en el siglo XXI», donde plantean con buen criterio la superación de los principios epistemológicos nacionales que permitían estudiar la narrativa hispanoamericana atendiendo a las variantes por países, buscando marcas singulares entre las narrativas escritas en cualquiera de las lindes de las fronteras políticas.
El libro, como apuntan los prologuistas, forma parte de una serie de publicaciones que tiene en las universidades de Granada y Salamanca un observatorio privilegiado de las nuevas tendencias de la literatura hispanoamericana, y que ya había dado a la imprenta otros títulos importantes.
La puesta en común de las diferentes visiones críticas ha revelado cómo las fronteras literarias se han vuelto porosas, generando, hasta cierto punto, una literatura que tiende a la desterritorialización, sobre todo en aquellos escritores nacidos a partir de los años sesenta, que han encontrado en la globalización y en la «sociedad red» una marca identitaria que poco o nada tiene que ver con las pulsiones nacionalistas de décadas anteriores.
En la obra se ensayan nuevos conceptos como literatura postnacional o transnacional, en un intento funambulesco por dar el debido encaje a textos que se resisten a cualquier forma de clasificación, precisamente porque su carácter escurridizo forma parte de su morfología literaria, apuntando siempre tensiones entre las tendencias centrípetas y centrífugas (estas últimas las dominantes), como ha señalado en diferentes trabajos el escritor Fernando Aínsa.
El libro consta de tres secciones.
La primera está dedicada a la novela del siglo XXI, subrayando la presencia de obras y autores que estarían en los márgenes del canon; la segunda parte está dedicada al cuento, con una cala interpretativa de gran alcance sobre sus presupuestos teóricos.
La tercera sección tiene un enfoque práctico y creativo, recogiendo cuatro visiones de la narrativa latinoamericana.
En el primero de los trabajos, «De la identidad a la ciudad en la narrativa puertorriqueña de entresiglos», María Caballero analiza la evolución de esa narrativa a través de diferentes antologías que marcan el devenir de casi un siglo de tensiones y encontronazos con los EEUU, planteando cuestiones preliminares de absoluta vigencia para entender las claves de la postmodernidad, como el descreimiento y la descentralización de los grandes relatos (Lyotard, Vattimo, Deleuze, Derrida), el concepto de mo dernidad periférica como eufemismo del atraso hispanoamericano (Sarlo, Martín-Barbero, etc.), el cuestionamiento de una supuesta era postcolonial, la hibridez genérica y textual (Bhabha, De Toro) e, incluso, el nomadismo de las sociedades tecnológicas (García Canclini).
Analiza los momentos más importantes en la identidad literaria puertorriqueña, como la generación del 30, preocupada por la tierra, el mestizaje o los traumas políticos derivados del 98 y su conversión en Estado Libre Asociado.
Problemas que vuelven a aparecer en la generación del 50 y del 70 (René Marqués, Rosario Ferré, Ana Lydia Vega, Rodríguez Juliá), dándole prioridad al asunto de la «ocupación yanqui» y la presencia colonizadora e invasiva del inglés en territorio insular.
La denuncia de esta situación va desde los presupuestos del realismo social de los 50 a la ironía, el humor y los divertimentos lingüísticos de los 70, planteando de paso el crucial tema de la identidad cultural sin soberanía nacional.
María Caballero considera que los escritores de los 90 se embarcan en otros experimentos más posmodernos, como la ruptura de géneros, la consolidación de una cultura transnacional, la aparición de la ciencia ficción y las reescrituras virtuales, deteniéndose en la antología Los nuevos caníbales (2000) para demostrar cómo a través de los dieciséis autores que la conforman, resulta visible un nuevo espectro temático.
Por su parte Ángel Esteban, en su ensayo «Del pulso al impulso: musas y ninfas constantes e inconstantes», se centra en una de las tres novelas inéditas que dejó Cabrera Infante, La ninfa inconstante (2008), obra póstuma en la que destaca la importancia de la memoria, ya que los hechos narrados se retrotraen a medio siglo antes.
A partir de la teoría de los «hiperespacios» y los espacios «hiperreales», Ángel Esteban plantea el concepto de «cosmopolitanismo», donde la cultura global convive con la preocupación por las culturas locales.
En realidad se trata de una novela construida a partir de la parodia y la digresión, donde el lenguaje es el gran protagonista, por encima de los dos personajes principales y la propia ciudad de la Habana.
De hecho, el autor considera que la obra de Cabrera no apunta nada nuevo ni original con respecto al argumento y las tramas de sus novelas de los años 60 y 70, aunque su gran innovación reside en las habilidades del lenguaje a partir de la combinación de la agudeza verbal (pum) y el ingenio (wit).
En su capítulo «La Suisse n' existe pas: una reescritura poshumana y transnacional de la identidad uruguaya», Jesús Montoya parte de la idea de un Uruguay que fue comparado con la «Suiza de América» por su orden, su consenso constitucional, su consolidación democrática y su alto nivel educativo.
Lejos de este panorama idílico, Montoya analiza la nueva literatura uruguaya a partir del concepto de «campo», un espacio social donde el estado de derecho ha sido sustituido por un estado de excepción, en el que impera la anomia y la violencia entre los ciudadanos.
Analiza la novela de Gabriel Peveroni El exilio según Nicolás (2005), donde se plantea el espacio cibernético como una realidad transnacional, puesto que los contactos con la realidad tienen una dimensión virtual, recorriendo a través de las pantallas los diferentes países, lo que evidencia la desterritorialización característica de la posmodernidad.
Desterritorialización que no quiere decir evasión o falta de compromiso político y social, como analiza Montoya en la también alegórica Tobogán blanco (2009), metáfora siniestra de las atrocidades perpetradas por la dictadura uruguaya, clausurando definitivamente cualquier forma de utopía tecnológica.
Francisca Noguerol analiza las utopías modernas en un trabajo brillante titulado «Utopías intersticiales: La batalla contra el desencanto en la última narrativa latinoamericana».
A partir de las ideas esbozadas por Roberto Bolaño sobre el fin de las utopías de juventud y el triunfo de la contrautopía en el mundo contemporáneo, Noguerol considera que el propio Bolaño planteó una salida para sus personajes: la consecución de la obra artística como solución y bálsamo.
La autora reflexiona sobre dos conceptos claves de nuestro tiempo: la utopía y el desencanto, aunándolos en lo que Hugo Achúgar denominó el escepticismo utópico.
De alguna manera la literatura contrautópica cuestiona la realidad sin alejarse de ella, retomando los elementos simbólicos y alegóricos (Diamela Eltit: Mano de obra y Jamás el fuego nunca).
Noguerol se fija en la figura de Jorge Volpi, uno de los grandes narradores de la contrautopía moderna, especialmente visible en su trilogía del siglo XX: En busca de Klingsor (1999), El fin de la locura (2003) y No será la tierra (2006).
Al tiempo que hay un repunte en las utopías vinculadas con las novelas históricas (como pasa con La revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera, y El Paraíso en la otra esquina de Vargas Llosa), las llamadas utopías intersticiales (Maffesoli) han derivado en lo que Fernández Mallo llama «privatopías».
Noguerol reflexiona sobre lo que Fernando Aínsa llama «escritura nómada», en donde no sólo hay referencias al viaje, al desplazamiento, al movimiento, sino también a las incursiones en la realidad, a borrar las fronteras, todo ello por autores para los que la importancia de lo vivido es equiparable a lo leído (Sergio Pitol, Fabio Morábito, Sergio Chejfec, Marcelo Figueras, Santiago Roncagliolo).
En definitiva, sólo se puede paliar el fracaso de la utopía por medio de la escritura, como se certifica en Estrella distante de Bolaño o en Cielos de la tierra de la mexicana Carmen Boullosa.
Verdaderamente original resulta el enfoque dado por Erika Martínez, en su capítulo titulado «Anti-Apocalipsis de Rafael Pinedo», a lo que algunos críticos llaman narrativa «posapocalíptica», como un intento de representar la abyección moral y la quiebra económica legadas por la dictadura militar argentina, creando una galería de textos que crecen a la intemperie.
Es el caso de Plop (2002) de Rafael Pinedo, que se analiza aquí desde la «estética de la desaparición», como si todo tendiera a cero: el paisaje, la cultura, la lengua, el léxico, la humanidad.
En esta novela la austeridad estética llega al extremo de convertir la lengua de la narración en un esqueleto, o que los personajes se muevan en la frontera entre lo simbólico y lo presimbólico.
Frente a la idea clásica de «Apokálypsis» como revelación y renovación, en Plop hay un antiapocalipsis en el sentido de negar cualquier posibilidad de un futuro digno.
No hay escritura que tienda más a la «estética de la desaparición» que aquella que flirtea con la idea de no realizarse en el texto, como estudia Reinaldo Laddaga en su artículo «La tentación de no escribir: el escritor como informante», donde rastrea esa extraña pulsión de muchos narradores de llegar a una especie de escritura cero, de vacío creativo, no por agotamiento, sino como tentación y fascinación por el vacío.
En este sentido no podían faltar las referencias a un escritor de culto, como Enrique Vila-Matas, autor de una obra canónica como Bartleby y compañía, aunque el tema también aparece en otras obras suyas.
Tampoco el chileno Roberto Bolaño escapa a este minucioso escrutinio, aportando dos ejemplos rutilantes: Los detectives salvajes y 2666.
También el argentino César Aira ha dedicado obras de calado a este tema: Varamo y Parménides.
Laddaga se hace eco de las intenciones -hasta ahora cumplidas-del colombiano Fernando Vallejo de no escribir más obras de ficción (como había sugerido en La rambla paralela con la muerte del protagonista en la Barcelona que celebra la Feria del Libro), y cita a los novelistas cubanos Ena Lucía Portela (Djuna y Daniel) y José Manuel Prieto (Rex), así como a Mario Levrero (La novela luminosa) y las tentaciones iniciales de Javier Cercas en Soldados de Salamina.
Especialmente iluminador y documentado resulta el trabajo de Ana Marco González, «Y la línea me cruzó a mí.
Escritura y frontera en el Norte de México», en el que a partir de la idea de una «sociedad red globalizada», sigue las teorías de García Canclini y Martin-Barbero para demostrar que el pasaporte del escritor no refleja ninguna identidad, sino un lugar de partida, un topos geográfico cero que le permite el tránsito hacia el nuevo nomadismo literario que marca nuestros días.
La autora se centra en lo que llama la «Línea», es decir, la frontera norte de México, con su economía pauperizada por el problema de la violencia, el narcotráfico y los cárteles de la droga.
Ello ha llevado a una especie de «ficción exploratoria» para certificar los cambios que se producen en la frontera, como espacio sin ley, apto para la depravación, el vicio, la barbarie, generando una nueva «leyenda negra» y estigmatizando al conjunto de su población como los nuevos bárbaros.
Así aparece en toda una serie de textos norteamericanos del pasado siglo, que Ana Marco va señalando, igual que señala los nuevos imaginarios que tratan de convivir en la frontera con la idea de maldad y depravación.
Analiza conceptos como el de la literatura chicana con sus marcas más habituales -desarraigo, marginalidad, explotación, pobreza, bilingüis mo, memoria recuperada, la predilección por el relato autobiográfico-, o los orígenes fronterizos del corrido (y narcocorrido), dedicándole una atención especial a los trabajos del tijuanense Heriberto Yépez y a las teorías que consideran a la frontera como un tercer estado o una «tercera nación».
Así, traza la evolución de la literatura norteña, desde la época revolucionaria a lo que se conoce ahora como «narradores del desierto» y las nuevas propuestas de la frontera.
Esta primera parte dedicada a la novela se completa con un ensayo de Karim Benmiloud titulado «Los signos del Mal y la cultura popular en Los vivos y los muertos de Edmundo Paz Soldán», novela en la que la Muerte se hace visible a través de todo tipo de señales y signos propios de la cultura norteamericana, habituales en la novela negra, en la non fiction novel, en el hard boiled, etc., además de manifestaciones artísticas y comunicativas consideradas como extraliterarias hasta hace no mucho y que van a tener una gran importancia en la trama argumental, como el cine, el rock, la música pop, los videojuegos, Internet, la publicidad, etc. A través de múltiples referencias cinematográficas y literarias del acervo popular de Occidente, se pone de manifiesto la multiplicidad de códigos culturales que maneja Paz Soldán en una novela brillante y de gran exigencia técnica.
La segunda parte de este volumen colectivo, dedicada al cuento moderno, queda un poco desdibujada porque sólo presenta dos trabajos, en contraste con la importancia creciente que han adquirido las formas breves en la narrativa contemporánea.
A pesar de ello, Álvaro Salvador nos ha dejado un trabajo de gran calado filológico, titulado «Andrés Neuman en las distancias cortas», en donde estudia los cuatro libros publicados hasta la fecha por el escritor hispanoargentino: Pertenecí (1997), El que espera (2000), El último minuto (2001) y Alumbramiento (2006), resaltando no sólo su talento como narrador en las distancias cortas, sino también su pericia a la hora de teorizar sobre el género.
En el segundo trabajo, «Del cuento hispanoamericano a las formas breves en lengua castellana: hacia lo universal», Adélaïde de Chatellus lleva a cabo una aproximación teórica a la cuentística de autores que ella conoce bien como Méndez Guédez, Fernando Iwasaki o el propio Andrés Neuman.
La tercera parte del volumen («Trans-Latinoamericanos: la ficción desde la ficción») da voz a los propios escritores -Méndez Guédez, García Méndez, Consuelo Triviño y Andrés Neuman-como una aportación original y pertinente, lo que permite certificar muchos de los postulados teóricos pergeñados en los capítulos anteriores, contribuyendo, sin duda alguna, a convertir este volumen en un libro imprescindible sobre las nuevas tendencias narrativas que dan forma a las pulsiones creativas del continente mestizo.-JOSÉ MANUEL CAMACHO DELGADO, Universidad de Sevilla.
Pedrarias de Almesto: Relación de la jornada de Omagua y El Dorado, ed.
Álvaro Baraibar, New York, Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA), 2012, 154 pp.
Pedrarias de Almesto escribe dos textos relativos a los hechos de la rebelión de Lope de Aguirre en la jornada de Omagua y El Dorado, en cuya expedición iba el narrador, probablemente como escribano y soldado de Pedro de Ursúa, primer capitán de la desdichada empresa.
El objetivo principal de Almesto es sin duda exculparse de las traiciones y desmanes de los marañones encabezados por Lope de Aguirre.
El primer relato, conservado en el manuscrito Ms. Esp.
325 de la Biblioteca Nacional de París, es el que ahora edita Baraibar, y hasta la fecha había permanecido inédito, habiéndose privilegiado el estudio de la relación de Francisco Vázquez (Relación de todo lo que sucedió en la jornada de Amagua y Dorado, que el gobernador don Pedro de Orsúa fue a descubrir, con poderes y comisiones que le dio el virrey marqués de Cañete, presidente de Perú.
Trátase, asimismo, del alzamiento de don Hernando de Guzmán y Lope de Aguirre y otros tiranos, Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 3199), y la segunda de Almesto, que reescribe a Vázquez y a su propia primera versión.
Los sucesos recogidos empiezan con los preparativos de la jornada, encargada por el virrey del Perú, don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, a Pedro de Ursúa, a quien nombró gobernador de El Dorado y Omagua.
Ursúa, que tenía experiencia sobrada como pacificador de los panches, muzos y taironas, además de represor de una rebelión de cimarrones, muestra sin embargo en esta expedición de Omagua una notoria incapacidad de organización y mando, que algunas fuentes atribuyen a su amancebamiento con Inés de Atienza, a la que lleva en su viaje y que -según le acumulan-le distrae de sus obligaciones.
Otras fuentes coetáneas suponen en el virrey una intención de librarse de elementos levantiscos, que formarían parte principal de las tropas de Ursúa y que acabarían destruyéndolo.
Aunque Almesto niega esta interpretación, es evidente el clima de rencillas, protestas y conflictos que definen desde el comienzo la jornada, con otra serie de percances que repercuten en el desarrollo lamentable de la misma: varios barcos se pudren antes de poderlos botar, se ahogan caballos necesarios, se rebela un tal Pedro Ramiro, al que Ursúa tiene que ajusticiar (p.
Almesto avanza el desastre, y escribe, evocando el clima ominoso, que «lo que adelante iré diciendo [...] parecerá más cosa de sueño que no que hobiese sucedido entre gentes» (p.
Este sueño muy bien puede llamarse pesadilla, se contamina con la pasión de mandar de varios expedicionarios que, capitaneados por Lope de Aguirre, matan a Ursúa y nombran «príncipe de Tierra Firme y Mar del Sur y reinos del Pirú y gobernación de Chile y de todas las Indias» (pp. 82-83) a un don Fernando de Guzmán, «señor hecho de paja, más amigo de comer buñuelos que de pelear con los enemigos» (p.
Poco dura la dicha del ridículo príncipe -cuya paródica ceremonia de «coronación» está admirablemente comentada por Baraibar-, antes de morir por orden de Aguirre, el cual toma el mando descubiertamente y da comienzo a una matanza sin fin, aleatoria y patológica, de las tropas marañonas, indios del camino y cualquiera que se ponga a sus ojos.
El rosario de muertes aumenta cada día: a uno le dan garrote porque avisa al caudillo de que se moja los pies, a otro porque le parece feo a Lope de Aguirre, uno más porque se fabricaba muchas alpagartas -como si las necesitara para desertar-, otro porque se huelga demasiado a la sombra de un árbol...
Asesino en serie, demente homicida en el retrato que Almesto y otros cronistas transmiten, amén de rebelde al rey, Lope de Aguirre terminará cercado por las tropas reales y muerto de un arcabuzazo, no sin antes apuñalar a su propia hija «para que no fuera colchón de bellacos», según algunos testimonios.
Texto interesantísimo, que funde el relato de terror con el memorial exculpatorio, la narración de aventuras con el cuento macabro, la Relación de Omagua presenta curiosas peculiaridades que analiza con gran solvencia el editor Baraibar en un prólogo ceñido, bien organizado y excelentemente escrito, en el que ilumina los objetivos de Pedrarias y sus estrategias discursivas.
Especialmente relevantes son las páginas que se dedican al análisis de los conflictos de autoridad y poder en la malhadada aventura de los marañones.
La recuperación de esta breve crónica, nunca hasta ahora dada a la estampa, supone, por tanto, una novedad que ha de agradecerse, más aún acompañada, como lo está, del facsímil del manuscrito.
El aparato de notas merece igualmente todos los elogios: nunca excesivas, siempre útiles, exhiben una medida erudición y un tino que pocas veces admite añadidos o precisiones: baste como ejemplo la documentada nota 211 sobre las frutas mencionadas por Almesto.
Las del ámbito histórico son especialmente impecables.
Quizá mereciera alargar un poco más la nota 209, dedicada a las barbacoas donde secan el maíz, que son 'depósitos o almacenes', como indica el editor, pero que conservan el sentido más preciso de zarzo o tablado, a modo de rejilla, donde es usual poner a secar los granos.
La fijación del texto no merece ningún reparo: cabría destacar la excelente tarea de puntuación, que nos ofrece un texto legible en inmejorables condiciones.
Las pocas enmiendas que se consideran necesarias son pertinentes.
La palabra que no identifica en el fol. 196v (ver nota 247) podría ser «oceana» («piloto mayor de su armada y de la mar oceana»), pero no podría asegurarlo tampoco.
Sí convendría cambiar la grafía de la palabra «desasíamos» (p.
92), que parecería del verbo «desasir»'soltar, desprender lo asido', y que en realidad es forma del verbo «deshacer», con grafía seseante que se pudiera eliminar.
Como evidencia el contexto, los marañones deshacen las hamacas que encuentran, para poder usar sus fibras como material para fabricar las jarcias de los navíos: «deparonos Dios un pueblo de indios flecheros que acertaron a tener gran cantidad de hamacas, y recogimos todas las que podimos y unos desasíamos [deshacíamos] las hamacas y otros torcían y hacían buenas sogas gruesas, de manera que nos dimos maña que se hizo jarcia para los navíos...».
Prueba del extremo cuidado con el que se ha realizado este trabajo es la práctica ausencia de erratas: apenas un «huyo» por «huyó» (p.
24) y unos «manaríes» por «manatíes» (p.
En la Bibliografía hay que corregir los datos del volumen Las Indias (América) en la literatura del Siglo de Oro, al que pertenece la entrada de García Valdés, «Una visión original de la jornada del Dorado», pues no está publicado por el Gobierno de Navarra (aunque apoyó dicha publicación) sino por Edition Reichenberger, en Kassel.
En resumidas cuentas, el objetivo de editar este texto «de modo que la versión de los hechos que Almesto ideara y pusiera por escrito antes de conocer la obra de Francisco Vázquez pudiera ser incorporada como fuente a los estudios sobre Lope de Aguirre y sobre la jornada de El Dorado» (p.
41) se ha cumplido con encomiable competencia, por la que el editor Álvaro Baraibar merece todas las felicitaciones, y no menos se merece la joven colección Batihoja del Instituto de Estudios Auriseculares, por iniciar su andadura con volúmenes de tan notable interés y tan eficaz resolución.-IGNACIO ARELLANO, Centro de Estudios Indianos, Universidad de Navarra.
En estos dos imponentes tomos, tan pulcramente editados, se reúnen las cartas que el jesuita portugués Tomás Pereira escribió a diversos personajes, por lo general de la Compañía, desde Pekín.
Para llevar a cabo esta edición se ha hecho una recolección previa de los originales, conservados en muy diferentes archivos de Italia, Portugal y España.
La transcripción, muy cuidada, nada deja que desear.
El epistolario, que se abre con el solemne entierro del padre Gabriel de Magalhães en Pekín (1677), contiene mil noticias interesantes sobre la corte manchú: los artificios mecánicos que preparaban los jesuitas al empe-rador Kangxi, quien gustaba de cazar tigres montado en un elefante o de ver correr caballos; las intrigas palaciegas; la persecución contra los cristianos que estalló en 1691, o las propias dolencias que afectaron al buen padre Tomás (sufrió una parálisis de un brazo [I, p.
Especial interés reviste la narración del viaje que hizo Pereira en el séquito del tío del emperador, para hacer las paces con los rusos llevando a cabo un tratado de límites (p.
No puede decirse que el padre Pereira -un hombre que, a la manera de aquellos mandarines cristianos, vestía trajes que solo se concedían a los grandes (I, p.
159)-fuese un dechado de modestia: en una ocasión se jacta de que el emperador no daría un paso sin consultarlo a él previamente (I, p.
482); en las audiencias, él es quien habla en nombre de todos los padres (I, p.
No es extraño, en consecuencia, que pronto surgieran disensiones entre Pereira y Verbiest (cf. I, p.
152) y que, más tarde, el portugués se peleara a muerte con los padres franceses Gerbillon y Bouvet, que se consideraban enviados especiales del rey de Francia: Pereira se abstuvo de votar en la profesión del padre Gerbillon (I, p.
356) y, a su vez, los franceses llegaron a pedir al emperador que les concediera una casa aparte.
El asunto terminó en una ruptura total entre ambas partes: Pereira lanzó una excomunión contra sus «enemigos», y estos, a su vez, tacharon a los portugueses de indignos de fe por naturaleza (I, p.
Es natural, por tanto, que indignara asimismo a Pereira la tesis del padre Borget, que sostenía que la controversia sobre los ritos no concernía al rey de Portugal (I, p.
En definitiva, Pereira fue un verdadero patriota, con un patriotismo exacerbado por la lejanía y por la sensación de que la posición preponderante de los portugueses en China había tocado a su fin.
La obsesión por su país sale a relucir en cualquier ocasión.
Así, cuando tiene que proponer a un padre como viceprovincial, acuden a la mente de Pereira solo nombres de portugueses: Francisco Simois, José Monteiro y Manuel Rodrigues (I, p.
551ss.); lejos quedan Alessandro Ciceri, Antonio Tomás y Antonio Possateri.
Con el mismo recelo miró el jesuita luso los avances de la misión de los frailes descalzos.
Hubo quien en la corte de Pekín quiso congraciarse con el general de la Compañía, un español (el padre Tirso González), ofreciendo apoyo a los frailes que pasasen a China desde Manila (I, p.
El padre Pereira mostró su total desacuerdo con esta política: los frailes solo debían pasar a China por vía de Macao, y siempre que estuviesen dispuestos a ser «hijos obedientes de esta viceprovincia» (I, p.
A juicio de Pereira, Manila era el centro de las mentiras que se difundían en Europa sobre la misión jesuítica en China (I, p.
417); era un juicio parcial al que no le faltaba cierta razón.
Especial interés tienen los pareceres que emitió Pereira sobre los neófitos chinos (I, p.
Uno de ellos, Pablo Banhes, temía que lo mataran los demás jesuitas por haber cometido una falta en materia de pobreza.
Otro, Francisco Javier, había nacido en Macao en el seno de una familia cristiana, y allí había estudiado latín en el seminario.
Julián Gonzaga tenía 42 años y llevaba 13 en la Compañía, pero su espíritu era pueril, por lo que convenía expulsarlo de la Compañía cuando fuera posible, sin hallar inconveniente.
Domingo Lo-sei-me, de 63 años de edad, no sabía ni latín ni portugués, y esa ignorancia le impedía alcanzar el sacerdocio.
Apenas hay un rayo de luz en esta visión realmente pesimista de las cosas.
Muchas de las cartas están escritas en latín, que ha sido traducido al portugués de una manera fiel y elegante por el profesor Arnaldo do Espírito Santo.
Como ocurre en toda obra humana, hay pasajes que yo hubiera traducido de otra manera.
152 dictum factum 'dicho y hecho'; I, p.
490 Eoque se demisit Monarchae Tartaro Sinici [es una sola palabra:'manchú' o, si se quiere'tártaro-sínico': cf. p.
204, 510, 556] augustissima maiestas ut libellum ipse nostrum concipiendum digerendumque in se ultra susceperit significa «y hasta tal punto se rebajó la augustísima majestad del emperador que tomó a su cargo voluntariamente la concepción y redacción del librito nuestro».
Añado algunas observaciones sobre el texto latino: I, p.
64 sobra la corrección munero; I, p.
115 en vez de fuisse y tribuendum, léase fecisse y tribuendus; I, p.
176 preferiría leer hunc (no hoc) animum, hanc... (no hunc) periodum; I, p.
400 por fundi materiam corríjase fandi materiam,'tema de conversación'; I, p.
494 parece que hay que añadir una copulativa: subductis perpensis rationibus 'echadas y sopesadas las cuentas'; I, p.
564 tal vez haya que corregir unde studiis inde ex 3o anno probationis absolutis uenere, «de donde vinieron tras acabar sus estudios desde el tercer año de su prueba».
En suma, se trata de una obra de gran importancia, cuya lectura ha de apasionar no solo a los estudiosos de China, sino también y muy especialmente a cuantos se interesan por las rivalidades y pugnas, muchas veces fratricidas, de los europeos en el Sureste asiático; por tanto, a quienes se preocupan por los profundos cambios, no solo religiosos y espirituales, que tuvieron lugar en Manila a finales del siglo XVII.-JUAN GIL, Universidad de Sevilla. |
Vigilar y castigar: crisis y disciplinamiento en la Iglesia argentina en los años setenta
Universidad Nacional de La Plata, Argentina Desde mediados de la década de 1960, el catolicismo argentino sufrió una aguda crisis interna, caracterizada por la radicalización de vastos sectores, tanto clericales como laicos, cuyos cuestionamientos fueron creciendo con el correr de los años.
Desde los años setenta, la jerarquía eclesiástica estableció como objetivo central la reorganización de la Iglesia sobre bases conservadoras, lo que implicaba disciplinar a los sectores más radicalizados del campo católico.
En este trabajo se analizan las características que adoptó dicho proceso en la teología, la liturgia y la pastoral durante los primeros años de la última dictadura militar.
PALABRAS CLAVE: Iglesia católica, radicalización, crisis, disciplinamiento, jerarquía eclesiástica.
Las profundas transformaciones que tuvieron lugar en la Iglesia católica luego del Concilio Vaticano II y la Conferencia Latinoamericana de Medellín sumergieron a la institución eclesial en una aguda crisis interna.
Uno de los aspectos más visibles de esa fractura en el interior del campo católico fue la radicalización de vastos sectores, tanto clericales como laicales, cuyos cuestionamientos a la jerarquía fueron creciendo desde comienzos de los años sesenta.
A mediados de los años setenta, cuando la dinámica de la crisis de la Iglesia se superpuso en la Argentina con la crisis política y social, la jerarquía católica profundizó el "giro a la derecha" que había iniciado a comien-zos de la década y estableció como objetivo central la reorganización de la Iglesia sobre bases claramente conservadoras, lo que implicaba disciplinar (y en no pocas ocasiones el aislamiento y la expulsión) los sectores católicos más radicalizados.
A lo largo de este artículo nos proponemos indagar las características que adoptó dicho proceso de disciplinamiento del campo católico en los ámbitos de la teología, la liturgia y la pastoral.
Con respecto a las fuentes documentales vale señalar que nos hemos detenido, fundamentalmente, en el análisis de distintos documentos episcopales y del boletín de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).
La revolución llega a la Iglesia: el impacto del Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín sobre el catolicismo argentino
Las conclusiones del Concilio Vaticano II, con toda su impronta renovadora, minaron las bases sobre las que se había construido la Iglesia argentina, amplificando las tensiones que ya existían en el mundo católico entre aquellos que seguían aferrados a un horizonte tomista y que consideraban a la Iglesia como una "sociedad perfecta" y quienes pensaban que la institución eclesial debía adaptarse a los cambios ocurridos en el transcurso de las últimas décadas.
A decir verdad, los conflictos entre los sectores tradicionalistas y renovadores del catolicismo argentino se profundizaron luego de la finalización del Concilio, en 1965.
Si bien los documentos conciliares exponían las orientaciones generales que debía seguir la Iglesia universal y los cambios que debían adoptarse, la forma y los tiempos en que se aplicarían las reformas en cada país quedaba en manos de los episcopados nacionales.
El segundo lustro de la década del ́60 se ve enriquecido por episodios que ponen de manifiesto el conflicto en el interior del catolicismo y su Iglesia en torno a esta cuestión.
En Mendoza, veintisiete sacerdotes renunciaron a sus cargos en 1965 y realizaron la primera "huelga de curas" con el objetivo de denunciar que en esa diócesis, administrada por monseñor Buteler, "no se vive el espíritu conciliar".
1 En 1967, el obispo de Avellaneda, monseñor Jerónimo Podestá, presentó su renuncia, presionado por el nuncio apostólico y el episcopado argentino.
Podestá -un obispo que había dado muestras de su oposición al régimen militar encabezado por el general Onganía-había propiciado en su diócesis una "pastoral obrera y social" reuniendo a una cantidad importante de "curas obreros".
Dos años antes del conflicto que lo enfrentó con la jerarquía, Podestá había mantenido en su diócesis a un sacerdote que había sido despedido de un establecimiento industrial por favorecer la organización de los trabajadores.2 En 1968 un acontecimiento similar tuvo lugar en Tucumán, donde un joven sacerdote encabezó algunas manifestaciones obreras.
El gobernador militar de Tucumán lo acusó de "extremista", pero el Vicario Capitular de la arquidiócesis decidió apoyarlo, lo que impulsó a la jerarquía a reemplazarlo por monseñor Blas Conrero, un conservador que no dejaba lugar a dudas.
3 Los conflictos intraeclesiales alcanzaron también a la diócesis de San Isidro, liderada por un obispo que había acompañado el proceso de renovación conciliar sospechoso de simpatizar con el grupo de "rebeldes" mendocinos.
Monseñor Aguirre había aprobado la creación de un equipo sacerdotal orientado hacia el mundo del trabajo, pero la dinámica de ese grupo de sacerdotes -apoyados por un sector importante del laicado-derivó a los pocos meses en un enfrentamiento con el obispo y culminó con el alejamiento de los ocho curas obreros de la diócesis.
4 En 1969 una treintena de sacerdotes de la diócesis de Rosario desafió la autoridad del arzobispo Bolatti, afirmando que "la jerarquía es ciega, sorda y muda a los signos de los tiempos".
5 En todos estos episodios se verificaba el enfrentamiento entre la jerarquía católica y jóvenes sacerdotes identificados con el proceso de renovación conciliar, que cuestionaban los principios de autoridad y jerarquía y exigían una rápida implementación "del aggiornamiento pedido por Juan XXIII".
6 Los planteos de las corrientes posconciliares eran bien concretos: una mayor apertura de la Iglesia con respecto a otros sectores de la sociedad y la posibilidad de un diálogo con otras corrientes de pensamiento, una renovación en el ámbito de la liturgia y de la exégesis de los textos sagrados, un compromiso activo con los sectores populares y una "pastoral de conjunto" que promoviera la participación en las diócesis de los sacerdotes y los laicos.
Los sectores renovadores tenían como referentes a un puñado de obispos que habían sido designados recientemente: monseñor Zazpe, monseñor Angelelli, monseñor Quarracino, monseñor Podestá y monseñor Devoto.
Todos ellos impulsaron en sus diócesis procesos de renovación en el ámbito de los estudios teológicos y promovieron esquemas organizativos que favorecieron la participación de sacerdotes y laicos.
A nivel del clero, una cantidad cada vez más importante de sacerdotes jóvenes que habían encontrado en la diócesis un espacio de articulación de diversas experiencias teológicas y pastorales constituyeron el sector más dinámico de la fracción renovadora.
De allí surgirá el núcleo sacerdotal que organizará hacia fines de 1967 el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), cuyas posiciones fueron mucho más allá de las que compartían todos los sectores partidarios de la "renovación conciliar".
Por último, un nutrido conjunto de organizaciones laicales del apostolado católico que desarrollaban sus actividades en directo contacto con los sectores populares también militó activamente en favor de la implementación de reformas en la Iglesia.
La Juventud Universitaria Católica (JUC), la Juventud Obrera Católica (JOC) y el Movimiento Rural de Acción Católica (MRAC) habían alcanzado un importante desarrollo desde comienzos de los años sesenta, radicalizando paulatinamente sus posiciones bajo la mirada cada vez más atenta de la jerarquía.
7 Para la Iglesia argentina, edificada según los planos del integrismo católico y a partir de un vínculo muy estrecho con los poderes del Estado, la incorporación de las demandas de los sectores renovadores implicaba una transformación estructural a la que se opusieron con firmeza los secto-res tradicionalistas y conservadores, los que constituían una amplia mayoría en el seno del episcopado.
8 En términos generales la cúpula de la Iglesia argentina seguía anclada en un horizonte preconciliar y hubiera preferido que las conclusiones del Vaticano II ratificaran el Sylabus de Pío IX condenando los "errores" del mundo moderno.9 Los sectores más tradicionalistas de la Iglesia, que seguían aferrados al ideal de la "nación católica", cerraron filas ante lo que consideraban una "desviación modernista" que ponía en peligro la existencia misma de la institución.
La mayoritaria fracción conservadora, en tanto, parecía aceptar con resignación la introducción de unos pocos cambios, que debían ser graduales y supervisados estrictamente por la jerarquía.
Como ha señalado Loris Zanatta, desde 1965 temas como la ortodoxia doctrinaria y la relación de los sacerdotes con los obispos pasaron a estar en centro de las discusiones en el episcopado.
En 1966 monseñor Tortolo -arzobispo de Paraná y figura arquetípica del integrismo católico-envió un informe a la Conferencia Episcopal advirtiendo al conjunto de los obispos que una organización como la JUC estaba dejando de lado el carácter "orgánico y jerárquico" de la Iglesia, inspirándose además en pensadores "no católicos".
10 Para fines de ese mismo año, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Caggiano, censuró públicamente por medio de una carta pastoral una revista impulsada por un grupo de sacerdotes y laicos posconciliares.
Para el máximo líder de la Iglesia nacional, la revista "Tierra Nueva" utilizaba un lenguaje "histórico y profético" y se caracterizaba por la falta de un conocimiento serio y profundo de la filosofía y teología católica".
11 La crisis dentro del catolicismo argentino se profundizó en los últimos años de la década del sesenta, cuando una fracción importante de la renovación conciliar radicalizó de manera notable sus posiciones, vinculándose estrechamente con diversas organizaciones populares en el contexto de una ascendente conflictividad social.
En el plano eclesiástico, la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que tuvo lugar en la ciudad de Medellín, Colombia, en 1968, dio lugar a un conjunto de interpretaciones que potenció la radicalización de los grupos católicos.
Los documentos finales de Medellín propiciaban la "participación" de los cristianos en la "vida política de la nación" y la necesidad de "defender, según el mandato evangélico, los derechos de los pobres y oprimidos" y de "denunciar enérgicamente los abusos y las injustas consecuencias de las desigualdades excesivas entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, favoreciendo la integración".
Los obispos latinoamericanos denunciaban también la violencia institucionalizada y expresaban que no debía extrañar "que nazca en América Latina la tentación de la violencia", en un pasaje que daría lugar a lecturas que justificaban su utilización por parte de los oprimidos.
12 El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que se había creado poco antes de la Conferencia de Medellín, constituyó sin dudas la experiencia más importante de esta radicalización del campo católico, llegando a aglutinar cerca de una décima parte del clero argentino.
Como ha señalado José Pablo Martín, para el MSTM y para muchas organizaciones del apostolado católico la lectura de los documentos del magisterio y la interpretación del proceso socio-histórico en curso eran fenómenos que remitían el uno al otro, yuxtaponiendo la política con la religión.
La "opción preferencial por los pobres" se traducía en una creciente participación en las luchas populares, en tanto que las críticas a la jerarquía se acentuaban a partir de su cercanía con el régimen del general Onganía.
13 En el año 1970 se produjeron dos episodios que pusieron de manifiesto la fractura existente dentro de la institución eclesial: la publicación del libro La Iglesia clandestina,14 una de las denuncias más virulentas contra el MSTM donde se postulaba la tesis de la "infiltración izquierdista en el seno de la Iglesia" y la difusión de vínculos entre algunos sacerdotes y la recientemente creada organización guerrillera Montoneros.
15 En un contexto caracterizado por una fuerte crisis interna y por el crecimiento de la "Iglesia del Pueblo" la respuesta de la jerarquía no se hizo esperar.
La elección de uno de los críticos más implacables del MSTM, monseñor Tortolo, como presidente de la Conferencia Episcopal daba cuenta de la decisión de los vértices de la Iglesia de resolver el conflicto en clave conservadora y poner punto final a un proceso de radicalización que había llegado demasiado lejos.
A lo largo de la primera mitad de la década del setenta la jerarquía avanzó en un proceso para disciplinar el campo católico que se profundizó luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La Iglesia argentina entre el Concilio Vaticano II y la última dictadura militar: la teología, la liturgia y la pastoral como campo de batalla (1965-1976)
Durante los dos lustros transcurridos desde la finalización del Concilio Vaticano II hasta el golpe militar que derrocó en marzo de 1976 al gobierno de Isabel Perón, la crisis interna de la Iglesia se expresó en diferentes planos: la teología, la liturgia y la pastoral se convirtieron en escenario de fuertes disputas.
En efecto, en la mayoría de los conflictos dentro de la Iglesia a los que hicimos referencia en el apartado anterior, los diversos sectores en pugna pretendieron justificar sus posiciones a partir de los textos sagrados y de los documentos del magisterio católico.
El MSTM afirmaba que su accionar estaba en la línea del Concilio Vaticano II, de la encíclica Populorum Progressio, de la Conferencia de Medellín y del Documento de San Miguel del Episcopado argentino.
Algunos teólogos muy influyentes dentro del movimiento como Lucio Gera y Rodríguez Melgarejo aprobaron con entusiasmo las conclusiones de Medellín, en las que encontraban una lectura "histórico-nacional" del Concilio Vaticano II, en tanto que los exponentes mayores del integrismo católico, como monseñor Octavio Derissi, colocaban en un plano secundario las cuestiones socio-económicas para reafirmar el "humanismo tradicional de la Iglesia" y recordar que "el reino de Dios comienza por los corazones".
16 En términos generales puede afirmarse que amplios sectores de la jerarquía católica veían con preocupación la utilización de términos como "liberación", "dependencia" o "cambio de estructu-ras" y que incluso sectores que habían alentado en la primera mitad de la década del sesenta los procesos de cambio -como los que expresaba la revista Criterio, dirigida por monseñor Jorge Mejía-se mostraban preocupados por lo que consideraban una lectura abusiva de los documentos del magisterio católico.
17 Un segundo aspecto donde se hacían visibles las diferencias en el interior del mundo católico tenía que ver con las celebraciones litúrgicas.
En este sentido, los sectores más radicalizados de la renovación conciliar no dejaban de denunciar el vaciamiento que experimentaba el culto y la necesidad de que "lo pronunciado en la celebración fuera puesto en relación con la vida de los que celebraban".
18 La protesta encabeza por los sacerdotes tercermundistas entre los días 18 y 24 de diciembre de 1968, que incluyó jornadas de oración y reflexión, ayunos y hasta la supresión de las misas de Nochebuena en algunas parroquias, era muy clara al respecto, y sostenía que la Navidad se había transformado en una "fiesta folklórica", "un derroche de lujo", "una participación superficial y fácil de la eucaristía de medianoche".
19 Para el MSTM -que como vimos hacía una lectura de los evangelios desde una perspectiva histórico-sociológica-la función del sacerdote debía ser fundamentalmente profética, es decir, orientada a la liberación de su pueblo.
Los sectores más progresistas del catolicismo posconciliar se oponían a un culto que no fuera coherente con esa finalidad y lo denunciaban como mero ritualismo.
De alguna manera esa concepción estaba presente en el obispo de Neuquén, monseñor Jaime de Nevares, cuando en 1971 se negó a bendecir una capilla que había levantado dentro de su diócesis una empresa constructora que mantenía un conflicto con sus trabajadores.
20 La intervención en ese mismo episodio del segundo jefe del vicariato castrense, monseñor Bonamín, que finalmente bendijo el templo en cuestión, ilustra a su vez la concepción opuesta: la que entendía el culto como una instancia válida en sí misma, que debía ser garantizada más allá de la conducta de los fieles.
21 Por último, la fractura dentro del catolicismo argentino se puso de manifiesto en el ámbito de la pastoral.
Como demostraba la experiencia de los "curas obreros" y otras similares como la de los "curas villeros" en la Capital Federal o la de las ligas agrarias del litoral del país, era la pastoral popular enmarcada en la "opción preferencial por los pobres" el terreno donde se verificaba con mayor nitidez la radicalización de los militantes católicos y donde se producían choques cada vez más frecuentes entre los sacerdotes y laicos comprometidos y la jerarquía de la Iglesia.
Si para los católicos progresistas era evidente que la función de la Iglesia era la de intervenir en el proceso histórico a favor de los sectores más desposeídos, los grupos conservadores y tradicionalistas respondieron acentuando de las cuestiones espirituales por sobre las materiales, al plantear la distinción entre el reino terrenal y el reino de los cielos y acusando frecuentemente a los católicos comprometidos con una pastoral popular de tener vínculos con el marxismo.
La Iglesia argentina bajo el "Proceso": de la crisis interna al "disciplinamiento"
Durante los primeros años del "Proceso" una de las preocupaciones centrales del episcopado católico giró en torno a la ortodoxia doctrinaria, que buscaba, precisamente, evitar aquellas "interpretaciones abusivas" de las que hablaba monseñor Mejía.
Por ello se hacía necesario para la cúpula de la Iglesia ejercer una fuerte supervisión y control sobre todas aquellas publicaciones y medios de difusión que abordaran cuestiones doctrinarias y teológicas, como así también sobre los grupos y las instituciones que llevaban a cabo dichas tareas.
En este terreno, las polémicas y los debates tuvieron lugar también en el seno del episcopado, que no pudo ocultar sus diferencias en ocasión de la discusión sobre la llamada "Biblia Latinoamericana".
Un segundo objetivo de la cúpula eclesiástica consistió en uniformizar las prácticas litúrgicas en un sentido amplio, que iba desde la vestimenta de los sacerdotes hasta la música y las letras de las canciones que se interpretaban en las ceremonias religiosas.
Además, la jerarquía católica puso especial énfasis al momento de advertir las "desviaciones" que suponían ciertas prácticas bastante generalizadas entre la feligresía, tales como el culto o la adoración de figuras que no eran reconocidas por la Iglesia.
Por último, la política disciplinaria que llevaron adelante los sectores mayoritarios de la jerarquía católica tuvo sus consecuencias en el plano de la pastoral.
Como ya se ha señalado, uno de los rasgos que caracterizaba a las corrientes progresistas del catolicismo era su vinculación con diferentes sectores de la sociedad, especialmente con los más desposeídos, en el marco de la "opción preferencial por los pobres".
Por eso mismo, los trabajos territoriales que los integrantes de la "Iglesia del Pueblo" desarrollaban en barrios obreros, villas de emergencia, comunidades indígenas y campesinas eran seguidos no sin desconfianza por una parte importante del episcopado, sobre todo por los sectores más tradicionalistas, que veían en esas prácticas una subordinación de los aspectos espirituales a los materiales.
Luego del golpe, en el marco de una verdadera "caza de brujas" desatada por los militares, donde se acentuó aún más la tendencia a vincular a estos grupos con el marxismo y con la "subversión", la jerarquía desalentó ese tipo de trabajos.
De esa manera, al tiempo que se aislaba y controlaba a los sectores más dinámicos, se privilegiaba un tipo de pastoral que apuntaba a recuperar posiciones en el terreno de las ideas y de la cultura, como así también en el plano de la moral sexual y familiar, acompañando la cruzada que se iniciaba contra lo que muchos obispos denominaban "desacralización".
22 Esta opción implicó, al menos durante los dos primeros años del "Proceso", una acentuación de los aspectos espirituales por sobre los histórico-temporales y se tradujo, en algunas diócesis más que en otras, en una Iglesia escasamente vinculada al resto de los actores sociales.
El restablecimiento de la ortodoxia doctrinaria
Como hemos afirmado a lo largo del presente artículo, uno de los escenarios más importantes de la batalla ideológica que dividió al catolicismo desde los tiempos del Concilio fue la interpretación de los textos sagrados y del magisterio de la Iglesia universal.
En efecto, los debates teológicos y doctrinarios adquirieron a lo largo de esos años una dimensión central, ya que era precisamente en las diferentes interpretaciones de ese conjunto de textos y de documentos donde encontraban sus fundamentos las diferentes prácticas que cada uno de los sectores en pugna desplegaba en el plano de la liturgia y de la pastoral.
Para la jerarquía católica estaba claro que no se podía dejar atrás la crisis interna si no se zanjaban esas disputas mediante el restablecimiento de una rigurosa ortodoxia doctrinaria.
23 Más allá de que en algunas ocasiones los jefes de la Iglesia argentina amonestaron a los grupos que ponían en peligro la ortodoxia doctrinaria con planteos extremadamente tradicionalistas, lo cierto es que la política de encauzamiento estuvo dirigida a todos aquellos grupos que habían interpretado los documentos eclesiásticos y los textos sagrados desde una perspectiva "progresista", como por ejemplo los sacerdotes reunidos en el MSTM.
En la coyuntura restauradora de mediados de los años setenta la jerarquía intentó supervisar y controlar, por un lado, todas las publicaciones y medios de comunicación que se dedicaban a la difusión de temas vinculados a la doctrina de la Iglesia y, por otro lado, a todos los grupos e instituciones católicas que realizaban esas tareas.
En efecto, la cuestión de la ortodoxia doctrinaria, enfocada particularmente desde el punto de vista de la enseñanza en los colegios católicos, formó parte del temario de la primera asamblea episcopal del año 1976, y durante ese año (y los siguientes) se registró, en distintas diócesis del país, un conjunto de episodios en los que las más altas autoridades eclesiásticas impugnaron o desautorizaron abiertamente a grupos católicos que, según su criterio, se estaban alejando de los principios doctrinarios del magisterio de la Iglesia.
En mayo de 1976, por ejemplo, el arzobispado de Buenos Aires aclaraba, a través de un comunicado, que la entidad denominada Difusora Mariana Argentina "no tiene reconocimiento ni aprobación de la autoridad eclesiástica de esta arquidiócesis", afirmando también que dicha institución "da lugar a serias objeciones de parte de la doctrina católica, pretendiendo difundir ideas supuestamente ortodoxas que engendran confusión entre los fieles".
24 Para evitar esas desviaciones, el cardenal Aramburu emitió una circular recordando las normas vigentes en materia de censura previa de publicaciones vinculadas a "la religión y las buenas costumbres", subrayando que en todos los casos se debía contar con la correspondiente autorización del obispo y señalando que "sin la competente autorización eclesiástica" no se podían utilizar en los institutos de enseñanza libros concernientes a la Sagrada Escritura, la Sagrada Teología o el Derecho Canónico".
Unos meses más tarde, también en el ámbito de la arquidiócesis primada, fueron desautorizados públicamente dos grupos denominados "Cristianos para la Liberación" y "Comunidades parroquiales de Buenos Aires y Gran Buenos Aires", los que según un comunicado dado a conocer por el arzobispado "no tienen vinculación con esta curia eclesiástica".
26 Episodios similares se registraron también en el interior del país.
En San Luis, donde el obispo Rodolfo Laise demostraría un particular empeño en la preservación de la ortodoxia religiosa, se desautorizó en todo el territorio de la diócesis una revista editada por misioneros franciscanos para toda América Latina.
Concretamente, se acusaba a "El mensajero de San Antonio" de haber caído en desviaciones como el "antropocentrismo", el "temporalismo" y el "evangelismo".
Para monseñor Laise, la publicación en cuestión adoptaba, tanto en las temáticas como en el contenido de sus artículos, "una visión casi exclusivamente horizontalista y parcializante del mensaje de la Iglesia", y vislumbraba en ella "una posición simpatizante con la ideología y los métodos del marxismo".
27 Se trataba, por lo general, de episodios que enfrentaban verticalmente a la jerarquía con grupos de sacerdotes y laicos que militaban en la corriente posconciliar.
Sin embargo, los debates doctrinarios y teológicos se desarrollaron también en un nivel horizontal, es decir, entre los propios obispos, como lo prueba la discusión que tuvo lugar en el seno del episcopado durante la segunda mitad de 1976 en torno a una edición de la Biblia editada por Ediciones Paulinas y Ediciones del Verbo Divino en el año 1974.
La polémica se originó a raíz de una declaración del arzobispo de San Juan, que repudió la aparición de la Biblia Latinoamericana y ordenó que "en ningún establecimiento o asociación católica de la provincia se tenga en modo alguno el volumen señalado", ya que en él se hacía una "exaltación del marxismo".
28 Para monseñor Sansierra, dicha Biblia se encuadraba "dentro del plan establecido por el comunismo internacional cuya doctrina es extranjera, atea, perversa y sanguinaria, para la subversión y luego esclavitud de nuestro continente".
29 Monseñor Sansierra aclaraba un poco más sus conceptos señalando que "desde hace muchos años" el comunismo había adoptado la estrategia de "ganar a los pueblos latinoamericanos no bajo el signo de la hoz y el martillo, sino bajo el signo de la cruz".
30 Pocos días después monseñor Tortolo firmó un comunicado prohibiendo la circulación en la diócesis de Paraná de la Biblia Latinoamericana, debido a que bastaba "una simple mirada" para que el pueblo fiel "advierta escandalizado que no pocas láminas y explicaciones anexas son tendenciosas".
31 El tema, fuertemente publicitado por algunos medios de prensa vinculados al gobierno militar, puso de manifiesto las diferencias existentes dentro de la jerarquía católica.
Más aún cuando se conoció la posición del obispo de Neuquén, monseñor Jaime de Nevares, que luego de afirmar que las notas cuestionadas ponían al descubierto "muchas cosas que molestan" recomendaba "calurosamente" la lectura, en su diócesis, de la Biblia en cuestión.
32 Desde los sectores más moderados de la jerarquía, que advertían que la cuestión además de volver a dividir aguas en el episcopado exponía públicamente las profundas diferencias que existían en la Iglesia argentina, se trató de bajar los decibeles de la discusión y esperar a que el tema se resolviese en la comisión de Teología de la Conferencia Episcopal.
Uno de los que intentó poner paños tibios en medio de la polémica fue el arzobispo de Santa Fe, monseñor Zazpe, al pronunciarse en contra de las acusaciones "rotundas" y "universales" que "empañaban la imagen de todos los episcopados de América Latina", los que, en el caso de la Biblia Latinoamericana, habían "permitido su difusión durante cinco años sin advertir un peligro tan tremendo y evidente".
33 Los alcances de la polémica llevaron a que la cuestión fuera objeto de tratamiento durante la segunda Asamblea Plenaria del episcopado, al término de la cual se dio a conocer un documento en el que se intentaba unificar las diferentes posiciones.
34 La jerarquía católica buscaba, por un lado, poner límites a los avances de los sectores más tradicionalistas del catolicismo y a ciertos sectores civiles y militares que habían convertido el tema en una verdadera cruzada.
Además hacía referencia a la "publicidad inusitada" que había alcanzado el tema, al tiempo que advertía que "la interpretación auténtica de la Sagrada Escritura en la Iglesia es derecho exclusivo del magisterio jerárquico, y ningún poder, cualquiera sea su motivación, 30 Ibídem.
34 "Declaración de la Conferencia Episcopal Argentina sobre la llamada Biblia Latinoamericana", Documentos finales..., pág. 301-303. puede interferir en esta fundamental función de los obispos".
35 No deja de ser significativo, además, que la jerarquía considerase necesario en ese documento condenar "con firmeza" tanto "la ideología" como "la praxis" del marxismo, lo que daba cuenta de la magnitud de la ola de acusaciones y sospechas que afectaban a la institución.
La forma en que se saldó la discusión en torno a la llamada Biblia Latinoamericana confirma de alguna manera que el objetivo central de la cúpula de la Iglesia pasaba por asegurar su cohesión institucional a partir de una rígida supervisión, en clave fuertemente conservadora, de la ortodoxia doctrinaria.
Para ello era condición necesaria, pero no suficiente, terminar de disciplinar a aquellos sectores que habían hecho una interpretación "temporalista" del magisterio de la Iglesia; se trataba también, y cada vez más, de dejar paulatinamente de lado las posiciones del tradicionalismo más exacerbado.
36 Era por ello que la respuesta episcopal intentaba acercar las distintas posiciones quitando legitimidad a las pretensiones más extremas.
En cuanto al texto y traducción de esa edición de la Biblia, el episcopado consideró que era "sustancialmente fiel", aunque formuló objeciones a las introducciones, notas e ilustraciones que acompañaban al texto, elementos que hacían necesaria una "revisión y complementación".
El episcopado resolvió a tal efecto promover un suplemento especial para las ediciones de la Biblia Latinoamericana que circularan en la Argentina.
De esa manera era posible "salvar sus muchos aspectos positivos" y superar aquellos que eran, por lo menos, "discutibles".
La supervisión de las prácticas litúrgicas
El segundo aspecto en el que la jerarquía avanzó en su proyecto de reorganizar y uniformizar a la totalidad del campo católico fue, desde luego, el litúrgico, donde se venían manifestando fuertes tensiones.
En términos generales, esta estrategia de disciplina se desarrolló en dos niveles diferentes: por un lado, se dirigió a los sectores subordinados de la institución 35 Ibídem.
36 Véase Zanatta, Loris: "Religión, nación y derechos humanos.
El caso argentino en perspectiva histórica", Revista de Ciencias Sociales, 7/8, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 1998.
eclesial (sacerdotes, religiosos y organizaciones del apostolado católico) y, por otro, a la feligresía en su conjunto.
Con respecto a las disposiciones que afectaban a los sacerdotes y a los religiosos, es posible advertir una fuerte preocupación de la jerarquía católica por la imagen de éstos, en especial en lo referido al uso del hábito religioso.
En este sentido, resulta por demás significativo que a pocos días del golpe la comisión permanente del episcopado se haya visto precisada de emitir un documento en el que recordaba que "el hábito de los eclesiásticos y personas que profesan el estado religioso debe ser simple, modesto, pobre y decente, de tal modo que constituyese siempre un signo evidente para los fieles, de la condición sacerdotal o consagración religiosa, tanto de varones como de mujeres".
38 Luego de lamentar que dichos valores hayan sido "muy descuidados e impugnados incluso bajo pretextos doctrinales o pastorales", las autoridades de la Iglesia terminaban advirtiendo que "no está permitido ni a los sacerdotes del clero diocesano ni a los religiosos vestir de tal modo que no se distingan de los laicos, sino que el mismo vestido debe identificarlos, en todas partes, como sacerdotes o religiosos".
39 Las directivas de la comisión permanente fueron reforzadas, en algunas diócesis, mediante notas y documentos firmados por los obispos.
Así, por ejemplo, en la arquidiócesis primada el cardenal Aramburu urgía "maternal pero firmemente" a los sacerdotes y a las comunidades religiosas bajo su jurisdicción "el uso correcto del hábito religioso" ante la evidencia de que en algunas comunidades éste se había comenzado a dejar de lado, adoptándose "un vestido más civil".
40 También en Rosario, el arzobispo Bolatti dio a conocer un documento sobre la conducta y la vestimenta de los religiosos, donde se recordaba, entre otras cosas, que "el hábito reglamentario era la sotana (o el hábito en las monjas) o el clergyman"; que "los miembros del clero no deben presentarse en público con camisas y cuellos de uso civil, abundante cabellera o largas patillas a imitación de la moda seglar" y que "las confesiones a mujeres deben tomarse en los confesionarios con rejilla y cortinilla que impida la visión entre penitente y confesor".
El documento de monseñor Bolatti advertía, por último, que "el quebrantamiento reiterado de estas disposiciones será objeto de advertencia canónica, reclamándose el decoro del estado clerical y dando testimonio de su consagración superior".
41 La preocupación de los vértices de la Iglesia argentina por uniformizar y supervisar estrictamente el conjunto de las prácticas litúrgicas alcanzó también a la música y a los cancioneros que se utilizaban durante las ceremonias religiosas.
En este sentido, cabe señalar que en los sectores más tradicionalistas y conservadores de la jerarquía católica estaba muy presente la idea de que la "infiltración marxista" en el seno de la Iglesia era un fenómeno que podía detectarse en casi todos los ámbitos de la vida religiosa, en lo que constituía un paralelismo con la caracterización que hacía el régimen militar de la "subversión" como un fenómeno global.
Es en ese contexto defensivo que los sacerdotes de la diócesis de San Luis advertían, en octubre de 1976, que "frente al agudo proceso de desacralización que atenta actualmente contra la música y el canto sagrados y que se manifiesta tanto en la profanidad de las melodías como en el contenido de las letras (triviales, horizontalistas o subversivas) advertimos la importancia de tener bien en claro la naturaleza y finalidad del canto sacro." 42 Para la misma época, la arquidiócesis de Rosario tomaba una determinación similar ante "la proliferación de cantos y loas de lo más diversos y que no siempre se ajustan a las normas y criterios vigentes" y prohibía expresamente las letras de protesta o de cualquier otro tipo que "de manera abierta o solapada, directa o indirectamente, inciten a la violencia, a la rebelión, al odio y a la lucha de clases".
43 En la capital, la repercusión que comenzó a tener este tema motivó una aclaración sobre los cantos litúrgicos de parte del Consejo Litúrgico Arquidiocesano.
En dicho documento, el titular de ese organismo, el presbítero Alberto Balsa, reconocía que, "pese a los esfuerzos realizados no siempre los criterios adoptados en la práctica han correspondido a una correcta interpretación de los documentos", debido a lo cual, en algunos casos, "la sana creatividad ha sido mal interpretada", dando lugar a "la divulgación de equívocos".
44 Eran esos mismos equívocos los que llevaban a la arquidiócesis primada a delimitar con precisión cuales eran los cánticos que podían entonarse en las celebraciones litúrgicas y para-litúrgicas, haciendo expresa mención de los cancioneros en que aquellos se encontraban.
Al mismo tiempo que avanzaba en aquellas cuestiones, el episcopado dirigía también sus esfuerzos a controlar estrictamente la manera en que se manifestaba la fe religiosa del pueblo católico.
En particular, lo que estaba siendo objeto de preocupación era la forma que asumía en ocasiones la religiosidad popular, que al rendir culto a figuras o a imágenes que la Iglesia no había reconocido oficialmente, cobraba una autonomía que era percibida como muy peligrosa por la jerarquía.
No era casual, en este sentido, que a los pocos días de dar a conocer el documento sobre el hábito religioso, los obispos argentinos emitiesen una declaración titulada "sobre el culto de los santos y de las almas del purgatorio", advirtiendo acerca de los abusos que tenían lugar en ese terreno: "algunas veces la religiosidad popular es desvirtuada por la superstición y un indebido afán de lucro, alentado por un engañoso turismo y sus derivados".
45 El caso de la adoración a la llamada "Difunta Correa", al que el episcopado se refiere de manera explícita en el citado documento, constituye un ejemplo significativo de las políticas adoptadas por la jerarquía tendientes a preservar la ortodoxia de la Iglesia: "Hay casos concretos en que, sin que conste históricamente su existencia y al margen de la autoridad eclesiástica, se rinde culto a determinadas personas.
Tal es el caso de la llamada Difunta Correa, cuyo culto ilegítimo se ha extendido desde Vallecito, en San Juan, a lo largo y a lo ancho de la República, a través de templetes, ermitas y profusión de estampas e imágenes, con no pocas derivaciones supersticiosas".
La Conferencia Episcopal Argentina, luego de declarar "ilegítimo y reprobable" dicho culto pedía a los "verdaderos católicos" que se abstengan de practicarlo.
46 En ese caso particular, la reacción del gobierno de Tucumán, que entre otras medidas tendientes a "erradicar" dicho culto de la provincia ordenó la limpieza de los lugares públicos en los que se habían construido nichos para su veneración, no deja de ser significativa.
Se trataba de una nueva demostración por parte de las autoridades militares del empeño que estaban dispuestas a poner para salvaguardar la ortodoxia de la doctrina católica, ya que cualquier desviación respecto de ella misma atentaba contra los valores fundantes de la argentinidad.
¿O no habían comprobado acaso los militares tucumanos que "los nichos construidos para su veneración han 45 "Declaración de la Conferencia Episcopal Argentina sobre el culto de los santos y de las almas del purgatorio", Documentos finales..., pág. 276-278.
sido aprovechados para la propaganda subversiva"?47 Años más tarde, cuando las autoridades militares de San Luis adoptaron la misma medida, la felicitación del obispo no se hizo esperar: "En esta provincia, los gobernantes saben cumplir la ley y actuar dentro del derecho", señaló monseñor Laise.
48 A comienzos de 1979, la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que tuvo lugar en Puebla, situaría a la religiosidad popular en un lugar central dentro de la estrategia de expansión del catolicismo en el subcontinente.
En la Argentina, una jerarquía que estaba dando los últimos pasos en la tarea de reorganizar a la Iglesia sobre bases decididamente conservadoras podía -una vez restablecida la ortodoxia en el plano de la liturgia y el culto-encontrar en el fomento de la religiosidad popular una manera de imprimirle mayor dinamismo y arraigo social al catolicismo en su conjunto.
De la pastoral popular al reino de los cielos
Uno de los rasgos centrales que adquirió el avance de los sectores tradicionalistas y conservadores en el campo doctrinario fue, sin lugar a dudas, la acentuación de una línea cada vez más "espiritualista", que buscaba desacreditar la lectura que las corrientes "progresistas" de la Iglesia realizaban desde una perspectiva histórico-social.
Para el obispo de San Rafael, León Kruk, era inadmisible que Cristo "hubiese venido nada más que para enseñarnos a arreglar nuestros asuntos y cuestiones terrenas", ya que "las desigualdades, las injusticias, las opresiones, el sojuzgamiento entre los hombres eran efecto de una sola causa: el pecado".
49 En la misma dirección, el obispo de Mar del Plata, monseñor Rómulo García, expresaba que no eran "las estructuras socio-políticas y económicas en sí ni las revoluciones de diverso tipo las que nos harán gustar los frutos de un orden nuevo".
Ese orden nuevo debía surgir, para monseñor García, de "la propia interioridad del hombre", una interioridad que pasaba más por "ser justos que por pedir justicia" y por "ser libres de los vicios que nos aprisionan más que por proclamar la libertad".
50 En paralelo a este proceso de refuerzo de los aspectos espirituales por sobre los materiales -que implicaba un despegue radical con respecto a las posiciones que el mismo episcopado había suscripto en el Documento de San Miguel, en 1969-se desarrollaba otro, que tendía a vincular con el accionar de la "subversión" a todas las iniciativas pastorales que privilegiaban el trabajo con los sectores más humildes de la población.
Esa estrategia, promovida tanto por los militares como por los sectores más tradicionalistas del catolicismo argentino, había sido denunciada públicamente por monseñor Angelelli, que señalaba que lo que se buscaba era "separar a la Iglesia del pueblo; separar a los pastores -sean ellos obispos o sacerdotes-de sus comunidades; se busca separar a los sacerdotes entre sí; sembrar en el pueblo y en las mismas comunidades religiosas la ́sospecha ́, la ́desconfianza ́ de sus hermanos; se busca separar a las diócesis argentinas; se busca contraponer la Iglesia de Pío XII a la de Juan XXIII o Pablo VI, haciendo aparecer a la de Pío XII como fiel y a la de Juan XIII y Pablo VI como infiel; se busca separar a los laicos militantes y apostólicos ́peligrosos ́; se busca obstaculizar la misión evangelizadora de la Iglesia porque se cree que prepara la ́subversión ́ en el pueblo".
51 Las palabras de monseñor Angelelli -que se convertiría en víctima de esa misma estrategia que denunciaba-fueron certificadas por los hechos.
En el mes de agosto de 1976 se produjo un acontecimiento que, aunque en apariencia anecdótico, puso de relieve la fuerte campaña de ciertos sectores de la ultraderecha católica, que abonaban la tesis de la infiltración marxista dentro de la Iglesia.
En esa ocasión, una reunión de obispos, sacerdotes y laicos de diferentes países que tuvo lugar en Ecuador fue interrumpida violentamente por las Fuerzas Armadas de ese país y los participantes del evento, entre los que se encontraba monseñor Zazpe, fueron detenidos por unas horas, hasta que abandonaron el lugar.
El encuentro, que según el gobierno ecuatoriano tenía características "subversivas", había sido organizado por el obispo de Riobamba, monseñor Leónidas Proaño, que desarrollaba una intensa actividad pastoral entre los indígenas del lugar y tenía como objetivo, según la carta que los obispos escribieron a Pablo VI desde su lugar de detención, "reflexionar sobre problemas relacionados con la evangelización de nuestras respectivas diócesis en el actual contexto histórico de las Américas".
De regreso a la Argentina, y ante la nueva ofensiva de quienes acusaban a ciertos sectores de la Iglesia de complicidad con el marxismo, monseñor Zazpe definía la posición de los sectores moderados con relación a este tema.
El arzobispo de Santa Fe se preocupaba por dejar en claro la distancia que separaba a la Iglesia del comunismo, una ideología a la que calificaba como "inhumana" y "radicalmente opresora", pero recalcaba al mismo tiempo el deber de la Iglesia de "proyectar el evangelio" a todos los sectores de la vida humana.
53 Para monseñor Zazpe, esa misión de la Iglesia incluía, desde luego, la denuncia de las "injusticias sociales" y la defensa de los intentos de "cambios legítimos" en la situación social, pero fundamentalmente la denuncia de "toda violación que bajo cualquier pretexto atente contra los derechos fundamentales de la vida humana".
54 El tema de los derechos humanos se ubicaba claramente, a mediados de 1976, en el centro de las preocupaciones eclesiásticas, y monseñor Zazpe advertía los intentos del régimen militar de acusar, a quienes se dedicaran a la defensa de tales derechos, de complicidad con el marxismo o con organizaciones subversivas.
Por eso señalaba que la Iglesia no desconocía "la consigna de desprestigiar con acusaciones de miserable inmoralidad a los obispos, sacerdotes y laicos que se destaquen en el campo de la defensa de ciertos derechos humanos", a pesar de lo cual la actitud de los católicos no podía transformarse en "silencio cobarde frente a situaciones que claman al cielo".
55 Si la Iglesia "defiende con uñas y dientes la vida humana concebida en el seno materno", proseguía monseñor Zazpe, "deberá defender con igual intensidad la vida humana nacida, y no por connivencias marxistas sino porque el Evangelio grita en el Sermón de la Montaña que toda vida humana vale más que el universo, que el dinero, la comida, el vestido o cualquier ideología".
56 Para el arzobispo de Santa Fe, la Iglesia estaba siendo "repudiada a la vez por el marxismo y por ciertos antimarxismos de dudosa finalidad".
57 Una posición similar sostendría Jorge Mejía desde las páginas de Criterio, que al intentar establecer las razones del episodio de Ecuador, criticaba la "convicción, que hoy comienza a estar difundida en varios países, el nuestro entre otros, de que la Iglesia está infiltrada de marxismo, y que por consiguiente, ciertas reuniones, actos, o procederes suyos o de sus miembros, constituyen una amenaza a la seguridad del Estado".
58 Para el director de la tradicional publicación católica, la Iglesia se encontraba "asediada" tanto por la izquierda como por la derecha.
A lo que se asistía era, a decir verdad, a una fuerte ofensiva de los sectores tradicionalistas, ya que los sectores "progresistas" del campo católico se encontraban en pleno proceso de desarticulación, como consecuencia de la inusitada represión de que fueron objeto por parte del terror estatal y de las fuertes políticas disciplinadoras de la jerarquía católica.
En la práctica, los sectores mayoritarios de la jerarquía aprovecharon esa atmósfera de sospechas y acusaciones para desalentar todos aquellos trabajos e iniciativas pastorales que, por un lado ponían a la Iglesia en contacto con los diversos actores sociales que habían protagonizado la protesta social en la Argentina y que, por otro lado, habían sido llevados adelante por los sectores más radicalizados del campo católico.
La relación entre el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, por ejemplo, y una línea de pastoral popular que privilegiaba la relación con los sectores más desposeídos era evidente, por lo que muchas figuras de la cúpula eclesiástica sostenían la necesidad de limitar y supervisar estrictamente ese tipo de prácticas.
Durante los dos primeros años del "Proceso" las iniciativas pastorales que se ubicaban en la línea de la "opción preferencial por los pobres" pudieron seguir desarrollándoseno sin dificultades-en unas pocas diócesis (como las de Neuquén o Viedma) y constituyeron (como en el caso del equipo arquidiocesano de villas de emergencia del arzobispado de Buenos Aires) una fuente de conflictos permanentes con la jerarquía eclesiástica y con las autoridades militares.
Lo que prevalece, en cambio, es un tipo de pastoral que, impulsada por el episcopado en su conjunto, tiene por objeto enfrentar lo que se percibía como el avance de un proceso de secularización (o de "desacralización" en palabras de los obispos), ya que se caracterizaría por un marcado conservadurismo social y cultural.
La prioridad pastoral definida por el episcopado para todo el año 1976, el programa "matrimonio y familia", se enmarca en esa estrategia defensiva y conservadora.
Luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en un contexto caracterizado por el "disciplinamiento" social que implementó la última dictadura militar mediante el terrorismo de Estado, los sectores mayoritarios de la jerarquía católica argentina profundizaron el giro conservador que se había iniciado a comienzos de la década del setenta.
El objetivo central del episcopado católico consistió en restaurar la unidad institucional y superar la crisis interna que azotaba a la Iglesia desde los tiempos del Concilio Vaticano II.
Para ello procuró restablecer la ortodoxia doctrinaria, uniformizar las prácticas litúrgicas y desalentar un tipo de pastoral popular que había favorecido el desarrollo de la "Iglesia del Pueblo", cuyo accionar había generado honda preocupación entre los obispos.
Hacia fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, en el contexto de los cambios operados tanto en el ámbito de la política y la sociedad en nuestro país como a nivel de la Iglesia universal, las máximas figuras del catolicismo argentino darían paso a una estrategia diferente: una vez superada la crisis interna a partir de la subordinación y de disciplinar a los sectores "progresistas", se planteaba, para la Iglesia, el desafío de avanzar en la recomposición institucional a partir de una mayor inserción en el plano social.
En este sentido, cada vez fueron más (y cada vez más influyentes) los que advertían la necesidad de incorporar a la vida de la Iglesia, ahora despojados de sus implicaciones más peligrosas, algunos de los planteos que habían sido formulados por la corriente posconciliar.
59 Esa política integradora, que absorbía viejas demandas en el molde de una rígida ortodoxia doctrinaria que no dejaba ya lugar a aquellas "interpretaciones abusivas" a las que hiciera referencia monseñor Jorge Mejía, se vería favorecida en los últimos años del setenta por el creciente aislamiento político del régimen militar y por el notable giro que implicó para la Iglesia universal la llegada al pontificado de Juan Pablo II.
En el ámbito de la Iglesia Latinoamericana, estos cambios se expresaron en la Conferencia de Puebla, que en sus conclusiones no sólo denunciaba enérgicamente la "doctrina de la seguridad nacional" y a los distintos regímenes dictatoriales que la aplicaban sino que ponía el énfasis en una pastoral que debía 59 Zanatta: Historia de la Iglesia... caracterizarse por su dinamismo, por su compromiso con los sectores populares y por un activo rol del laicado.
Poco a poco, y cuando aún no habían cicatrizado del todo las heridas que habían desgarrado a la Iglesia argentina a lo largo de casi quince años, la jerarquía comenzó a encontrar en el fomento de la religiosidad popular, en una adecuada actualización de la cuestión social y en el desarrollo de la pastoral en determinados ámbitos, como el de la juventud, herramientas eficaces para avanzar en la construcción de un nuevo proyecto hegemónico. |
El objetivo de este encuentro, organizado por la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en conjunto con el Departamento de Filologías comparadas de la Universidad de Sevilla, fue reflexionar y debatir sobre las características, trayectoria e inserción de la producción literaria argentina escrita o editada fuera de su marco nacional.
Se planteó la cuestión desde un enfoque más amplio que el que correspondería a un mero "estudio de caso", por lo que se esperaba que las discusiones que tuvieran lugar pudieran arrojar luz sobre otros casos particulares y también sobre tópicos más universales como la complejidad e intersticios del multiculturalismo o el papel y destino de los intelectuales, sobre todo los transterrados, en la moderna (o posmoderna) sociedad globalizada.
El contexto de producción de esa literatura, y sus propias características, que la "descentran " -o le dan un carácter "excéntrico"-con respecto a los marcos y redes de legitimación literaria local -nacional-, tanto académicos como mediáticos, ofrecen una gran riqueza para un análisis literario de nuevo tipo -al que el encuentro pretendió ofrecer su aporteque coloque mayor énfasis en la difusa y a veces inasible realidad social actual, enmarcada en lo que muchos denominan globalización cultural.
Justamente si una parte de la literatura argentina se produce en otros contextos culturales y lingüísticos, se plantean nuevos espacios de hibridación, circulación e intercambios que ponen en cuestión el alcance y los presupuestos tradicionales que definen las fronteras del mapa literario nacional y sus relaciones con lo universal, lo hispánico y lo latinoamericano.
Por eso -y jugando con las paradojas-el tipo de análisis que este encuentro se propuso potenciar consistió en recolocar dicha producción "excéntrica" en el flujo mismo de la corriente local -nacional-lo que permite establecer nuevas comparaciones y asociaciones y sacar a la luz silencios y desfases temporales.
Y es más, puede facilitar reinterpretaciones, de la propia trayectoria del conjunto del corpus literario argentino, al menos el más reciente, y de sus vínculos con su propia tradición.
La operación de reincorporar al corpus local -nacional-y colocar en el centro del debate, la literatura argentina escrita en España, Francia, Estados Unidos e incluso en otros países latinoamericanos, en general negada o arrojada a los bordes, implica remover, una vez más, la ya tradicional tensión entre la búsqueda de lo universal que existe en lo local, y su contrario, tan propia de la literatura argentina y que Jorge Luis Borges convirtió en una de sus más importantes señas de identidad.
Esta problemática se actualiza alcanzando nuevos ribetes: dicha producción resulta marginal respecto de la literatura argentina, pero convive e interactúa vivamente con los debates surgidos en distintos centros culturales con respecto a los cuales se define también lo nacional.
De ahí que la literatura transnacional podría pensarse por una parte como un espacio fronterizo -lindero con lo central-de la propia literatura argentina y, por otro, como uno de los componentes multiculturales de las zonas centrales, con las que entabla distintos tipos de préstamos e intercambios, tensiones y debates.
Esta doble marginalidad traza un amplio arco que va desde los riesgos de invisibilidad e incomprensión tanto por parte del contexto de recepción como del de origen hasta el alcance de una rara ubicuidad que permite que otras escrituras argentinas tengan lugar con nuevos tonos, cadencias y mixturas genéricas, tal vez impensables sin este contacto.
Hija de exilios y migraciones, y por tanto de adaptaciones forzadas a otros ámbitos geográficos, la literatura argentina transnacional supone desplazamiento y, por tanto, una decisiva reelaboración de la experiencia de la distancia.
Gracias a ella, y por efecto de un mundo más globalizado, reformula, pero también continúa, en sus pliegues, en sus variaciones temáticas, en su mirada y en la propia hibridación de su lenguaje, tradiciones cosmopolitas con arraigo en la sociedad y en la literatura argentina.
Pero es sin duda su lugar, "fuera" pero mirando hacia un adentro, un adentro mediado y reinterpretado por una distancia afectiva, temporal y geográfica, el que ubica a esta heterogénea literatura en un especie de polo opuesto, a la vez que complementario, de aquellas otras corrientes que formando parte del canon nacional hacían uso de un particular tipo de "extrañamiento".
Las discusiones de este encuentro, centradas en el análisis de lo transnacional, pueden ser consideradas como un primer paso en la ela-boración de hipótesis y conclusiones que signifiquen un aporte al debate teórico sobre el multiculturalismo, los intelectuales en el exilio y los subproductos, a veces paradójicos, de la "globalización cultural".
El encuentro ha sido coordinado por Ricardo González Leandri, de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y Carmen de Mora de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.
Contó además con el apoyo del CSIC, la Dirección General de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, de la Diputación de Sevilla y el Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Las ponencias presentadas en el encuentro, cuyos títulos pueden verse en el programa adjunto, podrán a su vez ser escuchadas en la página web de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos: http:/www.eeha.csic.es. |
mañana habrá que trazar unos signos, dibujar un paisaje, tejer una trama sobre la doble página del papel y del día.
Mañana habrá que inventar, de nuevo, la realidad de este mundo.
En este año, en el que se conmemora el Quinientos aniversario del avistamiento del océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, nos propusimos contribuir a las diversas actividades científicas que se están celebrando con la realización de este dossier.
No fue tarea fácil elegir un tema que, a nuestro parecer, no hubiera sido tratado con anterioridad en la historiografía publicada en España, siendo conscientes -además-del buen número de congresos, conferencias y nuevas aportaciones que, dedicados al descubridor y al océano, se están efectuando a lo largo de 2013.
A ello se unían los criterios editoriales con que el Anuario de Estudios Americanos especifica la extensión de estos dossiers, debiendo restringirse el número de artículos a cinco como máximo.
Dificultades que el lector, benevolente, sabrá disculpar.
Cantaba el nobel mexicano Octavio Paz, quien tantos días pasó a orillas del Pacífico, la necesidad de «trazar unos signos, dibujar un paisaje», de bosquejar un mapa con el que «inventar de nuevo la realidad de este mundo».
Así, en este sentido, nuestro objetivo ha sido que los capítulos que componen el dossier quedasen engarzados por tan poético hilo conductor: el viaje, los mapas, la búsqueda de rutas, el afán por conocer -y reconocer-el océano Pacífico, como inventores de la realidad.
En los artículos presentados se plantea una revisión actualizada de diversas campañas de conocimiento y derrotas transpacíficas a lo largo del tiempo, desde las exploraciones del siglo XVI hasta las campañas interdisciplinares de investigación sobre el cambio global.
El lector encontrará cuestiones poco frecuentes y otras algo más conocidas, pero abordadas desde nuevas perspectivas, con las que pretendemos descubrir de nuevo este viejo océano.
En la memoria geográfica de Occidente, el estrecho de Magallanes ha sido la vía natural de acceso a la Mar del Sur.
Todo un entramado de isleos y canales entre un océano y otro, objeto de máximo interés para las políticas colonialistas, las cuales concibieron la cartografía como uno de los instrumentos más efectivos para el control del territorio.
Abre el monográfico el trabajo de Rodrigo Moreno dando cuenta del proceso de aprehensión espacial al que fue sometido el estrecho durante de la Edad Moderna.
Las experiencias de los viajeros y la colección ordenada de los reportes y descubrimientos fue factor fundamental en el desarrollo de una imagen cada vez más ajustada del pasaje de Magallanes.
Con el análisis del desarrollo cartográfico regional, focalizado en este enclave y durante un largo periodo de tiempo, se evidencia cómo la transmisión y validación de las nociones territoriales se conjugaron en la elaboración de una imagen dinámica de la geografía, quedando esto palmariamente ejemplificado en el derrotero presentado por el doctor Moreno.
En el análisis de esta pieza se evidencia la concatenación de empresas cartográficas durante dos siglos, como parte de un proyecto humano por el conocimiento que superó las barreras nacionales.
En la construcción del espacio, las imágenes producidas por los viajeros fueron tan importantes como el eco que sus viajes dejaron en la historia y en la memoria colectiva.
El segundo artículo aborda desde esta perspectiva la circunnavegación de sir Francis Drake, el primero que tras Magallanes y Elcano completó la vuelta al mundo.
La figura del corsario ha sido tratada desde muy diversos puntos de vista y la bibliografía es inmensa.
No obstante, la originalidad del trabajo presentado por los coordinadores del dossier se centra en dos aspectos tocantes a la elaboración del imaginario acerca del inglés y su derrota.
En un primer apartado, el viaje de Drake es leído desde la cartografía, analizando su experiencia como un JOSÉ MARÍA GARCÍA REDONDO Y CONSUELO VARELA factor activo en la producción de cartas, no sólo como informante de nuevas geografías, sino como artífice de la representación del ensanche del mundo.
Seguidamente, cobran protagonismo las imágenes literarias del corsario en el Siglo de Oro de las letras castellanas donde, contrariamente a lo que se pueda sospechar, fue cantado como un valeroso y elegante caballero.
En ambas formas de representación se ponen de manifiesto las tensiones y los intereses particulares en la descripción de la geografía y en la escritura de la historia.
No parece que el viaje de Drake fuera el acicate para que una sociedad de inversores obtuviera, el 31 de diciembre de 1600, la Carta Real de la reina Isabel I que garantizaba el monopolio del comercio con la India a la Honourable East India Company (HEIC).
Sí, en cambio, fueron los viajes de varios marinos holandeses destinados a localizar nuevos enclaves que sirvieran como factorías mercantiles, los que darían origen a la creación de la Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).
Al estudio de estos viajes y a las causas que motivaron las expediciones neerlandesas a Nueva Guinea y el Pacífico, dedica su trabajo la doctora Ana Crespo.
Tras un dilatado trabajo de archivo en los fondos documentales de la VOC, Crespo analiza la importante presencia holandesa en el Pacífico, potencia que desbancó a portugueses y españoles en el control del Oriente hasta la llegada de los ingleses.
En sus páginas rescata, entre otros, los reconocimientos de Willem Janszoon (1605), de Dirk Hartog que en 1616 llegó a Australia y, con especial detenimiento, el de Abel Janszoon Tasman que arribó a la isla denominada de Van Diemen (Tasmania) y a Nueva Zelanda, logrando cartografiar las costas de Australia, a la que los holandeses denominaron «Nueva Holanda» y «Nueva Zelanda».
La transición de este gran océano, desde su disputa entre las potencias europeas hasta la construcción de los diversos mares nacionales, es representada detalladamente en el estudio de la Hidrografía de Chile por el doctor Rafael Sagredo.
El artículo revela las agendas políticas de los imperios español y británico en una temprana fase de mensura hidrográfica a lo largo del siglo XVIII, principalmente a cargo del piloto José de Moraleda y Robert Fitz-Roy, primer lord del almirantazgo.
Frente a ello, ya en el siglo XIX, se presenta la precepción inmediata de sus aguas que experimentó la Armada chilena, personificada en las empresas del comandante Roberto Simpson, como parte del proceso de cimentación del espacio nacional tras la independencia.
La elaboración de una cartografía ajustada y precisa del Pacífico meridional, en especial entre Chiloé y el estrecho de Magallanes, PRESENTACIÓN: EL PACÍFICO: NUEVAS INTERPRETACIONES DE UN VIEJO OCÉANO participó activamente de las estrategias territoriales para hacer frente a las amenazas y tensiones soberanistas, con el consecuente correlato en la protección de los intereses comerciales y la explotación de los recursos naturales.
Cierra el dossier el trabajo de la doctora Sandra Rebock, que nos embarca a bordo de una empresa transpacífica realizada en los últimos años: La Expedición Malaspina 2010.
Evocando la derrota de Alejandro Malaspina y José de Bustamante, entre 1789 y 1794, al servicio del rey de España, un equipo interdisciplinar pilotado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas realizó, entre diciembre de 2010 y julio de 2011, una nueva campaña científica con el propósito de analizar el impacto del cambio global en los océanos y explorar la biodiversidad.
Durante los seis meses que duró el viaje de circunnavegación del Hespérides, un barco de la Armada española, y del Sarmiento de Gamboa, operado por el CSIC, el océano Pacífico se convirtió en el gran campo de muestreo para los cerca de doscientos cincuenta investigadores que componían la expedición.
Y aunque aún no se ha sistematizado en su totalidad el ingente volumen de información compilada, esperándose su puesta en valor a lo largo de las próximas décadas, el gran número de muestras recogidas y de investigaciones en curso dan buen ejemplo del éxito de esta misión internacional.
En definitiva, las experiencias y los recuerdos, los memoriales y los mapas, los viajes y los viajeros, nos invitan a reflexionar acerca de cómo se escribió y se pensó el océano Pacífico y cómo hoy nosotros lo percibimos y analizamos.
Detrás de cada imagen y en las líneas de todo relato, subyacen inconscientes las pulsiones por conocer y controlar el mundo.
Cambian las formas, cambian los instrumentos, pero permanece el ser humano ante el inconmensurable océano.
JOSÉ MARÍA GARCÍA REDONDO Y CONSUELO VARELA |
El estrecho de Magallanes fue uno de los territorios que mayor atención despertó en los cartógrafos de los siglos XVI y XVIII.
De hecho, para el caso chileno, junto a Chiloé y Valdivia, el territorio magallánico es el más importante en cuanto a representación geográfica, siendo razones de navegación así como estratégicas las que explican la gran cantidad de fuentes cartográficas existentes en archivos públicos y privados nacionales como extranjeros.
El presente estudio da a conocer una nueva pieza que forma parte de un derrotero que se conserva en el Archivo de la Marina de Guerra del Perú, cuya datación aproximada es de comienzos del siglo XVII, aunque con representaciones geográficas del siglo anterior.
Magallanes es el territorio del que mayor documentación cartográfica colonial se conserva en Chile.
De hecho, tras el pionero y clásico Ensayo acerca de una mapoteca chilena, de José Toribio Medina,1 en los tiempos modernos, el primer estudio a modo de corpus monumental que se realizó en dicho país fue la magnífica Cartografía Magallánica 1523-1945, publicada por Mateo Martinic en 1999,2 la cual, junto con poner justicia a la importancia de dicho territorio en la historia, dio el impulso necesario para que tras esta obra otras investigaciones continuaran el derrotero de buscar, catastrar y poner en valor la documentación cartográfica existente para territorios de alto valor estratégico como Chiloé y Valdivia.
3 Ahora bien, la travesía de Magallanes en 1520, una década y media antes de que las primeras exploraciones marítimas recorrieran Chile central, permitió identificar y representar el territorio austral del recién descubierto Océano Pacífico casi un cuarto de siglo antes de que el resto del territorio comenzara tímidamente a ser incluido en la cartografía del Nuevo Mundo que avanzaba desde el norte hacía el sur.
4 Si bien el mapa esquemático de Antonio Pigafetta, podría ser considerado el primer antecedente cartográfico del descubrimiento del estrecho,5 de seguro hubo bosquejos confeccionados por los pilotos de la referida expedición, sin embargo, como fue frecuente en la historia de la cartografía náutica, dichos apuntes y notas no llegaron hasta nosotros.
No obstante, una pieza atribuida a Sebastián Elcano, posiblemente realizada tras su viaje, sería con el dibujo de Pigafetta la representación preliminar más antigua del estrecho de Magallanes.
6 En este sentido, y siguiendo a Martinic, terminada la empresa de Magallanes-Elcano, el primer mapa que hace alusión concreta al estrecho se realizó en 1523, es decir, apenas tres años después del magno descubrimiento.
El documento está inserto en el planisferio denominado Padrón Real de Turín, de autor desconocido, y que se conserva en la Biblioteca Real de dicha ciudad.
7 Esta obra, que es copia de una realizada en Sevilla por orden de la Casa de la Contratación, recogió con bastante precisión la información de los sobrevivientes de la expedición que regresaron a la capital andaluza el 9 de septiembre de 1522.
8 Desde aquel momento, fueron numerosas las representaciones del estrecho en la cartografía del siglo XVI, llegando a un número superior al centenar las cartas y mapas de un territorio de alto valor estratégico para la navegación hispana hacia Oriente, así como la conexión natural hacia la costa americana del Pacífico sur y norte de los dominios castellanos.
Sin embargo, estas representaciones cartográficas no coincidieron con un perío do de exhaustiva investigación de las costas y de la realidad geográfica del paso austral, siendo en muchos casos, una simple idealización de un estrecho que separaba el Nuevo Mundo de la mítica Terra Australis.
De hecho, desde el Atlántico, sólo se registran hasta la mitad del siglo XVI cuatro expediciones españolas con suerte dispar, siendo la del obispo de Plasencia, liderada por Francisco de Camargo en 1540, la única que entregó algunas noticias complementarias al viaje de Magallanes, pero en ningún caso relevantes para realizar nuevos levantamientos geográficos de interés.
9 Es decir, el camino al Mar del Sur o Pacífico, si bien fue representado cartográficamente a partir de la gesta de Magallanes y su expedición, poco se hizo por avanzar en el conocimiento de un paso que requería un buen soporte cartográfico para poder sortearlo con éxito.
Tampoco ayudó en demasía a la historia de la cartografía magallánica los intentos que se hicieron a partir de 1553 para explorar la costa occidental austral desde la gobernación de Chile, y que permitió la navegación de Hernando Gallego primero y luego la de Juan de Ladrillero en 1558, sin embargo, algunas noticias de ambas expediciones quedaron reflejadas en la cartografía que por entonces era elaborada en Sevilla.
Así al menos queda demostrado con la influencia de las noticias de Ladrillero en las correcciones al mapa de Sancho Gutiérrez confeccionado inicialmente en 1551.
10 Desde la perspectiva española, la expedición que en el siglo XVI realizó la más importante contribución cartográfica del estrecho fue la de Pedro Sarmiento de Gamboa quien, en su viaje de exploración de 1579 y 7 Martin, 1993, 89.
8 Martinic da una posible atribución a Diego Ribero, siempre y cuando el plano se hubiese confeccionado en Sevilla a principios de 1523.
Fue con el naufragio del capitán Argüello y sus compañeros, en que se dio inicio al clásico imaginario de la Ciudad de los Césares.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.02 1580, y luego en su proyecto fundacional, realizó importantes aportes al conocimiento detallado de las costas de dicho paso austral, tal como se señala en la edición española de su viaje, «La descripción que hace del Estrecho de Magallanes se contempla mui instructiva y útil a los navegantes, porque no solo da la configuración de los Montes, sino que señala mui prolixamente las corrientes, sondas, Ríos, Ensenadas y Puertos que en él se hallan, informando de los parages que vio poblados, como de sus moradores».11 Lamentablemente, tampoco fue mucho lo que se pudo aportar a la cartografía del momento, como se confirmaría en la edición del viaje de Sarmiento de 1768, aún en aquella época se tenía noticia de que existían «cartas de marear que formó el mismo Sarmiento, pero por más diligencias que se han hecho, no se ha podido descubrir su paradero».12 Dado lo anterior, para la historia de la cartografía, trascendieron de mejor forma las figuras de los navegantes ingleses Francis Drake en 1578 y Thomas Cavendish en 1587, quienes demostraron que el hito magallánico tenía alta importancia para las potencias emergentes que estaban prontas a disputar la supremacía del Pacífico al Imperio español, y cuyas noticias se divulgaron con mayor facilidad entre los cosmógrafos de su tiempo.
En el caso de Drake, la expedición si bien no realizó una exhaustiva exploración geográfica del estrecho, dado la rapidez con que surcó el paso en tan solo diecisiete días, aun así legó de manera significativa a la toponimia magallánica la isla de Elisabeth y los islotes vecinos de St. Georges and St. Bartholomew, entre otras referencias que perduraron en el tiempo.
13 Además, tras la proeza en el estrecho, su hallazgo más significativo fue el cruce por el sur de Tierra del Fuego, el que si bien no pudo surcar de occidente a oriente, su referencia marcó la toponimia cartográfica del futuro.
Lamentablemente no quedaron vestigios cartográficos de manos del avezado navegante, aunque los testimonios de su paso al Mar del Sur fueron representados por la cartografía del siglo XVII y, además, fueron referidos en el relato del Francis Fletcher acerca del viaje, sumando un mapamundi que puso en evidencia no sólo la travesía del estrecho y el descubrimiento del paso por el sur, sino toda la circunnavegación que, por segunda vez en la historia de Occidente, realizaba un navegante.
Además, era la primera ocasión que un inglés surcaba las aguas del Pacífico.
14 En cuanto a la expedición de Cavendish, inglés célebre por el hallazgo de los restos de la ciudad del Rey Don Felipe, quedó de manifiesto la voluntad del navegante por conocer en profundidad el territorio y perpetuar la memoria de su exploración del espacio geográfico.
De ahí que en dicha empresa realizada en 1587 legase importantes topónimos a la geografía magallánica, algunos de los cuales hoy perduran con gran relevancia como, por ejemplo, Port Famine,15 el sitio donde estaba emplazada la fallida fundación de Sarmiento; Froward16 el estratégico cabo occidental que antes se llamaba Morro de Santa Águeda, y Port Gallant, la caleta en la ribera norte del estrecho.17 Estos topónimos se conocieron por primera vez en un mapa del estrecho datado en 1588, siendo hasta la fecha el único mapa del territorio atribuido a este corsario inglés.
18 El propio Cavendish intentó una segunda empresa en abril de 1592 sin mucha fortuna, pues se volvió a encontrar con los hitos geográficas aludidos, aunque esta vez no pudo cruzar a la boca occidental, viéndose obligado a regresar a Europa falleció en la travesía en el verano de dicho año.
Muchas otras expediciones extranjeras fueron las que surcaron las aguas del estrecho, entre ellas la del corsario inglés Richard Hawkins, quien exploró al sur del cabo Froward, o la del neerlandés Simón de Cordes, quién bautizó la bahía de Ridder y la que lleva su nombre.
19 En esta última expedición, destacó el trabajo realizado por el piloto Jan Outghersz, quien tras nueves meses de permanencia en el estrecho hizo grandes contribuciones a la cartografía, en especial, con la primera carta particular de Magallanes, titulada Fretum Magellanicum y publicada más tarde en varias ediciones.
20 De igual forma, el almirante Olivier van Noort, también incursionó en el estrecho, cuya expedición dejaría huella por ser el primer neerlandés en circunnavegar el mundo y el cuarto tras los antes referidos Magallanes-Elcano, Drake y Cavendish.
El viaje de van Noort, que no estuvo exento de sobresaltos, finalizó el 1601, tres años después de haber iniciado la campaña y solo con una nave de las cuatro que habían inicialmente emprendido la travesía.
Felizmente este viaje dejaría información en cuanto al paso por Magallanes, lo que permitió a cartógrafos y editores holandeses representar el mundo austral y el estrecho en específico sobre una serie de mapas de la época.
A propósito de lo anterior, en el siglo XVII se experimenta un aumento de la producción cartográfica del territorio magallánico, coincidente con la importancia que va adquiriendo el estrecho en la navegación ultramarina española, así como de las potencias emergentes.
De igual forma, los importantes descubrimientos del estrecho de Le Maire y el cabo de Hornos, a partir de la expedición de Schouten y Le Maire en 1616, dieron aún mayor realce a la navegación austral.
De hecho, este hallazgo, desde la óptica de la cartografía, en nada afectó el interés por el estrecho de Magallanes, porque el nuevo descubrimiento de los neerlandeses se enmarcaba en el entorno magallánico y de la Tierra del Fuego y, por lo tanto, las nuevas representaciones reemplazaron paulatinamente la infaltable Terra Australis por una Tierra del Fuego circunnavegable.
Esto se hizo de manera especial con el viaje de los hermanos Nodal, cuyo relato y representación cartográfica, delineada por Pedro de Teixeira de Albernaz y grabada por Juan de Courbes, apareció publicada en 1621, rebautizando el paso Le Maire como de San Vicente y a Hornos como San Ildefonso, nueva toponimia que no prosperó en la cartografía de su tiempo.
21 Entre las expediciones que continuaron en el siglo XVII, fuera de las ya mencionadas para el caso del cabo de Hornos, la del almirante Joris van Spilbergen en 1615 tuvo gran importancia para la navegación ultramarina por tratarse del segundo neerlandés que concretó la circunnavegación al globo.
En cuanto a su recorrido por el estrecho de Magallanes, un plano de 1619 dejó testimonio de su paso por las islas de los Pingüinos, parada habitual para los marinos de su tiempo que buscaban allí reaprovisionamiento, así como la incorporación de nueva toponimia en el sector noroccidental.
22 Posteriormente, otras expediciones surcaron las aguas australes aunque pasaron al Pacífico por el referido cabo de Hornos.
Tal fue el caso del Almirante neerlandés Jacobus L'Hermite, quien realizó importantes reconocimientos geográficos en el entorno del mencionado cabo, descubriendo 21 Nodal, 1621, 28-40.
RODRIGO MORENO JERIA y bautizando el golfo de Nassau y explorando las islas del sur del actual canal Beagle.
Avanzando en el siglo, el estrecho de Magallanes había sido sembrado con importantes topónimos que permanecieron a través de tiempo como parte del conocimiento cartográfico, sin embargo, la navegación por el mismo se había hecho poco habitual, siendo evidente el interés que despertaba en los marinos de su tiempo el paso por el sur, como alternativa más segura y rápida.
No obstante lo anterior, fue en 1670, con el arribo del capitán John Narborough cuando nuevamente el estrecho cobró más importancia, puesto que esta vez el nuevo expedicionario tenía por misión hacer un levantamiento cartográfico e hidrográfico del paso, con el fin de posibilitar la navegación futura de las naves británicas, y la posible toma de posesión del mismo.
El capitán John Narborough era un inglés originario de Norfolk que, antes de realizar sus incursiones por los mares australes, había sido héroe en la segunda guerra anglo-holandesa, entre 1665 y 1667.
Comisionado por el almirantazgo, asumió la misión de emprender una travesía al estrecho de Magallanes y a la costa del virreinato del Perú con dos naves, el navío Sweeptakes y el pingüe Bathelor, cuyo objetivo era entablar posibles relaciones económicas, además de hacer reconocimiento de los territorios australes y la costa del Pacífico sur de América.
23 De hecho, las instrucciones recibidas dejaban en claro los fines pacíficos de la empresa: «No debía tocar puertos ni poner gente en tierra, a menos que hubiera una necesidad apremiante, hasta que avanzara más allá del Río de la Plata, y que hiciese daño a ningún español con quien se encontrara ni se metiera en cualquier lugar que tuviese poblado».
24 La expedición zarpó en septiembre de 1669 desde Inglaterra y, tras haber hecho un reconocimiento de la costa oriental patagónica, específicamente en Puerto Deseado y San Julián, arribó a Magallanes el 22 de octubre de 1670.
Para entonces, ya se había perdido contacto con el pingüe, por lo que el Sweeptakes quedó como la exclusiva embarcación de la empresa.
Durante un poco más de un mes, Narborough dispuso un reconocimiento exhaustivo de Magallanes, realizando sondajes y elaborando una carta de navegación que sin duda sería de mucha utilidad para las futuras navegaciones.
Mientras duró su estadía se bautizaron algunos hitos geográficos, como por ejemplo, Sandy Point, que para entonces aún era conocido como cabo de San Antonio, según la expedición de Sarmiento, y que desde ahora se impondría sin mayores cuestionamientos, a tal punto que con los años el lugar terminó por castellanizarse como Punta Arenas.
De igual forma, la bahía Oosy u Oasy fue bautizada por el navegante inglés, topónimo que perdura hasta nuestros días, junto a otros ejemplos de la toponimia magallánica.
25 Tras un mes de exhaustiva exploración, así como de contacto con indígenas del lugar, el capitán inglés pudo realizar un notable levantamiento cartográfico con los referidos sondajes, mediciones e identificación de fondeaderos.
26 Narborough abandonó el paso por la boca occidental el 26 de noviembre de 1670, continuando el viaje hasta Valdivia, lugar donde finalmente se vio interrumpido el proyecto original dado que las autoridades locales retuvieron a algunos tripulantes de la expedición, entre ellos un español, que habían descendido a tierra pacíficamente.
La incomprensión y sospecha de la misión del inglés hacía impracticable el éxito de la empresa en cuanto a los objetivos iniciales, por lo que Narborough decidió poner fin a la misma y emprender rumbo nuevamente hacia Inglaterra.
27 Valga sí hacer notar que al regreso, queda de manifiesto en los escritos del navegante, que si bien la misión era exploratoria, no era estrictamente pacífica en sus intenciones futuras, puesto que se planeaba tomar posesión efectiva de tierras magallánicas y de Valdivia, ciudad que tenía fama por sus riquezas auríferas cercanas.
28 Al regreso, Narborough elaboró los informes y sus convicciones acerca del futuro de Inglaterra en Magallanes y la costa sur de Chile, para lo cual concluyó satisfactoriamente planos realizados en el estrecho y que se convirtieron en la mayor realización cartográfica de su tiempo.
Aunque hubo omisiones e imperfecciones, en especial en la costa noroccidental fueguina, los levantamientos de Narborough así como su vasta toponimia que llegó a cuarenta nombres que Martinic y Moore identifican en una acuciosa investigación realizada en 1982, fue un aporte insuperable para la época.
Una parte no menor de los topónimos sobrevivió al tiempo, a las futuras navegaciones y a los trabajos hidrográficos.
Sin embargo, recientemente se han realizado nuevos hallazgos de documentos y cartografía relativos a su expedición, lo que abrirá nuevas perspectivas del viaje y de sus consideraciones técnicas.
30 Con relación a las cartas manuscritas del estrecho, John Thorton realizó la impresión de un mapa del estrecho con las noticias geográficas e hidrográficas en 1671 que rápidamente se dio a conocer en los círculos cartográficos y marítimos.
Para entonces España ya tenía conocimiento de dicho viaje y de las importantes indagaciones que había hecho Narborough en Magallanes, así como una peligrosa toma de posesión tanto de la costa patagónica como de Tierra del Fuego.
De allí que surgió la necesidad de realizar incursiones hispanas desde el virreinato del Perú para marcar soberanía sobre un territorio y paso austral que había tenido poco uso en una buena parte del siglo.
En cuanto al plano publicado, que se titula A New Mapp of Magellan Straights discovered by cap. John Narbrough (sic), éste representa en detalle la geografía del estrecho con un notable progreso con respecto a lo que se conocía a la fecha.
Además, agregó un mapa del extremo sur de América para que se pudiese comprender y contextualizar geográficamente el hito particular que era el paso de Magallanes en toda su dimensión.
Fuera del anterior, y junto con aportar la referida toponimia, incluye elementos de análisis de gran interés como un bosquejo del tipo de chozas donde habitaban los aborígenes en la Patagonia, así como también, especies animales propias del territorio, como el guanaco y el ñandú, noticias de alto valor científico que rompen la decorativa imaginaria presente hasta el siglo XVII.
31 Posterior a la empresa de Narborough, los españoles intentaron consolidar la dominación del estrecho, con las expediciones de Bartolomé Díaz Gallardo en 1674, Antonio de Vea y el propio Díaz en 1675, y Pascual Uriarte en el mismo año, todos desde Chiloé.
32 Sin embargo, ninguno pudo arribar con éxito a Magallanes aunque sí quedó testimonio cartográfico en el Derrotero del Mar del Sur, que actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de Perú en Lima el cual, si bien está datado en 1730, contiene mapas de 1676, fruto de las duras incursiones realizadas por los canales 30 La British Library ha anunciado recientemente la incorporación de nuevos documentos a la colección que incluyen entre otros, mapas de Puerto Deseado y Valdivia.
31 John En los últimos años del siglo XVII no hubo mucha actividad en cuanto a la exploración y navegación en el estrecho, Si bien se conoce la presencia de piratas de origen inglés y francés, poco se pudo sumar a lo que tan brillantemente había realizado Narborough.
Diversos vestigios toponímicos evidencian que algunos navegantes hicieron incursiones o fondearon en algunos puntos determinados en el estrecho.
35 Si bien hubo otras navegaciones y exploraciones menores por el estrecho en los últimos años del siglo, la ausencia de navegaciones exploratorias más exhaustivas no significó una merma en la producción cartográfica, pero ésta continuó repitiendo o complementando la información que, hasta fines de siglo, circulaba en los centros de conocimientos e información, principalmente en los territorios que coincidentemente disputaban a España la supremacía del océano Pacífico, es decir, Inglaterra y Francia.
Frente a este escenario, resulta de sumo interés la cartografía manuscrita que aún se conserva para este período, contenida en los derroteros náuticos que, dispersos en diversos repositorios contienen valiosa información sobre el estado del conocimiento magallánico a principios del siglo XVIII.
El análisis de uno de estos corpus documentales y cartográficos, concretamente, para el caso del estrecho de Magallanes, permite observar de qué manera los viajes y exploraciones realizados en los siglos XVI y XVII, en especial los trabajos de Narborough, influyeron en las cartas manuscritas que los pilotos utilizaban en sus viajes por el referido estrecho y de qué forma había evolucionado la compleja toponimia del territorio.
El derrotero conocido como Derrotero Inglés, resguardado hasta hoy en el Archivo Histórico de la Marina de Guerra del Perú, es una de las joyas cartográficas más importantes conservadas en América del Sur y que sólo fue conocido por el mundo académico hispano a partir de 1988, cuando Jorge Ortiz Sotelo lo publicó en su obra Un Derrotero Inglés de las Costas 33 Ortiz Sotelo, 1993.
La carta que representa el estrecho es la más precaria, prueba de que no pudieron alcanzarlo, y por lo tanto, se basaron en mapas que circulaban a mediados de siglo en los derroteros españoles.
36 La existencia documentada de este manuscrito se remontaba a la segunda mitad del siglo XIX cuando el médico escocés Jacob Dickson Hunter, residente en Arequipa, lo adquirió en fecha y lugar no precisado con exactitud.
37 Posteriormente esta fuente pasó a manos de Edmundo Escomel, amigo de Hunter, quien a su vez lo donó al Presidente Augusto Leguía en 1925.
Éste lo dejó en manos de la Marina de Guerra del Perú, que lo conservó en el Museo de la Institución al interior de la Escuela Naval, aunque en 1981 pasó a formar parte del Archivo Histórico de la Marina, en San Isidro, Lima, donde actualmente se conserva.
38 El manuscrito consta de 58 fojas por verso y reverso, representa la costa del norte de México, específicamente Acapulco, hasta el Río de la Plata, incluyendo una carta general de la costa señalada, y está acompañado de instrucciones de navegación, todo en ello en inglés.
39 En cuanto al estrecho de Magallanes, tema de nuestro interés, se presenta una carta completa y detallada que ocupa las fojas 46r y 47 y, que a diferencia de todas las otras bahías y puertos, el detalle de la representación es, para su tiempo, muy completo y detallado.
Inspirándose claramente en la carta de Narborough de 1670, tiene el valor de que, en vez de haber simplemente incorporado aquella al derrotero, se delinea de la misma forma y estilo que el resto de las cartas que componen el corpus general, lo cual demuestra que el autor tuvo en su mano noticias directas del capitán inglés, pero que complementó con la propia experiencia de la navegación, cuya síntesis era los derroteros que pretendían ser referencias efectivas para la navegación segura en el Mar del Sur y la costa patagónica oriental.
En cuanto a la fecha de elaboración del derrotero, por la propia influencia de Narborough, quien navegó por mares australes en 1669, y por referencias posteriores a la navegación de Bartolomé Sharp y Basil Ringrose de 1682 y la de Jacques Gouin de Beauchene en 1701, la datación que se ha propuesto hasta la fecha es de 1702 ó 1703, aunque es claro que al derrotero se le agregó información posterior, como por ejemplo, las variaciones magnéticas indicadas en el documento, que corresponden, en algunos casos, a los años 1703 y 1704.
Como bien identificó Ortiz Sotelo, el uso de otra tinta en dicha información así como también en otras hojas con algunos detalles de la información geográfica, hacen pensar que este 36 Ortiz Sotelo, 1988.
37 Se habla que pudo ser adquirido en Mollendo.
39 Archivo Histórico de la Marina de Guerra del Perú (AHMGP), Fondo Derrotero Inglés, 7.
Ahora bien, hay que agregar a ello, otro elemento de interés en relación con el conocimiento geográfico de las costas del Pacífico y en especial con las del extremo meridional.
Ahí claramente se observa que las cartas relativas a Valdivia y a Chiloé corresponden a la cartografía de la segunda mitad del siglo XVII.
Por lo que es altamente probable que en el derrotero, al ser una sumatoria de experiencias de navegación comentadas por el mismo autor del documento, para las costas de Chile utilice material del siglo anterior, en especial los que en Inglaterra se conocieron en 1682 a raíz de la captura de galeón español Santo Rosario, con su valioso derrotero por parte de Sharp, y que significó la elaboración de copias como las de Basil Ringrose y las de William Hack.
40 En suma, tanto por la información geográfica contenida en el propio documento así como también porque corresponde a una tipología propia de la segunda mitad del siglo XVII, la datación final no pudo pasar de 1707 si se consideran las últimas anotaciones al texto desde 1703.
Ahora bien, en cuanto a la autoría, es imposible asignarle una firma específica a una persona, tomando en consideración de que la particularidad de dichos documentos es que correspondían a síntesis de información recogida de diversas fuentes, pero también es efectivo que todo piloto tenía su propio derrotero que corregía y mejoraba para las navegaciones futuras, por lo que el objetivo hasta la fecha ha sido dilucidar la posible pertenencia de tan importante documento.
En sus primeras investigaciones, Ortiz Sotelo definió que el documento había pertenecido a la expedición de William Dampier, iniciada en 1703 y que había finalizado con su captura por parte de holandeses en el caribe en 1705,41 aunque no pudo resolver la hipótesis de la posible autoría o propiedad del mismo.
Sin embargo, recientemente dicho autor, gracias al hallazgo de importante documentación relativa a la expedición, ha planteado una nueva hipótesis acerca de que el autor del derrotero en su versión original fuese el marino escocés Alexander Selkirk, piloto de la Cinque Ports, quien fue abandonado en 1704 en la isla Más a Tierra frente a la costa de Chile, sobreviviendo casi cinco años en el lugar.
42 Ahora bien, cómo llegó el documento a Perú sigue siendo un mis-terio sin resolver, aunque todo indica que perteneció a la referida nave perdida en las costas del virreinato.
En cuanto a la representación del estrecho de Magallanes sigue claramente la influencia del capitán Narborough, mejorando ostensiblemente la calidad cartográfica de los derroteros de Ringrose y Hack, quienes se basaron en una carta española de menor calidad.
De allí que la idea de síntesis, propia de los derroteros de aquella época, se observe con claridad en beneficio de un mejor conocimiento de las costas y de una navegación más segura para los pilotos y de los cientos de vidas que estaban bajo su responsabilidad.
43 Lo expuesto demuestra que para la confección de estas cartas náuticas, se requería una minuciosa búsqueda de antecedentes cartográficos y, cuando éstos no eran seguros o simplemente inexistentes, lo principal era evitar riesgos y navegar distantes de la costa desconocida.
De hecho, el autor del documento estaba bastante bien informado sobre el conocimiento de la zona que comprendía la isla de Guafo, al sur del archipiélago de Chiloé, y el cabo Victoria, en la boca noroccidental del estrecho de Magallanes.
Este problema era extensivo a los españoles y sólo pudo comenzar a ser correctamente explorado a fines del siglo XVIII y durante buena parte del XIX.
De hecho, basta recordar las referidas exploraciones hispanas desde Chiloé a Magallanes, las que habían fracasado sólo unas pocas décadas antes de la confección del derrotero por la gran dificultad que generaba la navegación por los mares australes.
Respecto al estrecho, la descripción geográfica se realiza desde nororiente comenzando con el cabo Vírgenes, que el autor denomina Virgen María, siguiendo el error de Narborough.
Posteriormente realiza un detallado relato acerca de la navegación en la referida boca oriental que, a la luz de los conocimientos de la época y comparados con los actuales, identifican 43 AHMGP, Fondo Derrotero Inglés, 44v.
RODRIGO MORENO JERIA de manera bastante certera los peligros que significaba la navegación en dicho lugar.
44 El relato avanza al segundo y tercer estrecho en que se advierten los peligros de la navegación nocturna y de los fuertes vientos del suroeste, para lo cual se hace referencia a las posibilidades de sortear de buena forma el inconveniente, citando la isla Reina Isabel como un buen lugar donde fondear, aunque «Queens Elisabeth Island is a very good Harbour but has neither Wood nor fresh water».
45 En cuanto a esta primera descripción, todos los sondajes que fueron realizados en la expedición de Narborough son replicados en la carta anónima pero resumiendo una buena parte concordante con la escala del mismo, sin embargo, son reproducidos con exactitud los bajos y otras referencias relevantes para la navegación.
En cuanto a los topónimos, no hay sustanciales diferencias, confirmándose en gran medida el origen inglés de los mismos aunque con una variación importante: fuera de la toponimia específica del estrecho, no hay alusión a los territorios que le circundan, respetándose las clásicas denominaciones de Patagonia al norte y Terra del Fuego [sic] al sur, distanciándose de la denominación política contenida en la carta de Narborough, ya que a la Tierra del Fuego le suma el nombre de King Charles Southern Land, la concordancia con la edición impresa dedicada al monarca y la toma de posesión que, tal como se refirió, hizo el marino inglés en ambas costas del estrecho.
El resto del documento vuelve a consolidar las principales referencias toponímicas del siglo XVI y las que pudo añadir Narborough en sus cartas manuscritas, así como también en la edición impresa de Thorton.
Se hace alusión, por ejemplo, a las fuertes tormentas y vientos que hay en la parte occidental, lo que hace recomendable la navegación cercana a la costa de Tierra del Fuego.
46 En suma, este derrotero manuscrito nos presenta un conocimiento acabado del estrecho de Magallanes, acorde a las últimas noticias que el autor pudo recabar para el buen cometido, de una navegación segura y fructífera.
La expedición de Dampier y, específicamente, los pilotos que la componían enfrentaron el desafío de surcar el estrecho con las mejores herramientas del siglo, las cuales superaban con creces las que los bucaneros podían tener para ese mismo tiempo.
De hecho, el derrotero de Ringrose en lo que se refiere al estrecho de Magallanes nos muestra que, hacia 1682, el conocimiento geográfico desde la perspectiva hispana era 44 AHMGP, Fondo Derrotero Inglés, 46v.
En cambio, el referido derrotero inglés, conservado en Lima, es la prueba empírica de que estos documentos eran la síntesis de largas experiencias náuticas que habían incorporado el mejor trabajo realizado hasta entonces: la exploración de John Narborough, quien a su vez unía todo el conocimiento que se remontaba hasta el siglo XVI. |
Los espacios y los mapas
El marino y prolífico cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, dando forma a los relatos de la travesía de Francis Drake en las costas de Chile y Perú, escribió cómo el inglés, tras la captura del navío de San Juan de Anton, se jactó ante sus prisioneros de tener en su poder una espléndida «carta de marear de más de dos varas de largo» que había adquirido en Lisboa por unos ochocientos ducados.
2 En la presentación del mapa se evidenciaba un doble alarde de poder práctico y simbólico.
La carta había servido a Drake para penetrar en la Mar del Sur y acechar los puertos y navíos hispanos, a la vez que anunciaba cómo le habría de facilitar el camino de vuelta a Inglaterra, ya fuese por la ruta de la India o por un hipotético paso septentrional, al norte del cabo Mendocino.
Además, la posesión del mapa llevaba implícita la capacitación instrumental necesaria para surcar con éxito los océanos, sorteando así la presunta ventaja hispánica de la política de sigilo cartográfica.
Tan pronto como la noticia llegó a la península, la diplomacia española se afanó por conocer el origen y naturaleza de dicha «carta de marear con todos los puertos, calas y ensenadas de aquel mar y sus alturas».
De modo que, a finales de 1579, se le pidió al embajador de Portugal que procurase averiguar quién la hizo y remitiera un traslado o copia de la misma al Consejo de Indias.
3 Un año después, cuando Drake ya había regresado ante la reina Isabel, los mapas del pirata seguían siendo motivo de desvelo para Bernardino de Mendoza, embajador español en Londres, quien se lamentó a Felipe II de no haber podido ver la «gran carta» que, junto al diario de la derrota, el corsario había entregado a la monarca.
4 En aquella preocupación por los mapas, iba comprometida mucho más que el conocimiento de las rutas y «las cosas de la navegación del Mar del Sur y entrada del estrecho de Magallanes».
5 Si dicha información había posibilitado la presencia del inglés en el Pacífico, la consecuencia fundamental era la constatación del inevitable desvanecimiento del llamado «Lago Español».
3 Archivo General de Indias (AGI), Indiferente General, 427, l.
4 La carta de Mendoza fue interceptada por los ingleses y se conserva en la British Library (BL), Additional MS 28420.
Tanto la mayoría de las noticias de su circunnavegación, como la totalidad de los mapas que Drake empleó en su periplo se han transmitido en fuentes de segunda mano.
Tras su llegada, el secreto, los rumores y los falsos informes envolvieron todo lo concerniente al viaje y no fue hasta 1588 cuando se levantó el veto a la publicación de detalles de la derrota.
A finales de 1595 Richard Hakluyt logró publicar su breve relato «The Famous Voyage», una adenda de doce páginas que debía de insertarse en sus Principall Navigations.
El texto fue preparado por el propio Hakluyt ante la presión por ofrecer una versión oficial de las aventuras de su compatriota, hasta entonces la fama del corsario había sido fraguada por sus adversarios.
En 1628 vio la luz The World Encompassed by Sir Francis Drake, incorporando materiales procedentes del diario de Francis Fletcher, el predicador que lo acompañó en su navegación.6
Del Atlántico al Pacífico
De las cinco naves que partieron del puerto de Plymouth a finales de 1577 sólo el Pelican, que servía como capitana, habría de regresar de nuevo a casa tras haber circunnavegado el mundo durante casi dos años.
En ese tiempo, el navío sembró el terror en los puertos de la Monarquía hispana y atestó sus bodegas con riquezas y productos de medio orbe, convirtiéndose en seña de su capitán quien, quizás en recuerdo de su protector, sir Christopher Hatton, cambió su nombre por el de Golden Hinde (Cierva Dorada).
7 En el momento de zarpar, la flota estuvo compuesta por unos cinco o seis barcos, entre ellos el Elizabeth, capitaneado por John Winter, y una o dos pinazas desmontadas.
8 La expedición navegó por el litoral norteafricano, acechando embarcaciones españolas y portuguesas hasta poner rumbo a las islas de Cabo Verde.
Entre la tripulación de los navíos capturados Drake halló al comandante portugués Nuño de Silva, experimentado piloto en las costas de Sudamérica, al que no tardó en aprisionar e incorporar como miembro de su marinería.
Una vez atravesado el Atlántico, ya en abril de 1578, la expedición fondeó cerca de la desembocadura del Río de la Plata, en el cabo Santa María, lugar al que Drake llamó Cape Joy.
Tras enfrentarse a difíciles tormentas y recalar en el cabo Tres Puntas -Cape Hope-la flota, tras algunas pérdidas, pasó el invierno guarecida en el puerto de San Julián.
De allí levó anclas el 17 de agosto para, unos días más tarde, adentrarse en aguas del estrecho de Magallanes.
Cinco décadas después de la travesía de Magallanes y Elcano, otras expediciones habían examinado y descrito el entorno del paso interoceánico.
Desde el planisferio anónimo de Turín -realizado en 1523-, junto a otros mapas próximos a la producción de la Casa de la Contratación, las formas del estrecho se habían ido propagando sobre las cartas y portulanos con relativa precisión.
En los años centrales del siglo XVI, fueron las colecciones de cartas náuticas de Battista Agnese las responsables de difundir el perfil del canal magallánico, asociándolo directamente a la gesta de su epónimo, al delinear por vez primera la exitosa ruta de circunnavegación de la nao Victoria.
Ya hacia 1560, las noticias de la empresa de Francisco de Ladrillero que se fueron filtrando,9 especialmente minuciosas aportando alturas, accidentes y señales en tierra, alimentaron una renovada y actualizada cartografía del estrecho.10 En vísperas de la partida de Drake, los más reputados cartógrafos -especialmente portugueses-ya habían proyectado sobre sus cartas la imagen más reciente del canal.11 Precisamente se ha atribuido a Diogo Homem y a Fernando Vaz Dourado la autoría del material cartográfico empleado por el corsario en su recorrido, motivo por el cual Drake no habría tenido demasiados problemas en pasar del Atlántico al Pacífico.
12 Durante la travesía por el canal, la escuadra se topó con tres islas a las que Drake dio nombre; la mayor -que estaría poblada por pingüinos-fue llamada Elizabeth, en recuerdo de la reina; de las otras dos, una recibió la designación del santo del día, Bartholomew y, la otra, Saint George, «in honour of England, according to the ancient custome, there observed».
13 Bautismo que bien pudo efectuarse a posteriori, no sin connotaciones propagandísticas, al publicarse en 1628 The World Encompassed.
A comienzos de 1584, John Drake, primo del corsario que había formado parte de la expedición, no recordaba haber escuchado nominación alguna para dichas ínsulas, pues apenas evocaba que el estrecho «tiene muchas yslas de monte [...] y que las dichas yslas tienen muchos pájaros».14 Y no fue hasta tiempo después, en el proceso inquisitorial que se le incoó, cuando dio testimonio de que, de las «tres yslas pequeñas» que Drake halló, a una «la llamó Ysabel, y allí hallaron muchos patos sin pluma que no vuelan, aunque huyen caminando por tierra todo lo que pueden, aunque los alcançan los hombres».
Al igual que en la derrota de Magallanes, los marinos habían visto «fuegos de una parte y otra del estrecho».
16 Para entonces la expedición sólo la componían dos navíos, el Marigold, capitaneado por John Wynter, y el Pelican, ya con el nuevo nombre de Golden Hinde.
Al inaugurar la singladura con una terrible tempestad que acabó por separar ambos barcos, comprobaron como el océano, «llamado por algunos Mare Pacificum, resultaba ser en su lugar Mare Furiosum».
17 Buscando algún refugio, la escuadra se dirigió al noroeste, posición donde los mapas tradicionalmente dibujaban el perfil de la América meridional.
Aunque desde mediados del siglo XVI se dudase con firmeza acerca de los cálculos de la longitud aplicados en el extremo austral, lo cierto es que durante décadas los mapas siguieron representando dicha desviación al occidente.
En el planisferio emanado de la Casa de la Contratación y firmado por Sancho Gutiérrez en 1551, se optó por agregar -apenas unos años más tarde-una segunda línea de costa volcada hacia el poniente.
Presentándose la incógnita de si la forma del territorio tendía más o menos de sur a norte o, como debió creer Drake, si corría hacia el noroeste.
18 Las primeras versiones de los atlas de Abraham Ortelius (1564 y 1570) difundieron ampliamente esta última opción hasta que, ya en la edición de 1581, la costa se adecuó rumbo al Septentrión.
Con todo, la frustrada búsqueda de la costa imaginada fue leída en clave de descubrimiento geográfico por la propaganda anglosajona.
En 1599, el matemático y cartógrafo Edward Wright, discípulo del maestro de hacer globos Emery Molyneux, realizó un actualizado mapa del mundo aplicando las fórmulas desarrolladas treinta años antes por Gerhard Mercator.
19 La carta apareció en el primer volumen de las Principall navigations y fue reimpresa hasta el punto de convertirse en uno de los mapas fundamentales de su tiempo.
20 Con cuidada precisión combinaba el entramado náutico de las líneas de rumbos con la malla de paralelos y meridianos y, a diferencia de muchos sus contemporáneos, la carta de Wright-Molyneux prescindía de decoraciones accesorias, prefiriendo el espacio en blanco a la especulación sobre las áreas desconocidas.
En uno de sus cartuchos, donde se refería la corrección de dicho trazado costero hacia el norte, se empleaba con argucia el único punto en común de aquel viaje con los posteriores de Sarmiento de Gamboa y Cavendish.
21 La tempestuosa llegada al Pacífico aún deparaba un segundo hito con que laurear las hazañas geográficas del corsario.
El barco de John Winter, el Elizabeth, al verse apartado por los fuertes vientos, abandonado de Drake y sin consenso entre su tripulación para intentar su búsqueda, optó por rehacer el camino del estrecho y retornar a Inglaterra.
Agradecemos al Dr. Rodrigo Jeria las aportaciones sobre este mapa.
20 La carta apareció mencionada en la comedia de William Shakespeare Twelfth Night or, What You Will (1601-1602): «he does smile his face into more lines than is in the new map, with the augmentation of the Indies» (acto III, escena II) [«Sonríe hasta poner en su cara más líneas de las que tiene el nuevo mapa con el aumento de las Indias», Shakespeare, 2012, 801].
Según se dijo, los marinos ingleses habrían pasado del Pacífico al Atlántico sin volver a atravesar el canal.
A su regreso, Drake aseguraría que él había descubierto que el supuesto estrecho de Magallanes no era más que unos cuantos islotes donde las aguas de ambos océanos se unían.
En este caso, el mapa de de las Principall navigations presentó el hallazgo sin hacer referencia a las antedichas expediciones con interpretaciones contrarias: «By the discoverie of Sir Francis Drake made in the yeare 1577, the streights of Magallane, as they are commonly called, seeme to be nothing els but broken land and Ilands».
22 Es poco probable que, como escribiera Francis Fletcher, el Golden Hinde hubiera navegado hacia el sur y hacia el este, hasta por debajo de la Tierra del Fuego alcanzando el cabo de Hornos, «[t]he uttermost cape or hedland of all these Ilands, stands neere in 56 deg., without which there is no maine nor Iland to be seene to the Southwards, but that the Atlanticke Ocean and the South Sea, meete in a most large and free scope».
23 Como señaló Kelsey, entre los testimonios de los marinos que conformaban la tripulación del Golden Hinde, parece que no hubo conciencia de haber conocido ningún paso al sur del estrecho.
24 En la relación que presentó John Drake en 1587 el hallazgo no sólo pasó desapercibido, sino que tampoco aclaró qué se concluyó de los «diversos pareceres sobre si la tierra que está de aquella parte del estrecho que llaman incognita era isla o tierra firme».
25 Con frecuencia, su narración revela la percepción geográfica que sostenía el mapa mental con el que se articulaba el relato.
No sin cierta confusión, la tierra incógnita constituía para el joven de los Drake un referente espacial hacia el mediodía del estrecho aunque, más adelante, navegando ya en el Mar del Sur y sin precisar que fuera superada, pudo ubicarse hacia el noreste: Y estando solo el capitán Francisco [Drake] con su nao pasó de aquella parte del estrecho el qual por el sur está en cincuenta y tres grados, y por la del norte en cincuenta y dos o en cincuenta y dos y medio hazia la tierra yncognita y tomó puerto en cincuenta y quatro grados detrás de una ysla [...] 26 22 Idem.
23 [Fletcher], 1628, 87, «El cabo o promontorio último de todas estas islas, situado cerca de 56 grados, tras el cual no se ve hacia el sur ni tierra ni isla, sino el océano Atlántico y el Mar del Sur que se unen en un amplio y libre panorama».
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.03 El mapa cuyo original se ha atribuido a Fletcher27 también presentó una insólita disposición geográfica, al querer encajar la isla de Drake con las no menos peregrinas nociones de Tierra Incógnita y Tierra Austral.
Sobre el croquis, la «Insula Elizabetha» se perfiló como la mayor y más meridional de cuantas islas se agrupaban en el extremo del continente americano; tras ella sólo se dibujaba el mar abierto.
La extravagancia vino al denominar dicho conjunto de islotes -entre Elizabetha y el vértice de América-con el letrero «terra australis bene cognita».
De este modo quedaba ensamblada la antigua idea de Tierra Austral con la terra felizmente cognita, ya no como continente, sino reconocida en el ámbito insular sito entre el canal atravesado por Magallanes y la posición extrema de Elizabetha.
En el mismo manuscrito, un segundo mapa representaba esta isla donde Drake realizó -según Richard Hawkins-un curioso acto de posesión en nombre de la reina Isabel.
28 Aquel episodio patriótico fue recogido en el llamado mapa de Drake-Mellon, uno de los más antiguos conservados con la ruta del corsario, quizás copiado de un ejemplar perdido que el mismo devoniano habría regalado a la reina.
29 En él, además de una bandera inglesa con la Cruz de San Jorge sobre la isla Elisabetha, la cartela inferior volvería a recordar que, contrariamente a la idea de un continente Austral, la más meridional de aquellas islas había sido descubierta por Drake.
30 Lograse o no Drake alcanzar el cabo de Hornos, consecuencia de la política de sigilo inglesa y de las confusas noticias divulgadas, se generalizó la existencia de un archipiélago bajo el estrecho de Magallanes, con el subsiguiente desplazamiento más hacia el sur de la conjeturada Tierra Austral.
31 El artífice del mapa de Drake-Mellon, fiel a su proclama, optó por omitir cualquier insinuación de un continente bajo la isla Elisabetha.
La incorporación de la referida cartela bajo Sudamérica le sirvió como recurso gráfico con el que silenciar la figura de esta convención geográfica sobre su dibujo.
Por el contrario, la carta impresa por Nicola van Sype, La Herdike Enterprinse faict par le signeur Draeck, realizada según Helen Wallis también a partir del mapa de la reina aunque, quizás, unos años antes que el anterior, sí delineaba la supuesta masa terráquea a lo largo del extremo inferior de la composición.
32 La carta de Hondius Vera Totius Expeditionis Nauticae, una de las más conocidas y reproducidas versiones del susodicho mapa oficial, impreso en Ámsterdam hacia 1595 y realizado con más precisión matemática que los anteriores, reproducía en una proporción mayor el archipiélago de las Elisabethides y desplazaba mucho más al sur la Terra Australis hasta, al menos, los sesenta grados.
33 La verificación de aquel vaticinio geográfico tendría lugar en 1616 con la expedición de los holandeses Le Maire y Schouten, quienes ya pasaron de un océano a otro bajo el cabo de Hornos.
Con todo, hasta los primeros años del siglo XVIII, algunos mapas siguieron recordando la visita del corsario con el emplazamiento de un Puerto de Sir Francis Drake en el costado occidental de la Tierra del Fuego.
34 Aún hoy, el espacio comprendido entre Sudamérica y la Antártida es conocido como Pasaje de Drake.
La navegación en el Lago Español
La llegada al Pacífico había sido complicada.
Drake y sus hombres se encontraban solos navegando en algún lugar cercano a la boca del estrecho de Magallanes.
34 Sirva como ejemplo el mapa de John Senex (c.
JOSÉ MARÍA GARCÍA REDONDO Y CONSUELO VARELA cultades de cálculo de la longitud, habían llevado al Golden Hinde a rectificar una y otra vez el rumbo previsto.
35 Los mapas españoles demostraban ser de poca utilidad, lo que los nautas entendieron como resultado de una maliciosa política de desinformación y ocultación por parte de la Monarquía hispana.
36 Por consiguiente, el requerimiento de informantes locales y el empleo forzoso de pilotos experimentados en aguas del Pacífico se hizo más que necesario, no solo para ganar ventajas en la ejecución de pillajes, sino como garantía de abasto y subsistencia.
37 El Golden Hinde navegó lentamente hacia el norte, en paralelo a la costa chilena.
La primera recalada tuvo lugar el 25 de noviembre de 1578 en la isla de La Mocha, enclave que, pese a la belicosidad de sus nativos, se terminó por convertir en el primer referente del Pacífico en las navegaciones transoceánicas.
Con la ayuda de un indígena consiguieron adentrarse en el puerto de Valparaíso, donde los piratas se hicieron con la nave mercante conocida como La Almiranta y con algunos otros enseres y víveres obtenidos en la rapiña del pueblo.
Sin lugar a dudas, el tesoro más valioso había sido la captura del piloto Juan Griego, que portaba consigo sus cartas e instrumentos de navegar.
38 Pese a lo mucho que se cantaron y reprocharon los asaltos y hurtos del devoniano, lo cierto es que Drake ni atacó importantes plazas ni logró grandes beneficios en sus rapacerías.
Rumbo norte por la costa de Perú, la mayoría de sus arribadas se vio forzada por la mera necesidad de agua potable, aunque fueron abortadas en algunas ocasiones por ataques de los locales o por las escasas defensas armadas de los españoles.
La noticia de la presencia extranjera en el Pacífico se había desatado y prevenido a los habitantes del fondeadero limeño, quienes aguardaban su inminente llegada, desde que unos días antes hubiesen saqueado algunos barcos en Puerto de Tarapacá y en Arica.
Como resultado, el botín del más famoso puerto del virreinato fue decepcionante.
No obstante, el rumor cada vez más fuerte de que un navío colmado de tesoros se dirigía a Panamá estimuló y aceleró el ritmo de la travesía.
Taylor, 1932, 362 y ss., expuso las correcciones náuticas de las que se percató Drake.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.03 El barco era la nave capitaneada por un tal San Juan de Anton, que portaba en sus bodegas el ingente valor de más de trescientos mil pesos, entre cargas de oro y plata de las que una buena parte pertenecía a la Corona española.
Los ingleses consiguieron abordarlo el primero de marzo, demorándose cinco jornadas más en desvalijarlo.
Fueron muchos los relatos y leyendas que se fraguaron de aquellos días de arresto del Nuestra Señora de la Concepción.
Precisamente el seudónimo del navío fue uno de los aspectos más difundidos y, quizás por ello, también más discutidos.
Parece ser que en algún momento del encuentro, alguien trasteó con los apelativos de los buques y el Golden Hinde, provisto de cañones, cosa excepcional en aguas del Pacífico, empezó a llamarse Cagafuego y, por su lado, el español, atestado de riquezas, fue denominado Cagaplata.
A comienzos del siglo XVII, el impresor alemán Levinus Hulsius interpretó en un grabado el choque entre ambos barcos: bajo el navío de Drake, infligiendo a cañonazos su embestida, se lee Caca Fogo y junto al más rico de los bajeles asaltados, Caca Plata.
39 Días después, el barco de Rodrigo de Tello fue la siguiente víctima.
Pese a los bienes que Drake pudo decomisar, no logró hacerse con los servicios de Alonso Sánchez Colchero, piloto experimentado en el viaje a China quien se encontraba entre sus pasajeros.
Sin embargo, sí se incautó de «todas las cartas mundanas y de marear que [Sánchez Colchero] traía sin devolver más, el [cuadrante] solar, dos [cuadrantes náuticos] de marear y una ballestilla»40 y consiguió persuadir al otro piloto, el portugués Juan Pascual, para que lo acompañara en su travesía.
Para entonces, sospecha Kelsey, Drake ya se planteaba la posibilidad de viajar hasta las Molucas siguiendo la ruta de la Nao de China,41 por lo que necesitaba contar con un marino acostumbrado a la travesía transpacífica.
Contra todo pronóstico, el corsario no se dirigió de Guatulco a Acapulco donde se temía su llegada, sino que navegó directamente al septentrión, evitando toparse con las fuerzas hispanas.
En apariencia, el inglés había puesto rumbo hacia el mítico estrecho de Anián.
La opción de que Drake intentara pasar del Pacífico al Atlántico por el Paso del Noroeste era una quimera más que factible para los marinos españoles: El general Cristóbal de Eraso ni siquiera se había planteado que Drake pudiera dirigir-se hacia las Molucas, por su lado el piloto Nuño de Silva interpretó que, al no encontrar el estrecho de los Bacalaos, éste habría optado por la ruta de la China.
Por lo que yo e visto por las cartas de marear d'esta Mar del Norte y la del Sur tiene [Drake] dos otras partes por donde salir, que es por el mesmo Estrecho de Magallanes y por el Estrecho de Anián, que confina el gran Quinza, que por allí ay estrecho a passar a la Noruega, y por el Estrecho que llaman del Bretón, que confina con tierra de la Florida, aunque éste no está descubierto, porque el navío d'este bretón le cargó el invierno y no le dio lugar a descubrir estrecho.
Y así tengo por cierto saldrá por alguna d'estas partes, si no se le atajan los pasos con brevedad.
42 Dize que según lo que entiende de la navegación que llevares, quería siguiendo la costa en demanda de un estrecho de[l] que tiene noticia el dicho Francisco Drac y que cuando no lo hallare yrá por la China.
Es hombre según dizen muy sabio en el arte de la mar tanto que ninguno sabe que lo sea mas y que contado d'esto cometió la navegación que ha hecho.
43 Pese a que reputados expedicionarios y autorizados geógrafos habían dibujado sus contornos sobre los mapas, nadie había demostrado fehacientemente la existencia del teórico Paso del Noroeste.
44 Fuese intención de Drake tomar una u otra ruta, lo cierto es que si se disponía a continuar su navegación, antes debía carenar el barco y, por ende, refugiarse al norte lejos del alcance español y -si optaba por atravesar el Pacífico-aguardar el paso de la temporada de los tifones.
Las fuentes ofrecen disparidad de cifras en cuanto a la latitud que alcanzó en la costa norteamericana, aunque de hecho tuvo que retroceder a causa de las «grandes tormentas y todo el cielo oscuro y lleno de neblinas» y recalar durante algo más de un mes en algún lugar de la costa septentrional, «tomando agua y leña y adreçando el navio».
45 La nave ancló en una bahía arenosa y rodeada de acantilados, en la que los ingleses mantuvieron un amigable encuentro con los indios Miwok.
Durante mucho tiempo, la localización exacta del puerto donde surgió el Golden Hinde el 17 de junio de 1579 ha sido asunto de controversia, sucediéndose diversas propuestas del lugar en el que se realizó la toma de posesión en nombre de la reina de Inglaterra.
En la ya citada Vera Totius de Hondius, la línea que marca la derrota asciende hasta los 42oN, para después retroceder y adentrarse en 42 AGI, Indiferente, 2661.
Para alimento de las teorías y las conjeturas acerca del fondeadero, en la carta se inserta un dibujo con los supuestos contornos del Portus Novae Albionis.
46 Trabajando con los documentos más antiguos del viaje, Eva G. R. Taylor advirtió no hallar rastro de que Drake hubiese designado a aquella tierra -realmente-como «Nueva Albión», 47 nombre con el que, haciendo referencia a la geografía antigua de Inglaterra, la Corona isabelina reclamaría años después su potestad.
En 1584, el primo del corsario relató que Drake había ido bautizando las diversas islas que encontró en su camino y que, de cinco o seis que vieron, a una le pusieron «San Bartolomé y a la otra San Jaime y que estaban las dichas yslas en 46 y 48 grados y que la tierra que está en 48 grados le puso el capitán Francisco por nombre La nueva ynglaterra».
48 Dos o tres años después, cuando se confeccionó el mapa de Drake-Mellon, una bandera de San Jorge marcó de nuevo este segundo hito de la expedición británica, celebrando satisfactoriamente que «Noua Albyon sic a Francisco Draco equite dicta eiusdem inventore, Annus 1579, qui bis ab incolis codem Regiae Maiestatis nomine diademate coronatus est».
Más allá de la designación, repetida por los geógrafos durante generaciones, no obstante hay un detalle en este mapa que se repite en el trabajo de van Sype.
En ambas cartas se perfila una línea de puntos que, a modo de frontera, corre desde la Florida hasta la costa del Pacífico, pasando por encima de la península de Baja California.
Lo que sugiere que, en el mapa original en que se basaron ambos diseños, Nueva Albión pudo ser pensada como la materialización de un proyecto colonial inglés que cubriría el extremo norte del continente americano.
Ya no sería sólo el pasaje marítimo que Humphrey Gilbert ideó unos años antes para el comercio con Catay, sino una amplia pretensión imperial que articularía el territorio entre los dos océanos.
49 El Golden Hinde dejó las costas americanas el 23 de julio rumbo a las islas de la Especiería.
La ruta debió de ser la misma que reproducían los galeones de Manila, pues era esa la que el capitán había conocido por las cartas requisadas a Sánchez Colchero.
JOSÉ MARÍA GARCÍA REDONDO Y CONSUELO VARELA go en 9oN al que denominaron «Islas de Los Ladrones».
50 La navegación fue especialmente difícil.
John Drake recordó que al encontrarse la nave «enderezando la derrota hacia los Malucos y por ocasión de las corrientes que les torcieron, volvió su derrota hacia la China antes de llegar a la línea [de Ecuador] grado y medio», para luego rectificar e ir de ahí a Los Ladrones.
51 Sin embargo, atendiendo a las posiciones y las descripciones ofrecidas, difícilmente podría haberse tratado de alguna isla de las Marianas, conocidas por Magallanes en su derrota.
A partir de la información etnográfica de los nativos que aparecen en este y en otros relatos de viajeros, William E. Lessa aseguró que probablemente Drake arribó a una de las Palaos.
52 Ya fuera que, por un error de cálculo, los ingleses creyeran encontrarse en Los Ladrones; ya fuera un consciente bautismo homónimo o fuera, incluso, una adición a posteriori, la toma de posesión de aquellas islas emulaba impúdicamente la conocida gesta magallánica.
No es menos cierto que buena parte de la escasa información que recogen las fuentes sobre el paso de Drake por las islas del Pacífico está elaborada y maquillada tardíamente a partir de otras relaciones.
La derrota de Drake en el tramo de Los Ladrones a Mindanao, no ha quedado clara en los textos.
Primeramente, John Drake recordó que «fueron en nueve días a una ysla que no sabe como se llama mas de que esta en siete grados», 53 si bien luego aseguró haber alcanzado «una ysla grande llamada Borney» donde tomaron agua y leña; 54 la versión de Hakluyt afirmaba que fueron tres las ínsulas encontradas y que pertenecían a Portugal, mientras que The World Encompassed las cifró en cinco.
55 En aquel conglomerado de isleos, el corsario necesitó servirse de la guía de pescadores locales, con el propósito inicial de alcanzar Tidore.
Para fortuna de Drake y sus hombres, dieron con un «moro caballero en su traxe, con una cadena que parecía de oro al cuello y unas llaves puestas en una cadenilla de plata» que les ofreció conducirles hasta su rey, en Ternate, con la promesa de que «les darían lo que oviesen menester».
55 Lessa, 1984, 69, identificó Las versiones posteriores de la historia aderezaron ricamente la visita a Ternate y el encuentro con su rey.
Sorprendentemente, el primer testimonio del joven John casi pasa por alto el abastecimiento de clavo y jengibre proporcionado por los «yndios y moros que ay en las dichas islas».
57 Fue en el segundo relato cuando ya aparecieron los aspectos fundamentales de la historia.
Tras la entrevista de Drake con el monarca, éste les ofreció «bastimentos y especias [y] clavo, a trueco de lienços y otras cosas», en vez de oro o plata.
Uno de los pasajes que más gustó a los cronistas ingleses fue cuando «el rey moro ofreció al capitán Francisco la ysla».
El soberano, quien «decía mucho bien de Magallanes» y tenía en gran estima a los españoles, realizó su promesa al conocer, por boca de los ingleses, que «su rey era hermano del rey d 'espania y ellos parientes de los españoles».
58 Sin embargo, la anécdota que -desde el mapa de la reina-repitieron las cartas dedicadas al viaje fue otra distinta.
A la llegada a Ternate, el rey moro ordenó remolcar el Golden Hinde a un fondeadero seguro, «con unas galeras que usan allá le hizo pasar el navio a otros puertos donde cavia una fortaleza», donde llevaron a cabo el cargamento de bienes.
59 La viñeta inserta en los mapas muestra al buque inglés siendo conducido por cuatro canoas entre las islas de las Molucas.
Hondius y la carta de Drake-Mellon proporcionan los nombres de las seis ínsulas, Terenate, Tidore, Mutir, Machian, Bachian y Gilolo.
El de van Sype, por otra parte, enriquece el dibujo con una escolta de pequeñas embarcaciones y agrega música al pintoresco recibimiento:
Una segunda cartela que guardan en común los tres mapas representa el encallado del Golden Hinde a la altura de las Célebes.
Dejada atrás una isla situada a 4oN a la que llamaron de los Cangrejos, «porque hallaron muchos en tierra y allí se crían sin entrar en la mar», 60 el barco se encontraba navegado entre islotes y arrecifes buscando la salida al océano Índico.
60 En aquella isla de los Cangrejos fue donde Drake abandonó a «una negra y dos negros» que traía como prisioneros.
La situación fue desesperada y Drake ordenó arrojar por la borda buena parte del cargamento, al tiempo que demandó a Fletcher un servicio religioso.
La liberación del buque se demoró hasta que se desató un fuerte viento que lo rescató de entre las rocas.
Como no podía ser menos, las imágenes de la escena consagraron el buen final al auxilio divino.
No sería esta la única ocasión que los cartógrafos jugasen con el transcurso de los descubrimientos y la predestinación divina para ensalzar los logros geográficos de Drake.
61 La expedición hizo un alto en una isla llamada Baratina donde repostaron alimento, recibiendo un amigable trato de los indígenas.
Desde ese punto navegaron «hasta siete grados [Sur] a las espaldas de la isla de Xava mayor»,62 emplazamiento que se identificó con la costa sur de Java.
Hasta entonces sólo se tenía constancia del litoral septentrional de la isla, desconociéndose si allí arrancaba -hacia el mediodía-el continente Austral.
Los mapas del Pacífico apenas representaban el perfil superior de la ínsula, tras el que se continuaba una velada prolongación de espacio desconocido.
Las cartas de van Sype y el Vera Totius de Hondius dibujaron Java como una isla.
Este último agregó también un escaque en la esquina superior derecha del mapa con una vista del Portus Iavae Majoris, el cual Helen Wallis reconoció como el puerto de Tjilatjap.
63 Con todo y con eso, Hondius albergó dudas sobre la forma que había dado a la isla en su mapa de 1595.
Casi veinte años más tarde y basándose ahora en las cartas del portugués Bartolomeu Lasso, en su Insulae Indiae Orientalis Jodocus Hondius sólo dibujó con firmeza la costa superior de Java, quedando el trazado meridional esbozado con una línea de puntos entre los que se bosquejaba una pequeña bahía con la inscripción «Huc Franciscus Dra. appulit».
64 Gracias al buen trato que recibieron los marinos por los reyezuelos de Java, pudieron hacer acopio de víveres suficientes para continuar rumbo al cabo de Buena Esperanza.
Tardaron tres meses desde el Índico hasta recalar en Sierra Leona, llegando a la costa de Guinea hacia mediados de julio.
A finales del mes de septiembre de 1580, el Golden Hinde arribó al puerto de Plymouth habiendo completado su Famous Voyage de circunna vegación.
Mapas, cartógrafos y memoria
Se ha dicho, y no sin razón, que la mayoría de los relatos sobre Francis Drake que hoy conocemos fueron conscientemente editados y preparados antes de ser publicados.
65 En aquel proceso, los testimonios de primera mano se enriquecieron con detalles de otras crónicas, los matices oscuros se suavizaron cual poema épico y las evidencias patrióticas se desarrollaron con exagerada reincidencia.
Algo parecido se podría haber afirmado acerca de los mapas, cuyo objeto fue también dar publicidad y conocimiento de la circunnavegación de Drake.
Los mapas -al igual que las historias que se imprimieron-construyeron su particular narración de los hechos, empleando para ello ese soporte privilegiado que es la representación del espacio.
En el caso de las cartas que recogieron la singladura de Drake hay un detalle que suele pasar desapercibido y es que, mucho más que describir su trayectoria, el problema de fondo era «la imagen» del mundo que se establecía a partir de ese viaje.
Como es sabido, en la elaboración de cualquier mapa pudieron confluir tantos factores como circunstancias mediaron entre la mente del cartógrafo y la prensa de edición, situaciones que no siempre dejaron una huella perceptible sobre el dibujo y que raramente -fuera de generalizaciones-la historia llega a explicar.
Gerhard Mercator estaba convencido de la existencia de un gran canal septentrional -abierto entre el polo y los continentes-del que podría aprovecharse una navegación circular.
Ya en su mapamundi de 1569 había tenido el cuidado de colocar una cartela sobre el norte de América, quizás como evidencia de su teoría;66 todavía en 1595, seguro de aquella posibilidad, en la carta dedicada al Polo Norte, figuró un amplio pasaje marítimo rodeando las tierras que lo conformaban.
67 Apenas dos meses después de la llegada de Drake a Plymouth, aun cuando los detalles conocidos del viaje eran mínimos, el cartógrafo escribió molesto a su amigo Abraham Ortelius, por las cautelas impuestas desde el poder para preservar las noticias de la navegación en secreto y por la favorecida difusión que estaban teniendo versiones discordantes de la derrota y de las zonas visitadas.
Lo que inquietaba al geógrafo era la sospecha de que, habiendo Drake atravesado el Paso del Norte en su regreso desde el Pacífico, quisie-ran los intereses comerciales de la Corona silenciar su descubrimiento.
68 Ni por asomo podría imaginar que su nieto Michael sería quien grabase en plata, para las más altas dignidades de Inglaterra, una medalla conmemorativa con el orbe atravesado fielmente por el viaje de Drake.
69 Diez años después de regresar Drake, seguía sin estar disponible en Inglaterra algún mapa detallado del viaje.
En 1592 el matemático Emery Molyneux presentó dos globos de unos sesenta y dos centímetros de diámetro, según Helen Wallis, los más grandes impresos hasta entonces y los primeros hechos en Inglaterra.
El globo terrestre desplegaba los resultados de las últimas exploraciones inglesas y exhibía flamantes las recientes circunnavegaciones de Drake y Cavendish.
Así la costa noroeste de América aparecía denominada «Nova Albion» y sobre ella se signaba el puerto de «F. Drakus».
70 La que fue conservadora de la sección cartográfica de la British Library ya advirtió la extraña incongruencia que el mapa mostraba.
Pese a dibujar los avances de Drake en Norteamérica, la Tierra del Fuego no fue diseñada como el conjunto de islas presididas por Elisabetha que -desde el dibujo de Fletcher y siguiendo los primeros relatos-habían concertado los cartógrafos, sino que mantenía en su lugar el trazado convencional del continente Austral.
Se ha sospechado que las dudas de Hondius en contra de la geografía del devoniano, a partir del viaje de Cavendish y otras navegaciones españolas, hubiesen persuadido a Molyneux a la hora de realizar su globo y no dejar ni rastro de las Elisabethides.
Sin embargo, hay indicios para creer que pudo ser un viejo adversario de Drake quien usara su influencia para dar una imagen diferente del mundo.
71 Pedro Sarmiento de Gamboa llegó a Londres en 1586 como prisionero de honor de sir Walter Raleigh, tras haber sido capturado en las Azores.
Años atrás, había sido el perseguidor de Drake en el Perú y quien luego comandase una expedición al estrecho de Magallanes, a fin de guarecerlo ante nuevas incursiones extranjeras.
Gamboa era una de las personas que mejor conocía las aguas meridionales del Pacífico y estaba convencido de que fortificando el estrecho se podía mantener a salvo las plazas e intereses españoles en la Mar del Sur.
Wallis, 1979, 13-15 otro paso interoceánico y, menos aún, los descubrimientos atribuidos a Drake, lo que no impidió que sus experiencias fueran oídas en la capital inglesa y su geografía considerada a la hora de actualizar las cartas.
Desconocemos cómo las ideas e intenciones de Gamboa llegaron a materializarse sobre el mapa de Molyneux, ni qué conversaciones o argucias empleó para asestar tal revés a la geografía británica.
Tampoco sabemos por qué el cartógrafo no dio la misma veracidad a la naturaleza insular de la California defendida por Gamboa.
Una pista acerca de las formas del hábil marino la narró su ilustre captor en The History of the World.
73 Preguntado con interés acerca de una isla en el estrecho de Magallanes, Gamboa respondió que esa isla era conocida como «Painters wiues Iland», lo que significa «isla de la esposa del pintor».
La ínsula a la que se refería Raleigh sólo podía ser Elisabetha, con lo que la contestación de Gamboa suponía, siguiendo a Wallis, una ingeniosa forma de desacreditar a Drake: Elisabeth era el nombre de la mujer con la que Drake había contraído segundas nupcias en 1583 y sólo él y su primo John habían dibujado mapas de la expedición.
La isla Elisabetha era una invención de Drake.
JOSÉ MARÍA GARCÍA REDONDO Y CONSUELO VARELA A comienzos del siglo XVII, las islas que Drake había afirmado descubrir bajo la América continental continuaban presentando un problema para los cartógrafos.
Levinus Hulsius, quien había realizado con esmero algunas láminas sobre el viaje, grabó en 1602 un mapa de la América austral donde no se hallaba rastro de aquel paso meridional.
75 Bajo el estrecho de Magallanes, una pequeña Terra del Fogo Australis aparecía interrumpida por el margen inferior del mapa.
Sin embargo, hacia el oeste, una línea punteada continuaba su perfil imaginario, sobrepasando el marco cartográfico, hasta alcanzar el contorno en blanco del papel que servía de soporte al mapa.
Bajo este trazo, hacia el meridiano a 300o y completamente fuera de la carta, se dibujaron tres islas denominadas Francisci Draco Ins [ulae] que nada tenían que ver con las Elisabethides.
El recurso de Hulsius no dejaba de ser ambiguo.
Por un lado, las islas de Drake carecían de un lugar ordenado en la estructura convencional del mapa, por otro, debido a esa exclusión, la anomalía quedaba construida como un acento visual.
De este modo, nuestra atención se focaliza sobre un elemento geográfico que el autor del mapa cuestiona y altera.
Es en la mirada del observador donde recae la posibilidad de integrar las Francisci Draco Ins [ulae] no sólo sobre el conjunto de la representación, sino en la estructura e imagen del mundo.
La cartografía no funciona reflejando las formas de que componen el mundo, sino demostrando que su conocimiento es dinámico; su estructura, efímera y su imagen, una construcción.
Las palabras y la Historia
Mientras que en España los informes oficiales la imagen de Drake, unas veces corsario y otras pirata, es siempre la misma (un personaje temido y odiado por todos), la literatura nos ha transmitido una información diferente.
En esta segunda parte nos limitaremos a analizar cómo su viaje de circunnavegación fue visto y contado en la literatura castellana en los cien años siguientes a su realización.
Comencemos por ver la visión que dejaron los cronistas generales.
Pedro Mariño de Lobeira (1528-1594) fue el primer historiador que dedicó 75 Levinus Hulsius, Nova et exacta delineatio Americae partis Australiae, en Hulsius, 1602-IV.
76 El texto lo conocemos gracias a la pluma de Bartolomé de Escobar, sacerdote que recibió del virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, el encargo de revisar y enmendar los apuntes dejados por el soldado-cronista.
En escasas líneas, Mariño de Lobeira se limita a narrar la llegada del «famoso pirata» a Valparaíso, con el consecuente sobresalto del virrey que, «recelándose de la peste de su herejía, que es más perniciosa que la infidelidad de los bárbaros», envió al punto setenta soldados en su búsqueda.
Según el cronista, los esfuerzos de Hurtado de Mendoza resultaron infructuosos, pues el inglés se había trasladado a la isla de La Mocha, donde recibió merecido castigo por parte de los indígenas que le infligieron un flechazo en el rostro.
Pocos años después, en 1609, se publicó por primera vez la Conquista de las Islas Molucas de Bartolomé Leonardo de Argensola (1562-1631), donde se asegura que Drake había emprendido su viaje confiado en su valor; en el descuido de los españoles, a cuyo cargo estaban las plazas del litoral, y en la flaca prevención de los buques hispanos que navegaban por el Pacífico.
El cronista narra el viaje sin detenerse en las hazañas del pirata en los puertos continentales y se limita a recordar que «prendió algunos navíos de los particulares y los del rey cargados de plata que traían a España: un robo de grande importancia no tanto por la cantidad del tesoro como por el uso a que en nuestra monarquía se aplica del aumento de la iglesia católica», un motivo más que suficiente para que por sus crueldades y robos fuese señalado en Europa como «el mayor de los corsarios».
Y aunque para entonces el recuerdo del corsario tenía que estar muy presente, únicamente se menciona que, tras pasar el estrecho de Magallanes, Drake llegó al Perú, «donde hizo muchas presas».
78 Bien es verdad que el inglés no llegó a pisar las Filipinas en su viaje de regreso a Inglaterra y sí pasó, en cambio, por las Palaos y las Molucas.
En ese mismo sentido, sobre las actuaciones del pirata, Mariño de Lobeira tan solo había mencionado que en las costas del Perú asaltó la nave de San Juan de Anton, llevándose un botín de millón y medio de pesos de oro.
76 Menciona Mariño de Lobeira la visita de Drake en el capítulo XVI del Libro III de su Crónica, «De una famosa batalla que tuvo lugar el comendador Rodrigo de Quiroga en Guadaba con los indios araucanos» [1960, 505-507].
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.03 A Argensola, por su parte, le resultó más interesante resaltar el paso de Drake por las islas del Pacífico: «Vagando por diferentes derrotas [...] tocó en seis islas y dio apellidos a algunas de ellas, imitando a los Héroes fabulosos [...]
Dio a una el nombre de San Bartolomé, a otra de San Jayme, y a la que le pareció mayor, y más fértil, de la Nueva Albión», pasando a la que llaman de los Ladrones, y en «veinte días surgió en las Malucas, aviendo tocado antes otras, con sucesos dignos de olvido», desde donde llegó a Ternate.
En esta última isla se detuvo a narrar la intención de Babú, monarca malucense, de establecer pactos futuros con los ingleses, así como en la delicadeza que mostró enviando a la reina Isabel el regalo de una hermosa sortija.
Aunque Argensola vio en el rico cargamento de clavo con que Drake partió de Ternate a su patria, el germen del interés de muchos de sus conciudadanos en invertir en aquellos mares, su preocupación quedaba patente al concluir que Drake «fue el primero que abrió el paso a los sectarios, hugonotes, luteranos, y calvinistas, que después pasaron a aquellos mares con navíos cargados de textos pervertidos, Biblias heréticas, y otros libros de inficionada doctrina».
79 Y como todo ladrón tiene su perdición, «[a] Draque no le enriquecieron sus robos, ni le añadieron sus hazañas estimación; antes fue despreciado en Inglaterra, ya fuese conocimiento o ingratitud de patria».
80 Antonio de Herrera (1549-1626) en sus Décadas tan solo menciona a Drake en una ocasión para recordar que fue «uno más» de los que lograron atravesar con éxito el estrecho de Magallanes.
No aludieron al inglés ni Reginaldo de Lizarraga en su Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile, escrita antes de 1615, aunque no vio la luz hasta 1908; ni el chileno Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán en su Cautiverio feliz, publicada en 1673, ni tampoco Alonso González de Nájera ( † 1614) en Desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile, donde se manifiestan las principales ventajas que en ella tienen los Indios a nuestros Españoles, y los engaños que de nuestra parte han sido causa de la dilación de su conquista, con un medio que promete brevedad para acabarla.
Como es lógico, Drake sí fue mencionado en los textos de los cronistas de hechos particulares.
Relación de los servicios que hizo Don Alonso de Sotomayor fue publicada en 1620.
Para Suárez de Figueroa, dado el carácter biográfico de su obra, dedicada principalmente a narrar las acciones de don García como gobernador de Chile en 1556, y como virrey del Perú desde 1588 a 1596, le era fácil desplegar un perfil más caracterizado de nuestro personaje.
Presenta al inglés como un hombre elegante que, pese a apoderarse de las mercancías de los navíos españoles que encontraba a su paso, se comportaba como todo un caballero.
Así, por ejemplo, relata la exquisita cortesía con la que abordó el navío de San Juan de Anton y cómo, tras pedirle que le mostrase el registro de las barras de plata que transportaba y cargarlas en su barco, tuvo a bien entregarle al capitán el recibo correspondiente «para su descargo».
Pero aún hay más: al ver triste a la tripulación, la consoló, asegurando a los hombres que no debían de preocuparse, dado que quedaban en una tierra «buena y rica».
Con todo, Suárez de Figueroa tuvo lugar para reflexionar acerca del devenir del devoniano quien, pese a regresar a Inglaterra con un inmenso cargamento, no vio estimados sus logros en su patria.
Concluyendo que lo peor de la llegada de Drake al océano Pacífico no habían sido sus asaltos a las naves españolas, sino el hecho de que su viaje había supuesto el comienzo de la turbación de aquellos mares, «que tuvieron por máxima, desde infinitos años atrás, el ser seguros, y pacíficos».
81 Francisco Caro de Torres dedica pocas líneas al viaje por el Pacífico del que llama «corsario famoso» por los robos que efectuó en el Mar del Sur.
Opuesto al cronista anterior, Caro exalta sobremanera el acontecer posterior de tan «gran marinero dichoso en las cosas de la mar y bien afortunado [que] entró en Londres con gran riqueza, porque llevó más de un millón de ducados en barras de plata, con lo cual fue favorecido de los privados y hecho almirante de la armada que guardó el canal de Inglaterra contra la armada de España».
82 Mal informado estaba el autor: Drake no fue el almirante de la Armada Invencible.
No se conoce ninguna obra teatral dedicada a Drake en España.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.03 lugar y en La esclava de su galán, donde el Fénix recuerda el fallecimiento de Drake, y en la comedia del malagueño Francisco de Leyva La infe -lizAurora, donde se habla de «un pirata inglés» que asaltaba las costas españolas.
83 Sí, en cambio, muchos poetas dedicaron sus versos al corsario.
Algunos se han perdido, pues tenemos constancia de que al menos tres obras fueron redactadas tratando su figura: un anónimo titulado Poema sobre algunos capitanes españoles que pelearon en América contra el inglés Francisco Draque; La Araucana de Hernando Álvarez de Toledo, que fue la fuente principal de la Histórica relación del reino de Chile del jesuita Alonso de Ovalle, y la Historia de la vana empresa de la jornada del Draque contra Canarias del poeta canario Cairasco de Figueroa (1538-1610).
También se conocen muchos sonetos y romances dedicados a las gestas de Drake en los mares americanos y en la Armada Invencible como el conocido romance de Cervantes, Mi hermano Bartolo / se va a Inglaterra a matar al Draque / y a prender la Reina tiene de traerme / a mi de la guerra un luteranito / con una cadena y una luterana / a señora agüela.
84 O el anónimo, Pues estando el rey un día / dentro del Escurial, un correo le dio aviso / que en el mar occidental los ingleses hacen daño / en Bahama y su canal y que el Draque andaba hecho / otro segundo Anibal.
Envía su buen sobrino, / el Principe Cardenal, para que, como Cipión / les haga guerra mortal.
85 Solo cuatro autores tocaron en su obra poética el paso de Drake por el Mar del Sur: Juan de Castellanos en su Discurso del capitán Francisco Drake, escrito poco después de la muerte del inglés -ocurrida en 1596y que permaneció inédito hasta 1921; Lope de Vega en La Dragontea, publicada en 1598; Martín Barco de Centenera en La Argentina, impresa en Lisboa en 1602, y Juan de Miramontes Zuazola en Armas Antárticas, escrito hacia 1609, pero que al igual que el poema de Castellanos no vio la luz hasta 1921.
En sus Elegías de varones ilustres de Indias, Juan de Castellanos incluyó un largo texto que tituló Discurso del capitán Francisco Drake.
Aunque el principal objetivo de este poema era contar la conquista de Cartagena de Indias por el pirata inglés, el cronista-poeta no dudó en narrar otras hazañas, deteniéndose en relatar valiosos detalles de su viaje de circunnavegación.
Con toda prolijidad, el beneficiado de Tunja describió las correrías de Drake por el Pacífico y sus consecuencias sobre la población hispana.
Entrando «por do corsarios no venían / ni jamás supo robadora mano / sobresaltar a los que allí vivían», el inglés llegó a la costa de Chile, pasó por Arica y saqueó las naves surtas en el puerto del Callao, causando gran temor a sus habitantes, que huyeron a Lima: «Temiendo más pujanza del pirata, / sacan apriesa los de la aduana / copiosísimo numero de plata», escapando sin poner resistencia al corsario.
Aquí Castellanos se hizo eco de una supuesta acción del virrey Toledo, quien ordenó que se encendieran velas en las ventanas del frente marítimo, para simular filas de arcabuceros con la mecha encendida, atribuyéndola en su poema al coraje de «una sola mujer [...] la qual usó de términos de hombre» que «se quitó la toca / y hizo della mechas retorçidas [...] ençiéndelas y, al fin, por la frontera / velaron por sus quartos la rivera».
86 Prosigue Castellanos con varios asaltos de Drake a navíos españoles, donde se vuelve a repetir la representación del corsario como un honorable caballero.
Cuando embistió la nave de San Juan de Anton, utilizó el derecho de guerra, pidiendo «su hazienda / diziendo: "Dame luego lo que es mío" / porque llevar pillage quien más puede / el derecho de guerra lo concede»,87 y trató siempre a sus tripulantes «con palabras comedidas», obsequiándolos con «piezas de ruanes y de Holanda».
Tomó Drake, además, un barco en Guayaquil y otro más cargado de vino que iba de Panamá a Nicaragua.
Las referencias cartográficas se suceden al narrar el asalto al Galeón de la China donde, entre los objetos que portaba, requisó un mapa de las costas «donde se descrivían los lugares / entradas y salidas destos mares».
88 El poeta no descuidó una imagen más o menos completa del corsario.
Desde su apariencia física, a las impresiones que los otros tenían de él.
En el canto I, nos proporcionó el retrato de Drake, a quien tal vez conoció:
Hes hombre rojo de gracioso gesto menos en estatura que mediano mas en sus proporciones bien compuesto y en plática, medido, cortesano respuestas vivas, un ingenio presto en todas cuantas cosas pone mano en negocios mayormente de guerra muy pocas o ninguna veces yerra.
Cantó también la percepción que el inglés dejó en los indígenas, evidenciando las diferencias con los españoles.
Según Castellanos, los nativos, viendo el comportamiento de los ingleses que no castigaban a los indios con azotes, ni querían oír misa ni doctrina, ni se confesaban con los sacerdotes, se ofrecían a Drake, esperando que «si tales hombres lo subjetaban todo, dexarnos han de vivir a nuestro modo».
89 A pesar de llamar a Drake «astuto ladrón de Inglaterra», Castellanos no ocultó su admiración en varias ocasiones por el «primer pirata que por mar de Lima / robó la plata del escelso fisco» 90 y, veladamente, parece que aplaudió las hazañas de aquel «varón sage / y animoso para cualquier empresa».
91 Su inteligencia la ponderó ante el capitán del Nuestra Señora de la Concepción.
Al igual que hiciera Francisco I de Francia, cuando se preguntó en qué parte del testamento de Adán se decía que el mundo había de repartirse entre España y Portugal, Castellanos puso en boca de Drake la pregunta: «¿Adán mandó por algún testamento / a solos Hespañoles el provecho?», dejando boquiabierto al marino español.
92 Pasemos a Lope de Vega.
Escrita en diez cantos, La Dragontea es quizá la pieza más conocida sobre el corsario inglés redactada en castellano, aunque su irregular valor literario y la imprecisión en muchos de los hechos que relata hicieron a Lope merecedor de las críticas de sus contemporáneos.
En este largo poema, se cuenta la historia de Drake desde que comenzó a atacar las plazas españolas hasta su muerte en las Antillas.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.03 Desde el canto I, Lope dejó bien claro que cada vez que apareciese la palabra dragón se refería a Drake, el «dragón de la cruel Medea», haciendo un juego de palabras, dragón, en latín draco y que en inglés puede asociarse a Drake.
93 El Fénix plantea su poema como una cruzada contra el inglés luterano y no pierde ocasión para señalar las diferencias entre la religión de los españoles y la de los ingleses.
Así, al narrar los preparativos del viaje, cuenta que los marineros se aprovisionaron de tocino para consumirlo los viernes y que no dudaron en profanar las iglesias católicas.
Igualmente, el poeta se regodea contando que la confesión, sacramento al que los ingleses tenían una especial aversión, fue el arma que en una ocasión utilizaron los españoles para torturar a marineros ingleses, obligándolos a revelar los planes de su jefe.
Así mismo, Lope tamizaba la responsabilidad de los españoles en el acaecer de las agresiones inglesas.
Como los navíos hispanos que surcaban el Pacífico lo hacían desconfiados «sin armas y soldados», pudo Drake apoderarse de un millón seiscientos mil ducados que transportaba el barco de San Juan de Anton llegando su osadía a extremos nunca vistos: Pese a todo, la lectura del poema, a veces tediosa, no nos transmite una imagen del todo negativa del Dragón que puede ser generoso, como demuestra este cuarteto en el que, asombrado por la valentía del capitán de la nave que acaba de apresar, le devuelve lo requisado:
A Don Francisco Zárate, del orden militar español de la Cruz Roja, por su valor su hacienda le volviste, que siempre en el rigor piadoso fuiste.
Y no deja Lope de alabar la hazaña del inglés al ser el segundo que logró atravesar con éxito el estrecho de Magallanes: 93 Aunque también, como señaló Ray (1906, 4), la relación puede deberse a las armas nobiliarias del inglés que el Fénix conocía y que describe en el verso «En escudo de plata dragón rojo».
De todas formas el recurso a identificar a Drake con un dragón, Satán, fue utilizado en múltiples ocasiones, así, por ejemplo, lo hizo Theodoro de Bry en el volumen dedicado a América.
JOSÉ MARÍA GARCÍA REDONDO Y CONSUELO VARELA Mira después aquel heroico hecho de tu viaje célebre en el mundo, cuando pasaste aquel famoso estrecho, siendo de Magallanes el segundo.
La Argentina de Martín Barco de Centenera (1535-1605), impresa en Lisboa en 1602, consta de veintiocho cantos, de cuales los cantos XXII y XXIII están dedicados a Drake y a su viaje de circunnavegación.
La descripción de las artes y virtudes del corsario no puede ser más elogiosa:
Aqueste inglés y noble caballero al arte de la mar era inclinado; más era que piloto y marinero, porque era caballero y buen soldado.
Astuto era, sagaz y muy artero, discreto, cortesano y bien criado, magnánimo, valiente y animoso afable, y amigable y generoso.
95 Repite Barco de Centenera la facilidad que encontró Drake para asaltar las plazas costeras y los navíos españoles ya fuera en alta mar o «en los puertos sin gente y fuerza poca».
Por ello no fue de extrañar que asaltara con éxito la nave de San Juan de Anton, Aquesta fué la presa más famosa, y robo que jamás hizo cosario.
Negocio nunca visto ni leído.
Que a cosario jamás ha sucedido.
96 También se muestra Juan de Miramontes Zuazola elogioso con Drake en el tercer canto de sus Armas Antárticas.
La obra, escrita entre 1605 y 1615 y compuesta por veinte cantos en octavas, había sido dedicada a Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, virrey del Perú.
Su autor, había participado como alférez del capitán Diego de Frías en la campaña de 1576 contra el pirata John Oxenham, lugarteniente de Drake.
Lo que no evitaba que este «infeliz ensayo épico», como lo tildó Menéndez Pelayo, 97 dejara de ocultar la profunda admiración de Miramontes por el inglés: 95 Barco de Centenera, 1602 [1836, 245].
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.03 Era Francisco Draque audaz, valiente, considerado, próvido, ingenioso sagaz, astuto, plático, prudente, diestro, arriscado, fuerte, venturoso, grato, discreto, afable, continente, sufrido, vigilante, receloso, de ánimo y pensamiento levantado, gran marinero y singular soldado.
98 Y, al igual que los anteriores vates, Miramontes lamenta que la escasa defensa de los puertos españoles en el Pacífico le permitiera asaltar y saquear con toda tranquilidad las naves españolas.
En Lima, por ejemplo, se preguntaban la razón de estos asaltos, a lo que el poeta respondía que, sin duda, se debían a la molicie de la población compuesta de mercaderes, letrados, escribanos y negociantes, «de manera que las personas todas, / o los más, son de fiestas y de bodas», y asegura que faltaban militares.
«Aquellos que del rey tienen ganancias / tomen estos negocios más de veras».
99 En cualquier caso, el inglés obraba siempre con exquisita cortesía, lo que era digno de admiración: como hiciera cuando, al subir a la nave de San Juan de Anton y al oír los gritos aterrorizados de las mujeres, prohibió a sus hombres que les tomaran vestidos, joyas ni arcas, porque el inglés «usando términos gentiles, / de risueño semblante, hablar suave, / el pálido temor destierra a todos / con noble estilo y cortesanos modos».
Escrituras del pasado, artificios del presente
Desde siempre han sido constantes las disputas entre los historiadores y los literatos.
De hecho, los cronistas pretenden contar los acontecimientos como sucedieron y los autores de obras literarias como podrían haber sucedido: el entendimiento entre ambas posturas resulta muy a menudo imposible.
A Pedro Sarmiento de Gamboa le cayó en suerte la censura de Las Elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos.
Ni corto ni perezoso, decidió que en la edición de la obra se eliminasen todas las hojas correspondientes al Discurso del Capitán Francisco Draque.
Así, la obra del beneficiado quedó trunca hasta que, a comienzos del siglo pasado, el texto censurado fuera publicado por Ángel González Palencia.
101 En una cláusula de su testamento, redactado en Tunja en 1606, Castellanos encargaba a su sobrino que, si del remate de sus bienes quedase la cantidad suficiente, se procediese a publicar la segunda, tercera y cuarta parte de sus Elegías y «el discurso del capitán Francisco Draque, desde que comenzó a saltear estas partes de las Indias hasta su fin y muerte en Puerto Bello, porque la primera ya se imprimió».
Desde entonces el manuscrito se dio por perdido, hasta que aparecieron una versión de las partes segunda, tercera y cuarta y una copia del Discurso que fue vendida en Londres en una subasta de la casa Sotheby's en 1919.
102 Omitimos los avatares de estos manuscritos que han sido analizados por González Palencia en el prólogo de Castellanos, 1921, vii-cxviii.
En primer lugar, es posible que a Sarmiento le preocupase que se diera publicidad a la indefensión de las plazas españolas en el Nuevo Mundo.
Pero también debió de sentirse herido por las alabanzas de Castellanos a Drake, su gran enemigo, máxime cuando el cronista-poeta no se dignó mencionarlo ni una sola vez en la lista de sus «varones ilustres de Indias».
Sea como fuere, Sarmiento había puesto su empeño, una vez más, en silenciar un recuerdo elogioso del pirata.
Según se ha señalado,103 La Dragontea, fue una obra de encargo que Lope recibió de alguno de los personajes del círculo del duque de Lerma con objeto de defender las actuaciones de Diego Suárez de Amaya, el alcalde de Nombre de Dios, frente a las pretensiones de Alonso de Sotomayor, presidente de la Audiencia de Panamá, ya que ambos mantenían una dura polémica ante Felipe II sobre la jurisdicción de la tropas que derrotaron a Drake en Portobelo.
104 Con anterioridad, en 1616, Cristóbal Suárez de Figueroa, también integrante del círculo de Lerma, había publicado sus Hechos de don García Hurtado de Mendoza, interviniendo en la polémica al destacar la actuación de Suárez de Amaya frente a Sotomayor.
De ahí que Menéndez Pelayo lo tildara de «pluma mercenaria», añadiendo que escribió una «historia panegírica elegante y artificiosa».
105 Antonio de Herrera, el censor encargado de autorizar la publicación del poema lopesco, impidió que el texto se imprimiera en Madrid y tuvo que ser editado en Valencia en 1598.
Las razones aducidas por el calificador se limitaban a señalar que Lope no se ajustaba a la verdad histórica y que, además, contradecía sus propias afirmaciones sobre la derrota de Drake, según se narraba en la tercera parte de su Historia general del mundo, que entonces Herrera estaba redactando, donde concedía el mérito de la victoria sobre el corsario a Sotomayor y no a Suárez de Amaya.
Lope se había presentado a sí mismo en La Dragontea como un poeta historiador que utiliza fuentes del pasado, lo que pudo levantar aún más las suspicacias de su censor.
¿Creyó Herrera que Lope ambicionaba su puesto de cronista real en la corte y pudo darse cuenta de que al Fénix le apoyaban poderosos mecenas que podían nombrarlo, ocupando su lugar?, se pregunta A. Sánchez Jiménez, para afirmar esta conjetura que nos pare-ce verosímil.
106 Herrera era consciente de su situación como miembro del régimen anterior, por lo que era susceptible de ser reemplazado por un adepto al nuevo favorito.
Cuando, más tarde, Lope quiso hacer una segunda edición, don Antonio se dirigió al rey Felipe III, desaconsejándola con el siguiente argumento: «Qüenta aquel suceso muy contrario a la verdad [...]
Provea lo que fuere de justicia».
107 La lectura de La Dragontea irritó sobre manera a Sotomayor, que encargó a uno de sus hombres, Francisco Caro de Torres, la réplica a Lope.
El resultado fue la Relación de los servicios que hizo Don Alonso de Sotomayor, publicada en 1620, veintidós años más tarde que la edición valenciana de La Dragontea.
Caro de Torres, que escribió «lo que vio y pasó por sus manos y lo demás sacándolo de los papeles originales que se han visto en el Consejo Real de las Indias, y están refrendados del secretario Pedro de Ledesma», se despacha ácidamente contra Lope desde el prólogo de su obra: se vio obligado a escribir su crónica «porque desta jornada escribió Lope de Vega un libro que intituló La Dragontea que anda entre sus obras, movido por la primera información, el cual atribuyó la gloria del suceso a quien no le tocaba, quitándola a quien de derecho se le debe, como el Capitán General».
Salvo en contadas excepciones, la imagen del corsario en las letras castellanas se vio alterada por intereses de círculos privados: luchas de poder entre los defensores de la memoria de la familia Mendoza o la de Sotomayor y la decisiva intervención de los afines a la órbita del duque de Lerma, sin olvidar rencillas personales, como pueden considerarse los recelos de Sarmiento de Gamboa hacia Drake o los de Antonio de Herrera contra Lope de Vega, en quien veía un posible competidor.
A pesar de todo, el inglés dejó en los autores hispanos una profunda admiración: no renunciaron en destacar su caballerosidad, valentía y acierto en sus ataques a las naves españolas y eso que, además de las pérdidas monetarias fruto de los robos, Drake significaba, o iba a significar, la llegada de más marinos 106 Sánchez Jiménez, 2008, 574-575.
Lo que iba a ser posible, como señalaron la mayoría de los cronistas, debido a la indefensión de las plazas litorales, la escasa protección militar que llevaban los galeones y por la molicie de los españoles que iban a las Indias solo pensando en su enriquecimiento.
Por su lado, la cartografía, no es sino otra manera de relatar las acciones humanas en forma de representaciones espaciales.
En los mapas producidos tras la llegada del corsario, los debates teóricos, las restricciones informativas o las argucias de Sarmiento de Gamboa contra la fama de Drake no dejaban de ser impulsos elásticos en el proceso de comprensión del orbe.
Los cartógrafos reconocieron que la experiencia del inglés constituía una fuente útil al conocimiento de la geografía, no tanto por la verosimilitud de sus aportes, sino como estímulo para un renovado cuestionamiento acerca de la forma del mundo.
No obstante, en el proceso de comunicación y difusión de las novedades geográficas, encontramos una relativa tensión entre la revelación de los descubrimientos, como parte de un saber global -útil a todas las naciones-y la búsqueda individual o nacional de la fama y de la honra.
De aquel desafío entre autoría y destino del conocimiento expuesto, fueron copartícipes los cartógrafos quienes, como Hulsius, se erigieron en calificados intérpretes de los relatos y noticias, y quienes, como Hondius, como reputados responsables de su transmisión. |
A comienzos del siglo XVII la Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) pretendía localizar nuevos enclaves que sirvieran como factorías mercantiles y abrir una vía entre Nueva Guinea y el Pacífico.
Se realizará una introducción general sobre las razones de estos viajes y un análisis de las causas que motivaron las expediciones holandesas.
Se utilizará bibliografía especializada, memoriales
Antecedentes: primeras expediciones en el contexto histórico-político
Desde el siglo XVI se organizaron expediciones al Pacífico Sur, en busca de la mítica «Terra Australis» o «Quarta Pars Incognita», las primeras de ellos, al menos que se tenga noticia documental, fueron auspiciadas por la corona española.
Después del viaje de Magallanes a primeros de la centuria, se organizaron tres viajes hacia el Pacífico: los de Álvaro de Mendaña, en 1567 y en 1595, y la expedición de Pedro Fernández de Quirós entre 1605 y 1606.
1 Hay algún indicio de que unos marinos portugueses y españoles también estuvieron antes en Australia y Nueva Zelanda, aunque no está demostrado realmente, entre 1521 y 1528.
2 El carácter de las expediciones hispanas parecía combinar los intentos de la Monarquía Hispánica de colonizar el archipiélago de las Islas Filipinas avanzando hacia otras fronteras del Pacífico sur, las «Islas del Poniente» que ya Pigafetta esbozó en su «Relación» de 1522 3 y que constituían el eslabón de una ruta importante para el reconocimiento de las costas de Australia.
Pero además estos viajes estaban organizados con objeto de buscar primero y controlar después los tráficos de la especiería, el comercio de riquezas que prometía Asia y que otras naciones competidoras de la Monarquía Hispánica, sobre todo Holanda, también pretendían.
Anteriormente, a comienzos del siglo XVI, fueron los portugueses los primeros en adentrarse por el área geográfica que se extendía desde la zona sur-este de África e Indonesia, alterando ya desde 1511 el comercio asiático en la zona y abriendo las puertas a la colonización comercial europea en torno a una serie de puertos-factorías que se convertirían posteriormente en un modelo de control económico sobre diversos territorios.
4 Este sistema de colonización consistía en el establecimiento de factorías portuarias que aglutinaban el tráfico marítimo y comercial de las regiones circundantes para la extracción de recursos.
Como ya indicó Charles Boxer en un trabajo clásico sobre la expansión holandesa, la factoría fue el modelo utilizado por los holandeses aunque sus factorijen estaban muy inspiradas en las feitorias portuguesas.
Para entender el desarrollo de este sistema híbrido entre puerto comercial y el fuerte, construido para la defensa de las mercancías y la vida de los mercaderes, es necesario relacionar la implementación de estas factorías con la forma en la que se llevaron a cabo los primeros viajes holandeses en Asia y en el Pacífico sur.
5 Este modelo de colonización comercial tuvo una gran importancia geoestratégica para la integración de territorios ricos en materias primas y recursos explotables y convirtió a muchos espacios en áreas altamente productivas para los negocios europeos y, especialmente, para las compañías de monopolio.
6 La llegada de las primeras expediciones enviadas por la corona española deben ser contextualizadas, pues, en un marco de competencia en la búsqueda de mercados.
De alguna manera, estas expediciones españolas estuvieron muy alentadas por los logros portugueses a pesar de las disputas que ambas monarquías tuvieron desde 1505, año en el que los españoles intentaron desarrollar empresas para alcanzar la Especiería y que derivaron en la búsqueda de un paso hacia el Pacífico, avistado en 1513 por Núñez de Balboa.
Las disputas ibéricas se materializarían en un tratado en 1529 en el que se acordaba una concesión a Portugal sobre las Molucas.
7 A partir de 1580 cuando Portugal pasa a ser parte de la Monarquía Hispánica, la corona española se va a beneficiar de los conocimientos de aquellos, sin embargo, la ubicación geográfica del virreinato del Perú daría la posibilidad a España de abrir una importante vía de navegación por el sur del Pacífico; y, también desde Nueva España, se propició la ruta del Galeón de Manila, establecida en 1565 y que conectaba México con las Filipinas.
8 Aparte de la búsqueda del camino de la Especiería, tan atrayente para los primeros proyectos ibéricos, la narrativa de la época está impregnada de un tinte evangelizador, una narrativa que describe unas empresas muy condicionadas por la naturaleza de un encuentro desigual entre la población autóctona y el grupo de misioneros franciscanos que acompañaban las expediciones españolas y que se dirigían a los nativos a través de una simbología cristiana incomprensible para ellos.
9 A pesar de ello, sin embargo, en 1595 ningún monje acompañó a la segunda expedición colonizadora que Mendaña hizo a las islas Salomón, la cual finalizó trágicamente en la isla de Santa Cruz.
10 La expedición de Fernández de Quirós, marino portugués que en 1595 ya había acompañado a Mendaña, sí tuvo este matiz evangelizador.
Fernández de Quirós recibió comisión del Papa Clemente VIII y del rey Felipe III de España para llevar a cabo su empresa en 1605.
Quirós llegó a lo que él pensaba que era la «Terra Australis» en mayo de dicho año, la gran bahía de Espíritu Santo, la bahía de San Felipe y Santiago, Nuevas Hébridas, y que Quirós denominó «La Australia del Espíritu Santo».
11 Estas expediciones, tanto las de Mendaña como la de Fernández de Quirós partieron del virreinato del Perú, a diferencia del viaje de Magallanes que se inició en Sanlúcar de Barrameda.
El virreinato del Perú sirvió de avanzadilla logística para las empresas españolas en el Pacífico que partieron «hacía las islas occidentales» en dirección a las que ya en aquella época se denominaban «Yslas de Salomón», situadas en la «Mar del Sur», de acuerdo a las noticias que hacia 1572 ofreciera el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa.
12 Las características del viaje de Fernández de Quirós pueden conocerse por los casi sesenta y cinco memoriales que el marino envío a la corona española entre 1607 y 1614 en los que señalaba la convicción espiritual y cristiana de estos viajes, y la necesidad de obtener cédulas reales que de alguna manera justificasen su empresa.
Uno de estos memoriales, presentado entre diciembre de 1608 y enero de 1609 ha sido impreso en varias ocasiones por lo que es muy conocido.
Otro de ellos, impreso muy posteriormente, en 1874, y traducido al inglés, señala el conocimiento que los marinos que estaban al servicio de la corona española tenían de las islas del Pacífico y de la aproximada ubicación de la «cuarta parte del mundo».
13 Aunque el objetivo de estos memoriales era que el Consejo de Estado y el Consejo de Indias se hicieran eco de las intenciones de estas empresas y así poder recabar más fondos para la misma, tuvieron mucho impacto en la propia época de su elaboración e incluso en siglos posteriores, cuando tuvieron una gran difusión en el norte de Europa debido a la rica información que ofrecían de las nuevas y ricas tierras aún no colonizadas por España y Portugal.
Estos memoriales de Quirós se transmitieron, como la copia que realizó Carlos de Labayen en Pamplona en 1610, 10 Estensen, 2006.
Fernández de Quirós falleció en 1615 pero está claro que su memorial inspiró empresas descubridoras en otras partes de Europa.
14 El contexto de este tipo de expediciones relacionaba un modelo de expansión territorial muy tradicionalista basado en el control de los territorios a través del poblacionismo, la evangelización y la localización de recursos económicos para su posterior explotación agrícola, minera o comercial.
Ello estaba originariamente en la génesis de los modelos imperialistas que predominarían desde el siglo XVI hasta el XIX.
15 Está presente en las narrativas históricas como en el caso de la relación de Pedro Sarmiento de Gamboa, bien estudiada por Justina Sarabia, 16 incluso en los estudios históricos que la Historiografía actual ha realizado de las empresas de conquista y colonización.
17 La idea de la evangelización estará presente hasta entrado el siglo XVII, como el plan misionero llevado por Fray Juan de Silva (1617-1734), quien envió tres memoriales al rey de España especificando su estrategia para la conversión a la fe católica de los habitantes de las tierras australes.
18 No obstante, poco a poco los objetivos evangelizadores y económicos, de búsqueda de materias primas y especias, se fueron complementando con razones de tipo militar y logístico en un contexto histórico en el que las naciones mercantiles europeas inician su competencia transoceánica.
Y en sucesivas empresas la cristianización se convirtió en un objetivo secundario a las razones geopolíticas y económicas que las expediciones españolas conllevaron.
Ello puede explicarse, entre diversas razones, por el viraje que el contexto internacional causo en las empresas de la Monarquía Hispánica a partir de finales del siglo XVI.
Rivalidades hispano-neerlandesas en el Pacífico sur
En la segunda mitad del siglo XVI el contexto bélico europeo empieza a concentrarse en torno a los conflictos entre el imperio Habsburgo, que gobernaba los reinos hispanos, y las provincias rebeldes de los Países 14 Kelly, 42 y 49, nota 4, Tabla D, donde se incluye una lista cronológica de las ediciones impresas del memorial.
Las guerras de Flandes, denominadas también con el apelativo de Guerra de los Ochenta Años, habían polarizado las rivalidades en dos bloques principalmente: la Monarquía Hispánica, que detentaba una hegemonía política, militar y colonial importante; y por otro lado, las naciones mercantiles europeas, sobre todo Inglaterra y el nuevo estado que surge de la revuelta contra el Imperio de los Habsburgo, la República Holandesa.
Ambas iniciaron un proceso de agresión y competencia con el imperio global hispano.
La Guerra de los Ochenta Años había derivado en la independencia de facto de las provincias neerlandesas, materializada en la Unión de Utrecht en 1579.
Por esas mismas fechas, las provincias marítimas, Holanda y Zelanda, emprenden acciones expeditivas a América con el fin de interceptar y atacar las flotas españolas y, de paso, localizar enclaves geográficos desde donde instalarse de forma perenne en colonias.
En ese año de 1579 ya se habían otorgado concesiones a compañías mercantiles privadas para la organización de expediciones, y ello en parte era debido a la extraordinaria experiencia que los holandeses tenían en la creación de compañías comerciales y en la navegación por áreas marítimas de difícil acceso como el Báltico y el norte de la Península Escandinava.
19 Además, los holandeses defendían el concepto de un mar abierto, un «Mare Liberum» como elocuente manera del principio de libertad y la capacidad que toda nación tenía para establecer colonias y abrir nuevas rutas comerciales.
Aunque es cierto que estos conceptos se defendían sobre un marco de neutralidad, los Estados Generales, órgano encargado de la política exterior de la República Holandesa, los utilizaron como arma contra su principal enemiga, la Monarquía Hispánica y, un siglo más tarde contra Ingla terra, competidora de Holanda en las rutas del comercio mundial.
20 Así, la llegada de los holandeses a la zona del Pacífico sur está muy relacionada con dos cuestiones al mismo tiempo entrelazadas entre sí: Por un lado, estas expediciones están enmarcadas en la misma estrategia económico-militar que condujeron a organizar los primeros viajes que las armadas holandesas, con permisos de corso otorgados por los Estados Generales, hicieron a América a partir del año clave de 1580.
Este año fue crucial para el posicionamiento de las provincias marítimas del norte de los Países Bajos en la guerra contra los Habsburgo.
En segundo lugar, la organización de expediciones a Asia, al igual que ocurrió para el caso america-no, debe ser visto como reacción para contrarrestar la propia política de guerra económica que la corona española estableció contra sus súbditos rebeldes, especialmente la serie de embargos que se empezaron a decretar en todos los puertos españoles y portugueses contra los buques de bandera holandesa.
Los diferentes embargos llevados a cabo por orden de los reyes de la Casa de Austria en plena efervescencia de las guerras de Flandes provocaron que los holandeses intentaran acceder a diversas materias primas que necesitaban en otros lugares.
Fue el caso de la sal que tomaron de Punta de Arayá, localizadas, al parecer, en los primeros viajes holandeses a la Guayana en 1594.
21 Más tarde, después de la paz de 1648, esto se convertiría en un problema diplomático al negarse los holandeses a renunciar al acceso a estas salinas.
La sal era una materia prima importante debido a su uso en la conservación del pescado en salazón y porque abría muchos mercados donde la sal era altamente demandada.
22 En general, esta estrategia estaba muy relacionada con la tipología de los negocios holandeses y con el hecho de que ya desde el inicio de la guerra contra el imperio Habsburgo los holandeses se habían visto obligados a cambiar sus áreas geográficas de obtención de sal y de otras materias primas.
En concreto la sal era tan importante para los holandeses que incluso Felipe III llegó a escribir al archiduque Alberto la idea de que la falta de sal podría obligar a los holandeses a pedir la firma de la paz.
23 Amsterdam se había convertido en un mercado de almacenamiento de stocks para su redistribución y fundamentó en la marina mercante y de guerra las vías no solo para la apertura de nuevas rutas con territorios productores de materias rentables para su comercio sino para el establecimiento de una red mundial de puertos-factorías sobre los que la República Holandesa basaría lo que Pieter Emmer y Wim Klooster denominaron «expansión sin imperio».
24 De hecho entre 1570 y 1670 Holanda tendrá una época de crecimiento explosivo en la búsqueda de mercados y su impacto en la economía global fue enorme.
Esas fechas constituirían el marco cronológico de la mayor expansión territorial holandesa en América y en Asia, dos polos opuestos pero fuertemente entrelazados.
25 La razón de esta relación podría radicar en que la actitud de los Estados Generales hacia Asia y América tenía una serie de denomina-21 Sluiter, 1942, 29-41.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.04 dores comunes: primero, las expediciones holandesas hacia ambos espacios geográficos constituyeron el centro de la guerra marítima.
Ello, además, fue la razón de que se constituyeran en Holanda las dos grandes compañías de monopolio, la West-Indische Compagnie (WIC) y la Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), ambas fundadas con el dinero recaudado en el asedio a enclaves geoestratégicos, como fue el caso de la VOC; o atacando las flotas españolas de la plata, en el caso de la WIC, 177.329 libras «de peso de dinero y plata que se evalúa cada libra en 44 florines tornesas de a 4 reales, con valor de 7.802.487», según un memorial de la época.
26 En segundo lugar, los holandeses buscaban establecer puertos-factorías y áreas para la explotación y comercialización de recursos.
Aparte del deseo de establecer colonias de plantación en América, los holandeses querían tomar partido del sistema de puertos-factoría portugués, modelo que ellos copiaron y perfeccionaron.
En ocasiones estos puertos-factorías estaban exentos de un fuerte, al contrario de lo que los holandeses hicieron con sus principales enclaves en Surinam, por ejemplo, donde sí los construyeron.
27 Por último, y relacionado con lo anterior, aparte de la sal, tan importante para la economía interna holandesa, había otros productos que a partir de ahora se constituían como principales mercancías para lograr un crecimiento económico basado en la explotación colonial y para conseguir también una clara hegemonía sobre los mercados.
Ambos estaban en América y en Asia: el azúcar y las especias.
Para hacerse con una colonia propia de plantación, los holandeses llegaron a la Guayana; y para lograr una posición predominante en el mercado de las especias los holandeses trasladaron la guerra europea y atlántica a la zona de Asia-Pacífico.
Es obvio tener que afirmar que existió una guerra ibérico-holandesa en Extremo Oriente, tal como afirmó en su momento, Jonathan Israel y el propio Emmer después.
28 Esta guerra daría lugar a que muchos enclaves anteriormente en manos de los portugueses pasaran a manos holandesas tal como sucedió también en la costa atlántica africana.
De hecho, las flotas holandesas pronto empezaron a penetrar y atacar flotas españolas y portuguesas en los diversos circuitos que constituían su sistema de expansión marítima y colonial: las islas atlánticas (sobre todo Canarias) y la costa 26 Hubo noticias en la corte española de que efectivamente la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales se había fundado con el dinero llevado a Amsterdam por Piet Heyn tras asaltar la flota de Nueva España en Matanzas, Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss MSS 23 148/33.
«Memoria de lo que robaron los holandeses de la flota de Nueva España, el año 1628».
ANA CRESPO SOLANA oeste de África, donde los portugueses controlaban la zona de Senegal y la Costa de Oro.
Las Antillas, México, la zona del istmo americano, también fueron objetivos para los holandeses, donde más tarde lograrían agenciarse algunas colonias, muy pequeñas pero eso sí, suficientes para alterar el comercio intracaribeño gracias al contrabando y el comercio de esclavos que desde ellas se ejerció.
El otro enclave, quizás el más importante para comprender la guerra atlántica hispano-holandesa, fue Brasil, cuando esta colonia fue tomada en parte de su territorio por los holandeses durante un breve pero crucial período de tiempo en el que las compañías holandesas de Amsterdam de origen judío sefardíes se adueñaron de los circuitos internacionales del azúcar.
Otro importante circuito en el que los holandeses se fijaron fue el asiático.
En 1579 la presencia hispano-portuguesa en Asia era aún muy limitada y a ello se une el hecho de que España y Portugal tenían dos vías comerciales separadas hacia esta área geográfica.
Además, la zona geográfica del sur del Pacífico era aún una zona menos conocida que América y escenario de nuevas incursiones para el descubrimiento y la toma efectiva de territorios aún no colonizados.
Hasta la firma de la Tregua de los Doce Años en 1609 esta área constituyó un territorio competitivo para la expansión territorial y una carrera en la búsqueda de pasos logísticos que acortaran o rentabilizaran los viajes comerciales.
La demanda de especias en los mercados europeos y la relación directa entre estas expediciones y el contexto militar de las guerras de Flandes están en el origen del «Dutch seaborne empire».
Ello hizo que los objetivos comerciales de los Estados Generales y, a partir de 1602, de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) se adaptaran a objetivos claros encaminados a colapsar las relaciones de España con sus colonias.
Por ejemplo, existen algunos indicios de que las incursiones que marinos y negociantes holandeses hicieron entre 1580 y 1640 al área del Pacífico a través del Estrecho Magallánico estaban muy relacionadas con un afán de acceder al virreinato del Perú.
Ello aparecía también, incluso, en los pioneros viajes a la «Guyana en el reino del Perú», en 1597, razón por la que los holandeses se adentraron por el río Surinam desde su recién tomada colonia en la Costa Salvaje de Tierra Firme.
29 Estos navegantes holandeses viajaban con unos documentos denominados Kaperbrieven, es decir, unas patentes de corso con autorizaciones para ejercer la piratería.
En la práctica proporcionaron grandes conocimientos geográficos y car tográficos así como en el arte de navegar a los que poseyeron estas patentes.
30 Aunque es probable que algún marino neerlandés haya viajado anteriormente a Asia al servicio de los portugueses, como fue el caso de Linschoten en 1583, el viaje de Cornelis de Houtman en 1595 está considerado la primera expedición holandesa al Pacífico, organizada por la Compagnie van Verre.
31 Había un área que se extendía desde el Perú hasta las islas Filipinas, cruzando la zona media del océano donde se localizaban las islas Marquesas y las Salomón, previamente visitadas por los navegantes españoles y que constituía el área de expansión ibérica.
Existe un Journaal escrito por Willem Lodewicksz, denominado Eerste Schipvaart van de Nederlanders naar Azië que fecha esta primera navegación entre 1595 y 1597.
32 Sustancialmente este texto describe la búsqueda también de un camino hacia las islas de las especias y está considerado oficialmente como el primer viaje holandés a Asia.
En realidad Houtman realizó dos viajes a Asia, el segundo con la Middelburgse Compagnie, junto a Gerard le Roy.
33 No obstante, también en esas fechas de finales del siglo XVI se sitúan los viajes de Willem Barents, muy documentados, entre 1594 y 1597.
Este navegante frisón abrió una ruta por el norte, navegando por el norte de Siberia, alcanzando Nueva Zembla, el estrecho de Kara, la isla de Vaygach, y el archipiélago Svalbard, donde dio nombre a la isla de Barents.
Aunque el interés comercial del viaje se enfocaba hacía el paso al Pacífico desde las rutas del norte, esta expedición logró influir las posteriores empresas nórdicas de los mercaderes holandeses interesados en el comercio con Rusia y otros enclaves situados al norte de la zona escandinava.
34 En España se hicieron eco de este viaje que, sin duda, era una prueba de la búsqueda del Paso del Noroeste por parte de los holandeses, como alternativa para cruzar al Pacífico evitando el estrecho de Magallanes, y así lo describe un testimonio recogido poco después: «En el año de 1594 zarparon cuatro navíos en Holanda los cuales saliendo a 5 de junio fueron navegan-30 Goslinga, s.f., 11.
34 Braat, 1964, 473-480; Veer, 2001 do la vuelta de las islas de Groenlandia e Islandia y dejándolas a mano izquierda volvieron sobre la derecha y al cabo de muchos días llegaron al Estrecho que está entre la punta llamada la Nueva Zembla y la isla de Nbeygat y aunque pasaron algo delante por respecto a los grandes y de los [...](sic) hubieron de volverse a atrás afirmando que por allí haben paso a la India [...]».
35 Poco después, Jan Huigen van Linschoten (1563-1611) describe en su «Itinerario», publicado en 1596, sus viajes desde Goa a Mozambique, siguiendo las rutas que previamente habían abierto los portugueses.
36 Linschoten había asistido a Willem Barents en la búsqueda del Paso del Noroeste, y posteriormente se embarcó él mismo hacia Goa, bordeando la costa atlántica africana y el Cabo de Buena Esperanza, en 1583.
37 Sin duda, esta avanzadilla holandesa por las rutas portuguesas puede estar relacionada con dos cuestiones importantes: la emigración de muchos judíos sefardíes que desde España y Portugal partieron para Amsterdam, ciudad donde podían cultivar su religión; y el hecho de que Portugal pasara en 1580 a ser parte de la Monarquía Hispánica, produciéndose ese declive del imperio de la India portuguesa, que ha sido señalado por Rafael Valladares.
38 El viaje de Linschoten hizo posible que unos mapas náuticos secretos portugueses se distribuyeran en Holanda.
Aparte de ser uno de los marinos holandeses que más contribuyeron a la traducción y difusión de obras que informaban sobre América y Asia en los países del norte de Europa, por ejemplo tradujo al neerlandés la obra de José de Acosta, también se dedicó a copiar literalmente mapas elaborados por los portugueses sobre las rutas a las islas de las Especias.
Como otros viajes posteriores, y antes de la fundación efectiva de la VOC, las denominadas voorcompagnieën organizaron diversos viajes para la búsqueda del camino de las islas de las especias.
Estas voorcompagnieën eran una serie de compañías comerciales privadas que se encuentran en el origen de la VOC antes de que esta se constituyera y tienen como especial características que estaban constituidas por pocas acciones de un grupo de negociantes relacionados con los lobbies judíos y flamencos que comerciaban desde Amsterdam y de otras ciudades libres de la República a donde habían tenido que desplazarse por la guerra que se vivía en el sur de Flandes.
Estos comerciantes habían diseñado sus compañías «in terms of domestic economic monopoly», pero sin duda darían pie a esa actitud de guerra económica y militar que luego caracterizó a la VOC.
39 Lograron realizar viajes de reconocimiento y ocupación de diversas islas y aunque esto no lo hicieron de forma efectiva, sí pudieron cartografiar el territorio y ofrecer conocimientos étnicos, antropológicos, de posibilidades comerciales e información económica.
En parte, estos conocimientos permitirían que la VOC pudiese romper el monopolio del camino a las Indias y el comercio de las especias que estaban en manos de los portugueses.
40 Desde los primeros momentos se produjeron incidencias entre holandeses y españoles en el territorio marítimo que abarcaba la zona del Pacífico medio entre las costas americanas y las Filipinas, y era lógico que la situación se agravase a partir de 1580, cuando Portugal había pasado a manos españolas y la Monarquía Hispánica estaba en guerra con Holanda, según se recoge en la copia de una relación de Fray Agustín de Cavallos, misionero franciscano, capturado por el barco «Hendrick Frederick», uno de los cuatro navíos de la expedición de Van Noort, en agosto de 1600, y que logra dar información a las autoridades mexicanas de las intenciones de los holandeses.
41 Oliveiro Van Noort está considerado como el primer neerlandés que circunnavegó el mundo.
Formado como marino durante las guerras contra los Habsburgos, se dedicó al pequeño comercio en Rotterdam y al corso.
Precisamente en ese citado contexto bélico, algunos negociantes de las Provincias Unidas reunieron dinero para organizar expediciones a los Mares del Sur a través del estrecho de Magallanes.
La intención era doble: comerciar con China localizando ellos mismos una ruta alternativa con las denominadas Islas de las Especias (Molucas) y atacar además a las posesiones españolas en el Pacífico, incluyendo las áreas mexicanas y del virreinato de Perú que querían alcanzar.
Al parecer, Van Noort utilizó la misma ruta seguida por Fernando de Magallanes.
Anteriormente, en 1598, Jacobo Mahu se había adentrado también en esta ruta, llegando a las islas Molucas.
Fue, como los demás, un viaje privado, financiado por dos comerciantes, Pieter van de Hagen y Johan van der Veken que habían 39 Padgett y Powell, 2012, 277.
Se pretendía navegar a lo largo de la costa oeste de América del sur para obtener plata peruana antes de seguir viaje a Japón y luego a las Molucas cruzando el Pacífico.
42 Bordeando África alcanzaron las islas de Chiloé, pero una serie de desdichas impidieron el arribo de la flota completa al estrecho de Magallanes viéndose uno de los buques que formaban el convoy (el Blijde Boodschap) en la necesidad de repostar en Valparaíso donde los tripulantes fueron apresados.
El resto de la flota logró cruzar el Pacífico, avistando las islas Sebaldes, en las Malvinas, arribando después a la isla de Kyushu en Japón, hacia 1600 y llegando a Tidore, en Indonesia, donde la tripulación fue ejecutada por los portugueses en 1601.
Además de hacer varios viajes de exploración al Ártico, en 1607 realizó, por encargo de la Compañía de Moscovia (Moscovische Compagnie, creada en 1554),44 un viaje de exploración hacia Groenlandia, llegando también a las Svalbard, descubriendo la isla de Jan Mayen, pequeña isla volcánica perteneciente actualmente a Noruega.
A través de Nueva Zembla, intentó localizar un «paso de la India» o «paso del Noroeste».
Tanto la Compañía de Moscovia como la propia VOC intentaron abrir una ruta comercial bordeando la costa norte de América.
Fue en un viaje financiado por la VOC con esta intención, en 1609, cuando Hudson llegó a las costas de la actual Nueva York.
Tras unos accidentados viajes, durante los cuales incluso fue encarcelado en Inglaterra, Hudson partió en 1610 para volver a intentar la búsqueda del deseado paso del noroeste, atravesando el estrecho de Hudson y su bahía, la bahía de James, para desaparecer poco después, tras un motín de su tripulación en 1611.
45 También hay que mencionar el viaje del mercader flamenco Jacques Le Maire en 1616 que descubrió un pasaje en el extremo más meridional de América del Sur.
46 No obstante fue Olivier Van Noort el realmente encargado de hacer un viaje a las Indias a través del Pacífico, organizada en 1598 por la Magellaase Compagnie, y los negociantes de Rotterdam Peter Van Beveren, Huyg Gerritz y John Benninck.
Van Noort redactó unas memorias llamadas Beschryvinghe van de Voyagien om de geheelen Werelt Cloot, donde describe todas las peripecias de este viaje.
47 Él mismo narra que en Plymouth recogieron a un piloto llamado Mellish que había navegado con Thomas Cavendish entre 1586 y 1588.
La flota bordeó la costa occidental de África, escalando en la isla del Príncipe, en el golfo de Guinea, frente a la costa de Gabón, donde se enfrentaron a los portugueses, perdiéndose parte de la tripulación.
La travesía del Atlántico les condujo hacia las costas de Brasil donde de nuevo fueron recibidos por los portugueses de mala manera.
Como en otras expediciones, el clima y las enfermedades tropicales o el escorbuto, obligaba a las flotas a quedarse temporalmente en algún lugar a pasar al invierno o a reponer fuerzas, recursos y alimentos.
Estos momentos eran los habituales para la mayor parte de las incidencias del viaje.
Entre junio y septiembre de 1599 navegaron desde las costas brasileñas hasta la Patagonia arribando al Puerto Deseado, en la actual Argentina, combatiendo con los nativos de la zona y cazando.
La flota llego al estrecho de Magallanes y anclaron en las islas Penguin, 48 descubriendo las bahías de Olivier, Mauricio y Hanry, para posteriormente, a partir de febrero de 1600 costear Chile y Perú por el Pacífico.
La ubicación de las islas en la ruta marítima de penetración este-oeste del estrecho, habitualmente acompañada por una abundante presencia aviar sobre o en torno a las mismas circunstancias que aseguraba su visibilidad y avistamiento en todo tiempo, como su relativa accesibilidad para las embarcaciones, fue suficiente para llamar la atención de todos los navegantes que pasaron a su vista.
49 Van Noort narra también como en la isla Mocha, cerca de las costas de Chile, fue bien recibido y ayudado por los mapuches, lo que provocó la reacción del gobernador Jerónimo de Quiroga.
Y gracias a la reposición de víveres, la flota alcanzó la isla de Ternate en las Molucas en febrero de 1601.
50 La narrativa posterior es interesante en relación a los intereses españoles de defensa en la zona.
Según el propio Van Noort, su flota apresó un galeón español, el Buen Jesús, comandado por Francisco Ibarra.
Éste, al comprobar la superioridad holandesa arrojó al mar 47 Schmidt, 2001.
Aprisionaron a los tripulantes españoles quiénes les confesaron que el virrey del Perú, Luis de Velasco y Castilla había despachado a su sobrino Juan Velasco con una escuadra a esperarlos en el cabo de San Fran cisco, en Panamá, a donde se dirigía Van Noort.
Los españoles pensaban que los holandeses tenían intención de saquear buques mercantes españoles en dicha zona.
Van Noort utilizó al piloto español, Juan Sando val, después de liberar al capitán Francisco de Ibarra, para cruzar el Pa cífico y luego le asesinaron.
Atacaron Valparaíso, Arica y El Callao donde capturaron diversas naves y obtuvieron botín.
Para luego partir hacia Guam, en las islas Marianas, y las islas Filipinas.
Desde el virreinato del Perú se envió una escuadra española para perseguir a la flota de Van Noort.
El gobernador Francisco de Meneses Brito envío también la escuadra del Mar de Sur.
Al parecer, los holandeses hundieron el ga león San Diego, uno de los galeones de Manila, 51 y obtuvieron por medio de un marino chino de Guandong, una importante información sobre el movimiento comercial de Manila.
En diciembre de 1600, la flota de Antonio de Morga asaltó a la flota de Van Noort frente a Cavite, pero no pudieron impedir que los holandeses saquearan Filipinas para luego partir hacia Borneo y Java para cargar especias.
52 La flota regresó a Rotterdam en agosto de 1601 tras rodear el cabo de Buena Esperanza tras un viaje de casi tres años y había sido la cuarta circunnavegación.
En 1615 se produjo una tercera expedición holandesa al estrecho de Magallanes, la expedición de Joris Van Spielbergen, que además elaboró un documento cartográfico sobre la isla de los Pingüinos: Tijpus Freti Magellanici quod Giorgius Spilbergius cum clase lustravit (1619).
53 Las narraciones de estos viajes pioneros coinciden en muchas ocasiones con la dinámica expuesta en los primeros viajes portugueses y españoles.
Además, comparten mucha iconografía semejante que pueden apreciarse, por ejemplo, en la narrativa de Gaspar González de Leza sobre las expediciones de Pedro Fernández de Quirós.
LAS RIVALIDADES HISPANO-NEERLANDESAS EN EL PACÍFICO
La Compañía Holandesa de las Indias Orientales
Cuando en 1602 se fundó la VOC, la Verenigde Oostindische Compagnie o Compañía Holandesa de las Indias Orientales, los holandeses tenían ya mucha experiencia en las rutas transpacíficas.
Uno de los proyectos de la VOC consistía en abrir una vía entre Nueva Guinea y el Pacífico.
Y también la búsqueda de la ruta australiana estaba presente en la política de la compañía que planeaba sobre todo el establecimiento de enclaves que sirvieran como factorías mercantiles.
55 Es curioso destacar que justo el año del regreso de Van Noort de su circunnavegación, se fundara en las Provincias Unidas la compañía que se encargaría de la explotación comercial en Asia.
Creada en marzo de 1602 la VOC obtuvo un privilegio de monopolio para realizar actividades de navegación y comercio en Asia por un período de veintiún años pero que además la convertía en una poderosa arma de guerra en el mar que trasladó al océano Pacífico la guerra que Holanda y España tenían en Europa y que focalizó los enclaves portugueses como objetivos militares.
Los Estados Generales, órgano gubernamental de la República Holandesa, establecido en La Haya, le otorgó a la VOC potestad para declarar la guerra, negociar tratados, acuñar monedas y establecer colonias por lo que esta corporación era casi un estado dentro del estado.
Hasta su total liquidación en 1795 fue una de las compañías de comercio más importantes y rentables que operaron en Asia en los siglos de la Edad Moderna.
56 Solo un año después, en 1603, se estableció la factoría de Bantan, en Java Occidental, y en 1611 se fundó Jakarta (Batavia).
El gobernador general de las Indias Orientales, cargo asesorado por el Raad van Indie (Consejo de Indias neerlandés) era el administrador de las actividades de la Compañía en puertos asiáticos.
Pero la VOC estaba gobernada desde la República por los accionistas, un grupo corporativo que se hacían llamar Heeren XVII 57 y por los representantes de las seis cámaras provinciales que se denominaban bewindhebbers.
58 La guerra hispano-holandesa en Asia pronto se convirtió en una guerra global debido a los intereses holandeses de controlar otras áreas del Pacífico sur en la búsqueda de zonas productoras de especias que no estuviesen controlados aún por Portugal.
58 Las cámaras eran Amsterdam, Zelanda, Delft, Rotterdam, Hoorn y Enkhuizen.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.04 Además, a partir de 1604, Holanda tendrá una nueva competidora más en la zona, Inglaterra, que también había fundado su propia Compañía de las Indias orientales (EIC en sus siglas en inglés) y con la que incluso llegó a protagonizar episodios bélicos muy extremos, como la masacre de Amboina de 1622 que, al parecer, detuvo temporalmente la presión holandesa sobre las Islas Filipinas.
59 En el período de tiempo que transcurre entre 1598 y 1609, año de la firma de la Tregua de los Doce Años entre España y las Provincias Unidas, se produjeron algunos viajes cuyos barcos se equiparon con las empresas que originariamente participaron como accionistas de la VOC, las denominadas voorcompagnien.
Algunas de estas empresas pueden considerarse como antecedentes al viaje que más tarde realizaría Tansman.
Uno de ellos fue el protagonizado entre 1602 y 1605 por Wybrand van Warwyck y Sebald de Weert, que descubrieron unas islas que no estaban cartografiadas y que recibieron el nombre de «Islas Sebald De Weert», y más tarde serían las Malvinas.
60 Las expediciones de Steven van der Haghen (1602-1607), de Cornelis Matelieff de Jonge (1605-1608), de Paulus van Caerden (1606-1610) o la realizada bajo la dirección del almirante Pieter Willemszoon Verhoeff (1607-1612) sirvieron para consolidar las distintas rutas asiáticas de los holandeses y establecer la política de la Compañía de las Indias Orientales en cuestiones de administración militar y comercial.
61 Es cierto que durante la Tregua de los Doce Años los holandeses respetaron el cese de las hostilidades en Asia aunque aprovecharon para incentivar sus relaciones con Japón desde Hirado, y más tarde, ya en 1641 se instalaron en Deshima.
62 Los diversos viajes de van der Haghen, primer almirante de la VOC, fueron primordiales para encontrar una ruta holandesa a las Molucas; mientras que Matelieff de Jonge fue activo en los dos sitios que la flota holandesa realizó sobre Malaca, en Malasia, en 1606 durante varios meses.
Paulus van Caerden y Verhoeff, entre otros, participaron también en estos viajes con fines comerciales y logísticos militares.
Algunos antecedentes importantes al viaje realizado por Tasman se encuentran, por ejemplo, en el viaje de Willem Janszoon en 1605.
Janszoon era empleado de la VOC desde 1598, y como tal había navegado desde Bantam, en Java, a bordo del Duyfken, en dirección a Australia.
Al parecer llegó hasta el Cabo de York, en la península de la actual Queensland en Australia, a la que llamó Nueva Zelanda.
Sin embargo, y al menos que se tenga base documental, no le fue posible navegar por el estrecho de Torres, que separa Australia de Nueva Guinea.
La búsqueda de un paso por este estrecho significó una empresa de secreto militar para la Monarquía Hispánica y, solo cuatro meses más tarde del viaje de Janszoon, en 1605, y sin que los holandeses tuviesen noticia de ello, un servidor de la Corona española, Luis Báez de Torres, consiguió adentrarse por el mismo.
63 La preocupación que tenía la corona española por mantener el secreto del viaje de Báez de Torres se hace notar en una carta escrita en 1607 en Manila por el propio Torres al rey Felipe III en el que le confirma que pasó el estrecho que hoy lleva su nombre pero que necesitaba provisiones para emprender el viaje de regreso a El Callao.
Al parecer esta carta jamás fue respondida y quedó oculta en los archivos de la corona en Simancas.
64 En 1644 fue precisamente una memoria de Abel Jansen Tasman65 lo que da noticia del encargo realizado por el director de la VOC Jan Willem Verschoor a Janszoon después de que la compañía hubiese establecido su primera factoría comercial permanente en Bantam, al oeste de Java, en 1603.
La intención era localizar nuevas rutas a través de las islas del Pacífico sur que conectasen Asia con América por el Pacífico.
El viaje de Janszoon entre Nueva Guinea y Bantam, pasando por el Cabo de York en Australia fue decisivo para posteriores políticas militares holandesas y, probablemente, influyó en la actitud de la corona española y las autoridades filipinas en la zona.
La corona española pensó, quizás, que los holandeses querían abrir nuevas rutas secretas de las que ya tenían conocimiento cartográfico.
Aunque la mayoría de los documentos sobre el viaje de Janszoon se han perdido, es posible reconstruir su ruta gracias a indicios aislados.
66 De ellos se deduce que Janszoon navegó de regreso a Amboina, cuartel general de la VOC, pasando por Banda y otras islas cercanas a las costas de Papua para cruzar el mar de Arafura sin advertir la existencia del estrecho de Torres y se dirigió hacia el golfo de Carpentaria llegando a cabo de York.
Según las instrucciones que la VOC entregó a Tasman en 1644,67 Willem Janszoon descubrió 220 millas (350 kilómetros) de costa, pero también pueblos autóctonos salvajes y violentos que les atacaron, razón quizás de por qué se volvieron sin obedecer las órdenes de los Heeren XVII, en Amsterdam, sobre la necesidad de localizar enclaves importantes para la extracción de especias.
Aún así logró cartografiar, por primera vez, una parte importante de Australia, conocido como el mapa de Duyfken, en recuerdo del buque de la flota del almirante van der Haghen donde Janszoon navegó a Australia.
Inspiró el «mapa del Pacífico» elaborado en 1622 por Hessel Gerritsz, cartógrafo oficial de la VOC (y que también elaboró un mapa de las Guayanas en 1625) y más tarde sirvió de base a la cartografía asiática que incluye Johannes Blaeu.
La importancia de este mapa radica en que sirvió para determinar la insularidad de Nueva Guinea y la consiguiente ubicación al norte de una posible «Terra Australis» así como la apertura de un paso alternativo por el oeste hacia y desde el Pacífico.
68 El de Janszoon no sería el único viaje de exploración a Australia organizada por los holandeses.
Antes de ser empleado en la VOC en dicho año, había desarrollado una experiencia mercantil en el Báltico y en el Mediterráneo.
Navegó costeando África hacia el cabo de Buena Esperanza a bordo del navío Eendracht, sufriendo graves pérdidas por el camino, entre tripulación y barcos llegando a Batavia en octubre de 1616.
Poco antes, en 1610 el también navegante holandés Hendrick Brouwer había observado los fuertes vientos de la zona del Índico sur y había encontrado una vía más rápida para llegar a las colonias holandesas de Asia desde el cabo de Buena Esperanza.
Hartog llegó a una isla deshabitada frente a Australia Occidental, en la bahía de Shark, que actualmente se denomina isla Dirk Hartog, donde dejó una placa con una breve descripción de su viaje.
Hartog realizó algunas cartas náuticas de la zona occidental de Australia hasta su regreso a Amboina pasando por Macasar, que desde la llegada de los portugueses en 1512 era uno de los principales puertos de libre comercio en Indonesia, en la isla de Célebes.
La VOC se haría con el control definitivo de esta isla en 1667.
El Raad van Indië (o Consejo de la India) no pareció satisfecho con la ruta de Hartog y existen indicios de que después de su llegada a Ambonia, Hartog abandonó a la compañía para dedicarse a negocios en el Mediterráneo y en el Báltico.
Incluso parece que llegó a estar al servicio de los Habsburgos españoles en el Mediterráneo.
También Frederick de Houtman, en 1619, junto a Jacob d'Edel, a bordo de dos navíos de la VOC, el Dordrecht y el Amsterdam, llegaron de nuevo a las costas de Australia.
69 Y en abril de 1623 Jan Carstenssen exploraba la región de Nueva Guinea y la península del cabo de York previamente descubierta por Willem Janszoon en 1606.
70 El descubrimiento de la insularidad de Nueva Guinea sembró en los navegantes holandeses la idea de abrir un paso que uniese las colonias ibéricas de Asia con el Pacífico navegando desde el este.
Esto podía suponer una amenaza para las colonias españolas en la zona y también para las americanas ya que a partir de la creación de la VOC las flotas de la compañía hacían viajes regulares, bordeando el cabo de Buena Esperanza hacia las colonias que poco a poco iban agenciándose en el marco de la guerra.
Otros comerciantes privados, incluyendo algunos mercaderes de origen flamenco, como Pieter Both, en 1601, propiciaron algunos viajes de reconocimiento del territorio, como el de Guillaume Senescal, Gerard le Roy y Laurens Bicker, entre 1602 y 1603 con una pequeña compañía denominada Nieuwe Brabantse Compagnie, que tenía su sede en Midelburgo.
Con una buena formación como navegante, se embarcó destino a las Indias Orientales en 1634.
Entre esa fecha y 1637 estuvo envuelto en diversas operaciones marítimas en la zona y regreso a los Países Bajos.
Al año siguiente regresó, junto con su esposa, Joanna Tiercx, empleándose en el ejército y en algunos negocios de viajes comerciales en Japón y Camboya.
También desempeño algunas misiones en Siam, en Batavia, que era la cabecera asiática oficial de la VOC.
La VOC especificó la necesidad de que Tasman lograra identificar el nuevo continente aún inexplorado para que éste pasara al dominio neerlandés para su explotación y control comercial.
73 Ya había pasado la época del auge de las compañías privadas de ámbito económico doméstico y estaba claro que la dirección de la Compañía deseaba invertir la experiencia adquirida en la consolidación de un imperio colonial en Asia.
La década de 1640 también fue crucial en las relaciones hispano-neerlandesas y para el posicionamiento de Portugal en la zona.
En ese año, Portugal se independizaba de la corona española y se preparaban ya las paces entre España y la República Holandesa.
En esa fase los Estados Generales apoyaron la secesión de Portugal pero quería a toda costa mantener sus adquisiciones en Asia que había atacado y ocupado durante la guerra.
74 Puede decirse que la guerra entre los Imperios Ibéricos y la República Holandesa no se detuvo realmente en Asia después de 1648 ya que los holandeses no estaban dispuestos a renunciar a los enclaves portugueses que habían tomado prestados sin derecho a devolución.
Además, existía un segundo objetivo, quizás secreto, la búsqueda de una ruta a través de Nueva Guinea que sirviera de enlace rápido entre las colonias holandesas de Asia y el Pacífico, con la intención de alcanzar las costas de América, siempre en la perspectiva holandesa por sus rivalidades con la corona española.
Fue hacia 1642 cuando Tasman recibió el encargo de liderar una expedición hacia tierras del sur y del este en el Pacífico sur.
Partió de Batavia hacia la isla Mauricio, entonces una posesión holandesa, ofreciéndole el gobernador mucha información con las islas Salomón y Nueva Guinea.
Mauricio era de interés estratégico para la VOC, que la colonizó en 1638 después de más de un siglo semi-abandonada, porque suponía una escala para el largo viaje que las flotas de las Compañía realizaban costeando África, siguiendo de alguna manera, la ruta que habían abierto antes los portugueses hacia el Índico.
Durante la travesía de Tasman, muy documentada, los pilotos calcularon una ruta hacia el sur y luego hacia el este, con objeto de alcanzar primero las islas Salomón.
En noviembre pasaron la Gran Bahía Australiana.
75 Divisaron la costa oeste de Tasmania nombrándola «Tierra de Van Diemen», en honor de Anthony van Diemen, entonces gobernador de las Indias Orientales neerlandesas.
De hecho, van Diemen estaba muy interesado en consolidar el imperio neerlandés en Asia, e invirtió mucho dinero y recursos humanos en organizar viajes hacia Australia.
En 1639 ya había encargado a Maarten Gerritsz Vries a explorar las costas de Corea y posteriormente contrató a Frans Visscher para trazar nuevos planes de descubrimiento.
El propio Visscher acompañaría después a Tasman en busca de Australia a la que llamaron Nieuw Holland.
76 El equipo liderado por Tasman y Visscher bordeó el sur de Tasmania y se encaminaron en dirección noreste, llegando a la que bautizaron con el nombre de Bahía de la Tormenta, debido a que allí les sorprendió una tormenta.
Luego llegaron a la península de Forestier y después a la bahía de Marion, donde Tasman reclamó la posesión formal de la tierra el 3 de diciembre de 1642.
77 Tras su llegada a la isla de Van Diemen (Tasmania), Tasman navegó por Nueva Zelanda avistando también las islas Fiyi en 1643.
Se dirigió hacia el este hasta que nueve días más tarde alcanzó la isla sur de Nueva Zelanda.
Tasman le dio el nombre de «Staten Landt» suponiendo que estaba conectada a una isla (a Staten Island) en el sur de la punta de América del Sur.
Luego navegó hacia el norte siguiendo la costa y luego al este donde en Waka fue atacado por los maoríes.
En el camino de regreso a Batavia Tasman llegó al archipiélago de Tonga virando luego al noroeste hacia Nueva Guinea desde donde regresó a Batavia el 15 de junio de 1643.
En 1644 Tasman lideró un segundo viaje por el Pacífico.
Con una pequeña flota de tres naves la VOC le había encargado comprobar si había un paso en el Mar del Sur entre Carpentaria y la Tierra de De Witt.
A pesar de la abundancia de la documentación, algunos capítulos del viaje de Tasman no están del todo claros, a lo que se une el hecho de que, al parecer, llevaba unas órdenes concretas que no obedeció.
ANA CRESPO SOLANA de cobarde al no querer enfrentarse personalmente a las poblaciones autóctonas que habían reaccionado salvajemente contra los europeos.
No obstante, a su regreso en 1644 recibió el nombramiento de comandante.
El gobernador Van Diemen, en un informe al Raad van Indië el 23 de diciembre de dicho año expresó su decepción ya que la expedición no había conseguido abrir una ruta entre Nueva Guinea y las tierras del sur, Australia.
Se intuía un pasaje que sirviera para aligerar la navegación entre el Cabo de Buena Esperanza y las Islas del Índico así como con otras partes de Nueva Guinea, Timor y otros enclaves relacionados con el comercio de China.
En realidad, Tasman hizo labores de cartografía, bordeando las costas, pero no llevó a cabo prospecciones de los territorios desde el punto de vista de los posibles recursos explotables.
Finalmente no fueron considerados unos viajes rentables, desde el punto de vista económico, para la dirección de la VOC.
78 Desde el punto de vista cartográfico, Tasman estaba convencido de que Nueva Zelanda era parte de la «Terra Australis».
Quizás uno de sus logros fue la cartografía que elaboró de las costas de Australia y Nueva Zelanda.
Junto a sus copilotos, Visscher y Gilsemans, lograron cartografiar gran parte de la zona, incluyendo también a algunas islas del Pacífico.
Tasman afirmaba que, a pesar de sus fracasos desde el punto de vista de la rentabilidad económica, había logrado circunnavegar aquella «Tierra sur desconocida» que calculaba tenía una extensión de 8000 millas de costa y fijó un límite para las comarcas orientales de Nueva Holanda.
Además, realizó también importantes sondeos de la costa suroeste de Nueva Guinea, la Tierra de Eendragt y el golfo de Carpentaria, realizando observaciones sobre las gentes que vio.
Localizó la entrada al estrecho de Torres aunque se disuadió de atravesarlo por las islas y arrecifes que lo bloquean, y regresó a lo largo de la costa de Nueva Guinea en dirección oeste hacia Batavia en 1644.
Tasman fue nombrado miembro del Consejo de Justicia de Batavia y a mediados de 1647 se trasladó con una misión a Siam.
Aún, antes de la firma de la paz entre la República Holandesa y la Monarquía Hispánica, Tasman intentó llevar a cabo una misión bélica.
LAS RIVALIDADES HISPANO-NEERLANDESAS EN EL PACÍFICO objeto de interceptar el galeón español que llevaba la plata de México.
La noticia del 30 de enero de ese año de que se había firmado la Paz de Westfalia no había penetrado en el sudeste de Asia y la República de las Siete Provincias Unidas trataba de esta manera de asestar a los españoles un gran golpe.
Además tenían un segundo cometido, que era ayudar al rey de Siam en la guerra contra sus enemigos.
No lograron apresar al galeón español, al que persiguieron pero logró escapar acabando hundido frente a las costas filipinas y siendo saqueado.
Además, el rey de Siam modifico sus planes y ya no necesitó el auxilio de los barcos.
En enero de 1649 la flota de Tasman regreso a Batavia donde fue depuesto de su cargo por desobedecer las instrucciones de la VOC.
No obstante en 1651 fue repuesto y, totalmente retirado falleció como un comerciante rico en Batavia en 1659.
79 Años después la empresa australiana holandesa fue completada por Willem de Vlamingh en 1696.
80 Willem Hesselsz de Vlamingh, aunque nacido en Oost-Vlieland, pudo ser de origen flamenco, por la peculiaridad de su apellido.
En realidad su viaje de 1696 consistía en una misión de rescate del Ridderschap van Holland, una importante nave de la VOC que se había encallado, al parecer, en la costa occidental de Nueva Holanda.
En realidad, después de Tasman no se organizaron empresas de colonización serie de Australia por parte de los holandeses aunque hubo algunos viajes comerciales que naufragaron cerca de las cosas australianas, muchos de ellos sin dejar rastro.
Aunque Vlamingh no localizó el Ridderschap sí llevó a cabo una labor fundamental al cartografiar la costa occidental del continente, mejorando así la navegación índica desde el cabo de Buena Esperanza hasta las Indias Orientales holandesas.
Navegó también a la isla de Tristán de Acuña y al archipiélago de San Pedro y San Pablo, desembarcando en la isla que llamó «Nido de Ratas» (Rottnest en neerlandés) al observar a unos marsupiales, y la describió como una especie de paraíso donde se podía vivir sin demasiadas pertenencias.
A pesar de que circunnavegó Australia, Tasman no reportó beneficios reales a la Compañía de las Indias Orientales.
Puede decirse que tanto Tasman como sus predecesores ofrecieron una rica información cartográfica para futuros conocimientos de Australia que, sobre todo, beneficio a los ingleses, un siglo más tarde.
Estas empresas al menos sirvieron para otorgar a la VOC capacidades políticas y militares contra sus rivales, especialmente contra la corona española 79 Ibidem (passim).
Desde el punto de vista comercial, Holanda estaba ya asentada en una cadena de enclaves, algunos de ellos arrebatados a los portugueses, y estos conocimientos cartográficos les ayudo a establecer su circuito económico pero no a controlar todo el territorio.
Habría que esperar más de un siglo, hasta la llegada de James Cook al Pacífico, para reconocerse los éxitos geográficos de Tasman.
Las rivalidades hispano-neerlandesas en el Pacífico y la conquista de Australia: de Cornelis de Houtman a Abel Janszoon Tasman (1595-1651)/ Dutch-Spanish rivalries in the Pacific and the conquest of Australia: from Cornelis de Houtman to Abel Janszoon Tasman |
Hasta 1835 la exploración hidrográfica del Pacífico sur, esto es frente a las costas de Chile, fue una empresa que los españoles en el siglo XVIII y los ingleses en el siglo XIX realizaron de manera sistemática y en función de los intereses de ambos imperios.
Más tarde, sería el Estado de Chile, a través de su Armada, el que emprendería el reconocimiento del océano frente a su litoral en general y, en particular, del Pacífico austral, esto es, entre Chiloé y el estrecho de Magallanes, y siempre en el espacio adyacente al continente pues las exploraciones mar adentro fueron escasas.
Una empresa poco conocida cuyo objetivo esencial fue estudiar y cartografiar concienzudamente el territorio de la república de Chile.
Los informes, derroteros, planos y cartografía en general de estas comisiones, que constituyen las principales fuentes para su estudio, ofrecen los objetivos esenciales de estos reconocimientos hidrográficos, algunos de sus principales hitos, actores y características; los procesos que se manifiestan a través de ellos; la forma como se relacionan unos con otros; los efectos que tuvieron en la navegación del Pacífico sur; la manera como los aprovecharon científicos, exploradores y navegantes; en definitiva, el papel que cumplió el reconocimiento hidrográfico de España, Gran Bretaña y Chile en la exploración del mayor océano de la tierra.
La evolución entre los reconocimientos imperiales iniciados por España y continuados por la Gran Bretaña, y los nacionales llevados adelante por Chile en la segunda mitad del siglo XIX, muestran que los primeros se contentaron con reconocer y cartografiar el litoral oceánico continental y advertir las principales características de la costa en orden a sus condiciones para fondear naves, hacer aguadas y prever todo lo relacionado con las corrientes, mareas, vientos y fondos, que tan directamente influyen sobre la navegación y sus circunstancias; mientras que la Armada de Chile, además de lo anterior, se ocupó de reconocer cuidadosamente su litoral en general y explorar particularmente la costa austral situada al sur de la isla de Chiloé, así como el interior del continente entre los 44 y 47 grados de latitud sur aproximadamente, teniendo como uno de sus objetivos esenciales la búsqueda de un «paso para la Patagonia».
Así, mientras para los imperios la navegación, las rutas y condiciones de la costa resultaron esenciales en función de sus intereses, para el gobierno chileno sería el reconocimiento exhaustivo de territorios y espacios marítimos, para efectos de su aprovechamiento futuro y afianzamiento de su soberanía, la razón última de las comisiones hidrográficas que organizó.
Preocupación del Estado chileno fue también preparar una geografía náutica de Chile con información de la hidrografía de las costas del país, para lo cual se realizaron exploraciones y organizaron expediciones que, poco a poco, fueron completando el reconocimiento del litoral nacional.
En esta tarea se aprovecharon los conocimientos producidos por las comisiones hidrográficas españolas del siglo XVIII e inglesas de las décadas de 1820 y 1830.
En el último tercio del siglo XIX serían la necesidad de obtener antecedentes para enfrentar las querellas limítrofes con Argentina, y la inminencia de un conflicto armado, la guerra desatada contra Perú y Bolivia en 1879, lo que intensificó los afanes chilenos por reconocer las costas del Pacífico sur, preparando de este modo derroteros, informes y otra serie de trabajos que adelantaron en el reconocimiento geográfico e hidrográfico del litoral oceánico.
Malaspina en América meridional
El paso de comisiones científicas por la costa meridional de América del Sur a lo largo del siglo XVIII fue frecuente.
Desde Feuillée y Frezier en las décadas de 1700 y 1710 respectivamente, hasta Malaspina y Humboldt, en los últimos decenios de la centuria ilustrada, pasando por Bougainville y La Pérouse, por nombrar sólo algunos, fueron numerosos los navegantes y hombres de ciencia que se aventuraron a reconocer las costas de los virreinatos del Perú y de la Plata y de la gobernación de Chile.
Como testimonio de sus experiencias en esta porción del Imperio español se encuentran sus relatos de viajes, cartas geográficas, informes científicos e iconografía que hoy es posible estudiar para conocer y comprender la realidad americana colonial.
Entre todos ellos, sin duda los generados por la Expedición Malaspina, verificada entre 1789 y 1794, son algunos de los más importantes, a la vez que escasamente apreciados hasta hace poco tiempo.
2 El estudio de la documentación elaborada por la empresa ilustrada encabezada por el comandante de origen italiano permite demostrar que representa un hito, ya sea que se la considere desde el ángulo del Imperio que la organizó, como del de las colonias y posesiones ultramarinas que recorrió.
En primer término, porque en ella se resume un siglo de exploraciones científicas europeas y españolas en América.
Ahí están para demostrarlo la magnitud de los recursos reunidos por España en esta comisión ilustrada; la amplitud enciclopédica de los objetivos que se le encomendaron; los vastos espacios marítimos recorridos y los múltiples y heterogé neos territorios visitados; así como por su extraordinaria labor de recopilación de información sobre la realidad natural y social americana y las reflexiones y proyecciones de todo orden que hicieron sus miembros a partir de los conocimientos y experiencias que les brindó América.
Desde el punto de vista de las colonias, la Expedición Malaspina representó un acontecimiento extraordinario, en especial para las sociedades más aisladas y precarias como Chile.
Si bien la costa occidental meridional de América había recibido -y continuaría acogiendo-a numerosos y reconocidos viajeros ilustrados como La Condamine, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Vancouver y Heuland, no es menos cierto que a ésta nunca había arribado ni arribaría una empresa de la magnitud de la encabezada por Malaspina y Bustamante, capaz de generar un cúmulo de información como hasta entonces no se había reunido sobre esta sección del continente americano.
La Expedición no tuvo a Chile, Perú o el Río de la Plata como destinos particulares.
Malaspina y sus hombres vinieron a las posesiones ultramarinas de España, especialmente a los virreinatos más importantes para la vida económica del Imperio, de tal modo que su paso por la gobernación de Chile, desde antes de su zarpe, representaba una escala más en una derrota cuyo objetivo esencial era conocer América como un todo y en tanto posesión colonial de la metrópoli.
Los científicos ilustrados apreciaron Chile como una frontera política, cultural y económica de vasto alcance, concebida como el espacio geográfico en donde se diluía la influencia de España en América.
Los testimonios de los miembros de la Expedición Malaspina sobre Chile aluden a él como a una frontera científica.
Un territorio por conocer a través del método propio de la ciencia, por explotar y aprovechar económicamente gracias al conocimiento que se obtuviera de su exploración y estudio.
Además, Chile fue apreciado y estudiado en tanto área geográfica que era preciso cautelar militarmente en su condición de primera línea de defensa de las RAFAEL SAGREDO BAEZA Anu. estud. am., 70, 2, julio-diciembre, 2013, 509-556.
La comisión científica de Malaspina debe comprenderse en el contexto de un siglo en el que la ciencia se convierte en un instrumento de expansión imperial, pues la ciencia es poder y éste también se expresa en la capacidad de acceder al conocimiento.
Entre ellos, y fundamentales, el progreso en los conocimientos geográficos, náuticos e hidrográficos, con vistas a asegurar la navegación y con ella mejorar la situación económica y comercial del Imperio.
Al interés por las riquezas de las colonias, las expediciones sumaron el reconocimiento y estudio del litoral americano, especialmente de aquellos sitios que tenían, o podían tener, un valor estratégico desde el punto de vista comercial y militar o que se encontraban amenazados por otras potencias.
Este era el caso, por ejemplo, del istmo que media entre el mar Pacífico y el río y golfo de Nicaragua, cuyo «conocimiento cabal debía mirarse como muy importante para la defensa marítima nacional», además de ser «aquel el único desembocadero cómodo para el tránsito a Europa de una porción considerable de frutos preciosos hasta aquí malogrados»; o del extremo meridional de América del Sur, específicamente el cabo de Hornos, que para Malaspina había dejado de ser temible y por lo tanto un fenómeno disuasivo para las naves extranjeras.
3 Un viaje hecho por navegantes españoles, argumentaron Malaspina y su segundo, Bustamante, antes de zarpar, «debe precisamente implicar la construcción de cartas hidrográficas para las regiones más remotas de la América, y de derroteros que puedan guiar con acierto la poco experta navegación mercantil».
4 Viajes como el de Malaspina obedecían también a la necesidad de reconocer nuevas rutas para el comercio o localizar bases de apoyo para el mismo.
Esto no sólo es válido para las expediciones españolas, sino también para las rusas, francesas e inglesas.
De las organizadas en el siglo XVIII, las expediciones cuya finalidad inmediata se encuentra en el campo de la geografía son las más numerosas.
Ello se explica porque durante el siglo XVIII la geografía fue considerada como una de las ciencias que confluía con la náutica.
Ambas ciencias se apoyaban para su desarrollo, de ahí que los geógrafos pensaran que los pro-blemas náuticos debían ser estudiados por la geografía.
Por su parte, la náutica suponía a su vez la presencia de la geografía, cuyo tratamiento era obligado en los tratados de navegación y pilotaje.
La astronomía también formó parte de las expediciones geográficas desde el momento que su propósito fundamental no era estudiar los fenómenos celestes, sino obtener los datos necesarios para conseguir mejores mediciones geográficas y situar exactamente los sitios y puntos de interés.
En su derrota de ida en 1790, Malaspina y sus naves recorrieron el litoral occidental sudamericano desde Chiloé al norte, sin ocuparse de la zona de los archipiélagos y canales australes.
Entonces su objetivo esencial fue verificar informaciones de carácter geográfico y económico sobre territorios o rutas, productos o especies que, de confirmarse, representarían grandes beneficios para España.
Así, por ejemplo, en su recorrido por las costas chilenas, una vez que había completado sus observaciones astronómicas e hidrográficas en Coquimbo y estando listo para seguir hacia el Perú escribió:
Ya hubiéramos podido emprender de nuevo la continuación del viaje, si la sola hidrografía hubiese sido el objeto de nuestras tareas.
Pero el país en el cual nos hallamos, además de contener en sí una cantidad indecible de minas de oro, plata y cobre, había sido también en estos últimos años un objeto de nuevas especulaciones importantes para la Monarquía, con descubrir en las minas no distantes de Punitaqui la esperanza de una nueva suministración abundante de azogue, la cual, o alcanzase a reemplazar los beneficios desmayados de Guancavelica, o tal vez diese en lo venidero las crecidas cantidades que la nación solía recibir de los minerales de Alemania.5
La expedición recorrió las costas de América meridional realizando numerosos levantamientos cartográficos, tanto hidrográficos como terrestres.
Entre los hidrográficos están los efectuados en lugares como San Carlos de Chiloé, Talcahuano, islas Juan Fernández, Valparaíso, Coquimbo, islas San Félix y Arica, todos valiosos aportes a la cartografía del territorio de Chile de finales del siglo XVIII, especialmente en lo que dice relación con su precisión en cuanto a la determinación de la latitud y de la longitud.
La cartografía preparada, por la naturaleza de la comisión, fue preferentemente hidrográfica o náutica y se materializó en cartas del litoral y puertos, además de perfiles de las costas.
La finalidad del trabajo fue llegar a disponer de una cartografía de gran exactitud, que otorgara seguridad en la navegación por los dominios hispanos de ultramar.
Al momento de su llegada a Chile, la cartografía hidrográfica disponible para la jurisdicción correspondiente a la gobernación adolecía de una gran falta de precisión y exactitud.
La situación ciertamente no daba confianza a la navegación, especialmente en su parte meridional, la que comprometía el estrecho de Magallanes, el cabo de Hornos y el sector insular inmediato a Chiloé.
En su derrota entre el Atlántico y el Pacífico la expedición bordeó el cabo de Hornos y cruzó el estrecho de Le Maire, estableciendo la situación geográfica de las islas Diego Ramírez y la isla Madre de Dios.
Más adelante, hacia el norte, determinó una gran cantidad de puntos con sus respectivas coordenadas geográficas, los cuales se enmarcan en líneas generales entre las islas de Diego Ramírez por el sur y el puerto de Arica por el norte.
Hubo puntos relevantes para los científicos cuyas coordenadas se establecieron con gran precisión gracias a la instalación en tierra de una estación con un observatorio portátil.
San Carlos de Chiloé, Talcahuano, Valparaíso, Santiago, Coquimbo, La Serena y Arica fueron algunos de ellos.
Incluso San Carlos y Coquimbo se consideraron puntos de amarre en la costa occidental de América del Sur, equivalentes a Montevideo en la costa oriental.
Ello implicó que las coordenadas geográficas de ciertos lugares estaban referidas, además de al meridiano de Cádiz, al de Montevideo, San Carlos o Coquimbo.
Las coordenadas de los puntos más relevantes levantados por la expedición en Chile, en relación con su situación real respecto del meridiano de Greenwich, ofrecen diferencias en algunos minutos y segundos, resultando que el nivel de precisión de los levantamientos realizados es muy alto.
Junto con la triangulación para los levantamientos cartográficos, Malaspina y sus hombres midieron la profundidad y verificaron la calidad del fondo del mar.
Con la información obtenida por la expedición fue posible la preparación de una cartografía hidrográfica dentro de la cual se distinguen dos tipos: la que corresponde a planos de puertos, y por lo tanto elaborada a escalas grandes o medianas; y las cartas de un carácter más general, que abarcan grandes extensiones, confeccionadas a escalas pequeñas y denominadas «cartas esféricas».
En éstas se utilizó para su construcción la proyección conforme de Mercator.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.05 El primer plano de un puerto que levanta la Expedición Malaspina en el territorio perteneciente a la gobernación de Chile fue el de San Carlos de Chiloé, considerado lugar principal por los marinos ilustrados.
Para su ejecución instalaron un observatorio en tierra y emplearon diferentes instrumentos como el péndulo astronómico, el cronómetro, el cuadrante y el sextante.
Aplicaron distintos métodos, como la altura meridiana de las estrellas, para el cálculo de la latitud, y la medición de distancias lunares y el primer satélite de Júpiter, para el cálculo de la longitud, medidas que dieron un valor de 41o 51' 50'' de latitud sur y 67o 41' 11'' de longitud oeste con respecto al meridiano de Cádiz.
Dada la confianza que les merecieron los cálculos efectuados en San Carlos de Chiloé, los científicos adoptaron también el valor del meridiano del lugar como punto de amarre para la continuación de sus tareas hidrográficas.
Vale decir, lo tomaron como primer meridiano, al igual que el de Cádiz, para que ante cualquier modificación posterior de las determinaciones astronómicas en la costa occidental de América del Sur, se lo tuviera como referencia.
Al salir de San Carlos para continuar la navegación hacia el norte con destino a Concepción, las corbetas realizaron el trayecto en conjunto y próximas al litoral, utilizando la cartografía levantada por Moraleda.
En la ruta se determinaron puntos de interés para la navegación y se delinearon vistas de costas.
Talcahuano, que en un principio no había sido considerado como lugar principal, finalmente fue apreciado como tal.
Entonces se hizo el levantamiento del «Plano del Puerto de Concepción», el cual fue publicado el año 1790.
Éste muestra la bahía de Concepción y San Vicente en toda su extensión, así como también la isla Quiriquina, registrándose sus profundidades y la toponimia a lo largo de la costa.
La escala del plano está dada en millas marítimas, y desde su punto central se indican las direcciones de diferentes puntos con respecto al norte magnético.
Desde Concepción la Descubierta se dirigió hacia el archipiélago de Juan Fernández, determinando su posición, y desde ahí a Valparaíso; el curso de la Atrevida hacia Valparaíso se efectuó muy próximo a la costa, circunstancia que hizo posible realizar levantamientos cartográficos y determinar coordenadas geográficas de ciertos puntos, entre ellos Coliumo, un puerto alternativo al de Talcahuano.
En virtud que Valparaíso había sido determinado como lugar principal para los efectos de la expedición, se establecieron sus coordenadas geográficas mediante la instalación de un observatorio en tierra.
Además se levantó el «Plano del Puerto de Valparaíso» por medio de las observaciones hechas con el teodolito.
Coquimbo también fue considerado como lugar principal.
Una vez instalados en aquel puerto, los expedicionarios determinaron su posición astronómica en latitud y en longitud mediante la instalación en tierra de un observatorio.
La expedición levantó el «Plano del Puerto de Coquimbo» que abarca desde el río Coquimbo por el noreste, donde se localiza la ciudad de La Serena, al puerto de la Herradura por el suroeste, y también ofrece indicaciones de profundidades y alguna toponimia como los islotes Pájaros Niños y Punta de Tortuga, entre otras.
Mientras la corbeta Atrevida salió desde Coquimbo para dirigirse hacia la isla de San Félix, la Descubierta tomó rumbo hacia el puerto de Arica, tocando en lugares como Caldera, la bahía de Mejillones e Iquique.
El puerto de Arica constituía otro de los lugares principales, por lo que se procedió, como en los otros casos a disponer de un observatorio en tierra para determinar las coordenadas geográficas del lugar.
Al mismo tiempo se levantó una línea de base para permitir la confección del «Plano del Puerto de Arica» con información acerca del fondo de la rada.
En todos los sitios visitados, especialmente los puertos calificados como lugares principales, se levantaron los planos respectivos y se fijaron, con la mayor exactitud posible la latitud y la longitud, comparándolas con las de otros viajeros como el capitán Cook y La Pérouse.
Junto con ese trabajo, se midieron y calcularon las mareas.
La preparación de cartas esféricas fue otra de las tareas emprendidas por la comisión de Malaspina.
Éstas habían aparecido a mediados del siglo XVI en Europa gracias al cartógrafo holandés Gerhard Kremer, más conocido como Mercator, y en contraposición a las cartas planas en las que la distancia entre paralelos y meridianos es constante, en las cartas esféricas se considera la forma de la tierra como una esfera, por lo que si el distanciamiento entre meridianos es constante, el de los paralelos aumenta del Ecuador hacia los polos.
De esta manera se logra representar una parte o la totalidad de la superficie de la tierra, con sus lugares situados de acuerdo a su verdadera latitud, longitud y dirección.
Entre las cartas esféricas de la comisión malaspiniana en que se representa el territorio hoy chileno, destaca la que lleva por título «Carta esférica de las costas de América Meridional desde el paralelo 36o de latitud sur hasta el cabo de Hornos, levantada por orden del rey, en 1789, 90, 94 y 95 por varios oficiales de su real armada, presentada a su Majestad por mano del Excelentísimo Señor Don Juan de Lángara, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, Año de 1798».
En sus márgenes se indica la graduación de la latitud y la longitud por cada un grado; no obstante, para facilitar la localización de los lugares señalados por la toponimia, preferentemente costera, al estilo de la cartografía portulana, se trazaron las líneas de los paralelos y meridianos cada dos grados.
El trabajo realizado representó un gran avance, pues desde entonces se pudo disponer de una carta general de la América austral para fines náuticos, la cual se complementó con el perfil de una serie de vistas, preferentemente de islas a diferentes latitudes, entre las que se encuentran las de Diego Ramírez y Mocha.
En la carta también se indican las rutas seguidas por las corbetas Descubierta y Atrevida, tanto en la costa oriental como occidental de la América meridional.
Otra carta de este mismo tipo, es la «Carta esférica de las costas del Reino de Chile comprendidas entre los paralelos de 38o y 22o de latitud Sur.
Levantada por orden del Rey en el año de 1790 por varios oficiales de la Real Armada, presentada a su Majestad por mano del Excelentísimo Señor Don Juan de Lángara.
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, Año de 1799».
Ella representa una sección de Chile, desde la latitud de Tocopilla por el norte hasta la localidad de Lebu por el sur, registrando graduación en latitud y longitud en sus bordes cada un grado.
El meridiano de referencia es el de Cádiz.
Tres vistas de costa acompañan la carta: «Vista del Morro de Copiapó dominando al S 43o E del mundo, distancia 6 millas»; «Vista del Cerro Purarraque dominando el punto A al S 39o E del mundo, distancia 24 millas»; y «Vista de las Tetas de Biobío, dominando la más norte A al N 75o 45' E del mundo, distancia 22 millas».
La toponimia es preferentemente costera, indicando puntas, caletas, ríos y puertos.
También señala el curso de navegación seguido por las corbetas frente a las costas de Chile.
Ambas cartas esféricas representaron un significativo avance en el conocimiento del diseño de la costa de la América meridional en general, y de Chile en particular.
Gracias a ellas se pudo disponer de un mayor número de lugares con determinación de coordenadas geográficas y la cartografía hidrográfica ganó en precisión, confiabilidad y eficacia, haciendo más segura la navegación.
El trabajo astronómico realizado por la Expedición Malaspina en América meridional significó la determinación del posicionamiento de más de treinta puntos a lo largo de la costa de la gobernación de Chile, tanto de sitios principales como secundarios.
Las cartas esféricas a pequeña escala reseñan bastante bien el perfil de la costa y entregan una imagen adecuada de la realidad geográfica del área representada, con las limitaciones propias que la proyección cartográfica del tipo de la Mercator ofrece para latitudes medias y altas.
Con todo, la «Carta esférica de las costas del reino de Chile» comprendida entre los 22o y 38o de latitud sur, permite localizar con bastante fidelidad los lugares en su correcta posición geográfica y dirección, lo cual representa un notable avance para la cartografía hidrográfica de la época.
El piloto Moraleda en Chiloé y la Patagonia
En una carta dirigida al ministro de Indias Antonio Valdés, Alejandro Malaspina escribió desde América: vesías a lo largo de toda la costa sudamericana; también el conocimiento y estudio de las posesiones insulares dispersas entre América y Oceanía; su práctica y experiencia vaciada en la cartografía sobre Chiloé, elaborada en sus campañas por el archipiélago; pero también las cualidades profesionales y humanas que lo habían llevado a servir a la Monarquía sin mayores pretensiones personales y en un medio más favorable a la relajación que al trabajo.
El conjunto de diarios autógrafos de José Moraleda no sólo muestran que el Pacífico sur y el litoral occidental de América meridional fue el espacio en que se desenvolvió durante prácticamente toda su carrera como oficial de la Real Marina Española; también, que las sucesivas comisiones que desempeñaría entre 1772 y 1810 le permitieron realizar estudios muy concienzudos de la costa, rutas y características hidrográficas del Mar del Sur.7 Ellos, además, ilustran su papel en el reconocimiento español de las costas del océano Pacífico que, aunque prácticamente olvidado por la historiografía, fue valorado por el más destacado de los marinos al servicio de la Armada Real de la época, Alejandro Malaspina.
Los diarios de Moraleda muestran la aplicación en América de los procedimientos de pilotaje más modernos de su época, fruto de la renovación del conocimiento en Europa.
También la recepción y uso de los nuevos métodos para obtener la longitud, como otra serie de saberes que no sólo le permitieron orientar las naves que pilotó, también realizar exploraciones, levantar planos y hacer reconocimientos geográficos que, como los relativos a Chiloé y la Patagonia occidental, tendrían larga vigencia.
Sus trabajos ilustran que el piloto realizó a nivel regional lo que España promovió y ejecutó a nivel imperial respecto de sus posesiones americanas.
Fue así como exploró, cartografió y delineó islas y archipiélagos, pero también recabó información sobre las características físicas de las zonas exploradas, la población que la habitaba, sus producciones y su situación en el conjunto del Imperio.
La carrera del piloto José Moraleda muestra que desde temprano comenzó a acumular experiencia práctica.
Habiendo egresado de la Escuela Náutica de Cádiz en 1764, ese mismo año se embarcó por primera vez en una nave que se dirigió desde Cádiz a Veracruz y La Habana como parte del convoy anual, cumpliendo así con el bautismo práctico que implicaba una travesía transatlántica en su época.
Luego de numerosas comisiones, en 1772 fue destinado a la Mar del Sur.8 Desde entonces navegó por toda la costa occidental de América del Sur y Central, entre Guatemala y los canales australes, familiarizándose con sitios como Guayaquil, el Callao, Juan Fernández, Valdivia, Concepción, Chiloé, Valparaíso, Arica, Ilo y, en general, toda la costa del virreinato peruano.
Entre 1772 y 1786 el piloto español realizó numerosas travesías que sucesivamente lo llevaron desde el Callao a Guayaquil, Juan Fernández, Chiloé, Valdivia y Concepción, además de otros puertos intermedios.
Y en 1786 el Virrey de Perú, Teodoro de Croix, lo comisionó a Chiloé para asistir al nuevo gobernador, Francisco Hurtado, en la tarea de levantar un plano grande y general de la isla principal y de las adyacentes, entre otras obligaciones que lo mantendrían en el extremo meridional de América hasta 1795 por lo menos.
La comisión de Moraleda tuvo más de una etapa.
La segunda, destinada al reconocimiento de la costa occidental patagónica, entre los 41 y 46 grados de latitud sur, se desarrolló entre 1792 y 1795.
En el lapso intermedio, Moraleda estuvo encargado en Lima de la instrucción y examen de todos los pilotos mercantes y militares de la Mar del Sur.
Un cargo de gran responsabilidad, pues se esperaba que su experiencia permitiera corregir sus diarios y auxiliarles con cartas e informaciones, evitando así «los funestos naufragios habituales».
9 Entre 1803 y 1804, José Moraleda se desenvolvió en una misión hidrográfica en las costas de Veragua, Nicaragua, Guatemala y los puertos existentes entre Panamá y el de Sonsonate.
Durante su trayectoria, y como sus comisiones y cargos lo muestran, Moraleda llegó a forjarse una merecida fama como piloto.
Ello explica sus comisiones hidrográficas en Chiloé, la Patagonia occidental y América Central, pero también su dedicación a la enseñanza en Lima.
Moraleda murió en 1810 en el Callao, dedicado a la enseñanza de pilotos.
Su trayectoria, en el ámbito geográfico en que le correspondió actuar, y al igual que la de muchos otros marinos españoles de la segunda mitad del siglo XVIII, forma parte del proceso en virtud de cual España reaccionó para contrarrestar la creciente presencia de otras potencias europeas en sus dominios.
Entre las medidas implementadas, el reconocimiento del litoral occidental de América meridional, en particular de Chiloé, la Patagonia y Centroamérica, fueron de las más eficaces.
A lo largo de sus manuscritos es posible apreciar las consideraciones que Moraleda hace sobre su oficio que, reunidas, muestran su concepción del pilotaje, ilustrando de paso sobre esta dimensión del quehacer naval y el alcance de las exploraciones y levantamientos hidrográficos.
No sobra mencionar cómo inicia el marino su diario de 1786, en él escribe: «diario de la navegación desde el puerto de Callao de Lima al de San Carlos de la isla de Chiloé, en el que se da noticia de las operaciones practicadas en el reconocimiento de dichas islas y sus inmediatas, con un derrotero a todos los puertos que contienen», haciendo saber así que en él se encontrará, como efectivamente ocurre en todos sus autógrafos con sus travesías, información de todas sus actividades náuticas, hidrográficas y cartográficas, noticias sobre la situación de los lugares recorridos y condiciones de la navegación, características de las mareas, vientos y fondos, y toda otra serie de elementos propios de las singladuras, las derrotas y el medio natural por el que éstas se realizan.
Moraleda define claramente su actividad y propósitos cuando en el discurso preliminar del texto con las derrotas a los puertos de la isla de Chiloé asienta: guerra o paz y, esencial, para el comercio.
Todos, objetivos que se prolongarían a lo largo del siglo XIX.
Muestra de su dedicación a las tareas hidrográficas es que el diario que corre entre 1786 y 1790 se inicia con la relación de su paso del Callao a Chiloé, pero su contenido fundamental está dedicado a relatar sus dos campañas desde San Carlos, hoy Ancud, hacia diversos puertos del archipiélago, así como las travesías entre éstos hasta circunnavegar la isla.
En la segunda relación está su exploración de los partidos de Calbuco y de Carelmapu y de una sección de la costa continental que circunda el archipiélago.
Además de la navegación hacia el Callao, con escala en Valparaíso, una vez concluida su comisión.
Esta sección contiene otros dos textos.
Se trata de su «Breve descripción de la provincia de Chiloé, su población, carácter de sus habitantes, producciones y comercio», y de los «Acaecimientos de alguna nota ocurridos desde el 17 de julio de 1788 en adelante».
Un ejemplo palpable de la capacidad de observación y análisis de un piloto que a través de ellos se muestra como un científico ilustrado, una de cuyas características es la capacidad de describir desde diversas perspectivas una región particular, pero también de proyectarla hacia el futuro a través de la ponderación de sus recursos naturales y humanos, su situación en el conjunto del Imperio y sus oportunidades de desenvolvimiento.
Durante esta primera destinación en el archipiélago de Chiloé Moraleda delineó la configuración de las costas, determinó las condiciones náuticas de los canales, las características de las mareas, las ventajas e inconvenientes de cada puerto y embarcadero y las características de los terrenos adyacentes a ellos, entre otras muchas actividades realizadas.
También midió, describió, apreció la realidad geográfica y escribió un minucioso tratado de derrotas para la navegación del archipiélago de Chiloé, diferenciando si la nave entraba por el canal de Chacao o por la boca de Guafo, todo acompañado de reflexiones sobre la situación y ventajas de cada uno de ellos; por último, levantó cartas de las islas, canales y costas que reconoció durante sus exploraciones.
Cumplió así con la comisión, tal como él mismo escribió, de «levantar el mapa general del contorno marítimo de esta provincia, las islas contiguas, las costas de tierra firme que le son vecinas, y los planos particulares en escala grande de los puertos que contienen, capaces de guarecer navíos sueltos o escuadras».
10 Al momento de regresar al Callao, Moraleda enumera los mapas que levantó en esta etapa:
[U]n plano o carta hidrográfica reducida que contiene la costa de tierra firme comprendida entre los esteros Maullín y Palena, con inclusión de la isla grande y todas sus inmediatas; otra comprensiva de media isla grande con el camino de Cayucunghen, que conduce desde San Carlos a Castro; otra que contiene la costa intermedia entre este puerto y el río Bueno, donde se incluye el terreno de la antigua ciudad de Osorno y dirección del camino o picado de monte que el año pasado de 1787 hicieron los comisionados a explorar la situación de dicha ciudad arruinada; los planos particulares números uno hasta catorce, que son los puertos de San Carlos, Chacao, Linao, Huiti, Castro, con los canales que conducen a él por las partes del norte y sur de la isla de Lemus, el estero de Ichuac, las bahías de Terao, Queilén, Compu, Huildad, Cailin, Yalad, Calbuco y laguna de Cucao.
La mencionada, sin embargo, no fue la única cartografía que elaboró entonces pues también delineó un plano del puerto de Valdivia y otro de la bahía de Ancud.
Además, el propio Moraleda relata que durante el paso de la Expedición Malaspina por Chiloé, ésta recibió «la copia de mi carta general de las costas de esta América», y «otras dos en punto mayor, comprensiva una de las costas entre este puerto [San Carlos de Chiloé] y el de Valparaíso, y la otra de las inmediaciones de barlovento y sotavento de Lima contenidas entre los 10 y 16 grados de latitud».
La relación de sus exploraciones por la costa de la Patagonia, iniciada con su traslado desde el Callao a Chiloé en septiembre de 1792, incluye las tres salidas que Moraleda hizo desde San Carlos, en enero de 1793 y febrero de 1794 y 1795.
En medio ellas se encuentran descripciones de puntos específicos importantes para la navegación como los archipiélagos de las Guaitecas y Chonos, los esteros de Aisén, Palpitad y Comau, el puerto de Santo Domingo, el estero y río Palena, la ensenada de Tictac y el seno de Reloncaví; y derrotas específicas como la que mostraba la forma de llegar al puerto de Santo Domingo por el sur, entrando por Guafo; por último, el apartado «acaecimientos de alguna nota que han ocurrido durante la estancia en el puerto», pone fin a cada una de los diarios de sus campañas.
Gracias a esta comisión Moraleda reconoció sucesivamente la costa de Aysén frente a las Guaitecas, prestando especial atención al río Aysén y a parte del archipiélago de Chonos y de las costas e islas situadas en la costa patagónica occidental hasta los 44o de latitud sur, en particular, el río Palena.
Como en las salidas anteriores, exploró y recogió datos geográficos de una región prácticamente desconocida, todos los cuales expone con claridad DE LA HIDROGRAFÍA IMPERIAL A LA HIDROGRAFÍA NACIONAL Anu. estud. am., 70, 2, julio-diciembre, 2013, 509-556.
Sin embargo, en ocasiones, el mismo rigor científico del que Moraleda hizo gala lo llevó a describir y representar la realidad de una manera en que ésta resultaba muy poco atractiva para los intereses imperiales.
De su comisión entre 1793 y 1796 por los canales patagónicos queda el registro en su diario de que a lo menos en la primera parte de ella, no navegó por el mar, como razonablemente se puede creer a partir de las instrucciones recibidas, sino que por canales, esteros y ríos, incluso «ríos de nieve», como el mismo piloto asentó.
11 En sus resúmenes o breves descripciones de los canales, esteros y ríos reconocidos en la costa patagónica, verdadero informe final de sus exploraciones, José de Moraleda concluyó que el de Aysén no presentaba las condiciones adecuadas para la navegación, siendo ésta «muy molesta, morosa y arriesgada».
Del que llamó puerto de Santo Domingo, señaló que «respecto de las penurias que hemos advertido en estas agrias costas es abrigado y capaz por su extensión y profundidad de contener a la gira tres de los mayores navíos», pero que siendo casi inaccesibles las entradas sur y norte, «sólo puede ser guarecedero para embarcaciones medianas en un lance extremo».
Respecto del estero y río Palena advirtió que en el plano que levantó se «ve lo desapropósito que es para estancia de embarcaciones».
Conceptos parecidos expresó respecto de la ensenada de Tictoc, de la que escribió tiene «poca aptitud para la permanencia de embarcaciones de todas clases pues la prolongada constante y grande resaca de sus playas impide aun a las menores atracar».
El estero de Palivad también resultaba «muy desapropósito para surgidero de embarcaciones»; y el de Comau o Leteu, «una profunda y estrecha quebrada al interior del mar que hacen a la marina las encumbradas montañas de la famosa cordillera de los Andes, lo mismo que el de Reloncaví y cuantos otros hemos explorado de estas agrias costas en cumplimiento de nuestra comisión».
Con sus palabras José Moraleda canceló, realmente cerró, el espacio y la región que describió a la exploración española, en realidad europea, por un largo tiempo.
Sus descripciones de los que llamó «intrincados laberintos» desalentaron el acceso a una zona que se apreció desolada, imposible e inútil para los navegantes; pero que tampoco ofrecía el ansiado acceso al litoral atlántico pues, como concluyó, «no hay en toda la costa río alguno navegable».
De este modo, la descripción del piloto, su representación del lugar como canales, esteros y ríos, en vez de promover su apropiación, significó su olvido, una condena a la marginalidad geográfica y política que los marinos chilenos que la exploraron en el siglo XIX no lograron cambiar, y que todavía no concluye.
El piloto Moraleda canceló cualquier viso de interés español por la costa patagónica, «ásperas costas» las llamó, pues, en definitiva, no ofrecían «puerto a propósito para guarecerse embarcaciones grandes o medianas», que era precisamente lo que él había estado buscando.
Un litoral que además describió como «un terreno compuesto por altas montañas escarpadas, organizadas hasta su superficie de rocas horribles y nevadas», caracterización que tampoco alentó nuevos reconocimientos de la zona.
Así quedó desacreditada por la ciencia ilustrada la dimensión político estratégica de la Patagonia occidental, entre otras razones, por ser más semejantes sus condiciones naturales a las de un río de bordes escarpados y curso cerrado, que a las de un mar abierto, como los trabajos hidrográficos del piloto Moraleda demostraban.
Fitz-Roy y el Beagle en América meridional
Salvo por las regiones polares, a comienzos del siglo XIX la forma general del globo terrestre era conocida en sus rasgos generales, pero quedaban por determinar numerosos detalles.
Respecto de las costas, muchos de sus contornos estaban dibujados a grandes trazos y se requerían observaciones minuciosas y precisas para delinearlas con precisión y por lo tanto dar seguridad a la navegación.
Habiéndose resuelto a lo largo del siglo XVIII el problema de la longitud gracias a los cronómetros, capaces de conservar con precisión en las naves la hora del primer meridiano que comparada con la del lugar daba la longitud exacta, y perfeccionado la forma de calcular la latitud, se inició la tarea de completar los resultados de las grandes travesías de descubrimiento y de, además, situar exactamente la situación de los lugares conocidos.
Las nuevas comisiones no tuvieron como fin descubrir tierras nuevas, sino atender a los detalles y rectificar, con el propósito de esclarecer la ciencia geográfica.
También completar el reconocimiento de regiones poco conocidas todavía, en particular, en el Pacífico.
En esta empresa del siglo sobresalieron ingleses, franceses y rusos, en los que serían los últimos años de la navegación a vela y de los viajes de circunnavegación.
Entre ellos, el protagonizado por Robert Fitz-Roy a bordo del Beagle y con Charles Darwin como naturalista.
En la dedicatoria de 1839 al Primer Lord del Almirantazgo con que Robert Fitz-Roy encabeza la publicación de las exploraciones emprendidas por el Adventure y el Beagle entre 1826 y 1836, escribe que ella contiene «la narración de los viajes de levantamiento» que ambas naves realizaron por orden del Consejo del Almirantazgo, señalando así en la primera página de su relación la naturaleza de la empresa en que había participado.
La primera encabezada por el capitán Phillip Parker King, la segunda al mando de Fitz-Roy, y en la cual participaría Charles Darwin como naturalista.
Ambas destinadas a cartografiar las costas meridionales de América del Sur.
En las instrucciones originales, que datan de mayo de 1826, al comandante hidrógrafo jefe de la expedición, Phillip Parker King, se le comisionó para un «levantamiento exacto de las costas meridionales de la península de Sud América, desde la entrada sud del Río de la Plata hasta Chiloé, y RAFAEL SAGREDO BAEZA Tierra del Fuego».
En particular se le ordenó «levantar las costas, islas y estrechos hasta Chiloé».
12 También se le encargó aprovechar «toda oportunidad para coleccionar y conservar muestras de ejemplares de historia natural que sean nuevos, raros o interesantes».
La necesidad de abrir rutas comerciales, asegurar el tráfico y conocer la posición exacta de los principales accidentes geográficos del litoral meridional sudamericano, explican los afanes ingleses; los que también se justifican en la necesidad de modernizar una Armada hasta hacía pocos años más concentrada en la guerra que en la exploración y el levantamiento de las costas.
El objetivo esencial del Almirantazgo fue, en la comisión de 1826 a 1830, obtener un reconocimiento geográfico e hidrográfico lo más acabado posible de la costa meridional de América, al que posteriormente se agregó, en la de 1831-1836, completar una circunnavegación que permitiera aprovechar los cronómetros marinos que Fitz-Roy llevó a bordo de sus naves.
Y, junto ello, tratar de descubrir un «puerto que permita fondeadero seguro y saludables aprovisionamientos en la costa patagónica atlántica», así como la «investigación particular del estrecho de Magallanes y del intrincado grupo de islas que forman la Tierra del Fuego», en especial en lo relativo a identificar y situar exactamente los obstáculos para la navegación existentes a la entrada del estrecho, determinar sus detalles interiores, medir las profundidades, dilucidar dudas sobre la disposición y características de algunos canales, islas, senos, rompientes, entradas y, sobre todo, la identificación de algún buen puerto pues, como se advirtió a Fitz-Roy, «No puede dejarse de repetir a menudo que en la región más inhóspita, lo más valioso es un puerto de refugio conocido».
13 Fuera del estrecho, en el Pacífico, Fitz-Roy debía explorar el litoral oceánico de las islas que se extendían hacia el norte, hasta el Golfo de Penas, eliminando así el que se consideraba un «vacío» cartográfico.
Como desde Chiloé al norte la costa es recta y casi en la dirección del meridiano, las instrucciones fueron corregir el contorno y fijar la posición de todos los puntos salientes.
Los objetivos políticos de la expedición se relacionan con la necesidad de satisfacer propósitos nacionales, como por ejemplo el desarrollo del Imperio a través del establecimiento de apoyos, bases firmes, en el área, y la protección de los ciudadanos e intereses británicos, fomentando de este 12 Fitz-Roy, 2009, 31-33.
Cartografiar América permitiría a su vez tomar decisiones bien informadas sobre operaciones navales, militares y comerciales, todas esenciales para la expansión económica británica, pues, como se afirmaba entonces: «el comercio es el dictador oculto del levantamiento hidrográfico».
14 Las consideradas limitaciones y falencias de la cartografía española también alentaron a los ingleses a emprender sus exploraciones por las costas de América del Sur.
En esta tarea no sólo cartografiaron la costa, también midieron la profundidad del agua en múltiples puntos, instalaron instrumentos para determinar la posición relativa de los principales accidentes geográficos y recolectaron todo tipo de especies naturales, advirtiendo de las principales características de los territorios y poblaciones que encontraron a su paso, continuando de este modo con la tradición ilustrada que los españoles habían iniciado en el siglo XVIII.
En los mares australes los británicos estudiaron el estrecho de Magallanes y el archipiélago costero occidental, en especial las Guaitecas y Chonos, la península de Taitao y Guayaneco.
15 En la primera campaña se concentraron en la sección septentrional de la región de Magallanes, en particular las islas Campanas y Guayaneco y sus alrededores, extendiéndose hacia el golfo de Penas, Tres Montes y la costa meridional de la península de Taitao.
En la comisión encabezada por Fitz-Roy a partir de 1831, el archipiélago de los Chonos concentró la atención de los ingleses entre junio de 1834 y febrero de 1835, que recorrieron la costa exterior de los Chonos, desde Guafo a Tres Montes, levantando de este modo el litoral oceánico de la región.
Siempre contrastando sus observaciones con las de Moraleda, los británicos reconocieron canales e islas buscando siempre caletas apropiadas y estableciendo o rectificando coordenadas geográficas.
El principal legado cartográfico de los ingleses se presenta respecto del litoral occidental entre puerto Low y el archipiélago Guayaneco, siendo una muestra la toponimia que heredaron como los canales Darwin, King y Chaffers, las islas Level, Broken, Johnson, Forsyth, Midhurs, Mellersh y Arthur, y la bahía Adventure, entre otras.
Junto a las exploraciones, el resultado más notable de las campañas inglesas en los mares australes fue el descubrimiento del canal Beagle, uno de los tres pasos naturales entre el Atlántico y el Pacífico, y situado al sur de Tierra del Fuego en sentido este a oeste.
Parte de la costa de Sudamérica levantada por las comisiones hidrográficas inglesas en las que participó Robert Fitz-Roy.
DE LA HIDROGRAFÍA IMPERIAL A LA HIDROGRAFÍA NACIONAL El producto de las comisiones hidrográficas en que participó el capitán Fitz-Roy fue un conjunto de cartas, ochenta y dos del litoral y ochenta planos de puertos, que se emplearon durante más de un siglo como fuente de información fidedigna sobre las aguas de Tierra del Fuego y sus inmediaciones.
16 Sería el propio Robert Fitz-Roy quien, en una conferencia en la Royal Geographical Society resumió su comisión.
«Empezando en la orilla derecha o meridional del ancho Río de la Plata, exploramos minuciosamente cada milla de la costa desde allí hasta el cabo de Hornos, junto con las islas Malvinas.
Y aunque al oeste del cabo de Hornos no hubo necesidad de completar mucho el levantamiento hidrográfico realizado durante el viaje anterior del Beagle hasta los 47 grados sur, desde esa latitud hasta el río Guayas, se ha explorado todo el litoral de Chile y de Perú; no se ha omitido ningún puerto o fondeadero».
17 De regreso en Inglaterra, y junto a la cartografía, instrucciones de navegación y material relativo a su viaje, Robert Fitz-Roy trabajo en la preparación de un libro en el que dio cuenta de las comisiones en que participó entre 1826 y 1836, presentando un recuento completo del primer viaje y la narrativa del segundo que él comandó a bordo del Beagle.
La edición en tres tomos y un apéndice se tituló Narrative of the Surveying Voyages of His Magesty's Ships Adventure and Beagle, apareció en 1839 y constituye una fuente esencial para el conocimiento de la empresa hidrográfica llevada adelante por los ingleses en América del Sur.
18 En ellos, además de las alternativas de la expedición, se encontrarán reflexiones generales de Fitz-Roy sobre diferentes fenómenos, como por ejemplo, la corriente de Humboldt que el sabio prusiano había identificado a comienzos del siglo XIX.
Aludiendo a las corrientes alrededor de las islas Galápagos, y sobre todo a las notables diferencias de temperatura de las masas de agua que se movían a pocas millas unas de otras, escribe que era una cuestión que debía «reservarse para mayor examen», aunque agregaba que tal vez «estas asombrosas diferencias pueden deberse a la corriente fría que viene desde el sur a lo largo de las costas de Perú y Chile, y encuentra en las Galápagos una gran masa de agua mucho más cálida, que se mueve desde la bahía de Panamá, una clase de "corriente del golfo"».
Apuntando todavía que, «se ha observado con frecuencia la manera retentiva en que esos ríos oceánicos preservan su temperatura; y debe tener gran efecto sobre los climas de los países cerca de cuyas costas fluyen».
19 Las palabras del marino inglés demuestran que habiendo transcurrido más de treinta años desde su «descubrimiento», la corriente de Humboldt, y los efectos que producía sobre el litoral, todavía seguían sin ser cabalmente estudiados.
También, que el capitán vislumbraba por la experiencia la influencia que la corriente tenía en el clima del litoral occidental sudamericano y, tal vez, en razón de su constatación, que al momento de navegar en torno de las Galápagos se experimentaba un desplazamiento de aguas frías hacia el Ecuador, hoy conocido como fenómeno de la Niña.
En el contexto del reconocimiento de las costas del Pacífico sur que se venía desarrollando desde el siglo XVIII a través de numerosas comisiones organizadas por los imperios europeos, y teniendo en cuenta algunos de los problemas esenciales de la navegación a vela como era el de la determinación de las rutas a seguir para efectuar la travesía del modo más breve y seguro, fue que la Armada de Chile inició sus trabajos de exploración geográfica.
No fue hasta la década de 1830 cuando la Armada de Chile realizó el primer reconocimiento hidrográfico del litoral nacional.
Hasta entonces, la Guerra de Independencia, la organización de la República, la falta de recursos y de personal calificado, y la urgencia de atender otras necesidades más apremiantes, entre otros factores, impidieron al Estado ocuparse de una tarea que en lo que dice relación con la superficie continental se había iniciado formalmente en 1830 cuando el naturalista Claudio Gay fue contratado por el gobierno para realizar un viaje científico por todo el territorio nacional.
20 En 1834, mientras cumplía con la misión de trasladar una guarnición militar desde Valparaíso a Valdivia, el comandante de marina Roberto Simpson reconoció la desembocadura del río Bueno en la costa valdiviana y ordenó levantar un plano de ella al teniente Felipe Solo de Zaldívar.
La exploración, como la representación que resultó de ella, se tiene como la primera expresión de la hidrografía nacional.
La intención de Simpson habría sido colaborar con las autoridades, explorando el río Bueno, una de las posibles rutas de entrada a una región que se apreciaba con gran potencial económico, como efectivamente se comprobó más adelante, cuando comenzó a ser explotada por los colonos de origen alemán llegados a comienzos de la década de 1850.
Poco se sabe de las condiciones en que se cumplió el levantamiento, quedando como testimonio de su realización el plano con la representación de la ensenada y embocadura del río Bueno, en el que se incluyen instrucciones náuticas que suplían el derrotero.
21 Realizado a mano alzada, el contorno de la costa sólo ofrece detalles en el saco mismo de la ensenada, mientras que las coordenadas están indicadas al grado, minutos y fracciones.
Debieron pasar siete años, con una guerra internacional de por medio, contra la Confederación Perú-Boliviana, para que se reanudaran las tareas hidrográficas.
Éstas fueron continuadas por marinos como Domingo Salamanca y Leoncio Señoret, quienes levantaron pequeños tramos del extenso litoral chileno, todos ellos situados al norte de Chiloé, como los de la isla Mocha, frente a las costas de la Araucanía, y Constitución, en la orilla sur de la desembocadura del río Maule, realizados en 1841 y 1844 respectivamente.
22 Dichos trabajos, en ocasiones acompañados de breves descripciones, fueron seguidos por otras comisiones encabezadas por Señoret, a quien, entre 1844 y 1869, se le encargaron distintos levantamientos y exploraciones de las costas de la Araucanía y de los ríos Maule, Lebu y Toltén.
No sobra señalar que los trabajos hidrográficos se complementan con los que entonces, 1830 a 1875, desarrollaron el naturalista Claudio Gay, y más tarde el geógrafo Amado Pissis, a quienes se les había encargado la confección de mapas de Chile y sus provincias y un atlas general del terri-torio.
La necesidad de conocer cabalmente el espacio de la república, identificar sus recursos naturales y ejercer soberanía efectiva sobre ellos, explican los afanes del Estado chileno por explorar y representar su territorio y litoral.
Estos esfuerzos se materializaron en expediciones terrestres, como la encargada al naturalista Rodulfo A. Philippi al desierto de Atacama en 1853, la que fue complementada desde el mar por una nave comandada por el capitán Manuel Escala, a quien se le comisionó recorrer las costas de Atacama reconociendo y levantando planos de las bahías existentes, entre ellas las de Mejillones, Chañaral y Taltal.
23 Las mismas que años después serían utilizadas para sacar los minerales que comenzarían a explotarse en medio del desierto, y cuyos levantamientos servirían también para orientar a las tropas chilenas que ocuparían la provincia de Antofagasta durante la Guerra del Pacífico.
En lo que respecta al mar y costas, la tarea de reconocerlos, describirlos y cartografiarlos no fue sistemática, como sí lo fue la que los naturalistas desarrollaron en el territorio nacional, pasando años sin que se promovieran expediciones navales.
Las comisiones hidrográficas iniciales se concentraron esencialmente en el reconocimiento del litoral entre Atacama y Aconcagua, como el de las caletas de los Vilos y los Choros en 1854; en el de los cursos y desembocaduras de ríos en la zona centro y sur, como la ya mencionada del Bueno, y la del río Maullín en 1856 y 1857; y en la búsqueda de una vía de comunicación entre el archipiélago de los Chonos y el golfo de Penas en la costa desmembrada de Chile austral en 1857.
Esta comisión, encabezada por el teniente de la marina Francisco Hudson, dio el nombre de canal Moraleda al brazo de mar existente entre el continente y el archipiélago de Chonos al sur de la isla de Chiloé; descartó un paso entre este canal y el golfo de Penas; y recomendó iniciar la exploración sistemática y los levantamientos hidrográficos de la zona.
En la comisión, además, participó un joven guardiamarina, Francisco Vidal Gormaz, quien entonces inició una carrera que lo llevaría a convertirse en el principal hidrógrafo chileno.
En estos años también se inició la participación de Luis Pomar en las tareas hidrográficas.
Primero, en 1862, al servicio de Señoret, levantando el plano de la caleta Quidico situada frente a la isla Mocha, y más tarde en reconocimientos en el norte y centro del territorio hasta la costa del Golfo de Arauco.
Las costas de la Araucanía y de las provincias de Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Aconcagua y Concepción, es decir de la zona central y más poblada de Chile, fueron objeto preferente de sus minuciosos estudios, planos, geografías náuticas y derroteros.
Todos desarrollados luego de la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, y que lo llevaron también a Subdirector y director de la Oficina Hidrográfica en diferentes oportunidades, la última entre 1902 y 1904.
El reconocimiento de los ríos, lagos, desembocaduras y otra serie de accidentes importantes para la navegación, el comercio y la integración de territorios a la efectiva soberanía del Estado, se puede explicar en la necesidad de apreciar los cursos fluviales como posibles vías de cabotaje, mientras que la existencia de un paso entre los Chonos y el golfo de Penas facilitaría y aliviaría la penosa navegación de las naves que transitaban por aquella azarosa región del Pacífico austral.
De existir el buscado paso, los barcos podrían hacer su derrota por aguas interiores, evitando así el océano abierto y su constante mar gruesa y temporales.
Los progresivos reconocimientos de diversos puntos de la costa chilena, al parecer, seleccionados de acuerdo con la explotación de los recursos nacionales y la necesidad de integrar territorios a la soberanía nacional, explican que en la década de 1860, se exploraron la costa carbonífera de Arauco y se reconociera la barra del río Queule y remontara el río Toltén, como medio de controlar la llamada Baja Frontera a través de la fundación de poblados.
En todas estas comisiones participó Vidal Gormaz.
También lo hizo en la comisión exploradora de los ríos Valdivia, Cruces y Calle-Calle entre 1868 y 1869.
24 Habiéndose acumulado hasta 1866 un gran número de noticias, reconocimientos y levantamientos de las costas como resultado de las diversas comisiones emprendidas por la Marina, se decidió publicar todos los trabajos hidrográficos realizados hasta entonces bajo el epígrafe de Apuntes hidrográficos sobre la costa de Chile, acompañados de algunos planos levantados por los oficiales de la Armada de la república.
No sólo una fuente esencial para el estudio de una tarea hasta ahora prácticamente olvidada; además, en su época, un estímulo para seguir explorando el litoral en aquellas zonas todavía desconocidas o parcialmente conocidas por los marinos.
Confundidas con las comisiones de Vidal Gormaz, el Estado dispuso a partir de entonces, y durante gran parte de la década de 1870 hasta 1879, el sucesivo reconocimiento de la costa comprendida entre la rada de los Vilos y el río Choapa; entre el río Valdivia y el morro Bonifacio y el río Maullín; del litoral entre Corral y Reloncaví; la exploración de la costa entre Llanquihue y el archipiélago de Chiloé; la del seno de Reloncaví, el lago Llanquihue y el río Puelo; la de la costa de Colchagua y Curicó; y el reconocimiento del río Maullín.
Muestra del interés por el cabal conocimiento de sus costas, en 1874 el gobierno chileno había dispuesto la creación de la Oficina Hidrográfica que, anexa al Ministerio de Marina, tuvo como primer director al entonces ya reconocido hidrógrafo Francisco Vidal Gormaz.
La creación de la Oficina Hidrográfica de Chile fue la materialización institucional de una realidad que, con altibajos, venía desarrollándose desde 1834, esto es la poco sistemática pero persistente exploración del litoral chileno, que no por parcial dejaba de ser efectiva respecto de los puntos reconocidos y representados cartográficamente.
El desarrollo marítimo, estrechamente relacionado con el comercio y la navegación a vapor por las costas del Pacífico sur y austral, fue el objetivo general que se tuvo al crearla al amparo del Ministerio de Marina.
La recopilación de información sobre la geografía náutica del litoral en vistas a un completo conocimiento de él y a la confección de un derrotero general de las costa de Chile; la organización de la estadística de los siniestros marítimos que ocurriesen en las costas y aguas del país; y el estudio de la física del mar de Chile, es decir la obtención de noticias meteorológicas e hidrográficas, fueron algunas de las primeras tareas que se impuso su director.
Y esto, siempre, como señaló Vidal Gormaz, teniendo en vista que los estudios no pueden ser sólo hidrográficos, pues los adelantos de la época exigían que junto a estos los marinos realizaran observaciones geográficas, físicas y de historia natural.
25 Entre las primeras iniciativas de la nueva repartición estuvo la exploración del litoral boliviano, con la excusa de aclarar algunas dudas existentes en los derroteros modernos, como también la recopilación de noticias sobre los canales de Magallanes, la Patagonia y Chiloé, las costas entre el río Mataquito y la bahía de Concepción, entre Matancilla y Valparaíso, des-de este puerto hasta Horcón, las islas San Félix y San Ambrosio y las islas y arrecifes esporádicos frente a las costas del país.
26 Continuando y sistematizando la tarea de recopilar información sobre prácticamente todo el litoral occidental sudamericano al sur del paralelo 27o S. En 1876 se ordenó el reconocimiento de la costa de la provincia de Atacama desde Caldera, hasta Antofagasta, en los 23o 38' S, entonces ya un territorio en disputa con Bolivia.
También se reconocieron tramos del litoral al norte de Valparaíso y otros de la zona sur y austral, entre ellos los canales de la Patagonia, intentando así completar la hidrografía de Chile al norte del archipiélago de Chiloé.
Respecto del litoral situado al sur de Chiloé, se dispuso también su reconocimiento, entre otras razones, por los numerosos naufragios que en ella se producían.
Entonces se pretendió completar los trabajos hidrográficos que el capitán Enrique Simpson había emprendido entre 1870 y 1874, que a su vez tenían antecedentes en las exploraciones de Buenaventura Martínez en el estrecho de Magallanes en 1848, y en las Francisco Hudson entre 1855 y 1857 entre la isla de Chiloé y Magallanes.27
Exploración de los archipiélagos australes
Entre las comisiones enviadas al Pacífico austral por la marina chilena, los cuatro viajes a la costa occidental de la Patagonia que realizó entre 1870 y 1874 el capitán de fragata Enrique Simpson, fueron las más sistemáticas y las que ofrecen algunas de las características esenciales de los afanes hidrográficos desarrollados por el país a lo largo del siglo XIX.
Las de Simpson, como la mayor parte de las comisiones de exploración del litoral nacional, se encuentran consignadas en informes epistolares con la crónica de las travesías emprendidas, sus avatares y sucesos más sobresalientes, en las que se narran sus incidencias diarias y se da cuenta de las materias solicitadas por el Ministerio de Marina, es decir: rutas, estado de puertos, canales, flora, fauna, habitantes, geografía, mareas y la situación meteorológica de las regiones exploradas.
También ofrece la realidad material de estas empresas, la forma en que se organizaban, equipamiento, instrumental, calificación del personal y trabajos propios de las mismas.
Por último, muestran algunas de las preocupaciones esenciales del Estado nacional, esto es, el reconocimiento de parajes prácticamente desconocidos, pero también, y en particular en la zona comprendida entre los 44 y 46 grados de latitud sur aproximadamente, la búsqueda de pasos que comunicaran la Patagonia occidental con la oriental, elemento y antecedente esencial en la disputa por la región que mantenían desde la década de 1840 Chile y Argentina.
Hasta el momento de la exploración de Simpson, y como ocurría para gran parte del litoral chileno, el conocimiento existente sobre el área que se extendía entre las islas Guaitecas y el golfo de Penas era muy limitado y parcial, y en todo caso absolutamente insuficiente en relación con la necesidad de conocer acabadamente la geografía marítima de la región.
Este se componía de relaciones de los viajes de misioneros españoles y de los reconocimientos de marinos como José Moraleda y Robert Fitz-Roy, todos básicos, parciales, imprecisos en muchos aspectos y, por último, preparados con otros objetivos.
Para el Estado de Chile, la inexistencia de noticias ciertas sobre una región que como la Patagonia y Tierra del Fuego se encontraban en controversia, resultaba intolerable ante la necesidad de defender los derechos que el país creía tener sobre estos espacios.
Entonces no sólo el saber sobre el litoral de la Patagonia era insuficiente, sobre todo faltaba información relativa a las zonas ultracordilleranas de la llamada Patagonia central, las cuales se creía encerraban riquezas naturales y eran propicias para la colonización.
La expedición del alguna vez comandante de la Marina Británica George Ch.
Munster, que en 1870 había recorrido la Patagonia interior desde el estrecho de Magallanes hasta Carmen Patagones, en las cercanías de la desembocadura del Río Negro en el Atlántico, sin duda alentaron los afanes chilenos por explorar la región.
28 Las órdenes que Simpson recibió del Ministerio de Marina para su primera comisión fueron claras: reconocer la costa occidental de la Patagonia; explorar prolijamente los ríos, en especial el Aysén, y las llamadas internaciones del mar entre los 44 y 46o grados de latitud en búsqueda de un paso para la Patagonia oriental; formar planos de las regiones exploradas en los que se fijen los puertos y caletas que puedan abrigar naves; sondear e identificar los accidentes interesantes a la navegación; formar croquis de los terrenos adyacentes a las costas; y recoger muestras de espe-cies animales y vegetales y de minerales.
Expresión de los intereses nacionales presentes en la comisión hidrográfica que se encargó al comandante Simpson, es el hecho que se le advirtió que en sus informes prestara particular atención en «hacer notar las depresiones de la cordillera y la clase de terrenos planos que visite».
29 La trascendencia de este aspecto se refleja también en que en el informe de su primera exploración, fechado en junio de 1870 y dirigido al Ministro de Marina, Enrique Simpson escribió, en el primer párrafo: «Tengo el honor de poner en conocimiento de su señoría el resultado de mi expedición a la costa occidental de la Patagonia por dentro del archipiélago de Chonos, entre los límites de 44o y 46o latitud S en busca de un paso por la Cordillera hacia el interior».
30 Esto explica también que en sus cuatro viajes de exploración Simpson y sus hombres hayan combinado la navegación, propia de los marinos e hidrógrafos, con las «travesías por tierra», en particular hacia el oriente, subiendo y bajando por entre los Andes.
Como otros antes que él, Simpson también se sirvió de las relaciones y cartografía de quienes los habían antecedido en el reconocimiento de las costas del Pacífico austral, en particular Moraleda y Fitz-Roy.
Sin embargo, ya en su primera salida concluyó que ni las representaciones de Moraleda ni las del capitán inglés tenían utilidad al sur de Melinka, es decir desde la entrada en adelante del archipiélago de Chonos pues, argumenta, es también consecuencia del conocimiento local, de la práctica que los habitantes de los archipiélagos australes tienen, por ser la navegación entre ellos una parte esencial de su forma de vida.
Considerando las noticias que William H. Hudson había obtenido en 1857 durante su expedición por la Patagonia, que a su vez también había recurrido a Moraleda, el marino chileno inició sus trabajos hidrográficos por los canales septentrionales de las Guaitecas, teniendo siempre como referencia los trabajos de Fitz-Roy y, en especial, la posibilidad de encontrar una «ensenada profunda, no reconocida, donde desemboca entre llanuras un río caudaloso de agua blanquizca», que ofreciera la posibilidad de un paso transcordillerano.
32 El relato de Simpson muestra las grandes esperanzas que abrigaba de, en medio de sus reconocimientos de esteros, ríos y comarcas aledaños al canal Moraleda, en particular del Aysén, como un siglo antes Moraleda, «en medio de inmensas montañas coronadas de nieves perpetuas», haberse adentrado lo suficiente hacia el oriente como para haber «salvado ya la cordillera y encontrado el paso tan deseado».
Vana ilusión pues, como escribió, pronto pudo apreciar que «las montañas aun continuaban al este, hasta donde alcanzaba la vista».
Dejando para las posteriores comisiones el cruce de los Andes, pues los obstáculos existentes en los ríos que bajaban hacia el oeste se lo impidieron la primera vez.
La cuidadosa exploración de los canales interiores y de sus costas, como el levantamiento de sus respectivos planos, ocupó la mayor parte del tiempo de Simpson y sus hombres en sus sucesivas comisiones entre las Guaitecas y Chonos, preparando así una cartografía nacional mucho más exacta y detallada que la imperial que Moraleda y Fitz-Roy habían elaborado.
Contribuyó a la calidad de las representaciones, sobre todo en comparación con la obra de Moraleda, el instrumental -eclímetro, círculo de reflexión, teodolito, higrómetro, anteojo micrométrico de Rochon, horizontes artificiales, transportador metálico y cronómetros-con que contaron los marinos chilenos pues, como se sabe, en la zona son frecuentes los temporales, y las lluvias y neblinas casi incesantes, «hasta el punto de no vislumbrarse el sol por semanas enteras, haciendo difusas las observaciones astronómicas».
Lo que para Simpson explicaba «la inexactitud de las cartas de Moraleda que contienen, advirtió, incluso en las latitudes, grandes errores».
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.05 Señaladas las diferencias entre las mareas del mar interior, entre la costa de la Patagonia y las Guaitecas y Chonos, y el exterior, al oeste de los archipiélagos, como las características de la geología de la región, su clima, fauna y flora, Simpson concluyó su primera excursión exponiendo que había comprobado que las aguas interiores de los archipiélagos eran seguras para los vapores; que había descubierto cuatro puertos nuevos y levantado planos que asegurarían la navegación de los veleros que transportaban madera en la zona; explorado el estero Aysén, rectificando su posición que padecía un error de 18 millas en latitud al norte de la verdadera; recono cido un valle fértil al fondo del río Aysén, penetrando hasta una longitud 72o 33' Oeste, aunque sin dar fin al valle; y, esencial para sus objetivos, «dado a conocer la posibilidad de que exista un paso por agua a través de la cordillera, al sur de Aysén, pues, hasta donde ha podido verse, deja de ser una cadena continuada en este punto, con notable depresión».
34 También reconoció que todavía quedaban pendientes el levantamiento exacto de las costas interiores de los archipiélagos de Chonos y Guaitecas entre Melinka y la península de Taitao, así como una sección de la costa de la Patagonia hasta Taitao, todos indispensables para facilitar la navegación de los veleros; por último, que los canales al sur del Aysén eran enteramente desconocidos, siendo éstos su prioridad en la siguiente comisión.
Su segunda excursión, que se desenvolvió entre diciembre de 1870 y mayo de 1871, fue concebida entonces como una continuación de los trabajos de Fitz-Roy, por el área que abarcaría, esto es, al sur del río Aysén y hasta la laguna de San Rafael, con especial énfasis en la búsqueda de un paso entre el canal Moraleda y el golfo de Penas a través de la península de Tres Montes.
También se le ordenó proseguir la exploración del Aysén hacia el Oriente hasta donde fuera posible, «a fin de reconocer los ríos y lagunas que pudieran aprovecharse para una comunicación interoceánica».
Retomado de este modo la búsqueda que alguna vez había llevado a la zona a José Moraleda quién, como sabemos, había desechado la existencia de dicho paso.
Muestra del interés oficial por la región, en su segunda salida Simpson embarcó un sujeto encargado de estudiar la historia natural.
Avanzando esta vez más allá del canal Moraleda hacia el sur, Simpson y sus hombres accedieron al canal Costa y de ahí al estero Elefantes en su búsqueda de la laguna San Rafael, explorando y cartografiando el litoral, adentrándose en los ríos existentes en la Patagonia, siempre «con la espe-ranza que atravesase la cordillera».
Evidencias, como rastros de ciervos no vistos hasta entonces, que los llevaban a pensar que venían desde la Patagonia oriental, alentaron los reconocimientos de los marinos chilenos.
Por ejemplo, hacia el interior del estuario Quitralco para, luego de una esforzada marcha hasta topar con un ventisquero y concluir, convencido, como escribe Simpson, «de que no había paso practicable por este valle».
35 Tampoco encontró entonces, porque no existe, el paso hacia el sur, hasta el golfo de Penas, por el itsmo de Ofqui, más allá de la laguna de San Rafael.
Simpson retomó entonces la exploración del río Aysén, ahora «desesperado de no haber encontrado al sur río caudaloso alguno que prometiese fácil comunicación con la Patagonia oriental a través de los Andes».
36 Ahora siguiendo hasta sus fuentes, en la ultracordillera, por los únicos brazos que antes no había explorado, con la ilusión de poder construir un camino carretero por sus márgenes pues, por lo torrentoso, es imposible como vía de comunicación.
Después de internarse poco más de 200 kilómetros hacia el este desde el canal Moraleda, dedujo más tarde encontrarse al otro lado de los Andes, luego de haber atravesado no menos de 88 kilómetros (55 millas) de cordillera; entre otras razones por no experimentar los temporales que arreciaron en la costa al mismo tiempo que él se hallaba en las que nombra «llanuras del oriente», dejando para una próxima campaña el reconocimiento «de los terrenos de esa región que deben ser muy fértiles».
Resultado de su segunda campaña fueron el levantamiento de planos con sondas de 256 millas -poco más de 411 kilómetros-de canales y estuarios, respecto de los cuales no existía ni siquiera un precario croquis; la apertura a la navegación de dos nuevas vías de comunicación con las aguas interiores del archipiélago y tierra firme; la definición del itsmo de Ofqui por el norte; el redescubrimiento de la laguna San Rafael; y, por último pero muy relevante, el «haber atravesado la cordillera de los Andes hasta su última garganta, por agua, comprobando que el río Aysén nace en la Patagonia oriental, y dando a conocer la facilidad de construir un camino carretero o ferrocarril hasta ese territorio».
37 Pendientes quedaron una sección del plano del canal Moraleda y, sobre todo, el resto de los canales interiores del archipiélago.
Tareas que se emprendieron en las dos siguientes comisiones.
En el tercer viaje entre octubre de 1871 y junio de 1872, los trabajos se iniciaron con la expedición al río Aysén, en la Patagonia, en la búsqueda del ansiado camino por la cordillera.
Finalmente, a fines de diciembre y a la altura del paralelo 45o 25', Simpson y sus hombres lograron pasar la gran cadena andina y situarse en su falda oriental; entonces calcularon que habían atravesado «más de cien millas de cordillera».
Fue la culminación de tres años de afanes destinados a cumplir con un propósito esencial para las aspiraciones soberanas del Estado chileno sobre la región.
A continuación, los marinos emprendieron la expedición al interior de la península de Taitao, siempre con la ilusión de hallar ahí un paso hacia el golfo de Penas.
El reconocimiento de la zona hizo posible el levantamiento de planos y diversas observaciones, hasta que Simpson no tuvo más remedio que escribir en su informe: «concluyó toda esperanza de encontrar paso al golfo de Tres Montes, al sur de Taitao, siendo toda esta costa limitada por una barrera de altas montañas nevadas que parecen llegar hasta el océano formando el cabo Tres Montes».
38 Los reconocimientos de ríos, canales y estuarios en medio del archipiélago de Chonos, así como el inicio del levantamiento del plano del canal Moraleda y el de los principales canales de la zona, completaron una comisión hidrográfica que, nunca dejó de estar atenta a la búsqueda de pasos transcordilleranos, como lo demuestra el que comprobaran la existencia de otro por el valle Huemules, en los 46o 6' S.
En su última salida, entre octubre de 1872 y mayo de 1873, los marinos comandados por Enrique Simpson completaron el plano del Canal Moraleda; delinearon el grupo de islas de las Guaitecas; estudiaron el puerto de Melinka, el principal de la región; reconocieron el río Cisnes; y exploraron canales en búsqueda de puertos convenientes para refugio de las naves averiadas o sotaventadas sobre la costa.
Un ejemplo es el hallazgo de un «puerto magnífico» en la islas Rhone: «tiene fondo de arena, con siete (12,8 m) a dieciocho brazas de profundidad, es abrigado contra todos los vientos reinantes, y fácil de tomar y dejar.
Contiene además leña y agua en abundancia».
39 En las cuatro estaciones, que en total suman quince meses de exploración entre 1870 y 1873, los marinos comandados por Enrique Simpson reconocieron el archipiélago de Chonos, la península de Taitao y la Patagonia occidental.
Su trabajo hizo posible reconocer y preparar planos de toda la comarca, complementando, sostuvieron entonces, el levantamiento de las costas oceánicas que Fitz-Roy había realizado y que tanta fama le valió.
De hecho, para Simpson, su trabajo, era el corolario del realizado por el inglés.
40 La ponderación de su trabajo como hidrógrafo no impidió al marino chileno concentrarse en la Patagonia y en las posibilidades que sus descubrimientos implicaban para las aspiraciones del país.
Fue así como preparó las que llamó consideraciones sobre la Patagonia occidental, pero que también aludían a la oriental.
En una perspectiva estrictamente geográfica, escribió que la cordillera misma en la zona no es sino otro archipiélago de montañas en escala mayor, separados por agua, rematando los estuarios o brazos de mar que se internan desde el oeste, en valles que comunican con la Patagonia oriental, como ocurre en el Aysén y Huemules que exploró.
En relación con la Patagonia oriental, antes de conocerla, y siguiendo a viajeros que como Musters lo habían precedido, escribe que se trata de una región estéril en la sección adyacente al Atlántico; mientras que en las cercanías de los Andes es más fértil.
En su concepto esa faja pertenece, por la influencia que recibe de los vientos del oeste, «más bien al Pacífico que al Atlántico, siendo más accesible por este lado, de modo que parece que la naturaleza misma prescribiese la soberanía de Chile».
41 Para sostener sus planteamientos Simpson agrega que la Patagonia es un país montañoso y quebrado, siendo su parte oriental «de carácter totalmente distinto de las pampas de Buenos Aires, de las cuales muchos, erróneamente, han creído su continuación».
Consciente de la importancia de los Andes en la definición de la frontera chileno-argentina, a la vez que adelantando las controversias geográficas que sobrevendrían, sostuvo que al parecer el nivel de los terrenos bajos sube desde el Pacífico hasta «llegar a una sierra de orden secundario, más allá del Collar de montañas que hasta aquí se ha denominado Cordillera de los Andes, y de la cual es sólo la continuación austral».
Esa sierra secundaria, o lomo, como la llama, constituye para Simpson «la verdadera división de las aguas».
Siendo esta la razón que se encuentren ríos como el Aysén que, «proviniendo del otro lado, atraviesan por completo el Collar de los Andes».
Aludiendo directamente a la disputa existente entre Argentina y Chile por la Patagonia, en particular la sección entre los ríos Santa Cruz y Negro, 40 Ibidem, 209.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.05 afirma que sólo la mitad occidental es fértil, pues la otra es «completamente estéril», y que a la primera es «mucho más accesible desde el Pacífico que desde el Atlántico».
La razón, porque para alcanzarla desde allá hay que atravesar inmensos desiertos, casi sin agua, mientras que comunica con los estuarios y canales del oeste.
Atrevido, más allá de lo que se le había solicitado, reflejando tal vez una opinión extendida entre los marinos chilenos, concluye sus consideraciones afirmando: «Por esta razón, soy de opinión que, al tratarse de una división de estas tierras, se fije la línea divisoria entre los ríos Santa Cruz y Negro, en el meridiano medio, es decir, longitud 70o O de Greenwich.
De este modo, ambas repúblicas tendrían lo que mejor podrían atender.
Nosotros no necesitaríamos enviar nuestros buques a tan largas distancias y ellos conservarían las salinas que tanto necesitan para su industria».
42 Una frase que en lo que se relaciona con las aspiraciones chilenas resulta del todo inconveniente, pues reconoce que los espacios allende los Andes eran ajenos, distantes, de Chile, como por lo demás siempre lo habían sido.
Luego de sus comisiones por la región de Aysén, Simpson exploró entre 1874 y 1875 los canales occidentales de la Patagonia, los del territorio de Magallanes y, finalmente, el río Santa Cruz en la Patagonia oriental.
En algunas de estas tareas, como en las desarrolladas antes en las Guaitecas y Chonos, lo acompañó Ramón Serrano Montaner quien, primero como guardiamarina, fue ascendiendo en el escalafón naval al ritmo de sus comisiones hidrográficas.
A este dotado marino se deben algunos importantes levantamientos como el canal Darwin y otros en Tierra del Fuego e isla Dawson en los alrededores de Tierra del Fuego, todos realizados entre 1872 y 1879.
Particular relevancia tuvieron en esa época sus exploraciones y reconocimientos de los territorios en litigio con la Argentina.
A través de ellos ofreció información de primera fuente sobre áreas que otros antes habían calificado de pampas estériles, vegetación raquítica e inhospitalarios ambientes para la población.
Concluida la Guerra del Pacífico, en la que participó activamente, y luego de servir como Subdirector de la Escuela Naval y luego de la Oficina Hidrográfica, Serrano volvió a las comisiones de reconocimiento geográfico, realizando a partir de 1888 levantamientos en la zona inmediata al paralelo 52o S y los meridianos 71o y 72o O, es decir en los extensos y poco conocidos brazos de mar que, como el seno de Última Esperanza, el seno 42 Ibidem, 215.
Skyring, el paso Fitz-Roy y el seno de Otway, forman parte de la enmarañada geografía de los canales australes.
Muestra de las capacidades, conocimientos, experiencia, cualidades y virtudes para apreciar la realidad geográfica que se atribuían a Serrano Montaner, en 1890 el gobierno lo nombró Primer Ayudante de la Comisión de Límites con la república Argentina.
Tal vez la culminación, a través de este oficial, de los servicios que la Armada de Chile había prestado a lo largo del siglo XIX en el reconocimiento del litoral nacional y, sobre todo desde 1870, en el sistemático levantamiento hidrográfico y exploración geográfica de las regiones en disputa con Argentina.
Esta destinación, junto a la publicación en 1891 de su renombrado Derrotero del Estrecho de Magallanes, de la Tierra del Fuego y de los canales de la Patagonia, no sólo resumen la obra de casi medio siglo de trabajos hidrográficos, también completaban el reconocimiento del litoral iniciado de 1834 con el levantamiento del plano de la desembocadura del río Bueno.
Otras exploraciones y publicaciones hidrográficas
El mismo año que Roberto Simpson culminaba su trabajo en los archipiélagos australes, la Oficina Hidrográfica inició un programa de exploraciones destinado a estudiar el litoral boliviano para resolver algunas dudas en los derroteros.
Mientras tanto se continuó reuniendo información sobre los canales australes y diversos puntos de las costas central del país; incluso de las islas Esporádicas.
Dos años más tarde, en 1876, se ordenó la exploración del litoral de la provincia de Atacama, ahora, entre Antofagasta y Caldera, siempre, como escribió Vidal Gormaz, con la confianza de que en «breve tendremos un conocimiento completo de la hidrografía de la parte continental de Chile, al norte de Chiloé».
43 La Guerra del Pacífico, desatada en 1879, obligó a disponer de información fidedigna sobre el escenario en que se desarrollarían las operaciones, lo que llevó a Vidal Gormaz a reunir noticias relativas al litoral de Atacama y Tarapacá.
Entonces publicó una nueva edición de la Geografía Náutica de Bolivia, acompañada de una carta del Desierto de Atacama; editó un folleto titulado Noticias del Desierto i sus recursos, fechado en marzo de 1879 y en el que se describen los caminos que llevaban desde 43 Anu. hidro., II, 1876, IX.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.05 Antofagasta al interior de la provincia; y editó la Geografía Náutica y Derrotero de las costas del Perú con información hidrográfica y náutica, noticias sobre el movimiento comercial de los puertos y, también, datos actualizados sobre las defensas del Callao.
44 La Oficina Hidrográfica publicó también en 1879 las Noticias del Departamento Litoral de Tarapacá, con un mapa de Alejandro Bertrand, y las Noticias de los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa i algo sobre la hoya del Lago Titicaca, con un plano del lago y sus comunicaciones con la costa hacia el sur.
Después dio a la prensa las Noticias sobre las provincias litorales correspondientes al departamento de Lima i de la provincia constitucional del Callao.
Ofreciendo así información y antecedentes de evidente actualidad y utilidad a las tropas en campaña, pero también contribuyendo al conocimiento del litoral del Pacífico sur.
En el curso del conflicto, la Oficina Hidrográfica recibió nuevas informaciones y noticias sobre el escenario de la guerra que hicieron posible rectificar y completar el trabajo sobre Tarapacá y el mapa de su costa, lo que permitió una nueva edición.
Otras publicaciones de la Oficina en 1880 fueron un Estudio sobre el puerto de Iquique; las Noticias sobre las provincias litorales correspondientes a los departamentos de Arequipa, Ica, Huancavelica y Lima, acompañadas de un mapa de la costa del Perú; y Datos sobre los recursos y las vías de comunicación del litoral de las provincias de Chancay y de Lima.
En 1881, Vidal Gormaz recibió el encargo de hacer un estudio sistemático del litoral peruano, pero las operaciones militares en curso lo obligaron a limitarse a las radas de Antofagasta e Iquique.
45 Sólo en el año 1884, concluida la guerra, se pudieron reanudar las comisiones hidrográficas, tanto por el norte como por el sur en los canales de la Patagonia.
Fruto del esfuerzo realizado hasta fines de la década de 1870, entre 1879 y 1884 fue apareciendo la Geografía Náutica de Chile cuya preparación fue uno de los objetivos establecidos en la norma que creó la Oficina Hidrográfica en 1874.
Era una síntesis actualizada de la hidrografía de las costas de Chile, que incluía las comisiones inglesas y las expediciones nacionales de reconocimiento emprendidas hasta entonces.
La obra se inició en 1879 con las «Instrucciones sobre el puerto de Corral y Río Valdivia», con seis capítulos relativos a las costas de Valdivia y Cautín hasta el río Toltén.
Se trataba de un trabajo independiente; sin embargo, hubo un cambio de planes.
La segunda entrega cubre el litoral entre el río Toltén y el Banco de las Malenas al norte de la playa de Ritoque en las cercanías de Valparaíso.
La tercera entrega, aparecida en 1881, describe la costa desde el puerto de Quintero hasta la Punta Mejillones del Sur, en los 23o de latitud sur, e incluyen las islas Esporádicas: San Félix y San Ambrosio, Sala y Gómez, el archipiélago de Juan Fernández y la isla de Pascua o Rapa Nui.
En 1883, la cuarta entrega, abarca la costa al sur de Valdivia y Chiloé, incluyendo el litoral del canal de Chacao y el seno de Reloncaví, y la descripción de las riberas del lago Llanquihue, el golfo de Ancud y la parte oriental de la Isla Grande para terminar con el litoral de Llanquihue y Chiloé hasta Punta Galera.
La quinta entrega, de 1884, aborda el litoral norte desde Mejillones al río Locumba en el Perú, cubriendo las provincias de Tarapacá y Tacna, incorporadas a la soberanía chilena después de la firma del tratado de Ancón con el Perú en1883.
Como ha sido establecido, «tomada en su conjunto, la Geografía Náutica de Chile entrega una descripción de las costas de Chile desde la frontera norte hasta Chiloé», y era la expresión material, concreta y afortunada de la hidrografía nacional y sus sucesivas campañas.
Cierto que, como el propio Vidal Gormaz lo advertía, había regiones todavía malamente conocidas, por ejemplo el canal de Chacao:
Este canal ofrece algunos peligros para la navegación, ordinariamente exagerados por falta de una buena hidrografía de él, no menos que por la dificultad que oponen las violentas corrientes del flujo y reflujo de las mareas para fijar las sondas, los arrecifes y los bajos.
Estos motivos hacen que hasta el presente asistan algunas dudas sobre la existencia de varias rocas, y asimismo respecto de la verdadera posición de los peligros reales.
Procuraremos sacar de las mejores fuentes la realidad de los hechos y no alterarla hasta que mejores estudios vengan a desvanecer los peligros imaginarios o confirmar su existencia.
46 La Geografía Náutica sobrepasa largamente el ámbito de la hidrografía, pues incluye todo tipo de noticias de los sitios explorados.
Pero, y tal como se estila en los derroteros de navegación, indica para cada accidente de la costa, su dirección y distancia respecto del punto precedente y advierte sobre los riesgos asociados a la navegación en su cercanía.
En el caso de los puertos principales no solamente se da a conocer las características de la rada, los vientos y corrientes que allí corren, las instrucciones para entrar 46 Vidal Gormaz, 1882, 29.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.05 a la misma, los obstáculos que se deben evitar, la ubicación del fondeadero y lugares para botar el lastre, sino también informaciones acerca de disponibilidad de provisiones para las naves y los precios relativos de las mismas, el volumen de su comercio de acuerdo a las estadísticas oficiales y las comunicaciones por tierra con el interior y telegráficas con el resto del país.
En algunos casos consigna registros meteorológicos, datos sobre precios de los fletes, los derechos portuarios vigentes, el rango de las autoridades locales, las representaciones consulares existentes y las facilidades o dificultades para el reclutamiento de marineros.
En cuanto a los ríos navegables se señalan las características de la barra en su desembocadura, y las profundidades que registra el curso de agua.
47 La Geografía Náutica ofrece también las fuentes consultadas, reflejando así que era fruto de un trabajo constante desarrollado a lo largo de décadas.
Ahí están las menciones a las cartas y derroteros publicados por el almirantazgo británico, los viajes de José de Moraleda y las exploraciones realizadas por oficiales de la Armada chilena.
Entre ellas, el reconocimiento de Juan José Latorre en el vapor Toltén del recorrido alternativo de Corral a Valdivia por el río Tornagaleones; los antecedentes aportados por el vapor «Antonio Varas» en 1867 sobre una roca en la caleta de Queule; las exploraciones del capitán José Domingo Salamanca en la costa entre Coliumo y el río Mataquito; las de Manuel Señoret relativas a la desembocadura del río Toltén y sobre el río Bueno; la de Luis Uribe en 1874 para la costa entre Horcón y la Quebrada del Negro; y la carta de la bahía de Arauco del teniente Nicolás Moller, entre otras.
También aprovecha los informes sobre la isla de Pascua de los comandantes Goñi y López que la visitaron en 1870 y 1875, además de la relación del viaje del capitán Felipe González de Haedo en 1770-1771.
48 Respecto de las costas de Bolivia, así como de las situadas más al norte, se ofrece la información publicada a comienzos de 1879, pero ahora corregida y aumentada gracias a la experiencia lograda durante y después de la Guerra del Pacífico.
En relación con la zona austral, y aprovechando lo acumulado hasta 1874, el conocimiento de las costas al sur del archipiélago de Chiloé avanzó en 1891 con la publicación del Derrotero del Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y canales de la Patagonia desde el Canal de Chacao hasta el Cabo de Hornos del capitán de fragata Ramón Serrano Montaner. |
Además forma parte de las actividades que se realizan en la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC con el objetivo de la divulgación de la ciencia.
Numerosas expediciones han sido organizadas y llevadas a cabo por parte de España, desde las primeras exploraciones de los mares de nuestro mundo hasta las campañas oceanográficas de la actualidad.
Siempre se han tenido que adaptar a las necesidades, las exigencias y los planteamientos de la ciencia imperante en su respectiva época.
Este es también el caso de la reciente expedición de circunnavegación Malaspina 2010, que con este nombre pretende mostrar su vinculación histórica con la expedición dirigida por Alejandro Malaspina y José de Bustamante durante los años 1789 hasta 1794.
No se trata de una simple réplica de una ruta histórica en tiempos actuales, como se realizó en los últimos años, por ejemplo, en relación con las expediciones de Cristóbal Colón y de Charles Darwin, ya que en este caso se trata de dos tipos de expedición con condiciones, motivos e intereses muy distintos: mientras la expedición Malaspina histórica estaba basada en una exploración costera y de investigación en tierra, la campaña actual es de carácter oceanográfico.
Por lo tanto, los criterios por los que se determinó la ruta de la expedición Malaspina 2010 fueron distintos, constituyendo dos aspectos cruciales: el paso por regiones de la mar con una profundidad de cuatro a cinco mil metros y la búsqueda de zonas de condiciones climáticas que facilitasen la realización de las investigaciones necesarias en un buque oceanográfico, por lo que una gran parte del trayecto se desarrolló durante el verano austral, que enlaza en el viaje de regreso con el verano en el hemisferio norte.
Aún así, en algunos lugares sí coinciden ambas expediciones, lo que se aprovechó para crear o aumentar el interés que pudiera tener la población en los distintos puertos tanto por la campaña actual como por su bicentenaria antecesora.
El motivo de que se haya elegido la expedición Malaspina original como referente histórico se debe a su relevancia científica y política, así como al hecho de que en el año 2010 se celebró el bicentenario de la muerte de Alejandro Malaspina.
En este sentido, el proyecto Malaspina 2010 tiene el objetivo de conmemorar esta importante expedición y restaurar su imagen, devolviéndole el mérito que le corresponde y que le fue denegado en su tiempo por motivos políticos.
Otra conmemoración que se celebró en 2010, el año en que se inició la expedición Malaspina actual, fue el Año Internacional de la Biodiversidad, ya que en 2009 habían transcurrido ciento cincuenta años desde la publicación de la obra El origen de las especies de Charles Darwin.
Finalmente, con este proyecto también se continúa y se rinde tributo la larga tradición de expediciones científicas iniciadas por España orientadas al descubrimiento geográfico, la apertura de nuevas rutas de navegación y el estudio de nuevos mundos con los que se persiguió, entre otras cosas, el aumento del conocimiento sobre la tierra en sus distintas facetas.
De esta manera se pretende hacer hincapié en la continuidad en el tiempo respecto a este tipo de empresas científicas, es decir, no presentar la expedición Malaspina 2010 como un hecho singular y aislado, sino como el resultado de una larga trayectoria que nos ha llevado a la situación actual y de ahí a las necesidades de las ciencias del porvenir.
Con otras palabras, este proyecto científico pretende enlazar la historia con el futuro: no solo dirige la mirada hacia el pasado, sino que también está muy orientado hacia las ciencias marinas de las décadas venideras y tiene como objetivo servir como modelo a seguir para futuras expediciones.
¿En qué consiste el proyecto Malaspina 2010, qué aspiración tiene para la ciencia y en qué se diferencia de otras empresas de esta envergadura?
El proyecto oceanográfico Malaspina 2010: objetivos, itinerario
En julio de 2011 llegaba a su término, en el puerto de Cartagena, la circunnavegación Malaspina 2010, cuyos principales objetivos fueron evaluar el impacto del cambio global en el océano profundo2 -el mayor y más desconocido ecosistema del planeta-así como explorar la biodiversidad que se encuentra en estos mares, para así obtener un registro global del océano.
Se trata de la mayor expedición realizada hasta ahora a nivel internacional con el fin de estudiar un asunto tan importante como es el cambio global, que nos afecta a todos.
3 Tampoco el estudio de la biodiversidad en los mares profundos había sido realizado hasta ahora de una manera tan sistemática y global, por lo que este proyecto significa una contribución muy valiosa e innovadora a las ciencias marinas en un ámbito universal.
La investigación marina actual se enfrenta a desafíos importantes relacionados con el papel del océano en el cambio global, por lo que es fundamental tener un mejor conocimiento de los recursos marinos y la biodiversidad.
Los océanos ocupan una superficie de 361 millones de km 2, lo que corresponde al 71% de la superficie de la tierra, lo que implica que la mayor parte de la atmósfera está sobre el mar y, por lo tanto, debe ser estudiada desde el mar.
Tienen además un volumen de 1.348 millones de km 3, ocupado completamente por organismos vivos, y con ello representa el mayor hábitat de la biosfera.
4 La transformación que están experimentando los océanos, con importantes consecuencias para la humanidad, ha de ser prevenida mediante una combinación de investigación, actuaciones políticas, cooperación internacional, educación, así como concienciación.
Aparte de los objetivos científicos mencionados, el proyecto también tiene otras tareas establecidas, de carácter más general, como son impulsar la oceanografía en España y fomentar el conocimiento en la sociedad, analizar las repercusiones de la expedición Malaspina histórica, así como formar y atraer a jóvenes investigadores a las ciencias marinas.
Fue concedido en el marco del programa Consolider-Ingenio 2010 del Ministerio de Ciencia e Innovación, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con un investigador prestigioso al frente, el oceanógrafo Carlos Duarte.
Además, pudo disfrutar de un apoyo fundamental de la Armada Española y de una considerable ayuda económica por parte de la Fundación BBVA.
Más de 400 investigadores de diecinueve instituciones españolas participan en él, provenientes tanto de centros de investigación como de universidades o museos, con un total de treinta y ocho instituciones y grupos asociadas al proyecto, de los que doce son europeas, diecisiete americanas, dos australianas y una de Asia.
Teniendo en cuenta al personal de apoyo, el número total de personas que han intervenido en la expedición asciende a 700.
Entre las instituciones se incluye la NASA, la ESA, las universidades de California, Viena, Río de Janeiro, Washington o Western Australia, Fisheries and Oceans Canada y la King Abdullah University of Science and Technology en Arabía Saudí, así como otras de las organizaciones oceanográficas más punteras del mundo.
Durante la expedición se ha operado en la zona económica exclusiva de dieciocho naciones y se han preparado informes para estos países, con lo que el proyecto ha alcanzado un muy alto grado de internacionalización.
Además de las numerosas instituciones científicas nacionales e internacionales que forman parte del proyecto, también colaboran varias instituciones culturales y representaciones diplomáticas, que han prestado su valioso apoyo a la expedición en los distintos países visitados.
Por lo tanto, a pesar de ser financiado por fuentes españolas, el proyecto tiene un considerable alcance y componente internacional, a lo que también contribuye no en menor medida el hecho de que está centrado en unos objetivos de envergadura universal que serán afrontados conjuntamente con los países involucrados.
La expedición se llevó a cabo en dos buques de investigación oceanográfica (BIO), el Hespérides y el Sarmiento de Gamboa, siendo el primero el buque principal y el único que da la vuelta al mundo.
El BIO Hespérides, con 82,5 m. de largo y 14,3 m. de ancho pertenece a la Armada Española, aunque contaría con el apoyo de la Unidad Tecnológica Marina del CSIC como responsable del mantenimiento científico.5 Fue construido tras el establecimiento de la Base Antártica Española Juan Carlos I en 1988, a fin de apoyar desde el año 1990 la investigación polar, a la vez que permitir la extensión de las actividades de investigación a todos los océanos del mundo.
En sus veinte años de existencia el Hespérides ha realizado numerosas campañas de investigación en todos los océanos, recorriendo más de 300.000 millas náuticas y acogiendo a más de un millar de investigadores y técnicos nacionales y extranjeros.
El segundo buque, el Sarmiento de Gamboa, con un tamaño de 70,5 m. de largo y 15 m. de ancho, gestionado por el CSIC a través de su Unidad de Tecnología Marina, fue botado en 2006 e incorpora las tecnologías más avanzadas, especialmente en los sistemas de navegación y en el equipamiento científico.
6 Se define como un buque oceanográfico multipropósito, lo que se refiere tanto a su área de trabajo, que abarca todos los mares del mundo (exceptuando zonas polares), como a su capacidad de no limitarse a un tipo de investigación determinada, en la medida en que presenta la capacidad de poder ser configurado según la campaña a realizar.
Es el primer buque oceanográfico español que puede trabajar con los ROV (Remote Operated Vehicle) de altas profundidades y con los AUV (Autonomous Underwater Vehicle).
Tras una larga fase de preparación de casi una década, 7 la expedición se inició con la salida del Hespérides el día 15 de diciembre de 2010 desde Cádiz rumbo a Río de Janeiro, Ciudad del Cabo, Perth, Sydney, Auckland, Honolulú y pasando por el canal de Panamá arribó a Cartagena de Indias, desde donde emprendió su camino de regreso a España, al puerto de Cartagena.
A su base naval en esta milenaria ciudad llegaría siete meses más tarde, el 14 de julio de 2011.
El Sarmiento de Gamboa partió con su tripulación científica el 27 de enero de 2011 desde Las Palmas de Gran Canaria y llegó el 17 de marzo a Santo Domingo en la República Dominicana, convirtiéndose el buque durante la vuelta a Vigo, adonde arribó el día 9 de abril, en una universidad flotante en la que se impartiría un máster en oceanografía de forma coordinada por las cinco universidades que participan en el programa de formación de posgrado de la Expedición Malaspina 2010.8 Sumando los dos itinerarios, cubriendo en los dos buques conjuntamente 42.000 millas náuticas, se realizaron diez meses de navegación en total, divididos en once legs, es decir trayectos de puerto a puerto, siempre liderados por un jefe científico distinto.
La duración de los legs era muy variada, desde tramos tan cortos como de Sidney a Auckland de cinco días, a más largos como de Cádiz a Río de Janeiro de 30 días y de Ciudad de Cabo a Perth de 29 días, siendo el trayecto recorrido en el Sarmiento de Gamboa de Las Palmas de Gran Canaria a Santo Domingo en Republica Dominicana el más duradero:9 -Cádiz a Río de Janeiro: 15 de diciembre de 2010 a 13 de enero de 2011.
-Sidney a Auckland: 8 de abril a 13 de abril.
-Auckland a Honolulu: 16 de abril a 8 de mayo.
-Honolulu a Cartagena de Indias: 13 de mayo a 12 de junio.
-Cartagena de Indias a Cartagena: 19 de junio a 14 de julio.
En el núcleo de las actividades llevadas a cabo en los distintos tramos de la expedición, está comprendida la recogida de más de 120.000 muestras de aire y de gases, así como de agua y microorganismos en las distintas regiones recorridas y a varias profundidades de los océanos.
En total fueron 350 los puntos en los que se tomaron estas muestras, desde la superficie hasta una profundidad de 4.000 metros, con algún muestreo realizado hasta los 5 ó 6.000 metros.
El estudio multidisciplinar incluyó la medición de la temperatura y de la salinidad, así como el componente nutritivo en los diferentes océanos del mundo.
10 Un aspecto importante lo constituyó el estudio del intercambio de gases entre el océano y la atmósfera así como la determinación del CO 2 absorbido por el mar, la influencia de las sustancias químicas en los océanos y su posible toxicidad.
Además se exploró la diversidad y el metabolismo del fitoplancton y zooplancton, así como los microorganismos de los mares profundos.
Los científicos a bordo del Sarmiento de Gamboa investigaron una zona del Atlántico que discurre por el paralelo 24,5o Norte, ya que en esta latitud el flujo de calor que transporta el océano Atlántico hacia el norte es máximo, y por lo tanto, de gran interés para los estudios del clima.
Este transecto ya ha sido estudiado en ocasiones anteriores, lo que permite un análisis comparativo de los datos obtenidos.
Se trataba de recoger datos para medir las variaciones en el flujo de calor que ha habido desde 1957, año de la primera expedición internacional en esta zona.
Los principales instrumentos científicos usados durante la campaña para la recogida de muestras de aire, agua y plancton fueron la Roseta-CTD, 11 la multinet, el patín de Neuston, los bongos, así como los captadores 10 Veáse: Moreno-Ostos, 2012.
Además, se lanzaron dieciocho boyas ARGOS que miden la temperatura y la salinidad de los océanos en ciclos de diez días desde la superficie hasta una profundidad de 2.000 metros, así como otras novedosas boyas, específicamente diseñadas para este proyecto, que toman medida de la temperatura y de la salinidad en una profundidad de cincuenta centímetros, y envían los datos a través del sistema de satélite SMOS.
Esto va a contribuir a preparar el primer mapa satelital sobre la salinidad del mar, como resultado de una colaboración entre el proyecto Malaspina y la Agencia Espacial Europea.
Para precisar más, los diversos equipos para observar, medir, analizar y evaluar las características del entorno marino y atmosférico se pueden agrupar de la siguiente manera:12 -Acústica: Sistemas que mediante pulsos acústicos determinan la profundidad de los océanos, la forma y composición del subsuelo marino, la presencia y abundancia de organismos vivos, etc.
-Físico-química: Variado grupo de instrumentación entre los cuales destaca la Roseta-CTD que permite recoger muestras de agua a diversas profundidades y determinar la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, fluorescencia, turbidez, etc. -Muestreo biológico: Equipos que tienen varias redes que permiten en un solo lance hacer muestreos en diversos rangos de profundidad. -Muestreo atmosférico: Instrumentación diversa y variada, que incluye un sistema capaz de separar y retener los posibles organismos bacterianos que haya en el aire u otro que mide espectrográficamente iones de bromo y yodo en la atmósfera.
13 Las maniobras, es decir, la secuencia de las operaciones realizadas para obtener las muestras y mediciones, se emprenden a diario, durante todos los días en los que el buque se encuentra en la mar.
Para ello, el barco se detiene en un lugar específico en el océano y se inicia el programa de maniobras previsto y planificado.
Esta secuencia diaria de los muestreos realizados con los distintos instrumentos científicos se planifica por lo general el día anterior y es de carácter repetitivo, aunque no idéntico, ya que en ciertos días se añaden algunas maniobras adicionales, otras solo se llevan a cabo en días alternas en lugar de todos los días, y finalmente, son también las condiciones climáticas, las que condicionan las operaciones que se pueden iniciar.
Por lo general, el conjunto de maniobras dura entre ocho y once horas, durante las cuales el barco permanece en el mismo sitio, desde antes de las cinco de la mañana hasta las tres o las cuatro de la tarde.
En esta franja de tiempo la multinet despliega distintas redes de zooplancton en distintos tramos de profundidad, se recogen muestras de agua con la roseta, el patín de Neuston arrastra por la superficie de la mar y captura los organismos que flotan allí.
Además, se realiza la recogida de agua en grandes cantidades con la botella Niskin, y se lanza el radiómetro para medir la penetración de la radiación solar y, en particular, la utravioleta.
Todas las muestras recogidas durante la expedición forman parte de la Colección Malaspina 2010 y fueron marcadas a bordo con las etiquetas correspondientes.
El análisis se lleva a cabo en las distintas instituciones científicas en las que trabajan los investigadores, ya que el equipamiento del buque solo permite realizar estudios de manera limitada.
Aparte de las muestras de gases, agua y plancton, esta colección contiene tanto los docu-mentos, los datos e las imágenes como todo tipo de resultado generado por el proyecto.
Se pretende establecer con esta colección una línea de referencia para que futuras expediciones puedan contrastar sus datos con los resultados de esta expedición, una comparación que permite observar el impacto del Cambio Global en los océanos a largo plazo.
La particular importancia de estas muestras radica también en la dificultad de realizar una circunnavegación con estos objetivos y la improbabilidad de que se pueda repetir esta empresa a corto o medio plazo.
Con el estudio de las muestras se realizan tanto trabajos taxonómicos para identificar las especies, como estudios de genómica, con los que se pretende explorar todo el universo de genes hasta ahora poco o nada conocido.
El objetivo, con esta información extraída de la mar profunda, es poder establecer una biblioteca de genomas microbianos que aún no están representados en otro repertorio genómico.14 Esta colección de genómica microbiana marina, la primera del mundo a escala global, aportará nuevas claves sobre un reservorio de biodiversidad aún por explorar, ya que podría suponer el hallazgo de decenas de millones de genes nuevos en los próximos años.
El reto será la secuenciación masiva y la interpretación de los genes de todos los organismos presentes en el océano profundo, llamado proyecto Malaspinomics, como tarea de las próximos años y en colaboración con otros socios.
Los trabajos de secuenciación se centran en los virus, bacterias y protistas que pueblan el océano hasta los 4.000 metros de profundidad.
La mayor parte de la masa viva de los organismos marinos está compuesta por microorganismos.
Aún tendrán que transcurrir muchos años hasta que todas estas muestras puedan ser analizadas en los distintos laboratorios, además de los datos que se podrán extraer de las cincuenta y nueve boyas de observación que han quedado desplegadas en el océano.
Asimismo, una parte de estas muestras será preservada de manera duradera, mediante frío u otros procedimientos, para que en veinte o treinta años los investigadores que previsiblemente dispondrán de una nueva tecnología y unos métodos de trabajo que desconocemos ahora, puedan llegar a resultados impensables desde el punto de vista de hoy día.
Los primeros hallazgos dentro del proyecto son muy esperanzadores y son buenos indicadores de lo que puede llegar a descubrirse con los 6.000 gigabytes de datos registrados.
Varios de los trayectos de la expedición Malaspina 2010 pasaron por el Pacífico, desde Sidney por Auckland y Honolulu hasta Cartegena de Indias; en total, más de dos meses de la campaña transcurrieron en este inmenso océano.
No hubo objetivos específicos para esta parte de la expedición, sino que se realizó el mismo tipo de investigación que en los otros lugares, con una excepción: un objetivo adicional, que no estaba incluido en la planificación inicial, sino que surgió tras el accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima y el hecho que la expedición Malaspina pasó un mes más tarde por esta zona del Pacífico.
Entre Auckland (en la costa de Nueva Zelanda) y Honolulú (Hawaii) se recogieron muestras de partículas atmosféricas, agua y plancton con el fin de evaluar la posible presencia de radiactividad en el agua y en la atmósfera en el Pacífico central.
La importancia de los datos recogidos en el Pacifico se debe en particular a la circunstancia de que estas aguas habían sido menos estudiadas por la comunicad científica española que las del Atlántico, por ejemplo.
Lo que se ha podido detectar durante la navegación por estas mares es que entre Hawaii y Panamá se atravesó una zona de mínimo oxígeno disuelto.
Además, se ha podido descubrir que las aguas más transparentes de mundo se encuentran en el Pacífico Sur.
Los grandes retos de la ciencia del siglo XXI son interdisciplinares, por lo tanto, han de ser abordados desde varias disciplinas académicas.
Debido a este carácter multidisciplinar, que abarca campos del conocimiento tan distintos como son las Ciencias Sociales, la Biología y la Biomedicina, los Recursos Naturales, las Ciencias Agrarias, las Tecnologías Físicas, la Tecnología de Materiales, la Tecnología de Alimentos y Tecnologías Químicas, el proyecto Malaspina 2010 requiere una estrecha coordinación y una continua comunicación entre los participantes.
Para cumplir con este fin y facilitar la coordinación entre los participantes, el proyecto se estructura en siete bloques temáticos que se centran en distintos aspectos de la investigación oceanográfica: El bloque 8 establece el vínculo entre el proyecto actual con la expedición Malaspina histórica.
Adicionalmente hay cuatro bloques horizontales con las siguientes tareas: -El bloque 1 se dedica a la coordinación del proyecto Malaspina 2010.
-El bloque 9 tiene la tarea de comunicar la ciencia a la sociedad.
-Bloque 10 gestiona la formación de jóvenes investigadores en programas de postgrado -El bloque 11 integra los resultados derivados de los distintos bloques científicos y organiza la colección Malaspina.
Entre los científicos que participan en el proyecto Malaspina 2010 se encuentran tanto los expertos en ciencias marinas más prestigiosos de España, como jóvenes científicos con algo menos de experiencia, así como estudiantes en fase de formación.
En esta campaña se incluían también científicos que embarcaron por primera vez en un buque oceanográfico, tales como algunos participantes del bloque de bioquímica o del bloque de contaminantes.
Aparte de los científicos hay dos grandes grupos que constituyen la tripulación de los buques: los técnicos de la Unidad de Tecnología Marina (UTM) así como la dotación militar en el caso del buque Hespérides.
La UTM realiza actividades de apoyo logístico y técnico a buques oceanográficos y bases polares, así como de desarrollo tecnológico en el ámbito de las ciencias marinas.
En la campaña Malaspina 2010 embarcaron técnicos especializados para atender las necesidades de la constante verificación del perfecto funcionamiento de los equipos e instalaciones científicas de los barcos comprendiendo los campos de instrumentación científica, electrónica, telemática, mecánica, etc. Además, la contribución de la UTM ha consistido en la adquisición de nuevo equipamiento, la preparación, ajuste y calibración del equipamiento científico embarcado, así como el adiestramiento del personal científico en el uso de estos.
Otra tarea importante de la UTM era garantizar el acceso a Internet durante toda la UNA EXPERIENCIA RECIENTE EN EL PACÍFICO: LA EXPEDICIÓN MALASPINA 2010 circunnavegación estableciendo conexión con satélites en donde no existía cobertura del SPAINSAT.
La Armada Española tuvo un papel fundamental en la planificación y desarrollo del proyecto Malaspina 2010.
Fue la responsable de recomendar y planificar la derrota a seguir por el buque Hespérides y gestionar su alistamiento para circunnavegar el océano.
Durante la expedición, las tareas de la dotación se centraron en todos los trabajos que tienen que ver con la navegación y el funcionamiento del buque, aparte de ayudar a los científicos con la maniobra de los instrumentos científicos y vigilar el cumplimento de las pautas de seguridad.
Otra tarea era la representación diplomática española en los puertos de los países visitados.
16 Así pues, a bordo del Hespérides convivían y colaboraban tres grupos de personas, mientras que en el caso del Sarmiento de Gamboa eran solo dos grupos, además de algunos periodistas, personas que hacían grabaciones para documentales, escritores, cronistas, un pintor, un fotógrafo profesional, etc. Solo la tripulación de la Armada estuvo en el buque durante la circunnavegación completa, mientras los investigadores se relevaban en cada puerto con el siguiente grupo.
Así podían volver a sus respectivas instituciones con las muestras recogidas, para empezar inmediatamente con el análisis de los datos obtenidos.
Debido al hecho de que el análisis de las muestras se encuentra solo en sus inicios y ocupará a los investigadores y a las instituciones implicados en este proyecto durante los proximos años, pasará aún bastante tiempo antes de que se puedan obtener y presentar los resultados principales deseados.
Primero, las muestras tienen que ser analizadas y estudiadas para poder proceder a su comparación con datos anteriores o datos tomados en otras regiones, así como elaborar la información útil para la investigación marina.
Entre los hitos importantes a largo plazo para este proyecto se encuentran, por ejemplo, crear la primera colección global de genoma del océano y la atmósfera y obtener el primer mapa sinóptico de salinidad del océano superficial medido desde satélite.
Sin embargo, hay ya unos primeros hallazgos, además de las antes mencionadas aguas transparentes del Pacífico, que son el de una caída importante de la concentración de oxígeno en el océano tropical, el de una importante actividad biológica en el océano profundo ecuatorial, así como el descubrimiento de que la capa más superficial del océano es fundamental para el ecosistema profundo.
Además, respecto a algunos temas o preguntas concretas ya se han obtenido respuestas del estudio de una parte limitada de las muestras, así es el caso de la radiación en el Pacífico analizado por la expedición Malaspina un mes después del accidente nuclear de Japón en el año 2011.
Estas muestras han sido estudiadas y los resultados están a punto de ser publicados: la contaminación radiactiva procedente de la central nuclear de Fukushima no se extendió tan rápidamente como se preveía, los investigadores no han podido encontrar radiación en el Pacífico central, que presentaba valores normales.
También respecto al proyecto Malaspinomics se han llegado a unos resultados preliminares que revelan una cantidad ingente de especies desconocidas de microorganismos en el océano profundo, caracterizado por una actividad biológica intensa.
En concreto, el 60% de las especies bacterianas del océano profundo detectadas mediante técnicas de secuenciación masiva son desconocidas.
Estos análisis se están llevando a cabo por un equipo que integra investigadores del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (mixto del CSIC y la Universidad de las Islas Baleares) y el Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona.
Cuentan también con la colaboración del MareNostrum (Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona), el Joint Genome Institute (EEUU) y el European Molecular Biology Laboratory (Alemania).
También se pueden mencionar los primeros logros específicos en algunos de los bloques mencionados:
-El bloque de coordinación ha organizado todos los datos recogidos en la base de datos Malaspina Digital: http://metamalaspina.imedea.uibcsic.es/geonetwork/srv/en/main.home -Una sede web multimedia sobre el proyecto fue preparada: www.expedicionmalaspina.es -Se creó una nueva empresa entre el CSIC y entidades privadas internacionales con el nombre The Deep Blue Sea Enterprise S.L. para el análisis de las muestras bajo criterios específicos. -Se han realizado más de cincuenta y siete publicaciones en el marco del proyecto la actualidad.
UNA EXPERIENCIA RECIENTE EN EL PACÍFICO: LA EXPEDICIÓN MALASPINA 2010 -Hasta ahora veinticinco tesis de máster han sido presentadas y defendidas, de las que doce fueron realizadas por estudiantes embarcados en el Sarmiento de Gamboa y trece de los que participaron en algún tramo de la circunnavegación a bordo del Hespérides.
Adicionalmente cuatro tesis están siendo preparadas por estudiantes que no embarcaron en la expedición, pero que trabajan con las muestras recogidas durante la expedición.
17 -La iniciativa Buque Escuela de Oceanografía 2011, con el apoyo de la Universidad de Cádiz, ha creado una página web, que ofrece información respecto a la formación profesional de jóvenes en el marco del proyecto: http://buqueescuela2011.uca.es/
Malaspina 2010: un ejemplo de expedición en tiempo modernos
Tras esta presentación general del proyecto, quisiéramos volver a la pregunta planteada sobre las características particulares del proyecto Malaspina 2010, la aspiración que tiene para la ciencia y los aspectos en los que se puede diferenciar de otras empresas científicas.
Debido a la importancia de su objeto de estudio para el progreso de la ciencia, así como para el bienestar de la sociedad, el proyecto fue seleccionado por el Programa Consolider-Ingenio 2010 del Ministerio de Ciencia e Innovación, que constituye un instrumento capaz de financiar un proyecto tan ambicioso y con este tamaño.
Este programa ofrece una respuesta a algunos de los problemas que sufre la comunidad científica española, que son el de microliderazgo y la atomización en los proyectos de investigación.
El proyecto Malaspina se adapta perfectamente a estos planteamientos y requisitos ya que, siendo un proyecto de gran presupuesto, de índole internacional y dedicado a traspasar las fronteras del conocimiento actual, ofrece una alternativa válida para resolver el problema de la gestión de pequeños proyectos que carecen de la necesaria conexión entre ellos.
Destaca por ser un proyecto muy cooperativo que pretende justamente mostrar una vía para racionalizar la inversión a la vez que aumentar el output científico.
También en este sentido aspira a ser un proyecto oceanográfico que puede servir como modelo para futuras expediciones.
Debido a su carácter multidisciplinar, que abarca un gran abanico de campos del cono-17 Información sobre los resultados del proyecto facilitada por Paloma Carrillo de Albornoz Nuño, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA).
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.06 cimiento distintos y con la participación de personal cualificado de diversa procedencia (militares, técnicos, informáticos, ingenieros y periodistas), este proyecto exige una estrecha coordinación y una continua comunicación entre todos los participantes, con el fin de trabajar con la mirada puesta en el objetivo común, lo que ayuda a fomentar una nueva cultura de cooperación científica.
Así, abre la puerta a la reflexión sobre la propia actividad científica y su importancia para el desarrollo de un país, al mismo tiempo que se preocupa por la aplicación del conocimiento adquirido.
Es muy consciente de la importancia de que la investigación científica debería tener una aportación positiva a la propia sociedad.
De esta manera, busca posibles beneficios de los resultados científicos para la sociedad, como es, por ejemplo, la exploración de la diversidad genómica de los océanos, que no solo permite comprender mejor el funcionamiento de estos ecosistemas y la diversidad biológica y funcional que contienen, sino que puede dar lugar a innovaciones en biotecnología merced al posible descubrimiento de genes que codifiquen proteínas capaces de modular procesos biológicos.
Actualmente, está acelerándose el número de patentes de genes marinos y se está incrementando el valor de mercado de sus aplicaciones industriales en biomedicina, energía, alimentación y farmacia, si bien es cierto que solo se han explorado de manera limitada hasta ahora las aguas superficiales, aun cuando existe mayor probabilidad de hallar una mayor diversidad génica del plancton marino en las aguas profundas, diversidad cuya evaluación es ahora posible plantear a escala global mediante las nuevas técnicas de metagenómica y secuenciación masiva.
Una vertiente innovadora consiste en que el proyecto Malaspina 2010, es decir, un proyecto de ciencia experimental, haya querido establecer un vínculo con el pasado al tener una expedición histórica como referente para la circunnavegación actual.
Este interés por las ciencias humanas también se refleja en la propia estructura del proyecto, al haber creado un bloque, que se dedica exclusivamente al estudio de la expedición Malaspina histórica y sus posibles enlaces con el proyecto actual.
Conexión con la sociedad
Otra característica relevante es que este proyecto desde sus inicios ha tenido muy en cuenta la importancia de la divulgación de la ciencia, es decir, de la necesidad de informar a la sociedad acerca de las capacidades de la UNA EXPERIENCIA RECIENTE EN EL PACÍFICO: LA EXPEDICIÓN MALASPINA 2010 comunidad científica española en ciencias marinas, que se sitúa hoy en día entre las más productivas y desarrolladas del mundo.
En general, en los últimos años la conciencia sobre la importancia de este aspecto ha aumentado considerablemente, lo que se refleja también en los requisitos establecidos en las distintas convocatorias para proyectos científicos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Se ha reconocido más y más la necesidad de que la ciencia debería estar conectada con la sociedad, la importancia de acercar la ciencia desarrollada en los distintos centros de investigación al ciudadano, así como informar sobre los retos y logros científicos conseguidos para hacer que dicha sociedad participe en el avance del conocimiento.
Este desafío ha sido tomado en serio en el proyecto Malaspina 2010, ya que tiene objetivos que incluyen aspectos que afectan a la sociedad y al bienestar de la gente y que, por lo tanto, deberían ser difundidos por múltiples vías.
La ventaja estriba en que la expedición Malaspina 2010 no solo es un proyecto de gran interés para la comunidad científica, sino que una circunnavegación con escalas tan lejanas de España también es un tema fascinante para el público general.
De tal manera se ofrece a los ciudadanos interesados, haciéndoles partícipes de esta gran aventura científica, a la vez que aprovecha la gran oportunidad de hacer visible para la sociedad, y a nivel internacional, un proyecto oceanográfico que se realiza desde España.
Una larga trayectoria de narraciones de viajes, editadas desde hace siglos sobre la exploración de distintas regiones de nuestro planeta, ya sean meros tratados científicos o descripciones de tipo más bien costumbrista, con interesantes miradas hacia el mundo ajeno, dan prueba de que el tema de la exploración del mundo siempre ha interesado a la sociedad.
Es la mezcla entre el afán de descubrir y conocer nuestra tierra, la curiosidad por lo desconocido, el interés puramente científico y la pasión por las aventuras lo que alimenta esta inclinación y lo que explica el éxito de las publicaciones y narraciones de viajes que han resultado de estos proyectos, tanto en el pasado como en la actualidad.
En el caso de la expedición Malaspina 2010, se utilizaron todas las herramientas a las que tenemos acceso en un mundo moderno para llegar al ciudadano y hacer que se implique en este proyecto.
Esto no se limita a publicar por un lado los resultados científicos y por otro las descripciones basadas en impresiones personales, como ha sido práctica habitual en anteriores épocas.
En la actualidad se dispone de un sinfín de posibilidades para crear este nexo con la sociedad, no tan solo cuando la expedición se haya llevado a cabo, sino ya desde los primeros momentos de su preparación, durante toda la fase de realización, y en tiempo real, así como en la fase posterior de elaboración de los resultados.
Es otro de los ya mencionados bloques, el bloque 9, titulado Ciencia y Sociedad, que se ocupa de todas las actividades relacionadas con la comunicación y la divulgación del proyecto.
Está dirigido por la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica (VACC), el área del CSIC que fue creada en el año 2004 justamente para cumplir con su deber como organismo científico de generar ciencia nueva, pero también de difundirla a la sociedad.
Por lo tanto, esta área se encarga de la tarea de promover y coordinar las actividades relacionadas con la divulgación de los avances científicos producidos por el CSIC en las distintas ramas del saber.
En el proyecto Malaspina 2010 colaboran varias instituciones científicas comprometidas con este objetivo, como son el Real Jardín Botánico, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Naval, el Museo de América y el Real Observatorio de la Armada en Cádiz.
18 En coordinación con estas instituciones, este bloque se encarga de informar a la sociedad sobre los objetivos y características generales, así como el progreso de este proyecto de investigación, y realiza actividades de interés social en relación con los distintos temas que se abordan en el mismo: estos van desde la expedición histórica realizada por Alejandro Malaspina y los viajes de exploración españoles de los últimos quinientos años, a las ciencias marinas españolas en la actualidad, pasando por los recursos marinos, la biodiversidad en el océano y su protección, hasta el amplio tema del cambio global.
En concreto, esta labor de divulgación se plasma en formatos tan distintos como son la creación de la sede web multimedia o la organización de ciclos de conferencias en varias instituciones, tanto a nivel nacional como internacional.
Además, en cada una de las escalas de los buques Hespérides y Sarmiento de Gamboa se realizaron actividades de presentación y difusión del proyecto en coordinación con instituciones españolas radicadas en estos lugares.
Para ello se preparó una exposición itinerante que acompañó a los buques y que fue mostrada durante las visitas guiadas por los buques ofrecidas en todos los puertos.
Esta oferta fue particularmente apreciada por el público general, ya que permitió efectuar un recorrido por los distintos espacios de la nave, no solo para conocer los diferentes lugares de trabajo, tales como los laboratorios, sino también para observar los principales instrumentos científicos empleados a lo largo de esta expedición.
La fuerte actividad de divulgación establecida por el proyecto incluye también la importante labor del Departamento de Comunicación del CSIC que hasta ahora ha mantenido informados a los lectores interesados sobre los avances e hitos relevantes del proyecto.
También el Departamento de Publicación del CSIC ha contribuido a esta labor con la publicación de una crónica de viaje, un cómic y un documental en DVD realizado en dibujos animados; 19 además de varios autores que han escrito artículos divulgativos en la prensa diaria o en revistas especializadas.
Un impacto muy grande en este contexto ha tenido la exposición «España explora.
Malaspina 2010», así como su correspondiente catálogo.
20 Esta exposición pudo ser visitada en el Real Jardín Botánico de Madrid durante los meses de febrero y marzo de 2012 y ofrecía al visitante un recorrido por las diferentes facetas de las expediciones de exploración del océano global llevadas a cabo por España en los últimos quinientos años.
Además, tanto la expedición Malaspina 2010 como los distintos temas relacionados con ese proyecto también constituyeron la base de la Exposición Internacional que se exhibió del 12 de mayo al 12 de agosto de 2012 con el tema Por unos océanos y costas vivos: diversidad de recursos y actividades sostenibles en la ciudad de Yeosu, situada en la costa meridional de Corea del Sur.
De esta manera se aprovechó la oportunidad de representar a España en una plataforma internacional privilegiada como potencia científica en la oceanografía, no solo en el pasado sino también en el presente.
Por lo tanto, después de estas pinceladas de las condiciones en las que se desarrolló la expedición Malaspina 2010 en la actualidad, y tras contrastarlas con la situación de la ciencia española en épocas anteriores, resulta obvio reconocer el avance que se ha podido lograr a lo largo de los siglos, no solamente en lo que se refiere a las ciencias en sí, sino también en lo relativo a las condiciones en las que éstas son cultivadas.
Estos logros se plasman, respecto a la estructura institucional creada, en las posibilidades ofrecidas de conseguir financiación para los distintos proyectos científicos, y en las nuevas tecnologías que facilitan la creación de redes científicas y permiten de esta manera una colaboración a gran escala, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. |
«Estas numerosas poblaciones, desparramadas a ambas orillas a lo largo del río, fueron desalojadas por los conquistadores para hacer de las tierras de labor estancias y propiedad de algún capitán, acaso de apellido Tello, pues a los Tellos pertenece hoy aquel país indiviso y semillero de pleitos» (D.F. Sarmiento, Biografía del Chacho1898, 83).
La región de Los Llanos, en el sudeste de La Rioja, es habitualmente recordada como epicentro de las montoneras del siglo XIX y cuna de los arquetípicos caudillos Facundo Quiroga y Chacho Peñaloza.
La cita de Sarmiento añade una referencia quizás menos conocida, la de «país indiviso», fuente de conflictividad a un tiempo agraria y política.
Aunque Sarmiento no se explayó sobre ese punto, indudablemente aludía al sistema de propiedad hegemónico en la región: la comunera.
1 Los Tellos, antiguos conquistadores y presentes poseedores, trazaban una genealogía colonial para aquella peculiar estructura agraria.
Las evocaciones coloniales de los campos comuneros no resuenan tan sólo en Sarmiento.
Pierre Denis, que recorrió la zona en 1920, los llamó «mercedes», reconociéndoles una conformación temprana.
2 En una insuperable descripción del paisaje llanista -que parecía congelado en el tiempo desde el siglo anterior-Denis caracterizó a la «mercedes» por su mayor antigüedad, su localización al pie de los cerros y su orientación pastoril.
En contraste, existían en Los Llanos algunas tierras de regadío individuales así como «estancias» situadas en las llanuras, de fundación más reciente.
Determinantes geográficos y técnicos se conjugaban para explicar el predominio de las «mercedes» en las zonas de vieja ocupación.
Los Llanos, en efecto, conforman una región extremadamente árida y era en el borde de las sierras (o «costas») donde mejor podían aprovecharse las escasas lluvias orográficas y el caudal de los ríos y vertientes.
Mientras en la llanura la represa artificial solía ser la única reserva acuífera, en las costas predominaban las aguadas naturales, favoreciendo la invernada de los 1 En los documentos del siglo XVIII -fuentes que aportan al núcleo de esta investigaciónsólo se utiliza una vez el término «comunidad de campos».
Así pues, la expresión «campo comunero» en contexto colonial nos pertenece y remite sobre todo a un conjunto de prácticas y a inferencias basadas en testimonios posteriores.
En contraste, los términos «propiedad comunera», «campo común» y «propiedad indivisa» aparecen con frecuencia en materiales de la segunda mitad del siglo XIX y todavía hoy se utilizan.
Por último, en el siglo XX es habitual el uso del término «merced» como sinónimo de propiedad comunera, tanto en Los Llanos riojanos como en otras zonas del noroeste argentino.
Para evitar confusiones con la institución colonial de la merced, utilizaremos comillas cuando el sentido del término sea equivalente al de «campo comunero».
Entre otros factores, este sistema de manejo del ganado desalentaba el cercamiento y la división hereditaria de las «mercedes».
Así, cuando los propietarios no eran numerosos, era posible conocer «los lazos de parentesco que existen entre ellos y el valor de los derechos de cada uno», caso contrario, solía perderse «[...] la noción exacta de la parte de la merced a la que cada uno tiene derecho», mezclándose «herederos legítimos y usurpadores».
3 Nada dice Denis sobre la transferencia de la propiedad indivisa.
Por otras fuentes, sabemos que, al igual que hoy, eran la herencia y compraventa de derechos y acciones sobre tierras y aguas las que regulaban el acceso.
La multiplicación de tales transferencias fue progresivamente dispersando los derechos sobre la tierra, un fenómeno ya muy notable en los tiempos de Chacho Peñaloza.
4 De esta suerte, los condominios extendían «una red invisible y casi infinita de relaciones entre comuneros [....] cuya influencia en las prácticas sociales es difícil de calcular» y que, evidentemente, adquirió un preciso contenido político en el siglo XIX.
5 No obstante los orígenes coloniales atribuidos a las «mercedes», no conocemos trabajos que expliquen la génesis de su uso en común en la región.
Sabemos de su larguísima perduración y también de su presencia extendida en el norte argentino, pero casi nada sobre la gestión de la propiedad comunera.
6 Lo que esta contribución se propone es develar el surgimiento de esta estructura agraria en el contexto del proceso de poblamiento llanista del siglo XVIII, postular una periodización de este proceso y, hasta donde es posible, indagar en las prácticas de los comuneros.
Indudablemente, también en Los Llanos la merced fue un instrumento fundamental en la formación de la propiedad privada durante la colonia.
Sin embargo, esto no significa que la indivisión fuese el destino ineludible de las mercedes; de hecho, éstas fueron originariamente asignadas a propietarios exclusivos y el desmembramiento de las grandes estancias primitivas fue habitual hacia principios del siglo XVIII.
¿Por qué motivos, entonces, en un momento dado, aquellas estancias devinieron campos comuneros?
¿Y cómo afrontaron los condóminos las presio-nes individualizadoras que, también en esta región, se hicieron sentir intensamente?
Podemos anticipar una hipótesis: que los campos comunes fueron construyéndose sobre un conjunto de prácticas que alumbraron una suerte de derecho campesino, alternativo al que prohijaban los nuevos tiempos económicos e institucionales desde mediados del siglo XVIII.
Tales prácticas sólo resultan visibles en coyunturas conflictivas y es por eso que lo sustancial de nuestro corpus proviene de litigios por tierras.
7 Nuestro recorrido se iniciará periodizando el poblamiento del curato y presentando a sus actores para profundizar posteriormente en la coyuntura inaugurada a fines de la colonia, coyuntura de redefinición y confrontación de derechos de propiedad.
La segunda parte del artículo reduce la escala de análisis para concentrarse en cinco ejemplos, tres ilustrativos de conflictos con personajes externos y dos que alertan sobre las divisiones que podían suscitarse entre los mismos condóminos.
Una periodización del poblamiento en Los Llanos coloniales
La historia colonial de Los Llanos precede la de La Rioja ya que parte de sus habitantes originarios fueron apropiados a través de malocas por vecinos de San Luis y de Córdoba.
Una vez fundada la capital en 1591, el poblamiento hispano priorizó las tierras cercanas y muy especialmente los oasis del oeste, mejor favorecidos por el agua y el asentamiento nativo.
En contraste, además de árida y despoblada, nuestra zona se encontraba todavía al margen de los principales circuitos comerciales.
Así y todo, algunas encomiendas fueron repartidas en el siglo XVII, generalmente entre miembros secundarios de la élite.
8 Aunque es posible que varios de los pueblos de indios asignados no llegaran jamás a constituirse como tales, dejaron desde temprano dos marcas indelebles en el paisaje: un conjunto de topónimos y una referencia de superficie para delimitar las mercedes («dos leguas de contorno», medidas desde la aguada 7 Las referencias de los litigios serán indicadas en cada caso.
8 En Los Llanos existieron cuanto menos 13 pueblos de indios en el siglo XVII.
Sin embargo, hacia 1693, fecha de la visita del oidor Martínez Luján de Vargas, solamente perduraban tres: Olta, Atiles y Colosacán.
principal o la plaza).
Y, bien que estos títulos no conllevaron en su momento radicación hispana alguna, se cotizaron en el siglo siguiente cuando su antigüedad y la imprecisión de los confines de la propiedad resultaron cartas victoriosas en las disputas por tierras que acompañarían el ascenso económico de Los Llanos.
Por tanto, los apellidos paradigmáticos de la región se remontan al siglo XVIII, apuntando a dos perfiles sociales contrapuestos: el de los «señores» y el de los «soldados».
Los primeros, sujetos de cierto peso local (e incluso regional), adquirieron por compra los viejos títulos de merced de la primera oleada antes de 1750.
Estos señores no tenían méritos militares que lucir pero sí firmes intenciones de hacer negocios con la cría y el comercio de ganado.
Fue éste el caso de don Francisco Peñaloza, que en 1742 se hizo con la vasta propiedad de Tuani, o de Pedro Antonio Ávila, titular de Malanzán y suegro del primero que afianzaron su pertenencia en la región desposando a mujeres locales.
9 Sin embargo, el perfil típico del poblador llanista es el del soldado.
Las trayectorias de Antonio Reynoso Tello, Josep Roldán y Juan Ruarte -que conoceremos en breve-entran ajustadamente en esta categoría, que incluía a españoles pobres, mestizos, e incluso a algunos indios, humildes participantes de las entradas al Chaco, que recalaban en la región para «valer más».
10 Señores y soldados disponían de títulos individuales sobre sus tierras.
Ello no impidió que, ya en esta etapa relativamente temprana, unos y otros procuraran incrementar o asegurar efectivamente sus patrimonios colonizando aguadas situadas en el realengo o contenidas en las primitivas mercedes.
En un reclamo dirigido al Cabildo, el soldado Juan Barrionuevo señalaba los roces que podían derivarse de estos movimientos.
Si él no podía disfrutar plenamente de sus tierras era porque sus vecinos «continua-9 Los Ávila conformaban una antigua familia riojana del segundo círculo de la élite, con algunos propietarios de pequeñas encomiendas.
En cuanto a Francisco Peñaloza, es probable que naciera en Los Llanos.
De hecho, su padre Josep -quizás peninsular-ya vivía en Malanzán con su esposa en 1744.
En estos años, Pedro Antonio Avila y Francisco Peñaloza eran típicos «señores llanistas»: miembros marginales de la élite de la capital pero con fuerte peso local, que afianzaron en matrimonios múltiples.
10 Los términos en que estos soldados solicitaron sus mercedes y el carácter modesto de los premios dicen bastante sobre ellos.
En su petición, Juan Barrionuevo sostenía haber «padecido indecibles trabajos y molestias de estancia en estancia, de casa en casa, experimentando voluntades ajenas por no tener hogar ni casa propia» (AHPC, 2.73.24) mientras que Josep Flores, en sentido similar, afirmaba hallarse hasta el momento «divagando y peregrinando sin saber dónde hacer mansión y casa de no tener un rincón donde morar» (AHPC, 2.27.16).
11 No obstante, es sin dudas el tercer momento -que arranca hacia 1750 pero que señala picos de conflictividad a fines del siglo XVIII y principios del XIX-el que resulta crucial para comprender tanto los procesos de conformación de los campos comuneros como las ofensivas indi vidualistas que los amenazaron.
Podemos identificar tres estímulos principales que -en un contexto de ascenso económico regional-motorizaron los cambios.
Quizás el más importante fue la incorporación de Los Llanos a un circuito más amplio de cría y venta de ganado, que encontraba en la zona mineras del Norte Chico chileno su principal mercado.
Según Silvia Palo meque, los actores típicos del nuevo escenario eran pequeños productores campesinos, como nuestros soldados llanistas.
12 Aunque también partici paran de estos tráficos personajes de envergadura, no parecen haber sido protagónicos.
El segundo incentivo fue el sustancial incremento demográfico: si en 1767 la población del curato alcanzaba los 1.732 habitantes, en 1795 se había duplicado, trepando a 3.475, todos concentrados en las «costas».
Las cicatrices de este poblamiento acelerado son visibles en la ocupación de «nuevas» aguadas, en el aumento de la participación de familias extensas y múltiples y, sobre todo, en la multiplicación de individuos clasificados como «agregados», que alcanzaban en 1795 al 25% de la población empadronada.
13 La baja relación de masculinidad para las cohortes activas y una percepción más conservadora de la sociedad, transparente en las clasificaciones socioétnicas que nos dejó el autor del padrón de 1795, don Sebastián Cándido de Sotomayor, también son signos del cambio.
14 Y no solamente los tenidos por españoles habían disminuido su participación entre los habitantes del curato: el censista se había permitido rebajar la calidad social de unos cuantos orgullosos y pioneros soldados.
Finalmente, el tercer estímulo es de orden institucional: nos referimos a la Real Instrucción de 1754, que disponía la regularización frente a las justicias locales de los títulos de propiedad posteriores a 1700.
15 litigios entre los antiguos poseedores y los nuevos aspirantes -a menudo hombres de la élite riojana, puntana o sanjuanina, con influencias en el cabildo y buen acceso a la información-que denunciaron como vacantes tierras pobladas desde antiguo.
16 En resumen: hacia fines del siglo XVIII, una combinación de factores económicos, institucionales y demográficos produjo una compleja y delicada situación que afectó particularmente a las familias pioneras.
Entendemos que, para entonces, las aguadas llanistas habían crecido por encima de sus posibilidades ambientales y que, por lo menos desde el primer tercio del siglo XVIII, menguadas ya las posibilidades de «formar derecho» en tierras realengas, compartir el campo resultó más funcional que subdividirlo entre los herederos.
En otras palabras, y como lo evocan intensamente los padrones de población, la propiedad comunera ya era una realidad de hecho a fines del Setecientos.
Por otro lado, las exigencias de regularización de la cédula implicaban un nuevo reparto de las barajas en el que los conflictos, lejos de librarse entre propietarios individuales, involucrarían en muchos casos a nutridos grupos de condóminos.
La disolución de los pueblos de indios de Colosacán y Atiles formó parte de este mismo proceso tardocolonial.
Sin embargo, la erosión de las estructuras corporativas venía desde antes y revestía una especificidad propia, visible en el temprano predominio de los «agregados» del pueblo sobre sus moradores legítimos.
¿Tenían los indios tributarios y los condóminos de las «mercedes» formas similares de gestionar sus recursos o de organizar las relaciones internas entre sus miembros?
Probablemente no. De hecho, los pueblos de indios llanistas se disolvieron sin más (con el alejamiento de la mayoría de los tributarios y el descenso de otros al mundo de los «agregados») mientras que los condóminos enfrentaron o negociaron con quienes, a partir de sus denuncias atendidas, se pretendían nuevos dueños de las tierras.
De esta manera, los campos comunes de Los Llanos se demostraron como estructuras mucho más sólidas y perdurables que sus pueblos de indios, desprovistos desde temprano de caciques y siempre raleados de su población «legítima».17
De la propiedad individual a la propiedad colectiva
Los padrones de población de 1767 y 1795 ofrecen una suerte de «mapa» de la ocupación llanista y también una primera semblanza de la estructura agraria.
Ya se aludió a la duplicación de la población y de los topónimos, así como al abigarramiento de las «casas» por recepción de parientes y de «agregados» pero también otras transformaciones son perceptibles.
Así, si el censo de 1767 evoca intensamente la imagen de homogéneas comunidades de parientes, en 1795 tal uniformidad es menos evidente y, además de la mayor dispersión geográfica de varios apellidos paradigmáticos, se registran otros nuevos, portados tanto por sujetos honrados con el «don» como tildados de «agregados».
También son novedosos la formación de grupos de dependientes de propietarios ausentistas y la «democratización» de ciertos apellidos como Mercado, Peñaloza o Argañaraz.
Por cierto, nada explicitan estos conteos sobre los derechos de propiedad ni sobre el carácter realengo o privado, exclusivo o común de los campos.
Es su cotejo con otras fuentes el que nos permite integrar la cuestión agraria, además de imprimirles movimiento a estas postales.
Antes de profundizar en los cinco casos que mejor conocemos, aclaremos algunas premisas e hipótesis que hacen a nuestra lectura de datos generalmente residuales y dispersos en las fuentes.
En primer lugar, el concepto mismo de campo común, en sus tres significados.
18 El primero es similar al actual: propiedad privada indivisa, legitimada en buena medida por el parentesco entre los compartes.
En este sistema, sólo los pastos -y tal vez las aguadas-eran utilizados conjuntamente.
La segunda acepción remite a tierras realengas usufructuadas por propietarios de uno o más campos comunes.
Se trataba de terrenos intersticiales, generalmente boscosos, que pasaron a ser objeto de disputa entre los pobladores una vez que la ganadería mercantil se afianzó en Los Llanos y los condóminos procuraron «formar derecho» en ellos.
Por fin, la tercera acepción remite a los pueblos de indios, sobre los que se han aportado ya las necesarias referencias.
Estos tres sistemas no constituían compartimientos estancos y los condóminos bien podían tener derechos -amparados por títulos o habilitados por la costumbre-en todos ellos a la vez.
En segundo lugar, contamos con algunos indicios para sostener que ya a fines de la colonia existía una cierta dispersión de derechos en los campos comunes: de aquí la comentada diseminación y «democratización» de apellidos paradigmáticos.
También por ese motivo, los reclamos solían ser conducidos por sujetos letrados que, sin residir en los condominios, mantenían en ellos sus derechos (extensivos a su cónyuge e hijos).
En cambio, aunque quizás alguna forma embrionaria se gestara en estos años, no tenemos noticias de que existiera entonces un mercado de derechos y acciones antes de la mitad del siglo XIX.
En tercer lugar, no obstante la dispersión de derechos, una identidad cierta fue creándose entre ciertas familias y «sus» lugares.
La endogamia matrimonial -que intuimos en los censos pero que habría que corroborar estudiando los registros parroquiales-contribuyó seguramente a fortalecer sentimientos de pertenencia y comunidad.
Por este motivo, la historia de los campos comuneros es también la de sus «casas» multigeneracionales, asociaciones perdurables entre paisajes y gentes.
El final del siglo XVIII auspiciaba transformaciones en la estructura agraria.
Pleitos y padrones nos permiten imaginar al menos tres situaciones, expresivas todas del ascenso económico regional.
La primera es la de consolidación de ciertos campos comunes, aunque quizás bajo nuevas condiciones: en la medida en que el contexto de cierre (temporario) de la frontera agraria limitó las posibilidades de colonizar nuevos sitios, las familias llanistas se abigarraron en sus tierras y ya no las desmembraron a través de la subdivisión hereditaria.
Los Tello de Chepes y de Ulapes podrían ejemplificar esta situación y también los Ruarte y los Aguilera de Chelcos y Toro Muerto, que terminaron preservando su «comunidad de campos».
La segunda situación implicó el tránsito hacia la propiedad exclusiva.
En este sentido, los pleitos señalan un avance indudable de concentración de tierras, que encontró su amparo legal en la Real Instrucción de 1754.
19 Fue así que un grupo de hombres fuertes cuestionó los derechos de antiguos pobladores que no habían reclamado oportunamente la composición, o que tenían títulos dudosos o deteriorados.
La apropiación de Macasín por parte de Prudencio Quiroga, la de Solca por don Gualberto de la Vega, la de Santa Rosa por Bernardino Fernández Cabezas y, aunque con su especificidad, la de Atiles por don Nicolás Peñaloza responderían a este patrón.
No es, sin embargo, improbable que los flamantes dueños iniciaran nuevos condominios y tampoco faltan ejemplos de pobladores despojados que se mantuvieron en las tierras de sus mayores, eventualmente como agregados.
Como sea, a mediados del siglo XIX eran escasas las propiedades exclusivas lo que permite pensar que la desarticulación de una comunidad no implicaba en modo alguno la de un perdurable sistema.
Por fin, la tercera situación es la de las «víctimas», a menudo descendientes de los soldados pioneros, que conocieron los sinsabores del desclasamiento y la pobreza.
Las desventuras de los Roldán y de los Ávila de Solca y Macasín, las de los hijos de Catalina Alcaraz de Salanita, resultaron de la desarticulación de comunidades antiguas, conformadas cuando todavía era posible instalarse en Los Llanos para «valer más».
En el nuevo escenario, no extraña que estos campesinos buscaran la protección de vecinos notables que defendieran sus derechos sobre la tierra.
Así lo hicieron los «Pobres de Jesucristo» -que acogieron a varios representantes Roldán y Ávila y se asociaron con los Peñaloza-y también los Tello, que hicieron propia la causa de Catalina Alcaraz y se refugiaron en el amparo del párroco Josep Nicolás Ocampo.
Los cinco ejemplos que logramos reconstruir -y que reseñamos hasta ahora velozmente-dan cuenta de estas tres situaciones.
20 Todos ellos remiten a por lo menos dos aguadas relacionadas (habitadas por grupos de parentesco diferentes) y así los designaremos.
De esta suerte, hemos de ocuparnos de las «casas» localizadas en Solca/ Macasín, Malanzán/Atiles, Ulapes/Salanita, Chepes/Santa Rosa y Chelcos/Toro Muerto.
Salvo en el último caso, las aguadas principales se encontraban en nudos de comunicación estratégicos para los viajeros de las penosas travesías y eran sede de capillas.
Otra razón que volvía atractivos estos terrenos era su diversidad ambiental, que podía habilitar una modesta agricultura mediterránea.
Aunque los datos sobre la superficie de estas unidades no siempre son confiables, todos nuestros pobladores tenían aseguradas sus porciones de monte y, salvo en las integralmente serranas Macasín y Malanzán, las zonas montañosas convivían con otras de llanura, facilitando la trashumancia del ganado.
21 En el mismo sentido, el informe que el párroco don Sebastián Cándido de Sotomayor redactó en 1805 destaca los sitios de Solca, Atiles, Chepes, Ulapes y Malanzán como relativamente más amables en el contexto de la avara geografía llanista.
En los tres primeros, localizó a algunas de las fortunas ganaderas del curato (Gualberto de la Vega, Nicolás Peñaloza y Casilda Flores) mientras que destacó del conjunto a Ulapes por «sus guertos de higueras, y algodonales» y a Malanzán por sus «arboledas de Castilla y tres viñuelas».
Aunque también en Atiles don Nicolás Peñaloza había plantado una viña, don Cándido juzgaba con escepticismo sus potenciales provechos.
Sin duda, la escasez de agua seguía siendo el factor más dramático en Los Llanos.
Solamente las tierras de Atiles y de Malanzán eran atravesadas por ríos y únicamente del antiguo pueblo de indios se afirmaba que el agua era «estable y no suele escasear».
En ambos sitios, una red de acequias conducía el exiguo caudal -inexistente en verano-hacia los sembradíos y las casas.
Los demás campos sólo contaban con sus aguadas, a veces demasiado salobres, generalmente estacionales y reducidas a meros «sudaderos» o «lloraderos» en Chelcos, Macasín, y Santa Rosa.
Así pues la disponibilidad de agua regía la jerarquía de los diferentes sitios.
Ya dijimos que las primeras mercedes fijaban su centro geográfico en la aguada principal, recortando extensiones de una o dos leguas «a cada viento».
En estas demarcaciones, solían entrar otras aguadas secundarias o «anejas»; cuando ello no ocurría, fue relativamente común la colonización de las aledañas, sobre todo las localizadas en el realengo.
De manera que los vínculos que unían a los sitios elegidos eran de diferente origen y presuponían también relaciones de diversa naturaleza entre sus habitantes.
En este sentido, entendemos que el primer lazo entre Solca y Macasín consistió en su inclusión originaria en una misma merced, concedida hacia 1640 a Agustín Mercado y Reynoso.
En 1695, un humilde soldado tucumano llamado Josep Roldán las adquirió por 400 pesos, se instaló con su familia y construyó la capilla del paraje.
Treinta años más tarde, el ya anciano Roldán desmembró de su propiedad la aguada de Macasín para dotar a su nieta: desde entonces, las aguadas remiten a dos «casas», la de Roldán y la de Ávila Cartagena.22 ¿Conformaban estos grupos parentales una misma comunidad en sus prácticas?
No podemos afirmarlo pero sabemos con certeza que un prolongado pleito judicial los encontró juntos en 1786.
También Chepes, Ulapes y Chelcos resultaban de mercedes del siglo XVII vendidas a principios del XVIII.
Y el perfil de los compradores no se apartaba demasiado del reseñado para Josep Roldán: soldados pobres, que intentaban hacer pie en algún sitio.
Antonio Reynoso Tello -que a diferencia de los otros dos era clasificado sin ambigüedad como españoladquirió Chepes en 1701, pagando una parte con su trabajo personal en Ulapes, otra estancia del vendedor.
Once años después, Tello debió renunciar a su propiedad (por el reclamo de un beneficiario más antiguo de la merced) pero fue compensado con Ulapes que, al fin y al cabo, también era obra de sus manos.
Quiso el destino que en 1731 Reynoso Tello fuera doblemente propietario, ya que en ese año logró comprar nuevamente la estancia de Chepes, pudiendo así localizar separadamente a los vástagos de sus dos matrimonios y asegurarles una modesta fortuna y dignidad de españoles.
¿Qué sabemos de Salanita y Santa Rosa, vinculadas por dos pleitos tardocoloniales a Ulapes y Chepes como aguadas anejas?
Podemos adelantar que la primera (no discriminada en el censo de 1767) fue vendida por Reynoso Tello a un tal Juan Villalta antes de la mitad del siglo.
23 En contraste, los datos sobre Santa Rosa resultan más dudosos.
Ana María Brizuela -viuda de Tello y condómina de Chepes-sostuvo que, con su dote, ella había aportado aquellas tierras al consorcio de su familia política pero no consiguió que ni siquiera sus compartes refrendaran sus dichos.
24 En cuanto al campo común de Chelcos y Toro Muerto, parece haber sido el menos apetecible de los mencionados hasta aquí.
Las descripciones aluden a sus «serranías fragosas», los «pastos escasos y débiles», los «montes espinosos que enbarasan para la cría de ganados y toda especie de animales».
Ninguna de sus contingentes aguadas tenía «capacidad para plantíos» y ni siquiera el bosque que «en cuanto a maderas no tiene ningunas» fue valorado como recurso por los tasadores.
25 Con todo, la aguada de Toro Muerto fue tempranamente objeto de disputa entre el soldado Juan Ruarte -comprador de Chelcos-y su vecino Francisco de Ontiveros, que la pretendía como parte de su propiedad.
En 1733, Ruarte reunió una información de testigos que le granjeó la victoria, demostrando que, además de servir al Rey «a su costa y mención» y «aviando más de lo que puede», se hallaba «con bastantes necesidades y en suma cortedad de todo».
Si en estos cuatro casos la «aguada aneja» venía incluida en la merced originaria o había sido «ganada» por diferentes medios, Atiles, espacio soberano de una corporación indígena, representaba una situación diversa.
Sin embargo, no sólo por esto la historia de Malanzán/Atiles es singular.
Por empezar, el primer comprador de la estancia (en 1700) no era un humilde soldado sino un personaje notable -don Pedro Antonio Ávila-que fue por un tiempo encomendero de Atiles.
De sus siete hijas mujeres, cinco se casaron con hombres connotados, aportándole al condominio cierta aura nobiliar.
26 Por ahora interesa destacar que los avances sobre Atiles se realizaron en dos etapas -la compra en remate del pueblo y la apropiación de sus «sobras»-y que uno de los condóminos -don Nicolás Peñalozaterminó sacando el mayor provecho.
27 ¿En qué momento las estancias adquiridas a principios del siglo XVIII por el «señor» Josep Antonio de Avila y los soldados Roldán, Tello y Ruarte se volvieron condominios?
¿Qué razones nos autorizan a presumir que efectivamente lo fueran?
Es revelador que los únicos desmembramientos aludidos en los pleitos fueran anteriores a 1730 y se debieran a transferencias por venta, por dote o para separar a la progenie de matrimonios sucesivos.
Consideramos altamente probable que, después de esa fecha, ya no se realizaran subdivisiones y, por el contrario, los condóminos procuraran «formar su derecho» en las inmediaciones de sus terrenos.
Los pleitos apoyan esta idea, ya que se refieren únicamente a las mercedes originales e identifican a los propietarios como «compartes».
Pero sobre todo son los padrones de 1767 y 1795 -sumada a información residual de los pleitos-los que invitan a situar la conformación de los condominios después de la segunda mitad del siglo XVIII.
Hemos comprobado hasta ahora que, más allá del origen diferente de los vínculos entre las aguadas principales y sus anejas, la historia de las propiedades reseñadas reconoció una periodización semejante.
En todos los casos, se trataba de mercedes repartidas en el siglo XVII, vendidas a principios del XVIII y -por lo menos en Solca y Ulapes-desmembradas antes de 1730.
Como anticipamos, a fines del siglo XVIII, una verdadera explosión de denuncias sacudió varios de los condóminos de estos campos casi simultáneamente.
Así, en 1785, mientras un descendiente del primer beneficiario de la merced de Chelcos amenazaba a la nuera del primer Ruarte con despojarla de las tierras que tanto tiempo atrás habían ingresado al poder de la familia, don Lucas Bazán denunciaba y obtenía la aguada Macasín.
Un año más tarde, algunos de los compartes de Solca y Macasín, presentándose junto a otros desposeídos como «Pobres de Jesucristo», sumaban sus reclamos a los de la familia Pereira-Peñaloza, embarcada en un largo pleito con don Josep Antonio Mercado y Reynoso.28 Y los embates siguieron: en 1789 Manuel Fernandez Cabezas reclamó Santa Rosa, en 1790 Clemente Galván hizo lo propio con Salanita y, aunque es incierto el momento en que don Gualberto Vega denunció las tierras de Solca, el censo de 1795 lo encuentra ya instalado en ellas.
En 1798 don Nicolás Peñaloza consiguió para sí los campos de Atiles y en 1800 Macasín fue denunciado y obtenido por don Prudencio Quiroga.
Por fin, en Chelcos, las denuncias crearon un conflicto interno entre los condóminos hacia 1790, que se saldó amigablemente.
Resumiendo: con el ocaso del siglo, movilizados por el ascenso económico regional y agitando la letra de una real cédula por mucho tiempo olvidada, un grupo de denunciantes procuró forzar una redefinición de los derechos de propiedad en Los Llanos de La Rioja.
Un terremoto semejante tenía que dejar sus huellas y la comparación de los datos de los padrones de 1767 y 1795 nos permite una primera aproximación.
29 Por cierto, no sorprende demasiado que en las aguadas principales el incremento demográfico sea consistente, ya que sigue el movimiento general del curato.
También se verifica en todos los casos (con la excepción de Toro Muerto) la complejización de las «casas» merced a la recepción de agregados.
Sin embargo, otros datos se apartan de esta tendencia.
Así, en dos de las tres aguadas anejas consideradas (Santa Rosa y Salanita), en Macasín y en el pueblo de indios de Atiles no sólo la población disminuye sino que, en buena proporción, sus habitantes están agregados a las «casas» (o a un propietario residente en otro sitio -Nicolás Peñaloza-, como ocurre en Atiles).
Sabemos con certeza que en aquellos cuatro sitios se producen procesos de despojo en los que reconocemos cierta variabilidad: proponemos que en Salanita y Macasín se transitó hacia la propiedad exclusiva y que algo similar sucedió en Solca.
El caso de Santa Rosa es más dudoso, mientras que las vicisitudes de los pobladores de Atiles, por su carácter de indios tributarios, revisten una especificidad propia.
El análisis de la información cualitativa de los padrones -como la concentración o dispersión de los apellidos y de las clasificaciones socioétnicas-es igualmente demostrativo de los cambios ocurridos en tres décadas.
En 1767 predomina la dispersión de los apellidos en Salanita, Santa Rosa y Atiles, sugiriendo la radicación reciente de los pobladores y la inexistencia de grupos de parentesco articulados.
Por otra parte, la todavía escasa incidencia cuantitativa de los agregados influye en la homogeneidad de las etiquetas étnicas aplicadas a los individuos censados.
Salvo los Roldán, «mestizos» de Solca, los Aguileras, «pardos» de Toro Muerto y los «indios» de Atiles, los «españoles» dominan en el resto de las estancias.
JUDITH FARBERMAN Significativamente, algunos de estos datos aparecen invertidos en 1795.
Por lo menos en cuatro casos (Solca, Macasín, Chepes y Malanzán) se pasa de la homogeneidad de apellidos a la dispersión, mientras que en otros tres (Salanita, Santa Rosa y Atiles) detectamos el proceso opuesto.
De la misma manera, la incorporación de numerosos agregados diversifica la coloratura de los habitantes: el censista de 1795, mucho más sensible al registro de los mestizajes que su predecesor, mantuvo la calidad «baja» de los Roldán (Solca) y de los Aguileras (Toro Muerto) e hizo «descender» a los Ruarte de Chelcos, a quienes sindicó como mulatos y mestizos.
Pero sobre todo, registró indios y mulatos a granel entre los agregados, incluidos los del extinto pueblo de indios de Atiles.
Este bosquejo de trazos gruesos, estas huellas desvaídas que los censos recogen, esconden historias diversas de azares biológicos, usurpaciones y resistencias.
Así por ejemplo, los campos de Chepes y Malanzán fueron perdiendo sus originarias identidades Tello y Ávila porque la descendencia de los fundadores fue predominantemente femenina.
Por eso, en 1795, de las once «casas» registradas en Chepes, apenas un par tienen como cabeza a un Tello.
En Malanzán la situación era aún más extrema y si, al igual que en Chepes, el condominio estaba integrado en 1767 por las hijas mujeres de Josep Antonio Ávila y sus respectivos yernos, en 1795 solamente tres personas adultas recordaban el apellido del patriarca.
30 Cerrando el siglo, eran los Peñaloza, los Vera y los Cabezas -todos hombres localmente poderosos-quienes mejor identificaban el condominio de Malanzán.
En cambio, en otros sitios el signo de los cambios fue el despojo liso y llano.
Aquí entran Salanita y Santa Rosa, aguadas anejas de Ulapes y Chepes y también Solca, Macasín y el pueblo de indios de Atiles.
Veamos los casos con más detalle.
En 1767, sólo reconocemos la aguada de Salanita por la presencia de Catalina Alcaraz (viuda de Juan Villalta, comprador de la aguada) y de sus hijos mientras que en 1795 viven allí don Domingo y don Marcos Ocampo, en compañía de sus agregados.
31 Un pleito judicial nos permite asomarnos a un complejo proceso de avance de la propiedad individual pero también de negociaciones y resistencias que iluminan lo sucedido en el interín.
En principio, los «nuevos dueños» de Salanita eran parientes del presbítero Josep Nicolás Ocampo quien, con la anuencia de Catalina Alcaraz -fallecida a poco de iniciado el litigio-y el apoyo de los Tello, litigaría contra don Clemente Galván, denunciante de esas tierras en 1790.
Gracias a los alegatos cruzados de Ocampo y de Galván, sabemos que el sacerdote comenzó defendiendo los derechos de la viuda, «dueña legítima» e ignorante de la necesidad de formalizar sus derechos de propiedad.
32 Tres datos fundamentales nos interesa rescatar aquí: que Ocampo poseía ganado en Salanita (o sea que, de hecho, fungía como condómino de Catalina), que procuró posteriormente consolidar sus derechos sobre aquellas tierras movilizando a sus «domésticos» (sic) para impedirle a Galván el acceso a la propiedad y que el principal argumento utilizado para legitimarse como propietario fue la considerable antigüedad de la merced de Ulapes (de la que Salanita era considerada aguada dependiente).
Para jugar esta última carta -que resultó victoriosa-Ocampo contó con el favor de los Tello, quienes adujeron su «genial rusticidad» y lo nombraron su representante.
33 La alianza entre Ocampo y los condóminos de Ulapes abre no pocos interrogantes, que los alegatos del sacerdote no terminan de disipar.
En tanto que el discurso del sacerdote fue serpenteando entre los derechos individuales y los colectivos, sus intervenciones parecen, a primera vista, contradictorias: si en las iniciales prima la defensa de los derechos de la viuda, en las posteriores se enfatizan su reciente posesión personal y los antiquísimos derechos colectivos de sus compartes los Tello que -consideraba Ocampo-lo amparaban también a él.
Don Josep Nicolás Ocampo no era pariente de los Tello ni de Catalina Alcaraz.
Suponemos que fueron su lugar social, sus acuerdos con la viuda y sobre todo sus prácticas -la ocupación del terreno con el ganado de su marca a través de un grupo de agregados (los alegados «domésticos») que le respondía-, legítimas a ojos de los condóminos, las que le habilitaron la posesión de Salanita.
En todo caso, los datos del padrón de 1795 sugerirían que para los herederos de la difunta «dueña» apenas si quedó un lugar 32 AHPC, 2.75.1.
33 «Sea notorio (...) como nos de la una parte don Juan Josef Tello y de la otra don Cayetano Tello, don Lucas Tello, Don Francisco Torino y Antonio Sárate, todos interesados y poseedores en el paraje y estancia de Ulape y Salanita damos y conferimos todo nuestro poder a don Jp Nicolás de Ocampo (...) (para) la defensa del dicho paraje Salanita contra las invasiones de Clemente Galván que con errada presuntiba de ser este realengo con formal denuncia ante el señor subdelegado de la ciudad de La Rioja ha inquietado y aun prosigue perturbando nuestro antiguo derecho en el citado paraje».
En cuanto a los Tello, Galván no dejó de notar que «los moradores de Ulapes [...] quisieron introducirse» para impedirle poblar la estancia.
Aunque el denunciante sospechaba que Ocampo se encontraba detrás del asunto, no sería aventurado suponer que el disfrute de Salanita incluyese también a los Tello de Ulapes.
O sea, o bien que la pasada subdivisión por venta de las dos estancias rigiera ciertos derechos (¿a las aguadas y pasturas?) pero no otros (¿la venta o traspaso de los mismos?) o bien que un arreglo posterior entre los Ocampo y los Tello hubiera recuperado Salanita para su uso común.
En cualquier caso, si Catalina Alcaraz, los Tello y el presbítero Ocampo realmente habían sido condóminos y como tales combatieron las pretensiones de Galván, eso no los convertía en iguales.
Los Tello eran campesinos prósperos y de antiguo arraigo, Ocampo detentaba el liderazgo natural de los párrocos (además de ser el único letrado del grupo), Catalina Alcaraz era «pobre de solemnidad» y sus hijos quedarían más pobres que ella.
Y aquí estamos hablando solamente de los «compartes» propietarios ¿qué lugar ocupaban los agregados de los Tello y los Ocampo, además velar por los derechos de sus protectores?
También la mudanza completa de la población de Santa Rosa entre un censo y otro obedecía a un cambio de dueños.
Ya se dijo que fue una de las condóminas de Chepes quien opuso su reclamo contra el denunciante Manuel Fernández Cabezas, argumentando haber aportado con su dote los terrenos que en aquel momento poblaba su ganado.
El deslizamiento discursivo entre lo particular y lo comunitario es notable en los dichos de Ana María para quien los terrenos en disputa era «propios míos, habidos por mis antecesores y pasados a ntra cuenta de mi legítima dote».
Entendemos que al decir «nuestra cuenta» Ana María se refería al condominio de su familia política.
¿Le habrían «devuelto» sus compartes los Tello el uso exclusivo de Santa Rosa a partir de su viudez o bien, como sostuvieron las autoridades, se trataba de tierras «directivamente realengas», usurpadas y cedidas a la muchacha casadera por la familia Brizuela para que «formara derecho» en ellas?
Aunque las autoridades capitulares no le reconocieron a Ana María (y por extensión a los Tello) sus derechos sobre Santa Rosa, lo cierto es que el traspaso sólo pudo concretarse después de la muerte de la viuda y del denunciante.
En 1799, el hijo de don Manuel anunció que había llegado el momento puesto que «habiendo fallecido dicha Señora cesó también la perturbación» ya que «el principal poseedor de Chepes don Nazario Tello no se oponía» (itálica nuestra).
¿Qué significaba aquella distinción?
En rigor, Nazario ni siquiera era oriundo de Chepes sino de la aguada de Ambil, donde seguían viviendo sus hermanos y su parentela por línea materna.
¿Tuvo acaso que regresar a Chepes para reasumir sus derechos por vía paterna -y tal vez un lugar de autoridad-en el campo común?
¿Fue la ausencia de adultos varones en Chepes el motivo aquel regreso?
Aunque no contamos con más información, hipótesis como las expuestas parecen verosímiles.
Para Solca y Macasín las «fotografías» de los padrones nos muestran recambios algo menos radicales que los de Salanita o Santa Rosa.
Los Roldán dominaban en Solca en 1767 y lo seguían haciendo en 1795 mientras que en Macasín seguía manteniéndose Roque Jacinto Ávila con su familia.
Ya se dijo que Solca pasó, en fecha incierta, al dominio de don Gualberto de la Vega, un influyente señor local y que el campo de Macasín quedó en manos de don Prudencio Quiroga.
34 Sin embargo, la condición de propietarios de los Roldán y de los Ávila era cuestionada desde tiempo atrás y por otros personajes, que no fueron los que finalmente triunfaron.
En efecto, en 1785, María Rodríguez viuda de Roldán, Feliciano y Bartolomé Roldán y Domingo, Roque Jacinto y Francisco Ávila, condóminos de Solca y Macasín, se sumaron a un heterogéneo frente de litigantes que contenía también a las familias de tres humildes soldados y a los representantes de dos poderosos linajes locales -los Pereira y los Peñaloza-.
35 La intención era doblegar las ambiciones de un enemigo común -don Josep Antonio Mercado y Reynoso-que incluía entre sus reclamos las aguadas en cuestión y que mantenía a los Ávila como «arrendatarios en sus propias tierras».
Este pleito terminó por resolverse a favor de los Pereira y de los Peñaloza mientras que a los «Pobres de Jesucristo», como se autoproclamaron estos campesinos, sólo se les concedió la posibilidad de apelar de la que, al parecer, no hicieron uso.
36 Sin embargo, ni Roque Ávila en Macasín, ni los tres Roldán de Solca fueron empadronados como agregados en 1795.
Aunque su situación subordinada es evidente, cabe preguntarse si los antiguos grupos de parentesco conservaron derechos parciales sobre las tierras, algo así como un antecedente de los «derechos y acciones» del siglo XIX.
37 Como sea, hacia 1795 la comunidad era ya inexistente en Macasín mientras que en Solca, la «compañía» de don Juan Gualberto Vega, con su séquito de esclavos y agregados, autoriza a pensar que a los Roldán no les cabían las principales decisiones en el campo común.
Un documento tardío -la (denegada) solicitud de María de la Cruz Roldán a la justicia eclesiástica-confirma este final poco feliz.
38 Corría 1813 y esta «vecina del lugar de Solca», por haber «venido sus descendientes en alguna pobreza», reconocía la pérdida del patronato de la capilla que su familia custodiaba desde «inmemorial tiempo».
39 Siguiendo un procedimiento desconocido por el derecho canónico, el título había recaído interinamente en don Juan Gualberto de la Vega «quien pretende hacer que se le pague por justicia la sepultura de dho mi padre, siendo así que se debe tener por estimada la prelacía del fundador de dha capilla por haberla trabajado mi antecesor a costa de su propio peculio».
Como podemos comprobar, el despojo de los Roldán no se había detenido en los bienes materiales, también los simbólicos habían quedado por el camino...
Todos los ejemplos referidos hasta ahora apuntan a conflictos con personajes externos a los condominios que, además, parecen estar operando con una lógica nueva, especulativa y mercantil.
Por contraste, los casos de Malanzán / Atiles y de Chelcos / Toro Muerto permiten aproximarnos a la cara oscura de los campos comunes, a los pleitos domésticos que, al decir de Sarmiento, tenían en vilo aquel «país indiviso» de Los Llanos de La Rioja.
El lector ya conoce sumariamente la historia del soldado Juan Ruarte, comprador de la merced de Chelco y vencedor en la puja por los derechos 37 Sí fueron registrados entre los agregados de otros sitios sus parientes Francisco y Pedro Avila.
También hay un núcleo de agregados de apellido Roldán en Tama pero no podemos confirmar su vinculación con el grupo de Solca.
39 Josep Roldán, el soldado fundador, había edificado la capilla de Solca a principios del siglo XVIII.
Fue uno de los argumentos que en un pleito criminal su hijo esgrimió para afirmar su calidad de español que el alcalde de hermandad le negaba en vistas de que «su mismo rostro y pelo» acusaban su condición de indio.
Analizamos este expediente en Boixadós y Farberman, 2011.
sobre la aguada aneja de Toro Muerto.
40 También algo se adelantó acerca de la estabilidad de las familias que poblaban aquellas aguadas y que permanecen distintas en los dos padrones: mientras que los descendientes de Juan Ruarte predominaban en Chelco, en Toro Muerto lo hacían los «mulatos» Aguilera.
Sin duda estas dos aguadas integraban un «campo común» y así lo denominaron los actores, dejándonos la única mención que conocemos en fuentes coloniales.
Menos claras, en cambio, son las relaciones que vinculaban a los Ruarte con los Aguilera: ni el parentesco ni la agregaduría pueden inferirse de nuestros datos y tampoco encontramos referencia alguna sobre una posible venta.
Quizás Juan Ruarte les habilitó a los Aguilera el acceso a la aguada para preservar los derechos de su propia familia: ¿gozarían acaso de una posición intermedia entre parientes y agregados?
Como fuera, cuando en 1785 la denuncia de un tal Gallardo puso en riesgo la permanencia de todos los compartes, los descendientes de Juan Ruarte solicitaron colaboración a los Aguilera.
La denuncia de los terrenos debía contrastarse con la exhibición de unos títulos (los de la merced comprada por Juan Ruarte hacia 1700) extraviados desde hacía tiempo.
Como el único documento disponible era la mentada declaración de testigos de 1733, le tocó a don Pedro de Arze, «alférez de uno de los regimientos de milicias de Los Llanos» y esposo de una nieta de Juan Ruarte, completar los datos faltantes para la composición, acudiendo a la memoria y a la buena voluntad de sus vecinos.
Fue en este trámite que los larvados conflictos que dividían a los condóminos se desataron.
En efecto, según Pedro de Arze, los Aguilera comenzaron demostrando «desinterés» por sus gestiones, lo que le animó a solicitar la mensura a título individual.
41 Pero los enfrentamientos no terminaron allí.
Una nueva petición de Pedro de Arze podría indicar que la indiferencia de sus compartes por los títulos escondía otra intención: la de «emancipar» la aguada de Cabeza del Toro Muerto de la merced de Chelco.
Para ello, siempre según este personaje, los Aguilera habrían contado con la complicidad de su condómino de Chelco, Esteban Quintero.
41 Según Pedro de Arze los Aguileras se habían «escusado con frívolos pretestos en género de desprecio de las reales determinaciones (...) por cuio motivo he retardado el comparendo en este su juzgado».
Solicitaba en consecuencia «instar a la citada composición por mí solo individuo sobre todas las pertenencias suso citadas».
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.08 «Esteban Aguilera, mi convecino, ganó providencia del mismo juzgado para mensurar las tierras pertenecientes a la parte nombrada la Cabeza del Toro Muerto en que habita, agregándose por demasía y con pretexto de compra que dice le hizo a Esteban Quintero de una aguada que no pudo ni debió venderla» Tanto Aguilera como Quintero fueron citados a La Rioja pero ninguno de ellos compareció, dejándonos a solas con Pedro de Arze y sus impugnaciones.
Que confluían en un único y eficaz argumento: un condómino no podía vender por su cuenta una porción de un terreno común.
Las dos aguadas era indivisibles y la misma historia de la propiedad llevaba la marca de la permanencia antigua de los Ruarte.
¿Se habría arrogado Esteban Quintero prerrogativas de «condómino principal» como lo había hecho antes Pedro de Arze al denunciar las tierras comunes a título individual?
En todo caso, esta vez prevalecieron los intereses colectivos y la mensura y composición -que se realizaron por la totalidad del terreno-fueron firmadas en conformidad por representantes de las dos aguadas.
El litigio por Toro Muerto enfrentó a pobres contra pobres.
La mayoría de mulatos que don Cándido Sotomayor registró en 1795 en ambos sitios, la ausencia de agregados en las «casas» de los Ruarte y de los Aguilera y la modestia del patrimonio en disputa nos lo confirman.
Por el contrario, Malanzán se diferenciaba de cualquier campo común de Los Llanos por la notabilidad de buena parte de los jefes de familia, la dimensión de sus séquitos y la profusa ocupación de aguadas aledañas por grupos emparentados con los condóminos.
Tanto para empezar, don Cándido Sotomayor distinguió con el «don» a 14 de los veinte jefes de familia (sin contar a otros cuatro localizados en las aguadas próximas de Río Salado, Lugar de los Molles y Potrero de los Veras) y, como contrapartida, registró a un cuarto de la población de Malanzán en calidad de agregada.
Otras fuentes nos confirman el prestigio de varios de los yernos de Josep Antonio Ávila: don Esteban Vera fue juez comisionado, don Josep Orihuela oficial militar, mientras que los Peñaloza, como airadamente señaló uno de los condóminos, ventilaban públicamente sus aires de nobleza, eran muy ricos y tenían a un «doctor» (el sacerdote Vicente Peñaloza) entre sus filas.
Los tres pleitos que nos permiten ingresar al conflictivo mundo de Malanzán giran alrededor de una misma figura: don Nicolás Peñaloza, abuelo del Chacho y primera fortuna ganadera del curato en el ranking decimonónico del informe de 1805.
En breve síntesis, los expedientes que analizaremos tratan sobre una disputa con don Francisco Vera (1777), EL «PAÍS INDIVISO».
DERECHOS DE PROPIEDAD sobre la nulidad del matrimonio de su hijo Esteban (1797) y sobre un conflicto por las «sobras» de Atiles (1803).
La cuestión del honor (individual y de la «casa»), así como las lealtades hacia los Peñaloza (aquí expresadas en la movilización de testigos de diversa condición) están en el centro de los pleitos más tempranos.
El episodio de 1777 comenzó con la detención de un protegido de don Nicolás -el «muchacho» Celidonio Banegas-a causa de una deuda impaga.
42 Urgido por los servicios de Celidonio, don Nicolás se ofreció a saldarla, pero el alcalde rechazó la propuesta.
Entonces, una agria discusión condimentada con insultos y golpes enfrentó a los dos compartes, a la vista de una nutrida concurrencia.
Sin duda, lo más irritante para don Francisco Vera fue el desconocimiento de su investidura.
Según declararon él y otros presentes, tanto don Nicolás como su padre Francisco, le exigieron la vista de sus títulos para luego reprocharle que administraba justicia «sólo para su casa».
Los testigos que narraron el incidente -dos de los cuales habían acompañado a Vera para prender a don Nicolás-dejaron en claro su conflicto de lealtades, aunque la balanza -como no dejó de notarlo el comisionado-se inclinara en favor de Peñaloza.
La investidura política de don Francisco Vera no conseguía eclipsar la influencia informal de su contrincante sobre sujetos que, en sus palabras, o bien eran sus «domésticos» o bien sus «comensales».
43 ¿Cómo podía, de lo contrario, explicarse el desconocimiento de las órdenes del comisionado y la «parcialidad» de las declaraciones de los testigos?
Por cierto, los resentimientos entre los dos señores de Malanzán tenían una larga historia, que la disputa por Celidonio no hizo más que reavivar.
Don Nicolás recordó la difamación de su difunta esposa y también Vera -al tachar a su rival de «cornudo» en el fragor de la pelea-trajo a la memoria de los presentes aquel episodio humillante.
Según recordaron los testigos, esa antigua discusión había sido resuelta con la intercesión del párroco, que los había hecho compadres para sanar las heridas.
Ahora que volvían a abrirse, Vera, que sostenía «no presumir de noble como los Peñalozas» sino haber adquirido la nobleza «con sus buenos procedimientos», consideraba justo «que don Nicolás de Peñaloza me deba tratar con atención y no con desprecio».
43 Es significativo que -incluso acompañando como «soldados» al alcalde-Joaquín y Raimundo Cabezas, Hermenegildo Bergara y Josef Ochoa se hubieran negado siquiera a acercarse a don Nicolás.
Sólo se atrevieron a prender a Celidonio Banegas.
En 1797, este joven de 26 años -que ya había procreado un hijo con su condómina y pariente Úrsula Riveros-formalizó su vínculo frente al altar.
No queda claro cuánto de espontáneo tuvo el matrimonio: un testigo menciona la mediación de una condómina, mientras que otro se refiere a que «estando (Esteban) para montar en un caballo (y escapar), se juntaron unas mujeres y lo agarraron para que no se fuese» y cumpliera con su promesa.
El caso es que la unión horrorizó a don Nicolás Peñaloza que, desde tiempo atrás, intentaba persuadir al cura para impedirla.
Sin dudas se trataba de un matrimonio desigual: los Riveros eran muy pobres y los Peñaloza acaudalados.
Pero don Nicolás prefirió desacreditar a la novia convocando a sus condóminos para que informaran sobre supuestos escandalosos romances de Úrsula.
Aunque los testigos reconocieron hacerse eco de rumores, sus declaraciones confluyeron en el retrato de «pública ramera» que tan repugnante le hacía la boda a don Nicolás.
Para restablecer el orden, el cura reunió una nueva información que buscaba vincular a la muchacha a una casa pobre pero honrada.
Más aún, se apuntaba que a los abuelos de la novia les cabía el honor de haber construido «a costa de su propio peculio, con agregación de algunas limosnas, la Iglesia de su vecindad».
Pero sobre todo, como dijeron a una voz los testigos, «si no se efectúa el matrimonio que ha intentado, se an de seguir inquietudes en casa de la otorgada, muchos los escándalos y sumo el deshonor de la pretendida».
Por mucho que le pesara a don Nicolás Peñaloza, la boda era el precio de la paz en aquel atribulado vecindario.
45 Nuestro último expediente es la apelación de un grupo de compartes de Malanzán para impedir la transferencia de las sobras del pueblo de Atiles a don Nicolás Peñaloza, titular del pueblo desde 1779.
46 La protesta de un grupo de condóminos de Malanzán, inicialmente liderado por don Luis Ávila y posteriormente por don José Orihuela, apuntaba a defender los intereses de «una multitud de infelices» que una decisión favorable a Peñaloza «arrojaría de sus hogares» y «privaría de sus sembrados y labranzas».
47 En todo caso, en 1806 la apelación fue escuchada y el juez pedáneo comisionado para notificar a Peñaloza que sus condóminos debían «seguir en su pacífica posesión hasta en tanto su alteza resuelva otra cosa».
Así las «sobras» de Atiles continuaron integrando la propiedad comunera de Malanzán y sólo las tierras del pueblo -amén de otras que fue adquiriendo en el interín, como las de La Hediondita, la «merced» más vasta de Los Llanos-se mantuvieron bajo el control exclusivo de don Nicolás.
¿Qué rescatar de este conjunto de pleitos?
Lo primero que sobresale es el alto nivel de conflictividad entre los compartes, forzados a dividir sus lealtades entre los hombres fuertes.
Una permanente división en facciones -necesitadas de reconciliación, como la que los sacerdotes intentaron por lo menos dos veces y la justicia capitular procuró otras tantas-, signó en las coyunturas estudiadas la dinámica de esta vecindad tan poco armónica.
La desigualdad y la fragmentación de los intereses económicos de los compartes (con sus derechos dispersos en otra propiedades) así como la dominación que éstos se disputaban sobre los «domésticos», los agregados y hasta los mismos indios que se mantuvieron en la órbita de la estancia, convirtieron a Malanzán en un auténtico «semillero de pleitos» y relaciones sociales clientelares.
48 Con todo, incluso los hombres más fuertes podían perder, especialmente si se creaban enemigos por todas partes: ni siquiera don Nicolás Peñaloza, el hombre más rico de Los Llanos, pudo esquivar la prisión por herir a Vera, ni tampoco impedir el matrimonio de su hijo.
Y aunque en su vida logró acumular muchas tierras, no tuvo más remedio -hasta donde sabemos-que compartir las sobras de Atiles con sus condóminos de Malanzán.
Existe una vasta literatura sobre los múltiples «otros modos de poseer» que el derecho liberal eclipsó o invisibilizó.
Parte de ella se ocupa de la península ibérica, donde extensas regiones se hallaban bajo regímenes 48 En este sentido, no es descabellado pensar que una de las razones del rechazo que don Nicolás sentía por su nuera se afianzara en la acumulación de derechos sobre Malanzán en el grupo de los Riveros.
JUDITH FARBERMAN de propiedad colectiva, regímenes cuestionados desde el siglo XVIII.
49 A modo de epílogo y para articular algunas conclusiones sobre nuestro caso, nos interesa puntualizar cuatro cuestiones:
1.-El contraste entre propiedad privada y formas más cercanas a la posesión, que priorizarían los intereses del grupo por encima de los individuales.
Esto no suponía necesariamente igualitarismo pero sí formas de gestión específicas, a menudo depositadas en instituciones (por ejemplo, los municipios).
2.-La identificación de estos modos alternativos de poseer con una cultura jurídica popular basada en la costumbre.
El tiempo y las comunidades habrían legitimado determinadas prácticas (de pastoreo, recolección, etc.) que, en algunos casos, podían cristalizar en normativas (generalmente de alcance local).
Esta cultura jurídica alternativa lo habría sido por sus bases sociales pero también por las necesidades comunitarias de organizar autónomamente sus derechos y obligaciones.
3.-La connaturalidad entre los terrenos comunes y determinados ambientes, bajo ciertas condiciones de asentamiento y de estabilidad demográfica.
«Comunal» suele aparecer como sinónimo de «terreno inculto», de bosque, de zona montañosa, funcional a un patrón de ocupación disperso.
4.-La inclusión de un conjunto restringido de beneficiarios y la exclusión de otros sujetos.
Por ejemplo, los vecinos o los indios tributarios, legítimos beneficiarios de ejidos y sementeras comunitarias en los pueblos de indios.
Durante la colonia, la propiedad comunera se impuso en Los Llanos como una estructura agraria dominante, manteniendo su primacía en el siglo XIX.
Por lo tanto, no se trataba -ni se trata-de una forma de propiedad residual, cuanto menos en las «costas» llanistas.
En contraste, cuando fue posible la colonización de las áridas llanuras más apartadas de las sierras, la propiedad individual prevaleció.
50 ¿Qué razones explican la centralidad del sistema de campos comunes?
A nuestro juicio, además de su funcionalidad en el árido, parte de la respuesta apunta a las peculiaridades del proceso de poblamiento y al perfil 49 Tomo la expresión de Paolo Grossi (1981).
La propiedad común, postulamos, sería una estructura típica -aunque, por supuesto, no exclusiva-de cristalización del poblamiento pionero.
Una vez agotadas las posibilidades de expansión hacia otras aguadas -y por ser el pastoreo la actividad económica con mejores posibilidades-la propiedad indivisa contaba con todas las condiciones para triunfar sobre otras modalidades.
La historiografía, hemos reseñado, suele contraponer uso común y propiedad privada.
Sin embargo, los compartes de nuestros ejemplos descendían de un propietario (y casi todos conservaban sus antiguos títulos) y se proclamaban como tales.
Cierto es que la propiedad recibida como merced (o adquirida a un beneficiario) podía mejorarse «formando derecho» sobre aguadas cercanas, quizás sin formalizar la ocupación.
Nos inclinamos a pensar que por mucho tiempo existió una cierta indefinición en los límites entre la propiedad y la posesión y que, mientras no existió presión demográfica y Los Llanos se mantuvieron relativamente aislados, la ambigüedad favoreció a los pioneros.
Sin embargo, esa misma indefinición fue luego aprovechada por los denunciantes de tierras que, como demostramos, en no pocas ocasiones lograron ser atendidos...
Los casos expuestos coinciden con una coyuntura que habilitó la redefinición de los derechos de propiedad.
En las páginas que siguieron, asistimos a la victoria de personajes influyentes como Nicolás Peñaloza, Prudencio Quiroga y Gualberto de la Vega pero también a algunas resistencias colectivas, como la de los «Pobres de Jesucristo» de Solca y Macasín y a otras individuales -como la de Catalina de Alcaraz y Ana María Brizuela-.
Entrevimos negociaciones entre los Tello y el cura Ocampo, y seguramente también entre los compartes de Chelcos y Toro Muerto, aunque sólo nos enteremos de la etapa final de los arreglos.
Por último, los indios de Atiles parecen haber aceptado resignadamente su suerte (aunque quizás sólo se tratara de un desenlace anunciado ya que la dispersión de la comunidad parece muy anterior al remate de 1779).
Sin embargo, aunque el conflicto le permita al historiador atisbar lo normal, debemos reconocer que las prácticas de los condóminos siguen resultándonos opacas y que el examen de los expedientes nos ha dejado en este plano pocas certezas y muchos interrogantes.
Una de las certezas es que, aun tratándose de campos comunes, diversos derechos de propiedad se hallaban en tensión.
51 Las intentonas de don Pedro de Arze o de los Aguileras de Toro Muerto por componer a título individual, los avances de don Nicolás de Peñaloza sobre Atiles y sus sobras en oposición al interés de sus condóminos de Malanzán, el uso exclusivo que Ana María Brizuela decía hacer de la aguada de Santa Rosa, los deslizamientos permanentes entre el yo y el nosotros del cura Ocampo son algunos indicios de ello.
Pero las dudas siguen en pie.
Ya sabíamos que la comunidad regía sobre el disfrute común de las pasturas pero que las construcciones, los terrenos cultivados y los animales eran de propiedad individual.
¿Cómo se saldaban las diferencias en vistas de la desigualdad material de los condóminos y de la escasa carga ganadera que podían soportar estos campos?
La dote aportada por Ana María Brizuela, tierras que al parecer eran de su disfrute exclusivo, ¿señalaba una norma comunitaria que se replicaba en otros campos comunes?
¿Qué implicaba ser «principal poseedor» de un campo común, como se dijo que lo era Nazario Tello?
¿Excedían sus decisiones la regulación del acceso a tierras, de introducción de «extraños», de cesiones o incorporaciones de tierras?
Interrogantes no menos significativos se abren también en relación a las jerarquías, no sólo entre condóminos sino también entre «casas», la unidad de registro del censista de 1795 que, por cierto, iba mucho más allá de la corresidencia.
Sabemos que no existía necesariamente igualdad económica ni social entre los condóminos aunque quizás sería más ajustado hablar de «casas» que de sujetos.
Nuevamente lo individual y lo colectivo se intersectaban.
¿Quién podría dudar sobre las lealtades personales que don Nicolás Peñaloza, don Francisco Vera o don Josef Orihuela habían conquistado y podían movilizar?
¿No se extendían acaso esas lealtades hacia el conjunto de la «casa»?
Todas estas preguntas nos conducen a la dimensión política de este tipo de organización agraria y social.
A diferencia de los comunales europeos, no existían aquí consejos que tomaran las decisiones: en Los Llanos, nuestro paisaje es de «comunidades sin pueblo».
Los sacerdotes y los notables del lugar reemplazaban a las autoridades formales y aquí nos internamos en un problema espinoso, que no podemos resolver por ahora, pero que seguramente fue preparando la trama de relaciones sociales que años más tarde movilizaron las montoneras.
La propiedad comunera ha llegado hasta nuestros días.
Sin negar los importantes cambios que han afectado la economía regional durante el siglo XX, lo cierto es que asombra la estabilidad del sistema, así como el reconocimiento de los campos a través de las familias situadas allí desde tiempo inmemoriales.
Gracias a Gabriela Olivera, sabemos también que mecanismos similares a los que promovía la Cédula de 1754 fueron también implementados tiempo más tarde bajo pretexto de «sanear» los títulos.
52 Y sin embargo, tampoco ese orden que se esperaba «nuevo» consiguió desplazar a esa maraña de prácticas, de derechos parciales y cruzados que no fueron solamente «semillero de pleitos» sino también expresión de solidaridades y cohesión social. |
Control social y hegemonía
Desde hace un tiempo nos hemos interesado en el tema del control social y cómo éste se estructura por parte de las élites dirigentes del Estado chileno durante el siglo XIX.
De esta forma hemos logrado distinguir en términos amplios dos estrategias de control por parte de los sectores dominantes: una centrada en la coerción, vía policía y aparato judicial; 2 y la otra, en la persuasión.
3 Para este último caso hemos destacado el rol que le cupo a la policía urbana de la ciudad de Concepción, creada el 2 de enero de 1860, cuya principal función era regular el aseo, ornato y salubridad de la ciudad.
4 La ampliación de la función policial, que hasta ese momento se componía de «vigilantes» diurnos y «serenos» nocturnos, se abocó directamente a transformar ciertas prácticas de la comunidad tendiendo a una mayor regulación de la vida cívica, con énfasis en el mejoramiento de las condiciones higiénicas y de salud.
Junto a la policía urbana se mantuvo la policía de «seguridad», la cual tenía por misión aplicar la coerción cuando las normas jurídicas se transgredían.
Después de 1860 ambas policías coexistieron cumpliendo funciones complementarias.
La policía de seguridad continuó con la aplicación de medidas punitivas sobre aquel sector de la población que no cumplía con las normativas aún vigentes del período colonial y/o con las incipientes leyes patrias que se fueron formulando durante los primeros años republicanos, las que se vieron uniformadas con el proceso de codificación hacia 1855 (Código Civil) y 1876 (Código Penal).
La legislación de la época de dominio hispano se mantuvo hasta bien adentrado el siglo XIX, como gran parte de la estructura estatal y social creada en esa etapa.
Cabe recordar que las penas provenientes de aquella legislación -que incluso tenía raíces en la época medieval como fue el caso de las «Siete Partidas» (1265)-eran severas.
No obstante, en la práctica, las sanciones no se aplicaban en todo su rigor gracias a la existencia del «arbitrio judicial» que era una facultad que la legislación indiana otorgaba al juez para morigerarlas, dependiendo de lo que éste considerase adecuado.
Muchas de las normas que se dictaron tenían relación con las conductas que se querían modificar en los transgresores.
Para el caso de los delitos de robo, hurto y abigeato era castigo común la fijación territorial, que obligaba a los sujetos a quedar bajo la supervisión de una persona destacada de la comunidad o bien bajo la vigilancia de algún inspector, subdelegado o cualquiera otra autoridad que señalase el juez.
5 Esta sanción se dotaba de sentido en cuanto el tipo humano de la provincia de Concepción respondía a la definición de un sujeto de frontera el cual se caracterizaba por su independencia, manifestada en su desarraigo espacial y en las prácticas económicas de carácter autárquico y esporádico.
En el plano masculino, frecuentemente era un gañán que trabajaba cuando lo necesitaba y que se desplazaba por amplios márgenes geográficos.
6 Enlazada con la fijación territorial se encontraba la compulsión laboral.
Esta pena complementaba la primera pues no sólo se esperaba que el sujeto infractor residiera en un espacio determinado que le permitiese al Estado poder ejercer control sobre él, sino también se pretendía transformar sus hábitos de vida y regular su actividad laboral.
7 Lo que ambas penas buscaban era hacer visible al infractor, situarlo para poder localizarlo.
En resumen, convertir a un sujeto de frontera en un sujeto controlado.
El trabajo sistemático y regulado era un aspecto ajeno a los comportamientos de amplios sectores de la población de Concepción y sus territorios aledaños.
La compulsión laboral daba cuenta de que un estilo de vida centrado en el trabajo regulado era ajeno a la visión que tenía de él gran parte de la sociedad civil.
Era un objetivo del naciente Estado-nación chileno poder controlar la población, de ahí el esfuerzo de disciplinar conductas que tendieran a la dispersión y la laxitud en los individuos.
En ese contexto el trabajo compulsivo era una fórmula en torno a la cual se pretendía configurar un «sujeto moral» que respondiese a los nuevos pilares sobre los cuales lograr el orden y el progreso.
El trabajo regulado no era propio de los comportamientos de los sectores subalternos de la población penquista.
Este hecho obliga a retrotraer nuestra mirada hacia el precedente histórico que configuraba la idea de Estado bajo el dominio colonial de la dinastía borbónica en América.
Como afirma Michael Scardaville, el Estado Borbón era intervencionista, materialista y centralizado.
La racionalidad en la administración gubernativa pretendía el crecimiento económico y material; por lo mismo, las refor-mas institucionales se articulaban en la prosecución de dicho objetivo.
Según el criterio de la Corona, mantener una sociedad ordenada bajo una estructura legal efectiva permitiría forjar una sociedad estable y, por ende, conseguir el tan anhelado crecimiento económico.
8 Pero las acciones de las autoridades chilenas durante los primeros años de la etapa republicana dan cuenta que la población no había asimilado los principios rectores que los Borbones quisieron imponer.
Todavía no había una organización social homogénea ni un orden centralizado que conllevase al tan anhelado progreso material.
De hecho, la inexistencia de estos postulados en la cultura de la población obligó a los gobiernos conservadores a tratar de imponer una estructura social y política que hoy conocemos como «orden portaliano».
Queda en evidencia, entonces, que bajo el régimen colonial borbónico hubo en Chile, y particularmente en Concepción, lo que Ranajit Guha ha denominado un sistema de dominación sin hegemonía.
9 Es decir, el Estado Borbón no logró la asimilación de la sociedad a los postulados que sustentaba, más bien sólo ejerció un dominio pero no logró construir hegemonía.
Ante esta carencia presentada por el Estado español, las elites chilenas decimonónicas debieron abocarse a la tarea de construcción de hegemonía.
Para ello era necesario ordenar la sociedad (controlarla) y, posteriormente, incorporar en ella los postulados que consideraban adecuados para el establecimiento de un sistema de gobierno que pudiese lograr el progreso material.
Siguiendo el planteamiento de Antonio Gramsci, la idea de hegemonía se ha comprendido como «la capacidad que tiene un determinado grupo social de dirección política, espiritual y moral».
10 Ello implica ir más allá de los aspectos formales en las relaciones al interior de un Estado, involucra también una concepción de mundo.
De manera relativamente reciente, los estudios subalternos han ido proporcionando luces respecto a la conceptualización de la idea de hegemonía.
Ranajit Guha, uno de los fundadores del grupo de Subaltern Studies, entiende la hegemonía como «aquel consenso construido por la disciplina de la Historia, cuya función es narrar la unidad de la gente alrededor del concepto del Estado».
11 La relación que establece entre hegemonía e historiografía se contextualiza en la India del siglo XIX.
Considera que en las primeras décadas de ese siglo se requería necesariamente la construcción de una visión autónoma del pasado colonial indio, para ello era preciso apropiarse de ese pasado en el afán de construir hegemonía.
De ahí que sostenga que la autonomía de la historiografía no era sólo una cuestión de lenguaje sino también una cuestión de poder.
Los discursos colonialistas habían llevado a cabo un proceso de apropiación del pasado por razones de Estado y para ello debieron realizar una doble función: construir un tiempo y matar un tiempo, según los intereses codiciados por algunos.
12 A ello habría que agregar que la hegemonía no significa la desaparición o destrucción de la diferencia, sino la construcción de la voluntad común por medio de la diferencia.
13 La evolución de los planteamientos teóricos en torno a la idea de hegemonía nos permite abordar las transformaciones culturales de la población no sólo como la resultante de una relación vertical de poder procedente desde el Estado, sino también hace posible incluir la participación de la población subalterna en la construcción de hegemonía.
Este proceso no estuvo exento de tensiones y rechazos por parte de la comunidad, pero dentro de un proceso de «negociación» con los grupos dominantes una vez que ciertos postulados provenientes de éstos pasaron a su repertorio cultural. proceso de construcción de hegemonía al cual hemos hecho referencia, ya que sostenemos que la hegemonía es una concesión de la sociedad civil al Estado, dentro del Estado.
El historiador Gabriel Salazar, en su trabajo «Labradores, peones y proletarios», establece que:
Antes que el sector industrial deviniera en el principal empleador urbano -antes de 1860, más o menos-, al peonaje de ciudad se le enganchaba para realizar cortos trabajos a jornal en obras públicas, o en forma permanente, con un salario nominal, para el servicio doméstico en las casas patricias o para el Ejército...Para los patrones de esos años no existía ninguna diferencia digna de mención entre el peón-gañán; el sirviente doméstico, el soldado-recluta, el vagabundo, el regatón y el presidiario.
Todos ellos tenían el mismo status social y se hallaban sometidos al mismo régimen de enganche y de salario, represivo y punitivo.
14 Lo descrito por Gabriel Salazar manifiesta un concepto del trabajo que respondía a necesidades puntuales de una elite que regía un Estado en formación.
De hecho, los grandes «empleadores» dentro del sistema indicado eran las elites gubernativas que bien podían ocupar compulsivamente a un hombre o una mujer para tareas tan disímiles como recluta forzado o la servidumbre en una «casa decente».
El símbolo por antonomasia de lo señalado fueron los vagos quienes, incluso, se vieron obligados a trabajar junto a presos en faenas públicas.
Esta situación fue cambiando cuando el trabajo asalariado del peonaje libre se fue imponiendo sobre el de los presidiarios, especialmente con el advenimiento de las inversiones reproductivas por parte de los grandes mercaderes.
A ello hay que sumar la legitimación de los métodos patronales del empresariado extranjero y el que las obras fuesen ejecutadas por compañías formales en vez de supervisores municipales o eclesiásticos.
15 Si bien el trabajo asalariado se venía dando desde la década de 1820, no es menos cierto que el dinero pagado por los patrones chilenos (incluyendo el Estado) era insuficiente para satisfacer las necesidades de vida de los trabajadores.
16 De ahí que Gabriel Salazar considere que la mentalidad económica de los empresarios extranjeros y las nuevas inversiones realizadas, entre las que se destaca la construcción de vías férreas, hayan favorecido a las transformaciones ocurridas en materias laborales.
Ello concuer-da con lo afirmado por Luis Ortega, quien considera que las repercusiones de la construcción y operación del ferrocarril, tanto en la zona central de Chile como en particular en Concepción y Chillán, provocaron un crecimiento de la población urbana.
17 El proceso acelerado de concentración de la población urbana y la presencia de inversiones lideradas por el empresariado extranjero, fue un factor gravitante para la transformación de los grupos subalternos penquistas.
La transmutación cultural de la población subalterna de mediados de siglo XIX se produjo en un contexto urbano.
Fue resultado de un proceso previo de cambios sociales que se llevaron a cabo con mayor nitidez a partir de la década de 1860, como consecuencia de la adopción de la estrategia liberal de desarrollo.
En esta etapa, junto a una nueva forma de pensar la economía, se advierten una serie de discursos que colaboraron a reconsiderar tanto la estructura estatal como la participación en los procesos políticos de aquellos sectores sociales que hasta ese momento habían sido excluidos.
La adopción del liberalismo como estrategia de desarrollo tuvo como correlato la resignificación de la «economía moral» de la población subalterna.
Esto, a su vez, se encuentra vinculado a dos aspectos: a) el autoaprendizaje político de aquel sector mayoritario de la comunidad y, b) la creación de hegemonía, que posibilitó la gobernabilidad del Estado chileno.
Para tratar de entender la transformación cultural ocurrida con la adopción del liberalismo es pertinente apreciar de qué manera se conformaba la economía colonial.
Según nos informa Ruggiero Romano, durante ese período la población fue organizada en formas de trabajo o laborales, caracterizada por ser de tipo forzado.
18 Dicho rasgo explicaría que el trabajo haya sido entendido -tanto por las élites por la población subalterna-como una imposición, de la cual estos últimos no recibían los principales beneficios puesto que las riquezas iban a engrosar las arcas de reducidos grupos dominantes.
A ello hay que agregar que durante los siglos coloniales se produjo una clara desmonetización de la economía americana,19 la cual todavía era una situación de malestar en Concepción hacia mediados del siglo XIX, provocando quejas como la siguiente:
El puerto de Talcahuano y el comercio de Concepción en jeneral, esperimenta hace ya algún tiempo una paralización casi total...Para nosotros, en América hai muchas razones que contribuyen a estas paralizaciones más o menos largas de las transacciones mercantiles: lo limitado de nuestro comercio, de nuestros retornos, de nuestros capitales y de nuestros medios de competencia con mercados más poderosos...
La pobreza, el atraso, la escasez de estímulos es la gran plaga americana20 (sic).
A fines del siglo XVIII el dinero en el Obispado de Concepción era casi inexistente, lo que redundaba en una economía mayoritariamente de subsistencia.
Para ese período aún no se advierte el desarrollo de una economía monetaria, por lo que es dable indicar que este tipo de economía se desarrolla durante el siglo XIX.
La carencia de dinero trajo aparejado el intercambio de bienes entre la población, en especial aquellos productos ligados a las labores agrícolas.
Esta característica de la economía provocó una pauperización notable de la población, aspecto del cual ha dejado registro el soldado cronista Vicente Carvallo Goyeneche:
En este obispado no se trabaja en el laboreo de minas, i todos sus habitantes son labradores, i es la única ocupación que pueden tener.
Con ella no les falta que comer; pero como es única no hai entretenimiento para toda clase de personas i así por esta razón como por las jentes del campo, no tienen arbitrio para vender los pollos, huevos y demás jéneros menudos; pasan una vida muy miserable.
21 Esta descripción para el Obispado de Concepción no era diferente a lo que ocurría en el resto del país.
Incluso quienes podrían estar considerados en una mejor situación económica dentro del campesinado, como fue el caso de los inquilinos, no se diferenciaban demasiado del resto de la población rural.
El estado de pobreza en que se encontraban no proporcionaba incentivos al trabajo, lo que finalmente redundó en el daño a la agricultura.
Ya en los albores del siglo XIX, el secretario del Consulado, José Cos Iriberri, en la redacción de la «Memoria» del año1799 da cuenta de la permanencia de esta característica de la economía colonial:
Proporcionemos propiedad al pobre colono o inquilino que habita las estancias que no puede llamar suyos ni aun los cuatros palos de que forma su miserable choza y que por la infeliz constitución de las cosas se puede decir que está sujeto a casi todas las servidumbres del régimen feudal, sin gozar ninguna de sus ventajas.
22 Resulta evidente que la economía monetaria, con su respectiva valoración del salario y la disciplina laboral, no formaban parte de la cultura de los sujetos de la sociedad colonial.
Esta es una de las razones que irán configurando la concepción del trabajo en la zona central de Chile, al menos hasta la primera mitad del siglo XIX.
No obstante, se advierten en las primeras décadas del mencionado siglo ciertas señales que expresan cambios culturales en la población subalterna: en un trabajo anterior, acerca del abigeato en el siglo XIX, hemos concluido que los abigeos, si bien pertenecían por jerarquía social a los sectores subalternos, en estricto rigor gozaban de una condición diferente a los demás miembros de su sector.
La especulación en el precio de venta de los animales, la búsqueda de mejores mercados y, sobre todo, la utilización del dinero como medio de intercambio, trajeron como consecuencia que estos sujetos se fueran acercando paulatinamente a la lógica comercial de la economía monetaria.
23 Nos parece que ellos constituyeron un eslabón dentro de la paulatina transformación, y posterior incorporación, de los sujetos subalternos a la estructura económica liberal.
Según el «Anuario Estadístico», el delito de mayor ocurrencia hasta 1860 fue el de abigeato.
Esto demuestra, por una parte, que dicha conducta delictiva estaba bastante extendida; y, por otra, que era una transgresión que se perseguía con mucho celo.
El vínculo entre estas dos posibilidades se entiende al reconocer el incremento del valor económico que ciertas especies fueron adquiriendo durante el siglo, en este caso, el ganado.
Aquello posibilitó que algunas prácticas de la población, que habían sido legitimadas por la costumbre, en aquel período se incorporaran al repertorio de acciones consideradas como abigeato.
Después de las luchas de independencia hubo cambios en el mercado y el precio del ganado llegando a cifras que causaban fuertes críticas a mediados de siglo: La conformación de la propiedad colonial en la zona de Concepción se caracterizó por el predominio del minifundio, al menos durante las tres primeras décadas del siglo XIX.
Con el correr del siglo esto se fue modificando tendiendo hacia una creciente concentración de tierras.
El historiador Marcello Carmagnani considera que se dieron las condiciones necesarias para la progresiva constitución de una gran propiedad que dominó a la pequeña y a la masa de mano de obra.
25 Correlato de lo anterior fue una nueva concepción de la propiedad privada que se evidenció en el mayor rigor al momento de sancionar delitos que atentasen contra ella.
La propiedad privada se yergue como un bien jurídicamente tutelado lo que explica que los índices de robos, hurtos y abigeato hayan sido los más altos dentro de la estadística criminal.
Las transformaciones estructurales de tipo económico, que comenzaron a evidenciarse en el primer tercio del siglo XIX, estuvieron aparejadas con transformaciones culturales.
Es difícil precisar que fue primero, si las modificaciones ocurridas en el intercambio comercial o las transformaciones culturales, lo que sí se advierte son las nuevas formas de relación entre los grupos dominantes y los subalternos.
Una de estas manifestaciones fueron las tensiones sociales que se produjeron cuando las elites comenzaron a valorar aspectos que tradicionalmente no lo habían sido, al menos con tanta acuciosidad.
La propiedad privada comenzó a verse como un bien valioso el cual debía protegerse; por lo mismo, conductas que durante el período colonial fueron aceptadas socialmente, en la etapa republicana comenzaron a ser criminalizadas (por ejemplo, la práctica del «aparaguayamiento»).
26 A esta revaloración de la propiedad privada se sumaron otros bienes de carácter intangible a los cuales las elites dirigentes también les confirieron un estatus de privilegio, tales como la honra, el orden y el control.
27 La historiografía chilena ha analizado desde diversas perspectivas unas de las primeras medidas de carácter puramente económico del gobierno chileno como fueron el «Decreto de Libre Comercio» de 1811 y el posterior «Reglamento de Libre Comercio» de 1813.
28 Recientemente, historiadores como Eduardo Cavieres, 29 Gabriel Salazar y Julio Pinto, han subrayado las implicancias que tuvieron tales decisiones en cuanto a la apertura comercial de Chile al exterior.
Como manifestación de ello han señalado que, entre 1820 y 1848, el flujo comercial entre nuestro país y Gran Bretaña se incrementó 36 veces en lo referente a exportaciones y 19 veces para las importaciones.
30 Destacamos este hecho pues implica una nueva mirada a las relaciones comerciales, al rol de los mercados, a las funciones del Estado y, paralelamente, va cimentando las bases de una nueva conformación de las estructuras sociales de la economía.
Por ello, ante la prácticamente inexistente economía monetaria, hubo una primacía de la economía doméstica o de subsistencia.
31 Las relaciones de dependencia definieron este tipo de estructura social de la economía: primero, entre los grupos dominantes y los subalternos, cuando se trataba de la subordinación directa de estos últimos a los primeros; segundo, en el caso del ámbito exclusivo de los minifundistas, la constitución de redes familiares en torno a un tipo de economía que podríamos calificar de «natural», para diferenciarla de la economía monetaria, determinada por el flujo de dinero.
Un denominador común en las diferentes capas sociales del período colonial chileno fue la escasez de dinero.
Aunque las elites poseían extensiones de terreno que determinaban su prestigio social y riqueza, ello no significaba que gozasen de enormes fortunas en metálico.
Esta situación irá variando a partir de las primeras décadas del siglo XIX cuando se produce un cambio de signo en las estructuras sociales de la economía apareciendo lo que se ha llamado el espíritu de cálculo.
Los rasgos predominantes de ambas estructuras sociales de la economía, la economía doméstica y el espíritu de cálculo, han sido sintetizados por P. Bourdieu de la siguiente manera:
El espíritu de cálculo...se impone poco a poco, en todos los ámbitos de la práctica, contra la lógica de la economía doméstica, fundada sobre la represión o, mejor, la negación del cálculo: negarse a calcular en los intercambios familiares es negarse a obedecer el principio de economía, como aptitud y propensión a «economizar» o «hacer economías» (de esfuerzo, de pena, y luego de trabajo, de tiempo, de dinero, etc.).
32 El «espíritu de cálculo» resultaba extraño en una economía donde primaban las relaciones personales y de dependencia.
En el caso de los grupos desfavorecidos de la sociedad penquista (mayoría de la población) significaba romper con aspectos basales de la conformación social, ya que uno de los elementos propios de la constitución de sus relaciones interpersonales era la solidaridad.
33 Un episodio descrito por Gabriel Salazar nos ilustra al respecto: Todos los campesinos pobres que auxiliaron a Rosaria Araya en el día de su culpa y llanto cumplieron, pues, lo que habían prometido: criar a sus hijos con la ayuda de todos.
Fueron, por eso, hijos «huachos», y a la vez, hijos del pueblo.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.09 respecto a la economía doméstica, pues la ganancia y el cálculo de los beneficios reportados serán ahora el norte de su lógica.
Manifestación de lo dicho es que incluso un personaje como el abigeo no escatimó esfuerzos en entrar en contacto comercial con los grupos dominantes con tal de obtener pingües ganancias.
34 En este tránsito de una economía doméstica a una de cálculo necesariamente debemos considerar factores heterónomos.
Werner Sombart, al estudiar el afán de lucro ligado a las actividades económicas, identifica al menos dos etapas de desarrollo del espíritu capitalista: el capitalismo de viejo y nuevo estilo.
Este último, posterior a la revolución industrial, se caracteriza por el afán de lucro, la competencia a ultranza y la despersonalización en las relaciones comerciales.
35 De esta manera, el nuevo capital mercantil europeo se convierte en el agente impulsor de las transformaciones ocurridas en los nacientes Estados americanos.
Este nuevo capital comercial estaba preparado para ingresar a los mercados de los antiguos territorios hispánicos desde antes de 1800, por ello a la menor señal de ruptura con España irrumpieron en los territorios americanos.
Como ejemplo de lo dicho podemos mencionar que las exportaciones de Gran Bretaña a América del Sur llegaron a contar entre el 25% al 40% del total de sus exportaciones, por lo que se concluye que el tráfico comercial con estos territorios resultaron de suyo beneficiosos para aquel Estado.
36 La presencia del comercio británico en Chile se dejó sentir con fuerza en la época posterior a la Independencia.
Las élites criollas adoptaron rápidamente los postulados de los comerciantes ingleses, en particular dos aspectos que resultaron estratégicos: a) la «modernización industrial» del país, y b) el «patrocinio occidental» del librecambismo, que fue enarbolado por los gobiernos chilenos durante el siglo XIX.
37 En este nuevo escenario económico y político, las elites requerían llevar a cabo un proceso de transformaciones estructurales en la naciente República.
Cambios que debían, necesariamente, involucrar al conjunto de la población que hasta ese momento no había sido partícipe de las decisiones que se estaban tomando.
34 Hacia 1833 el ingreso promedio anual del 87,4 % de la población en la provincia de Concepción era de $25,6.-. A fines de 1852, un par de bueyes gordos costaba $25.-, unos en estado regular, $22.-, un par de novillos, $20.-, y un par de vacas. $17.-Esto nos permite inferir que un abigeo podía lograr el salario de un año con una venta de bueyes.
37 A comienzos del siglo XIX las relaciones laborales entre los grupos dominantes y subalternos se distinguían por el predominio de los vínculos de dependencia y el escaso flujo monetario.
Estos aspectos requerían ser modificados en el nuevo estilo de hacer negocios, ya que entorpecían el desarrollo del modelo liberal de la economía.
Implantar un sistema económico de este tipo requería incrementar el flujo monetario existente como, asimismo, aumentar la productividad de los campos y las industrias.
Ello no sería factible de llevar a efecto sin la participación de los sujetos subalternos y, para lograr esto, había que establecer nuevas formas de relación con los mismos.
Este «nuevo trato» social requería previamente establecer dominio sobre la población, lo que se manifiesta desde los albores de la vida independiente a través de la elaboración de leyes patrias relativas a la administración de justicia como fueron el «Reglamento Provisorio de 1818» y los Reglamentos de Administración de Justicia de 1824 y 1837.
Como ya hemos dicho, esta legislación pretendía la modificación de conductas subalternas con el fin de «civilizar» sus costumbres, lo que en la práctica significaba organizar la vida privada y pública de los sujetos según los cánones de las elites, de ahí que en su artículo 26 el «Reglamento de Policía» de la ciudad de Concepción indicase:
Otro aspecto a destacar de manera relevante es el hecho que ninguna de las medidas presentes en la Ordenanza de 1885 establecía penas relacionadas con la compulsión laboral y la fijación territorial, como puede verse en algunos artículos que mencionamos a continuación:
2o Los que en las calles i lugares públicos suscitaren pendencias, alteraren la tranquilidad pública [...]sufrirán una pena de uno a quince días de prisión conmutable en multa de uno a quince pesos.
Art.3o Cualquiera persona que en las calles o lugares públicos usare disfraces será penado con multa de cuatro pesos, sin perjuicio de ser juzgado con arreglo a las leyes comunes [...]
6o Es prohibido andar a caballo por las aceras i galopar por las calles, bajo multa de cincuenta centavos a un peso, i de uno a dos pesos en caso de reincidencia [...].
39 Las sanciones contenidas en los diversos artículos de la Ordenanza básicamente se remitían al pago de multas.
Si se observa con detención, el artículo 2 parece establecer una relación directamente proporcional entre un día de prisión con el valor de un peso, lo que implica la equivalencia y regulación de las transgresiones sociales en términos monetarios.
Los estudiosos del delito convienen en aceptar la idea que los castigos se aplican para proteger aquellos aspectos que, en términos generales, las sociedades estiman valiosos.
Para las élites chilenas de los primeros años de vida republicana era necesario establecer dominio sobre el colectivo social.
En ese afán, algunos de sus postulados no concordaron con los comportamientos de los sectores subalternos, lo que explica la aplicación de penas que contemplaban la compulsión laboral y la fijación territorial.
A su vez, una lectura inversa de estas sanciones nos permite conocer la valoración de ciertas conductas de los grupos subordinados, en este caso se observa el aprecio que tenían por la libertad de desplazamiento y la no sujeción permanente a un otro.
A fines de la década de 1880 la estima hacia estas prácticas ya no aparece con el acento de comienzos de siglo, siendo reemplazada por el valor monetario.
En este traslado de consideraciones de valor, el dinero era visto como un bien apreciado por la población dejando al descubierto transformaciones estructurales que afectarán la mentalidad económica subalterna.
En este caso, a lo menos, en dos aspectos: a) la efectiva apropiación de un bien esencial de la cultura liberal, como es el dinero; 40 y b) la posibilidad que estos grupos tengan acceso a la moneda como medio de intercambio y transacción, por ejemplo en el pago de una multa.
La transformación cultural ocurrida en la población subalterna durante el siglo XIX no sólo puede ser explicada a través del control social punitivo estatal.
Más aún, una explicación semejante sería insuficiente para entender el proceso de apropiación subalterna de valores y prácticas emanadas de las elites dirigentes.
Para ello, sugerimos incorporar al análisis el concepto de economía moral, acuñado por el historiador inglés E. P. Thompson.
Esta herramienta teórica nos permitirá configurar otro aspecto a considerar como es la construcción de hegemonía, íntimamente ligado a las relaciones sociales y su vinculación con el Estado.
Economía moral y construcción de hegemonía
En páginas precedentes hemos hecho alusión a componentes centrales de la idea de hegemonía, dando a entender que ella es una expresión de dominación que abarca fuerzas políticas, sociales y culturales.
En tanto el dominio más bien se circunscribe a formas políticas directas donde se privilegian las prácticas coercitivas.
Durante la primera mitad del siglo XIX, la sociedad penquista soportó un énfasis centrado en mecanismos de este último tipo cuya influencia provenía de las directrices estatales emanadas del pensamiento «portaliano» 41 y su concepción de la legalidad.
42 En la ciudad de Concepción, a partir del mes de enero de 1860, se comienza a implementar el mecanismo de control social por el consenso mediante la creación de la policía urbana y la respectiva reestructuración de 40 Puesto que gran parte de la economía capitalista se resuelve en una serie de acuerdos comerciales sobre servicios recíprocos expresables en dinero (compra de medios de producción, venta de productos acabados, contratación de mano de obra, etc.), y puesto que todo el comercio capitalista se reduce en último término a una simple suma de dinero, es natural que la mentalidad calculadora, como he dado en llamarla, constituya una pieza esencial de la maquinaria capitalista.
El llamado «período portaliano», iniciado en 1830, corresponde a una serie de gobiernos conservadores donde predominaban las ideas de orden y obediencia de la sociedad civil respecto a la autoridad estatal.
42 Un ejemplo se puede apreciar en la siguiente frase de Diego Portales: Sin que ella sea buena, vemos como perdidos los trabajos del gobierno, e inútiles sus deseos de mejorar las costumbres y de conservar las leyes en su vigor...
Si los jueces y tribunales no son íntegros, si no son animados por un odio santo al crimen, es segura la impunidad de los criminales...
MAURICIO F. ROJAS GÓMEZ Y MARCO A. LEÓN LEÓN los cuerpos policiales.
Esta acción tenía como meta la modificación de los comportamientos de la vida cotidiana de la población, lo que no tardó en dar frutos.
De este modo, en la etapa de predominio liberal43 (segunda mitad del siglo XIX) se complementaron las dos estrategias de control social: la coercitiva (policía de seguridad, tribunales) y la persuasiva, basada en el consenso, cuya labor fundamental estuvo dada por la policía urbana.
El éxito del establecimiento de la hegemonía oligárquica liberal estuvo basado principalmente en el control social por el consenso.
Con el correr del siglo, y de manera paulatina, se produjo un cambio en la cultura subalterna que concluyó con la apropiación de una visión del mundo de tipo capitalista, donde el beneficio económico era central.
El correlato de aquello fue la consiguiente valoración de aspectos que a comienzos del siglo XIX no formaban parte del repertorio de valores arraigados en los sectores populares tales como las ganancias individuales y la propiedad privada, que ahora se convertirán en bienes jurídicamente tutelados.
E. P. Thompson al definir la idea de economía moral, planteó que ésta se sustentaba en una visión tradicional de la población que entendía que había normas, obligaciones sociales y funciones económicas propias de cada sector de la sociedad.
Afirma que si bien esta economía moral no podía definirse como «política» en un sentido progresista, tampoco podía ser catalogada como «apolítica», pues suponía nociones del bien público por parte de los sectores subalternos.
44 En una posterior discusión del concepto (1991) agrega que el ascenso de la sociedad de mercado, «trajo consigo horrores indiscutibles», pero que «también trajo un énfasis en la libertad de elección individual, el derecho a mejorar la propia posición, con el tiempo la oportunidad de participar en política».
45 Cuando las elites penquistas, en el contexto de la estrategia liberal de desarrollo, quisieron transformar vía el control social por el consenso a las «clases peligrosas» en «clases trabajadoras», sin proponérselo tuvieron como resultado la modificación de la economía moral subalterna.
Un ejemplo de ello es que, al incorporarse a la estructura económica capitalista, las demandas de la población se dirigieron a la protección de sus propiedades y a la seguridad que debía otorgarles el Estado.
Las antiguas nociones acerca de la propiedad privada, un tanto laxas, cambiaron en el último tercio de la centuria.
La prensa afín a los sectores obreros comenzó a valorar el desarrollo industrial y comercial de la ciudad de Concepción, destacando los logros obtenidos:
La industria i comercio locales han tomado una marcha progresiva del todo consoladora, augurando para Concepción un desarrollo no lejano que la colocará en un rango prominente i envidiable con respecto a las otras ciudades de la República.
46 Para el redactor del artículo, el desarrollo de la «industria i comercio» le deparaba a la ciudad un seguro progreso.
Resulta sintomático que para consolidar esta tan auspiciosa etapa, la población demandara con vehemencia la presencia coercitiva del Estado con el propósito de darles «seguridad»: La población, por su parte, reclama mayor vigilancia, más seguridad.
¿Cómo concederlas si los guardianes son reducidos?
Los barrios apartados que son siempre los focos perennes de desórdenes, son los que exijen con mayor anhelo la policía[...]Nuestro pueblo es tranquilo i timorato a más de honrado[...]
La humanidad i el interés de la ciudad exijen el aumento de la policía[...]
El interés de la ciudad exije también el aumento para su mayor seguridad i vigilancia, para que cada cual descanse tranquilo viendo su propiedad a salvo del ataque de injustos agresores[...]en una palabra, el aumento de la policía es una necesidad.
47 La cita presentada no era una excepción, más bien fue la regla en la prensa penquista.
El periódico «La democracia», de donde fue extraído el comentario, no representaba la postura oficialista, al contrario, se autodefinía como un periódico «comercial, político y social»; por lo tanto, puede considerarse, con cierto grado de certeza, un portavoz de las aspiraciones de la población.
Por ende, las demandas de los grupos subalternos urbanos dan cuenta de los cambios ocurridos en el contenido de su economía moral.
Las protestas sociales adquirieron distintas formas entre los sectores subalternos, quedando reflejado en el trasfondo de la cita reseñada más arriba.
Llama la atención que la mayoría de las situaciones visibles de conflicto cotidiano se produjesen entre integrantes de las clases más necesitadas.
Principalmente era una conflictividad intraclases.
Queda en evidencia, entonces, que los discursos dominantes fueron apropiados por una mayoría de la población urbana, pero hubo espacios periféricos (por ejemplo el barrio de «Aguas negras», localizado en el límite oriental de la ciudad) donde no fueron legitimados ni adoptados.
Esta actitud de rebeldía, por parte de grupos que habitaban en esos lugares, da cuenta de la presencia de espacios culturales residuales que se manifestaban rechazando la implantación de normas de control social de tipo gubernativo.
Asimismo, puede ser expresión del malestar por no poder disfrutar de los beneficios de un sistema que generaba marginación.
Dejamos sólo enunciados estos aspectos que podrían ser abordados en futuros estudios.
La legitimación de los mecanismos de control ejercidos por los grupos de poder, provocó una fragmentación en la economía moral de la población subalterna.
Aquella mayoría de la población urbana que se apropió de los discursos hegemónicos plasmados en la institucionalidad estatal, asumió una visión de las relaciones sociales de manera diferente a aquella porción de población subalterna que deslegitimó tales directrices.
Como consecuencia se llevó a cabo una confrontación de culturas legales dentro de los mismos sectores subalternos, entendiendo por este término el modo como los distintos grupos sociales percibían la ley.
Se produjo una disociación de visiones de mundo entre integrantes de la sociedad civil llegando a la paradoja de replicar formas de represión, que también podían ser ejercidas hacia ellos, contra sujetos insubordinados de su propio sector.
A medida que se entronizó la idea de ganancia y propiedad privada exclusiva el papel asignado a la policía, en cuanto garante del orden social, fue en aumento.
Ya hacia 1860 se expresaba esta idea: En el ámbito político, los contenidos de conciencia de la población también se vieron modificados debido a la concordancia e influencia entre algunos postulados de las elites liberales y los partidos de tendencia socialista.
Durante los primeros años de la década de 1870, estos últimos llamaban al pueblo a congregarse en reuniones públicas -«meeting»-con el objetivo de expresar sus opiniones políticas.
Encendidas convocatorias se hacían sentir en estos términos:
El «meeting» del domingo ha manifestado lo que pueden los hijos de Concepción, cuando se trata de acentuar sus ideas i lo que quieren en la solución de las cuestiones que la libertad ajita en estos momentos.
Los ciudadanos más esclarecidos, los campeo nes de la idea liberal de este pueblo con ese acento firme i sonoro[...] hicieron estremecerse el corazón de la hermosa concurrencia[...]
Desde la fecha de nuestra emancipación política hasta el presente sólo hemos tenido palabras de queja i de dureza para con los conductores de la nación tratándose de libertades; mas ya que otros han iniciado i afianzado la felicidad material; ya que la iniciativa individual[...] está al frente del desarrollo comercial e industrial; ya que una paz estable ha traído al pueblo el cariño, el trabajo i hábitos de orden.
49 Las manifestaciones políticas masivas, como las que narra el texto citado, invitaban a distintos sectores de la sociedad penquista a la participación cívica.
La estrategia liberal de incorporar a los actores sociales a través de políticas inclusivas, fue parte de una efectiva retórica persuasiva dirigida a quienes hasta no pocos años atrás habían sido expresamente excluidos de la vida política.
En esos «meeting», no sólo se lograba un efecto de masas, sino también se concretaba una labor pedagógica donde el adoctrinamiento ideológico cumplía un rol central: Jamás el pueblo de Concepción había presenciado una manifestación tan espléndida como la del domingo.
Convocados todos los ciudadanos para enviar un voto de confianza i aliento al gobierno que trabaja ahora por el bien del país, no se hicieron esperar a tan santo llamado, i la hora prefijada para la reunión, el teatro se veía completamente invadido de buenos ciudadanos[...]
Una concurrencia de mil quinientas personas[...] esta numerosa concurrencia paseándose por la plaza para ser contemplados de todos i de todo su número contado, indican que Concepción ha muerto su indolencia i se presenta, con sus nobles antecedentes, a la vida activa, con fe en el porvenir, con la esperanza en el corazón.
50 La economía moral del sector de la población urbana que hizo propio el discurso liberal, se modificó.
Ello implicó el reemplazo de la antigua economía doméstica por otra basada en el cálculo y la competencia por la ganancia.
Al producirse esta transformación en las clases subalternas, las protestas sociales que se llevaron a efecto en el último tercio del siglo XIX estuvieron mediatizadas por este sustrato cultural.
Cabe destacar el hecho que estas masivas reuniones políticas se insertan en un clima de ampliación del electorado, que verá la luz de manera efectiva con la «Ley electoral de 1874».
51 Esto es lo que E.P. Thompson ha descubierto en los contenidos de los motines de subsistencia y las protestas campesinas en la Inglaterra del siglo XVIII.
MAURICIO F. ROJAS GÓMEZ Y MARCO A. LEÓN LEÓN
La «paradoja de la represión», a la cual hemos hecho alusión, se explica por este cambio en la economía moral de la población.
Una vez que los sectores subalternos llevaron a cabo el proceso de deslegitimación de sus propios contenidos de conciencia reemplazándolos por aquellos que ha bían legitimado, provenientes de los grupos dominantes, la antigua tensión del choque cultural entre ambos sectores se tornó difusa.
Ahora el conflicto se trasladará al interior de la sociedad civil.
La conflictividad se evidenciará entre miembros de un mismo sector que, producto del triunfo de los postulados elitarios, se dividirán en cuanto a sus visiones de mundo.
Producto del cambio en los contenidos de la economía moral ya no se reconocerán como partícipes de posturas afines, sino que asumirán una estructura antagónica que reproducirá el esquema de dominación y hegemonía utilizado por las elites.
En la concepción gramsciana clásica, la hegemonía es entendida como una estrategia de adquisición del consentimiento activo de las masas mediante su auto-organización a partir de la sociedad civil y los aparatos de hegemonía (fábrica, escuela o familia).
52 En la ciudad de Concepción esto fue efectivo una vez que el doble proceso de deslegitimación y legitimación se hubo realizado.
Los barrios de menores recursos de Concepción generalmente coincidieron con los límites de la ciudad.
Varios de ellos eran espacios conflictivos, pero esa conflictividad al ser historiada nos proporciona una muestra de la progresión de los postulados hegemónicos en la sociedad civil durante la segunda mitad del siglo XIX.
En 1860 era conocido como territorio riesgoso el barrio del «Agua Negra», ubicado en el límite oriental de la ciudad de Concepción en las cercanías del río Andalién.
En ese lugar se refugiaban distintos tipos de personas que transgredían la ley, muchas veces amparados por los habitantes del sector.
La policía, por lo general, no entraba en ese barrio, pues era un territorio peligroso para quienes no eran residentes o no tenían vínculos con sus habitantes.
53 A modo de ejemplo, algunas noticias de ese barrio: Uno de los individuos que se ocupa de tocar por las calles el organito, cuyo nombre no nos ha sido posible averiguar, el sábado andaba ejerciendo su profesión a las ocho i media de la noche, cerca del «Agua Negra».
En el camino encontró cuatro hombres que... lo molieron a palos, golpes que hasta ahora han puesto en peligro la vida de este desgraciado.
Sin que el guardia le hubiese ordenado hacer alto, en fin sin causa alguna...le disparó un tiro de pistola con bala i en seguida dio inmediatamente carrera a su caballo, dirijiéndose hacia el «Agua Negra».
Se nos refiere que el domingo en la noche tuvo uno lugar [salteo] en el «Agua Negra»; i no ha sido poco el atrevimiento de los ladrones, pues se nos asegura que esto sucedía a las nueve de la noche.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.09 similares características eran «La puntilla» y el «Agua de las niñas», los cuales se localizaban en el límite occidental de la ciudad.
Estos barrios, si bien mantuvieron la característica de espacios conflictivos, hacia 1882 comenzaron a evidenciar fisuras dentro de las opiniones de sus habitantes.
El periódico «La libertad católica» en una noticia titulada «frecuentes desórdenes» nos ilustra al respecto:
La «violencia simbólica» implica la imposición de la cultura dominante a los grupos subalternos, siendo una de sus agencias más relevantes la educación.
55 A tal punto resulta la introyección llevada a cabo por el sistema educacional, que los postulados hegemónicos no sólo logran ser reconocidos por los sectores subalternos sino que también éstos llegan a reconocerse en ellos.
En la ciudad de Concepción se esgrimía que la educación era el mecanismo fundamental para lograr el tan deseado bienestar social y progreso económico.
Si en la década de 1860 el rol protagónico para alcanzar el desarrollo social, a través del orden, fue adjudicado los tribunales de justicia y la policía, en la de 1870 no hubo sector político y social que no adjudicara esta cualidad al sistema educacional.
Un artículo escrito en 1870, con una mirada optimista del acontecer nacional, indicaba que: En Chile, la agricultura, la cultura i la civilización están colocadas a la vanguardia de los otros países de nuestro continente.
56 El articulista, reconociendo este nuevo escenario de progreso, consideraba que estaría incompleto en tanto el «obrero» no participase de la estructura modernizadora que había abrazado el Estado:
[...] a la vuelta de algún tiempo esta misma industria vendrá a ser del dominio público i el obrero chileno se abrá apoderado de un arte para el cual no está preparado por la absoluta carencia de los conocimientos que se necesitan para un desempeño acertado[...]
Pero al intentarlo, no queremos hacer estensivo nuestro estudio a toda la clase obrera de nuestro país, sino solamente al pueblo de Concepción i demostrar el atraso en que se encuentra por la falta de instrucción e indicar cual sea el remedio para cortar tan grave mal.
57 Una descripción del estado de las escuelas en la provincia de Concepción, a mediados de 1858, permite apreciar que hasta esa fecha la educación no era una prioridad de las autoridades.
En el informe evacuado por el «visitador» de los establecimientos educacionales se indicaba que en el departamento de Concepción había siete escuelas diurnas para niños y una nocturna para adultos.
57 Ibídem MAURICIO F. ROJAS GÓMEZ Y MARCO A. LEÓN LEÓN El estado de estas escuelas cuando practiqué la visita, no me fue nada satisfactorio, porque casi en ninguna de ellas se notaba la menor organización.
La uniformidad en los métodos de enseñanza era desconocida, como también lo que constituye un buen réjimen interior[...]
La distribución del tiempo era viciosa, porque cada preceptor la determinaba como mejor le parecía o lo estimaba conveniente.
58 Ante este diagnóstico tan poco halagüeño, el enviado del gobierno precisó en su informe:
Puedo asegurar que solo ahora se de principio para ponerlas a la altura que el Supremo Gobierno anhela con tanto interés i al decidido empeño que con este mismo fin coopera el señor Intendente de esta provincia.
59 Efectivamente, el énfasis puesto en el desarrollo del sistema educacional tuvo eco en los sectores populares que consideraron un derecho cívico el gozar de un mejoramiento en las condiciones educativas.
A comienzos de la década de 1870 la visión de Concepción como una sociedad en progreso era evidente.
El desarrollo industrial se presentaba auspicioso, al igual que el plano educativo; en tanto, a diferencia de décadas anteriores, fue el sistema judicial el que recibió las mayores críticas por su mal funcionamiento:
Es innegable que seguimos una senda progresiva.
Concepción se encuentra a alguna altura...
La industria avanza, la instrucción también, solo la administración de la justicia permanece floja, sin actividad.
60 Si bien hubo quejas en la provincia que apuntaban a la inoperancia de las autoridades locales en cuanto a implementar ciertas políticas educacionales provenientes del gobierno central como era la instalación de «Comisiones visitadoras de escuelas», 61 la educación siguió siendo vista como un factor de desarrollo por todos los sectores sociales.
Los grupos subalternos vieron en la «Sociedad Popular de Educación» un instrumento de mejoramiento social, ya que era estimada como una instancia para salir de la condición de desmedro en la que se encontraban: La obra es grande, pero los obreros también aumentan, se alistan a porfía i no vemos el momento en que los cimientos arrojados por la juventud se conviertan en brillante edificio; orgullo de Concepción, bienestar de la república...Las sociedades de educación surjen, la juventud los patrocina con entusiasmo, la madurez con alegría, el obrero alza la vista i contempla con rostro radiante la nueva esperanza que alienta y anima su corazón.
62 Se perfila en estos comentarios el nuevo papel autoasignado por los sectores subalternos urbanos.
Las relaciones sociales que se establecen en el ámbito de la ciudad van incubando una nueva forma de entender las estructuras económicas y políticas de la población.
Cuando los vínculos de dependencia de la economía doméstica fueron reemplazados por la relación contractual, de tipo impersonal, entonces la población subalterna se confirió la posibilidad del autoaprendizaje político.
El nuevo escenario urbano, con toda una arquitectura discursiva liberal, fue el ambiente adecuado para que la apropiación de estos postulados produjese un efecto no esperado por las elites: la conversión del sujeto subalterno no sólo en un «ser moral» sino también en un «ser político».
A través de la elección del liberalismo los grupos dominantes aspiraban lograr el desarrollo económico.
Paralelamente, la misma estrategia trajo como correlato que la población se inspirase en aquellos ideales para obtener una mejor posición en la estructura social.
Esto no fue bien visto por los grupos dominantes en Concepción quienes se opusieron a estas intenciones de los sectores populares.
De esta forma se explica la molestia expresada por estos últimos en las denuncias de intentos de boicot al desarrollo educacional que se estaba produciendo:
A pesar de la limpieza con que se trata de llevar a feliz término la realización de la obra, algunos satélites del mal, con su torcida voluntad, hacen lo posible para mostrar manchas donde ni siquiera se divisan[...]
¿Acaso no podrán soportar que la luz arranque el cetro a las tinieblas?
Acaso su egoísmo las arrastra hasta vituperar brillantes tendencias, laudables propósitos?
La afinidad entre los discursos elitarios y la visión subalterna referida al mejoramiento económico sumada a una estrategia de desarrollo que posibilitaba la participación, permitió que se pudiese construir la hegemonía estatal sobre la base de la ideología liberal.
Los mecanismos de control y difusión de las ideas dominantes, como la policía y la educación, posibilitaron que la «negociación» entre los grupos hegemónicos y subalternos se estableciera bajo nuevas formas de relaciones sociales.
De esta manera, el poder simbólico estatal se fue estructurando con la venia de los sujetos subalternos.
Dicho poder permanecería estable siempre y cuando la oligarquía permitiese a los grupos subalternos participar de espacios políticos y mejoras sociales que estuviesen de acuerdo a los criterios contenidos en la economía moral de la población.
Si ello no ocurriese, acarrearía la deslegitimación de los grupos dominantes y, en consecuencia, devendría la alteración del orden social.
Así fue entendido por una de las mentes más perceptivas de la elite santiaguina, Julio Menadier, editor del «Boletín» de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien en 1883 no sólo proporcionó un diagnóstico de las razones del malestar de la población subalterna, sino también concluyó con una propuesta que sirve como corolario a la estrategia liberal del control social: La mayor prosperidad de una gran parte de la nación revelada por el lujo i ostentación, se ve irremediablemente acompañada también, doquiera, por la mayor miseria o desgracia de otra facción, la cual no tarda en solicitar de aquella los socorros para subsistir...Mientras no se facilite la instrucción, el amor al trabajo i el espíritu de economía, todas las medidas tomadas contra los vagos han de quedar verdaderos «golpes en vago»[...]
Dando ocupación remunerativa a la masa del pueblo, se quitó su malestar habitual i se incrementó las fuerzas productoras i con ellas los consumidores.63
Durante el siglo XIX, las élites dirigentes de la provincia y ciudad de Concepción se abocaron a la tarea de organizar un Estado republicano utilizando diversos mecanismos de control social.
En la etapa inmediatamente posterior a la guerra de independencia las tendencias liberales no lograron consolidar la gobernabilidad en Chile (1820-1829).
De hecho, fue un período finalizado abruptamente por un golpe de Estado llevado a cabo por la reacción conservadora que instaló un modelo coercitivo-estatal de control social (1830-1860).
Hacia fines del período conservador las élites chilenas sufrieron un giro en sus postulados y fueron transitando hacia el liberalismo producto de las tendencias políticas y económicas de la época, provenientes principalmente de Europa.
La estrategia liberal establecía ciertas condiciones básicas para que el modelo funcionase, en función del progreso material.
Una de ellas era el orden social.
Este concepto no se limitaba sólo al obedecimiento de ciertas normas legales (control social punitivo), sino que implicaba la necesaria transformación de los contenidos de conciencia de la población subalterna.
Lo imperioso era transformar a las «clases peligrosas» en «seres morales».
De esta manera, la «civilización de las costumbres» de los sectores subalternos se convirtió en la meta impuesta por las elites decimonónicas tanto del país como de Concepción.
El punto de inflexión de este proceso fue el año 1860.
Durante el mes de enero de ese año, y como parte de la reestructuración de los cuerpos de policía, se creó la policía urbana la que, a partir de entonces, funcionó en paralelo a la policía de seguridad.
La primera tenía una labor coercitiva; en cambio, la segunda, se dedicó a la vigilancia del aseo, ornato e higiene de la ciudad.
Este hecho inauguró la estrategia de control social por el consenso, ya que se fueron inculcando de manera sistemática modos de comportamientos ajenos a los que tradicionalmente la población practicaba.
Hacia 1870 las elites dirigentes estimaron a bien adoptar el modelo liberal de desarrollo, lo cual exigía que la población ya no sólo cambiase sus estilos de vida sino que, además, debían incorporarse a la cultura liberal.
Ello implicaba que valores propios del liberalismo tales como el orden, la sistematicidad laboral, la regulación del tiempo y el valor del salario, debían ser adoptados por la cultura subalterna.
El ambiente de la ciudad fue propicio para el logro de estos cambios.
Fue en ella donde las ideas y discursos provenientes de Europa y Estados Unidos calaron rápidamente en la mentalidad de los obreros.
Una de estas transformaciones tuvo que ver con la idea del trabajo.
Hacia la década de 1830 la legislación lo aplicaba como castigo a quienes no se sujetaban a las normativas legales de la época, situación que variará hacia fines del siglo XIX cuando la población subalterna lo entenderá como un derecho que debía ser protegido y valorado.
Se estimaba que mediante el trabajo sistemático se podían alcanzar niveles de desarrollo propicios para la población.
De manera transversal, tanto las élites como los grupos subalternos concordaron en que mediante la actividad laboral se podía conseguir el progreso material y social.
Similar visión tuvieron ambos grupos acerca de la educación.
Ésta era entendida como la base para el mejoramiento de las condiciones de vida y el alejamiento de los «males» de la comunidad.
La concordancia entre los postulados de los discursos de la elite y la población subalterna da cuenta de un doble proceso llevado a cabo por esta última: a) la apropiación y legitimación de los discursos hegemónicos, y b) la deslegitimación de los propios.
Cuando esto se produjo, los sectores subalternos lograron concebir al Estado como una institución en la cual ellos |
El imaginario tecnológico de Domingo Faustino Sarmiento: representaciones y arquetipos de América (1845-1885)/
José Manuel Azcona Pastor y Víctor Guijarro Mora
Universidad Rey Juan Carlos
El artículo examina la dimensión técnica del imaginario de Domingo Faustino Sarmiento y su influencia en la construcción de representaciones sobre la naturaleza, los tipos humanos, el progreso de las naciones, la educación y los personajes científicos.
Como se verá, el influyente estadista argentino crea desde una mirada tecnologista una amplia variedad de imágenes y arquetipos que pueden reconocerse en diversas obras.
El propósito del trabajo es pues la presentación de estos símbolos como un resultado de su actitud tecnológica y su exposición siguiendo una división que comprende cuatro categorías: la primera dedicada a las imágenes de una naturaleza hostil; la segunda a los arquetipos humanos; la tercera a las naciones modelo (en especial, como resultado de su viaje a Estados Unidos) y la cuarta al tratamiento de la figura del científico y del tecnólogo como héroes y agentes del progreso.
Es ya conocida la influencia que tanto el socialismo utópico como el liberalismo ejercieron sobre una generación de intelectuales latinoamericanos con ambiciones políticas y con deseos de consumar la emancipación tanto política como mental de la etapa colonial.
En este proceso se sustituyó a España por Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
2 Entre ellos destaca el argentino Domingo Faustino Sarmiento, quien compartía, como es sabido, los intereses del movimiento romántico de la Generación de 1837, integrada por figuras como Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez y Marcos Sastre.
3 Estas concepciones se combinaron, más adelante, con algunas aportaciones del positivismo, del darwinismo social y de las corrientes antropológicas que defendían el determinismo natural de las culturas.
4 A partir de las correspondencias entre esos saberes y actitudes de la élite y su fascinación por la tecnología como instrumento de progreso y civilización, Sarmiento nos desvela un mundo diverso de representaciones y arquetipos.
La mirada de los objetos, de la naturaleza, de las grandes construcciones, así como de la ciudad y de los agentes del progreso que aparece en diversas obras escritas entre 1840 y 1885 tiene significado si atendemos a la dimensión simbólica que el autor atribuye a la práctica tecnológica.
Más allá pues de las contradicciones entre los textos de Sarmiento y los contextos sociales y económicos, que alguna vez aparecen mencionadas en el presente trabajo, el estudio se centra en la experiencia sarmientina según se muestra en sus escritos.
De esta forma, el imaginario y en particular su dimensión técnicosimbólica, se proponen como objeto de análisis histórico, siguiendo así los planteamientos que Beatriz Sarlo presenta en La imaginación técnica.
5 1 Los autores queremos mostrar nuestro agradecimiento a Leoncio López-Ocón, Leonor González, Josu Ruiz de Gordejuela y Matteo Re, quienes con sus aportaciones han contribuido a mejorar y enriquecer las versiones previas de este trabajo.
4 La influencia positivista se refleja en su insistencia en la figura del científico y del tecnólogo como modelo de santidad laica, así como en la defensa de la educación práctica; el darwinismo social, por su parte, se advierte en su defensa de la supervivencia de las culturas en función de su posición más o menos ventajosa en el mercado internacional.
Mediante este trabajo se pretende de igual manera aportar información a los estudios culturales que centran su interés en los propósitos ideales asociados con determinadas prácticas de la tecnología; sobre la dimensión simbólica de la tecnología y su distinción de la función económica e intelectual, Pacey, 1980, 9-18; pueden incluirse en este tipo de enfoques la obras de Marx, 1964; Kasson, 1999; Nye, 1997.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.10 Para examinar la posición de Sarmiento en este escenario atenderemos a las siguientes divisiones: 1) las representaciones de la naturaleza, donde incluimos la visión del desierto y la pampa, la amenaza del mundo natural y el contraste entre el paisaje rural y el urbano; 2) los tipos humanos: el «industrioso» que domina la técnica frente al «indio» (el hacendoso frente al perezoso; la rapidez y el dinamismo frente a la lentitud y la inmutabilidad); 3) las naciones ideales, donde destacamos particularmente las impresiones de su viaje a Estados Unidos y 4) los santos laicos: la atención a las vidas ejemplares de científicos y tecnólogos.
Visiones: las fronteras de la civilización
Al describir el paisaje argentino, Sarmiento en Civilización y barbarie 6 se refiere a las amplias zonas despobladas, así como al predominio de la llanura, el bosque y el desierto.
«El mal que aqueja a la República Argentina -dice-es la extensión; el desierto la rodea por todas partes, se le insinúa en las entrañas; la soledad, el despoblado sin una habitación humana, son por lo general los límites incuestionables entre unas y otras provincias».
7 Son lugares inseguros y hostiles, inmensos porque no hay formas de comunicación ni acción humana, donde las pequeñas poblaciones de campesinos y ganaderos viven con la amenaza de la proximidad del salvaje o la inquietud por la presencia de un tigre o de una víbora que lo acecha.
Una excepción en el horizonte desalentador son sus ríos navegables.
Las vías fluviales, comenta Sarmiento, no han sido explotadas porque a los españoles no les fue dado el instinto de la navegación, que sí poseen en cambio los «sajones del Norte».
Este espíritu contrasta con el propio de la pampa, dominado por la barbarie.
8 Imagina el autor que «En la solitaria caravana de carreteras que atraviesa pesadamente las pampas, y que se detiene a reposar por momentos, la tripulación, reunida en torno del escaso fuego, vuelve maquinalmente la vista hacia el sur al más ligero susurro del viento que agita las yerbas secas, para hundir sus miradas en las tinieblas profundas de la noche en busca de los bultos siniestros de la horda salvaje que puede sorprenderla desapercibida de un momento a otro».
9 En la sección dedicada a describir los caracteres argentinos cita el poema de Echeverría La cautiva (1837), donde con tintes románticos se narra la lucha de María, el personaje central, contra el cautiverio al que está sometida junto con su marido por los indios; allí el desierto (primera parte del poema), el llano y la pampa tienen vida propia, y en estos lugares es donde campa «la insensata turba [que] con su alarido perturba las calladas soledades [...] el bando de salvajes, atronando el campo convecino [...]».
10 Es el indio sanguinario que asola la civilización.
El estado natural es pues sinónimo de barbarie y esta situación sólo podrá superarse mediante la tecnificación, equivalente a su vez a la acción civilizadora.
Según L. Urteaga, durante la Ilustración se extendió una visión economicista del entorno natural que, en una de sus variantes, el enfoque progresista, entendía la naturaleza como un obstáculo.
11 Subraya de igual manera Leila Gómez en Iluminados y tránsfugas el contraste entre la visión de la naturaleza de los escritores románticos norteamericanos (en particular los vinculados al transcendentalismo, como Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau) y la de Sarmiento.
«Para el trascendentalismo -según afirma la autora-, la naturaleza del nuevo continente se presenta como un desafío intelectual y espiritual más que como una fuerza antagónica y barbárica».
12 Pero además en las visiones sarmientinas se reproducen modelos arraigados en tradiciones culturales anteriores.
Dice R. Bartra en El mito del salvaje que en la cultura judeocristiana el desierto era un «espacio de tentación y de prueba, de peligro y de éxtasis, de 9 Ibidem, 544.
10 Echeverría, 1991; en el poema aparecen también escenas en las que indios borrachos absorben la sangre de un caballo con un corte de cuchillo en el cuello: «Aquél come, éste destriza,/más allá alguno degüella/con afilado cuchillo/la yegua al lazo sujeta,/y a la boca de la herida,/por donde ronca y resuella,/y a borbollones arroja/la caliente sangre fuera,/en pie, trémula y convulsa,/dos o tres indios se pegan/como sedientos vampiros, sorben, chupan, saborean/la sangre, haciendo mormullo,/y de sangre se rellenan (Segunda parte, «El festín»).
La novela Amalia (1851) de José Mármol emplea también la oposición barbarie-civilización para situar la historia de unos personajes amenazados por la pampa, los gauchos y los indios, Larrain, 2005, 87.
12 Gómez, 2009, 14 El contraste entre el medio rural y el urbano sirve a Sarmiento para insistir en los argumentos ya expuestos.
La ciudad es el «centro de la civilización argentina, española, europea», donde «están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, los pueblos cultos».
El desierto, «llano inculto de centenares de millas cuadradas», rodea a estos enclaves privilegiados.
15 También campos extensos circundan la ciudad.
Pero donde no hay urbes, con su fisonomía regular y sus calles ordenadas según ángulos rectos, el progreso moral es imposible, la civilización no se consigue y la barbarie es el recurso común.
Incluso en el interior de las ciudades, como se verá en el caso de Valparaíso, hay contrastes: la agitación del puerto se opone a la lentitud del fango que llena sus calles.
Son enclaves urbanos que aún no han conseguido acercarse a la geometría de París 16 ni a producir la sensación que en 1846 le provocaba la capital francesa, cuando después de sus paseos escribía: «Je flâne, yo ando como un espíritu, como un elemento, como un cuerpo sin alma en esta soledad de París.
Ando lelo; paré ceme que no camino, que no voy sino que me dejo ir, que floto de las aceras a los bulevares».
Otras afirmaciones similares aparecen en páginas posteriores, como que en las llanuras argentinas «la sociedad ha desaparecido completamente, queda sólo la familia feudal, aislada, reconcentrada; y no habiendo sociedad reunida, toda clase de gobierno se hace imposible...
Es, en fin, algo parecido a la feudalidad de la Edad Media, en que los barones residían en el campo, y desde allí hostilizaban las ciudades y asolaban las campañas, pero aquí faltan el barón y el castillo feudal» (Ibidem., 554-555).
De este país le llamó especialmente la atención la dinámica Valparaíso.
La ciudad se había convertido desde finales del siglo XVIII en uno de los enclaves portuarios más importantes para los buques que, atravesando el Cabo de Hornos, seguían la ruta que comunicaba Europa con la costa del Pacífico.
Contaba por ello con una próspera actividad comercial.
Emprendedores procedentes de diversos países, algunos del Viejo Continente, habían establecido en el lugar sus negocios.
Sarmiento ordenó sus impresiones sobre la ciudad para conformar un texto inscrito en la literatura de viajes.
Pero en este caso lo que le llama la atención son las costumbres, miserias del lugar y los paisajes artificiales.
Durante las primeras décadas del siglo XIX adquirieron una cierta popularidad, especialmente en Inglaterra (el «taller del mundo»), las guías de viajes industriales, algo inconcebible en épocas anteriores.
Se trataba de mostrar los logros de la habilidad y de la inteligencia humanas, una propuesta que se encuentra recogida, por señalar dos ejemplos, en las obras de W. Cooke Taylor, Notes of a Tour in the Manufacturing Districts of Lancashire (Londres, 1842) o la de B. Love, The hand-book of Manchester (Manchester, 1842, 2.a ed.).
18 Mientras que en éstas el propósito se muestra de manera explícita, en el texto de Sarmiento aparece de una manera tácita, acompañada de la firme intención de denunciar unas impresiones que le incomodan.
El Valparaíso que se inventa Sarmiento tiene un punto de partida recurrente, el contraste entre esta ciudad, próspera y cosmopolita, y los pueblos del interior, anunciado ya en las primeras líneas de su escrito.
19 Pero las oposiciones están presentes igualmente en el interior de la propia urbe.
El relato comienza con el penoso traslado a una posada, donde coincide con «dos ingleses» y un «francés».
Los primeros hablan de los «caminos de vapor y los carriles macadamizados»; 20 el segundo de la excelencia de los caminos de Francia.
21 La alusión a la tecnología de las comunicaciones tiene el propósito de reforzar el contraste entre la modernidad, el progreso y la civilización y el atraso de los caminos de fango por donde ha transitado, símbolos de la «rudeza inculta de nuestra América».
Pero ante todo, lo relevante del Valparaíso según lo concibe Sarmiento es que Allí viven extranjeros opulentos; hay un gobierno ilustrado y anheloso por la mejora del país; hay un pueblo civilizado que quisiera dar a sus huéspedes la más ventajosa idea de su cultura, civilización y costumbres; hay comercio que hace apreciar lo que las vías de comunicación influyen en la riqueza pública; hay gente educada, en fin, y sus costumbres a la europea y las calles serán modelo de policía, aseo y esmero, digno de proponerse a la imitación de las demás ciudades del interior que conservan más arraigados sus hábitos coloniales.
22 Observa unos pabellones de colores empleados por los europeos como almacenes e imagina que albergan diversos productos de la industria, que son los «resultados gigantescos de su ciencia».
Además de responder a los intereses materiales, el movimiento de mercancías y buques que se lleva a cabo en el puerto tiene un efecto moral que contribuye a impulsar la riqueza nacional y el desarrollo de la inteligencia.
Viene a continuación un alegato a favor de la actividad comercial, garante, según sostiene, de la libertad y de la mejora social.
Y seguidamente destaca los rótulos de almacenes, registros y tiendas que se encuentra a su paso:
Grogan, Good Habanah cigars, Chandleers oil and colour stores, Best beer & cigars of all kinds,... en definitiva, para Sarmiento la utopía se sustenta, como se advierte en su Argirópolis o la Capital del Río de la Plata (1850), en la idea de ocupar el espacio mediante la urbanización 23 o bien en cercar los campos mediante alambres.
«¡Cerquen, no sean bárbaros!», decía Sarmiento a los propietarios de tierras.
Sarmiento se sirve de la categoría de raza como grupo humano cultural y originariamente diferenciado para enfatizar las insalvables diferencias de su país.
A esta categoría se asocian rasgos físicos y rasgos morales: la diligencia, el dinamismo y la innovación (tipos humanos industriosos) frente a la inactividad, la indolencia y la inmutabilidad (tipos 22 Ibidem, 142.
24 Años más tarde, las firmas H. Henneberg & Co. y Justo y Ackermann empleaban el nombre «Sarmiento» en una marca de alambre destinada a este fin (Reggini, 1997, 18).
Afirma que en la pampa prevalece un pueblo compuesto de dos razas mezcladas, la española y la indígena.
En las áreas rurales de Córdoba y San Luis predomina la raza española pura; en Santiago del Estero los habitantes hablan el quechua, lo que revela su origen indio.
En cuanto a la raza negra, extinta excepto en Buenos Aires, añade que es «el eslabón que une al hombre civilizado con el palurdo; raza inclinada a la civilización, dotada de talento y de los más bellos instintos de progreso».
Por lo demás, de la fusión de las estas tres familias ha resultado un todo homogéneo que se distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial, cuando la educación y las exigencias de una posición social no vienen a ponerle espuela y sacarla de su paso habitual.
Mucho debe haber contribuido a producir este resultado desgraciado la incorporación de indígenas que hizo la colonización.
Las razas americanas viven en la ociosidad, y se muestran incapaces, aun por medio de la compulsión, para dedicarse a un trabajo duro y seguido.
Esto sugirió la idea de introducir negros en América, que tan fatales resultados ha producido.
Pero no se ha mostrado mejor dotada de acción la raza española cuando se ha visto en los desiertos americanos abandonada a sus propios instintos.
26 En 1883 publica Conflictos y armonías de las razas en América, obra que no añade novedades sobre las ideas básicas que había mantenido décadas antes.
30 Profundiza allí en el concepto de raza como mecanismo diferenciador y como forma de mantener la pureza frente a la degeneración provocada por la mezcla de etnias distintas.
31 Ideas que estaban en el núcleo del determinismo naturalista de las culturas, tendencia que caracterizó la antropología física europea desde la década de 1840.
La fe en la epistemología cientifista (positivismo), la creciente competitividad vinculada a la expansión industrial y el proceso colonizador y migratorio incrementaron el interés por el uso de la raza como categoría de distinción humana.
32 Es en el período mencionado cuando aparecen las sociedades etnológicas y antropológicas en Inglaterra, Francia y Estados Unidos.
Basándose esta vez en la retórica etnológica, en las clasificaciones y en observaciones de viajeros Sarmiento mantiene sus clásicas apreciaciones sobre la incapacidad de ciertas razas para contribuir al progreso, entendido en el sentido de progreso material.
En sus referencias, lo físico y lo moral se entrecruzan, no hay separación: todos los indios en América se parecen físicamente y, por tanto, todos comparten los mismos vicios morales.
33 Sus juicios y divisiones, acompañadas de las alusiones físicas tenían así, como los estudios de la antropología positivista, una apariencia científica.
34 Pero igualmente legitiman las decisiones que conducen a su exterminio.
35 Con la raza negra se acerca, en cambio, a la mentalidad liberal y muestra así sus deudas con las concepciones norteamericanas, sobre todo las utilitaristas del costebeneficio.
36 La esclavitud, en este sentido, era una práctica inútil; la prohibición de esta institución favorecería la emergencia de un mercado de trabajo a bajo costo.
Estos tipos humanos contrastan con la figura del «europeo industrioso».
Explica al final de Facundo que de Europa anualmente emigran medio 30 Por señalar sólo un ejemplo, seguía insistiendo en la desidia y apatía de los indios (tanto los de Louisiana y Canadá como los de Perú) y en su incapacidad para aprender (Sarmiento, 1883, 22); sobre los araucanos, ibídem, págs. 32 y ss.
31 El asunto sobre la degeneración derivada de la fusión ya contaba con una cierta tradición; entre los autores defensores de esta tesis y de la pureza racial destaca J. A. de Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines, París, 1853-1855 (Peset, 1983, 55-58).
32 Stocking, 1982, 38; Smith, 1997, 393 enseñándonos a trabajar, explotando nuevas riquezas, y enriqueciendo al país con sus propiedades; y con un millón de hombres civilizados la guerra civil es imposible, porque serían menos los que se hallarían en estado de desearla.
La colonia escocesa que Rivadavia fundó al sur de Buenos Aires lo prueba hasta la evidencia; ha sufrido de la guerra, pero ella jamás ha tomado parte, y ningún gaucho alemán ha abandonado su trabajo, su lechería o su fábrica de quesos, para ir a corretear a la pampa.
Ese «gaucho alemán» nada tiene que ver con el gaucho que se desenvuelve en las condiciones de una naturaleza indómita.
Son estos de «caras cerradas de barbas» y «con semblantes graves y serios»; son personas altivas y arrogantes que miran con desdén al habitante sedentario de la ciudad, que «nunca ha parado un tigre, recibídolo con el puñal en una mano y el poncho envuelto en la otra, para meterlo en la boca, mientras le traspasa el corazón y lo deja tendido a sus pies».
38 Según afirma el autor más tarde, «La vida en el campo, pues, ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas, sin ninguna de las de la inteligencia».
39 Sarmiento especula con dos mecanismos para sustituir unos arquetipos por otros.
Uno, el ya visto, es el de la inmigración.
El otro es el de la educación.
De las ventajas de la educación, especialmente de la adquisición de valores, excluye al indio por su «ineducabilidad» y los individuos de sangre mixta por ser «incapaces e inadecuados para la civilización».
Para él, la expansión de una cultura desplaza y hace insostenible la supervivencia de otras.
Así pues, lo que Sarmiento está reflejando es una combinación de presupuestos liberales y de ideas procedentes del darwinismo social, propuesta, esta última, que defendía un mundo donde los menos aptos tendrían que ceder ante quienes fueran más avezados a la hora de explotar los recursos naturales, establecer fábricas y controlar el comercio.
40 En De la educación popular ocupa un lugar central lo que el autor denomina «el conocimiento aunque rudimentario de las ciencias y hechos necesarios para formar la razón».
41 Las naciones poderosas se forjan, según expone, promoviendo su fuerza industrial, moral e intelectual, y la vía para conseguir estos propósitos es la educación pública.
42 Compuesta cuatro años después que Facundo, en De la educación sigue manteniendo argumentos ya familiares, como cuando afirma que los países iberoamericanos están condicionados por su pertenencia a una raza que «figura en última línea» dentro de ese orden de civilizaciones impuesto por el progreso.
España y su herencia -tampoco esto sueña extraño-son los responsables de esa postergación.
Los estereotipos siguen ocupando un lugar destacado en las categorías analíticas empleadas por Sarmiento.
Un procedimiento que se emplea igualmente para elogiar las desproporcionadas capacidades de otros países, atribuciones que contribuyeron a crear el mito del genio ideal europeo o de la nación modelo, que se verá posteriormente.
Las páginas siguientes de la extensa introducción explicativa están dedicadas a examinar casos que confirmen la relación entre la carencia de una formación primaria y la ineptitud para las tareas industriales.
Ofrece como ejemplo dos fábricas de Santiago de Chile, donde los herreros que debían reparar las máquinas no comprendían su funcionamiento y los extranjeros que sí eran capaces pedían cantidades exorbitantes.
Después alude a los testimonios de empresarios norteamericanos, británicos y franceses para apoyar sus tesis.
Aquí insiste en el rasgo ya apuntado, el de los efectos morales que tiene esa clase de instrucción, cuya relevancia para el empresario es tan grande como la supuesta adquisición de habilidades, que muy probablemente se consiguen por medio de la experiencia en el seno de la fábrica y no por los conocimientos asimilados en las etapas iniciales 40 Katra, 1996, 853-912 y 886-886.
En este apartado cita al abogado de Edimburgo George Combe (1788-1858), popularizador de la frenología, 43 de quien le interesan especialmente sus afirmaciones sobre la disciplina moral y mental que se logra mediante la educación.
De él destaca algunas declaraciones, como la que compara a los educados e instruidos alemanes en las escuelas prusianas con los «educados, inteligentes y enérgicos operarios de Manchester y Birmingham».
44 Es decir, los valores de la civilización técnico-industrial se adquirían tanto mediante la asistencia a los centros apropiados como a través del trabajo en las fábricas.
Sobre la primera de las vías, la de la inmigración, al menos en Argentina, los movimientos de población procedentes de Europa siguieron unas tendencias diferentes a las previstas por Sarmiento.
Entre 1857 y 1910, los países de procedencia dominantes fueron, en este orden, Italia y España, seguidos a una cierta distancia por Francia.
De acuerdo con el trabajo de Blanca Sánchez Alonso, 45 que añade las conclusiones de otros estudios, 46 las personas procedentes de la Europa del Sur eran trabajadores no cualificados o con una cualificación baja.
En el caso español, la mayoría eran agricultores y jornaleros y desempeñaron las profesiones más diversas, favorecidos por esa baja cualificación que facilitaba su incorporación a un mercado abierto como el argentino de las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial.
Entre 1876 y 1895, en esa situación de trabajador no cualificado se encontraba el 89% de los italianos, que representaba un mayor porcentaje que los españoles (77%), si bien en las décadas siguientes esta circunstancia se invirtió.
Los italianos contaban con algunas ventajas en el proceso de integración en el mundo laboral, como las redes de apoyo y una información más precisa de las necesidades profesionales.
Los españoles, por su parte, compensaban esas deficiencias con la ausencia de impedimentos por el idioma y una mayor alfabetización (en 1914, en torno al 25% de la población española residente en Argentina era analfabeta, frente al 38% de los italianos).
43 La frenología atrajo la atención de Sarmiento, quien ya alude a Franz Joseph Gall y Johann Gaspar Spurzheim, iniciadores de esta técnica, en Facundo, civilización o barbarie.
El propio Comte creía igualmente en las conclusiones de la frenología (Olson, 2008, 68) En realidad, el personaje inventado por Sarmiento para revolucionar los cimientos culturales americanos, el supuesto individuo equipado con los valores arquetípicos de la laboriosidad europea no aparece como un sujeto decisivo en los cambios socio-económicos acaecidos en el último cuarto del siglo XIX.
La transferencia de tecnología no es producto de la suma de aportaciones individuales, sino que tiene lugar en un marco en el que diversos países sudamericanos, entre ellos Argentina junto con Brasil y Uruguay, se consolidan como naciones exportadoras de productos agropecuarios.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.10 Este fenómeno acontece en conjunción con los intereses empresariales derivados de la expansión comercial y de los propósitos de los países industrializados.
La prioridad tecnológica más inmediata fue la relacionada con la obtención, transformación y transporte de los productos de exportación.
En esta política adquirieron relevancia las instalaciones frigoríficas, las fábricas de conservas, los tostaderos de café, las refinerías de azúcar, las instalaciones para el tratamiento del caucho, las refinerías de petróleo, y todo tipo de instalaciones para la explotación minera, además de la colocación del trazado de líneas férreas.
Posteriormente se atendió, por el aumento de complejidad de las economías, a infraestructuras como el transporte público, la telegrafía y el material eléctrico.
Finalmente, el crecimiento de la población y de su nivel de vida influyó en el asentamiento de una industria de bienes de consumo.
Por tanto, un cuadro más complejo que el imaginado por Sarmiento, que creía más en la fuerza de los valores arquetípicos que transferían los individuos pertenecientes a un colectivo diferenciado (el idealizado hombre del norte de Europa) que en la influencia de las condiciones externas, la adaptabilidad del ser humano a los nuevos entornos y los cambiantes intereses económicos y geoestratégicos de las grandes potencias.
A las antinomias ya señaladas, resumidas en el contraste civilización/barbarie, Sarmiento añade otras similares, como la de progreso/estancamiento y regresión/innovación, presentes en el pensamiento liberal iberoamericano del siglo XIX 48 y empleadas por nuestro autor para destacar las diferencias entre países tecnológicamente avanzados y los que se encuentran en una situación de atraso.
Dice en De la educación popular:
Carecen ['España y sus descendientes'] de medios de acción, por su falta radical de aquellos conocimientos en las ciencias naturales o físicas, que en los demás países de Europa han creado una poderosa industria que da ocupación a todos los individuos de la sociedad, la producción; hija del trabajo, no puede hacerse hoy en una escala provechosa, sino por la introducción de los medios mecánicos que ha conquistado la industria en los otros países; y si la educación no prepara a las venideras generaciones, para esta necesaria adaptación de los medios de trabajo, el resultado será la pobreza y oscuridad nacional, en medio del desenvolvimiento de las otras naciones 48 Dávila, 2002, 65-108.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.10 que marchan con el auxilio combinado de tradiciones de ciencia e industria de largo tiempo echadas, y el desenvolvimiento actual obrado por la instrucción pública que les promete progresos y desarrollo de fuerzas productivas mayores.
49 La década de 1840 fue para el autor un período de intensa labor en el terreno de la enseñanza y del pensamiento educativo, una tarea que había llevado a cabo en Chile huyendo de la política de Juan Manuel de Rosas en Argentina.
Durante esa estancia, el Ministro de Instrucción Pública le encargó la dirección de la que es considerada como la primera escuela latinoamericana dedicada a la formación de maestros, la Escuela Normal de Preceptores (1842).
En 1845, fue comisionado para viajar a Europa y Estados Unidos con el propósito de conocer los métodos aplicados en esos lugares y resolver los numerosos problemas que el nuevo centro estaba provocando.
Las impresiones de ese periplo se reunieron en el ya citado De la educación popular y en extensas cartas dirigidas a amigos (reunidas en Viajes por Europa, África y América).
Francia ejerció, como bien es sabido, una poderosa influencia en diversas generaciones de intelectuales argentinos desde la Generación del 37.
Su filosofía, historia, literatura, historiografía y política han estado presentes en las referencias de estos pensadores ocupados en la localización de modelos que sirvieran a los ideales emancipatorios y a la reconstrucción nacional.
También menciona Sarmiento con devoción el «norte de Europa», de donde procede el individuo industrioso del que ya hemos hablado anteriormente.
Pero si tuviéramos que seleccionar el icono más representativo de la tecnofilia sarmientina, la elección debería recaer en Estados Unidos.
Diversas representaciones, acompañadas de antagonismos y referencias a la cultura material, conforman este símbolo de la cultura tecnológica y del progreso.
Las primeras líneas que resumen sus impresiones del país señalan abiertamente la posición del autor, cuando advierte que «Los Estados Unidos son una cosa sin modelo anterior» y dedica a continuación diversos epítetos como los de grandiosidad, nobleza y regularidad a la nación.
50 Señala que ha visitado todas sus grandes ciudades y atravesado veintiuno de los estados más ricos.
No va hacer, asegura, una descripción ordenada y comienza con alusiones a sus favorables condiciones naturales, indicando los recursos que benefician las comunicaciones, el transporte de materias primas y el comercio.
Las facilidades naturales se entremezclan con las acciones técnicas, donde destacan las referencias a las instalaciones de telegrafía eléctrica, sobre la que ofrece algunos datos acerca de su extensión y que representan un complemento básico para que los emigrantes ocupen las tierras: «ruedan torrentes humanos por entre las selvas primitivas, y la palabra pasa muda por sobre sus cabezas en hilos de hierro, para ir a activar a lo lejos aquella invasión del hombre sobre el suelo que le estaba reservado, [...]».
51 También el ferrocarril completa las «líneas» que ya forman los lagos facilitando las comunicaciones rápidas y baratas, al alcance de todas las fortunas.
A estas alusiones se suman otros resultados de la técnica que pueden observarse en las aldeas y en sus casas, «de ladrillo construido con el auxilio de máquinas, lo que da a sus costados la tersura de figuras matemáticas».
52 Es decir, una apreciación situada en las antípodas de lo que un partidario de fomentar las artes y los oficios y displicente a su vez con la industrialización, como John Ruskin, valoraba en la Inglaterra del siglo XIX.
53 Porque para Sarmiento la sociedad, que nace en los «bosques» es una consecuencia de la civilización y la máxima aspiración de sus componentes es tener cuanto antes, por un lado, «posta diaria, caminos, puertos, ferrocarriles, telégrafos, etc.», y por el otro, «de pieza en pieza» conseguir «el arado, el vestido, los utensilios de cocina perfeccionados, de patente, el último resultado de la ciencia humana para todos, para cada uno».
54 Esta exuberancia material no se encuentra en Europa, según el autor.
En el Viejo Continente ha visto «sus millones de campesinos, proletarios y artesanos viles, degradados, indignos de ser contados entre los hombres».
55 Hay, para el autor argentino, otros objetos y megaconstrucciones que identifican igualmente la nación-modelo.
En dos ocasiones habla, cuando hace comentarios sobre la vestimenta, de la afición del estadounidense por los relojes.
En una de ellas afirma que «Los americanos en masa llevan reloj: en Francia no lo usa un décimo de la población».
56 La consideración podría pasar inadvertida si no fuera por la relevancia que el mencionado artefacto ha tenido en la cultura occidental, puesta de manifiesto entre otros historiadores y pensadores por el filósofo de la tecnología Lewis Mumford 51 Ibidem, 428.
El reloj, el afán por sincronizar las actividades laborales y sociales, adquiere, según las conclusiones de estos autores, una creciente importancia en el contexto de la expansión de la civilización industrial y de los sistemas fabriles.
57 Lo que Sarmiento quiere decir con esa alusión es que los norteamericanos viven en una sociedad ordenada y disciplinada, valores que se consideran ejemplares.
El autor se detiene igualmente en dos construcciones, una perteneciente a los transportes y la otra a la arquitectura urbana.
De los transportes llama la atención sobre los barcos de vapor, que atraviesan parajes oscuros donde el viajero teme ser asaltado por «el último resto de las tribus salvajes».
Se trata de «palacios flotantes de tres pisos, con galerías y azoteas para pasearse».
58 Menciona el Issac Newton y el Hendrick, que mide este último 104 m. de largo y que posee 600 camarotes y capacidad para 2000 pasajeros, todo por un dólar.
59 De las ciudades destaca los «hoteles monstruo», en particular el Astor Hotel, que para Sarmiento significa la materialización del falansterio del socialista utópico Fourier.
60 Su conclusión sobre estas «colosales construcciones americanas» es que son una muestra inequívoca de que Estados Unidos se encuentra en el lugar más avanzado de la civilización.
Para algún motivo, Sarmiento más bien actúa siguiendo un patrón predeterminado (ya lo había hecho en Facundo, donde la descripción de la pampa se había realizado sin haber pisado esas tierras), con una opinión formada previamente y eludiendo cualquier consideración crítica.
En Estados Unidos el autor, en su búsqueda de fabricar una utopía, encontró alivio tras la impresión negativa y la crisis que le produjo la visita a Europa.
Santos laicos y vidas ejemplares
Para Sarmiento, el científico y el ingeniero eran los héroes de la modernidad.
Su atención a estos personajes se movía entre la ya consabida función redentora de la ciencia y la tecnología y el culto a la personalidad.
«Aunque no hubiera encontrado allí los grandes hoteles, edificios y canales dignos de sus hipérboles, los habría inventado» (Ibidem, 883).
La actitud crítica sí puede destacarse, sin embargo, en otros escritores, como en Alexis de Tocqueville, del que tomó varias ideas si bien sólo lo cita una vez.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.10 Esa admiración comenzó con el interés que mostró por Benjamin Franklin, al que leyó muy pronto, en 1826, mientras trabajaba en la tienda de su tía, y siguió posteriormente cuando se ocupó de otras figuras, como Charles Darwin o el paleontólogo Francisco Javier Muñiz, según veremos más tarde.
También fue amigo entre otros del santsimoniano Ferdinand de Lesseps, responsable de la construcción del canal de Suez, cuyos servicios intentó conseguir para la reforma del puerto de Buenos Aires en su etapa presidencial.
Lesseps representaba para Sarmiento, en sus elogiosas referencias al ingeniero, la imagen del emprendedor arquetípico.
En similares términos menciona a Samuel Morse, cuyo telégrafo con sus largas cintas perforadas es un símbolo de velocidad, economía y precisión horaria.
62 Franklin, al que cita tanto en Viajes63 como en Recuerdos de Provincias, es importante no sólo por sus estudios de electricidad y por ser el inventor del pararrayos, sino por su activismo político y por su concepción puritana de la ciencia y de la tecnología, así como de la vida.
Diligencia, orden, esmero y dedicación a tareas útiles son algunas de las virtudes que pueden leerse como máximas en los apuntes autobiográficos del norteamericano, así como en «El camino a la riqueza» (donde, por ejemplo, aparece la siguiente expresión: «La pereza hace las cosas difíciles; la industria, fáciles»).
64 Sin duda, esta era la imagen que Sarmiento quería promover.
Su identificación con el autor americano parece que alcanzó cotas elevadas, como muestra alguna expresión empleada en Recuerdos (autobiografía de 1850): «Yo me sentía Franklin», asegura; y añade: «Era yo pobrísimo como él, estudioso como él, y dándome maña y siguiendo sus huellas podía llegar a formarme como él, ser doctor ad honorem como él, y hacerme un lugar en las letras y en la política americana.
La vida de Franklin debería formar parte de los libros de las escuelas primarias».
Se ha llegado a afirmar que el «Franklin de los Recuerdos es Sarmiento mismo».66 Como cuando J. Bautista Alberdi escribe La vida y los trabajos industriales de William Wheelwright en la América del Sud (1876), la intención de Sarmiento es llamar la atención sobre un ejemplo didáctico y moral.
En el acto organizado en el Círculo de Médicos de Buenos Aires en 1882 con motivo del fallecimiento de Charles Darwin, Sarmiento pronunció una conferencia en la que mostraba su adhesión a los principios de la teoría de la evolución.
En ella dedica con el estilo exuberante habitual diversos elogios al científico y hace un particular repaso del devenir histórico en clave positivista, destacando progresos marcados por los acontecimientos científicos y técnicos.
Cuando llega al siglo XIX, afirma: Asistimos en esta época, a un período de observaciones profundas y de extensas meditaciones, afanándose el hombre en dar expresión á las leyes en virtud de las cuales la naturaleza, la sociedad y la vida misma funcionan y existen.
Se hacen grandes, aunque no del todo fecundos esfuerzos, para escudriñar los secretos de la mente humana, y se reconstruye, piedra sobre piedra, la filosofía de la historia; pero las investigaciones más sagaces y profundas, tienen por campo las infinitas manifestaciones de la naturaleza, donde Darwin y sus discípulos han abierto nuevas y desconocidas rutas.
67 En su exposición, el autor no se olvida de citar a los científicos procedentes de otros países a los que había facilitado su establecimiento en Argentina o contribuido a situar en cargos institucionales clave.
Entre estos destacamos al astrónomo estadounidense B. Gould, que ocupó el puesto de director del Observatorio de Córdoba entre 1871 y 1885, y al naturalista, geólogo y paleontólogo alemán K. Burmeister, director del Museo Público de Buenos Aires (1862-1892) y fundador de la Academia de Ciencias de Córdoba.
Durante su etapa presidencial, Sarmiento también había impulsado el establecimiento del Jardín Zoológico de Buenos Aires.
En 1888 fue nombrado director Eduardo L. Holmberg, el naturalista y escritor de ciencia ficción que acompañaba precisamente a Sarmiento seis años antes en la conferencia citada.
Un análisis de sus discursos revela diferentes enfoques en la forma de interpretar y asumir la teoría de la evolución.
Mientras Sarmiento manifestaba una aceptación incondicional de la doctrina darwiniana, porque prestaba argumentos a sus presupuestos positivistas del progreso indefinido -compartidos por Juan Bautista Alberdi y Bartolomé Mitre-, el joven Holmberg mantenía una posición escéptica y estrictamente científica a la hora de atender las consecuencias de la misma.
68 La atención a Francisco Javier Muñiz presenta similares enfoques e intenciones.
Como se sabe, Muñiz fue médico del Ejército y combatió, entre otras, en las campañas de la guerra contra la invasión inglesa de 67 Sarmiento, 1899.
En 1825 comenzó sus observaciones de la flora y fauna argentinas, dedicándose especialmente a analizar fósiles de diversas especies.
Encontró restos de varias especies extinguidas, algunas no estudiadas.
Mantuvo correspondencia con Charles Darwin y es considerado el iniciador de la paleontología en Iberoamérica.
Sus trabajos fueron compilados precisamente por Sarmiento.
Para Sarmiento, ocuparse de la figura de Muñiz era una contribución a la idea fundacional de crear una república de sabios e ingenieros en Argentina, 69 una idea que compartía con Alberdi.
Según E. M. Vadell, 70 el propósito de Sarmiento al escribir esta obra es rescatar del olvido a un personaje que tiene un valor civilizador y arquetípico para la sociedad argentina, aunque carece en algunos momentos de su presentación del rigor que demanda un estudio sistemático.
71 En la introducción de Vida y escritos del Coronel D. Francisco Javier Muñiz (1885) 72 señala que para evitar presentarlo como héroe, tendencia común entre las biografías de la época, ofrecerá múltiples evidencias de sus trabajos, y así el lector podrá juzgar por sí mismo esa «figura que de simpática pasará a ser venerada».
73 Más adelante hace un repaso de los méritos de Muñiz:
Por otra parte, celebra coincidir con el científico en las observaciones sobre los gauchos (de «instintos vagabundos y pendencieros») que él ya había expuesto en Civilización y barbarie.
75 E igualmente llama la atención, entre otros trabajos, sobre la descripción que Muñiz hace de las boleadoras, instrumento de caza empleado por los indígenas de la Pampa y por los gauchos.
Para Sarmiento son ejemplos de técnicas primitivas, adaptadas a la naturaleza, «en vísperas de desaparecer ante la civilización que los hace inútiles».
76 La tecnología forzará un cambio en los diversos ritos, convenciones y habilidades; como había ocurrido con los artesanos europeos, la mecanización del telar forzará la desaparición de su forma de vida.
En las páginas anteriores se ha examinado cómo experimenta Sarmiento la tecnología.
Para ello se han consultado las imágenes que construye de la naturaleza, las personas y los artefactos, donde predominan las representaciones antagónicas y los contrastes.
Dice R. Bartra que «El hombre llamado civilizado no ha dado un solo paso sin ir acompañado de su sombra, el salvaje».
77 Así, la imagen de un campo cultivado y cercado con alambre galvanizado o bien un paisaje atravesado por interminables postes que soportan hilos o una llanura surcada por vías de ferrocarril, señalan la oposición o la expulsión de una naturaleza hostil.
La tecnología y la presencia humana se identifican, ya que la acción pobladora tiene como cometido someter y conquistar el entorno.
Para Sarmiento, la imagen más poderosa de la domesticación son los espacios urbanizados, y dentro de ellos, los enormes hoteles, los «falansterios de Fourier», esas unidades autosuficientes o palacios que en la utopía del pensador francés se concebían como estructuras donde la arquitectura y las vías de comunicación internas aseguraban de manera eficaz el cumplimiento de los propósitos societarios.
Las clasificaciones raciales dirigen la mirada de Sarmiento sobre los humanos y sus divisiones culturales, contempladas como categorías autónomas insalvables y definidas por sus rasgos físicos.
Imagina e inventa, basándose en datos de historiadores, a indios cuya fisonomía es muy similar 75 Ibidem, 8.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.10 aunque proceden de lugares distantes; «sólo varía la corpulencia según los parajes», dice en Conflictos y armonías de las razas en América.
78 Pero en sus rostros hay mínimas diferencias, como cuando compara al gaucho («caras cerradas de barbas») con el «árabe asiático».
Todos se distinguen de la «raza europea pura», caracterizada por su «blancura de cutis, los ojos azulados, la frente espaciosa y despejada».
79 Porque, en definitiva, la percepción de Sarmiento es moral: los indios tienen una «naturaleza apática e indiferente».
80 Su insistencia en las semejanzas físicas sirve para consolidar los elementos morales y para eliminar cualquier atisbo de esperanza en la posibilidad de transmitir a ciertas poblaciones el «espíritu industrioso» propio de los científicos, tecnólogos y emprendedores.
Por último, la mirada hacia los artefactos está afectada por la admiración o por lo que el historiador de la tecnología David E. Nye llamó «la experiencia de lo sublime», entendida como una configuración emocional que emerge y legitima nuevas condiciones sociales y tecnológicas.
81 Pero de igual manera, cuando enumera uno tras otro los objetos que captan su atención, se rinde ante el espectáculo de la exuberancia material.
En este caso, junto al anterior propósito, Sarmiento está recreando la utopía del progreso material.
Aquí, la abundancia y la impresión de libertad forman una simbiosis que fue defendida en países con predominio del capitalismo empresarial.
La lógica de esta postura, como afirmó K. Marx, ha conducido a la aceptación del cambio tecnológico, de la novedad y de sus beneficios sociales.
82 Según el filósofo de la tecnología Langdon Winner, esta mentalidad comenzó a imponerse en Estados Unidos a partir de la década de 1840.
83 Las personas, al margen de las obligaciones jerárquicas, se sentían libres para explotar los recursos disponibles, cuya accesibilidad y efectividad podía incrementarse con los instrumentos tecnológicos.
«Los conflictos sociales -afirma Winner-, flagelo de la democracia en el mundo antiguo, podían evitarse en Estados Unidos debido a que las desigualdades 78 Sarmiento, 1883, 24.
82 El ritmo frenético de la tecnología, es decir, la innovación, viene impuesto por las leyes de la plusvalía y de la acumulación constantes, así como por el cometido de eliminar a los competidores; según se recoge en el Manifiesto comunista, la burguesía no puede existir sin revolucionar constantemente los instrumentos de producción, y con ellos, las relaciones de producción y las sociales; los procesos industriales no son pues nunca definitivos. |
El Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB) fue creado en Segovia (1986) con dos objetivos fundacionales: constituir la sección española de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe (FIEALC) y promover una coordinadora de centros de estudios españoles, especializados en el conocimiento de los temas latinoamericanos.
En consonancia con ello, el CEEIB, que en la actualidad está integrado por casi un centenar de instituciones, es una red de información y comunicación, que mantiene relaciones con las organizaciones, asociaciones y universidades de América Latina, hecho que lo convierte en un espacio abierto para el encuentro permanente sobre las nuevas realidades iberoamericanas; además asume una función de representatividad con las instituciones españolas e internacionales.
Así estuvo presente, junto a distintos miembros de organizaciones representativas de la pluralidad de sociedades iberoamericanas, tanto sociales, como sindicales y académicas, en el 1o Encuentro Cívico Iberoamericano reunido en Salamanca, dentro de las actividades previstas durante la realización de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
Es de destacar que desde la celebración en 1991 de la I Cumbre Iberoamericana de Guadalajara (México), la participación de organizaciones de la sociedad civil en el sistema iberoamericano se produjo, por lo general, de manera indirecta, lo que ciertamente no facilitó que sus visiones y puntos de vista hayan llegado a los mandatarios iberoamericanos de una forma articulada.
Las instituciones organizadoras del I Encuentro Cívico Iberoamericano entendieron que los actores sociales constituyen un elemento fundamental para resolver los problemas de desarrollo y que existe una creciente demanda para avanzar hacia una comunidad iberoamericana de ciudadanos, para lo que creyeron necesario propiciar un espacio de diálogo y concertación entre las organizaciones sociales de nuestros países.
En ese sentido el I Encuentro Cívico Iberoamericano ha intentado contribuir a la vertebración de las sociedades del continente, realizando desde la perspectiva de la sociedad civil, una aportación a las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estrado y de Gobierno sobre los procesos que afectan a la erradicación de la pobreza y el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía iberoamericana.
Asimismo, desde junio de 1995, el CEEIB es miembro de la Junta Directiva del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL), cuya presidencia recae en la actualidad en la Universidad de Varsovia.
2003, Salamanca, 2004y Tordesillas, 2005) como los Encuentros de Latinoamericanistas Españoles que se convocan conjuntamente con las asambleas generales; en el mes de mayo de 2005 se realizó el último en Tordesillas, con la participación de más de 190 ponentes.
La sede en Tordesillas del Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal acogió a estudiosos de la realidad latinoamericana tanto en el campo de las Ciencias sociales como de las Humanidades.
Durante tres días y a lo largo de 16 áreas temáticas los participantes tuvieron oportunidad de presentar y debatir los resultados de las últimas investigaciones realizadas sobre los ámbitos político, económico, social y cultural latinoamericano.
Buena parte de estos esfuerzos quedaron recogidos en el CD-Rom editado con las actas del Encuentro.
El próximo se llevará a cabo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2006.
Pretendemos que sirva de foro para la presentación de ponencias, en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, de aquellos que trabajan sobre la temática iberoamericana, facilitando el intercambio del conocimiento, la crítica intelectual y la construcción de una auténtica red de académicos e investigadores.
El CEEIB también promueve, en conjunto con el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina, los Congresos Europeos de Latinoamericanistas; el primero se reunió en Salamanca en 1996, y el próximo se realizará en Bruselas en abril de 2007.
Finalmente las instituciones que forman parte del Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB) y de la Sección Española de la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL-España) se comprometieron a la creación de un portal que reuniese toda la información relevante sobre instituciones de estudio e investigación, investigadores, líneas de investigación, producción bibliográfica, fondos bibliográficos, museísticos y de archivos en España.
Este proceso ya iniciado, ha dado lugar a un portal conjunto del CEEIB y de REDIAL-España [URL] que pretende ser la principal ventana hacia el exterior de los recursos científicos del americanismo español.
Simultáneamente y en paralelo, el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL) y la red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) han creado un portal europeo [URL] que recopila toda la información de carácter científico que se produce o se conserva en los países europeos sobre América Latina con el fin de poder así construir un portal que sea punto de referencia para la comunidad americanista europea e internacional.
En este proceso, a las instituciones españolas nos corresponde aportar la información referente a nuestro país.
Esta dinámica se realiza alimentando y actualizando en primer lugar el portal español y transfiriendo esta información posteriormente al europeo.
Actualmente se está estudiando una cierta homologación de formatos entre el portal español y el europeo que facilite y agilice la exportación de los registros.
Por otra parte, de acuerdo con las sugerencias planteadas en la XVIII Asamblea General, celebrada en Tordesillas, se está llevando adelante la puesta en marcha del Boletín del CEEIB, publicación semestral que pretende convertirse en una expresión verdaderamente colectiva y capaz de reflejar la extensión y diversidad de los recursos y realizaciones institucionales y personales que engloba el CEEIB.
En conclusión, teniendo en cuenta dado el amplio abanico de organismos que conforman el Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, que lo definen como una red de redes especializada en dicha temática, única con estas características en España, podemos afirmar que se trata de una entidad con una muy alta potencialidad para responder, realizando todo tipo de estudios y análisis, al interés sobre la problemática latinoamericana, de las instituciones, individuos, empresas, ONG's y administraciones públicas. |
Un cuarto de siglo con Cartas privadas de emigrantes a Indias.
Prácticas y perspectivas de ediciones de cartas transatlánticas en el Imperio español/ A quarter of a century with Cartas privadas de emigrantes a Indias.
Hace un cuarto de siglo desde que la publicación de las famosas Cartas privadas de emigrantes a Indias, 1540-1616 de Enrique Otte impactó en la historiografía hispanoamericanista.
Se puede usar el calificativo de «impacto», porque es difícil imaginarse un colega que no las haya usado en sus estudios o talleres estudiantiles.
Durante las investigaciones para mi tesis, 1 al conversar con colegas, cuando mencioné cartas de emigrantes, la pregunta automática de un 90% fue «¿como aquellas de Otte?» y los 10% restantes afirmaron con gesto, sabedores.
También en los prólogos de otras ediciones de cartas, la referencia y reverencia a Otte nunca puede faltar.
Sin embargo, el propósito de este artículo no es el de escribir un homenaje más -por bien merecido que fuese-al erudito historiador difunto en 2006.
2 Más bien quiero presentar un «informe del estado de investigación», dando un repaso por la bibliografía de ediciones de cartas privadas transatlánticas, con algunos ejemplos anteriores a Otte y una creciente actividad editorial inspirada por su obra.
Veremos las variadas fuentes de archivo en que se basan las ediciones de cartas, advirtiendo sobre las características de estas fuentes, las ventajas y desventajas de los diferentes cuerpos de cartas como fuentes históricas para investigaciones.
Además, compararemos la contextualización de las cartas en las ediciones, las pautas y el rigor de las normas de edición, etc. Al finalizar, comentaremos sobre el potencial de los diferentes tipos de fuentes para futuras investigaciones y ediciones, y propondremos estándares y métodos al día para realizar tales esfuerzos.
Lo que no cabe en este artículo es repasar en detalle las líneas de aquellos estudios que analizan aspectos temáticos de cartas privadas transatlánticas, basándose en cartas editadas o inéditas.
A grandes rasgos, los temas más recurrentes son la historia de género; lingüística; aspectos biográficos; redes de familia, poder y negocios; y cada vez más la historia de las comunicaciones.
Especialmente con respecto a los lingüistas hay que constatar que el foco de interés en las cartas está muy concentrado en el siglo XVI, mientras que las cartas de las épocas más tardías fueron -de 1 Stangl, 2012.
También en otros aspectos los estudios interesados en el siglo XVI son mucho más abundantes.3
Ediciones de fuentes documentales y tipos de cartas privadas
Las posesiones españoles en ultramar fueron un «imperio regido por cartas», como bien advirtió una vez Vicenta Cortés Alonso.
4 Las cartas entre oficios, entre oficio y parte, de cabildo, etc. llenan los fondos del Archivo General de Indias y fueron objeto de las primeras ediciones de cartas compiladas por historiadores de los siglos XIX y XX,5 en las que solo ocasionalmente se encuentra alguna carta privada en la multitud de otro tipo de correspondencia.
6 También se debe al interés en los protagonistas prioritarios de la Conquista y las primeras décadas siguientes que fueran editadas algunas de tales cartas como documentos con valor propio.
Otra vez hay que resaltar a Enrique Otte como la persona más importante al respecto: con la edición de cartas de Diego Delgadillo, oidor de la primera Audiencia de México, y su hermano; 7 de su adversario, el arzobispo fray Juan de Zumárraga; 8 otras nueve cartas del conquistador Diego de Ordás, 9 cuyas cartas complementan la imagen de su carácter pintada por los feroces ataques de Bartolomé de las Casas acerca de su actitud frente a los indígenas de Paria; 10 algunas cartas de mercaderes vascos y burgaleses que seguían los pasos de los conquistadores; 11 y dos cartas de otros mercaderes menos importantes.
12 Otras cartas sacadas de procesos seculares se encuentran en la compilación de Raúl Porras 13 y tres más en un artículo de Genaro Rodríguez sobre el hacendado Hernando Gorjón en la Isla Española.
14 En cuanto a cartas de este tipo se nota un punto principal en las primeras décadas -todas las cartas arriba mencionadas se escribieron entre 1520 y 1553-y son de la sección Justicia del AGI en Sevilla.
En cambio, de la mucho más extensa sección de Escribanía de Cámara de Justicia, donde se encuentran las actas de la justicia del Consejo en tiempos más tardíos, a mi saber solo se publicaron seis cartas, todas ellas del mismo proceso y de la década de 1550.
15 Seguramente este focus se debe también al rico contenido de informaciones de toda índole que generalmente caracteriza a las cartas más tempranas por las inestables comunicaciones y el grado de novedad de muchas informaciones del Nuevo Mundo, 16 y aún más esto vale para las cartas de personas de importancia.
Más recientemente, en 2007, María del Carmen Martínez publicó una excelente edición de 277 cartas transatlánticas que cubren un período muy amplio -van de 1537 a 1819-, 17 y una serie de cinco cartas decimonónicas fue publicada por Ana Gimeno.
18 Ambas autoras sacaron las cartas del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, por lo que también éstas son vestigios de un grupo muy pequeño de personas que tuvo acceso a esa institución.
Tanto las cartas de AGI, Justicia como las de la Real Chancillería cubren todos los territorios de la América española y todas las regiones peninsulares.
Lo mismo teóricamente se puede decir sobre cartas contenidas en los legajos de autos de bienes de difuntos, de las que a mi saber solo se han publicado cuatro.
19 La razón hay que buscarla en la relativamente baja densidad de cartas en los autos -aproximadamente en el 10% de los casos, según una prueba hecha al azar-.
Además, los autos son muy voluminosos y el contenido de las cartas muchas veces se reduce exclusivamente a la noticia o confirmación de la muerte de una persona.
Dos de los documentos en el apéndice del artículo no son cartas privadas sino cartas de poder.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.11 Abásolo y María del Carmen Pareja hicieron uso de algunas cartas de esta fuente para dos artículos, pero citándolas y no editándolas enteras.
20 Por supuesto, existe también una amplia documentación a escala regional o local en la que se pueden encontrar documentos similares.
Se puede decir, y es casi una regla, que es en los ámbitos vasco y canario en los que existe el mayor interés en cartas privadas de emigrantes encontradas en archivos municipales o provinciales.
En 1992 Jesús María Usunáriz publicó 241 cartas de emigrantes escritas entre 1696 y 1797, 21 sacadas de diversos archivos guipuzcoanos y navarros y de diversos fondos, la mayoría también relacionada con procesos seculares y eclesiásticos, entre ellos pleitos sobre herencias y fundaciones de capellanías.
22 Mientras que esta edición tuvo eco entre los historiadores y se cita frecuentemente, no se puede decir lo mismo sobre las 91 cartas de navarros de los siglos XVI y XVII editadas por José Miguel Aramburu en 1999.
23 A mi juicio, esta falta de recepción es inmerecida por la buena calidad de la edición y el rico contenido de las cartas.
Veintidós de las cartas de Usunáriz provienen de protocolos notariales.
De este tipo de fuente tenemos también otras tres cartas de vascos de principios del siglo XVIII 24 y una aislada carta de un emigrante montañés del valle de Toranzo.
25 Es de esperar que archivos notariales en otras regiones de España también contengan correspondencias privadas muy extensas si solo en el caso navarro -región que no contribuyó con altas cifras a la emigración colonial, salvo en la segunda mitad del siglo XVIII-existe tanto material.
Por lo menos para el Archivo Histórico Provincial de Tenerife está bien documentada la existencia de cartas privadas en actas de procesos y en protocolos notariales, y se han convertido en un pilar esencial de un estudio monumental de la emigración desde el noroeste de la ínsula entre 1750 y 1830.
26 Un caso especial son las 16 cartas de principios del siglo XVII entre un emigrante y su hermano en Castro del Río -¡por fin un ejemplo andaluz!-publicadas por Patricio Hidalgo.
El hijo del destinatario de las cartas fue notario en Córdoba y las depositó entre los protocolos, y podemos imaginarnos al notario, leyendo con interés estos documentos de su historia familiar en algún momento de ocio y luego colocándolas en una pila de actas.
Muy escasas son las ediciones de cartas transatlánticas sacadas de actas de procesos seculares en archivos americanos: a mi saber, el número se reduce a solo dos cartas del mercader Tomás Mañara al Perú (1614-1615) 28 y a una serie de siete cartas al conquistador Alonso Díaz de la Reguera que fueron conservadas a causa de un proceso.
Sin embargo éstas no se encontraron en un archivo público sino en uno privado que de alguna manera llegó a la Bancroft Library en Berkeley en 1991.
29 La general preponderancia de cartas desde América a Europa en las ediciones coincide por supuesto con el mayor interés que nosotros los historiadores generalmente tenemos en informarnos a través de este tipo de fuentes más sobre las realidades americanas que sobre las europeas.
A la justicia secular, debemos también añadir la eclesiástica y la inquisitorial.
Aquí cabe mencionar en primer lugar el libro El hilo que une, que contiene 231 cartas transatlánticas en ambas direcciones desde 1521 hasta 1783, junto con 136 cartas intra-americanas, encontradas entre los papeles del Tribunal del Santo Oficio en México.
30 Las editoras también anunciaron una secuela de la edición con cartas de procesos ante el Tribunal de Lima, 31 cuyos fondos hoy se dividen entre el Archivo Nacional de Perú, Lima, y el Archivo Histórico Nacional de Chile, Santiago de Chile, adonde se llevaron durante o poco después de la Guerra del Pacífico.
32 Lamentablemente, aún 13 años después de la publicación la secuela no ha visto la luz del día.
Es casi imposible rescatar cartas de procesos ante el tribunal de Cartagena de Indias, cuyos fondos cayeron víctima de un incendio, aunque sí algunas están preservadas en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, donde hay copias de muchos procesos de los tres tribunales americanos y donde he encontrado también copias de algunas de las cartas de El hilo que 28 Lohmann, 2004.
Siete cartas más son correspondencia de la Inquisición y no califican como cartas privadas.
33 Ya antes de Sánchez y Testón, Jesús González de Chávez había editado16 cartas de emigrantes canarios del siglo XVIII en los fondos del Santo Oficio en Gran Canaria.
34 Hay que admitir que estas cartas, por interesantes que sean, son escritas de o a personas en una situación muy peculiar, generalmente siendo acusados de bigamia.
Por esto este tipo de cartas, más que otros, desarrolla su verdadero valor como fuentes cuando se usan para el estudio de las vidas de los procesados, los procesos mismos o del delito de bigamia y no en ediciones que hacen escasa referencia al complejo material que rodea a las cartas.
En mi tesis, he desarrollado un caso para ejemplificar la relevancia de la contextualización, revelando no solo que dos de las cartas fueron traducciones del italiano y originalmente no escritas en español, sino también que una carta fue identificada en el proceso como falsificación y sujeto de investigaciones escrupulosas.
35 Conflictos al rededor de matrimonios también causaron otras querellas jurídicas que conducían a la conservación de cartas.
Las Leyes de Indias impusieron severas normas para preservar la «vida maridable» y obligaron a los hombres casados a volver después de un período de unos pocos años en Indias o llamar a sus esposas que vinieran a vivir con ellos.
Algunas mujeres se negaron a ir, otras simplemente ya no escucharon más de sus maridos y tenían que emplear personas de confianza para averiguar la residencia de los esposos.
Con el material probatorio podían acudir al obispo de Cádiz (en el siglo XVIII; antes habrá sido el arzobispo de Sevilla, supongo) para reclamar la vuelta de sus maridos con una «requisitoria».
María de la Pascua Sánchez editó 19 cartas de este tipo, encontradas en el archivo diocesano de Cádiz, en su interesante estudio sobre mujeres abandonas en Cádiz.
Acerca de Pedro de Mendoza y Escalante ver Alfaro Ramírez, 1997.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.11 el incumplimiento de promesas matrimoniales, matrimonios celebrados en ausencia con poderes y pleitos de libertad para casarse de nuevo, intentados por mujeres que consideraban muerto a sus maridos ausentes.
37 Muy similares a esas cartas son las famosas «cartas de llamada», término acuñado por Enrique Otte.
Acerca de las particularidades de esta fuente ya me he detenido con más detalle en otra ocasión, 38 por lo que me limito aquí a dar un corto repaso por la historia de las ediciones.
Las primeras cartas de llamada ya fueron editadas en la inmensa colección de documentos para la historia de Chile recopilada por el historiador José Toribio de Medina en el siglo XIX, quien realmente debe haber revisado todo el archivo para también encontrar estos dos documentos aislados.
39 El valor de las cartas para la historiografía fue formulado por primera vez a principios del siglo XX por Luis Rubio y Moreno en su estudio sobre las licencias de emigrantes, donde dijo:
Epistolario familiar se llamaría a una colección de cartas escritas por esposos, padres y deudos que figuran a la cabeza del expediente donde hoy se encuentran.
Las hay ingenuas, afectivas, interesantes, con notas de negocios, costos de objetos o mercancías, quejas, avisos, menudencias y prevenciones, curiosas todas, son dignas de publicarse algunas, copiando solo las frases más salientes, si la copia total hubiera de resultar en extremo voluminosa.
Las hay de individuos que proceden de todas regiones españolas y escritas algunas en catalán, valenciano, etc. 40 Pero pasaría medio siglo más hasta que por primera vez Adolfo de Morales 41 y luego Enrique Otte 42 se encargaran por primera vez de editar algunas de esas cartas.
El ya mencionado éxito masivo de la edición inspiró a otras, ampliando el alcance cronológico: En 1991 se publicaron 226 cartas de llamada del siglo XVIII por Isabelo Macías y Francisco Morales Padrón -otra edición que hizo eco-.
43 Ya menos conocidas son las ediciones más tardías: en 37 34 y 20 cartas, respectivamente, en Usunáriz, 1992, todas del Archivo Diocesano de Pamplona.
El trabajo ya había sido publicado antes, alrededor de 1920, sin año.
WERNER STANGL 1994 apareció una colección, algo obscura, por Rosario Márquez Macías con 149 cartas de emigrantes de fines de la colonia (1768-1824), de las que 29 ya habían sido publicadas por Macías y Morales.
44 Aparentemente la editora ya había conocido el material antes de las Cartas de emigrantes a Indias, como indica una pequeña edición de tres cartas en un artículo de 1988.
48 También en estas ediciones hay solapaduras considerables con las ediciones anteriores de Márquez.
Además, hay que mencionar las 22 cartas de principios del siglo XVII editadas por Auke Jacobs en 1995, que no son muy conocidas puesto que se esconden en forma de apéndice en un estudio sobre la migración durante el reinado de Felipe III.
49 Fue el celo de desanudar el caos, de averiguar el grado de integridad del material publicado, corregir los errores más graves de otras ediciones y de completar lo que faltaba el que me condujo a revisar todos los fondos con licencias de embarque en el AGI.
El resultado de estos esfuerzos es una edición de un total de 1214 cartas, de las que 1153 eran inéditas y las restantes cartas editadas de nuevo por razones de calidad o integridad del documento.
50 52 de las cartas inéditas son de antes de 1616 y aparentemente se escaparon a la atención de Otte (se puede decir sobre 41 cartas del siglo XXVIII en el caso de Macías y Morales Padrón para la serie de licencias en AGI, Contratación).
Un número muy reducido de doce cartas son de fines del XVII, una época ignorada por las demás ediciones, mientras que la gran mayoría con más de mil cartas cubre los años entre 1787 y 1824.
Todas las cartas de llamada arriba mencionadas se encuentran en el AGI, pero cabe mencionar que diversos archivos municipales también contienen cartas de este tipo, ya que fue en los lugares de origen donde se formaron las informaciones necesarias para lograr las licencias de embarque.
Una antología de 200 cartas especialmente interesantes se encuentra en el tomo impreso como apéndice.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.11 Ángel Mari Arrieta incluye dos cartas de llamada de 1817 y 1818, sacadas de licencias en el Archivo Municipal de Llodio, en su estudio sobre la emigración alavesa en el siglo XIX, 51 y cinco de las cartas publicadas por Usunáriz del Archivo de Protocolos de Navarra también son de este tipo.
52 Tanto cartas de llamada como aquellas de procesos de toda índole, requisitorias, autos de bienes de difuntos o protocolos notariales son asociadas con algún acto público que condujo a su presentación ante un oficial y su conservación.
Pero existe un volumen mucho mayor de cartas en archivos personales o privados, o en fondos privados legados a archivos públicos.
Estos repositorios se distinguen de los otros especialmente por contener no solo cartas aisladas o un número muy reducido de cartas de una correspondencia, sino muchas veces todas las cartas que iban a una parte, y hasta a veces correspondencias enteras en ambas direcciones.
Los archivos privados y familiares sufrían, mucho más que los públicos, pérdidas de fondos a causa de imponderabilidades a través del tiempo, por lo que solo pocos archivos antes del siglo XIX sobrevivieron, muchos de ellos en algún momento transferidos a un archivo público, como la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (AHN) en Madrid o archivos regionales y locales.
Ya que de muchas familias nobles hubo miembros que pasaban a Indias en algún momento, es bastante frecuente encontrar sus correspondencias en los fondos.
El mayor problema con respecto a esas correspondencias es el extremo estrechamiento a las capas más altas de la sociedad, muy conscientes de su tradición familiar.
53 Para los siglos XVI y XVII los archivos privados se limitan casi totalmente a la Alta Nobleza, y también para el siglo XVIII el estrato social que logró conservar sus documentos hasta hoy no es mucho más largo.
La gran mayoría de esas correspondencias ha sido hasta ahora ignorada, algunas servían como fuente principal para diversos estudios, y se puede contar con los dedos de una mano aquellas editadas.
Interesantemente todas estas cartas son del siglo XVII o los primeros años del XVIII, un período generalmente menos presente en la mayoría de ediciones de archivos públicos.
La única correspondencia transatlántica editada del AHN-Nobleza que he logrado identificar es la de Gelvira de Toledo, esposa del virrey de Nueva España Conde de Galve, que contiene 27 cartas.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.11 regional o local, la situación es similar: tenemos una serie de 48 cartas del re-conquistador de Nuevo México, Diego de Vargas, sacadas de archivos privados en Madrid; 55 recientemente, Adolfo Arbelo ha publicado una recopilación de 186 cartas sacadas de diversos fondos privados y familiares depositadas en varios archivos canarios; 56 además tenemos tres cartas de Rafael Carvajal, un noble de Antequera, Andalucía; 57 ocho cartas particularmente interesantes del noble gaditano Rafael de Sopranis del Archivo Pérez-Lila de Sopranis en Jerez de la Frontera; 58 y cartas de catalanes editadas en una tesis doctoral.
59 El único otro grupo del que sobrevivió documentación privada de notable número son de mercaderes ilustres.
En el archivo de Simón Ruiz en Medina del Campo existe un número reducido de 61 cartas de América de las que a mi saber se han publicado tres: una de un minero en la Villa Imperial de Potosí 60 y dos de comerciantes arraigados en México.
61 En el AGI, Consulado, existen 68 legajos con correspondencias de una docena de individuos.
62 Estas correspondencias extensas se han usado con frecuencia para reconstruir redes personales de mercaderes, 63 pero solo 28 cartas familiares escritas a Tomás Ruiz de Apodaca -de más de 1800 cartas de y a este personaje que se encuentran en el archivo-se han publicado en su totalidad.
64 José María Imízcoz, quien estudia las redes de las élites vasco-navarras en la Monarquía española, juzgó que «los trabajos con cartas sueltas (Otte, Usunáriz)» no tienen la misma capacidad para analizar «dinámicas internas, lógicas, duración» como tienen las 55 Kessell, 1989.
López no identifica el origen exacto de las piezas de correspondencia, pero queda claro que el material fue sacado de fondos privados.
Son nueve documentos, pero el documento 8 no es una carta privada.
Lamentablemente la tesis es inédita y no he logrado examinarla.
65 Aún así, casi todas las ediciones publican «cartas sueltas».
¿Acaso hemos editado las cartas desacertadas?
Creo que no: es absolutamente lógico que para estudios relacionales o biográficos sirva extractar el contenido de un conjunto de correspondencia, reproducir algunas citas concretas y analizar cuantitativamente la intensidad de contactos entre corresponsales, las jerarquías y otros aspectos, sin necesidad de reproducir los documentos enteros.
Las ediciones de cartas, en cambio, sirven para otro propósito: son minas de información para ser explotadas por un número máximo de historiadores y filólogos y hasta por genealogistas.
Y para esta función sirven más colecciones con un alto número de voces independientes y de estratos sociales menos limitadas en comparación con correspondencias que giran alrededor de un núcleo limitado de gente.
La siguiente tabla enumera todas las ediciones de cartas privadas transatlánticas hasta el año 1824 que he logrado encontrar.
Prácticas de edición (normas y calidad)
Un aspecto que más me ha llamado la atención al hacer uso de las cartas de emigrantes fueron las muy diversas prácticas de edición, las normas para la transcripción, presentación, selección, documentación, etc. Transcribir no es una simple tarea mecánica, es también un acto interpretativo que quita, agrega y transforma un documento original.
Reproduzco aquí lo que un diplomático ha advertido en cuanto a la edición de documentos originales:
El acercamiento al documento hay que entenderlo desde una perspectiva globalizadora que considera complementarios e integra todos los aspectos parciales de la manuscrita (aspectos paleográficos, gráficos, lingüísticos, históricos-culturales, etc.) para llegar a la total interpretación del texto.
81 Como he argumentado, la utilidad de ediciones yace en su utilización por una amplia gama de personas con los más diversos intereses.
Las ediciones deben tener en cuenta esto a la hora de su realización y tienen la responsabilidad de hacer totalmente transparente los criterios empleados.
En este apartado voy a examinar y comparar las normas de las ediciones más importantes (con más de 20 cartas).
Sobre todo la modernización de la ortografía en Otte, 1988, ha causado críticas por el filólogo Manuel Alvar, quien se quejó de que esas cartas habían sido transcritas en un libro apasionante donde los haya, pero su valor se aminoraba mucho al resultar inservible para el estudio de la lengua.
Enrique Otte en la transcripción de esas 650 cartas privadas, como en otros trabajos suyos, se había desentendido de lo que más nos interesa a nosotros y a la historia americana.
82 En mi opinión, hay que absolver al profesor Otte: sus ediciones anteriores de los años 1960 y 1970 son todas fieles a la ortografía original y muestran que la razón de su falta no puede haber sido ignorancia.
Hay que culpar más bien al espíritu de la época: aparentemente Otte enfrentó resistencias que le impidieron seguir con su práctica habitual, o así se desprende de una mención de la filóloga Concepción Company: «Lástima que, por tristes experiencias anteriores, no se haya animado el Profesor Otte a respetar escrupolosamente [sic] la ortografía de los documentos, impidiendo así hacer estudios de carácter fonético sobre ellos».
83 Dos filólogos jóvenes han basado sus tesis en grandes partes en re-transcripciones de las cartas de Otte, por lo que hoy en día ya disponemos de transcripciones más fieles de todas las cartas contenidas en Otte.
Alvar tiene razón: estas modernizaciones descalifican las ediciones para algunos usos académicos: oscurecen informaciones fonéticas, sobre el grado de alfabetización, sobre el dominio del idioma, etc. 85 Pero tienen la innegable ventaja de asumir la tarea de «traducción» para el lector y contribuyen así a la difusión también entre gente no especializada.
Las ediciones de las cartas de Diego de Vargas y de la condesa de Galve así como la de cartas de llamada por Jacobs 86 siguen un paradigma al otro extremo: tratan de ser fiel no solo a la ortografía, sino también a la puntuación, a los acentos y al uso de mayúsculas.
87 Aún así, Jerry Craddock, un lingüista de Berkeley, advirtió que la normalización de u/v y la decisión de transcribir no conservando la estructura de líneas del original en la edición de Kessell no coinciden con las normas de edición del Hispanic Seminary of Medieval Studies.
88 De las ediciones analizadas, solo las de Usunáriz, Aramburu y Martínez Martínez conservan la u/v del original.
A mi entender, estandarizar mayúsculas es muy aconsejable para las ediciones de cartas, ya que en muchas letras coloniales simplemente no hay forma de distinguir bien entre mayúsculas y minúsculas.
Además, a algún autor simplemente le gustaba una mayúscula, por lo que brinda a cada palabra con esa letra inicial.
Jacobs va a tal extremo que transcribe palabras como «entieRo», 89 haciendo no solo muy difícil la lectura de las cartas, sino ignorando que la supuesta «R» es simplemente la ligatura para «rr».
90 Además, el esfuerzo para conservar las mayúsculas se revela como deses-83 Company, 1994, XIV, nota.
En muchas cartas de catalanes y vascos publicadas en Stangl, 2012, se pueden notar interferencias de las lenguas maternas en cartas escritas en castellano.
87 Kessell, 1989, así como Dodge y Hendricks, 1993, sin embargo, a veces completan arcaísmos usando cursivas cuando falta solo una letra (a[h]ora/ahora).
Aunque, revisando la edición de Kessel, sí parece que conserva la estructura de líneas.
DOI: 10.3989/aeamer.2013.2.11 perado cuando solo se dispone de una ínfima muestra de una letra individual en forma de un documento corto como es una carta.
Por esta causa, tal vez es factible para correspondencias compactas, pero no para ediciones de «cartas sueltas».
También en el aspecto de las mayúsculas Craddock cortó algunas decisiones editoriales de Kessell.
91 El cauce común de la mayoría de las ediciones es respetar la ortografía, pero con consecuente modernización en los demás aspectos, justificado por lo general también con la «legibilidad»,92 ya que es verdad que la lectura de las ediciones arriba mencionadas no es mucho más fácil que la de los originales.
Pero opino que la modernización de estos aspectos se debe sobre todo a la necesidad de estructurar el texto y darle sentido en el proceso mismo de transcripción.
En la gran mayoría de las cartas originales no se ponen acentos y no está estructurado el texto con comas o puntos.
La estructura de ciertas cartas es a veces tan corta que ni se puede decir dónde termina una palabra y donde empieza otra o, al contrario, palabras se desgarran en medio, etc. Reconstruir las palabras o «unidades de sentido» es algo que nadie evita al transcribir.
Por razones obvias, esta intersección es una fuente natural e inevitable para muchos errores.
Quiero presentar algunos ejemplos tomados de ediciones de cartas de llamada, pues son aquellas para las que me ha sido posible comparar la edición y el original.
Otte por ejemplo transcribe una vez «razón lo hable» en vez de «razón lo[h]able»; 93 Jacobs hace de «lo han de dar» «lo hande dar»; 94 y en Macías y Morales la admonición «el mucho recato que se necesita en una muger por caminos de tierra» se transforma en un texto bien opaco: «el mucho recato que se necesita de una amuga por caminos».
96 La una pretende respetar la ortografía original y la otra la moderniza, pero si se comparan las transcripciones con los originales se puede notar en ambas que frecuentemente se modernizan arcaísmos.
Además se arcaízan palabras con ortografía «normal» en el original, resultado de poca prudencia en la transcripción.
Estas dos ediciones destacan también porque ocultan que las cartas editadas no constituyen el total encontrado en un fondo, sino que fueron seleccionadas por criterios desconocidos.
En el caso de Pérez el acto de selección no parece tan grave porque la autora enfatiza la naturaleza decididamente cualitativa de su libro, en el que cada carta es acompañada de un corto texto que alumbra el caso individual.
En la edición de Márquez, en cambio, casi no hay cartas de Nueva España -no porque no las haya, sino porque Márquez había ignorado los fondos-.
No obstante, la autora no menciona esta falta de representatividad: más bien incluye en la edición algunas tablas y estadísticas cuantitativas, que por supuesto carecen de valor sin material representativo en que apoyarse (es más, la misma laguna para Nueva España es notable en su estudio cuantitativo de la emigración a partir de 1765).
97 Otra forma de selección es no reproducir algunas partes de cartas que no contienen información «relevante».
Es un fenómeno conocido que la densidad de información en las cartas es generalmente baja -Plummer ha acuñado la expresión dross rate (tasa basura) 98 al respecto-, por lo que es comprensible que se quieran quitar las generalidades de saludos, despedidas u otros elementos repetitivos para no inflar el volumen de la publicación.
99 Sin embargo, se debe tener mucho cuidado con intervenciones tan graves a causa del peligro de hacer una censura tácita por preferencias subjetivas.
La única edición de cartas transatlánticas en la que no se reproducen partes de cartas de forma deliberada es la de Pérez.
Ahí, estas pretericiones, que a veces son de varios párrafos, se marcan solo con «(...)» y no se distinguen de lagunas cortas en el texto.
En el caso de la edición de Macías y Morales es similar: partes ilegibles del texto se marcan con un simple «(roto)», que a veces se refiere solo a una parte de una palabra («con la ampl (roto) de» para «con la amplitud de») 100 y otras a un párrafo completo.
101 Generalmente sorprende el grado de individualidad en las prácticas de intervenciones editoriales.
En la mayoría de las ediciones se usan paréntesis «( )» en vez de las corchetes «[ ]» y no se utiliza acotación tipográfica (cursiva).
Esto es un proceder muy problemático, puesto que el uso de 97 Márquez, 1995.
Definitivamente sería muy útil un nuevo estudio para subsanar este déficit.
100 Macías y Morales, 1991, n.o Ante estas incongruencias aparentemente no sobra mencionar que una de las exigencias más importantes para cualquiera edición es la prudencia en cuanto a la acotación y precisión de las propias intervenciones: algo «ilegible» no es algo «roto», hay que diferenciar limpiamente entre una laguna («[...]») y una lectura insegura («[?]»), y existe una diferencia entre una laguna de una parte de una palabra y una laguna que se extiende varias líneas o párrafos.
Un elemento en el que las intervenciones en las ediciones son ubicuas y muchas veces inconsecuentes y tácitas es la línea de fecha y lugar.
Hasta mediados del siglo XVIII, lugar y fecha se pusieron casi exclusivamente al final de la carta, antes de la rúbrica, mientras que a partir de los años 1780 empezó a dominar el colocar estos datos en la cabecera.
En las ediciones no siempre se limita a representar esta información tal como está en el original, sino que hay diversas prácticas de acercarse al tema: Otte por ejemplo transcribe el original pero también pone fecha/lugar en la cabecera de la carta.
No acota esta información de la propia transcripción tipográficamente (usando por ejemplo cursiva), pero sí usa una forma estándar («Panamá, 24.IV.1581»), así dejando claro que se trata de una adición editorial.
En los pocos casos en que la fecha en el original se encuentra en la cabecera de la carta, hay alguna confusión en el método: algunas veces el texto original simplemente se remplaza por la forma estándar,104 otras veces se repite.
105 En la edición de Garmendia, 1989, fecha/lugar aparentemente se reproducen de forma estandarizada antes del documento, pero la práctica no es consecuente en hacerlo.
Además, los documentos ni siquiera están numerados.
Así es imposible averiguar el número exacto de cartas diferentes en la edición, porque es común que un autor continúe una carta en otro día poniendo nueva fecha, o que copie su carta anterior (en caso de no haber llegado), o que otra persona agrege su carta en el mismo papel.
Jacobs a su vez también repite fecha/lugar al inicio sin acotación, pero no en forma estandarizada, lo cual causa confusión.
Pérez y Arbelo tácitamente quitan fecha/lugar de la transcripción y colocan la información en la parte descriptiva del documento.
Macías y Morales normalmente transcriben fecha/lugar como en el original, pero no lo hacen siempre; sin razón aparente, en unas pocas cartas trasplantaron tal elemento a otro lugar de la carta, generalmente de la cabeza al pie.
106 Márquez hace este trasplante de forma genérica -contrario a la práctica en la época-.
Las intervenciones en este aspecto son especialmente propensas a errores.107 En Macías y Morales el trasplante causó una equivocación en la fecha en tres ocasiones,108 y en Márquez, quien pretende conservar la ortografía, una carta que en el original empieza «Sra Da Tereza Ojeda.
109 Llegamos al último aspecto en este apartado: la metainformación de las cartas.
Ésta se debe orientar al tipo de cartas que se editan.
En cartas de correspondencias compactas, la metainformación idealmente incluye informaciones biográficas más extensas, mientras que en ediciones de cartas sueltas muchas veces no hay información suficiente en este aspecto.
Por esta causa, generalmente se limita a una cabecera estandarizada con el nombre del autor, destinatario, fecha y lugar sin muchas notas a pie con respecto a nombres mencionados en el texto.
Lo mínimo debe ser la indicación del repositorio de los documentos.
Como no puede ser de otra forma, en la edición de Márquez, ni encontramos este requisito mínimo, pero durante mis propias investigaciones en el AGI he logrado identificar el repositorio de la mayoría de las cartas.
110 Habría que mencionar que también en la edición de Otte en 60 casos -¡el 10%!-el lugar indicado en la edición no coincide con el archivo.
Perspectivas para futuras ediciones: el paradigma XML
Como hemos visto en este repaso por el desarrollo de las ediciones de cartas privadas transatlánticas, el interés en este tipo de fuente no ha cesado, sino que aparentemente incluso sigue creciendo.
Ahora, ¿qué se puede WERNER STANGL advertir en cuanto a las normas y el proceder de futuras ediciones?
Por supuesto, las normas se deben fundar en las particularidades de las fuentes, pero también hay matices comunes que hay que observar.
Espero que las normas delineadas con detalle en mi edición puedan servir como punto de partida para futuros esfuerzos, 112 tal como a mí las muy detalladas de María del Carmen Martínez me han servido de norte.
Pero tal vez la historiografía hispanoamericanista puede saltar este paso y llegar directamente al hoy, exponiéndose al arte arcana de las ediciones digitales.
La comunidad científica se encuentra en un proceso revolucionario en la preparación de fuentes primarias.
Cuando en los siglos XIX y XX lo óptimo para la difusión del conocimiento de fuentes primarias sobre la historia hispanoamericana fueron las «colecciones de documentos inéditos» a veces monumentales, hoy la tarea de Hércules para los historiadores consiste en presentar tales fuentes en ediciones digitales.
Estas últimas tienen la ventaja de accesibilidad libre y también brillan por poder filtrar resultados, buscar términos y ser flexibles en cuanto a la visualización.
Además, obligan al editor a pensar cibernéticamente y crear un modelo esctricto, eliminando así el problema de poca reflexión en el método.
En el ámbito de las humanidades existe un código casi-estándar para ediciones digitales, desarrollado paso a paso a partir de 1987 por el consorcio TEI (Text Encoding Initiative).
113 En España aún no tiene la misma posición destacada como en el ámbito anglosajón o alemán, pero también en España se va difundiendo cada vez más.
114 El TEI es una variante del «lenguaje de marcado extensible» XML -un primo del HTML-, usando tags ( ) para marcar textos de todo tipo, y dispone de herramientas específicas para ediciones de manuscritos, ediciones críticas, poesía, etc. Aún no existe un subset hecho a medida para correspondencias, pero un «grupo de interés especial» está trabajando en ello 115 y aún así existen varias ediciones de correspondencias elaboradas en TEI.
116 Cada documento TEI contiene una parte reservada a metainformaciones ( ) y otra para el texto mismo ( ) y cuenta con elementos bien definidos para marcar lagunas, partes de difícil lectura ( ), partes rotas ( ), abreviaturas ( ) y su desarrollo ( o ), adiciones editoriales ( ), cambios de línea o folio (, ), cambio de manos de escribiente ( ) y muchísimos más elementos y atributos, especificando por ejemplo las causas de partes rotas o la extensión de una laguna, identificando además nombres propios, fechas, lugares, etc. Luego se puede transformar un documento TEI (usando un archivo XSLT) en HTML, PDF, ePub u otro formato, visualizando un mismo código en formas muy diversas.
¿Cuántos lectores habré perdido en la última página, utilizando tantos términos de informática?
El mayor problema en lo que se refiere a ediciones digitales es por supuesto la formación de los historiadores, por lo que tales proyectos son muchas veces solo realizables en cooperación con centros de informática y el historiador, como se sabe, sigue siendo en esencia un académico eremita en su torre de marfil individual.
Para hacer un primer paso, actualmente estoy preparando una edición digital en TEI de una serie de 92 cartas privadas conservadas en el AHN, escritas en 1822/1823 por (ex-)soldados, comerciantes y algunas también por mujeres desde Puerto Rico y otros puntos del Caribe español, incluso desde el asediado Puerto Cabello.
117 Para ejemplificar lo arriba esbozado acerca del paradigma XML y la flexibilidad de visualización, se reproduce aquí como apéndice el código de la parte de la carta más corta del conjunto de las cartas, así como dos posibles visualizaciones del mismo código: una más simple que enfatiza la legibilidad y otra semi-paleográfica que conserva más el carácter del documento original.
¿Cuáles serán las cartas que se editarán en el futuro (sean digitales o impresas o publicadas en ambas formas) y para las que espero sean útiles las normas exigidas en mi edición de cartas de llamada?
Con mi reciente edición, las cartas de llamada son esencialmente explotadas, y solo para las posesiones españoles en el Caribe del siglo XIX todavía hay un número relevante de cartas de llamada inéditas en el AGI.
118 En cuanto a repositorios de otros tipos de cartas transatlánticas aún no explotados hay que esperar que se encontrará material análogo al de Navarra y Álava (Usunáriz y Aramburu) en fondos judiciales y notariales de archivos históricos regionales, provinciales y municipales de otras regiones.
Considero estas cartas especialmente interesantes por ser menos estandarizadas que las cartas de llamada y a la vez menos reducidas a las capas altas de la sociedad que las cartas de archivos privados/familiares y archivos de las instancias superiores de justicia, aunque también estoy esperando con ansias la edición de cartas decimonónicas del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid de Ana Gimeno Gómez anunciada por Martínez.
119 También la edición anunciada pero no efectuada de cartas del Tribunal de la Inquisición de Lima podría contribuir significantemente al saber con respecto a las vidas en la América colonial, sobre todo si las cartas con diferencia a El hilo que une se acompañen con resúmenes de los casos asociados y una mención de la relevancia de las cartas para los procesos.
Lo que aún falta penosamente para llegar a una visión más completa de las relaciones transatlánticas, es la edición de un número relevante de cartas escritas en la Península y mandadas a América, que deben de existir en archivos americanos.
También 25 años después de la publicación de las Cartas de emigrantes a Indias, el interés en cartas privadas sigue creciendo.
Son tesoros tanto para el público interesado que busca informaciones genealógicas de sus antepasados como para investigadores por ser fuentes «blandas» y «vivas» para el estudio de «mentalidades» o «cambios de actitudes», así como fuentes «duras» para estudiar redes personales, cambios lingüísticos o el sistema de comunicaciones transatlántico y otros muchos temas.
Espero que este repaso bibliográfico y metodológico pueda contribuir a amplificar la gama de documentos usados para tales estudios temáticos, a impulsar nuevas ediciones y a reconsiderar las prácticas de ellas.
Pagare por mí a D. oñ a Rosa Soler de Vidal ho vien a mi s eñ or padre D o n Antonio Vidal y Tort, vecinos de Villanueva y Geltrú.
Puerto Rico, 20 de junio 1823 Josef A. Vidal y Nadal II: Visualización (a)
Código-TEI de una carta y posibles visualizaciones (usando XSLT) I: Código S. eñ or D o n Fran. cis co Blanch Primera P. uer to Rico, 15 de junio de 1823
Muy s. eñ or mío: con esta misma f ec ha hago presente a U. sted tenga a la orden de D. o n J osep h Antonio Vidal y Nadal la cantidad de cien p eso s fuertes u oro.
P o r otros tantos que reciví a d ic ho s. eñ or en ésta.
Y sin otra nobedad mande a su aff. ectísim o am. ig o Q. que S. su M. mano B. bes a José Dionisio González |
En la hilera de las conmemoraciones editoriales acerca de las independencias de América, pocas obras y más cuando de obras colectivas se trata, lograron sobresalir en el sentido de una interpretación renovada de un acontecer fundacional, tanto desde el punto de las fuentes manejadas como del análisis de los hechos y de sus actores.
El determinismo independentista forjado desde las historias patrias y, a la inversa, la teleología revolucionaria vista «desde abajo» coparon buena parte de las publicaciones impulsadas desde instituciones oficiales, cuando el panorama de América, como bien lo pusieron de relieve unos trabajos aislados, resultó de lo más diversificado e impredecible.
La opción republicana presenta en este sentido varias ventajas, tanto desde el punto de vista de un anclaje territorial e institucional como de la historia política y, ocasionalmente, de la historia de las ideas presente en la mayoría de los trabajos aquí reunidos.
Habida cuenta de la historia de la revolución de independencia venezolana, y de la duradera interpretación de guerra civil que con sobrada razón se le achaca, amén del mito fundacional que acarrea en el tiempo largo (el mito bolivariano), el título de la obra luce como una apuesta y un reto historiográfico.
No se trata en efecto, como lo puntualiza E. Mondolfi en su introducción, de «monumentalizar una vez más las fechas fundacionales de nuestra existencia» sino de propiciar una renovación historiográfica acerca del contenido social e institucional de la «opción» republicana, destacando más allá del mito heroico unas tensiones territoriales entre el predominio caraqueño y las resistencias regionales, o en otra escala, entre «una nación lla-
mada Venezuela» y el marco inicial neogranadino.
Otro notable aspecto, el de la conformación social de la gesta emancipadora, también requería mayor acuciosidad si consideramos el carácter poco inclusivo del proceso en lo social.
Se busca por lo tanto poner de relieve las discontinuidades contextualizadas del proceso, revisando en especial los conceptos algo sobrevalorados de revolución, pueblo, soberanía y ciudadanía junto a la cuestión de las «influencias» políticas procedentes del exterior, o sea de las revoluciones atlánticas, especialmente de la francesa, dentro de la crisis de la sociedad criolla, y, finalmente, la contraposición entre independencia y formación de la nación.
En la línea trazada por varios historiadores venezolanistas, entre ellos E. Pino Iturrieta, se contemplan los primeros atisbos reformistas y el influjo de las ideas ilustradas llegadas de la Península, desde la llamada conspiración de Gual y España (1797), analizada por M. Navas Contreras, hasta la disolución efectiva del Antiguo Régimen, pasando por la crisis de institucionalidad y la creación de la Junta de Caracas, «conservadora de los derechos de Fernando VII», la promulgación del acta de independencia y la primera República de Venezuela (J. Bracho, T. Straka, A. Viáfara).
Tanto la vertiente institucional del proceso como la actuación de los actores sociales llevan a los distintos autores a rescatar el papel desempeñado por la Universidad de Caracas, los representantes de la Iglesia en el Congreso Constituyente de 1811 -no siempre adversos a la causa de la Independencia, pues cuando los sacerdotes conformaron el 21% de los diputadosy de la alta administración española, o también pensadores como Miguel José Sanz y Francisco Javier Yanes (M. Donis Ríos, F. Rodríguez, J.C. Brizuela, W. Barazarte).
Asimismo se relativiza o mejor dicho se reconfigura el concepto de ciudadanía moderna y de participación política al contraponerle al mito independentista la respuesta aportada en aras de la modernidad por Juan Germán Roscio o Fernando de Peñalver durante la crisis de 1808-1810.
Del vacío político e institucional inducido por la invasión de la Península se derivaron un sinfín de respuestas en términos de reorganización del espacio político.
Así sucedió con el planteamiento de las autonomías provinciales y su expresión en el Congreso Constituyente de 1811, estudiada en especial a partir del caso de Valencia, en cuanto interpretación americana del iusnaturalismo hispánico y reivindicación de una igualdad de tratamiento respecto a Caracas (estudio de J.C. Contreras).
Otro tanto puede decirse de los «cabildos disidentes» (Maracaibo, Coro), objetos de una atención sostenida en la historiografía republicana criolla (R. Meza).
Una de las mayores aportaciones de esta nutrida reflexión colectiva radica a finales de cuentas en la fructífera exploración de la siguiente propuesta, presente en la mayoría de las contribuciones: durante los años 1808-1810, el orden republicano liberal nació al mismo tiempo que su antinomia (la anti-república) que hasta en España lindó con la desinstitucionalización plasmada en golpes de estado y guerras civiles, para desembocar en una obligada convivencia (T. Straka, A. Torres Iriarte, L. Febres entre otros).
Por este motivo, y partiendo de la similitud de las situaciones y de sus consecuencias a nivel del descalabro institucional, varios autores insisten en la necesidad de abordar esa crisis de legitimidad desde el punto de vista de los actores sociales y por consiguiente del personalismo político que se viene fraguando a través de personajes como José Tomás Boves, para mencionar tan sólo al caudillo llanero, justificando a continuación las fórmulas adelantadas por Bolívar para controlar a los jefes de guerra.
En ese aspecto, la esclarecedora perspectiva comparada ofrecida por este conjunto de precisos y detallados ensayos contribuye a poner de relieve la variabilidad de las respuestas de Ultramar a la crisis institucional de 1808, de los intereses en juego y de las lecturas historiográficas del proceso fundacional de la nacionalidad venezolana en sus vertientes regionales, dentro de un cuadro de pervivencia de las representaciones sociales y políticas («mentalidades») del Antiguo Régimen hasta bien entrado el siglo XIX.-FRÉDÉRIQUE LANGUE, CNRS, Francia.
Cagiao Vila, Pilar y Portillo Valdés, José María (coords.): Entre imperio y naciones.
El libro es el resultado del Congreso organizado en julio de 2010 por la Cátedra Juana de Vega de la Universidad de Santiago de Compostela.
Las aportaciones focalizan la atención en la respuesta americana a los acontecimientos abiertos por la crisis de la Monarquía de 1808 y la política de la Junta Central en torno a 1810.
Se mantienen equilibrios entre HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS síntesis y tipologías analíticas y estudios de caso o comparativos para abordar la complejidad del proceso de independencia.
Héctor Pérez Brignoli distingue distintas tipologías de independencias a raíz de revoluciones separatistas criolla y urbana, de carácter popular y rural o liberal en la metrópoli; de una invasión criolla liberadora en alianza con fuerzas guerrilleras rurales; por el traslado de la Corte a la par de una revolución liberal; por efecto dómino o guerra entre Estados.
Tulio Halpering Donghi ofrece un panorama de la respuesta de los territorios americanos a los acontecimientos de 1810 y del camino definitivo a la independencia del Río de La Plata.
Brian Hammett desgrana los motivos que determinaron la caída del absolutismo en 1809-10, en el contexto de una economía colonial afectada por los cambios impuestos por el reformismo borbónico e inmersa en una creciente incertidumbre y aguda crisis financiera, que se buscó resolver con políticas lesivas a los intereses de amplios sectores coloniales -aumento de la deuda, consolidación de vales reales, desamortización-.
Según Antonio Annino, la Junta Central modificó el sentido del dominio americano al definirlo como parte esencial e integrante de la Monarquía.
Luego, la Constitución de 1812 se situó en el punto intermedio entre el pasado borbónico y el futuro post-napoleónico, desarticuló las jerarquías territoriales preexistentes y dio pie a la emancipación de los actores, un proceso reforzado por los conflictos bélicos.
Alfredo Ávila, Inés Quintero, José María Portillo y Beatriz Rojas sitúan sus reflexiones en el encaje territorial y las reivindicaciones locales y provinciales.
A. Ávila plantea, frente a las posiciones de quienes consideran que predominó la defensa de la autonomía o por el contrario la independencia e insurrección, que la lealtad al monarca no tuvo que estar necesariamente reñida con la búsqueda de la independencia, habida cuenta que uno de los temas relevantes fue el encaje de provincias, reinos y cuerpos políticos dentro de la Monarquía Compuesta.
I. Quintero aborda la defensa de la autonomía de ciudades y provincias en Venezuela ante la Regencia y la convocatoria a Cortes.
La Junta de Caracas buscó incorporar a su lógica y poder a los diversos territorios de la Capitanía, mientras que ciudades como Coro o Maracaibo defendieron su autonomía y negaron reconocer la representación global que pretendía la capital.
La vía a la independencia quedó abierta cuando no se reconoció la igualdad entre las provincias peninsulares y las americanas, en un contexto de reacomodo de los intereses de las elites locales.
J. M. Portillo defiende que las naciones son el resultado del proceso y no un hecho previo a su desarrollo.
Desde el recurso multidisciplinar, aborda un estudio de caso: el de Tlaxcala en su tránsito de territorio con un estatus equivalente al régimen foral a los cambios territoriales subsecuentes a la reforma de intendencias, al modelo provincial impuesto por la Constitución de 1812, para devenir Estado Libre y Soberano en 1857, en un sugerente caso de adaptación a modelos cambiantes legislativos, culminado con el reconocimiento de su particularidad histórica.
Para B. Rojas los pueblos, que articulaban el territorio novohispano, devinieron «los actores más importantes» tras el proceso abierto por la Constitución de 1812.
El gobierno representativo local, engarzado en el entramado constitucional, mantuvo competencias de gobierno y justicia, actuó de órgano electoral bajo lógicas corporativas y participó activamente en la construcción de la representación política.
La rapidez en la constitución de instituciones municipales fue resultado del impulso soberanista de los pueblos, forjado en la crisis de la Monarquía y la insurgencia.
Y si bien las castas e indios se vieron excluidos del gobierno local, existen indicios de que los pueblos de indios intentaron retener la representación dentro de los ayuntamientos multiétnicos.
M. T. Calderón se centra en el cuestionamiento del proyecto unitario bolivariano durante la Unión Colombiana (1825-32), llevado a cabo por un grupo de abogados que defendían el imperio de la Constitución y la ley.
El orden impuesto desde arriba por la figura preeminente -héroe, caudillo, dictadura-, fue objetado desde abajo cuando los pueblos se percibieron constituidos por el conjunto de ciudadanos y coparon la esfera pública con sus representantes y pronunciamientos en pos del poder percibido cómo un lugar vacío.
X. Ramón Barreiro aborda un estudio de microhistoria y prosopografía para reconstruir la colonia gallega radicada en el Río de La Plata durante los tiempos de la Revolución de 1810 y acercarse a las actitudes de las minorías y grupos de migrantes.
La insurgencia indígena es analizada por Víctor Peralta y Jean Meyer.
V. Peralta compara las características de la participación indígena en los movimientos juntistas insurgentes de Huánuco (1812) y Cusco (1814) en el Perú.
En el primero habría predominado la dirigencia de alcaldes indios, entre tanto en el segundo sobresalió la figura del cacique Pumacahua entre una mayoría de líderes militares mestizos y criollos.
El objetivo -denuncia de la opresión colonial de la mano de autoridades locales y provinciales-fue más radical en Huánuco y más difuso en Cuzco, donde se mantuvo el tributo y se mezcló con la defensa de la independencia respecto a HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 70, 2, julio-diciembre, 2013, 739-784.
J. Meyer estima la alta capacidad de convocatoria del movimiento abanderado por el cura Hidalgo y señala su acusado localismo, focalizado en el centro-oeste de México e itinerante, con una alta participación de indios, gentes adultas y trabajadores especializados y artesanos; desarrollándose en un clima de frenesí, emoción religiosa y monarquismo ingenuo, en el que fue clave la lealtad al pueblo natal, las relaciones de familia y amistad y cierto mesianismo con esperanzas casi milenaristas.
La óptica cultural y de circulación de ideas estuvo presente de la mano Joâo Paulo G. Pimienta y Rafael Rojas.
J. P. G. Pimienta esboza el flujo de ideas que circularon por las porosas fronteras que Brasil mantenía con las colonias españolas y por las que circularon gentes, mercan cías y los más diversos artefactos culturales.
Ello dio pie a una cultura política construida sobre la base de contactos dinámicos, inestables y movedizos.
Y esas habrían sido las claves que habrían permitido al Brasil superar la crisis e iniciar su particular formación del estado nacional.
Para R. Rojas, la libertad de imprenta establecida entre 1808-14 aceleró en Nueva España el proceso de construcción de un espacio público moderno, un fenómeno enraizado en la Ilustración.
Y ello a pesar de condicionarse la libertad de edición, al mantenerse vigente el fuero eclesiástico y al crearse una garantista y vigilante Junta Suprema de Censura.
Las restricciones a la libre circulación de impresos y revistas siguieron vigentes durante las etapas de Iturbide o de la 1.a República Federal, bien para frenar la influencia de quienes cuestionaban el poder, o para facilitar el consenso social y político.
Pedro Pérez Herrero analiza comparativamente -Argentina, Colombia y Chile-las dificultades de las nacientes repúblicas por dotarse de sistemas fiscales eficientes y bajo presupuestos liberales.
Se debatió si debían priorizarse los impuestos indirectos o directos, la conveniencia de recurrir a empréstitos, de construir una administración pública eficiente y de mérito, de sistemas de información -censos, catastros-o la conveniencia o no de adecuar la hacienda pública a la realidad económica del país o convertirla en factor de transformación y de superar las herencias coloniales.
El Caribe es analizado por Sergio Guerra, Frank Moya Pons, Franklin W. Knight y Digna Castañeda.
A pesar de la existencia temprana de una conciencia nacional, la independencia no se culminó por múltiples factores: el temor inducido por los acontecimientos de Haití, la elevada presencia militar española y el boom económico azucarero que consolidó la alianza entre los plantadores y la Monarquía española en defensa de la libertad de comercio y de la trata.
F. Moya Pons recorre el sinuoso camino de la independencia de la República Dominicana en la década de 1860 y las sucesivas luchas contra la dominación haitiana, española o norteamericana.
D. Castañeda rescata la condición de género y racial en el devenir histórico del Caribe, para comprender la naturaleza del sistema esclavista o la dificultad por lograr la libertad en la región.
F. W. Knigth aborda el impacto de la revolución en Haití y su influencia en el conjunto del sistema esclavista.
El esclavo devino un actor histórico, los derechos humanos se impusieron, se aceleró la abolición de la trata, al mismo tiempo que se imponía una «conciencia aterrorizada» en el Atlántico, un balance que hubiera quedado enriquecido si se hubiera incluido en el debate e hipótesis las propuestas de la historiografía haitiana y francófona.
El Centenario y los Bicentenarios son objeto de estudio por Pilar Cagiao y Juan Paz y Miño.
P. Cagiao continúa en su fructífera línea de investigación sobre la conmemoración del Centenario, en base a fuentes periodísticas con vocación americanista y concluye que «raza, unión espiritual y lengua común» fueron los pilares esenciales del discurso del regeneracionismo americanista, difundido en un ambiente de creciente hispanismo.
J. Paz y Miño hace recuento de las conmemoraciones de los Bicentenarios y destaca su alta institucionalidad.
Los autores asumen que el imperio, aquejado de una profunda crisis, terminaría derrumbándose a raíz de la vacantia regio.
Las instituciones corporativas, imbuidas del principio de retroversión de la soberanía, asumieron una cerrada defensa de la autonomía territorial, ante intentos centralizadores peninsulares o de ciudades capitalinas.
El largo, disímil y complejo conflicto ideológico y bélico se reduce a un intento de clasificación o llamadas de atención a casos particulares, sobre todo para el caso caribeño, o a considerar las causas y dirigencia indígena en insurrecciones donde se mostró un amplio apoyo de comunidades y pueblos de indios.
El surgimiento de la esfera pública, los límites de la libertad de prensa y representación, los cambios y continuidades entre las antiguas leyes y el ordenamiento constitucional de 1812, y la reflexión sobre el significado del Centenario y Bicentenario en la construcción de imágenes e idearios cierran un texto con voluntad globalizadora.-NÚRIA SALA I VILA, Universitat de Girona.
Pretensiones señoriales de don Pedro Moctezuma Tlacahuepantzin Yohualicahuacatzin.
Estudio y Fuentes documentales, Pachuca, Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2011, 295 pp., cuadros, genealogías e ilustraciones.
Uno de los debates recientes en la historiografía aborda el problema de la definición del término jurídico «cacique indio» durante el periodo novohispano, ya que la diversidad en regiones y periodos impide hacer generalizaciones.
Margarita Menegus -en El cacicazgo en Nueva España y Filipinas, obra que coordinó con Rodolfo Aguirre, México, 2005-hace un excelente balance historiográfico sobre el tema y enfatiza lo difícil que es lograr una definición que agrupe la gran diversidad de cacicazgos que existieron en las diferentes regiones de Mesoamérica, durante los tres siglos del virreinato.
Para algunos historiadores -como Rodolfo Aguirre, María Jesús Díaz Nava, Rebecca Horn, Rebeca López Mora, Laura Machuca, o José Luis de Rojas-el principal elemento de legitimidad de la nobleza india vinculaba sus privilegios a través del régimen de propiedad del mayorazgo español, lo que les permitía proteger privilegios y propiedades mediante la figura del cacicazgo.
Sin embargo, los estudios de caso han revelado que una gran cantidad de caciques novohispanos no poseían bienes vinculados, y algunos de ellos no recibieron el reconocimiento de caciques por sus propios pueblos (ver Gómez García, Lidia E.: Introducción al dossier «La nobleza india del centro de México durante el periodo novohispano.
Adaptaciones, cambios y continuidades», Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea].
Las negociaciones y alianzas tanto con la corona y oficiales reales en la Nuevas España, por un lado, como con los otros caciques y pueblos indios, por el otro, eran factores determinantes para lograr la legitimidad y preservar privilegios del cacicazgo.
Este es precisamente el tema abordado por Francisco Jiménez Abollado y Verenice Ramírez Calva en el libro que nos ocupa, a través del estudio de caso de don Pedro Moctezuma Tlacahuepantzin Yohualicahuacatzin.
Desde la introducción del libro los autores plantean que si bien el linaje de la casa señorial de Moctezuma II fue reconocido por los RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS españoles como perteneciente a la nobleza, la legitimación de sus privilegios y propiedades del antiguo señorío prehispánico estuvo sujeta a los cambios políticos a lo largo del siglo XVI, y sus consecuentes negociaciones tanto con la corona como con los pueblos indios.
Surge así la necesidad de analizar, a través de la vinculación de bienes, el proceso de legitimación de privilegios de un miembro del linaje noble de Moctezuma, en la región de Tula durante el periodo novohispano.
A este análisis contribuyen investigaciones previas de los autores que les permiten abordar ampliamente el caso: Jiménez Abollado, Francisco Luis (coord.): Aspiraciones señoriales: encomenderos y caciques indígenas al norte del Valle de México, siglo XVI, Pachuca, Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2009; Ramírez Calva, Verenice Cipatli: Caciques y cacicazgos indígenas en la región de Tollan, siglos XVI y XVII, Zamora, Michoacán, COLMICH, 2010.
Específicamente, es la definición de las figuras de mayorazgo y cacicazgo lo que constituye el eje rector del análisis que se aborda en la primera parte del estudio introductorio.
El debate historiográfico referente a si el mayorazgo en el virreinato correspondía al instituido en España, permite relacionar al cacicazgo como una forma de mayorazgo pero con ciertas diferencias al ejercido en la metrópoli española.
En la Nueva España era un medio para acceder al estatus aristocrático, independientemente del origen noble, pero limitando los derechos señoriales ancestrales de los linajes nobles sobre los pueblos indios, quienes quedaron jurídicamente bajo la tutela de la corona española.
Estas diferencias son fundamentales en el resto del argumento de los autores, debido a que sentaron el precedente sobre el cual los privilegios requerían ser ratificados y, por lo tanto, negociados, tanto con la corona como con otros caciques y pueblos indios.
A través del mayorazgo instituido por don Pedro Moctezuma en 1569, argumentando su origen noble prehispánico, los autores analizan la manera como éste requería del reconocimiento de los otros caciques y pueblos indios para poder ejercerlo.
El segundo capítulo del estudio introductorio analiza las pretensiones señoriales de don Pedro Moctezuma.
Los autores se enfocan en los contrastes entre los argumentos de don Pedro referentes a su nobleza y privilegios prehispánicos, y las mercedes obtenidas en las negociaciones con la corona por servicios y méritos.
Ambas tienen como punto de inflexión el territorio y dominio del antiguo señorío frente a los privilegios mercedados por la corona a los pueblos recién fundados, que ejercían su derecho a HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 70, 2, julio-diciembre, 2013, 739-784.
ISSN: 0210-5810 gobernarse y a tener jurisdicción tributaria sobre tierras protegidas por el fundo legal.
Ello explica cómo el enfrentamiento entre los caciques del pueblo de Tula y don Pedro Moctezuma fue inevitable.
Los autores tejen finamente su argumento para mostrar que en esta coyuntura la corona negoció con don Pedro, con otros caciques y con las autoridades del pueblo, fallando a favor de unos y otros dependiendo el momento, siempre protegiendo sus propios intereses.
El conflicto prosiguió con los descendientes de don Pedro, don Martín Moctezuma y luego su hermano don Diego Luis Moctezuma, hasta 1606, que corresponden a los capítulos III y IV del estudio introductorio.
El argumento de los Moctezuma siguió siendo siempre el mismo, centrado sobre los privilegios de linaje noble prehispánico sobre el territorio y sus terrazgueros, que los autores analizan con sumo detalle reconstruyendo los linajes y narrativas de unos y otros.
El aporte principal del análisis señala que, mientras los Moctezuma argumentaban derechos ancestrales, el sistema de vinculación de bienes en la Nueva España no les permitía ejercer los derechos que reclamaban, debido a que eran contrarios a los intereses de la corona, que trataba de limitar los privilegios de las antiguas casa señoriales.
Para ello protegió a los pueblos recién fundados, reconociendo como caciques a indios que no provenían de linaje noble, pero que servían a los intereses de la corona aunque no tuvieran bienes vinculados.
La merced de estos reconocimientos de caciques principales sin méritos de ascendencia o de guerra, eran sustituidos por méritos de servicio a la corona.
De esta manera surgieron caciques sin cacicazgo e indios principales sin linaje noble.
Como resultado, se generaron enfrentamiento entre los mismos caciques, lo cual resultó provechoso para la corona para el establecimiento del dominio en el sistema novohispano.
María Castañeda de la Paz ha estudiado también el linaje de los Moctezuma así como los testimonios de otros caciques, y ha propuesto que, como consecuencia de estos enfrentamientos, se debilitó económica y políticamente a los Moctezuma en la región, lo cual se logró fortaleciendo a otros caciques, algunos de ellos que no provenían de linaje noble, creando así una nobleza que no tuviera pretensiones señoriales sobre reclamos de sus antiguos señoríos (Castañeda de la Paz, María, «Historia de una casa real.
Origen y ocaso del linaje gobernante en México-Tenochtitlan», Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea].
Otros ejemplos de conflictos entre caciques, en otras regiones, por la misma circunstancia, indican que este caso no fue aislado y que los enfrentamientos locales debilitaron la autoridad de los linajes prehispánicos.
Así lo muestra el proceso judicial registrado en el siglo XVI entre los caciques de San Juan y San Francisco Iztacamaxtitilán que, en una situación similar, lograron acabar con los linajes del antiguo señorío de San Francisco, para favorecer a un nuevo grupo de caciques no nobles establecidos en el recién fundado pueblo de San Juan de los Llanos (Gómez García, Lidia E., «Un linaje enfrentado por el poder: don Francisco Temamascuicuil y don Pedro Solcuatzin, caciques de Iztacamaxtitlan, siglo XVI», Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea].
Un aspecto que los autores señalan es el de las jurisdicciones tributarias que podían confundirse con privilegios propios de los antiguos señoríos europeos, en los que el señor poseía vasallos que eran parte de su propiedad.
En la Nueva España, los terrazgueros eran considerados parte de sus propiedades vinculadas al territorio de los cacicazgos.
Recientemente, Margarita Menegus ha mostrado -en su conferencia virtual «Territorialidad, propiedad y privilegios de la nobleza india», presentada el 30 de julio de 2013 en el INAH, México-, cómo estos regímenes de propiedad de tierra vinculada a terrazgueros se perpetuaron en algunas regiones hasta finales del siglo XVIII, como es el caso de la mixteca y Tecali.
Para la región de Tula y San Juan Iztacamaxtitlán sucedió lo contrario, los antiguos linajes y sus derechos sobre terrazgueros fueron minados por conflictos internos entre los propios indios principales, lo que fue erosionando la autoridad y legitimidad de los nobles, a lo que contribuyó la corona al privilegiar los derechos de los pueblos recién fundados, los cuales constituyeron contrapesos políticos para limitar el poder de la nobleza india.
La segunda parte del libro contiene la transcripción paleográfica de los documentos del caso que se analizan, provenientes del Archivo General de Indias y del Archivo General de la Nación.
Este corpus de transcripciones resulta de gran valor, proporcionando una herramienta de estudio más para analizar la interpretación y propuesta planteada por los autores, pero sobre todo como documento que se pone a disposición de los historiadores para futuros estudios del caso.
La contribución de los autores al debate sobre los caciques novohispanos, y en especial la propuesta de cómo los enfrentamientos entre caciques debilitaron el poder político y económico de los nobles, estriba en su propuesta de tomar como eje de análisis a la figura del cacicazgo que, como forma de propiedad y disfrute de privilegios, originó conflictos internos entre caciques nobles y los caciques de los cabildos que representaban a los pueblos fundados hacia mitades del siglo XVI, lo que finalmente disminuyó la autoridad de los antiguos linajes hasta casi su desaparición hacia finales del siglo XVI.-LIDIA E. GÓMEZ GARCÍA, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
He used local informants effectively for one of his most important works, the Tratado y averiguaciones sobre los errores y supersticiones de los indios (1559).
In 1571 he joined Viceroy Francisco de Toledo and prepared a detailed report, the Informe de los fundamentos acerca del notable daño que resulta en no guardar a los indios sus fueros on the need to respect native legal practices.
Polo Ondegardo, los Andes, y los estudios andinos».
Lamana argues that Ondegardo's «contenido etnográfico está condicionado por (responde a) un proyecto político concreto, que llamo taxidermia» (p.
Regarding Polo as a «temprano partidario del relativismo o la convivencia» he posits that «es una imagen sumamente sesgada» (p.
Lamana points out that «esbozaré la matriz cristiano-racial sobre la cual Polo opera» (p.
Martínez, Françoise: «Régénérer la race»: Politique éducative en Bolivie (1898Bolivie ( -1920)) Las elites hispanoamericanas no vieron con buenos ojos los cambios que ocurrían en el mundo al despuntar el siglo XX.
Tales reformas visibilizaron las nuevas fuerzas sociales que soñaban con profundas transformaciones encaminadas a modificar el perfil social colectivo.
Sin embargo esos vientos renovadores llegaron débilmente a Bolivia, pero sirvieron para hacer pensar a los gobernantes que la incorporación a los procesos de modernización y progreso era la herramienta adecuada para edificar el país y crear una conciencia identitaria nacional.
Como parte de esta experiencia, François Martínez ha desarrollado una investigación muy sólida acerca de la política educativa y pedagógica aplicada en Bolivia durante las dos primeras décadas del siglo XX, como parte programática del gobernante partido liberal.
Inspirado en un enfoque revelador desde la historia de la educación, el libro «Régénérer la race»: Politique éducative en Bolivie (1898Bolivie ( -1920) ) incorpora al debate historiográfico la validez o ineficacia de programas encaminados a la unificación nacional y a la desindianización cultural en * Nota de la redacción: Esta reseña fue encargada por nuestra inolvidable compañera y secretaria del Anuario durante muchos años, Justina Sarabia Viejo, de ahí que no se le hayan aplicado las normas para las reseñas acordadas posteriormente por el consejo de redacción de la revista.
Este estudio ofrece aportaciones que ilustran los proyectos didácticos con los que se pretendió reorientar la estructura de la sociedad boliviana en torno a 1900.
El análisis también informa y examina las propuestas de la política liberal en Bolivia y reflexiona sobre los resultados y consecuencias de las condiciones de la educación primaria y de la formación técnica establecidas hasta entonces en el país.
Con leguaje directo y concreto, la autora desarrolla su investigación desde la conjetura sostenida por las teorías liberales occidentales en las que la educación formal es un instrumento ineludible del progreso nacional (p.
Estos planes se desarrollaron en dos líneas de acción: por un lado, atendiendo la formalidad de los proyectos educativos (planes de estudio y actividades), y por el otro, implementando iniciativas renovadoras que contenían contradicciones intrínsecas: se ambicionaba conseguir la homogeneización de los bolivianos y al mismo tiempo su diferenciación.
«Régénérer la race» cumple con el objetivo de mostrar y demostrar las aspiraciones de una elite política que pretendía modernizar, civilizar y educar a la sociedad con el fin de conducir a Bolivia por el camino del progreso como Estado y como Nación, pero sin arriesgar la pérdida de sus privilegios y de su hegemonía política, económica y social.
En general, la remodelación del componente cultural autóctono era uno de los objetivos principales en una nación indígena y rural enganchada en tiempos pretéritos.
Las iniciativas encaminadas a la reorganización e incremento de la instrucción primaria -señala el libro-, fueron pensadas como material de renovación nacional y de remodelación del tejido social.
La educación, según el proyecto político del momento, era el remedio para todos los males sociales y la mejor herramienta para el progreso nacional.
En el medio rural, sin embargo, ésta actuó esencialmente como un instrumento de control dirigido a incorporar a los grupos indígenas al modelo dominante; en cambio, el ambiente urbano -como el de los artesanos-se quedó en la aspiración de ser beneficiado por los avances de la modernidad.
Este programa educativo no encarnaba la europeización a ultranza de la sociedad boliviana cuya característica fundamental se definía por las fuertes ataduras en la cultura nativa, sino que ambicionaba ser un puente para el acceso al conocimiento más universal.
Uno de estos caminos era la alfabetización generalizada ya que, en puertas del siglo XX, sólo un 16 % de la población boliviana sabía leer y escribir frente a un 45, 6 % en Argentina y 30,3 % en Chile (p.
Otro objetivo pedagógico paralelo, imprescindible para el progreso social y nacional, quería la desindianización programada, es decir, el rompimiento de la tradicional dicotomía donde dos mundos diferentes convivían paralelamente.
Esta monografía presenta la temática tratada con una descripción geopolítica del territorio boliviano y un retrato de su configuración administrativa y estatal de fines del siglo XIX.
Tal información resulta útil para comprender el contexto y el escenario histórico donde aplicar innovadores métodos para formar una ciudadanía cercana a los ideales educativos liberales bajo las normas de un Estado docente.
En conjunto, la obra se estructura en tres partes cuyos títulos aciertan con el tema a tratarse: La primera parte, El partido liberal y su proyecto de «regeneración educativa», dibuja un panorama de la situación boliviana con más falencias que aciertos.
Este horizonte ayuda al lector a comprender el escenario donde se desarrolla el proceso educativo.
La segunda parte, Una política educativa de unificación y de desindianización, explica los principios destinados a alejar a la población de la barbarie primitiva y permitir la vertebración de este cuerpo social fragmentado.
Para ello utilizará los logros conseguidos por la pedagogía belga en Bolivia a través de la misión dirigida por Georges Rouma.
La tercera parte, De la Asimilación a la diferenciación, concentra el nudo de la tesis mostrando la forma de readaptación de los fundamentos del sistema educativo empleado, para después encaminarlo hacia la remodelación de la escuela y de la sociedad.
La preparación y el enaltecimiento de la condición del maestro fue la pieza medular.
La obra expone un abundante abanico de ideas surgidas de la bibliografía especializada.
Establece el contexto científico de la investigación con un balance historiográfico acertado y adecuado al tema y a la problemática regional.
Las numerosas notas a pie de página enriquecen la pesquisa e informan del origen y la calidad de las fuentes primarias, además de revelar la amplitud de documentación consultada en archivos nacionales y provinciales.
Los quince anexos complementan el texto de manera consistente, y en ellos se halla la ubicación de los archivos consultados, reveladoras fotografías, gráficos y cuadros.
Además, se incluyen y utilizan series cuantitativas para medir aspectos como la distribución de escuelas en el territorio nacional o el número de maestros que la nueva escuela exigiría.
El anexo 4 muestra el «Presupuesto del ministerio de Instrucción, por departamentos» entre 1905 y 1920; tales cifras, en cantidad monetaria y en porcentaje, son una sólida herramienta de análisis para conocer la trascendencia que el HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 70, 2, julio-diciembre, 2013, 739-784.
ISSN: 0210-5810 Estado daba a la educación boliviana en comparación con los países limítrofes.
Asimismo, el anexo 5 muestra la porción del presupuesto nacional asignada a la instrucción; esta asignación alcanza, en el mejor de los casos, a un 11 % o menos (1909,1910,1913), monto que correspondía a la mitad de lo asignado al Ministerio de Guerra.
En resumen, se percibe que el libro ha examinado, recapitulado y elaborado cuidadosamente el conjunto de datos y contenidos que pueden ser buscados en el práctico índice temático.
Esta tesis confirma que el nuevo orden liberal no cambió las estructuras profundas de la sociedad ni de la escuela.
El proyecto educativo de regeneración de la raza fue pensado como un instrumento de democratización, sin embargo funcionó como un mecanismo de reproducción y de consolidación de las desigualdades sociales evidentes (p.
En esas circunstancias, el objetivo prioritario de una parte de la elite, congregada en el partido político liberal, consistió en eliminar los obstáculos a la modernización nacional y en intentar perfeccionar la sociedad en su conjunto gracias a la escuela. (p.
376) La cuestión ineludible que abre este estudio consiste en averiguar la calidad y pautas de perfeccionamiento que buscaron estos esfuerzos estatales para mejorar la sociedad boliviana.
Esta persuasiva investigación abre puertas a nuevas reflexiones sobre el proceso de construcción del Estado en las naciones latinoamericanas desde las múltiples visiones de un prisma, en este caso el de la educación.
Por el uso novedoso de documentación y sus aportaciones a la historia de la educación boliviana e hispanoamericana sería muy bien recibida una traducción de esta obra al castellano para agilizar su difusión y capturar sus múltiples aportaciones a la historia.
Estamos ante una obra sin duda muy necesaria para el conocimiento de la evolución de la ciudad de Bogotá, que hace tiempo es ya una megalópolis que ha absorbido una multitud de poblaciones de la Sabana de Bogotá.
No se comprendería esa evolución sin la estructura y el aparataje normativo e institucional que han ido marcando los tiempos y el desarrollo tanto material como formal de la capital de Colombia y antes del Nuevo Reino de Granada.
Los autores no han pretendido historiar la evolución de la ciudad en un contexto social o político, sino en el meramente institucional, salvo en aquellos rasgos imprescindibles para marcar determinados momentos, como los de Rafael Núñez o Gustavo Rojas Pinilla, por ejemplo.
Así pues, la lectura resulta poco entretenida salvo para el estudioso de las instituciones o del derecho, porque la narración es la parte menor, quedando supeditada a la inclusión de normativas, estatutos, códigos y leyes reguladoras de la actividad municipal con la multitud de cambios que a lo largo de su historia ha experimentado.
Tampoco este tratamiento se presta al lucimiento literario al carecer de descripciones, de análisis de acontecimientos humanos, de reacciones psicológicas.
Es pura y llanamente derecho y textos legales.
Como la obra se compone de tres volúmenes, los dos primeros son de análisis de la evolución institucional y el tercero, de transcripción de cuatro documentos.
El primer tomo aborda el discurrir administrativo y jurídico de Bogotá desde los primeros pasos que se inician con la Junta Suprema en 1810 y el proceso constitucional en Cundinamarca.
Se instituye el Juez Político como administrador del Cantón, todo lo cual desaparece con la reconquista por las fuerzas del general Pablo Morillo.
Bogotá, tras la independencia se convierte en la capital de la República y, aunque de modo más teórico que práctico, de la Gran Colombia.
Seguidamente se analiza la organización cantonal y territorial en la primera y segunda constituciones de la República de la Nueva Granada.
Entre 1853 y 1860 se generan seis constituciones en las que la capital debe tener su encaje, sobre todo, con la aprobación del primer Código Político y Municipal.
Como en tantos sectores de la vida colombiana el Dr. Rafael Núñez también fue determinante en asignar un papel a la ciudad capital dentro de los Estados Unidos de Colombia, dotándola de una autonomía administrativa en la búsqueda de una república unitaria.
El tomo segundo arranca de 1886 intentando resolver la concentración de autoridades de distinto alcance en el mismo punto, caso de Bogotá, al HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 70, 2, julio-diciembre, 2013, 739-784.
¿Bastaba con la excepcionalidad del régimen político y municipal?
¿Habría que crear un Distrito Capital para Bogotá?
Sería bajo el gobierno del general Rafael Reyes en 1905 cuando se dotara a Bogotá del status de Distrito Capital, lo cual conllevó la modificación de los Departamentos.
A lo largo de la primera mitad del siglo XX se presentaron numerosas discusiones sobre la condición de Bogotá como sede del presidente de la República y del gobernador del Departamento.
Según el Código de Régimen Político y Municipal de 1913 los alcaldes municipales debían ser nombrados por el gobernador del Departamento, como efectivamente ocurrió hasta 1954.
Según el mismo código los Departamentos tendrían una Asamblea Departamental.
Como es natural el municipio de Bogotá tenía un carácter especial que requería la intervención del Estado en la prestación de servicios públicos.
Desde el segundo lustro de la década de 1940 se empieza a gestar la planificación de la ciudad como Distrito Especial, dadas las necesidades de programar su crecimiento.
Durante el gobierno del general Rojas Pinilla en los años centrales de la década de 1950 se aprobó el decreto para la creación del Distrito Especial que constaría de un Consejo Administrativo de doce miembros, cuatro de los cuales los nombraría el Presidente y los otros ocho a partes iguales los dos grandes partidos.
A partir de entonces la máxima autoridad municipal pasó a denominarse Alcalde Mayor y a ser nombrado por el Presidente.
A medida que la ciudad fue incorporando antiguos municipios se vio la necesidad de su descentralización a través de dieciséis Alcaldías Menores desde 1968.
El siguiente paso tras numerosas medidas de planificación del crecimiento sería la elección popular del alcalde desde 1986.
La Constitución de 1991 ha sido la que más medidas ha adoptado para descentralizar y formar distritos de los barrios a medida que el crecimiento se volvió absolutamente desmesurado.
Teniendo en cuenta las necesidades esenciales comunes a todos, los gestores tenían márgenes para la utilización del presupuesto.
En el siglo XXI los mayores problemas se presentaron en el terreno de la coordinación de los variados sectores y servicios de una ciudad gigantesca.
El tercer volumen recoge cinco documentos de diversa extensión y carácter puramente normativo.
El primero es una instrucción del virrey Guirior para el gobierno de los Alcaldes de Barrio de la ciudad de 1774.
El segundo son unos reglamentos para la Junta Provincial que había de gobernar la provincia en nombre de Fernando VII.
El tercero consiste en el arreglo de tribunales de la capital del Estado de Cundinamarca de 1811.
El cuarto es el código político y municipal del Estado de Cundinamarca de 1858.
Finalmente, el último es el código político y municipal de 1888.
La Historia Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá es una obra imprescindible en toda biblioteca dedicada a asuntos urbanos, municipales e institucionales.
Igualmente, en cualquier repositorio bibliográfico dedicado a Colombia o a Iberoamérica no puede faltar esta obra, que también hay que decirlo, es colectiva y seguramente gracias a eso ha podido ser realizada por expertos conocedores e investigadores del Archivo de Bogotá.
La utilidad de tener reunidos en una sola obra todos los reglamentos, estatutos, decretos y leyes relativas a la ciudad de Bogotá no tiene precio.
De esta manera, a la par que se observa la evolución de una ciudad capital de características específicas y únicas por su ubicación, su dimensión y su climatología, también se puede apreciar mediante esta obra los pasos dados por las autoridades nacionales, estatales o departamentales para adecuarse a las necesidades de cada etapa según el contexto político, social y económico.
Resulta, por tanto, muy oportuno que alguien con visión, como el Director Académico Fernando Mayorga, haya promocionado una obra como la presente, de la que se beneficiarán no sólo los estudiosos de las instituciones, en especial alumnos universitarios de las facultades de derecho e historia y ciencias sociales, sino también toda persona de cierto nivel cultural.-JULIÁN B. RUIZ RIVERA, Universidad de Sevilla.
Mora, Carmen de; Serés, Guillermo y Serna, Mercedes (eds.): Humanismo, mestizaje y escritura en los Comentarios Reales, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana Vervuert, 2010, 390 pp. * Algunos escritores parecen cobrar vida a lo largo de las centurias, mostrando un renovado brillo frente a las opacidades del tiempo, como ocurre con el Inca Garcilaso de la Vega, cuyos Comentarios reales han sido objeto de debates y reflexiones en sus primeros 400 años, como lo * Nota de la redacción: Esta reseña fue encargada por nuestra inolvidable compañera y secretaria del Anuario durante muchos años, Justina Sarabia Viejo, de ahí que no se le hayan aplicado las normas para las reseñas acordadas posteriormente por el consejo de redacción de la revista.
ISSN: 0210-5810 demuestra este excelente libro, que tiene su origen en el Congreso celebrado en la Universidad de Sevilla (2009) organizado por la profesora Carmen de Mora.
A tenor de los trabajos interdisciplinarios reunidos en el presente volumen, resulta evidente que la obra del Inca está llena de repliegues y capas interpretativas que arrojan luz sobre el pasado andino y abren nuevos derroteros sobre aspectos fundamentales como el entorno jesuítico del Inca, su mirada idílica sobre el Tawantinsuyo, la complejidad genérica a la que pertenecen los Comentarios o la influencia ejercida por su obra en la historiografía peruana e hispanoamericana.
Berta Ares («El Inca Garcilaso y sus "parientes" mestizos») analiza cómo el traslado del Inca a tierras peninsulares evitó, en parte, la marginación que sufrieron sus parientes con la implantación del modelo colonial y la consecuente promulgación de leyes muy restrictivas que prohibían a los indios y mestizos portar armas, acceder a los cargos administrativos o heredar las encomiendas paternas, lo que demuestra que el Inca, al autoproclamarse mestizo, iba más allá de un simple recurso retórico.
El Inca atribuye un papel destacado a sus vecinos y parientes en la elaboración de su historia sobre el incario, a través de los testimonios recogidos de la tradición oral y de los que le llegan gracias a las visitas que recibe en Córdoba, Sevilla o Madrid.
Con gran acierto, Ares considera que estos emisarios eran los encargados de llevar los testimonios escritos de sus fuentes peruanas, aunque Garcilaso nunca da una referencia concreta sobre estas, destacando en este sentido la colaboración de Diego de Alcobaza, un cura mestizo que estuvo en todas las revueltas para promover la libertad de oportunidades en el acceso al sacerdocio o del también mestizo Juan Arias Maldonado, quien le informó del proceso seguido contra el líder Túpac Amaru.
Sobre las fuentes manejadas por el Inca, Carmen Bernand («Soles, Platón, Heliodoro, León Hebreo y el Inca Garcilaso») estudia la importancia que tienen textos como los Diálogos de amor de León Hebreo y Las Etiópicas o la Historia de Teágenes y Cariclea de Heliodoro, del que se han encontrado dos ejemplares en la biblioteca montillana del Inca y que fue durante siglos el modelo de novela de aventuras, por el que el Inca sintió una gran admiración en contraste con la inquina que muestra en todo momento contra las novelas de caballería.
Si bien el texto de León Hebreo aparece citado en numerosas ocasiones en sus proemios no ocurre lo mismo con el texto de Heliodoro, a pesar de que ambos autores comparten una suerte de misticismo neoplatónico que Carmen Bernand rastrea en las dos obras claves de Garcilaso: La Florida del Inca y los Comentarios reales de los Incas.
La Florida fue en el siglo XVI un topos mítico en los confines del mundo, igual que ocurre con Meroé en la obra de Heliodoro.
Y aunque el Inca insistió en la veracidad de su obra, una parte importante de la crítica la ha considerado más obra de ficción que crónica histórica rigurosa.
Bernand analiza también los paralelismos entre la Casa del Sol, descrita en los Comentarios y el Templo de Salomón, o los paralelismos muy bien vistos entre el Cuzco, capital del Tawantinsuyo, y la Jerusalén del protocristianismo o su analogía con la Roma de los Césares.
Bernat Castany Prado («Historia y narración en los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega») sigue las teorías de Hayden White, en obras como Metahistoria o El contenido de la forma, para demostrar que el discurso historiográfico se articula desde los propios elementos literarios, a través de personajes, argumentos, géneros, conceptos, etc., en oposición a lo planteado por el filósofo Paul Ricoeur.
Castany, analiza tres aspectos importantes en la obra histórica de Garcilaso: el providencialismo cristiano, la ley natural y la unidad neoplatónica.
Christian Córdova Robles («Los Comentarios reales de los Incas: breve examen de las ediciones de Puebla (1953) y de San Marcos (1959)») analiza las llamadas ediciones «populares» de los Comentarios y propone reconsiderar los criterios de modernización del texto, dada la importancia que cobra la publicación facsimilar de la edición príncipe de esa obra.
En un brillantísimo artículo, Christian Fernández («Traducción y apropiación: los "papeles rotos" y la creación de Blas Valera como 'autoridad' en los Comentarios reales del Inca Garcilaso») considera que el Inca era un maestro en el arte de autorizarse a sí mismo y de autorizar su discurso colonial, destacando su maestría en el uso de la referencia o cita textual, no sólo de autores clásicos, lo que era una norma en esta época, sino también de sus coetáneos, los historiadores y cronistas de Indias -López de Gómara, Cieza de León, el Palentino, Acosta, etc.-. Lo más llamativo es que cita documentos, relaciones, cartas, obras inéditas, textos sin publicar que a pesar de no contar con el crédito y autoridad de los publicados, el Inca les da una nueva dimensión, como hace con los escritos de Blas Valera al que cita profusamente y con verdadera devoción, lo que le valió al Inca la consideración de «plagiario».
Desde 1907 aparecen voces críticas como las de José Toribio Polo y especialmente Manuel González de la Rosa, quienes consideraron al jesuita como el verdadero autor de los Comentarios reales, además de otras obras importantes del periodo.
ISSN: 0210-5810 último llegó a sostener que era una fábula que el Inca recibiera los «papeles rotos» de Valera, a través del padre Maldonado de Saavedra, tras el saqueo de Cádiz por parte de la escuadra pirática de Drake.
Todo sería una estrategia para apoderarse de la obra de Valera y firmarla como propia, lo que fue contestado con una autoridad enorme por el joven investigador Riva Agüero, quien mantendría durante mucho tiempo una polémica en la que González de la Rosa saldría mal parado.
Lo sorprendente de estas citas continuas es que Valera no era una verdadera autoridad, no había publicado nada y sus manuscritos, de los que supuestamente Garcilaso tomó la información religiosa y las costumbres de los incas, resultaban a todas luces incómodos para los suyos, por haber estado procesado por la Inquisición.
Fernández concluye que Garcilaso inventa a «Blas Valera no como personaje, sino como autor».
Luis Miguel Glave («El Cuzco de Garcilaso») centra su análisis en la importancia del Cuzco no sólo como capital del Imperio, sino también como epicentro de la intelectualidad andina, como lo demuestra el que residieran en la misma ciudad figuras como Polo de Ondegardo, Damián de la Bandera, Pedro de Quiroga, Diego de Trujillo, Juan de Betanzos, Cristóbal de Molina, Cristóbal de Albornoz, García de Melo, Toribio Galíndez, Tito Cusi Yupanqui o el propio Garcilaso.
El autor reconstruye de manera minuciosa las tensiones vecinales -sobre todo después de las guerras civiles y las luchas por el poder-, los pleitos entre familias, la violencia latente en una sociedad dividida por criterios raciales y legislativos, que impedía tener a los mestizos los mismos derechos que a los descendientes directos de españoles.
Ricardo Fidel Huamán Zúñiga («Reconstrucción de una lectura andina de los Comentarios reales: el caso del Ollantáy») sigue las ideas del gran erudito Antonio Cornejo Polar, quien propuso estudiar la recepción e influencia de los Comentarios reales, más allá del nacionalismo inca del siglo XVIII, la gran revolución de Túpac Amaru o su impronta durante los años de la emancipación.
Considera Huamán que Garcilaso es responsable de una deformación en la visión del mundo incaico al presentarnos el Cuzco como una nueva Roma, a los incas como caballeros medievales, a las akllas como vestales romanas, etc., como si su mundo incaico estuviese conformado únicamente por materiales europeos, lo que provocaría una grave visión distorsionada del mundo andino.
En su intento por rastrear las huellas de los Comentarios reales se detiene en la obra Ollantáy, cuya autoría -quizás de Antonio Valdez-ha sido largamente discutida.
El autor analiza el impacto de Ollantáy como una pieza teatral única, surgida del proceso de transculturación en donde una civilización extinta como la del Tawantinsuyo deja su legado a los herederos que inician una tradición literaria quechua fuertemente influida por la evangelización.
Amalia Iniesta Cámara («La construcción de una patria andina a través de la escritura de los Comentarios reales») estudia cómo el Inca estuvo siempre preocupado por la construcción de una «patria andina», en la que deben convivir en feliz armonía indios, mestizos, criollos, compatriotas, paisanos, abriendo círculos concéntricos en una identidad que va de la familia a la nación, cincelando la idea de patria como colectivo necesario.
De hecho él se enorgullece de llevar sangre india y así lo muestra en repetidas ocasiones y presume de ser quechua hablante («la mamé en la leche») y recoge con devoción todo lo que le contaron sus parientes maternos, todo lo que alcanzó a recordar desde su lejana infancia.
Reivindica su condición mestiza («De ambas naciones tengo prendas») y su compleja identidad como descendiente inca, lo que explicaría sus sucesivos nombres (Gómez Suárez de Figueroa, Garcilaso de la Vega, Inca Garcilaso...), al tiempo que se presenta como un individuo que desempeña diversos papeles intelectuales: escritor, historiador, cronista, traductor e intérprete.
Iniesta ve al Inca como un escritor solitario y nostálgico, un humanista que se esfuerza por reconstruir en su memoria el Incario para salvarlo del olvido, como si la escritura fuera una terapia frente a la destrucción y la amnesia histórica.
A partir del concepto de Corografía, desarrollado desde los escritos de Pomponio Mela (De Chorographia), Esperanza López Parada («El mapa y el Imperio: la representación de la ciudad de Cuzco») detalla cómo los viajeros del XVI describen el Cuzco como una ciudad pulcra, ordenada, con grandes muros y palacios para orgullo del incario, en contraste con el resto del Imperio, lleno de espacios desérticos o selváticos, inaccesibles y bárbaros.
La ciudad del Cuzco fue considerada como la prueba de la sofisticada civilización de los incas, frente a los rudimentarios asentamientos antillanos y caribes, ocupados por tribus seminómadas que practicaban el canibalismo y la barbarie.
Sin embargo, desde muy pronto, los cronistas hablan de la pérdida de brillo de la capital cuzqueña, en contraste con la pujante Lima de los conquistadores y la riquísima Potosí.
En comparación con estas ciudades Cuzco comienza a verse como una capital del pasado, lugar un tanto insalubre, oscuro, de mal clima, de pocas materias primas, lugar que conoce el deterioro de sus mansiones y palacios, cuyo declive es HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 70, 2, julio-diciembre, 2013, 739-784.
ISSN: 0210-5810 simultáneo a la apropiación española, y hablan de ella en tono elegíaco, como «una especie de ubi sunt locativo y urbano».
Raúl Marrero Fente («La visión trasatlántica de las culturas en los Comentarios reales») estudia al Inca como modelo de una cultura trasatlántica en donde ambas tienen valores equivalentes, al tiempo que él se muestra como puente y traductor entre los dos mundos.
Garcilaso en todo momento revela su vocación trasatlántica y concibe el Atlántico como espacio de encuentro entre los dos mundos, como topos de interacción entre América y Europa, sirviéndose para ello de narraciones clásicas como la aventura del marino onubense Alonso Sánchez o los naufragios de Pedro Serrano.
José Antonio Mazzotti, en un excelente ejercicio filológico («Comentarios a los Comentarios: Problemas de anotación en la edición del Inca»), rastrea las múltiples ediciones que se han hecho de la Primera parte de los Comentarios desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
En su intento «quijotesco» de hacer una edición canónica, Mazzotti asegura haber respetado las ediciones príncipe de 1609 y 1617, manteniendo en lo posible la puntuación variopinta y aparentemente arbitraria de los textos que, como sabemos por la elocutio del Siglo de Oro, cumplía una función determinante en las lecturas en voz alta que se hacían del texto para un público en muchos casos analfabeto o con pocos recursos para gastarlos en libros.
Otra cuestión importante que plantea es el respeto a la ortografía de la época, más allá de los criterios modernizadores que falsean la pronunciación del momento, por lo que en su edición le guía un criterio «prosódico y sonoro».
Mazzotti ejemplifica con algunas ediciones conocidas como la de Carlos Araníbar (1991) o la de Rivarola (2002) y propone, casi como un dogma filológico, respetar el texto al máximo para devolverlo a su universo múltiple y bicultural.
Luis Millones («La cruz de Garcilaso») reflexiona sobre la religiosidad en la obra del Inca y en la sociedad andina, tomando como punto de partida la primera cruz que llegó al Nuevo Mundo, instalada en la Catedral del Cuzco, para conjurar el fantasma de Viracocha, seis años antes de que naciera el Inca Garcilaso.
Para Garcilaso la cruz habría llegado al Nuevo Mundo antes que Colón, como una forma de sacralidad precolombina que habría allanado el terreno para la posterior evangelización.
Predicaciones en el pasado habrían quedado olvidadas o laminadas por los pecados indígenas, a la espera de la llegada de los españoles con la nueva cruz.
Millones rastrea la creencia de viajes milagrosos a la zona andina por parte de San Brendan y San Bartolomé, tal y como aparece recogido en cronistas como Guamán Poma, Santa Cruz Pachacuti, Anello Oliva, Calancha, Sarmiento de Gamboa o Ramón Gavilán.
Song No («Los Comentarios reales en la tradición historiográfica española») interpreta los Comentarios reales desde una triple tradición: 1) las crónicas castellanas anteriores al Descubrimiento; 2) la historiografía indiana y 3) la historiografía humanista europea.
Song No aporta a la bibliografía canónica del Inca una mirada diacrónica, donde toma como antecedentes las crónicas de la historiografía española, marcadas por un afilado «nacionalismo» visible en el relato de los hechos memorables.
Garcilaso deja clara su pasión intelectual por el género historiográfico, considerado el máximo logro de la intelectualidad renacentista.
En este sentido relaciona los Comentarios con textos castellanos que van desde la Historia regibus Gothorum de San Isidoro (560-636) hasta las crónicas castellanas del siglo XV.
Por su parte, Rocío Oviedo Pérez de Tudela toma como punto de partida para su artículo («Abogado y juez.
La voz retórica del Inca») la Historia como magistra vitae, y analiza algunos recursos visibles en la obra del Inca, como la traslatio, en el uso de la técnica dialógica; la imitatio, en los modelos elegidos que van desde Julio César a José de Acosta y que tienen en el pueblo judío un verdadero paradigma; la inventio, sobre todo a partir de la utilización de recursos orales, o la dispositio, perfectamente articulada en ese dinamismo narrativo entre el pasado y el presente, subrayando la estructura circular de la obra a partir de la idea del tiranicidio.
Fermín del Pino-Díaz («Mestizos americanos y conversos hispanos.
¿Posibles aliados?») centra su atención en los grupos integrados por conversos y mestizos que se sintieron amparados dentro de la Compañía de Jesús, como le ocurrió al propio Garcilaso, quien no dudó en alabar los trabajos más notables de algunos miembros de la orden, como el Padre Acosta o Blas Valera, mientras que critica abiertamente a López de Gómara o Diego Fernández, el Palentino.
José Antonio Rodríguez Garrido, en un texto brillantísimo («El título de los Comentarios reales: una aproximación»), analiza el título de la obra apoyándose en el proceso de creación y cronología de la misma.
Considera que «reales», como apunta el Diccionario de autoridades, se refería a «lo que toca y pertenece al Rey» y no tanto en el sentido de «verdadero», como defendiera en su día González Vigil.
Rodríguez considera que el uso de «reales» en todos los contextos tiene un claro referente semántico: el linaje de reyes incas.
Frente a la política insidiosa del virrey Francisco de Toledo, cuyo empeño era demostrar la tiranía de los incas, Garcilaso equipara la realeza incaica con la española y por encima de estas apunta a la fuente primera de la que emana el poder: Cristo, rey de reyes.
«Real» se refiere a la materia de la obra, puesto que cuenta la historia de los incas y su ámbito de poder.
¿Por qué llamarlo «Comentarios» y a qué genero pertenece?
Rodríguez da una explicación del título en una doble dirección: A) como un tipo historiográfico (Miró Quesada, Porras Barrenechea) cuyo modelo serían los Comentarii rerum gestarum de Julio César, lectura presente en la biblioteca del Inca, aunque de parentesco discutible, y B) como un modelo de discurso marcado, como ya señalara Porras Barrenechea a partir de algunas ideas de Cicerón, por el tono humilde y sencillo, lejos de los oropeles de la Historia.
Junto con otros autores sostiene que los comentarios son un género parásito que necesita de otro texto, un texto de autoridad, para exponer los diferentes puntos de vista sobre un asunto o materia.
Considera, además, que el sintagma «Comentarios reales» frente a otros habituales en la época -historia imperial, historia pontifical, etc.-no resulta tan extraño, aunque sí original en su creación.
Lo cierto es que siendo un género de origen clásico, habría sufrido numerosas mutaciones y cambios a lo largo de los siglos como se demuestra en la historiografía italiana que rastrea y analiza el autor.
Guillermo Serés reflexiona sobre el género de los «comentarios» («Los Comentarios reales y la historia universal»), lo que le permitió al Inca cuestionar y validar los textos escritos por autores españoles, sorteando mediante este hábil recurso, los zarpazos del Santo Oficio.
Los incas, de acuerdo a un plan divino, prepararon el terreno para la asimilación del Cristianismo, por lo que el triunfo militar de los españoles no fue visto como una derrota para su pueblo, sino como una victoria frente al demonio, ingresando así en el orden occidental y cristiano.
Para el Inca el Cuzco era el territorio donde convergían todos los pueblos andinos, como Roma lo era para todas las provincias anexionadas.
Serés considera que las continuas referencias a Roma, los Césares, Augustos, Daríos, Ptolomeos, Alejandros y otros personajes del mundo antiguo, no sólo son un tributo al Renacimiento y un tópico literario, sino que obedece a una necesidad de que se reconozcan a los pueblos andinos en igualdad de condiciones que a los españoles peninsulares.
Para Serés, si los Comentarios de César son un ejemplo de propaganda política, no lo son menos los del Inca, coincidentes en la ausencia de un ornamento retórico recargado, como ya subrayara el propio Cicerón.
Y frente a los reparos de J. A. Rodríguez sobre la importancia del modelo de Julio César, Serés lo considera evidente a partir de la desnudez retórica, el estilo sencillo, los loci memoriales, el amor natural a la patria, etc. A partir de los testimonios de cronistas como Anglería, Oviedo, Cervantes de Salazar, Herrera o Juan de Solórzano y Pereira, Serés estudia la tesis providencialista como ejemplo de translatio religionis e imperii.
España sería la elegida por Dios para suceder a Roma e instaurar y propagar la fe católica por todo el mundo, en un momento clave en el que se ha perdido el fervor religioso en la Europa reformista.
Por su parte, Mercedes Serna («Lascasismo y método jesuita en el pensamiento del Inca Garcilaso de la Vega») considera natural la división tradicional en dos partes de los Comentarios reales, la primera más platónica, más mítica y centrada en los pueblos indígenas; la segunda más prosaica, dándole cabida al naciente imperio español.
Serna subraya el hecho de que el Inca mantuviera su condición racial, que no tuviera grandes problemas, pudiendo en todo momento publicar sus obras, tener recursos económicos, esquivar a la Inquisición, tener servidumbre y esclavos, además de escudo de armas y recibir el apoyo de hebraístas, helenistas, gramáticos y catedráticos de Retórica.
Todo ello, posiblemente, gracias a sus conexiones con la orden jesuita, representada en figuras como Francisco de Castro, Pineda, Acosta, Valera, Maldonado o Jerónimo de Prado.
También analiza las difíciles relaciones mantenidas entre el Inca y fray Bartolomé de las Casas, en un momento muy delicado en el que su Brevísma relación estaba haciendo estragos por toda Europa.
Miguel Zugasti («Lo prodigioso y sobrenatural en los Comentarios reales del Inca Garcilaso») vuelve sobre la presencia de elementos prodigiosos, sobrenaturales, o maravillosos que forman parte de la cosmovisión incaica.
Considera que el Inca no abusa nunca de estos recursos mágicos y maravillosos, aunque estos están presentes en toda la obra, evidenciando que todo aquello que era portento, prodigio, fábula o maravilla en época prehispánica, pasó a ser milagroso y digno de fe y devoción popular tras la conquista y la cristianización de aquellos territorios.
En definitiva, el conjunto de la obra Humanismo, mestizaje y escritura en los Comentarios reales resulta armónico y brillante, con aportaciones de gran calado científico que vienen a revelar el interés creciente por los estudios garcilasianos y la vigencia de su figura como icono de la primera cultura trasatlántica.-JOSÉ MANUEL CAMACHO DELGADO, Universidad de Sevilla.
A diferencia de las biográficas clásicas del Libertador, que no pasan de ser meras hagiografías del héroe nacional y descansan en un recorrido factual por la vida y acción política del egregio mantuano, el «esbozo» de Elías Pino Iturrieta, si bien recoge el debido componente biográfico, lo inserta en una historia de las ideas en el tiempo largo y un conocimiento exhaustivo de la historiografía sobre el particular.
Ahora bien, la conformación de una nueva historia oficial en torno al culto bolivariano trae consigo la apremiante necesidad de ampliar y relativizar a la vez los conocimientos acerca de una figura mítica de la historia nacional.
En ese sentido y en contraposición al modelo esencialista del político de su tiempo, tal como lo esgrime John Lynch en la pormenorizada biografía que le dedicó hace poco al Libertador, E. Pino no se centra en el héroe de la gesta independentista sino en un contexto social que los apologetas de un mito reacondicionado con visos ideológicos tienden a pasar por alto.
La versión original de este trabajo de divulgación, publicada inicialmente en la Biblioteca Biográfica Venezolana del diario El Nacional, al ubicarse en una temporalidad larga, ofrece por lo tanto una investigación acuciosa que desvela aspectos poco conocidos, olvidados o trasegados del «padre de la patria», dicho de otra forma del «divino Bolívar» para retomar el título de otra obra de E. Pino (El divino Bolívar.
Ensayo sobre una religión republicana, Ed. de la Catarata, 2003).
Rescatando documentos y testimonios desde finales del siglo XVIII, E. Pino brinda un retrato no exento de paradojas y por lo tanto bastante esclarecedor de quien fuera un aristócrata criollo de alcurnia metido de lleno en las desventuras de su época, y especialmente en la llamada crisis de la sociedad colonial venezolana.
La formación del joven aristócrata en un contexto político marcado por las revoluciones atlánticas y la circulación de escritos adversos al gobierno peninsular, su viaje a la corte, la lectura de pensadores ilustrados y el paso por Roma y París, lo mantienen sin embargo alejado del bullicioso ambiente social criollo.
Poco sabe en un primer momento de las reivindicaciones de los pardos y de la «población de color» en general, y por ende, de la crisis institucional de 1808 que desemboca en la conjuración de los mantuanos en Caracas.
Como lo señala su coetáneo el obispo Narciso Coll y Prat, en ese momento Bolívar ni siquiera puede incluirse en el repertorio de los agitadores de la etapa fundacional hacia RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Anu. estud. am., 70, 2, julio-diciembre, 2013, 739-784.
ISSN: 0210-5810 la autonomía, un silencio que empieza a romper a partir de 1813, al desvelar su compromiso a favor del Congreso y de las modalidades de elección del mismo, diferenciándose en este aspecto de sus compañeros de generación.
Se pone de relieve la manera cómo el viaje a Londres (1810), junto al escritor Andrés Bello y al abogado Luis López Méndez, y las tertulias con José María Blanco White conformaron una etapa fundamental en la formación intelectual y política del futuro Libertador.
También se subraya el estímulo proporcionado por la figura del Precursor Francisco de Miranda, quien personificaba por aquel entonces la revolución hispanoamericana -en palabras de A. Bello-, o en el mismo orden de ideas el incentivo decisivo de las Sociedades Patrióticas en la concientización del joven mantuano.
Ahora bien, la independencia de Venezuela se declaró el 5 de julio de 1811 en una coyuntura de extremada división de los criollos y de acérrimo debate en torno a las instituciones, debate amplificado el año siguiente con la esperanza liberal de la Constitución de Cádiz ( 1812) amén de las exacerbadas rivalidades regionales neogranadinas.
Como subraya E. Pino, llama la atención en aquel entonces la actitud de Bolívar, después de fracasar en sus misiones militares, y la propensión en liderar «movimientos vertiginosos que solo puede hacer un individuo demasiado seguro de sus cualida-des...».
Basta con mencionar el hecho de que se puso a disposición del presidente Camilo Torres, antes de dar a conocer su Manifiesto de Cartagena con fecha del 15 de diciembre de 1812.
En ese preciso momento, no sólo les atribuye a los realistas y a jefes de guerra como Monteverde o Boves el caos de Venezuela sino que toma distancia respecto a un «ensayo de orden moderno» (republicano), dato pasado por alto en las biografías de cuño hagiográfico.
La siguiente etapa del flamante general de brigada procedente de las Provincias Unidas de Cundinamarca se plasmaría en la conocida Proclama de Guerra a Muerte, dada a conocer desde Trujillo (junio de 1813), en una comarca donde ha predominado sin embargo un «clima de opinión mayoritariamente favorable a los intereses de la Corona».
Culmina realmente con su llegada triunfal a una Caracas presa del miedo y de la incertidumbre después del terremoto de 1812.
El dictador militar, confrontado al naufragio de la República recién restaurada, a la presencia de «acreedores» (Piar, Ribas) o a la competencia de la diáspora (Mariño el Libertador de Oriente, Soublette, Piar), inicia entonces una nueva etapa de roces y hallazgos, en un persistente ambiente de guerra civil: se comprueba a todas luces que ésta fue una época de «confesiones» más bien conservadoras que la Carta de Jamaica nunca llegó a contrarrestar, ni siquiera a matizar (1815), antes de que la experiencia haitiana lleve al Libertador por senderos aparentemente más radicales.
E. Pino analiza detalladamente esa «República peculiar» ideada por el Libertador y lo que llama el «rompecabezas del pueblo», ejemplificado a través del contrastado liderazgo de Monteverde y Boves, el protagonismo constante de la población esclava, o también la insurrección de José Antonio Páez desde los llanos de Apure, sendos escollos en el azaroso itinerario político de Bolívar.
Muestra cómo el Congreso de Angostura le brindaría sin embargo el escenario idóneo para la propuesta de un poder centralizado independiente de la «federación» (de acuerdo con el Discurso de Angostura, diciembre de 1819), la reconquista ulterior de Venezuela dentro de la época «excepcional», las relaciones conflictivas con Santander y la necesidad de la secesión y el consiguiente ocaso de la Gran Colombia.
La mayor paradoja asoma en ese punto, al tratarse de un personaje cuya orientación a favor de los regímenes fuertes (i.e. dictadura comisoria) se ha notado en varios escritos, proclamas y debates (durante los cuales los liberales se manifestaron en su contra, como fue el caso en Bogotá), dicho de otra forma de «un dictador que escoge la opción de la benevolencia», antes de convertirse para la posteridad en un mito «por y para el pueblo».
Con el traslado de sus restos de Santa Marta a la catedral de Caracas (1842) por órdenes del presidente José Antonio Páez, el inicio del culto cívico desde el Panteón nacional durante el guzmanato (1876), el advenimiento de la «República bolivariana» y uno de los últimos episodios del culto oficial -la edificación de un mausoleo ad hoc en los últimos meses de la presidencia de Hugo Chávez (2012)-se afianza una larga etapa de afirmación del mito nacional y de reescritura de una historia nacional donde el mantuano se convierte incluso y para la historia oficial en el «Libertador de los esclavos».
Al final de este ensayo, ya no es sin embargo la figura intocable y el personaje trascendental aunque iconográficamente «retocado» en una representación oficial más acorde con los propósitos de la «Revolución» (el retrato encargado por H. Chávez), sino un político de su tiempo, representante de la aristocracia blanca de los mantuanos, exiliado y jefe de bando durante una guerra de independencia que arrojó todos los matices de una guerra civil de acuerdo con la caracterización de otro historiador crítico, Germán Carrera Damas, y forjador de una de esas «repúblicas de aire» ejemplificadas por Rafael Rojas, presas del sueño unificador y del espejismo del estado-nación.-FRÉDÉRIQUE LANGUE, CNRS, Francia.
Rein, Raanan (coord.), Cano, María José y Molina Rueda, Beatriz (ed.):
Más allá del Medio Oriente.
Las diásporas judía y árabe en América Latina, Granada, Universidad de Granada, 2012, 315 pp., fotos en blanco y negro, tablas.
La importancia de la presencia árabe y judía en América Latina a raíz de los flujos migratorios iniciados en el siglo XIX, amerita sin duda seguir profundizando en el desarrollo histórico de este fenómeno y en una suma de aspectos relacionados con las estrategias de inserción y re-definición de identidades en los respectivos países de acogida.
Por ello es de celebrar la aparición de la obra coordinada por Raanan Rein, con la participación de especialistas en los diferentes temas, representando una significativa contribución a la historiografía sobre ambas comunidades de origen semítico en su diáspora americana.
Más allá del Medio Oriente... comprende un total de trece capítulos, basados en las ponencias presentadas en el Coloquio celebrado en Sevilla en 2010, copatrocinado por la Fundación Tres Culturas y la Universidad de Tel Aviv.
El volumen reúne un variado conjunto de estudios referidos a los inmigrantes árabes -musulmanes y cristianos-y judíos procedentes de Medio Oriente y de Marruecos, que arribaron a Chile, México, Brasil, Perú y Argentina en diferentes oleadas, iniciadas hace casi siglo y medio.
Una parte de los trabajos aborda la problemática de la etnicidad, las definiciones y negociaciones identitarias, la visión del «otro» y la imagen de la tierra de origen entre los inmigrantes propiamente dichos, así como las pervivencias étnicas y/o asimilación a la sociedad receptora en las generaciones siguientes.
Esta temática es enfocada por los respectivos autores desde muy diferentes campos: la producción literaria de la diáspora árabe (mahjar), el asociacionismo étnico, el deporte, la telenovela y el cine, el exilio y la militancia política en el marco de regímenes dictatoriales del Cono Sur.
Dentro de este bloque, tres capítulos se centran en México: los de Carlos Martínez Assad, Camila Pastor y Hamui Halabe.
El primero de ellos aborda la construcción de la identidad libanesa a través de la revista Al-Gurbal, que se edita desde 1922 hasta hoy.
El seguimiento de esta publicación permite a Martínez Assad poner de relieve la forja de una identidad, sobre todo, en torno a figuras de peso intelectual como la del poeta Khalil Gibran.
Camila Pastor recurre también a la prensa mahjarí, en concreto la publicación libanesa El Emir, para trazar dos imágenes contrapuestas de HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Palestina, antes y después de las revueltas árabes.
Así, la visión de la geografía palestina como lugar idílico y de convivencia de diferentes credos se transmuta en una «geografía moral», junto a una posición crítica frente a lo judío desde 1938 y reiteradas alusiones a la amenaza sionista, motivadas por la cercanía afectiva con los árabes palestinos.
El planteamiento es sugerente, aunque se echa de menos una mayor contextualización de la situación palestina, pudiéndose haber incluido unas someras referencias al respecto para situar a lectores menos versados en el tema.
En contraste, el trabajo se detiene en los antecedentes de la prensa «criolla» en México, lo que tal vez podría haberse limitado a la de los colectivos migrantes.
Hamui Halabe aborda comparativamente los mecanismos de adaptación de libaneses cristianos y judíos sirios provenientes de Damasco y Alepo, a través de las asociaciones comunitarias y de otros mecanismos de inserción en la sociedad mexicana; proceso este que ostenta claras diferencias entre uno y otro grupo en función de su credo religioso.
Complementando las contribuciones relativas al fenómeno de adaptación de los inmigrantes en países de América, el capítulo de Mario E. Cohen desarrolla las peripecias de los judíos marroquíes desde su llegada a la cuenca amazónica de Brasil y Perú en la década de 1860.
El estudio destaca la rápida asimilación al medio local de un sector de esta inmigración pionera en el caso del asentamiento en regiones aisladas, favoreciendo el relajamiento en cuestiones de fe, contrario a lo observado entre los contingentes que emigraron a los núcleos urbanos como Belem y Manaos (tras la decadencia de la explotación cauchera), que se mantuvieron fieles a su identidad religiosa.
Dentro del grupo de trabajos referidos a Chile, el de Heba El Attar analiza la figura del poeta chileno Mahfud Massis (1916Massis ( -1990)), de padre palestino y madre libanesa, representativo no sólo de la literatura del mahjar sino también de la resistencia (ne-Dal) a partir de 1948, con la creación del Estado de Israel.
El Attar presenta cómo, a través de su poesía en español, Massis se adhiere a las reivindicaciones palestinas en señal de lealtad a sus orígenes paternos, a lo que luego sumaría su canto de resistencia contra las dictaduras latinoamericanas, ya exiliado en Venezuela tras el golpe de Pinochet.
Las ambivalencias propias de la segunda generación, debatiéndose entre las raíces árabes y la chilenidad así como la solidaridad con el drama palestino, definieron en Massis una identidad polifacética, signada en su exilio por ese sentirse «sin tierra de origen» (p.
Raanan Rein encara el tema del fútbol y su relación con los procesos de reafirmación identitaria a la vez que como fenómeno de integración social de la familia migrante y sus descendientes.
Para ello compara la trayectoria de dos equipos deportivos: uno de Chile, representativo de la colectividad palestina, y otro de Argentina, en el que se funden la adscripción a una colectividad (la judía) y el sentido de pertenencia a un barrio o identidad barrial a través de un club, caso este último que ocupa la mayor parte del trabajo.
Este introduce además la cuestión del racismo y el antisemitismo en el fútbol, lo que inevitablemente nos recuerda el fanatismo de los sectores «ultras» en los estadios de fútbol, como lo demuestra la experiencia española, entre otras.
También desde un enfoque comparativo, Tzvi Tal aborda el cine y la telenovela en Argentina y Chile como reflejo del proceso de construcción identitaria de palestinos y judíos, delimitando las singularidades de cada país y la incidencia de las coyunturas político-sociales (en especial en el caso de la filmografía argentina, por efecto de la crisis de 2001), así como la percepción de la tierra de origen y las posturas ante el conflicto de Medio Oriente.
Sin obviar la relevancia e interés de esta temática, el número de casos comparados y la multiplicidad de elementos de análisis devienen en un texto denso, que requeriría un espacio mayor que el impuesto por el tipo de publicación que lo contiene.
Dentro de este conjunto, en la Introducción se menciona un aporte de Hamurabi Noufouri sobre interculturalidad judeo-cristiana-islámica en Argentina a través de la cultura arquitectónica, que no fue incluido en la compilación.
Susana Brauner y Silvina Shammah estudian a través de testimonios orales la trayectoria de jóvenes militantes judíos-sirios en la Argentina de los años setenta, durante el gobierno de Isabel Perón y después bajo la dictadura militar, enrolándose en organizaciones de izquierda, entre ellas la que congregó un sector del peronismo.
Las autoras concluyen que más allá de la identidad judía primó entre esos militantes la rebeldía juvenil y el espíritu de protesta y deseo de cambio, imperantes en la década estudiada, poniendo de manifiesto «la porosidad» de las fronteras étnico-comunitarias (p.
Fuera del ámbito latinoamericano se sitúa el breve estudio de Fernando Martínez Nespral, sobre la percepción de «lo árabe» y de «los árabes» en los relatos de Edmundo De Amicis sobre sus viajes a España (1872) y Marruecos (1876).
En este aporte se retoman aspectos ya conocidos de los viajes románticos, como la búsqueda del exotismo oriental en España -Andalucía en concreto-, haciendo hincapié en la valoración positiva que de esta última ofrece el escritor italiano, en oposición al manifiesto desprecio ante la «barbarie» de los «incivilizados» árabes de carne y hueso con los que se topó en su periplo marroquí.
En otra línea se inscriben los trabajos de Jeffrey Lesser y Jerry Dávila, David Sheinin, Mario Sznadjer y Juan J. Vigna, que incursionan en la política exterior latinoamericana con relación a Oriente Medio en los años 1970, en las políticas dirigidas a la construcción de identidades étnicas y en la diplomacia «cultural» desplegada por Marruecos.
Lesser y Dávila desentrañan las motivaciones de la política brasileña con respecto a Israel en 1947, en pro de su reconocimiento como Estado, y el giro radical de su posición en el seno de la ONU décadas más tarde, al dar su voto positivo a la Resolución 3379 (1975) que equiparó sionismo y racismo; a ello se sumó el reconocimiento del Movimiento Popular de Liberación de Angola, en el gobierno del país tras la independencia de Portugal.
Según los autores, este cambio en la política exterior del país sudamericano, entonces bajo la dictadura de Geisel, se debió a un afán de reposicionarse en la escena internacional, apuntando a un liderazgo en el llamado «Tercer Mundo» ante la debilidad norteamericana por efecto del bloqueo petrolero de 1974.
D. Sheinin se introduce en el contexto pos-dictatorial de la Argentina de los'80 para escudriñar la reconstrucción de la identidad judía, proceso que se aproxima «a una historia lesserreiniana argentina [según los postulados de J. Lesser], por cuanto nos lleva a identidades argentinas a través de identidades judías y viceversa» (p.
Centrado en la década de 1970, el estudio de Mario Sznadjer analiza los ecos del conflicto árabe-judío en América Latina, traducido en una «política de diásporas» fomentada por uno y otro gobierno (p.
Asimismo, el autor subraya la incidencia de las relaciones entre militares latinoamericanos e Israel así como la actuación del islamismo radical, sin obviar el papel de Irán en este entramado de factores, así como el alineamiento de países del Cono Sur en contra del imperialismo norteamericano y su intervención en la región mesoriental.
Por último, la contribución de Juan J. Vagni presenta un tema poco tratado hasta ahora, como el de la «diplomacia cultural» de Marruecos en América Latina desde los'80 a través de un «discurso culturalista», que reivindica al mismo tiempo un doble legado: el de «un saber común» anclado en la herencia hispano-andalusí, y el más reciente de la inmigración judeo-marroquí desde el siglo XIX (p.
Desde el punto de vista formal, en algunos casos se observa la ausencia de un listado completo de las obras citadas a pie de página o la existen-cia de referencias incompletas sobre bibliografía y fuentes, entre otras cuestiones.
Fuera de ello, la obra comentada resulta de imprescindible consulta, no sólo para un mayor conocimiento del pasado y presente de las comunidades de origen árabe y judío en países de América Latina, las vicisitudes identitarias y demás facetas de la etnicidad, también como un espejo de lo que sucede en Medio Oriente.-BEATRIZ VITAR, Universidad de Sevilla.
Rigau Pérez, José G.: El Compendio de la Historia de Puerto Rico en verso por Pío Castillo y los primeros manuales escolares puertorriqueños sobre Historia, 1848-1863, San Juan de Puerto Rico, Editorial Reves, 2012, 139 pp.
Los manuales escolares constituyen un elemento de primera importancia para detectar no sólo el nivel de la enseñanza en sus distintos grados en aquellos espacios educativos en los que se utilizan como referente, sino las intenciones morales y formativas de sus autores y de la administración que autoriza e impone su utilización.
En el caso de los manuales de Historia, este segundo aspecto alcanza su máximo exponente en aquellos países que durante el siglo XIX trataban de inculcar en los jóvenes un sentido patrio de cara a la construcción de las nuevas naciones que emergían en el continente americano.
Las «historias patrias» se hicieron habituales en las primeras repúblicas que surgieron como consecuencia de la emancipación de la antigua metrópoli en el primer tercio de la centuria decimonónica.
En ellas se trataba de inspirar un fuerte espíritu nacionalista para reforzar el sentimiento de la independencia recién conseguida, después de varios siglos de sujeción a la Monarquía española.
En Argentina, México, Venezuela, Colombia, etc. los manuales escolares eran unos inmejorables instrumentos pedagógicos para conseguir que los jóvenes que iniciaban su formación en los centros educativos crecieran en la idea de la nueva identidad nacional.
Los casos de Cuba y Puerto Rico presentan una variante, por cuanto durante todo el siglo XIX siguieron ligados a la metrópoli y, por consiguiente, los manuales escolares que se utilizaron en sus aulas no reflejan, como en el caso de las nuevas repúblicas del continente, esas características señaladas para sus textos educativos.
Por eso resulta extremadamente HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS interesante el estudio de José G. Rigau Pérez sobre los primeros manuales escolares de Historia en Puerto Rico entre 1848 y 1863 y especialmente sobre la obra de Pío del Castillo.
En efecto, este estudio no se limita al análisis del Compendio de la Historia de Puerto Rico de Pío del Castillo, sino que encaja este manual escolar en un más amplio contexto para ofrecernos un panorama completo de la educación primaria en la isla en toda la centuria.
Todo ello acompañado de una abundante documentación de fuentes primarias y secundarias que reflejan perfectamente el rigor y la seriedad de una investigación que ha requerido una amplia búsqueda en los archivos y bibliotecas de España y América.
La parte central de la obra la constituye, sin embargo, el libro de Pío del Castillo.
Nacido en 1808 en el pueblo gaditano de Chiclana de la Frontera -cuna de otro célebre escritor, Antonio García Gutiérrez, que vio la luz pocos años después en el mismo lugar y que, curiosamente, también como Don Pío escribió libretos para la ópera (recuérdese el texto de Il Trovatore de Giuseppe Verdi)-, tuvo que emigrar a las Antillas a causa de sus ideas liberales.
Allí se dio pronto a conocer con algunas publicaciones educativas, hasta que en 1848 pudo publicar su Compendio.
El único ejemplar existente fue localizado por Rigau Pérez en la biblioteca de la Hispanic Society of America, que tantos tesoros de la cultura hispana guarda.
La obrita, de pequeño formato y de sólo 32 páginas, se inicia con una descripción geográfica de la isla y de los inicios de su pasado desde la llegada de los españoles, copiada en su mayor parte -según el minucioso escrutinio del autor del estudio-de la Historia de Iñigo Abbad y Lasierra, publicada en 1788 y de las Memorias de Pedro Tomás Córdova, de 1831-1833.
Rigau señala las deficiencias, las omisiones e incluso los errores detectados en el texto, pero destaca el valor de conjunto de un primer manual destinado a iniciar a los niños de corta edad en el estudio de su historia.
Pero quizás una de las singularidades más destacables de esta obrita con decidida función pedagógica sea su composición en verso.
No era frecuente esta forma de exposición en un libro de texto destinado a la enseñanza de los niños, pues como explica perfectamente Rigau en el capítulo cuarto del libro, esta práctica no era posible encontrarla en los textos escolares de otros países y solo en España se podían encontrar algunos ejemplos, aunque lo más frecuente, a efectos de una más fácil memorización, era ofrecer el contenido en forma de preguntas y respuestas.
El libro de Rigau se completa con la reproducción facsímil del Compendio, con el añadido de unas notas al margen del texto en las que se aclaran o se explican algunos de los términos o de los nombres que aparecen en cada una de las páginas.
En definitiva, estamos ante la recuperación y reproducción de una curiosa obra, muy significativa para la Historia de Puerto Rico, precedida de un espléndido estudio preliminar, que sin duda satisfará a los interesados en el pasado de la isla y a aquellos que sienten curiosidad por la historia de la enseñanza y de los manuales escolares.-RAFAEL SÁNCHEZ MANTERO, Universidad de Sevilla.
Los sueños en la cultura iberoamericana (siglos XVI-XVIII), Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011, 429 pp.
El volumen publicado es fruto del congreso «Sueños en la América colonial.
Tradición indígena, herencia grecorromana, autorrepresentación criolla», organizado por la Universidad de Erfurt y llevado a cabo en octubre de 2006 en la ciudad de Gotha (Turingia, Alemania).
Las ponencias sobre la tradición indígena, por motivos externos, no se incluyeron, pero a pesar de eso las huellas escasas de la tradición onírica prehispánica se tratan resumidas en la introducción.
En la misma introducción, los editores analizan algunos trabajos pioneros sobre la cultura onírica en el Medioevo y en la Edad Moderna (entre ellos los de Ginzburg, Burke, Koselleck, Le Goff y Kagan) y resaltan el vacío casi total en cuanto a la historia de los sueños en Iberoamérica.
La importancia de estudios con este enfoque se muestra en el mero hecho de que «los sueños revelan, como ningún otro medio, los valores sociales pero también los mitos y las imágenes que tuvieron resonancia en una época determinada» (p.
Como fundamento metodológico se entiende el sueño como experiencia con una relevancia colectiva, dejando al lado la interpretación individualista de los sueños en el psicoanálisis.
Además, se excluye sistemáticamente la discusión poco fructífera sobre si un sueño era un sueño realmente soñado o un sueño fingido, porque queda fuera del alcance de los investigadores actuales.
En tercer lugar, se plantea la comparación muy provechosa de fuentes históricas y las llamadas fuentes «literarias», así participan historiadores y críticos literarios.
En la primera sección, intitulada «Fundamentos de la cultura onírica», Gregor Weber resume toda la tradición premoderna de la cultura de los HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS sueños, empezando con la Antigüedad (la «Oneirocrítica» de Artemidoro) y terminando con la ruptura de la Ilustración.
Las dibujadas líneas de tradición abarcan los aportes griego, romano y bíblico.
Karl Kohut sigue la misma línea, enfocándose en el Renacimiento y en el Barroco hispánicos con la paradoja de que «los sueños forman parte de la realidad humana y, al mismo tiempo, se oponen a ella» (p.
Estas dos contribuciones aclaratorias en el estilo de un manual facilitan la lectura de los trabajos que siguen; el texto de Kohut ocupa con sus más de cien páginas casi un cuarto del tomo entero.
En las diez contribuciones siguientes se presentan casos concretos, uno de ellos proveniente del Brasil colonial, los demás de Hispanoamérica (cinco del Virreinato del Perú, los cuatro restantes de Nueva España).
El artículo de María Victoria Jordán se nutre de unos textos oníricos de fines del siglo XVII que se conservaron en los archivos inquisitoriales de México, especialmente la autodenuncia del mercader Diego Martínez de Acre.
Como punto de partida toma unas consideraciones que de manera similar se pueden encontrar en otros artículos: que la valoración histórica del sueño oscilaba continuamente entre encomio y vanidad y que la postura de la Iglesia frente a los sueños era de apertura, interés y duda.
Consta el desplazamiento continuo de los sueños hacia un terreno dudoso e incluso diabólico.
De un análisis del diario donde Martínez registró sus sueños se pueden ver sus preocupaciones principales, entre ellas la estratificación social y racial de una sociedad de castas y la catequesis de la población mulata.
Paralelamente, el diario es una oportunidad muy sutil para Martínez para autonarrarse.
Antonio Rubial García, por su parte, ubica el fenómeno del sueño en un panorama muy amplio del Barroco novohispano.
Logra expresar el papel del sueño en esa época de una manera muy clara y concreta cuando opina que «los sueños y las visiones tenían la misma validez que la realidad, se les consideraba una experiencia por la cual se recibían enseñanzas morales y espirituales, comunicación con los seres celestes, advertencias hacia el futuro o consejos de toda índole» (p.
La descripción de la evolución de un mito fundador para la ciudad de Puebla resulta muy original, porque lo prueba con los sueños fundadores que se narraron en seis crónicas coloniales.
Con el aporte de René Millar Carvacho concluye la sección «Sueños, visiones y realidad social».
Se dedica al estudio de los tres únicos casos de mujeres visionarias enfrentadas a la Inquisición peruana, María Pizarro, Luisa de Melgarejo y Ángela Carranza (entre 1572 y 1694), enfatizando el papel de las demás personas del entorno de las acusadas, principalmente de los curas involucrados.
Propone casi un tipo de simbiosis, porque exclusivamente los curas instruyeron a las jóvenes en el mundo religioso-sobrenatural, esperando más informaciones de ellas sobre el más allá.
En la tercera sección, «Sueños, historias de las ideas y entramado político», se discute en primer lugar el contenido onírico en ocho crónicas novohispanas escritas entre 1536 y 1645.
Alicia Mayer explica en una contribución pionera cómo la presencia de europeos en las Indias se basaba en sueños justificadores.
Destaca el resultado de que no solamente padres venerables sino también indígenas podían comunicar mensajes en sus sueños, por ejemplo en la «Monarquía Indiana» de Juan de Torquemada (ca.
Para la descripción de relatos oníricos, la diferencia hecha entre sueños «transhistóricos» -que no tienen ni espacio ni tiempo concretoy sueños «históricos» -que aparentemente se desarrollan en un marco espacial y cronológico delimitado-sirve mucho.
El artículo de Peer Schmidt se ocupa de un representante clave de la élite virreinal, Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla y Virrey de Nueva España.
En sus voluminosas «Obras», publicadas en 1762, Palafox relata uno de sus sueños y muestra también un nivel reflexivo con la distinción entre sueños «malos» (los provocados por los vicios) y sueños «naturales» (los del cuerpo).
Schmidt concluye con la cuestión de género, porque comparado con el mundo onírico de las beatas y visionarias, en el caso de Palafox se puede constatar un «cosmos onírico masculino» (p.
303), porque los asuntos más graves de la sociedad y la Iglesia, incluida la ortodoxia, son los temas principales de sus sueños.
Volviendo al Virreinato del Perú, Carlos Gálvez-Peña analiza tres crónicas limeñas, las de Giovanni Anello Oliva SJ (1630), Diego de Córdova y Salinas OFM (1651) y Juan Meléndez OP (1681).
En contraste con el caso mencionado de Nueva España, en las crónicas peruanas casi no se encuentran episodios visionarios u oníricos.
Gálvez-Peña lo explica con «reparos doctrinales propios del ámbito español de la Iglesia católica, que autores religiosos debían ser los primeros en observar» (p.
El aporte de Luís Filipe Silvério Lima trata tres de los quince sermones del «Xavier Dormindo», escritas por el famoso jesuita Antonio Vieira.
Sorprende el resultado de que en el Brasil los sueños de los indígenas apenas se nombraron, en contraste con las misiones jesuíticas en las otras partes del mundo portugués.
Según el autor, los misioneros relacionaron los sueños indígenas comúnmente con la idolatría, pero en el Brasil, las HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 70, 2, julio-diciembre, 2013, 739-784.
ISSN: 0210-5810 costumbres rústicas de los indígenas formaron la preocupación predominante de los jesuitas, no la idolatría.
La última sección («Sueños ficticios, entre política imperial y literatura») toma como base documental un impreso limeño de 1646.
Sonia V. Rose es la primera en estudiar la carta del abogado limeño Antonio de Maldonado a Felipe IV.
El autor propone al rey nada menos que una campaña militar para reconquistar los Santos Lugares.
Según este impreso, Maldonado ha soñado este deber del rey español en una alegoría onírica.
En el sueño, la alegoría de la Verdad Divina le pide a Maldonado contar el sueño al rey; en el marco narrativo, un fraile franciscano y la esposa del virrey mismo, la condesa de Chinchón, apoyan también a Maldonado de la misma manera.
Se agrega una nota privada a la publicación del sueño, el sutil self-fashioning del autor que exhibe su lealtad hacia el rey.
En el penúltimo estudio, Paul Firbas se centra en la segunda parte de «La Araucana», obra maestra de Alonso de Ercilla.
Comparándola con «Os Lusíadas» de Luís de Camões, Firbas propone un cambio de poética justo en el Canto 17, es decir, en el Canto dominado por la aparición visionaria del fantasma de Belona.
Del mismo modo, José A. Rodríguez Garrido analiza «La Rodoguna» de Pedro de Peralta y Barnuevo.
Esta tragedia del escritor limeño se ha conservado en un solo manuscrito.
A primera vista, la tragedia es solamente una adaptación castellana de la «Rodogune» de Pierre Corneille.
Pero estudiada profundamente se nota que la obra tiene un carácter muy independiente que se demuestra justamente en la escena del sueño de Cleopatra que no tiene paralelo en el predecesor francés.
Valorizando los aportes individuales, la obra constituye una sistematización metodológica notable en el análisis de la cultura onírica.
Sobre todo propone un uso muy práctico del concepto amplio de sueño, relacionado con los fenómenos de éxtasis, revelación, superstición, engaño y visión (pp. 179, 194s., 253, 260, 295).
Otro estímulo es el panorama rico y sorprendente de fuentes con elementos oníricos (libros de interpretación de los sueños, calendarios de sueños, confesionarios, manuales para doctrineros, sermones, hagiografía, testimonios inquisitoriales, tragedias, literatura épica, literatura fundacional de pueblos y ciudades, crónicas, textos autobiográficos).
Por eso, se puede tomar esta obra como síntesis prudente de propuestas metodológicas y punto de partida para más investigaciones en este tema novedoso.-FABIAN FECHNER, Eberhard Karls Universität Tübingen (Alemania).
Vivanco Guerra, Alejandro: Una etnografía olvidada de los Andes.
Me ha sido grato e instructivo leer y reseñar el volumen que Juan Javier Rivera ha editado sobre la base de los cuadernos de campo del etnógrafo, además de músico y musicólogo, Alejandro Vivanco Guerra.
Rivera nos dice en un breve prefacio, de manera explícita, y, de manera implícita, siempre que el desarrollo de la obra se lo permite en una buena cantidad de páginas, que este volumen surge de una «indignación» y de una escéptica llamada de teléfono.
Estos dos elementos enmarcan y realzan el trabajo que nos presenta Rivera.
Como estudiante de antropología y posterior investigador preocupado por las dimensiones culturales de los cambios y las permanencias de las sociedades andinas, Rivera se indignaba ante el olvido de los trabajos de Alejandro Vivanco porque éstos eran buenos ejemplos de etnografías culturales, con especial atención a los diversos elementos de los rituales y de las fiestas de las comunidades como la música o el santoral, un raro pez en el mar economicista de la antropología peruana de los años sesenta.
Sin embargo, reivindicar el trabajo de Vivanco tras su muerte en 1991 no parecía cosa fácil habida cuenta del casi completo desconocimiento de sus investigaciones etnográficas, gran parte inédita, y de la posible dificultad de encontrar este material para su análisis, edición y publicación.
Vivanco había contado con un alto reconocimiento como músico durante gran parte de su vida, en especial desde los años setenta, pero había sido prácticamente ignorado como científico social.
El escepticismo de Rivera ante la empresa de reivindicar al Vivanco antropólogo se transformó en un proyecto de una década cuando contactó con su familia y tuvo acceso a los cuadernos de campo que ésta guardaba; como en muchas ocasiones en Perú, los documentos claves para el estudio histórico no están en los archivos institucionales sino en los estantes de la casa familiar.
Rivera edita el trabajo etnográfico de Vivanco desde la indignación y la reivindicación científica, lo que le lleva a realizar una ubicación histórica del mismo que incluye una revisión crítica de la antropología hegemónica en Perú (en Lima) durante los años sesenta y setenta y de sus efectos paradigmáticos hasta el presente.
A este propósito dedica la primera parte del volumen, consistente en una breve reseña biográfica de Vivanco y del trabajo etnográfico del que formaban parte los cuadernos de campo que se HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS editan en la segunda parte del volumen.
Junto a esta reseña encontramos un capítulo titulado «Un laboratorio de las ciencias sociales en el Perú.
Apuntes sobre las investigaciones realizadas en la cuenca alta del valle del Chancay entre 1962 y 1982».
Entiendo que la tesis que Rivera mantiene en este denso y estratégico capítulo es que la antropología realizada en el valle del Chancay en esas dos década, en la que José Matos Mar tuvo un claro protagonismo desde el diseño hasta la realización y difusión de la misma, puede valer como muestra de la constitución de un paradigma dominante en la antropología peruana vigente hasta el día de hoy.
En ese paradigma, el estudio de las comunidades se focaliza en mostrar el proceso de modernización o cambio social según variables económicas y políticas exógenas a las comunidades, sin prestar mayor atención a los aspectos culturales de la vida en comunidad ni a sus rituales, fiestas, o formas de nombrar, narrar, etc. Además, este paradigma, aunque se propone el estudio del cambio social, habría sido poco sensible a las trayectorias históricas de las comunidades en tanto que explica el «nuevo» cambio social que se vive en los años sesenta sin explicar previamente la estabilidad encontrada o los posibles cambios anteriores, hasta el punto de asumir la supuesta existencia de una comunidad indiferenciada y válida para todos los Andes.
En su discusión, Rivera analiza algunas obras claves del periodo y sus relaciones con los debates de la época.
Entiendo que el interés de Rivera en colocar este capítulo sobre el debate antropológico, que en modo más amplio ya había publicado en otros lugares, en esta primera parte del volumen que aquí reseñamos es cómplice de la indignación que he referido, ya que el olvido del trabajo etnográfico de Vivanco sería un efecto de ese paradigma dominante: la peculiar mezcla materialista entre la teoría de la modernización norteamericana y la teoría de la dependencia sudamericana habría ignorado y ocultado el trabajo de Vivanco como hizo con el de José María Arguedas.
Hipótesis plausible, con sesgos analíticos, que sin embargo evita dar detalles sobre por qué Alejandro Vivanco no dedicó mayor esfuerzo a publicar y difundir sus trabajos etnográficos como sí lo hizo con su labor de músico, musicólogo y maestro de músicos (en Internet se pueden encontrar con facilidad algunos documentales en los que participa Vivanco, incluido parte del documental «Vivanco: concierto de toda una vida para una sola quena»).
Pero el grueso del volumen que reseño tiene que ver con la superación del escepticismo inicial respecto de ver rehabilitada la obra etnográfica de Vivanco.
La segunda parte del volumen, desde la página 55 hasta la 340, está dedicada a la edición crítica (compilación, ordenación, presentación, anotación, tablas de resumen, etc.) de «Los documentos etnográficos del trabajo de campo de Alejandro Vivanco en el valle del Chancay».
A su vez se divide en cuatro apartados de presentación de los contenidos de los cuadernos de Vivanco (Aspectos generales, Tradición oral, Los ritos, Música y músico) seguidos una breve bibliografía general y otra bibliografía etnológica mucho más extensa y diferenciada según aspectos abordados en la misma, desde cuestiones políticas y económicas hasta salud o arquitectura.
Finaliza esta segunda parte del volumen con un amplio y detallado anexo toponímico y otro, interesante pero menos cuidado, fotográfico.
En todos estos apartados y sus diversas secciones internas, Rivera nos indica la procedencia de los materiales de Vivanco publicados y la posible intervención que él ha realizado sobre los mismos.
También aparece un importante conjunto de cuadros, elaborados por Rivera sobre las notas de Vivanco, con los calendarios rituales en el valle según «imágenes» y comunidades.
No soy un especialista en la literatura etnográfica para poder confirmar o refutar la tesis de Rivera sobre la gran calidad de los cuadernos de campo de Vivanco y su relevancia para la investigación en antropología.
Igualmente, es fácil coincidir en que los materiales publicados constituyen una amplia y detallada muestra de la vida cultural de las comunidades estudiadas y del espacio cultural que los vínculos entre esas comunidades han forjado.
Se aprende y se disfruta leyendo las compilaciones de relatos, canciones, rituales, etc. que hizo Vivanco.
Sin embargo, no se encuentra en estos materiales una lectura integradora del propio Vivanco y menos un análisis y una interpretación conjunta de la información elaborada durante sus jornadas de trabajo etnográfico en las comunidades.
Es pertinente suponer, por las preocupaciones de investigación que se propuso y por la mayor atención prestada a unas informaciones que a otras, que Vivanco se inscribía en una tradición etnográfica «culturalista» mucho más próxima a José María Arguedas que a la del director del proyecto de investigación, José Matos Mar, con el que arribó al valle del Chancay.
Dicho esto, y desde mi parcial autoridad sobre el tema, la reivindicación científica que hace Rivera del trabajo de Vivanco tiene más que ver con el análisis e interpretación que el propio Rivera hace de aquellos cuadernos de campo de Vivanco, dentro de un intenso debate sobre las mejoras posibles de la antropología peruana, que con los propios logros, alcanzados o esperados, de Vivanco: la reivindicación de éste es parte central del proyecto antropológico que defiende Rivera; las expectativas de futuro en una nueva antropología sacan del olvido obras que reconstruyen el pasado.
Esto es, en mi obviamente parcial lectura, el principal objetivo y contribución de Juan Javier Rivera Andía, autor y editor del volumen aquí reseñando, en su pretensión de dar dignidad y confianza a la investigación antropológica.
Para terminar, quiero señalar algunos elementos, pocos, que hubieran mejorado la obra reseñada.
Pienso que para los objetivos buscados y para dar mayor utilidad al volumen, éste debería haberse realizado en un formato digital interactivo que fuera más allá de la reproducción en PDF o equivalente (con un centenar de ejemplares en papel para las bibliotecas y las estanterías de postín), con diversas opciones de lectura y de búsqueda de información, incluso con una edición facsímil de los cuadernos de Vivanco (no hay como ver el trazo caligráfico del autor para aproximarnos emocionalmente a su trabajo).
En esa edición digital, según el interés de cada lector o investigador que la usa como fuente primaria de su trabajo, se le podría dar más relevancia a los cuadernos de Vivanco y trabajar con ellos de acuerdo con otros criterios diferentes a los del propio Vivanco o a los de su editor, Rivera; incluso el trabajo de edición de Rivera tendría mayor utilidad y podría ser corregido con facilidad, desde mejores búsqueda y cruces en la bibliografía y en las notas, hasta una más fácil localización de las referencias bibliográficas y fuentes citadas.
En este último punto, he encontrado algunos errores, como citas abreviadas de textos que luego no se encuentran ni en la bibliografía ni en notas al pie de página, errores que Rivera ha reprochado en algún libro que él ha reseñado; por otra parte, son errores comunes en los trabajos de cierta ambición respecto de las fuentes y las bibliografías, máxime si se pierde el control sobre las correcciones y las versiones finales que realizan en la editorial.
Por último, el formato de página tamaño carta que se ha elegido para la edición es bonito para exhibir el volumen y útil y necesario cuando se le quiere dar a la reproducción de gráficos y fotografías mayor calidad y relevancia, pero resulta incómodo y ostentoso cuando no cumple estos requerimientos y se le quiere dar un uso más práctico que, pienso, sería el más apropiado para un volumen pensado y desarrollado como parte del debate en la antropología.-JUAN MARTÍN-SÁNCHEZ, Universidad de Sevilla. |
A lo largo del siglo XVII, el movimiento arbitrista castellano experimentó un gran desarrollo, convirtiéndose en un componente esencial de la vida política hispánica que se vinculó a la percepción de decadencia que en parte de esta centuria se extendió por varias regiones del mundo ibérico.
Como se sabe, se trata de un fenómeno que desde hace ya bastante tiempo ha suscitado el interés de la historiografía modernista,1 sobre todo de la referida al reino de Castilla, aunque recientemente su estudio ha estado especialmente vinculado a los complejos cambios experimentados en el ámbito de la renovada historia política.
En concreto, como señalara hace ya unos años Aranda Pérez, «al arbitrismo puede acogerse lo más novedoso en cuanto a la investigación del fenómeno de la reflexión política», inserta en un contexto crítico en el que las múltiples disfuncionalidades percibidas y puestas de manifiesto ya en las primeras décadas del siglo generaron tanto un movimiento de introspección colectiva como intensas críticas, debates y propuestas para regenerar al cuerpo político.
2 En concreto, los análisis actuales sobre el arbitrismo evidencian al menos tres cambios de bastante envergadura y profundas implicancias en la percepción del fenómeno, los cuales abrieron varias vías de investigación muy prolíficas.
En primer lugar, cabría señalar la reivindicación del discurso arbitrista que prácticamente ha borrado las fronteras que lo separaban de la tratadística de mayor entidad, dejando atrás definitivamente el tono peyorativo y el prototipo de memorialista generado por la literatura del Siglo de Oro que tan bien ha descrito Vilar en su obra ya clásica.
3 Se trató de un movimiento que conoció diversas fases, iniciándose en el siglo XVIII por parte de los ilustrados que rehabilitaron y recogieron algunos análisis de los arbitristas.
Sin embargo, se trató de un proceso sin un sentido unívoco que continuó durante las dos centurias siguientes.
4 Actualmente, en lugar de mantenerse la condena o la división entre arbitristas «buenos» y «malos» -entre el trigo y la paja como afirmó Abellán-los memoriales y sus autores son incluidos dentro de un campo intelectual junto con obras consideradas -tradicionalmente-de mayor relevancia doctrinal, solidez teórica y envergadura argumentativa.
Un campo en el que se constatan, entre otras cosas, una circulación muy dinámica de ideas producida en distintos sentidos, la pertenencia a un contexto común, la reflexión simultánea sobre unos mismos problemas y la existencia de unas finalidades semejantes en obras y memoriales que la historiografía con frecuencia había ubicado en posiciones antitéticas.
Incluso, se reconoce la contribución del arbitrismo al desarrollo de la teoría económica o monetaria.5 En esta línea, entonces, el arbitrismo también se muestra como «una línea de pensamiento paralela y convergente al pensamiento político mejor considerado, más sesudo o grave».
6 En segundo lugar, también parece haberse relegado la consideración meramente económica del arbitrismo; hoy en día el género ya no solo es abordado desde una perspectiva restringida a la Real Hacienda, es decir, como una innovación de carácter fiscal que no requería de la aprobación del reino, sino también como un fenómeno presente en obras de carácter político, social, institucional, moral o incluso religioso.
En suma, se aprecian al menos dos sentidos de utilizar el término arbitrio: un modo estricto que alude a su forma fiscal, y un modo amplio que remite al concepto de fenómeno y enfatiza su singularidad como práctica política.
Vinculada a esta acepción más genérica que dificulta una definición clara de grupo, también se ha puesto de manifiesto que el universo de autores que permitieron el surgimiento de una incipiente opinión pública en el marco de una sociedad de antiguo régimen resultó sumamente hetero -géneo.
7 De hecho, ya desde el reinado de Felipe III, la especulación y los debates políticos, económicos, sociales o incluso morales llegaron a convertirse en moneda corriente, no ya en los ámbitos intelectuales o cortesanos de la alta administración, sino también en las tabernas, en los teatros y en otros espacios de sociabilidad.
En consecuencia, entre los autores de memoriales encontramos a nobles, comerciantes, veinticuatros, religiosos, oficiales urbanos, militares, catedráticos, licenciados, miembros de la administración, etc.
En tercer lugar, el arbitrismo también ha comenzado a ser visto como un mecanismo del proceso de ampliación y articulación del espacio político de la monarquía.
8 Como sabemos, aunque la presentación de memoriales a las instancias de decisión política de la alta administración respondiera al deber de aconsejar al monarca que tenían los vasallos -aunque no estuviera ausente la intención de obtener un beneficio personal-y se vinculase con la coyuntura económica, lo cierto es que la proliferación de los arbitrios estaría claramente vinculada a la evolución de dicho espacio.
En concreto, el ritmo de producción de arbitrios parece depender más del contexto político que de circunstancias económicas, lo cual explicaría su incremento durante los cambios de la preponderancia de las facciones cortesanas, la coronación de un nuevo monarca, el encumbramiento de un valido, la convocatoria de las cortes de Castilla, o la alteración del equilibrio transatlántico de poder.
Tal como han asegurado Christine Aguilar y Anne Dubet, «los arbitristas escribían porque tenían expectativas de ser leídos y tal vez premiados» 9 y, fundamentalmente, de desempeñar un papel importante en las dinámicas de poder propias de la relación entre rey y reino y de incidir en la definición de las políticas reales.
Así, los arbitrios se canalizaban hacia el centro de poder de la monarquía a través de las representaciones de las ciudades, los consejos, las juntas ad hoc o los procuradores enviados por distintos organismos desde distintos puntos de la monarquía, entre ellos América naturalmente.
De este modo, se daba voz a amplios sectores sociales y se sancionaban mecanismos de gestión política y de negociación entre el rey y sus vasallos.
En este sentido, por ejemplo, la buena acogida dada por el condeduque de Olivares a los arbitrios operó como un incentivo para que le fueran remitidos numerosos memoriales desde todos los rincones de la monar-quía con proyectos de toda clase y naturaleza.
10 En la práctica cotidiana, era habitual que él mismo actuara como intermediario entre los autores y la alta administración, o directamente como su valedor ante las instancias que debían intervenir en su consideración.
Tal fue el caso del Consejo de Indias, al que Olivares solía encomendar que deliberase sobre arbitrios, generalmente de carácter fiscal.
Asimismo, sabemos que tenía asesores de confianza a los que recurría para que sopesaran la utilidad de los arbitrios y que algunos personajes cercanos, como su confesor, el jesuita Hernando de Salazar, actuaban también como captadores de escritos.
11 Una vez que los arbitrios conseguían acceder a los espacios de debate y de toma de decisión podían llegar a desempeñar un papel clave.
Dubet ha resaltado el hecho de que tanto los propios autores como sus proyectos muchas veces ocupaban un lugar central en la negociación de la corona con grupos de intereses sectoriales o regionales, o en la elaboración de medidas -generalmente fiscales-por parte de las autoridades.
Dentro de este último aspecto, no solo las juntas particulares, muy frecuentes entre 1621 y 1643, sino también el propio complejo polisinodal podía trabajar a partir de este tipo de escritos, configurando una «administración fiscal y financiera basada en gran parte en la colaboración con grupos e individuos privados».
12 Llegados a este punto, parecería redundante resaltar que el arbitrismo no posee solo un interés para la historia cultural, sino que debe ser considerado como un elemento importante para llegar a establecer una relación más intensa entre la reflexión y la práctica política y, especialmente, para enriquecer nuestra comprensión de los proceso de negociación y toma de decisiones en la monarquía.
Sin embargo, pese a su reconocida importancia, se ha tendido a soslayar una de sus derivaciones más notorias, como es el arbitrismo sobre cuestiones americanas, aun cuando fuera este de menor envergadura que el castellano.
Puede afirmarse que desde las primeras décadas del siglo XVII no solo existió una percepción de América en el arbitrismo peninsular, sino que además tuvo lugar el desarrollo de un arbitrismo americano, o, para expresarlo con mayor propiedad, un arbitrismo centrado en cuestiones 10 Marañón, 2006, 150-155.
11 Véase el proceso de captación y tratamiento de arbitrios por individuos cercanos al valido en Amadori, 2013, 137 y ss.
Para la descripción de un proceso legislativo a partir de arbitrios, véase Amadori, 2008.
También puede consultarse la obra de Dubet.
Fueron muchos los autores que en tiempos de dificultades del rey y del reino, a ambos lados del Atlántico utilizaron su ingenio para proponer soluciones en las que la realidad americana ocupaba el centro de su reflexión.
Aunque contamos con algunas aproximaciones puntuales, todavía son escasos los trabajos que han tenido por objeto específico los arbitrios destinados a aquella parte del complejo hispánico.
13 Las posibilidades que ofrece el análisis de este fenómeno referido a los virreinatos transatlánticos son múltiples favoreciendo, naturalmente, una aproximación a las dinámicas transatlánticas de poder y a la vida fiscal virreinal.
Asimismo, no solo permite el acercamiento -con los debidos reparos-a las características del desenvolvimiento económico, social y político indiano durante el siglo XVII; también constituye un medio privilegiado para acceder a la esfera de las percepciones sobre las posesiones americanas y para evidenciar la circulación intelectual a escala imperial.
Así, el conocimiento más exhaustivo de dicho movimiento podría ayudarnos a profundizar en aspectos esenciales, como la imagen que se tenía de las Indias tanto en España como en América, las ideas que se manejaban acerca de la naturaleza de sus dificultades -y por tanto de sus soluciones-, o las expectativas que estos territorios despertaban.
Incluso, tales escritos suelen ofrecer un testimonio vivencial, y muchas veces novedoso, de un fenómeno tan debatido como la crisis del siglo XVII, complementando o contrastando la visión obtenida a partir de los indicadores económicos disponibles.
Al abordar una y otra vez el problema del mal gobierno, los arbitrios resultan una fuente de sumo interés para el análisis de la cultura y la práctica política, brindando visiones coetáneas acerca de cómo era y, sobre todo, de cómo debía ser la administración de la monarquía.
Incluso, la sintonía detectada entre textos de carácter arbitrista y sermones u obras de tono aparentemente religioso pero marcadamente críticos con la política metropolitana -o más concretamente, con el ejercicio del poder en América-abren una nueva y sugerente perspectiva de investigación.
Como un valor añadido de su utilidad en el tema de las percepciones, hay que tener presente el hecho de que no eran únicamente un producto del pensamiento y los intereses de los sectores más encumbrados de la sociedad, sino que también revelan discursos de grupos sociales más extensos y, en consecuencia, menos prominentes.
Este dossier se propone estudiar el fenómeno del arbitrismo generado en torno a diversas problemáticas americanas, desarrollando las posibilidades ofrecidas por las perspectivas de investigación señaladas.
Los textos que lo componen -ordenados según un criterio cronológico-abordan múltiples cuestiones correspondientes a distintos ámbitos espaciales de la América hispánica -tanto castellana como portuguesa-, considerando implícitamente las relaciones entre el poder central y los poderes locales-e insertando al arbitrismo en un contexto sociocultural en el que adquiere pleno sentido y revela toda su potencia analítica.
La contribución de Margarita Suárez Espinosa, con la que se abre esta compilación, estudia uno de los arbitrios de mayor envergadura e interés de los que se generaron en el virreinato del Perú durante los primeros años del siglo XVII en el ámbito de la economía, la administración y la fiscalidad coloniales.
En concreto, su artículo analiza la vida y la obra de Joan de Belveder, un matemático aragonés que adquirió gran experiencia en el comercio americano, hasta el punto de ser el autor de una obra sobre las equivalencias de oro y plata, y de un extenso memorial que revisa la situación general del reino del Perú e indica los asuntos que debían resolverse con más urgencia.
Por el texto de Belveder se suceden un conjunto heterogéneo de temas, como el manejo de la real hacienda, la evasión de impuestos, el fraude en los gastos del estado, el contrabando en el comercio atlántico y asiático, y el cultivo de productos que competían con aquellos elaborados en España, brindando un excelente panorama de las lecturas realizadas por individuos involucrados en la vida mercantil limeña sobre el desenvolvimiento de su actividad.
José Manuel Díaz Blanco, por su parte, se adentra en el arbitrismo referido al comercio colonial a partir de una situación paradójica.
Si bien, como afirma el autor, el arbitrismo castellano prestó especial atención a dicho comercio durante el siglo XVII, no deja de ser problemático el hecho de que la carrera de Indias haya participado solo de forma moderada en el movimiento.
Para explicar esta circunstancia, Díaz Blanco reconoce la existencia de una situación contradictoria entre la cultura arbitrista y el andamiaje institucional de la carrera, que intenta explicar mediante una hipótesis que plantea que a lo largo de dicha centuria las instancias interesadas en el comercio colonial tendieron a desincentivar primero y a reprimir después el desarrollo de un arbitrismo sobre los intercambios transatlánticos.
Este proceso se habría visto condicionado por el desplazamiento del centro de la carrera de Indias desde Sevilla a Cádiz.
Luis Miguel Glave centra su atención en un arbitrio sobre la venta de tierras en el virreinato del Perú que Pedro Ugarte de la Hermosa elaboró en el año 1622, situándolo en el extenso debate acerca de la licitud de la enajenación y la composición de propiedades comenzado a finales del siglo XVI.
Su artículo estudia la coyuntura de presión sobre los recursos de los naturales y las opciones de defensa de los mismos, procurando resaltar el diálogo entre la política metropolitana, que buscaba ampliar sus recursos monetarios en tiempo de necesidad, y las discrepancias internas del reino andino en pleno proceso de cambios administrativos y legales que intentaban responder a esa demanda imperial.
Se trató de un diálogo jalonado por una cantidad significativa de arbitrios elaborados por eclesiásticos y por miembros de la administración, referidos tanto a la posesión y a las condiciones de acceso a la tierra por parte de las dos repúblicas, así como también a la reducción de los indígenas.
De este modo, el texto de Glave permite constatar la relevancia y la funcionalidad del arbitrismo en un momento crucial de la historia agraria peruana en el que se produjo la expansión de las haciendas.
Mi contribución analiza los memoriales del jerezano Manuel Gaytán de Torres, quien elaboró un arbitrismo de gran envergadura, heterogeneidad y originalidad de síntesis articulando problemáticas y espacios geográficos diversos en una propuesta funcional del mundo ibérico.
La obra de este personaje posee un gran interés, ya que permite contemplar la construcción intelectual de la monarquía policéntrica desde la óptica de un arbitrismo en el que los virreinatos americanos se relacionan de forma sistémica con el mundo europeo, reproduciendo las percepciones contemporáneas acerca de las dificultades y de las soluciones para los distintos disfuncionamientos de las posesiones de los Austrias.
Su programa de reformas, que introduce ideas y nociones presentes en los debates sobre la restauración de la monarquía de finales de la década de 1610, conjugadas con los planes de otros memorialistas de corte local y con propuestas propias, configuró un extenso espacio transatlántico en el que Castilla y los virreinatos americanos integran una unidad firmemente articulada según una lógica sistémica de carácter mercantilista, que incluso atendía al Extremo Oriente.
El trabajo de Vinicius Dantas supone la expansión del espacio geográfico y plantea para el mundo portugués y sus posesiones transatlánticas el mismo fenómeno historiográfico experimentado para Castilla y sus territorios ultramarinos.
En concreto, su texto reflexiona sobre el papel de los arbitristas y de sus escritos en el gobierno y la conservación del Brasil PRESENTACIÓN: ARBITRISMO Y CULTURA POLÍTICA EN AMÉRICA DURANTE EL XVII Anu. estud. am., 71, 1, enero-junio, 2014, 15-24.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.01 durante el período de la unión de las coronas ibéricas, en un intento de subsanar la escasa atención que se le ha concedido al arbitrismo en el ámbito de la América portuguesa.
De este modo, Dantas demuestra con contundencia el alcance de prácticas culturales y políticas evidentemente muy extendidas en el mundo hispánico que, entre otras cosas, resultaron ser un vehículo privilegiado para reflexionar y gestionar las posesiones atlánticas de los imperios ibéricos.
Finalmente Carlos Gálvez Peña explora otro de los ámbitos escasamente tratados por la historiografía: la tradición arbitrista presente en el discurso religioso generado dentro de las órdenes religiosas establecidas en el Perú.
Su artículo analiza el significado histórico de los arbitrios escritos por intelectuales de las órdenes franciscana, dominica y jesuita entre 1630 y 1659, por medio de las obras de Buenaventura de Salinas y Córdova, Antonio González de Acuña y Gregorio López de Aguilar.
Gálvez Peña amplía las claves de lectura que tradicionalmente se han aplicado a la interpretación de este tipo de discurso, centrándose en el papel que desempeñaron los arbitrios y los memoriales producidos en el seno de las órdenes en el proceso de negociación de una cuota de representación política para las corporaciones religiosas y las élites del virreinato peruano, en un período en el que se estaban produciendo importantes cambios en el equilibrio de poder transatlántico.
No quiero cerrar estas palabras introductorias sin referir mi profundo agradecimiento a los autores, colegas y amigos en muchos casos, que acogieron con gran entusiasmo esta propuesta y colaboraron con afán y compromiso en todas sus fases.
También me gustaría extender mi gratitud a los evaluadores de los textos originales y a los editores del Anuario de Estudios Americanos, que respaldaron la iniciativa desde el comienzo.
Aguilar, Cristine y Dubet, Anne: «Los arbitristas y la ampliación del espacio político», en Martínez Millán, José y Visceglia, María Antonia (dirs.), La monarquía de Felipe III: la corte, 3, Madrid, Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, 2008, 876-885. |
matemático aragonés, que llegó al Perú hacia fines del siglo XVI para dedicarse al comercio.
Publicó en Lima una obra sobre las equivalencias de oro y plata y, además, inmerso en el espíritu del arbitrismo, escribió un largo memorial acerca de la situación general del reino del Perú y de los asuntos que debían resolverse con más urgencia, que abarca temas como el manejo de la real hacienda, la evasión de impuestos, el fraude en los gastos del estado, el contrabando en el comercio atlántico y asiático, y el cultivo de productos que competían con aquellos elaborados en España.
La obra de Belveder brinda un excelente panorama acerca de los principales problemas de la administración hispana y del comercio en el Perú a inicios del siglo XVII.
El virreinato del Perú y sus arbitristas
El hallazgo de los territorios americanos, no cabe duda, transformó a la monarquía hispánica.
La necesidad de establecer un imperio que atravesase dos océanos y que implicaba someter a grupos sociales heterogéneos, trasladar población peninsular, implantar funcionarios reales, articular comercios de larga distancia y, además de todo ello, sacar frutos, puede resultar inverosímil para el observador contemporáneo, dadas las condiciones de las monarquías absolutas recién formadas.
Y también fue difícil de asimilar para los españoles que habitaban en los reinos hispánicos en el siglo XVI, sobre todo luego que pudieron observar el cúmulo de tropiezos que encontraron en el camino.
En efecto, ya hacia fines del siglo XVI e inicios del XVII diversos pensadores centraron su atención en Castilla y en las nefastas consecuencias que le había acarreado a su economía el manejo de las posesiones americanas: alza de precios, fuga de capitales hacia otros centros financieros europeos, y abandono de los sectores productivos tradicionales.
1 En la década de 1640 ya era inequívoca la existencia de una crisis de confianza que fue atribuida indistintamente a causas naturales o sobrenaturales, y que exigía a Castilla volver sobre sus pasos para restaurar y reformar los daños de la república.
2 La preocupación de Castilla por los efectos económicos del manejo de las Indias no solo estaba referida a los problemas internos o a su relación con los demás reinos europeos.
Ya desde el siglo XVI América, y específicamente el Perú, habían dado muestras de autosuficiencia económica y se había puesto en evidencia que el accionar político debía ser negociado.
3 La colonización del Perú presentó la resistencia de la población indígena, pero también la tenaz rebeldía de los encomenderos españoles, que colocaron a los funcionarios reales en serios problemas para lograr una efectiva pacificación del reino.
De allí en adelante dialogar con los descendientes de los conquistadores sería una tarea tediosa que colocaría en aprietos a más de un vice-soberano.
Los descendientes de los conquistadores clamaban por su derecho a participar en el gobierno y tener prioridad en el reparto de cargos y mercedes.
Los virreyes, pues, debían negociar con los «beneméritos» sus privilegios por haber conquistado el reino, y también debían pactar 1 Perdices-Reeder, 2003, 239.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.02 constantemente con los otros miembros de la élite de poder en materias referentes a aumento de impuestos, envío de remesas y colaboración comercial.
Mantener el equilibrio no fue tarea fácil y, de hecho, hubo coyunturas muy tensas entre los diversos actores sociales, sobre todo cuando se intentó forzar a los reinos americanos a realizar mayores aportes pecuniarios a la península.
Los «beneméritos» nunca cejaron en sus intentos de obtener los puestos que los propios virreyes repartían entre sus criados.
La Iglesia, por su parte, se mantuvo firme en defender los privilegios concedidos desde el siglo XVI, que la favorecían con la percepción de diezmos, inmunidad, cesión de tierras y beneficios fiscales.
La administración fue ineficiente y progresivamente ciertas funciones del Estado fueron delegándose en manos privadas, particularmente en el Consulado.
4 Finalmente, los comerciantes de Lima formaron grandes consorcios en el interior del virreinato que les permitieron lanzar una ofensiva contundente en el comercio atlántico a través de sus factores -los «peruleros»-, que dejó en malas condiciones tanto al comercio peninsular como al mismo sistema de galeones.
5 En este contexto, y como expresión de la práctica política de la época, aparecieron diversos escritos sobre el Perú que trataron de diagnosticar y remediar alguno de estos males aunque, como afirma Amadori, la historiografía americanista no les ha prestado mucha atención.
El fenómeno que más ha sido estudiado es la aparición de arbitrios en las décadas de 1620 y 1630, incentivada por el conde-duque de Olivares, la mayoría de los cuales tenía como finalidad hacer más eficiente la extorsión fiscal de las Indias.
7 Un buen ejemplo es el «Parecer» del contador Hernando de Valencia, cuyo arbitrio explicaba los daños que había ocasionado la plantación de viñas en el Perú y recomendaba volver a prohibir el comercio de vinos peruanos para aumentar el consumo de aquellos procedentes de España.
8 El arbitrio de Diego Pérez Gallego estaba orientado, por el contrario, a exaltar las virtudes del gobierno del virrey conde de Chinchón, pero también incluía un diagnóstico de los principales problemas del Perú y los remedios necesarios para subsanar los errores.
8 Archivo General de Indias (AGI), Lima, 162, Parecer del contador Hernando de Valencia, año 1633.
Como era usual, el arbitrista presentaba su papel ante la audiencia o el virrey, los que debían, a su vez, elevarlo al Consejo de Indias, que lo evaluaba para su posible presentación al valido o al rey.
Otras veces el arbitrista enviaba directamente su escrito al consejo para esquivar la interferencia del virrey.
10 A cambio, el arbitrista esperaba reconocimiento y remuneración y, de esta manera, el arbitrio se convertía en un medio excepcional para la aplicación de medidas políticas y en una vía para el ofrecimiento de privilegios por parte del monarca.
Tal es el caso, por ejemplo, de Martín de Ocampo, que ilustra bien de qué manera el arbitrio operaba como un mecanismo de reforzamiento del honor y de reconocimiento pecuniario por las labores cumplidas en favor de la monarquía, que eran componentes esenciales del ejercicio político en el imperio de los Habsburgo.
Ocampo llegó a América hacia mediados del siglo XVI y ganó, por la conquista de los indios de Popayán, dos encomiendas que posteriormente pasaron a manos del rey.
En 1606 fue nombrado corregidor de Cuenca y se le encargó que «hiciese la jornada» de los indios jíbaros, lo cual no pudo hacer por oposición del virrey marqués de Montesclaros.
Tomada su residencia, fue beneficiado con una renta de 400 ducados procedentes de indios vacos para «ayudar a poner en estado de religión tres hijas doncellas» y se afincó en Lima, en donde le entregó al virrey un arbitrio para el aumento de la producción de azogue en Huancavelica.
11 En dicho arbitrio, Martín Ocampo explicaba cómo se perdían anualmente entre cinco y seis mil quintales de mercurio y proponía una fórmula para subsanar el problema.
Luego de negociar con el virrey, se le hizo una merced por diez años, que consistía en que todo aquel que quisiese usar su técnica debía pedirle licencia, y Ocampo, además, recibiría la tercera parte de todo el azogue que se hubiese obtenido gracias al empleo de las sugerencias de su arbitrio.
No obstante la merced recibida, las relaciones con el virrey no fueron cordiales.
Ocampo se quejaba lastimosamente de que había financiado con 10 Véase, por ejemplo, el caso del ingeniero y arbitrista lusitano Enrique Garcés, que descubrió el mercurio en el Perú, en Lohmann Villena, 1948; Biblioteca Nacional de Madrid, Mss.
J 57, 3.041, «Copia de las dos cartas que Henrique Garcés scrivio desde Lima al virrey sobre minas y azogues y por no lo remediar él, las embió al Consejo el año de 1574», 26-29.
Incluye el arbitrio de Ocampo, «Memorial de algunas advertencias muy del servicio de SM favorables al arbitrio y beneficio de los metales de azogue de Guancavelica que dio el capitán Martín de Ocampo al excelentísimo Marqués de Montesclaros, virrey destos reynos», 1613.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.02 su propia hacienda un segundo viaje a Huancavelica de seis meses para probar su técnica en hornos grandes y que, a pesar de que había logrado un aumento de diez mil quintales en la producción de azogue, el corregidor Pedro Osores de Ulloa, en alianza con el virrey, le había quitado los réditos del arbitrio para «sus fines particulares y grandes intereses».
Y, agregaba Ocampo, de manera poco clara, «no me atrevo a declarar el fin y intento dellos», pues ya había adquirido la inteligencia para entender cómo se hacían las cosas en contra del servicio del monarca.
12 Si el caso de Ocampo ilustra bien de qué manera los arbitrios operaban como un mecanismo de obtención de mercedes y reflejaba los pesos y contrapesos del poder político en el Perú, otros escritos, como el de Joan de Belveder, tienen el valor de ser, más bien, un testimonio de las prácticas económicas peruanas y del modo en que se burlaba la pretensión monárquica de controlar el territorio americano.
Joan de Belveder, el comerciante
El aragonés Joan de Belveder es conocido por haber publicado en Lima, en 1597, un libro de aritmética práctica13 y por haber elaborado a inicios del XVII un arbitrio que despertó gran interés en la corte.14 De Belveder solo se tenía noticia de que era natural de Tauste, en el reino de Aragón, y que había pasado a las Indias haciendo primero una escala en México para luego emprender viaje a Potosí, según se desprende de su libro de aritmética.
Según Salavert, la primera referencia a Belveder se encuentra en la obra de Latasa, quien señalara que era «muy perito en las ciencia exactas» y que escribió su Libro general de las reduciones en los Reyes.
A esta información Gómez Uriel agregó que era una «obra muy rara y curiosa».
15 No se tiene certeza de la fecha de llegada de Belveder al Perú, pero la búsqueda en los notarios de Lima ha arrojado que ya desde 1584 se hallaba realizando distintas operaciones comerciales en territorio peruano.
En efecto, la documentación notarial limeña indica que Belveder llegó al Perú a hacer fortuna mediante la actividad comercial.
El registro más antiguo que se ha encontrado es un poder otorgado en 1584 por el regidor de Lima, don Luis Rodríguez de la Serna, quien le brindaba poder general para cobrar plata a sus deudores, entregar cartas de pago y realizar finiquitos.
16 En 1589 se le encuentra recibiendo poder de Juan Sánchez, alguacil de corte, para que Belveder -quien se hallaba de partida a Tierra Firme-cobrase de Alonso Ramos más de 700 pesos que le había entregado para emplear mercaderías.17 Desde entonces el aragonés no aparece efectuando transacciones, probablemente por hallarse fuera de la capital, hasta 1592.
En enero de este año Belveder concedió poder a su primo Cristóbal de Tudela, residente en Chile, para que cobrase a sus deudores, especialmente a Luis[?] de Agurto y Pedro de Ormachea, quienes le debían cierta cantidad de pesos.
18 Casi todos los demás contratos de 1592 se refieren a transacciones que Belveder debía efectuar en la feria de Portobelo y en Panamá.
Como se aprecia en el cuadro, y a pesar de que la información acopiada es solo una muestra, el matemático se dedicaba activamente al comercio atlántico e, incluso, en un contrato se le presenta como mercader de Lima.
Como tal, realizaba las operaciones comerciales usuales de este período: recibía plata en barras y poderes para endeudarse en Tierra Firme, debía efectuar pagos de las compras que venían fiadas de años anteriores desde España y por todo ello, como factor, recibía una comisión.
La documentación permite observar que Belveder gozaba de la confianza de sus corresponsales limeños.
La viuda de Hernán Gonzáles, doña Juana de Cepeda, le encomendó seguir el curso de una transacción efectuada por su marido que involucraba 8.000 pesos ensayados y una obligación de 6.000 pesos por compra de mercaderías; confiando en sus habilidades comerciales, le dio poder para continuar con el negocio y traer el cargamento a Lima.
Al parecer, había estado en la provincia de los Pacajes realizando actividades vinculadas a la minería y a la obtención de tierras.
En agosto de 1596 el aragonés, conjuntamente con Miguel de Alloza, familiar de la Inquisición, otorgaba un poder a Bartolomé de Palma, quien partía a Chuquiagua, para cobrar deudas en Pacajes y para representarlo ante las autoridades competentes en el reparto de minas de oro y plata, tierras e indios, así como para ejercer la administración de todo aquello que se le concediese.
21 Como era usual, no todos los negocios llegaban a buen puerto.
El 7 de enero de 1596 le daba un poder a Juan López, procurador de la real Audiencia, para que lo representase en todos sus pleitos, facultad que volvió a conceder nuevamente en julio del mismo año, esta vez a Pedro Ortiz de Valdelomar, quien ostentaba el mismo cargo.
22 Gracias a un poder otorgado por Cristóbal de Rivera a los herederos del capitán Esteban de Trejos, se sabe que el primero seguía una causa contra Belveder, cuyos autos no se han hallado, pero probablemente estén vinculados al empleo de dinero en Tierra Firme (ver cuadro).
En abril de 1599, las escrituras revelan que Belveder estaba partiendo a España, tal vez para comprar productos en Sevilla, y que luego retornó, pues entre 1604 y 1606 le estaba entregando al virrey conde de Monterrey su «Memorial» sobre el Perú.
Finalmente, en la década de 1610 el matemático entabló dos causas, que muestran que ofrecía sus servicios para la elaboración de cuentas.
El primer contencioso fue contra el canónigo don Andrés Díaz Abrego, por no haberle pagado sus servicios en las cuentas que llevaba con el padre Francisco Ortiz de Porras, residente en Quito, y por las del albaceazgo del padre Joan Díaz de Abrego, quien tenía doctrina en el pueblo de Illima, en Trujillo.
El segundo pleito fue contra el mayordomo de la cofradía de San Nicolás, en 1614, quien, igualmente, no cumplió con el pago de su trabajo.23
Joan de Belveder, el matemático
Fruto de la experiencia adquirida en el comercio peruano, Belveder emprendió la aventura de escribir un manual de aritmética práctica con el fin de facilitar las cuentas que llevaban los mercaderes y los funcionarios.
El Libro general del reduciones de Belveder es, junto con el de Juan Díez Freyle,24 un exponente de la presencia de matemáticos en América en el siglo XVI, que intentaron arrojar un poco de claridad al caos monetario que imperaba en el Perú.
En efecto, la producción y circulación de oro y plata en el Perú estuvo acompañada de una desordenada política monetaria.
A pesar de que el metal peruano estaba presente en territorio europeo y era un medio de pago esencial en toda América y Filipinas, el circulante, antes de 1568, estaba compuesto por pedazos de oro y plata, tejos y barretones que se denominaban «plata corriente», y que eran valorados en pesos y tomines.
25 El disco acuñado recién apareció con la creación de las casas de moneda de Lima y Potosí.
La primera funcionó de manera continua tan solo de 1568 a 1588, de manera que fue la casa de moneda de Potosí la que cumplió con el abastecimiento de circulante amonedado la mayor parte de los siglos XVI y XVII.
26 En la casa de Potosí se acuñaban discos de metal (los famosos «patacones peruleros») y se quintaba la plata en barras, siendo esta última la especie por excelencia usada en el comercio de exportación.
Pero las casas de moneda no resolvían el enjambre compuesto por el uso de diversas unidades monetarias.
Las estrictamente peruanas eran to das, menos una, unidades de cuenta: el peso de 12 reales y medio (del «rey» o de «tributos»), el peso ensayado de 13 reales y un cuartillo (peso ensayado de «mercaderes») y el peso de 9 reales (conocido como peso corriente).
La única moneda que existía como disco de plata era el peso de 8 reales («patacón») y sus fracciones, cuya reducida acuñación causó problemas de liquidez en los pagos menores.
No obstante ser estas las unidades peruanas, en los libros de cuentas se usaban unidades monetarias de otras partes del imperio, como los pesos de buen oro, ducados, coronas, etc. y, finalmente, también se empleaba como medio de pago la plata «labrada» o piñas de plata, que no habían pagado el quinto al rey y cuyo precio se calculaba por el peso en marcos valorado en pesos ensayados.
Los libros fiscales y los mercaderes empleaban en sus cuentas pesos ensayados -con los que valoraban las barras de plata-, pesos de a 8 y pesos de oro de distintos quilates.
Para la conversión de pesos ensayados a pesos de a 8 se usaban los pesos de a 9 reales, que era una unidad de cuenta que resolvía los problemas matemáticos de convertir directamente los pesos ensayados en pesos de a 8, y viceversa, puesto que solo se usaban quebrados, no decimales.
A la dificultad matemática habría que añadir las fluctuaciones del mercado monetario y los intereses, que modificaban las tasas de cambio.
De modo de que no había una sola tasa de cambio para la conversión de monedas.
El uso de los pesos de a 9 simplificó enormemente este impasse, pues al permitir que se usaran fórmulas sencillas -como reducciones al 143 %, 144 %, etc.-las operaciones de cambio se facilitaron: una conversión de pesos ensayados al 144 % significaba que 100 pesos ensayados valían 144 pesos de a 9 reales, y de allí convertirlos a patacones era tarea muy simple.
27 Este caos motivó a Joan de Belveder a escribir su Libro general de reduciones, que ha merecido un detenido estudio por parte de Salavert Fabiani y cuyo ejemplar, existente en la Biblioteca Nacional de Madrid, ha sido digitalizado y transcrito en la Universidad de Salamanca.
28 En el libro, Belveder explica que en el Perú circulaba una gran cantidad de metales y que la gente estaba involucrada en este trato según su caudal.
No obstante, la mayoría era gente inexperta: son «poco praticos y aspertos en la cuenta que les es necesario saber de las reduciones de unas monedas a otras, y del valor de cada una dellas, porque suben y baxan sus intereses a más y a menos precio en muchos tiempos del año».
29 Por esta razón, continúa Belveder, con frecuencia se producían fraudes y engaños por los errores que se cometían en las cuentas.
Así, para ahorrar el trabajo de hacer las conversiones, el autor había elaborado el libro, que contenía tablas de conversión del valor de barras y tejos de oro según su peso desde 1.000 hasta 2.400 maravedís el marco; tablas de conversiones de pesos ensayados a corrientes (y viceversa) con intereses desde el 8 hasta el 50 %; tablas de conversión de pesos ensayados a buen oro y viceversa; de pesos ensayados 27 Ibidem, 42-43.
28 Salavert, 1991; consultar en Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca la versión digital del original de la Biblioteca Nacional de Madrid y transcripción, http://bibliotecahistorica.usal.es.
Existen otros ejemplares en la Biblioteca Nacional del Perú, la John Carter Brown Library y la Biblioteca Nacional de Maestros de Argentina, cuya versión digital se puede revisar en: http://www.bnm. a ducados, y de ducados a pesos ensayados, «y de muchas monedas y reduciones de unas a otras, y de otra a otras, desde menor a mayor cantidad, en qualquier especie dellas».
30 De esta manera se evitarían los errores que ocurrían en épocas de flotas para Tierra Firme y México, o en cualquier ocasión que se requiriese hacer una conversión.
Como explica Salavert, el libro de Belveder podría dividirse en tres partes.
La primera dedicada al ensayo de los metales y a los pesos y finezas del oro y la plata; la segunda, sin duda la más extensa, que contiene tablas de conversión y cálculos sobre los derechos que pagaban mercaderías y metales; y la tercera, que ofrece las reglas aritméticas empleadas en el diseño de las tablas y 42 problemas referidos a la regla de tres y al de la falsa posición.
31 Ya en la introducción del libro, la «Declaración del dineral de plata de los ensayadores, y cómo usan de su valor en sus ensayes», se puede observar que el matemático aragonés estaba «inmerso en el ambiente del arbitrismo hispano», 32 pues insiste en que los quintos y demás derechos reales debían cobrarse en la misma «especie de cada pieza» con el fin de que el monarca se beneficiase de la misma manera que se favorecían los que quintaban los metales.
33 Al final del texto, Belveder hace una reivindicación de su obra con el fin de que no se le considere ignorante de las matemáticas que se enseñaban en la universidades, y sugiere a los aficionados la lectura de las «Matemáticas de Moya del Arte Mayor y Menor, como las de Tartalla, el alemán, Euclides, Oroncio, Burgos y Ortega, y las de otros muchos autores excelentes, antiguos y modernos».
34 Estas menciones sugieren el conocimiento de figuras importantes de las matemáticas del Renacimiento, como el clásico Euclides, los italianos Tartaglia y fra Luca di Burgo, el francés Oronce Finé, y tres figuras ilustres de las matemáticas españolas del siglo XVI: Juan Pérez de Moya, Marc Aurel -alemán, autor del primer libro de álgebra impreso en España-y Juan de Ortega.
35 La obra de Joan de Belveder es pionera, junto con la de Díez Freyle, de una tradición que comenzó en el siglo XVI consistente en imprimir en Lima manuales con tablas de conversión para facilitar las cuentas de los mercaderes, de los oficiales reales y de la población en general.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.02 XVII aparecerían más obras, como el Libro de plata reducida de Francisco Juan de Garreguilla (1607), las Tablas para la reducción de las barras de plata de todas leyes de Pedro de Saldías (1637), o la Arismética peruana de Diego de Morillas (1693), que marcarían un hito en la historia de las matemáticas prácticas del Perú virreinal.
Las habilidades de Belveder no se limitaron a develar los misterios del caos monetario peruano.
Fruto de las tres décadas -o más-de permanencia en el Perú, el aragonés entendió hasta qué punto la administración del reino era precaria y detectó los puntos más vulnerables de la capacidad del estado virreinal de extraer de manera eficiente los frutos del territorio peruano.
A inicios del siglo XVII entregó al virrey conde de Monterrey (1604-1606) su extenso «Memorial y apuntamiento» compuesto de 38 puntos, con el fin de llamar la atención del monarca acerca de los grandes fraudes que se cometían contra la real hacienda y de las medidas que él consideraba que se debían tomar para ordenar la imposición fiscal.
Habiendo muerto el virrey Monterrey, en 1607 Belveder envió una copia al Consejo de Indias y al monarca, y en 1609 le pidió al nuevo virrey marqués de Montesclaros su parecer acerca del escrito.
Este no contaba con copia del arbitrio y se limitó a decir que eran muchos los puntos y que trataba de temas generales sobre los que todos hablaban en las Indias, así que reservaba su opinión hasta leer el memorial.
Montesclaros se lo pidió a Belveder, y la copia que se ha revisado está fechada en Lima, el 23 de agosto de 1612, que fue la que se envió nuevamente al Consejo de Indias.
36 El arbitrio se inicia con una emotiva justificación de las razones por las cuales Belveder escribía el memorial.
Su móvil era la observación de la debilidad de los reinos de España y la «flaqueça, desconsuelo y pobreça de sus vasallos» ocasionadas por el descuido con el que se estaban administrando sus reinos.
España había sido «señora de las gentes» y ahora se hallaba sola, descuidada, y expuesta a la desventura y a la posible ruina de la monarquía.
Las «extranjeras naciones enemigas de España» la habían asfixiado con «asientos, logros, cambios intolerables y usuras».
Obligada a defender la «universal iglesia», España había tenido que desplegar grandes ejércitos y armadas por Italia, Alemania, Francia, Flandes y el África, y socorrer los «nuevos mundos orientales y occidentales».
Todo ello había consumido los grandes tesoros llegados de las Indias y también había reducido sus antiguas rentas y patrimonio, de modo que los reinos de España se hallaban «afligidos» y al borde del abismo.
Ya que la verdadera arma ofensiva y defensiva que sustentaba los reinos era el dinero, Belveder, como «ministro çeloso y leal vasallo» se hallaba conmovido por la extrema necesidad del tesoro real y por ello sugería tomar ciertas medidas para poner orden con el fin de aumentar las rentas del monarca.
37 Los 38 puntos tratados en el arbitrio se pueden agrupar en ocho temas generales: cómo controlar la fundición y la acuñación de plata aumentando el pago de los quintos reales; cómo evitar el contrabando del azogue; qué hacer con las deudas de las cajas reales; cómo fiscalizar los gastos del estado; qué nuevos impuestos se debían imponer; qué hacer con el reparto de tierras; cómo controlar el comercio.
Finalmente, el arbitrista hace un análisis global de la situación del reino del Perú y del modo de corregir los problemas.
Con respecto al primer tema, Belveder instaba a poner orden en Potosí y en las demás minas del Perú donde hubiesen fundidores y ensayadores, pues la cantidad de metales que circulaba sin quintar era elevada y mucha terminaba en manos de la Iglesia o de los plateros.
Así, el monarca debía valerse de sus legítimas rentas y poner un plazo para que todo los metales y joyas pagasen quinto, frenando el «atroz atrevimiento» de los oficiales reales que habían consentido que los quintos se negociasen.
38 Igualmente, se debía obligar a los ensayadores a llevar libros encuadernados, en donde señalasen «por letra y no por cifra de quenta de güarismo ni castellana», todos los metales que hubiesen entrado en su poder para quintar, y que estos libros se enviasen a la Casa de Contratación de Sevilla.
Todo esto ya que por descuido o por codicia no se consignaban por escrito las cuentas.
Incluso, los funcionarios habían sacado oro y plata de las cajas reales, procedentes de los quintos, para pagar sus deudas y «granjerías» y, adicionalmente, se habían falseado los ensayes -como sucedió en Popayán-, con lo cual se habían cometido grandes daños y fraudes contra la hacienda real.
Sobre este punto, dice Belveder, entregó al virrey marqués de Montesclaros un escrito en 1608, que permitiría que cesasen los fraudes.
Finalmente, pro-37 AGI, Lima, 143, «Memorial» de Belveder.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.02 ponía que toda la plata en pasta que llegase de las Indias occidentales y orientales -y del Congo y Angola-se acuñase en Sevilla, y recién después se entregase a sus dueños, para evitar así la fuga de metales.
39 La circulación del azogue de Huancavelica también tenía que reorganizarse.
Ni los mineros asentistas ni sus mayordomos debían sacar azogue de los almacenes reales para pagar salarios, deudas, herramientas, vestidos o calzados.
Según Belveder, el azogue se vendía «descaminadamente» para pagar los costos de operación de las minas y también para pagar a los indios que trabajaban en ellas, a pesar de que, en teoría, la caja de Lima cubría el pago de los salarios.
El problema era, según el aragonés, que la tercera parte de los indios que se les repartía a los mineros eran ocupados como «guardas de sus ganados mayores y menores y traxines de sus granjerías y alquilan a diversas personas por la cudiçia de los xornales que les pagan doblado del que ellos les pagan» y, aún así, cobraban de la caja real sus jornales.
Fruto de este efugio, los mineros debían a la caja más de 600.000 pesos -sin contar los réditos, que ascenderían a 30.000-con notable menoscabo de los reales ingresos.
Sobre este punto también había entregado al virrey Montesclaros otro escrito de 22 capítulos en 1608.
40 El mal manejo de las cajas reales es otro de los temas examinados en el memorial.
La mayoría de las cajas del Perú había acumulado deudas atrasadas y recurrido a préstamos, incluyendo la caja de Potosí.
41 Pero no se sabía con exactitud quiénes eran los deudores, pues no se registraban las obligaciones en libros.
Belveder proponía que se ordenase a los oficiales reales llevar cuenta escrita con «abecedario» de todas las deudas rezagadas de las cajas, con el fin de poder ubicar a los deudores.
En el Perú, igual que en España, se había perdido una gran cantidad de tesoro por haberse fugado los deudores y las personas que tenían a su cargo la administración de las cajas, algunos de ellos «disfraçandose en los trages, mudándose los nombres como lo an echo corregidores, administradores, receptores de cobranças reales... mercaderes, frayles y clérigos dislocadamente», y ello por estar confiados en que nadie los iba a castigar.
Proponía perseguir a los deudores y castigar a aquellos -como los dueños de navíos-que los ayudasen a escapar, y sugería cobrar intereses, a razón de 20.000 el millar, del dinero adeudado a la real hacienda.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.02 «fugitivos», muchos de los cuales habían amasado fortunas en corregimientos, doctrinas, rentas de españoles e indios y, en general, en la administración del estado, el aragonés proponía que entregaran fianzas y que no pudiesen salir del Perú sin una constancia de las actividades en las que habían estado involucrados.
43 Del mismo modo, y con el fin de hacer más eficiente el control de las cajas, había que fiscalizar minuciosamente los gastos militares y la construcción de navíos en el Callao y Guayaquil, puesto que no se rendían cuentas de lo que se compraba ni de los salarios que se pagaban.
44 Belveder consideraba, además, que se podrían imponer nuevos impuestos -como gravar con quintos a la producción de estaño, cobre y plomo-, crear un estanco del jabón español prohibiendo que se fabricara en el Perú, monopolizar la venta de los tributos de indios entregados en especie, instalar aduanas y puertos secos, y volver a medir, «redimir y componer» las tierras y pastos del Perú, Tucumán, Chile, Paraguay y Brasil para obtener nuevas rentas reales.
Por último, el arbitrista afirmaba que había crecido tanto el comercio de libros en el Perú que deberían pagar derechos, incluso los adquiridos por colegios y universidades, y que las órdenes religiosas debían pagar impuestos sobre el vino, el aceite y la cera que consumían.
45 El tema del fraude y el contrabando en el comercio es, junto al de la administración fiscal, uno de los temas centrales del arbitrio.
Advirtiendo, gracias a su propia experiencia como comerciante, las múltiples estrategias empleadas por los mercaderes para eludir el régimen impositivo, Belveder planteaba establecer férreas medidas de control que acercan su memorial a lo que sería un proyecto disparatado.
Por ejemplo, sugería que se ordenara que los secretarios de los tribunales y los escribanos públicos entregaran a la contaduría mayor una relación sumaria -jurada y firmada-de todos los pleitos pendientes o acabados de los últimos 30 años relacionados con el fisco y el empleo de mercaderías en España, Tierra Firme, México y China; dicha relación contendría el monto de las condenas y los nombres de los fiadores de los comerciantes.
De esta manera, aseguraba Belveder, se podría conocer los grandes fraudes que se cometían en el pago de almojarifazgos por los encomenderos -factores-del Perú.
46 Además, señalaba que sería muy útil que todos los escribanos entregaran una relación de todos los recibos de plata -es decir, contratos a través de los cuales se entregaba dinero para comprar mercaderías-realizados en los últimos 30 años para comprar en Guayaquil, Panamá, Nicaragua, Nueva España, China y Castilla, con lo cual se conseguiría establecer el monto por el que se defraudaba a la real hacienda en el pago de la avería.
Belveder consideraba que el costo de la armada del Mar del Sur no era compensado con el pago efectivo de este impuesto, que debía ser considerablemente más alto debido a la gran actividad comercial en el Pacífico.
47 Asimismo, proponía una medida extrema: que todos los escribanos y secretarios de tribunales de Tierra Firme entregaran a la contaduría mayor una relación de todos los metales que hubiesen ido registrados o «por registrar» en todos los navíos que hubiesen zarpado en las últimas tres décadas con destino a Castilla, Cartagena y «otras partes».
También planteaba que los oficiales reales hicieran una relación sumaria de todas las partidas de mercaderías que llegaron de Castilla para pasarse al Perú, de quiénes las llevaron y de cuánto pagaron de almojarifazgos.
Con estas medidas, aclaraba Belveder, se podría saber con exactitud a cuánto ascendía el fraude a la real hacienda en la carrera de Indias y se frenarían los «atrevimientos y descuidos tan grandes» de funcionarios y mercaderes.
48 Ciertamente, aseguraba el arbitrista, «es usança muy antigua y guardada entre todos los mercaderes del orbe el procurar con toda ynstançia la usurpación de derechos [...] y parece que más depravadamente se continua la dicha usurpación» en el comercio con las Indias.
Por esta razón, tanto en Sevilla como en Lisboa se deberían sellar los fardos de mercaderías con la «ere u otro material yncorrutible» y confiscar todos aquellos que no estuviesen marcados.
Ya que una de las principales quejas de los comerciantes era la apertura de sus fardos, los sellados no tendrían que abrirse, sino tan solo llevar un registro para presentarlo al corregidor o a los oficiales reales.49 Y para frenar el ingenio de los «tramposos y codiciosos» que tenían haciendas mal habidas y procuraban encubrir sus negocios, se debía prohibir que se pudiesen enviar mercaderías o metales en nombre de terceras personas, aunque fuesen eclesiásticos.
50 Así, cuando llegasen al puerto de Perico, en Panamá, tendrían que ingresar los cargamentos en la casa de Contratación para que luego se entregaran a las personas que efectivamen-te eran dueñas de la plata o mercaderías.
Con ello, además, se evitaría la evasión del registro de plata, «por quanto consta por evidencia muy clara [...] que en este reyno del Piru y Mar del Sur y como se hace en la mar del norte de Tierra Firme a Sevilla y de las Yndias Brasil y Guinea a Lisboa el no registrarse la tercera parte del tesoro [de] particulares».
51 Del mismo modo, se debería nombrar a un escribano de avaluaciones en el Callao para que elaborase un resumen de los últimos 40 años, puesto que los oficiales reales no tenían idea de cómo cobrar los impuestos.
Sobre este tema había remitido al Consejo de Indias y entregado al virrey Montesclaros un escrito de 14 capítulos.
52 Era, asimismo, medular que existiese un tribunal del Consulado en Lima, debido a que los jueces de la Audiencia de la ciudad no eran peritos en los asuntos mercantiles y dilataban absurdamente los pleitos.
Por último, se deberían nombrar pilotos mayores y cosmógrafos, que hubieran rendido examen, para que navegaran acompañados de oficiales que respetasen las rutas de navegación, y como complemento había que cerrar el comercio por Buenos Aires, para evitar el goteo de metales y gente por esta vía.
53 El comercio con la China mereció varios puntos del «Memorial» de Belveder.
El aragonés afirmaba que el comercio de sedas orientales había aumentado tanto por la falta de aplicación de sanciones contra el contrabando de ropa de la China, que se habían armado telares para ellas so pretexto de que procedían de México, y así paseaban «arreadas y costosas» por las calles, negras, mulatas e indias, y España se hallaba «perdida y estos reynos asolados».
Solo se debería permitir, pues, que se tejieran sedas de Castilla o de México y se tendría que penar severamente a los infractores.
Además, nuevamente sugería que los escribanos dieran información acerca del tesoro remitido a Guayaquil y México en los últimos 30 años, y de las mercaderías llegadas al Callao, que todo el tráfico por el Pacífico también pagara avería -aunque no usasen a la armada del Mar del Sur-y almojarifazgo, y que se detectase por este medio a los que estaban envueltos en el contrabando.
54 Belveder calculaba que en las últimas tres décadas se habían remitido más de 60 millones de pesos para la compra de mercaderías chinas, y que el monarca había perdido unos 10 millones por concepto de impuestos no pagados.
La única solución era, decía Belveder, cerrar completamente el comercio del galeón de Manila, y que el trato con Filipinas se realizara desde Castilla por el cabo de Buena Esperanza.
55 El punto 37 lleva por título la «advertencia muy considerable» y en él Belveder hace un balance general de la situación económica del Perú y del por qué el monarca no estaba sacando los frutos que debería del territorio.
Afirma el aragonés que la población del Perú había crecido diez veces en los últimos 30 años por la llegada de españoles y esclavos y que, sin embargo, las flotas que arribaban de España no habían aumentado de acuerdo al incremento de habitantes.
La causa principal era, sin duda, la autosuficiencia del Perú.
Se habían plantado viñas, olivares, azúcar, y se fabricaban tejidos y sombreros en los obrajes.
También se producía jabón, jarcias, cultivos de panllevar, brea, metales, loza, cordobanes, azufre, salitre y se «benefician, labran y fabrican con primor, arte y puliçía» una gran variedad de objetos y mercancías.
Solo faltaba, dice Belveder, que en el Perú se sembrara azafrán y se fabricara papel para que no tuvieran ninguna necesidad de España, puesto que las telas de calidad procedían de la China.
Así, la producción peruana y el comercio asiático habían «enajenado» a España más de 130 millones de pesos, que serían difíciles de «restaurar».
Los cargadores de España debían estibar los navíos con arena y piedras porque los contratos entre el Perú y España estaban «perdidos y asolados».
Belveder ofrecía una solución a este problema en cuatro puntos: cesar el cultivo de viñas, olivares y cañaverales, y que los productores pagasen un diezmo destinado a la defensa de España en Europa; prohibir la creación de nuevos obrajes, que los ya existentes solo produjesen ropa ordinaria y que, igualmente, pagasen un diezmo de composición sobre la producción; que las fábricas de jabón, jarcias y brea fueran arrendadas por el monarca y se creara un estanco para estos productos; y que, finalmente, las fundiciones de cobre, estaño, pasamanos de seda y oro y plata, cueros, vidrio, lozas, etc. fuesen manejadas por oficiales reales y se hiciese un padrón general de todos los productores del Perú.
56 El «Memorial» de 1612 agregaba un punto más, relativo a los «fraudes y colusiones encubiertas» en los gastos públicos, sobre todo en los pagos y compras de la Armada en Lima y en todos los puestos militares que existían en el reino.
Según Belveder, las cuentas estaban disfrazadas y ninguna compra estaba debidamente justificada, pues se usaban «recaudos simples».
Los contadores y comisarios cometían robos y fraudes, eran sobornados y, por último, estaban involucrados en «cambios, asientos, recambios, logros y usuras».
El aragonés terminaba su arbitrio afirmando que todos los vasallos fieles al rey se lamentaban, «con lágrimas de los corazones», de la codicia, el descuido, la ignorancia y la mala administración del Perú, y pedía a Dios que la gran monarquía no pereciera en manos de los enemigos de la santa Iglesia.
REFORMA, ORDEN Y CONCIERTO EN EL PERÚ DEL SIGLO XVII
Probablemente el diagnóstico final de Belveder pueda resultar evidente.
Muchos de sus coetáneos escribieron acerca del peligro que se estaba corriendo al dejar que el Perú desarrollara una economía que prescindiera de los productos españoles.
Incluso, en 1590 el propio virrey marqués de Cañete advirtió al monarca casi lo mismo que Belveder: que el Perú estaba habitado por españoles que no habían nacido en la Península, que era autosuficiente en alimentos y textiles, que el tráfico con China lo abastecía de textiles de calidad, y que todo esto podía ser la ruina del comercio y del dominio de España sobre América.
58 Funcionarios y comerciantes peninsulares insistieron en que era necesario mantener al reino «necesitado», puesto que esta sería la única garantía para conservar el vínculo entre España y las Indias.
No obstante, el arbitrio de Belveder goza de la virtud de haber sido realizado por una persona que entendía muy bien cómo funcionaba el comercio, cómo se administraba la real hacienda y comprendía, lo cual era difícil, los hilos del caos monetario del Perú.
Belveder fue un prolífico arbitrista, como lo demuestran las repetidas referencias en su «Memorial» a papeles entregados al virrey o enviados al Consejo de Indias, de los cuales no se cuenta con información adicional.
No todas sus férreas medidas correctivas se aplicaron, por lo menos las más dramáticas.
La información que exigía recolectar Belveder hubiese sido una bendición para el historiador contemporáneo, pero habría generado un gran descontento entre comerciantes y funcionarios de la época.
Pero, al parecer, algunas de sus propuestas sí se escucharon aunque, por supuesto, no se puede afirmar que la adopción de las medidas contenidas en sus escritos fuese causa directa 57 Ibidem, punto 38.
REFORMA, ORDEN Y CONCIERTO EN EL PERÚ DEL SIGLO XVII de la lectura del «Memorial» sino, más bien, del efecto de una corriente de opinión en la cual se enmarcaba el arbitrio.
Casi inmediatamente, en 1613, se fundó un Consulado para mercaderes, en 1617 se visitó la caja de Potosí y en 1625 se realizó una visita general del Perú, que demostró que varios de los problemas detectados por Belveder eran acertados, como la malversación en las cajas reales y el endeudamiento absurdo de estas.
Lo cual, claro está, no significa que la situación de la real hacienda mejorara sensiblemente en el siglo XVII.
Muchos de los problemas observados por Joan de Belveder perdurarían, incluso empeorarían, durante el tiempo de gobierno de los Habsburgo y algunas de las esperadas medidas correctivas solo llegarían con el ascenso de la nueva dinastía borbónica. |
El arbitrismo fue una de las corrientes culturales más características de la España del siglo XVII.
1 Las razones de su proliferación son sobradamente conocidas; abundaron en aquella centuria diversas modalidades de percepción de una crisis frente a la cual muchos hombres reaccionaron, intentando hacer llegar al gobierno y a la sociedad ideas que pudiesen contribuir a mejorar la situación.
Los arbitrios de los arbitristas eran recetas contra los supuestos males de un tiempo difícil para la monarquía en general y para Castilla en particular.
2 Algunos tuvieron su origen en reflexiones poco sólidas, que merecían con frecuencia el menosprecio de los contemporáneos; 3 en cambio, otros eran tratados serios, redactados por auténticos patriotas que ponían sus cualificados esfuerzos al servicio de la comunidad y de la corona.
4 En los textos arbitristas se percibe una preocupación significativa por América, especialmente respecto de la plata que enviaba a Europa y del comercio que unía ambos continentes a través de la estructura monopolística centralizada en el puerto de Sevilla.
El hecho es normal, si se tiene presente que todos estos factores fueron elementos esenciales de la economía castellana de la época.
Sin embargo, producen cierta sorpresa o curiosidad algunos aspectos que salen a la luz en cuanto se analiza la relación entre el arbitrismo y la carrera de Indias.
En primer lugar, los grandes arbitristas que se preocuparon por la economía atlántica no estaban directamente relacionados con ella; ninguno de ellos fue uno de los mercaderes u oficiales reales que vivieron la carrera desde dentro.
Y, más significativamente aún, casi ninguno de estos últimos formó parte del movimiento arbitrista.
La carrera no generó ningún arbitrista de relieve a lo largo del siglo XVII, salvo raras excepciones entre las que merece la pena destacarse al mercader borgoñón Juan Cano, ya en el reinado de Carlos II, que en realidad tuvo una dimensión intelectual mucho menor de la que podría haber alcanzado, a causa de circunstancias que se explicarán más adelante.
5 ¿A qué se debe esta aparente paradoja?
El texto que se ofrece a continuación tiene como objetivo responder a esta pregunta.
Una propuesta sencilla podría conformarse con afirmar que no existió una relación directa entre el arbitrismo y la carrera de Indias porque esta pudo no haber experimentado ningún tipo de crisis a lo largo del siglo XVII.
Algunas propuestas revisionistas descartan taxativamente la existencia de la recesión que antes se daba por asumida.
6 Sin embargo, el arbitrismo no nacía directamente de la crisis en sí, sobre cuya existencia puede debatir la historiografía, sino de la percepción de los contemporáneos de que esa crisis existía.
Y es imposible negar que dicha percepción, equivocada o no, estuvo muy extendida.
Existe una infinitud de testimonios al respecto.
Como el del consulado, que resumió con precisión ese estado de opinión en 1637, cuando lamentó, como tantas otras veces, «la estrecheza de los tiempos y [...] hallarse los caudales de todas las personas de que este comercio se compone totalmente acabados».
7 Afirmaciones de este tipo recorren todo el siglo XVII andaluz.
8 Por tanto, el interrogante parece requerir otra solución.
La hipótesis que aquí se propone relaciona la escasez del arbitrismo con el alto grado de institucionalización interna de la carrera de Indias.
Es decir, quiere ofrecerse como idea central la existencia de una relación contradictoria entre la cultura arbitrista y las estructuras institucionales de la carrera de Indias.
Este planteamiento se vincula con los estudios que han analizado las relaciones entre el proyectismo español y el poder político.
¿Cómo debe estudiarse el arbitrismo?
Desde la óptica de la historia del pensamiento, tal vez puede resultar satisfactorio un análisis que desgrane hasta el detalle el contenido de los textos.
Pero, para la historia general, 5 Además de la mencionada diferencia cuantitativa en el nivel de producción escrita, las diferencias cualitativas entre unos y otros autores pueden deducirse con facilidad.
En este artículo, el arbitrista es siempre aquel que ofrece arbitrios al poder político para solucionar una situación de crisis.
Sin embargo, había quien podía hablar desde una experiencia directa de la materia, con un conocimiento profesional y especializado de la misma, y otros que la abordaban desde ámbitos totalmente ajenos a ella, desde un posicionamiento puramente teórico, aunque también legítimo.
Lógicamente, el conocimiento sobre la carrera de Indias de unos y otros no podía ser el mismo.
7 Archivo General de Indias (AGI), Consulados, 3, 3.a junta en que se concede por el comercio el servicio y ofrecimiento tocante a el uno por ciento de los infantes, Sevilla, 17 de febrero de 1637.
Posiblemente, el ejemplo más conocido de este enfoque se encuentra en la biografía del conde duque de Olivares de John H. Elliott, donde se retrata el régimen del valido como el beneficiario de una «herencia reformista» que puso en práctica hasta que entró en contradicción con las resistencias sociales y el desarrollo de una política reputacionista.9 Pero hay muchos otros estudios que indagan en el binomio pensamiento arbitrista-poder político, como los de Antonio Feros El fenómeno que pretende retratarse aquí fue evolucionando a lo largo del siglo XVII.
En efecto, una visión estática de esta difícil relación entre la cultura arbitrista y las instituciones de la carrera no tiene visos de ser acertada.
Pueden distinguirse, al menos, dos fases dentro de su proceso de desarrollo, que deben ponerse en relación con el conocido proceso de sustitución entre Sevilla y Cádiz en la capitalidad de la carrera.
Durante la primera etapa, en la que Sevilla todavía ostentaba una primacía indiscutible, la estructura institucional actuó como un elemento desincentivador del arbitrismo; sin embargo, durante el segundo período, cuando Cádiz comenzó a desarrollarse como alternativa de Sevilla, la estructura institucional se convirtió en algo más: un instrumento represor del pensamiento arbitrista.
La contradicción se había agravado conforme avanzaba el siglo y la comunidad mercantil iba concentrándose en Cádiz.
Establecer una cronología precisa para este proceso de cambio es tan difícil y anti-histórico como pro-poner fechas definidas para el reequilibrio de los puertos andaluces dentro del comercio colonial español.
La fase sevillana: desincentivación
El momento arbitrista por excelencia es el reinado de Felipe III, los inicios del siglo XVII.
Esta afirmación, que no es nueva, ha podido demostrarse desde una perspectiva cuantitativa.
Basándose en el admirable repertorio de arbitristas construido por Evaristo Correa Calderón, 13 y aun asumiendo que podría perfeccionarse, Gaetano Sabatini y Anne Dubet han establecido una cronología que alcanza su punto cenital en los reinados de Felipe III y Felipe IV.
14 El enfoque cualitativo termina de afinar el análisis, aunque posea un componente innegablemente subjetivo: además de la abundancia de arbitristas, a comienzos del siglo XVII escribieron los más conocidos e influyentes de ellos: Martín González de Cellorigo, Baltasar Álamos de Barrientos, Luis Valle de la Cerda, Sancho de Moncada...
El reinado de Felipe III es la edad dorada del arbitrismo en Castilla.
15 Incluso el surgimiento literario de la palabra, presente en el Tesoro de Covarrubias (1611), acontece entonces en el Coloquio de los perros cervantino (1613).
16 Los grandes arbitristas de Castilla dedicaron importantes reflexiones a América y lo hicieron desde una perspectiva crítica.
17 Los territorios indianos habían actuado como mercado y como suministradores de metales preciosos, a pesar de lo cual los arbitristas denunciaron que se había convertido en un elemento de empobrecimiento para España.
La paradoja se explica por la utilización que los castellanos habían hecho de las riquezas de América.
En las obras de Martín González de Cellorigo, Sancho de Moncada, Pedro Fernández de Navarrete o Francisco Martínez de Mata se deploraba cómo los españoles habían sucumbido ante la ilusión de la rique- 13 Correa Calderón, 1981.
Con Felipe III, también se observa un florecimiento dentro del arbitrismo americano: Díaz Blanco, 2009a y 2012b; Herzog, 2008, 930-931, vincula el arbitrismo americano con el reinado de Felipe III a través de la figura de Felipe Guamán Poma de Ayala.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.03 za fácil, provocada por las riadas de metales preciosos llegadas del océano, y se habían entregado al vicio de la ociosidad, mientras los extranjeros se adueñaban de la estructura económica nacional en beneficio propio y en detrimento de España.
18 La cultura arbitrista sistematizó así una crítica contra la carrera de Indias, que denunciaba el escaso grado de riqueza que inyectaba en la economía del país.
19 Sin embargo, quienes lo afirmaban no eran cargadores.
Cellorigo era un abogado vallisoletano; Moncada, un teólogo toledano; Martínez de Mata, un franciscano motrileño que vivió en Sevilla, pero sin guardar relaciones personales significativas con la élite comercial hispalense.
20 Jamás se habían visto involucrados en la dura realidad de los negocios coloniales ni vivieron su desarrollo cotidiano.
La mayoría ni siquiera conocía a sus principales protagonistas.
Hablaban sin conocimiento directo, aunque no por ello sus opiniones dejan de tener un elevado interés.
Mientras Cellorigo, Moncada y otros escribían sobre el comercio colonial, la fase sevillana de la carrera de Indias daba sus últimas bocanadas.
La ciudad del Guadalquivir cobijaba entonces una nutrida comunidad de mercaderes que vivía azorada por una enorme cantidad de problemas, similares o coincidentes con los que denunciaban los arbitristas.
Sin embargo, debe esforzarse mucho el historiador para encontrar algún arbitrista entre ellos.
Desde luego, ninguno alcanzó el nivel de los mejores representantes del género y muy pocos de ellos lo cultivaron siquiera en un tono menor.
Entonces, ¿qué ocurrió con las tribulaciones de las grandes casas mayoristas?
¿Qué fue de sus quejas, de sus problemas y de las soluciones que proyectaban para darles fin?
¿Se las llevaron el viento y el tiempo, fuera del resguardo que podía proporcionarles el papel escrito?
Hay una enorme masa de papeles que ha retratado las cuitas de los mercaderes, tan voluminosa que posiblemente desborda la capacidad de lectura de un solo hombre.
Pero no está escrita directamente por ellos, sino por las instituciones que gobernaban la carrera de Indias.
La estructura institucional de la carrera daba cabida a un conjunto de organismos públicos desigualmente conocidos por la investigación histórica.
El Consejo de Indias, que fue el más elevado jerárquicamente, ha sido objeto de un nutrido conjunto de estudios y su historia se halla razonablemente bien construida; 21 la Casa de la Contratación ha recibido una atención menor y aún se encuentra huérfana de una monografía que le haga verdadera justicia; 22 el Consulado de Cargadores a Indias es prácticamente un desconocido del que, por increíble que parezca, apenas se manejan los aspectos más esenciales.
23 Sin duda, otras instituciones influyeron sobre la vida pública de la carrera, dentro de la administración central y del marco municipal de las ciudades andaluzas, pero estas tres fueron las más relevantes junto con el propio monarca a lo largo del siglo XVII: 24 -El Consejo de Indias nació como tal en 1524, dentro del conjunto del sistema polisinodial cortesano que ayudaba a los reyes en el gobierno de la monarquía.
Fue la máxima autoridad en el gobierno colonial, jurisdicción que incluía la estructura comercial de la Baja Andalucía.
En el desempeño de sus funciones, el Consejo habló con frecuencia a favor de los cargadores, comprendió sus problemas y, por lo general, defendió sus intereses en Madrid. -La Casa de la Contratación se creó en 1503 y fue el primer organismo dedicado específicamente a gestionar la relación de España con los territorios americanos.
No tuvo una gran capacidad de decisión; fue una instancia fundamentalmente ejecutora de las líneas de actuación diseñadas en Madrid.
Su misión era representar a la monarquía en Sevilla, aunque terminó identificándose en gran medida con los mercaderes y la sociedad local. -El Consulado de Cargadores surgió en 1543.
A través del triunvirato formado por el prior y los dos cónsules, la comunidad de mercaderes podía debatir sobre el estado de carrera de Indias, definir sus aspiraciones y defenderlas frente a quien correspondiera.
La intensidad del diálogo institucional que sostuvieron estos organismos no es nada que necesite demostrarse.
El quinto centenario de su fundación generó una gran obra miscelánea: Vila, Acosta y González, 2003, pero sigue siendo necesaria la visión de conjunto que ofrece Schäfer, 2003 [1935].
PENSAMIENTO ARBITRISTA Y ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES través de ellos.
25 Estas conclusiones pueden reforzarse desde una perspectiva cuantitativa a través del análisis de los fondos de correspondencia que conserva actualmente el Archivo de Indias en las (sub)secciones Indiferente General, Contratación y Consulados.
La correspondencia cruzada entre las tres instituciones ocupa cientos de legajos y libros.
26 La abundancia de estos fondos queda patente y se encuentra lejos de haber sido agotada por la investigación histórica.
Antes al contrario, algunas series, especialmente la correspondencia del consulado, se hallan prácticamente vírgenes.
Dentro de sus volúmenes aguardan millones de documentos cruzados entre el Consejo, la Casa y el Consulado, que son la evidencia más directa de la comunicación sistemática entre ellas.
A través de ese diálogo se afrontaban los problemas y los retos de la carrera de Indias en el siglo XVII, que no fueron pequeños.
En ese contexto político, la prueba negativa, la inexistencia de una corriente poderosa de arbitrismo comercial puro, parece concluyente.
Puesto que, sin duda, nada hubiera impedido a los mercaderes expresarse al modo arbitrista; de hecho, algún caso existe y se estudiará a continuación.
Pero la realidad que se impuso fue actuar normalmente a través de las instituciones oficiales.
La vida política de la carrera de Indias se desarrolló dentro de un modelo institucionalizado, no de un modelo individualista.
El arbitrismo, el proyectismo, los deseos de personas concretas por cambiar la realidad y mejorarla, no escaparon a este estado de cosas.
Si nuevos descubrimientos documentales no modifican esta visión de base, puede concluirse que el entramado institucional no fomentó el arbitrismo dentro de la carrera, aunque podría haberlo hecho, sino que lo desincentivó.
Resulta necesario aclarar que la premisa de esta afirmación no es la de una perfecta sintonía entre la comunidad mercantil y el marco institucional, mucho menos si se establece otra condición previa: la homogeneidad de ambos planos.
La conclusión no necesita esa premisa ni de hecho la incluye, porque no es cierta.
El mundo de la carrera de Indias era enormemente complejo y conflictivo, la comunidad mercantil no era homogénea y el marco institucional tampoco.
Antes al contrario, el elemento social y el entramado institucional se encontraban fuertemente fragmentados y esa fragmentación era la que permitía consolidar el entendimiento entre ambos.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.03 Los diversos colectivos sociales solían encontrar una institución que representase sus intereses frente a otros colectivos, a quienes también defendía otra institución enemistada con la anterior.
Los agentes establecían así bloques de alianzas para fortalecer su posición en los conflictos en los que se veían frecuentemente implicados.27 * * * Uno de los pocos casos en los que puede detectarse cierta actividad como arbitrista vinculada a un cargador a Indias lleva a la vida de Horacio Levanto.
Levanto fue el pilar sobre el que se sustentaron los miembros de una dinastía que, en palabras de D. Antonio Domínguez Ortiz, «reunieron en Andalucía uno de los capitales más grandes de la época».
28 Los datos que se conocen sobre Levanto evidencian una vida muy intensa y fructífera.
Nació en Génova, pero al igual que muchos ligures desarrolló su actividad profesional en el mundo hispánico.
Desde 1594, aproximadamente, residió durante varios años en América, en Puebla de los Ángeles, donde se avecindó, se compuso con la monarquía y conoció de primera mano aquel lejano mundo colonial, en el que se consumían los productos cargados en las flotas de Indias.
En 1610 consiguió una carta de naturaleza29 y se estableció en Sevilla, haciendo gala de una envidiable posición económica.
30 Eludió sin dificultad las presiones a las que el consulado sometió a los empresarios extranjeros 31 y no dejó de incrementar su fortuna.
Se le han documentado tratos importantes con Nueva España, 32 hizo negocios de todo tipo y ocupó importantes cargos institucionales, mediando negociación económica previa con la corona: fue medidor mayor de la alhóndiga de Sevilla, fundidor de la casa de la moneda de México o tesorero de la casas de la moneda de Sevilla y Granada.
33 Levanto fue el autor de un Memorial sobre el trato de la China con Nueva España y estos reinos, impreso en una fecha comprendida entre 1620 y 1622.
34 La obra no es comparable a los mejores ejemplares de la literatura arbitrista.
Se trata de un opúsculo de menos que mediana extensión, pero conoció la imprenta (aunque fuera en una edición algo apresurada) 35 y posee la suficiente entidad para reservarle un análisis individualizado.
Parece discernirse en sus páginas la funcionalidad dentro de un proceso de decisiones institucionales.
No lo revela solo la dedicatoria a don Fernando Carrillo, presidente del Consejo de Indias, que es el elemento político más evidente, sino también una curiosa estructura de redacción doble: el Memorial tuvo una forma inicial más breve, que no ha llegado directamente a la actualidad, a la cual Levanto le añadió otros párrafos que se localizan visualmente en el impreso por haberse destacado en cursiva.
Estos añadidos parecen obedecer a distintas razones y se diría que una de ellas fue responder a dudas u objeciones planteadas a la versión inicial.
El texto revela la existencia de un diálogo, que tal vez fue un diálogo institucional.
Podría especularse con la posibilidad de que el trasfondo se encontrase en el tránsito entre los reinados de Felipe III y Felipe IV.
36 Al desaparecer un rey y sucederle otro nuevo, acompañado de nuevos consejeros y hombres de confianza, podían darse las circunstancias adecuadas para solicitar un viraje radical en una cuestión política que debió de preocupar a muchos mercaderes, especialmente a aquellos que hacían sus negocios preferentemente con México.
A comienzos del siglo XVII la percepción sobre los problemas del comercio atlántico comienzan a multiplicarse en Sevilla.
Los afectados esgrimen diversas causas y una de ellas sorprende al lector actual por la amplia comprensión de los mercados internacionales que supone en los 33 Vinculado a su desempeño como tesorero de la casa granadina, surgió un impreso interesante: Biblioteca Universitaria de Sevilla, A 110/111(14), Por Oracio Leuanto Tesorero de la casa de la moneda desta ciudad.
En el pleito con el Licenciado Manuel Ruyz Aguado, Alcalde de la dicha casa, y los Capataces della.
Sobre la querella de que excede de su jurisdición, en conocer de vna demanda que los dichos Capataces han puesto al dicho Tesorero, Granada, Martín Fernández, c.
El texto no tiene fecha y los elementos que ayudan a proponer una datación no permiten, desgraciadamente, una mayor precisión.
35 Lo ejemplifica el título de la obra, que reza en realidad Memorial sorbe [sic] el trato de la China con Nueva España y estos reinos.
36 Una descripción clásica de este momento en Elliott, 1990, a las que se han añadido otras posteriormente, como las de Feros Carrasco, 2002.
37 China introducía en las Indias, sobre todo en Nueva España, productos extremadamente competitivos gracias a sus bajos precios, acompañados de una calidad más que aceptable.
Era imposible competir contra ellos en un mercado libre, por lo que se buscaba la intervención institucional.
En Andalucía, pocas personas podían escribir con mayor autoridad sobre la materia que Horacio Levanto, que hablaba desde la experiencia de haber residido más de quince años en México.
Según su testimonio, «grande es el trato, señor, que ay de la gran China a la ciudad de Manila, cabeça de la Isla de Luzon».
Lo protagonizaban «cada año cantidad de Chinos, que por otro nombre llaman Sangleyes», comerciando con textiles de algodón y seda.
El atractivo de las ropas chinas en Manila se debía en parte a que eran muy aptas para la reexportación a la Nueva España, donde encontraban un amplio mercado e incluso la plataforma donde seguir haciendo ruta hasta Europa.
Tal éxito se fundamentaba en una combinación de calidad y baratura con la que los productos europeos parecían no poder competir.
En México las mercancías chinas luchaban con éxito entre las élites criollas del país y se imponían entre los sectores de población indígena, entre los pobres, la mayor parte de la sociedad urbana colonial: «los dichos texidos de Algodón son tambien muy gastables, y particularmente entre los Indios, que no apetecen los que les van destos Reynos de lino, y cañamo».
La baratura con una calidad razonable era la clave, acompañada por la inteligencia empresarial de los mercaderes chinos y la flexibilidad de su estructura productiva.
38 Aunque el impacto asiático en América tenía su epicentro en México, también se estaba extendiendo a Perú.
Si no se tomaban cartas en el asunto, el desafío a la legalidad vigente no dejaría de agravarse.
¿Qué hacer en estas circunstancias?
Levanto recomendaba intervenir los mercados para beneficiar a la producción europea con dos medidas principales.
En primer lugar, «Qve no se pudiera nauegar de la dicha Isla de Luzon a la Nueua España texido ninguno de seda, ni ropa hecha dellos, que es lo que haze el daño a los que se labran en estos Reynos».
39 En segundo, 37 Respecto al espacio económico creado en el Pacífico, entre el Extremo Oriente y México, protagonizado por el célebre galeón de Manila, véanse, entre otros, Schurz, 1992 [1939] Las directrices del pensamiento económico de Levanto son muy claras: moderación de las Indias como espacio de producción y consumo de manufacturas propias o de potencias extranjeras como China; potenciación de Filipinas como foco de suministro de materias primas, la seda en madeja; y apuntalamiento de Castilla como espacio de producción de los bienes elaborados que se consumían en Hispanoamérica y en el Extremo Oriente.
Se trata de un pensamiento de claro perfil colonialista, que trata de dificultar la madurez económica de territorios políticamente sometidos para que ese control político siguiera sirviendo a una relación económica desigual, evidentemente favorable a la metrópoli española.
El Memorial de Levanto es apasionante y, pese a su brevedad, merecería un estudio monográfico que no es posible dedicarle aquí.
A los efectos del presente trabajo, interesa considerarlo como un ejemplo de literatura arbitrista aplicado a una cuestión en la que la actividad institucional pura resultó igualmente funcional.
O incluso más funcional.
En efecto, en el marco de las instituciones sevillanas se discutió en no pocas ocasiones sobre los efectos de la producción asiática en los mercados novohispanos.
En 1610, por ejemplo, los cargadores a Indias vinculados al consulado se sintieron oprimidos por un entorno económico adverso, de cuyas claves se discutió en una junta de comercio celebrada en la Casa Lonja.
Se hallaba presente el gobierno consular -Miguel Polo, Antonio de Montalvo y Francisco de Mandojana-41, la plana completa de consiliarios -Diego Álvarez Gaibor o Rodrigo de León Garavito, entre ellos-y varios mercaderes de prestigio -Pedro de Avendaño Villela, Jorge de Reinoso y otros más-.
Los galeones de Tierra Firme y la flota de Nueva España habían llegado a Sanlúcar de Barrameda y Cádiz, pero la esperada noticia se había amargado, acompañada de comentarios comprobados sobre el escaso éxito de los negocios que se habían efectuado.
Según las propias palabras de los afectados, «es notorio las malas correspondencias y ventas que hubo en entrambas provincias de Nueva España y Tierra Firme».
La razón principal: los mercados americanos estaban saturados y el exceso de oferta había generado precios de venta al público bajos con los que era imposible rentabilizar un negocio tan costoso como el comercio colonial.
Varias causas actuaban sobre la situación de los mercados, aunque todas estaban relacionadas con la competencia derivada de otros focos de oferta que actuaban desde diversas condiciones de legalidad.
En Perú resultaban durísimos los efectos del intercambio comercial fraudulento que se realizaba desde la capital económica, Potosí, con Brasil y el Río de la Plata y desde allí con diversas naciones europeas que tenían vedado el acceso a los mercados americanos.
No menores eran los perjuicios producidos en los dos virreinatos por los navíos negreros procedentes de Guinea, que traían de contrabando otro tipo de mercancías que introducían sin permisos y sin pagar derechos a la Administración.
Pero el mayor [daño] de todos es la saca de dos millones y más de plata que cada un año sale de la dicha provincia [de Nueva España] para las Filipinas, que el retorno de ello viene empleado en mercaderías de aquellas provincias que hinchan la Nueva España de manera que es causa que cese la contratación y ventas de las mercaderías de España, demás de la falta de aquellos dos millones de plata que, si vinieran a España, causaran muy grandes derechos a la Hacienda Real en el empleo y cargazón de frutos de la tierra y con esta plata fuera fácil despachar cada un año flota.
Para los consulares, los consiliarios y los grandes cargadores a Indias, la mejor solución para aquel problema revestía pocos misterios: «conviene a el servicio de Su Majestad que cese la dicha contratación de Nueva España a las Filipinas y se haga desde España».
42 Dicha afirmación constituía algo así como un programa de máximos, que no intentaba justificarse con argumentos vinculados a intereses propios, sino a través de referencias a un clima de competitividad entre estados europeos que afectaba a la monarquía hispánica en general y a los intereses de la corona muy en particular.
Pese a ello, los cargadores a Indias también tenían un programa de mínimos orientado a sus necesidades más urgentes y perentorias.
Pretendían que se les concediera un permiso para retrasar los pagos a sus proveedores en Sevilla, a cambio de un incremento razonable en el porcentaje de los intereses.
Procuraban obtener lo que se conocía como una cédula de espera, que a quien hacía esperar era al acreedor, no al deudor, evidentemente.
Los sevillanos sabían que con la monarquía era mejor negociar puntos concretos y realistas, antes que discutir sobre grandes diseños imperiales en los que la corona era normalmente reacia a introducir cambios significativos inspirados por aspiraciones sectoriales localizadas.
43 La cédula de espera fue concedida por Felipe III, 44 tal como solicitó el consulado.
Pero ni él ni Felipe IV vetaron el comercio entre Filipinas y México, tal como proponía Levanto.
Lo regularon, pero no lo impidieron, a despecho de los deseos de las comunidades mercantiles de Andalucía.
Dos discusiones sobre un mismo problema, sostenidas en coyunturas próximas en el tiempo, cosecharon resultados completamente diferentes.
Se rechazaron las modificaciones estructurales y se aprobaron eventualmente las coyunturales, de menor alcance y dimensión, más sencillas de aplicar también.
El hecho permite algunas reflexiones específicas, en las que no se entrará aquí.
Lo que interesa es comprobar cómo un mismo problema comercial de la carrera de Indias podía tratarse tanto desde la perspectiva individual de un arbitrista como desde la perspectiva institucional.
Y, en último extremo, cómo la vía institucional cosechaba un éxito mayor.
Solo es un caso concreto, pero, puesto en relación con los demás datos y argumentos que se han señalado en las anteriores páginas, permite reforzar la idea de que el sistema institucional controló la vida política de la carrera durante las primeras décadas del siglo XVII.
Ese dominio desincentivó el desarrollo de una cultura arbitrista propia del comercio colonial.
Debe tenerse por un ejemplo de la fortaleza institucional del modelo imperial hispano, tal como ha destacado Antonio M. Bernal.
La fase gaditana: represión
Evidentemente, la desincentivación del arbitrismo individual en la Sevilla indiana se debe al razonable entendimiento entre la comunidad de mercaderes y la estructura institucional.
Sin embargo, cuando Cádiz y sus mercaderes ganaron protagonismo en la carrera durante la segunda mitad 43 Díaz Blanco, 2012a, cap. 2.
45 Bernal, 2005, 177 del siglo XVII, la proximidad respecto la estructura institucional sevillana ya no pudo ser la misma.
A principios del siglo XVII, el conglomerado Consulado-Casa-Consejo podía representar relativamente bien a la sociedad mercantil, o al menos a sus elementos más dinámicos.
En las últimas décadas del siglo XVII, ya no era así.
Más aun, la sociedad empresarial gaditana, o una parte de ella, aspiraba a modificar la estructura institucional.
Así, durante la segunda mitad del siglo XVII, la contradicción entre el modelo institucionalizado de la carrera y la pulsión individualista del arbitrismo se convirtió casi en una confrontación.
No es que las instituciones desincentivasen las iniciativas aisladas, es que las iniciativas aisladas entraron en competencia directa con la supervivencia del stablishment.
Seguramente, ninguna trayectoria resume mejor este proceso que la de Juan Cano, a quien se conoce fundamentalmente por el estudio que le dedicó Manuel Herrero Sánchez.
46 Tras largos años de viajes y reflexión, Cano presentó en la corte de Madrid el primer fruto de su odisea personal en una serie de memoriales y opúsculos impresos entre octubre de 1674 y abril de 1675.
La mayoría iba dedicada a la regente doña Mariana de Austria, que remitió su estudio al Consejo de Indias a través de cuatro decretos.
47 El primer memorial fue un adelanto de su pensamiento que comenzaba con una exaltación de la monarquía, la mayor de todas las del mundo, «pues que domina en sus quatro partes», nacida de sus cenizas después de «restaurarse del bárbaro poder» del Islam y «ponerse en estado de conquistar todo el mundo viejo, como hizo el nueuo».
Pese a ello, la «natural generosidad, y demasiada confiança, en las [riquezas] futuras que quedan en Indias» habían provocado una situación de emergencia frente a la que había que reaccionar.
Cano detectaba doce perjuizios, para cuya solución proponía otros tantos estatutos, término que en su lenguaje personal parece sustituir a los arbitrios.
48 El 12 de enero de 1675, Cano presentó el librito en el que desarrollaba sus ideas, titulado Reformacion moral, politica y christiana del comercio, en doze estatutos que restauran treinta millones de reales de a ocho de renta cada año a la Monarquia española.
48 AGI, IG, 638, Informacion de los perjuizios que causa el comercio, ò modo como se haze, con los medios para su reformación, en seruicio de Vuestra Magestad, beneficio de toda la Monarquia, sin perjuizio del mismo, s.f.
entregó otros tres que lo complementaban50 y «demás escritos conducientes à este fin».
51 Aquel año de 1675 los consejeros de Indias se enfrentaron a una copiosa cantidad de papel, portadora de los desvelos y ocurrencias de aquel borgoñón entusiasta.
La tesis central de Cano afirmaba que el comercio era la actividad que ensalzaba y hundía a los estados.
52 Por tanto, su restauración traería consigo la restauración de la monarquía hispánica.
Sin embargo, los españoles estaban «tan lexos de la practica, y perfecta conocencia desta tan mercenaria profession, quanto sabios, y expertos [son] en las políticas de materia de Estado, y gouierno».
53 Era el comercio internacional lo que provocaba la decadencia española y el auge de los enemigos.
Pero aquella situación podía revertirse y los medios principales para conseguirlo serían los siguientes:
-Centralización en la ciudad de Cádiz de toda la actividad institucional, empresarial y administrativa relacionada con el comercio de las Indias, vinculada a transformaciones en el sector secundario implantadas a lo largo y ancho de la geografía española. -Establecimiento de una «gran Compañia general» que aglutinase a todos los mercaderes. -Adecuación de las instituciones fiscales de la monarquía para que lograsen extraer con eficiencia recursos tributarios más adecuados. -Fundación de diez fábricas de textiles de seda y cinco de productos de lana, que dotasen al comercio español de una producción propia y evitasen el recurso a las manufacturas extranjeras, con la consiguiente huida de metales preciosos fuera de las fronteras de Castilla.
-Dotación a Cádiz de las necesarias para capitalizar el cambio.
Era especialmente importante la construcción de un magno edificio llamado de Puerto Franco, que no solo será casa de Comercio, sino habitación de los que ocuparen los principales cargos de la Corona, como son Generales, Almirantes de las Armadas de su Magestad Virreyes, Capitanes, y Gouernadores, q deueran pasar, asistir, ò habitar en la Ciudad de Cadiz, donde deue ser fabricado, por bastantes razones.
Y tambien viuienda, y Tribunales de los Presidentes, Iuezes, y Gouernadores de la gran Compañia General, de la Contratacion, y del dicho Edificio, en la froma contenida en los Estatutos de su reformación.
Como tambien será habitacon de los Gouernadores de dicha Ciudad, Alcaides, o Castellanos de la fortaleza.
Y lo mas propio de la Real obstentacion del Monarca será, que tendrá su Magestad viuienda capacissima, quando su Real persona quisiera pasar à dicha Ciudad a ver sus aumentos, y la prosperidad de sus Reales Armadas, que se preuiene por la construcción de dicho Edificio.
-Cano cuidó este arbitrio con especial detalle e incluso trazó un bellísimo proyecto del edificio, 54 acompañado de una detallada descripción de sus partes.
55 Lo presentó todo directamente al conde de Medellín, a quien adjuntó igualmente un memorial impreso con más razones a favor del proyecto.
56 En definitiva, Cano apostaba por la destrucción del modelo monopolístico creado en Sevilla a comienzos del siglo XVI e, implícitamente, de algunas de sus principales instituciones, especialmente el consulado.
A cambio, proponía la creación de otro modelo diferente, que aceptase el hecho del nuevo protagonismo gaditano e imitase algunas de las novedades técnicas de signo mercantilista introducidas en la economía europea durante las décadas anteriores.
España aprovecharía su rico comercio cuando contase con unidades de producción adecuadas y entidades administrativas eficientes que extrajesen recursos fiscales suficientes para la monarquía, ideas no muy diferentes a las expresadas por Sancho de Moncada en 1619.
El símbolo del cambio sería la macroestructura levantada en Cádiz, en la 54 AGI, Mapas y Planos, Europa y África, 115.
55 AGI, IG, 638, Descripcion de la traza del edificio, contenido en los escritos presentadosa à los Ministros del Real Consejo de Indias, de mandado de su Magestad.
Por Iuan Cano, natural de la Villa de San Claudio, en el Condado de Borgoña, s.f.
56 AGI, IG, 638, Memorial al excelentissimo señor Conde de Medellin, con la presentación de la planta del Edificio de Puerto Franco, dedicada a su Excelencia, por Iuan Cano, natural de la Villa de San Claudio, en el Condado de Borgoña, s.f.
De este documento se ha extraído la cita presentada en este punto, que podría continuarse, pues a renglón seguido Cano también ofrece el edificio como espacio de recreo de las reinas de España y pondera sus bajos costes de construcción.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.03 coincidirían los ministros de la monarquía, los militares, las autoridades locales y la gran compañía comercial en la que deberían integrarse los mercaderes.
Incluso podría acudir allí la corte cuando fuese apetecido.
Cano soñaba con traer a Cádiz el poder político de la monarquía y acercarlo al poder económico del comercio, que no podía trasladarse a Madrid.
Una nueva edad para el país.
Cano presentó sus últimos escritos el 17 de abril.
Después, afirmó, «no le queda en esta empressa que cumplir de sus escritos, solicitud personal, que hazer, ni experiencia de su capacidad, que manifestar».
No deseaba permanecer en Madrid, donde el conde de Medellín le había prometido una pronta respuesta a sus arbitrios que no había llegado en el plazo prometido.
Solicitó entonces acudir a Cádiz, «cuya familia, y intereses padecen por falta de su presencia» después de tres años de ausencia.
Pero no solo quería volver para reencontrarse con sus seres queridos o atender sus asuntos, sino para seguir escribiendo.
Escribir, la pasión de su vida y de tantos otros arbitristas.
Quería publicar unos «tratados de conservación, y aumento de Indias, que ofrece, que serán diuersos tomos: Y otros tratados Militares de Mar y Tierra, conformes en numero de Soldados, Baxeles, y Galeras».
Quería dar a la luz «vn tratado general de todas las materias, tocante à la prosperidad desta Monarquia, Y pertenecientes à todos los Reales Consejos de V. Mag.
Con política vniuersal en tiempo de paz, y guerra, sacada de las antiguas, y modernas».
La obra sería tan considerable que, «por ser diferentes tomos, con escriuir, y estampar cada dia tres pliegos de papel, será necesario vn año al menos para su consecución».
57 Pese a la fiebre de la pluma, sus inquietudes no eran solo intelectuales, sino también prácticas.
Cano se ofreció voluntario para cruzar el océano y servir a la monarquía como visitador de algún reino en particular o incluso de todos los virreinatos.
La exuberancia de su prosa barroca expresó de esta manera los beneficios que podrían deducirse de su servicio a la corona:
Se expone a pasar à Indias de mandado de V.M. para los aumentos de las sacas de oro, y plata, Conservacion de los Indianos, q[ue] beneficia sus minerales, como de esmeraldas, y demàs piedras preciosas, pescas de perlas, Y descubrimiento de Reynos Gentiles circuvezinos, à quien sobra las riquezas, que faltan en nuestra Europa, y falta la luz de la Fè, que sobra en nosotros, Mediante el empadronamiento de sus tributarios, en la forma que tiene dispuesta, y apuntada en sus escritos, con la conquista final del Reyno de Chile, y deseosos de gozar libres de lo q[ue] sus vecinos oprimidos desemparan: Cuyos escarmientos en cabeça agena, naturalmente impiden la propiedad destas conquistas y la prospera conservación de los Imperio del Nueuo Mundo.
Detrás de todo había una pretensión económica: la concesión de una pensión de 6.000 pesos anuales situados en Cádiz.
58 Cano se temía una resolución desfavorable sobre sus arbitrios comerciales, 59 pero es difícil que pudiese prever la reacción que su actividad generó y que tanta amargura habría de causarle.
Las autoridades no solo le negaron el permiso para pasar a Cádiz o a Indias, sino que incluso consideraron oportuno retenerlo en una prisión de la corte.
Al parecer, nadie quería que escribiese ni opinase tanto sobre materias tan delicadas.
Ni que fuese a América a visitar todo el territorio o a inmiscuirse en la terrible Guerra del Arauco.
O que se permitiese infravalorar públicamente y por escrito a los ministros de Su Majestad, actitud que cultivó con excesiva imprudencia.
Cano fue encarcelado por razón de estado.
Paralelamente, los arbitrios sobre comercio que había presentado el año anterior conocieron el más rotundo desprecio.
El 13 de mayo el conde de Medellín se reunió con la plana mayor de sus consejeros para reflexionar sobre las ideas de aquel arbitrista impertinente.
60 El parecer fue devastador, despectivo y quedó reflejado sin ningún pudor en el texto de la consulta definitiva que se elevó a doña Mariana, fechada el día 28.
Merece la pena leerlo directamente para comprobar como los ministros españoles despreciaban todo aquello que no les convenía y no encajaba dentro de sus esquemas.
Y hauiendosse visto en el Consejo (como V. Mag[esta]d. lo manda) todas las proposiçiones referidas y conferídosse sobre ellas con particular cuidado y atencion, se reconoce el buen çelo con que Juan Cano se a aplicado a discurrir en esta materia por lo que ha visto practicar en otros Reynos y Prouinçias, pero como las de España se gouiernan con diferentes leyes y ordenanzas, se considera por inpracticable e impo-58 Idem.
59 Lo temía ya, al menos, desde la redacción del memorial B.7, que servía de presentación a uno de los libros complementarios de la Reforma moral, política y cristiana del comercio.
En el sobrescrito del decreto de 5 de mayo, citado supra.
Tomaron parte en las deliberaciones: el presidente conde de Medellín, Tomás de Valdés, Antonio de Castro, Juan de Santelices, José Ponce, Juan del Corral, Antonio Ronquillo y Bernabé Ochoa de Chinchetru, cuyos nombres aparecieron todos al margen de la consulta final, aunque Santelices no la rubricó.
Después, Valdés se encargó de reproducir al secretario Francisco Fernández de Madrigal el texto que reflejase adecuadamente el parecer del Consejo y éste se lo remitió al conde de Medellín para preparar la redacción definitiva de la consulta: Fernández de Madrigal a Medellín, Madrid, 24 de mayo de 1675, que respondió al día siguiente.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.03 de executarse todo lo que propone, assí en lo espiritual como en lo temporal, pues ello mismo está manifestando que los presupuestos que hace son fantásticos y sin ningún fundamento ni sustancia y quando fuera posible que se pudiessen practicar los estatutos que forma para el Comerçio, es mui digno de reparo, porque con esta nouedad se alteraría todo el orden y gouierno estableçido en quanto a la forma del Comerçio con leyes tan justas y proporçionadas a la calidad y naturaleça de cada Prouinçia, de que resultaría la turbaçión que se deja considerar y siendo esta materia tan vniuersal y que toca el tratar de ella por lo que mira a estos Reynos a otros Consejos, Deue representar éste por lo que pertenece al Comerçio de las Indias que de ninguna manera es practicable ninguno de los medios que propone Juan Cano, y assí pareze al Consejo que se deuen menospreciar sin dar oýdos a semejante nouedad, sino que totalmente se excluya por lo que mira a las Indias.
Después de semejante exabrupto, a los consejeros no se les olvidó referir su voluntad de someterse a la resolución real.
Pero la respuesta de Mariana de Austria, una mujer que se encontraba ya en el ocaso de su poder,61 difícilmente habría podido ser otra diferente a la que garabateó con cierta indiferencia sobre el sobrescrito de la consulta: «confórmome con lo que pareze».
62 El que no podía conformarse era Cano.
Habría sido difícil que aceptase pasivamente aquella decisión y que se resignase a permanecer en prisión como pago a tantos desvelos, tantos pensamientos y tantas horas volcando sus obsesiones sobre montones de papel.
Intentó cambiar su suerte con escritos en los que se reafirmaba en sus ideas y en los que atacaba abiertamente a los consejeros de Indias que lo habían despreciado.
63 Pero no tuvo ningún éxito 64 y terminó su aventura personal tachado de arbitrista con pensamientos «fantásticos y sin fundamento».
Quiso enderezar la monarquía y acabó odiado por sus ministros.
La contemplación de su triste experiencia personal invita a replantearse el tópico literario sobre el arbitrista, que tal vez no sea tan divertido como puede parecer al principio.
El juicio desdeñoso de los consejeros de Indias recuerda la prosa de Cervantes, Saavedra Fajardo o Gracián y la dramaturgia de Tirso, Alarcón o Moreto.
Remite, sobre todo, a aquel arbitrista que pasea su ridiculez por las páginas de La niña de los embustes Teresa de Manzanares (1632), de Alonso de Castillo Solórzano: este hombre presentado sus memoriales en el Consejo y comunicado con los ministros de él su arbitrio, viendo ser sin pies ni cabeza, no solo no le admitieron, más, por eximirlo de sus cansancios y necias máquinas, le mandaron que dentro de ocho días saliese desterrado de la corte».
65 Cuarenta años después, Juan Cano se vio en la misma situación que el personaje novelesco.
Sin embargo, Cano no era un fantástico sin fundamento, ni sus escritos eran «sin pies ni cabeza».
Basta leerlos para darse cuenta.
Del arbitrista de Castillo Solórzano no pueden conocerse ni sus arbitrios ni la opinión que guardaba de los consejeros que se burlaron de él.
Pero sí se conoce el perfil que se formó Cano sobre los consejeros de Indias; los deploraba tanto como ellos a él y los consideraba ineficaces, ignorantes e incapaces de tratar las muchas materias que tenían entre manos.
Lógicamente, eso tampoco era cierto.
Los consejeros de Indias, con todos sus defectos personales y corporativos, formaban parte de la élite de la política española y contaban con una formación personal óptima, según los esquemas de la época.
Era el odio mutuo lo que generaba las críticas recíprocas y ese odio procedía de la diversidad de opiniones y de la incapacidad de dialogar.
Los proyectos de Cano, y esto es esencial para garantizar la representatividad de su experiencia, no fueron hechos aislados.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII pueden encontrarse otras propuestas destinadas a modificar estructuralmente la carrera de Indias, dirigidas a crear compañías comerciales privilegiadas que empezasen a protagonizar la vida de la economía atlántica.
Ninguna salió adelante, al igual que las ideas de Cano.
Manuel Bustos Rodríguez ha estudiado el intento de crear una compañía general de comercio de los Países Bajos, que no llegó a nada.
66 Otro caso fue el proyecto de levantar una compañía general de comercio en Castilla, que se debatió al menos en 1685 en una junta formada por miembros de diferentes consejos.
67 Las ideas económicas respecto al comercio colonial adquirieron riqueza a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII en el pensamiento de Manuel de Lira, Miguel Álvarez Ossorio y Redín o fray Juan de Castro, 68 aunque con escasas repercusiones prácticas.
Entre estos autores, ninguno de los cuales era cargador a Indias, Lira ofrece otro ejemplo de discrepancia ideológica y alejamiento personal con la cúpula política de la monarquía: Bernal, 2005, 196-197.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.03 de estas ideas y de quienes las defendían se debe al choque que se producía inevitablemente contra los privilegios y las prerrogativas de las instituciones tradicionales de la carrera.
Nada cambió mientras el gobierno de Carlos II mantuvo la misma convicción: «conviene a mi servicio conservar en reputación y caudal al Consulado y comercio de Sevilla».
69 Esos privilegios eran la contrapartida a las grandes sumas de dinero que el consulado puso a disposición de la monarquía durante las últimas décadas del siglo, entre 1680 y 1700, aproximadamente.
Las ansias de renovación sucumbían ante las tendencias conservadoras del poder establecido.
De la desincentivación a la represión, de Sevilla a Cádiz: una oportunidad para reflexionar sobre el arbitrismo José Luis Sureda Carrión, al estudiar a los que denominaba los «economistas del siglo XVII», advirtió que «el punto de vista común en el tratamiento de los problemas económicos por los autores que estudiamos lo daba la creación política del Renacimiento: el Estado».
70 Esta afirmación clásica ha encontrado una confirmación reciente en la innovadora visión ofrecida por Luis Perdices de Blas y John Reeder, que han integrado plenamente el pensamiento arbitrista dentro de las corrientes mercantilistas europeas.
El arbitrismo habría sido la principal rama española del mercantilismo que, según los autores, no debe definirse como un «cuerpo sistemático de ideas», sino como un «conjunto de propuestas de política económica desarrollista cuyo fin último es la consolidación del poder del Estado por medio del fomento de la economía».
71 La afirmación admite pocas dudas, habida cuenta de la omnipresente preocupación de los arbitristas del XVII por salvar y desempeñar el erario regio.
Resulta indudable: el arbitrismo fue un tipo de pensamiento funcional, en el que la especulación careció de una relevancia per se.
Por tanto, se hace necesario comprender las vinculaciones reales entre los arbitristas y las instituciones a las que pretendían fortalecer.
Dicho de otro modo, el análisis del arbitrismo no puede ser completo si solo se atiene a los textos y se olvida los contextos.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.03 Los resultados de este enfoque entusiasman se toma como referencia a los grandes arbitristas, que escribían con un cierto conocimiento de causa y un demostrado impacto institucional.
Esos son indispensables para entender determinados momentos de la vida política castellana.
El problema es que el método se ha puesto mucho menos en práctica para estudiar a pensadores de menos fortuna.
Dicho de otro modo, la investigación se ha centrado preferentemente en los ejemplos de colaboración eficaz entre la monarquía y los arbitristas, en coherencia consciente o inconsciente con la definición de estos como constructores del estado moderno y la economía productiva.
Los que no colaboraron con la monarquía han seguido siendo los ingenuos e incompetentes de los que nada interesante cabe decir.
Hasta cierto punto, se ha asumido acríticamente con cierta frecuencia la cultura anti-arbitrista del siglo XVII.
A pesar de las diversas trampas que pueden existir detrás de ella, sobre las que nos han advertido Vilar y Dubet.
Sin dejar de admitir que muchos arbitristas pudieran tener una preparación teórica deficiente, no puede admitirse tan simplemente la ecuación de que el buen arbitrista es el arbitrista que fue escuchado por las instituciones.
El arbitrista escuchado por las instituciones fue aquel que portaba un mensaje útil y aceptable para el poder político, incluso aunque ese mensaje no contuviera más que ideas comunes y presentara una elaboración técnica mediocre.
Del mismo modo, no puede tenerse por cierto que el arbitrista que fuera despreciado por las instituciones fuese necesariamente el mal arbitrista, el chiflado de la literatura satírica aurisecular.
Podría serlo en algunas ocasiones, pero otras veces sería aquel que expresaba ideas incómodas para los poderosos, el que propusiese opciones de reforma que amenazaban los privilegios de gente más influyente que él.
Eso es algo que no debe olvidarse.
Porque, para el historiador, el éxito político es interesante, pero también lo es el fracaso.
Es muy significativo el estudio de los pensadores que encontraron acogida entre los políticos de su tiempo, pero también lo es observar cómo otros fueron desanimados y rechazados.
Recordar su derrota y la condena social que sufrieron ayuda a no caer en el espejismo, sin duda desacertado, de una colaboración sistemática entre el desarrollo institucional y el mercantilismo arbitrista.
Mientras nuevos descubrimientos no obliguen a rectificar los patrones de análisis, el conjunto de datos que aquí se ha expuesto parece avalar la hipótesis presentada respecto a la existencia de una relación contradictoria entre las instituciones de la carrera y el pensamiento arbitrista.
Durante las primeras décadas del siglo, los cargadores a Indias se enfrentaron a una considerable batería de problemas, pero tal circunstancia no fomentó el progreso de la cultura arbitrista entre ellos.
La respuesta es sencilla: no la necesitaban, porque tenían a su disposición un aparato institucional que los representaba correctamente y trataba con rigor y profesionalidad los asuntos que marcaban la actualidad de entonces.
Sin embargo, la evolución del siglo cambió notablemente esta situación.
Conforme Cádiz empezó a acaparar mayores cuotas de comercio, creció en ella una comunidad mercantil cuyos intereses ya no estaban tan bien representados por la estructura institucional de la carrera.
Más bien, sus intereses eran contrarios a los de la estructura.
Así, empezó a surgir un pensamiento arbitrista en Cádiz (o relacionado con Cádiz) que pretendía enfrentarse a las instituciones del eje Madrid-Sevilla, aunque con poco éxito.
Como era de esperar, tales instituciones frenaron su avance.
Estos hechos concretos y los que la historiografía ha puesto de relieve en otras ocasiones permiten distinguir varias modalidades de interacción entre el arbitrismo y las instituciones.
Todas tienen relevancia para la investigación y ninguna es ajena a cualquier corriente de pensamiento crítico que surge en un espacio donde existe un poder establecido:
Se trata de la posibilidad más contemplada por los historiadores, aquella sin la cual pudiera parecer que no hay materia digna de interés para la investigación.
Se produce en varios supuestos: cuando un arbitrista escribe por cuenta propia, pero su mensaje es bien recibido por alguna instancia de poder y lo aprovecha, o cuando son las propias instituciones quienes solicitan el auxilio de un pensador cuyas opiniones pueden resultar de interés. -Desincentivación del arbitrismo por las instituciones.
No se registra un conflicto abierto entre los memorialistas y el poder establecido.
Sencillamente, los órganos de gobierno funcionan correctamente y los súbditos representados por ellos no sienten la necesidad de emprender iniciativas propias y presentar escritos individuales con soluciones. -Rechazo, ignorancia o represión del arbitrismo por las instituciones.
Puede justificarse a veces por la conocida ausencia de valor intelectual en los arbitrios de muchos pensadores, pero en otros casos tiene su origen en un conflicto de intereses, sea de la naturaleza que sea.
No se escucha al arbitrista porque no conviene o no convence a alguien con poder.
Aunque su pensamiento sea brillante o digno de discusión.
JOSÉ MANUEL DÍAZ BLANCO Quienes se encontraban en esta última se han visto opacados en el tiempo, confundidos con el tópico literario, que parece tener una dimensión poco jovial que suele pasar desapercibida.
Terminaron formando parte del nutrido repertorio de hombres que, a lo largo y ancho de la historia de España, han pensado y sentido de forma diferente a sus contemporáneos.
Sobre todo -detalle fatal-a los contemporáneos con auténtica influencia y poder.
La consecuencia que sufrieron fue el rechazo, el desprestigio y la ignorancia.
En la actualidad se realiza un esfuerzo historiográfico importante por dejar de presentar a los arbitristas como marginados sociales; es decir, terminar con la visión simplista del proyectismo que ha producido el tópico literario.
Pero ese esfuerzo reivindicador puede incurrir en el error de olvidar a los que fueron despreciados bajo el pretexto de la extravagancia y centrarse solo en aquellos otros que obtuvieron un cierto reconocimiento social.
Cellorigo, Moncada o Valle de la Cerda jamás fueron tenidos por inventores de disparates, porque evidentemente no lo eran.
Personajes como Juan Cano sí sufrieron ese estigma, a pesar de que tampoco su pensamiento pueda catalogarse de desvarío.
El tópico literario no fue solo literario; para algunos arbitristas, significó una realidad tangible.
Sí, hubo marginados entre ellos y explicar su situación requiere contemplar el conflictivo binomio autoritarismo institucional-subjetivismo individual.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.03 Se enumeran aquí todos los opúsculos y memoriales impresos de Juan Cano que han llegado hasta la actualidad, conservados en la Biblioteca Nacional de España y en el Archivo General de Indias.
Las referencias cronológicas en los memoriales sin título son muy escasas, generalmente no hay fecha, pero todos pueden datarse entre finales de 1674 y principios de 1675, preferentemente entre enero y abril de 1675.
Los decretos de Mariana de Austria en los que se han conservado algunos ejemplares pueden ayudar a fecharlos con una precisión algo mayor, pero sin llegar a resolver el problema.
Se citan aquí según su orden de aparición en el expediente administrativo, tal y como se conserva actualmente, que no coincide con el orden cronológico de redacción, y a través de sus primeras palabras.
A) Escritos con título
Informacion de los perjuizios que causa el comercio, ò modo como se haze, con los medios para su reformación, en seruicio de Vuestra Magestad, beneficio de toda la Monarquia, sin perjuizio del mismo (AGI, IG, 638, en el decreto de 21 de noviembre de 1674).
Reforma moral, política y cristiana del comercio que restaura 30 millones de reales de a ocho de renta a la monarquía española (BN, 1/43493).
Breue informacion de la proposicion tocante a la reformacion del comercio, verificacion de su contenido y manifiesto de la solicitud del autor, Madrid, 1675 (BN, 3/49748-1).
Manifiesto de la proposicion tocante a la informacion de la reformacion del comercio y ofrecimiento de su iustificacion, Madrid, 1675 (BN, 3/49748-2). |
El arbitrio de tierras de 1622 y el debate sobre las propiedades y los derechos coloniales de los indios/
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla Este artículo analiza un arbitrio sobre la venta de tierras de 1622, situándolo en el extenso debate acerca de la licitud de la enajenación y composición de propiedades comenzado a finales del siglo XVI.
Se estudia la coyuntura de presión sobre los recursos de los naturales y las opciones de defensa de los mismos, procurando resaltar el diálogo entre la política metropolitana, que buscaba ampliar recursos monetarios en tiempo de necesidad, y las discrepancias internas del reino andino en pleno proceso de cambios administrativos y legales que intentaban responder a esa demanda imperial.
En 1622, un hombre de armas pero a la vez de pluma fácil, probablemente recogiendo la experiencia de las observaciones de sus andanzas y en su intento de establecerse en alguna posición del orden administrativo colonial, presentó un arbitrio sugiriendo las ventajas de vender las tierras sobrantes en el territorio del virreinato peruano.
Se sumaba de este modo a una corriente de pensamiento llamada arbitrismo, que en ese momento se manifestaba tanto en la metrópoli como en los reinos indianos.
Si bien el arbitrio no prosperó, desde entonces se abrió la puerta para sucesivas campañas de recaudación de rentas a través de las enajenaciones de tierras que se atribuyeron intrínsecamente al rey.
Lo que llama la atención es que estas propuestas se realizaran al cabo de relativamente poco tiempo de que se hubiera dado el primer paso para la consolidación de un amplio mercado de tierras, a partir de las primeras composiciones encargadas al virrey marqués de Cañete.
Antecedentes: las grandes políticas económicas de fin del siglo XVI y el mercado de tierras
La formación de un mercado de productos agrarios resultó paralela al establecimiento de otro de tierras, que sentó las bases de las propiedades agrarias que se llamarían luego haciendas.
1 El impulso más grande que recibieron fue cuando la corona decidió dar una ley de venta de tierras en el año 1591.
El proceso de consolidación de mercados agrícolas en el siglo XVI marchó paralelo a la expansión del capital minero y a la decadencia de la producción de la economía campesina, exhausta por la pérdida de gente y de recursos.
La renta de la encomienda se monetizó como un mecanismo de coacción al trabajador campesino para asalariarse.
Las ciudades crecieron mucho, sobre todo las mineras, demandando más medios de producción y de subsistencia que, dadas las limitaciones de la producción campesina, debieron ser elaborados internamente por los españoles.
Así las cosas, la tierra comenzó a adquirir un carácter de mercancía, aunque limitadamente por la relativa facilidad de adquirirla entonces sin pasar por el mercado.
Dos fueron los períodos que mostró el proceso de consolidación de propiedades territoriales: en primer lugar, el desordenado conjunto de formas legales o ilegales de adquirir tierras en propiedad, que buscaban conseguir distintos «pedazos» en áreas más extensas y, preferentemente, planas y de riego.
En segundo lugar, ya formadas las propiedades y mostrándose incontenible el acaparamiento de tierras, el momento de las «composiciones» de tierras entre el rey y los hacendados interesados.
2 El espacio temporal de los mecanismos originales de acceso a la tierra se concentró básicamente en la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, lo que no impidió que aquellos se reprodujesen en otras condiciones cuando ya se habían formado grandes espacios territoriales en un solo cuerpo.
Lo que encierran las transacciones tipificadas anteriormente es un proceso que surgió desde abajo, por iniciativas lentamente consolidadas de una nueva clase de hacendados.
La corona no había hasta entonces tenido la voluntad ni la posibilidad de legislar un proceso que no patrocinó directamente.
El nacimiento de la propiedad privada de la tierra: las composiciones
Las cosas comenzaron a cambiar a partir de una real cédula de 1591, cuyo cumplimiento se encomendó al virrey del Perú García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete.
Se inició a partir de este momento el período de las composiciones.
Como la corona tenía problemas fiscales por el incremento de los gastos defensivos, y viendo que la tierra entraba en un cierto mercado para el que no había habido una clara disposición de legislar, finalmente decidió financiarse mediante la venta de su derecho eminente a la tierra a los propietarios de hecho.
Para eso, se dispuso la realización de «visitas» para medir las propiedades y vender títulos de propiedad a los poseedores que enseñaran instrumentos públicos en los que se refrendara la forma en la que habían adquirido las extensiones.
Asimismo, se mandó vender las tierras que, de acuerdo a la medición, resultaran como «demasías» respecto a los instrumentos públicos mostrados, y rematar las «sobras» de indios una vez que estos tuvieran terrenos suficientes para su sustento, aumento y pago del tributo.
Las tierras de «demasía» o las «sobras» de indios regresarían al poder de la corona, por lo que se denominarían «realengas» y se podrían vender de acuerdo al interés y a las necesidades del rey.
Además de cobrar por las ventas, la Real Hacienda ingresaría por la medición y por el derecho al nuevo título que reemplazaría a los instrumentos que acreditaban alguna forma de propiedad.
Cuando en 1593 se puso en marcha la visita de composición de tierras, la real cédula de 1591 cobró un vigor no solo ejecutivo sino también doctrinal: el rey era el propietario de las tierras.
Así, todo el peso de la conquista se cernía sobre las vidas y los intereses de los grupos indios: no eran ellos los dueños de las tierras a las que dedicaban y de las que provenían sus vidas.
Pero la opresión ideológica no era lo más serio.
Lo primordial entonces era que no perdieran más recursos.
Además, si acaso pagar por sus propias tierras en ocasiones no resultase suficiente, también se adosó a la comisión de composiciones una orden que dispuso que los indios dieran un quinto más de las tasas de sus tributos cada año.
La coyuntura de fin de siglo no era la mejor para las condiciones de reproducción de los naturales del reino.
La salida de los comisionados implicó una suerte de nueva «visita general» de los indios, de una envergadura comparable a la que se había desarrollado en 1572, pues la cédula señalaba que se compondrían las tierras que quedaran luego de que aquellos confirmasen o diesen las extensiones necesarias para el sustento de los indios.
Es decir, había que evaluar el número y las capacidades de las comunidades y los pueblos para dotarlos de lo que se considerase suficiente para la reproducción y el pago de las tasas.
Luego se procedería a la parte negociable, pero lo anterior no era desdeñable en cuanto a las dudas que tal trato pudiera desatar.
Por eso, en noviembre de ese año de 1593, el virrey mandó que se formase una junta para reunirse con él cada miércoles para solventar las dudas.
La conformaron, además del marqués, su asesor, el licenciado Rengifo -cuya trayectoria de acaparador de tierras lo hacía el menos indicado para el efecto-,3 el abogado de los indios, doctor Alberto de Acuña, el veterano secretario de la gobernación, Álvaro Ruiz de Navamuel, el doctor Molina, canónigo de la catedral, y el franciscano fray Alonso de Valdivieso.
Antes de analizar los pareceres respecto a la obra de los primeros visitadores y el panorama que encontraron, veamos las opiniones de dos de ellos, los primeros en salir, cuando empezaron su comisión.
4 El obispo electo de Quito, Luis López, comisionado para la venta y composición de la región de Charcas, escribió para poner en conocimiento sus experiencias.5 Aunque en enero de 1593 estaba de asiento en Chuquisaca, andaba «de pueblo en pueblo» repartiendo tierras a los indios.
Su peregrinar era tal que le escribió al virrey desde Guata diciendo que no podía responder al chasqui que llegase, llevando como llevaba prisa en avanzar por tantos lugares como era necesario.
Consideraba que era preciso obligar a los corregidores de los partidos a que amojonaran las tierras que se habían repartido y señalado a los indios, para que se excusasen pleitos posteriores.
López aseguraba que aquellos no lo querían hacer si no se les adjudicaba un particular salario, aunque la ordenanza de la visita lo establecía como su obligación.
Por eso decía que se valía de gente experta que lo hacía por favor o por moderado salario.
Además, denunciaba que si bien tenían prohibido llevar escribanos y hacer costas a los indios, lo cierto era que no lo cumplían.
De hecho, había encontrado que en los pueblos llevaban dinero a cada indio por cada mandamiento, ni siquiera de sustancia sino sobre «cosas de aire», arrancándole peso y medio por la firma y el escribano, y les admitían peticiones por cualquier cosa en función del interés de los derechos del proceso.
Por eso el obispo les decía a los indios que no «le hablaran por escrito», que le pidiesen y representasen de palabra sus necesidades, y que el escribano indio del cabildo elaborase una memoria de las tierras que demandaban.
Lo que quería el visitador era que no gastaran ni un tomín en derechos y que si los hubiera, como en la elaboración de los títulos, se sacaran de los bienes de comunidad y no se echasen derramas entre ellos.
Si no hubiera cajas comunales o no tuvieran bienes, López deseaba que se obtuviera el dinero de las ventas de tierras que se iban a hacer o de los salarios que se ahorraban por la rapidez de las gestiones, una de sus preocupaciones.
Los años previos y ese mismo eran de mucha esterilidad en una tierra áspera y fragosa, donde la mayor parte de los sembríos era de temporal y sujeto a los fríos, granizo y falta de agua.
Los repartimientos estaban despoblados y era necesario que la gente volviese a sus tierras y reconociese a sus señores o jefes naturales.
Solo se podría lograr ese objetivo con el manejo adecuado de la distribución de las tierras.
Justificaba así que se vendiesen, pues López pensaba que esa era la manera de que no tuvieran donde esconderse.
Descubría que los indios presentaban quejas infundadas que no había que atender, pues muchas veces eran visitados en sus lugares de origen mientras se encontraban escondidos en otros pagando tributo, y que cuanto les pedían a sus caciques era que los dejasen en su «libertad».
López compartía la idea de que los «procuradores» inquietaban a los indios por el interés por los pleitos.
No debía ser blando con los quejosos ni aceptar que se vendiesen tierras entre ellos, mandando regresar a los indios a sus pueblos e impidiendo que viviesen en otros, pero eso sí, dando siempre lo suficiente y más para que alcanzase y que se reprodujeran con holgura.
Brindaba el obispo más justificación a las composiciones y ventas, ya que estimaba que así se evitarían los infinitos pleitos que daban ocasión a los abusos de los caciques, especialmente que vendieran las tierras como quisiesen, haciéndose señores de ellas.
Se debía dar orden de privación de cacicazgo a quien aceptase tener indios forasteros -que López llamaba extranjeros-trabajando las tierras de los caciques, y mandarse que todos regresasen a sus pueblos y que las tierras se vendiesen.
Como se ve, la pieza clave era el poder de las autoridades étnicas para disponer de los bienes.
Contra ellos se dirigía en buena medida la idea de la composición.
Por el lado de los nuevos hacendados, esta era desde luego la oportunidad de adquirir seguridad en sus labranzas.
En los pueblos, mientras se hacían las visitas a las tierras de los indios, los chacareros iban dando sus títulos para que el visitador los viera.
Algo ingenuo, López se sorprendía de que habiendo tanta esterilidad se fueran sacando dineros que no venían mal a las necesidades del rey.
Las cosas quedarían claras para todos: no habría pleitos, los pueblos se verían colmados, los indios no experimentarían carencias, ni tendrían sus caciques oportunidad de abusar de ellos ni de tener recursos de los que disponer al margen del control fiscal de la tierra.
Finalmente, los hacendados trabajarían con seguridad en lo que cabalmente detentaban por derecho.
Nada de esto prosperó, puesto que todo fue abrir nuevas puertas a los tratos y a las contradicciones, al despojo de los más débiles, y a la ambición de los más fuertes.
La hacienda real vería en ello nuevas oportunidades de hacerse con los siempre exhaustos recursos de que disponía para crecientes gastos.
Si bien la visita compartía algunas ideas con la general de la década de 1570, el visitador López no desaprovechó la oportunidad de hacer una severa crítica a lo que se había hecho entonces por orden del virrey Toledo.
Aquella había fallado y esta era la oportunidad de remediarlo y de hacer efectiva una reducción general del reino.
Afirmaba López que donde había dos pueblos podían formarse tres, y denunciaba que se habían repartido a LUIS MIGUEL GLAVE Anu. estud. am., 71, 1, enero-junio, 2014, 79-106.
En consecuencia, tenían que ir lejos a sus chácaras, dejando las reducciones despobladas «porque ellos han de estar donde tienen sus chácaras aunque se hunda el mundo».
Si bien los indios habían sido establecidos cerca del camino real para que tuvieran más trato con españoles, lo cierto es que esto se había traducido en mayores vejaciones.
Para López, esta nueva visita ofrecía la oportunidad de cambiar las tasas en virtud de las existencias de efectivos indios, pues había habido muchas epidemias.
También contamos con los comentarios de octubre de 1593 de Alonso Maldonado de Torres, comisario para la visita de los valles del sur y el Cuzco.
6 El visitador se encontraba en Cañete, villa a la que consideraba pobre, y estimaba que podría conseguirse mayor cantidad de dinero por composición en los valles que seguían hasta Arequipa, ya que los vecinos fundadores, que habían recibido tierras relativamente pobres, se habían compuesto por unos miles de pesos a plazos.
El visitador no pensaba quedarse en los valles aledaños -que eran de indios-donde había proveído lo necesario, salvo para el de Pachacamac, que solicitaba que lo vieran desde Lima.
Maldonado veía «trabajosísimos» los negocios de los naturales, de ahí que los dejará encargados a los corregidores pues, de lo contrario, pasaría la vida con ellos.
Además, entendía que si delegaba el asunto acabaría costando más de lo que se obtendría.
En el valle de Mala, que resultaba de lo mejor según Maldonado, se había metido un Alexo González Gallego con un hijo suyo y más de 2.000 cabezas de vacuno, desbaratándolo todo y dejando en la miseria a los indios.
El visitador entendía que se le debía sacar de allí, ya que luego del reparto entre los indios quedaba buena tierra para vender.
Es curioso que demostrase poco interés en el propio valle de Cañete, aunque ponderaba las tierras que se regaban con la acequia imperial, la cual se debía reparar.
Maldonado manifestaba mucha expectativa con lo que vería en Mora, Chilca y de allí adelante.
Había, según su parecer, muchas tierras pequeñas de españoles pobres e indios que las habían comprado de otros y de caciques, a los que se les debía aceptar algún pago por ellas, aunque la plata sería tan poca que mostraba desapego a la gestión.
Sin embargo, reconocía que el quinto de los indios se estaba entablando bien, y estimaba que los valles de Mala, Chilca y Coayllo lo pagarían muy descansadamente, sobre todo sacando el ganado al que hacía referencia más arriba.
Lo mismo refería de los de Pachacamac, Chincha y Lunaguana, que también tenían buena disposición.
En Cañete, en cambio, donde los indios no poseían bienes comunales, se les debería dar para cumplir con su contribución.
Estos comentarios revelan un panorama de lo que encontraron y de cómo lo enfrentaron los primeros visitadores.
Asimismo, muestran sus opiniones, su forma de ver el negocio que traían entre manos, y las dificultades y las características de lo que tuvieron que enfrentar.
Maldonado de Torres continuó la visita y fue uno de los ministros coloniales más relevantes de fin del siglo XVI, al punto de ser ascendido al propio Consejo de Indias.
López fue separado de su cargo y volvió a su quehacer pastoral sin que se hicieran críticas personales a su trabajo, aunque despertó las más serias dudas que vinieron a solventar algunos pareceres de los que luego daremos cuenta.
La visita continuó avanzando, sin embargo, ya evaluadas las dudas.
Los pareceres expuestos a la junta sobre las dudas de la composición
El inicio de las composiciones trajo de inmediato una polémica referida fundamentalmente a los derechos de los indios.
En este marco, el virrey planteó unos puntos para que algunas personas dieran su parecer. devolviesen y restituyeran, para lo cual dio una provisión el 17 de noviembre de 1593.
La voluntad real expresaba que esas composiciones se harían mientras que a los indios se les repartirían las tierras que «buenamente hubieren menester para que hagan sus sementeras y crianzas, confirmándoles en lo que tienen de presente y dándoles de nuevo lo que les fuere necesario».
Solo luego de este reparto, por hacer bien a sus vasallos, podrían venderse o componerse las restantes.
Si bien el virrey manifestó haber nombrado personas de satisfacción para que ejecutasen la comisión, también dispuso la formación de una junta -de la que participó Acuña-para que en ella se aclararan las dudas que se presentasen.
Las que se suscitaron fueron las siguientes:7
Si debían dejarse en poder de los indios y de sus caciques las tierras que poseían sin justo título, incluso si fueran muchas más de las que necesitasen, o si, por el contrario, debían quitárseles dejándoles solo las que se estimasen necesarias para su sustento y las que poseyeran con justo título.
Asimismo, se debía precisar si podría haber con ellos composición como con los españoles.
En el caso de reconocerles a los indios la posibilidad de componerse, se planteaba el interrogante de qué derecho se tendría por suficiente para hacerlo y cuál no, teniendo presente que no poseían escrituras ni mercedes particulares que se les hubieran entregado.
Se debía determinar también qué cantidad se habría de componer, presuponiendo que se mandara que a todos se les diesen las tierras necesarias.
En caso de que no hubiera comisión para quitarles las tierras, qué orden se podría dar para que fuesen restituidos en lo que se les hubiera tomado y vendido, satisfaciendo el precio a los que las habían comprado.
Si habría obligación de devolverles las tierras a los indios queriéndose componer por ellas, y si parecería bien hacerlo aunque ellos no lo pidiesen.
Se dudaba también si convendría sacar el dinero de los bienes de comunidad aunque las tierras fueran de particulares.
Si había obligación de dejar a cada pueblo de indios alguna cantidad de tierra para dehesa y pasto en que pudieran tener sus crianzas fuera del pasto común, donde los españoles no pudieran meter sus ganados.
Si los españoles estaban obligados a composición aun teniendo títulos buenos.
Cuál era un buen título en ese caso.
Habiendo visto estos puntos sobre la interpretación y la ejecución de las cédulas, Alberto de Acuña pasó a dar su parecer.8 Reconocía que no era el espíritu de las cédulas que se quitasen las tierras a los indios, ya que todas, incluso aquellas que tenían y poseían aunque no las cultivasen, eran suyas y no necesitaban ser justificadas con títulos válidos: no las tenían por merced ninguna.
Las tierras de los indios no estaban sujetas a limitación alguna y, por lo tanto, no se les podían quitar.
Hubo dos cédulas para la ejecución de las composiciones, una primera de gran rigor y una segunda que lo moderaba, pero la severidad se enfocaba en las posesiones de los españoles y para nada en las de los indios.
La composición se mandó hacer con la finalidad de que los españoles que poseían tierras sin justo título -incluyendo las mercedes otorgadas por quienes no tenía potestad para darla-las restituyeran al rey.
Aquellas que se quitasen a los españoles debían repartirse para ejidos y propios de los pueblos, así como a los indios que las necesitasen buenamente.
Solo entonces se compondría lo sobrante.
Así, a quienes se quitarían tierras sería a los españoles y de ninguna manera a los indios.
En lo que se refiere a los terrenos baldíos, no se denominaría así a los de los indios, sino a aquellos que, siendo sobrantes sin posesión, nunca habían sido repartidos o concedidos.
Acuña, por su parte, afirmaba que el emperador había mandado «que todas las cosas de la tierra se conservaran en el estado que tenían cuando entraron en ella los españoles», y recordaba que cuando las autoridades habían hecho mercedes de algunos pedazos bastó la mera contradicción de los indios para que no tuvieran validez.
Todo esto, denunciaba, no se había cumplido y lo mismo ocurría con el programa de reducciones.
Aseguraba que estas en principio no debían afectar a las tierras que los indios tenían, pues si bien Toledo había repartido nuevos terrenos a los naturales que mudó a nuevos pueblos, no les quitó los que antes poseían sino que se los adjudicó, dejó o vendió por suyos.
Acuña sostenía no ser cierto que los indios no pudieran tener más tierras de las necesarias, pues resultaban tan capaces como los españoles para poseerlas.
Recurría, para avalar esta afirmación, a la junta de cardenales que al efecto había mandado formar el pontífice Paulo III.
Había unos supuestos jurídicos y regalistas que eran imbatibles respecto a los derechos y al papel de la sociedad nativa.
Decía Acuña que: hace mucho por esta parte que sabe el rey nuestro señor que la riqueza de esta tierra de que participan y se sustentan todas las más de la cristiandad, procede de solos los indios, los cuales la dan toda sin reservar para si cosa alguna y que son los pies y estribos de esta república que la tienen sobre sí y la sustentan y que ella va creciendo y ellos disminuyéndose y enflaqueciéndose de manera que han menester ayuda y no desayuda.
Luego mencionaba la plata de residuos de tasas que les había aplicado Toledo, ya que la presión sobre los recursos de los indios era tremenda.
Hacía cuatro años, en 1590, que el rey había mandado llevar a España lo que entraba en las cajas comunales, como el rubro de residuos y buenos efectos.
Así, el ejemplo que dio el propio virrey Toledo, que tomó de allí lo que consideró que se le debía por sus viáticos del tiempo de la visita que ejecutó personalmente, fue continuado por el mismísimo rey.
Los fondos eran un «residuo» luego de los pagos del derecho del encomendero, del salario del cura, del cacique y otros.
Fueron pensados como una «ayuda», al ver lo crecido que era el monto de trabajo y riqueza que debían dar por tributo.
Pero ese recurso, que procedía de la producción colectiva de la comunidad, de sus bienes y recursos, terminaba siendo pasto del que comía cualquier necesidad fiscal o de la más alta autoridad virreinal.
Encima, el año siguiente al préstamo real -que nunca se terminaba pagando-le «sirvieron» los indios con casi todo lo que les quedaba de comunidad.
Las evidencias muestran que los curacas se tomaron muy en serio esos pedidos de servicio gracioso, para apuntarlos en los méritos que luego presentaban como prueba de fidelidad.
Echaron mano, sin embargo, de los bienes de comunidad que eran también resultado del trabajo colectivo y del consumo de sus recursos, incluso de las tierras que vendían o ponían a censo.
Por ejemplo, cuando el comisario de Huamanga informaba sobre lo que iba recolectando, figuraban distritos donde solo hicieron donaciones los indios, como los de Chocorvos y los de Zangaro.
No siempre fueron recursos comunales los que salieron por donativo; por ejemplo, Juan Aymoro, cacique de Yamparaes, Yotala y Quila Quila, se encargó de dar cuenta de que tan pronto recibió del administrador de la caja de censos su salario como cacique, que ascendía a 750 pesos ensayados, los entregó de inmediato como servicio gracioso.
9 Los indios se habían mostrado muy genero-sos y leales ante el pedido que formulara la cédula real y el apremio del que hicieron gala los recaudadores.
Además del retiro de los residuos de las cajas, del donativo, de las cédulas de composición y de las cargas y trabajos a los que estaban obligados, se dispuso que los indios pagasen el quinto de más en sus tributos, como parte de las medidas de emergencia para solventar los gastos de guerra del rey.
Ese quinto de más resultaba difícil de pagar, así que «no es verosímil» -decía Acuña-que se mandase quitarles tierra alguna a los indios.
Ellos no tenían otra cosa que sus terrenos y eran precisamente ellos su «áncora y estribo» para sustentarse y pagar los tributos.
En el supuesto de lo que no se podía hacer, Acuña hacía una terrible predicción: «no es mucho que les sobre un pedazo que arrendar y dejar a sus hijos o a su ánima y si se les quitase sería acabarlos e imposibilitarlos de que ellos ni sus descendientes no puedan jamás tener aliento ni descanso».
No podía el monarca católico patrocinar tremenda miseria, mayor que todas las muchas que entonces tenían juntas, «que son tantas y tan grandes como es notorio».
Decía el abogado que no se debía aludir a que los indios tuvieran muchas tierras, como en efecto en algunos casos ocurría.
El rey, recordaba Acuña, tenía información sobre esto, pues en su consejo contaba con Pedro Gutiérrez Flores, que había manejado el asunto.
Como no decía nada expreso en las cédulas sobre esto, afirmaba el abogado, no se podía hacer lo que no estaba mandado ni suponer por una conjetura incierta, como fue el proceder del inicio de las composiciones según se había visto en los informes y opiniones de López y Maldonado.
Según Acuña, se podía aducir que convenía que se vendiesen las tierras que poseían en demasía los indios para que se labrasen y se sustentase la tierra, pero reconocía que eso no era así.
Los indios ya las arrendaban, o lo podían hacer, dándolas baratas a gente pobre que las beneficiaba abaratando las mercancías agrarias y tratando bien a los indios para que los ayudasen al beneficio.
No como había ocurrido cuando se habían vendido las sobrantes a personas poderosas que encarecían las cosas y sus mayordomos maltrataban a los indios.
Luego, aseguraba, venía el español que había comprado la tierra a pedir al mismo indio que la vendió para mitayo, quitándole así su tierra y su libertad.
En una carta de 12 de abril de 1594 Acuña relataba que habían ido enmendando las instrucciones primeras, pero que en Charcas el obispo López y sus subdelegados habían sido los primeros en hacer la visita realizando una interpretación muy rigurosa de su comisión.
Por ejemplo, no aceptaron que los indios se compusieran por tierras que se les quitaban, haciéndolos inferiores a los españoles.
En concreto, habían procedido de tal forma que se acumulaban las denuncias: que les quitaron tierras suyas desde sus antepasados, que se las trocaron por otras inferiores, que los despojaron de las fértiles y les dieron pedregales, que los dejaban sin agua, que vendieron las tierras a gentes poderosas de la provincia y a los indios los constriñeron a las mínimas sin dejarles lo que la visita general les había señalado por decir que habían muerto muchos.
Luego, denunciaba Acuña, los repartían para que beneficiasen sus propias tierras haciéndolos más esclavos, como más adelante lo denunciarían los propios indios.
Sobre los justos títulos de los naturales también hacía una referencia el parecer de Acuña.
No cuestionaba el derecho del príncipe, pero sí justificaba la posesión por herencia de padres y abuelos, y la posesión libre de buena fe por varias décadas desde la conquista.
Si no por posesión antigua, también avalaba la posesión el reparto en la visita general autorizada por leyes justas.
No era necesario nada más para que no se cuestionase su posesión.
Incluso, cuando no fueran suficientes los justificados argumentos señalados -o no fuera claro todo esto-, se les debía admitir una moderada composición si lo deseaban por no ser menos que los españoles.
De este modo, el rey «los aventaja y hace mejores que ellos, y es justo que lo sean».
En resumen, Acuña solicitaba que no se siguiesen vendiendo las tierras de indios y que se restituyeran las que se habían enajenado sin esperar la consulta con el rey, a quien se remitirían las dudas y pareceres, suspendiendo las actuaciones en relación a los naturales.
Asimismo, reclamaba que se restituyeran los terrenos tomados y se devolviera lo pagado por los interesados.
Para Acuña, si los indios querían componer tierras se debía aceptar que lo hiciesen con las cajas de comunidad, salvo que fuesen de un particular.
En este caso, se podría prestar de las cajas y arrendar la tierra para que se hiciera el pago del común y el indio se quedase con la tierra, sin que se entrometiese un español.
Así quedarían libres de esa «polilla».
Además, según Acuña convenía que se dejasen pastos o dehesas para que los naturales tuvieran sus ganados.
El entonces abogado de los indios elaboró también, paralelamente a su opinión sobre la composición, una corta pero fulminante oposición al pago del quinto recién impuesto, dando como justificación lo cargadas que estaban las comunidades de indios y repitiendo algunas causas del parecer anterior.
En otra carta fechada en Lima el 20 de noviembre de 1593, Acuña se refirió también al servicio gracioso.
Decía que los comisarios habían apretado más de la cuenta en el servicio de indios particulares y explicó que habían acudido a sus bienes comunales para hacer frente a dicha carga.
Aseguraba el abogado que los indios habían otorgado todo lo de sus comunidades que eran poco beneficiosas para ellos, por ser «los cuchillos con los que son atacados por los corregidores que llevan lo que hay en ellas en sus tratos».
La visión general de la economía que tenía Acuña era muy pesimista, ya que consideraba que las cosas estaban más caras, mientras que el trabajo de la tierra era el mismo pero el fruto menor.
En consecuencia, la familia india resultaba cada vez más pobre.
Completó su parecer sobre tierras recalcando la importancia del regadío y solicitando que los terrenos de los indios se ubicaran en las cabeceras de agua para que no se la quitasen los españoles.
Aunque su nombre no figuró entre los convocados a la junta para solventar las dudas sobre la composición de las tierras, el deán de la catedral, el doctor Pedro Muñiz, también emitió su opinión acerca de este asunto.
10 El deán era conocido por un parecer igualmente importante al que comentamos que estaba referido a la cédula que prohibía los servicios personales de los indios.
Esta opinión había sido elaborada probablemente en 1603 a pedido del virrey Luis de Velasco.
El testimonio de Muñiz se encontraba en el listado de los que se dieron por entonces, los más famosos de los cuales fueron el del franciscano Miguel de Aguia y el del jesuita Alonso Messía Venegas.
Una vez ordenado sacerdote pasó al Perú junto con sus padres y su hermano Hernando, que habría de amasar una considerable fortuna.
Se doctoró en San Marcos, universidad de la que llegaría a ser rector en más de una ocasión.
Pasó a Cuzco en 1581, donde hizo una visita al valle de Collaguas, encontrando grandes abusos de los clérigos contra los indios.
Allí realizó unas condenaciones que ascendieron a 6.000 pesos que restituyó a los naturales.
Estuvo cerca del virrey conde del Villar, quien le permitió regresar a Lima y lo tuvo como su asesor eclesiástico hasta 1593, cuando se convirtió en deán de la catedral.
Todos sus contemporáneos coincidían en su calidad académica y lo tenían por sabio, de ahí que su opinión fuera relevante para buena parte de la élite, desde el arzobispo Mogrovejo hasta el virrey Velasco.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.04 Al igual que el abogado de los indios, este teólogo suscribió contundentemente que no existía mandato para quitarles tierras a los indios en virtud de las cédulas de la composición.
Más bien todo lo contrario, ya que según Muñiz el rey pretendía favorecer a los naturales y preferirlos en todo a los españoles.
El deán se cuidaba de empezar su parecer con un «presupongo que el rey nuestro señor no endereza estas cédulas contra los indios, antes en ellas les hace merced muy particular».
Así, como podemos advertir fácilmente, lo que estaba en juego era la licitud de quitar tierras a los naturales, como lo habían puesto en práctica los primeros visitadores, dos de ellos connotados miembros de la jerarquía religiosa como el padre maestro fray Domingo de Valderrama y el electo obispo de Quito Luis López.
Esos visitadores habían actuado contra los indios y esa, como puntualizaba Muñiz, no era la voluntad real.
Claro que no aparecían en este testimonio casos muy gruesos, puesto que el deán limeño se contentó con señalar episodios menudos, como dotes de indias, tierras privadas de indios, e incluso «haciendas» que fueron compuestas con estos naturales cuando por derecho les correspondían.
El tema de los «justos títulos», que atañía a la manera cómo se trataba la propiedad de las tierras por parte de los españoles, era un telón de fondo.
Las cédulas se cuidaron en señalar que los títulos válidos eran aquellos que los soberanos habían dado o también aquellos otorgados por quienes tenían un mandato legítimo para hacerlo.
Por ejemplo, las tierras que los primeros conquistadores habían concedido.
Pero con los indios era otra la materia, puesto que los reyes de España sucedían a los señores del reino, cuyo patrimonio había revertido a la corona.
De tal forma que las posesiones de los caciques y de los señores naturales de los indios -heredadas de sus antepasados-como también las que los indios tenían particularmente o en común desde tiempos remotos, no podían enajenarse aunque fueran más de las que necesitaran.
Muñiz se refirió a los indios de dos pueblos del entorno del Cuzco, muy apetecidos por los vecinos de la ciudad por su buen clima y productividad: Maras y Quispicanche.
Ambos tenían enormes tierras de comunidad.
Sabemos que efectivamente había allí una frondosa sociedad noble, que había entrado con razón o sin ella en tierras que habían sido de culto y de los incas, heredándolas de facto.
Fue a propósito de esas tierras y de sus ventas que muchos españoles adquirieron sus primeras propiedades en el campo, comprándolas a los caciques o a los nobles.
Cuando no pudieron, se ingeniaron unas compañías con los caciques para que se pusieran en producción tierras que los indios no usaban y obtener de ellas unas rentas que de otra forma no podrían alcanzar, tanto por falta de tierra como también por falta de trabajo.
Estas compañías se justificaban porque eran una forma de ayudar a la paga de tributos.
Hemos llamado a ese periodo el de la «hacienda antigua».
Muñiz veía en ello un beneficio para los indios a los que denominaba ricos.
No evaluaba la tendencia que ello implicaba a que pasaran -como ocurrió luego-las tierras a manos de los no indios.
Pero lo que sí era cierto era que quienes controlaban los recursos básicos de la producción eran los indios.
Las composiciones, al abrir las puertas a otras formas de acceder a la tierra saltando esos derechos, fueron un abuso legal que estos pareceres que comentamos se encargaron de advertir.
De hecho, los indios de algunas zonas podían ser tenidos por ricos cuando la tierra ya era un codiciado bien de mercado, como el caso de caciques que, teniendo sus pueblos muy mermados, habían entrado en propiedad de terrenos de ayllus desaparecidos y los manejaban como bien particular.
Esa era por lo menos la acusación y la justificación de su posible enajenación por vía de composición.
Pero, sin considerar que estos jefes étnicos siempre habían tenido que cumplir con formas de redistribución que limitaban culturalmente sus acumulaciones personales, Muñiz decía que en estos casos se debía establecer un reclamo fiscal y un juicio legal que precisara los derechos justos a esos bienes.
Acertadamente recordaba que este frente de lucha por la tierra ya se había evaluado en la visita general toledana -advirtiendo el poder de los caciques-y que se habían hecho repartos que tomaban en cuenta todo esto, como lo sabía por ejemplo fray Pedro Gutiérrez, que había estado en la visita y entonces era miembro del consejo.
Concretamente Muñiz señalaba que la visita de fray Domingo Valderrama había arrojado una gran cantidad de tierras que se quitaron a los indios, a quienes pedía que se las restituyeran.
Proponía hacerlo mediante el reclamo del protector de naturales y que los tribunales, a vista de los verdaderos poderes de la comisión del visitador, fallasen justamente dando a los indios lo que era suyo.
La resolución del virrey de 4 de enero de 1594 respecto de las tierras de los indios aceptaba, en general, los pedidos de Acuña y Muñiz.
Ordenaba que no se quitasen las tierras, que si hubiera algunas poseídas con poca justificación se compusiesen -si así lo querían-, y que por otras que hubieran compuesto los españoles los indios pudieran ofrecer el tanto y quedárselas.
A pesar de la creciente presión sobre los terrenos indígenas, estos debates -que tenían detrás una lucha legal constante de los propios LUIS MIGUEL GLAVE Anu. estud. am., 71, 1, enero-junio, 2014, 79-106.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.04 indios y sus jefaturas-permitieron una legislación protectora que impidió la pérdida mayoritaria de los recursos naturales que manejaban, con los cuales se reproducían y cumplían con las imposiciones coloniales.
Pero siempre quedó abierta la puerta para que el proceso de apropiación de tierras por parte de los vecinos y los nuevos empresarios continuara: la norma estableció que si los indios tuvieran propiedades en guaicos -quebradas-donde se pudiesen esconder se les cambiaran por otras cerca de sus pueblos.
Además, se dispuso que se juntasen en sus pueblos y que se les repartiese -si resultaba conveniente-las que estaban cercanas.
Esa ambivalencia, acompañada de los juegos de intereses en el terreno concreto del mercado de tierras, permitió que pronto se propusieran nuevas medidas para vender terrenos sobrantes o mal compuestos.
Fue, en definitiva, un espacio abierto para las elucubraciones arbitristas.
El arbitrio sobre la nueva venta de las tierras
En este contexto, Pedro Ugarte de la Hermosa presentó un largo papel sobre las tierras datado en 1622.12 Se trataba de un arbitrio como los que entonces comenzaron a proliferar, que mereció la realización de una encuesta en la que la opinión de Francisco de Alfaro destacó por su oposición frontal.
Paradójicamente, la oposición de Alfaro permitió a Pedro de Vivanco perfilar una alternativa.
El nuevo arbitrio subrayaba el fraude en las composiciones anteriores, pero marginaba y ocultaba el tema de las tierras de las que se despojaba a los indígenas en esa misma coyuntura, como se podía objetar en la lectura del memorial de Ugarte.
En estos arbitrios se ofrecían terrenos que quedaban vacíos -«vacos»-por la disminución de indios, los que se aumentarían reubicando a las poblaciones en nuevas reducciones.
Como si todos hubieran quedado amnésicos, el debate sobre las tierras de los naturales y el derecho a ellas, que hacía poco más de un par de décadas que se había desatado, quedaba en el olvido.
Para afianzar la posibilidad de seguir tomando tierras de los indios, estos memoriales volvían al tema de la reducción, como si se retrotayera la historia a la época del virrey Toledo.
Gracias a un artículo de Antonio Dougnac que trabajó los escritos de Francisco Ugarte de la Hermosa y Salcedo, hijo de Pedro Ugarte de la Hermosa, nuestro arbitrista, sabemos de la estirpe de escritores que estableció este militar.
Aunque era un individuo de armas también fue de «pluma fácil», al decir de Dougnac, virtud o práctica que entrenaría como escribano de un galeón que se hundió y luego como escribano y secretario del gobierno de Chile que ejerció Lope de Ulloa y Lemos.
Pero su perfil más preciso lo ubicó en el campo militar, por lo que obtuvo mercedes de tierras en Chile.
Luego de sus años en el sur del virreinato volvió al Perú y a España, para finalmente terminar en Lima como procurador general de la compañía de gentiles hombres de lanzas y arcabuces.
Dice Dougnac que escribió un compendio de historia de Chile que se ha perdido, y un memorial sobre la reducción de los indios.
Su hijo se ordenó sacerdote y fue un connotado escritor que volvió sobre el tema de la reducción.
Tenemos también la información de 1623 de los méritos del capitán Pedro Ugarte de la Hermosa que fue reproducida en 1648 por su hijo, el bachiller Francisco Ugarte de la Hermosa, que buscaba una canonjía.14 Pedro también presentó en 1632 una probanza de los méritos de su otro hijo, el alférez Antonio Ugarte, que sirvió y murió en Chile en la guerra contra los araucanos.
En la probanza de 1623 para la información de méritos de Pedro depuso el contador Francisco López de Caravantes cuando tenía 52 años, un vínculo interesante para alguien que debía preciarse de conocer los problemas económicos del reino.
Confirmó el contador que Luis de Velasco le dio una plaza de Lanza.
No declaró, como otros, que Ugarte había estado en el alzamiento de los negros de Quillabamba, una de las razones por las que recibió la plaza.
Era un hombre de armas, que enfrentó a los piratas y sirvió en Chile, aunque en diversos momentos también se decía conocedor de papeles.
No consigna su arbitrio a pesar de que fue elevado en 1622, tal vez por la proximidad temporal entre su presentación y el levantamiento de la información, pero no deja de extrañar que siendo el arbitrismo un mecanismo para escalar socialmente, este militar no lo haya consignado en su relación de méritos.
El arbitrio de tierras que el capitán Pedro Ugarte de la Hermosa había remitido desde Lima el 10 de mayo de 1622 provocó una encuesta el 31 de marzo de 1627, que en 1628 dio lugar a cuatro respuestas que fueron objeto de un estudio pionero por parte de Fred Bronner.
15 En ese debate se ins-piró u obtuvo la información uno de los tramitadores de arbitrios de la época del conde-duque de Olivares, Pedro de Vivanco, que elaboró su propio arbitrio de tierras que Bronner comparó con el de Ugarte.
Esta y otras propuestas han dado lugar a nuevos estudios sobre la situación de la política indiana en la época del conde de Chinchón, cuando se buscaba ampliar los ingresos reales topando con la compleja situación que se vivía en la economía y en la política del virreinato.
16 Lo que aquí vamos a presentar es el debate interno que suscitó el arbitrio y la reedición de la lucha entre el interés de ampliar el sector de la nueva forma productiva de las haciendas agropecuarias y los indios que procuraban mantener sus recursos y reproducirse dentro de la sociedad colonial.
Nuevos debates sobre el destino de los recursos económicos de los indios
Pero frente a las pretensiones de abrir un debate que ya antes se había suscitado sobre el mismo tema, no todo era olvido en esa corte con ataque de amnesia.
Hubo quienes respondieron a las inquietudes de la corona sobre seguir con el arbitrio de tierras y recapitularon con precisión la historia previa.
Contamos con un informe de la Real Audiencia de Lima sobre las composiciones de tierras de 26 de mayo de 1629, que firmó entre otros nuestro conocido jurista Alberto de Acuña que ya era oidor.
En él, los ministros hacían una breve historia de este mecanismo de cambio en la agricultura.
La carta respondía al pedido de información que se mandó hacer en 1627 ante el arbitrio de Pedro Ugarte de la Hermosa para que se vendiesen las tierras que quedaban por la muerte de los indios.
17 Los miembros de la audiencia se remontaron a cuando el virrey Toledo excluyó de las potestades de los cabildos el conceder mercedes de tierras como se habían efectuado en un principio.
Por este motivo, aseguraban, se notó que muchos españoles entraron en tierras que no les correspondían por justo título y, a instancia del conde del Villar en 1589, se fraguó la cédula de las composiciones.
Decían los oidores que estas visitas de la época del marqués de Cañete no fueron bien entendidas en sus facultades por los visita-dores que acabaron perjudicando a los indios.
En este sentido, en su informe se insertaba copia de los capítulos de la respuesta de 1595 a una carta del marqués de Cañete de 1593: «preguntáis si se quitarán a los indios las tierras que tienen de más de las que han menester y lo que en esto parece responderos es que no solamente no se las quitareis sino que los favorezcáis y deis más tierras a los que no tuvieren cumplidamente las que hubieren menester».
Corregido el defecto, la visita dejó claro lo que eran tierras de indios y lo que eran tierras privadas, quedando ya muy pocas vacantes.
Por eso, según los ministros, luego de la visita la expansión de las tierras de españoles se había producido con mala fe.
El mecanismo había estado a cargo de los corregidores, que declaraban vacantes tierras de naturales sin que mediasen averiguaciones.
Luego, dichas tierras podían pasar a poder de los españoles.
No descuidaban señalar que los indios huidos no estaban muertos y que si se continuaba perjudicando sus bienes acabarían huyendo también los que se habían quedado.
Ya aparecían en el discurso los yanaconas, que eran recibidos por los propietarios que los protegían dándoles un pedazo de tierras, pero todavía no se utilizaba el término hacendado.
Otros abusos ocurrían por no haberse dejado claro el tema de las sucesiones, de tal forma que los curas se encargan al morir los naturales de persuadirlos o simplemente de fraguar cesiones para formar capellanías de las que terminaban disfrutando ellos mismos.
Para todo esto los ministros solicitaban que se dieran provisiones.
En Madrid ya estaba tomada la resolución de proceder a una nueva composición, porque era evidente que los propietarios se habían expandido en tierras que se llamaban «demasías».
Sin embargo, se seguía diciendo que los terrenos de indios debían dejarse pendientes en vista de que continuaba la discusión sobre la necesidad de realizar una nueva reducción que era el otro debate paralelo, sobre el que desde luego hubo innumerables arbitrios.
Estas advertencias acerca de la manera fraudulenta en que se avanzaba en la posesión de tierras en los pueblos y valles sirvieron como acicate a las autoridades de Madrid para considerar el tema de la nueva composición y solicitar informes a las autoridades del virreinato.
La carta de la audiencia fue una de las tantas respuestas a este pedio.
Este fue un momento crucial en la historia agraria, una coyuntura de expansión de las haciendas.
Sin embargo, el arbitrio sobre composiciones que condujo a Lima el contador Hernando de Valencia no tuvo efecto, ya que Chinchón consideró que había que hacer la reducción antes de realizar LUIS MIGUEL GLAVE Anu. estud. am., 71, 1, enero-junio, 2014, 79-106.
18 En 1631 el virrey recibió una cédula para proceder a la composición, pero fue acompañada de una cantidad de propuestas que pretendían obtener beneficios de cuanto negocio pudiera imaginarse, desde el descubrimiento de tesoros hasta la venta del más insignificante oficio.
19 Pero no era ese el motor de la apropiación de las tierras ni del desarrollo del mercado.
La concentración de la propiedad y el proceso que estaba en camino tenía que ver con las iniciativas desde el mercado y la sociedad, más que con la legislación y los intereses de la corona.
En esta coyuntura, la intervención de Francisco de Alfaro fue lo más saltante para entender la relación entre el universo indígena y las tendencias de desarrollo de la república de españoles.
Como señalamos, Pedro Ugarte de la Hermosa escribió un memorial que contenía un arbitrio en el que se refería a la gran cantidad de ingresos que la caja real podría obtener de las tierras que hubieran «vacado» por muerte de los indios.
En 1627, el Consejo de Indias solicitó el parecer de las principales autoridades del Perú.
Las respuestas están fechadas en 1628 y uno de los que respondió fue Francisco de Alfaro.
20 El documento es uno de los alegatos indigenistas más importantes de los funcionarios que defendían la separación de repúblicas:
Afirmo que de las cosas que más perjudiciales han sido en este reino son las que han llamado composiciones y no quiero decir que el año 93 cuando se trató este punto no había muchas tierras que poder vender pero digo hablando del partido de la Audiencia de los Charcas que se ejecutó muy contra lo que V.M. mandó y acuérdome que siendo Fiscal della en una carta que a V.M. escribí cité algunos repartimientos donde había V.M. perdido de tributos hasta entonces más de lo que habían valido las composiciones y desde aquel tiempo aca claro está que sin comparación será mayor el daño.
La estafa a las rentas del rey se había perpetrado en las primeras composiciones, los indios habían dejado de pagar tributos a causa de las composiciones, y, lejos de ganar con las ventas de las tierras, se había perdido y además perjudicado a la sociedad india.
Pese a que se refería a una vieja historia de 1593 para abordar el tema del arbitrio de 1627, Alfaro continuó retrocediendo aun más en el tiempo.
Opinaba que luego de la visita de Toledo de 1572 no tuvieron los cabildos más autoridad para dar tierras a los vecinos por haberle quedado prohibi-18 Amadori, 2013.
EL ARBITRIO DE TIERRAS DE 1622 Y EL DEBATE SOBRE LAS PROPIEDADES
Sin embargo, las autoridades de las ciudades continuarion siguiendo el orden legal antiguo.
Según Alfaro, esas posesiones eran fraudulentas aunque fueran avaladas en 1593.
Luego de las composiciones de finales del siglo XVI, los virreyes tampoco pudieron dar tierras por ningún título, habida cuenta de que justamente las composiciones partían del principio de que las propiedades eran del rey.
Los virreyes, sin embargo, desde el tiempo del marqués de Cañete habían hecho dos tipos de composiciones: unas a pedimento de los particulares directamente, y otras despachando comisionados a los diferentes partidos, que compusieron nuevas tierras con quienes las poseían de hecho o simplemente las vendieron de nuevo.
La historia agraria andina de principios del siglo XVII muestra que efectivamente la denuncia de Alfaro era cierta.
Como bien dice el funcionario indigenista, las peticiones particulares se hacían al cabo de cualquier «entrada» a las tierras a través de los indios, incluso particulares, que vendían terrenos que no podían enajenar puesto que no eran suyos.
Otras veces eran los propios corregidores los que obtenían provisiones «que se tenían por ordinarias», para hacer informaciones respecto a las tierras y dar sus pareceres acerca de si eran susceptibles de componerse «sin perjudicar a los indios».
Desde luego era la norma en las opiniones de los corregidores apoyar la ampliación de las posesiones españolas en territorios de los indios.
Por muy poco dinero, además, se sancionaban expansiones considerables de terrenos.
Luego, ante cualquier denuncia de los indios, siempre era imposible la «restitución», pues los españoles alegaban haber hecho mejoras que las más de las veces, como subrayaba Alfaro, valían más de lo que se había pagado por las tierras o lo que se suponía valían de acuerdo a tasación.
Así, los tribunales se atestaron de largos pleitos donde «estas composiciones que no lo son» se validaban y afirmaban.
Conocedor de la sociedad india y de los procesos de enfrentamiento a las reducciones, Alfaro pasaba a mostrar cómo incluso si la burocrcia procedía correctamente el mal que se hacía resultaba irreversible:
Pero demos que en algún caso no fue esto así y que el pleito se facilitó y se despachó muy como convenía y era justo, no basta esto porque aquella primera acción de quitar la tierra a los indios fue bastante para que se fuesen de su reducción para poder sembrar dos granos de maíz o donde les diesen por su trabajo.
Con poca dilación que el pleito tenga, los indios se quedan donde se fueron sino es que se murieron dentro de poco tiempo y con esto queda el daño irreparable y los pueblos se discipan como hoy se ve y por vista de ojos pudiera yo decir mucho.
El argumento era más contundente entonces: las fugas, los rezagos de los tributos y la crisis de población que se comenzaba a vivir tenían su causa última en las composiciones.
Los indios buscaban otros terrenos fuera de los pueblos, ya fueran independientes o haciendas que se expandían, por cierto, a costa de las tierras de otros indios.
El problema de los retrasos en los pagos de los tributos era la evidencia de este proceso, pero esa circunstancia solía ser presentada también de forma interesada por los propios causantes del daño, que agredían a la sociedad india a la que se debía proteger.
Alfaro arguía al respecto:
Veo también que para que las tasas de V.M. no se enteren y cobren, la excusa es indios muertos.
Para dar tierras a los españoles la color es indios muertos.
Para que los pueblos estén llenos de españoles contra cédulas Reales y que estén tomadas las casas sin pagarles siquiera alquiler, la color es indios muertos y para que haya tierras los huídos cuentan por muertos y el huirse y mudar temple y el descontento quizá ha hecho morir a muchos.
Pero cuando se trata de excusar indios de mita, de trajines, de obrajes y de otros servicios personales, entonces no hay indios muertos sino idólatras que huyen de la doctrina, que se están viviendo en los huaycos y otras cosas de que sabe Dios la verdad y cada cual habla como le importa.
Así quedaban al descubierto los discursos interesados de los agentes que presionaban sobre los recursos de la sociedad india.
Alfaro lo afirmaba con la convicción de quien conocía de cerca los casos.
No dejaba de aceptar que los indios se fugaban, pero esas fugas no provenían de su propia dinámica sino de la presión externa.
Los indios morían efectivamente, pero por el desánimo, por la inclemencia de los climas y por su pobreza.
El mismo indio cuyos recursos se habían expropiado y cuya fuerza de trabajo se apropiaban los españoles, era un muerto en un informe o un idólatra en otro, dependiendo de si se lo ocultaba o de si se lo buscaba.
Alfaro, desde luego, hacía una larga evaluación para llegar a lo poco feliz que le parecía el arbitrio propuesto.
Celoso defensor de su posición, demandaba más bien que se prohibiera de todas las maneras que ningún indio ni comunidad pudiera vender tierra alguna.
Todas las formas que se usaban para pasar terrenos de indios a las crecientes propiedades de los blancos eran recusadas por Alfaro.
Los testamentos de indios ricos e incluso las mandas para obras pías, que otras autoridades fácilmente apañarían, también eran objetados por este memorial.
La opción de la corona era más bien volver a visitar los pueblos y señalar de nuevo las tierras por ayllus, sin que se entretejiesen unas propiedades de unos con las de otros, y menos con tierras de españoles.
Los límites entre las repúblicas y la nece-EL ARBITRIO DE TIERRAS DE 1622 Y EL DEBATE SOBRE LAS PROPIEDADES saria «protección» del estado a los indios eran subrayados por Alfaro.
Según él, en las tierras del común de los naturales nadie debía realizar enajenación alguna de forma inmediata; cuando algún indio muriese y quedaran vacantes las tierras, se debía certificar que el común no las necesitara y, sancionada la vacancia, tendrían que pasar seis años antes de que se pudiesen enajenar.
Abundando en sus prevenciones protectoras y rectoras del manejo de los recursos por la sociedad india, Alfaro llegó a un punto en donde se excusaba de fundamentar legalmente sus argumentos, aduciendo que sería muy largo hacerlo -mucho más de lo extensa que ya era esta importante pieza del pensamiento pro indio de separación de repúblicas-, pero para despejar cualquier duda señalaba: «por mayor digo que los indios en tiempo del inca no tuvieron tierras, él se las daba y señalaba».
Más claro no podía ser Alfaro; la norma de la práctica india debía mantenerse en la nueva situación, respetando la forma de conducción de los recursos.
Incluso, no solo eso sino también que «VM tiene mandado que en cuanto no fuera contra la religión, se les guarde sus costumbres».
Puro argumento de relatividad cultural, convivencia y paternalismo, que todavía tenía defensores sólidos.
Pero entonces, la desestructuración de la sociedad india y el desarrollo de formas mercantiles que penetraron en el mundo indígena lo transformarían en algo muy diferente al sueño protector de los indigenistas.
Existía, sin embargo, la posibilidad de que los indios mismos quisieran vender sus posesiones como parte de sus haciendas, a las que tenían derecho como todos; quitarles la posibilidad de venta era quitarles su comercio podía aducirse.
Alfaro afirmaba al respecto: «pregunto yo si es quitar el comercio hacer vínculos o si los que poseen bienes vinculados pierden por esto calidad, autoridad ni reputación».
Así, usando los ideales de la propia sociedad española que presionaba por las tierras de los indios, rebatía la hipocresía del argumento contrario al suyo.
Los indios, además, estaban enraizados en la tierra -«por que en ellos no se puede considerar otra raiz»-; su acercamiento a la tierra era otro al que tenían los españoles.
Cuando se vendían las propiedades de los naturales, estos ya no las recuperaban y no se conocía indio que comprara tierras.
Vender sus tierras era reducirlos a nada, por eso: «además de materia de estado también en rigor de justicia se puede prohibir a uno que no use mal de su hacienda».
Concluía de este modo la lógica de la legislación protectora.
Ese era el ideario de una de las corrientes de pensamiento colonial respecto a la forma de «civilizar» a los indios.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.04 emparentado con el de las reducciones, «materia no tan invencible como los interesados la presentan», sobre la que giró el debate colonial de esta época.
A modo de conclusión: del final del debate sobre los arbitrios de tierras al intento de subsanar los agravios de las composiciones Las otras respuestas al arbitrio de Hermosa muestran la existencia de tres posiciones al respecto.
La Audiencia de Lima suscribía los términos de Alfaro, puesto que los oidores en cuerpo reconocían que la composición de 1593 había sido perjudicial para los indios.
Aunque la determinación real no correspondía a tierras de indios así se interpretó, de manera que las visitas de composición terminaron «desacomodando» a los naturales.
Fue, como se sabe, el conde del Villar el primero que avisó al Consejo de Indias acerca de la posibilidad de sacar utilidad de la formación de posesiones privadas, criterio que se aplicó finalmente durante el gobierno del marqués de Cañete.
El discurso de la audiencia era más tibio que el de Alfaro, ya que no abordaba los procedimientos y dejaba la determinación al rey.
En la línea de Alfaro, reconocía que la alternativa sería que se pudieran hacer composiciones en resguardo de los interes de la real hacienda pero, sobre todo, en resguardo de los derechos de los indios.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas dió un parecer que sería el que oficialmente adoptaría Chinchón: que no se hicieran las composiciones propuestas puesto que resultarían en gran perjuicio de los indios, si es que antes no se realizaba la reducción general.
Esa era la posición más clara, que fue apoyada implícitamente por el fiscal, Luis Henríquez, quien muy escuetamente señaló que había convocado a Ugarte que, sin embargo, no había acudido.
De este modo, no dio su opinión salvo que «lo que no corre por mano de oidor o persona tal, solo sirve de daño público e interés particular».
Mostraba así la poca simpatía que tenía por la intromisión de arbitristas y buscadores de oficios.
Finalmente, el contador Bartolomé de Osnayo, que había tenido una larga experiencia de tributos y reducciones en Chucuito, opinó muy en contra de la sociedad india, avalando la necesidad de la reducción como medida punitiva y fiscalizadora.
En cambio, no daba parecer alguno respecto de la composición.
Osnayo decía, siguiendo la opinión que se manejaba en la mayoría de círculos gubernamentales de EL ARBITRIO DE TIERRAS DE 1622 Y EL DEBATE SOBRE LAS PROPIEDADES españoles o criollos, que los pobladores andinos eran naturalmente flojos y que las fugas de la reducción provenían de la «malicia» que habían desarrollado.
Por eso proponía como la tarea más importante la reducción y señalaba el procedimiento: el mismo virrey debía hacerla.
La tercera posición era la de los españoles que controlaban el mercado y el poder regionales.
Quien opinó al respecto fue don Pedro Jarava, cabeza de un grupo familiar de honda ramificación en la corte metropolitana que había controlado Chucuito, el más rico corregimiento del reino, por proveimiento real concedido durante varias décadas.
21 Sea por la oposición al arbitrio o por el señalamiento de la reducción como tarea primaria, el debate dejó en ascuas la medida.
Pero no era esa la tendencia que se consolidaría, tanto por la necesidad de la corona y las políticas que implementó frente a ella, como por la misma dinámica del mercado de tierras en el virreinato.
Así, el arbitrio se enmendó en Madrid y se envió nuevamente al Perú.
Una real cédula al conde de Chinchón de 27 de mayo de 1631 se remitió para que se procediese a hacer una nueva composición, respetando a los poseedores de justos títulos.
A quienes se hubiesen introducido en demasía, se les concederían nuevos con moderada composición, y las tierras que estuvieran absolutamente por componer se rematarían públicamente.
La cédula consideraba que había un arbitrio para la composición de tierras con el que se quería contribuir a la financiación de los gastos de la corona, y reconocía que muchas propiedades estaban compuestas a muy bajos precios.
Por lo tanto, sugería que se hiciera una nueva venta para el mayor beneficio de los vasallos.
El texto no partía de la negación de los abusos aunque no decía nada de los indios.
Más bien, hubo una cédula de la misma fecha para que el rey tomara prestadas cantidades que se guardaban en las cajas de las comunidades indígenas.
Entre los arbitrios que fueron al Perú con Hernando de Valencia en 1631 había de todo, como incitar a los indios a descubrir las minas de oro y plata que tuvieran escondidas, la venta de oficios y la petición de servicios.
22 Sin embargo, esta no fue la última arremetida arbitrista; una propuesta de García de Tamayo se recibió el 6 de mayo de 1637.
Este arbitrio prometía sacar 40.000 pesos de beneficio por la venta de tierras que estaban libres.
Esta vez sí se recomendaba que se oyese al protector y al letrado de los indios, y que se consultase teniendo presente que no debía resultar «daño considerable» a los naturales.
Con todo, la política de composiciones se implementó desde 1639 arrojando resultados extremos contra los indios, aunque esa ya es otra historia.
El 23 de mayo de 1651 se otorgó una cédula dando aviso al virrey y a la audiencia de Lima de lo que se había resuelto ejecutar para el desagravio de los indios en la venta y composición de tierras, de donde resultaron nombrados connotados religiosos como nuevos jueces en 1654.
Previamente, otra real cédula de 30 de octubre de 1648 había ordenado al virrey que suspendiese la venta de los terrenos y que formase en la audiencia de Lima una sala de justicia que averiguase los excesos y los fraudes que hubiesen cometido los jueces que realizaron las enajenaciones y las composiciones.
La junta procedió en los asuntos de justicia que se habían ofrecido en esta materia, y prestó particular atención al fiscal protector sobre la restitución de las tierras de las que habían sido despojados los indios.
Nuevamente se quiso enmendar un proceso de despojo permanente que los esfuerzos legales y políticos por impedirlo no lograron evitar. |
Este artículo analiza los memoriales del jerezano Manuel Gaytán de Torres, quien elaboró un arbitrismo de gran envergadura, heterogeneidad y originalidad de síntesis que articula problemáticas y espacios geográficos diversos en una propuesta funcional del mundo ibérico.
Su obra permite contemplar la construcción intelectual de la monarquía policéntrica desde la óptica de un arbitrismo en el que los virreinatos americanos se relacionan de forma sistémica con el mundo europeo, reproduciendo las percepciones contemporáneas acerca de las dificultades y de las soluciones para los disfuncionamientos de las posesiones de los Austrias.
Puede aceptarse que una de las perspectivas de análisis más fructíferas de los últimos tiempos en el ámbito de la historia moderna ha sido la consideración del mundo hispánico como un espacio densamente interconectado por vínculos de diversa naturaleza.
Luego de mucho tiempo en el que el desenvolvimiento de los múltiples componentes de este organismo se abordara preponderantemente de forma autónoma, sobre todo en lo que respecta al mundo europeo y al americano, o siguiendo un rígido esquema de centro-periferia, actualmente se enfatiza su carácter sistémico y los planteamientos se han vuelto más sensibles a fenómenos relevantes como la circulación o la presencia a gran escala de ideas, discursos, agentes, redes interpersonales, vínculos familiares, prácticas políticas, dinámicas sociales, referentes identitarios, etc. De modo que se ha producido la construcción de un espacio mucho más denso y de mayor amplitud que el generado por opciones sugeridas muchas veces por realidades políticas contemporáneas o por especialidades académicas, lo que a su vez ha dado lugar a lecturas complejas, dinámicas e integradas de una multitud de fenómenos más allá de los nexos mercantiles, las remesas de metales o las relaciones políticas, áreas que tradicionalmente han suscitado el interés primordial en el estudio de los nexos transatlánticos.
Se han subrayado, por tanto, los múltiples elementos o mecanismos de cohesión propios del mundo ibérico, enfatizando el papel de la monarquía como espacio político, como ámbito económico o, incluso, como área cultural donde el diálogo entre sus componentes, propiciado entre otras cosas por la movilidad de los agentes reales y por la circulación de discursos políticos, ha ido ganando terreno bien de manera explícita o bien de forma implícita como clave de interpretación del funcionamiento de las monarquías planetarias de inicios de la edad moderna.
No conviene soslayar el hecho de que esta visión policéntrica, por utilizar una de las últimas denominaciones propuestas, recobra la perspectiva y las experiencias de los contemporáneos, implicados directamente en la construcción y el funcionamiento del extenso mundo hispánico durante el siglo XVII.
1 Precisamente esta es la clave del análisis que se adopta en este trabajo, que estudia el fenómeno del arbitrismo de naturaleza transatlántica a partir de la obra del memorialista jerezano Manuel Gaytán de 1 Cardim, et al., 2012.
2 Este autor elaboró un arbitrismo de gran envergadura, heterogeneidad y, sobre todo, originalidad de síntesis, que fue capaz de articular problemáticas y espacios geográficos diversos en una propuesta funcional del mundo ibérico.
De hecho, su programa de reformas, que incorpora varias ideas y nociones de los debates sobre la restauración de la monarquía que tuvieron lugar a partir de los años finales del reinado de Felipe III, conjugadas con los planes de otros memorialistas de temática local y con propuestas propias, fruto de su experiencia en el Nuevo Mundo, definió un extenso espacio transatlántico en el que Castilla y los virreinatos americanos integran una unidad firmemente articulada según una lógica sistémica de carácter mercantilista.
Asimismo, si bien sus memoriales recogían algunas de las principales preocupaciones del régimen del conde-duque de Olivares, presentes en el ambiente de ideas y de profundo debate de la década de 1620, lo cierto es que su reformismo proponía un proyecto de integración y fomento a largo plazo a ambos lados del Atlántico que incrementara la riqueza del reino por medio de la agricultura, la industria, la preservación de los metales preciosos y el aumento de los tratos y permitiera, al mismo tiempo, el saneamiento de la Real Hacienda y la simplificación del sistema contributivo.
En definitiva, como se intentará poner de manifiesto, su propuesta está impregnada de una nueva convicción en la capacidad transformadora de la actividad política, en este caso ejecutada por el monarca y su valido, a quienes atribuye un papel decisivo en el regeneracionismo de la monarquía mediante el establecimiento de un marco propicio para una relación más armónica y equilibrada entre rey y reino.
Un vínculo, en suma, afirmado en la reciprocidad y la colaboración que revirtiese la situación que en términos fiscales y contributivos se estaba experimentando sobre todo en Castilla.
3 De este modo, Gaytán esboza un nuevo modelo de relación, demandada fuertemente por el arbitrismo de finales de la década de 1610, en el que el incremento de la riqueza del reino, la articulación y la complementariedad entre sus distintos miembros, y la disminución de las cargas fiscales extraordinarias fueran el motor de la recuperación de los ingresos y del poder real.
Un arbitrista de dos mundos
Probablemente, uno de los elementos que más destaque de la obra de Manuel Gaytán de Torres sea el hecho de que tanto su reflexión como sus propuestas reformistas parten de una visión sistémica del mundo hispánico, que se traduce tanto en la heterogeneidad de problemáticas y soluciones complementarias que llaman su atención, como también en el marco espacial considerado por sus escritos.
En concreto, la singularidad de su arbitrismo no se explica si no se parte de una circunstancia fundamental de su trayectoria vital: su doble experiencia, andaluza y americana.
Pertenecía a uno de los principales linajes locales y estaba emparentado con las familias más ilustres del lugar.
4 En concreto, poseía un vínculo fundado por sus padres y era titular de una veinticuatría, lo que le permitió adquirir una importante experiencia en el gobierno municipal y un conocimiento más acabado de las necesidades locales y de las dinámicas institucionales de la monarquía.
Si bien son pocos los datos certeros que tenemos sobre su vida hasta el año 1619, en esta fecha lo encontramos en la corte de Madrid procurando interesar a los consejeros de Indias en un proyecto destinado a la instalación de ingenios y fundiciones de cobre en la península, y gestionando una visita a las recién descubiertas minas de Cocorote, en la provincia de Venezuela.
5 Probablemente esta visita haya resultado de suma importancia para su comprensión de los problemas de la monarquía, ya que le habría permitido entrar en contacto con el intenso movimiento regeneracionista cristalizado en la formación de la Junta de la Reformación, establecida precisamente este mismo año.
6 En 1620 se le encargó la visita a dichas minas venezolanas con la doble finalidad de com-probar la calidad del metal de los yacimientos y su productividad potencial, y estudiar el entorno para evaluar si el asentamiento era propicio para la infraestructura de explotación y beneficio.7 La comisión tuvo una ejecución bastante rápida, puesto que en junio de 1621 Gaytán ya había redactado y mandado a imprimir una relación sobre las minas de Cocorote.
8 Luego de su regreso a Madrid, que debe situarse a finales del mismo año, fue enviado a Sevilla para que, con asistencia del factor de la Casa de la Contratación, hiciera algunos experimentos con las muestras del metal venezolano.
Más tarde, el Consejo de Indias encargó el seguimiento del asunto de las minas de Cocorote a Rodrigo de Agüiar y Acuña, quien debía tratar con Gaytán cada uno de los puntos del informe y evaluar sus conveniencias y dificultades.
Si bien don Manuel fue reputado como una persona «bien entendida, de buena intención e inteligencia», dado que el asunto revestía gran importancia, requería pericia técnica y suponía un gasto muy significativo para la Real Hacienda, el Consejo sugirió adoptar una postura cautelosa y solicitar la intervención del gobernador y de algunas personas principales de la gobernación de Venezuela para que volvieran a considerar el proyecto y ofrecieran su parecer por escrito.
En última instancia, planteaba la consulta, una vez que se hubiera considerado cautelosamente con la concurrencia de toda esa gente y se decidiera poner el plan en ejecución, don Manuel podría ser enviado para acometerlo.9 Sin embargo, ni el plan de Gaytán fue puesto en práctica ni sus servicios volvieron a ser solicitados para dicho asunto, aunque su participación en la administración local, su experiencia directa del mundo colonial, y su conocimiento de las dinámicas cortesanas le permitieron proponer un arbitrismo muy singular.
En la obra de Gaytán, la monarquía como posesión patrimonial se presenta como el sujeto de un diagnóstico galénico y como acreedora genérica a un tratamiento que debía no solo evitar su pérdida sino también procurar su restauración.
En esta línea, reproduciendo buena parte del repertorio conceptual del arbitrismo para describir la finalidad de sus memoriales, expresaba que el alma, señor Excelentísimo, de este sujeto es representar las causas y principios de los daños que esta monarquía está padeciendo así de mar como de tierra, señalando prácticamente medios certísimos para su reparo, juzgo con evidencia clara, que si V. Ex. les da audiencia que ha de mandar se ejecuten puntualísimamente y ha de gozar España por mano de VE el mayor beneficio que puede esperar como es su total desempeño sin cargo de imposiciones, pechos y gabelas.
10 Sus escritos, producto de la percepción de decadencia que se generó en Castilla desde principios del siglo XVII, 11 perseguían el «reparo» del cuerpo político, tanto por medio de la restauración del orden y las virtudes que habían hecho posible las antiguas glorias, como a través de la introducción de reformas de gran envergadura que aprovecharan su potencial y lo pusieran en sintonía con los cambios introducidos por el paso del tiempo y la variación de la coyuntura exterior.
La centralidad que en el discurso de Gaytán posee la restauración se deduce de la creencia en la necesidad de revitalizar al cuerpo político mediante el fortalecimiento del poder real y de sus mecanismos anejos, la Real Hacienda y el servicio militar, como condición esencial de la conservación de la monarquía.
En este sentido, la atención que sus memoriales conceden a la eficacia del príncipe y a la exaltación del servicio obediente de los súbditos parece revelar la irrupción de la razón de estado, una auténtica doctrina de la conservación de la república, que se convirtió en la fuente última de legitimidad de la acción del monarca.
12 Sin embargo, no debe perderse de vista que Gaytán también reserva una porción esencial de la responsabilidad a la acción de los súbditos, aunque claramente guiada y propiciada por el poder real.
Según se esfuerza en señalar, los remedios propuestos para «alcanzarle salud» al cuerpo político convenían indistintamente a sus dos componentes estructurales, rey y reino, aunque es cierto que Castilla y los virreinatos americanos acaparan su atención.
Uno de los puntos de anclaje de sus proyectos reformistas es la constatación de que el vínculo transatlántico estaba experimentando severos problemas en sus elementos centrales: el gobierno y la administración indiana, el comercio transatlántico, la fiscalidad y la defensa de los virreinatos, que naturalmente guardaban una estrecha relación entre sí.
De este modo, Gaitán se hace eco de la paulatina pér-dida de sincronización entre las exigencias de la política dinástica, las tendencias de las posesiones americanas y la coyuntura de la economía castellana, fenómeno que desde la década de 1610 comenzó a ser contemplado con preocupación en la corte de Madrid.
13 Sus memoriales apuntan a revivificar esos canales, pero nuestro autor, aunque en ocasiones señala las causas que habían provocado los cambios y el referido alejamiento, prioriza claramente la dimensión política del problema que es donde también sitúa la solución.
Ahora bien, frente a una lectura pesimista acerca del influjo del mundo colonial en el complejo hispánico y especialmente en Castilla que comenzó a desarrollarse en Castilla durante las primeras décadas del siglo XVII,14 Gaytán estaba plenamente convencido de que las Indias seguían siendo uno de los baluartes de la monarquía, sin el cual no cabía posibilidad alguna de revertir la situación de la Real Hacienda.
Para él, en caso de seguir descendiendo las remesas americanas, se habrían de «llevar tras de sí lo que resta de esta Monarquía porque si le falta el dinero que cada año viene porque no tiene otra sustancia, renta ni hacienda sino la que viene de las Indias y si no se mira por ellas cierta será su ruina y estos reinos estar sin sustancia para poder socorrer a su Majestad».15
Un espejo de virtud: la reforma de la administración
De la variedad y diversidad de temáticas abordadas en la obra de Gaytán, el problema de la administración atrae su atención y constituye un elemento esencial de toda su propuesta reformista.
Según afirmaba en las Reglas, el celo regeneracionista del príncipe debía concentrarse en el gobierno de la monarquía, «por ser como es [responsable del] bien o el mal de los Reynos y Repúblicas», y sus integrantes «cabezas y espejos de los demás» que irradiaban su influencia sobre el conjunto de los sectores sociales.
16 De este modo, entendía a la monarquía como un ente moral, en el que existía un relación muy estrecha entre las cualidades del gobierno y la suerte del conjunto de la sociedad, que obligaba a que, tanto la organización de la administración como los individuos que ejercían las funciones públicas fueran idóneos y se guiaran según los altos ideales que debían irradiar al cuerpo político.
17 El énfasis puesto por Gaytán en la solución de los problemas de la administración respondía no solo a una lectura corporal del entramado sociopolítico, sino que también se adscribía dentro de los importantes cambios en la percepción y en las expectativas que se tenían en la capacidad de la actividad política y el gobierno.
Como ha planteado António Manuel Hespanha hace ya algún tiempo, durante los años que nos ocupan se buscó perfilar un poder político que sobrepasara la «defensa del orden socio-jurídico establecido y se mostrara, progresivamente, como una administración activa, creadora de situaciones políticas nuevas».
18 Parte de la élite política de la monarquía -entre la que debemos ubicar a Olivares y su facciónasí como también una porción del movimiento arbitrista, daba por supuesta la capacidad del poder político para introducir cambios en el entorno físico, económico e incluso social, de ahí que le asignaran a la administración el papel principal en la movilización de los recursos de la monarquía, en la subsanación de los desajustes y, en definitiva, en la restauración de la vitalidad y el poderío perdidos.
19 En esta línea, según ha señalado Elliott, para el valido y para buena porción de los arbitristas la restauración del reino era una cuestión de gestión política más que de dinámica social, con lo cual parece tener lugar un intento deliberado de superar el carácter estrictamente jurisdiccional del poder del monarca que se limitaba a preservar la armonía entre las corporaciones de sus reinos.
20 Partiendo de esta forma de entender la función, la incidencia y las expectativas del gobierno, Gaytán centró su diagnóstico en la pérdida de vigor del ideal de servicio al monarca que se estaba experimentando entre los individuos que tenían a su cargo la administración.
21 El mal gobierno que imperaba, amenazando con la pérdida de la monarquía, era el resulta-do del deservicio al rey provocado por el relegamiento de los intereses reales y de la política dinástica en favor del provecho individual.
Lamentaba Gaytán que Su Majestad y Padre, que está en el cielo, han sido reyes desgraciados con ministros que teniendo tantos y tan gratificados con tantas mercedes de hábitos, rentas y mejoras de oficio como les han dado no conozco cual haya sido el que se haya dolido de Su Majestad ni del estado de esta monarquía ni bien común de ella, porque está introducido poner en primer lugar cada uno sus aprovechamientos que al servicio de Su Majestad: y esta verdad conocerá V. Ex. volviendo los ojos a tantas pérdidas como ha habido en estos tiempos y el empeño en que está Su Majestad y tantos mayorazgos como se han hecho, tantas cosas como han labrado que ve V. Ex. cada día que sale por Madrid y que, al paso que esto crece, disminuye la hacienda de Su Majestad y el común de estos reinos.
22 Ahora bien, si la disfuncionalidad se constataba en prácticamente todos los niveles de la administración colonial, lo cierto es que Gaytán se ensañó con la que consideraba la hidra de todos los males: el Consejo de Indias, donde aún se dejaba sentir la influencia del duque de Lerma.
Pese a que sus Discursos fueron publicados en 1625, el arbitrista había desempeñado una gestión cortesana hacia finales del reinado de Felipe III, conociendo de primera mano la situación del sínodo.
Reproduciendo las acusaciones con las que los agentes de Olivares procuraron impugnar al anterior valido durante los primeros años de su privanza, acusaba a Lerma y a su facción de haber copado el Consejo de Indias con el objetivo de beneficiarse del patronazgo indiano, ya fuera con la promoción de sus criados como con la negociación de los oficios.
El resultado había sido un «depravado estilo de gobierno» que, entre otras cosas, había servido para «favorecer a los deudos, amigos y bienhechores que tienen en las indias» y obtener ganancias ilícitas.
26 Precisamente por estos motivos el sínodo había boicoteado la adopción de algunas reformas necesarias en las instituciones americanas y la supresión de oficios transatlánticos.
En consecuencia, ya en la introducción de sus Discursos Gaytán resaltaba la necesidad de no tramitar su escrito de forma ordinaria, es decir, por medio del sínodo, sino en una junta particular con consejeros de confianza, puesto que «las más de las [materias] que advierto en este discurso tratan de cercenar aprovechamientos de ministros».
27 Asimismo, cuestionaba al Consejo por su incapacidad de adaptarse a los cambios.
Como aseguraba, la materia de gobierno más acertada es disponer las cosas que van sucediendo conforme al tiempo va mostrando y piden las ocasiones [...] y si el Consejo de Indias lo hubiera propuesto así no hubiera que condenar ni advertir en estos discursos el modo de su gobierno [...] pues en lo que había de tener firmeza ha mudado y en lo que se debe mudar de las cosas que asentaron en los principios de descubrimientos de las Indias no se ha hecho novedad como si fuesen todos los tiempos uno.
28 A partir de su diagnóstico, la obra de Gaytán procuraba dar forma a una administración eficiente que asegurara el control sobre los virreinatos americanos y garantizara un elevado flujo de remesas a la península.
De hecho, prácticamente no aludía a la reforma de la administración castellana.
El principal baluarte de su reforma apuntaba a restaurar el ideal de ser-vicio y la calidad moral de los individuos designados para gobernar la monarquía, retomando de este modo una creencia esencial de la administración moderna según la cual los príncipes se apoyaban en sus vasallos y no en las instituciones.
29 Era preciso, por tanto, seleccionar servidores adornados de un conjunto de virtudes morales, prácticas e intelectuales, para lo cual se necesitaba cambiar la organización del sistema de patronazgo centrado en los consejos.
Según Gaytán, «lo que principalmente se debe mirar en un ministro es el ajustamiento de su conciencia, que no hará advertidamente acción contra ella por cuanto tiene el mundo», y que además fuera perito en el asunto del que se encargase su oficio.
De ahí que criticara duramente las hechuras de la facción de Lerma y la venalidad de los oficios.
30 En su lugar, proponía un sistema que permitiera identificar a este tipo de individuos, desnudase la teatralidad cortesana aneja a la pretensión de cargos, y apreciase la capacidad personal en lugar de los servicios aludidos por los pretendientes.
Asimismo, convenía evitar que la corte se llenase de pretensores que procuraban «hacer capaz su persona con servicios», 31 ya que sus estancias en Madrid resultaban una carga para el reino.
En su lugar, se debía prestar atención en designar a aquellos individuos de talento y virtudes, aunque se encontrasen lejos de Madrid y no hubieran dedicado su esfuerzo a conseguir un oficio con el que obtener una ganancia.
32 El mecanismo consistía en la erradicación de las consultas del Consejo de Indias y del patronazgo de los virreyes, a cambio de la conformación de libros en los que se consignaran las personas «que más lucen en virtud de prudencia y gobierno de sus casas y repúblicas» en cada una de las ciudades de los reinos de la monarquía.
Dichos libros tenían que elaborarse por individuos de crédito que remitiesen informaciones precisas y de forma secreta de las personas idóneas de todos los rincones del mundo hispánico.
Estas relaciones permitirían al monarca y a sus asesores la rápida consulta de candidatos apropiados para cada oficio que debía proveerse.
Estimaba Gaytán que ese método resultaría muy efectivo para que se pudieran tomar decisiones con un conocimiento más preciso de los individuos y elegir «personas 29 Abellán, 1981, 106.
La idea de designar a aquellos que no pretendían los oficios ya estaba presente en La República de Platón y durante los años que nos ocupan adquirió un gran peso como testimonio de la crisis de la administración.
El propio Olivares reconocía que era «necesario buscar los hombres para hallar hombres; que los que se van ofrecer o no lo son o son los más ruines».
Incluso, con bastante ingenuidad, llegaba a concebir este método como un mecanismo de control, ya que la promoción de personas de vida ejemplar y virtuosa fomentaría la emulación de servir en el conjunto de la sociedad.
33 En la línea de una de las preocupaciones del momento, era preciso estrechar el caudal de las mercedes que tanto había corrido durante el valimiento de Lerma y reservar las rentas para casos muy particulares.
Su concesión solo debía hacerse como contrapartida de servicios militares, pero exclusivamente en beneficio de huérfanos y viudas de muertos en acto de servicio, y no en oficios de justicia, gobierno o pluma.
Para estos casos, aseguraba, bastaba «por premio la grandeza que tuvieron durante el oficio».
Esta proposición estaba vinculada con las ideas de Olivares acerca de los destinatarios adecuados de las honras y las mercedes, que proponían una clara inclinación a potenciar el ejercicio militar y, por tanto, la gratificación en este ámbito del servicio.
34 En términos específicos, su propuesta de reformar la administración era radical, ya que siguiendo un planteamiento de máximos buscaba simplificar el complejo polisinodial mediante su reducción a solo dos organismos: estado y justicia.
La pervivencia de estos sínodos, apoyados por un contador mayor y un escribano de rentas para la administración de hacienda, solucionaría el delicado problema de las disputas de jurisdicción entre los distintos consejos de la corte.
35 Sin embargo, para el caso de que su propuesta fuese desechada, Gaytán sugería que se preservase el Consejo de Indias, pero poniendo especial cuidado en que sus ministros tuvieran experiencia en asuntos de gobierno, guerra y justicia, preferentemente en el ámbito americano.
Además, el sínodo debía trasladarse a Sevilla, para asistir directamente al despacho de las flotas, suprimiéndose así la Casa de la Contratación.
Pero también su propuesta se extendía a los organismos americanos.
Aquí Gaytán sugería distintas modificaciones, algunas de ellas de cierta envergadura, que afectaban sensiblemente al entramado institucional.
En este contexto, las situaciones que consideraba de mayor gravedad eran la de la Real Hacienda y la los oficiales reales, puesto que «no solo interesa a S.M. los sueldos que da a las personas que en los tales oficios ocupa, sino otros daños mayores que causan las personas a cuyo cargo están los oficios que conviene cercenar».
Su idea consistía en suprimir los Tribunales de Cuentas que se habían mostrado sumamente ineficaces, y establecer un sistema de control excesivamente simplificado de residencias tomadas periódicamente, evitando así el retraso en el fenecimiento de las cuentas y un ahorro de veintiséis mil ducados anuales.
Siguiendo esta misma línea, buscaba terminar con los abusos cometidos por los oficiales reales perpetuos, estableciendo un sistema de nombramiento por parte de los cabildos seculares.
Estos debían designar a dos regidores que durante dos años se desempeñasen como tesorero y contador, colaborando en la administración de la hacienda junto con el gobernador, en cuya residencia se inspeccionarían las cuentas de todos los cabildantes que hubiesen ejercido esta obligación.
36 Si las proposiciones de Gaytán respecto de la hacienda tenían un carácter general y radical, sus ideas concernientes a la justicia resultan puntuales y localizadas.
Más preocupado por aligerar a las sobrecargadas cajas americanas y maximizar los beneficios americanos, sus escritos se ciñen tan solo a una reorganización de los tribunales superiores.
Apoyándose en una serie de generalizaciones y en un conocimiento poco preciso del conjunto de la América española, proponía que en todas las Indias no se mantuvieran más de tres audiencias: Lima, México y Cartagena, ya que fuera de ellas prácticamente no había razón que justificase su presencia.
Basándose en un argumento semejante, también consideraba pertinente la revisión de las jurisdicciones de algunas gobernaciones por resultar muchas de ellas poco pertinentes a la evolución que habían tenido los virreinatos.
Así, las gobernaciones de Trinidad, Guayana y Cumaná debían agregarse a la de Margarita, y las de Santa Marta y Cartagena tenían que agruparse en una sola, lo mismo que las de Cuba y Florida, cuya fusión favorecería la defensa del territorio y un ahorro significativo.
Finalmente, Gaytán ofrecía una medida de excepción para acabar con el gran desorden en materia de sueldos y oficios en las Indias, donde los salarios que Su Majestad da a los ministros y otros gastos que se hacen sin ser necesarios, consumen lo más y mejor de la Real Hacienda y el sueldo y situación que una vez se pone en Caja Real nunca se quita aunque cese la causa para que se pone y así están destruidas las Cajas Reales y menoscabada la Hacienda Real y los naturales que tan encargados son de Su Majestad de que procede no venir a Su Majestad el tesoro que vendrá si a esto se pone remedio.
Coincidiendo con una de las medidas reformistas desplegada por el régimen de Olivares, proponía la realización de una visita general a las jurisdicciones indianas que prometía acabar con todos los abusos que sangraban la Real Hacienda y ahorrar casi un millón de ducados en gastos innecesarios.
37 La Carrera de Indias: la defensa y el desenvolvimiento de una fuente de riqueza
La mudanza del comercio colonial a Cádiz y el navillo del río Guadalete
Lejos de agotarse en el tópico del servicio al rey tan manido por el arbitrismo, las lecturas y los planes de carácter mercantil de los memoriales de Gaitán poseen el atractivo de brindar una visión que recoge las aspiraciones no solo del comercio colonial monopolista, sino también -y especialmente-de la ciudad de Jerez de la Frontera, que desde finales del siglo XVI atravesaba una fase recesiva en su economía al igual que otros enclaves de la Baja Andalucía.
38 Por su parte, los notables jerezanos procuraron revertir esta situación a través de la incorporación de su ciudad de un modo más intenso en los grandes circuitos comerciales, especialmente en el colonial.
39 Para esto, en comunión con los mercaderes gaditanos, presionaron para que tanto Felipe III como Felipe IV convirtieran a la bahía en el antepuerto de la Carrera de Indias y facilitasen de este modo su participación en el comercio americano por medio de la construcción de un canal que uniera el Guadalquivir con el Guadalete, y que permitiera un vínculo fluvial entre Sevilla, Jerez y Cádiz.
40 Situándose en esta línea, el memorial de Gaitán intentaba potenciar estos reclamos, cuyo origen podemos situar a principios del siglo XVII, conjugando sus gestiones en la corte con sus vínculos con algunos de los 37 Ibidem, 108-112.
38 Sobre la situación de Jerez en el siglo XVII véase: Sancho de Sopranis, III, 1969.
La centralidad que en muchos proyectos de Gaytán posee la realización de canales y de obras hidráulicas de gran envergadura parece ser otro elemento presente en el ambiente intelectual, ya que el propio Olivares -retomando proyectos de la época de Felipe II-intentó hacer navegable el Tajo, desde Lisboa hasta Toledo, y luego el Jarama y el Manzanares hasta la Casa de Campo de Madrid.
Es probable que durante su estancia en Madrid entre 1619 y 1620 haya sido este memorialista uno de los introductores del proyecto en el Consejo de Indias, ya que su presidente, Fernando Carrillo, tenía gran estima de su opinión sobre este asunto y, aparentemente, habrían tenido ocasión de debatir sobre él.
41 Un tiempo después, en 1621, el monarca volvió a interesarse por incrementar la seguridad del despacho de las flotas de Indias, probablemente a instancias del conde de Castrillo, para lo cual solicitó el parecer de los ayuntamientos de Cádiz y Jerez, e incluso consultó la novedad con el duque de Medina Sidonia.
42 Contando con varias de las opiniones solicitadas y con los memoriales técnicos de Alonso de Vandelvira y Julio César Fontanta, en los que además de aportar datos concretos para la construcción y financiación del proyecto se rebatían las objeciones de Sevilla, Felipe IV pidió asesoramiento al Consejo y a la Junta de Guerra de Indias en diciembre de 1622.
43 Sin embargo, la oposición de Medina Sidonia y del comercio hispalense consiguió que el canal y el traslado de la cabecera de la Carrera de Indias a Cádiz quedasen estancados hasta 1624.
Este año el monarca encargó a una partida de especialistas, de la que participó Gaitán, que volviera a analizar la viabilidad del canal.
La comisión estuvo a cargo de Leonardo Turriano, pero también contó con la participación de varios opositores que terminaron imponiendo su parecer.
44 Resulta claro que Gaitán buscaba reflotar este proyecto, que para ese momento se encontraba en una coyuntura desfavorable, de modo que aprovechando el impacto de las recientes pérdidas de navíos provocadas por el empeoramiento de las condiciones de navegabilidad de la barra de Sanlúcar, recomendó que el comercio colonial partiera y regresara a la bahía de Cádiz, «una de las obras que Dios previno en la creación del mundo para seguridad y descanso de los que andan por la mar».
45 Este enclave ofrecía una navegación más segura y, sobre todo, acabar con la incertidumbre y las dilaciones en la partida de las flotas y los galeones, ya que para que las armadas pudie-41 Gaytán, 1625a, 39.
Véanse los distintos pareceres en AGI, Indiferente, 615.
43 AGI, Indiferente, 615, Decreto de SM al Consejo y a la Junta de Guerra de Indias para que delibere acerca de la mudanza del despacho de las flotas y armadas de la Carrera de las Indias a Cádiz, Madrid, 24 de diciembre de 1622.
44 Gaytán, 1625a, 38. ran zarpar de Sanlúcar era preciso que la marea alta coincidiera con el viento favorable y se dispusiera de pilotos con experiencia.
Como complemento, volvía sobre la construcción del canal que introduciría de lleno a Jerez en el mundo de la Carrera de Indias y denunciaba explícitamente la intervención de algunos «aduladores del duque» de Medina Sidonia en un intento de obstaculizar el proyecto.
La construcción del navillo, que debía comunicar las aguas de los ríos Guadalquivir, Guadalete y Salado de Puerto Real hasta hacerlas desembocar en la bahía de Cádiz, resultaría de «grande utilidad y provecho [...] a estos reinos y a los de las Indias y comercio de todos y el aumento de la Real Hacienda».
46 Asimismo, favorecería el comercio de Sevilla, Cádiz y Jerez, y el aumento de la población, «que es la principal causa de riqueza de los lugares y los reinos».
47 En consecuencia, no sería oportuno escatimar esfuerzos ni detenerse ante los obstáculos de una obra que por las características del terreno resultaba sencilla en términos técnicos, y cuyo financiamiento recaería en la ciudad de Jerez.
Según Gaitán, la ciudad había acordado, «por mayor parte de votos que siguieron al mío», tomar a su cargo la realización del canal por dos millones de ducados, aunque el memorialista no tenía muy claro que ese fuera su valor final.
Por este motivo, no dejó de recordar a Felipe IV que por mucho que costase el navillo, en realidad «se compra barato» por los beneficios enumerados, para luego hacer una encendida defensa del intervencionismo regio en el fomento del territorio.
De hecho, recordaba que los gastos que se hacen en obras pública no son costosos ni dañosos porque la gente popular se ocupa, gana dineros y con la asistencia al trabajo se excusan salteamientos de caminos y robos en los lugares y el dinero todo se queda en los mismos lugares pues en la comida y bebida se gasta lo más, y en estos géneros tiene su Majestad impuestos derechos reales que aumentan el valor de las rentas que tocará más a su Majestad en la contribución que el gasto que su Majestad tendría en esta obra.
El flujo mercantil transatlántico: defensa y fraude
Los memoriales de Gaitán no ciñen su atención a la cabecera de la Carrera de Indias, sino que proponen una visión de conjunto del flujo mer- cantil transatlántico que, partiendo del descenso de las remesas reales, «donde se ve muy bien lo poco que cada año viene a Su Majestad», se concentraban en las dificultades experimentadas por la navegación transatlántica.
Esta, sin embargo -siempre según este autor-continuaba manifestando una gran vitalidad que se expresaba «en lo mucho que viene en cada flota a particulares sin lo que viene por registrar y en cabeza de diferentes dueños registrado mal».
49 Su obra resalta particularmente los problemas de seguridad del viaje, tanto por las deficiencias de la organización militar como también por las dificultades de planificación en el despacho anual de las flotas y los galeones, que en el caso de la de Tierra Firme vinculaba con la proliferación del contrabando.
Gaitán escribió sus arbitrios en un contexto en el que el incremento de la presencia enemiga en América, especialmente en el Caribe, el océano Pacífico y el Brasil portugués, estaba generando la necesidad de atender a una nueva realidad marcada por la acentuación del desafío al exclusivismo territorial que habían disfrutado castellanos y portugueses.
50 En concreto, el siglo XVII resultó decisivo para la configuración territorial de la América colonial, que se zanjó con la «internacionalización» del continente dada por la presencia de franceses, ingleses y holandeses.
Sin embargo, a partir de principios de la década de 1620, con la ruptura de la Tregua de los Doce Años, la situación se volvió más compleja, ya que el desafío que plantearon estos últimos a los dominios ibéricos, en el marco de un conflicto disputado a escala mundial, se canalizó por medio de la Compañía de las Indias Occidentales que fue capaz de organizar operaciones militares de gran envergadura, algunas de las cuales persiguieron la conquista de núcleos ya existentes o el asentamiento en sitios estratégicos.
En este contexto cabría mencionar que para el momento en el que Gaytán publicó su obra, la rivalidad hispano-holandesa se había reactivado en la Punta de Araya, en la vertiente pacífica de los virreinatos americanos, donde una poderosa escuadra atacó El Callao, Guayaquil y Acapulco, en Bahía y en Puerto Rico.
51 Además, habría que señalar el incremento de la presencia de bucaneros y filibusteros que durante el segundo cuarto del siglo XVII dieron forma a una piratería americana desvinculada de la tutela europea.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.05 Gaytán había apreciado la situación de primera mano a raíz de su viaje a la gobernación de Venezuela, y además poseía información muy precisa acerca de los múltiples intentos que se habían realizado para acabar con el problema, tanto en el ámbito local como en el Consejo de Indias.
Su principal propuesta se inscribe en un largo debate cortesano acerca de la necesidad de establecer una escuadra permanente en el Caribe, proyecto que se consideró desde principios del siglo XVII y que recién se concretó en 1641, a raíz de su elevado coste de mantenimiento en las Indias.
53 Para este autor, era preciso abandonar las soluciones coyunturales o de corto alcance, como se habían ensayado en el pasado, ya que su coste llegaba a ser superior al de unas fuerzas estables y su efectividad reducida.
En su lugar, debían establecerse tres pequeñas escuadras, dos conformadas por un patache y dos navíos cada una, y la otra por cuatro navíos y dos pataches, con asiento en Cartagena, La Habana y Puerto Rico respectivamente.
La plaza de San Juan, que había resultado seriamente dañada por el ataque holandés, era propuesta como un lugar clave del nuevo sistema defensivo en función de su ubicación a barlovento, de las bondades de su puerto, de la proximidad de las islas Dominicas y de la facilidad de comunicación con España.
54 De este modo, las escuadras podrían acudir rápidamente allí donde se recibieran noticias de presencia enemiga, dándole una versatilidad al aparato defensivo del que carecería si, como se debatía en la corte y finalmente se dispuso, la armada fuese una sola de gran poderío.
Reconocía Gaitán que la capacidad de las escuadras podría incrementarse fácilmente ante cualquier necesidad mediante la incorporación de uno o dos navíos armados en los puertos en donde asistían o a través del envío de refuerzos desde España que guardasen relación con la envergadura de la amenaza.
Cada una de las escuadras debía realizar un recorrido determinado que, en coordinación con la periodicidad de las flotas y los galeones, permitiera asegurar las llaves del Caribe.
Así, la de Puerto Rico saldría de su apostadero entre enero y febrero para encontrarse con la flota en las islas Dominicas, desde donde la acompañaría a Cartagena y Portobelo para regresar luego a La Habana.
La armada de Cartagena, por su parte, tendría a su cargo el control de un extenso sistema de comercio regional que también enlazaba con la ruta de las flotas, ya que debía escoltar a los navíos que en el mes de febrero conducían los frutos de la «costa de Tierra Firme 53 Torres Ramírez, 1981; Amadori, 2013, 420 y ss.
54 Para el ataque a San Juan y las obras defensivas realizadas durante la primera mitad del siglo XVII, véase: Vila Vilar, 1974, 175 que es desde la Trinidad, la Margarita, Cumaná, Caracas, Coro, la laguna de Maracaibo, Río de la Hacha y Santa Marta y otros que salen del Río Grande de la Magdalena de manera que se va conduciendo la harina, tabaco, corambre, cacao y otros géneros que se gastan en Cartagena y trae la Flota de Tierra Firme».
Asimismo, su presencia garantizaría la navegación de las fragatas y los barcos que salían de dicho río interesados en el oro y plata del Nuevo Reino.
Por último, la escuadra de La Habana debía movilizase en mayo hacia el cabo de San Antón para proteger los navíos que acudían a dicho puerto para proveer a las flotas y a los galeones.
También tendría que escoltar a las naos de Honduras y hacer algunas otras salidas para llevar los situados a Florida y Santo Domingo.
55 La dotación de las nuevas embarcaciones procedería de los presidios de Cartagena, Puerto Rico, La Habana, Santo Domingo y Portobelo, reduciendo a la mitad los efectivos estables.
Pese a esto, Gaitán consideraba que la capacidad defensiva no solo no se reduciría sino que incluso se incrementaría, porque la presencia de las escuadras en el mar disuadiría a los enemigos de echar gente a tierra, y además las condiciones del servicio en la flota seleccionarían a los individuos con auténtica vocación militar.
De este modo, las plazas defensivas dejarían de estar en manos de los criados y «bienhechores» de los gobernadores y de los oficiales reales, revirtiendo una situación que por estos años no solo fue denunciada sino también perseguida desde el poder central que procuró aumentar la eficacia de los dispositivos militares de la monarquía.
56 Con esta modificación, por tanto, aunque el número de efectivos de los presidios se redujera a la mitad, la mejora cualitativa de los soldados supondría un incremento de la capacidad defensiva indiana.
Probablemente el punto menos consistente del proyecto defensivo caribeño sea el de la financiación, ya que no aportaba cifras concretas, pese a que Gaytán afirmaba que las nuevas embarcaciones se sostendrían sin necesidad de aumentar los aportes de la Real Hacienda.
El dinero necesa-rio se obtendría de la supresión de las cuestionadas galeras de Cartagena, 57 del ahorro en el traslado de los situados entre la Nueva España, las islas de Barlovento y la Florida, y de la aplicación de algunos derechos navales ya existentes.
Además, junto con el aumento de la presencia militar en el Caribe se produciría un incremento de los tratos, y con ellos del beneficio para las arcas reales.
Gaytán añadía a su programa de mejora de la seguridad del sistema de flotas y galeones la propuesta de alterar las fechas de salida hacia América y de arribo a la península.
En este caso, los motivos de estos cambios no son de naturaleza militar, sino que respondían a las condiciones climáticas, a la necesidad de reducir el coste de los galeones de la plata y a evitar el fraude, siendo esta última su prioridad.
Según el memorialista, la flota de Tierra Firme, cuya partida solía producirse en abril e incluso en marzo con el argumento de que fuera acompañada por los galeones, debía salir de Cádiz en enero.
Atribuía el retraso, que provocaba que la flota se encontrase frecuentemente con condiciones complicadas de navegación, al fraude cometido por los generales, almirantes y capitanes de los navíos de protección, que cargaban mercancías no registradas y libres de imposiciones fiscales, que luego vendían en Cartagena y Portobelo durante los pocos días que recalaban en esos puertos por la prisa de regresar a tiempo.
De este modo, los mercados se proveían rápidamente de mercancías baratas, lo que dificultaba la colocación de lo que habían acordado enviar los cargadores de Sevilla.
Gaytán atribuía al menor precio y a la primacía con la que se descargaban estas mercancías el descenso de la venta de productos remitidos por los cargadores hispalenses, que se estaba dejando sentir ya en los mercados americanos por los cambios en las economías coloniales y por el exceso de oferta.
Como resultado de esta contracción en el trato, la composición de la flota se había ido reduciendo hasta las seis embarcaciones anuales.
58 Para atenuar esta situación, la flota de Tierra Firme debía, como se ha dicho, salir en enero sin acompañamiento de los galeones, ya que en esta fecha no había riesgo de sufrir ataques y tormentas, y encontrarse con la escuadra de Indias en las islas Dominicas.
De este modo, dispondría del tiempo suficiente para asegurar mejores condiciones de venta a los cargadores sevillanos y regresar a La Habana en el mes de julio para reunirse con la 57 Gaytán, 1625a, 27.
ARRIGO AMADORI flota de la Nueva España y con los galeones para regresar a la península.
Esta última, por su parte, debía partir en mayo, en compañía de los galeones, para evitar las tormentas en el área del Caribe y estar de regreso en La Habana en julio del año siguiente, luego de haber invernado en las Indias.
La defensa del Estrecho de Gibraltar y los galeones de Indias
El carácter sistémico y transatlántico del arbitrismo de Gaytán le condujo a vincular la defensa del comercio colonial con un proyecto de gran calado destinado a controlar el Estrecho de Gibraltar -asunto debatido e intentado ya durante los reinados de Felipe II y Felipe III-y a incrementar el poderío de los galeones de la plata, que prometía «no echar en los reinos nuevos pesos, antes quitar algunos de los que hoy se pagan y minorar otros».
60 El punto de partida de esta propuesta consistía en la creencia de que la formación de una poderosa flota de cien embarcaciones que resguardase el Estrecho convertiría a Felipe IV en «el señor del mar y de sus enemigos», inclinando definitivamente la balanza del conflicto internacional de las armas hispánicas.
61 Como un producto de la curiosa síntesis entre reforma y restauración, entre innovación y tradicionalismo, que atraviesa la obra de Gaytán hay que señalar su idea de que fueran las Órdenes Militares las que se encargasen de la guarda del Estrecho.
62 Por medio de la restitución de la función original de estas organizaciones, no solo se devolvería el sentido primigenio a los hábitos y, sobre todo, a las propiedades otorgadas en su momento por los monarcas.
Además, el reino evitaría tener que afrontar las gabelas que se le pretendían imponer para la financiación de dicha armada.
En consecuencia, los presidios de Orán, Alarache y la Mámora debían ser sustituidos por conventos de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara respectivamente, que tendrían a su cargo la defensa del territorio y la gestión 59 Ibidem, 41-50.
61 «El rey que es señor de [el Estrecho] es de todo el mundo, pues está en medio y por donde trajinar y comerciar las mercaderías del norte a Levante que si los reyes de Francia, Inglaterra y las demás de septentrión y potentados de Italia y Alemania».
Sobre los proyectos y los intentos de aumentar la presencia de las armas hispánicas en el Estrecho durante el reinado de Felipe III, véase: García García, 1996, 97 y ss.
62 Para la Órdenes Militares durante el siglo XVII y su relación con el poder central véase: Postigo Castellanos, 1988 y Ruiz Rodríguez, 2001.
Gaytán tenía en su cabeza el modelo de los caballeros de San Juan, es decir, de la Orden de Malta, y sugería la adopción de una pauta de servicio que suponía un cambio radical en el sentido y la función que habían adoptado los hábitos y las encomiendas de las órdenes castellanas.
Quienes pasaran a servir en los conventos-presidios no serían caballeros sino aspirantes, ya que resultaría necesario asistir durante seis años, dos en tierra y cuatro en mar, para recibir el hábito y, naturalmente, para poder aspirar a una encomienda.
De modo que el servicio en el estrecho se convertiría en una escuela de virtud y templanza, y en el período de prueba de los futuros caballeros.
63 La armada del Estrecho debía conformarse de sesenta y cuatro navíos grandes, dieciséis pataches y doce galeras, y ponerse bajo las órdenes de un solo general que también tendría el control de los presidios.
Para asegurar la construcción y el mantenimiento de una flota tan numerosa Gaytán concibió -como se verá más adelante-un ingenioso plan de desarrollo local en Venezuela, en torno a las minas de cobre y al astillero que aspiraba a instalar en Borburata, en el que despliega toda su creatividad como autor.
De hecho, una parte fundamental de este proyecto es la que compete a las Indias, ya que los galeones que debían acudir por la plata acompañando a la flota de la Nueva España, para luego recoger a la que regresara de Tierra Firme, procederían de la armada del Estrecho.
Esta circunstancia favorecería el control del fraude realizado en los navíos militares, ya que estos últimos evitarían tocar los puertos de Sevilla, Cádiz y Sanlúcar, y además -dado que en el Estrecho había un conjunto importante de naves pertrechadas-los capitanes, pilotos y maestres seleccionados para realizar la singladura atlántica serían informados con muy pocos días de antelación.
Asimismo, la reducción de los meses de navegación a solo cuatro permitirá aplicar parte del dinero a la financiación del incremento del número de navíos armados, e incluso reducir la avería al 3 % para desincentivar el ocultamiento de plata y mercancías, y aumentar los ingresos fiscales.
En total, el proyecto contemplaba que la flota de regreso contara con doce galeones, resultado de los cuatro que irían de la península pertenecientes a la Armada del Estrecho, los otros cuatro fabricados anualmente en América y también las capitanas y almirantas de las flotas de la Nueva España y Tierra Firme.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.05 La financiación de la construcción y el mantenimiento de la escuadra, así como el de los presidios y conventos debía obtenerse de varias fuentes.
La propuesta de Gaytán consistía en la aplicación del 6 % de avería y de los excusados que la Iglesia ofrecía para la paga y el sustento de las galeras.
Sugería, además, que se destinaran bienes y haciendas de las Órdenes Militares para afrontar los gastos de los conventos y de las encomiendas, y aplicarse al pago quienes servían en la armada.
65 Los diezmos obtenidos con la promoción de la agricultura en Murcia también tendrían que destinarse a afrontar este gasto defensivo, junto con las presas de mar que consiguiera la armada.
Habría que añadir, finalmente, que el producto de la venta de las cuatro embarcaciones desechadas por las renovaciones anuales que planificaba Gaytán se aplicaría también a la construcción y armado de nuevos galeones.
Desarrollo local, fiscalidad y defensa: entre Murcia y Venezuela
Uno de los aspectos más peculiares del arbitrismo de Gaytán radica en la envergadura de algunos de sus proyectos, que se desmarcan de las soluciones coyunturales para llegar a proponer complejos planes de desarrollo regional, encaminados a revertir la decadencia de la monarquía, asegurar la posesión territorial por parte de la Corona, mejorar la defensa, incrementar la población, disminuir las cargas fiscales y las gabelas, y aumentar los ingresos de la Real Hacienda.
De hecho, aquí se manifiesta claramente la complementariedad con la que Gaytán concebía la relación entre las distintas regiones de la monarquía.
Claro que la perspectiva desde la que elabora sus arbitrios es la de la metáfora organicista, enfatizando la necesidad de encontrar un equilibrio, siempre complicado en la práctica aunque perfectamente plausible según sus memoriales, entre unos ingresos fiscales capaces de sustentar la política exterior de poder de la corona y el desempeño de los reinos.
En concreto, el autor adopta una racionalidad «desarrollista», al decir de José Javier Ruiz Ibáñez, que procuraba que la acción de la corona en el ordenamiento económico interno se tradujera también en su propio beneficio.66
El regadío de Murcia, Lorca y Cartagena
En la península, esta búsqueda de una base fiscal más estable y de unas fuentes de riqueza más sólidas que las del oscilante comercio colonial que Gaytán tenía en mente, se centraron en el reino de Murcia que, a raíz de la expulsión de los moriscos, vio afectados algunos sectores de su economía y sufrió un apreciable declive demográfico.
67 En concreto, el arbitrista presentó un plan de desarrollo regional consistente en la realización de obras hidráulicas que permitieran el riego de los campos de Murcia, Lorca y Cartagena.
Para ser precisos, hay que puntualizar que este arbitrio no era de su autoría, sino que es muy probable que durante su estancia en la corte hubiera tenido conocimiento del memorial que presentó el capitán Pedro Agustín de Abarca a la cámara de Castilla, con el que su propuesta tenía muchos -demasiados-puntos en común.
68 La construcción de obras de regadío en esta región ya había sido objeto de sólidos planteamientos desde tiempos de Felipe II, que incluso en 1587 llegaron a cuajar en un intento fallido de ejecutarlas.
Ya en el siglo XVII, a finales de la década de 1610, las reclamaciones de las ciudades fueron articuladas en el citado memorial de Abarca, que nuevamente se saldó con otra comisión, esta vez a cargo del licenciado Gregorio López Madera, que no consiguió su cometido por la oposición de las oligarquías locales y por la falta de acuerdo entre las diversas instancias institucionales implicadas.
69 Pese a las dificultades, Gaytán consideraba que la obra hidráulica era perfectamente factible y con un coste de 400.000 ducados -que debía afrontar la Corona, discrepando en este punto con Abarca, que hacía recaer el gasto en los lugares beneficiados por el regadío-, hasta el punto de permitir el riego de un millón de fanegas de tierra que debían destinarse, fundamentalmente, a la producción de trigo y cáñamo para las jarcias de las embarcaciones.
A raíz de la falta de labradores, las labores agrícolas se realizarían con el apoyo de mano de obra esclava que los productores comprasen a los mercaderes lusos en Lisboa.
Como resultado, el incremento de la superficie cultivable no solo propiciaría la riqueza del reino de Murcia, sino que además generaría unos ingresos estimados en 2 millones de ducados anuales, cuya cuarta parte se destinaría a la financiación de la armada del 67 Sobre la situación del reino de Murcia en este período, véase: Chacón Jiménez, 1980.
69 Sobre los sucesivos proyectos para la construcción de canales de irrigación y especialmente para las alternativas generadas por el memorial del capitán Abarca, véase: Idem.
Con la restricción de la importación de trigo y cáñamo, la corona establecería las condiciones para que permaneciese «entre nosotros la riqueza que al paso que se aumentare y retuviere el oro y plata en España se disminuye el trato y comercio con los extranjeros y será causa para desavecindarse muchas personas de otros reinos y venir a vivir y poblar los de Castilla, mayormente si el Estrecho de Gibraltar está con la guarda y defensa que he dicho pues los frutos de los campos que voy tratando tendrán facilidad y seguridad para conducir a Portugal y Andalucía».
Asimismo, la corona debía intervenir prohibiendo el cultivo de ciertos productos, como las viñas, para asegurar el efecto multiplicador de la dependencia entre las regiones, ya que lo importante para los reinos es tener dentro de si todo lo necesario y las provincias de que se componen los reinos sean abundantes de un género necesario y necesiten de otro para que los mercaderes y personas que las comercian los carros, recuas y navíos con que trajinan los frutos y mercaderías de unos a otros, anden siempre cargados y tengan fletes y retornos donde quiera que fuera para que los fletes y portes sean más baratos y abaje el precio de las mercaderías, pues en el que tienen y da el último consumidor de ellas es mediante lo que cuestan de labrador y obrador y de allí van creciendo en precio conforme los derechos y costas que se van cargando en ellas de fletes y de acarreos y en esto consiste el aumento del comercio, reinos y provincias y de la Real Hacienda pues en las ventas y reventas, pasos y entradas de puertos están situados los derechos reales.
El desarrollo del norte de Venezuela
El segundo gran proyecto de desarrollo local de Gaytán se ubica en un amplio espacio circundante al puerto de Borburata, ubicado en la costa norte de la actual Venezuela.
Este plan tenía su base en las minas de cobre de la serranía de Cocorote, aunque apuntaba al desenvolvimiento de diversas industrias de la zona, y poseía el atractivo de responder a varias necesidades del monarca por medio de la concatenación de proyectos particulares muy propia del arbitrismo.
Gaytán procuraba no solo satisfacer la demanda de cobre que había en la península, tanto para la acuñación de moneda como para la fábrica de artillería, 71 sino también los requerimientos defen-70 Gaytán, 1625a, 138.
71 Véanse los decretos de Felipe IV al Consejo de Indias para que se envíe con toda rapidez parte del cobre producido en Cuba, Chile y «a donde hubiere noticias que le hay».
Asimismo, buscaba el fomento del espacio local y el incremento de los ingresos fiscales.
Según sus propias palabras, «dichas minas son bastantes para lo que se pretende, y hay todo lo que la imaginación pueda desear para el manejo y beneficio de tan gran riqueza, y todas las cosas tan en su lugar, que admira, dándose la mano las unas con las otras, no sólo para este intento sino para otros del aumento de la Real Hacienda, fortificación y defensa de estos Reinos de Castilla e Indias [y] haciéndose las fundaciones y labores de dichas minas, se facilitan y acomodan las demás».
72 Principalmente debía asegurarse el establecimiento en torno a las minas de Cocorote de seis hornos, cinco ingenios y todo lo necesario para mantener en funcionamiento unos yacimientos capaces de producir cien quintales de cobre diario, lo suficiente para «lo que estos Reinos de Castilla pueden gastar y consumir en labor de moneda, fundición de artillería y gasto ordinario».
73 El memorial de Gaytán ofrece una minuciosa enumeración de la cantidad y cualidades de las cuatrocientas sesenta personas que debían encargarse de la fábrica, desde el gobernador y su teniente, pasando por el alcalde y el capellán mayor, hasta la mano de obra indígena y esclava.
74 Toda esta gente se asentaría junto a las minas «en forma de ciudad», contando con justicia y cabildo que los gobernase.
Para su aprovisionamiento, el arbitrista proponía la siembra de maíz en torno a la ciudad, el establecimiento de una hacienda dedicada a la cría de ganado vacuno en la provincia de Nirgua, donde debía establecerse el segundo asentamiento de los tres propuestos por Gaytán, y la obtención de pescado y sal en Tucacas.
75 Junto con la producción de cobre, la ocupación del territorio cercano a las minas ofrecía el atractivo de permitir el aprovechamiento de varios yacimientos de oro que no estaban productivos por la amenaza de los indígenas, que de esta manera recibirían el beneficio de la evangelización, y por la falta de mano de obra que se subsanaría con la importación de esclavos.
Con todo, el valor de este asentamiento minero para la Real Hacienda, incluidos los fletes de los materiales importados de Europa y los esclavos de Lisboa o Cabo Verde, sería de 130.000 ducados.
ARRIGO AMADORI Luego, Gaytán concebía el establecimiento de un tercer asentamiento en el puerto de Borburata, junto a Puerto Cabello, que debía funcionar como astillero y como vía de comunicación de la región con el exterior.
El enclave, situado en un lugar privilegiado que lo convertía en un puerto excelente, debía cercarse para cobijar con seguridad los almacenes de cobre y la fábrica de navíos.
De hecho, el metal producido en Cocorote debía trasladarse hasta Borburata por el río Aroa y luego por una acequia que bordeara el Golfo Triste, evitando así una navegación riesgosa por el Caribe.
78 El metal se almacenaría en aquel puerto, donde aguardaría a la flota que lo recogería para llevarlo a la península.
En Borburata se producirían cuatro galeones de quinientas toneladas con toda su artillería por año -cien piezas en total-, para proveer de nuevas embarcaciones a la armada del Estrecho.
Gaytán calculaba el valor de cada embarcación artillada en 14.204 ducados, mientras que estimaba que la venta en América de los navíos desechados por la armada sería de entre dieciocho y veinte mil, con lo cual prácticamente se saldaría la operación sin ningún gasto para la Real Hacienda.
79 El aprovisionamiento del astillero también dependía de un arbitrio original, puesto que el memorialista proponía que cada año cuatro embarcaciones de la armada realizaran el viaje hacia Venezuela, llevando los pertrechos necesarios que no se dispusieran en Indias, junto con los marineros, los soldados y la oficialidad para ocho naves.
De este modo, los cuatro galeones que se fabricasen a lo largo del año dispondrían de una tripulación y podrían acompañar a los cuatro remitidos desde España, aprovechando su viaje de ida hacia América para llevar a Borburata los elementos con los que se armarían los buques del año siguiente.
Las ocho naves resultantes incrementarían su poderío defensivo con las almirantas y las capitanas de las flotas con que se reunirían en Cuba, alcanzando una capacidad defensiva considerable.
80 La elección de este sitio para establecer la fábrica está relacionada con la mayor calidad de los barcos confeccionados en América en virtud de las maderas utilizadas, el menor valor de construcción a raíz de la naturaleza de su plan, y la disponibilidad de recursos: maderas nobles, cobre y, en el futuro, cuando el asentamiento de Nirgua prosperase, posiblemente jarcia y 78 Ibidem, 3v-4r.
Sobre las cualidades de los navíos americanos, Serrano Mangas, 1989, 41 y ss.
80 Las dificultades para disponer de la protección necesaria para la Carrera de Indias pueden verse en: Serrano Mangas, 1989, 49 y ss.
La mano de obra procedería de los esclavos enviados expresamente y de las comunidades que se establecerían en el entorno.
Estas últimas serían las encargadas de construir el castillo para almacenar el cobre y también la acequia desde el río Aroa hasta Borburata.
El desarrollo de este puerto serviría, además, para alcanzar una solución al sistema de comercialización del tabaco, ya que debería albergar una feria a la que acudiesen los productores de toda la región y luego asegurar su embarcación a la península.
81 Asimismo, en Borburata se establecería la fundición de las piezas de artillería para armar las doce embarcaciones, ya que no solo se dispondría de todo lo necesario -a excepción de estaño, hierro y acero-sino que también resultaría menos costoso que en Sevilla.
El problema de la fuga de la plata Una cuestión esencial dentro del planteamiento mercantilista de Gaytán es el de la moneda.
Hemos visto ya su intención de incrementar la producción de las minas americanas mediante la reducción de los quintos mineros.
Asimismo, confiaba en asegurar la intervención de la corona, que debía aprovechar el acceso a las fuentes de esclavos que brindaba la unión de las coronas y comprar dos mil piezas para entregarlas fiadas a los mineros.
De este modo buscaba atenuar el impacto del declive demográfico indígena, al cual adjudicaba el descenso de la fiscalidad minera.
Los esclavos, que tendrían que dirigirse tanto a la Nueva España como al Perú, podrían abonarse por los productores en dos años, que el memorialista consideraba suficientes para que el minero obtuviera más de lo que habían costado.
83 Pero su principal aporte a la cuestión monetaria se produjo en el marco de los debates generados por la famosa propuesta del capitán Tomás de Cardona.
Se trató de un arbitrio que generó una gran controversia en el contexto reformista experimentado entre finales del valimiento de Lerma e inicios de la primacía de Olivares.
84 Cardona, vinculado a los cargadores del consulado de Sevilla, había propuesto que del marco de plata enviado de las Indias, valorado en 65 reales, se acuñasen 84 reales de 34 maravedíes, 81 Gaytán, 1621, 20r y ss.
84 Sobre el debate generado en torno a la modificación del valor de la plata, véase: García Guerra, 2003, cap. IV.
La propuesta del capitán Cardona en Vilar Berrogain, 1978.
Es decir, una subida del marco de 19 reales como asegura Gaytán -una devaluación en realidad-, que pasaba a tener menos peso.
85 Según Cardona, esta medida ofrecería a la Real Hacienda y a los vasallos del reino unas ganancias de seis millones de ducados anuales.
86 Para Gaytán, en cambio, la subida de diez maravedíes por real resultaba excesiva y perjudicaría a los poseedores de moneda de vellón.
Su propuesta pasaba por cercenar seis maravedíes por real, para luego convertir nuevamente los 28 maravedíes restantes en 34.
De este modo, con la disminución del 22,5 %, no se perjudicaría a la moneda de cobre y, por lo tanto, tampoco tendría necesidad el monarca de satisfacer a los vasallos, aumentándose así el beneficio que podría obtener del arbitrio.
En suma, el real modificado alcanzaría su justo valor y el que se le debe dar para que sean corrientes los tratos, y valiendo treinta y cuatro [...] cesan estos inconvenientes y resulta un bien universal a V.M. y a esos reinos, que por la mucha plata que en ellos hay será bastante la cercenadura de la moneda que hoy está acuñada para desempeñar a V. Majestad, y dejar estos reinos para lo futuro con alimento, y menos gabelas de las que hoy tienen, y se impedirán todas las cautelas y medios que los extranjeros tienen para sacar la plata.
87 Es decir, que la cercenadura del real impediría la saca de plata de Castilla, dando lugar a que los mercaderes extranjeros empleasen sus ganancias en productos de la tierra que no solo beneficiarían al reino, sino que además incrementarían los ingresos fiscales.
Incluso, para preservar la plata dentro del reino Gaytán llegó a plantear el supuesto de que los enemigos de la monarquía también alterasen su valor.
En ese caso, recomendaba que todo lo que procediere de las mercaderías, que en estos reinos los extranjeros entraren, den fianza en las aduanas antes de sacarlas, que dentro de seis meses, la cantidad que montare lo procedido de sus mercancías, conforme al afuero del vista, emplearán en otras de estos reinos, y sacarán de ellos, y con esto se obviará de todo punto la codicia que tienen por sacar plata.
88 Su programa recogía la intención de reducir los gastos provocados por el uso de asentistas para financiar la maquinaria militar de la monarquía.
En su lugar, Gaytán proponía enviar el dinero en las armadas reales para ahorrar los intereses.
89 Con los ingresos obtenidos de esta reforma, debería procederse al desempeño de la Real Hacienda mediante el pago de las deudas, sobre todo de aquellas contraídas en forma de juros, con lo cual se conseguiría propiciar la riqueza de los vasallos, quienes aplicarían sus bienes a labores productivas o mercantiles que aumentarían los tratos y con ellos las alcabalas y los almojarifazgos.
Todo esto en el marco de un proteccionismo que impidiese el ingreso en la corona de Castilla de frutos, géneros e incluso de manufacturas elaboradas en Francia, Inglaterra y Flandes.
Incluso, «de tratar y navegar los vecinos de estos reinos, y valerse y sustentar de estos modos y ganancias se vienen a quitar a los extranjeros, que tan poderosos están de navíos, marineros, y dineros, y de otras muchas dependencias, que esto trae, pues de un bien se siguen otros muchos, y lo mismo por lo contrario».
90 Entre esos «muchos» bienes se encontraba la promoción de la industria naval.
91 Su intento de preservar la plata dentro del mundo hispánico se expresó también en un arbitrio que recomendaba la prohibición del comercio de México con Filipinas, y su sustitución por un periplo mercantil que partiera desde la península.
De este modo no solo se evitaría «una de las mayores sangrías que tiene la plata de la Nueva España», sino que también se mantendría un contacto más fluido con aquella parte del imperio, lo que a su vez permitiría responder mejor a cualquier ataque enemigo y convertirlo en un destino de servicio más atractivo.
92 Esta medida se complementaba con otras destinadas a hacer aflorar los metales descaminados que se dirigían fuera del reino, a asegurar el cobro de los derechos correspondientes y, sobre todo, a reforzar la efectividad de la reducción del valor del real.
Así, Gaytán reclamaba la prohibición en las Indias de tratar y contratar con barras de oro y plata, sino solo en metal acuñado, y que los metales se ensayasen inmediatamente, para lo cual sugería agilizar el sistema de amonedamiento.
La preocupación por la fuga de plata hacia el Extremo Oriente es una cuestión que aparece con asiduidad en el arbitrismo cortesano de finales de la década de 1610 y principios de la de 1620.
A modo de conclusión: un proyecto mercantilista de plasmación transatlántica
A diferencia del desencanto que, por diversos motivos, en ciertos sectores de la sociedad castellana estaba comenzando a despertar la posesión de los reinos americanos, Gaytán estaba plenamente convencido de que las Indias seguían siendo uno de los baluartes de la monarquía, sin el cual resultaría prácticamente imposible revertir la situación de la Real Hacienda y restituir el poder del monarca.
Pero frente a la voracidad fiscal y a las imposiciones sobre las arcas reales que se acentuaron a partir de mediados de la década de 1620 por los compromisos militares y políticos de una estrategia dinástica de poder, Gaytán vislumbraba el largo plazo.
En lugar de preferir el tiempo político y coyuntural del valido, que a su pesar se vio obligado a multiplicar las cargas de los reinos de cara a obtener una victoria sobre sus enemigos que permitiera poner en ejecución un proyecto reformista, el arbitrista vislumbró un futuro menos inmediato en el que procuró restaurar tanto el poder de Felipe IV como la riqueza del reino, sus dos grandes objetivos imposibles de disociar.
Aunque parecería condensar la voz del espacio local y de una vuelta al equilibrio anterior al incremento fiscal, especialmente en lo que respecta a la supresión de las contribuciones excepcionales, los servicios y los millones, lo cierto es que concibió una relación armónica en la que la riqueza de los súbditos se convirtiera en la plataforma del poder del monarca y la acción de este en el elemento esencial del desarrollo de aquellos.
Los plantes de Gaytán referidos a Murcia y Venezuela, así como su propuesta para la modificación del valor de la moneda, apuntaban a favorecer la regeneración del reino según un concepto de riqueza que descansaba en el incremento de la población y en la producción de frutos y manufacturas, metas que perseguían el objetivo de detener el flujo de la plata americana hacia el extranjero.
Según concluía de manera muy gráfica, de adoptarse las reformas propuestas se despoblarán todos los reinos extraños y se repoblarán los de España, pues el temple y fertilidad de sus campos y abundancia de plata y oro asegura su población y aumento [porque] la riqueza y aumento de los reinos consiste en mucha población, vecindad y agricultura, de que se fomenta el trato y comercio y manufactura de lo mecánico y en todo en España por la capacidad que tiene se verá conseguida la proposición [...] pues con el ejemplo claro vemos que por el comercio y manufacturas se ven muy poderosas muchas ciudades y muy ricas provincias que no tienen el sue-ARRIGO AMADORI Anu. estud. am., 71, 1, enero-junio, 2014, 107-143.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.05 lo, temple y géneros de España con solo conducir estos reinos a estas provincias y ciudades los frutos de España, con obrarlos en ellas con muy poderosos sin tener donde consumirlos sino volviéndolos a España obrados y utilizados en sus especies con las cuales comen y se sustentan y nos llevan el dinero y pues en estos reinos tenemos los mejores géneros del mundo y quitados los muchos pechos y gabelas que se pagan y las calumnias que por cobrarlos hacen a los vecinos, vendrán a España a millares cada día oficiales con muy poca diligencia que se haga en estos reinos con ofertas y concesiones de algunas preminencias a los oficiales que vinieren a obrar los géneros de este reino se sacan y se venderán muy baratos los tejidos que se obraren para lo cual SM debe mandar prohibir la entrada de las mercaderías que vienen obradas.
94 La visión que ofrecía del mundo hispánico en clave sistémica estaba informada por un pensamiento mercantilista con el que buscaba propiciar la interdependencia entre las distintas regiones de la monarquía, para de este modo establecer sólidas fuentes de riqueza mediante la disposición de las condiciones necesarias para el desarrollo de la industria, la preservación de los mercados internos de las manufacturas importadas, el incremento de los intercambios y, finalmente, la generación de importantes ingresos fiscales que permitieran financiar una política exterior de poder, incluyendo un sistema defensivo acorde a los desafíos extranjeros.
Mediante la acción conjunta del príncipe, de los vasallos y de la administración reformada que el arbitrismo posibilista de Gaytán procuraba encauzar, aún sería posible revertir la decadencia del cuerpo político y volver a recuperar la supremacía que sus enemigos le estaban disputando.
De este modo, sus arbitrios traducen una perspectiva optimista respecto del futuro -dependiente de que se adoptaran las decisiones correctas-que se apoyaba en una lectura providencialista -pero no mecanicista-que reconocía que la intervención divina había dispuesto unas condiciones muy propicias para el desenvolvimiento de la monarquía, cuyo aprovechamiento dependía del príncipe, del valido y de sus vasallos.
La mayor parte de las ideas de Gaytán están lejos de ser una creación, sino que retoman tópicos centrales del pensamiento arbitrista e incluso del reformismo desarrollado en el ámbito de la administración.
Podríamos referirnos, por ejemplo, al memorial que Pedro Hurtado de Alcocer dirigió a Felipe IV en 1621, a los planes de Abarca, a las propuestas del consejo de Jerez, a las ideas y arbitrios manejados en la Junta de Reformación y en el Consejo de Castilla, a la Restauración política de Moncada y a la Conservación de Monarquías de Fernández de Navarrete, a los Artículos de 94 Gaytán, 1625a, 159-160.
REMEDIOS PARA UN CUERPO POLÍTICO QUE DECLINA reformación o, incluso, al propio régimen de Olivares, cuyo planteamiento también era de carácter mercantilista -como lo atestiguan los Capítulos de reformación de 1623-y contenía varias de las opciones sugeridas por Gaytán que, al menos en los primeros años, se intentaron ejecutar.
95 Sin embargo, la originalidad del principal aporte de este autor jerezano y el valor de su obra radican, además de en sus propuestas para el desarrollo de Venezuela, en su habilidad para sintetizar ideas que formaban parte de un campo intelectual muy rico y conjugarlas con su experiencia colonial para dar lugar a un arbitrismo concebido, precisamente, a escala del mundo hispánico en el que se contemplaba, incluso, la función del Extremo Oriente.
De este modo, sus memoriales nos permiten apreciar la construcción intelectual de la monarquía policéntrica desde la óptica de unos arbitrios en los que los virreinatos americanos se relacionaban de forma espontánea con el mundo europeo, reproduciendo -no conviene olvidarlo-las percepciones contemporáneas acerca de las dificultades y de las soluciones para los disfuncionamientos de la extensa monarquía de los Austrias.
Abellán, José Luis: Historia crítica del pensamiento español, tomo 3, Madrid, Espasa Calpe, 1981.
Amadori, Arrigo: «Que se dé diferente modo al gobierno de las Indias, que se van perdiendo muy a prisa.
Amadori, Arrigo: Negociando la obediencia.
Gestión y reforma de los virreinatos americanos en tiempos del conde-duque de Olivares, Madrid, CSIC, EEHA, Junta de Andalucía, 2013.
Burgos Esteban, Francisco Marcos: «Dificultades en la práctica de gobernar. |
A finales de diciembre de 1640, los consejeros de Estado de Felipe IV se reunieron en Madrid para discutir las medidas a seguir para proteger a las Indias Occidentales.
Con la secesión de los vasallos lusos y la aclamación del duque de Braganza como Juan IV a principios de ese mes, el rey católico y sus ministros más cercanos quedaron temerosos ante la posibilidad de que el ejemplo de la «rebelión» de Portugal se propagara por las posesiones americanas de la monarquía hispánica, en especial a través de la ciudad de Buenos Aires.
En aquel momento, los consejeros del cuarto Felipe compartían la opinión de que era esencial defender aquel puerto, fundamentalmente por su vecindad geográfica con la América portuguesa.
En este sentido, entendían que el reconocimiento de Juan IV por los vasallos de Brasil ponía en riesgo la autoridad de Felipe IV en las posesiones vecinas.1 A pesar del mantenimiento de la fidelidad de los súbditos del monarca español en la región del Plata, los vasallos del Brasil reconocieron el nuevo gobierno del duque de Braganza con poca resistencia.
De hecho, el rey portugués fue aclamado en distintas regiones de la América lusa, lo que restauró la antigua división entre las posesiones ultramarinas de Portugal y Castilla.
2 Felipe IV, sin embargo, pareció rechazar de plano la pérdida de los territorios americanos que reconocieron a los «rebeldes».
En abril de 1641 escribió al obispo de Brasil y a los representantes de la ciudad de Salvador de Bahía, en un último intento por impedir que los «desordens e extorções» de los «sediciosos» de Portugal llegasen a las posesiones de origen luso y se extendiesen por las Indias Occidentales.
Sin atender a los clamores por la conservación de la «fidelidad» de los vasallos, el Estado do Brasil escapó finalmente de la autoridad de los Austrias.
3 En suma, en aquel atribulado año de 1640 la reputación de la monarquía hispánica resultó severamente afectada por la pérdida de la América portuguesa.
En este caso, la derrota impuesta al cuarto Felipe y a su valido, el conde-duque de Olivares, no había sido provocada por la acción de sus rivales ingleses y holandeses, que le disputaban la hegemonía de los mares.
Más bien, resultó una consecuencia directa de las rebeliones experimentadas dentro del propio mundo ibérico, cuando el monarca español y su principal ministro constataron la respuesta colectiva dada por los reinos agregados al nuevo modus operandi que intentaron imponer.
4 Ahora bien, si la pérdida del Estado do Brasil fue provocada por las decisiones políticas de Felipe IV y de Olivares, resulta interesante formular los siguientes interrogantes: ¿qué consejos recibieron de sus vasallos para la conservación de aquel territorio?, ¿cuál fue el papel de los arbitristas que remitieron sus informes a los monarcas españoles y a sus privados para la conservación de la América lusa?
Este artículo reflexiona sobre la cuestión del arbitrismo referido a la América portuguesa, en el período comprendido entre los últimos años del reinado de Felipe II hasta la secesión de 1640.
En la primera parte del texto se examina el origen y la difusión del concepto arbitrismo, así como también las imágenes que sobre los arbitristas circulaban en Portugal.
En la segunda parte se estudia el nacimiento de una reflexión arbitrista respecto de los problemas de las conquistas portuguesas, que se desarrolló con el ejemplo de las Indias Orientales y se discute un importante repertorio de arbitrios sobre la América lusa correspondientes al período señalado.
No obstante la importancia de los trabajos sobre el fenómeno arbitrista en Portugal, el estudio del arbitrismo americano de origen luso todavía no ha alcanzado el mismo interés historiográfico.
5 Para comprender este tema en toda su complejidad resulta necesario conocer el papel de los arbitrios en la cultura política portuguesa del siglo XVII, señalando sus similitudes y sus diferencias respecto del caso español.
En la historiografía sobre el Brasil algunos autores discutieron indirectamente textos arbitristas, como por ejemplo: Cabral de Mello, 2007.
El origen del «alvitrismo» y su significado en la Corona portuguesa
A principios del siglo XVII, las palabras arbitrio, alvitre y alvítrio eran usadas en la lengua portuguesa en contextos distintos.
En primer lugar, un alvitre podía referirse a un consejo para la resolución de algún asunto;6 también podía ser una merced concedida por los monarcas para la explotación de un género monopolizado, como por ejemplo el alvitre de la pimienta.
7 Finalmente designaba a un proyecto para la solución de un negocio específico de un reino o un imperio.
En ese último caso, el alvitre era entendido en su materialidad, es decir, como un texto de exposición de ideas para el tratamiento de algún problema concreto del gobierno de la monarquía y de sus conquistas.8 En Portugal, los que presentaban este tipo específico de recomendaciones eran conocidos como arbitristas, alvitristas, Alvitreiros, Alvitrador o Arbitrador.
9 Aunque está claramente constatado el uso del concepto en la primera mitad del siglo XVII, resulta complicado delimitar el momento de su difusión en la lengua portuguesa.
Otras dificultades consisten en determinar la fecha en la que aparecieron los primeros alvitres, o el momento en el que nació el alvitrismo como un «género» del discurso político.
No obstante, es posible reflexionar sobre los cambios que contribuyeron a la afirmación del arbitrismo como una nueva forma de literatura política usada para la resolución de los problemas concretos de la monarquía portuguesa y de sus espacios ultramarinos.
El arbitrismo luso parece haber tenido su origen en los años anteriores a la incorporación de Portugal a los dominios de la monarquía hispánica, siendo contemporáneo a su surgimiento en otras monarquías europeas.
Una de las posibles influencias para ese género de advertencias eran los pareceres y los memoriales que, desde el final de la Edad Media hasta la primera mitad del siglo XVI, los monarcas lusos solicitaban a sus privados.
Estos papeles podían ser debatidos en el consejo regio o responderse personalmente por el rey a su autor.
10 Por ejemplo, en la década de 1530 el rey Juan III solicitó opinión a sus ministros para obtener distintos pareceres acerca de la política que debía seguirse en el Norte de África.
Cerca de cuatro años después, el monarca recibió otras propuestas respecto de la conservación o la entrega de las ciudades de Safin y Azamor a los moros, que incidieron directamente en sus decisiones.
11 A lo largo de la Edad Moderna, tales recomendaciones permanecieron como una práctica para la tramitación de los consejos, conviviendo con los arbitrios remitidos por desconocidos al monarca y a sus ministros.
Pese a las similitudes entre el estilo predominante en los pareceres de los consejeros de los primeros años del siglo XVI y los alvitres de la segunda mitad, lo cierto es que estos últimos parecen haber sido el resultado de un proceso histórico más amplio.
El surgimiento de los arbitristas en Portugal señaló la ampliación del espacio de participación política.
En este período, la práctica de enviar consejos, memoriales y advertencias al monarca dejó de ser un privilegio de los consejeros y teólogos que componían el entourage del príncipe, difundiéndose por todo el reino y el imperio.
12 En este sentido, los arbitristas expusieron sus propias ideas y sus opiniones sin orden de los soberanos o de sus privados.
13 La ampliación del derecho a opinar en las materias políticas del reino y de las posesiones ultramarinas, propia del surgimiento del arbitrismo, tuvo como punto de partida la consolidación de una concepción más abstracta de la idea de gobierno, cuando además de asociarse al poder político la persona carismática del príncipe también lo hicieron los conceptos de Estado e Imperio.
14 En Portugal, esta nueva percepción también fue legitimada por las instituciones, con la creación de un Consejo de Estado y con la emergencia de la figura del secretario de Estado para el tratamiento de los asuntos del «gobierno político».
Ibidem, n.o 7, Parecer de Fernão Vaz de Sampaio para D. João III sobre a entrega de Safim e Azamor, 15 de noviembre 1534.
Ibidem, n.o 8, Parecer do Visconde para D. João III a respeito da entrega de Safim e Azamor, 5 de noviembre de 1534.
Acerca de la discusión sobre las posesiones portuguesas en el Norte de África: Cruz, 1997.
Además de los cambios conceptuales que permitieron la emergencia del arbitrismo, el fenómeno aumentó por causa de los nuevos debates sobre las razones de Estado, por los planteamientos de autores como Maquiavelo o Bodino, y por la difusión de Tácito.
16 Los arbitristas portugueses, y en general los arbitristas ibéricos, parecen haber abrazado dos presupuestos teóricos propagados por el autor florentino y por el historiador romano.
En primer lugar, también rechazaban la concepción idealizada del gobierno difundida por los teóricos de los «espejos de príncipes» medievales y renacentistas, manifestando su ambición de decir las cosas como «ellas eran».17 Otro ejemplo de la influencia de dichos autores en la producción de los arbitristas que escribieron en el contexto luso fue el uso corriente del concepto «conservación» en los debates acerca de la preservación de las conquistas, popularizado, sobre todo, con la difusión de la obra de Botero a finales del siglo XVI.
Como sabemos, el autor italiano había sido un pionero en reflexionar sobre la razón de Estado en torno a la idea de la conservación de los territorios, convirtiéndose en una de las más importantes fuentes de inspiración para los arbitristas ibéricos.
18 En el contexto de la corona portuguesa, los primeros arbitrios en el sentido «moderno» de la palabra surgieron en la misma época en la que se creó el Consejo de Estado, entre los que se encontraban las «advertencias» al rey D. Sebastião acerca de la reforma de los sínodos de 1563, los pareceres para la institucionalización del monopolio del comercio del pan, o un memorial sobre la reducción de los gastos del reino para el crecimiento de la hacienda real.
La difusión del arbitrismo y la imagen de los arbitristas en el Portugal de los Austrias
La concepción del arbitrismo como un instrumento de gobierno ya estaba consolidada en Portugal en el reinado de Felipe II.
Por ejemplo, en una instrucción sobre la navegación en la carrera de la India, el monarca concedió autonomía al conde almirante para remunerar a los autores que presentasen sus propuestas para el aumento de la hacienda real.
20 Más tarde, en una carta al virrey de Portugal, el marqués de Alemquer, Felipe IV le comunicó el envío de unos «apontamentos» sobre el arbitrio del conde de la Vidigueira.
21 Otro testimonio de la difusión del arbitrismo en el Portugal de los Austrias fue presentado por un anónimo luso.
En un papel sobre la conversión de los pueblos de Guinea, el autor aludía a los «tantos alvitres» que habían sido presentados al soberano en la década de 1620, sobre todo para el incremento de la real hacienda.
22 Los alvitristas lusos tenían diversos orígenes sociales y políticos, ya que entre ellos se encontraban oficiales regios, sacerdotes, militares y autoridades locales.
Dentro de este grupo, algunos autores fundamentaron sus argumentos en las informaciones recibidas en la península, mientras que otros habían vivido en Brasil y registraron sus experiencias personales en los textos.
23 A pesar de su difusión como herramientas de gobierno, los arbitristas no gozaron de buena fama en Portugal.
24 A principios del siglo XVII, un arbitrista criticó a quienes, como él mismo, remitían papeles al monarca, asegurando que «también los ministros que dan alvitres se deben haber por perjudiciales en la república, sin que los admitan en los oficios».
25 Del mismo modo, en sus Cortes políticas de Apolo, el portugués Agostinho Manuel de Vasconcelos retrató a los alvitreiros como a la gente «mais perniciosa da república».
26 En la opinión de Vasconcelos, los arbitristas eran los principales responsables de una política poco provechosa para los súbditos en lo relativo a la imposición de tributos, puesto que «não havendo forças, ou razão, que se opuzesse a eles, sendo causados de alvitres de súbditos tão mal intensionados, que procuravam viver da afflicção pública, tirando seus augmentos particulares das calamidades e ruínas dos povos».
27 Otro ejemplo de la imagen negativa sobre los arbitristas en el Portugal de los Austrias fueron las palabras del portugués Duarte Gomes Solís, que en el prólogo de sus Discursos no escondió su opinión sobre aquellos que enviaban pareceres a la corte madrileña y sus intenciones al proponer remedios para los problemas de la monarquía hispánica: «los arbitristas son tantos en esta corte, que tanto crédito se da a los que tratan las cosas con fundamento, como sin él, si bien la mayor parte de ellos proponen sus arbitrios con su particular interés».
28 Como podemos ver, la práctica de remitir arbitrios al soberano ya estaba consolidada en el Portugal de los Austrias.
Los arbitristas lusos y los que escribieron en un contexto del mundo portugués presentaban con asiduidad a los Felipes lo que creían que eran los remedios para los problemas del reino, del imperio y de la monarquía católica.
Los alvitres sobre las Indias Orientales y la América portuguesa fueron discutidos en diferentes instituciones, pudiendo pasar o no por los canales tradicionales de decisión política.
Con la incorporación lusa a los dominios de la monarquía hispánica y la creación del Consejo de Portugal como principal entidad encargada de los asuntos del reino, las cortes y el Consejo de Estado portugués vieron su papel político reducido.
29 Los arbitrios generados en Portugal podían ser valorados en el Consejo de Estado luso para una posterior apreciación en el Consejo de Portugal o en el Consejo de Estado de Castilla.
Además, las propuestas también podían ser discutidas en las juntas de gobierno creadas para la resolución del asunto en cuestión, práctica considerada como una subversión de los canales ordinarios de gobierno y discusión política de las monarquías corporativas ibéricas.
30 De un modo distinto, los arbitrios podían remitirse al gobernador general de Brasil, para que luego fuesen enviados a Portugal o directamente a Madrid.
Como se deduce de lo dicho hasta aquí, una de las regiones más prometedoras del imperio portugués, el Estado do Brasil, también fue objeto de innumerables arbitrios sobre los problemas que amenazaban su conservación.
Sin embargo, a pesar de este manifiesto interés de los arbitristas, el Brasil no fue el centro de las preocupaciones de los que reflexionaron sobre los problemas de las conquistas atlánticas hasta la primera mitad de la década de 1620.
En concreto, la producción de arbitrios sobre la América lusa fue influenciada por coyunturas y situaciones de emergencia, como las invasiones holandesas del noroeste brasileño o, de un modo más amplio, por la llamada «virada atlántica».
A partir de la pérdida de las expectativas de recuperación del Estado da Índia, la reflexión se fue focalizando gradualmente en la conservación del Brasil.
31 De ahí que la comprensión del pensamiento de quienes escribieron sobre las posesiones americanas debe tener en cuenta la importancia de aquel estado y la preocupación por su conservación.
Hasta ahora, la historiografía sobre el pensamiento de los arbitristas en Brasil no ha prestado la suficiente atención a esta relación.
En el presente trabajo reflexionamos brevemente sobre la cronología de la «virada arbitrista», cuando los numerosos pareceres sobre la recuperación de las Indias Orientales pasaron a coexistir con un creciente número de propuestas para el mantenimiento de Brasil.
Arbitrios en el imperio portugués: de las Indias Orientales al Estado do Brasil
En 1582, un anónimo portugués concluyó un tratado sobre los oficios y la situación de las fortalezas del Estado da Índia, que fue remitido al recién entronizado Felipe I de Portugal.
32 Sin embargo, cuando anunciaba al rey prudente la «grandeza» de la India, el Estado ya había experimentado sus primeras adversidades económicas y militares.
Tales obstáculos dieron origen a una conciencia crítica acerca de los problemas de dicho territorio y de la necesidad de introducir reformas.
33 La situación de las posesiones portuguesas de ultramar se agravó después de la unión de las coronas ibéricas, cuando los enemigos del rey Felipe se volvieron también contra los antiguos dominios lusos.
En el Atlántico, las actividades de corso inglesas, francesas y holandesas en la América portuguesa y en las islas atlánticas cobraron un nuevo rumbo, 34 mientras que en el Índico la Tregua de los Doce Años (1609-1621), firmada entre españoles y holandeses, no tuvo efecto y fueron corrientes las intervenciones militares en Asia por parte de la Compañía de las Indias Orientales.
35 Desde principios del siglo XVII hasta por lo menos el año de 1630, la preocupación por los territorios orientales había ocupado un lugar central en Lisboa.
Las informaciones acerca de la necesidad de socorrer el Estado da Índia fueron exhaustivamente transmitidas a los monarcas españoles y a sus validos a través de dos medios principales.
En primer lugar, por la correspondencia remitida al Consejo de Estado en Madrid o al Consejo de Portugal.
36 En segundo, por los informes y los arbitrios que llegaban directamente al conocimiento del rey español.
37 No obstante la relación que existía entre la reflexión de los arbitristas portugueses y la discusión más amplia acerca del declive de la monarquía 32 Mendes da Luz, 1960, 3.
37 Además de los ya conocidos arbitristas que reflexionaron sobre la situación del Estado da Índia, como Francisco Rodrigues Silveira, el flamenco Jacques de Coutre y Duarte Gómez Solís, otros autores escribieron sobre la necesidad de reforma de las Indias Orientales.
ANTT, Miscelâneas Manuscritas do Convento da Graça (MMCG), tomo 6F, Socorro que es mister per a restauração de la India Oriental, 63; Proposta de Rafael Carneiro de Alcáçova pera conservação do Estado da Índia Oriental, 70v.; Discurso en que se trata de los medios pera estorvar el trato que tienen los holandeses en la Índia, 88.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.06 hispánica, los autores que escribieron sobre las conquistas de origen luso fijaron su atención en los problemas y en las amenazas a las antiguas posesiones de Portugal.
Esta preocupación se manifestó en la consolidación de un arbitrismo sobre el Estado da Índia y en una literatura específica sobre su declive durante el periodo de la unión de las coronas ibéricas.
Como hemos mencionado, la entronización de Felipe II como rey de Portugal en 1580-1581 fue contemporánea al nacimiento de una reflexión arbitrista sobre los problemas del conjunto de posesiones de la India.
Esta inquietud fue predominante entre los arbitristas portugueses hasta por lo menos el inicio de la década de 1630.
El ritmo de la producción de los arbitrios sobre los territorios americanos parece haber sido influenciado por dos factores principales: el propio declive de las posesiones orientales de origen portugués y la presencia de enemigos de la monarquía hispánica que amenazaban las regiones atlánticas.
Era necesario alertar a los soberanos españoles de la importancia del Estado do Brasil, evitando el mismo destino de las Indias Orientales.
En la producción de los arbitrios sobre la América lusa es posible distinguir dos fases principales.
La primera, comprendida entre finales del siglo XVI hasta cerca de 1625, fue caracterizada por arbitrios que alertaban al monarca de problemas ocasionales de la monarquía, o le recomendaban de una forma general la conservación de Brasil en el conjunto de las posesiones del imperio español.
Los textos del licenciado Domingos de Abreu de Brito y del sacerdote portugués Manuel de Andrada de Castelo Branco -redactados en la década de 1590-son claros ejemplos de este tipo de análisis.
La segunda fase parece haber empezado en los primeros años de la década de 1620, y su desarrollo fue influenciado por las invasiones holandesas al noroeste de Brasil, primero de Bahía (1624) y después de Pernambuco (1630).
Como señaló Guida Marques, la presencia holandesa en esta región fue un importante hito en la producción del discurso arbitrista en la América lusa.
38 En los escritos del prelado de Pernambuco Bartolomeu Ferreira Lagarto -redactados en la década de 1630-y de los militares Juan Rabelo de Lima, Luís Álvares Barriga y Bento Maciel Parente -fechados probablemente entre 1625-1635-, son claras las preocupaciones sobre la estrategia de defensa y conservación de la América portuguesa, acentuadas después de la perdida de Bahía y Pernambuco.
En sus primeros años de servicio al rey en Bahía, donde ejerció el oficio de proveedor mayor de la hacienda real de la América lusa, Cristovão de Barros escribió al cardenal don Henrique un papel sobre «alguas cousas que convinhão» al servicio regio.
El licenciado, que poco tiempo después fue enviado a la capitanía de Pernambuco para fomentar la recaudación fiscal, advirtió al soberano sobre los perjuicios que podría causar la concesión regia de una renta anual en azúcar a los jesuitas del colegio de Olinda.
En su arbitrio, Barros también llamó la atención del soberano sobre la defensa de las posesiones portuguesas en América, y en especial resaltó la importancia de reforzar la capitanía de Pernambuco con un fuerte que evitase el riesgo de ataques de las embarcaciones francesas que frecuentemente rondaban la región.
39 Al margen de la importancia de la carta de advertencias de Barros en la producción de los arbitristas sobre la América lusa, uno de los primeros arbitrios «modernos» sobre la situación del Brasil fue escrito por el licenciado Domingos de Abreu de Brito, magistrado que en 1590 fue nombrado por Felipe II para efectuar una inspección en la conquista.
En su informe enviado al monarca, Abreu de Brito registró importantes informaciones sobre Angola, donde había estado anteriormente, y Brasil.
A pesar de la proximidad entre el escrito de Abreu de Brito y el género de relaciones que describían a la América portuguesa en este período, la obra de este autor planteó una serie de propuestas para los problemas que afectaban al Estado do Brasil a finales del siglo XVI, lo que permite considerarlo como uno de los primeros arbitrios sobre aquella posesión.
Entre los temas discutidos por Abreu estaban la ampliación de la hacienda real sin tributación de los vasallos y la necesidad de establecer fortificaciones en Bahía y Pernambuco.
Su preocupación por las fortificaciones fue influenciada por la coyuntura de incursiones corsarias inglesas y francesas en el noroeste de Brasil.
Como señaló el autor, para la seguridad de las conquistas era necesario aislar a la América portuguesa de «luteranos franceses, ingleses, rochalezes» y de individuos de todas las partes del norte de Europa.
40 Felner, 1931, La temática de las fortificaciones y la conservación de la costa brasileña contra los ataques de corsarios también fue discutida por el sacerdote portugués Manoel de Andrada Castelo Branco, que en 1590 escribió un arbitrio para ser presentado a Felipe II.
El escrito de Branco, que durante la década de 1560 había servido en Brasil, parece haber despertado alguna curiosidad.
Este papel fue impreso en España, aunque no haya registros del lugar y la fecha exactos de la edición.
En su arbitrio, Castelo Branco señaló al rey prudente que era preciso conservar no solo las conquistas ultramarinas, sino también la religión católica, orientando las fuerzas contra los ataques ingleses y franceses.
Como afirmaba este autor, todo el mar Océano navegable, es de V. Magestad [...] siendo defensor de la Fe, por la cual causa los paganos ingleses, y franceses le contrarían y roban en todo el mar océano, en todas sus navegaciones, ansi de Oriente, como de Poniente, haciéndose ricos y poderosos, para sustentar guerras contra la Iglesia Católica, y corona de V. Magestad.
Para defensa de lo cual, apunto todos los remedios que abajo se dirán.
Ante los ataques «luteranos» a la costa brasileña, Felipe II debía garantizar la fortificación de las ciudades y los puertos más importantes de la América portuguesa, como los de Salvador y Río de Janeiro.
La primera ya había sido foco de una incursión inglesa (1588), mientras que la segunda resultó ser el epicentro de la presencia francesa en Brasil durante la primera mitad del siglo XVI.
41 No obstante el interés de los arbitristas, el Estado do Brasil fue pensado en conjunto con otras posesiones ultramarinas hasta los primeros años de la década de 1620.
En este período, las relaciones de descripción del territorio y los arbitrios enviados a los reyes españoles señalaban sus riquezas naturales y la importancia que aquella conquista podría tener dentro del imperio español.
Esta visión general de este territorio en el contexto más amplio de las posesiones atlánticas parece haber sido influenciada por el predominio ejercido por las Indias Orientales en el conjunto de las posesiones lusas.
Hasta el año de 1630, se puede decir que las Indias Orientales estaban en el centro de las preocupaciones y del «imaginario» imperial portugués.
En este período, el Estado da Índia era tenido todavía como la principal fuente de las riquezas y las glorias portuguesas, resultado de la construcción del 41 El arbitrio de Castelo Branco fue publicado en una edición bilingüe español/inglés.
El autor discutió el problema de las fortificaciones en los capítulos 2, 5, 9 y 10.
42 Por ejemplo, cuando en 1630 Antonio de Sousa de Macedo indicó a Felipe IV las riquezas de sus posesiones de origen portugués, no dudó en subrayar el fasto de las Indias Orientales: «sus conquistas ultramarinas son riquísimas, como es Brasil, Angola, Santo Tomé, Cabo Verde, y todas las más, principalmente la tierra de la India Oriental es llena de minas de diamantes, rubíes, y otras piedras preciosas, los frutos de la tierra».
43 Aunque sobrevivió esta visión idílica sobre la India, las informaciones acerca de los recursos naturales de la América lusa también llegaban gradualmente a los monarcas españoles.
44 La presencia de oro y metales preciosos también fue señalada por la pluma de otros arbitristas que remitieron sus advertencias y propuestas a la corte madrileña.
En 1616, por ejemplo, los consejeros de Estado analizaron el memorial del portugués João Mendes de Vasconcelos, que empezó su informe subrayando la necesidad de explotar el oro en Brasil, puesto que «es una de las más puras provincias de toda la América y aunque en ella hay muchas minas de oro, no se ha dado en otra ninguna granjería sino la de los azúcares».
Además de su referencia al oro, Vasconcelos reflexionó sobre los remedios para combatir la acción de los piratas y los corsarios en Brasil, evitando las pérdidas constantes que suponían para la hacienda real.
45 La interpretación del Estado do Brasil como parte del conjunto de las posesiones portuguesas estuvo presente en arbitrios sobre la necesidad de defender el territorio contra los holandeses y en los proyectos de modernización militar para las Indias Orientales y la Costa de Guinea.
45 AGS, Estado, 437-161, Pide se vean en el consejo de Estado los puntos que refiere con este memorial acerca de los daños que reciben de los piratas que tratan y contratan en el Brasil y asimismo el modo con que esto se puede remediar, 6 de julio de 1616.
La recuperación de Bahía de manos de los holandeses en 1624 no solo generó una serie de relaciones de batalla y gestas, sino que también resultó un importante marco en el que se desarrolló la cultura escrita sobre el territorio y el discurso arbitrista.
47 Además de las invasiones holandesas y de la recuperación del territorio brasileño, la reflexión arbitrista sobre las posesiones americanas también parece haber sido afectada por las pérdidas territoriales del Estado da Índia.
En este contexto, se hizo necesario advertir al monarca español sobre la conservación de Brasil y su importancia estratégica.
En octubre de 1636, el cuarto Felipe reconoció la gravedad de la situación de la América portuguesa y de las conquistas lusas de su imperio:
48 Después de la invasión holandesa de Bahía y Pernambuco, los debates acerca del socorro de Brasil adquirieron una importancia central en las reuniones del Consejo de Estado, compartiendo la atención de los ministros con los problemas de las posesiones orientales lusas.
Un ejemplo de esta preocupación por Brasil fue la formación de una junta de gobierno realizada en los aposentos del conde-duque de Olivares.
La junta del valido tenía como principal finalidad discutir los «efectos donde se pueda sacar dinero» para la guerra, fortificaciones y socorros de Pernambuco.
Además, sus miembros planearon el envío de una armada real para la expulsión de los neerlandeses.
LOS ARBITRISTAS Y LA AMÉRICA PORTUGUESA (1590-1640) lización de los cabildos municipales del reino y de las islas atlánticas para el socorro de este territorio y la conservación de la América portuguesa.
49 Aunque hubiese consenso entre los consejeros de Madrid en cuanto a la necesidad de acudir a Brasil, entre los arbitristas no había unanimidad sobre la urgencia de recuperar aquella conquista.
Por ejemplo, un arbitrio enviado al conde-duque en 1630 señalaba los inconvenientes, las dificultades y los costos de una jornada para recuperar Pernambuco.
En la opinión del arbitrista, el envío del socorro al Brasil podría ocasionar el debilitamiento de las flotas de España, de las Indias Occidentales y de otras plazas, abriendo brechas para los enemigos de la monarquía hispánica.
50 A pesar de las incertidumbres de la empresa, después de 1620 las preocupaciones por la recuperación y la conservación del Estado do Brasil originaron una serie de arbitrios, cuyos argumentos pueden ser divididos según sus objetivos generales o sus temáticas centrales.
51 En primer lugar, fueron predominantes los autores que escribieron de una forma general sobre los medios para la «conservación» y la «recuperación» de la América lusa.
Estos arbitristas optaron por una interpretación conjunta de las medidas que podían adoptarse para la recuperación de la conquista, sin teorizaciones y abstracciones sobre un único tema.
En 1634, el prelado de Pernambuco Bartolomeu Ferreira Lagarto redactó un arbitrio señalando la urgencia del socorro de Brasil, en especial de la capitanía.
Según este autor, ante la imposibilidad de enviar una ayuda general el monarca debía mandar inmediatamente hasta veinte galeones con artillería y raciones.
52 Otro ejemplo de esta perspectiva general sobre la conservación de la conquista impulsada por la presencia holandesa fueron las advertencias del capitán Juan Rabelo de Lima, que apuntó sus consejos para «milhor se poder tratar do remédio que convén, a conservação do Brazil».
En opinión de Rabelo de Lima, la recuperación de la América por-tuguesa debía partir de tres consideraciones esenciales: el impacto de las rentas del Estado do Brasil en la hacienda real de Portugal, la importancia de los señores de ingenios azucareros para la supervivencia de la hacienda real en Brasil, y la necesidad de proteger a estos productores de azúcar para que posteriormente contribuyesen al fisco.
53 Entre los autores que teorizaron de manera más amplia sobre el Estado do Brasil, Luís Álvares Barriga merece destacarse.
Este arbitrista, que ya había demostrado sus habilidades con la pluma en ocasiones distintas, ejemplifica el cambio de prioridades de la corona portuguesa en relación a aquel territorio.
El caballero portugués, que a través de sus arbitrios había reflexionado sobre las posibilidades de recuperar Ormuz después de 1622, en la década siguiente analizó la situación de la América lusa en distintas ocasiones.
Como señaló Guida Marques, Barriga representaba efectivamente la figura del arbitrista, proponiendo sus remedios para los problemas de los territorios americanos de la Corona de Portugal.
55 En su Propuesta de las advertencias..., Barriga respondió a los que sospechaban de sus proyectos y reflexionó sobre los medios necesarios para la recuperación de Pernambuco, sobre el comercio marítimo y sobre la conservación del Estado do Brasil.
El arbitrista concebía una unión de fuerzas marítimas y terrestres para que el soberano lograse un resultado más amplio: «la milicia y armada que tengo propuesta atienden no solamente a defender y conservar las conquistas y el comercio, más juntamente a recuperar lo perdido con mucha seguridad y sertesa, y assí tengo satisfecha la objeción».
56 Pero los arbitristas que escribieron sobre la América portuguesa también produjeron textos sobre temáticas específicas, como por ejemplo un arbitrio técnico anónimo sobre los medios de extracción de plata en la capitanía de Sergipe del Rey.
57 Otro ejemplo de la diversidad fueron las propuestas fiscales que planteaban nuevos medios de ingreso para la hacienda 53 BNE, Mss.
Un papel anónimo enviado por un supuesto sacerdote a la virreina Margarita de Saboya explicaba cómo sacar dinero de Portugal para el incremento de la armada y el socorro de Brasil.
Ante la situación fiscal del reino era necesario no «oprimir» al pueblo, y el arbitrio establecía un medio de hacer tributar a los vasallos sin presionar al reino, protegiendo la imagen real de las críticas.
En opinión del autor, los ingresos de los arzobispados libres, la reducción de universidades, o la confiscación de los bienes de presos por deudas y de las rentas eclesiásticas consignadas a hijos de mercaderes judíos, podrían ser usados para la recuperación de la conquista.
58 Además del socorro de Brasil, los arbitrios fiscales proponían la extracción de recursos coloniales para aplicarlos en el reino y en el comercio atlántico.
Un escrito anónimo sobre esta temática subrayó la importancia que los diezmos de la América portuguesa podrían tener en la hacienda real y su «utilidad» para la formación de una armada que resguardase las flotas lusas que iban a Brasil para recoger mercancías.
59 En 1629, otro arbitrio fiscal de un autor no identificado explicaba como el monarca podría sacar una «gran cantidad» de ducados del Estado do Brasil.
Según este autor, el monarca debía enviar a un magistrado de su confianza para que vendiese perdones a los condenados, cobrando una cantidad proporcional al delito cometido.
En caso de una nueva infracción, la hacienda real podría lograr más ingresos con la venta de perdones generales para todas las trasgresiones cometidas.
Además del comercio de indultos, el arbitrista también planteó la comercialización de hidalguías para recaudar fondos y su empleo en los galeones de resguardo de las flotas de Brasil.
60 No obstante la heterogeneidad de asuntos discutidos por los arbitristas sobre la América portuguesa, tanto las fortificaciones como la navegación recibieron una atención especial.
En una coyuntura de dominio holandés en la cual era necesario recuperar Pernambuco y conservar las capitanías que todavía quedaban dentro de la jurisdicción del monarca portugués, la urgencia por obtener resultados concretos superó las grandes teorías y las abstracciones arbitristas.
Acerca de las fortificaciones, además de las advertencias de los arbitrios con temáticas más generales, en 1630 el religioso Bartolomeu Ferreira Lagarto redactó un papel con diversas propuestas para la conservación de la América portuguesa.
El autor llamó la atención sobre la necesidad de fortificar otras capitanías reales y también las que estaban en la jurisdicción de donatarios particulares.
Según su opinión, los recursos naturales de Brasil podían ser usados en los proyectos de defensa de la conquista, como por ejemplo la utilización de maderas para la construcción de bajeles.
61 La preocupación por la acción militar de las posesiones americanas igualmente generó un arbitrio acerca de la conveniencia y la utilidad de fortificar Río de Janeiro.
Ante las sospechas de una invasión neerlandesa al sudeste de Brasil, un arbitrista anónimo decidió reflexionar sobre el proyecto de guarnecer la ciudad, proponiendo la construcción de una fortaleza en su parte más alta.62 La discusión sobre el control de los mares fue debatida en diferentes arbitrios que trataban asuntos como la seguridad del transporte marítimo, la defensa de la costa brasileña o el envío de armadas para la recuperación de Pernambuco.
En un papel escrito pocos días después de que llegara la noticia de la caída de Pernambuco en manos de los holandeses, el ya citado Bartolomeu Lagarto recalcó la necesidad de despachar galeones para la seguridad del transporte del azúcar.
Según Lagarto, el envío de embarcaciones era esencial no solamente para garantizar la supervivencia del comercio atlántico, sino también para el incremento de las aduanas y los derechos reales.
Además del transporte de mercancías, Lagarto subrayó la urgencia de socorrer Pernambuco para frenar nuevas incursiones corsarias y holandesas.
63 El capitán portugués Bento Maciel Parente remitió un arbitrio a la junta del conde-duque en el que planteaba el establecimiento de una fábrica naval en Brasil para las armadas y la navegación de las Indias.
En su propuesta, Parente señaló la importancia de los recursos naturales de las distintas regiones de la América portuguesa y su gran potencial para la industria naval.
Su plan comprendía la construcción de galeones en Brasil en sus diferentes etapas.
Finalmente, el capitán concluyó su memorial instando al monarca a que concediese la atención requerida por los problemas de la América portuguesa, «antes que el daño sea mayor e irreparable».
64 La presencia holandesa en Brasil también propició arbitrios acerca de sus actividades de corso en la costa de Portugal, en Brasil y en el espacio atlántico.
En el «memorial do Estado do Brasil», los señores de ingenios y habitantes de aquel estado reclamaban soluciones al monarca contra la acción de los corsarios y el incremento de la seguridad de la América portuguesa.
En este sentido, los vasallos solicitaban al soberano el envío de doce naos armadas para garantizar la seguridad del transporte azucarero, la navegación atlántica y los derechos de la hacienda real.
Como hemos visto, a lo largo del período de unión de las coronas ibéricas los arbitristas tuvieron un papel central en las discusiones acerca de la conservación de la América portuguesa.
A pesar de esto, en comparación con la producción de los arbitristas que escribieron sobre el Estado da Índia, las posesiones americanas parecen haber recibido una atención secundaria.
En el contexto más amplio de los territorios de la monarquía hispánica, las posesiones de origen luso mantuvieran cierto nivel de autonomía debido al estatuto logrado por Portugal en las cortes de Tomar.
Esta autonomía puede haber sido determinante para el desarrollo de una reflexión específica sobre los problemas de los territorios de la corona portuguesa.
Aunque los arbitristas que escribieron sobre el contexto luso participaron de la «introspección colectiva» acerca del declive de la monarquía compuesta de los Austrias, los problemas del Estado da Índia y de la América portuguesa parecen haber sido un asunto central en la reflexión de estos autores.
66 Dentro de esta tradición arbitrista referida a las conquistas portuguesas, hasta el año 1630, por lo menos, el Estado da Índia fue el tema más relevante de los memoriales.
Si bien los arbitrios sobre la América lusa habían sido enviados a los soberanos españoles desde finales del siglo XVI, la producción específica sobre Brasil ganó un nuevo desarrollo después de 64 «Papel que se remitió a la junta del padre confesor sobre la fábrica de los navíos del Brasil», en Salvado y Miranda, 2001, 60-64.
En relación a los temas y las preocupaciones de los arbitristas que se dedicaron a la reflexión sobre los problemas del Estado do Brasil durante la unión de las coronas ibéricas, es posible distinguir dos momentos principales.
En el primero, comprendido entre 1590 y 1625, los arbitristas incluyeron a la América portuguesa en el conjunto de los territorios atlánticos de origen luso.
En este período, el tema de las fortificaciones de la conquista fue predominante, demostrando la inquietud de los autores por las incursiones francesas e inglesas en la costa brasileña.
No obstante la importancia de estos arbitrios, en este momento la defensa de la América portuguesa todavía no era el problema más importante, circunstancia que cambiaría con la invasión holandesas a Bahía en 1624.
En un segundo momento, a raíz de la presencia de los holandeses y de la pérdida gradual de las posesiones orientales lusas, el Estado do Brasil pasó a ocupar el lugar más destacado entre los territorios portuguesas de Felipe IV.
Además de los relatos, gestas y representaciones de la restauración de Bahía, los arbitristas colocaron sus habilidades al servicio de la conservación de la conquista.
De esta manera, la producción de arbitrios sobre la América portuguesa se desarrolló efectivamente después de 1630, cuando los autores reflexionaron sobre la situación de Brasil con una mayor diversidad temática y conceptual.
Después de la secesión de 1640, este arbitrismo logró un nuevo impulso.
Con la aclamación de don Juan IV, los consejos de la corona portuguesa rescataron su sentido original.
En este sentido, las instituciones de gobierno, como el Consejo de Estado y las cortes recobraron su poder para resolver los asuntos portugueses.
Además de la restauración de los canales ordinarios de decisión política, el nuevo rey de Portugal ordenó la creación del Consejo Ultramarino para el tratamiento de las cuestiones de las conquistas.
Ante a los cambios institucionales ocurridos en los primeros años de la restauración, los arbitristas ampliaron su espacio de comunicación política con el monarca, lo que señaló una nueva etapa del arbitrismo luso.
Influenciados por el debate acerca de las prioridades ultramarinas de la dinastía de los Braganza, los arbitristas reflexionaron sobre las medios de recuperar el Estado da Índia y acerca de la conservación del Estado do Brasil. |
En la historia de la representación política virreinal poca atención se ha prestado a ciertos géneros del discurso religioso que constituyen legítimas fuentes para el estudio de las agendas políticas de las elites urbanas e intelectuales de los reinos americanos.
Es el caso de la tradición arbitrista/memorialista tan pujante en la península ibérica desde fines del siglo XVI y sobre todo en el XVII, tradicionalmente analizada desde una sola perspectiva.
El arbitrismo/memorialismo ha sido entendido casi exclusivamente como la expresión de la argumentacion legal, y por ende como un discurso eminentemente jurídico y secular, si bien recientes estudios han reconocido su permeabilidad y los varios ángulos temáticos que el género encierra.
1 El problema radica en que al analizar este discurso centrándose en el debate de temas legales, políticos y económicos de relevancia imperial se suele dejar de lado la evidente intersección de estos con el discurso religioso también presente; componente importantísimo para entender correctamente la propuesta de reforma del cuerpo político de la monarquía católica que este discurso promovió.
Tampoco se ha estudiado el arbitrismo/memorialismo como la expresión de las demandas de mayor representación y derechos de las elites intelectuales, representantes del grupo social conocido como los beneméritos americanos.
Los autores de memoriales y arbitrios en el Nuevo Mundo, si bien escribieron desde las corporaciones religiosas que los formaron como sus voceros, no dejaron jamás de representar los intereses del grupo al que pertenecieron y de hecho intersectaron el mensaje religioso de sus corporaciones con las demandas políticas de las primeras.
Acaso la porosidad y la elasticidad de la producción memorialista de los siglos XVI y XVII -que abarcó los reinados de Felipe II al IV-tenga relación con el hecho de que nació en un momento a la vez fundacional del imperio hispano pero de percibida crisis política y financiera, acentuada particularmente en las primeras tres décadas del siglo XVII.
El universo de opiniones -utilizando el título de la obra de Miguel Luque, la más sistemática y completa sobre el género-que buscó la reforma y la cura del cuerpo político español, abordó casi todo tema posible en el ámbito jurídico-teológico, como correspondía a propuestas que usando el utillaje legal civil y canónico, procuraron aportar un diagnóstico y una solución a los temas cruciales de la construcción del aparato imperial.2 Al concebir al derecho, la religión y la moral como principios ordenadores de la sociedad era natural la superposición de enfoques disciplinarios, la dificultad para aislar temáticas en el género y, en general, la multiplicidad de agendas al interior de este discurso.
3 Hace algunos años, el trabajo de Helen Rowlings contribuyó a nuestro entendimiento del arbitrismo como literatura de reforma del cuerpo político de la monarquía española y a su intersección con el problema religioso.
Rowlings planteó la sugerente idea de que dada la tendencia secular y de crítica a la iglesia presente en el arbitrismo español -en particular aquel conjunto de memoriales producido entre 1615 y 1625-, reflejaría una tendencia intelectual de apoyo al fortalecimiento del estado monárquico mientras que promovía la erosión de una desacreditada institución eclesiástica.
Este arbitrismo anticlerical buscaba la modernización de la economía, que veía mermada por la concentración de recursos humanos y monetarios en manos de las corporaciones religiosas.
Para Rowlings, el pico de la producción arbitrista coincidió precisamente con el crecimiento de la iglesia castellana a ambos lados del Atlántico.
Exponente de esta visión sería la popular obra Conservación de Monarquías de Pedro Fernández de Navarrete, publicada en 1625; obra que en efecto criticó duramente el poder de las corporaciones eclesiásticas.
4 El trabajo de Rowlings, si bien centrado en la obra de Navarrete, puso de relieve un aspecto soslayado: que la producción de memoriales, casi siempre a cargo de teólogos y canonistas, tuvo en no pocas oportunidades como objetivo la crítica a la propia iglesia.
Es decir, que intelectuales religiosos podían escribir contra la iglesia y, en particular, contra la corporativa, las órdenes religiosas.
Lo que Rowlings no se planteó fue que de esta cantera surgieran también los voceros para contestar a las críticas planteadas contra las corporaciones religiosas y elaborar argumentos para defenderse de ataques como el de Navarrete o la corona.
No se ha enfatizado suficientemente el hecho de que temas discutidos en el interior de los memoriales y que hoy son vistos como de naturaleza «jurídica» por el tono de la argumentación, se conectaran de manera estrecha con problemas teológico-políticos y con agendas de propaganda a favor de las corporaciones religiosas.
5 Para entender los argumentos y el tono de la defensa de estas últimas, hay que considerar lo que Michael Gordon definió como el énfasis en la «ciencia de la política» presente en el mensaje del arbitrismo del siglo XVII hispano, porque -agrego yo-los arbitristas, y en particular los memorialistas religiosos, entendieron que el sujeto de reforma de esa «ciencia de la politica» era, como quería la doctrina anti-maquiávelica, el cuerpo político de la monarquía y, en última instancia, la reorganización del estado.
6 Si se les atacaba por no contribuir a la construcción y consolidación del estado moderno, la respuesta de los arbitristas religiosos fue proponer -inspirados en la teoría anti-maquiavélica-la confesionalización del estado.
7 Quiero en este artículo ahondar en la reflexión sobre el tema y proponer ejemplos de la tradición arbitrista del siglo XVII en el Perú, que afirman el hecho de que el arbitrismo religioso peruano, al ser entendido por sus autores como parte de la ciencia política que buscaba la reforma de la sociedad y el estado españoles, también replanteó -o al menos así lo imaginó-la relación entre la corona y el clero regular peruano, pues al buscar mayor margen de representación para la elite virreinal limena, el arbitrismo religioso producido en la ciudad de Los Reyes afirmó su creencia en la hegemonía imperial del brazo de las órdenes.
Esta tendencia de pensamiento, curiosamente, no ha sido estudiada en relación con el memorialismo peruano, mientras que Magdalena Chocano lo ubica claramente en el caso mexicano, donde a través de diversos géneros de textos religiosos el clero novohispano legitimó sus demandas de mayor 5 Recientemente me he ocupado de los memoriales escritos por un prominente obispo limeño del siglo XVII que revelan nuevas visiones de la elite criolla sobre aspectos relativos a la doctrina de la prelación y la aplicación del Real Patronato en América.
6 El anti-maquiavelismo es la adaptación católica de la razón de estado propuesta por la doctrina maquiavélica del estado moderno.
Para mantener el estado, había que mantener a Dios «satisfecho y propicio» como sostenía Ribadeneyra.
El estado no podía prescindir de la religión.
7 La época de la confesionalizacion, básicamente el siglo XVII, se caracterizó por la relación entre la iglesia y el orden secular, en la que ambos estaban estructuralmente entretejidos y eran funcionalmente interactivos.
En este contexto se hizo posible que la burocracia religiosa europea diseñase partes del estado moderno.
Para el historiador alemán Heinz Schilling, este momento puede considerarse el «umbral de la modernidad» (Vorsattelzeit des Moderne).
8 La relación entre arbitrismo y representación es uno de los aspectos más relegados en el estudio del género, pero ciertamente el de mayor importancia para efectos de la lectura y comprensión de su mensaje político.
Desde el siglo XVI las elites indianas buscaron canales para hacer efectiva su participación en la toma de decisiones relativas a América y asegurar una cuota de representación.
Los estudios de Guillermo Lohmann y Demetrio Ramos han esbozado el cuadro inicial de las prácticas de representación en los intentos de convocar cortes en el ámbito hispanoamericano.
En el Perú, el primer intento de participación política de la elite encomendera en cortes se dio precisamente para discutir las Leyes Nuevas en 1544, pero no sería sino hasta 1559 cuando se daría la primera convocatoria real de cortes para pedir una contribución a los vecinos beneméritos del Perú.
9 Ramos sostiene que hubo que esperar hasta 1635 para que las principales ciudades del Nuevo Mundo, México y Lima, fueran formalmente autorizadas a enviar procuradores a cortes para la proclamación de príncipes, la asamblea de mayor rango político del reino, situación que igualó a las urbes americanas con sus pares peninsulares.
Sin embargo, la norma quedó en el papel, pues en la práctica las ciudades indianas no enviaron representantes para este fin sino que fueron las corporaciones religiosas y seculares las que lo hicieron de manera regular y para fines diversos a lo largo del siglo usando la preeminencia y el capital simbólico asociado a la norma original.
Adicionalmente, afirma Ramos que el hecho de que los procuradores fuesen rentados añadía atractivos y poder al cargo, con sueldos que ascendían al 1,5 % por cada mil pesos, además de beneficiarse de un fondo de gastos que alcanzaba los 60.000 ducados.
10 La existencia de esta prerrogativa revistió al procurador de Indias -a los ojos de los cabildos americanos-de una legitimidad indiscutible frente a la corona, pues los representantes de Lima y México tenían el rango de embajador cuando eran recibidos en la corte de Madrid.
11 No es casual entonces que el memorialismo religioso peruano tuviera su época de auge en la primera mitad del siglo XVII y ello fuera posible por la vigencia de la red de procuradores religiosos que cruzaron el Atlántico con encargos de las corporaciones religiosas y, en menor medida, de las seculares.
El hecho de que existiera el canal -dotado además de preeminencia simbólica-para el envío de los representantes a cortes de las ciudades promovió la producción de memoriales y arbitrios, y determinó también el tono de las demandas.
Ahora bien, como ha sostenido Ignacio Pérez-Fortea, el sistema de cortes bajo los Austrias, concebido para autorizar impuestos extaordinarios, paulatinamente aisló al clero y a la nobleza de las decisiones sobre estos asuntos.
Pero, al ser las corporaciones religiosas las más poderosas fuentes de financiamiento que tuvo la corona en Castilla y en América, con el tiempo -precisamente entre 1629 y 1656-las órdenes manifestaron su voluntad de ser consultadas en sus propias congregaciones y a través de sus procuradores.
Si bien carecían de representación política efectiva, fueron los procuradores de las órdenes religiosas los únicos agentes de las ciudades americanas que consiguieron pasar a la corte, mover los asuntos de interés local y hasta manifestarse en contra de la presión fiscal de la corona, aunque no siempre con éxito.
12 El sistema de procuradores mantuvo viva por varias décadas, no solo la circulación sino la demanda por mayor representación expresada en arbitrios y memoriales, fusionando las expectativas de las religiones con aquellas de las elites urbanas.
13 Con los ejemplos que a continuación comentaré, quiero presentar también una visión alternativa del arbitrismo religioso producido en Lima entre 1630 y 1659, y destacar su conexión con la crónica histórica y la oratoria sagrada, lo que abunda en la complejidad del género y su significado.
12 Sobre las presiones fiscales de la corona en Castilla y sus efectos constitucionales en la percepción de la monarquía, ver Elliott, 2009, 182-183.
La santidad criolla como reforma del cuerpo político
El primer texto del que me quiero ocupar es el Memorial de las Historias del Nuevo Mundo Pirú, del franciscano Buenaventura de Salinas y Córdova, impreso en Lima en 1630.
Como el título indica, este «Memorial» es un alegato, más de corte histórico-teológico y ciertamente político.
14 El texto se inicia con una revisión de la historia inca y colonial temprana, para ocuparse luego de la exaltación de la ciudad de Los Reyes, como locus forjador de la santidad criolla.
He señalado antes que el intento original de este documento era justificar la rápida canonización de Francisco Solano, muerto en Lima en 1610.
El memorial de 1630, considerado por Raúl Porras primero y luego por Franklin Pease dentro del repertorio de crónicas historicas virreinales dada la breve revisión histórica que contiene, tuvo más bien un propósito de promoción hagiográfica y de representación politica, pues se inscribía en un conjunto de acciones de las autoridades religiosas y seculares limeñas encaminadas a elevar a la ciudad de Los Reyes al rango de civitas católica e igualarla con sus pares euro peas, centros de peregrinación y devoción, lo que se había iniciado con la audaz proclamación de Solano como santo patrono de la ciudad un año antes.
El Memorial de las historias del Nuevo Mundo Pirú se inscribe también en una tendencia de producción del género arbitrista religioso que ha sido destacada por Erin Rowe recientemente para el caso peninsular.
Esta historiadora sostiene que la disputa sobre el patronazgo de Santa Teresa en España suscitó la producción de alrededor de cien memoriales religiosos entre 1627 y 1629 -momento culminante del debate-, todos ellos analizando la importancia de la santidad y el patronazgo en la consolidación del cuerpo político de la monarquía hispana.
En otras palabras, la coyuntura era particularmente propicia al debate sobre el rol de los santos patronos en la afirmación de plataformas locales de representación y del proyecto imperial en su conjunto.
Lima no estuvo al margen de esta tendencia.
Fray Buenaventura de Salinas dejó claro al final de su largo memorial de 1630 que la santidad de Francisco Solano implicaba mucho más que solo honrar una vida piadosa.
Su canonización le daría a la ciudad de Lima preeminencia sobre las otras ciudades del Nuevo Mundo, y la consolidaría como centro de irradiación de la evangelización entre indígenas y como locus de una acrisolada piedad castellana, elemento constitutivo de la ciudadanía española.
En un segundo texto, el Memorial del P. B. de Salinas y Córdova, Procurador General de la ciudad de Lima...cuya grandeza y méritos representa a la magestad del rey nuestro señor D. Felipe IIII católico monarca en ambos mundos para que pida a su santidad la canonización de su apostólico patrón el venerable Padre Fray Francisco Solano, publicado en la corte de Madrid en 1639, Salinas elaboró los motivos teológico-políticos del memorial de 1630, en virtud de los cuales la canonización del humilde franciscano era prioridad en la política colonial.
Siguiendo la línea de argumentación de Juan de Solorzano Pereyra, Salinas señaló que los respetos y títulos de las excelencias temporales que tienen las ciudades (aunque compitan con Roma) no son de tanta consideración si se comparan con la Gloria y soberanía que alcancan por los respetos divinos de los santos que las honraron en vida y autoriza y guarda con las reliquias de su cuerpos en la muerte.
Luego según desto las verdaderas excelencias de aquella ilustre ciudad y de sus reinos no deven consistir en sola su hermosura su sitio y opulencia su nobleza y cielo material sino en la Gloria y triunfo de que goza, aviéndole concedido la mano liberal de Dios entre sus astros un Nuevo sol que la alumbra, otro espíritu de Pablo, un Solano, que como viento del espíritu Santo, con ímpetu seráfico, comunicó la vida al Gentilismo.
15 Es claro, como sostienen Rowe y Bartolomé Benassar, que el modelo de la santidad española era entendido como elemento cohesionador del cuerpo de la república, pero la canonización de un santo español era además visto como un canal efectivo de universalización de los logros de este modelo.
16 En este texto de 1639, Salinas no solo vinculaba la santidad a la gloria de la ciudad española, sino que convertía a la santidad americana en augurio de una era dorada en la que el imperio hispano iniciaría su marcha incontenible a la conquista de los más recónditos rincones del orbe que conduciría a la reunión final de la cristiandad: Felipe IV sería el monarca universal que la iglesia reclamaba.
Adicionalmente, el memorial de 1639 señaló que la pronta canonización de Francisco Solano renovaría el pacto colonial, en virtud del cual la elite de beneméritos españoles, descendientes de conquistadores y primeros colonos, perfeccionaría la evangelización indígena por medio del relanzamiento de la encomienda.
Ello garantizaría la conservación y la multiplicación de la población nativa y el aumento del tributo.
La pronta canonización de Solano no solo consolidaría el poder del rey en América, sino que generaría enormes caudales para el real tesoro por vía de los donativos de las elites encomenderas y por ende libraría a la monarquía católica de su crisis moral y de liderazgo.
Reconocía Salinas que la renovación de la encomienda quitaría eventualmente mano de obra a la minería, pero su eclipse sería amortiguado por la expansión de la frontera agrícola y la reactivación de los impuestos y los mercados internos.
Como se puede ver, era todo un proyecto de modernización asociado al patronazgo de un humilde fraile franciscano.
Fuera de ocuparse de temas no tradicionalmente hagiográficos, como el relanzamiento del proyecto imperial de los Austrias españoles, la reunión de las iglesias, la expansión de la encomienda y el aumento de la recaudación fiscal, el memorial de fray Buenaventura de 1639 enfrentó también temas relativos a la representación política.
Me refiero a la discusión sobre las contribuciones económicas peruanas con las que Salinas propuso al monarca la promoción de la canonización de Solano.
Para 1639 era claro que las nuevas disposiciones papales -las bulas de Urbano VIII sobre canonización de 1625 y 1634-no favorecerían un proceso muy expeditivo como en efecto sucedió, siendo Solano beatificado en 1675 y canonizado en 1735.
Para el padre Salinas, esta normativa no solo no debería ser considerada en el caso del Perú, sino que el rey tendría que solicitar al papa la exoneración de la misma por ser contraria a los intereses del reino.
Para justificar la exoneración Salinas invocó temas confesionales pero también la contribución económica del reino del Perú, vista como motivo suficiente para impulsar la santidad criolla por parte de los embajadores del rey ante el papa.
Si el Perú contribuía con ingentes cantidades de plata y suponía para la corona menos gasto que otros reinos de menguada fidelidad, por qué sus asuntos no podían reclamar la prioridad de los negocios reales, se preguntaba el memorialista: «No pide el Perú oro ni plata como los estados de Flandes, los presidios de Orán, las fronteras de Constantinopla y soldadesca de Italia que para todas estas partes y para el estómago de España con abundancia lo cría y con liberalidad lo embía [...] muestre el rostro de hombre y de la mano a su patrón Solano».
17 La contribución económica del reino del Perú, abiertamente aludida en el memorial de 1639 como afirmación de derechos politicos, de hecho se había ya mencionado en el memorial de 1630 a través de veladas demandas por prebendas amparadas en la doctrina de la justicia distributiva, si bien aún no atendidas por la corona.
Es el Memorial de las Historias del Nuevo Mundo Pirú el único texto peruano del siglo XVII en el que se deslizan críticas al primer ministro, el conde-duque de Olivares, cuya política de gobierno se tradujo en una mayor presión fiscal sobre los reinos americanos y en particular sobre las corporaciones religiosas.
Como bien ha destacado Arrigo Amadori en su importante estudio sobre el gobierno del valido, ya desde el reinado de Felipe III se encontraba difundida en los arbitrios españoles la idea de que los reinos americanos eran una carga y no necesariamente una positiva contribución a las finanzas reales, dados sus altos costos de administración y defensa.
El ya citado Fernández de Navarrete vio en América el drenaje de los mejores recursos humanos de la península debido a la migración.
En 1630, fray Buenaventura de Salinas no se quedó callado e interpeló al primer ministro, acusándolo de ser una mala influencia para la persona real, lo que era evidente en la negligente gestión de los problemas peruanos, desde una canonización que no se producía hasta las mercedes y exenciones debidas a la postergada elite encomendera.
Afirmando la postura de denuncia de la nueva tradición arbitrista religiosa, informada de anti-maquiavelismo, señaló Salinas que para que así llegassen a saber y remediarse cosas que tanto importan a su corona real, y tanto las encubren interessados enemigos de su Gloria y monarquía, sin reparar que el Rey, que duerme, o se echa a dormir, descuydado con los que le assisten, es sueño tan malo, que la muerte no lo quiere por hermano, y le niega el parentesco, deudo tiene con la perdición y el infierno.
Quien duerme no reina (dixo otra voz mas valiente que la mia), y rey que cierra los ojos, da la guarda de sus ovejas a los lobos.
Y el ministro que guarda el sueño del rey, lo entierra vivo, no le sirve, porque lo infama; no le descansa, porque cuando le guarda el sueño, le pierde la honra y la conciencia: y estas dos cosas traen apresurada su penitencia, con la ruina, y desolación de los reinos.
Rey, que duerme... govierna entre sueños, y quando mexor le va, sueña que govierna.
De modorras y letargos de príncipes adolecieron muchas repúblicas y grandes monarquías se acabaron.
18 Es difícil determinar si este arrojo fuera conocido o leído en la corte y por quiénes, pero hay evidencia de que fray Buenaventura de Salinas quiso hacer conocer este memorial en Madrid.
En todo caso, nadie antes que él se había atrevido a semejante libertad, iniciando un tono de discusión y disenso importante para los intereses de sus pares religiosos y criollos del Perú.
19 Los memoriales de Salinas cumplieron además una función muy importante, cual fue la difusión y la re-elaboración de las ideas vertidas en las hojas de populares arbitrios peruanos que los antecedieron, con lo que se prueba que el arbitrio religioso se inspiró en debates no necesariamente vinculados a los temas de preocupación para la iglesia, pero que se adaptó a sus necesidades dos décadas después.
Me refiero a la deuda de fray Buenaventura con la obra del licenciado Juan Ortiz de Cervantes, quien como procurador de los encomenderos del Perú compuso tres arbitrios impresos entre 1619 y 1620: el Memorial que presenta a Su Magestad el licenciado Iuan Ortiz de Ceruantes, abogado, y procurador general del Reyno del Pirú, y encomenderos sobre pedir remedio del daño, y diminución de los Indios, y propone ser medio eficaz la perpetuydad de encomiendas: presenta el parecer de los juezes comissarios, que fueron à aquel reyno à tratar de la perpetuydad (Madrid, 1619); el Parabién al Rey D. Felipe III Nuestro Señor que da la cabeca del reyno del Perú en su nombre el licenciado Juan Ortiz de Cervantes su Procurador General en la Corte (Madrid, 1620), y, finalmente, la Información en favor del Derecho que tienen los nacidos en las Indias a ser preferidos en las prelacías, Dignidades, Canongías y otros beneficios eclesiásticos y oficios seculares dellas (Madrid, 1620).
Los temas centrales en todos estos textos fueron la perpetuidad de la encomienda, el aumento de la población indígena, el incremento del tributo y la formalización de la justicia distributiva como política de gobierno de las Indias y como canal de afirmación del pacto colonial.
Todos estos temas fueron tomados en cuenta por Salinas en 1630 y 1639, articulando estas ideas alrededor de un nuevo eje teológico político que fueron la canonización de Solano y las demandas de representación de la elite criolla.
No estuvo solo fray Buenaventura de Salinas en los esfuerzos por demostrar que los voceros de las órdenes religiosas eran los llamados a alertar a la corona de los peligros del mal gobierno y, al mismo tiempo, los encargados de negociar los privilegios de sus pares sociales en el virreinato del Perú.
Veinte años después del segundo memorial de Salinas, otro documento de enorme importancia para entender el género memorialista vio la luz en Madrid.
Se trató del Informe a Nuestro Padre General de la Orden de Predicadores, Fray Joan Baptista de Marinis, le ofrece el presentado Fray Antonio González de Acuña, catedrático de Prima de Moral, Procurador de la Real Universidad de los Reyes, definidor de la Provincia de San Joan Baptista del Perú (Madrid 1659), de fray Antonio González de Acuña, noble dominico limeño y procurador de la provincia peruana en las cortes real y pontificia.
A juzgar por el título, este memorial aparentaría no serlo en el sentido de arbitrio religioso que hemos visto, sino tan solo tratarse de un mero informe del procurador de la provincia peruana al general de la orden.
Empero, la lectura y el análisis del mismo revelan un documento de mayor trascendencia y profundidad temática, y a su autor como a un arbitrista nato identificado con las causas de las corporaciones religiosas y la elite criolla.
El objetivo del viaje de fray Antonio a Roma era promover la canonización de Rosa de Santa María y de fray Juan Masias, o sea que en ese sentido el Informe compartía el tema de la santidad criolla con los textos del padre Salinas.
Pero la diferencia se encuentra en la argumentación, pues González de Acuña partió de la premisa de que la donación pontificia a la corona española era la razón para justificar cualquier apoyo a las causas religiosas en el Perú.
Si los reyes de Espana habían sido beneficiados con los reinos de Indias por el vicario de Cristo, esto se debía a la necesidad de expandir la fe católica por todo el orbe.
La santidad de los candidatos dominicos del Perú solo coadyuvaría a las buenas obras de la orden y a la causa toda de la iglesia militante, y esa precisamente era la misión política de la casa de Austria.
El apoyo a las órdenes y a la santidad criolla serían no solo logros confesionales y políticos, sino el mejor escudo contra los ataques extranjeros a la monarquía católica.
En este sentido, es necesario recordar que el Informe aparece en un contexto europeo poco propicio a la celebración de las glorias imperiales españolas y al reconocimiento de la legitimidad de la posesión de sus dominios.
La paz de Westfalia de 1648 había reducido el poder de Espana en el mundo y la multiplicación de ediciones de la Brevísima Historia de las Destrucción de las Indias de fray Bartolomé de las Casas era creciente -en particular durante la segunda mitad del siglo-, con lo que el memorial del dominico peruano buscó consolidar la genealogía de la legitimidad de la posesión de las Indias.
En palabras de fray Antonio: «Los reyes de España no posseen las Indias por codicia como lo prueba la conversión de gentiles, las órdenes fundadas, las ciudades construidas, las universidades [...] y así también la preocupación de los Indios».
20 La posesión de las Indias estaba además bien justificada en los frutos de la iglesia peruana, que agradecida de los favores de su rey contribuía a su gloria y demostraba fidelidad formando mártires, autoridades, arzobispos y catedráticos.
El Perú era, pese a su lejanía de la metrópoli, leal a la corona y ello se debía a los logros de las órdenes, en particular a la de Santo Domingo.
A diferencia de otros reinos de la monarquía compuesta, cercanos al rey pero desobedientes, el reino peruano destacaba en su fidelidad, contribuciones y valores hispanos: «Y si con atención se advierte, que los fueros de la soberanía y obligación del vassallaje tan natural que no a avido nación bárbara que no la reconozca son que al rey porque trabaja para todos se le debe sustento, porque es señor, reconocimiento, porque influye en todas las comunicaciones civiles se le debe parte, obediencia porque govierna, temor porque castiga, porque premia honor y fuerças porque defiende: conocerá lo que obraron nuestros religiosos sirviéndole en el Perú a imitación de sus primeros padres».
21 Fray Antonio González de Acuña tampoco se alejó del anti-maquiavelismo en sus recomendaciones de buen gobierno para el príncipe cristiano.
España había ya pasado por muchas crisis para dejar en manos del ministro de turno, y en particular de aquellos no afectos a la obra de la iglesia, los asuntos verdaderamente importantes en la afirmación de la soberanía del rey y de sus deberes ante Dios, a quien además debía la posesión de sus principales dominios.
El mejor gobierno era entonces aquel en el que la justicia del monarca, la relación directa con los súbditos, era manifiesta.
Como bien señaló fray Antonio, un rey podía estar animado de buenas intenciones pero erraba si el gobierno quedaba exclusivamente en manos del servidor: «la execución peligra del ministro, a quien toca: no es culpable la Majestad en lo involuntario, para unir lo distante: es forzoso el medio y siéndolo el que govierna, si estravía la voluntad del príncipe, le ofende el que obra mal, usando del poder para la tiranía, a Dios irrita, enoja al rey [...] qualquiera gemido indiano altera la quietud de nuestro rey».
22 Es claro que González de Acuña afirmaba de esta manera la necesidad de una mayor atención al Perú, un reposicionamiento en términos de la representación y el reconocimiento de los derechos de los súbditos lejanos y desatendidos.
La corona lo sabía, solo tenía que atender las demandas de las corporaciones religiosas y de las elites beneméri- tas, porque de no hacerlo enfrentaba riesgos: «La fidelidad del vassallo respira en el aliento del rey...».
23 El Informe de González de Acuña al padre general de los dominicos, impreso en la corte real, no pudo haber tenido un mensaje más claro respecto de la influencia que muestra del anti-maquiavelismo, evidente desde la simbología misma del frontispicio.
González de Acuña hizo muy claras sus intenciones de reposicionar a la iglesia corporativa peruana al interior de la monarquía y el imperio.
Las dos columnas de Hércules, representación de la monarquía española, se encuentran coronadas nada menos que por el escudo de la ciudad de Los Reyes y por el perro fiel, símbolo de la orden de Santo Domingo.
De este modo se reproduce ese orden político que proponía Giovanni Botero en La grandeza de las ciudades, en el cual ciudad y religión dejaban evidencia de la «prudencia y razón de estado» que atendiendo a la razón divina como principio director, mantenían a los súbditos en leal obediencia a su rey y al reino feliz.
No había -en palabras del teórico italiano-mejor fomento para la riqueza y la prosperidad de una ciudad que la posesión de una famosa reliquia, la asistencia divina y la autoridad ejemplar en el gobierno eclesiástico.
24 El memorial de fray Antonio puso en palabras, casi al final del texto, el mensaje tipológico de su portada -la tradición de leer eventos contemporáneos como la realización de una profecía de sino religioso-en una exaltada arenga que parece estar más bien dirigida al rey que no al superior de los dominicos en Roma.
25 El programa de gobierno de la católica ciudad de Los Reyes del Perú y sus cuadros de funcionarios sagrados, llamados a ser los nuevos baluartes de un orden imperial:
Frontispicio del Informe de fray Antonio González de Acuña (Madrid, 1659).
El memorial desde el púlpito
Si el arbitrio/memorial merece una revisión para enfatizar su contenido religioso, no menos sorpresas nos depara el estudio del sermón como fuente para el conocimiento de la problemática política virreinal.
Con una trayectoria relativamente corta, los estudios sobre prédica sagrada y política han sido radicalmente renovados.
Magdalena Chocano consideró el sermón como fuente para entender las demandas de las corporaciones comerciales en su libro sobre la producción escrita mexicana del siglo XVII.
La prédica novohispana colonial se ha enriquecido mucho con los recientes trabajos de Perla Chinchilla y Carlos Herrejón, quienes han definido aún más el corpus de los siglos XVII y XVIII analizando la producción y el impacto del discurso homilético.
Scott Eastman, por su parte, ha resaltado la intersección entre sermón y nacionalismo en el Atlántico español entre fines del siglo XVIII y la coyuntura independentista, revelando la riqueza del género y la complejidad de su contenido.
Si bien conocemos más sobre el sermón como fuente de ideas políticas y culturales en el temprano período moderno, es aún poco lo que sabemos para el Perú y, en particular, respecto de su intersección con el género del memorial.
27 La primera afirmación que se desprende de las fechas y la existencia de sermones en repositorios peruanos y extranjeros, es que pareciera que el arbitrio religioso peruano declina en la segunda mitad del siglo XVII, precisamente cuando más bien el sermón repunta.
Hacia el final del reinado de Felipe IV, el sermón abunda y se desarrolla mucho en el virreinato del Perú, mientras que el memorial de González de Acuña sería el canto de cisne del género.
De hecho, esto se va anunciando desde la década de 1630, cuando se advierte una creciente politización del contenido del sermón, lo que me lleva a ver en este fenómeno un intento de reemplazo del antiguo memorial por una versión más corta, más apasionada, pero con la misma importancia como literatura de negociación con la corona.
El sermón político se alimenta del memorial de alguna manera.
Ilustraré este fenómeno con el caso sumamente interesante del proceso de conversión de un sermón jesuita en memorial, ocurrido en Lima en 1644.
Me refiero al Discurso del mejor arbitrio de Philipo IIII el grande rey de las Españas y emperador de las 27 Para el final del período virreinal ver Eastmann, 2012 y Gálvez-Peña, 2012a.
Para el siglo XVII se puede consultar el trabajo ya citado de Chocano, 2000.
De los varios estudios de Perla Chinchilla me referiré sólo a uno de sus primeros artículos sobre el tema: Chinchilla, 1996.
CARLOS M. GÁLVEZ PEÑA Indias.
Elección de María Santísima Señora Nuestra por patrona de su Española monarchía, del jesuita limeño Gregorio López de Aguilar.
La declaración del patronazgo de la Virgen para las armas de España fue la ocasión celebrada solemnemente por el virrey marqués de Mancera, quien encargó al padre López de Aguilar la lectura del sermón primero y la publicación más tarde el mismo año.
La edición del sermón original devino, sin embargo, en un producto distinto que remite a la era de los memoriales.
Justificó el predicador su empresa enfatizando el hecho de que fuera el arbitrio religioso el mejor formato de comunicación del original mensaje de su sermón: «Señor Illustrísimo: muchos arbitrios han dado estos días los doctíssimos, espiritualíssimos y fervorosíssimos padres predicadores para el remedio de las necesidades públicas y conservación destos reynos en nuestra posesión».
28 Se hace claro desde la dedicatoria del sermón/arbitrio que el jesuita estaba interesado en discutir sobre la crisis que afectaba al cuerpo de la república.
Las calamidades públicas fueron vistas como originarias en el pecado colectivo y solo podían ser remediadas mediante la devoción y la revitalización del vínculo entre la iglesia y el estado.
El arbitrio del padre López de Aguilar utilizó como premisa argumentativa aquello de que todo remedio a la calamidad pública pasaba por la primera razón de estado del anti-maquiavelismo, cual era la obediencia a la corona pues, se preguntaba este autor: ¿qué reino podría construirse con solidez sobre la desobediencia?
Felipe IV, como Jesús en el calvario, enfrentaba la rebelión de Portugal, Cataluña y Flandes contra su dominio, y esa crisis política era causada por el desconocimiento del vasallaje: «¿No está allí esse rey negado de unos malévolos vassallos que por una sin razón de estado rehúsan y desechan el suave yugo de su real dominio queriendo más ser señorieados de tyranos intrusos reyes?» 29 La religión de la mano de los príncipes era cura cierta para toda crisis, en particular las políticas.
Pese a los «infelices [...] sucessos de nuestra monarchía y muchos los reynos que se han dividido della por rebeliones y guerras [...] es María de poderosa y Philipo el grande de gran devoto hijo suyo [que] podemos asegurar que ni las pérdidas tienen otro remedio ni lo entero otra conservación sino esta virgen al pie de la cruz».
30 El centro de esa religiosidad hispana que soportaría el trono sería la devoción mariana, tan favorecida por la corona de España desde tiempos de Felipe II; la mejor curación de la monarquía y la república.
Dado que el fuerte tono moral del arbitrio responde en parte a la lógica moralizadora del sermón original, no sorprende que el padre López de Aguilar se refiera a la crisis tanto como una situación política como a una relajación de costumbres, cuya frivolidad no pierde oportunidad de condenar.
Opuesta a la pureza mariana se presentan el lujo, el consumo y los usos de la vida cortesana de Lima, que en opinión del jesuita eran particularmente manifiestos en el gusto por la comedia, de graves consecuencias para la moral femenina.
No ahondaré en una lectura desde la perspectiva del género o la historia de la sexualidad, pero es ciertamente interesante esta relación entre teatro y relajación de costumbres femeninas, que evidencia la multiplicidad de mensajes del memorial: «tanto tablaje autorizado en casas de poderosos donde se pierde el tiempo, la plata y la conciencia, tanta farsa y representación y comedia impúdica donde la honesta casada y la sencilla doncella tienen escuela pública para aprender el arte de amar y ser amadas y las metaphysicas del amor laçibo».
31 Precisamente será en el terreno de la metafísica donde destaque el análisis político del padre López de Aguilar para conceptualizar la crisis política del imperio.
El patrocinio de la Virgen a la nación española llevará al arbitrista a hacer un repaso de la situación europea en la convulsa década de 1640 y a comparar la vapuleada monarquía compuesta con la túnica inconsútil de Cristo, a fin de entender la crisis de la relación entre reinos y corona.
Dijo el jesuita: La vestidura, la real púrpura de Phillipo el grande se estiende a todas quatro partes del orbe, pues en todas ellas tiene reynos o provincias o ciudades en Europa, Africa, Asia y América, con naciones de todas ellas adornó magestuosamente Dios a tan gran monarcha... mas ay dolor, ay triste caso, que de raigones han hecho rebeldes o invidiosas armas en esta púrpura, todas originadas de contiendas de jurisdiciones entre parientes, hermanos y cuñados.
Allá le llevó en Perpiñán un girón el cuñado francés émulo perpetuo de su Gloria.
Allá desmembró otro pedaço el inobediente catalán vidrioso conservador de sus presumidos fueros.
Allá dividió otra pieça el pariente duque portugués disgustoso siempre en su devida sugeción.
Acullá en la India cogió su retaço el astuto visorrey pescador ganancioso a la rebolución destas aguas.
Acá en el Brasil echó mano a una tira el rebelde olandés, cerviz siempre indómita al yugo de su señor natural.
¿Qué es esto españoles?
En verdad que no ha sido nuestro reino túnica inconsútil de nuestro gran Rey.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.07 La característica de ser inconsútil la túnica de Cristo -del latín inconsutilis, es decir hecha sin costura, de una sola pieza-, sirve de perfecta metáfora política para explicar la naturaleza sacramental de la monarquía católica bajo Felipe IV; al menos así lo era en la imaginación política de López de Aguilar y de otros arbitristas después de él.
En todo caso, queda claro que los teóricos de las órdenes religiosas entendían que se debía a las pugnas internas en la monarquía compuesta y a la crisis de obediencia al rey el rasgado de esa túnica de naturaleza inconsútil que era el cuerpo político de la monarquía española.
33 No todo está perdido recordó el arbitrista, pues si había reinos que se perdían por la acción humana, era porque al fin y al cabo habían llegado a formar parte de la corona española por vía humana.
Empero, aquellos reinos que los reyes católicos obtenían por gracia divina, esos sí que eran de naturaleza inconsútil, dada la relación cuasi sacramental entre soberanos y vasallos, sancionada por Dios.
Estos vasallos jamás perderían la fe que los mantenía unidos a su soberano: La Quarta parte del mundo es la América, su principal reyno el Perú, su corte y cabeça antes de agora en tiempo de sus Reyes fue el Cuzco, pues a essa ciudad vino poco más de cien años ha entregar este imperio a los españoles [...]
María y la Cruz conduxeron los españoles al descubrimiento, conquista bélica y possessión justificada deste imperio peruano que estriva en su protección [...]
Luego a sombra de María junto a la cruz es evidente la justificada possessión que goça nuestra nación y cathólico monarca deste Nuevo mundo.
Que es el argumento del erudito Justo Lipsio en sus libros de la Virgen Hallense.
34 Es particularmente interesante que López de Aguilar construyera su interpretación de la conquista del Perú a partir de la obra del tratadista flamenco Justus Lipsius o Joest Lips (1547-1606), que es posterior a este hecho histórico, pero que le permitió fundamentar esa alianza simbólica y política entre la corona española y el virreinato peruano a partir del culto mariano.
Asimismo, se sirvió de ese mito teológico-político para validar a los beneméritos, descendientes de los conquistadores.
Lipsio, cabe recordar, fue uno de los principales exponentes del antimaquiavelismo católico al servicio del naciente imperio hispano y su obra Los milagros de Nuestra Señora de la Consolación de Halle, impresa por primera vez en 1603, devino en pieza angular del arbitrismo religioso peruano del siglo XVII.
Para Lipsio, la relación entre el trono y el altar era necesaria a fin de afirmar la cohesión pacífica de la monarquía compuesta.
Sin embargo, como flamenco que vivió en medio de una guerra de independencia, nunca se pronunció en Virgo Hallensis sobre la naturaleza del vínculo vasallático del Flandes español.
Reinterpretando a Lipsio, la inconsutilidad del imperio de Felipe IV para López de Aguilar solo sería posible con un relanzamiento del Real Patronato y del pacto colonial, en el cual la iglesia peruana serviría mayores propósitos de política imperial trabajando en la consolidación de la obediencia de los reinos entregados por la Providencia al monarca católico.
A su vez el rey, en atención a tan leales súbditos que le habían sido entregados por Dios, y no por legados dinásticos o guerras de conquista, favorecería la obediencia peruana con una justicia real, hecha a la medida:
En esta línea de redefinir el rol político de las bulas papales casi al final de la guerra de los Treinta Años, López de Aguilar se alineó con las ideas de su hermano de orden, Diego de Avendaño, quien propuso similar idea en su Thesaurus Indicus, otro tratado con ribetes de memorial, publicado en Lima en 1668.
36 En este relanzamiento imperial de signo jesuita, la iglesia -atacada como origen de los problemas unas décadas antes-ofrecía no solo la posibilidad de conectar el trono y el altar en un proyecto político providencial, sino que al hacerlo el monarca abandonaba posturas nefastas originadas por las de malas influencias y se repotenciaba el cuerpo místico de la monarquía.
En palabras del padre López de Aguilar, «los malos ministros del rey no cessaban de atizar el fuego... en que se abraçen los príncipes.
Pero estos... trocando el horno en confessionarios reconocen la tribulación por efecto de culpa».
37 Es decir, los confesores serían siempre mejores ministros que los validos.
Finalmente, quiero destacar un aspecto muy original del sermón-arbitrio del padre López de Aguilar, que es la noción de un estado central de signo religioso que se anuncia en esa reverenciada «túnica inconsútil» de Felipe IV.
Como bien ha señalado John Elliott, no siempre se pensó en la monarquía compuesta como el ideal de sistema político en el temprano período moderno, aunque fue casi la norma en la Europa de los siglos XV al XVII.
Los monarcas gobernaron sobre monarquías compuestas haciendo uso del principio jurídico del aeque principaliter, que Juan de Solórzano definiera como la unión de reinos bajo una misma corona donde el rey, respetando los fueros de los distintos reinos, reinaba de manera individual.
38 En el caso español, a lo largo del siglo XVII las pugnas por mayores demandas de representación entre la corona y las elites locales revelaron las fisuras y las críticas al modelo.
Como vimos antes, los reinos indianos trataron de asegurar una cuota de representación, a veces con una venal aquiescencia de la corona -urgida de apoyo financiero-y a veces con objeciones.
Desde mediados de la década de 1620 y durante la siguiente, el conde-duque de Olivares, buscó la mayor centralización de la funciones de la monarquía en detrimento de los derechos de representación y de los fueros autonómicos, en particular de los reinos indianos, como ha destacado Arrigo Amadori en su reciente estudio sobre el gobierno del valido.
DISCURSO RELIGIOSO Y REPRESENTACIÓN reinos de Indias, jóvenes en términos de creación política, llegaron tarde a negociar cuotas de representación, aunque hicieron bastante por lograrlas a través de sus elites y sus procuradores, en particular los religiosos.
Hacia mediados del siglo XVII, al estar esta negociación exclusivamente en manos de los representantes de la iglesia, la agenda representativa de las elites quedó subsumida en aquella de las órdenes y acaso hasta diluida.
Sobre el modelo de imperio que la iglesia criolla peruana quería, vale la pena distinguir etapas y diferencias.
Los memoriales de los padres Salinas y Gónzalez de Acuña apelaron a un mayor empoderamiento de las órdenes religiosas pero también de las elites políticas, y esta característica no está presente en el sermón arbitrio de López de Aguilar y, en general, en la producción intelectual de la provincia peruana de la Compañía de Jesús.
Cabría preguntarse si los jesuitas criollos de Lima se estaban decantando por la opción de una monarquía central fuerte de acuerdo al modelo lipsiano; modelo que les costaría precisamente su autonomía un siglo después.
Por ejemplo, en la obra de Diego de Avendaño ya citada, el tratadista no defendió a los encomenderos como Salinas lo hiciera en la década de 1630.
Su visión de la justicia distributiva era una donde el rey tenía irrestricto control de sus actos, incluso de aquellos concernientes a su magnanimidad.
Sin embargo, el padre Avendaño tampocó entregó al monarca un poder absoluto.
Por el contrario, la donación papal subordinaba en parte al rey de España a esos magistrados de lo sagrado que eran los burócratas religiosos y los misioneros, para los que se requería la generosidad de la corona.
40 Este fortalecimiento del poder real ya está presente en el arbitrio de López de Aguilar, quien al condenar a los vasallos desleales de 1640 propuso una monarquía central donde la lealtad política se identificara con la religión, como quería Lipsio a fin de cohesionar el fragmentado Flandes y repotenciar la monarquía católica.
41 El imperio hispano -en 1644-ofrecía para los teóricos jesuitas la posibilidad de una real, no retaceada, y central autoridad real.
Buscaron un modelo de estado que prestara mayor atención a las demandas de las órdenes y a la iglesia criolla peruana en particular, que era una forma distinta de presionar por derechos de representación de las elites, respecto de lo que se advierte en las propuestas franciscana y dominica, antes comentadas.
He querido con estos ejemplos renovar la visión de un género que se pensaba exclusivamente ligado a los temas jurídicos.
Una perspectiva más amplia del contenido de arbitrios y memoriales que explore sus conexiones con lo teológico y lo político permitirá también considerar relaciones históricas y sermones como parte de la tradición memorialista/arbitrista.
Ahora bien, no es casual que los arbitrios y memoriales se fusionaran con otros géneros precisamente cuando el sistema de procuradores se vio restringido de operar y las órdenes religiosas en el Perú -y todas las corporaciones económicamente relevantes junto con ellas-experimentaran crecientes presiones fiscales.
42 El fiscalismo real se inició en el reinado de Felipe III pero llegó a su clímax en el valimiento del conde-duque de Olivares y fue de hecho el más exitoso programa fiscal del reinado de Felipe IV, pero en particular en el período que va de 1621 a 1643.
Las distintas corporaciones en el Perú tuvieron que renegociar sus espacios de representación y sus prerrogativas, lo que se evidenció en la venta de oficios, la prórroga en el goce de encomiendas, las composiciones de tierras, los asientos con los tribunales del consulado y, en particular, la expansión y el empoderamiento de las órdenes religiosas.
43 Cuando las restricciones a los procuradores seculares evidenciaron que la corona no promovería mayor espacio de negociación para las élites politicas y económicas peruanas, fue el lobbysmo de los representantes de las corporaciones religiosas el que tuvo a su cargo, si bien de manera tangencial, atender a los reclamos de beneméritos.
En este proceso de negociacion transatlántica, los procuradores religiosos del Perú redefinieron también el género del arbitrio/memorial según formatos propios del discurso religioso.
El memorialismo religioso, activo desde la década de 1630, reemplazó progresivamente las demandas de los encomenderos de la década anterior y consolidó en unos veinte años un género histórico-religioso que, nutrido de la doctrina anti-maquiavélica, discutió nuevos horizontes para el pacto colonial y hasta una redefinición de la institución del real patronato, revisando asimismo la historia colonial temprana a fin de reposicionar a la iglesia peruana en la fundación del imperio.
La posibilidad de consolidar un estado confesional suponía redefinir a la monarquía compuesta y ligar-42 Ibidem, 183.
Este proyecto fue entendido en Lima como la ansiada oportunidad para el empoderamiento de la iglesia corporativa y del grupo social al que los intelectuales religiosos pertenecieron por origen.
El arbitrismo religioso limeño del siglo XVII pretendió una corona con mayor poder de negociación ante Roma a fin de privilegiar una iglesia peruana acaso más autónoma y ciertamente vinculada a las agendas de afirmación de la conciencia local criolla, como la santidad y la redefinición del pacto colonial.
Sin embargo, dentro del memorialismo religioso peruano debemos ver tendencias y momentos.
La Compañía de Jesús no se involucró tanto con las reivindicaciones de las elites sociales y políticas virreinales como sí parece haber sido el caso de franciscanos y dominicos, y hasta llegó a proponer un modelo anti-maquiavélico de monarquía central que anunciaba el ocaso de las monarquías compuestas.
44 La iglesia corporativa peruana creó en su discurso memorialista de mediados del siglo XVII su propia ciencia de la politica cristiana pero solo tuvo dos o acaso tres décadas para hacer sus propuestas.
Como bien ha sugerido Heinz Schilling -a quien debemos las reflexiones más interesantes para entender el rol de la religión en los imperios de la temprana era moderna y su indirecta influencia en la construcción de la modernidad-la creatividad y la agencia política de los intelectuales religiosos de este período es crucial para entender el desarrollo del estado al menos hasta 1650.
Pero ese diálogo con la corona fue breve y accidentado y, por ende, determinó el escaso éxito del arbitrismo religioso.
Los arbitristas religiosos peruanos se concibieron a sí mismos como una burocracia suficientemente capaz y entrenada para dirigir la nave imperial de la monarquía católica, pero, además de sus objetivos confesionales, asumieron el papel de voceros de las demandas regionales de sus pares sociales, pues las entendieron perfectamente imbricadas y útiles a la salud del cuerpo místico de la monarquía católica de España.
Además de sus facultades como promotores de causas de canonización, el padre Salinas se presentó como procurador de la ciudad de Los Reyes y el padre González de Acuña como procurador de la universidad; el padre López de Aguilar quería ser confesor y consejero político.
En palabras de Schilling, los agentes de la confesionalización buscaron la «cristianización» de la sociedad, imponiendo a vasallos y príncipes la obligación de la auto-exploración y la auto-guía, la introspección y el deber moral, valores positivos y necesarios 44 Schilling, 2008, 14-15.
CARLOS M. GÁLVEZ PEÑA para fortalecimiento del cuerpo de la república en un tiempo de crisis.
45 La modernidad de los arbitristas religiosos peruanos radicó en pretender reorientar el gobierno secular según principios rectores que buscaban la resacralización de la sociedad y también la renovación del estado, pues estos principios no se oponían.
Si este discurso enfrentó la oposición de Olivares primero, se enfrentó luego a la debacle política de la nefasta década de 1640.
A partir del reinado de Carlos II, el arbitrismo religioso peruano -como el paradigma de la confesionalización en general-perdió impulso, pues la promesa de un orden católico global renovado bajo el cetro de los Austrias de España no tenía ya referentes de realidad y la secularización del estado moderno europeo se afianzaba.
Al menos entre 1630 y el final del reinado de Felipe IV, existió una ventana de oportunidad para imaginar desde Lima una recomposición de la monarquía católica con un repotenciado rol de las elites religiosas del virreinato del Perú en ella, y el arbitrismo/memorialismo religioso expresó tal visión del imperio. |
Simposio 7: "Grupos y Sociedades en movimiento.
denominados "sectores subalternos" que, durante años, fueron considerados por la historiografía como marginales a la formación y consolidación de los Estados nacionales.
Entre la veintena de trabajos presentados destacamos algunos, como por ejemplo el de Isabel Monroy y Tomas Calvillo (El Colegio de San Luis, México), quienes analizaron las múltiples estrategias utilizadas por los diversos grupos regionales que sostuvieron el concepto de un México independiente.
En "La construcción del Estado Nacional en México desde una región, 1824-1930" y, través de los discursos y de la revalorización de las epopeyas del pasado histórico, Monroy y Calvillo mostraron la forma en que la clase política mexicana dibujó las coordenadas culturales necesarias para promover y provocar sentimientos de identidad y nacionalidad comunes.
La exaltación de ese pasado mitológico fue el nexo que unió y a la vez justificó los planes y rebeliones de los grupos políticamente dominantes.
Si bien el lugar de convergencia fue la ciudad de México, eje histórico y referente principal para las diferentes regiones del país, la construcción nacional se desplegó a través de una tensión permanente entre las estrategias de las regiones y la de los representantes del gobierno general.
Los autores reflexionaron sobre las disputas generadas en San Luis Potosí para definir sus espacios de influencia, por defender sus intereses y por buscar una relación equitativa con el poder central, todo ello en un extenso periodo histórico comprendido entre 1824 y 1934.
En la misma línea interpretativa que enfoca el estudio de la construcción del Estado-nación desde una región, Víctor Orozco de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, analizó el proceso de conformación de la identidad nacional bajo la perspectiva de la historia local.
El objetivo de la ponencia apuntó a rescatar las manifestaciones generadas en el estado de Chihuahua al movimiento de construcción de la nación y del Estado mexicano.
En su propuesta: "La formación del Estado-nación en México desde las regiones.
El caso del estado de Chihuahua", el autor definió e identificó las fuerzas sociales que operaron en favor de la integración estatal y las que obraron en sentido contrario.
Para ello, examinó la posición de los cabildos municipales, entre 1812 y 1820, en el marco establecido por la constitución gaditana.
Por su parte, Antonio Escobar Ohmstede (CIESAS), en "Los pueblos indios y su participación en los estados-nación latinoamericanos en siglo XIX", trató los momentos de pugna de los pueblos indígenas en la conformación del Estado-nación en los casos de México, Guatemala, Bolivia y Perú.
Al mismo tiempo, confrontó las estrategias elaboradas por los grupos de poder de los distintos países para neutralizar las propuestas de las comunidades indígenas.
Entre ellas, analizó las propuestas de homogeneización racial, las de exterminio, y otras que contemplaban la igualdad jurídica, la ciudadanización y la repartición de tierras comunales o la desaparición del tributo indio para mantener la hacienda pública.
Escobar Ohmstede, mostró de una forma general y acabada las diferentes formas que adoptaron las poblaciones indias para resistir a las políticas liberales, homogeneizantes e individualistas de los Estados-nación en América.
Los trabajos de Ariadna Acevedo Rodrigo (Universidad de Tamaulipas, México), Marta Casáus y Teresa García Giradles (Universidad Autónoma de Madrid), Ingrid de Jong (Universidad de Buenos Aires), y de Leticia Reina del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, enfocaron el tema de la construcción del Estado-nación en México y Guatemala desde la perspectiva de los pueblos indígenas y sus formas de gobierno.
En el caso de Acevedo Rodrigo, la investigadora presentó tres ejemplos en los que las formas de organización indígenas en México contribuyeron a la construcción estatal siguiendo la articulación con la legislación liberal y las prácticas políticas de los municipios y cabeceras de distrito: 1) el cobro del impuesto de capitación, 2) la realización de trabajo no remunerado para obras públicas y 3) la formación de cuerpos filarmónicos para participar en las fiestas cívicas.
Para el caso de Guatemala, Casáus y García recogieron los debates producidos en la prensa guatemalteca de un grupo de intelectuales de dos corrientes de pensamiento opuestas: el positivismo racial decimonónico y el espiritualismo regeneracionista.
Ambas propuestas de la elite intelectual rivalizaban por la hegemonía política y utilizaban el tema indígena y la nación para enfrentarse y capitalizar el interés nacional.
Por su parte, Leticia Reina analizó la relación metodológica existente entre el concepto de indio y nación en México, desde el abordaje que propuso de las ciencias sociales durante la segunda mitad del siglo XX.
El trabajo se realizó rastreando las aproximaciones realizadas desde la antropología y la sociología, en las que se evidenciaban una nueva preocupación por el estudio del indio y la nación.
Ingrid de Jong, de la Universidad de Buenos Aires, examinó la emergencia de nuevas representaciones de identidad y las expectativas de incorporación a la sociedad nacional de los "indios amigos" durante el período que abarcó la unificación política del estado argentino y la Conquista del Desierto.
La ponencia atendió, especialmente a las políticas oscilantes desarrolladas por el estado argentino que iban desde la formulación de proyectos de integración de los indios amigos como ciudadanos y productores, y una política ofensiva de fronteras que más tarde desembocaría en las campañas de exterminio indígena y ocupación territorial.
En este simposio Mark Thurner, presentó su último libro: Sebastián Lorente: Escritos fundacionales de historia peruana, Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2005.
En la exposición, el autor explicó las motivaciones que o empujaron a redescubrir un intelectual peruano olvidado, como Sebastián Lorente que narró la historia fundacional de la nación, como gesto civilizador del pueblo, desde sus primitivos orígenes, hasta su destino providencial de nación peruana.
El libro ahonda en el ¿por qué, cómo, y para quién? escribió Lorente su historia de la civilización peruana; en este sentido, el investigador propuso volver sobre lo que «la edad de las revoluciones» republicana y liberal significó para la ciencia poética de la historia en América.
A lo largo de su presentación, Thurner remarcó que la obra de Sebastián Lorente, vista como "narrativa maestra" de la historia peruana, fue fundacional y fundamental para la comprensión crítica de la invención republicana y postcolonial de la historia nacional de Perú.
Al mismo tiempo, destacó que Lorente fundó una visión sintética y genealógica de la nación como ser histórico, y lo hizo más de medio siglo antes que Jorge Basadre.
Por último, Thurner aseveró que Lorente fue el primer autor contemporáneo de la idea de nación como la perpetua historia total del "ser" peruano.
Raymond Buve, en un minucioso estudio reconstruyó la interpretación que los pueblos rurales de Tlaxcala hicieron de la "imposición" de los ayuntamientos constitucionales y de la ciudadanía política, durante 1812 y 1867.
Buve cuestionó la teoría de la "fría indiferencia" con que los pueblos recibieron estos cambios político-institucionales.
Para ello, siguió un análisis vinculado al concepto de "economía moral" de seguridad y sostén, con las instituciones y jerarquías locales.
Idéntica perspectiva de análisis siguió Romana Falcón en "Disputas plebeyas.
Rebeldía y descontento frente al Estado nacional.
El valle de México en la segunda mitad del XIX".
En esta oportunidad, la investigadora mexicana tomó como fuente privilegiada para su estudio los documentos de origen popular que legaron los insurrectos y descontentos con el proceso de construcción del Estado en México.
La autora intentó redescubrir "la voz de los de abajo" que aparecían en los documentos generados en las rebeliones sociales, así como las acciones de quienes negociaron, cuestionaron y rechazaron la forma en que la nación se fue configurando.
En la discusión final, se profundizó acerca de la pluralidad de enfoques y ópticas presentados en torno a la conformación de los Estados nacionales.
En los que, como se ha explicado antes, algunos privilegiaron el aspecto político, otros los culturales o económicos; sin embargo, todos ellos recuperaron las propuestas, proyectos y visiones de los diversos grupos del "fondo de la pirámide social", que supuestamente estaban fuera de los escenarios y las acciones adecuadas para proponer o construir un Estado-nación.
Fueron tres días de intenso debate en los que se reflexionó acerca de las continuidades y rupturas de las concepciones del Estadonación, nación o el Estado a fines del siglo XVIII, pasando por las propuestas de los primeros decenios de vida independiente y, la más contemporánea del siglo XX y XXI.
Lo que merece destacarse de este encuentro, además de la originalidad y calidad de las propuestas presentadas, fue el contraste permanente entre las variadas experiencias, proyectos y estrategias que llevaron a la formación de los Estados Nacionales en los diversos países de América. |
Aproximaciones al estudio de la mita de plaza en la jurisdicción de Jujuy, gobernación de Tucumán, siglo XVII/
CONICET/Universidad Nacional de Jujuy, Argentina
El objetivo de este artículo es analizar la conformación de la mita de plaza en la jurisdicción de San Salvador de Jujuy en la gobernación de Tucumán durante el siglo XVII.
La mita era una de las instituciones económicas sobre las que reposaba el sistema colonial en los Andes, y permitió garantizar el aporte de trabajo indígena que se volcaba a las obras públicas o diferentes actividades económicas como la minería, agricultura, ganadería, servicios de tambos, etc. Para las comunidades constituía una carga de un porcentaje de sus tributarios que debían abandonar sus propias actividades y en muchos casos trasladarse a considerable distancia, mientras que para distintos sectores como mineros, vecinos sin encomiendas y autoridades era una importante contribución de mano de obra, por esta razón se convirtió en un campo de disputa y tensiones entre los distintos sectores.
PALABRAS CLAVES: Mita de plaza; Mano de obra indígena.
En 1613, los caciques Felipe Viltipoco y Marcos Tinta se presentaron ante la audiencia de Charcas.
Ellos reclamaban la disminución del número de mitayos que sus comunidades debían enviar a la ciudad de San Salvador de Jujuy.
La presentación de los caciques, era parte de una serie de conflictos que se desataron en torno a la reglamentación y funcionamiento de la mita de plaza de Jujuy desde el primer reparto hasta el siglo XVIII.
En dichas pugnas se involucraron los sectores que se beneficiaban o perjudicaban con el aporte de mitayos a la ciudad.
Caciques, encomen deros, vecinos, mineros y autoridades fueron disputando su acceso a esta mano de obra y generando cambiantes alianzas en relación a las diferentes coyunturas políticas, el desarrollo de distintas actividades económicas y las contiendas jurisdiccionales.
La mita fue una de las instituciones económicas sobre los que reposaba el sistema colonial en América.
Basada en la idea de turno de la antigua mit'a incaica, su reformulación durante la colonia creó un sistema de trabajo compulsivo orientado a la minería, la agricultura, la ganadería, la construcción, etc. Aunque tenía antecedentes previos, fue el virrey Toledo quien la institucionalizó durante el siglo XVI para organizar la provisión de mano de obra a las explotaciones minera del altiplano, especialmente Potosí.
La mita -en especial la potosina-ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, tanto en su contribución de trabajadores a la actividad minera, como en la constitución histórica de una relación de producción.
También se ha analizado su efecto en la población indígena, en las migraciones o en las razones de exclusión de determinadas zonas, desde su creación hasta la supresión de la misma.
1 Estas investigaciones son escasas para otras modalidades de la mita en los Andes y son prácticamente nulos para la gobernación de Tucumán.
2 Sin embargo, la mita de plaza dentro de la gobernación de Tucumán era un significativo aporte de mano de obra para sostener servicios y construcciones de las ciudades y de sus vecinos en contextos de penurias por las mismas.
En este artículo nos proponemos realizar una primera aproximación al estudio de la mita de plaza en una de las jurisdicciones de la gobernación de Tucumán durante el siglo XVII.
Se plantea abordar la manera en que fue institucionalizado el sistema; las autoridades encargadas de su funcionamiento; las tareas a que se destinaban los contingentes de la mita y los conflictos que afloraron entre los diferentes sectores por la mano de obra mitaya.
La ciudad de San Salvador de Jujuy -después de dos intentos de instalación previa-fue organizada en 1593 en la ruta que unía los centros mineros con la gobernación de Tucumán.
Una parte de sus habitantes prehispánicos se repartió en encomienda antes de la última fundación.
Estas encomiendas estuvieron en manos de vecinos de La Plata, Tarija y Salta según avanzaba la ocupación española hacia el sur.
La jurisdicción lindaba con áreas mineras en expansión como la de Lipez y Chichas (jurisdicción de Charcas).
3 Después de creada la ciudad y tras la definitiva pacificación, la población indígena quedó distribuida en varias encomiendas, de las cuales ocho se mantuvieron hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX.
4 La población encomendada fue reducida en pueblos de indios construidos a instancias de sus encomenderos.
El tributo era pagado con servicios personales y a veces en efectivo -pese a que las Ordenanzas de Alfaro lo habían tasado en dinero y en el caso de Jujuy contemplaban su conmutación en productos específicos de la región-.
5 Estas encomiendas no reunían una gran cantidad de tributarios, en comparación con las de los Andes Centrales y las de la audiencia de Charcas.
Por ello la mita de plaza movilizaba contingentes de menor magnitud respecto a los de otras áreas.
Sin embargo, por pocos que fueran resultaba un preciado aporte de mano de obra temporal para las instituciones y vecinos que no hubieran obtenido encomiendas en la jurisdicción.
Es difícil conocer exhaustivamente la cantidad y evolución de la población indígena colonial en Tucumán y Jujuy durante los siglos XVI y XVII.
Aquí solo se realizaron unos pocos recuentos generales y algunas estimaciones o padrones incompletos.
Hacia fines del 1500, el gobernador Ramírez de Velazco ponderaba un total de 56.000 tributarios (hombres entre los 18 y los 50 años), de los cuales 3.000 vivían en la jurisdicción de Jujuy y sumados a sus familias permitían estimar un total de unas 15.000 personas en la jurisdicción.
6 En 1607 se efectuó el padrón del gobernador Alonso de Ribera.
Según esta fuente, la jurisdicción de la ciudad de Jujuy tenía unos 490 tributarios distribuidos en 8 encomiendas.
7 En la segunda mitad del siglo XVII, hubo dos recuentos generales para toda la gobernación de Tucumán: en el primero de 1673 se contabilizaron en Jujuy 463 tributarios y en el segundo (1692-1694) durante la visita a las encomiendas del Tucumán,8 el oidor Luján de Vargas registró en Jujuy 191 tributarios.9 Aparte de ellos contamos con algunos padrones, como los realizados con los cambios de investidura y unos pocos registros parroquiales.
Todas estas cifras se pueden ver en el Cuadro n.o 1.
Sobre esta población indígena se organizó el sistema de mita de la jurisdicción de Jujuy, desde los últimos años del siglo XVI.
La reglamentación de la misma estuvo en manos de los gobernadores de Tucumán y de un visitador de la audiencia de Charcas y su implementación fue objeto de pleitos y enfrentamientos a lo largo del XVII.
Reglamentando la mita de plaza en Jujuy
El intento más temprano de instituir la mita de plaza aparece en un pedido elevado por el procurador de la ciudad de Jujuy al gobernador de Tucumán en 1595.
En ese momento, el gobernador Mercado de Peñaloza había visitado la ciudad y participado activamente en la pacificación definitiva de la jurisdicción, junto con el fundador Francisco de Argañaraz.
Esta acción los llevo a realizar una serie de incursiones en las cuales apresaron a varios caciques principales de la jurisdicción.
11 Ellos representaban a la 10 Incluye el pueblo de San Rafael de Sococha pueblo de la encomienda de Omaguaca que estaba ubicado en la jurisdicción de la Audiencia de Charcas.
Sin embargo algunos de estos grupos formaban parte de encomiendas muy tempranas, entregadas a vecinos de Charcas, Tarija y Salta.
12 Producto de esta visita a Jujuy, el gobernador Mercado de Peñaloza conocía muy bien la frustración que significaba para los habitantes de Jujuy descubrir que una vez apresados los caciques aparecían sus encomenderos a tomar posesión de ellas.
Doble frustración porque muchos de estos encomenderos vivían en ciudades cercanas.
13 Por ello decidió otorgar a los vecinos de Jujuy algún tipo de acceso a la mano de obra reglamentando la mita de plaza de la ciudad y de manera provisoria los distribuyó:
Vengan los indios siguientes del pueblo de Yala indios del cacique Don alonso Ossa que esta tres leguas de esta Ciudad.
Vengan sinco indios del pueblo de tilian, que esta apartado de esta Ciudad seis leguas, vengan otros cincos indios del Pueblo de Purmamarca que esta apartado de esta ciudad ocho leguas, vaian sinco indios de los indios churumattas que agora de presente estan apartados de esta ciudad vengan ocho indios de repartimiento de umaguaca que esta apartado de esta Ciudad, vengan doze indios de los repartimientos de Casabindo y Cochinoca que estan apartados de esta ciudad veinte y sinco leguas vengan ocho indios que por todos son cincuenta y seis.
14 Lo interesante de este reparto es que se realizó sobre grupos recientemente pacificados, y que, en la mayoría de los casos, no estaban todavía reducidos, ni empadronados, razón por la cual no se asignaba un porcentaje de mitayo sobre la cantidad de tributarios de cada pueblo, sino un número fijo de acuerdo al conocimiento y las estimaciones de los vecinos y el gobernador.
Por ello, en esta distribución, algunas encomiendas se identificaban con el nombre del cacique, con las distancias en relación a la ciudad y las más importantes son denominadas como repartimientos.
15 Estas medidas fijaban un turno de mita cuatrimestral, sin especificar en los meses en que debía cumplirse cada turno.
15 Las encomiendas mencionadas como repartimientos eran las más importantes en cuanto el número de tributarios y habían sido parte de encomiendas mayores entregadas por Francisco Pizarro en 1540.
En cuanto a las reducciones de los grupos mencionados en la cita sabemos que los pueblos de Santa Ana de Casabindo y Espíritu Santo de Cochinoca fueron fundados después de 1602 (7 años después de este reparto).
San Antonio de Humahuaca se levantó en los últimos años del siglo XVI al igual que el de San Ildefonso de Yala.
Por su parte, el pueblo de Santa Rosa de Purmamarca se estableció en la segunda mitad del siglo XVII.
Los restantes (Churumatas, Tilian y pueblo del cacique Alonso Ossa) estaban en proceso de toma de posesión por parte de sus encomenderos.
En caso de no haber plata estaba previsto conmutar el pago por animales, maíz o textiles.
16 La primera reglamentación de Mercado de Peñalosa en Jujuy era parte de su política general de reordenamiento de la población indígena de la gobernación de Tucumán.
17 Apenas transcurridos seis años de la implantación del sistema, el cabildo de Jujuy tenía serias dificultades para lograr el cumplimiento de la mita.
La sala capitular envió a hacer padrones en las chacras cercanas de la ciudad para tener una idea cierta de la cantidad de indios que allí trabajaban y establecer quienes estaban en condiciones de mitar.
18 Al mismo tiempo, volvió a recurrir a la autoridad de los gobernadores de Tucumán para confirmar y tratar de que se cumpliera con el envío de los mitayos a la plaza de Jujuy.
En dos ocasiones, los gobernadores Martínez de Leiva en 1601 y Barraza Cárdenas en 1602 emitieron dos nuevos Autos en los que reafirmaban el reparto efectuado por su antecesor Mercado de Peñaloza, salvo una pequeña modificación del gobernador Barraza y Cárdenas por la que rebajaba la mita del pueblo de Yala de 5 a 3 mitayos por tener sólo unos 17 tributarios.
19 En 1611, el oidor Alfaro volvió a reglamentar la mita de plaza como parte de las tareas encargadas por la audiencia de Charcas.
El reparto establecido por Alfaro tenía un carácter provisorio ya que -como él reconocía-no estaban terminados los padrones de las distintas encomiendas y por lo tanto era difícil establecer la proporción de tributarios que debía aportar cada uno, reservando el reparto definitivo para al momento de concluir de visita.
La nueva distribución fue la siguiente: los tilcaras», consignados por primera vez y que pertenecían a la de Francisco de Argañaraz (el fundador de la ciudad) y sus herederos.
También se mencionan a los de Paipaya que eran un desprendimiento de la de Churumatas, y para 1611 no tenían todavía sitio fijo de residencia.
Por otra parte ya no se señalaba con obligación de aportar mitayos a los integrantes de dos de ellas.
Una de ellas era la de Tilián, quienes ha bían sido desnaturalizados e instalados en la vecina jurisdicción de Salta.
La otra, comprendía a la gente de Churumata, que por esta época había huido de un primer asentamiento y una parte de ellos fue trasladada a una propiedad en Salta, antes de ser reasentados definitivamente en Tarija durante la década de 1630.
21 Por último, se menciona el pueblo de Alonso de Tobar, que era Yala, en este caso denominado con el nombre de su encomendero.
23 En el auto del gobernador dice que son en total 56 mitayos, sin embargo la suma de los especificados es de 48 mitayos.
Lo dispuesto por Alfaro reducía considerablemente el número de mitayos aportados: de 46 a 21 (decimos 46 atendiendo a la disminución de 2 mitayos de Yala que había introducido el gobernador Barrasa en 1602).
También duplicaba el jornal que debía pagárseles y establecía que la mita se entregaría dividida en dos turnos de cuatro meses entre mayo y diciembre (la estación seca en la región).
Para tomar esta decisión, Alfaro había consultado a los caciques de las distintas encomiendas y a los antecedentes insertos en las diferentes ordenanzas de los gobernadores de Tucumán.
El drástico reajuste tenía que ver con los objetivos de la visita de Alfaro que intentaba mejorar las condiciones de trabajo de los indígenas y de instaurar el modelo toledano en el Tucumán.
Llama la atención de este nuevo reparto el hecho de que Alfaro rebajó la cuota de mitayos de las encomiendas más populosas, especialmente las de la Puna y la Quebrada de Humahuaca.
Por ejemplo, los integrantes de la de Casabindo y Cochinoca debían enviar 5 mitayos, con la reglamentación de Alfaro, en lugar de los 12 establecidos en 1596.
La de Omaguaca, pasó de 8 a 4 mitayos.
En proporción, la de Paipaya que contaba con un promedio de 20 tributarios debía entregar 3 mitayos.
Como dijimos, este Auto de Alfaro se efectuó en enero de 1611, a comienzos de su visita, cuando todavía no estaban realizados los padrones definitivos.
La medida de reducir el número de mitayos y aumentar su salario no fue bien recibida por algunos vecinos de Jujuy, especialmente por aquellos que no habían obtenido una encomienda.
En 1612, el propio visitador reglamentó la mita de plaza para toda la gobernación del Tucumán en las cláusulas 46, 47, 48 de sus ordenanzas.
De acuerdo con ellas, la mita consistía en el aporte de la sexta parte de los tributarios de cada pueblo, entregados a la ciudad cabecera de la jurisdicción, siempre que no residieran a más de 20 leguas.
El reparto de mitayos estaba en manos de un alcalde y un regidor que cada lunes debían adjudicar la mitad de ellos a personas e instituciones que lo requirieran, mientras la otra mitad debía tener libertad de contratarse por su cuenta.
Los trabajos para los que se podía utilizar la mano de obra mitaya eran la construcción, las tareas agrícolas y ganaderas, los oficios manuales y servicios de las casas.
Se excluían expresamente las labores mineras, con sierras, la doma de equinos, el transporte y acarreo de bienes o personas.
24 En 1612, cuando las ordenanzas de Alfaro se conocieron, el cabildo nombró como procuradores a Fernando de Toledo Pimentel (vecino de Santiago del Estero) y a Juan Ochoa de Zarate (encomendero de Omaguaca) para presentarse ante las autoridades y discutir algunas cuestiones pendientes, derivadas de la visita de Alfaro y la aplicación de sus ordenanzas.
En sus instrucciones se señalaba la necesidad de garantizar la mita de plaza y la presencia de los mitayos de Casabindo y Cochinoca para Jujuy, así como asegurar que el contingente total debía estar conformado por la sexta parte de los tributarios de cada encomienda.
25 Sin embargo, sobre este punto, había una fuerte disidencia entre dos bandos.
Por un lado, para los encomenderos y comunidades indígenas las normas transitorias de Alfaro eran más convenientes que las nuevas ordenanzas.
Por otro, los vecinos que no poseían encomiendas.
Para ellos la mita basada en la sexta parte de tributarios prometía elevar las posibilidades de acceder a una mayor cantidad de trabajadores.
La disputa durante esos años fue por sostener la vigencia del auto de Alfaro de enero de 1611 o su nulidad a partir de la promulgación de las ordenanzas de 1612.
Esta pugna se tradujo en quejas y pedidos elevados a la real audiencia de Charcas, en la que tuvieron un activo papel los caciques de Tilcara, Casabindo y Cochinoca a través del protector de naturales y el capitán Martín de Ledesma Valderrama.
Este último, representaba a un grupo de vecinos sin encomiendas quienes le habían otorgado una carta de poder para presentarse ante la audiencia de Charcas y el virrey a fin de reclamar el cumplimiento de las cláusulas 47, 48, 49, 50 y 51 de las ordenanzas de 1612.
26 En marzo de 1613, la real audiencia hizo lugar al pedido de Martín Ledesma Valderrama y sus representados, considerando la vigencia de las citadas ordenanzas.
Inmediatamente algunos de los caciques de la Quebrada de Humahuaca y la Puna consiguieron, mediante una presentación ante la misma audiencia, disminuir temporalmente el número de mitayos y aumentar el jornal a cobrar.
En la presentación de los caciques se apelaba a un nuevo argumento -tomado de la cláusula 48-, por la cual sólo debían mitar las comunidades ubicadas hasta las 20 leguas de distancia de las ciudades cabeceras.
Por lo tanto los pueblos de la Quebrada de Humahuaca y de la Puna quedaban fuera de dicha obligación, por la distancia que había entre sus asentamientos y la ciudad de Jujuy.
27 Este argumento se utilizará reiteradamente en otros pleitos hasta el siglo XVIII.
La presentación se completaba con el pedido de que, en el caso de no hacerse lugar a la exención de la mita, se mantuviese el número de mitayos consignados por Alfaro en su auto transitorio y al igual que el pago de un jornal de 2 reales diarios.
28 Frente al requerimiento de los caciques, la audiencia resolvió dar primera medida de no innovar hasta pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
Al poco tiempo dispuso disminuir el contingente de los mitayos a 14 hombres en total (3 menos que el auto de 1612) y además les fijó un salario de 2 reales diarios, reafirmando la decisión de Alfaro.
Esta medida favorecía claramente a los caciques, sus comunidades y encomenderos.
El cabildo de Jujuy, apeló la resolución de la audiencia.
Aquí nuevamente, fue Martín de Ledesma Valderrama quien realizó la presentación pero esta vez en nombre del cabildo.
En ella, se reconocía la posible existencia de intereses contrapuestos, dentro de este cuerpo entre los encomenderos y los vecinos que no lo eran.
Finalmente, la audiencia determinó que se debían cumplir las ordenanzas, pero en compensación mantuvo el pago de los 2 reales como jornal, a lo largo del siglo XVII.
29 A partir de ese momento, la mita de plaza de la ciudad de San Salvador de Jujuy no conoció nuevas reglamentaciones.
Las únicas modificaciones fueron las que ajustaban el total de 27 El argumento era cierto dado que en la actualidad, la distancia entre Humahuaca y la ciudad de Jujuy es de 126 km aproximadamente y entre Casabindo y Jujuy más de 220 km.
Caciques y alcaldes de mita
Siguiendo el modelo toledano, Alfaro había dispuesto -en su auto transitorio-que el reclutamiento de la mita estuviera bajo la jurisdicción de un alcalde mayor, dividiendo en dos figuras distintas la responsabilidad de la entrega completa del contingente de mitayos y su distribución en San Salvador de Jujuy.
De la primera tarea, debía responsabilizarse el alcalde mayor de mita y de la segunda, el alcalde ordinario: su merced dejara nombrado alcalde maior aparte que mire por dichos indios el qual ha de tener cargo y obligación de enterar el indio que faltare y a el se le han de pedir y no al encomendero aunque se huia y la repartición la han de hacer los Alcaldes ordinarios con la asistencia de la justicia maior y no se pueda dar indios de mita sino a vecinos propio que asista y tenga casa poblada y chacra y asistiendo en la dicha ciudad y esto se de a entender a los indios principales para que en el mes de mayo a primero tenga aparejadas la dicha mita.
31 Sobre el alcalde de mita recaía la responsabilidad de «enterar» la misma ya que Alfaro eximió a los encomenderos expresamente de esta obligación.
Por su parte, a los caciques también se les exigía la tarea de garantizar que los mitayos de su pueblo estuviesen preparados para que el alcalde mayor de mita los sumara al contingente de turno.
Mientras que los alcaldes ordinarios debían efectuar el reparto de los mismos en la ciudad.
El auto de Alfaro no especificaba quien debía ejercer el cargo de alcalde mayor.
El cabildo de Jujuy delegó esta función en los caciques de la región designándolos como alcaldes de mita.
Posiblemente, los funcionarios del cabildo de Jujuy tuvieron en cuenta el modelo toledano de la mita minera que, en Potosí, sumaba la estructura estatal con la jerarquía de auto- ridades indígenas a partir de la creación de las capitanías y los alcaldes de mita.
Desde 1618, se encuentra registrada la elección anual del encargado de la mita, tarea que recayó en algunos de los jefes étnicos más importantes de la zona.
Ellos fueron elegidos como alcaldes hasta aproximadamente 1635, y la ejercieron preferentemente los caciques de Quebrada y Puna, y eventualmente sus hijos o alguna persona cercana (cuadro n.° 3).
La práctica del mismo implicaba también la jurisdicción criminal sobre la población mitaya, ya que los alcaldes de mita portaban vara.
No sabemos, si el desempeño en esta función produjo modificaciones o encumbramiento del cacique de un pueblo sobre otro.
Resulta significativo que sólo en una oportunidad uno de ellos perteneciente a una de las encomiendas del Valle de Jujuy -que eran las más pequeñas-hubiese ejercido el cargo.
Entre 1634 y 1636, el cabildo no pudo regularizar los envíos de mita a causa de la negativa a trasladarse a la ciudad de los mitayos de la Puna y de Ocloyas.
El cabildo aprovechó esta coyuntura para desplazar a los caciques.
En 1636, al año siguiente en que se deja de elegir a los alcaldes de mita, el procurador se quejaba de la falta de indios en el segundo turno de la mita, ya que muchos mitayos huían.
Para las autoridades, el sistema no funcionaba correctamente porque los caciques no viajaban controlando el contingente y evitando las fugas.32
Repartiendo la mita de plaza.
Alcaldes ordinarios, vecinos e instituciones
Una vez que el contingente mitayo llegaba a Jujuy, nos preguntamos ¿cómo se realizaron los repartos?, ¿quiénes fueron los principales beneficiarios del trabajo mitayo?, ¿a qué tarea se destinaba la mita de plaza?
La Ordenanza 49 establecía: que los yndios que ansi vienen de mita la mitad de ellos los rrepartan un alcalde y rregidor en cada lunes a las personas que mas bien les paresciere y la otra mitad se alquilen con quien ellos quisieran.
33 Esta era una de las mayores aspiraciones de los vecinos sin encomiendas, ya que a través de la libre contratación podían acceder a mano de obra para llevar adelante distintos emprendimientos.
En un contexto de necesidad debido al desarrollo de actividades productivas -como la agricultura (tanto para el mercado local u orientada a la venta de estos productos en las minas cercanas), la ganadería, la minería, el arreo de ganado en pie o los fletes de mercancías-contar con el aporte de los mitayos podía ser importante.
Si bien desde la primera reglamentación de la mita de plaza, el interés de las autoridades se centraba en dotar de trabajadores a los habitantes -para evitar el despoblamiento de la ciudad-, esta necesidad también entraba en pugna con la de las instituciones.
El cabildo también precisaba de trabajadores para las obras públicas o para mantener servicios tales como la reparación de edificios, caminos y puentes (vitales, ya que Jujuy estaba ubicada en la ruta que unía la gobernación de Tucumán con las zonas mineras), la limpieza de las acequias o el matadero y el abasto de carne.
En 1658 el traslado de un reparto mitayo nos permite conocer las formas en que se realizaba y a la vez, conocer el destino de la mita en Jujuy.
Se trata de la copia de una memoria sobre la adjudicación del primer turno de mita, efectuada por el capitán Pablo Bernárdez de Ovando, alcalde ordinario de Jujuy y reciente encomendero de Casabindo y Cochinoca.
34 En ese momento, se adjudicaron 54 mitayos en total.
Del mismo 15 indios fueron asignados a instituciones o para funciones precisas de la ciudad (por ejemplo: la iglesia matriz, el cura rector, los conventos de San Francisco y La Merced, el alcalde de indios, el alcalde de aguas, el matadero y la cárcel).
Los 39 restantes se distribuyeron entre particulares; 19 se compartían entre dos vecinos, alternando una semana cada uno.
Resulta muy significativo que la mayor parte de la mano de obra mitaya se asignara a individuos antes que a instituciones o a servicios públicos (anexo n.o 1).
En el reparto que se realizaba por cuadra, los primeros beneficiarios consignados eran algunos vecinos principales que no tenían encomiendas.
Tras ellos, se enumeraban a otros menos encumbrados como la entrega de 9 mitayos a mujeres, 5 de las cuales eran viudas.
Entre los beneficiados encontramos a algunos como Alejandro de Urrutia, Thomas de la Guerra, Cristóbal de Ovando, Juan de Adaro, Francisco Salcedo o Juan Gaytan que poseían algunas tierras en las cercanías de Jujuy y tenían diferentes tipos de participación en el cabildo.
Por ejemplo, el padre de Juan Gaytan había intervenido en la apelación contra la normativa de Alfaro en 1613, posteriormente se casó en segundas nupcias con Isabel de Ayala (heredera de la encomienda de Purmamarca) pero a la muerte de su mujer perdió el acceso a los tributos, la mano de obra de esta encomienda y sus hijos sólo heredaron dos chacras en Palpalá.
Con Juan de Ferreyra pasaba algo parecido.
Ligado por matrimonio con la hija del encomendero de Yala, Alonso de Tobar, él no tenía derechos a la encomienda.
Los restantes tenían ganado, eran labradores en pequeñas propiedades, arrieros o solían trabajar para otros vecinos.
35 Sólo en un caso, el beneficiado era encomendero.
Este objetivo primaba inclusive sobre la necesidad de asignar mitayos para obras públicas.
La disputa de la mita.
Caciques, encomenderos, mineros y autoridades
Por poco que pareciera, obtener el servicio de un solo mitayo (inclusive compartido) era una ayuda para la construcción o reparación de casas, labores agrícolas, guarda de ganado o inclusive en la arriería (a pesar de la prohibición).
De no contar con este beneficio muchos de ellos se veían obligados a contratar mano de obra -compuesta de indios forasteros o indios de encomiendas locales-que resultaba más costosa que el salario de un mitayo.
36 Si se cumplían las ordenanzas de Alfaro, la retribución de ellos era de dos reales diarios, así un vecino debía pagar 28 pesos por turno más la comida.
La cifra surge de calcular la suma de 2 reales diarios por los 4 meses completos.
La reglamentación de Alfaro y de los gobernadores no especificaba si se asignaban días de descansos.
De ser así, la cifra de pago sería menor.
En cuanto a las retribuciones a indios contratados, es posible que en momentos de poca oferta de mano de obra, los particulares se vieran obligados a solventar salarios muy altos:
Que tengo hecho concierto con un indio del Perú llamado Martín para manejar junto con el las sementera como las cosechas con las que apenas me puedo sustentar ni puedo alcanzar con que se me de un mitayo por ser pocos los que ay y muchas las personas en quien sean despachados... y no podemos bibir los pobres que no tenemos encomiendas y teniendo librado mi sustento en el dicho yndio pagandole por tenerle seguro y contento mucho mas de los que se acostumbra de dar comumente a un indio, que son cien pesos en cada un año de que estoy debiendo la mitad del salario.
37 Si bien en este caso, los 100 pesos prometidos constituían un costo muy grande para la época, no conocemos la excepcionalidad del mismo.
Aun así, la necesidad de mano de obra podía resultar acuciante en determinados momentos y en algunas actividades económicas.
Debido a su escasez, los vecinos sin encomiendas presionaban por la libre contratación de indígenas encomendados y por la regular provisión de la mita de plaza.
38 A lo largo del XVII se produjeron diversos conflictos en torno a la institución.
Algunos de ellos, terminaron con largos pleitos en la audiencia de Charcas en los que se discutía sobre la aplicación de la normativa transitoria de Alfaro o de las ordenanzas definitivas; los conflictos con la jurisdicción de Salta sobre los mitayos de la Puna; los alcances de la autoridad del teniente de la Rinconada sobre la mita de Jujuy, o la posibilidad de entregar parte de los mitayos asignados a particulares por gobernadores o por la propia audiencia de Charcas.
39 Además de los juicios, los mayores problemas que entorpecieron el funcionamiento del sistema de la mita fueron los levantamientos y huidas de los mitayos -especialmente en los traslados hacia la ciudad-favorecidos por los propios caciques según las autoridades.
En otras ocasiones los propios encomenderos impedían la llegada de los mitayos.
Durante el siglo XVII, las autoridades del cabildo debieron reiterar la necesidad de «enterar» la mita en por lo menos 6 ocasiones y enfrentar 3 levantamientos contra ella en diferentes regiones de la jurisdicción.
40 Junto con estos litigios, en la realidad cotidiana de la ciudad la necesidad de disponer de mitayos enfrentaba a particulares y autoridades, o a representantes de algunas instituciones contra los alcaldes (quienes eran los encargados de la distribución de los trabajadores), y estas tensiones se resolvían con peleas y a gritos.
Así, en 1641 el guardián del convento de San Francisco comprendió que no podía terminar la torre de la iglesia al no recibir mitayos en el reparto por tercer año consecutivo.
65-66; ATJ1644 -250, 1-1 v 39 Los gobernadores de Tucumán y la audiencia otorgaron cierta cantidad de mitayos a particulares para matanzas o laboreo de minas dentro de la jurisdicción o zonas vecinas.
El caso más extremo fue la concesión de 6 indígenas destinados a la mita de plaza que el gobernador Argandoña le dio a Pedro Martínez de Tejada y Ovando en 1688.
La misma fue revocada unos años después por el Consejo de Indias cuando Martínez pidió confirmación de ella como si fuese una encomienda AGI, Charcas 111,n 7, 1692.
GABRIELA SICA hasta la casa del alcalde de primer voto y tras una fuerte discusión consiguió que el cabildo le otorgara, excepcionalmente, dos mitayos para concluir la obra.
41 Sin embargo, una de las contiendas más intensas por el aprovechamiento de los mitayos tuvo lugar entre los mineros de la jurisdicción y zonas vecinas, el cabildo y los vecinos de Jujuy.
En este caso, primaba el interés de la política global de la corona de fomentar la minería por encima de los intereses locales de una jurisdicción.
Desde fines del siglo XVI, se desarrollaba un foco de explotación argentífera en el cerro del Espíritu Santo de Cochinoca y otro, en el cerro Pan de Azúcar, los dos situados en la Puna de Jujuy.
También se exploraban y beneficiaban minas en la zona de Lipez y Chicha, en los límites de la jurisdicción de Jujuy.
42 En ese momento, la dinámica del desarrollo de la actividad minera conspiraba contra la mita.
En 1601, el cabildo de Jujuy se quejaba ante el gobernador de Tucumán sobre las dificultades de poner en vigencia el primer reparto establecido unos años antes, dado que la: «...orden no se guarda y dejan de venir los dichos indios para darlos a las minas y otras partes...».
43 Hacia fines de la década de 1630, la actividad minera en la Puna de Jujuy se hallaba en expansión al sumarse nuevas zonas en explotación, mientras que en Lipez se desarrollaba la exploración de los ricos depósitos de minerales del Nuevo Mundo y crecían los beneficios de los yacimientos de Chichas, como los de Chocaya, Esmoraca, Tupiza, etc. 44 Uno de los pro-41 AHJ 1641 XXI-1, 208.
42 «...En otras partes de este distrito se han descubierto algunas minas como son en la provincia de los Chichas y en los confines de Tucumán y otras que se llaman de Cochinoca las cuales prometen mucha riqueza y se van poblando de españoles que acuden a poblarlas y trabajar en ellas.
En todo lo que podemos fuera de lo que es repartir indios que esta a cargo de vuestro virrey, procuramos favorecer y ayudar las dichas poblaciones...» 1601, La Plata, CGGV, 3346 citado en Palomeque, 2006.
44 Las riquezas mineras de Lipez y Chichas eran conocidas desde las últimas décadas del siglo XVI.
Las primeras prospecciones y aprovechamiento de algunas vetas superficiales se iniciaron en esa época.
El desarrollo de la actividad minera en Chichas comienza en los primeros años del siglo XVII con la puesta en marcha de las minas de Tupiza (1602), Esmoraca (1606), Tatasi (1612) Chocaya (1633).
En 1646, existían en Chichas 18 asientos de minas: Chocara, Tatasi, San Vicente, San Francisco, Chorolque, Monserrate, Tasna, Choroma, Chocaya la vieja, Nuestra Señora del Rosario de la Nueva Mancera, Chilca, Los Serrillos, Esmoraca, Santa Isabel, El Bonete, San Cristóbal, La Trinidad y San Antonio junto con un importante número de ingenios.
El desarrollo de las explotaciones de Lipes, también databa de finales del siglo XVI, pero el apogeo de la zona de San Antonio del Nuevo Mundo se dio entre las décadas de 1640 al 70.
En la Puna de Jujuy también se desarrollaron emprendimientos mineros durante el siglo XVII, en la zona de Cochinoca y Rinconada.
APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE LA MITA... blemas frecuentes en estas minas eran las reiteradas inundaciones de sus socavones y la falta de mano de obra.
La audiencia de Charcas, que desde comienzos del siglo XVII conocía las posibilidades y expectativas de esas explotaciones, decidió apoyarlas asegurando la provisión de trabajadores.
En 1639, el presidente de la audiencia de Charcas demandó a los cabildos de Jujuy y de Salta la entrega de cien tributarios de sus encomiendas para ayudar en el desagüe de las minas de Chocaya.
En el cabildo dudaron en cumplir la orden -contra la cual se había apelado-por los perjuicios que acarreaba respecto de la provisión de la mita.
La medida quedó sin efecto debido a las presentaciones hechas por las autoridades locales.
45 La intención de dotar de hombres para la explotación de las minas de Chichas continúo en los años siguientes.
Pablo Espinosa, uno de los mayores empresarios mineros de la región, intentó obtener mitayos regulares -por diferentes medios-para sus emprendimientos de Chichas.
Para ello, Don Pablo apelaba no sólo a su larga trayectoria (más de 2 décadas) como poseedor de extensas vetas y algunos ingenios sino también a las relaciones surgidas de su casamiento con Ana María Velazco y Patiño.
En 1646, Espinosa pidió al virrey del Perú, el marqués de Mancera, que se le otorgara el sistema de mita similar al que funcionaba en Potosí para las minas e ingenio de Nuestra Señora del Rosario y Nueva Mancera.
46 La misma debían cumplirla los pueblos de Calcha y Santiago de Cotagaita de la provincia de Chichas.
Sin embargo, esta medida fue revocada porque ellos aportaban mitayos a los ingenios de Potosí.
Por esa razón, el virrey reasignó 30 indios de mita, provenientes de Atacama, Casabindo, Cochinoca, Lipez, Omaguaca, Tilcara y Sococha.
Nuevamente el cabildo, los encomenderos y los caciques de Jujuy se opusieron a la medida.
Los argumentos esgrimidos fueron varios.
El primero era la inexperiencia que tenían los indios de la jurisdicción.
La decisión del presidente de la real Audiencia estaba precedida por una serie de informes sobre la explotación y rendimiento de las minas de Chocaya.
En los mismos se estimaba que en tres años, la mina de Nueva Chocaya podía tener una alta productividad: «... en ese paraje descubrio la mayor riqueza que se ha visto en ningun otro asiento de mina midiendo de la veta vara y media de ancho de un tal tan rico que cada cajon de el (se entiende 50 quintales de metal) se sacaban 15, 20, 30, piñas de mas de 40 marcos cada uno de plata... de que se habra sacado de aquel asiento diez millones y Don Alonso 700.000 $ {su descubridor}...».
46 Pablo Espinosa se dedicaba a la explotación minera desde fines de la década de 1610.
Había acompañado a Alonso de Ortega, uno de los primeros en aprovechar las riquezas mineras de Chichas.
Pero sobre todo los perjuicios para las comunidades que ya aportaban la sexta parte de sus tributarios a la mita de plaza de Jujuy y el menoscabo que recibían los vecinos de Jujuy.
Las protestas surtieron efectos a pesar de las potenciales ganancias que auguraba la explotación de las minas de Espinosa, la audiencia de Charcas terminó por revocar la medida.
Contemporáneamente al embate de los mineros de Chichas, los caciques y las comunidades de la Puna también debieron hacer frente a las pretensiones de los mineros de Rinconada.
En este caso, las demandas de mano de obra se entremezclaban con un conflicto jurisdiccional con la vecina ciudad de Salta.
En su petición, un grupo de empresarios mineros de Rinconada sostenía que la Puna era parte de su jurisdicción.
47 Aseguraban que los mitayos de Casabindo y Cochinoca debían ser enviados a Salta y no a Jujuy.
También pedían la libre contratación de los tributarios de las encomiendas de Casabindo, Cochinoca y Omaguaca sin que se los impidieran los curas, encomendero o autoridades del cabildo de Jujuy.
En este caso, fueron los caciques de Casabindo y Cochinoca quienes lograron revertir la orden de la Audiencia de entregar 30 mitayos a los mineros.
Debido a su presentación, este número se redujo a 6 trabajadores, aunque no tenemos constancia de su cumplimiento efectivo.
A pesar de lo restringido que podía ser el alcance de la mita de plaza de Jujuy en relación a la movilización y el impacto que provocaba la mita minera en Potosí, no dejaba de tener vital importancia para los implicados en la jurisdicción y regiones colindantes.
47 La ciudad de Salta, fundada en 1582, había perdido una parte considerable de su jurisdicción original debido a la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
De esta pérdida, el territorio más disputado fueron las tierras altas de la Puna que comprendía zonas con potenciales riquezas en minerales y una relativamente importante población indígena.
El pedido de los mineros de Rinconada, que se reconocían como vecinos de Salta, en 1646 estaba precedido por varios conflictos entre ambos cabildos.
Dichas disputas se desataban cuando los alcaldes ordinarios de Salta, entraban a la Puna tratando de ejercer su autoridad o de desviar la entrega de los mitayos de Casabindo y Cochinoca hacia la ciudad de Salta Ver: AHJ 1625-XXII-1, AHJ La provisión de mitayos significaba contar con mano de obra para las obras públicas, pero sobre todo para quienes no habían accedido a una encomienda.
Su importancia se ve en la continua acción del cabildo por establecer y asegurar la cuota anual de trabajadores, acción que se concretaba a partir de los pedidos realizados por los procuradores a los distintos gobernadores de Tucumán y al visitador Alfaro a fin de establecer el funcionamiento de la institución.
Las Ordenanzas de 1612, establecieron definitivamente el sistema de mita de plaza para la gobernación del Tucumán.
Sin embargo, estas ordenanzas mostraban algunas contradicciones respecto a lo dispuesto provisoriamente por Alfaro en 1611 cuando se hallaba en Jujuy.
Estas discrepancias en torno al número de mitayos y el jornal, fueron objeto de litigios que enfrentaba a caciques y encomenderos contra los vecinos sin encomienda.
En ellos tuvieron activa participación los caciques y fueron zanjados por la audiencia de Charcas, mediante una solución que conformara a los dos sectores en pugna.
A partir de ese momento, la mita de plaza de San Salvador de Jujuy no conoció nuevas reglamentaciones.
Establecida la institución, los alcaldes de primer voto debieron asumir la responsabilidad del reparto de los contingentes en dos turnos anuales, según llegaban a la ciudad.
En el reparto de 1658, se advierte que la mayor parte de los trabajadores se destinaban al servicio de particulares (tal como había sido el objetivo de su primera implementación) por sobre las instituciones o servicios públicos.
La competencia de esta mano de obra resulta significativa al observar que una importante cantidad de vecinos -especialmente los más desfavorecidos como las mujeres viudas-aceptaban compartir el trabajo de los mitayos semana de por medio con otro beneficiario.
El reparto de 1658, muestra también que no se cumplía totalmente lo dispuesto en las ordenanzas.
En teoría, los alcaldes sólo debían adjudicar la mitad del contingente cada semana y la otra mitad podía contratarse libremente.
En la práctica, se asignaba la totalidad de los mitayos desapareciendo las posibilidades de alquilar un mitayo para cualquiera que no hubiese entrado en el reparto.
Si bien a veces la distribución provocaba algunos conflictos y altercados, estos resultaban de poca monta frente a los problemas que ocasionaba el viaje y el entero de la mita en los meses de marzo y agosto.
Alfaro había instituido la creación del cargo de alcalde mayor de mita, como el funcionario responsable de la entrega y traslado de los mitayos desde sus pueblos GABRIELA SICA Anu. estud. am., 71, 1, enero-junio, 2014, 201-226.
Durante casi 20 años el nombramiento recayó en los caciques principales de la jurisdicción.
Pero en la década del 30, ante los problemas que surgían, el cabildo comenzó a nombrar personas consideradas de confianza para transportar a los mitayos.
Estas personas ya no ostentaban el cargo de alcalde de mita.
En esta situación problemática, el cabildo responsabilizaba a los caciques por no poder completar la mita y también por las huidas que protagonizaban algunos mitayos.
El peso de la mita se advierte en los conflictos emergentes del proceso de institucionalización como también en su funcionamiento.
La mano de obra mitaya era disputada alternativamente por los habitantes sin encomienda, los encomenderos, los caciques y comunidades, otras ciudades y otros sectores como el minero.
Para los primeros el acceder al trabajo de un mitayo era importante en el desarrollo de sus actividades y resultaba más barato que contratar mano de obra libre.
Sin embargo, la mayor demanda que los vecinos, autoridades y las propias comunidades debieron enfrentar fue la de los mineros que podían esgrimir el apoyo de oidores e incluso virreyes ante quienes se invocaba el interés político y económico de la corona.
Los caciques de la región desempeñaron un activo papel tratando de rebajar el peso de la mita sobre sus pueblos, de mejorar las condiciones de trabajo y la retribución de los afectados por ellos, oponiéndose a las pretensiones de los mineros o favoreciendo huidas y levantamientos.
Sobre ellos recayó durante un tiempo el cumpliendo de las funciones como alcaldes de mita, hasta que las dificultades y conflictos terminaron por extinguir el cargo. |
Dentro del estudio de los fenómenos de transferencia cultural o mestizaje, el ámbito filipino ofrece una gran riqueza interpretativa.
1 Esto se acentúa durante el siglo XVIII, cuando las conexiones con los puertos del Índico, del Pacífico y por ende con Europa, se hicieron más rentables, fiables y constantes.
2 Para este fenómeno de mundialización, la arquitectura supone una fuente con grandes posibilidades.
3 La escasez de estudios recientes no se debe por tanto a la falta de interés, sino a una destacable escasez de fuentes gráficas contemporáneas.
La generalización del papel de arroz como soporte para los textos y dibujos ha provocado que muchos de ellos no se hayan conservado si algún día se hicieron.
Por fortuna, la catalogación tanto de los archivos estatales como de los de las órdenes religiosas está permitiendo rescatar fuentes principales para este estudio en el ámbito de la arquitectura.
4 Más extraños resultan aún los referentes a obras localizadas fuera de Manila.
5 La capital mantuvo una línea de comunicación con la metrópoli de la que otras ciudades filipinas carecían.
Igualmente, Manila mantuvo unos modelos europeos que fuera de sus murallas no se conocían tan detalladamente.
6 Por ello, los procesos de mestizaje debieron tener su origen probablemente en las provincias del archipiélago, llegando más tarde a la capital.
En este contexto, la localización de dos pequeños bosquejos de las plantas de dos edificios franciscanos del siglo XVIII ofrece un gran interés.
No son simples documentos de la historia local, sino ejemplos excepcionalmente conservados de una realidad sincrética difícil de reconstruir por la 1 Gruzinski, 1993; Gruzinski, 2010.
2 Por citar algunos ejemplos, para el ámbito del Índico puede verse Quirino, 1966.
Para las relaciones del archipiélago con las costas americanas Yuste López, 2007.
Una última referencia destacable es la ofrecida por Markovits, Pouchepadass y Subrahmanyam, 2006.
3 Un primer intento en este sentido está planteado ya en Nilsson, 1968.
También puede consultarse Elizalde López-Grueso, Fradera Barceló y Álvarez, 2001.
5 Los estudios recientes de autores como Galende, Galván Guijo, Javellana o Trota José apenas aportan nuevos planos de archivo, siendo destacable su trabajo de campo.
6 La presencia occidental en el resto del archipiélago fue en la mayoría de los casos testimonial, lo que fue aún más acusado en lo que a arquitectos e ingenieros se refiere.
La revisión del patrimonio arquitectónico conservado fuera de Manila lleva a pensar que los modelos seguidos se conocían a través de la experiencia de la capital.
Por sus características muestra cómo las fundaciones reaprovechaban construcciones anteriores, probablemente de arquitectura civil.
Además, por ello clarifica cómo la casa tradicional filipina, más conocida a partir de ejemplos del siglo XIX, estaba configurada en el siglo anterior incluso lejos de Manila.
7 Por último, permite analizar el funcionamiento de la propia orden franciscana en el control de las obras de las provincias, aprovechando las tradiciones y la mano de obra local a la vez que incorporaba los modelos más habituales en la capital.
Particularidades de la arquitectura franciscana en Filipinas
Este proceso de implantación en los diferentes territorios del archipiélago tuvo en los franciscanos a unos actores privilegiados.
De hecho, estos misioneros llegaron a Filipinas en 1578, siendo en su amplísima mayoría alcantarinos.
Esta línea de pensamiento de la propia orden seráfica dio un carácter particular a su presencia en las islas.
A la ya de por sí reconocida importancia de la pobreza en el espíritu franciscano, se unía el carácter descalzo de esta rama.
La arquitectura suponía un punto de inflexión que provocó no pocas discusiones en el seno de las comunidades franciscanas del archipiélago, más aún cuando las órdenes vecinas acometieron importantes fábricas, coincidente con el ascenso económico de las islas.
9 La liturgia franciscana también implica algunas particularidades en sus conventos y de la relación en los mismos con la sociedad que se aglutinaba alrededor.
Por ejemplo, legalmente los conventos nunca pertenecieron a la orden, sino al pueblo, lo que generaba no pocos problemas a la hora de administrar las limosnas para afrontar renovaciones.
Quizás un ejemplo claro de esta especial vinculación entre el pueblo y los frailes es la existencia del pacaen, hoy pakaen.
10 Aplicado a la arquitectura implicaría una participación directa del pueblo en la construcción de sus iglesias y conventos.
Incluso las numerosas celebraciones paralitúrgicas propias de 7 Zialcita, 1980.
8 Cada orden estableció unos parámetros similares en las islas, aunque todavía son poco conocidos.
Hasta el momento solo agustinos, jesuitas y dominicos cuentan con trabajos concretos sobre sus fundaciones.
9 Cabe destacar los contenidos arquitectónicos de los estatutos de la provincia en el siglo XVIII.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.09 la orden daban a sus dependencias conventuales una permeabilidad poco común.11 Otro aspecto a destacar es que el modo de poblamiento de la corona española fue radicalmente distinto al de otras potencias europeas, como ha sido puesto de manifiesto por la historiografía.12 Manila no servía solo como entrepôt puesto comercial de una red que unía el Índico con el Pacífico.
Era una capital que articulaba un archipiélago, y en especial la isla de Luzón.
Además, era la sede de provincias de órdenes religiosas que administraban territorios desde China hasta México.
Con este contexto, Manila podría haber desistido en la ardua tarea de controlar la producción de las provincias.
13 Pero por el contrario, las casas provinciales establecieron fórmulas de seguimiento de la actividad constructiva de las fundaciones, aunque no siempre de forma efectiva.14 De otra manera, no sería posible que establecimientos como Obando o Los Baños se beneficiaran de un control tan cercano desde la capital, y a la vez tan flexible.
Como decían los Estatutos, debían ser misioneros enviados desde Manila los que plantearían los nuevos edificios, procedimiento que habría servido para evitar el envío masivo de planos a Manila.
Esto se dejaría para casos de reformas en los planes iniciales, que debían ser consultados al provincial.
15 Estos en víos muestran una cierta familiaridad de los misioneros con la representación gráfica.
Las implicaciones que esto conlleva no solo afectan al ámbito arquitectónico sino también al cartográfico.
16 Como ya puede intuirse con esta reflexión acerca del control provincial desde la capital, es muy probable que Manila actuase como centro cultural de la isla de Luzón, lo que también ha llevado a gran parte de la bibliografía precedente a mostrarse especialmente atenta a lo allí ocurrido.
17 Los profesionales de la arquitectura debían desplazarse desde la capital a muchas de las obras de los alrededores, lo que sin duda explica a la vez la unidad y particularidades de las iglesias filipinas.
18 Las provincias de cada una de las respectivas órdenes también debían llevar un control de las obras, obligando a la remisión de informes sobre las intervenciones y enviando en no pocos casos frailes a inspeccionar las obras.
Primaba la adecuación de la reforma a la regla de la orden, así como a las distintas directrices marcadas por estatutos, constituciones y otros documentos internos, básicos para la comprensión de este tipo de arquitectura religiosa, aún cuando no eran cumplidos escrupulosamente.
Superadas este tipo de consideraciones, no pocos frailes se animaban a realizar críticas mucho más técnicas sobre la construcción que se llevaba a cabo en la mayoría de las ocasiones bajo dirección de sangleyes o naturales de las islas.
19 En Filipinas, así como en otros territorios ultramarinos, existía la obligación de que el pueblo se responsabilizara del mantenimiento de sus propias iglesias y conventos.
Por ello, existían permisos para que cortaran madera de los montes cercanos y las utilizaran en las citadas intervenciones.
De todas formas, tanto franciscanos como otras órdenes, abusaron al parecer de esta excepción en distintas ocasiones.
20 En primer lugar, lo que se suponían obras de mantenimiento, se convirtieron en algunas ocasiones en verdaderas ampliaciones o reconstrucciones, lo que excedía claramente la norma.
18 Los primeros estudios referentes a iglesias de los siglos XVII al XIX ubicadas fuera de Manila son de referencia obligada, ya que muestran además una evolución en el acercamiento a las mismas.
19 Un caso especialmente significativo es el del agustino recoleto Lucas de Jesús María durante la construcción del Parián de Manila en la segunda mitad del siglo XVIII.
20 Como ejemplo se mostrarán algunos documentos de archivo que muestran esta situación, aunque existen muchos otros.
En 1582, Orden del agustino Diego de Mújica para que los indios trabajen en el convento de Tondo.
Archivo General de Indias (AGI), FILIPINAS, 84, N. 22.
En 1694, Petición del franciscano Antonio de Santo Domingo sobre agravios a indios.
En 1736, Carta de Valdés Tamón sobre cortes de madera.
Archivo Franciscano Íbero Oriental (AFIO) G/15.
Además pueden consultarse algunos casos posteriores estudiados más detenidamente como el caso de Tondo.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.09 motivos distintos a los propuestos inicialmente, ya que también provocaron un buen número de advertencias de las autoridades.
22 Este control arquitectónico desde la capital debería haberse traducido en un importante número de planos y croquis representando las distintas construcciones que se llevarían a cabo a lo largo del archipiélago, lo que en sí habría supuesto una fuente fundamental para el conocimiento de la arquitectura fuera de la capital.
Pero al parecer la norma no llegó a tener efecto ya que hasta hoy no se conocían planos de conventos construidos durante la segunda mitad del siglo XVIII fuera de Manila.
Solo estos dos ejemplos vienen a reabrir la cuestión de si efectivamente se llegaron a hacer y no se conservaron, o si su realización fue excepcional.
Igualmente cabría destacarlos, no solo como expresión gráfica de obras relativamente alejadas de Manila, sino como representaciones de arquitectura de este momento en Filipinas de forma general.
El número total de planos conservados es verdaderamente escaso lo que puede explicarse por algunos motivos.
En primer lugar el soporte, generalmente papel de arroz, cuya fragilidad ha sido la causante de que muchos documentos hayan desaparecido.
En segundo lugar, y algo más interesante, el posible desinterés filipino y sangley por realizar planos.
Ellos fueron en su amplísima mayoría los directores de este tipo de obras y en ninguna de las dos tradiciones existía la imperiosa necesidad de realizar un proyecto y sus correspondientes planos a la hora de levantar un edificio.
Esto conllevaba un problema para los misioneros, al no encontrar delineantes adiestrados.
Los alarifes sangleyes conocían las técnicas constructivas, pero no debían estar familiarizados con las técnicas de representación occidentales.
23 Por ello puede pensarse que serían los mismos frailes, salvando por supuesto la labor de los ingenieros militares, los que en principio realizaron la mayor parte de mapas y croquis conservados en sus archivos.
24 Sin duda esto fue en contra de la calidad de los mismos y de una evolución de sus métodos de representación, que solo el estudio detenido de los conservados podrá valorar adecuadamente.
De una u otra forma el interés reside en las especiales características de los edificios dibujados.
La ermita de la Virgen de Salambao (Obando)
En el caso de Obando, se presenta en la parte superior un alzado y debajo una planta.
25 De esta última pueden sacarse algunas conjeturas interesantes para comprender el devenir histórico del edificio.
En primer lugar podría pensarse que este dibujo se trata de un proyecto de ermita.
Llegara o no a levantarse tal y como queda dibujada, parecería indiscutible que ésta se basaría en un edificio previo, lo que explicaría tanto la forma en L, como el harigue que quedaba en medio del templo.
Lo más probable es que la ermita original se correspondiera con los dos tramos verticales de la derecha.
Pero si esto fuera así, implicaría la existencia de un lugar de culto en la zona previo a la aparición de la imagen, que sería ampliado en 1760.
Esta posibilidad no sería excepcional en las prácticas pastorales del momento por lo que no puede descartarse totalmente.
Otra hipótesis, quizás más sólida con los datos actuales, sea que los franciscanos reutilizaron edificios civiles para la creación de una ermita.
Los franciscanos, mejor que cualquier otra orden en Filipinas, podían abordar un proceso de este cariz.
La casa no podía ser vendida a los frailes en ningún caso, debiendo seguir en poder de su original propietario, aunque el uso fuese estrictamente religioso.
Si esto fuera cierto, la vista supondría seguramente la más antigua de una casa filipina conocida hasta el momento.
Además parece claro que no se trataría de una casa exclusivamente, sino de un conglomerado típicamente urbano, que muestra además un interesante desarrollo de un asentamiento recién constituido como era Obando.
Este bahay-na-bato debería corresponder con una de las casas principales del pueblo, y por tanto cercano a la plaza con la iglesia de San Pascual Bailón.
26 De una u otra forma la planta es especialmente extraña.
Para abordar su análisis dividiremos el edificio en dos, por un lado la planta en forma de L, mucho más espaciosa, que correspondería con el cuerpo de la ermita, y por otro el resto de patios, dependencias y otros ámbitos menos definidos.
La complejidad de la segunda parte implica una diferenciación de uso en sus espacios que es difícil de recomponer.
En el extremo izquierdo de la planta se observa una galería cubierta con techo raso en forma de azotea.
27 En primer lugar habría que destacar la desviación del eje de su planta con respecto al cuerpo de la ermita.
Sin lugar a dudas, la calidad del dibujo permite observar una cierta irregularidad en lo que con bastante probabilidad se trataba de una manzana en plena trama urbana.
Este tipo de galerías bajas no son extrañas entre los bahay-na-bato conservados, pero parece no haberse terminado el piso superior.
28 Entre esta galería y lo que se convertiría en iglesia, se encuentra una especie de atrio porticado, rodeado en el piso superior de balcones corridos cubiertos a dos aguas.
Estas dos piezas debían haber sido planeadas como zaguán del edificio, o como organizadoras de una casa particular de gran tamaño, aunque la superposición de soluciones hace pensar en la unificación de distintas casas.
29 Tras estas dos galerías se observa claramente la existencia de un patio de dos galerías, que tampoco debía ser extraño en la arquitectura residencial con origen hispánico.
De hecho cabe destacar el acceso al mismo.
De una u otra forma, se trate de una agrupación de casas o no, es evidente que el patio no tenía accesos directos desde la calle, sino claramente en recodo, lo que es una característica que relaciona este edificio con obras peninsulares, donde eran ya recuerdos lejanos de la presencia islámica.
30 Continuando con el alzado, cabe destacar el despiece de los sillares.
Es posible que fuera una imitación realizada en pintura, pero es cierto que el acabado es similar a lo que se encuentra hoy en algunos edificios residenciales de Majayjay.
Igualmente, la fachada del convento de San Juan de Dios de Manila, del que se conoce una representación gráfica del siglo XVIII, también ofrece este acabado.
31 En los paramentos ofrecidos por el dibujo de la ermita es claramente visible también el uso generalizado de los balcones de madera y capiz, tan propios de la arquitectura residencial fili-pina, como excepcionales en la arquitectura religiosa.
32 Sin ir más lejos, una obra característica del siglo XVIII como el Convento de San Juan de Dios no los utiliza.
Incluso, habría que recordar que la orden seráfica había prohibido los balcones volados en sus construcciones a mediados del siglo XVIII.
33 Un análisis detenido del dibujo muestra que el segundo cuerpo del edificio sigue los patrones de los balcones pero apenas estaban volados, lo que quizás ayudó a superar la norma.
De todas formas también son conocidos algunos ejemplos poco posteriores que demuestran que esta política no se seguía estrictamente.
Siendo esto así, también es cierto que los franciscanos no observaban rigurosamente sus constituciones cuando los edificios, o las obras de arte, procedían de una cesión desde otra orden, o desde particulares.
Por tanto, si la ermita utilizó edificios preexistentes, tales como estos bahay-na-bato, la provincia probablemente no pondría problemas a que contaran con balcones volados o no.
En cuanto a la decoración del balcón se sigue bastante escrupulosamente el estilo geométrico del que habla Zialcita.
34 Más concretamente la ermita de Obando, así como muchos otros ejemplos conservados en el archipiélago, además de las tradicionales celosías con capiz, muestran un friso corrido con decoración de aspas o en rombos.
Teniendo en cuenta que según el autor esta línea de cierta austeridad llegaría hasta la segunda mitad del siglo XIX, habría que incorporar la fecha de este edificio, construido seguramente a mediados del siglo XVIII, como comienzo de un patrón consolidado y con larga tradición posterior.
En la misma línea habría que destacar el bahay-na-bato conservado hoy en Mahayhay, mu cho más cercano geográficamente, y que respondería por tanto a una datación similar.
35 El techo debía ser de nipa con la inclinación característica en las casas filipinas.
Más sorprendente es la incorporación de unos capiteles jónicos sobre pilastras acanaladas en su tercio superior.
36 La mayoría de las casas filipinas no hacían este tipo de ostentación de unos elementos clásicos, al menos en un momento tan temprano como éste, ya que eran incluso poco comunes en las iglesias del momento.
Como ya ha sido estudiado, el siglo XIX traerá consigo una revitalización de los órdenes clásicos que además de ser visibles en la arquitectura religiosa, tuvo su impronta en la residencial.
37 Sin duda debía tratarse de una de las casas principales de un pueblo de muy reciente creación como era Obando.
De una u otra forma implica un nivel de síntesis de tradiciones que hasta el momento era difícil de datar en muchos de los casos, y de los que no se tienen representaciones gráficas tan antiguas.
38 No cabe duda de que la propuesta para ermita en Obando parece bastante excepcional, pero es posible que estos cambios de uso de casas en 34 Zialcita, 1980.
35 Para el estudio del bahay-na-bato hay que destacar el importante trabajo que está llevando a cabo desde hace tiempo el profesor Fernando Zialcita.
36 El capitel jónico no deja de ser merecedor de un pequeño análisis.
El cimacio parece claro en su parte superior, pero las volutas tienen un desarrollo desusado, que podría explicarse como una licencia del dibujante para conseguir así mayor detallismo.
Entre ambas se observa lo que puede interpretarse como una guirnalda de flores, que no parecen colgar del ojo de la voluta, lo que probablemente respondería a modelos posteriores, sino como la decoración de la parte alta del fuste.
38 Los dibujos de Fernando Brambila también mostrarán estas construcciones en Manila, pero algunos años más tarde.
El interés del dibujo que se presenta, además de su antigüedad, es la cierta lejanía de la capital, en una zona todavía poco poblada como era Obando.
Las consideraciones sobre arquitectura de los franciscanos filipinos a las que se aludió al principio de este trabajo parecen haberse olvidado en este caso, lo que no es completamente cierto, como se verá a continuación con el ejemplo de la iglesia y convento de Los Baños (Laguna).
Iglesia y convento de Los Baños (Laguna)
Las orillas de la Laguna de Bay suponen uno de los tesoros de patrimonio arquitectónico de Filipinas, de la que la orden seráfica es la principal responsable.
Se trata mayoritariamente de conventos franciscanos que gozan de un aceptable estado de conservación, aunque con excepciones, por lo que es posible una fructífera comparación de los resultados constructivos de la orden en la zona.
Desgraciadamente los estudios al respecto son todavía muy limitados, destacando algunos de los realizados sobre Mahayhay, Lucban, o Nagcarlan, entre otros, siendo necesaria una revisión con carácter general que ya ha sido apuntada Ahlborn.
39 El primer punto que debe señalarse a la hora de tratar la presencia franciscana en Los Baños es la dificultad que los frailes tuvieron a la hora de obligar a los naturales a residir alrededor del templo.
Esto ocurría aún de forma preocupante en noviembre de 1696, fecha muy tardía que conllevaba importantes contratiempos para multitud de actuaciones del gobierno español.
40 La primera apuesta de los frailes por un hospital no había conseguido aglutinar a su alrededor a la población cercana.
De hecho, la relación entre Los Baños y los franciscanos es mucho más conocida hoy por la ubicación del hospital de Aguas Santas que por esta iglesia de la Inmaculada Concepción.
41 La presencia de los frailes en el asentamiento, ligado desde el principio al hospital, quedó interrumpida tras el incendio de 1727.
Quizás el deterioro de la institución sanitaria fue vista como una posibilidad para intentar agrupar a las familias alrededor de un convento del tipo 39 Para el caso de Mahayhay véase Palazon, 1964; para Lucban Tormo y Serrano, 1971; mientras que para Nagcarlan debe citarse De Paz, 1999.
Véase también con carácter general Ahlborn, 1963.
40 Mandato del oidor y visitador de La Laguna, para que todos los tributantes del pueblo de Los Baños formen y construyan sus casas en el pueblo.
41 Para un estudio más general sobre el hospital en Filipinas durante la presencia española cabe destacar entre otros trabajos.
42 Huerta también da algunos datos sobre el proceso de construcción y características de este edificio.
43 Quizás el más interesante sea el dato de la presunta dirección de obras, atribuida por el cronista a fray Domingo Mateo.
44 Su biografía demuestra un ejemplo más de que los frailes, como encomendados a la administración del pueblo en sí, eran también los responsables de las obras ante la provincia, pero no sus directores arquitectónicos, caso que ha confundido algunos estudios.
Las obras, una vez eran aceptadas por medio de estos informes provinciales eran subastadas públicamente a cuadrillas normalmente de sangleyes y filipinos.
45 Solo el diseño de los espacios, a modo de plan general de las obras, debió estar planteado por un miembro de la orden como es este caso, y como plantean los Estatutos.
A todo esto hay que añadir los promotores, quien suelen ser obviados en las crónicas.
Por ejemplo, Huerta no cita el importante papel que jugó el entonces gobernador en el comienzo de la obra de Los Baños.
El gobernador José de Basco y Vargas Valderrama y Rivera había nacido en Ronda (Málaga) en 1733, haciéndose cargo de la administración del archipiélago en julio de 1778.
Reconocido como uno de los gobernadores que más apostaron en la modernización del archipiélago, no ha sido posible entablar una relación más estrecha bien con los franciscanos, bien con Pandacan, de la que se hablará más adelante, o con Los Baños.
La documentación tampoco muestra mayor relación entre el impulsor de la econo-mía filipina y los franciscanos.
Lo cierto es que la iglesia se levantó gracias a su impulso, y a su donativo de 500 pesos, que parecían suficientes para la obra ya que no se vuelve a tratar la suma económica, aunque parecen escasos para afrontar una construcción así.
En este caso, los responsables de realizar el informe y el croquis de la iglesia encargados por la provincia de San Gregorio en 1782 fueron fray Alonso de Fentanes y fray José Izquierdo.
46 Fentanes estaba a cargo de la iglesia de Tanay (Rizal), donde había llegado en 1768, para dejarla seguramente sin interrupción en 1784 o 1785, cuando pasaría a Manila como ministro provincial.
47 Izquierdo, por su parte, había estado a cargo de Pan gil (Laguna) entre 1780 y 1781, siendo en 1783 comisario visitador, cargo que ya ostentaría seguramente cuando realizó este documento.
48 Los dos frailes estaban encargados de seleccionar el solar donde se levantaría el edificio.
Seguramente para no interrumpir o dificultar la administración del pueblo, decidieron levantar la iglesia junto al antiguo templo en vez de reconstruirlo.
La orientación actual de la iglesia de Los Baños, aspecto que probablemente no haya cambiado con las reformas y que por tanto enlaza con la obra de Fentanes e Izquierdo, es sur.
Aunque este aspecto de la arquitectura filipina merece un estudio monográfico, sí es cierto que otras iglesias del entorno como la de Morong (Rizal), la de Tanay (Rizal) o la de Binangonan (Rizal) tienen orientación norte.
Ninguna de ellas debía contar con un importante caserío alrededor que justificara una orientación determinada, por lo que será oportuno observar en distintos estudios posibles razones para esta situación.
Lo cierto es que las constituciones no decían nada al respecto, y quizás haya que buscar las respuestas en las prácticas geománticas sangleyes, seguramente los constructores de los edificios, antes que en razones de índole católico.
Aún así no se puede negar la posibilidad de que su orientación se deba a la propia Laguna, de forma 46 Informe y croquis para construir la iglesia de este pueblo, para la cual dio el gobernador general Vasco de Vargas 500 pesos.
Firma Fray Rosendo de la Transfiguración.
Llegaría a comisario de la Orden Tercera, definidor, comisario visitador y a ministro provincial.
Moriría en 1791 en Santa Cruz, habiendo ostentado cargos como el de ministro de novicios, comisario visitador, definidor, viviendo en conventos de la importancia de Majayjay o Pililla.
De todas formas el problema de la orientación va más allá de la propia Laguna de Bay como muestran ejemplos más cercanos ya a Manila, como Santa Cruz y Santa Ana de Sapa que tienen orientación sur, o Quiapo, norte.
49 Además de todo esto, el dibujo requiere de un cierto detenimiento en lo que a expresión gráfica se refiere.
Teniendo en cuenta la fecha del mismo, el croquis cuenta con importantes fallos de representación que podrían llevar incluso a equívoco en su interpretación.
Son evidentes los problemas con las paralelas, y más aún al dibujar los muros en unos casos con dos líneas y en otros con una sola.
No está realizado a escala, lo que ya era una práctica más que común en Filipinas en ese momento.
La parte correspondiente a las cocinas apenas está esbozada, encontrando también una mayor preocupación en el cuerpo de la iglesia que en las dependencias conventuales.
Todo esto hace pensar que el autor no estaba acostumbrado a enfrentarse a la representación gráfica arquitectónica como sí lo estaban otros profesionales contemporáneos en Manila.
Sin duda se trata de un croquis más interesado en trasladar a la provincia una idea de su construcción más que un plano profesional que sirviera de base para levantar el edificio, como se deja entrever en algunos pasajes del informe.
De todas formas estos errores pueden vincularse tanto a un misionero poco avezado como a un sangley poco acostumbrado a estas prácticas representativas.
Por último, el plano incorpora algunas anotaciones que detallan más concretamente el proyecto constructivo.
50 El informe de Los Baños (Laguna) se refiere a localización de dependencias, a ubicación de accesos y al tamaño de distintos espacios, pero no entra en otros detalles que podrían ser del mismo interés.
No hay referencias técnicas, ni soluciones sobre cubiertas, ni siquiera alusiones a luminosidad, ventilación, cimentación, etc. Los aspectos subrayados por los informantes serían en cierta medida obvios para cualquier franciscano que intentaran levantar un convento en Filipinas en ese momento.
Por tanto éste puede ser un ejemplo que explique también porque el proceso de control desde Manila no fue estricto.
49 Aún así, Malate y Binondo muestran una orientación este muy clara.
50 Una vara y media parece bastante de crucero, esto es, que salga fuera de la pared del cuerpo de la iglesia.
Presbiterio que puede tener seis brazas a ocho, y cinco de largo con el arco toral o su arranque.
Cuatro brazas podrá tener el crucero de pared a pared en lo claro, o interior.
Otros menos trascendentes son «Sacristía; y despensa.
Su oficina», «Cocina y su despensa», «Patio interior, o como claustro» y «Batalán».
Antes que entrar en profundidades concretas de cada edificio se prefiere ofrecer un modelo cercano y conocido que cumpla los requisitos de la regla.
Por ello, no deja de ser interesante la referencia que se hace al convento de Pandacan (Manila), como patrón a seguir a la hora de levantar Los Baños.
En primer lugar hace pensar que existían unas coordenadas, más o menos definidas, que se resumían en una obra datada a principios del siglo XVIII, aunque rematada décadas antes de este proyecto.
El arquetipo no era ni San Francisco de Manila, ni Santa Ana de Sapa, ni siquiera otras fundaciones franciscanas de importancia cercanas a Intramuros como podía ser Dilao (Manila), sino un convento de pequeñas dimensiones como era el de Santo Niño de Pandacan, que había sido señalado por el propio gobernador.
Esto puede deberse a distintos motivos.
San Francisco y Santa Ana tenían un desarrollo arquitectónico acorde con sus necesidades, muy distintas a las de los conventos de las provincias.
Aunque todos se regían por las mismas constituciones, estos requerían de un tamaño en sus iglesias y conventos, que sin duda no podían servir de modelo concreto para reproducirlo.
Ambas obras además respondían a criterios de principios del siglo XVIII, que podrían haber cambiado ligeramente a lo largo de las décadas, resueltos en una obra cercana cronológicamente como era Pandacan.
Por ello será necesario tratar someramente las características de esta construcción.
El convento fue comenzado en 1732 con el empuje del franciscano Francisco del Rosario, si bien no fue hasta 1760 cuando quedó definitivamente concluido, bajo la administración de Florencio de San José.
Quedó destruido en los terremotos de 1852, siendo reconstruido completamente en varias ocasiones.
Desgraciadamente no se conservan documentos gráficos del aspecto del mismo hasta el siglo XX, pudiendo utilizarse el plano de Los Baños para tener alguna noticia de su disposición.
La iglesia de Los Baños, tal y como se presenta en el plano localizado, sería de planta de cruz latina, con unos brazos muy cortos.
Tendría un total de casi cuarenta y dos metros de largo por entre diez y trece -veinticinco brazas por seis u ocho-.
Las capillas del crucero cubrirían un espacio de seis metros y medio por dos y medio aproximadamente -una braza y media por cuatro-.
El presbiterio tenía una forma casi cuadrada, con unos diez metros por algo más de ocho, seis brazas por cinco.
Con estas medidas, habida cuenta de las últimas investigaciones sobre arquitectura filipina, es necesario observar tales proporciones, para compararlas con otras edificaciones levantadas en el cinturón de arrabales de Manila en el PEDRO LUENGO GUTIÉRREZ Anu. estud. am., 71, 1, enero-junio, 2014, 227-252.
Al igual que ocurría en San Francisco de Manila, y en otras muchas iglesias franciscanas de este momento, las paredes incorporaban un buen número de ventanas que ventilaban e iluminaban los templos de forma muy distinta a la de sus predecesores del siglo anterior.
De todas formas, esta nueva práctica no se circunscribe a la labor franciscana ya que maestros de obras tan importantes como el sangley Domingo de la Cruz en este mismo momento plantea soluciones similares para edificios como el convento de Santa Rosa de Lima, que nunca llegó a ser construido.
52 El claustro propone una disposición bastante convencional, con las dependencias de un lado dedicadas a la portería, y frente a esta la sacristía.
Como no podía ser de otra manera, ambas galerías conectaban directamente con el interior de la iglesia, la primera a través del primer tramo, y la segunda por el crucero.
En paralelo a la nave del templo se encuentra una crujía donde puede que se encontrara la sala capitular, aunque también cabe la posibilidad de que se suprimiera por el escaso número de frailes que solían vivir en estas comunidades.
En esta zona era donde tradicionalmente se encontraba además el refectorio y con él el acceso a las cocinas, como muestra el dibujo.
La configuración del claustro era la tradicional en Filipinas, articulado probablemente por arcos sustentados por cinco pilares.
En otros ejemplos franciscanos, el segundo cuerpo incorporaba ventanas de capiz que protegían del calor tropical, protegían de la lluvia y el viento a la vez que tamizaban la luz.
Toda esta zona no ha resistido hasta hoy, y solo la iglesia permanece en su ubicación aunque ha sido reconstruida por completo.
Según se afirma en el mismo documento, el baptisterio debía situarse anexo al primer tramo de la iglesia, debajo de la torre.
Esta disposición, a priori quizás algo extraña, se conserva aún hoy en un edificio tan conocido como el de la iglesia de San Gregorio Magno en Majayjay (Laguna), y en un ejemplo mucho menos valorado como es la iglesia de Longos (Laguna).
53 Si bien es cierto que en aquel caso se encuentra en el lado de la Epístola, y en el de Los Baños y Longos en el del Evangelio, parece claro que se construía en el lado contrario al que se hacía el resto del convento.
Este se ubicaría en uno u otro, según las condiciones del terreno.
Continuando con el tema de las torres, aquí es indiscutible que su planta era cuadrada, aunque en su desarrollo pudo ser octogonal, una fórmula fácilmente localizable en Filipinas, o bien continuar con planta cuadrada como ocurre en la citada de Longos.
En relación con las dependencias conventuales debe destacarse la existencia de un batalán porticado.
Esta voz tagala fue incorporada al vocabulario castellano referido a construcción en Filipinas al menos a partir del siglo XVIII.
Según vocabularios de autores dieciochescos como Noceda, en su versión de 1860, batalán se refería a azotea de caña.
54 De todas formas esta definición no coincide con lo que se desprende de otras descripciones.
Más bien indica una especie de recibidor, normalmente porticado, entre las huertas y las dependencias conventuales.
Este tipo de piezas son propias de los conventos filipinos y no se encuentran de forma tan generalizada en otros conventos novohispanos, lo que supone una nueva aportación de la tradición indígena filipina a la arquitectura realizada en el archipiélago en estos momentos.
A raíz de lo comentado podría pensarse que los franciscanos adoptaron un modelo poco flexible para la construcción, o reconstrucción de iglesias y conventos en las islas.
Nada más lejos de la realidad.
Es evidente que la provincia marcaba unas coordenadas necesarias que se cumplían en un modelo más o menos preestablecido como sería el de Pandacan o el de Los Baños.
Pero también es claro que existen ejemplos aceptados por la misma provincia que plantean otros horizontes, como es el caso de la ermita de Nuestra Señora de Salambao en Obando (Bulacan).
Dentro de esta flexibilidad es más fácil comprender la arquitectura en Filipinas desde la segunda mitad del siglo XVII, donde los recién llegados supieron aprovecharse del conocimiento del terreno y sus materiales no solo de los nativos filipinos, sino también de los propios sangleyes.
56 La casi total inexistencia de profesionales europeos en el campo de la construcción hasta bien entrado 54 Noceda y Sanlúcar, 1753.
55 El problema es interesante si se pone en relación con lo que ocurre con elementos arquitectónicos similares en el ámbito europeo en Asia como se observa en Luengo, 2012b.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.09 el siglo XVIII no hizo más que consolidar en Filipinas un modelo arquitectónico que compartía por igual tradiciones especialmente alejadas, y que supuso en cierta medida la base de autores del siglo XIX para valorar algunos aspectos de esta genuina arquitectura.
Con todo esto, se ofrecen nuevos aportes sobre la producción arquitectónica en el interior de Filipinas durante la presencia española.
Son casos de integración de tradiciones artísticas muy diversas, que posteriormente tenían una sugerente difusión, primero a la capital, Manila, y posteriormente a otros territorios, hispanos o no. Además de servir de base para futuras medidas de puesta en valor de los restos patrimoniales conservados, se trata de un claro fenómeno de mestizaje arquitectónico, fruto de la transferencia cultural en un momento de madura mundialización ibérica. |
Los ilustrados trataron las cuestiones referentes a la cultura y el medio geográfico con gran detalle y profundidad, alcanzando una honda comprensión de las sociedades y de las relaciones del hombre con su entorno natural.
Así, en el siglo XVIII se consiguió un notable conocimiento del planeta en aspectos relativos a la diversidad natural, geográfica, etnográfica, sanitaria, cultural, política y administrativa; las corrientes ambientalistas vinculaban dichos aspectos al clima.
1 Indagar en esos asuntos no sólo era cuestión de ideas y lecturas de documentos.
Consistía, además, en una ardua labor basada en múltiples experiencias en las que no cabía de forma exclusiva la reflexión aislada de unos cuantos personajes sobresalientes, sino la acción colectiva y organizada de un gran número de interesados que, ubicados en diferentes lugares durante períodos temporales determinados, recababan datos diversos en los campos de operaciones y los hacían circular por vías expresas hasta un centro o sujeto coordinador.
2 En este artículo se pondrá de manifiesto que una parte significativa del saber climatológico hispanoamericano del siglo XVIII se generó de forma social y organizada, en el seno del colectivo de funcionarios reales y de la colaboración de los ingenieros militares con éstos.
En general, los miembros de dichas corporaciones tuvieron una excelente preparación académica y recibieron instrucciones para la buena administración política y económica de los territorios, la defensa de éstos, el trazado de las fronteras, el control jurídico de los habitantes y el fomento; en el transcurso de estas labores produjeron, manejaron, intercambiaron y transmitieron información científica -en particular, climática-de forma compartimentada, ordenada y jerárquicamente organizada; y para ello se valieron de distintos procedimientos de sencilla comprensión y rápido acceso.
Es preciso señalar que dichos personajes también estaban interesados en recoger noticias fiables y útiles para quienes les siguieran en el ejercicio de sus labores; lo cual implicaba que sus conocimientos habrían de alcanzar un carácter familiar y acumulativo, de modo que sirvieran a más personas comprometidas en aquellas funciones.
Es decir, el saber adquirido debía ser susceptible de ponerlo a disposición de otros personajes dispuestos a utilizarlo convenientemente, a no introducir alteraciones sustanciales que desvirtuaran su mensaje originario y a utilizarlo de forma oportuna para dominar espacial y cronológicamente los territorios objeto de estudio y gobierno.
3 El hecho de haber elegido el mundo hispánico de la Ilustración para el debate de los asuntos que aquí se abordan se justifica por la especial relevancia que el saber climatológico adquirió en dicho marco histórico y geográfico.
En efecto, el imperio español alcanzó en el siglo XVIII su máxima extensión y, respecto a las centurias precedentes, hubo un aquilatado incremento del apoyo institucional a las ciencias y las técnicas.
Esto hizo que surgiera la necesidad de garantizar la integridad física de los territorios hispánicos y de resolver un sinfín de cuestiones relacionadas con la naturaleza y, de modo específico, el clima.
Para llevar a término esos cometidos, la corona disponía de suficientes recursos humanos y económicos, además de los necesarios conocimientos científicos y técnicos.
Y es que, dada la amplitud de los dominios en cuestión y la cantidad y complejidad de los intereses que se debían atender, obtener y manejar cualquier tipo de información aconsejaba la intervención de muchos observadores afanados en la toma, registro, análisis, transmisión y comparación de datos.
Desde los momentos inmediatamente posteriores al descubrimiento de América, y hasta el fin de la etapa colonial, las autoridades virreinales y otros personajes al servicio de la corona estaban obligados a realizar visitas periódicas a los territorios hispánicos, inspeccionar los asentamientos y levantar actas de sus pesquisas.
Fue este uno de los procedimientos ideados por los monarcas españoles para recabar información sobre sus posesiones ultramarinas; el grado de implicación de los partícipes en la indagación climatológica fue variable.
En general, tanto los protocolos empleados como los resultados obtenidos fueron homogéneos.
Además, se nombraron cronistas e historiadores oficiales que intervinieron directamente en los hechos históricos y en las observaciones de carácter naturalista; o bien, ajenos a unos y otras, recopilaron una gran cantidad de información y dieron lugar a la producción de obras de considerable envergadura.
4 Las normas e instrucciones oficiales se sucedían en orden descendente, y el trasvase de información en el contrario.
De modo que las iniciativas metropolitanas tenían cumplidas respuestas en las cortes virreinales, y de ahí pasaba a los estratos inferiores hasta los encargados de realizar las consultas e investigaciones de campo.
A partir de éstas, se confeccionaban informes y crónicas que habían de pasar por el visto bueno de los superiores jerárquicos, el consejo de Indias, la censura y la realeza.5 Así, mientras que en España se registraba el saber derivado de las noticias llegadas del lado opuesto del océano, las Indias occidentales se convirtieron en el lugar de observación donde muchos interesados, impulsados por motivos o mandamientos diferentes, realizaban estudios sobre la naturaleza, el clima, la sociedad, la historia y la cultura.
Con el transcurrir del tiempo, los funcionarios, ingenieros, historiadores y cronistas vinculados a la administración real aceptaron unos esquemas de trabajo de tendencia ambientalista; dichos esquemas incluían la posición geográfica, la calidad atmosférica del lugar, el clima, los ríos, las aguas, los montes, las minas, los minerales, los productos vegetales, los animales, el origen y la situación de las ciudades, las autoridades locales, la salud, las enfermedades y las epidemias.
6 Durante los siglos XVI y XVII fue considerable la cantidad de manuscritos y obras impresas que contenían estudios geográficos y naturalistas; esos documentos incluían en sus páginas descripciones y explicaciones sobre las causas de los climas americanos.7
Funcionarios reales e ingenieros militares del siglo XVIII.
Algunos proyectos de alcance climatológico
En el siglo XVIII, como en los dos precedentes, la realidad imperial española fue un factor condicionante de la actividad científica de la metrópoli y de las colonias ultramarinas.
Dicha actividad estuvo sujeta a las particulares circunstancias históricas, culturales, religiosas y económicas por las que atravesaron las sociedades española e iberoamericana hasta finales de la centuria.
8 Tras la Guerra de Sucesión, en efecto, los Borbones empezaron a fomentar el cultivo de las ciencias a expensas de las viejas instituciones.
Pero pusieron al frente de éstas a actores nuevos que no eran sino profesionales cuyo ascenso social se basaba en la formación académica y el talento propio, antes que en la alcurnia.
Con el paso del tiempo, las directrices generales de las prácticas científico-técnicas giraron alrededor de la propia estructura administrativa estatal y el mantenimiento de las colonias ante la creciente agresividad de Francia, Holanda, Inglaterra, Portugal y Rusia.
La ciencia y la técnica española de la Ilustración se trasladaron a Iberoamérica y se convirtieron en herramientas útiles para las reformas y la salvaguarda estratégica del imperio; y sus protagonistas adquirieron una importancia esencial en la toma de decisiones políticas y geoestratégicas.
9 En América, además, funcionaban otros aparatos burocráticos -cortes virreinales e iglesia-que sostuvieron un permanente esfuerzo de reconocimiento de las realidades naturales de los territorios y gozaron de cierta autonomía política y financiera.
De ahí que pudiesen promover con éxito variable sus propias iniciativas científicas.
En algunas ocasiones colaboraron con los proyectos de la corona; otras veces actuaron según unos objegran influencia durante varios siglos y fue traducido a algunos idiomas europeos.
Desde el punto de vista historiográfico, su obra pertenecía a un género que proporcionaba la pauta a seguir en la temática de las relaciones geográficas y las historias naturales y morales, pues se basaba en la continuidad existente entre todos los elementos naturales y en la sustentación de lo moral sobre lo natural.
8 Sobre las vicisitudes sociales, políticas y económicas por las que atravesaron España y sus colonias al afianzarse la dinastía borbónica en el poder, la entrada de las ideas ilustradas en la península ibérica y las reformas borbónicas, véase Kamen, 2003.
De modo más específico, se estudia el proyecto de renovación de los Borbones en España e Iberoamérica en Guimerá, 1996.
En cuanto al dominio de la ciencia por los militares durante el segundo cuarto del siglo XVIII, véase Lafuente y Peset, en Peset, 1986, 127-147.
Acerca del traslado de la ciencia española a las colonias, véase Lafuente y Sala Catalá, 1992; también, Martínez Sanz, 1992.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.10 tivos diferentes de los planes auspiciados por ésta, obedeciendo a circunstancias puramente endógenas, aunque debieron contar con su beneplácito.
10 Con este panorama de fondo, puede afirmarse que durante el siglo XVIII hubo una considerable actividad climatológica en las colonias españolas de ultramar.
Algunos de sus artífices fueron funcionarios reales e ingenieros militares que desempeñaron las labores encomendadas por los gobiernos y que, con el fin de hacer viables sus trabajos, guiaron sus actuaciones según determinados procedimientos que se verán más adelante.
El clima interesó a aquellos colectivos por su relación con otros fenómenos naturales y morales,11 sus aplicaciones prácticas -en medicina, agricultura, ganadería, náutica e hidrología-y su repercusión en la toma de decisiones.
La información climática manejada, junto con toda la demás, se difundió a través de relaciones geográficas, informes oficiales, correspondencia epistolar, historias naturales y morales y obras cosmográficas.
Es preciso aclarar, no obstante, que los integrantes de dichos colectivos estaban sometidos a una fuerte disciplina y que la mayor parte de ellos no aspiraban a transmitir a través del mundo editorial sus trabajos; el objetivo, más bien, era poner éstos en conocimiento de los superiores jerárquicos; de ahí que, con excepciones, muchos de los textos aquí comentados se hayan conservado en forma manuscrita durante décadas, o incluso siglos, y sólo en épocas relativamente recientes se haya visto la conveniencia de imprimirlos.
12 Los funcionarios reales, el primero de los colectivos considerados, cumplieron un papel de extraordinaria importancia en la política territorial, defensiva, administrativa y económica de los virreinatos.
Muchos de ellos tuvieron una ascendencia modesta, se integraron en la milicia y llegaron a obtener títulos nobiliarios como gratificación por sus valiosos servicios a la corona.
Sus acciones se apoyaron en diversos procedimientos para recabar y transmitir datos valiosos a sus superiores.
Así, hay pruebas de que recurrieron al sistema de cuestionarios y relaciones geográficas13 para obtener y transmitir información de todo tipo.
Pero también efectuaron visitas e inspecciones a los territorios y recabaron informes de sus subordinados.
Un caso particular fue el de las memorias emitidas por los virreyes, que desde la promulgación de las célebres Ordenanzas Reales de 1572 estaban obligados a enviar al consejo de Indias.
Se trataba de informes que los mandatarios emitían al abandonar el poder y cedérselo a sus sucesores.
Estos documentos eran de suma utilidad y tenían su origen en las continuas consultas de informes y expedientes que se conservaban en las secretarías de los virreinatos; incluían aspectos concernientes a las peculiaridades naturales y climáticas de los territorios que afectaban a las actividades económicas, políticas, educativas, sanitarias, defensivas, etc. Casi todos ellos parecían cortados por el mismo patrón, solían tener un carácter apologético, descriptivo y misceláneo y servían para componer un cuadro de conjunto del estado de los virreinatos.
Los del siglo XVIII, concretamente, po nían de manifiesto el dinámico impulso reformista de los Borbones, y con frecuencia invocaban los informes de los virreyes precedentes.
Estos textos, por el imperativo de la distancia y la necesidad de disponer urgentemente de noticias fidedignas procedentes de ultramar, tuvieron un carácter exclusivamente indiano.
14 Véanse seguidamente algunos ejemplos representativos de funcionarios reales que incluyeron información climática en sus obras.
En los tiempos de la expedición geodésica a Perú, Dionisio de Alsedo y Herrera ejercía como presidente de la audiencia de Quito.
15 Alsedo produjo una serie de obras16 que perseguían el doble objetivo de informar al rey acerca de los asuntos de América y denunciar el contrabando inglés.
Estos escritos fueron producto de una estancia de más de cuarenta años en el Nuevo Mundo, así como de las lecturas de relaciones geográficas y crónicas de Indias; y contenían una abundante información climatológica local y territorial.
El autor relató sus viajes por el continente y dio razón de sus observaciones personales y de su colaboración con Charles Marie de La Condamine, Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
En otro ámbito geográfico, Manuel Amat y Junyent, virrey de Perú ordenó en 1772 al capitán Domingo Boenechea que emprendiera una expedición a las islas de Amat (Tahití) San Carlos (Pascua); el marino se interesó por el estudio de las riquezas naturales y de las características geográficas de ambos enclaves.
El encargado de redactar los informes correspondientes17 fue el capitán de navío José Andía y Varela, quien los remitió a Amat; después, éste se vio en condiciones de completar su propia obra18 y de incluir en ella descripciones climáticas del reino de Chile y de las islas adyacentes.
Algo similar ocurrió cuando Jerónimo Matorras, general del ejército y gobernador de Tucumán, entró en la región del Chaco.
Durante el siglo XVIII, en efecto, la corona española, presionada por Portugal y otras potencias europeas, se vio obligada a penetrar en determinadas regiones americanas insuficientemente controladas y donde había intereses políticos, estratégicos y económicos en liza.
Por la Real Contrata de 1776, Matorras se comprometió a explorar los territorios chaqueños, pacificar a los indios, organizarlos en reducciones y establecer comunicaciones entre Tucumán, Corrientes y Asunción.
El escribano Blas Joaquín Brizuela formó parte de la misión y dispuso de varios documentos19 con los que pudo componer su propia visión de aquellos hechos.
20 La obra en cuestión contenía información climatológica.
Por otro lado, entre las obligaciones impuestas a los gobernadores e intendentes virreinales en virtud de la Real Ordenanza que los instituyó en 1782, estaba la de recorrer cada uno de sus departamentos para fomentar la agricultura, la industria y el comercio.
Los altos funcionarios debían observar la realidad natural, demográfica y económica de los territorios.
Para realizar esta tarea, recurrían a la colaboración de informantes y subordinados y se amparaban en documentos de sus predecesores.
Por Real Orden del 10 de mayo de 1784, los virreyes debían elaborar informes semestrales sobre asuntos agrícolas y sanitarios, proporcionando información acerca del tiempo atmosférico experimentado en las diferentes provincias de los territorios bajo su administración.
Así, en 1785 Juan del Pino Manrique, gobernador de Potosí, dirigió a José Gálvez un informe descriptivo21 de la provincia de Tarija, término austral del imperio inca.
Más tarde envió al virrey de Perú, el marqués de Loreto, un escrito22 similar.
A veces, los funcionarios reales facilitaban a otros personajes al servicio de la corona alguna información de interés.
Por ejemplo, cuando el ingeniero militar Félix de Azara quiso recoger materiales para elaborar una historia política y natural de Paraguay, solicitó a Gonzalo de Doblas, gobernador de la provincia de Misiones, un informe preciso23 sobre el origen y los progresos de los indios y sobre cuestiones climatológicas referentes al carácter moral y las costumbres de éstos.
El alto funcionario, que había examinado con esmero a los nativos, indicó las posibles soluciones que les sacarían de su abatimiento; lo que aprovechó Azara para completar sus estudios y afianzar sus propias ideas al respecto.
Doblas, además, envió copias de su propio trabajo a los virreyes Loreto y Avilés y a los brigadieres Diego Alvear y José Varela; el último lo puso en conocimiento del rey, quien mostró su aprobación y disposición a poner en práctica el plan diseñado por el autor.
Otras veces, los funcionarios reales, con objeto de poner a punto algún plan reformista, efectuaban estudios sobre determinadas regiones.
Así, Francisco de Viedma, gobernador intendente de Buenos Aires, redactó en 1788 una respuesta a la Orden del día 13 de octubre de 1787 por la que el virrey, Nicolás de Arredondo, le pedía una relación geográfica24 de la capital y sus partidos.
El informe había de dar cuenta de los temperamentos o grados de calor, la población, las razas, los cultivos, los frutos, los alimentos, las calidades de los terrenos, los ganados y otros asuntos.
Los ingenieros militares, por su parte, prestaron sus servicios a los funcionarios reales en labores referentes al fomento, la defensa de los territorios y la explotación de los recursos naturales; en ellas entraban en consideración las condiciones climáticas.
25 Dichos personajes, repartidos por varios lugares, se regían por pautas de trabajo comúnmente admitidas, como observaciones directas, mediciones instrumentales 26 -en tal caso, registro tabular de variables atmosféricas, realización de cálculos sencillos con las cantidades y búsqueda de regularidades y correlaciones climáticas apoyadas en regularidades y correlaciones numéricas-, realización de descripciones y comparaciones climáticas, elaboración de informes y remisión de éstos a las autoridades.
Además, lo mismo que los funcionarios reales, tenían la posibilidad de consultar datos y documentos en archivos oficiales, prensa periódica, instituciones científicas y académicas, consulados y sedes eclesiásticas.
Y compartían determinados códigos de comunicación, como la propia lengua y términos científicos comúnmente aceptados.
Dada su buena preparación académica, dedicación plena, fidelidad a la monarquía y disponibilidad para dirigirse a los lugares que se les indicara, fueron muchos los territorios ultramarinos donde los ingenieros militares hicieron acto de presencia.
Al acabar el siglo XVIII estaban repartidos de la siguiente manera: 54 en México; 29 en Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y Trinidad; 8 en Florida, Luisiana y Texas; 13 en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua; 29 en Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá; 22 en Argentina, Paraguay y Uruguay; 22 en Chile y Perú.
27 En el marco de la política defensiva de la corona, los ingenieros militares estaban obligados a cumplimentar descripciones de los territorios donde ejercieron sus tareas.
De los climas americanos les interesaron sus peculiaridades locales y los repartos zonales y cronológicos; también se fijaron en su interacción con otros fenómenos naturales y geográficos, así como su influencia en los seres vivos; por último, prestaron atención al régimen hidrológico; dichos aspectos fueron incluidos en sus obras y formaron parte de un estudio amplio de los territorios y de las sociedades que conocieron.
Las aplicaciones prácticas de estos trabajos se centraban en las planificaciones agrícolas, el establecimiento de divisiones territoriales según las características climáticas, la puesta a punto de proyectos urbanísticos, el aprovechamiento del agua meteórica y la implantación de normas jurídicas con arreglo a las peculiaridades etnográficas y morales de la población.
Se comentarán a continuación algunos ejemplos.
La década de 1770 fue especialmente agitada para el ingeniero militar Francisco Manuel Policarpo Requena y Herrera por la cantidad de cargos oficiales y tareas que tuvo que asumir.
Después de su llegada a Panamá en 1764, Requena residió y trabajó en América durante más de treinta años, permanentemente ocupado en proyectos cartográficos y de arquitectura militar.
En 1769 el virrey Pedro Messía de la Cerda le ordenó que viajara a Guayaquil para dibujar los planos de la ciudad y trabajar en su fortificación.
Requena sobrepasó las órdenes recibidas y escribió una obra 28 en la que, entre otras cosas, ofrecía su visión del clima del país.
El ingeniero militar se sirvió de los informes de las autoridades provinciales, sus propias observaciones, su correspondencia epistolar con el priorato franciscano de Perú y las crónicas y relaciones de viajes de autores contemporáneos y pretéritos (Francisco López de Gómara, el inca Garcilaso de la Vega, Dionisio de Alsedo, Charles Marie de la Condamine, William Dampier, Laurent Echard, José Gumilla, Jorge Juan, Antonio Ulloa y otros).
Además, envió a sus subordinados un formulario con el que debían dar razón de los territorios donde ejercían sus funciones y devolvérselo debidamente cumplimentado en el menor tiempo posible; él mismo se encargó de analizar posteriormente la información y de redactar sus conclusiones.
29 Por otro lado, la parte septentrional de Nueva España adquirió un alto valor estratégico durante el siglo XVIII, pues era la frontera del imperio y confluían en ella los intereses de Inglaterra, Francia y Rusia.
Como medida de control de dicho territorio, la corona ordenó la ocupación de las costas californianas, reorganizó la línea de los presidios y estableció una comandancia general de las provincias internas; bajo el mando de altos funcionarios reales, los ingenieros militares intervinieron en estas acciones.
Uno de los primeros fue Francisco Álvarez Barreiro, quien formó parte de la expedición del virrey de Nueva España, marqués de Valero, a Texas en 1717.
Entre 1724 y 1728, Barreiro acompañó al brigadier Pedro de Rivera en la inspección de los presidios de la frontera norte.
Producto de esta segunda empresa fueron varios planos de la zona y una obra adjunta 30 que contenía descripciones climáticas de la región.
En marzo de 1768, Miguel Costanzó recibió la orden de Carlos Francisco de Croix, virrey de Nueva España, de trasladarse al puerto de San Blas, donde debía esperar al visitador José Gálvez; después, ambos habrían de trasladarse a Monterrey.
Una vez en su destino, el ingeniero barcelonés reconoció el territorio, levantó planos del puerto y dirigió las obras de construcción de un fuerte.
Costanzó dejó memoria escrita de ello, 31 hizo una descripción detallada de las condiciones naturales y climáticas de la región y comentó las costumbres de la población indígena.
32 En ese mismo contexto y ámbito geográfico, el capitán de ingenieros Nicolás de Lafora escribió un informe 33 a resultas de la expedición enco-29 Véase Laviana Cuetos, 1984; también, Río Sadornil, 2003.
Lafora incluyó datos sobre la población, los recursos económicos, los pobladores, el clima, la vegetación, la fauna, la conformación urbanística, las riquezas minerales y agrícolas, los ríos y otras particularidades referentes a la geografía física y humana del norte de Nueva España.
En particular, prestó una gran atención a la ubicación de los presidios, pues consideró que algunos de ellos se habían construido apresuradamente, sin tomar en cuenta las condiciones geográficas, climáticas y salutíferas del lugar.
34 Otro de los ingenieros militares destinados a la misma área territorial para realizar tareas similares fue Juan de Pagazaurtundúa, originario de México pero formado en España.
Incluyó en ella descripciones de ciertos territorios novohispanos, señaló sus condiciones naturales y climáticas y realizó estudios sobre la población indígena.
La composición del informe fue posible gracias a sus propias observaciones, las consultas de fuentes diversas, las entrevistas con clérigos y funcionarios, el intercambio de datos con otros colegas y la reflexión sobre las respuestas dadas a los cuestionarios geográficos.
Se han localizado reportes similares, efectuados por diversos autores, sobre los territorios de Nuevo Santander, 36 Yucatán, 37 Arizpe 38 y Cuba.
39 Algunas iniciativas de investigación de los climas americanos fueron producto de inquietudes personales.
Ese fue el caso de Félix de Azara y Perera.
Al margen de la misión inicial que se le encomendó -en 1781 formó parte de la comisión de límites entre España y Portugal-, abordó el estudio de la naturaleza americana como un proyecto personal: Llegué a la Asunción, capital del Paraguay, donde supe que no había tales portugueses esperando, ni noticia de ellos, por cuyo motivo no quise aprontar cosa alguna ni hacer el menor costo, porque además yo sospechaba, con bastante fundamento, que dichos portugueses tardarían en llegar y que por consecuencia mi demora en el Paraguay sería dilatada.
No se me había dado instrucción para este caso, y me vi precisado a meditar sobre la elección de algún objeto que ocupase mi detención con 34 Moncada, 1994, 91-92; Meza, 2009.
Desde luego vi que lo que convenía a mi profesión y circunstancias era acopiar elementos para hacer una buena carta o mapa, sin omitir lo que pudiera ilustrar la geografía física, la historia natural de las aves y cuadrúpedos, y finalmente lo que pudiera conducir al perfecto conocimiento del país y sus habitantes.
40 Debido a tales circunstancias, Azara combinó sus tareas demarcadoras de las fronteras hispano-lusas con las observaciones del clima, vientos de la región, disposición y calidad de los terrenos, accidentes topográficos, curso de los ríos y anomalías climáticas.
Sus obras naturalistas, exentas de la imposición gubernativa de secreto estatal, fueron canalizándose progresivamente hacia el dominio público y alcanzaron una gran difusión en Europa.
Para producirlas, Azara se valió de la información proporcionada por sus subordinados y cooperantes, así como por los clérigos establecidos en las misiones de la zona; también de la encontrada por él mismo en documentos históricos de los archivos municipales, informes oficiales de otros funcionarios e ingenieros, relaciones geográficas y de viajes y obras de geografía e historia natural; por último, de la extraída a través de las encuestas realizadas a los habitantes de los territorios y de sus propias observaciones personales.
41 Esta ardua labor se sustentaba en el reparto de tareas, la delegación de trabajos a sus colaboradores, la remisión de la información recogida a una cabeza que la analizara -en este caso, el propio Azara-y la selección de la más relevante para los fines propuestos.
En todo ello era fundamental el contraste del trabajo propio con otros ajenos, lo que estaba al alcance por medio del intercambio oral y epistolar con otros personajes relevantes de la administración y del mundo científico-técnico.
Otro participante en la misma expedición demarcadora fue el ingeniero militar Juan Francisco Aguirre.
Éste se trasladó a las regiones australes del virreinato del Río de la Plata, expuestas a las ambiciones expansionistas de los ingleses; allí efectuó observaciones climáticas y mediciones de la dirección y fuerza de los vientos, las precipitaciones y la temperatura del aire con instrumentos meteorológicos.
Su obra 42 incluía datos sobre accidentes geográficos, descripciones de las realidades naturales de las zonas visitadas y comentarios sobre las condiciones climáticas de éstas.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.10 Los colectivos de funcionarios reales e ingenieros militares, en definitiva, se implicaron en tareas de reconocimiento del clima y en otras cuestiones que relacionaban dicho fenómeno con otros de signo natural y moral.
El clima formaba parte de sus averiguaciones, como un asunto más a tratar de entre los muchos que interesaban a las autoridades para el buen gobierno y mantenimiento del imperio.
Y el saber adquirido consistió en una práctica colectiva en la que se compartieron objetivos, temas y consensos sobre lo que había que observar y la manera de hacerlo.
La puesta en marcha de las correspondientes labores estaba asegurada por la obediencia de aquellos personajes a las leyes y ordenanzas reales.
En tanto que la minuciosidad del trabajo efectuado era consecuencia de la cantidad de tiempo empleada y de la ayuda prestada por grupos de colaboradores, además de la información acumulada y de la propia agilidad interna con la que ésta se transmitía.
Las tareas en cuestión se hacían notar mientras durasen los encargos recibidos y se agotase el tiempo de estancia de los artífices de la práctica climatológica en sus respectivos destinos.
Concluidas las labores, los resultados se ponían en conocimiento de las autoridades que habían de tomar las decisiones oportunas.
Los funcionarios e ingenieros al servicio de la corona ejercieron en todos los virreinatos hispanoamericanos.
Hicieron acto de presencia tanto en el escenario urbano como en el rural, pero adquirió una especial importancia y atención el segundo.
Su mayoritaria pertenencia a la milicia se explica por la idoneidad del estamento castrense para cumplir las exigencias gubernamentales; y también porque, tras la expulsión de los jesuitas de los dominios de la corona española, fueron ellos, junto a los miembros de otras congregaciones religiosas, quienes se hicieron cargo del control administrativo, económico y educativo de los territorios.
Respecto al género de los documentos comentados, destacó el de las relaciones geográficas e históricas, lo que concuerda con el interés que dichas obras suscitaban entre quienes debían hacerse cargo del ordenamiento de los territorios y del dominio político de sus habitantes.
Casi todos los escritos mencionados se redactaron en castellano, lengua que, desde la llegada de los españoles a las costas americanas a finales del siglo XV, se convirtió en el vehículo ideal para difundir unos conocimientos que no encontraban referencia en los autores clásicos y cuyo acceso era viable para un público de variada condición social, cultural y académica.
Contenido climatológico de los documentos
Los trabajos climatológicos de los funcionarios virreinales se inscribieron en el seno de un estudio amplio y minucioso de las características geográficas del territorio, las peculiaridades morales de los habitantes y la interacción entre los fenómenos naturales y los seres vivos.
El modelo narrativo y cognoscitivo43 más recurrente era el proporcionado dos siglos atrás.
Las páginas de los textos contenían vocablos de uso corriente que se referían al clima y a sus características locales o regionales; y estaban impregnados de adjetivos y adverbios que hacían referencia a impresiones sensitivas y a valoraciones elogiosas o vituperantes de aquel fenómeno.
Hacia la última treintena del siglo, algunos autores incluyeron datos cuantitativos en sus escritos; con ello, dejaron de lado los enfoques y matices antropomórficos de la naturaleza y sus descripciones adquirieron mayor sobriedad y precisión; y también incrementaron su capacidad para obtener e intercambiar conocimientos de forma inequívoca y de obtener la comprensión de los lectores no especializados.
Fuera cual fuese la modalidad de sus observaciones climáticas, los funcionarios reales atendieron a asuntos como los siguientes: tipos de seres vivos que poblaban un territorio o localidad, costumbres de sus habitantes, enfermedades y epidemias que los asolaban, cultivos, características orográficas del terreno, posición astronómica de éste, sucesiones estacionales, temporadas y regímenes de lluvias, presencia de bosques y masas de agua, humedad del aire, grados de calor, vientos, precipitaciones, causas de las modificaciones atmosféricas, etc. Además, efectuaron clasificaciones y comparaciones de los climas y se interesaron especialmente por aquéllos que eran aptos para la vida, la instalación de asentamientos, los cultivos y ganados, la salud de los habitantes, el gobierno del país y el progreso educativo, social y económico de los habitantes.
Véanse algunos ejemplos de esto.
La obra de Dionisio de Alsedo sobre Guayaquil se inspiró en la expedición geodésica de La Condamine y tenía como objeto elaborar un mapa descriptivo del territorio.
Dos de sus capítulos trataban de las alimañas y plagas características del clima caluroso y húmedo, el efecto que sobre ellas ejercía la estación invernal, las descripciones físicas y algunos datos agrícolas.
En cuanto a su descripción de Quito, Alsedo superó en minuciosidad a muchas de las que se habían escrito antes.
Se trataba de una obra puramente geográfica, compuesta para satisfacer el ansia de dar a conocer el país donde el autor pasó gran parte de su vida y ejerció varios cargos oficiales.
Alsedo señaló los productos naturales de cada región y completó la información con observaciones físicas y notas históricas de ciudades y pueblos.
Atribuyó la benignidad del clima de Quito a la proximidad de las cadenas montañosas, permanentemente nevadas.
Seguidamente, puso de relieve la influencia de la altura en la temperatura del aire.
También observó algunos fenómenos atmosféricos violentos y caracterizó y delimitó temporalmente las estaciones del año.
El trabajo de Alsedo, en suma, se caracterizó por la relación entre el clima y el tamaño, la forma, la distancia y la orientación del territorio respecto al Sol; las características geográficas y naturales de la región; la salud y el carácter de los habitantes; y la aparición de plagas y enfermedades estacionales.
Por lo demás, efectuó descripciones climáticas, buscó explicaciones causales del clima y sostuvo de dicho fenómeno tenía un carácter fijo y regular.
En la última parte de su obra, Blas Joaquín Brizuela hizo una descripción del territorio explorado por Matorras y empleó calificativos elogiosos al referirse al paisaje y al ambiente natural del Chaco.
Escribió que el temple de la región era cálido y seco, aunque durante el tiempo de los mayores calores soplaban vientos del sur que refrescaban la tierra.
44 Brizuela se refirió al clima en términos de unos parámetros puramente sensoriales, según la experiencia propia y ajena; lo puso en relación con el entorno y recurrió a términos sencillos del lenguaje común para describirlo.
45 Juan del Pino Manrique abordó asuntos como la naturaleza de los pobladores indígenas de la provincia de Tarija y las causas de su pobreza.
El autor no desaprovechó la ocasión para escribir acerca del buen temple de la zona, la fertilidad del terreno y la explotación de sus recursos naturales.
El plan del trabajo fechado en 1787 era el siguiente: historia de la ciudad de Potosí desde su descubrimiento por los españoles en 1546 hasta el siglo XVIII; gobierno, población, razas e instituciones; situación geográfica, edificios públicos de interés, partidos y sus riquezas naturales principales; economía y renta de los habitantes, minas, beneficios de la plata; y agricultura.
Las noticias sobre los climas de las poblaciones adyacentes eran bastante escuetas e iban acompañadas de calificativos como «benigno», «insano», «frío», «cálido», etc. Así, hablaba del rigidísimo clima de Porco, del clima algo más benigno de Cayza, del temperamento sano de Potosí, del temperamento cálido y abundante en maíces y frutas de Toropalca, del clima gélido y estéril de Tomabe, etc. Manrique, pues asociaba la esterilidad de la tierra al clima frío y la fertilidad al cálido, y el interés práctico de su conocimiento residía en la rentabilidad comercial de los frutos de la tierra.
Gonzalo de Doblas estimó que el extrañamiento de la Compañía de Jesús acarreó algunos males a la provincia de Misiones.
Así, la población disminuyó y la producción se vio mermada a causa de la incompatibilidad entre el nuevo régimen impuesto en la zona y el genio desidioso y apático de sus habitantes; y, tras descubrir los defectos del gobierno económico impuesto desde la metrópoli, propuso otro que era en todo análogo al que en su día establecieron los jesuitas.
En una línea muy similar a la trazada por Manrique, Doblas se extendió en la descripción física del territorio y sus particularidades naturales, estimó que el temperamento era benigno y sano, sin calores excesivos, y observó que el aire era húmedo, debido a la existencia de muchos bosques y ríos.
Francisco de Viedma, por su parte, dedicó palabras elogiosas al clima de la provincia de Santa Cruz de la Sierra:
Los ingenieros militares, en otro orden de cosas, se ocuparon de asuntos climatológicos similares a los atendidos por los funcionarios reales y efectuaron clasificaciones y comparaciones de los climas.
También se guiaron por el modelo literario de Acosta, pero aportaron más datos cuantitativos e instrumentales que los anteriores y su lenguaje estaba más despojado aún de connotaciones antropomórficas.
De forma primordial, enfocaron sus miras hacia los climas idóneos para el fomento urbanístico, la ubicación de instalaciones defensivas, la existencia de productos naturales de probada rentabilidad comercial y la planificación agropecuaria.
Se comentan a continuación algunos ejemplos de esto.
Francisco Requena escribió sobre la calidad de los terrenos de Guayaquil, sus características orográficas, la salubridad y humedad del aire, las costas, los ríos, la estación de las lluvias y la incidencia de éstas en la agricultura y en la proliferación de alimañas.
Construido su relato a base de apreciaciones cualitativas, al autor le llamó la atención el vínculo entre la humedad, el calor y el estancamiento de la atmósfera, por una parte, y la salud, las enfermedades y la aparición de plagas, por otra.
En función de ello, calificó el clima de húmedo, caluroso y malsano.
También se refirió al carácter supuestamente indolente de los habitantes del país:
El temperamento es muy benigno: abundan en todo género de ganado, siendo el principal consumo de carneros, que se hace en México, y sus inmediaciones, producto de Nuevo México, y Nueva Vizcaya: las cosechas de trigo, cebada, y maíz son de la mayor consideración en cuanto a los dos primeros granos; pero la del 3.o es abundantísima, con cuya harina y masa hacen tortillas para suplemento (que también se hace muy exquisito) y atole, en lugar de chocolate.
49 Con sus trabajos naturalistas, en fin, Félix de Azara indagó en las causas de la diversidad climática del virreinato del Río de la Plata y encontró una relación directa entre los climas y los vientos.
Respecto a éstos, estableció una clasificación, según su procedencia, frecuencia y duración:
Se dice ordinariamente en el país, y con razón, que hace siempre frío cuando el viento sopla del Sur o Sudeste, y calor cuando sopla del Norte.
En efecto, el calor y el frío parecen depender tanto o más de los vientos que de la situación o de la declinación del Sol.
Los vientos más frecuentes son el Este y el Norte.
Si se deja sentir el del Sur es, a lo sumo, en una doceava parte del año, y si se inclina hacia el Sudeste, deja el cielo despejado y sereno.
Apenas se conoce el viento Oeste, como si la cordillera de los Andes lo detuviera a más de 200 leguas de distancia, y si se siente algunas veces, no dura más de dos horas.
50 y que nunca dejan de incomodar mucho, ensuciando las ropas, las casas y las habitaciones.
Los vientos más fuertes son los del Sudoeste a Sudeste.
Los huracanes son raros, pero los hay algunas veces como el de 14 de mayo de 1799, que destruyó la mitad del pueblo de Atira, en el Paraguay, mató treinta y seis personas, volcó muchas carretas y cortó la cabeza a un caballo que estaba amarrado por el cuello.
El mismo año hubo otro, el 18 de septiembre, que arrojó a la costa del puerto de Montevideo ocho grandes buques y muchos pequeños.
51 Otro de los recursos metodológicos utilizados por Azara fue el del recuento numérico de los objetos a estudiar y la elaboración de tablas.
Así, hizo una lista que agrupaba las naciones indias del Gran Chaco, su estatura media en pies y pulgadas y su número de habitantes; otra sobre la población de los partidos y pueblos del Paraguay, fechada en 1785, y dividida según el sexo y el origen; finalmente, aportó una tabla, referida al año 1781, sobre los bienes extractivos de la región y en la que consignaba las cantidades y precios que entonces tenían.
No se han encontrado, sin embargo, tablas meteorológicas ni correlaciones explícitas entre las tablas demográfico-económicas anteriores y las características climáticas del país.
Apenas se han visto pasajes referidos a la relación entre el clima y la salud, salvo un lacónico comentario referido a la humedad característica de la zona: tica de Paraguay.
Y estableció una graduación del frío, la humedad del aire y la fuerza de los vientos en función de la altitud del territorio, en lugar de su latitud:
De todo esto parece se puede concluir que el frío, la humedad de la atmósfera y la fuerza de los vientos aumentan gradualmente desde la Asunción hasta Buenos Aires en razón de la altitud, que es la única causa visible que puede ocasionar la alteración.
Se puede pensar, por la misma razón, que a medida que nos aproximamos al estrecho de Magallanes todos estos fenómenos deben adquirir más fuerza y los vientos deben de ser allí muy violentos.
Los mismos efectos no han tenido lugar, en lo relativo al trueno y al rayo, tan terribles en el Paraguay, como en Buenos Aires, y hasta casi me parecen ser menos considerables en el Río de la Plata.
Todo debe ser al revés si se dirige la marcha desde el Paraguay hacia el Norte, y yo creo que la humedad y la violencia de los vientos son allí, a latitud igual, más considerables que aquí.
En cuanto al frío, nadie duda que el hemisferio austral sea más frío en la misma latitud que el del Norte.
Sin embargo, [...] el frío en este país parece depender más de los vientos que del territorio y de la distancia al Sol.
54 Azara, en fin, contempló la naturaleza americana como un mundo fijista, finalista y creacionista.
Por eso, y por suponer que la variedad climática seguía una gradación exacta que dependía de la latitud, se permitió efectuar observaciones del clima sólo en dos ciudades (Asunción y Buenos Aires) y sus alrededores.
En el mismo contexto expedicionario en que se desenvolvió Azara, Juan Francisco Aguirre proporcionó datos instrumentales sobre el calor y la humedad atmosférica, efectuó observaciones sobre el estado del cielo y registró los vientos imperantes de cada zona; de todo ello esbozó un cuadro de las características climáticas de diversas localidades y regiones australes del Río de la Plata y las relacionó con la salubridad del aire, las producciones vegetales, el carácter moral de los habitantes y las enfermedades endémicas y estacionales.
Los trabajos climatológicos de los funcionarios virreinales consistieron en estudios de carácter ambientalista sobre el territorio, sus habitantes y la relación entre el clima y los seres vivos.
Estos personajes efectuaron clasificaciones y comparaciones de los climas (benignos e insanos; secos y húmedos; calurosos y fríos) y se interesaron por los que eran aptos para la vida, la instalación de asentamientos, el fomento agropecuario, la salud de los habitantes, el control político sobre éstos y su progreso educativo y socioeconómico.
Los ingenieros militares, por su parte, se subsumieron en la misma corriente que los anteriores, se ocuparon de asuntos climatológicos similares y ensayaron análogas clasificaciones y comparaciones climáticas.
Enfocaron sus miras hacia los climas idóneos para el fomento urbanístico, la ubicación de instalaciones defensivas, la existencia de productos naturales de probada rentabilidad comercial y la planificación agropecuaria.
Estaba muy extendida entre unos y otros la idea de que el clima de una localidad o región era fijo y seguía patrones repetitivos.
Saber algo acerca de los regímenes eólicos e hídricos, las alternancias estacionales y los cambios usuales de frío y calor, facilitaba las labores de agricultores, ganaderos y médicos.
Incluso se estimaba que los fenómenos atmosféricos inusitados se repetían y eran propios de un clima particular.
Estacionalidad, periodicidad y utilitarismo, pues, fueron las connotaciones características del clima que más destacaron los miembros de las redes informativas que operaron en los virreinatos.
Estos personajes compartieron procedimientos de investigación, modelos literarios y códigos de comunicación que les permitían adquirir, compartir y transmitir conocimientos de forma inequívoca.
Hacia el final de la centuria, algunos de ellos (Juan Francisco Aguirre y Félix de Azara) hicieron referencias a medidas instrumentales de la temperatura; también obtuvieron los valores extremos de esa variable y mostraron interés por los agrupamientos tabulares.
Con estas prácticas pretendían ahorrar tiempo y esfuerzo y repetir las experiencias en condiciones similares.
Gracias a la evidencia de los números, además, otorgaron más fiabilidad y uniformidad al discurso científico y mostraron las concordancias y desviaciones de los datos.
De haber efectuado registros prolongados y uniformes, y de haber calculado los valores medios de las variables, tal vez hubiesen profundizado más en la búsqueda de regularidades y correlaciones climáticas y en la comparación y clasificación de los climas.
Pero no hay pruebas de que alguno de los autores referidos procediese de tal modo. |
Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia La revolución santafereña del 20 de julio de 1810 fue pensada, dirigida y realizada por un grupo relativamente pequeño de patricios neogranadinos y algunos peninsulares.
Sin embargo, sin la actuación de los llamados «chisperos» el viernes 20 de julio y las semanas sucesivas, posiblemente hubiera fracasado el inicio de la transformación política en Nueva Granada.
En este artículo se pretende llevar a cabo una aproximación prosopográfica sobre quiénes eran los chisperos, cómo estaban organizados, y quiénes eran sus principales dirigentes durante las jornadas del 20 de julio al 13 de agosto de 1810.
Para llevar a cabo esta tarea se han utilizado principalmente veinticinco testimonios redactados por testigos oculares de esas jornadas.
La revolución santafereña del 20 de julio de 1810 fue pensada, dirigida y realizada por un grupo relativamente pequeño de patricios neogranadinos y peninsulares: esos pocos a los que se refería José María Espinosa en sus Memorias;1 ellos concibieron los planes, discutieron los modos de llevarlos a cabo y decidieron ejecutarlos.
Sin embargo, sin la actuación de los llamados chisperos el viernes 20 de julio y las semanas sucesivas, posiblemente hubiera fracasado el inicio de la transformación política en Nueva Granada.
Hubiera fracasado como habían fracasado los cuatro intentos anteriores: en septiembre de 1808;2 en septiembre de 1809, con motivo de la junta extraordinaria convocada por el virrey Amar; en noviembre de 1809 con la conspiración de Rosillo; y en abril de 1810 con la trifulca provocada en el cabildo de Santafé.
En este artículo se pretende realizar un estudio prosopográfico de los sujetos que integraban el grupo de los chisperos, y de sus principales dirigentes durante las jornadas del 20 de julio al 13 de agosto de 1810, utilizando principalmente veinticinco testimonios escritos por testigos oculares de esas jornadas.3 ¿Quiénes eran los chisperos?
En el lenguaje santafereño de aquellos tiempos se entendían por chispas los rumores, insinuaciones y afirmaciones tendenciosas que pasaban de boca en boca provocando inquietudes y congojas.
De esta manera, algunos viajeros procedentes de Santafé llegaban a las aldeas del norte de Cundinamarca con un bagaje considerable de noticias más o menos alarmantes, y algunos de los que venían a la capital eran portadores de especies no menos dañinas para la tranquilidad ciudadana.
4 Los chisperos eran los iniciadores o portadores de esas chispas, 5 aunque durante la revolución del 20 de julio su actuación no se limitó a difundir bulos, sino que se dedicaron sobre todo a promover tumultos en la capital desde el 20 de julio al 13 de agosto de 1810.
Tres testigos de los sucesos del 20 de julio, José María Espinosa, José Antonio de Torres y José Manuel Groot, utilizan literalmente el término chisperos para designar a los agentes o demagogos que agitaban la multitud en Santafé durante las jornadas revolucionarias del 20 de julio de 1810.
Desde entonces se generalizó esa denominación o calificativo Organizados en pequeños grupos, se proponían crear el desorden y el desconcierto en la ciudad desde el mismo viernes 20 de julio; reclutaban gente del bajo pueblo santafereño, mediante la fácil demagogia, la gratificación, el trago, el engaño e incluso la violencia, para dirigirlos hacia los lugares de la ciudad previamente establecidos -la plaza mayor en la generalidad de las ocasiones-, en los que convenía presionar sobre las autoridades.
Una vez allí, energizaban al pueblo y lo levantaban mediante discursos en los que esgrimían alguna que otra verdad mezclada con medias verdades y con alguna mentira, que pulsaban fibras sensibles entre lo oyentes; también lanzaban consignas para ser coreadas por los presentes.
Así, por medio de la gritería, del tumulto y de la confusión influían y trataban de alcanzar los objetivos previstos con antelación: forzar la convocatoria de un cabildo abierto, hacerse con el parque de artillería de la ciudad, liberar algún prisionero, encarcelar a alguien; y, sobre todo, mantener el clima de temor e incertidumbre que facilitase llevar a cabo la revolución.
6 Con frecuencia, los chisperos empleaban las chicherías de Santafé, muchas de ellas situadas en los alrededores de la plaza mayor, para lanzar sus chispas, enardecer los ánimos ante unas buenas totumas de chicha y predisponer el arrojo de los contertulios para la gritería y la agitación: los reportes de las autoridades insistían, casi sin excepción, en la embriaguez de los rebeldes y los revoltosos.
7 En una sociedad mayoritariamente analfabeta, las chicherías resultaban importantes como escenario de interacción social, lugar de encuentro entre los habitantes de la ciudad y del campo, espacio para la transmisión de noticias y bulos.
Sus propietarios, a menudo mujeres, desempeñaron papel importante durante esas semanas.
8 Si las tertulias se organizaban en los segmentos acomodados de la sociedad santafereña para intercambiar ideas, noticias y opiniones, conspirar y preparar planes revolucionarios, las chicherías se convirtieron en lugares de debate y reclutamiento de un público más amplio, donde los sectores populares de la sociedad -artesanos, arrieros, empleados públicos de nivel bajo-, se reunían para hablar acerca de los temas del momento.
Las chicherías inquietaban a los funcionarios gubernamentales, pues las veían como lugares donde podía estallar el descontento público.
9 La intervención de los chisperos no fue un invento santafereño en la revolución del 20 de julio; ya antes se había ensayado con éxito para derrocar a Francisco Montes, gobernador de Cartagena de Indias.
Manuel Marcelino Núñez, uno de los chisperos de Cartagena, nos ha dejado escrito que, en el año de 1810, cuando el cabildo de esa ciudad trataba de deponer al gobernador español, pretextándose su connivencia con el gobierno francés, entonces enemigo de España: me confió dicho Cabildo, bajo la mayor reserva, el encargo de reunir delante del Palacio, el día que resolviera el arresto del expresado gobernador, todos los individuos del pueblo que fuera posible, sin hacer el menor ruido, con la condición de que ninguno supiese el objeto con que se le invitaba a la reunión hasta el momento mismo de realizar el proyecto.
Llegó el 14 de junio de ese año, y ayudado por un grupo de patriotas, «concurrió a virtud de nuestra invitación una gran parte del pueblo».
10 García de Toledo, patriota cartagenero, cuñado del realista payanés Joaquín Mosquera y Figueroa, intervino también en esa ocasión convocando gentes animosas del barrio Jimaní, que armados de machetes se atumultuaron frente al palacio del gobernador.
11 Un poco antes, en el mes de mayo, Andrés Oribe, un oficial español, informó al virrey Amar que Cartagena estaba dividida en dos grupos y 8 Vargas Lesmes, 1990, 163.
La importancia de estos establecimientos en el ámbito de los chisperos no era exclusividad de Santafé, en el juicio que se llevó a cabo en Lima contra el abogado José Mateo Silva por conspiración contra las autoridades virreinales, algunos testigos afirmaron que la población mestiza expresaba sus opiniones políticas en las chicherías.
Los términos del informe son muy dicientes:
Atendidas las circunstancias críticas en que nos hallamos de estar dividido el pueblo en partidos, el uno que apetecía y pedía la creación de una Junta por medio de pasquines, y el otro que la resistía, siendo el primero protegido por los Alcaldes Ordinarios, y la mayor parte de los Regidores, y aún por ellos proyectada esta novedad, que procuraron fuese apoyada por el vulgo ignorante, e incauto, que inclinaron a su devoción por medio de sus confidentes, según de público se dice.
El mismo tono se trasluce en la carta del encargado de la alcaldía de Valledupar al virrey el 22 de mayo de 1810 sobre los sucesos del día anterior:
Anoche más de cuatrocientos vecinos de los barrios de la ciudad se alzaron contra las autoridades reales, dando abajos al alcalde marqués de Valdehoyos, al Excelentísimo virrey y mueras a S. M. Fernando VII [...]
El bajo pueblo está gobernando y todos los servidores públicos están huyendo.
Diez días después el mismo informante señala:
No se sabe hasta hoy quién estimula a este pueblo para que desconozca la autoridad real.
Todos los días aparecen pasquines que dicen: Abajo el Rey, viva la libertad.
12 También encontramos precedentes de la actuación de los chisperos en la Nueva Granada tanto en los desórdenes de Quito de 1765 como en la rebelión de los comuneros neogranadinos de 1781.13
Los chisperos santafereños según los testigos del 20 de julio
Buena parte de los testigos criollos y peninsulares, que narraron la revolución del 20 de julio de 1810 mencionan a los chisperos.
El oidor de la audiencia de Santafé, el malagueño Joaquín Carrión, escribía sobre los chisperos en su informe de 31 de agosto de 1810 al Consejo de Regencia que: sacaban argumentos para persuadir lo que se proponían y difundir en el público la desconfianza, de manera que ya en el vulgo se hablaba de la traición de las autoridades [...] sembraban en el pueblo ignorante las calumnias que debían producir el odio de que pensaban sacar partido algún día.
14 El santafereño José María Caballero escribía el 13 de agosto de 1810: don José María Carbonell y otros insistieron al pueblo para que pidiesen que pusiesen al exvirrey en la cárcel, que le pusiesen grillos; y a la exvirreina en el divorcio.
Todos lo pedían a gritos, pero es de advertir que los que pedían esto era la gente baja, pues no se advertía que hubiese gente decente.
15 Otro santafereño, José María Espinosa, con la sencillez y sentido común que lo caracteriza, narra que era indudable que el secreto y plan de la revolución estaba entre unos pocos, y que la masa del pueblo, que no obra sino por instigaciones, nada sospechaba, si bien dejó explotar sus antipatías y resentimientos contra algunos malos españoles.
16 La existencia de los chisperos nos la confirma el patriota santafereño José Gregorio Gutiérrez al comentarle a su hermano Agustín que, desde la reyerta con González Llorente al mediodía del 20 de julio, no faltaron algunos que bajo de cuerda energizaron al pueblo y lo levantaron, en términos que, luego que metieron a Llorente en la cárcel, comenzaron a gritar que hiciesen lo mismo con Infiesta, Trillo, Bonafé y otros.
17 También Francisco José de Caldas y Joaquín Camacho en el Diario Político de Santafé de Bogotá al narrar los sucesos de la noche del 20 de julio comentan que «mientras iban y venían las diputaciones» entre los cabildantes y el virrey Amar, «el pueblo hacía movimientos de arrojo y de valor contra» el parque de artillería, porque decían: «cuando no lo tomemos a lo menos impediremos sacar los cañones contra los que organizan en la plaza».
18 14 Informe del oidor Joaquín Carrión al Consejo de Regencia.
Las citas del Diario político de Santafé están tomadas de este libro.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.11 El tunjano José Antonio de Torres y Peña también habla de los que «iban a recoger de toda broza por las calles los chisperos, que echaban a recorrerlas, para que viniesen a hacer bulto y gritar a la plaza».
19 El oficial de la secretaría del virreinato, Manuel María Farto, dirá de ellos:
Advertí que uno u otro individuo de la misma media esfera de aquellos que habían procurado el amotinamiento y permanencia del populacho debajo del balcón del Cabildo para la proclamación de Acevedo, practicaba igual diligencia con los transeúntes del vulgo, incitándolos y aun amedrentando para que concurriesen a la plaza, y a otros vi que acercándose al pie de las torres o campanarios gritaban que tocasen sin dejarlo a rebato, como en efecto se había principiado ya en una u otra iglesia y después continuó generalmente toda la más de la noche.
José Manuel Groot nos cuenta que: los que se apellidaban entonces tribunos del pueblo instigaban a la plebe contra los anteriores gobernantes y contra todos los españoles, contando a esas gentes ignorantes patrañas, tales como la de que el Virrey y los Oidores tenían vendido el pueblo a los franceses a tres cuartillos por cabeza [...]
Así era que el pueblo estaba siempre a disposición de los chisperos, quienes se entendían inmediatamente con ciertos gamonales, maestros de oficios, carniceros, revendedores y pulperos, que tenían a su disposición las masas para conducirlas a gritar donde era menester.
20 De los párrafos anteriores podemos deducir cómo estaban organizados los chisperos en la revolución del 20 de julio: -en primer lugar estaban los dirigentes, que establecían objetivos, lugares de reunión, lo que se debía gritar, y los que arengaban las masas: esos «tribunos del pueblo que instigaban a la plebe», mediante discursos incendiarios y demagógicos; -en segundo lugar, los agitadores, «ciertos gamonales, maestros de oficios, carniceros, revendedores y pulperos», que servían para reclutar gente y conducirla a los lugares preestablecidos: «los que organizan en la plaza»; -en tercer lugar los gritones -como los denominan José Gregorio Gutiérrez y José María Espinosa-, que eran quienes recibían consignas de los dirigentes, para gritarlas y hacerlas corear por la masa del pueblo pidiendo, por ejemplo, la prisión o la cabeza de alguno de los anteriores gobernantes o la de algún chapetón.
En el informe del oidor Joaquín Carrión al Consejo de Regencia escribía: «según he podido saber, aunque no con bastante certeza, se pagaban dos reales diarios a cada uno de los que concurrían a gritos a la plaza»; 21 -en cuarto lugar, los que José Antonio Torres denomina guarnetas: 22 gente joven y decidida del pueblo bajo que acompañaban a los anteriores con piedras y palos amenazando a la gente que no seguía sus directrices.
23 A propósito de los gritones, es llamativo el número de veces que los testigos emplean en sus relatos las palabras gritos, gritería, vocería y palabras análogas: en más de setenta ocasiones.
En la mayoría de los casos las masas no sabían de quién se trataba o qué pedía cuando hacía eco a los gritones.
El patriota José María Espinosa nos cuenta que en la tarde del 20 de julio: que decían que encubría pliegos.
El acusado comenzó a llorar ante el pueblo afirmando que sólo cumplía órdenes del virrey.
Uno de la masa, Melchor Uscátegui, gritó que no se creyeran, que esas eran lágrimas de cocodrilo.
26 Lorenzo Marroquín, chapetón, había intervenido en la reyerta del 20 de julio, pero por la tarde de ese día tuvo que huir de Santafé al ser acusado de formar parte de la conspiración chapetoniana.
El lunes 23 de julio se presentó ante la junta suprema para ser juzgado.
Declarado inocente, el vocal Emigdio Benítez lo presentó al pueblo reunido en la plaza mayor, a quien «arengó y persuadió que todo lo que se había dicho contra su honor era supuesto.
El pueblo entonces gritó vivas».
27 Cuando atravesaba la plaza para dirigirse a su casa, situada junto a la tienda de González Llorente -cuenta su sobrino José Gregorio Gutiérrez-, un gritón avisó desde el balcón del cabildo que Marroquín se les escapaba; algunos orejones, que guardaban resentimientos contra él, «le tiraban machetazos y uno de ellos lo hubiera muerto, si no le hubiera evitado el golpe Chepe Díaz».
28 Teniendo en cuenta los datos que nos facilitan los testigos del 20 de julio, entre los chisperos encontramos, desde el punto de vista profesional, un abogado y un par de clérigos, dos oficiales de la Expedición Botánica, escribanos, oficiales administrativos, algún procurador de número, gamonales, maestros de oficios, carniceros, revendedores y pulperos, y un buen número de personas sin oficio.
La mayor parte eran naturales de Santafé y de la provincia de Socorro.
Sus edades oscilaban entre los treinta y los cuarenta años, junto a un grupo numeroso de gente joven.
Durante las primeras semanas de la revolución del 20 de julio, según los testimonios de que disponemos, los clérigos chisperos fueron dos: Juan Nepomuceno Azuero y Francisco Javier Serrano.
El canónigo Andrés Rosillo y Meruelo, con algunas ideas afines a los anteriores, se alineó inmediatamente con la junta erigida la noche del 20 de julio en Santafé, consciente de la dirección que llevaban los vientos renovadores.
La mayor parte del clero santafereño durante esos primeros momentos revolucionarios adoptó una actitud cautelosa.
Tanto Azuero como Serrano eran clérigos mal vistos por la clerecía neogranadina, tanto criolla como peninsular; no tanto por sus ideas políticas, como por su vida algo desarreglada.
A través de los relatos de los testigos del 20 de julio podemos distinguir algunos nombres de los chisperos que dirigieron o intervinieron en los tumultos de esos días, y lo que ejecutaron.
Del diario de José María Caballero se puede deducir que José María Carbonell, el escribano Manuel García y Joaquín Pontón, intervinieron activamente en las jornadas del 20 de julio, hasta el punto de ser arrestados el 16 de agosto de 1810 por la junta de gobierno de Santafé, después de la salida de los virreyes hacia Cartagena de Indias, «por haber hablado con imperio y haber sido causa que pusieran al ex-Virrey en la cárcel y a la exvirreina en el Divorcio».
29 José Gregorio Gutiérrez Moreno señala, en su carta a su hermano Agustín, a dos clérigos: Francisco Javier Serrano Gómez (alias Panela), al que califica como «principal actor en la comedia y el que atizó la revolución»; y Juan Nepomuceno Azuero, «que ayudó tanto o más que el Panela».
30 José Andrés Maldonado menciona a Carbonell, Serrano y Azuero, y añade a Sinforoso Mutis, Felipo Miró y Juan Ramírez, como algunos de los que dirigieron los tumultos del día 20 de julio.
Antonio Obando considera en su testimonio que, sin la actuación del presbítero Azuero, la reyerta habría fracasado, y con ella todo el plan para establecer la junta de gobierno.
31 José Antonio Torres alude a Carbonell y otros, igual que hace José Manuel Restrepo.
32 Vicente de Rojas se refiere a Carbonell y otros representantes del pueblo de esta capital.
33 José Manuel Groot escribe que los principales directores de la máquina popular eran el escribano García, llamado por antonomasia el «patriota»; el doctor don Francisco Javier Gómez, alias «Panela»; don José María Carbonell, el doctor Ignacio de Herrera y otros.
34 Por los testigos, incluyendo en esta ocasión a los historiadores José Manuel Restrepo y José Manuel Groot, podemos conocer el nombre de 29 Caballero, 1974, 69.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.11 nueve dirigentes chisperos: Juan Nepomuceno Azuero, José María Carbonell, Manuel García, Ignacio Herrera, Felipe Miró, Sinforoso Mutis, Joaquín Pontón, Juan Ramírez y Francisco Javier Serrano Gómez.
Algunos bien conocidos, otros no tanto.
La mayoría de ellos pertenecían a los sectores medios criollos de la capital.
Cinco estaban empleados en distintos organismos oficiales: Carbonell, García, Miró, Mutis y Pontón; Carbonell y Mutis trabajaban en la Expedición Botánica.
Herrera ejercía como abogado y ese año había sido elegido síndico procurador del cabildo.
Dos eran clérigos: Juan Nepomuceno Azuero y Francisco Javier Serrano Gómez.
De Juan Ramírez no se conoce su profesión.
De estos datos, quizá el más relevante es la abundante presencia de funcionarios locales de rango medio entre los dirigentes chisperos.
Personas que, sin pertenecer al patriciado santafereño, tenían cierto contacto con él a través de su trabajo en los organismos administrativos públicos, como escribanos, oficiales o procuradores.
Su profesión les permitía conocer los recovecos de la administración local, y su condición social les facilitaba también el contacto con algunos ambientes populares de Santafé.
En cuanto a su lugar de origen, cinco de ellos eran santafereños, tres de la provincia de Socorro, y uno caleño.
El número de socorranos entre los dirigentes chisperos ratifica la importante participación de los naturales de esa provincia en la revolución del 20 de julio.
Tres eran hijos de españoles: Carbonell, Herrera y Mutis.
Veamos ahora quiénes eran estos nueve chisperos que nos facilitan los testigos del 20 de julio, comenzando por Ignacio de Herrera, personaje notable entre el patriciado santafereño, y a la vez cercano a algunos ambientes populares de la ciudad a través de su desempeño como síndico personero del común en el cabildo civil de 1810.
Es el cuarto personaje más citado por los testigos del 20 de julio, después del virrey Amar, del oidor Hernández de Alba y del comerciante José González Llorente, reflejo de su importante actuación en las jornadas del 20 de julio.
Herrera aparece a través de sus escritos y actuaciones como un personaje complejo y ambiguo: ponderado, conciliador y prudente unas veces; ladino, agresivo y temerario otras.
No sólo intervino en las jornadas del 20 EL «PUEBLO» BOGOTANO EN LA REVOLUCIÓN DEL 20 DE JULIO DE 1810 de julio, sino que, desde casi un año antes, venía insistiendo para que se estableciera una junta de gobierno en Santafé.
En septiembre de 1809 elaboró unas «Reflexiones que hace un americano imparcial al Diputado de este Nuevo Reino de Granada para que las tenga presente en su delicada misión», en las que ya planteaba la necesidad de convocar en una junta a los representantes de las provincias de Nueva Granada, para afrontar la crisis por las que atravesaba la península.
35 Y a finales de ese año parece que estuvo en contacto con Rosillo para derrocar las autoridades virreinales y establecer una junta de gobierno en Santafé: según manifiesta Antonio Obando en sus memorias, Herrera era uno de los caudillos implicados en la conspiración de Rosillo.
36 El 15 enero de 1810, pocos días después de ser elegido síndico procurador del cabildo de Santafé, elevó una representación a la Junta Suprema Central, en la que, después de hacer profesión de fidelidad manifestando que en esos momentos dramáticos «los Españoles Americanos van a dar a todo el mundo una prueba de bulto de su fidelidad», pasa a acusar de traidores a «muchos colocados por Godoy, que pretenden vendernos al Francés», y a continuación comienza a dar nombres propios: el virrey Amar, «hechura de Godoy»; Francisco Laviña, «que vende a buen precio los empleos»; el oidor Juan Hernández de Alba, que «sigue las huellas del Jefe»; el fiscal Diego Frías, «que sigue en todo al oidor Alba»; y todos los oidores de la audiencia, «que pretenden asegurar sus empleos con una infame como cobarde entrega de estos estados al Francés».
37 En abril de 1810 interviene como protagonista principal en la trifulca con Bernardo Gutiérrez en la sede del cabildo civil, para intentar levantar sin éxito al pueblo santafereño y establecer junta de gobierno en la ciudad.
Fue el ensayo previo a la revolución del 20 de julio, pero en esa ocasión fracasado.
El 28 de mayo de ese año, siguiendo el ejemplo del síndico de la ciudad de Cádiz, y apoyándose en la circular del 14 de febrero emitida por el Consejo de Regencia de España, elevó una representación mesurada y razonable al cabildo de Santafé instándolo para que se formase con urgencia una junta de gobierno que pudiera defender la Nueva Granada del «furor de los franceses ante el caso de la absoluta pérdida de la 35 Arciniegas, 1969, 28-46.
38 Simultáneamente trataba de fomentar divisiones entre el virrey y la audiencia, insinuando la presencia de traidores entre las autoridades virreinales.
39 Aconsejó al cabildo que no reconociera al Consejo de Regencia si el virrey no permitía «la reunión de diputados de todas las provincias de este reino para tratar de su suerte».
40 Contertulio en los salones santafereños, Josefa Acevedo nos dice que Herrera aconsejaba una asonada ruidosa que intimidase a los gobernantes, y que en caso de correr la sangre de éstos, se mirase este hecho como un castigo ejemplar y una justa venganza.
Al caer la tarde, después de los tumultos organizados en la ciudad a lo largo del día, y de varias peticiones al virrey sin éxito para que convocase cabildo abierto, Herrera acudió al palacio virreinal antes de las siete de la noche, acompañado del tañer a rebato de las campanas de las iglesias capitalinas, y de la gritería de la plaza, apoyado de ésta el procurador general, que ya estaba bien prevenido de papeles, se presentó al virrey solicitando un cabildo extraordinario, que después exigió que fuese abierto, el que se hizo público a las 7 de la noche.
42 El cabildo abierto se transformó en junta de gobierno, de la que formó parte Herrera como vocal.
Intervino en los debates acalorados que se produjeron en la sede del cabildo a lo largo de la noche, «con su carácter vigoroso y ardiente, sostuvo nuestra libertad», defendiendo la necesidad de formar «una Junta gubernativa» que pudiera salvar la patria.
43 En el acta, de la que fue signatario, queda constancia también su actuación esa noche:
Se procedió a oír el dictamen del Síndico Personero doctor don Ignacio de Herrera, quien impuesto de lo que hasta aquí tiene sancionado el pueblo y consta del acta anterior, dirigida por especial comisión y encargo del mismo pueblo, conferida a su Diputado el señor regidor don José Acevedo, dijo que el Congreso presente compuesto del M. I. C., cuerpos, autoridades y vecinos, y también de los Vocales del nuevo Gobierno, nada tenía que deliberar, pues el pueblo soberano tenía manifestada su voluntad por el acto más solemne y augusto con que los pueblos libres usan de sus 38 Restrepo, 1969, I, 7-14.
39 Informe del oidor Joaquín Carrión al Consejo de Regencia.
40 Informe de José Ramón de Leyva a Antonio Villavicencio.
EL «PUEBLO» BOGOTANO EN LA REVOLUCIÓN DEL 20 DE JULIO DE 1810 derechos, para depositarlos en aquellas personas que merezcan su confianza; que en esta virtud los Vocales procediesen a prestar el juramento y en seguida la Junta dicte las más activas providencias de seguridad pública.
44 A las tres de la madrugada del 21 de julio, con otros miembros de la junta recién constituida, se encaminó a la casa del virrey para comunicarle lo acaecido y su nombramiento como presidente de la junta.
Amar, según José Acevedo, recibió con sumo gusto la noticia y aceptó el cargo con que le honró el pueblo, ofreciendo reconocer a la Junta a las nueve de hoy y recibirse, suplicando sí que le dispensaran venir a Cabildo, pues está malo.
45 Herrera entró a formar parte de la sección de gracia, justicia y gobierno de la junta, y recibió distintas encomiendas: desde la defensa de Lorenzo Marroquín ante el pueblo reunido en la plaza la mañana del 23 de julio, hasta reconocer los procesos que tenían incoados en la audiencia contra algunos patriotas.
46 Ante la acumulación de quejas que llegaban a la junta, ésta determinó crear tribunales en cada uno de los cuatro barrios de la ciudad, compuestos de dos comisarios, que recibieran las quejas «para que pasasen al personero público doctor don Ignacio Herrera las que hallasen fundadas y razonables».
47 El 25 de julio parece que aún no estaba con los chisperos, porque cuando éstos organizaron uno de los tumultos más dramáticos de esas semanas para arrestar a los virreyes, Herrera salió a la galería [...] de orden de la Junta a expresar al pueblo que no había tales cañones, ni novedad alguna en el Palacio de su Excelencia, pero el pueblo no lo dejó hablar.
48 En cambio, pocos días después, el 30 de julio, nos cuenta uno de los testigos del 20 de julio, que al decidir la junta el traslado de los funcionarios de la audiencia presos, para confinarlos en Socorro y Cartagena, el Algo debió pasar entre Herrera y la Junta, porque, en un manifiesto que redactó éste en 1811 se lamentaba:
El personero [Herrera] que era el órgano por donde corrían sus pretensiones [las del pueblo] se vio obligado a callar: la Junta de Santa Fe que antes había publicado bando para que toda solicitud se hiciera por su conducto, le dice después que no hable, y da al desprecio muchas representaciones, que contenían [objetos] harto interesantes a la felicidad pública.
50 Lo que sucedió después con Herrera durante la primera independencia y la reconquista de Morillo queda plasmado en Testigos y actores de la independencia de Nueva Granada.
El clérigo Juan Nepomuceno Azuero nació en Socorro en 1780.
Estudió en el Colegio Mayor de San Bartolomé, donde se doctoró en teología en 1805.
Tras ordenarse, desempeñó los curatos de Simácota, Arauca, Manare y Chire.
Posteriormente fue destinado a Anapoima, y nombrado superintendente del distrito de Tocaima.
52 Siendo cura de Anapoima en 1809 se asoció con Pedro Rojas, alcalde pedáneo del pueblo, y con el abogado Emigdio Benítez, para manipular las elecciones locales; Azuero y Rojas tenían lazos profesionales, de amistad y paisanaje con abogados y clérigos de Santafé como Frutos Joaquín Gutiérrez, José María Salazar y Francisco Javier Serrano Gómez, y estuvieron todos comprometidos en esta situación.
53 A finales de ese año, Azuero intervino en la conspiración de Rosillo, lo que ocasionó su destitución del curato y quedar reducido a prisión en la capital durante unos meses, «después de habérsele registrado severamente sus papeles», porque se le acusó de que preparaba gentes con el objeto de hacerse con las armas que llevaban los soldados del batallón auxiliar que se dirigía a Quito para sofocar la revolución del mes de agosto anterior.
Esta prisión junto con la de los otros conspiradores -Nariño, Miñano, Serrano Gómez y Rosillo-, escribieron posteriormente Caldas y Camacho, «inflamaron los ánimos, pero sin salir el descontento general del recinto doméstico; se murmuraba con calor pero al oído».
54 La vida de Azuero como presbítero no debió ser muy ejemplar, porque al quedar en libertad, entre otras medidas, «se dictó la sentencia de que se abstuviese de ir a bailes».
55 Una vez libre, Azuero, que en ese momento tenía treinta años, intervino activamente desde el primer momento en la revolución del 20 de julio.
José Andrés Maldonado lo vio cerca de la tienda de José González Llorente durante la reyerta, junto con otros chisperos.
56 Antonio Obando afirma que Azuero:
Fue el que más se distinguió aquella tarde por su elocuencia dirigiéndole la palabra al pueblo.
Por su valor conseguimos que no se practicase lo convenido por una patrulla que se presentó en la esquina de la Calle real primera, cuando el pueblo estaba agolpado sobre la casa de Llorente, español, y a su vista comenzó a dispersarse; pero el Dr. Azuero consiguió con sus discursos contener al pueblo.
La patrulla se replegó a la Cárcel chiquita.
57 Por la tarde, viendo vacilante a la multitud tocó a rebato las campanas de las iglesias santafereñas, corrió por las calles entusiasmado y restableció el calor revolucionario de la mañana.
58 Fue firmante tardío del acta del 20 de julio y, nombrado vocal de la junta de gobierno el domingo 22 de julio, formó parte de la sección de negocios eclesiásticos.
El 24 de julio intervino en la prisión del fiscal del crimen Manuel Martínez Mancilla.
59 Al día siguiente promovió, junto con otros chisperos, la reclusión de los virreyes; participó en la negociación con 54 Restrepo, 1827, I, 70.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.11 el virrey sobre su lugar de encierro, y acompañó a la virreina desde el palacio virreinal al convento de La Enseñanza, junto con los canónigos Rosillo y Martín Gil.
El viernes 27 de julio la junta decidió enviarlo junto con Emigdio Benítez a la ciudad de Socorro, para informar al cabildo sobre los sucesos que habían tenido lugar en la capital y el establecimiento de la junta suprema gubernativa del reino.
60 La salida para Socorro no fue inmediata, porque el domingo 29 estuvo presente en la catedral santafereña, junto a otros clérigos que rodeaban al vicepresidente de la junta José Miguel Pey, durante la Misa de acción de gracias que esa corporación había promovido con motivo del establecimiento de la junta.
61 Durante la primera independencia fue elegido representante de la provincia de Casanare al congreso.
En sus manos prestaron juramento de independencia todos los pueblos de la provincia de Tunja, a quienes inflamó con el ejemplo y la palabra a sostener la revolución.
Fue representante y secretario del Colegio Electoral Constituyente de Tunja y presidente del Supremo Cuerpo de Vigilancia, que se fundó reuniendo las funciones del senado y la legislatura.
En 1816, al comienzo de la época de la reconquista de Morillo, permaneció oculto, pero fue denunciado, apresado y condenado a presidio en Ceuta; pero logró fugarse.
Poco después de alcanzada la independencia en 1819, entró a formar parte de la logia masónica creada en Santafé por el general Santander, llamada Fraternidad Bogotana n.o 1, en la que permaneció de 1820 a 1828.
Posteriormente fue increpado por haber votado a favor del destierro del arzobispo Mosquera a lo que respondió: «he votado afirmativamente porque antes que sacerdote, soy granadino».
El Congreso de 1851, de conformidad con la ley de patronato eclesiástico del año 1824, lo eligió obispo de Antioquia, honor y dignidad que no quiso aceptar.
62 Fue miembro del congreso de la república por más de veinte años.
Regentando el curato de Puente Nacional, falleció el 1.o de julio de 1857.
Fue el principal dirigente chispero durante las jornadas del 20 de julio.
EL «PUEBLO» BOGOTANO EN LA REVOLUCIÓN DEL 20 DE JULIO DE 1810 ñol José Carbonell Rojas y de María Josefa Martínez Valderrama.
Cursó gramática en el aula pública del Colegio Mayor de San Bartolomé, donde se le otorgó una beca seminaria en 1786; no pudo realizar estudios superiores por necesidades económicas, que lo obligaron a emplearse.
En 1806 Carbonell trabajaba como oficial de pluma de la Expedición Botánica.
64 Había contraído matrimonio en 1800 con Petrona López Duro y Álvarez, sobrina de Manuel Bernardo Álvarez, uno de los patricios santafereños más conspicuos.
El temperamento impulsivo y el carácter violento e intolerante de Carbonell lo llevó a frecuentes peleas con su esposa, hasta el punto de maltratarla y golpearla, lo que provocó la separación de los cónyuges a los cuatro años de matrimonio, y un proceso judicial por sevicia y adulterio, en el que Tomás Tenorio fue el abogado de Petrona.
Desde ese momento Carbonell fue mal visto por la familia Álvarez y otras familias santafereñas.
65 Intervino activamente en las tertulias previas al golpe del 20 de julio organizadas en la casa de José Acevedo; en esas reuniones traslucía fogosidad, intrepidez y radicalismo en sus planteamientos.
La hija de Acevedo, entonces niña, al comentar más adelante los diferentes modos de ser de los contertulios, y las diferentes posturas para llevar a cabo sus planes revolucionarios, recuerda que el «fogoso Carbonell quería un golpe atrevido», para llevar a cabo esos propósitos.
66 Desde el primer momento estuvo presente en los tumultos del viernes 20 de julio, pero no como simple espectador.
En el primer disturbio de ese día, la reyerta entre los Morales y González Llorente, el testigo Maldonado lo recuerda en las inmediaciones de la tienda de Llorente, junto con Azuero y otros chisperos, pidiendo a gritos la prisión de Llorente.
Cuando un par de horas después parecía que todo había fracasado de nuevo, porque el tumulto inicial se había apagado, José Antonio Torres nos presenta a Carbonell corriendo y gritando detrás de la silla de manos que transporta-64 Ibídem, 193.
66 Josefa Acevedo, hija de José Acevedo Gómez, pone en boca de su padre estas palabras en vísperas del 20 de Julio: «Muchas conferencias hemos tenido los patriotas, y mil pareceres contradictorios se han emitido en nuestras Juntas.
El fogoso Carbonell querría un golpe atrevido; Lozano ha aconsejado proposiciones al Virrey; Torres quiere que se pidan terminantes y prontas explicaciones al Gobierno español; Herrera aconsejaba una asonada ruidosa que intimidase a los gobernantes, y que en caso de correr la sangre de éstos, se mirase este hecho como un castigo ejemplar y una justa venganza; Benítez quiere que se indague con más atención la opinión pública, y no falta quien aconseje un sangriento atentado.
En fin caso todos hemos discordado en los medios, pero nuestro objeto es el mismo».
MANUEL PAREJA ORTIZ ba a Llorente en dirección a su casa.
Esa tarde la pasó yendo «de taller en taller, de casa en casa; sacaba gentes, y aumentaba la masa popular».
Pedro María Ibáñez narra en sus Crónicas de Bogotá cómo ese día estaban almorzando tranquilamente en la casa de José María Ortega, cuñado de Nariño, cuando irrumpió impetuosamente Carbonell relatando la reyerta con Llorente.
Un hijo de Ortega, niño aún, salió con Carbonell para sumarse al tumulto.
Además de gritar y reclutar gente, Carbonell se dedicó esa tarde a arengar y entusiasmar al pueblo que se iba congregando en la plaza mayor, atraído por el alarmante repicar a rebato de las campanas de las iglesias; al final de la tarde fue comisionado, junto con Benito Salgar, Antonio Malo y Salvador Cancino, para pedirle al virrey que convocase cabildo abierto, gestión que no tuvo éxito en ese momento.
67 Su actuación ese día la resumieron Caldas y Camacho pocas semanas después en el Diario político de la forma siguiente: Don José María Carbonell, joven ardiente y de una energía poco común, sirvió a la patria, en la tarde y en la noche del 20, de un modo nada común; y terminan el párrafo: ¡Dichoso si no hubiera padecido vértigos políticos y cometido imprudencias!
Patria, no olvides sus servicios, esos servicios que ayudaron a salvarte.
68 ¿Cuáles fueron esos vértigos políticos y esas imprudencias a las que aluden Caldas y Camacho?
La respuesta nos la da Morillo al redactar los motivos de su fusilamiento el 19 de junio de 1816: «fue el primer presidente de la Junta tumultuaria que se formó en esta capital».
69 Durante los días posteriores «la multitud era movida principalmente por el exaltado patriota José María Carbonell y por otros; la junta no podía contenerla y fue juguete de los caprichos del pueblo».
José Manuel Restrepo comenta que, a pesar de estos desmanes, aquellos patriotas hicieron un gran servicio a la revolución manteniendo en actividad el entusiasmo popular.
70 Según Indalecio Liévano Aguirre, José María Carbonell fue el verdadero protagonista de las jornadas del 20 de julio.
71 Fue signatario del acta del 20 de julio, no la noche del 20 sino en la copia que se transcribió posteriormente al libro de actas que inició la junta de gobierno de Santafé.
72 Sin duda debido a su radicalismo exaltado, no fue elegido vocal de la junta, ni posteriormente fue nombrado miembro de ese organismo.
Esto le llevó a enfrentarse a la junta de gobierno, que determinó su prisión el 16 de agosto, permaneciendo encerrado hasta el siguiente 8 de noviembre.
73 Durante la primera independencia intervino con apasionamiento a favor de los centralistas de Nariño.
José María Espinosa nos ha dejado una anécdota en sus Memorias que refleja el modo de ser de Carbonell.
Durante la primera guerra civil neogranadina, centralistas y federalistas tomaron los nombres vulgares de pateadores y carracos, porque el ardoroso patriota centralista don José María Carbonell [...] arrancó de manos de un federalista un papel titulado «El Carraco», que se burlaba de la derrota que los centralistas habían sufrido en Paloblanco, y tirándolo por tierra, lo pisoteó con grande escándalo del corro, que reía y aplaudía en una tienda de la calle real.
74 Ocupó los cargos de oficial mayor de cajas y capitán de milicias de infantería; en octubre de 1811 fue ascendido a contador de hacienda de Cundinamarca.
En 1812, como ministro del tesoro público concurrió a la reunión que invistió a Nariño de la dictadura; éste lo nombró tesorero de hacienda.
Como representante por Vélez firmó el acta de independencia de Cundinamarca el 16 de julio de 1813.
En la «Relación de los principales cabezas de la rebelión de este Nuevo Reino de Granada» que sufrieron la pena capital se refiere que Carbonell fue el principal autor y cabeza de los tumultos del 20 de julio, «quien puso los grillos al Exmo.
Sr. Virrey Amar, y lo conduxo a la Cárcel» el 13 de agosto de 1810, e indujo a las revendedoras y al populacho para insultar a la virreina cuando la trasladaron ese día del convento de La Enseñanza a la cárcel de mujeres; «acérrimo perseguidor de los Españoles Americanos y Europeos que defendían al Rey».
MANUEL PAREJA ORTIZ José María Caballero narra así su muerte en 1816:
En este desgraciado día ahorcaron al patriota doctor don José María Carbonell, que había sido ministro del tesoro público.
Fue uno de los que [ilegible] animando al pueblo y el que hizo los mayores esfuerzos para que se prendiesen las autoridades y el que ayudó en todo.
Llegó a la Plazuela de Jaime, donde se ejecutó el cruel martirio de este joven.
Hizo al pie del suplicio una plática que enterneció a toda criatura, menos a sus enemigos.
Dijo que guardasen los mandamientos; que temiesen a la justi cia divina; que no pensasen que aquel día era infeliz para él sino el más dichoso de toda su vida, por haberle Dios concedido el arrepentimiento de sus pecados; exhortó a la obediencia de las potestades legítimas y que escarmentasen en él, con otras cosas dignas de grabarse en láminas de bronce y mármol; pidió perdón y perdonó a todos, y cuando el verdugo le pidió perdón, dijo: «Yo te perdono de corazón, que tú no tienes la culpa».
En fin, dio muchas muestras de su salvación.
Lo soltó el verdugo y lo dejó penar, que fue menester que un soldado le tirase un balazo.
Pocos datos disponemos de este personaje considerado como uno de los principales dirigentes chisperos del 20 de julio, y conocido como el patriota.
78 Según José Antonio Torres era originario de Nueva Granada, porque lo califica como uno de «nuestros paisanos».
Ejercía el oficio de escribano real según la Guía de forasteros de Santafé de 1806, oficio que nos confirman José María Caballero y José Antonio Torres en sus relatos, y el informe de su fusilamiento.
79 La única referencia de los testigos a su actuación como chispero en las jornadas del 20 de julio es la que nos facilita José Antonio Torres referente al miércoles 25 de julio, fiesta de Santiago, cuando fueron detenidos por primera vez los virreyes.
Este es el texto de Torres: andaba de comisario de órdenes secretas, y era uno de aquellos figurones de farsa que servían de títeres a los señores de la Suprema Junta, para moverlos como les daba la gana.
80 Según la «Relación de los principales cabezas de la rebelión de este Nuevo Reino de Granada», Manuel García fomentó los tumultos populares en Santafé, «presidiéndolos para agolpar la plebe», intervino activamente en las prisiones de los virreyes el 25 de julio y el 13 de agosto; acompañó a José María Carbonell a remachar grillos al virrey; quitó el retrato del rey que presidía la sede del cabildo civil capitalino, y lo pateó con expresiones de abominación y rebeldía.
81 Importante debió ser su intervención en las semanas tumultuarias del 20 de julio, porque, para poner un poco de orden en la capital, la junta de gobierno encarceló como ya hemos visto el 16 de agosto sólo a tres personas, consideradas como los principales dirigentes chisperos: José María Carbonell, Joaquín Pontón y Manuel García.
Menos de tres meses después fue puesto en libertad, y se incorporó a las milicias patrióticas alcanzando el grado de capitán.
Posteriormente fue congresista durante la primera independencia.
82 A la llegada de las tropas de Morillo a Santafé en 1816, le fueron confiscados sus bienes y fue pasado por las armas en la plazuela de San Francisco el 10 de septiembre de 1816, junto a José María Arrubla, Manuel Bernardo Álvarez, Dionisio Tejada y un soldado caraqueño.
83 para lanzarse a gritar pidiendo la prisión de Llorente e iniciar así el primer tumulto del día.
Era hijo del gaditano Manuel Mutis y de María Ignacia Consuegra, natural de Girón.
En 1784 Sinforoso y su hermano José viajaron a Santafé, bajo la custodia de su tío José Celestino Mutis, director de la Expedición Botánica.
En 1787 vistió la beca del Colegio Mayor del Rosario y realizó estudios de latinidad y gramática durante los tres años siguientes.
De 1790 a 1793 fue colegial de filosofía y al año siguiente de jurisprudencia, obteniendo el tercer premio en un concurso de discursos.
86 En 1794, cuando contaba veintiún años, fue apresado junto con otros estudiantes y profesores universitarios, por los pasquines subversivos que habían distribuido por la ciudad.
Iniciado el proceso fue enviado junto con otros de los acusados a España.
Llegó el 18 de marzo de 1796 al puerto de Cádiz donde recibieron permiso de pasear por la ciudad sin custodia alguna.
Debido a la presión del embajador francés en Madrid, una real orden del 19 de diciembre de 1797 cortó el proceso, devolvió el sumario a Nueva Granada y puso en libertad bajo fianza a los reos.
La real orden de 31 de agosto de 1799 mandó que a los quince procesados se ponga en libertad, con expresión de quedar hábiles para que puedan continuar sus estudios y profesiones sin nota y como si no se hubiera procedido contra ellos.
87 El 21 de abril de 1794, poco antes de la llamada conspiración de los pasquines, José Celestino Mutis le había escrito a su cuñada viuda, la madre de Sinforoso, que éste había recibido las órdenes menores sin decir nada: «¡Qué tales serán estas órdenes sin noticias de vuesamerced y mías!»; y la previene ante la conducta imprudente de Mutis en Santafé: el tiempo está muy crítico y yo debo precaver los desvaríos de este niño.
Para esto le anticipo a vuesa merced que la Gamba y el marido, cuya casa frecuentaba tanto 85 Testimonio de José Andrés Maldonado, en Ortega Ricaurte, 1996, 196.
EL «PUEBLO» BOGOTANO EN LA REVOLUCIÓN DEL 20 DE JULIO DE 1810 Sinforoso, fueron llamados por el señor Virrey a dar declaraciones sobre asuntos muy delicados, como se infiere de la salida que le ha hecho hacer el señor Virrey a un médico francés que frecuentaba esta tertulia y otras.
88 Vuelto a la Nueva Granada en 1802, Sinforoso se reincorporó a la Expedición Botánica, de la cual había sido agregado antes de su distanciamiento con su tío, y poco después emprendió un largo viaje de exploración y comercio a Cuba, donde se casó con Ángela Gama Fernández.
Cuando volvió en 1808, su tío José Celestino, próximo a la muerte, lo encargó de «todo lo tocante al ramo de Botánica» de la Expedición.
Entre otras cosas se le acusó de que «ofrecía cuatrocientos pesos fuertes al que matara al señor Oidor Alba»; sin embargo, en esta ocasión no fue procesado con los otros intrigantes.
90 Al llegar el mes de abril de 1810 participó también en la Trifulca que se produjo en el cabildo santafereño, y tres meses después en la reyerta del 20 de julio.
José Andrés Maldonado lo vio, junto con otros chisperos, en las cercanías de la tienda de Llorente, para avivar el primer tumulto de ese día.
Esa noche José Acevedo lo proclamó vocal de la junta de gobierno, y Mutis firmó el acta constitutiva de la junta.
Entró a formar parte de la sección de policía y comercio.
El 24 de julio recibió el encargo de revisar los expedientes reservados que los funcionarios de la audiencia Frías, Carrión y Mancilla seguían contra algunos patriotas.
Al día siguiente intervino en la prisión del virrey, conduciéndolo desde el palacio a la casa del tribunal de cuentas.
91 El 1.o de agosto actuó también en el traslado de los funcionarios de la audiencia fuera de Santafé.
El Diario político escribirá de Mutis: Don Sinforoso Mutis ha sido uno de los ciudadanos más beneméritos y celosos por el bien de la patria.
Desde el año de 94 desplegó estos sentimientos que le condujeron con las otras víctimas al castillo de San Sebastián de Cádiz.
Tal vez se creyó ligarlo a la constitución con el miserable empleo de individuo de la Expedición Botánica con sueldo de 400 pesos.
Pero no es fácil desarraigar las opiniones mayormente cuando parten de un convencimiento y de ilustración.
Somos testigos que Mutis estuvo dispuesto a hacer los más grandes sacrificios por la libertad de la patria.
92 Durante la primera independencia Mutis se unió al partido centralista de Nariño.
En 1812 se reincorporó a la Expedición Botánica, simultaneando esa tarea con la actividad política.
Como consecuencia de la llegada de Morillo en 1816, Sinforoso sufrió nuevamente la prisión y el destierro.
Re gresó a Santafé en 1821, ocupó una curul en el congreso de Cúcuta, y al poco tiempo, en agosto de 1822, de vuelta a Santafé, murió inesperada mente.
Pocos datos tenemos de este personaje.
Al menos desde 1806, era uno de los ocho procuradores de número de Santafé y vivía en la calle de Guadalupe.
94 Caballero nos cuenta de él que el 13 de agosto de 1810 inició una pelea con un joven Ricaurte en la plaza mayor, a raíz de quién debía escoltar los virreyes a Cartagena de Indias.
La disputa se transformó en tumulto popular, que ocasionó el traslado del virrey del tribunal de cuentas a la cárcel mayor, y de la virreina del colegio de La Enseñanza a la cárcel común de mujeres.
El alboroto fue grande y parece que estaba todo orquestado por los chisperos, ya enfrentados abiertamente con la junta de gobierno de Santafé.
De hecho, tres días después, Pontón será encarcelado junto con Carbonell y Manuel García, como los principales causantes de los desórdenes ocurridos en Santafé durante esos días.
Tres meses después fue absuelto y puesto en libertad, y desde entonces se pierde su rastro.
Tampoco disponemos de muchos datos de Juan Manuel Ramírez.
95 Caballero, 1974, 68, 69 la tienda de Llorente con otros chisperos, dispuestos a gritar junto al mercado de la plaza para que se arrestase a Llorente, aglutinar público e iniciar el primer tumulto de ese día.
96 Aparece como firmante del acta del 20 de julio en la copia que se transcribió al libro de actas de la junta suprema de gobierno de Santafé.
97 A partir de este momento se pierde su rastro.
Sólo en el Diccionario Biográfico y Genealógico del Antiguo Departamento del Cauca aparece un Juan Manuel Ramírez «combatiente por la República en la guerra magna, enviado preso de La Plata a Popayán».
Natural de Zapatoca, provincia de Socorro.
99 Según un documento del Colegio Mayor del Rosario de 1796, en el que aparece como testigo para el ingreso en esa institución de Francisco Fernández de Saavedra y Silva, este Francisco Javier Serrano Gómez nació en 1771; sin embargo, en otro documento similar de 1801 se afirma que nació en 1751; 100 por tanto, no se sabe con certeza cuál fue el año de su nacimiento.
Debió ser hombre conflictivo y de carácter fuerte.
Siendo clérigo, le gustaba vestir sombrero y botas, y utilizar armas.
Estuvo un tiempo bajo arresto por orden de su superior eclesiástico.
Junto con el clérigo de Socorro Azuero, intervino en la manipulación de las elecciones de Anapoima en 1809.
A finales de ese año participó en la conspiración de Rosillo por lo que fue apresado y trasladado al convento de capuchinos de Santafé, cuando se desempeñaba como cura interino de La Mesa, siendo cura de Paime, y viviendo en Santafé.
Un año después, en octubre de 1810, fue acusado de robo por Lorenzo Plata gobernador de Socorro.
El vocal de la junta de Sogamoso, presbítero Marcelino Gutiérrez, se consideraba enemigo jurado de Serrano Gómez.
El literato colombiano Juan Francisco Ortiz, y otros, lo consideraban un clérigo palurdo, al que daban el apelativo de Panela.
Según José Andrés Maldonado «vivía en la plazuela de San Carlos del lado de arriba» (Ortega Ricaurte, 1996, 196).
Nuestro testigo Maldonado nos lo presenta también en las cercanías de la tienda de Llorente al rayar el mediodía del viernes 20 de julio, junto con Carbonell y otros chisperos.
102 Fue proclamado por José Acevedo vocal de la junta de gobierno santafereña la noche del 20 al 21 de julio, y aparece como firmante del acta constitutiva de la junta.
Entró a formar parte de la sección de negocios eclesiásticos.
103 Durante esa noche, el más tarde famoso literato neogranadino Juan Francisco Ortiz lo recuerda arengando al pueblo santafereño desde el balcón del cabildo municipal: «¡Abajo la tiranía!» gritaba [...], y el pueblo repetía «¡Abajo!»
«El pueblo soberano pide la cabeza del señor Alba», vociferaba el mismo clérigo, desde el balcón del cabildo, y el pueblo ignorante, que no conocía al oidor de ese nombre, pedía su cabeza.
104 José Antonio Torres, lo menciona de una forma velada y muy delicada por su condición clerical.
Recuerda que durante las acaloradas discusiones en la noche del 20 de julio dentro del cabildo abierto autorizado por el virrey Amar, el Alguacil Mayor don Justo de Castro, como hombre sano y sin ficción, trató de sostener en la Junta los derechos de la Regencia, se halló de repente acometido con una espada desnuda contra él por uno de sus compañeros, y era de quien menos lo pudiera temer, pues era de aquellos a quienes por su estado no era lícito el uso de armas.
105 Cuando a la mañana siguiente Acevedo Gómez le cuenta a su primo Miguel Tadeo la noticia de la constitución de la junta santafereña, anota gozoso al final de la carta que entre los vocales de la junta hay varios paisanos del Socorro, entre ellos Francisco Javier Serrano Gómez.106 En Santafé, la colonia de la provincia de Socorro se encontraba muy en contacto.
107 El lunes 23 de julio de 1810 tomó el puesto de Manuel Jiménez Llorint, jefe de la guardia de honor del virrey, que había sido suspendido en sus funciones tras el golpe del día 20.
En esa guisa salió Serrano Gómez a caballo por la ciudad con mucha solemnidad a proclamar el bando emitido ese día por la junta de gobierno.
Dos días después participó activamente con los principales chisperos en la primera prisión de los virreyes.
El domingo 29 de julio volvió a aparecer en esta ocasión asistiendo a la Misa de acción de gracias que organizó la junta de gobierno, junto a su vicepresidente José Miguel Pey, que quiso presidirla rodeado de clérigos.
108 El 1° de agosto la junta le encarga la custodia militar del traslado de Alba y Frías a la ciudad de Socorro.
Allí llegó días después, y así lo describió uno de los capuchinos que residía en esa villa:
El estudio de los relatos de testigos oculares de las jornadas del 20 de julio de 1810 permite afirmar que la intervención popular durante esas jornadas no fue un movimiento espontáneo del pueblo santafereño, como se ha dicho con demasiada frecuencia; en realidad, el 'pueblo' fue hábilmente manipulado por grupos de criollos y algunos peninsulares, para presionar el cambio de gobierno que se llevó a cabo la noche del 20 de julio y, posteriormente, para romper la dependencia del nuevo gobierno constituido con el Consejo de Regencia peninsular, así como para lograr el arresto y la prisión de las autoridades virreinales y de otros peninsulares de la ciudad.
Los actores directos y principales de esa manipulación durante esas primeras semanas fueron los llamados chisperos, que pronto se enfrentaron a la junta de gobierno santafereña por sus planteamientos radicales ante las medidas que se debían tomar contra las autoridades virreinales y contra los peninsulares que residían en Santafé. |
Después del traspié de El fabricante de fantasmas (1936) y su aventura fallida en el teatro institucionalizado, Roberto Arlt decidió volver a los círculos del Teatro del Pueblo para insistir en una estética "marginal" e independiente con su pieza La isla desierta (1937), calificada por el mismo dramaturgo como burlería en un acto.
Respecto a intertextualidades con la literatura universal, esta pieza parece de las menos «contagiadas» de la producción teatral arltiana por este tipo de deudas, salvo las correspondencias que mantiene con la alegoría de la caverna platónica.
Su estética se ha calificado como expresionista1 con ribetes del grotesco colectivo 2 que estigmatiza el hipertecnicismo de las sociedades modernas mediante la imagen del hombre-autómata.
No obstante, como analizaremos en el presente artículo, podemos rastrear en esta obra semillas de inquietudes paralelas a las de la poética de la crueldad de Antonin Artaud.
Arlt, artista inquieto y perspicaz, cosechó los elementos más fructíferos de los proyectos de los dramaturgos de la vanguardia y estructuró su modelo teatral partiendo del meta-teatro de Luigi Pirandello y «tentado» por la «crueldad» de Artaud.
Y si la intertextualidad entre la dramaturgia de Pirandello y la de Arlt está bien estudiada y comprobada, la afinidad estética con el teatro de la crueldad y la utopía teatral que tanto Artaud como Arlt perseguían partiendo de caminos distintos, apenas ha sido abordada por la bibliografía.
Aunque las diferencias entre los proyectos de Arlt y Artaud son suficientes como para que no nos aventuremos a identificarlos, existen también bastantes indicios como para sostener que parten de los mismos principios hacia la misma meta.
Afirmación también válida para esta pequeña perla teatral que constituye La isla desierta.
El argumento de la obra concierne a un grupo de trabajadores en una oficina de la zona portuaria de Buenos Aires, donde, pese a la proximidad de los buques y los mares que ellos reclaman, los oficinistas están encerrados en su espacio limitado y mecanizados al realizar las tareas monótonas de siempre.
No tienen derecho a cometer ni un solo error 3 ya que se les considera como medio-autómatas.
Tampoco se les permite mirar hacia fuera, al puerto, y sus movimientos son sincronizados y limitados a los estrictamente necesarios para llevar a cabo sus tareas.
De pronto entra el ordenanza, un mulato que sostiene haber corrido mundo como marino y empieza a invitarles a un escapismo imaginario hacia islas paradisíacas, mundos exóticos y vidas aventureras que hacen aún más fuerte el contraste entre su actual situación burguesa y la verdadera vida que se encuentra al otro lado de la ventana.
Los burócratas se desconciertan, se dejan llevar por las descripciones del mulato y participan con él en un festín musical y de baile que exorciza su penosa vida cotidiana, hasta el momento en que entra de nuevo el Jefe interrumpiendo el sueño y devolviéndoles a la dura realidad.
La resolución del Director supremo es cruel: despide a todo el personal y ordena poner vidrios opacos en la ventana.
Las palabras de Castagnino son muy acertadas al respecto: «No soñar, no pensar; no sentirse individuo, sino cosa: el mundo moderno, en fin».
4 Como se ha señalado, las deudas de esta pequeña pieza de Arlt para con la literatura universal son escasas e indirectas.
La más explícita es la del símil de la caverna de Platón, que constituye uno de los ejes alrededor de los cuales se desarrolla el tema de la obra.
Por lo demás, Arlt hace referencias implícitas a la literatura escapista clásica, al cuento del Flautista de Hamelín de los hermanos Grimm y a la pintura impresionista y cloisonista de Gauguin, sobre todo su etapa haitiana mediante el proceder, las palabras y las imágenes que dibuja con ellas el personaje del mulato.
En la caverna de Platón
Bien conocida es la parábola de la caverna que Platón expone en el libro VII de La República para referirse alegóricamente a la actitud del hombre respecto a la verdad y cómo termina siendo cautivo de sus temores e ignorancia frente a la vida.
Encadenados de manera que no pueden ver nada más que las sombras que proyecta una hoguera en la pared que se encuentra enfrente de ellos, pasan su vida viendo circular las proyecciones de animales y hombres, que de vez en cuanto paran y conversan entre sí.
Las escenas que los cautivos ven en la pared se parecen al teatro de sombras chino y constituyen para ellos la única y absoluta verdad.
Este es el mundo sensible en la filosofía del Platón.
Lejos de donde ellos se encuentran encadenados está la salida de la cueva que da al mundo y a la naturaleza iluminada por el sol, y representa el mundo de las ideas platónico.
Sócrates le cuenta a Glaucón cómo finalmente uno de esos prisioneros logra librarse de sus cadenas y consigue salir afuera donde, después de haberle costado mucho adaptarse a las nuevas condiciones, se pone en contacto con el mundo que le estaba hasta aquel momento vedado.
Detrás de la figura de este fugitivo se descifra la alegoría del filósofo, del hombre iluminado que ahora vuelve de nuevo a la cueva para liberar a sus antiguos compañeros esclavizados y hacerles partícipes de la gran verdad que acaba de descubrir, esto es, el mundo de las ideas, a la vez que desea revelarles que viven en un gran engaño.
Sin embargo, lo triste de la condición humana, encadenada por la ignorancia y el temor hacia lo desconocido, hace que los prisioneros se burlen de su «apóstol» y, como afirma Sócrates, si tuviesen la oportunidad incluso lo hubieran matado.
5 Se trata de una de las más bellas alegorías que nos ha dejado la literatura clásica, donde se pone de manifiesto cómo los humanos podemos engañarnos a nosotros mismos o ser oprimidos por convenciones ficticias e irreales.
Roberto Arlt retoma el símil platónico en La isla desierta donde nos presenta unos oficinistas esclavizados y robotizados que, por lo menos han ascendido desde los sótanos de la empresa donde trabajaban y donde no había luz del sol sino de bujías eléctricas, al décimo piso de la misma, donde tienen la posibilidad de observar a través de la ventana un mundo que les está prohibido.6 Sólo pueden mirar enfrente, pero aun así perciben los movimientos de la vida allí fuera, representada por los buques que entran y salen de la zona portuaria.
La ventana juega el papel de actante en la pieza, puesto que desencadena la ruptura con la realidad siendo la fisura a través de la cual la fantasía irrumpe en la escena de la cotidianidad.
Incluso al final de la obra, donde volvemos a la realidad cruel, el Director, después de despedir a todo el personal, manda poner vidrios opacos en las ventanas con tal de ocultar detrás de un velo la otra realidad, inquietante para los burgueses, sellando así la grieta.
El papel del filósofo-redentor lo desempeña el mulato Ordenanza, que ya se había escapado de este mundo infernal y ahora vuelve para salvar a los demás.
A pesar de que al principio se topa con la incredulidad de los burócratas, al final consigue arrastrarlos a su mundo de las «ideas».
Sin embargo, la crueldad de la vida cotidiana tiene su manera particular de asesinar los sueños de los hombres.
Entra el Director supremo, junto con el Jefe del departamento, ejercen su poder despótico sobre ellos volviendo a encadenarlos (pese a haberles despedido, que es prácticamente lo mismo puesto que se les niega la posibilidad de soñar); y ordena reemplazar las ventanas por donde entraba la luz del sol con otras oscuras, devolviendo la oficina a su condición inicial de caverna platónica.
7 En cuanto al análisis estructural de la obra se puede afirmar que se trata de una pieza con escaso, si no nulo, desarrollo dramático, algo que invita a considerarla como metafórica y simbólica, despojada de las pretensiones milenarias de la acción teatral naturalista o realista.
Siendo así, requiere del espectador una mirada oblicua respecto a su experiencia convencional que lo capacite para descifrar los significados del signo global que constituye la obra.
El ambiente que construye Arlt se basa en la antítesis entre la opaca realidad de los oficinistas y la luminosa verdad que se esconde detrás de las ventanas 8 y las descripciones y figura del mulato.
En este sentido, el acontecimiento teatral en el que La isla desierta invita a participar y comulgar supone una enseñanza mística, en el sentido de los misterios de Eleusis, donde la ceremonia teatral misma o bajo la guía de los actores-hierofantes, pretende llevar al espectador de la oscuridad a la luz, tanto en términos platónicos como en términos de la praxis teatral que al otro lado del Atlántico ya se conocía como teoría de la crueldad.
Sobre todo Cipriano representa la fuerza propulsora -el élan vital de Henri Bergson o la «fuerza vital» de Posidonio de Apamea-que empuja hacia la liberación de las fuerzas vitales que rigen el universo y que el modus vivendi contemporáneo intenta sofocar.
Pues Cipriano desencadena la denodada búsqueda de la felicidad -que es una constante en la temática arltiana-, dando por sentado que si no existe felicidad tampoco existe vida.
Invirtiendo el axioma, podríamos afirmar que para los personajes arltianos la vida sin felicidad es un gran fraude de Dios al hombre y del hombre mismo a la vida.
Como señaló Mirta Arlt para la dramaturgia de su padre: «"Dios es la alegría de vivir" y todo lo que atente contra la alegría de vivir es enfermedad, peste, impureza que ataca a los humanos».
9 Vemos que aparte del vitalismo bergsoniano que comparte Arlt con Artaud, también su hija Mirta asocia, quizás inconsde Bajtín-en el cual el argumento se desarrolla; Bratosevich, 1985, 262.
Así, la representación propuesta se convierte en un espectáculo de subjetividades, condicionada por la «transducción» -siguiendo la nomenclatura introducida por Bobes Naves-que realiza cada invitado en este acondecimiento teatral; Bobes Naves, 1997, 20.
Cabe añadir que dicha propuesta del Grupo Ojcuro reivindicó la importancia todavía innovadora de esta obra de Arlt puesto que fue elegida sesenta y un años después de su primer estreno para representar a la Ciudad de Buenos Aires en el Encuentro Internacional de Teatro Experimental que se realizó en Rosario, Argentina en 2002.
8 Arlt marca esta antítesis desde el principio: «Son las dos de la tarde, y una extrema luminosidad pesa sobre estos desdichados simultáneamente encorvados y recortados en el espacio por la desolada simetría de este salón de un décimo piso»; Acto Único, 1991, 393.
9 Arlt, Mirta: «Presentación», en Arlt, Roberto: Teatro completo, Buenos Aires, Editorial Schapire, 1968, 12; citado por Foster, 1977, 34 (la cursiva es nuestra).
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.12 cientemente, el proyecto de su padre para el teatro convencional con la metáfora de la peste y la enfermedad, algo que hacía al mismo tiempo Artaud en su manifiesto de la crueldad.
Desterrando la peste del teatro: la poética de Antonin Artaud
Venganza por venganza, y crimen por crimen es el grito de Artaud frente el arte depravado burgués.
10 Destrucción total, sin «perder tiempo rompiendo lanzas contra las concepciones frívolas o degradadas del teatro europeo».
11 Verdadero apasionado del ideario surrealista el francés visionó un teatro consciente de su imposibilidad, como una profecía escatológica de la muerte violenta del teatro convencional burgués, y trascendental para el retorno del arte a sus orígenes.
Artaud pregonó un teatro que constituyera una necesidad de comunicación a través de la participación activa de los partícipes en el espectáculo teatral.
Es por ello que en el ideario artaudiano la escena se convertiría en el espacio mágico donde un nuevo hombre nacería, puesto que el género teatral no debía estar destinado para ofrecer diversión ni evasión, sino liberación de una fuerza agitadora.
La escena debía recobrar su funcionalidad ancestral y ontológica como despertadora de conciencias y ejercer el papel curativo del arte, re-creando el hombre.
Aspiró a constituir un teatro que fuese el doble invertido y revertido de la vida, pero no menos real que ella.
Hay que señalar también al respecto la atracción que sentía Artaud por las ciencias ocultas, con las referencias constantes a rituales y fórmulas mágicas, y la conexión que deseó establecer entre teatro y alquimia.
De ahí surgieron textos fundamentales para su poética como El teatro alquímico (1932) o El teatro y su doble (1938).
Artaud propuso no sólo devolver el teatro a sus orígenes, sino, también, al modo de las representaciones místicas y primitivas.
Pregonó la liberación de las fuerzas de la vida identificándose con ella en un modo nietzscheiano de arte dionisíaco y la desligación del acto escénico de la primacía del texto dramático.
La innovación de Artaud en ese aspecto es que, al contrario de los intentos anteriores para la eliminación de la escena, éste trabaja para la desligación de ella del texto, convirtiendo al acontecimien-10 Artaud, IV, 1956, 35.
El director y los participantes (espectadores y actores) dejarían de ser instrumentos de la representación.
Los actores no deberían tener miedo de la sensación, de identificarse con el dolor y la alegría y vivir plenamente lo que se les otorga para interpretar creyendo en lo que hacen.
No obstante, el empeño profano de la poética de la crueldad no refuta el valor hierático del teatro.
El proyecto de Artaud fracasa si el espectáculo no se convierte en experiencia mística, reveladora de la fuerza de la vida en su primer despertar.
En este sentido, es una experiencia religiosa.
El autor es reemplazado por el director de la escena, el nuevo «hierofante» o houngan -según la definición que prefiere Peter Brook refiriéndose a la ritualidad de la crueldad-12 en las ceremonias teatrales.
El objetivo principal de la escena de la crueldad es el despertar de las funciones primitivas de la naturaleza, escondidas en el inconsciente.
Se trata de un exorcismo o expiación que intenta hacer fluir nuestros demonios.
Los actores se convierten entonces en los verdaderos agentes de esta comunicación religiosa.
El personaje debe identificarse con su máscara, prescindiendo de todo lo que no es esencial y limitándose a unos pocos rasgos esenciales.
La representación se vuelve en este sentido en una suerte de evocación, de rito peligroso con el cual el actor, despojándose de la propia realidad individual trata de atraer hacia sí, frente al público, un ser que proviene de un mundo superior, el del arte.
El actor se vuelve oficiante de un ritual poseído por el personaje, al que evoca interpretándolo; siempre guiado por el texto que ya es un libro de fórmulas mágicas en el ritual que tiene lugar en el «templo» que es la escena, y que reúne a los «creyentes» espectadores.
En esta revisión de la dramaturgia se rescata lo material de la escenificación teatral como medio indispensable para la evocación del personaje y la posesión del actor por él.
Así, el teatro vuelve a su origen como rito y ceremonia esotérica para unos pocos iniciados, capaces de comprender y participar en esa experiencia.
En la poética de la crueldad no se postula una teatralidad de terror y sangre, ni necesariamente de violencia física cuando Artaud habla de «venganza y crimen», sino que más bien, su teatralidad remite ante todo a una crueldad ontológica, vinculada al sufrimiento de existir y a la miseria del cuerpo humano.
En este sentido, la crueldad que propone Artaud constituye una metáfora de la verdadera esencia de la vida y del destino humano.
Pues cada teatro que anhela resultar digno de este nombre, debe aportar al espectador la conciencia cruel de la crueldad de la vida 13 y llevarle al estado de esta recuperada catarsis que el marsellés desea para el arte dramático.
Por eso metaforiza equiparando la peste con la situación del teatro occidental.
14 En cuanto a la representación misma, en el teatro de la crueldad el espectador se encuentra en el medio del espectáculo que lo rodea.
«La distancia de la mirada ya no es pura, no puede abstraerse de la totalidad del medio sensible; el espectador invadido ya no puede constituir su espectáculo; hay una fiesta».
15 El mérito de un (p)acto parecido es su imposibilidad repetitiva.
Y este es el proyecto metafísico de Artaud: la eliminación de la repetición que es enemigo de la vida en su flujo continuo, puesto que cualquier acto de repetición aniquila la vida.
El personaje y su ontología en la escena de la crueldad
Artaud no propuso una compacta y coherente teoría respecto al tratamiento del personaje, sino que procediendo por pura intuición, se rastrea que sus ideas en cuanto al tema se dedujeron -manteniéndose siempre fieles al principio taumatúrgico-terapéutico y, en todo caso, sagrado de la interpretación-de la negación de los principios aristotélicos de la mimesis, una vez rechazada la fábula, y de su propia experiencia de actor con los ejercicios corpóreos-respiratorios e improvisaciones que él mismo efectuaba.
En cuanto al carácter sagrado del actor, éste debe vaciarse convirtiéndose en el vehículo humano de las fuerzas vitales que rigen la escena una vez evocadas, con tal de que vuelva a ponerse en comunicación directa con los fieles, es decir, el público.
Abirached esbozó las características de los personajes del teatro de la crueldad de la siguiente manera: ellos no tienen un estado civil concreto; no obedecen a las leyes de la gravedad, ni sucumben a la servidumbre de 13 Brunel, 1982, 17.
14 Señala Dubatti al respecto: «El teatro y la peste son fuerzas disolutorias, de rebelión y destrucción, contra la negatividad de las convenciones en las que se ha asentado la cultura de Occidente», y operan como «una vuelta a las raíces del hombre y la vida».
En este sentido, el cuerpo del actor constituye el lugar de generación de la «apocatástasis» y, por consiguiente, de la catársis anhelada: «El lugar de acontecimiento del teatro es el cuerpo del actor hierofánico»; Dubatti, 2008, 78-79, 82.
Tampoco se comportan según las exigencias de una fábula inteligible por medio de la razón, sino que lo que hacen o dicen, les está dictado desde fuera.
No tienen un origen concreto; al contrario, su entidad emana del inconsciente colectivo y de las leyendas de lugares remotos e imprecisos.
Casi siempre se acompañan por un doble y a menudo se sumergen en la muchedumbre que les rodea hasta llegar a perder en ella su nombre identificador.
16 Estos personajes están siempre rodeados y acompañados de todos los signos no-verbales que se pueden emplear sobre escena: sonidos, música, objetos insólitos, maniquíes, luces y colores, y se encuentran perennemente regidos por una gama de pulsiones homicidas y sexuales, obsesiones escatológicas y torturas de conciencia.
Estas pulsiones les impiden cristalizarse en el cuerpo del actor, manifestarse coherentemente en la escena, condenados en los límites de la existencia y, de cualquier modo, en su provisionalidad.
Es el actor quien les presta su propia sangre y les hace visibles en la escena.
Sin él, simplemente no existen; abren los ojos en el primer despertar de la nueva vida del actor y los cierran cuando él de nuevo deja su último aliento al caer el telón, condenando su existencia al recuerdo de los jeroglíficos que testimoniaron su paso por este universo dramático.
La poética de la crueldad y su utopía escénica
Artaud no sólo marcó su sello en el arte dramático del siglo XX, sino que compuso sistemáticamente una nueva ars poetica, 17 que postuló tirar al fuego los cánones aristotélicos y canonizar la naciente escena occidental del arte dramático contemporáneo.
Sin embargo, es interesante que este rechazo de la poética aristotélica se hubiese basado en unos de los principios más elementales de la misma, es decir, la piedad y el temor como medios para la purificación de las pasiones, según Aristóteles, o la crueldad y el terror, según Artaud.
No obstante, sus acciones no producen el «temor» aristotélico sino el horror por lo monstruoso que, como explica Brereton, no cabe dentro de la concepción catártica.
18 En el nuevo concepto del arte dramático que evoca la vanguardia y pregona Artaud desde Francia, como Arlt desde Argentina, lo monstruoso forma parte de la nueva estética -como forma parte de la naturaleza humana-y el teatro debe aclamarlo y reclamarlo como algo suyo, puesto que la tragedia es, desde el punto de vista schopenhaueriano, el arte que mejor refleja la naturaleza humana.
Por ello el teatro se basa en el espectáculo como totalidad y, en este conjunto, la escenografía juega un papel fundamental provocando horror por lo monstruoso y la crueldad de las acciones de sus personajes mediante efectos escénicos.
No obstante, el teatro de Artaud residió en su propia consciente imposibilidad, igual de utópico que todos los proyectos vanguardistas.
Los límites de la escenificación, de las formas verbales y gestuales del teatro tradicional, la misma anulación de la repetición se asientan en la paradoja de la repetición del parricidio, 19 en la conciencia de la imposibilidad del teatro que desea anular la escena buscando producirla.
Un teatro de repetición de lo que no se repite, la repetición de la diferencia.
Tal es el límite de una crueldad que comienza por su propia representación.
El teatro más fiel a las vanguardias históricas, puesto que anuncia su propia muerte como manifestación.
La ensoñación cruel de los personajes arltianos
En La isla desierta, como en casi todo el teatro arltiano, la verdadera representación se enfoca en la proyección de los sueños o pesadillas desen-frenadas de los personajes.
Los burócratas proyectan sus dobles en la negación absoluta de la cultura occidental.
Se encuentran libres de todas las convenciones que homogeneizan a los miembros de las sociedades;20 se rebelan y se igualan a la vida, al doble de la vida que, sin embargo, no se puede considerar menos posible o tangible que la vida real.
De modo que Arlt realiza en esta pieza la alquimia teatral del teatro de la crueldad, materializando la atormentada vida interior de un grupo pequeño de hombres que se sienten defraudados por la sociedad de la que forman parte.
La afirmación de la vida deseada se deja desdoblar y vaciar por la negación del modus vivendi que les atormenta.
Por eso, niegan la realidad cotidiana frente a la otra soñada.
No obstante, al final de la pieza, lo cotidiano triunfa y vuelve a afirmarse, no por su verdad absoluta, sino por su autoridad.
Los burócratas de la obra de Arlt rechazan la muerte de sus sueños, pero terminan afirmándola como acto sin retorno.
En este sentido, desde el punto de vista dialéctico, afirmar rechazando es lo mismo que rechazar afirmando.
No obstante, esta transición semántica de una realidad frágil que se balancea a otra anárquica que libera se realiza esquemáticamente en la pieza en sólo un acto de una escena, que, empero, podría fragmentarse en cuatro: a) la pequeña escena que abre la obra donde se nos presenta la severa y ordenada realidad de los oficinistas, que, sin embargo, deja percibir por debajo la rebelión latente; b) el primer acto de rebeldía que estalla en la persona de Manuel; c) la salida del Jefe que representa la tiranía de la realidad y la entrada de Cipriano que personifica la posibilidad utópica de otra vida risueña; por último, d) la entrada de nuevo del Jefe junto al Director quienes reestablecen mediante su crueldad el despotismo de la cotidianidad.
En este sentido, la estructura dramática funciona a partir del esquema triangular Realidad-Fantasía-Realidad.
En todo este proceso Arlt usa signos sonoros y visuales para marcar la ruptura gradual de los distintos planos en los que se edifica la obra.
Los signos verbales parecen consecuencia de los anteriores que son más sensoriales.
Así, por ejemplo, en la primera ruptura que acabamos de describir leemos en el texto de Arlt: Además, es notable que a menudo Arlt no utilice dichos signos como captados de inmediato por el espectador, sino que opte por transmitirlos a través de las descripciones de los actores, como si fueran los agentes mediante los cuales se canaliza la energía que va a hacer estallar la presencia de la energía agitadora en la escena, a la manera de la poética de la crueldad artaudiana.
En este sentido, el sistema semiótico que Arlt emplea sirve para transmitir la euforia progresiva de los personajes que pasan de la rutina nociva a la revuelta impulsiva y, de ahí, al éxtasis de sus sueños escapistas que por momentos se materializan, arrastrando a los espectadores en este frenesí ritual y sus sueños de libertad.
Nuevamente hay otro minuto de silencio.
Durante este intervalo pasan chimeneas de buques y se oyen las pitadas de un remolcador y el bronco pito de un buque.
Automáticamente todos los EMPLEADOS enderezan las espaldas y se quedan mirando la ventana
En ese sistema sígnico Arlt añade la figura de Cipriano quien, con su piel de mulato -entre el puritanismo y la urbanidad que representa el hombre blanco y la libertad y sensacionalismo afinado a la tierra que representa el hombre de color-y sus tatuajes (verdaderos jeroglíficos que evocan otras tierras e invitan al escapismo), 22 juega el papel del redentor-hierofante que canaliza la energía latente y evoca la materialización de los sueños exóticos de los burócratas mediante el baile y el ritmo frenético de los tambores.
A través de Cipriano las imágenes que él fabrica se materializan y los covachuelistas se transforman en aventureros que se quitan sus «uniformes» pequeño-burgueses; junto con ellos también lo hacen los espectadores.
Se trata, como lo define David Viñas, de un «strip-tease» que invita a abandonar los atavíos de la cultura victoriana.
23 Un acto cruel, metáfora de la ruptura total, que impele a volverse salvaje y renegar de la civilización burguesa.
En este sentido el baile se transforma en una fiesta de bajos instintos, no necesariamente violento pero sí cruel en la contraposición con la realidad convencional de los partícipes.
22 Véase al respecto el interesante estudio que realizó en su ya citado artículo Camacho con respecto a la funcionalidad simbólica de los tatuajes de Cipriano; Camacho, 2001, 686-690.
23 Fragmento de una conferencia pronunciada por David Viñas en «Las jornadas preparatorias para la creación de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo», recopilado en la página web http://sololiteratura.com/arlt/arltteatro.htm (consultada: 10 de marzo de 2011).
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.12 más con la interrupción repentina del éxtasis colectivo por la irrupción del Jefe y del Director que despiden a todos, devolviendo también a los espectadores al orden preestablecido del antropófago monstruo urbano que constituyen las exigencias de la vida moderna y que exige el sacrificio de los sueños de los hombres en su altar sangriento.
Puntualizando las exigencias del teatro de la crueldad ya hemos visto que en esta pieza se pueden ubicar puntos de contacto entre los proyectos de Artaud y Arlt, respectivamente.
En este sentido, no podemos dejar pasar la constancia programática en Artaud, y temática en Arlt, de reemplazar al hombre en su lugar poético dentro de lo que convencionalmente llamamos realidad.
Los burócratas optan por la rebelión y la anarquía inspiradas por Cipriano, quien juega el papel del dirigente frente a la autoridad del Jefe y del Director.
El medio para la rebelión es la fantasía, este soñar despierto típico de Arlt, que libera y desplaza de la crueldad de la realidad cotidiana y objetiva a la alternativa de otra subjetiva.
Merece la pena señalar que esta pequeña pieza de Arlt es la única donde el sueño cobra valor colectivo en lugar de tratarse de una ensoñación individual como sucede en el caso de Trescientos millones (1932) o El fabricante de fantasmas (1936).
Empero, el resultado es el mismo.
24 Los personajes se convierten en los dobles de sí mismos proyectándose en la pantalla del deseo de una isla paradisíaca, donde comparten colectivamente las imágenes exóticas y poéticas con las que alimenta sus fantasías el hierofante Cipriano.
25 Sus palabras parecen las recitaciones que evocan otra realidad para lograr que se materialice sobre la escena y llevar progresivamente al clímax del festín a los participantes.
En esta ceremonia hacen falta los jeroglíficos que evocan imágenes del inconsciente colectivo (los tatuajes del mulato Cipriano) y los indígenas que describe y cuya imagen se materializa mediante su «logos».
Efectivamente, en esta última oración-recitación del mulato todos los personajes responden al unísono como si se tratara de las respuestas ritualizadas en una ceremonia sagrada que Arlt quisiera insinuar recalcando el carácter sacro del teatro.
26 Ya no valen sólo las palabras, sino que hay que recurrir a gestualidades, signos cinéticos-proxémicos y de vestuario improvisado para intensificar la climatización de lo ritualizado en este momento de la obra: «MULATO (fabricándose una corona con papel y poniéndosela). -Los brujos llevan una corona así y nadie los mortifica».
27 El carácter sagrado de la ceremonia teatral se hace ya cada vez más explícito y para resaltarlo aún más, Arlt matiza el discurso del sacerdote mulato con nomenclatura religiosa.
Así, empieza su siguiente oración con la afirmación propia de la retórica apocalíptica de los apóstoles con un «Y digo que es muy saludable vivir así libremente» 28 que comparamos con las palabras bíblicas de Jesús: «Y os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres [...]».
29 Añade además el salvajismo y el hedonismo bacanal, propio del tipo de rituales a los que Cipriano 30 les invita a participar: «MULATO. - [...].
Cuelgan libremente de las ramas y quien quiere, come, y quien no quiere, no come... y por la noche, entre los grandes árboles, se 26 «MULATO. -Siempre bajo los árboles hay hombres y mujeres haciéndose tatuar.
Y uno termina por no saber si es un hombre, un tigre, una nube o un dragón.
TODOS. -¡Oh, quién lo iba a decir!
El carácter didáctico-apocalíptico del papel de mulato es evidente en este momento del desarrollo de la trama, imponiéndose cada vez más como sacerdote, apóstol y redentor, cuya autoridad promete castigos si no se arrepienten y participan en la comunión los fieles extraviados: «Ved cuán noble es su corazón.
Ved cuán responsables son sus palabras.
Ved cuán inocentes son sus intenciones.
Llorad lágrimas de tinta.
Todos vosotros os pudriréis como asquerosas ratas entre estos malditos libros.
Un día os encontraréis con el sacerdote que vendrá a suministraros la extremaunción.
Y mientras os unte con aceite la planta de los pies, os diréis: "¿Qué he hecho de mi vida?
Consagrarla a la teneduría de libros".
Aprovechen ahora que son jóvenes.
Piensen que cuando les estén untando con aceite la planta de los pies no podrán hacerlo»; Acto Único, 1991, 400.
30 Merece la pena señalar que, desde el punto de vista del análisis que realizamos, no parece casualidad que Arlt hubiera elegido el nombre de Cipriano para su personaje, con la asociación explícita que se puede hacer con la persona controvertida de San Cipriano, el arrepentido mago que se convirtió al cristianismo y a quien se considera el protector de los magos.
31 Para culminar el proceso ritual de la ceremonia teatral sólo falta añadir la música y el baile, y eso es lo que sucede cuando el houngan-Cipriano 32 coge la tapa de una máquina de escribir y la transforma en tambor:
El mulato toma la tapa de la máquina de escribir y comienza a batir el tam tam ancestral, al mismo tiempo que oscila simiesco sobre sí mismo.
Sugestionados por el ritmo, van entrando todos en la danza.
MULATO (a tiempo que bate el tambor). -Y también hay hermosas mujeres desnudas.
Desnudas de los pies a la cabeza [...].
Y hermosos hombres desnudos.
Que bailan bajo los árboles, como ahora nosotros bailamos aquí... [...].
La danza se ha ido generalizando a medida que habla el MULATO, y los viejos, los empleados y las empleadas giran en torno de la mesa, donde como un demonio gesticula, toca el tambor y habla el condenado negro.
Y bailan, bailan, bajo los árboles cargados de frutas.
Histéricamente todos los hombres se van quitando los sacos, los chalecos, las corbatas; las muchachas se recogen las faldas y arrojan los zapatos.
El MULATO bate frenéticamente la tapa de la máquina de escribir.
Y cantan un ritmo de rumba...
33 No obstante, a menudo las fuerzas que acuden no son las originalmente evocadas, como sucede con los espíritus en este tipo de ceremonias.
Así, la obra y el festín pagano terminan con la irrupción del Jefe y del Director que como fuerzas del mal imponen las reglas de autoridad y austeridad de la moderna sociedad urbana.
Sin embargo, lo que es importante es la energía que queda después del ritual teatral, igual que en las exigencias de Artaud para el teatro sagrado.
Se trata pues de una vuelta al proto-teatro primitivo y la comunión tribal.
Con este último, el acto teatral se vuelve un verdadero acontecimiento comunicativo mediante una amplia aproximación semiótica al espectáculo propuesto por Arlt en las didascalias, donde ya no sirve sólo el texto dramático sino, también, el texto espectacular, y donde los gestos, las luces, la música y el ritual se articulan y se relacionan entre sí de manera coherente, como verdaderos criptogramas que testimonian su paso por la escena teatral, hasta que el signo global que es la obra adquiera el carácter comunicativo que también Artaud postulaba.
Los personajes que Arlt nos presenta están divididos en tres categorías.
Por una parte tenemos el conductismo colectivo de los oficinistas que, 31 Ibidem, 401.
32 Citamos en este punto la descripción del teatro de la crueldad ceremonioso que realizó Peter Brook asimilando la representación cruel con los rituales vudú; Brook, 1997, 82.
33 Acto Único, 1991, 401- Si comparamos las características de los personajes de la poética de la crueldad con los que nos presenta Arlt en La isla desierta, se puede comprobar que en ambos casos comparten rasgos comunes.
Pues para Artaud los personajes de la crueldad no tienen origen ni en el tiempo ni en el espacio, sino que parecen halos sobre el universo teatral.
Puede que los burócratas de la oficina portuaria sean al principio y a propósito los más «metropolizados» de su producción dramatúrgica para recalcar el contraste entre la vida ruin que soportan y la vida soñada que anhelan, pero, y como sucede en todo el teatro arltiano, rápidamente se elevan en la esfera de la fantasía y se nos presentan meteoros sobre la esfera teatral, fuera del espacio y del tiempo, hasta que la crueldad de la vida cotidiana los aterriza inopinadamente de nuevo hasta la miseria de su existencia burguesa.
Todo lo que ellos hacen y dicen les está dictado desde fuera -al principio del Jefe, luego del mulato y, finalmente, del Director-, por una voluntad que procede a sobresaltos, choques, sorpresas y asociaciones insólitas.
En el teatro de la crueldad, si los personajes tienen una identidad o un origen, 34 «En el centro y en el fondo del salón, la mesa del JEFE, emboscado tras unas gafas negras y con el pelo cortado como la pelambre de un cepillo»; Ibidem, 1991, 400.
Merece la pena señalar que las gafas negras que gasta el Jefe contrastan con la perspectiva de la ventana luminosa por la que comienza la rebelión de los empleados, como si Arlt quisiera indicarnos que la autoridad no desea ver la verdad.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.1.12 hay que buscarlo en las leyendas de países lejanos o estereotipos conocidos en Europa: Cipriano es el buen salvaje, ora agitador ora redentor, que personifica el personaje arquetípico de la vida libre y despreocupada.
Por otra parte, mantiene correspondencias con las leyendas medievales europeas, como es el caso ya señalado del mito alemán del Flautista de Hamelín.
En cuanto al Jefe, ya hemos descrito que su figura estereotipada, con las gafas negras y el pelo cortado a cepillo remite a las figuras del militar y, en todo caso, a las figuras representativas de autoridad absoluta.
Por último, los personajes que describe Artaud se sumergen en la muchedumbre hasta perder su nombre identificador.
En La isla desierta los covachuelistas, salvo Manuel y María -que por momentos emergen de la masa impersonal y compacta del personal de la oficina-, pierden su nombre identificador, se homogenizan y se caracterizan simplemente por sus cargos enumerados en la empresa (Empleado 1.o, Empleado 2.o, Empleada 1.a, Empleada 2.a, Empleada 3.a, Tenedor de Libros).
Se puede objetivar que en el teatro de Arlt no se da, strictu sensu, la violencia física que caracteriza en parte la poética de Artaud.
No obstante, la violencia puede ser una actitud subjetiva, aunque moralmente definida y objetivada por la sociedad burguesa y su manifestación artística.
En este sentido esta praxis burguesa no deja de ser violenta en su origen, aplicación y fines, y no necesariamente tiene que ser explícitamente física, sino más bien moral y psicológica, como a menudo se da en la cosmovisión dramática arltiana.
De modo que no se puede discrepar la violencia, a veces, también física, latente y constante, pero en cualquier caso imperante en el teatro de Roberto Arlt.
Sin perder de vista que no buscamos escritos de papel de carbón en el teatro de Roberto Arlt, 35 sino correspondencias programáticas y afinidades temáticas entre la dramaturgia del argentino y la teoría de Artaud averiguamos analogías entre estos grandes revolucionarios en esta pieza apasionante de Roberto Arlt, que con razón Raúl Larra caracterizó como: «una pequeña obra maestra, de una intensidad inigualada, con ese toque inesperado, con ese impromptu que desvanece toda la imagen de un sueño».
36 De todos modos, como señaló Peter Brook -uno de los discípulos de Artaud-respecto a la cuestión que aquí tratamos, «al igual que ocurre con 35 Algo que hubiera sido notoriamente anti-artaudiano teniendo en cuenta la repulsión del francés contra cualquier tipo de repetición o imitación. |
En la línea de las revisiones del proceso independentista iberoamericano adelantadas por ambos coordinadores con criterios cronológicos, temáticos o espaciales (movimientos precursores, independencias propiamente dichas, constituciones americanas y constitución de Cádiz, indios, México y Centroamérica, Brasil), esta nueva entrega busca abordar una problemática mayor de la historiografía americanista de esta última década: el papel desempeñado por sectores «alternos» de la sociedad indiana, dicho de otra forma el amplio espectro que abarca tanto a los libres de color, afro descendientes, mestizos y esclavos como a otras categorías sociales, en este caso preciso, las mujeres de la sociedad indiana.
Estas dos orientaciones, si bien recogen investigaciones realizadas en las décadas anteriores, debidamente expresadas en el evento conmemorativo que dio origen a esta recopilación, cuestionan sin embargo una corriente historiográfica más reciente, impulsada por la antropología norteamericana, y que tiende a resaltar un proceso de «racialización» en la historia de las Américas, partiendo de interpretaciones sin embargo más relacionadas con la naturaleza de la sociedad americana de hoy.
Si bien el enfoque de esta recopilación corresponde a lo que se ha llamado «geopolítica del conocimiento» -en la perspectiva de W. Mignolo-, la problemática central de los coloquios dedicados al análisis de las independencias iberoamericanas dista de enfocar la historia de América a través de un prisma tan exclusivo en la medida en que lo relaciona de forma sistemática no sólo con una historia de los derechos raciales sino con un proceso político y social de largo alcance, y, en algunos casos con una aproximación en términos de historia cultural.
Como bien se evidencia en la introducción, la elección de los «grupos subalternos» responde en este RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
sentido no sólo a un necesario cambio de paradigma teórico sino a la voluntad de alejarse de la consabida «historia de bronce», predominantemente de héroes y próceres, para evidenciar la actuación de aquellos «invisibles» de la historiografía.
Si bien se puede relativizar el argumento -fuimos unos cuantos en abordar el tema en tiempos en que ninguna conmemoración se prestaba al rescate de este tema fundamental de la historia social-, esta recopilación abre el camino a un balance de lo más útil acerca del surgimiento y de la evolución de los estudios sobre «subalternidad», «postcolonialidad» incluso, o estudios culturales en el sentido lato de la palabra, y más concretamente en el ámbito hispano, tal como lo plantea a ciencia cierta Izaskun Álvarez en su estudio introductorio.
No carece de interés recordar en ese aspecto que los autores más influyentes en ese campo del conocimiento, y especialmente en Estados Unidos, se han volcado hacia otras pautas interpretativas propias de los «estudios latinoamericanos» en su vertiente culturalista, sin lugar a dudas relacionadas con el enfoque discursivo que predominó en los estudios locales sobre subalternidad, cuando los aportes de la historiografía latinoamericanista se han centrado en una orientación social, más próxima a las pautas seguidas por los historiadores de la India en torno a dispositivos de poder.
Un primer apartado está dedicado a la participación de los afro descendientes en los movimientos emancipadores, una presencia que no dejó de influir en la redacción de los legisladores gaditanos y más adelante, de sus pares hispanoamericanos.
En un segundo momento, se contempla el papel desempeñado por los extranjeros en la dinámica independentista, tema también ampliamente desarrollado por la historiografía americanista e incluso modernista -en el caso notable de España-de estos últimos años.
Un bloque más amplio se centra tanto en la actuación de las mujeres en el proceso de independencia como en una perspectiva regional, al presentar un panorama de los excluidos en unas cuantas regiones de América.
Cuestionado por los literatos por su connotación denigratoria, el uso del término «subalterno» se confronta además con la misma naturaleza de las fuentes de la historia de América.
Escasos son, en efecto, los documentos producidos por estos sectores subalternos, a diferencia de los datos procedentes de otras categorías sociales dicho de otra forma de las elites ostentando un poder político y social, lo que implica una lectura diferenciada, tal como la puso de relieve Arlette Farge en sus estudios, para rescatar la presencia efectiva de ciertos componentes de la estructura colonial en un contexto de ruptura y aniquilamiento de la misma.
Subrayar la importancia de la constitución de Cádiz en el reconocimiento de los españoles de «ambos hemisferios» y del derecho a decidir de los territorios indianos trae consigo otra consecuencia, estrechamente vinculado con la definición del voto y la elección de representantes en distintas escales (municipal, corporativa, diputaciones).
De ahí uno de los sentidos en adelante más valorados de las independencias americanas, en cuanto revolución política y definición del estado-nación, por parte de las élites locales pero también de sus contrincantes de «abajo», tal como lo pone de relieve el análisis de la idea liberal en un contexto de crisis de los imperios (N. Adánez González, partiendo de una discusión acerca de los trabajos de F.X. Guerra y A. Annino), de la reivindicación autonómica y luego en el proyecto mismo de independencia.
Entre los ejemplos más destacados de este recorrido por las prácticas sociales y políticas de los excluidos, cabe mencionar el caso haitiano, paradigmático y simbólico a la vez, estudiado por numerosos académicos desde hace una década, sintetizado aquí por M. Dorigny, y su contrapartida dominicana, abordada desde la perspectiva de las cortes gaditana por J. Victoria Ojeda.
Las relaciones entre esclavitud y población negra en Brasil (M. J. M de Carvalho) y los aventureros «subalternos» en la independencia de Colombia y especialmente en los ejércitos locales -tema abordado por M. Brown y mediante el cual busca enfatizar la diversidad de la «experiencia subalterna» durante el proceso de independencia-profundizan algunos de los puntos señalados anteriormente, al poner de relieve una circunstancia que recorre constantemente el continente americano después del estallido de la revolución haitiana en 1804 y de la conformación de la primera república negra de América: el miedo de que en otras regiones del continente se replique el temible ejemplo de la rebelión haitiana y de sus atrocidades en contra del orden establecido.
El nutrido conjunto dedicado a las mujeres incluye una aproximación a su cultura política en vísperas de la independencia y en las primeras décadas del siglo XIX, con base a fuentes primarias tales como panfletos, cartas, periódicos o discursos: el apretado análisis de C. Davies pone de relieve la construcción del género en la época de la independencia.
También se contempla la actuación de las mujeres fuera de la esfera de lo privado, en determinados contextos de rebelión, propaganda, «infidencia» y hasta de guerra, así como el debate que suscitó este compromiso social tanto en la metrópoli como en el escenario americano, en México (A. Baena Zapatero), en el Perú (P. Pérez Cantó, S. Beatriz Guardia) o en el Río de la Plata (I. Macintyre), dicho de otra forma su intrusión en el espacio público moderno.
Sendas contribuciones apuntan por lo tanto a la necesidad de ir más allá del enfoque no sólo masculino de las fuentes disponibles, sino también de su orientación marcadamente criolla, fundamentalmente elitista y revolucionaria, para conocer, escribir y hasta conmemorar la historia de estos sectores subalternos de singular presencia en la historiografía reciente, dentro de unos cuestionamientos muy actuales acerca de las identidades americanas.-FRÉDÉRIQUE LANGUE, CNRS, Francia.
Global histories, imperial commodities, local interactions es fruto del proyecto internacional de investigación Commodities of Empire dirigido por Sandip Hazareesingh, Jean Stubbs y Jonathan Curry-Machado, que desde 2007 engloba el trabajo de varias instituciones, Wageningen University's Technology and Agrarian Development Group; International Institute of Social History (Países Bajos); Ferguson Center, Open University; Global History and Culture Centre, Warwick University; Intoxicants and Instoxication in Historical and Cultural Perspective, Cambridge University (UK); Estudios Atlánticos, Universidad de Las Palmas (España); Cultural Foundations of Integration, Kinstanz University (Alemania) e Instituto de Estudios del Caribe (Puerto Rico).
En él están implicados 42 investigadores de 39 centros y 19 países de los cinco continentes, y se ha materializado en varios seminarios, cuyas aportaciones están parcialmente publicadas on line: History of commodities and commodity chains y Commodities of empire [URL].
Resultado de este último son los ensayos editados en Global histories.
El objetivo del libro -y el proyecto-es analizar la historia a través de los bienes producidos y comercializados en una escala progresivamente globalizada y que, como reza su título, implica espacios s imperiales, estatales, regionales, locales, y diferentes grupos sociales integrados en esas demarcaciones políticas, a veces resistentes.
En síntesis, estudia desde la óptica de las nuevas corrientes que han renovado recientemente la historio-grafía, new cultural o postcolonial studies, pero sin omitir otras más tradicionales, en lo que radica su aportación, y mediante una muestra de ejemplos -los que permite incluir una publicación-, una serie de productos cultivados o elaborados en distintas geografías, por diferentes agentes, inmiscuidos en diversas relaciones laborales, redes, administraciones políticas e, implícita y comparativamente, sus diferencias y semejanzas, con el fin de coadyuvar a una lectura de la historia global y a la vez local, más compleja e integradora.
Como otros libros similares, que priorizan su aportación metodológica, no los contenidos, su interés radica en el de sus diferentes ensayos, que en ediciones colectivas suele ser disímil.
Su contribución general responde a la consideración de que los derroteros políticos actuales del mundo han revalorizado la competencia por los recursos, lo que ha impulsado nuevas formas de pensarlos históricamente hablando, y de manera concreta permite plantear a los autores de la obra una visión de dicha historia desde la producción y comercialización de mercancías, atenta a su dimensión internacional, pero también local; es decir, a su papel en la construcción de espacio y relaciones sociales que, por haber estado implicadas en el cultivo y elaboración de materias primas, y en muchos casos en condiciones coloniales, revisten especial complejidad.
En el sentido expresado Global histories reúne estudios con objetivos y resultados dispares, unidos en la intención de ofrecer una explicación más rica y plural de los fenómenos históricos.
Tres se dedican a Cuba y analizan temas muy diferentes.
Curry-Machado explora en dos localidades la agricultura de subsistencia que predominó en la ocupación de la población de la isla en el siglo XIX, pese a su especialización económica en la producción de azúcar, lo que ofrece una imagen de la misma más integral y diversificada que la construida habitualmente por la historiografía.
Steve Cushion estudia un momento distinto, la década de 1950, cuando el comercio del dulce estaba sujeto a cuotas en EEUU y a un tratado internacional, y los problemas de su oferta provocaban un intento de los empresarios y gobierno insulares de transferir la caída de precio a los salarios, lo que tropezó con una larga tradición de defensa organizada del trabajo y una huelga en 1955, que según el autor fueron caldo de cultivo para el apoyo de los obreros a la revolución de 1959.
Finalmente Stubbs focaliza su ensayo en la otra mercancía destacada en las exportaciones de la gran Antilla, el tabaco, y lo aborda en su sentido iconográfico, resaltando que pese a su menor importancia comercial, en su forma más acabada, el habano, se convirtió en símbolo de Cuba, de su lucha por la libertad y la soberanía, a la vez que en el mundo simbolizaba poder y riqueza.
Al tabaco se dedica también un trabajo de Teresita Levi sobre Puerto Rico.
Mediante el estudio de sus productores tras la invasión de EEUU en 1898, la autora muestra que su caso obliga a repensar las relaciones entre ese país/metrópoli y la isla, pues aquéllos no fueron meros observadores y víctimas, sino que aprovecharon las oportunidades que confería el régimen político democrático y de derechos para participar activamente en la toma de decisiones sobre su actividad económica y sus vidas y, además, con relativo éxito.
Miguel Suárez, por su parte, analiza la posición de otro territorio español, las islas Canarias, como suministradoras de carbón en las rutas del Atlántico centro-sur, en las que ocuparon una posición primordial, y señala que el mercado estuvo muy liberalizado, lo que tuvo como efecto que el carbón británico, más barato, desplazase al hispano o que las empresas, en general británicas también, pudieran actuar sin cortapisas y concertar cárteles para impedir la reducción de los precios.
El resto de los estudios de Global histories se dedican a espacios del imperio británico y son igual de disímiles que los anteriores, aunque normalmente valiosos por su aportación.
Jonathan Robins analiza otro mercado ejemplo de libre comercio, el del algodón, y muestra que la competencia en el negocio condujo a un endurecimiento de las condiciones de los productores en los territorios coloniales, pero igualmente dejó espacios, dependiendo de las condiciones de cada uno, para conseguir relaciones más simétricas con el capital metropolitano, los cuales fueron mayores, por ejemplo, en el Caribe o Rhodesia que en Nigeria, lo que permite al autor hablar de un contradictory empery of cotton.
Con conclusiones similares, no obstante para el caso del caucho, William Clarence-Smith explora cómo su demanda asociada a la mecanización de los ejércitos creció durante la segunda guerra mundial, y el modo en que por causa de ello se agudizaron los conflictos latentes en su cadena de producción, que fueron más intensos en los territorios sujetos a regímenes políticos autoritarios, aunque también se dieron en los dependientes de metrópolis democráticas.
El autor señala, asimismo, que esas condiciones favorecieron a la vez relaciones de colaboración entre sus productores y la construcción de identidades.
En lo referente al caucho, finalmente, Jelmes Vos analiza mediante los registros mercantiles de la firma inglesa de John Holt, su explotación y comercio en Angola a principios del siglo XX y muestra que, en contraste con el vecino Congo, donde se basó en trabajo forzado, impulsó la iniciativa empresarial local y su participación en las redes de negocios de dicho artículo, las cuales dicha documentación permite estudiar con detalle.
Vibha Arora analiza el caso de la región de Sikkin, cuya posición clave en la ruta entre India, Tíbet y China, explica una historia plagada de conflictos fronterizos, la operación en la zona de la East Indies Company y, debido a ambos factores, que finalmente se convirtiera en colonia británica.
Alan Prior, por otra parte, examina cómo la demanda de cerveza de los funcionarios y militares europeos en territorio hindú incentivó la modernización de su producción, con la invención y comercialización de la pale ale, que resolvió el problema del deterioro de la bebida en su transporte por mar a largas distancias, pero también, y por ello, se convirtió en un símbolo de la identidad británica, empleo incipiente de marketing y el consumo de masas, a la vez que no cuajó en la población de India, renuente a asumir valores occidentales.
El caso del azúcar merece también atención en el imperio británico en los capítulos de Global histories.
Patrick Neveling sostiene que la entrada de Mauricio en el imperio británico supuso su integración en la división internacional del trabajo como economía especializada en su producción y conllevó la creación de instituciones que explican el alto grado de desigualdad que caracterizó a la sociedad del territorio y que el autor analiza a través de la incidencia en él de los acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio, y argumentando que hasta la independencia no se logró una diversificación que alivió el problema.
Finalmente Kaori O'Connor explora una mercancía olvidada tradicionalmente por la historia, la mandioca, aunque de vital importancia en el consumo y comercio en los imperios francés, británico, español y portugués a lo largo del tiempo.
Como los trabajos anteriores éste se caracteriza también por su aportación metodológica y de enfoque, ya que emplea herramientas de la antropología de la alimentación y explora dicho consumo, las relaciones sociales y funcionamiento de los mercados internos para contribuir a mejorar el conocimiento de las complejidades socio-culturales en áreas locales-nacionalesglobales.
En síntesis Global histories es un compendio disímil de trabajos, como cabía esperar por la naturaleza del proyecto del que es resultado.
Sin embargo, es también un encomiable esfuerzo de responder con riqueza metódica y de enfoque a la construcción de una historia más integradora y humana, que transciende espacios y tiempos, pero mediante el uso más riguroso de ambas categorías analíticas y sumando el esfuerzo variado y con resultados disímiles de distintos autores, lo que en general se traduce en interesantes y valiosas aportaciones para la reflexión y el conocimiento.-ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA, Instituto de Historia, CSIC.
Felices de la Fuente, María del Mar: Condes, marqueses y duques.
Biografías de nobles titulados durante el reinado de Felipe IV, Madrid, Doce Calles, 2013, 358 pp.
Es de sobra conocida la importancia del estamento nobiliario en el antiguo régimen, pues ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación que han abundado en los estudios de casas nobiliarias así como en los aspectos culturales y económicos de este grupo social.
No obstante, a pesar de los diferentes enfoques con que se ha abordado el estudio de la nobleza, quedan todavía muchos aspectos oscuros que requieren atención y que tienen una importancia radical para el conocimiento de su estructura.
Una de estas facetas menos conocidas, las formas de concesión de los títulos nobiliarios, ha sido el eje de los trabajos de María del Mar Felices de la Fuente, principalmente en su obra La nueva nobleza titulada de España y América en el siglo XVIII (1701XVIII ( -1746)).
Entre el mérito y la venalidad, publicada en 2012, así como el libro que aquí reseñamos.
La autora ha estudiado los procesos de ascenso hasta los estratos más elevados del estamento nobiliario, protagonizados por los individuos que consiguieron titular durante el reinado de Felipe V. Para ello se ha valido de dos líneas fundamentales, la primera un análisis pormenorizado de los procesos político-administrativos previos a la concesión de los títulos nobiliarios y la segunda un estudio prosopográfico de los individuos.
El resultado de estas investigaciones ha cambiado notablemente el conocimiento que tenemos de una nobleza que había sido tradicionalmente presentada por la historiografía como un colectivo inamovible, algo que recientemente está siendo puesto en tela de juicio por numerosos investigadores al estudiar las formas en que este grupo se nutría de nuevos miembros.
El estudio de estos procesos ha permitido demostrar la importancia del dinero y la vía venal en la adquisición de los preciados títulos nobiliarios, el uso político que hizo Felipe V de los nombramientos y las diferentes dinámicas respecto a los títulos que se dieron en los territorios de la monarquía, subrayando la tendencia de los titulados americanos al uso del dinero como medio de alcanzar los títulos.
En Condes, marqueses y duques María del Mar Felices recopila las biografías de los 320 individuos que consiguieron un título nobiliario durante el reinado de Felipe V. El interés que suscita este grupo es transversal a diversas líneas de investigación, puesto que los nuevos titulados fueron destacados miembros de las oligarquías locales, las élites comerciales, el mundo de las finanzas, la alta administración, el ejército o los espacios cortesanos, ámbitos todos ellos que han sido objeto de análisis en la obra de María del Mar Felices.
Por otro lado, la diversa procedencia de los biografiados permite trascender las limitaciones geográficas de estudios previos y establecer comparaciones entre los diferentes territorios de la monarquía hispánica.
La gran cantidad de datos inéditos que sobre estos individuos aporta el trabajo suponen el más completo estudio sobre el grupo y, por ende, una herramienta imprescindible para posteriores trabajos de investigación, así como un excelente punto de partida de cara a profundizar en aspectos concretos del estamento nobiliario.
En la biografía de cada titulado se encuentran registros relativos al nacimiento, nombre de los progenitores y cargos relevantes de la familia, matrimonio del biografiado, su trayectoria profesional, la forma en que consiguió el título nobiliario y, por último, la fecha de muerte, todo ello con las necesarias referencias a las fuentes.
El trabajo se apoya, además de en un extenso material bibliográfico, en un sólido trabajo de archivo y documentación que incluye los principales depósitos estatales como el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas, la Biblioteca Nacional de España, el Archivo de Indias, los archivos de las Reales Chancillerías de Granada y Valladolid, el Archivo de la Corona de Aragón y algunos menos frecuentados por los historiadores, como el Archivo General del Ministerio de Justicia, donde se custodian los expedientes de los títulos nobiliarios.
La diversidad de fuentes empleadas es uno de los elementos que denotan la calidad del trabajo, pues el cruce de las mismas supone una innovación metodológica en el estudio de la nobleza y las formas de alcanzarla.
A través de un magistral ejercicio de crítica y comparación, la autora ha demostrado la existencia de numerosas ocultaciones y manipulaciones documentales, realizadas por los propios titulados y su entorno cercano con la intención de encubrir orígenes sociales poco claros o la procedencia venal de los títulos, circunstancia esta última que ha sido frecuentemente ignorada por la historiografía.
En resumen, la obra reseñada es el necesario complemento del primer libro de la misma autora, al mismo tiempo, constituye un trabajo autónomo llamada a ser una obra de consulta y referencia en cuanto al estudio de la nobleza.
La multiplicidad de fuentes y el rigor con el que han sido trabajadas permiten establecer con claridad los orígenes de los títulos nobiliarios, evitando así el peligro de caer en relaciones nobiliarias de tintes historicistas y acríticos que a la luz de estas investigaciones requieren una profunda revisión.-FRANCISCO GIL MARTÍNEZ, Universidad de Almería.
Under Title III, Chapter VII, Article 131, subsection 9 gives the Cortes the power to «decretar la creación y supresión de plazas en los tribunales que establece la Constitución».
Just beneath, Article 172 warns that «Los que aconsejen o auxiliasen en cualquier tentativa para estos actos, son declarados traidores...».
García-Abásolo González, Antonio: Murallas de piedra y cañones de seda.
Chinos en el imperio español (siglos XVI-XVIII), Córdoba, Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones, 2012, 256 pp.
En este nuevo libro, el profesor Antonio García-Abásolo, catedrático de la Universidad de Córdoba, aborda el tema de la activa presencia en las islas Filipinas de los comerciantes chinos durante el período hispánico, los conocidos como sangleyes, y su inserción en el entramado socio-económico insular.
El volumen, compuesto por una introducción y nueve capítulos, es resultado de otros tantos trabajos que, originalmente impresos en diversas publicaciones, han sido agrupados aquí por su similar temática.
El conjunto se completa con varios mapas, estadísticas, gráficos e ilustraciones.
El capítulo primero, «Relaciones entre españoles y chinos», explora un contacto que comenzó a producirse desde el mismo momento del inicio de la conquista española del archipiélago en 1565.
Lo cual no era más que darle continuidad a la secular correspondencia del continente asiático con el archipiélago.
Unas relaciones que primero fueron diplomáticas a través del intercambio de diversas embajadas y que luego se pensaron en forma quimérica al pretenderse la conquista militar y espiritual del Imperio chino.
Finalizados los intentos de materializar un contacto directo, los esfuerzos se concentraron en fomentar las conexiones con la comunidad china asentada en Manila y sus alrededores.
Los vínculos entre españoles y sangleyes fueron los de «una historia de gran dependencia mutua en la que hubo graves episodios de desencuentro, durante el siglo XVII especialmente el alzamiento chino de 1603, que fue el de consecuencias más terribles y que incluso pudo dar lugar a una respuesta bélica de la propia China, y otros de menor entidad en 1639, 1662-63, 1686, 1762 y 1819» (p.
A cada momento de tensión, siguió la expulsión de los chinos de Filipinas, continuado por un posterior retorno mediatizado ante la necesidad que los españoles tenían de ellos.
Esto hizo que fueran adquiriendo el control de muchos aspectos vitales para el día a día insular: desde el abasto diario de alimentos para la capital, Manila, y del galeón de Manila-Acapulco, hasta el control de los mecanismos financieros.
En el capítulo segundo, «El mundo chino del Imperio español (1570-1755)», se estudian los mecanismos de control de las entradas y salidas de chinos en las islas entre 1718 y 1757, a través de las computadas en Manila y Cavite durante un período de cuarenta años.
En dichos registros los funcionarios españoles responsables de hacer las visitas a los barcos anotaron su tamaño, tripulaciones, pasajeros, mercancías cargadas, y los fondeaderos de origen y destino.
Sobre los puertos de procedencia, se destaca que la mayor parte de los champanes mercantes provenía de Amoy, preferentemente, y de Cantón, en menor proporción.
Mientras que marinería, mercaderes y pasaje procedían, fundamentalmente, de puntos de la costa de la provincia de Fujián y de algún otro de la zona sureste.
Pero el dominio comercial que llegaron a ejercer sobre Manila no se circunscribió a la capital, sino que lograron establecer una red con las provincias a través de la cual llegaron a controlar la economía de muchos de aquellos territorios.
El capítulo tercero, «Los chinos y el modelo colonial español en Filipinas», apunta cuestiones tan interesantes como la de la técnica misional franciscana en la China de los siglos XIII y XIV -Juan Piano de Carpini, Odorico de Pordenone y Juan de Montecorvino, entre otros precursores del catolicismo en aquel territorio-, como precedente de la que dos siglos después se aplicaría en América.
De igual modo se estudia la forma en que se produjo la inserción de los chinos en la sociedad hispanizada aunque no como súbditos, sino como extranjeros.
El capítulo cuarto, «Conflictos en el abasto de Manila en 1686: multiculturalidad y pan», ahonda en el origen del conflicto de 1686, sito en la acusación formulada contra los panaderos chinos de Manila y Cavite de haber introducido vidrio molido en el pan que diariamente era vendido a los españoles.
Los graves acontecimientos que se derivaron de esta revuelta son descritos con minuciosidad.
Estos sucesos permiten, además, adentrarnos en el universo de las panaderías de Manila, la cuestión de la distribución del pan que allí se fabricaba, etc. Un proceso que, una vez abierto, terminó con la exoneración de toda culpa hacia los panaderos sangleyes.
Una vez más, el sentido práctico se imponía en la solución de la casi permanente tensión: ambas comunidades se necesitaban mutuamente.
El capítulo quinto, «La audiencia de Manila y los chinos de Filipinas.
Casos de integración en el delito», retoma aspectos de su vida y destaca el tratamiento dado a la cuestión de su adoctrinamiento en el Parián o barrio chino de Manila.
Lugar en el que la Orden de Santo Domingo ejerció su acción evangelizadora.
Para ello se utilizan tres memoriales de misioneros dominicos, un informe anónimo -probablemente de un jesuita-y otro del que fuera oidor de la real audiencia de Manila Diego Calderón Serrano.
Testimonios, todos ellos, interesantísimos para pulsar la vida de la ciudad.
Otros temas que aquí se tratan son los de las prácticas fraudulentas compartidas en no pocas ocasiones por chinos y españoles, las licencias de residencia, las visitas de los champanes y el juego de metua.
El capítulo sexto, «Formas de alteración social en Filipinas.
Manila, escenario urbano de dramas personales», examina diversos casos de los siglos XVI, XVII y XVIII donde hubo conflictos con los sangleyes, o entre los propios españoles.
Algo queda claro tras su lectura: la diversidad de la población residente en Filipinas en general, y en Manila en particular (filipinos, chinos, japoneses, indios, armenios, españoles peninsulares y españoles americanos, indígenas americanos y población afrodescendiente); y el reducido número de españoles -peninsulares y novohispanos-.
Entre los hechos aquí estudiados se encuentran algunos tan interesantes como los del rapto de Juliana de Morga -hija del famoso oidor de la real audiencia de Manila Antonio de Morga-para casarse sin el consentimiento de sus padres (1602), casos de adulterio, o de reinserción social de penados por la Justicia que habían sido enviados a las islas como forzados, etc.
Personaje poco conocido, pese a su significada gestión al frente de los asuntos filipinos, su carrera fue brillante; viéndose coronada con una plaza de consejero en el real de Indias desde 1766 hasta 1776.
Durante esta etapa, promovió cambios en el sistema de recaudación tributaria, así como la redacción de un informe acerca de la situación de los nativos filipinos, con el objetivo principal de poner fin a los abusos derivados de los repartimientos de servicio personal y las exenciones.
Junto a su cargo como oidor, ejerció también como juez subdelegado de ventas y composiciones de tierras, desde donde dirimió asuntos tan delicados como el de los títulos de propiedad sobre las mismas, y donde -en no pocas ocasiones-se encontró con la rivalidad de las órdenes religiosas, siempre celosas de su posición de privilegio en las islas.
El capítulo octavo, «Manila, una comunidad amenazada a mediados del siglo XVIII», tiene como objetivo pasar revista a una serie de temas tales como la amenaza inglesa, el refuerzo de las defensas, problemas internos -levantamiento de 1746, piratería malayo-mahometana, y alguna sublevación indígena-, y la capacidad de respuesta de la comunidad hispana residente en la capital del archipiélago ante todas esas amenazas exteriores o interiores -reales o conjeturadas por noticias difusas-.
El capítulo noveno, «Filipinos en la costa pacífica mexicana en la época colonial (siglos XVI y XVII)», proporciona datos sobre la imagen de los filipinos en la Nueva España tras su incorporación, en calidad de gobernación y capitanía general, al virreinato.
Dichos datos se refieren, en primer lugar, a la condición jurídica de los filipinos en la Nueva España desde la perspectiva de la administración virreinal.
Y, en segundo lugar, a la condición real de dichos filipinos en la vida cotidiana del virreinato.
Cuestiones de gran interés por cuanto fueron miles los que entraron en tierras continentales americanas a través del puerto de Acapulco entre 1565 y 1700, tanto por vía lícita como ilícita.
Interesantes son igualmente las noticias de asiáticos que trabajaron como esclavos en la zona continental del virreinato entre finales del siglo XVI y el siglo XVII.
Otros asuntos tratados son la presencia de lo chino en la Nueva España, con una especial atención a la influencia de Filipinas en los actuales estados mexicanos de Colima y de Jalisco, el régimen jurídico del filipino, el asentamiento de algunos de ellos en pueblos de indios, etc.
No queremos finalizar sin señalar que, puesto que la temática de los nueve capítulos es común a todos ellos, son varias las ideas conductoras que se siguen a lo largo del libro y que, creemos, dan cohesión al volumen.
Podemos señalar las siguientes: una temprana relación con China que, en poco tiempo, derivó en unas intensas relaciones comerciales; la triple faceta de Manila como una plaza militar, una plataforma de expansión misional y una factoría comercial; el cosmopolitismo y diversidad cultural presente en esa capital desde muy tempranas fechas; la necesaria interdependencia de los españoles con la comunidad china de Manila -para el abasto de la ciudad, del galeón, e incluso de los asentamientos españoles diseminados por las provincias del archipiélago-; pero también de los sangleyes con los españoles, ya que los primeros buscaban la plata novohispana cuyo acceso se les franqueaba gracias al comercio mutuo; la no siempre fácil relación entre unos y otros desde finales del siglo XVI a comienzos del siglo XIX, con problemas recurrentes y diversos remedios buscados para paliarlos; y, por último, la presentación de este tema como marco para definir a la Monarquía Hispánica como la creadora de un verdadero imperio ecuménico y globalizado, con un punto, Filipinas, localizado en el extremo más oriental -u occidental, según la perspectiva geográfica-de sus posesiones ultramarinas.
Un territorio de frontera, o de avanzada, una vez más según el enfoque que quiera dársele, fascinante como pocos, y englobado en el marco de esa gran entidad político-administrativa que fue la corona española durante la edad moderna.-MIGUEL LUQUE TALAVÁN, Universidad Complutense de Madrid.
González Cruz, David (coord.): Descubridores de América.
En este libro, coordinado por el profesor David González Cruz, se reúne una serie de trabajos presentados en un congreso que tuvo lugar en Huelva en el año 2011, al que se han añadido otros textos que complementan la tesis principal que no es otra que demostrar la importancia de los puertos y los marinos onubenses en el descubrimiento del Nuevo Mundo.
El volumen contiene quince artículos elaborados por doce autores y está dividido en seis apartados.
En el primero, Gabriela Airaldi presenta a Colón en su Génova natal, un tema que conoce a la perfección y que sirve de excelente marco introductorio.
Por su parte, Jesús Varela Marcos dedica su trabajo a la cartografía de los puertos de partida.
El autor pretende demostrar que existió una «escuela de Palos», similar a la que existía en Sagres, de la que Martín Alonso Pinzón sería el «maestro».
Se trata de una hipótesis arriesgada, ya que carecemos de documentos que la acrediten, pese ese supuesto «dibujo cartográfico» enviado por Pinzón desde Bayona a los reyes.
Hoy los investigadores portugueses han desechado la existencia de una Escuela en Sagres que, como se ha demostrado, fue un invento de Purchas.
En la segunda parte, mientras que el estudio arqueológico del puerto de Palos, elaborado por Juan Manuel Campos Carrasco, es excelente, los trabajos de Julio Izquierdo Labrado sobre la comunidad franciscana de La Rábida y la marinería palerma, aunque bien documentados, presentan ingenuidades que deberían corregirse.
Tan solo señalaré dos ejemplos: asegurar, sin ningún dato que lo apoye, que Martín Alonso contribuyó con 500.000 maravedís a financiar el viaje de Descubrimiento, y hacerse eco de la peregrina teoría de que el apellido de los Pinzón era Martín, y que «Pinzón» era el mote familiar dado al abuelo ciego, que acostumbraba a cantar «como los pájaros pinzones».
En la tercera parte, Diego Ropero Regidor hace un buen ensayo, aportando nueva documentación, sobre la contribución de Moguer al Descubrimiento, sus hombres de mar, el monasterio de Santa Clara y, especialmente, sobre la familia Niño.
Asimismo son interesantes, aunque quizá repetitivos, los dos artículos de Julio Izquierdo Labrado sobre la marinería palerma y la de Huelva, en los que reseña los personajes de la región que acompañaron a Colón es sus cuatro viajes, a Vicente Yáñez Pinzón en el viaje en el que descubriría el Brasil, o a los hombres que fueron con Magallanes y Elcano en el viaje de circunnavegación.
Antonio M. González Díaz recoge la presencia de ciudadanos ayamonteños entre los marinos y emigrantes a Indias en los años 1492 a 1600).
A la relación de San Juan del Puerto, o Puerto de San Juan, con los duques de Medina Sidonia dedica su largo trabajo David González Cruz, a quien un nuevo documento sobre Briolanja Muñiz, la cuñada de Cristóbal Colón, le da pie para desarrollar ampliamente la intervención de varios de sus lugareños en la conquista y colonización del Nuevo Mundo, ya sea como pasajeros a Indias entre 1492 y 1599 -cuyos nombres y filiación aparecen en un anexo-, o mediante la relación económica de Juanoto Berardi, el factor de don Cristóbal, con vecinos de San Juan y Moguer.
A Bayona, puerto gallego al que llegó Martín Alonso Pinzón el 1.o de marzo de 1493 a su regreso del Nuevo Mundo, consagra su estudio Roberto J. López, centrado tanto en la «arribada» como en la evolución de la economía bayonesa desde 1493 hasta bien entrado el siglo XVIII.
Por su parte, Francisco Contente Domingues analiza la importancia de los fondeaderos algarbíos en los descubrimientos portugueses desde la época del infante don Enrique, a comienzos del siglo XV, hasta la decisión de trasladar las salidas de las flotas al puerto de Lisboa, tras el tratado de Alcaçovas de 1479.
En el quinto apartado, el apoyo del duque de Medinaceli a Colón es analizado por Antonio Sánchez González.
Pablo Emilio Pérez-Mallaína Bueno presenta en su trabajo la evolución de las atarazanas de Sevilla entre 1252 y 1493.
El volumen termina con un apartado dedicado a las costas de destino.
Juan Manuel Campos Carrasco estudia los tres primeros asentamientos: la isla de Guanahaní, el fuerte de la Navidad y la Isabela, la primera ciudad diseñada a manera europea en el Nuevo Mundo y la única de la que quedan restos arqueológicos.
Por último, Carmen Mena García estudia la capitulación de Rodrigo de Bastidas a las costas de la actual Panamá, un modelo de empresa con capital privado, sin ninguna ayuda económica de la corona frente al modelo seguido hasta entonces.
El libro, bien estructurado, responde a la idea planteada inicialmente: la loa a los marinos y puertos onubenses.
Objetivo plenamente justificado si consideramos el hecho incontestable de que si no hubiera sido por la intervención de Martín Alonso defendiendo al almirante cuando la marinería se sublevó, el Descubrimiento no hubiera sido posible.
Sin embargo, el volumen podía haberse acortado en un centenar de páginas, pues hay repeticiones innecesarias entre varios trabajos y artículos que se extienden en narrar antecedentes al tema propuesto que para nada contribuyen al propósito del estudio.-CONSUELO VARELA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC.
Herrero Gil, María Dolores: El mundo de los negocios de Indias.
Las familias Álvarez Campana y Llano San Ginés en el Cádiz del siglo XVIII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Universidad de Sevilla/Diputación de Sevilla, 2013, 462 pp.
Un largo camino ha recorrido esta investigación hasta llegar a puerto.
Concebida como tesis doctoral dirigida por Antonio García-Baquero, la temprana desaparición del prestigioso historiador motivó un hiato en su ejecución hasta que la dirección fue asumida por Juan José Iglesias, lo que permitió su defensa en la Universidad de Sevilla, mientras la obtención del premio de monografías «Nuestra América» abría las puertas a la publicación de un libro que se diferencia en algunos aspectos y así mejora el texto presentado en su día como memoria de doctorado.
Un libro que cobra además una dimensión especial tras la inesperada y sentida desaparición de su autora.
La obra versa esencialmente sobre la actuación de dos familias estrechamente conectadas con el mundo de la carrera de Indias en el siglo XVIII.
Una distinción relevante separa, sin embargo, a los máximos representantes de ambas familias, Francisco de Llano San Ginés y José Campana Álvarez, ya que el primero fue esencialmente uno de los dos socios de una importante compañía naviera cuya actividad alcanza una considerable trascendencia en los años 1772-1780 (fecha en que su muerte pone fin a la sociedad), mientras el segundo se dedicó preferentemente al negocio financiero, aunque también realizó operaciones comerciales e invirtió en la explotación de las salinas y en el beneficio de las tierras que le habían sido cedidas a censo enfitéutico por el duque de Medina Sidonia, hasta su fallecimiento en 1772.
Por otra parte, la más directa y más intensa implicación del primero en el tráfico indiano se une al mayor volumen de la documentación conservada para convertirle en el pivote central del libro, mientras la figura del segundo (con su familia) queda desdibujada e incluso a veces se interfiere en el relato de forma no del todo felizmente resuelta, de tal modo que tal vez hubiera sido preferible una separación más tajante de dos trayectorias muy diversas aunque desarrolladas contra el mismo telón de fondo.
De esa manera, el estudio de la compañía de Juan Agustín de Ustáriz y Francisco de Llano San Ginés viene a ser el bloque fundamental de la investigación.
Una investigación oportuna puesto que separa nítidamente la anterior compañía de los Hermanos Ustáriz (1762-1772) de la compañía formada por su sucesor en el negocio, Juan Agustín de Ustáriz, cabeza de la otra rama familiar, junto con Francisco de Llano San Ginés, en suma la sociedad de la que se ocupa esencialmente el libro (1772-1780).
Una compañía de navieros (o sea de los anteriormente llamados dueños de naos y que la legislación emanada del decreto de libre comercio y aplicada a la fundación de los consulados nuevos pasaría a denominar así oficialmente), o sea una sociedad dedicada primordialmente a la construcción de barcos o a la adquisición de naves ya fabricadas para dedicar dicha flota al negocio de los fletes o al transporte de mercancías propias, como bien precisara en su día Marina Alfonso (1991).
De ahí que el primero de los tres capítulos del libro pase a tratar de todos los elementos que definieron a la flota de la compañía: los barcos, los tripulantes, las expediciones, los cargamentos transportados, la financiación, la fiscalidad y, por supuesto, los fletes como forma sustantiva de los beneficios que sostenían a la sociedad.
Siguiendo rigurosamente este orden, la autora enumera y describe pormenorizadamente cada uno de los nueve barcos que llegó a poseer la compañía (la mayoría adquiridos por sus antecesores entre 1763 y 1771, a los que se añadieron el Hércules en 1773 y el Ventura en 1775), el elemento humano (los tripulantes, que fueron por término medio 125 a la ida y 130 a la vuelta, divididos en las correspondientes clases desde el capitán a los simples marineros, los mozos y los pajes, así como las cajas de soldadas destinadas a contener su salario), las expediciones (un total de 27) analizadas una por una con todo lujo de detalles y cuyos destinos se repartieron entre el Río de la Plata (ocho más dos por cuenta de la real hacienda), ocho a Veracruz, otras ocho al Mar del Sur y, finalmente, una a Filipinas, es decir la asombrosa aventura del Hércules, que ya había sido objeto de un precioso artículo por parte de la autora (2008)(2009), los cargamentos (donde queda reflejada la proporción entre los productos nacionales y los extranjeros, un 26,65 % contra un 73,35 %, lo que vuelve a dar la razón a la estimación de Antonio García-Baquero, a ese predominio de la reexportación foránea, que no será contestado hasta el definitivo asentamiento del decreto de libre comercio), los fletes, ese «complicado mundo» del que aquí se dan muchos detalles si no sistemáticos al menos precisos, incluyendo un valioso cuadro de los que corrieron regularmente para los puertos del Mar del Sur (págs. 173-174), y otro de los fletes cobrados en el transcurso del viaje del San Nicolás de Bari a Veracruz en 1777 (p.
176), que suponen un 16 % del producto total obtenido sumándole la venta del aguardiente (68 %), el vino, el acero y el hierro, más una interesante nota sobre los mínimos riesgos de mar tomados sobre fletes en comparación con la extensa copia de aquellos tomados sobre mercancías (porcentaje insignificante que contrasta con el 10 % estimado en su día por Antonio-Miguel Bernal para el conjunto del tráfico), los seguros (ya tratados por la autora y, sobre todo, por Guadalupe Carrasco, en 1999) y, finalmente, los derechos abonados en algunas de las expediciones (obligaciones para con la real hacienda, el almirantazgo y la Universidad de Mareantes, más los impuestos de San Telmo y del Caño del Trocadero).
Un capítulo, por tanto, muy rico en informaciones a veces dispersas y sin posibilidades de compararse entre sí, pero en cambio apenas recogidas en otros estudios sobre el tráfico colonial.
Por si fuera poco, la voluntad de normalización de las equivalencias monetarias (nota 293, pág. 185) incrementa el valor del esfuerzo realizado.
El segundo capítulo, que tal vez carezca de la ordenación regular del primero, nos pone en contacto con el comercio realizado por la compañía por propia cuenta y riesgo, gracias sobre todo a los cuadros contenidos en las páginas 255 (exportaciones) y 256 (importaciones): los frutos y ropas, hierro y acero habituales a la ida y unos retornos en los que predominan los cueros del Río de la Plata, el cacao, la cascarilla y el cobre de la Mar del Sur y los cueros, el cacao y la grana de Nueva España.
Resultan complementarios los apartados dedicados a los negocios mercantiles de los Campana, a los instrumentos ordinarios de crédito (letras de cambio, obligaciones y pagarés), a la constitución de la escuadra corsaria del consulado de Cádiz (con el papel protagonista de Francisco de Llano San Ginés) y, finalmente, a la gestión realizada por la compañía de este último en la real fábrica de Talavera, que tuvo encomendada hasta el año 1780 en que pasó a la administración directa de la real hacienda.
El tercero y último capítulo se ocupa del caso concreto de la financiación de la carrera y, muy particularmente, de la conceptualización del instrumento conocido como riesgo de mar o préstamo a la gruesa.
Se trata de un ejercicio impecable, donde se recurre a la utilización de un abrumador repertorio de fuentes de todo tipo (desde el estudio de la legislación hasta el análisis de los contratos concretos), así como exhaustivamente de la bibliografía disponible para demostrar la unidad indisoluble en el riesgo de mar de una operación de crédito y otra de seguro, derivada del hecho de la pérdida por parte del prestamista del dinero adelantado en caso de siniestro, único factor que puede justificar los altos intereses exigidos a los prestatarios.
La argumentación a favor de este carácter dual, como por otra parte ya habían venido sosteniendo los autores que se han ocupado del tema, es absolutamente convincente, por lo que este abanico de recursos demostrativos sólo se explica por el interés de la autora en contrarrestar la obstinada defensa que hace Antonio-Miguel Bernal de la función exclusivamente crediticia de tales préstamos dentro al menos del ámbito del comercio colonial español, cosa que resulta imposible de sustentar, a menos de que exista un problema terminológico, un «confusionismo» en la utilización del concepto, una anomalía que con buen criterio resulta inadmisible para la autora.
La obra de María Dolores Herrero deja traslucir su verdadera estatura cuando repasamos el espectacular despliegue de las fuentes consultadas en las diversas secciones de diferentes archivos nacionales (con el Archivo General de Indias como privilegiado núcleo central) e internacionales (Argentina, México, Brasil, Italia, Reino Unido) y, como consecuencia, el increíble número de operaciones analizadas (un total de 16.000, cifra realmente vertiginosa) para fundamentar sus conclusiones sobre las familias, sobre sus empresas, sobre sus barcos, sobre sus expediciones y sobre muchas otras cuestiones.
Y también es una investigación original porque junto a su rotunda toma de posición ante diversos debates historiográficos (el de los riesgos en primer lugar, pero también el de la irrupción de la compañía en el monopolio del comercio transpacífico o el de las relaciones entre las sucesivas sociedades de una y otra rama de los Ustáriz), hay un prurito de profundizar en las temáticas ya conocidas a través de la aplicación de una mirada cercana y atenta a los detalles, muchos pasados por alto en aras de llegar con mayor celeridad a las respuestas buscadas por los investigadores, a las conclusiones generales.
Este género de aproximación singulariza al libro como un producto excepcional de la investigación modernista y americanista actual.
En todo caso, Juan José Iglesias, en su lúcido y espléndido prólogo, señala con todo rigor (sin aludir a la odisea comercial del Hércules, por estar ya publicada) las grandes aportaciones de la obra: «el análisis de la actividad naviera de Llano San Ginés y su asociación con los Ustáriz» y «la puesta de relieve del auténtico papel del riesgo marítimo en la financiación de la carrera».
Sólo queda avenirse a este juicio taxativo, que da cuenta de los logros más sobresalientes de la autora.-CARLOS MARTÍNEZ SHAW, UNED, Madrid.
Su vida, su obra y su taller, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2013, 396 pp., fotos color y blanco y negro.
La meritoria labor de investigación que sobre la pintura quiteña viene realizando Ángel Justo Estebaranz se inició hace unos años con la publicación de una monografía sobre la serie de pinturas del convento de San Agustín de Quito que Miguel de Santiago realizó sobre la vida del santo.
A aquella primera aproximación a la figura del pintor siguieron otros estudios sobre pintura y sociedad en la real audiencia de Quito.
El proceso iniciado culmina ahora con este trabajo, fruto de una laboriosa investigación donde el trabajo de archivo ha sido fundamental, así como el análisis de las fuentes bibliográficas y la producción pictórica de Miguel de Santiago.
La importancia que tuvo Miguel de Santiago, máximo representante de la pintura barroca y figura clave en la creación de la escuela quiteña de pintura, reclamaba desde hacía tiempo una monografía como la presente.
Esta nueva obra del profesor Justo Estebaranz viene a solventar muchas cuestiones, hasta ahora imprecisas o ignoradas por quienes habían abordado el estudio de este artista.
La decisiva aportación documental del libro y el acertado análisis de las obras ha permitido establecer la evolución artística del pintor.
En este trabajo se analizan de forma exhaustiva los datos ya conocidos, pero a la vez se aportan otros que complementan o permiten nuevas teorías, se hace una reflexión que confirma ideas o desestima otras anteriormente asumidas, como la participación de sus colaboradores en el taller, todo redactado con un lenguaje claro y preciso que hace su lectura amena.
Tras la introducción el trabajo aborda los datos biográficos del pintor y del entorno familiar, capítulo donde, tras la exhaustiva búsqueda documental en diferentes archivos de Quito, ha depurado muchos aspectos biográficos sobre la vida de Santiago, de la que desde antiguo se había entretejido con la leyenda, dando una imagen distorsionada del maestro, como la de su carácter altivo e iracundo y sus desavenencias con personajes importantes de la ciudad.
No se olvidan en este apartado otros aspectos ajenos a su faceta de pintor, como los negocios inmobiliarios en los que participó, en ocasiones causa de disgusto para el maestro.
En el capítulo segundo se aborda su formación, sus supuestos maestros, la apertura de un obrador como maestro pintor y las características y evolución de su técnica.
Considerado como el mejor pintor de la época, supo recoger en su producción pictórica el pensamiento contrarreformista con hábiles composiciones y una gran técnica.
Pero más interesante es el estudio de las influencias españolas y europeas en la pintura de Miguel de Santiago, estudiando las fuentes grabadas en las que se inspiró.
Asimismo, se plantea en este capítulo la relación de Santiago con otros pintores coetáneos, no solo quiteños, incluyéndolo en el contexto artístico americano en época virreinal.
Finaliza este capítulo con una reflexión sobre la presumible erudición de Miguel de Santiago, a quien se le había atribuido tradicionalmente el primer tratado de pintura quiteña, obra sin lugar a dudas posterior y probablemente del pintor Manuel Samaniego.
Con ello el autor desmonta el mito del pintor quiteño erudito, identificando a Miguel de Santiago como un hábil artista de carácter eminentemente práctico.
En los capítulos siguientes se analiza la obra del maestro a través de su temática.
La pintura religiosa y las grandes series para las iglesias y conventos, como la realizada para el de San Agustín de Quito, abordada por el autor en una obra anterior, las pinturas de la Vida de la Virgen para el santuario del Quinche o el amplio conjunto de Inmaculadas que pintó a lo largo de su vida, con novedosas iconografías.
A estas hay que sumar las series doctrinales como la de Los Mandamientos, conservada en el Museo Fray Pedro Gocial o las que hizo conjuntamente con su obrador para San Francisco de Bogotá, conocidas como el Alabado o Las Oraciones del Santísimo Rosario, por citar solo algunas.
El autor no se limita a realizar un catálogo sino que estudia la composición y analiza las fuentes grabadas que utilizó, dejando constancia de los préstamos e interpretaciones que hace de las mismas.
Pero no fue únicamente la pintura religiosa la que marcó la producción de Santiago pues entre los temas de asunto profano fueron muy importantes los retratos, la mayoría de ellos de religiosos franciscanos, así como los temas alegóricos con la serie de Las Cuatro Estaciones, inspirada en grabados europeos.
Por último, también se aproximó al tema del paisaje que analiza en profundidad en la serie de Los Milagros de la Virgen de Guápulo, que a pesar de ser de temática religiosa en ella es el paisaje el verdadero protagonista, donde introduce novedades estilísticas e iconográficas.
Por último hay que destacar el capítulo de las atribuciones y del taller.
El análisis en profundidad de la obra del maestro, le ha permitido a Justo Estebaranz mantener la atribución de una serie de obras que, aunque sin documentar, parecen salidas del obrador de Miguel de Santiago, pero también rechazar un importante número de injustificadas atribuciones erróneas que se han mantenido a lo largo de los años pues, tradicionalmente, cualquier obra de mediana calidad se le atribuía a este artista.
Gracias al estudio minucioso de las mismas ha puntualizado y delimitado su producción, permitiéndole clarificar aspectos sustanciales de la obra de Miguel de Santiago y de su taller, aportando una nómina de artistas hasta el momento desconocidos.
El estudio concluye con el taller de Miguel de Santiago y sus discípulos, en el que se formaron pintores de muy distinta condición que divulgarán, a lo largo de los años, la estela del maestro.
Por el taller pasaron aprendices de todas las etnias, españoles, criollos, mestizos e indígenas, recuérdese que el mismo Santiago era indio.
Entre estos discípulos sobresalen Nicolás Javier de Goribar, considerado como el sucesor del maestro, y su propia hija, Isabel de Santiago, uno de los pocos ejemplos de mujeres pintoras en la América virreinal.
El libro concluye con un destacado aparato gráfico que sirve de adecuado complemento al texto.
En definitiva, el trabajo de Ángel Justo Estebaranz, no sólo atiende a la necesaria puesta al día de la figura de Miguel de Santiago, sino que va más allá al introducir nuevas ideas e interrogantes sobre el autor, con la madurez, rigor y lucidez en los juicios y aportaciones que caracterizan al autor.
Sus conclusiones son el resultado de la observación paciente, minuciosa y detenida de la obra del maestro quiteño, y sin duda este libro servirá de guía a otras investigaciones sobre pintores o pintura de época colonial.-M.a MERCEDES FERNÁNDEZ MARTÍN, Universidad de Sevilla.
Lofstrom M., William L.: Redes y estrategias mercantiles; el giro de un comerciante potosino en tiempos de guerra, Sucre, Bolivia, Imprenta Editorial «Tupac Katari», 2012, 128 pp.
Dentro de los esfuerzos y trabajos recientes de la historiografía latinoamericana, cada vez se han ido ampliando -en especial desde las últimas décadas-los estudios de historia económica enfocados tanto en el período colonial como, a grosso modo, para todo el período de la economía «mercantilista» de antiguo régimen, primeras décadas del siglo XIX incluidas.
Considerando los avances en este campo, destaca desde ya la hace tiempo denominada «historia empresarial», «historia de los negocios», o también llamada «historia comercial» («business history»).
Dicha especialidad, que ya ha sido desarrollada en América Latina con gran acogida por historiadores como Cristina Mazzeo, Antonio Ibarra o Carlos Marichal -entre otros importantes-, constituye casi siempre un aporte novedoso para entender la realidad económica del pasado, pues tiende a resaltar a los sujetos «de carne y hueso», así como a grupos sociales (o redes) y contextos históricos específicos.
Son posibles estos aciertos, principalmente, debido a una preferencia por el análisis cualitativo por sobre la exclusiva reconstrucción serial de cifras, resaltando en su reemplazo una narración que reconstruye un «saber hacer» de los sujetos o grupos en las operaciones comerciales y en sus estrategias globales.
En este contexto se puede situar el reciente libro de William Lofstrom, historiador británico y -en sus palabras-«boliviano por adopción y matrimonio».
En Redes y estrategias mercantiles Lofstrom nos introduce en un interesante período de la historia altoperuana, vinculado a su vez con un proceso mayor a nivel sudamericano.
A través de seis capítulos el autor hace el seguimiento a un mercader criollo -Ignacio de la Torre-, natural de Potosí, vinculado al comercio mayorista en el espacio del antiguo vi rreinato peruano, así como también a la «carrera» de las manufacturas provenientes del puerto de Buenos Aires, a la que estaba vinculado.
Desde ya su caso es digno de destacar porque, como bien lo hace resaltar el autor, no se trataba de uno de los grandes empresarios que dominaban los circuitos mercantiles charqueños, sino que en realidad representaba el caso de un mediano comerciante que por la vía de distintos esfuerzos procuraba su ascenso económico y social.
La notoriedad de su caso también radica -como queda claro a partir del título de la obraen la particular coyuntura temporal que le tocó enfrentar; a saber, el comienzo del proceso emancipador.
Este particular contexto es explicado, en líneas generales, por la historiadora boliviana Esther Aillón Soria, quien prologa el libro.
El primer aspecto a destacar del libro de Lofstrom es el objetivo que se plantea.
Como claramente señala desde un inicio, pretende describir el cómo «un giro comercial con sede en la Villa Imperial [Potosí] pudo funcionar a lo largo de las dos 'carreras' de Lima y Buenos Aires, dada la ausencia de bancos comerciales y en virtud de las grandes dificultades que existían» (p.
Es decir, se plantea primero como una historia que da cuenta pormenorizada de los negocios del caso elegido.
En este aspecto la obra que comentamos logra su cometido, en virtud de una revisión de la documentación notarial atingente al área de acción del mercader, especialmente para el primer capítulo, donde se detalla la trayectoria comercial anterior a 1810 y su inserción en la sociedad potosina.
Así como también del seguimiento de las operaciones comerciales en «tiempos de guerra» -entre 1810 y 1813-a través del análisis de un cuerpo de 299 cartas de la correspondencia del personaje, lo que se puede ver en el segundo capítulo del libro.
Objetivo no menor, debido a la escala continental de la red comercial de don Ignacio, y que Lofstrom logra reconstruir de forma satisfactoria -y exclusivamente-con documentación que se encuentra en archivos bolivianos.
Otro de los objetivos del libro, que está implícito en un inicio pero que puede verse plasmado a lo largo de la obra, es el intento de situar correctamente al comerciante Ignacio de la Torre en «su mundo».
Sobre todo por medio de una descripción detallada, como puede notarse que es el estilo del autor.
Nos enteramos así de cuestiones de la cotidianidad del mercader criollo (por ejemplo con quiénes trabajaba en su despacho, o de los asuntos que trataba en sus cartas relativos a su querida mujer), como también del importante rol de su hijo en el montaje de una red comercial, con miras a satisfacer una verdadera «estrategia familiar» de largo plazo (pp. 39 y ss.).
Es cierto que, en este aspecto, el libro de Lofstrom queda un poco en deuda, pues deja la puerta abierta a preguntas -¿Qué fue de los de la Torre una vez acabada la guerra?
¿Dio resultado finalmente la estrategia familiar de diversificación de los negocios?-.
Pero esto también podría ser entendido como algo positivo del libro, como para pensar en un nuevo estudio, extensión de este.
El esfuerzo del autor de situar correctamente al personaje lo hace también entrar en otros aspectos, tales como la cultura del sujeto.
En palabras de Lofstrom, de la «filosofía de un mercader», palabra que utiliza exclusivamente porque Ignacio de la Torre alude a un «Ser supremo», conceptualizado en la época por el pensamiento filosófico (pp. 61 y 62).
Es destacable sin embargo, en primer lugar, el que el autor recurra una vez más a la fuente directa.
Como consecuencia, logra hacer visible la importancia capital del honor y de la honorabilidad para todos aquellos dedicados al comercio en la época, fenómeno que nos deja en claro que se trata de empresarios del antiguo régimen.
En este sentido, y tal como señalara en un artículo Catherine Lugar, estos sujetos eran verdaderos «caballeros comerciantes».
También logra visibilizar la piedad de los comerciantes, su conservadurismo y catolicismo a ultranza, poniendo siempre a Dios como un verdadero «patrón» (en el sentido de «jefe») del buen comerciante.
Con respecto a una cuestión bastante relevante tratándose del período histórico que analiza este libro, también el autor logra identificar la utilización del concepto de «patria» -fidelidad al propio terruño-, del cual el protagonista también se hacía parte.
Y el consecuente patriotismo de la época conforme a ese concepto, el que claramente en este caso era de naturaleza monárquica y de fidelidad a la religión y al rey español.
Es importante destacar esto pues, a diferencia de lo que comúnmente se entiende, los realistas también se consideraban a sí mismos como «patriotas».
Lo más negativo del libro, fuera de todo su aporte, es quizás un estilo demasiado descriptivo, que recurre en demasía a las citas literales de las fuentes, dejando de lado algunos análisis que podrían ser de mayor densidad teórica, y que permitirían vincular varios de los aspectos del mercader, que son presentados un poco como compartimentos separados.
Sobre todo en el capítulo sobre el mundo de las ideas del comerciante («La filosofía de un mercader»), que termina siendo muy breve y simple, sin presentar allí puntos de comparación con otros casos análogos al personaje.
En resumen, pese a lo recién mencionado y dejando de lado otros aspectos quizás menos destacables, la obra de Lofstrom es altamente recomendable para todos aquellos que se interesan por los temas de historia de los negocios, y cómo esta se entremezcla con la historia política y social.
En especial si ha de considerarse el estudio en conjunto de los procesos sudamericanos de integración económica y de emancipación política a comienzos del siglo XIX.-FRANCISCO BETANCOURT CASTILLO, Universidad de Chile.
Marichal, Carlos y Grafenstein, Johanna von (coords.): El secreto del Imperio Español.
Los situados coloniales en el siglo XVIII, México, El Colegio de México / Instituto Mora, 2012, 373 pp.
Si bien se conoce el entramado financiero por medio del cual el dilatado imperio español mantuvo su predominio no sólo en sus territorios de Ultramar sino en la misma Europa, el funcionamiento del llamado situado y las transferencias financieras que implicó entre las propias colonias y guarniciones -en América y en Filipinas-no había sido enfocado en el tiempo largo de su supervivencia y hasta permanencia dentro de las redes administrativas, fiscales y militares de América y Filipinas.
El término, relacionado con la idea de renta, adquirió una significación específica al denominar en América los caudales que se transferían de una caja real a otra dentro de un mecanismo interno de compensación.
La manera como los territorios de Ultramar se financiaron y aseguraron su defensa, soste-niéndose por sí solos desde fines del siglo XVI, constituye uno de los secretos mejor guardados y más cuando nunca se necesitó participación o ayuda de la metrópoli en ese aspecto.
De tal forma que las posesiones españolas de Ultramar y su fiscalidad desempeñaron más bien un papel fundamental en el mantenimiento del conjunto del imperio a lo largo y ancho de tres continentes.
Apretado balance historiográfico e imprescindible síntesis acerca del estado del arte, esta recopilación de lo más completa, en que colaboraron destacados especialistas en la materia, reúne varios tipos de contribuciones.
Las primeras, más bien generalistas, tienden a destacar un marco global dentro de la geopolítica del imperio.
Varios estudios, como el de J. M. Serrano y A. Kuethe, centrado en las remesas fiscales (en metálico) enviadas periódicamente al puerto más estratégico de la región, La Habana, para pagar las tropas y asegurar una financiación militar en general, insisten precisamente en la temprana vocación defensiva del situado para mantener las principales plazas, sus tropas y milicias en una suerte de pago en metálico, no en especie, procedimiento que no cambiará mayormente en sus principios a lo largo del período colonial.
Otros análisis versan sobre determinados espacios como el Caribe, Barlovento, Texas, o Filipinas (estudio de L. A. Álvarez, que incluye el tema del socorro, en cuanto ayuda esporádica y ocasional pero que, en el caso de Filipinas, tendió a consolidarse).
Una tercera categoría incluye problemáticas menos conocidas, teniendo en cuenta el hecho de que el manejo de los situados no se puede entender cabalmente haciendo caso omiso de las circulaciones y redes que conforman esta «monarquía compuesta», orientación de singular aprobación en la historiografía modernista de estos últimos años.
Así la peculiar conjunción del dinero y de las armas, y el creciente flujo de capitales que se observa en el manejo de los situados se inserta perfectamente en problemáticas desarrolladas en estas últimas décadas, desde la temprana conformación no sólo de un espacio atlántico español (antes de que se iniciara la moda de la «historia atlántica») sino de un mundo globalizado de intercambios constantes y equilibrios negociados dentro de la unión monetaria y fiscal más extensa del mundo, durante los siglos XVI-XVIII.
Las discusiones abiertas por la confrontación de estos puntos de vista y la profusa bibliografía sobre el sistema fiscal de la época borbónica tienden a resaltar el impacto de las reformas borbónicas antes de la quiebra del antiguo régimen, y la transición del sistema de la real hacienda colonial a la hacienda pública de las nuevas naciones hispanoamericanas.
Un primer conjunto de trabajos apunta por lo tanto a precisar la definición histórica de los situados desde el siglo XVI, incluyendo el mecanismo de compensación que se dio entre las distintas colonias españolas y una esclarecedora comparación con la situación de los imperios inglés y francés.
Como lo subrayan los editores en su introducción, las remesas fiscales de Nueva España hacia las fortalezas del Gran Caribe -la zona más beneficiada en toda la historia del situado americano: Cuba (análisis de L. Nater y J. Von Grafenstein), Puerto Rico (estudiado por A. Pacheco), Santo Domingo, Trinidad, Barlovento y su Armada (Y. Celaya)-ascendieron a más de 20 millones de pesos en el siglo XVII, de acuerdo con el estudio de R. Reichert, o sea el 45% de los extraordinarios gastos militares de la administración fiscal novohispana.
Hay que recordar que una de las primeras menciones de estos traslados se remonta al siglo XVI y más precisamente en 1529, con un envío de caudales de las cajas de México a La Habana y a su guarnición, procedimiento de que se beneficiaron luego los presidios o fortificaciones de las costas de México, Florida y Barlovento.
Ahora bien, no resulta tan obvio aproximarse a conclusiones similares en el caso de otros virreinatos (i. e.
Perú) en la medida en que no se dispone de una información tan precisa.
Se considera sin embargo que los situados peruanos también desempeñaron un papel fundamental con vistas al mantenimiento de los puertos militares de Chile y hasta de Panamá.
Asimismo la caja real de Santa Fe, estudiada por A. Meisel, financió la defensa de Cartagena de Indias, entre otras guarniciones a veces muy aisladas de la zona, y hasta Filipinas.
Como lo ponen de relieve los estudios de R. Grafe y A. Irigoin, las remesas de la caja limeña desde El Callao (estudiado también por R. Flores Guzmán) y más aún desde Potosí en el último tercio del siglo XVIII fueron de singular importancia para la administración civil y militar del virreinato de La Plata (1778), en el mismo puerto de Buenos Aires, en Montevideo o en las fronteras de Paraguay.
La coyuntura del siglo XVIII se presenta por lo tanto como el período fausto de los situados americanos de acuerdo con los conocidos trabajos de H. Klein y J. Tepaske, y, dentro de esta recopilación de ensayos excelentemente problematizados, de C. Marichal y M. Souto.
Ambos autores proponen una visión panorámica de los situados novohispanos enviados desde Veracruz al Gran Caribe español entre 1720 y 1800.
De hecho, el siglo XVIII concentra la mayoría de los trabajos aquí reunidos, en la medida en que las remesas intercoloniales o a favor de la metrópoli fueron creciendo hasta 1808.
Varios de los capítulos del presente libro tienden a confirmar que la práctica del situado en cuanto remesa se consolidó durante el reinado de Felipe II, pasando a constituir una partida formal en los registros de real hacienda a lo largo de la centuria ilustrada.
Los situados enviados de Nueva España a las guarniciones del Gran Caribe y Filipinas pasaron en efecto de los 150 millones de pesos durante el siglo XVIII, lo que pone de relieve la singularidad, la complejidad y la amplitud de la dinámica fiscal del imperio español en comparación con otras potencias coloniales.
Los ensayos del presente libro buscan ilustrar en ese aspecto unas actividades que les corresponden en primer término a las cajas reales, junto a las modalidades de las transferencias realizadas entre el conjunto las regiones de América y Filipinas con el fin de sufragar gastos administrativos o militares, incluyendo a la península en períodos de guerras internacionales -especialmente con Inglaterra-involucrando por lo tanto el mundo atlántico en su conjunto.
Este aspecto estratégico, omnipresente en las transferencias intercoloniales, y debidamente documentado en esta recopilación de estudios, quizás sea la clave del situado en cuando mecanismo de equilibrar gastos de defensa dentro del conjunto imperial, incluso en lo social.
Si consideramos en efecto el crecimiento de los ejércitos y milicias de América e incluso los beneficios sacados por grupos privilegiados de la sociedad indiana como lo fueron los comerciantes acaudalados, se ve que éstos aprovecharon la oportunidad para ir acumulando caudales a partir del manejo del subsidio (transporte, comisiones mercantiles etc.).
Este juego hábil de las élites comerciales y políticas americanas por medio de la administración paralela de los negocios y del ejército aparece a todas luces en el punto neurálgico de las circulaciones e intercambios atlánticos, La Habana.
Sin embargo, la mayoría de los trabajos reunidos en esta obra colectiva fundamental para la historia política y económica de América y de su extensión pacífica en Filipinas, ponen de relieve un momento de ruptura: la presión fiscal impuesta de forma generalizada por la metrópoli a sus colonias y la centralización administrativa en el orden fiscal se ven cuestionadas en 1808 por la interrupción de los situados en las Américas, planteando la cuestión del final del «absolutismo negociado», el posible colapso de la red fiscal y militar española en su globalidad y por lo tanto la conformación de un amplio espectro de respuestas regionales a una coyuntura revolucionaria clave dentro de la recomposición política e institucional del mundo atlántico.-FRÉDÉRIQUE LANGUE, CNRS, Francia.
Masferrer León, Cristina V.: Muleke, negritas y mulatillos.
Niñez, familia y redes sociales de los esclavos de origen africano en la ciudad de México, siglo XVII, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2013, 348 pp.
Historizar a los niños de hace casi cuatrocientos años, no es tarea fácil.
Historizar a los niños esclavos, es una tarea todavía más difícil, debido a la situación propia de la infancia y por la naturaleza de las «huellas» que generan los niños.
Estos no dejan sus escritos o sus diarios; sus juegos, dibujos y juguetes no han llegado hacia nosotros.
¿Cómo hacer entonces la historia de los niños, cómo rescatar su voz?, o todavía más difícil, ¿cómo investigar la historia de los niños esclavos?
Éstos últimos, por el hecho de su condición jurídica, evidentemente están en una desventaja con los niños nacidos en libertad (recordemos que los esclavos eran referidos como «piezas» y definidos como «un bulto con cabeza, alma en boca y huesos en costal»).
La historia y la etnohistoria en México tienen todavía una gran deuda con la población de origen africano y afroamericano.
Si bien el interés por el tema se remonta hacia los años cuarenta del siglo pasado -los trabajos pioneros de Gonzalo Aguirre Beltrán-, recientemente esta cuestión se ha enfocado desde ángulos distintos, basta mencionar el libro de María Elisa Velázquez, Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos XVII y XVIII (México, 2006).
Por otro lado, en la historiografía mexicana existen escasos acercamientos al mundo de la niñez, generalmente se ha abordado esta problemática desde la historia de la educación o de las instituciones de beneficencia.
Recientemente el interés por el papel de los niños en la historia ha sido renovado: destacan las investigaciones de Susana Sosenski, quien dirige su mirada hacia el trabajo infantil en las primeras décadas del siglo XX (Niños en acción.
El trabajo infantil en la ciudad de México (1920México ( -1934)), México, 2010); o de Alejandro Díaz Barriga, quien examina las prácticas y las representaciones en torno a la infancia en el mundo mexica en su libro titulado Niños para los dioses y el tiempo.
El sacrificio de infantes en el mundo mesoamericano (México / Buenos Aires, 2009).
Así, la investigación realizada por Cristina V. Masferrer León, se sitúa en el cruce de estas dos tendencias historiográficas y es una propuesta que visibiliza a los niños esclavos de origen africano y afroamericano, sujetos históricos que hasta ahora han sido descuidados, si no olvidados, por la historia.
Sin incluir a los niños tendríamos un panorama incompleto de la esclavitud africana en la Nueva España, dado que ellos eran agentes activos en la construcción y reproducción cultural, social y económica.
El libro en cuestión permite sumergirnos en el mundo novohispano de la ciudad de México de la primera mitad del siglo XVII y entrever en él, el papel que jugaron los niños cautivos, en ocasiones niños traídos desde África o -mucho más frecuentemente-nacidos de las madres esclavas.
La autora presenta y contrasta diversos tipos de fuentes: textos de los concilios provinciales, expedientes inquisitoriales, crónicas y relatos de los religiosos, descripciones de los viajeros, actas notariales de compra-venta, documentos parroquiales (actas de matrimonio y de bautismo), con el fin de combinar la investigación cualitativa con la cuantitativa, que se refleja en numerosos análisis estadísticos.
La palabra del título «muleque», o «moleque», «muleca», «mulecón», «mulequin» como lo aclara la misma autora proviene de la lengua angoleña de kimbundu, y estaba relacionada con conceptos como «hijo, joven, hombre joven», y en lengua bantú kikongo se aplicaba a los infantes y niños.
El vocablo se conservó tanto en la Nueva España, como en Cuba y Brasil; tenemos así una aportación lingüística africana en las expresiones novohispanas.
A través de las páginas del libro desfilan los mulekes, negritas y mulatillos propiedades de amos y amas, que eran frecuentemente viudas, artesanos, boticarios, mercaderes, contadores, capitanes, alcaldes, inquisidores, clérigos y canónigos, monjas, o instituciones religiosas; quienes los vendían, heredaban, donaban, regalaban o entregaban en dote, empeñaban como cualquier otro bien, pues eran parte de su patrimonio, pero también en ocasiones estos dueños les otorgaban la libertad en sus testamentos, o permitían que aprendiesen un oficio en un taller, para que después les entregasen parte de sus ganancias.
El libro está dividido en tres extensos capítulos.
En el primero, la autora presenta ampliamente el contexto de la niñez africana en la capital novohispana, explicando las condiciones y características básicas de los esclavos, enfatizando el hecho de que los niños forman parte del entramado social y por esta razón hay que incluir en este panorama a los fenómenos relacionados con el desarrollo de las redes sociales y espacios de endoculturación.
En este capítulo Cristina Masferrer explica cómo fue el tránsito de esclavos desde África hacia Nueva España, compara precios que dependían de sus edades, sexo y capacidades; además explica la diversidad de las actividades en las cuales fue empleada su fuerza de trabajo (servicio doméstico, actividades agrícolas, obrajes, comercios, gremios, etc.).
Analiza también espacios de interacción y socialización de los niños: fiestas, «bodas de negros», asistencia a la iglesia, cofradías, alzamientos y motines (especialmente el motín de 1612).
A partir del análisis de diversos documentos dirige la atención del lector a la capacidad de organizarse, integrarse y construir redes sociales diversas, así como el sentido de comunidad y estrategias de resistencia entre los esclavos -hecho que muchas veces fue negado por otros estudiosos debido a la misma condición alienante de la esclavitud-.
En el segundo capítulo la autora contrasta el concepto de la niñez tanto en la época colonial como en las sociedades prehispánicas y las africanas.
Analiza las etapas de la niñez en esas culturas, que diferencian entre los infantes de pecho y los niños con dientes de leche.
Por esta razón, muchos niños se vendieron junto con sus madres, y los que se vendían por separado generalmente tenían ocho años o más.
Una fuente importante que utiliza Cristina Masferrer en esta investigación son las actas de bautismo del Sagrario Metropolitano de la ciudad de México, cuyo análisis abarca los años 1603 a 1637.
La autora analiza un total 1059 actas de niños de origen africano (499 varones y 560 mujeres), sus nombres de pila más comunes (Juan Diego, Nicolás, Pedro, Joseph o Jusepe y Francisco; María, Juana, Isabel, Catalina, Francisca y Ana).
En este capítulo también se centra la atención en las actividades laborales de los niños esclavos y los mecanismos de obtener la libertad como la ahorría o la manumisión.
El tercer capítulo trata de los niños en el contexto de la familia, dado que la familia es una institución a partir de la cual el individuo se vincula con la sociedad.
Este apartado se centra en la relación entre padres e hijos, ahijados y padrinos (estos últimos con frecuencia también esclavos), y los lazos de compadrazgo, en los cuales el niño sigue siendo el elemento central.
Los vínculos de parentesco consanguíneo, así como espiritual entre los padrinos y los niños, e incluso la pertenencia a las cofradías, eran sustitutos de la familia extensa africana, dado un porcentaje significativo de los niños nacidos de uniones informales o ilegítimas, en las cuales la relación materno-filial era predominante.
La autora dirige su atención hacia la construcción de estas redes de solidaridad y apoyo entre los esclavos, que ilustran la integración de niños en una comunidad, de cuya importancia otros investigadores anteriormente habían dudado o los habían menospreciado, considerándolos como frágiles y difíciles de mantener en las condiciones de la esclavitud.
En términos antropológicos la definición de la familia y de la comunidad doméstica se basa generalmente en el requisito de la corresidencia.
El aporte principal del análisis de Cristina Masferrer señala que, si bien muchos enlaces de los esclavos no cumplían con esta característica, dado que podían cohabitar ocasionalmente y no siempre residían en la misma unidad doméstica, gracias a las relaciones construidas entre adultos e integración de los niños, seguían siendo familias.
Las relaciones interétnicas constituyen un plano complejo de la realidad de muchas sociedades dado que son numerosas las variables que están en juego en ellas y porque la casuística adquiere en su caso dimensiones complicadas de manejar.
Pero constituyen un terreno fundamental para comprender el funcionamiento de sociedades culturalmente complejas.
Esta consideración es válida para la historia colonial de la América hispana y dicha complejidad ha hecho que nuestro conocimiento sobre las relaciones entre algunos de sus diversos componentes culturales no sea del todo satisfactorio.
Por eso este libro de Rachel Sarah O'Toole es un acierto al abordar las relaciones entre africanos e indios (el orden es de la autora) en el Perú colonial.
El título del libro no tiene ninguna precisión temporal ni territorial, aunque al comenzar su introducción la autora aclara que tratará del «largo» siglo XVII y en la lectura del texto se comprueba, por otra parte, que la mayor parte de la investigación se centra fundamentalmente en el norte del virreinato peruano y, más concretamente, en la costa.
A pesar de esta limitada experiencia, en algún momento, quizá llevada por el calor puesto en la defensa de su argumentación, O'Toole asegura que «casta categories were vessels the majority of inhabitants of Spanish America shaped according to their own boundaries or obligations...» (p.
168; las cursivas son del comentarista).
Al margen de que el sentido y el significado de «casta» no fue el mismo en todos los distritos de las Indias (ver, por ejemplo, Venezuela), la afirmación supone un arriesgado ejercicio de extrapolación para tratar de consolidar una de sus conclusiones.
De las relaciones entre la diversidad de componentes culturales que integraban la sociedad colonial peruana, la interacción entre indígenas y africanos es una de las peor conocidas.
Por eso es muy oportuno el trabajo de R. S. O'Toole al enfrentar los clichés que existen sobre la relación entre estos dos componentes sociales, expresándolo en términos muy simples.
Éstos quedan perfectamente representados en las ilustraciones que la autora ha seleccionado de la obra de Felipe Huaman Poma de Ayala, muy oportunamente, y que se reproducen en las pp. 158 y 159.
La idea de que las relaciones entre indios y africanos eran conflictivas, asumida implícitamente con frecuencia de esta forma tan elemental por una parte de la historiografía, es afrontada en el libro de forma inteligente por O'Toole.
Partiendo de la base de que la posición de ambos componentes en la realidad colonial era diversa, tanto desde el punto de vista económico como jurídico, el análisis de la documentación utilizada por la autora deja claro que la interacción entre ambos, así como con el poder colonial representado por las instituciones políticas pero también por los colonizadores, era muy rica, variada y no siempre conflictiva, lo que obliga a replantear en el futuro cualquier prejuicio en este sentido.
Una observación cabe hacer en relación con el marco cronológico del trabajo, que no es justificado por la autora.
No se trata de una cuestión sin importancia en la medida en que algunas de las observaciones que la autora detecta para el siglo XVII se producían ya en la centuria anterior.
Iniciar la investigación a comienzos del XVII, sin explicar por qué, deja de lado el origen de ciertas realidades que podría ser relevante analizar para ampliar sus planteamientos.
La diversidad interna en el interior de la sociedad indígena, por ejemplo, la relación activa de algunos de sus sectores con mecanismos económicos y con instancias jurídicas coloniales era clara ya en el XVI, al margen de la vigencia o no del concepto de casta, que, como se verá, es central en su estudio.
Merecen recordarse en este terreno las iniciativas de algunos curacas que, a los pocos años de la conquista, firmaban escrituras de compañías mercantiles con encomenderos para llevar a cabo alguna actividad económica colonial, como se comprueba en la sección de Protocolos del Archivo General de la Nación.
En esta misma línea, las relaciones con la iglesia, en sus diferentes niveles, de aquellos mismos sectores indígenas y otros también fueron muy activas ya en el siglo XVI.
Moviéndose en la realidad colonial, O'Toole se desenvuelve, como es lógico, en los ámbitos de la demografía -aunque sin excesivas referencias cuantitativas-; del mercado laboral y la demanda de fuerza de trabajo -tanto indígena como esclavo-en diversas actividades de la economía; del valor de mercado de los esclavos -tomando como referencia Trujillo-, así como de su origen, con dos gráficos oportunamente comentados (pp. 171 y 172); y, en general, puede decirse que los casos que la autora describe y analiza están adecuadamente contextualizados.
La estrategia del trabajo en el estudio de casos es más bien extensiva que intensiva, lo que a veces despierta dudas acerca de la validez de algunas deducciones a partir de ejemplos no seriados.
El problema que aborda O'Toole es el de raza y casta.
IX afirma que su proyecto comenzó preguntando cómo funcionaron la raza y el racismo en la América Latina colonial y que, aunque no ha contestado completamente sus preguntas -esta afirmación es suya-, ha aprendido mucho en el proceso del estudio.
1, se pregunta cómo los africanos se convirtieron en «negros» y los andinos se convirtieron en «indios».
Pero para la autora, que trabaja fundamentalmente con documentación judicial, «Casta did the work of race.
El concepto casta se constituye así en la clave del trabajo de O'Toole y advierte que no era lo mismo que los conceptos modernos de raza o racismo (p.
164), aunque este esfuerzo no aclara completamente la comparación que establece en la frase anterior.
Una de las principales contribuciones del libro es comprender cómo el término casta comunicaba «situaciones legales, no solo raza o clase, o cómo los historiadores han glosado hasta ahora estas categorías» (p.
De nuevo, esta aportación supuestamente aclaratoria de O'Toole remite a una discusión en términos de análisis sobre la base de conceptos como clase.
No es éste el lugar para profundizar en ella y discutir cuáles de los diversos significados del concepto «clase» que han ofertado la sociología liberal o el materialismo histórico han estado usando los autores que han estado en esta discusión.
Pero si el término clase plantea estas dificultades, el concepto «casta», por su parte, no forma parte del acervo conceptual actual en el análisis de las sociedades latinoamericanas.
Manejar este concepto, que era utilizado por los sectores dominantes de la sociedad colonial para comprenderse a sí misma y que tenía matices diferentes en distintas áreas de la colonia, como ya se indicó, equivaldría a que los cardiólogos de hoy utilizaran los conceptos de los galenos medievales cuando observaban el corazón.
Y si, en todo caso, se toma el término solo como un indicador de cómo se veían ellos mismos, hay otros factores mucho más relevantes para comprender cómo se movían y se veía a los andinos y a los negros en la sociedad colonial.
Finalmente, conviene destacar que, con el énfasis puesto en el término casta, O'Toole resta valor a análisis que estudian diversas formas de resistencia al sistema colonial, como fugas, reproducción de formas culturales y hasta la violencia (recordar trabajos de Steve Stern o Thierry Saignes, por ejemplo) y prefiere entender que, a partir de la aceptación del término casta -«casta constructed from Below»-los andinos y africanos usaban dicha categoría para optimizar sus situaciones y así contribuían a reproducir el sistema colonial (p.
En todo caso, y pese a algunos de estos puntos discutibles, el trabajo de Rachel Sarah O'Toole aporta valiosa información y sugerentes perspectivas, lo que hace del libro una investigación recomendable.-ANTONIO ACOSTA RODRÍGUEZ, Universidad de Sevilla.
Rodríguez-Sala, María Luisa y Martínez Ferrer, Luis (coords.): Socialización y religiosidad del médico Pedro López (1527-1597): de Dueñas (Castilla) a la ciudad de México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales (Serie: Los Médicos en la Nueva España), 2013, 254 pp.
Los profesores Rodríguez-Sala (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México) y Martínez Ferrer (Pontificia Università della Santa Croce, Roma), nos ofrecen en este volumen un interesante estudio sobre la figura de Pedro López, médico del siglo XVI novohispano, aportando nuevos datos y análisis a lo ya publicado sobre este importante personaje.
Destacamos, entre otros, el artículo de Richard E. Greenleaf, «"Padre de los Pobres": Dr. Pedro López of Sixteenth-Century Mexico», en Colonial Latin American Historical Review, 8-3, 1999, 257-271; la edición de Natalia Ferreiro y Nelly Sigaut, «Testamento del "fundador" Dr. Pedro López.
Documentos para la historia del Hospital de San Juan de Dios», en Historia Mexicana, 217, 2005, 145-201; el libro de María Luisa Rodríguez Sala y otros, Los cirujanos de hospitales de la Nueva España (siglos XVI y XVII): ¿Miembros de un estamento profesional o de una comunidad científica?, Universidad Nacional Autónoma de México (Serie «Los cirujanos en la Nueva España», VI), México, 2005; y el trabajo de Luis Martínez Ferrer, «La preocupación médica y religiosa del doctor Pedro López por las personas de raza negra de la ciudad de México (1582-1597)», en Anuario de Estudios Americanos, 65-2, Sevilla, 2008, 71-89.
En el prólogo de esta obra se señala que el doctor Pedro López es un ejemplo de médico del siglo XVI.
En realidad, fue mucho más que un buen médico como aparece reflejado en el libro, puesto que tuvo un importante papel en otros ámbitos como, por ejemplo, en la Universidad de México y, en general, en la naciente sociedad de la ciudad de México, lo que le llevó a colaborar con el cabildo de la ciudad, siendo visitador y protomédico, y a realizar diversas actividades caritativas y religiosas.
Sus padres fueron el bachiller Rodrigo López y Ana Gómez.
Estudió medicina en Valladolid y se casó en 1547 con Juana de León con la que tuvo seis hijos, dos de ellos sacerdotes.
En 1549 cruzó el Atlántico, por primera y última vez en su vida, para ir a cuidar a dos hermanas, Francisca y Ana, que se hallaban desamparadas al quedar viuda una de ellas, y se estableció en Puebla de los Ángeles dónde ellas vivían.
En 1553 se trasladó a la ciudad de México, posiblemente con motivo de la apertura de la Universidad, donde convalidó su licenciatura en medicina y fue uno de los primeros en lograr el título de doctor.
En 1554 llegó a México su mujer y los dos se establecieron definitivamente en las tierras de Nueva España, teniendo un destacado papel en la sociedad novohispana.
Desde ese momento hasta su muerte en 1597 Pedro López desarrolló una actividad prodigiosa en muy diversos ámbitos (profesional, académico, religioso, comercial), teniendo una notable incidencia en la vida de su comunidad a la que siempre procuró servir con espíritu católico.
El primer capítulo del libro es un estudio general de la vida del doctor Pedro López titulado «Pedro López de Medina: vida familiar, profesional y religioso-filantrópica» (p.
25-77), escrito por la profesora Rodríguez-Sala.
Es el artículo más largo del libro y en él se describe brevemente toda la polifacética vida del doctor López.
Rodríguez Sala ha realizado un gran trabajo bibliográfico y de investigación que le permite escribir con claridad y profundidad sobre un personaje que es al mismo tiempo sencillo de entender, por la coherencia vital de todo su comportamiento, y también complicado, por la gran variedad de tareas que llevó a cabo.
Destaca en este artículos, por su originalidad, la descripción de su implicación en el mundo académico y su relación con el cabildo de la ciudad.
El segundo capítulo, escrito por José Abel Ramos Soriano (INAH, México), se titula «Pedro López, ¿mal cristiano?» (p.
En él se detalla la denuncia que sufrió Pedro López en 1571 ante la Inquisición porque presuntamente tenía en su casa un crucifijo entre mucha suciedad y basura.
A partir de este caso, Ramos Soriano describe cómo era el funcionamiento de la Inquisición en esa época, ofreciendo, además, una transcripción directa de la acusación (p.
Por fortuna para el doctor Pedro López el caso fue abandonado rápidamente ante la falta de pruebas.
En el tercer capítulo Martínez Ferrer se centra en una cuestión poco estudiada en la bibliografía como son las vinculaciones directas del personaje con la Santa Sede.
El capítulo se titula «Pedro López y la Santa Sede» (p.
123-148) y en él se presentan las peticiones que López realizó a la Santa Sede en diversos momentos y las respuestas que tuvieron estas propuestas.
En ellas se manifiesta la religiosidad de Pedro López que le llevó a preocuparse por cuestiones litúrgicas, lo cual era y es poco frecuente entre los laicos católicos.
Por otro lado, es muy interesante el hecho de que un laico tuviese una relación directa con la Santa Sede, sin que la corona española lo impidiese, ni controlase de ninguna forma.
Quizás se ha exagerado un poco la importancia del regalismo, lo cual ha llevado a que se estudien poco estas relaciones directas de los fieles novohispanos con la curia romana, que fueron más numerosos de lo que la teoría regalista nos ha llevado a pensar.
El cuarto capítulo es también del profesor Martínez Ferrer, y trata sobre un tema más conocido como son los memoriales que presentó Pedro López al Tercer Concilio Provincial de México de 1585 (p.
En este capítulo se presentan de forma ordenada y sistemática los memoriales, y la respuesta que dieron a ellos los padres conciliares que respetaban mucho las opiniones del doctor López.
Como es sabido, los temas de los memoriales son muy variados: van desde la propuesta de creación de una cofradía para la evangelización de los negros y mulatos, consultas sobre la moral de algunas prácticas comerciales o la petición de que la fiesta de San Roque fuese fiesta de precepto en Nueva España.
Del mismo autor es el capítulo «Pedro López y los negros y mulatos de la ciudad de México (1582-1597)» (p.
179-213), en el que se estudia uno de los aspectos más importantes del personaje: la preocupación por la salud humana y espiritual de los grupos más desamparados de la sociedad.
Es muy conocida la labor de Pedro López como fundador de dos organizaciones hospitalarias: San Lázaro (1572) para los leprosos, y Los Desamparados (1582) dirigido a negros, mulatos, mestizos y niños expósitos, que no contaban con ninguna estructura sanitaria donde pudiesen ser atendidos.
El doctor Pedro López también se interesó por su cristianización, organizando sermones cuaresmales en el propio hospital, y presentando una propuesta de una cofradía para ellos al concilio, que no fue aceptada posiblemente por miedo a que las reuniones pudiesen dar ocasión a revueltas.
El último capítulo, escrito por la profesora María Pilar Martínez López-Cano, lleva por título: «Pedro López de Medina y la moral mercantil de su tiempo» (p.
En este capítulo se estudia un aspecto muy interesante de la vida de Pedro López: su participación en la actividad comercial novohispana, y las dudas de conciencia que le surgieron ante algunas prácticas comunes en la época, y que le llevaron a consultar su legitimidad aprovechando la convocatoria del Tercer Concilio Provincial Mexicano de 1585.
Estas consultas tienen un gran interés porque nos permiten conocer cómo eran algunos de los usos comerciales y crediticios del momento, y también cómo eran vistas por los moralistas contemporáneos.
Algunas de estas prácticas eran novedosas, y los consultores del concilio tuvieron que estudiarlas a fondo para poder discernir acerca de su legitimidad.
Hay que señalar también que dentro de los diferentes estudios sobre el galeno novohispano, se echa en falta un capítulo centrado en su trabajo profesional como médico, aunque en el libro se mencionan diversas manifestaciones propiamente médicas, como la atención sanitaria de los dominicos y de los compañeros cofrades, la fundación de los hospitales o su labor como protomédico, pero quizás se podría haber profundizado un poco más en las tareas que realizaba como médico en su consulta privada, o en la atención de los hospitales.
En resumen se puede decir que en el libro se ofrece una aproximación a la figura de Pedro López desde diferentes aspectos, lo cual es muy acertado debido al carácter polifacético del personaje.
Los diferentes estudios aportan nuevas luces sobre la figura de Pedro López y, en general, sobre toda la sociedad novohispana de finales del siglo XVI.
En este sentido, es especialmente interesante la preocupación social del personaje por los sectores marginados de la sociedad de la ciudad de México, y sus inquietudes religiosas que manifiestan también, de alguna forma, el papel que tenía la iglesia en aquella época como rectora de la vida comunitaria.-JESÚS VIDAL, Pontificia Università della Santa Croce, Roma.
Serrano Mangas, Fernando: Los tres credos de don Andrés de Aristizábal.
Ensayo sobre los enigmas de los naufragios de la Capitana y la Almiranta de la Flota de Nueva España de 1631, Xalapa, México, Universidad Veracruzana, 2012, 242 pp.
El libro que reseñamos aquí constituye un nuevo trabajo de Fernando Serrano Mangas al que puede calificarse como uno de los mayores expertos, no solo a nivel nacional, sino internacional, en la historia de la carrera de Indias.
Dentro de este apasionante campo de estudio, el profesor Serrano Mangas ha dedicado anteriores obras a diferentes aspectos de las comunicaciones transoceánicas, como por ejemplo la tipología de las embarcaciones: Galeones de la Carrera de Indias.
1650-1700 (1986) o Función y evolución del galeón (1992); a la carga de metales preciosos y su impacto en la economía española y europea: Armadas y flotas de la plata (1989); y sobre todo, a la que considero una de las temáticas más interesantes y apreciadas por el autor: los naufragios de embarcaciones y su rescate, sobre cuyo asunto ya había publicado en el año 1991 su obra: Naufragios y rescates en el tráfico indiano en el siglo XVII.
En este nuevo libro Serrano Mangas aborda y resume todos los temas que le han sido gratos a los largo de su trayectoria profesional como investigador de historia naval: nos habla de los tipos de barcos; de las gentes que los mandaban y tripulaban; de su armamento, en especial de sus cañones; de las rutas que seguían las embarcaciones; de los cargamentos que transportaban y sobre todo, de cómo aquellos buques naufragaban y dónde podrían hoy encontrarse para poder rescatarlos.
El hilo conductor será el naufragio del galeón «Nuestra Señora del Juncal» ocurrido en 1631 cerca de Campeche, una embarcación que en el momento de su hundimiento ejercía de almiranta de la flota de la Nueva España y que antes había sido la capitana de una flota comandada por el general Miguel Echazarreta, pero que tras la muerte de este marino en el viaje de ida, pasó a enarbolar la enseña del almirante don Andrés de Aristizábal, a cuyo mando estaba cuando se hundió en las cercanías de la costa yucateca.
La obra consta de un largo apartado, que el autor denomina «antecedentes» y que en realidad es equivalente a un primer capítulo, aunque no se le conceda el honor de llevar ese número de orden.
Sin embargo, en esos «antecedentes» el autor nos traslada, de una manera que solo puede hacer un gran conocedor del tema, al momento histórico en que salió aquella desgraciada flota, que había sido, además, la sucesora de otra no menos desgraciada, la que bajo la dirección del general Benavides Bazán fue capturada en Matanzas el año 1628 por los holandeses de Piet Hein.
La obra nos detalla los pormenores de aquellos convoyes, como por ejemplo cómo se ejecutaban los cambios de mandos, con los solemnes traslados de los estandartes de los almirantes y generales, pero sobre todo, comienza a introducirnos en la personalidad de aquellos hombres que se jugaban la vida en un oficio tan peligroso y nos va llevando lentamente hasta el fatal momento en que, en efecto, cerca de 300 tripulantes y pasajeros se hundieron con su barco el 31 de octubre de 1631.
Fueron muchos los que perecieron entonces, pero no todos.
Se salvaron en una barca 39 personas, que fueron más tarde rescatadas por un patache y llevadas a tierra.
Las declaraciones de los supervivientes, como el contramaestre Francisco Granillo o un fraile de San Juan de Dios, del que se conservó su testimonio pero no su nombre, le sirven al autor para, en los quince capítulos en que se divide el libro, recomponer paso a paso la tragedia.
En ellos, hay que reconocerlo, prima un objetivo prioritario: determinar el lugar exacto del hundimiento, con vista a su posible rescate arqueológico.
A esta tarea se dedican, posiblemente, los mayores esfuerzos del autor, que llega a convertir las declaraciones de los testigos en auténticas fórmulas matemáticas con espectaculares raíces cuadradas, no muy comunes en los libros de historia.
Así tratará de dilucidar a cuantos kilómetros de la costa se hundió el buque escogiendo entre la maraña de datos, no siempre coincidentes y además recogidos en leguas y grados, sin olvidarse de tener en cuenta las variables de visibilidad en el mar o la altura del punto de observación.
Además de todo esto, el profesor Serrano, que sabe perfectamente que los cañones de bronce son una de las mejores formas de identificar cualquier pecio, colabora con los futuros arqueólogos submarinos proporcionándoles una información valiosísima sobre la artillería del buque, así como sobre los atractivo de su cargamento, uno de los más ricos que siguen guardando los mares de las Indias Occidentales.
Con todo y con ser el punto focal de la obra el ayudar a futuros investigadores a encontrar esa mina de información, además que de tesoros, que es siempre un pecio, Fernando Serrano no se pude resistir a ocuparse de lo que un historiador considera su principal elemento de atracción: la reflexión sobre la condición humana y su posición ente la vida y la muerte.
Así, al mismo tiempo que nos habla de latitudes y longitudes; de derivas y abatimientos; de leguas y grados; de delimitaciones de áreas del naufragio y de distancias a la costa, conocemos las ambiciones y los miedos, los sufrimientos y las esperanzas de los protagonistas de aquel luctuoso suceso.
En esto último estriba, en mi opinión, el mayor aporte del libro: en sus especulaciones sobre lo divino y lo humano, sobre lo sublime y lo ridículo de la condición humana.
Por eso el autor escogió la portada que presenta el libro: nada más y nada menos que uno de los lienzos de las llamadas «postrimerías» de Valdés Leal que se encuentran colgados en la iglesia de la Caridad de Sevilla, concretamente el titulado Finis gloria mundi, que muestra a la barroca manera del siglo XVII la fugacidad de la vida mediante los cadáveres putrefactos de altos personajes.
Así también se acaba por entender el enigmático título que lleva el libro y que hace referencia al otro cuadro de Valdés Leal en la Caridad de Sevilla: In icto oculi.
Es decir, que en un abrir y cerrar de ojos puede llegar la muerte.
De esta manera, por fin llegamos a saber que los tres credos del almirante Aristizábal se refieren a la declaración del anónimo fraile de San Juan de Dios, que como buen religioso, medía el paso del tiempo por la duración de las oraciones: «esta desgracia duró como tres credos».
En resumidas cuentas, se trata de una obra que puede responder a múltiples intereses: a los de los arqueólogos submarinos (y me temo que también a los de algún que otro cazatesoros); a los de los especialistas en la carrera de Indias en particular y de la historia naval en general y a los que disfruten al leer la obra de madurez de un historiador, llena, al menos en su introducción, de referencias literarias; una obra que seguro apasionará a los que les interese reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana.-PABLO EMILIO PÉREZ-MALLAÍNA BUENO, Universidad de Sevilla.
Valle Pavón, Guillermina del: Finanzas piadosas y redes de negocios.
La larga y sólida trayectoria investigadora de la Dra.
Del Valle en el ámbito del consulado, las redes comerciales y el crédito novohispanos avalan la relevancia y calidad de esta nueva obra concluida el mes de diciembre del 2012.
No en vano había ido facilitando avances en sus trabajos sobre el papel de las corporaciones religiosas en los empréstitos negociados por el consulado de México; sobre los negocios y redes tanto familiares como sociales de destacados mercaderes, comerciantes, hacendados o empresarios en varios ramos; sobre el apoyo financiero del consulado de comerciantes a las guerras mantenidas por la metrópoli, así como las resistencias a conceder créditos a la corona como forma de presión para continuar manteniendo sus privilegios corporativos en el último tramo del setecientos.
Gran conocedora del funcionamiento económico y financiero en la última etapa colonial, nos introduce con mano maestra ya desde las primeras páginas de su estudio en la conjura acaudillada por el mercader de origen vizcaíno Gabriel de Yermo, que condujo a la deposición de José de Iturrigaray como virrey de Nueva España (15 de septiembre de 1808) desde una perspectiva original.
Si bien el hecho diferencial del derrocamiento del mandatario, único y singular en el ámbito colonial, se ha abordado tradicional y repetidamente por parte de los historiadores contemporáneos desde el punto de vista político, aduciendo diversas razones conectadas tanto con el clima de inestabilidad en todos los ámbitos de la monarquía hispánica como con la asunción de la propuesta autonomista del ayuntamiento mexicano por parte del virrey y la consiguiente reacción de relevantes grupos de poder (desde la audiencia al arzobispado y gran parte del consulado de México) respaldados por miembros de la junta suprema, la autora trasciende el contexto político y el recurso al enfrentamiento entre criollos y peninsulares para centrar la estrategia explicativa de la conjuración en el papel decisivo que tuvieron las cuestiones de índole económica, más en la línea de la literatura económica coetánea de los hechos.
En efecto, tras el lúcido capítulo introductorio, Guillermina del Valle se propone (y consigue) demostrar a través de una obra impecable por sus fuentes, sus métodos, sus argumentos y sus conclusiones, la relevancia de las medidas económicas que granjearon al virrey José de Iturrigaray «la animadversión de un considerable número de miembros de la elite, entre los que se encontraban los mercaderes consulares que lo depusieron».
Para ello se vale de un conocimiento exhaustivo de la bibliografía disponible y de una ingente documentación inédita, exhumada de muy diversos depósitos (Archivo General de la Nación, Archivo General de Notarías de la ciudad de México, Archivo Histórico del Distrito Federal, Archivo General de Indias, Archivo General de Simancas, Biblioteca Nacional de España y Biblioteca Nacional de México).
Así, el derrocamiento con el que culmina el proceso del cuatrienio minuciosamente estudiado (1804-1808) se convierte más que en un mero hecho político (un golpe de estado guiado por la audiencia y perpetrado por Yermo y los comerciantes consulares), en un movimiento potenciado o desencadenado por el crash económico gestado en estos cuatro años cruciales a causa de la adopción de una serie de medidas de política económica, que se erigen en catalizadoras de la debacle: la hostilidad contra la caja de consolidación de los vales reales, la oposición a pagar la deuda tributaria derivada de la producción de aguardiente y el descontento por las limitaciones impuestas al abastecimiento de carne a la ciudad de México.
Pese a la complejidad de la trama, el discurso (de una claridad diáfana) y el orden expositivo (de perfección cartesiana) nos procuran en el primer capítulo un acercamiento al original funcionamiento del sistema crediticio de Nueva España, en el que los préstamos de las cofradías y obras pías adquirieron un papel protagonista.
Los fondos del AGN le han permitido reconstruir de manera muy detallada el comportamiento de algunas de las cofradías que estaban implicadas de forma directa en el singular sistema crediticio eclesiástico, que transfería sus capitales en forma de préstamo a los labradores, ganaderos y mercaderes, quienes los utilizaban para sus negocios avalándolos con sus bienes raíces y pagando religiosamente (nunca mejor dicho) los intereses devengados a las instituciones eclesiásticas.
El segundo capítulo nos introduce en la composición de los grupos que se movilizaron contra el virrey, abarcando los intereses mercantiles comunes, los lazos de parentesco y las afinidades del paisanaje (puestos en evidencia frente al solo rótulo de la actividad económica o del estatus social), gracias a los datos aportados por los fondos del AGNM, que han propiciado la reconstrucción de los vínculos que mantenían entre sí los grupos acomodados de la sociedad que manejaban los distintos sectores de la economía (explotaciones agropecuarias, abastos de productos básicos, minería, comercio interior y exterior).
Metodológicamente se han empleado tanto los instrumentos clásicos de análisis de las estructuras socioeconómicas como los de las redes de sociabilidad, ilustrados por gráficos que resumen los complejos haces de relaciones trabadas entre los distintos mercaderes y hacendados.
El capítulo tercero recoge los motivos del descontento de buena parte de la oligarquía mexicana contra las medidas económicas del virrey, con especial atención a las acciones de la caja de consolidación de los vales reales, verdadero núcleo en torno al cual gira la argumentación de la obra.
Las «finanzas piadosas» del título del libro son la base de un particular sistema de crédito que llega a definirse como «la principal fuente de financiamiento de la economía colonial» en su funcionamiento de tipo circular (los comerciantes que fundaban capellanías y obras pías, frecuentemente a favor de sus propios familiares, eran también los beneficiarios de los mismos fondos a través de los préstamos de las cofradías).
Este sistema sufrió una formidable arremetida en 1804 al dictarse la real orden para la consolidación de los vales reales en los reinos de Indias, con el objeto de pagar el subsidio prometido por Carlos IV a Napoleón mediante el mecanismo de incautar los inmuebles y los efectos de las instituciones piadosas, cuya consecuencia fue la completa desorganización del aparato crediticio que sostenía la actividad económica en México.
La oposición radical a la caja de consolidación provino de los más diversos sectores, los cuales han sido analizados con todo lujo de detalles por la autora.
A la protesta del ayuntamiento de la ciudad de México y del tribunal de minería, siguió la «Representación de los labradores y principales de la ciudad de México» y la adhesión al memorial de los hacendados azucareros de los valles de Cuernavaca y Cuautla, y luego llegó la oposición de las propias instituciones eclesiásticas, que veían mermado su patrimonio y que se quedaban sin fondos para las parroquias y para las obras pías (atención a enfermos, presos, huérfanos y otros desvalidos).
Todo un amplio abanico de damnificados, caldo de cultivo de un poderoso frente opositor.
El cuarto capítulo se ocupa de la participación en la conspiración contra el proyecto autonomista de un considerable sector del consulado de México, apoyado por un representante de la junta suprema de Sevilla, y el derrocamiento del virrey llevado a cabo por la real audiencia de México.
Aquí se analizan las actitudes y posicionamientos de los consulados de México y Veracruz, que conducen el proceso desde una protesta generalizada hasta la adopción de una postura beligerante, a cuya cabeza se puso el consulado de México proporcionando al movimiento la figura de su principal ejecutor y otros setenta miembros determinados a acabar con la caja de consolidación, quedando trazado con solvencia el puzzle económico, social y político que condujo a la destitución del virrey.
Por otra parte, la actuación de Iturrigaray, como presidente de la junta superior de consolidación, respondió a lo que se esperaba de un probo funcionario celoso cumplidor de las disposiciones reales, que aplicó estrictamente, de modo que la recaudación total por dicho concepto ascendió a diez millones y medio de pesos en tres años.
La consolidación se unió además a otra serie de agravios: el descontento de los tratantes de ganado por el nuevo impuesto sobre los animales sacrificados, la negativa de los fabricantes de aguardiente al pago de los derechos atrasados y el distanciamiento de los comerciantes del consulado por la autorización del comercio de neutrales, por el abandono de la defensa del puerto de Veracruz frente a los ingleses (traslado de los efectos mercantiles a Jalapa) y por el gravoso mantenimiento del llamado «regimiento de comercio».
El triunfo de los conjurados significó el fin de la recaudación determinada por la ley de consolidación y la cancelación de otros impuestos (entre ellos el que gravaba a las capellanías).
La edición se completa con un breve capítulo conclusivo donde se recogen todos estos argumentos, un índice geográfico y un índice onomástico, que junto a los espléndidos cuadros que ilustran cada uno de los capítulos, constituyen un tesoro de información a disposición de todos los interesados en la materia.
En definitiva, las dificultades de abrirse camino en el dédalo de las contabilidades eclesiásticas y de los protocolos notariales demuestran la profesionalidad y precisión de un trabajo científico tan costoso en esfuerzo y tiempo como ejemplar en el rigor de la metodología y de la interpretación de los datos obtenidos.
Hechos todos que confirman la gran capacidad inves tigadora de Guillermina del Valle para resolver de modo novedoso la inmensa mayoría de los interrogantes que rodean esta compleja parcela de la historia mexicana.-MARINA ALFONSO MOLA, UNED, Madrid. |
La globalización del libro
El libro como bien cultural (y económico) de intercambio en las redes atlánticas ha sido objeto de múltiples enfoques y análisis.
En un breve lapso de tiempo el interés por el tráfico atlántico de libros desde Europa a América ha contado con notables aportaciones que enriquecen el panorama conocido.
Los estudios del trasvase de libros ingleses a las Trece Colonias y el intercambio de ideas y tecnologías de la imprenta y la ilustración con los territorios independientes norteamericanos son abundantes y han enriquecido el panorama historiográfico.
1 Así mismo algunos trabajos recientes centrados en la historia cultural y el trasvase de libros europeos a los territorios de los virreinatos americanos 2 revelan una trayectoria historiográfica interesante y cada vez más consolidada.
González Sánchez, en su trabajo New world literacy.
Writing and culture across the Atlantic, 1500-1700, analizó el papel de la cultura escrita utilizando fuentes literarias, crónicas y documentos históricos, logrando articular una síntesis que revela el papel clave de la cultura escrita en las tramas de poder de la Corona española.
Los trabajos incluidos en el libro colectivo editado por Howsam y Raven, Books between Europe and the Americas: Connections and Communities, se centraron en los agentes que actúan como intermediarios de las comunidades de lectores a ambos lados del Atlántico.
Estos estudios permiten analizar las conexiones y las comunidades de lectores en el ámbito de la América del Norte.
Un texto interesante y complementario de los anteriores es el libro colectivo reunido por Delmas y Penn, Written culture in a colonial context: Africa and the
Americas, 1500-1900, centrado en el papel de la cultura escrita y las conexiones con el mundo africano.
De este modo las relaciones de las diferentes partes del mundo que ofrecen estas tres obras han logrado ampliar la panorámica de la difusión de la escritura, los textos y la lectura en una red de conexiones que tienen el Atlántico como hilo común.
Este dossier intenta, en ciertos aspectos, contribuir a enriquecer la mirada sobre estos intercambios, sus agentes, los circuitos y el mercado del libro.
Es fundamental conocer mejor los mecanismos (y costes) del tráfico de libros, la disponibilidad (o la ausencia) de determinados títulos y las relaciones de oferta y demanda, así como el papel que juegan los profesionales del libro, los mercaderes y los lectores.
La circulación de libros no fue, en modo alguno, meramente unidireccional desde Europa a América.
En los trabajos reunidos aquí se ofrecen pistas sobre las condiciones de la transferencia de libros que nos permiten delimitar, a través de análisis de aspectos concretos, cuál fue el impacto del tráfico de libros en las redes de intercambio europeas y americanas, y muy especialmente en estas últimas que paulatinamente fueron tomando una parte de las riendas del abastecimiento.
Es interesante comparar las líneas de trabajo sobre los diferentes territorios e imperios, que podrían fácilmente mostrar aspectos relevantes (y comunes).
Los primeros testimonios de envíos de libros apuntan a unos usos limitados a la educación y el ocio, como las 138 «cartillas para leer moços» enviadas a La Española en 1505, la llegada de algunos lotes de libros para su distribución en las islas y las primeras fundaciones de Tierra Firme y al abastecimiento de los religiosos y sus nuevos centros.
3 Esta situación se transformaría paulatinamente con el asentamiento en las ciudades de los colonos, la creación de centros educativos y la circulación de los textos en manos de peninsulares, criollos e indígenas.
El circuito atlántico facilitó el trasiego de libros abonando el terreno para una primera mundialización de los impresos, que comenzaron a resultar poco a poco más cotidianos en tierras americanas.
4 Las transacciones oceánicas se realizaron en un contexto de alto riesgo con una regulación de los puertos autorizados para embarcar mercancías, espacios de intercambio sometidos a un control aduanero y tiempos de carga y descarga delimitados por la negociación entre los agentes de la Corona y los mercaderes.
Los mercaderes de libros padecían la escasez de información, con un ritmo lento de comunicación entre las dos orillas del Atlántico, una notable escasez de medios de pago, que hacía depender del crédito una parte de las actividades, una temporalidad de la oferta de libros remitida a América, restricciones en los medios de transporte (y costes añadidos considerables), etc. Las cartas de pago pendientes de cobro de los archivos notariales revelan las dificultades de retorno a Europa de la plata que se esperaba cobrar por los impresos enviados y la aventura que, en ocasiones, suponía invertir en libros.
El paso de los peruleros que viajaron desde el virreinato del Perú para comprar mercancías en Sevilla muestra, por el contrario, la llegada de metales preciosos para adquirir impresos, lo que permitía obtener una liquidez rápida a los mercaderes de libros sevillanos.
Los negocios atlánticos muestran, en numerosas ocasiones, esas oportunidades y riesgos tanto de un lado como del otro, algo que era asumido como parte de los tratos y contratos en Indias.
El circuito de compra-venta a través del Atlántico muestra la necesidad de contar con instrumentos financieros, y la obligación de ceder mediante poderes notariales la posibilidad de cobrar las numerosas deudas de pago de libros, tanto de libreros como de particulares.
Este aspecto conviene resaltarlo, como pone de manifiesto Nora Jiménez, que estudia las quiebras comerciales como un aspecto que conviene tener presente para comprender las dificultades de asentamiento de los libreros en el México del siglo XVI.
Los riesgos y los beneficios de los negocios quedaban en manos privadas, limitándose en gran medida la Corona a controlar personas y mercancías, incluyendo a los libreros que viajaban a América y a los libros que se embarcaban regularmente en los navíos, como revelan las fuentes analizadas en el trabajo de Natalia Maillard.
Negocios atlánticos: el comercio de libros
Algunas de las consideraciones sobre el comercio del libro se han centrado en el estudio de los puertos de salida y llegada, las mercancías embarcadas y su volumen.
Estos esfuerzos descriptivos y cuantitativos siguen resultando esenciales para contar con un marco global de los fenómenos ligados al tráfico de libros.
5 A esta línea de estudio se suma el incremento de las investigaciones sobre intermediarios y mediadores, para finalmente conectar estas redes de intercambio atlánticas y los mecanismos comerciales que hicieron posible el tráfico internacional de libros.
Esta orientación ha permitido conocer mejor los centros de intercambio y los agentes que han participado.
6 El comportamiento económico de estos intermediarios relacionados con el mundo del libro ha sido estudiado en menor medida, aunque se han hecho esfuerzos en la reconstrucción prosopográfica y el conocimiento de sus actividades.7 Y especialmente se estudian los mecanismos de relación entre los diferentes centros de intercambio y las periferias que se abastecen en los principales centros productores y de distribución europeos, pero también en las grandes ciudades virreinales, aspectos que han sido analizados en el caso español, pero no en el mundo americano.
8 El peso tradicional de los Consulados de Sevilla -más tarde Cádiz-, México (1603) o Lima (1614) permite entrever una compleja negociación de las flotas, las condiciones del comercio, la regulación del tráfico y el pago de impuestos.
Aspectos que afectaban al tráfico de libros ya que las estrategias de los grupos de presión delimitaron, al menos en parte, el marco jurídico y de relaciones económicas de las transacciones.
En este juego de estrategia entre la Corona y los comerciantes, los libreros e impresores jugaron un papel accesorio, aunque en todo momento padecieron sus consecuencias y, sin duda, necesitaron tanto a las instituciones ligadas a la carrera de Indias como a los negociantes dedicados al tráfico internacional.
Estos últimos les facilitaron sortear los diferentes sistemas de control y transferencia de mercancías.
También algunos libreros ante la necesidad de formalizar su situación como cargadores a Indias llegaron a matricularse en el consulado sevillano, como fue el caso de Pedro de Santiago o Juan Salvador Pérez.
De este modo podían participar en el complejo sistema de dependencias entre la Casa de la Contratación y los mercaderes.
Los conflictos de los libreros por el cobro del almojarifazgo de Indias, que recoge N. Maillard, revelan la delicada situación de los mercaderes de libros, que debían defenderse y reclamar contra las autoridades que procuraban ampliar su recaudación.
La normativa sobre el pase de estos libros a América libres de derechos resultaba clara desde tiempos de los Reyes Católicos, con una voluntad de que los libros no fueran «pecheros» sino libres del pago de impuestos.
El mercado del libro: consumidores, mercaderes y libreros
El circuito atlántico plantea una serie de cuestiones esenciales sobre la disponibilidad de libros, cuántos, a qué precio y cuáles llegaban a los anaqueles y cajones de los libreros, y sobre el papel de los consumidores de textos y su capacidad para acceder directamente a este mercado.
El abastecimiento de territorios tan extensos como Brasil tuvo una base clave en Río de Janeiro, con dos tiendas abiertas en 1799, que se nutrían en gran medida, aunque no únicamente, a través del tráfico de libros remitidos desde Lisboa.
De igual modo los encomenderos de México y los peruleros de Lima y otras ciudades contaban con extensas redes de relaciones y acu dían a ferias regularmente, lo que les proporcionaba una base sólida para hacerse cargo de las peticiones de los consumidores americanos, un aspecto del que precisamente me ocupo en este dossier.
Esta mediación les otorgaba una capacidad de influir en la oferta y ajustar precios, que ayuda a entender su interés en el libro como mercancía, aunque estos bienes resultaban voluminosos y estaban sometidos a controles inquisitoriales que podían generar revisiones de los cajones en los puertos de salida y llegada, generando en ocasiones problemas añadidos.
Este fue el caso de Diego Crance a su llegada a Puebla de los Ángeles en 1680 con un cargamento de libros.
El comisario inquisitorial le permitió vender los textos ofreciendo incluso un local para que pudiera iniciar sus negocios, aunque eso sí se encargaría de recoger algunos impresos de historia y derecho, a pesar de que habían pasado sin dificultades el filtro del tribunal inquisitorial de Sevilla.
9 El cumplimiento de los contratos en el tráfico atlántico conllevaba, en todos los casos, notables riesgos ya que a los accidentes naturales y la piratería podían sumarse las quiebras de mercaderes y las situaciones de bancarrota.
Estos aspectos podían interferir la llegada de mercancías y reducir la disponibilidad de los textos en circulación.
La escasa producción local generó durante buena parte de la alta edad moderna una importación de libros que fue alimentada por el circuito de intercambio atlántico.
Esto favoreció que la oferta pudiera ser controlada desde Sevilla o Lisboa por los mercaderes de libros que jugaron un papel esencial en los intercambios, pero cabe imaginar que los mercaderes americanos, como es caso de los peruleros, tuvieron una voz propia al hacer lo mismo con la demanda, que podían conocer e intentar satisfacer a través de encargos o compras.
De igual modo las redes familiares y el asentamiento de profesionales del libro en territorios americanos favorecieron las redes de intercambio, logrando que los negocios tuvieran una dimensión internacional.
En algunos estudios se ha logrado reconstruir las redes familiares y su papel en el mundo del libro, este ha sido el caso de la familia Calderón en México, que logró consolidar su negocio durante generaciones, 10 o bien familias que comparten intereses a ambos lados del Atlántico y que utilizan algunas técnicas novedosas de venta publicando catálogos y anuncios en la prensa, como los que realizan los libreros de Buenos Aires. |
El auge de los estudios del libro que viene dándose desde la última década de la centuria pasada, ha dado lugar a una serie de trabajos sobre este objeto desde diversos puntos de vista -la impresión, el comercio y la circulación-a partir tanto de las fuentes que ya había rescatado la bibliografía histórica decimonónica, como a partir de nuevas exploraciones de archivo.
En el ámbito hispánico se ha destacado la figura de Sevilla como protagonista tanto por la producción de sus prensas como por el hecho de ser el nodo de enlace con el Nuevo Mundo, y el punto de salida de una serie de nuevas empresas tanto de impresión como de comercio.
A la vista de estos estudios sobre cómo se abrió para el libro un nuevo mercado en la otra orilla del Atlántico en el siglo XVI, me parece importante introducir algunos matices respecto de la diferencia entre la visión optimista que ofrece la documentación española y la que se puede encontrar del lado americano.
1 Este texto es una invitación a repensar datos sobre los comienzos del mercado novohispano de impresos que, aunque estén más o menos documentados desde hace algún tiempo, no se han articulado de la forma en que se hace aquí.
Nuestra primera observación es que a través de la documentación española con frecuencia tenemos la impresión de negocios crecientes o de inicios más alentadores de lo que a la postre resultaron.
Cuando los impresores emigran a las nuevas tierras impulsados por la esperanza de jugosas ganancias, nada permite predecir sus futuras desgracias, y esto es especialmente cierto en el caso de los artesanos de la estampa y en el de los mercaderes que pasan al Nuevo Mundo.
Después de todo, las Indias eran eso para los peninsulares: la promesa -siempre Dios mediante-de una vida más próspera, en donde los trabajos sufridos dieran frutos y en lo posible procuraran beneficios.
En ese sentido, la Sevilla en donde todas estas empresas tienen su punto de partida era un hervidero de expectativas alimentadas por el espejismo de ultramar.
Del otro lado del Atlántico, sin embargo, el panorama llegó a tornarse adverso para muchos y con frecuencia la documentación con que contamos existe precisamente por el fracaso estrepitoso de tan promisorios inicios.
Desde esa otra orilla, sobre 1 Como ejemplo de una visión de comienzos prometedores, véase por ejemplo González Sánchez y Maillard, 2003.
En contraste: un breve apunte acerca de que «las circunstancias no fueron del todo favorables para quienes emprendieron la aventura americana», en Álvarez Márquez, 2007, 238-239.
NORA E. JIMÉNEZ todo al comienzo, el negocio del libro se ve particularmente difícil y peligroso, aunque bien pudiéramos preguntarnos qué empresa comercial no lo era en aquellos tiempos.
También, en algunos casos, encontramos a los protagonistas del negocio de lo impreso conduciéndose o trabajando en situaciones de talante mucho menos glorioso de lo que la historia decimonónica le ha atribuido a la estampa y -por añadidura-al comercio de libros.
2 Si bien los dos aspectos del llamado ciclo del libro que tocamos aquí (la impresión y la comercialización) tienen problemáticas específicas, he resuelto tocar ambas en este texto para componer así una problemática común de los inicios de la introducción del libro en la Nueva España.
3 Un enfoque conjunto se justifica en la medida en que las complicaciones que encontramos más o menos hasta los años ochenta del siglo XVI son problemas compartidos por ambos giros.
Más adelante -cuando la normalización de las rutas de comercio por un lado, la presencia de la Inquisición por otro y la llegada de una nueva generación tanto de libreros como de impresores cambie las reglas del juego-impresión y comercio se reconformarán y presentarán una problemática diversa.
En esta etapa, que sin embargo se verá prolongada en las prácticas y condiciones de operación de algunos artesanos y comerciantes hasta casi finales de la decimosexta centuria, el trasiego comercial y la operación de imprenta presentan una misma problemática de fondo: la falta de liquidez y las dificultades de financiación.
En los principios que describimos, el ramo de la producción de impresos requiere de recursos para subsanar la falta de equipo material y humano y el del comercio sufre constantes trabajos para capitalizar el producto de las ventas, por lo que se encuentra en constante amenaza de bancarrota.
Tanto para equipar y lanzar las imprentas con recursos materiales y humanos, como para iniciar empresas comerciales, libreros y obreros de las distintas fases del proceso de impresión, merced a diversos accidentes de la vida, se vieron envueltos en el endeudamiento, a partir del cual era muy fácil arruinarse por completo.
Como veremos, la presencia de las deudas y de los problemas financieros era tan frecuente que bien podría considerarse como una condición normal de los negocios de esa época, condición que los fragilizaba enormemente.
Una de las causas del problema de percepción que hemos apuntado arriba acerca de la pujanza de los negocios emprendidos en el siglo XVI es la tendencia de las primeras investigaciones sobre los inicios de la imprenta -particularmente las elaboradas por la corriente erudita del siglo XIXa valorar superlativamente los inicios, por el solo hecho de serlos.
Reconociendo de entrada que ha sido esta corriente la que ha rescatado buena parte de la documentación novohispana disponible, hallamos en ella una tendencia a exaltar los comienzos precisamente por su calidad de primicias, sin llegar a elaborar una visión realista sobre las circunstancias técnicas y financieras concretas en las que se abrió el mercado del libro novohispano, a pesar de contar con los datos necesarios para hacerlo.
La historia de cuentas fallidas que quiero presentar como un contrapunto a esa optimista imagen sobre los mundos del libro en sus comienzos americanos bien puede comenzar con el ejemplo de la empresa iniciada con Juan Cromberger en Sevilla, la celebrada imprenta que a cargo de 4 Es el caso de las publicaciones clásicas de Joaquín García Icazbalceta, sobre los inicios de la imprenta novohispana, una de ellas citada abundantemente en este escrito.
Este notable erudito es para la bibliografía mexicana una figura tan importante como la de José Gestoso y Pérez para la bibliografía hispalense.
El tono casi apologético de su visión es tal vez proporcional a los esfuerzos realizados en la reconstrucción de la historia de la imprenta novohispana.
Con singular empeño, localizó en subastas y casas de antigüedades todos los ejemplares que salieron a la venta o que estaban en manos de coleccionistas privados con el propósito de reunir todas las noticias posibles.
Integró así una notable colección bibliográfica y documental -que actualmente forma parte de la Benson Latin American Collection, perteneciente a la Universidad de Texas-.
La Bibliografía mexicana del siglo XVI describe todos los ejemplares de que García tuvo noticia, incorporando información sobre variantes y acompañando cada entrada con noticias documentales y con reproducciones fotolitográficas de grabados y tipografía.
Juan Pablos de Brescia fue enviada a la ciudad de México en 1539.
Contra las apariencias, la historia de la imprenta sevillana de los Cromberguer que ha sido brillantemente reconstruida por Clive Griffin,5 no se parece en nada a la de la imprenta que prohijó del otro lado del océano y que, sin excepción, ha sido también encarecida por el hecho de haber sido la primera del continente.
Aunque no fue empresa fácil echar a andar una imprenta de tipos móviles en la otra orilla del Atlántico, el carácter inaugural de ese esfuerzo no dio lugar a una empresa demasiado competente ni muy productiva.
Recurriremos a los propios datos de Joaquín García Icazbalceta para apoyar esta aseveración, si bien aceptando por nuestra parte que la imprenta de Juan Pablos era más bien rudimentaria.
La sola comparación incluso con los productos de la casa madre nos mostrarían que los aparejos con los que el taller de Pablos fue equipado no estaban entre los mejores con los que la casa madre contaba.
Para la nueva fundación no se dispuso ni de tipos ni de grabados nuevos, sino que en buena parte se embarcaron precisamente materiales que ya habían sido suficientemente usados para la estampa sevillana.
En su trabajo sobre los grabados de la imprenta de Juan Pablos, María Isabel Grañén ha demostrado cómo Cromberguer envió entre los aderezos para el nuevo establecimiento planchas xilográficas que ya habían aparecido en impresiones anteriores,6 y el bresciano no vería una mejora significativa de sus avíos hasta que los mandó traer de la Península en 1550, ya fuera de la tutela de la casa sevillana.
El hecho de que Pablos fuera componedor (cajista) afirma el carácter básico del primer establecimiento editorial en tierras americanas: en su caso, lo importante era asegurar que alguien conociera el arte de la composición de las páginas con caracteres móviles y supiera hacer a un nivel elemental el armando la página en el marco de madera o rama dentro del cual se fija, pues la tirada o impresión propiamente dicha es una tarea un poco más mecánica.
En ausencia de una intención de cortar y fundir letras, ninguno de los operarios tendría los conocimientos de metalurgia que, por ejemplo, tendría Juan Ortiz, el artesano francés que trabajó junto con Pedro Ocharte, sucesor en la imprenta del bresciano.
7 El montar una imprenta requería de una gran inversión y suponía un fuerte endeudamiento.
Como ha señalado Clive Griffin,8 era necesario comprar las prensas y las matrices, pagar un local amplio y contratar y alimentar al menos tres o cuatro operarios (componedor o cajista, tirador y batidor, amén de la gente que manejaba los pliegos antes y después del procedimiento de estampa propiamente dicho).
Sobre todo, había que poder hacer la inversión necesaria en el papel que se usaría para hacer la impresión.
Cromberger tuvo el margen necesario para el financiamiento del taller novohispano, no sólo por la sólida situación de su imprenta sevillana, sino por sus inversiones en operaciones comerciales no necesariamente editoriales, como las que la casa de los Cromberguer llevaba a cabo desde los tiempos de las primeras asociaciones de su padre, Jacobo Cromberguer, con quien era su yerno, Lázaro de Nuremberg.
9 Griffin ha explicado la modestia del avío de la imprenta y su convicción de que el interés de esta operación no fuera tanto las ganancias de la impresión, sino el monopolio para la comercialización de libros, las concesiones de minas que obtuvo y la expectativa del favor de las altas autoridades virreinales que la operación le podía reportar.
10 Pablos, por su parte, tendría márgenes mucho más estrechos.
Además del modesto equipamiento de la imprenta que dirigía, está el hecho de que su establecimiento tardó muchos años en hacerse de una clientela, más allá del proyecto de publicación de materiales para la evangelización para el que la reclamó el obispo de México, fray Juan de Zumárraga.11 Cuando revisamos la lista de publicaciones documentadas de los primeros años de la imprenta mexicana, encontramos que entre 1539 y 1559, en vísperas de la muerte de Juan Pablos -año también del comienzo de operaciones de Antonio de Espinosa, como competidor de Pablos-se conocen 35 impresiones, lo cual arroja un promedio de 1'75 libros por año.12 En aquel tiempo, el ritmo de producción del taller del bresciano, estaba muy lejos de los tres mil pliegos diarios de la casa sevillana que se mencionan en el contrato original entre Pablos y Cromberguer.
13 Como se sabe, el establecimiento sevillano iría perdiendo su impulso a partir de la muerte de su segundo patrón, Juan Cromberguer, en 1540.
En ese sentido, el mérito de Juan Pablos consistió en haber resistido esos años de penuria y en no regresar a España como estaba previsto en su contrato inicial.
Hemos de recordar que en 1547, a sólo unos años de haber comenzado a operar en la Nueva España, Juan Pablos dirige un memorial al virrey Mendoza diciendo que ha «usado del arte de la impresión, el cual oficio da muy poco provecho», y que «si no fuera por las limosnas que le han hecho no se hubiera podido sustentar».
En el mismo lugar, agrega que está pobre «y que no tiene qué hacer en el dicho oficio».
14 Es importante señalar que el tono lastimero de esta queja probablemente no fue una exageración y que tal vez el quinto de los beneficios previsto para Pablos en su contrato original de 1539 fuera apenas suficiente para la manutención de su familia.
Las oportunidades importantes para poner a trabajar las prensas, fuera de los encargos de obras destinadas a la evangelización no volvieron a presentarse sino en 1554, cuando el comienzo de los cursos en la recién fundada Universidad de México relanzó la demanda local de ediciones.
15 Es también sabido que el mencionado Antonio de Espinosa no tardó en cuestionar el monopolio de impresión que Pablos tenía y que en 1558, ante la inminencia del vencimiento del monopolio, estaba en España solicitando su derogación.
Juan Pablos había gozado anteriormente de una prórroga del privilegio exclusivo para imprimir, concedida por don Luis de Velasco, segundo virrey de la Nueva España.
Espinosa, como hemos dicho, era mucho más que un simple operario; se trata tal vez del primer fundidor de letras que tuvo licencia para trabajar en territorio novohispano, pues no hay indicios de que la fundición fuese una fase contemplada en el primer equipamiento del taller de Juan Pablos.
19 Tal vez por su calificación o especialización, los nuevos operarios que el primer impresor hizo venir de España en 1550 comenzaron a aspirar en un momento dado a trabajar separadamente.
Es por ello que Antonio de Espinosa viajaría a España y gestionaría la terminación del privilegio concedido al bresciano, argumentando que la prohibición de establecer otros talleres generaba una calidad mediocre en los trabajos y aun así permitía a Pablos aplicar altos precios.
La petición de liberar el monopolio de impresión fue concedida en 1558 y Espinosa pudo así presentarse en la Nueva España con una cédula real que amparaba su derecho para imprimir, en agosto de 1559.
20 Lo que ha sido menos comentado es que entre tanto los otros dos operarios contratados, Juan Rodríguez y Sebastián Gutiérrez, utilizaron las herramientas y el equipo de Pablos para imprimir fuera de su casa, en un momento anterior a enero de 1559, fecha en que el impresor les acusó criminalmente.
21 La acusación perdería tal vez su efecto, una vez que Espinosa se hubo presentado con el documento de 7 de septiembre del año anterior que ordenaba no ponerles impedimento ni a Espinosa, ni a Rodríguez, ni a Gutiérrez ni a Antonio Álvarez para publicar impresos en la Nueva España.
Al ver a sus antiguos empleados convertidos en competidores, Pablos volvió a encargar, en marzo de 1560, que le buscasen en Sevilla oficiales de imprenta -esta vez tiradores-para que viniesen a trabajar en su casa.
Con esta acción, Pablos nos deja ver de nuevo su necesidad de encontrarle otras salidas a su imprenta.
Entre dichas salidas está la elaboración de formatos para carta de obligación en letra de molde que propuso al escribano Antonio Alonso en enero de ese año, y que empiezan a aparecer en los registros de su escribanía justo después de una visita del impresor a dicho establecimiento, con el fin de otorgar un poder para la búsqueda de obreros en la hispalense.
Para su desgracia, el bresciano no tuvo mucho más tiempo para seguir inventando alternativas, pues murió apenas unos meses después, entre julio y agosto de ese mismo año.
El progresivo endeudamiento en el que Pablos incurrió para contratar a nuevos operarios y para el equipamiento de su imprenta -amén de los pocos beneficios que dichas operaciones le reportaron, visto el estado de su hacienda a su muerte-tiene un interés que va más allá de lo anecdótico.
23 Pablos debía por lo menos 1.050 pesos de oro que estaban impuestos en censo sobre su casa.
Incluso hay un censo sobre uno de sus esclavos negros, 21 Archivo Histórico de Protocolos de la Ciudad de México (AHPCM), Escribanía de Antonio Alonso, 81, 203-204, 4 de enero de 1559.
22 La visita de Pablos es del 8 de enero de 1560 y el documento que firma va en formato impreso.
A partir de ese momento, aparecerán en las escrituras de Antonio Alonso un total de 147 poderes como ese, usados para acuerdos otorgados entre el mes de enero y el mes de diciembre del año de 1560.
23 Los detalles respecto de su deuda y el rescate que hace Ocharte al unirse en matrimonio con la hija de Pablos se reconstruyen con base en documentación del Archivo de Protocolos de Sevilla y de la Ciudad de México.
Buena parte de estas noticias fueron recogidas en un apéndice titulado «Tipógrafos mexicanos del Siglo XVI» publicados por Agustín Millares Carlo, 1944-1946, especialmente 313 y ss.
Otras aparecen en el estudio «Introducción de la Imprenta en México», incluido en García Icazbalceta, 1981, 42-55.
Unas más provienen directamente del AHPCM en cuyo caso me remito al documento en cuestión.
NORA E. JIMÉNEZ probablemente operario del taller.
Su viuda hereda el establecimiento con dos prensas y apenas cuatro ramas, 24 y se encuentra tan absolutamente sin auxilio que con mucha probabilidad tuvo la impresión paralizada durante 1561 y buena parte de 1562, años para los cuales no se conocen ediciones salidas de sus tórculos.
La viuda presta entretanto los implementos del taller a Antonio Álvarez.
Es probable incluso que los operarios a los que su marido demandó hubiesen ido a trabajar con su entonces competidor Espinosa, quien trabajaba por separado por lo menos desde la segunda mitad de 1559, cuando obtuvo uno de los tres trabajos importantes que se imprimieron ese año.
25 No pudiendo aliarse con Espinosa, Jerónima Gutiérrez tuvo que esperar una mejor oportunidad para echar a andar de nuevo el taller, oportunidad que se presentó en la persona de un socio comercial que se unió al tronco familiar por la vía tradicional, el matrimonio, a fines de 1561 o principios de 1562.
26 Como muestra de la indefinición del negocio editorial novohispano en este momento, veremos aquí la incorporación de un actor hasta entonces ajeno a la impresión tomando el control de la primera imprenta del Nuevo Mundo.
Pedro Ocharte, comúnmente conocido como el tercer impresor de la Nueva España, no se dedicaba al oficio de la estampa, sino al comercio 24 En el contrato de arriendo a Ocharte menciona «dos emplentas de imprimir con las letras e imágenes de 4 ramas, 3 de las cuales están en casa de la otorgante y la cuarta se la prestó a Antonio Álvarez», AHPCM, Antonio Alonso, 61, 272, 1 de febrero de 1563.
25 García Icazbalceta registra tres impresos conocidos para ese año, todos de la autoría del franciscano Maturino Gilberti.
A Juan Pablos se atribuye la obra más voluminosa: el Diálogo de Doctrina Christiana en la Lengua de Mechuacán.
Hecho y compilado de muchos libros de sana doctrina, por el muy reverendo padre Fray Maturino Gilberti de la orden del seraphico Padre San Francisco (15 de junio de 1559).
Esta también es considerada por el erudito como «la obra más voluminosa que conocemos de las prensas de Juan Pablos y debió costar inmenso trabajo al autor, no menos que al impresor, quien desempeñó con gravedad su grave tarea... se trata de un volumen de cerca de 600 págs. en fol. a 2 col. de letra gótica pequeña y en lengua ignorada por los cajistas», García Icazbalceta, 154.
También impreso en caracteres del taller de Juan Pablos están los dos vocabularios del fraile: Vocabulario en lengua de Mechuacan compuesto por el reverendo padre Fray Maturino Gilberti de la orden del seraphico padre Sant Francisco, y el Vocabulario en lengua castellana y mechuacana compuesto por el muy reverendo padre Fray Maturino Gylverti de la orden del seraphico padre Sant Francisco (7 de septiembre de 1559), obras que fueron pensadas para ir juntas.
Esta es la que sale de las prensas de Espinosa.
Además de estas tres obras, García Icazbalceta consigna una Cartilla para niños en lengua tarasca, de breve extensión -y de la cual no se conoce ningún ejemplar-y una obra del agustino Alonso de la Veracruz, que con mucha probabilidad se publicó en 1560.
26 La partida de bautismo del hijo de Pedro Ocharte y María de Figueroa es del 27 de diciembre de 1562.
CUENTAS FALLIDAS, DEUDAS OMNIPRESENTES de mercaderías varias, antes de casarse con la hija de Pablos.
Este es el estatus con el que aparece en la documentación previa y en el propio contrato de arriendo que firma con la viuda del bresciano.
Los datos con los que contamos nos dejan ver que es gracias a sus habilidades comerciales (sus posibilidades de acceder a financiamiento, su habilidad para manejar los aspectos pecuniarios, sus buenos oficios como negociador) que la imprenta puede reiniciar sus trabajos a partir del primero de septiembre de 1562, fecha en que toma en arriendo el taller por 350 pesos de oro común por año.
27 Es sólo después del nacimiento de su primer hijo, en 1563 -lo que selló la asociación familiar con un heredero directo a quien traspasar sus bienes-que Ocharte procede a sanear la hacienda de la familia y son esas operaciones las que nos permiten conocer el grado de endeudamiento que pesaba sobre los herederos de Pablos.
La deuda había tenido la siguiente historia:
En enero 1558 el relojero Francisco de Arlite, vecino y amigo de Juan Pablos, había apoyado al impresor sirviendo de fiador para imponer un censo sobre su casa utilizando dinero -o quizás crédito-del difunto Pascual Bonaventura, de cuyos hijos era tutor y curador.
28 Para redimir una parte de la deuda, Pablos impuso en ese momento un censo sobre un negro y una negra que eran propiedad suya.
Como era normal, el censo no alcanzó a ser redimido en la fecha prevista.
Debiendo ser pagado en 1563, sólo se rescatará en 1565 mediante una complicada operación que supuso varios traspasos de la deuda: la casa de hecho salió a remate en almoneda y fue comprada por Ocharte, quien redimió el censo, pero quedó deudor de una cantidad a los hijos de Bonaventura.
Formalmente (es decir, sólo sobre el papel), Ocharte vendió la casa a Pedro de Salcedo, quien a su vez traspasó la deuda a Francisco de Mendoza, a quien Salcedo debía dinero.
De nuevo, Mendoza traspasaría sobre Salcedo una deuda que tenía con Pedro del Águila y Bartolomé de Torres.
29 Es interesante notar que en esta operación en ningún momento 27 En su declaración de 1572 frente al Santo Oficio, sus antecedentes se refieren al mundo de los mercaderes y nunca a impresores.
Ocharte dijo que sus padres habían sido: «Margarín de Ocharte, mercader, vecino de Rouen, que no sabe si es difunto, y Luisa Andrea, su mujer, difunta... que se crió con un mercader llamado Damián de Jardín hasta la edad de quince años, en que se vino a Sevilla donde estuvo con Pedro Clavero, mercader, dieciocho meses, al cabo de los cuales pasó a esta Nueva España y ha estado en México, Zacatecas y Guadalaxara».
28 El origen de la deuda y otros detalles se deducen de la carta de finiquito que los hijos de Bonaventura dan a Arlite el 18 de mayo de 1563.
NORA E. JIMÉNEZ interviene moneda contante y sonante, sino que en todos los casos se transfiere o intercambia deuda, revelando la falta de liquidez que Ocharte resuelve tan hábilmente.
30 En este nivel del mercado del libro (la producción local y la comercialización al detalle de productos traídos de fuera) la falta de liquidez parece haber sido una constante.
Hemos visto cómo afectó al impresor Juan Pablos, pero también aquejó a diversos libreros y en ocasiones fue la causa de su ruina.
En este tipo de situación se había encontrado en su momento el propio Francisco de Mendoza, el mismo con la ayuda de quien Ocharte sanearía la deuda que pesaba sobre las casas de Pablos en 1565.
Mendoza tiene un papel importante pero poco conocido en la historia del comercio de libros entre España y la Nueva España.
Todas mis pesquisas parecen indicar que Mendoza es uno de los primeros que aprovechó las oportunidades del comercio de libros que originalmente había sido concedido en monopolio exclusivo a Cromberguer, una vez que dicho monopolio fue disuelto, en fecha aún indeterminada.
31 El privilegio exclusivo para enviar libros a la Nueva España con fines comerciales que se dio a Cromberguer fue más o menos efectivo, pues si bien no fue explotado por sus herederos, sí que desalentaba el trasiego de libros hacia la próspera colonia.
Así se desprende de la queja transmitida por los oidores de la Audiencia de México el 17 de marzo de 1545, en el sentido de que habiendo fallecido Cromberger en 1540 sus herederos no han proveído ni proveen los libros necesarios, de que se recibe daño y hay falta y por la dicha merced nadie los trae: suplicamos a vuestra majestad mande a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla hagan las deligencias [sic] necesarias con los dichos herederos para que cumplan lo asentado o se les revoque la merced para que todos tengan facultad de los traer.
32 Después de estas noticias, Mendoza es aún más obscuro junto con un Alonso López, el primer librero a quien he encontrado en activo, aunque el dato más temprano que tengo ilustra precisamente los problemas que 30 Ocharte enfrenta en su existencia numerosas dificultades por asuntos pecuniarios y judiciales.
En 1564 había sido acusado y preso por deudas junto con Diego López Montalbán y Gordián Casano, y en 1583 la Audiencia recibiría a prueba un pleito por quinientos pesos que le demandaba el canónigo Alonso de Santiago.
Estas noticias se derivan de la carta que como prueba presentó ante el Consejo de Indias el librero de origen vallisoletano Alonso Gómez, quien al parecer era uno de los que le enviaba libros desde la península.
33 La carta habla de plazos vencidos, lo que nos sugiere operaciones de por lo menos dos años hacia atrás.
Como una muestra de las estrategias utilizadas para lograr dilaciones en el pago, Mendoza había tratado de escabullirse de la autoridad del factor Diego de la Vega apelando a las deudas que a su vez este tenía con otra persona, y exigiendo que la cuenta le fuera tomada en su lugar por ese otro acreedor, Guido de Labezaris, sin que la Audiencia le permitiera interponer semejante recurso.
Falto de liquidez, es en ese momento incapaz de pagar los dineros que adeuda.
El otro librero, Alonso López, había quebrado y no podía pagar a Mendoza los libros que le había comprado.
El documento del que proviene esta información nos deja ver que entre mercaderes lo peor que podía ocurrir era que uno de ellos se declarase insolvente, y quien toma sus cuentas lo sabe.
La única manera de salir del paso era recuperar los haberes que López adeudaba a Mendoza en especie, es decir, en libros, incluso si no eran los que originalmente se le habían entregado.
34 La mención de que se tomaron los libros de la calidad menos mala posible, aun cuando no fuesen aquellos por los que se estaba en deuda, hace de esta una operación poco honorable.
Al mismo tiempo, Diego de la Vega ayudó a Francisco de Mendoza a firmar una compañía con otro mercader para que realizara una venta en sociedad.
Con el producto de este nuevo arreglo Mendoza pudo amortizar una parte de su adeudo y salvarse a su vez del descrédito.
35 33 «Carta que exhibió Alonso Gómez que le había escripto Diego de la Vega», en «Alonso Gómez librero con[tra] Pedro de Vega, maestre de Nao», AGI, Justicia, 758, exp.
34 «De Alonso López le hago saber que le vendí los libros que me dio Mendoza fiados por mano en 3 veces [...] y quebró y a[l]cabo del tiempo hube de tornar a tomarlo en libros y no pensé que había hecho poco, porque los demás cobrarán cuando tenga de qué.
Yo los tomé mejores que los que le di y los vendí a Pedro de Toledo y a Mendoza por diez meses.
Yo no he podido hacer más, [por]que los libros eran muy ruines y la ruin mercadería hace la ruindita [sic por ruindad]».
35 En el texto de la carta se vuelve a apreciar la manera en que la suerte de los comerciantes está entrelazada en una red de deudas y compromisos cruzados que de alguna forma sostiene un frágil equilibrio: «Porque decía que no qyerya pagar por la quenta que tenía fyrmada y que se había errado y dixo que no me querya dar a mí la quenta syno a guido de labaçares que tenía poder sobre mí yo hice, relación a la justycya y dixe que no embargante que hobiese otro poder sobre mí, que yo había empezado a tomar las quentas y las entendía, que las query fenesceylas a quien tubyese poder y visto que era malyciosa no le quisyeron escuchar yo señor bide a mendoça perdido y el remedio que tomé fue [que] le concerté con un hombre de bien para que hiciese compañía y la hicyeron y de lo que ha vendido me dio escryturas de que será vra. merced pagado breve».
Que la declaración de insolvencia de un mercader era el peor de los escenarios y que dicha declaración podía tener efectos catastróficos sobre el entramado de relaciones que formaban los comerciantes con sus deudas mutuas, puede verse a través del caso del librero Bernardino Martínez en su intento por afincarse en el Nuevo Mundo.
Su historia proporciona una muestra típica de la fragilidad de los negocios, nuevamente a causa de la falta de liquidez.
36 La forma en que dicho personaje logró salir del atolladero en el que le metieron sus acreedores más modestos no deja de parecer un poco truculenta.
Parece ser, no obstante, que cualquiera dedicado al comercio de mercancías tenía que tener este tipo de reflejos para salir airoso de semejantes coyunturas.
Lo más sorprendente es cómo la debacle a la que se enfrentó Martínez entre 1577 y 1580 se desencadenó a causa de una deuda que, comparada con otros de sus compromisos financieros, era más bien ridícula.
Probablemente no era la primera vez que Martínez pasaba al Nuevo Mundo.
Carlos Alberto González y Natalia Maillard lo han ubicado en Sevilla en 1575 como «de regreso» hacia las Indias.
37 Martínez invirtió una fuerte suma en libros, comprando una considerable cantidad a Andrea Pecioni, a Bartolomé de Torres y a Pedro Balli, quien declaró haberle vendido «una tienda de libros».
No se puede negar que Martínez se comportó de manera poco prudente, haciendo negocios más ambiciosos de los que podía manejar, dada la cantidad de mercancías que adquirió para sus primeras operaciones.
A mediados de 1577, Martínez fue a dar a la cárcel pública de la ciudad de México por una deuda de 115 pesos contratados en septiembre del año anterior, y no precisamente en libros, sino en cera de Valencia, cuchillos y artefactos de hierro.
En libros, en cambio, sus deudas eran casi cuarenta veces esa suma, pues ascendían a un poco más de 4.378 pesos, por compras que había contratado con diversos mercaderes de la península, y cuyo vencimiento era casi siempre a un año y medio después de la fecha de compra.
No obstante la desproporción, su prisión puso en alerta a todos sus acreedores que se vieron en la necesidad de presentarse como terceros en causa para ser preferidos -y sobre todo tenidos en cuenta-en el pago de deudas, en caso de que la hacienda del acusado fuera secuestrada o subastada para pagar.
Normalmente esto equivalía a la quiebra y un mercader difícilmente se recuperaba de semejante prueba.
Así, quienes habían vendido libros a Martínez se precipitaron uno tras otro a acreditar las deudas que se habían contraído con ellos y reclamaron el pago de sus dineros.
Quienes se dedicaban al comercio sabían sin embargo lo importante que era la solidaridad, pues en realidad todos estaban más o menos expuestos a caer en situaciones parecidas, por lo que siempre solían buscar un arreglo.
En este caso los comerciantes de libros se concertaron y le concedieron a Martínez un plazo de seis años para sanear su hacienda, mientras que otro de ellos pagó la fianza que le había sido impuesta para dejarlo salir de prisión.
En cambio uno de los sus acreedores mayores traspasó su deuda a quienes habían hecho la acusación inicial convirtiéndolos así en acreedores mayoritarios.
Martínez lo intentó todo.
Primero aprovechó la voluntad -no se sabe si pagada-del carcelero, quien fue reconvenido por dejarle deambular libremente por la ciudad.
Después alegó daño de su hacienda (porque los libros se estaban deteriorando), e imposibilidad de pagar si no se le soltaba de la prisión.
A continuación alegó motivos de salud.
Más tarde acudió a la fianza de uno de los acreedores, Pedro Ocharte, a quien a cambio prometió pagarle su deuda primero que a ningún otro demandante.
Martínez cumplió esa promesa y pagó a Ocharte su dinero, según se desprende de las acusaciones posteriores de los otros implicados.
Cuando la fianza estaba a punto de vencerse, a finales de 1580, el librero consiguió del virrey el permiso para ausentarse de la Nueva España e irse al Perú, para desesperación de los acreedores originales.
En mayo de 1581 los acreedores seguían reclamando su presencia y acusándolo de haber escondido bienes y de haber disimulado dineros para multiplicar el número de sus deudores.
También le acusaban de haberse confabulado con Ocharte para huir, dejando a este sus «bienes y hacienda y libros y dinero».
La afirmación podía no ir desencaminada, pues Martínez no hizo ningún intento de regresar pronto, a pesar de estar casado en la Nueva España.
El 22 de septiembre de 1581, fecha del último documento que obra en el expediente, Ocharte seguía tratando de mantener a raya a los querellantes para no ir a la cárcel en lugar de Martínez.
El desplazarse entre la península y las distintas partes de las Indias cuando existía el peligro de quiebra era una táctica extrema pero no del todo inusual.
En su momento el recurso había sido utilizado por el propio factor que el importante mercader de Medina del Campo, Simón Ruiz, tenía destacado en Sevilla, y que estaba conectado con el trato de libros a través del comerciante Diego Agúndez.
A su vez, Agúndez era representante de Hernando de Medina en la Nueva España.
En la flota de 1566 Medina había vendido las mercancías enviadas con el 90 por 100 de ganancia, pero en la flota de 1568 se ve obligado a evadirse, pues debía 10.000 ducados y Agúndez sólo le había enviado 3.000 pesos -a pesar de tener en Nueva España unos nueve cuentos de maravedíes-, por no haber vendido la cargazón anterior.
Medina debía a la casa Ruiz unos 400.000 maravedíes al alzarse y en este caso vemos cómo Simón Ruiz prefirió establecer un concierto con él, descontándole 52.000 maravedíes.
En 1571 lo hallaremos en Nueva España, donde se le cobra parte de la deuda, y en donde los comerciantes que dependían de su red, entre ellos Diego Agúndez, suelen dar fianzas para que ejerza un cargo en la Casa de Moneda.
38 Entre los comerciantes de libros, Agúndez tuvo una de las redes más diversificadas, pues solía comerciar con telas, vinos y esclavos, además de libros, y por ello ocupaba un lugar especial en la pirámide de distribución no sólo de impresos, sino de insumos para la impresión.
En 1571, fecha del proceso inquisitorial contra Pedro Ocharte, Agúndez fue uno de sus acreedores, probablemente por haberle vendido a aquel los pliegos con los que alimentaba su imprenta, del mismo modo que era acreedor del ya mencionado Bernardino Martínez.
39 Tanto él como Diego de San Román aparecerán en una investigación realizada en 1581, como proveedores de otros tratantes que se dedicaban al comercio de libros.
40 Agúndez se instaló en una sólida posición entre 1568 y 1570 gracias a su tarea como agente de Simón Ruiz en la Nueva España, lo que le aseguraba un 3 por ciento de comisión sobre las deudas cobradas y el control de la parte de la red comercial que remitía al poderoso mercader Ruiz.
41 Antes de este período de bonanza, Diego Agúndez también había pasado por el trance de las cuentas difíciles con uno de sus primeros socios, Esteban Franco, con el que había tenido compañía e importado varias cargazones de libros entre 1554 y 1556.
42 En algún momento hubo un problema de herencias que no queda muy claro, pues Agúndez, en su calidad de sucesor en los negocios del desaparecido Diego Becerra, su suegro, reclamó de otro personaje involucrado en negocios de libros, Diego de San Román, una cantidad que debía al difunto.
Esto provocó que San Román tuviese que entregar algunos dineros que pertenecían a Franco, por los cuales este último quiso reclamarle intereses en agosto de 1564.
43 El párrafo de la escritura que transcribo a continuación -y que expresa el punto de vista de San Román-es ilustrativo de cómo la dificultad de recuperar las ganancias era una condición a la que los mercaderes estaban acostumbrados, y de que en algunos casos preferían más un arreglo defectuoso que un pleito en toda la línea.
San Román dice que así lo entretuvo [a Diego Agúndez] hasta que Esteban Franco vino a defenderse y Diego Agúndez tuvo los dos mil pesos, hasta que Franco sacó el dicho mandamiento de desembargo y le dio y le dijo los cobrase de él.
Y por quitarse ambos de los dichos debates y diferencias y excusar las costas y gastos que de ello se les podría recrecer y porque el fin de los pleitos es dudoso y por conservar el amor y amistad que entre pendiente sobre que Diego Agúndez está y pasa para el dicho medio y concierto, que la mayor parte hizo por hacerle molestia, y le hará diversas ejecuciones para hacerle más costas, estándole mandado que exhiba sus escrituras en el dicho proceso y no habiendo necesidad de ejecución, pues es pleito de acreedores y está pendiente la dicha causa sobre el dicho medio y concierto como tiene dicho.
Por tanto, le pide y requiere las veces que de derecho es obligado y más le convengan, que exhiba las dichas escrituras en el dicho pleito y pida lo que le convenga sin molestarle con ejecuciones ni hacer costas.
Con protestación que si las costas hiciese, sean a su ruego y culpa y se cobrarán de él y de sus bienes, de más de que dará noticia a los señores cuya es la hacienda, para que sepan y se entiendan cómo por su pasión particular, deja de hacer lo que conviene para que ellos sean pagados con brevedad; y por faltar este pleito, se les deberá [dejará] de enviar mucha parte de sus haciendas, y de cómo le dice y requiere, pide al escribano se lo dé por testimonio para los presentes y solicita se le notifique a Agúndez».
En 1576 Diego Agúndez procedió judicialmente contra Gaspar de Valdelomar, quien fue puesto preso y cuyos bienes fueron embargados.
43 Franco había estado tratando de pasar a las Indias desde 1557 para resolver este pleito.
NORA E. JIMÉNEZ ellos hay y por lo yuso contenido, es voluntad de los otorgantes ser concertados de comprometer lo suso dicho en manos y poder del Padre Fray Agustín Vanegas, de la orden de San Agustín, y Antonio de Guevara, estantes, a quienes eligen por sus jueces y árbitros para que lo determinen dentro de veinte días.
La cual sentencia se obligan a obedecer.
44 Entre la problemática adversa que los actores del mundo del libro enfrentaron, son bien conocidos los episodios en los que se vieron envueltos algunos de los comerciantes e impresores que operaban en la Nueva España, merced a la intervención de la Inquisición, así que no los agregaré al recuento de infortunios que hago aquí.
Sólo subrayaré en primer lugar que la presencia del Santo Oficio recrudeció fuertemente las constricciones tanto para la impresión como para el comercio del libro.
Basta comparar las sanciones impuestas al mercader Alonso de Castilla en 1554 con el trato sufrido por Pedro Ocharte en 1572.
Este último recibió un tratamiento (secuestro de todos sus bienes, tortura) que denota a las claras una voluntad de imponer un castigo tan ejemplar que disuadiera al resto de los involucrados en el negocio de los libros de incurrir en prácticas mínimamente sospechosas.
No obstante, pondremos de relieve cómo la omnipresencia de las deudas era tan natural en aquel momento que aun las autoridades inquisitoriales aceptaban las mociones de particulares que tuvieran que ver con la existencia de deudas pecuniarias.
En cuanto se sabía en la ciudad que alguien había sido preso por el santo tribunal, los acreedores acudían a hacer constar la obligación que se tenía con ellos, con la finalidad de asegurar sus bienes.
En la etapa en la que la Inquisición fue ejercida por los obispos (antes del establecimiento del Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España), aunque el alegato de ser inocente de delitos confesionales era muy importante, la pérdida de crédito aparece como una circunstancia lo suficientemente apremiante como para justificar una petición de liberación.
Así sucedió en el caso de Alonso de Castilla en 1564.
Blas de Morales, su procurador, solicitó la libertad bajo fianza del reo alegando que mi parte tiene muchos negocios, y por estar preso se le pierden, y por deber mucha suma de pesos de oro, sus acreedores le executan [sic] creyendo que está perdido, siendo como es abonado; y será venir en gran quiebra, y para que esto cese, conviene se le haga merced de le dar esta ciudad por cárcel, para que sus acreedores lo vean ahí.
La petición de Morales figura en la 63.
CUENTAS FALLIDAS, DEUDAS OMNIPRESENTES
Lo que sí rescataremos de la documentación del fondo Inquisición son las referencias que nos llevan de regreso al terreno de los impresores, develando más operaciones de intercambio de deuda, así como la ineludible necesidad de financiamiento que enfrentaban los artesanos de la estampa a la hora de montar un taller.
El primer ejemplo nos lo proporciona el proceso de Pedro Ocharte, en donde consta que el 22 de febrero de 1572 se presentó Nicolás de Alaver a declarar que: ahora es venido a mi noticia que el dicho Pedro Ocharte está preso en la cárcel de este Santo Oficio y que para que yo pueda cobrar lo que se me debe, a Vuestra Señoría pido y suplico que Mande ante el Secretario de este Santo Oficio, el dicho Pedro Ocharte haga la dicha declaración y reconozca por el tenor de estos recaudos [las cartas de obligación, adjuntas] en lo cual recibiré bien y merced con justicia [...] 46 Alaver declaró cómo él había rescatado una deuda de doscientos pesos que Ocharte tenía con el muy conocido Diego Agúndez, firmando una carta de obligación con este último, en donde hacía suya la deuda del impresor: y el dicho Agúndez entregó al dicho Pedro Ocharte los recaudos que contra él tenía, con carta de pago y ansí mismo el dicho Pedro Ocharte me debe otros ciento y veinticinco pesos y cuatro tomines, de resto de la cuenta del libro que con él tengo, y conocimientos firmados de su nombre, de que así mismo hago presentación.
47 Como puede verse, la operación es otro caso de pagos sin moneda de por medio; simple intercambio de deudas.
El acuerdo suponía que Ocharte le pagaría a Alaver con trabajo, si bien al enterarse de la prisión del impresor, Alaver había cambiado su postura, como consta por la declaración de Ocharte: conforme al concierto se los ha de pagar en obra pero este [ahora] quiere que se le pague en reales porque es más provecho, y que al presente [Ocharte] no tiene comodidad de cumplir hasta salir de aquí.
48 46 «Proceso contra Pedro Ocharte, imprimidor, natural de la villa de Roan en Normandía, en los reinos de Francia, Vecino de México».
El documento original en AGNM, México, Inquisición, 51, núm. 1.
NORA E. JIMÉNEZ Otro de los acreedores de Ocharte, Jorge de Arando, se acercó a reclamar una deuda de 2.037 pesos y tres tomines de oro común.
Vista en detalle, la operación tiene matices: Jorge de Arando había buscado acrecentar su capital financiando a Ocharte la compra de papel para sus trabajos, con la expectativa de participar de sus rendimientos.
Aquí hay que notar de nuevo que la participación del socio no consistió enteramente en metálico.
Al ser interrogado, Ocharte declaró:
Que conoce al dicho Jorge de Arando y que es verdad que le dio dos mil y treinta y siete pesos, tres tomines, de que le hizo conocimiento, el cual le entregó para que comprase papel de compañía y que la ganancia sería por la mitad, según lo acordaron, y este compró toda la dicha cantidad y más y ha gastado en ello... e que este le ha dado cincuenta reales en dos veces, y un pabellón de la tierra en treinta pesos, y unas historias de la Sagrada Escritura que fueron doce piezas y valdrán veinte pesos... lo cual le dio a cuenta de la compañía [...]49
Ocharte no fue el único artesano que encontró socios capitalistas en condiciones como esas.
En el siguiente caso el financiamiento se otorgó para el mismo caro y escaso insumo: el papel.
El excelente cortador de imágenes que era Juan Ortiz, condenado ya por el Santo Oficio a ser desterrado de la Nueva España, reconoció el 12 de junio de 1572 deber doscientos cincuenta pesos de oro a Gerónimo López, quien se los había dado: en tostones de plata para que este los comprase de papel para hacer imágenes, especialmente dos de San Gregorio y San Gerónimo [sic] que este había de cortar e imprimir y que de ello le había de dar tercia parte de la ganancia, porque ponía el dinero, y este se había de llevar dos partes [a cuenta] de su trabajo.
Y después de este concierto le compró la dicha tercia parte de ganancia que le podía caber y se vinieron a concertar en cincuenta pesos... de manera que realmente no recibió sino doscientos pesos, de los cuales compró doce resmas de papel de marquilla en ciento y catorce pesos y lo demás restante a cumplimiento de los dichos doscientos pesos, este los gastó en deudas que debía [...] 50 De nuevo reconocemos aquí el patrón de pago en especie, deudas que se cubren con otras y una cortedad financiera que en seguida hace cambiar de manos el metal amonedado al que este artesano había tenido acceso.
Confrontado, Gerónimo López reconoció que: por razón de su oficio de tirador de oro y plata, vino a tener con él estrecha amistad, y el dicho Juan Ortiz le dixo que si tuviera dinero, pusiera casa aparte y prensada [prensa] por sí, que ganaría dinero y aun ganaría [para] quien le armase para ello con alguna compañía, y ansí este en veces le dio dineros y plata[,] doscientos pesos con concierto que le había de dar el tercio de la ganancia de ellos.
51 Aprovecho este espacio para llamar lateralmente la atención sobre el hecho de que las acciones del Santo Oficio reforzaron un problema que hemos tocado al principio, el de la escasez de operarios con pericia técnica en el medio de los impresores novohispanos.
No conforme con la penuria de cortadores de imágenes y de maestros de imprimir que había en la colonia, el tribunal inquisitorial se cebó especialmente en los artesanos de origen extranjero como Juan Ortiz y Cornelio Adriano César que eran sin duda artífices más calificados, todo ello bajo la sospecha de luteranismo.
52 El control inquisitorial sin embargo, empezaría a operar al mismo tiempo que el mercado comenzaría a mostrar signos de estabilización -en el último cuarto del siglo XVI-merced al aumento en la demanda de libros, y a que el intercambio de productos se hiciera más estable gracias a la regularidad de las flotas.
También gracias al crecimiento de la población en la colonia, y a la conformación de un público consumidor que compraría los impresos que vendrían del otro lado del Atlántico por razones profesionales.
Pero ese nuevo y problemático actor en el campo de los libros, el Tribunal del Santo Oficio, es sin embargo el que nos permite tener más detalles acerca de la actividad tanto de impresores como de comerciantes.
En términos de documentación, el último cuarto del siglo es ciertamente una etapa mucho menos obscura que los inicios de los que he entresacado estos ejemplos.
Los pocos testimonios que hemos podido localizar, y que 51 Ibidem, 233.
52 A pesar del nombre hispanizado que ostenta en la documentación, Juan Ortiz procesado en 1572, declara ser originario del arzobispado de Gen (Agen) en Francia.
Cornelio Adriano o Cornelius Adriano fue procesado en 1598.
Según el resumen de la causa, declaró ser natural de Harlem en Holanda.
Ortiz, quien se declara fundidor de letras y «cortador de historias para la imprenta» fue sometido a garrotes y potro.
Condenado a destierro, declara que «... soy pobrísimo, que no tengo que comer, ni con qué pagar ni satisfacer a mis acreedores, ni la condenación que se me hizo, demás y demás de esto yo soy en esta tierra el que más y mejor entiende dicho arte y oficio, y nadie lo sabe sin comparación como yo, y si conviene de irme tan pobre y sin cobrar lo que me deben ni pagar lo que debo antes de la partida de la dicha flota, resultaría gravísimo perjuicio de mis acreedores y de mí que no podría cobrar y podría perecer de hambre; y dejando aparte esto, también redundaría gran daño a esta tierra toda si así me fuese... y podría remediarme yo y mis acreedores ser pagados».
Por su parte, la condena de Cornelio Adriano consistió en perdimiento de bienes, auto de fe y cárcel por tres años.
NORA E. JIMÉNEZ citamos aquí, nos confirman la impresión de la constante precariedad financiera que amenazaba a los involucrados en el trato del libro.
Espero que el cuadro que he tratado de mostrar trayendo a cuento estos casos, sugiera en efecto que, para tener una imagen más precisa del proceso de apertura de mercados para el libro en las Indias, es absolutamente necesario conocer los acontecimientos ocurridos en ambos lados del Atlántico.
De lo contrario nuestra imagen será demasiado optimista, por no decir que trunca.
Por fortuna, el hecho de que entre las nuevas investigaciones que se hacen del lado peninsular se hayan dedicado esfuerzos a la revisión de los archivos notariales de Sevilla -que son los que pueden iluminar al detalle las componendas y negociaciones que los actores del libro tuvieron que efectuar para tender sus redes entre una y otra orillas del océano en medio de tantas desventuras comerciales-nos ayudará a perfilar con mayor nitidez el cuadro de claroscuros de este mundo que otros estudiosos 53 han llamado las «trastiendas» de la cultura impresa. |
Encomiendas de libros del virreinato peruano
En este artículo intentaremos demostrar el peso creciente (y en algunos casos relevante) que tuvieron algunos comerciantes del virreinato del Perú que viajaron a Sevilla con dinero y encomiendas para la compra de libros.
1 Estos comerciantes contaban con plata, compraban a los libreros lotes de libros y los registraban en los navíos al regresar al Perú.
Esto les convirtió en agentes activos que en algunos casos se convirtieron en piezas esenciales del entramado del circuito de distribución de impresos que favoreció el abastecimiento del mercado peruano.
La entrada en el mercado del libro de estos agentes resultó una novedad que pudo alterar el peso del grupo de libreros sevillanos, alcalaínos o medinenses en el control del mercado del libro destinado al virreinato del Perú.
2 En algunos casos compraban pequeños lotes de libros, en otros remitían libros pedidos por los lectores del Perú y, en ocasiones actuaban como agentes de mercaderes o libreros peruanos que necesitan nuevos textos para abastecer los mercados regionales.
Aunque también formaron compañías con los libreros sevillanos, que de este modo contaban con mercaderes conocedores de las rutas, puertos y clientelas locales.
Estos encomenderos conocedores del mundo comercial del virreinato podían convertir los riesgos asociados al envío de libros en un negocio rentable, ya que en ocasiones traían dinero y listas de libros que debían conseguir, lo que revela una clientela interesada y curiosa que busca vías para abastecerse a través de la Carrera de Indias.
La diversidad de casos que veremos revela a estos mercaderes como agentes activos en el tráfico de libros, lo que permite complementar los análisis de la historiografía, que se había centrado en los libreros andaluces o castellanos.
3 Al ampliar a los mercaderes que viajan de Perú a Sevilla para retornar con estos encargos podemos detectar peticiones de libros realizadas desde América, mostrando un circuito menos unidireccional de lo que algunos trabajos han revelado hasta ahora.
Los peruleros permiten detectar la capacidad para incidir en la compra y la elección de las obras, a través de los encargos y las listas de libros que deben comprarse en Sevilla.
Las fuentes básicas utilizadas serán las del registro de carga de los navíos a Indias del Archivo General de Indias.
Ha sido posible localizar envíos de finales del siglo XVI y en mayor medida de inicios del siglo XVII, en este último caso 48 envíos con libros en los que participaron mercaderes venidos del Perú (ver apéndice 1).
La ausencia de estudios de conjunto para finales del siglo XVI dificulta el estudio comparativo, pero nos hemos basado en una muestra parcial de los navíos que viajaron en las flotas de Tierra Firme que utilizamos para el estudio de los envíos de los libreros Mexía, y en nuestra tesis doctoral para detectar los navíos de Tierra Firme de 1601 a 1620 en los que hemos podido localizar envíos de peruleros.
4 La reconstrucción de los cargadores a Indias realizada por los estudios del comercio Atlántico ha resultado esencial para localizar a estos mercaderes, y poder contextualizar su papel en las flotas.
5 Los libros formaban parte de sus negocios, pero representaban para estos mercaderes un pequeño volumen de negocio en sus actividades.
En estos documentos es posible rastrear la presencia de mercaderes «peruleros» que empezaron a intervenir en sus inicios en torno a 1590 y siguieron con una importante presencia hasta los momentos de contracción de los negocios, que algunos autores como García Fuentes sitúan en torno a 1610, con un «espectacular retroceso de la participación de los "peruleros" en la carga directa de las flotas».
6 Este trasvase de actividades de intercambio a los mercaderes del Perú estuvo vinculado a la consolidación de las redes comerciales y de negocio peruanas, pero también a coyunturas de cambio en las relaciones entre las dos orillas, y se reforzarían en momentos delicados del comercio y el crédito en Sevilla a principios del siglo XVII.
De hecho al cerrarse algunos bancos sevillanos por quiebras (y arruinar a numerosos cargadores a Indias) se abrieron otros bancos en Lima, que ofrecían al comercio internacional vías para obtener préstamos y mantener el flujo de metales preciosos.
7 En este sentido la formación de consulados en territorio americano supondría otro importante paso en la negociación de los agentes implicados en el tráfico Atlántico.
8 Lo que ahora proponemos es, por lo tanto, un estudio centrado en un conjunto de casos que muestra los inicios del comercio de libros bajo el control de los mercaderes del virreinato que viajaron desde el Perú hasta Sevilla o Cádiz con la finalidad de satisfacer una demanda, y por lo tanto con una capacidad para seleccionar títulos, negociar precios y gestionar envíos, cobrando comisiones al traer la plata y al remitir los libros.
Los inicios del tráfico de libros
En 1509 un particular llevó «para las Indias» medicinas en botes y jarros de barro junto a «çinco libros de mediçina», que debieron resultarle útiles para desempeñar su oficio.
9 Esta presencia temprana de libros entre las mercancías registradas en los navíos que viajaron a las nuevas tierras, apenas descubiertas por Colón diecisiete años antes, revela la temprana presencia de embarques de obras muy diversas.
Ahora bien, en poco tiempo el libro se convirtió en un bien más de los enviados con cierta frecuencia a través del circuito de la Carrera de Indias.
A los envíos pequeños, de lotes bien seleccionados por sus propietarios, les seguirían envíos destinados a la venta realizados por mercaderes y libreros, que empezaban a ser más relevantes desde 1540 en adelante, coincidiendo con el asentamiento de colonos europeos en los territorios conquistados, las fundaciones conventuales y la apertura de colegios y universidades.
10 Este tráfico de libros a través del Atlántico puede detectarse en los territorios conquistados y pudo iniciarse, como en el caso de Santo Domingo y Honduras, con libros educativos básicos, como las cartillas para aprender a leer.
En una muestra de envíos con libros de 1557 destinados al mercado centroamericano se detectaron seis envíos con cartillas (5.196 ejemplares) y doce envíos con libros que alcanzaron los 269 ejemplares.
11 También tuvieron un éxito notable las menudencias impresas.
Fueron consumidas en grandes cantidades toda una variada gama de «coplas», relaciones y otros textos que forman parte de lo que la crítica literaria ha etiquetado como «literatura de cordel.»
Juan Alarcón de Herrera estaba en Sevilla de camino a Lima, 12 y se hizo cargo de recoger en Portobelo «15 resmas de menudencias» que debían llegar a las manos del mercader Jerónimo Soto de Alvarado.
El surtido comprendía 7.500 pliegos impre-sos remitidos enviados en 1618 con una variedad de títulos considerable que incluía, entre otros, «Carlomanos, el Cid, Marqués de Mantua, San Alexo», 13 textos que se habían editado con frecuencia en las prensas españolas.
Se trata de textos con una larga vida editorial y una presencia continuada en la vida cotidiana.
Esto hace que resulte un reto percibir en la repetición de los formatos establecidos las «formas de ruptura, consecuencia de insatisfacciones o conflictos, manifiestos o soterrados» que en ocasiones se presenta en estas menudencias impresas.
Los cargadores a Indias
Los cargadores a Indias y los emigrantes mantenían estrechos lazos que ayudan a entender la importante red que se construye en el mundo atlántico a pesar de las distancias y las difíciles comunicaciones.
Los lazos de los peninsulares establecidos en América con actividad comercial iban más allá, como nos recuerda Altman: «los negocios, la amistad y las relaciones familiares conectaban no sólo a los emigrantes entre sí, sino también a personas que nunca salieron de España pero que tenían una relación de cualquier clase con los que sí lo hicieron», 15 algo que podemos aplicar a numerosos factores e intermediarios sevillanos que fueron cargadores a Indias.
Muchos de ellos establecieron sólidos lazos con los mercaderes americanos, a veces sin más contactos que las cartas, auténticos nudos que fortalecían las alianzas comerciales.
Tesauro fue plenamente consciente de este cambio, en su Arte de cartas misivas afirmaba que «con el medio de las comunes postas, y cartas, que han hecho tratable el mundo, desde una a la otra remota parte».
16 Estas cartas permitieron desplegar complejas estrategias comerciales haciendo «tratable el mundo» y negociable casi cualquier mercancía.
En numerosas ocasiones los acuerdos eran asentados ante los escribanos en forma de compañía comercial.
Veamos un caso que permitió la llegada en 1549 de un conjunto de 79 volúmenes a Lima.
Alonso Cabezas remitió un importante lote de mercancías, en el que se incluían libros, a Pero Ortiz en el puerto de Nombre de Dios y este último los remitió a Lima 13 AGI, Contratación, 1165.
N.a S.a de la Consolación, 28.
LAS REDES COMERCIALES DEL LIBRO EN LA COLONIA donde los vendió a Gonzalo Díaz.
En el envío iban un notable número de impresos que podían resultar interesantes a los eclesiásticos, este sería el caso de las obras litúrgicas, pero también «nuebe libros de cauallerías».
17 En este caso el cargador fue un mercader que activó los medios para hacer llegar el conjunto de obras a tierras peruanas, pero no fueron los únicos que intervinieron en el envío de libros.
Entre los cargadores también tuvieron un peso interesante, cada vez más destacado, los eclesiásticos y oficiales reales, especialmente los que viajaron al Perú para desempeñar sus oficios.
También fue esencial la demanda generada por los centros educativos, conventos e iglesias que necesitaron dotarse de libros básicos, y que contaron con el apoyo inicial de la Corona en el ejercicio de su real patronato para el envío de los textos necesarios para cumplir la misión pastoral de los religiosos en Indias.
Los peruleros en el tráfico atlántico del libro
Los mercaderes del Perú en tránsito de una orilla y otra del Atlántico llevaron consigo metales preciosos, pero también toda una gama de objetos americanos que podían interesar en Europa y no pocos encargos o regalos que debían hacer llegar a los españoles con los que negociaban o mantenían tratos y contratos de todo tipo.
De este modo actuaban como mediadores económicos, pero también como intermediarios culturales que difundieron «en Occident de nouveaux symboles aux origines multiples et aux representations hybridées» en forma de obras de arte con representaciones sagradas o bien objetos cotidianos realizados con materiales americanos, por obra de mano indígena o mestiza, etc. 18 La riqueza de matices en este terreno es considerable, más si cabe al adentrarnos en las redes familiares de algunos de ellos, estrechamente ligadas de un modo u otro a raíces europeas, con familiares o con relaciones de paisanaje a través de los lazos de matrimonio o de otro tipo construidos en el tránsito y el asentamiento al territorio americano de ramas de comerciantes con bifurcaciones en los territorios de la Monarquía Hispánica que negociaron con toda una amplia gama de productos culturales.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.03 La denominación peruleros para definir a estos hombres del comercio que retornan aparece ocasionalmente en la documentación.
Bernardino de Morales estaba en Sevilla y presentó una petición ante la Casa de la Contratación.
En ella se presentó como «perulero, residente en esta çiudad» que estaba para «volver a las provincias del Pirú» con dos esclavos que le acompañaron en su viaje y pedía, además, licencia para un cajero «que me ayude en mis cargazones.» 20 Morales había venido desde Lima y el 31 de marzo de 1621 afirmaba estar «de partida para la provincia de Tierra Firme», lo que se confirma en los documentos de poder notarial, como uno destinado al cobro a su retorno de dineros que debía entregarle Fernando de Avellaneda.
21 Este perulero cargó libros en la flota de 1621 tanto para particulares como para el mercader Tomás Gutiérrez de Cisneros, una figura destacada del tráfico de libros en Lima, al que le remitió 441 ejemplares de 76 títulos distintos con «dinero que del susodicho recibió».
22 Esto nos lleva al asunto del pago de las peticiones de libros que los peruleros trajeron a la Península, con esos dineros para tratar y contratar que quedaban, al menos en parte, registrados en los registros de venida de navíos.
Un asunto el de los reales que pagaron los libros que nos ayudaría a conocer mejor el circuito de pago de los libros, que era clave para garantizar la buena marcha de los acuerdos comerciales.
Los éxitos, y algunos fracasos, jalonaron estas aventuras comerciales, que fueron siempre arriesgadas, ya que las deudas por cobrar fueron, en numerosas ocasiones, uno de los principales problemas del tráfico de mercancías.
Las rutas del libro atlántico: factores y encomenderos
Los años de 1590 a 1600 serán analizados a través de una muestra reducida de casos ya que el siglo XVI no cuenta, por el momento, con estudios sistemáticos que permitan comparar los resultados parciales ofrecidos por diversos investigadores, 23 aunque nuevas investigaciones están abriendo nuevas perspectivas de análisis y es cada vez mayor la preocupación por las redes atlánticas.
Una obligación legal que el consulado de mercaderes sevillano intentó simplificar o, como en 1623, incluso eliminar.
En este año escribían al rey pidiendo que «a los cargadores de las flotas que se están aprestando para Nueva España y Tierra Firme no se les pidan relaçiones juradas de sus cargazones, respecto del poco tiempo que [h]ay para poderse hacer porque por esta causa no se detengan», 25 justificando en el poco tiempo disponible para formar la flota el saltarse la normativa de la Casa de la Contratación en relación a la carga de mercancías.
Estos memoriales con las mercancías declaradas debían reunirse en la Contaduría de la Casa de la Contratación y con ellos se formaban los voluminosos expedientes del registro de ida de navíos, una copia de este registro debía entregarse al maestre que iba en el navío para gestionar la entrega de las mercancías en el puerto de destino.
26 Cualquier omisión o error en la copia podía dar lugar a la pérdida de las mercancías.
En estos registros encontramos una nómina rica de peruleros que podemos comparar con los obtenidos por García Fuentes al rastrear su actividad en las flotas.
Esto nos ha permitido comprobar el papel de estos pasajeros que retornan con miles de pesos invertidos en mercancías y libros.
Gaspar de Perales trajo plata desde Lima «para emplear» a lo largo de varias flotas, entre 1589 y 1595, y embarcó libros en 1592, únicamente una caja con obras de historia, literatura y religión, entre las que destacan las «Galateas», el «Pastor de Yberia» o la «Silva de varia lezión».
27 Estos peruleros se abastecían generalmente en Sevilla, lo que resultaba un buen negocio para los libreros sevillanos.
Es el caso de Jácome López, un librero que en 1592 juraba que vendió «nueve caxas y juro a Dios que fueron quatro mil reales los cuales vendí al señor Francisco Estrada Beltrán para llevar a Lima».
28 Este Francisco de Estrada Beltrán fue un perulero con importantes negocios en la flota.
Esta plata peruana invertida en libros fue un factor clave, ya que proporcionaba liquidez a los negocios de librería sevillana.
La llegada de peruleros ofrecía unos beneficios considerables, ya que el librero no tenía que arriesgar en el negocio, aunque sus beneficios fueran menores.
El librero Jácome López era uno de los que negociaba habitualmente con estos mercaderes, pero también con los sevillanos.
En 1583 Alonso de Mendoza, mercader de paños, compró libros por 9.222 reales que le había encuader-nado López y que debían estar listos para enviar a las Indias.
29 En cualquier caso, fueron varios los peruleros que acudieron a la tienda de Jácome López, como Miguel de Ochoa, que en 1594 le compró libros por valor de 1.700 reales, unos tomos que se embarcaron en siete cajas con una variedad temática y de títulos notable que veremos más adelante con detalle.
En estos casos los peruleros compraban los libros en las librerías de la ciudad o bien a otros intermediarios, en alguno de los almacenes habilitados para el tráfico o incluso entre los lotes de depósito que algunos mercaderes de libros dejaban en las tiendas sevillanas.
En estos casos estos lotes podían remitirse bien a particulares que demandaban textos concretos, a otros mercaderes en Quito, Potosí o Cuzco, o a libreros limeños como Diego Méndez que declaraba ser «mercader de libros» al recibir un lote llegado desde Alcalá de Henares.
30 Los peruleros adquirían los libros y los enviaban respondiendo a una demanda concreta, generalmente mediante una lista de títulos que debían conseguir en Sevilla.
Los libreros españoles de otras ciudades, especialmente Medina del Campo, Alcalá de Henares, Madrid, pero también de Valencia o Barcelona, aprovechaban estas oportunidades para distribuir sus libros.
Desde distintas ciudades castellanas solían acudir a Sevilla coincidiendo con los momentos de preparación de las flotas, ya que resultaba una buena oportunidad para ofrecer los libros recién editados, vender las novedades traídas del extranjero y dar salida a los libros de sus stocks.
En concreto en el estudio de 487 registros con libros remitidos en los navíos de viaje a América, 183 envíos se registraron en los galeones de Tierra Firme.
32 En estos envíos no siempre se especifican los ejemplares embarcados, y en el total de la suma del cuadro siguiente están excluidas las menudencias en el número total de ejemplares.
Estos pliegos impresos se cuentan por resmas y no siempre se declaran en las listas, ya que en ocasiones no se declararon y en pocos casos se detallaba la cantidad o los títulos.
En este sentido el total de ejemplares se refiere a libros, no a la amplia gama de libretes o librillos, pliegos y otros textos impresos que constituyeron, probablemente, una parte muy importante del tráfico de material impreso, ya que resultaban económicos y de más fácil venta en sectores muy amplios de la sociedad colonial.
El contexto de Alcalá de Henares en Martín Abad, 1997.
LAS REDES COMERCIALES DEL LIBRO EN LA COLONIA Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 447-478 En el apartado siguiente nos encargaremos con más detalle de los libros que embarcaron estos importantes cargadores, ahora apuntaremos algunos de los rasgos de estos peruleros.
Francisco de Basualdo, vecino de Lima, llevó un cajón de libros con dos «quistiones regulares de fray Manuel Rodríguez; quatro santorales de Valderrama 1 2 3 parte; treçe Blosios; quatro obras de fray Luis de Granada».
33 Las Obras de Ludovico Blosio eran de las más recomendadas por los autores ascéticos, y cuando se trataba de ser «amigo de leer buenos libros» era uno de los habituales, junto a Fr.
Luis de Granada, tal como indicaba Jaime Cabana que intentaba guiar al lector para que sacara fruto «de la lición santa, y devota» ya que «la lición de libros profanos y lascivos es peste, y destrucción de las almas».
34 Este era un lote pequeño, pero muy bien seleccionado, con rápida salida en el mercado limeño al que llegaban estos textos de manera habitual.
La tónica de los envíos indica que se cargan lotes para particulares (bibliotecas viajeras o lotes bajo demanda), o bien una cuidada selección de títulos que pudieran introducirse en el mercado del Perú con facilidad.
Diego Arias de Buiza es otro de los cargadores que trafica en la Carrera al calor de los capitales indianos recibidos para negociar en Sevilla.
En 1600 Arias de Buiza figuraba como residente en Sevilla en una carta de pago de 3.200 reales por asuntos comerciales.
35 Al poco tiempo dio el salto y en 1605 este salmantino recibía licencia para ir como pasajero a Perú.
De este modo iniciaba una carrera ascendente en la que seguía los pasos de su padre, Rodrigo Arias de Buiza.
Este último negociaba, con intensidad, en el trasiego de mercancías del negocio atlántico y tenía una extensa red de contactos.
En 1604 entregaba en Sevilla «una fuente de plata grande labrada con la ystoria del cerro de Potosí» para que la llevaran a Salamanca.
36 Diego Arias de Buiza llevó libros en dos de sus viajes a Tierra Firme.
En concreto compró en casa de Hernando Mexía un lote de 24 libros jurídicos, algunos en «papel real», es decir, con amplios márgenes y de mayor calidad, lo que resultaba adecuado para incorporar anotaciones y escolios por parte del lector.
Estos libros los embarcó para «Acuña Olivera, colegial en Los Reyes», 37 que podría corresponderse con Bartolomé de Acuña y Olivera, colegial en San Marcos de Lima que compareció en 1606 como testigo en una información de Bartolomé Martínez.
38 Arias de Buiza continuó negociando y en 1610 envió mercancías a Lima, de donde recibió barras de plata, y declaró que iban por su cuenta y riesgo «tres caxones... con libros».
39 Este mismo año consiguió el pase de la Casa de la Contratación para embarcarse con destino al Perú, acompañado de Hernando de Mesa «criado que truje de aquellas partes».
40 Un factor limeño destacado fue Juan Pérez de Gordezuela.
En los galeones de Juan de la Cueva de 1610 llevó mercancías procedentes «de la plata que de su cuenta truxo», una coletilla habitual que incluían los mercaderes peruanos de retorno.
El lote contaba con textos de teología escolástica, sagrada escritura y devoción, en total 12 títulos y 69 ejemplares.
41 La selección incluía «1 Obras del pe Salmerón en 16 tomos en perg» y «1 Obras de Bañez sobre Santo Tomás en 4 tomos», que indican que el destinatario era un letrado, una biblioteca conventual o un colegio, que podían pagar un precio elevado por un lote que únicamente podía satisfacer el interés de un segmento de lectores que entendía el latín y se interesaba por las disquisiciones escolásticas.
Las excelentes relaciones comerciales que mantenía Correa en Lima facilitaron que en 11 ocasiones cargara libros en Sevilla.
Su nombre aparece con frecuencia en los «registros» de carga de grandes cantidades de mercancías para su tío Antonio Correa, Juan de Lumbreras y otros comerciantes limeños.
42 En 1605 cargó libros en diez ocasiones, por ejemplo, registró por cuenta y riesgo del librero Antonio de Toro y, también, del librero madrileño Juan de Montoya.
Envió 8 cajones para el doctor Juan Núñez Mexía de Lima con 330 ejemplares, remitió a Pedro Fernández de León un lote de 52 títulos que sumaron 325 ejemplares y actuó de intermediario en el envío de la Historia de España que realizó su autor, el P. Juan de Mariana, remitiendo 30 ejemplares a Lima.
En la mitad de los envíos, en cinco casos, los libros iban por cuenta y riesgo de Antonio Méndez, que 37 AGI, Contratación, 1145A.
Actúa, generalmente, en sociedad con su tío, enviándole grandes lotes de mercancías.
En total la intervención de Correa facilitó la exportación de 2.341 ejemplares que alcanzaron un total de 859.248 maravedíes, con un valor medio de 10,8 reales por ejemplar.
Es un volumen de exportación considerable, que nos da una idea aproximada del potencial de carga que podía llevar un mercader de la Carrera de Indias.
Francisco Galiano fue un viajero incansable.
En cada uno de estos años remitió mercancías de todo tipo, ya que fue comisionado por mercaderes limeños que le facilitaron importantes cantidades de plata para emplear, tal como revelan sus idas y venidas a través de los expedientes de pasajero a Indias.
43 Uno de estos inversores fue el tesorero Francisco Cano, a su cuenta y riesgo remitió Galiano en 1608 un total de 6 títulos de libros jurídicos y litúrgicos, en concreto un breviario y un diurno.
Galiano solía anotar el destinatario, dando cuenta de la persona a la que debía hacerse llegar los cajones.
Al Cuzco remitió 122 títulos (en dos envíos) para el presbítero Juan Núñez de Illescas; 27 títulos los envió al prestigioso oidor Juan de Solórzano; 63 títulos fueron a manos del fraile mercedario Juan de Elías y 13 títulos para el alcalde de corte Juan de Canseco.
Es un fiel reflejo del segmento de letrados consumidores de textos y dispuestos a invertir en libros.
Galiano tampoco tenía problema en colaborar con libreros de la propia Carrera de Indias, como Hernando Mexía que le encargó la cargazón de dos lotes de 55 y 60 títulos en 1615, destinados a su venta en el Perú.
Ahora bien, el cuadro anterior no agota, en modo alguno, la presencia de peruleros en Sevilla cargando libros.
Es tan sólo una muestra significativa de los que cargaban en grandes cantidades mercancías e incluían libros en sus actividades.
Otros muchos viajeros que retornaban traían encomiendas y acudieron a los libreros sevillanos para comprar lotes.
Fernán Ramírez del Molino registró en 1601 a Juan de Iria, residente en Potosí, 24 «oratorios de fray Luis, diez y seis docenas de cartillas, quatro oficios de Semana Sancta, veynte oras de latín, seis dozenas de papeles de historia».
44 La red de comerciantes del virreinato peruano y el peso de sus negocios en Sevilla se redujo en los inicios del siglo XVII.
Esto se refleja en las hojas de registro.
En cualquier caso, como veíamos anteriormente, los comerciantes sevillanos siguieron participando ampliamente en las redes 43 AGI, Contratación, 5328, n.
El cambio general del ciclo económico y las quiebras y bancarrotas de bancos en Sevilla y, en la década de los veinte en Lima, afectaron, notablemente, a todo el entramado.
Algunos mercaderes que negociaron activos en la Carrera de Indias en estos años, como Ana Vernegali, tuvieron que salir en defensa de sus bienes ante las quiebras bancarias y otros diversificaron sus actividades e invirtieron en censos.
45 La casuística revela la diversidad de estrategias para superar los riesgos comerciales de los años veinte y treinta en el tráfico atlántico.
A partir de la década de los veinte el tráfico comercial en su conjunto entró en recesión, pero la actividad del puerto sevillano (y de la bahía gaditana) fueron claves para el tráfico de libros a lo largo de las décadas siguientes.
En 1643 podemos encontrar peruleros como Lázaro Colmenero, limeño en viaje de retorno, cargando mercancías para varias personas, entre ellas el secretario de la Inquisición de Lima, y envíos en los que no especificar el destinatario, como el de «dos caxones con dos escritorios y dos caxones de libros».
Los textos literarios en circulación en la Carrera de Indias
La diversidad de negocios que realizaron los peruleros como factores conllevó una dispersión de sus actividades.
Podían cargar para particulares o encomenderos, grandes lotes o apenas unos ejemplares, sirviendo de enlace en una larga cadena que llevaba los libros a sus destinatarios en América.
Ahora nos centraremos en algunas de las listas de libros embarcados pero, dado el breve espacio disponible, nos ocuparemos únicamente de las obras literarias que han despertado notable interés en los estudios de la literatura.
Estos textos tuvieron una presencia limitada en los envíos, pero ofrece una panorámica interesante de la evolución del interés por la puesta en mercado de las novedades y la circulación de determinados textos (novela de caballerías, poesía épica, teatro).
47 La escasa presencia en relación al total del tráfico comercial del libro está en consonancia con lo 45 AGI.
Con los autos de bienes de su marido, Juan Francisco de Fontana.
Este milanés casado con Ana Vernegali obtuvo carta de naturaleza en 1597.
El marco global de la producción de las imprentas españolas en Wilkinson, 2012, y el análisis de las imprentas en Bouza, 2004.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.03 que muestran los inventarios de libreros y los estudios de posesión del libro en las ciudades españolas, sirva como botón de muestra el caso de Salamanca en la que se han detectado obras de literatura moderna en un 1,6 % de los libros de las bibliotecas particulares, o el de Madrid donde un análisis de 1.307 inventarios indica que tan sólo 71 tenían novelas de caballerías.
48 Estas cifras deben tomarse con cautela, ante la ausencia de estudios de conjunto de las bibliotecas de las ciudades americanas, pero dan una idea de la limitada incidencia de la literatura de los autores del momento en el abanico de lecturas ofertadas a través de la Carrera de Indias.
No obstante, veremos una evolución notable de la oferta de obras de entretenimiento remitidas a Lima, y este podría ser su mayor interés, al detectar una temprana recepción de los textos y una evolución notable en los títulos que llegaron.
Si consideramos que al menos una parte de los títulos revelan demandas realizadas desde Lima en el momento de entregar la plata para emplearla en Castilla, podremos detectar los intereses de las comunidades de lectura, que pedían determinados libros que respondían a necesidades del mercado limeño.
Al centrar la mirada en lo que embarcan quienes iban de retorno podemos fijar la atención en libros que son tratados como mercancías, pero que están ligados a intereses concretos de lectores, libreros o mercaderes limeños.
Lo que no conviene olvidar es que muchos envíos no contenían obras literarias, pero respondían a necesidades e intereses igualmente clave en los intereses de adquisición de textos.
Es el caso de del doctor Francisco de León que consiguió en 1605 un lote de 4 títulos del jurisconsulto Giacomo Menochio, eran el De praesumptionibus, Sexta centuria, Consiliorum y De arbitriis judicum quaestionibus et causis, títulos altamente especializados, apreciados y comunes en las bibliotecas de juristas americanos.
49 Al enfocar una memoria con libros destinados a un uso personal, para una biblioteca particular, podemos detectar lecturas potenciales y evaluar el peso de este tráfico de libros en la formación de algunas colecciones peruanas.
En este caso, el doctor León prefirió acudir a un perulero para conseguir estos volúmenes, probablemente con alguna indicación específica sobre su calidad ya que eran costosos.
En tales peticiones se solían reclamar que fueran las mejores ediciones posibles, ya que de este modo podían contar en sus bibliotecas con las últimas adiciones e índices.
Volviendo a la literatura, resulta interesante el caso del perulero Gaspar de Perales, casado y con 44 años, que cargó en 1592 en los galeones del general Francisco Martínez de Leiva mercancías por valor de 21.385 pesos ensayados.
También envió una caja de libros con una diversidad temática notable: Los 16 títulos declarados apuntan a una preferencia por obras en castellano de historia y literatura, como revela la Primera parte de la Galatea (Alcalá, 1585), pero también destacan algunos textos religiosos.
La diversidad temática apunta a un envío comercial, igual que el que realizó el perulero Miguel de Ochoa en 1594.
Este fue un año de menor actividad de los mercaderes peruanos, pero aún así el zaragozano Ochoa a su regreso al Perú cargó 30.062 pesos ensayados en mercancías.
51 Lo interesante de uno de sus envíos, en los que actúa como factor, es la abundante literatura de entretenimiento que se llevó consigo.
Esto es un claro indicador de un envío dirigido a satisfacer una clientela con intereses diversificados, y como suele ocurrir en los envíos de claro cariz comercial van mezcladas las obras literarias de géneros distintos, con un especial interés por la novela 50 AGI, Contratación, 1094.
PEDRO RUEDA RAMÍREZ de caballerías y la poesía.
Entresacamos los títulos literarios para dar una cierta idea de la oferta puntual de 1594 que llegó a los limeños:
-Tres libros cançioneros de Petrarca.
- Juan González Moya fue otro perulero que cargó libros.
En 1598 embarcó en los galeones de Sancho Pardo Osorio un total de 19.987 pesos ensayados, y en uno de sus registros declaró un importante lote de libros destinados a «Alonso Reluz mercader de la villa de Potosí», 53 indicando un comercio atlántico que podía llegar a zonas de interior, tradicionalmente abastecidas desde Lima.
El tráfico de libros revela, en este caso, una vía alternativa para abastecer con 488 ejemplares el mercado de Potosí con textos jurídicos y religiosos, además de obras de literatura («dos Amadís de Greçia», «una Araucana», entre otros) e historia («historia del Perú de Çarate»).
La afición por las secuelas del Amadís de Gaula indica la 52 AGI, Contratación, 1106.
LAS REDES COMERCIALES DEL LIBRO EN LA COLONIA continuidad de las aventuras de estos caballeros en territorio americano.
En este caso se trataba de la Chronica del muy valiente y esforçado Principe y Cauallero de la ardiente espada Amadis de Grecia (quizá se envía la edición lisboeta editada por Simón López en 1596).
Un fenómeno que seguirá despertando interés al trasladarse las historias a versiones especialmente elaboradas para su edición en pliegos sueltos, un fenómeno que para Burke «sugiere que se habían convertido en parte de la cultura popular», 54 al menos entre los lectores peninsulares y criollos de la Colonia.
Además en este caso iban declarados un lote importante de libros devotos.
Declaró 192 ejemplares de «devocionarios de Fr.
Luis de Granada 16o tablas».
Algunos de los más suculentos negocios de venta de libros destinados a Lima estuvieron en manos de libreros, pero también participaron en las compraventas numerosos mercaderes.
Este es, probablemente, el caso de Juan López de Mendoza, un perulero que llegó a cargar en estos galeones 49.625 pesos ensayados, y que registró para «Isabel de Bolonia, viuda» un impresionante lote de títulos en quince cajones.
En el envío se incluyeron algunos textos literarios, un apartado pequeño del total, pero revelador de la intención de satisfacer a un público con interés por las obras de entretenimiento.
En este envío de 1598 iban 10 ejemplares de la Celestina, seguidos de varios volúmenes de las diferentes partes del romancero, un ejemplar del «Amadís de Gresia» o 4 del «Espejo de cauallerias», junto a la poesía épica de la «Araucana 1, 2, 3a parte».
En cualquier caso en el conjunto tuvo un peso importante las obras devotas y la poesía religiosa, con entradas como los 2 «nombres de Cristo con la perfecta casada» de Fr.
55 Un envío ejemplar en lo que se refiere a la selección de títulos de éxito es el que realizó Lope de Munibe en 1605.
Este perulero llegó a registrar en los galeones de Francisco del Corral 39.877 pesos ensayados.
Entre sus diversas cargazones aparece un caso singular.
Envió un lote de 4 títulos de los que declaró 305 ejemplares destinados a «Domingo de Garo vecino de la ciudad de los Reyes en el resto de su quenta».
En este caso eligió «cien Astetes de oraciones», «duzientos oratorios de fray Luis de Granada», «tres Bliuias de Sisto otauo» y «dos sumas de fray Manuel Rodríguez».
Luis de Granada, su Libro de la oración y meditación, uno de los textos religiosos consumidos con más frecuencia a un lado y otro del Atlántico.
El libro fue enviado en esta flota por otros cargadores, por ejemplo, Diego González Durán, declaró 6 docenas (72 ejemplares) «de oratorios de fray Luis de Granada».
57 La Biblia en latín y el tratado de casos morales de conciencia del portugués Manuel Rodríguez fueron, igualmente, bastante habituales entre los envíos de los libreros.
La selección de estos cuatro títulos corresponde a una clara intención de colocar con relativa facilidad la mercancía en destino.
En los años que van de 1610 a 1620 se aprecia una relativa caída de los negocios de los peruleros, y algún altibajo como el de la flota de 1615 en la que se redujeron a media docena los factores quiteños, aunque eso no quiere decir que no realizaran, en modo alguno, embarques de libros.
De entre todos ellos queremos destacar el papel de Francisco Galiano que declaró 12.355 pesos ensayados en esta flota cuando se disponía a regresar con sus criados Juan Ramón y Jerónimo López.
58 Galiano registró dos cargamentos de libros que remitía a Lima el importante librero sevillano Hernando Mexía.
Es interesante constatar cuáles son las obras literarias que se remitieron, sobre todo si las comparamos con las que remitió Ochoa en 1594 que hemos visto anteriormente.
Las obras literarias que localizamos en ambos envíos son:
Es significativo el cambio total de dirección, desaparecen las novelas de caballerías, son barridos los humanistas italianos y ocupa un papel muy relevante las comedias, la novela y la poesía de autores contemporáneos al envío.
Es difícil establecer una generalización a partir de casos tan puntuales, pero resulta evidente que el mercado del libro cambió, de manera 57 AGI, Contratación, 1145A.
En este ámbito específico de la literatura de entretenimiento la transformación de la oferta se aprecia de una manera clara.
En cierto modo coincide con las voces de los moralistas en los púlpitos y el discurso religioso sobre los daños de la «lección de libros malos», que llevó a la Junta de Reformación a tomar medidas, como fue el no conceder licencias para publicar novelas entre 1625 y 1635.
60 El elaborado panegírico de los buenos libros contaba con su contrapeso en la descarga de una cascada de argumentos contra los libros de caballería y las novelas, pero no conviene olvidar el ataque a los poetas «gentiles», considerados por el jesuita Juan Sebastián, procurador de la orden en el Perú, como especialmente malos «porque con la suavidad y dulçura, se hacen mucho más perjudiciales».
61 El clima crítico del estamento eclesiástico contra estas lecturas literarias no resultó, en modo alguno, suficiente para frenar la producción o reducir el mercado, pero fue una voz constante y repetitiva que marcó la relación con los textos, ofreciendo al lector un cúmulo de motivos para desistir de sus lecturas en «libros vanos y profanos», a la par que se ofrecían alternativas aceptables desde la óptica eclesiástica.
62 En realidad se dieron más cambios, probablemente a un ritmo pausado, en los envíos de menudencias impresas y en algunos libros con una larga vida editorial, y se produjo una notable transformación del mercado del libro y la oferta de literatura de entretenimiento en esta etapa de transición que estamos tratando de analizar.
El caso que podría resumir estos fenómenos es el del perulero Antolín Vázquez, que en 1618 remitió a Jerónimo Soto Alvarado un lote de libros interesante, por varios motivos como enseguida veremos, respondiendo muy probablemente a una demanda para activar un negocio de venta de libros que intentó contar con materiales de amplia difusión:
-20 docenas de perfetos christianos [Juan González de Criptana] dorados y llanos. -24 docenas de relicarios dorados y llanos.
-24 docenas de horatorios de fr.
Luis de Granada dorados y llanos.
PEDRO RUEDA RAMÍREZ Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 447-478 En el envío se detecta la incorporación de algunas obras recién publicadas en Sevilla, en concreto, la obra de José de Santa María (O.C.D.) titulada Tribunal de religiosos (Sevilla, 1617) y el tratado de Diego Granada (S.I.) sobre la Inmaculada Concepción, con el título De Immaculata B. V. Dei Genitricis M. Conceptione (Sevilla, 1617).
Al igual que los «relicarios» que podría corresponder con el Relicario del alma del capuchino Antonio de los Mártires, un pequeño libro en 8.o publicado en Madrid en 1617.
Es improbable que respondieran a una petición realizada desde Lima ya que eran libros recién publicados.
Es posible que responda a una petición de novedades que se sumaron al envío.
El grueso en este caso fueron textos de larga vida editorial, con numerosas impresiones en el mercado y habitualmente vendidos en las librerías.
Este sería el caso de los 288 ejemplares del Libro de la oración y la meditación de Fr.
Luis de Granada o los 240 ejemplares del Perfecto cristiano de Juan González de Criptana.
Las menudencias del envío formaban parte de un género editorialmente bien definido, que elaboraba sus propias reglas y ofrecía guiños al lector que facilitaban la identificación de estos impresos (tipos gastados, papel de poca calidad, grabaditos, etc.).
Estas características las podemos encontrar en los ejemplares publicados con frecuencia en las prensas españolas y, muy especialmente, en algunas imprentas alcalaínas y sevillanas.
Estas «resmas» suman 7.500 pliegos impresos, dando cuenta del peso tan importante que podían llegar a alcanzar al difundirse en el Perú este tipo de obras.
Los peruleros seguían, de este modo, la senda de los envíos comerciales de los libreros.
Un caso podría verificarlo.
En 1660 el librero madrileño Gabriel de León remitió a Lima un lote importante en 46 cajones que incluía «55 docenas de comedias sueltas de todos género y tres resmas y media de coplas de todos géneros y asimismo van 200 tratados de las paces de Françia».
64 Las 660 obras de teatro «sueltas», los 1.750 pliegos impresos y los 200 tratados (recién publicados con la nueva de la paz con Francia) formaban un núcleo esencial de los intereses de un público amplio, interesado en las novedades del teatro, las «coplas» y las noticias políticas.
En todo caso, el análisis de los peruleros es un botón de muestra del total de envíos.
Los negocios que realizaron con los libreros sevillanos plantean interrogantes interesantes.
En ocasiones algunos como Antonio de Toro embarcaron libros sirviéndose de peruleros, ya que de este modo lograban contar con un intermediario que conocía al dedillo el mercado limeño y podía colocar ventajosamente los libros.
En 1618 el librero sevillano Antonio de Toro había adquirido un peso notable en el negocio del libro y registró directamente los envíos en los galeones de Juan Flores de Rabanal.
El envío que realizó a Quito permite entrever algunos detalles de su modo de proceder.
El 30 de marzo de 1621 el mercader Francisco Segura, vecino de Quito, «de partida para allá en los presentes galeones», reconocía haber recibido de Antonio de Toro «treze caxones de libros de latín y romance de diferentes facultades».
Segura llegó a un acuerdo de compañía con Toro en el que afirmaba: me obligo de los vender a los mas subidos precios que pudiere y me obligo de dar y que daré quenta y rasón con pago del principal y ganansias que del costo de España montaron los dichos treze caxones de libros honze mill y seiscientos y setenta y seis reales.
65 De este modo Segura debía pagar el costo de los libros que aportó Antonio de Toro, valorados en 11.676 reales, más las ganancias, aunque «por su encomienda y renta a de llevar a diez por ciento.»
Este diez por ciento era el porcentaje de ganancia para Segura, que de este modo no tenía que invertir capital ni bienes, tan sólo hacerse cargo de la carga y venderla en destino.
Era un trato de compañía frecuente en la Carrera de Indias, pero los peruleros como Francisco Segura llevaban a cabo otro tipo de contratos cuando traían plata para negociar y compraban las mercancías al contado.
La diversidad de los contratos también proporcionaba diferentes márgenes de beneficio a los peruleros, que contaban con una gran ventaja al traer dinero contante y sonante, frente al riesgo potencial de las deudas por cobrar.
De hecho, Antonio de Toro intentó curarse en salud otorgando un poder para cobrar sus deudas a «don frey Alonso de Santillán de la orden de santo domingo y obispo de la ciudad de Quito», 66 ya que las deudas por cobrar y los costes de la remisión de la plata de retorno en pago de libros fueron problemas constantes para los libreros españoles, que no solían tener una gran liquidez.
Estos libros remitidos a Quito debieron proceder, al menos en parte, de los que solía recibir Antonio de Toro desde la corte, como los que le remitió el impresor Luis Sánchez unos años antes de este envío, en 1615, 67 o los más de 5.600 reales que debía Antonio de Toro en 1617 a Alonso Pérez, 68 uno de los mercaderes de libros madrileños más activos en el intercambio librario castellano.
Las rutas de circulación: el viaje al virreinato peruano
Las rutas que seguían los peruleros para colocar la mercancía en el virreinato son conocidas a través de diversos derroteros y descripciones de viajeros, pero también los testimonios de los oficiales de la Corona y las cartas ofrecen noticias valiosas.
70 Los libros siguieron los caminos de mar y tierra del resto de mercancías.
El viaje por el océano Atlántico suponía un reto para un material tan frágil como el papel, sometido a cambios de temperatura en alta mar, con una humedad notable y el riesgo constante de las entradas de agua salada que podían estropear de manera irremediable los libros.
Los cajones se enceraban con la finalidad de impermeabilizarlos, pero no siempre se lograba y las pérdidas por libros mojados formaron parte de las quejas, y de las anotaciones en las cuentas de los peruleros que llevaban a su cargo los cajones.
Los riesgos no acababan con la llegada a los puertos de destino en las aguas del Golfo, los puertos de Nombre de Dios o Portobelo eran meras escalas y resultaba necesario descargar los bultos, llevarlos a Panamá, embarcarlos de nuevo y llevarlos al puerto del Callao, o si viajaban por la vía de Cartagena cargarlos en recuas de mulas para que fueran siguiendo el camino real hasta Lima.
En este trasiego comercial los mercaderes panameños jugaron un papel clave.
Juan de la Fuente Almonte fue uno de estos encomenderos que inició en Panamá las operaciones que le llevaron a adquirir una situación prominente en las redes comerciales del mercado peruano.
En 1598 se encontraba en Panamá recibiendo unos fardos que le envió Fernando de Vallejo y que debía remitir a Perú.
En ellos iban «diez docenas de cartillas a dos reales».
71 El trasiego de estos fardos le proporcionaba una ganancia del 5%.
72 En cualquier caso, bien por la vía terrestre o, la más común, la marítima, los riesgos seguían siendo importantes para un bien frágil y pesado que estaba sometido a la codicia de los oficiales reales y a la vigilancia de los comisarios inquisitoriales.
El cronista López de Gómara detallaba la ruta de estos frangotes y baúles con libros, ya que -Tres memoriales de la vida cristiana [Luis de Granda].
-Dos fardos de papel con un balón dentro en ellos -Yten tres docenas describanías sin herramientas.
75 No obstante, la mayoría de los envíos siguieron su camino a Lima.
En 1592 se enviaba un lote a la ciudad de Nombre de Dios «para que el que las recibiere pase a Panamá y en la mar del sur las cargue y registre consinadas a Gonzalo Fernández de Herrera en la ciudad de los Reyes van a riesgo del monasterio de la Encarnación de monjas de la dicha ciudad», unas monjas que recibían un envío muy rico que incluía, entre otras obras, «una Biblia real grande», el «teatrum orbis en romançe» y «el caballero determinado».
76 En 1605 el librero y editor alcalaíno Juan de Sarria remitió 61 cajas que debía recibir en Panamá su hijo Juan de Sarria.
De ellas llegaron finalmente a Lima 45, ya que «vendió en el camino y para fletes y aviamiento dellas ocho caxas», otras ocho las dejo a cargo de su primo Gregorio de la Puerta y se encontró que al atravesar el istmo panameño algunos libros «se habían moxado».
77 Al embarcar en Sevilla los cargadores solían repartir en más de un navío la carga, para garantizar que al menos una parte de las mercancías llegaran a destino, y de igual manera al registrarla en Panamá volvían a utilizar esta táctica.
En el caso de Juan de Sarria citado remitió en dos navíos las 45 cajas que finalmente llegaron a El Callao, el puerto de atraque de los navíos de la mar del Sur, desde donde eran llevados a lomos de mula hasta Lima.
En el puerto, los cajones debían ser inspeccionados, bien por los oficiales reales cuando no existía la infraestructura inquisitorial o bien por los agentes de la Inquisición, desde 1569 en adelante, con la finalidad de localizar libros prohibidos.
78 Los cajones ya habían pasado una primera criba de control en Sevilla o Cádiz, y en teoría debían llegar a Lima con el visto bueno y el sello de cera del Santo Oficio que se colocaba en los cajones, pero diversas circunstancias podían impedirlo.
Ya vimos como Juan de Sarria necesitó abrir las cajas ya que «parece haberse mojado algunas de Puertovelo a Panamá» por lo que fue necesario «abrírselas y tornar de nuevo a hacer».
N.a S.a de la Concepción, 15.
Conviene concluir este trabajo, algo extenso ya, y no agotar a los lectores.
Es difícil recapitular el papel de estos peruleros en el tráfico atlántico de libros.
La pequeña muestra de finales del XVI que aquí analizamos indica algunas tendencias interesantes, mostrando su presencia en Sevilla con plata para comprar libros y su participación en el abastecimiento del mercado limeño.
Esto permite considerar su papel como un elemento clave al facilitar liquidez a los negocios de los libreros sevillanos.
Y ayuda a entender su activa participación en el tráfico de libros a través de Panamá.
Algunos mercaderes se iniciaron en el tráfico oceánico para pasar a convertirse en encomenderos en Panamá o asentarse en Lima con la finalidad de iniciar tratos y contratos.
Esto se confirma en la primera década del siglo XVII en la que juegan un papel relevante y abren puentes para la participación en este modelo de negocio a libreros como Juan de Sarria, que sigue los pasos de los peruleros y se convierte en un agente activo en Lima.
Los peruleros reducen su presencia en los años de 1611-1620, un momento de contracción comercial de la Carrera de Indias.
En estos años encontramos 16 envíos de 6 cargadores distintos.
La diferencia es notable también en los totales de títulos declarados y en los ejemplares enviados, con una tendencia a la baja en los totales declarados entre 1611-1620, frente a la notable riqueza temática de los envíos de finales del XVI y de la primera década de la siguiente centuria.
Los peruleros fortalecieron los mecanismos de intercambio y crearon redes eficaces que sustentaron el tráfico de libros destinados al mercado americano.
El mercado peruano mostraba, en este terreno, una notable iniciativa y los propios lectores interesados en completar sus bibliotecas lograron sus objetivos de abastecimiento en el mercado europeo.
Como hemos visto, los peruleros cargaban para particulares limeños, potosinos o del Cuzco, actuaban como encomenderos de los libreros sevillanos como Antonio de Toro o los Mexía, y, al menos en ciertos casos, compraron lotes de libros de fácil venta para satisfacer las demandas de los mercaderes peruanos.
La diversificación de sus actividades, arriesgando la plata llevada a Sevilla en libros, participando en compañías con libreros sevillanos como el caso de Francisco Segura, y sus amplísimas redes de contactos en ambas orillas les hicieron imprescindibles en el tráfico de libros en la Carrera de Indias.
PEDRO RUEDA RAMÍREZ El análisis de los títulos de libros de literatura en algunos envíos también ofrece una imagen nítida de la evolución en el abastecimiento.
Se detecta una paulatina desaparición de autores renacentistas, como Petrarca o Aldana, y el descenso de envíos de las novelas de caballería.
Y a la par se observa la circulación de novedades editoriales de poesía épica y el romancero espiritual, las comedias o la novela picaresca.
El interés por estos nuevos textos, entre los que destacan las Rimas sacras y las comedias de Lope de Vega, es otro aspecto relevante.
Esta muestra permite verificar el abastecimiento a través de canales bien establecidos que facilitaron la llegada de impresos recién publicados con novedades editoriales, aunque también se observa el éxito de las menudencias impresas de larga vida editorial, que encontraron en el virreinato peruano una nueva vía de difusión. |
El Atlántico en la Edad Moderna fue un espacio compartido, en el que personas, bienes e ideas circulaban a través de unas fronteras más porosas de lo que con frecuencia se ha creído.
1 Esta circunstancia afectó también a los libros, que ya en el siglo XVI eran un producto en buena medida internacionalizado, que se fabricaba a gran escala en algunas ciudades o regiones de Europa, desde donde se distribuía por todo el continente 2 y también por América, aunque al mismo tiempo funcionasen talleres de imprenta con producciones menores en multitud de lugares, con los que se cubrían sobre todo las necesidades locales.
3 Por tanto, la organización de la producción y distribución de libros en Europa y América en el Quinientos hace que resulte imposible estudiar ésta en un territorio concreto sin tener en cuenta sus relaciones con los demás.
En el caso español, un elemento clave para explicar la configuración y evolución del comercio de libros a lo largo del siglo XVI es precisamente el horizonte americano, aunque su impacto fuera distinto en los principales núcleos y redes de dicho comercio.
Como era de esperar, donde se notó antes y con mayor intensidad tal impacto fue entre los productores y distribuidores de libros de Sevilla, cabecera peninsular de la Carrera de Indias.
Diversos aspectos o etapas de esta estrecha relación entre Sevilla y América a través de los libros han sido abordados por varios investigadores; 4 pero aún queda, tanto en los archivos de esta ciudad como en otros, mucha información por explorar para reconstruir las redes que permitieron la circulación de libros entre Europa y América, y sobre parte de esta documentación se construye el presente artículo.
5 Los archivos que podrían utilizarse son muchos, y un estudio sistemático de los mismos resulta aquí imposible.
Por ello las siguientes páginas se centran sobre todo en dos archivos, que además son precisamente los que ofrecen una información más valiosa y abundante para mis objetivos: el Archivo General de Indias (AGI) y la sección de Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPSe), a los que añadiré información encontrada en los trabajos realizados por otros investigadores.
El Archivo de Indias es el más conocido y utilizado, aunque todavía quedan campos por explorar, sobre todo para la segunda mitad del siglo XVI.
Por su parte, la documentación de los protocolos notariales sevillanos es abundantísima a lo largo de todo el siglo, lo que en cierta forma puede compensar la escasez de documentación del mismo tipo de esa época en América, al menos en el caso de México, donde, en palabras de Nora Jiménez, «la mayor parte de los papeles con los que contamos, son aquellos generados por la actividad inquisitorial».6
Primeros pasos del comercio del libro en América
Los libros viajaron a América de la mano de los primeros descubridores y conquistadores,7 pero conforme se extiende el asentamiento de los europeos en América y se consolidan las sociedades y las instituciones indianas es cuando crece la demanda de libros.
Para responder a ésta se establecerán impresores en los distintos virreinatos y se crearán redes para la distribución del libro que van desde el librero con tienda abierta en una gran ciudad hasta los vendedores y mercachifles ambulantes que, de lugar en lugar, van vendiendo todo tipo de mercancías.
Conocemos los nombres de los primeros impresores en territorio americano, así como de varios libreros.
La mayoría de ellos llegaron en la segunda oleada de emigración a Indias, encontrándose con las riquezas del Nuevo Mundo ya repartidas, por lo que, aunque tuviesen más posibilidades de promoción social que los trabajadores sin cualificar, debieron trabajar duro para salir adelante.
8 Una vez en territorio americano necesitaron seguir en contacto con la metrópolis para proveerse de libros, así como de otras menudencias de imprenta con que abastecían a su público: cartillas, almanaques, imágenes, etc. Tanto la emigración de estos hombres, como su posterior dependencia con respecto a las exportaciones de la Península dejó un rastro en diferentes archivos españoles que es necesario seguir si queremos saber más y comprender mejor cómo funcionó el mercado de libros en la América colonial durante su primer siglo de vida.
Hasta la década de los cuarenta encontramos todavía pocos libreros en América9 y las noticias que a este respecto se encuentran en las fuentes españolas están en su mayoría vinculadas a los Cromberger, familia de impresores de origen alemán instalados en Sevilla, que detentaron el monopolio de exportación de libros y cartillas a la Nueva España,10 donde además Juan Cromberger (el segundo miembro de la dinastía) envió a uno de sus empleados con la primera imprenta que se instaló en el continente.
11 Conforme más documentación sale a la luz, más patente queda que también hubo libreros fuera del virreinato novohispano desde fechas tempranas.
En 1526 una real cédula dirigida a las autoridades de Santo Domingo, en La Española, pedía a éstas que comprobaran si Diego de Pedrosa, vecino de Sevilla, había sido factor de Andrea de León de Dey, mercader de libros vecino de Salamanca, y si durante más de 15 años no había querido rendir cuentas a su patrón.12 En 1548 era don Juan de Valle, primer obispo de Popayán (en la actual Colombia), quien solicitaba viajar a su diócesis con un librero de quien no da el nombre, el cual llevaba dos balas de libros.
Finalmente se le concedió la merced que pedía, aunque con dos condiciones: «que no pase nyngunos libros de los que por nos están proybidos que no se pasen a aquellas partes», y que el librero no estuviera casado.
13 A pesar de que puedan encontrarse ejemplos como estos, durante la primera mitad del siglo el dominio de la imprenta sevillana en el mercado americano fue innegable.
Juan Cromberger era, según Griffin, «el impresor español que imprimía ediciones especialmente para aquel mercado, incluso en lenguas amerindias».
14 En 1542, la viuda y herederos de Juan Cromberger renovaron el monopolio de exportación por otros diez años.
Sin embargo, en esta ocasión, buena parte de los libreros e impresores sevillanos se revelaron, comprometiéndose a enviar libros «a preçios moderados» y a llevar también imprentas «y que en ellas se ynpriman».
15 Que ofreciesen al rey aceptar una ganancia del 25 % del precio de los libros colocados en América si anulaba el monopolio es un buen indicio de lo rentable que resultaba el negocio.
Al otro lado del Atlántico, en 1545 los potenciales clientes de los libreros también se quejaban de la mala administración del monopolio que venían haciendo los Cromberger tras la muerte de Juan:
Cambio y consolidación de las redes de comercio en la segunda mitad del Quinientos
En la configuración de las redes de comercio de libros en América durante el Quinientos, los años cincuenta se revelan como el momento crítico y, en mi opinión, Sevilla y sus libreros tienen un papel fundamental en el mismo.
Para entonces el monopolio de los Cromberger había caducado, lo que permitió al resto de los profesionales del libro impreso en Sevilla acceder plenamente al ansiado mercado americano.
Si bien las «puertas» del comercio de libros con América estaban abiertas a cualquiera dispuesto a invertir capital sin necesidad siquiera de ser librero o impresor.
17 En 1530 Cebrián de Caritate se declaraba aragonés y estante (es decir, aún no era vecino) en Sevilla; entonces dio un poder para cobrar deudas en Venezuela y Cuba.
En 1548 intentó ya pasar un libro por el istmo de Panamá, por el que los oficiales reales le exigieron el pago de la alcabala, aunque finalmente la Corona le dio la razón al mercader.
En Sevilla, Caritate fue padrino de Pedro de Sansorel, hijo del librero homónimo de quien tendremos oportunidad y necesidad de hablar en este artículo.
Archivo de la Parroquia del Sagrario (APS), Libro 3.o de Bautismos, 14.
18 Las mercancías irían cargadas en el navío San Cosme y San Damián que se preparaba en esos momentos en el puerto de Sevilla para emprender su marcha a Nombre de Dios.
En esta pareja Caritate es el socio capitalista y Josepe de Amberes pone su oficio al servicio de la empresa común.
Una vez descargados los libros en Tierra Firme, Josepe se comprometía a llevarlos a la ciudad de Panamá y de allí pasar al Perú, donde residiría en Lima o «en la çiudad donde estuviere e residere el Abdençia y Chançillería Real de su magestad» durante seis años.
19 En la década de los cincuenta se encuentran todavía pocas evidencias sobre el envío de libros a América.
La reciente apertura del mercado, junto a la crisis que se produjo en la industria del libro sevillano,20 puede explicar este fenómeno.
De hecho, el librero que a través de los protocolos notariales se nos presenta como más activo en la Carrera de Indias en esos primeros años no es sevillano, sino medinense, Alejo de Herrera, quien envió libros tanto al virreinato de Nueva España como al Perú.
Puede ser que cuando finalmente se extinguió el predominio de los Cromberger en la producción y comercialización de libros con destino a América, los sevillanos no obtuvieran los resultados esperados, en primer lugar porque durante la segunda mitad del Quinientos la ciudad deja de ser la principal productora de libros con destino hacia América para convertirse más bien en un puente por el que los libros impresos en otros lugares de España y Europa pasaban al Nuevo Mundo, aunque las ediciones sevillanas no dejaron tampoco de cruzar el Atlántico.
21 El protagonismo de la exportación de libros al Nuevo Mundo va a pasar de los impresores a los libreros y mercaderes de libros, en un movimiento paralelo al que se produce en la propia ciudad y que traduce, no sólo la crisis y decadencia de su imprenta, sino también la progresiva captación del mercado por parte de algunas grandes casas del libro europeas que, funcionando como auténticas multinacionales del libro, van a llegar al mercado americano a través de Sevilla.
La documentación notarial sevillana me ha permitido localizar a más de una veintena de profesionales del libro implicados en la Carrera de Indias en la segunda mitad del siglo XVI (aunque no sólo traficasen con libros, como veremos).
De ellos sólo dos, Juan Varela de Salamanca y Juan Gutiérrez, son fundamentalmente impresores, el resto son libreros o mercaderes de libros.
De hecho, hay que aclarar que los testimonios de envíos de libros a América por parte de Juan Gutiérrez se concentran fundamentalmente en los años en que fue librero, mientras que Juan Varela de Salamanca tuvo en América intereses distintos al libro, al menos en función de la documentación conocida.
22 Varios factores van a favorecer el aumento de envíos de libros a América en torno a 1560, como la organización del sistema de flotas y el establecimiento en la ciudad de algunos grandes mercaderes de libros en contacto con las principales casas de Castilla y Europa, como Andrea Pescioni o Pedro de Portonariis.
A partir de 1558 se encuentran en los protocolos notariales noticias sobre los contactos de los libreros sevillanos con Indias casi cada año, a veces se trata de envíos de libros u otras mercancías, y otras de reclamaciones de deudas a particulares o a la Casa de la Contratación, donde los pleitos debieron ser frecuentes.
Aunque la documentación notarial no sea una fuente completa para el estudio del libro en la Carrera de Indias, sí nos permite tener una idea bastante exacta de quienes eran sus protagonistas en Sevilla, comprobando como los libreros implicados en la misma vienen a coincidir casi al completo con quienes ocupan la cabecera de su profesión en la ciudad.
En las décadas de los sesenta y setenta, por ejemplo, los mercaderes de libros Francisco de Aguilar y Andrea Pescioni (quien posteriormente también fue impresor) son los que mantienen contactos más frecuentes con América.
Ambos fueron incluso dueños de navíos que participaron en la Carrera de Indias.
23 Aguilar llegó a fundar una compañía en 1573 con Juan Núñez de Tapia, mercader de Tocaima (en la actual Colombia), con un capital inicial de 13.500 ducados.
La compañía, fundada por seis años, tenía como objetivo la exportación de mercancías en general a Cartagena de Indias, donde Núñez de Tapia tendría tienda abierta.
Sin embargo, la prematura muerte de Francisco de Aguilar frustró su proyecto.
24 Andrea Pescioni no sólo participó en la Carrera de Indias por su cuenta, sino que también sirvió de intermediario a otros, 25 aunque finalmente parece que abandonó el mundo del libro después de una etapa como tipógrafo.
A partir de los ochenta y noventa el protagonismo, al menos por las huellas que han dejado en el AHPSe, pasará a Diego Mexía y a su hijo Fernando 26 y a Jácome López, aunque no son los únicos implicados en este negocio.
En el siguiente cuadro están incluidas las noticias sobre envíos de libros hechos por libreros o por otras personas a América entre 1550 y 1600 que he encontrado en los protocolos notariales sevillanos y en las cartas que los libreros españoles enviaron a México.
27 El objetivo es meramente indicativo, nunca estadístico, pero creo que reviste el suficiente interés como para ofrecerlo. las cartas que enviaban a Indias (Benito Boyer: «y el Señor Andrea Pesconi ni nadie de Sevilla en mi conciencia, no puso los dichos [precios] y no tiene vuestra merced que culparle»; Mexía: «envió poder [Benito Boyer] a Andrea Pisioni, y hablóme el Andrea y contelé lo que pasaba, y otro día fuimos yo y Andrea a la Contratación y había parecido el un registro y hallamos la una partida»).
Este autor recoge también dos envíos realizados por Pescioni a México: dos cajas en 1578 y seis en 1581, cuando ya había iniciado su aventura como impresor.
24 Aguilar traspasó su parte de la compañía al mercader sevillano Miguel de Medrano, padre del poeta Francisco de Medrano.
En su testamento, redactado en plena mar en 1582, Juan Núñez de Tapia declara que la compañía aún existe, aunque parece que se dedica a todo tipo de productos, incluidos esclavos.
Sin embargo, también confiesa «que debo a Francisco Rodríguez, librero [precisamente quien compró la tienda de Francisco de Aguilar (González y Maillard, 2003, 53)], que bibe en cal de Génova, en Sevilla, ochenta o noventa reales de resto de libros que por olvido se los dexé de pagar».
Ese mismo año Francisco Rodríguez envió a su hermano Diego como representante al Perú y Santa Fe para que cobrara unas deudas (de Francisco de Valenzuela y Pedro de Cárdenas); declara tener como apoderado a Juan Núñez de Tapia, aunque lo sitúa como mercader limeño.
25 Encontraremos a Pescioni recibiendo en la Casa de la Contratación el dinero que había llegado para otros, como el sevillano Juan Bautista de Alfaro en 1567, AHPSe, 3433, 68; el medinense Mateo del Canto, quien le traspasó a Pescioni el poder que él mismo tenía de Vicente de Miles para recoger el dinero que les había llegado a la Casa de la Contratación en 1568, AHPSe, 3435, 700; o los también sevillanos Alonso Montero y Ana de los Reyes en 1580, AHPSe, 14290, 328.
Pueden encontrarse más noticias sobre envíos de libros (u otras mercancías) a Indias realizados por libreros en el siglo XVI procedentes del AHPSe en González y Maillard, 2003; Álvarez Márquez 2007, 230-241 y en Álvarez Márquez, 2009.
NATALIA MAILLARD ÁLVAREZ 28 Los documentos utilizados para la elaboración de este cuadro no siempre se realizaron en la misma fecha que el envío, puesto que en ocasiones la noticia procede de la reclamación de deudas hecha años después.
Por desgracia no siempre se aclara cuando se mandaron los libros a América.
Los años entre paréntesis corresponden a la fecha de aquellos documentos que no nos proporcionan dicha información.
29 Gaspar de Luján era cuñado del impresor Doménico de Robertis y padre del también impresor Pedro de Luján.
Los libros que envió a América, cuyo cobro su hijo reclamaba todavía en 1563, bien pudieron salir del taller de uno de ellos.
Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 479-503 30 Leonard Irving ofrece información sobre un tal Francisco de la Hoz, asentado en el virreinato de Perú, quien, de partida hacia España en 1583, se comprometió a volver con un cargamento de libros para un mercader.
31 Quien marcha a Indias es el sobrino del autor, motivo por el cual ordenó un testamento en el que declaraba llevar en una caja, con otras mercancías, varios ejemplares sin encuadernar de una obra de su tío, estipulando que el resultado de la venta se le enviase a éste pues los ejemplares eran suyos.
La obra era la Ynformacionum decisionum et responsorum iuris Centuria, impresa en Sevilla por Pedro Martínez de Bañares en 1564.
32 En 1573, Alonso Magarino, hijo de Faustino Magarino y Catalina de Toro solicitaba licencia para pasar a Nueva España como paje del doctor don Sancho Sánchez de Muñón, maestrescuela de la Catedral de México.
Declara que tanto sus padres como sus abuelos eran naturales de Sevilla y cristianos viejos, y entre sus testigos se encuentran los libreros Hernán Rodríguez y Juan Hidalgo.
Los dos son libreros modestos, aunque del segundo sabemos que en 1590 recibió cien pesos que le enviaba desde la ciudad de México Rodrigo Hidalgo, vecino de la misma.
Al margen de libros, tanto impresores como libreros tuvieron otros intereses y negocios en América, y en ocasiones fueron incluso más lucrativos que los propios impresos.
33 A pesar de ello no hemos encontrado testimonios de la implicación de los libreros en el tráfico de papel y objetos de escritura con destino a América.
Estos productos estaban en manos de mercaderes más generalistas, que a veces también negociaban con libros.
Los envíos de libros a América respondían a distintas causas: bien podía ser que 33 Griffin, 1992, 93 el mercader de libros sevillano enviara un cargamento de libros con (o a algún) agente como los que hemos visto tenían instalados en América; pero también es posible que los libreros del Nuevo Mundo les hiciesen peticiones concretas.
Con ese objeto Pedro Treviño, hermano del librero mexicano Juan de Treviño se presentó en Sevilla con 7.000 reales y un memorial de libros en 1580.
34 De ambos hermanos volveré a hablar en este artículo.
En palabras de Anastasio Rojo, «nuestro gran problema, a la hora de buscar relaciones entre los grandes libreros españoles del siglo XVI, que son medinenses, y América, es definir qué pinta Sevilla en ellas»; como Sevilla era escala obligada en el viaje de los libros hacia América, esos grandes libreros necesitaban agentes o socios en la ciudad, aunque también es posible «que la exportación de libros a América fuese hecha fundamentalmente por los sevillanos, limitándose los grandes libreros a unas escasas y grandes operaciones».
35 Por mi parte, puedo decir que no he encontrado ninguna compañía firmada entre los libreros medinenses y los sevillanos para la exportación de libros a América, aunque las relaciones entre los dos colectivos fueron muy estrechas a lo largo de este periodo, quedando claro que las ferias de Medina eran uno de los grandes centros de aprovisionamiento de los sevillanos.
Aunque esas relaciones no fueron siempre amigables, y quizás a algunos sevillanos no les hizo gracia que los «extranjeros» medinenses se hicieran con las ganancias del mercado americano.
Los primeros libreros en América
Los archivos españoles nos pueden dar también información sobre quiénes eran y cómo se organizaban los libreros en Indias, con la que completar la que proporcionan las fuentes americanas.
Por ejemplo, la documentación notarial sevillana lleva a intuir la creación de una red de libreros propia en el continente americano, que elige como núcleos de redistribución de las mercancías llegadas de Europa las capitales de los virreinatos o aquellas ciudades donde las instituciones coloniales garantizasen un 34 AHPSe, 11592, 763.
36 En 1586 el librero sevillano Antonio Vivas escribió a Juan de Treviño informándole de que Juan Boyer había cargado las famosas biblias de Vatablo secretamente, y advirtiéndole «mire vuestra merced no le engañen estos extranjeros».
Los primeros libreros del continente eran todavía hombres de dos mundos: nacidos en Europa (generalmente en España) y establecidos en América, donde encontrarían una clientela más escasa y dispersa que en España, pero también más necesitada e incluso ávida de libros, dada la mayor dificultad para encontrarlos.
37 Pocos de esos hombres vuelven definitivamente a España, aunque también encontramos a más de uno que atraviesa varias veces el Atlántico, como Juan Fajardo.
38 Un caso particular es el de Antonio Vivas: existe una cédula de mayo de 1576 otorgando licencia a este librero para pasar a Nueva España, obligándose a ejercer su oficio; sin embargo, sólo dos años después encontramos a un Antonio Vivas establecido en Sevilla, donde creó una amplia red de contactos tanto en España como en otros puntos de Europa (Lyon y posiblemente Amberes), además de seguir implicado en la Carrera de Indias (véase, por ejemplo, la nota 37).
El primer paso para iniciar la aventura americana legalmente era pasar por Sevilla y obtener la licencia de las autoridades, que al menos en teoría prohibían el paso de extranjeros, así como de conversos, herejes y sus descendientes.
Esto motivó la estancia más o menos prolongada en la ciudad de los hombres que después encontraremos ejerciendo como impresores o libreros al otro lado del Atlántico, pero también de otros que pasaron a América con esta intención (y que quizás llegaron a ejercer también) pero de los que no tenemos más noticias, por ahora.
Algún caso encontramos también en el que la participación en la Carrera de Indias es anterior a la marcha a América, como ocurrió por ejemplo con Pedro Balli, quien fuera tanto librero como impresor en el Nuevo Mundo: 39 al menos en 1567 37 El 10 de marzo de 1578 llegaba una carta a la Inquisición mexicana de su comisario en Nicaragua, quien declaraba «Los libros prohibidos contenidos en la carta que vuestras señorías me hizieron merced de enviar no los ay en esta prouincia, que así como es pobre y mísera lo es también de libros».
AGN, Inquisición, vol. 90, exp.
38 Juan Fajardo llegó a Nueva España en 1570 y desde entonces tenía tienda de libros en México.
Consiguió la licencia y regresó a México en 1574 (AGI, Pasajeros, L.5, E. 3565); siguió haciendo viajes con bastante frecuencia, y en una de sus visitas a España debió de contraer matrimonio, porque en 1576 pedía licencia para volver a Castilla, donde se encontraba su esposa, con la intención de regresar a México con ella (AGI, Indiferente, 2058, N.14).
En 1573 Andrea Pescioni apoderó a un tal Juan Fajardo (aunque le nombra vecino de Sevilla), para que cobrara todas sus deudas en México y Nueva España, además de asegurar que Alonso de Fuenmayor, vecino de México, le devolvería el dinero adelantado por el flete de su mujer y su cuñada a Nueva España (AHPSe, 3458, 869-870) apoderó a Pedro de Portonariis, entonces residente en Sevilla, para cargar libros a su nombre con destino a América, mientras que dos años después era Portonariis quien le apoderaba a él para cobrar sus deudas en México con Bartolomé de Torres, aprovechando que había obtenido licencia para viajar allí.
40 Muchos de los libreros que partían de Sevilla con objeto de instalarse en América van a ir como agentes de otros mercaderes de libros (o de mercaderes sin más, como hemos visto en el caso de Cebrián de Caritate), que pueden hacerse cargo de su viaje a Indias y de suministrarles mercancías, aunque una vez allí pudieran también trabajar de manera independiente, siguiendo un esquema de comportamiento común a los agentes de los grandes libreros en Europa.
Esta circunstancia une, por ejemplo, la biografía de tres hombres que en todos los casos viajaron a América como factores de otros mercaderes de libros más importantes que permanecían en Sevilla: el librero Juan Fernández, de quien desconozco si trabajaba en Sevilla, pagó en 1555 veinte ducados por su pasaje a Indias, donde se dirigía con cuatro cajas de libros propiedad del mercader de libros Alejo de Herrera; 41 el gallego Juan de Treviño, se instaló y trabajó en Sevilla durante varios años, adiestrándose en el oficio, antes de decidirse a probar fortuna en Indias, donde llegó como factor del mercader de libros Francisco de Aguilar; 42 mientras que Gabriel Montero de Espinosa marchó a México como factor de su padre Alonso Montero, aunque poco después volvió a la Península.
En otras ocasiones encontramos que los libreros no viajan como factores de otros, sino que han sido «llamados» desde América, en general por parientes.
Es el caso de Gaspar de la Fuente, librero de Alcalá de Henares, quien dice haber sido reclamado por sus deudos de Tierra Firme y Lima, aunque después aclara que quien le llamó fue su primo Pedro de Caballos, hombre rico instalado en México.
En 1557 Alejo de Herrera aún estaba esperando el dinero procedente de estos libros.
Un caso similar puede ser el de Juan Martín Durán: en 1550 estaba avecindado en Sevilla y compró libros del impresor Pedro de Luján (AHPSe, 10578, 761), mientras en la década de 1570 encontramos a un librero de igual nombre instalado en Lima.
Gaspar quería pasar a Indias con su esposa y sus dos hijos muy pequeños.
En el documento, fechado entre 1591-1604, se le describe como «de buena estatura, rubio, flaco, pecoso en la cara, de hedad de treinta años», y su mujer «pequeña, flaca, morenita de rostro, de hedad de beinte y dos años».
Como testigos presenta a un tal López, mercader de libros en Alcalá de Henares, Francisco del Val, librero de Madrid, y Pedro del Carpio, residente en Sevilla.
NATALIA MAILLARD ÁLVAREZ hermano, Juan de Treviño, llegó a Indias como queda dicho, en calidad de factor de Francisco de Aguilar, y una vez instalado allí llamó a Pedro para que le ayudara en el negocio.
Este pide licencia para ir a Nueva España en 1573, declarando que ya es librero y vecino de Sevilla, aunque en mis investigaciones sobre el comercio de libros en dicha ciudad nunca encontré rastro sobre él, quizás porque trabajaba en la tienda de otro, igual que hiciera su hermano.
De nuevo se dice que ha sido «llamado» y aparecen las cartas como el vínculo necesario para mantener familias y negocios.
En este caso, Pedro es aún soltero y su hermano le ha enviado dinero para costear el viaje.
44 En el AGI se conserva también el expediente y la licencia para pasar a Indias de Catalina Agudo (o Aguda) en 1576.
45 En este documento se dice casada en segundas nupcias con Antonio Ricardo, librero instalado entonces en México y que terminaría siendo a los pocos años el primer impresor del Perú.
Se aclara que Catalina (que obtiene permiso para hacer el viaje 44 AGI, Indiferente, 2054, N.32.
Como testigos aparecen al menos dos libreros: Cebrián Gómez y Francisco Díaz, quien declara haber tenido a Pedro en su casa porque no tenía forma de mantenerse.
Finalmente la licencia se le concede, aunque con condición de que use su oficio.
En 1585 un mercader sevillano llamado Juan Mejía escribía a Juan Treviño: «De su hermano de vuestra merced no se sabe; ha 15 meses que escribió a su compadre, deudo de Cebrián Gómez, que estaba bueno y rico».
En un listado de libros redactado en Manila en 1583 puede leerse «memoria de los libros sigtes q traygo yo trebiña» (Leonard, 1979, 219), creo que no sería descabellado identificar a este Trebiña con Pedro.
Por su parte, en 1579 el librero Diego de Torres, vecino de Valladolid en la calle de la Librería y su esposa, Juana de Trujillo, fueron llamados por la madre de ésta, Francisca de Trujillo, quien llevaba 16 años en Panamá con su esposo e hijos, en respuesta a las dificultades que pasaban en España: «Escrevisme sois casada con un librero hombre de bien, y que estáis pobres y pasáis trabajos...».
A Diego de Torres también le escribe Juan Jiménez del Río, un librero antiguo vecino suyo, instalado ya en Panamá, quien le detalla los pasos a seguir: deberá ir a Sevilla (donde recibiría 200 pesos enviados por su familia política de América) y allí pedir licencia para Tierra Firme y Perú «sin que os desasosegeys de vuestra casa [sic por causa], sino por pasos contados, porque si no binieredes esta flota bendreys la otra».
Incluso le envía unas cartas para «el cura Alagalde [sic]», «porque ayude a sacar esas lizençias».
Finalmente se le concedió permiso para pasar a Indias con su esposa, su hijo y una mujer de servicio, a cambio de una fianza de 100.000 reales y el compromiso de que residiría en Panamá durante ocho años.
Entre sus testigos presentó a los libreros de Valladolid Baltasar Cuello y Pedro Cañete de Ledo.
En 1583 Juan Jiménez del Río estaba en Lima, donde encargó una compra de libros en España a Francisco de la Hoz.
Encontramos más ejemplos de esposas de libreros que pasaron a Indias, como Catalina Núñez, natural de Aracena, quien en 1593 emigró a Nueva España a «hazer vida» con su marido, el librero Lope Hernández, llevando consigo a sus siete hijos.
En 1595 era María de Medina, viuda del librero sevillano Alonso de Mata, quien solicitaba licencia para pasar a Cartagena de Indias, donde vivía su padre, junto a sus dos hijos, a causa de su necesidad y pobreza.
En 1566 Isabel Luján, hermana del impresor Pedro de Luján, marchaba a Nueva España con sus cinco hijos.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.04 con una hija de su primer matrimonio y con su hermano), estuvo casada en primeras nupcias con Melchor Trechel, librero de Toledo (hijo a su vez de Gaspar Trechel y Magdalena de Portonariis, vecinos de Toledo), mientras que ella misma era hija de un librero toledano originario de la provincia de Segovia.
46 Investigadores como José Toribio Medina han pensado que la esposa de Antonio Ricardo debía ser natural de México y que allí habría contraído matrimonio con el impresor.
47 Este documento confirma que no fue así, pero sobre todo nos permite comprender mejor los lazos familiares que unían a Antonio Ricardo con otros libreros e impresores españoles y europeos.
Otros agentes en la circulación de libros en América
Por otro lado, no todos los que marchaban al Nuevo Mundo con la intención de comerciar con libros eran necesariamente libreros: Alejo de Herrera envió también como agente a Tierra Firme a Juan Farfán de Illescas, mercader sevillano que preparaba su viaje en 1558, con una caja de libros en latín y castellano encuadernados, que se valoró en 17.000 maravedíes.
48 La presencia de auténticos libreros especializados debió ser escasa en América durante todo el siglo XVI, especialmente para suministrar a los territorios más alejados de las capitales, lo que motivó que los libreros siguieran recurriendo a personas en principio ajenas a su profesión para colocar las mercancías.
Además, la lejanía de las nuevas tierras y los mismos peligros que llevaba aparejados la Carrera de Indias, marcaban la necesidad de utilizar varios intermediarios para conseguir que un negocio concreto llegase a buen puerto.
Aparte de libreros, entre los destinatarios de los envíos de libros desde Sevilla y los distintos intermediarios que se utilizan para hacer efectivos los pagos hay mercaderes, escribanos, un boticario, 49 funcionarios y gentes sin profesión concreta, así como varios religiosos, quienes constituían al fin y al cabo uno de los colectivos más implicados en la difusión de libros en el Nuevo Mundo.
Los libros eran necesarios para la evangelización de los indígenas, pero también para el normal funcionamiento de conventos e iglesias; además, no pocos religiosos debieron viajar a América con varios volúmenes o incluso bibliotecas bien surtidas, junto a toda la parafernalia que acompañaba a éstas, ya fuera para uso personal, para suministrar a sus órdenes, o con la intención de hacer negocios.
No es de extrañar que los libreros recurrieran a este colectivo, familiarizado con el libro y garante de la ortodoxia, para enviar o controlar sus mercancías en América.
Tal parece ser el caso de fray Juan Méndez, vicario general del reino de Nueva Granada, quien en 1569 recibió de Francisco de Aguilar dos cajas de libros valoradas en 1.606 reales.
La descripción de la carga (libros de latín y romance, encuadernados, de diferentes tamaños, orígenes y materias), me lleva a sospechar que no se trataba de una compra particular para surtir alguna biblioteca eclesiástica, sino que se pretendía hacer negocio con al menos parte de esos volúmenes, que además iban a riesgo y ventura del librero, no del religioso, al igual que ocurriera en 1574, cuando el agustino fray Diego Gutiérrez, general de su orden en el virreinato del Perú, se comprometió a pagar a Aguilar 2.371 reales por tres cajas de libros, también encuadernados y de diferentes materias.
50 El mercader de libros Diego Núñez también utilizó a dos dominicos sevillanos que se encontraban de partida hacia Perú en 1590 para cobrar en Lima sus deudas con otro religioso.
51 Estos eclesiásticos parecen agentes más bien ocasionales de los libreros, sin embargo, a lo largo de los años, se repiten algunos nombres relacionados con distintos libreros, ya fuese recibiendo libros o actuando como intermediarios para cobrar sus deudas o representar sus intereses en América.
Aparte del mencionado Juan de Treviño, encontramos a Diego de Agúndez (que trabajó con Francisco Díaz, pero también le enviaron mercancías Miguel Jerónimo y Juan Gutiérrez, todo entre 1563 y 1570); Diego de San Román (apoderado de Pescioni, también envía dinero a Pedro de Portonariis, con cuyo hermano Andrea tenía hecha una compañía); Diego de San Martín (apoderado de Francisco de Aguilar, éste también le envió en 1571 cinco cajas de libros; asimismo recibió tres cajas de libros de Juan 50 AHPSe, 3439, 572-574 y AHPSe, 3466, 864-866.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.04 Bautista de Alfaro, a quien le envió como resultado 100 pesos, y una caja de Alonso de Fuenmayor, quien le envió libros que había comprado fundamentalmente a Andrea Pescioni); Diego Sansorel (hijo del sevillano Pedro Sansorel y cuñado del impresor Pedro de Ocharte, fue factor de Juan Gutiérrez desde 1566 y había muerto en 1575); o Diego Navarro Maldonado (salmantino, recibe libros de Diego Mexía, es apoderado por Andrea Pescioni y agente en México de Benito Boyer).
52 Todos ellos ocuparon la primera línea de contacto de los sevillanos y de los libreros de otras ciudades castellanas en Nueva España.
Las redes establecidas por los libreros, como ocurría con otro tipo de mercaderes, tenían un fuerte componente familiar, de manera que los parientes servían para anudar distintas localidades, países y continentes.
Varios de los factores que encontramos trabajando en Indias están unidos a los libreros peninsulares por lazos de sangre.
53 Paradigmático es el ejemplo de Pedro de Sansorel y Alonso Montero.
Varios hijos de Pedro marcharon a América, entre ellos María 54 (quien contraería matrimonio con Pedro Ocharte, tercer impresor mexicano) 55 y Diego de Sansorel, quien sin ser oficialmente librero se implicó en el negocio familiar e incluso sirvió de 52 García Oro y Portela Silva, 1999, 97.
53 En América, los lazos familiares, pero también de amistad o de paisanaje (debido a la falta de parientes en tierras tan lejanas) son fundamentales a la hora de organizar la sociedad que allí se está gestando, dando lugar a una intrincada red de relaciones no siempre fácil de desenmarañar (Testón Núñez y Sánchez Rubio, 2005).
Consultando los catálogos de pasajeros del AGI podemos encontrar a varios familiares de libreros o impresores que marcharon a América y que, en muchas ocasiones y aunque no se diga en el documento, sabemos o sospechamos que se dedicaron al comercio de libros: Luis de Lavezaris, hijo de Sebastián de Lavezaris y Catalina Chaves pasó a Nueva España en 1536 (AGI, Pasajeros, L.2, E.2781); Tomás Cromberger, hijo de Juan Cromberger y doña Brígida Maldonado, se dirigió a Tierra Firme en 1559 (AGI, Pasajeros, L.3, E.4174) y en 1572 Vicente de Portonariis le envió cuatro cajas de libros a Perú que aún no había cobrado en 1577 (Bécares, 2006, 224); en 1560 encontramos a Cristóbal Ruiz, soltero, marchando como mercader a Nueva España, era hijo del librero Pedro Jiménez y su esposa Victoria Ruiz (AGI, Pasajeros, L.4, E.219); en 1563 pasó a Tierra Firme García de Monardes, hijo del doctor Nicolás de Monardes, como factor de su padre (AGI, Pasajeros, L.4, E. 2516); en 1564 Domingo de Portonariis, soltero, hijo de Andrea de Portonariis y Ana Ruiz, se embarcó para Nueva España (AGI, Pasajeros, L. 4, E. 3494) y al año siguiente Pedro de Portonariis le enviaba cierta cantidad de libros para vender en México (AHPSe, 12383.
NATALIA MAILLARD ÁLVAREZ agente en México para otros libreros sevillanos, como hemos visto.
56 Mientras tanto, otra hija de Pedro, Jerónima, se convirtió en esposa del mercader de libros Alonso Montero, quien no sólo se sirvió de sus contactos en Nueva España, sino que envió allí a su propio hijo Gabriel Montero de Espinosa, el cual instalado en México vendió libros a cuenta de su padre en 1583.
57 Alonso Montero no sólo fue un próspero mercader, sino que también desempeñó el cargo de familiar del Santo Oficio (a pesar de los conocidos problemas que su cuñado Ocharte tuvo con la Inquisición mexicana) y fue distribuidor de los libros del Nuevo Rezado en Andalucía.
Legislación: teoría y práctica
Otro aspecto interesante que podemos comprender mejor a través de la documentación española es la aplicación efectiva de la legislación que se desarrolló con respecto al libro con destino a América.
Al igual que ocurría en España, en Indias la política regia combinó el privilegio (mediante la exención de impuestos) y el control, en el que jugaba un destacado papel el Santo Oficio.
El curso que debían recorrer los libros en Sevilla para llegar de forma legal a América ha sido descrito por Pedro Rueda: los volúmenes eran llevados a la aduana de la ciudad para pagar los impuestos y registrarlos en el barco correspondiente.
Los libros estaban exentos del almojarifazgo de Indias, aunque la avería, destinada a pertrechar las flotas, 56 Diego marchó a Nueva España en 1561 junto a su hermana Anastasia (AGI, Pasajeros, L. 4, E. 1208), aunque debió volver a España poco después, porque en 1566 lo encontramos de nuevo embarcándose rumbo a México (AGI, Pasajeros, L.4, E.4738).
Ese mismo año el aún mercader de libros Juan Gutiérrez le apoderó para cobrar sus deudas en Nueva España «e otrosí para que vna caxa de libros que yo enbío registradas en el registro del rey de la nao nombrada Santa María de Ondis, maestre Esteuan Gómez que va consignada al dicho Diego de Sansorel, la pueda resçibir y vender por los mejores presçios que pudiere, e ansín mismo todas las demás mercaderías e libros que de aquí adelante l enbiare y lo proçedido dello con todo [...] demás que por virtud deste poder recibiere y cobrare me lo pueda enbiar y enbíe registrado en el registro del rey de qualesquier nao o naos que quisiere».
Esta asociación debió prologarse en el tiempo, puesto que en 1575 Diego de Sansorel había fallecido y Juan Gutiérrez, entonces ya impresor, otorgó otro poder al mercader mexicano Diego de Agúndez para liquidar sus deudas y cobrar los libros que le había enviado para vender en Nueva España.
Otro hijo suyo, Alonso Montero de Espinosa, fue escribano de los oficios del juzgado en México y en 1584 solicitó ser escribano del rey, para lo que presentó a varios testigos en México y Sevilla.
Entre los testigos mexicanos varios dicen saber que su padre era familiar de la Inquisición en la Península.
Desde 1550 los títulos debían detallarse en la documentación, aunque parece que esta norma no se cumplió plenamente hasta 1583.
Una vez que los libros estaban en la aduana el cargador se dirigía al castillo de la Inquisición, donde presentaba la lista de títulos y se le autorizaba para llevarlos adonde quisiere, previo examen de un calificador.
Con ese pase volvía el cargador a la aduana, donde se colocaba a las cajas de libros el sello del Santo Oficio.
En la aduana se asienta la salida de los libros hacia el barco donde cruzarán el Atlántico y al cargador se le entrega una copia de la hoja de registro, donde queda certificado que ha abonado los impuestos debidos.
Los libros están ya de camino hacia el Nuevo Mundo, donde se instaurarán otros medios de control complementarios.
59 Varios archivos nos ayudan a conocer cómo era y, sobre todo, cómo se aplicó esa legislación en la práctica, al menos en la primera parte del recorrido que obligatoriamente debían hacer los libros para llegar a América.
Una cédula de 1548 recordaba a los oficiales de Tierra Firme la exención del almojarifazgo de Indias para los libros, que no hacía más que extender la norma aprobada por los Reyes Católicos en las cortes de Toledo de 1480.
Esta real cédula se otorgaba precisamente a petición de Cebrián de Caritate, a quien debían devolver el dinero cobrado por una partida de misales y libros eclesiásticos que había enviado a esa parte de las Indias.
60 Sin embargo, a pesar de las penas impuestas a los infractores, parece que en Sevilla no se dieron por enterados: en 1560 se realiza un testimonio en casa de Hernando de Mazuelos, encargado del cobro del almojarifazgo de Indias.
Allí se presentó con un escribano el librero Francisco Díaz en nombre de sus compañeros, y exigieron a Juan de Tovalino, responsable de registrar el cobro de este impuesto, revisar el libro correspondiente a las mercancías enviadas a Tierra Firme y Santo Domingo en 1559.
En éste se incluía la partida siguiente: «Pagó [a] Antonio de Maçuelos dos mill y ochoçientos y doze marauedís por vn registro que despachó por Francisco Díaz Andrés de Arçirraga de contado».
Tovalino testificó además quel cobra por el dicho Hernando de Maçuelo los derechos de los libros que se lleuan por mercadería a las Yndias a dos y medio por çiento, porque así vio que los cobraba Hernando Ochoa, arrendador que fue del dicho almoxarifazgo.
61 En un segundo documento, otorgado a inicios de febrero, dos mercaderes de libros, Sebastián de Villalón y su hijo Pedro Martínez de Bañares, quien también era impresor, apoderaron al licenciado Pedro de Luján (antiguo impresor él mismo) para pedir ante los Consejos de la Inquisición y de Indias, çédulas e provisiones reales en nuestro fabor para lo tocante a la mercançía e venta de los dichos libros y al buen despacho dellos, e para que libremente los podamos conprar e vender e añedir y enmendar lo que conforme a lo que está mandado se deve fazer en ellos.
E para que a mi, el dicho Pedro Martínez de Bañares, para que se me de liçençia para poder ynprimir los libros que sean católicos e no proyvidos en el catálogo general según la memoria que diere e presentare.
E para que a nos anbos los sobre dichos no se nos lleven pedidos ni derechos algunos de alcavala ni almoxarifadgo del aduanilla ni otro alguno, conforme a las provisiones quen razón dello ay.
62 Los libreros lograron, finalmente, un mayor respeto de sus privilegios: en mayo de 1560 Felipe II otorgaba una real provisión reconociendo que un nutrido grupo de libreros sevillanos habían protestado por el cobro del almojarifazgo de Indias sobre los libros, «que ellos an ynbiado e enbían destos mis reynos a la ciudad de México de la Nueva España y a otras partes de las Yndias [...] para prover las Universidades y Estudios de la dicha ciudad y de los otros pueblos de las dichas Yndias», por lo cual ordenaba al responsable de tal impuesto que de los libros que los dichos Diego de Aria y Juan de Sevilla 63 y los otros sus consortes ynbiaren destos Reynos a la dicha Nueva España y a otras qualesquier partes de las Yndias, no le pidáis ni llevéis derechos de almoxarifadgo ni otros algunos derechos.
64 Pero no eran los libreros e impresores los únicos que enviaban libros a Indias, ni los únicos que tuvieron roces y problemas con los recaudadores del almojarifazgo.
Paralelamente a la reclamación planteada por los libreros de Sevilla, se promovió una similar por parte de la Universidad de Mercaderes que consiguió, incluso antes, una real provisión de iguales 62 AHPSe, 14232, 307.
63 Creo que se trata en realidad de Diego de Ciria y Juan de Medina, cuyos nombres figuran además los primeros en la lista de libreros sevillanos que en enero de 1560 apoderó a Pedro de Luján para pedir ante los Consejos del Rey todo aquello que les conviniera.
Por cierto que los libreros habían pedido también que se les devolviesen los derechos ya cobrados, pero esta orden no se incluye finalmente.
Sin embargo, en esta ocasión el almojarife Hernando de Mazuelos protestó: «no ha lugar que se dexen de cobrar los dichos derechos, porque conforme a las leyes y premáticas destos reynos los que lleban o enbían libros destos reynos a las Yndias por trato de grangería no deben gozar de exençión alguna».
Todo ello dio lugar a una nueva provisión para certificar el privilegio de los libros.
El presente estudio sólo puede ofrecer una pequeña muestra de las posibilidades que nos ofrecen los archivos españoles, y en especial los sevillanos, para estudiar el mercado del libro en el ámbito atlántico, pero aún queda mucho en el tintero.
La documentación española viene a confirmar las sospechas que parecen extraerse de la americana: en el siglo XVI, más concretamente en su segunda mitad, las grandes casas europeas se hicieron (a través de Sevilla) con la mejor parte del mercado americano del libro, al igual que se habían hecho antes con el español.
66 El estudio sistemático y combinado de la documentación en América y España (pero también en otros lugares clave para la industria del libro, como Italia, los Países Bajos o Francia) nos servirá para conocer el verdadero alcance de este fenónemo, y al mismo tiempo el papel de los libreros como agentes mediadores en el proceso de occidentalización del Nuevo Mundo; pero también nos permitirá preguntarnos hasta qué punto la promesa de enriquecimiento que el mercado americano suponía afectó (o no) a las decisiones editoriales y a las estrategias de negocio de los impresores y libreros europeos, no sólo españoles.
Estos documentos me fueron proporcionados por Rafael M. Pérez García, a quien debo agradecer su generosidad con mi trabajo. |
... con el embeleco de sacar ocho o dies que dijeron ser brujos sacaron mas de sesenta criaturas de sus familias que aumentan con sus lagrimas las humedades deste pueblo.1... como el amor de la patria es tan dulce i tan connatural, sienten mucho el dejarla, y mucho mas el mal recibimiento que hallan en los dueños de las tierras ajenas, que ya les quitan las mujeres, ya las hijas, i les obligan a rozar los montes por escojer para si los mejores valles.
2 En el año de 1693, casi un siglo después del gran levantamiento indígena que destruyó las siete ciudades españolas de la Araucanía, 3 y media centuria después de que las paces de Quillín (1641) pusieran provisorio fin a la Guerra de Chile iniciada con aquel, una nueva rebelión indígena puso en vilo a la estructura colonial hispana en la región centro-sur chilena.
La rebelión se fue gestando durante un tiempo, y tuvo varias causas confluyentes que se reforzaron entre sí; su estudio nos aparta de la visión tradicional e hispanófila que tuvo de ella Diego Barros Arana en su obra clásica sobre la historia chilena, en la cual adjudicó el conflicto a la inconstancia y barbarie de los nativos.
4 La primera y quizá más importante de esas causas estuvo vinculada con la relocalización forzosa o desnaturalización de indios.
En 1674 la corona española prohibió definitivamente la esclavitud de los «indios de guerra» de la Araucanía, que había estado legalizada desde la promulgación de una real cédula en 1608, aunque se había puesto en práctica mucho antes.
5 La prohibición de organizar malocas esclavistas6 generó la búsqueda de nuevas formas de hacerse de mano de obra indígena forzada o «indios de servicio».
Ese contexto hace comprensibles los sucesos; un papel no menor cumplieron, de un lado, el plan de urbanización y reorganización espacial que tenía en mente el gobernador Tomás Marín de Poveda 7 y, de otro, sus proyectos de enriquecimiento personal.
Habida cuenta del carácter ilegal de la esclavitud, Marín de Poveda aprovechó las denuncias por brujería para, mediante el castigo de desnaturalización y depósito, ejercer una política sistemática de castigo y de traslado poblacional cuyas finalidades económicas y políticas no pueden ocultársenos.
El traslado forzoso de indígenas hacia las cercanías de las poblaciones españolas perseguía en definitiva el no tan secreto fin de instalarlas en proximidad de localidades que demandaban fuerza de trabajo, y por tanto seguía la «lógica de control y acercamiento de la mano de obra [a las poblaciones hispanas], puesto que la falta de "brazos" para el trabajo fue recurrente».
8 Una segunda serie de causas gira en torno al comercio en la frontera.
La conformación de un espacio fronterizo a partir de la impotencia hispana para consolidar la conquista llevó a que las alternativas de la violencia y la guerra convivieran con otros cursos de interacción que podrían considerarse en principio más pacíficos, como el intercambio comercial.
Sin embargo, las formas que tomase el comercio también podían generar fricciones, y de hecho lo hicieron en el caso que estudiaremos, porque podía ocurrir que los ministros y oficiales reales acapararan en su favor el tráfico, sacando ventaja del escaso control que se ejercía sobre ellos, y obteniendo así un beneficio económico extraordinario en desmedro de los pequeños comerciantes, que no tenían oportunidad de oponerse, y de los propios indígenas.
La manipulación del intercambio también podía terminar motivando descontento y violencia en la frontera, en tanto se afectaran intereses y aquellos derechos que los nativos consideraran adquiridos para sí.
En febrero de 1694, la Audiencia de Chile, que había recibido varias denuncias al respecto, entre ellas las del ex-maestre de campo Jerónimo de Quiroga, decidió realizar una averiguación para informar al rey de las acusaciones que pesaban sobre Marín de Poveda.
El enfrentamiento político entre el presidente y sus colaboradores (civiles, militares y eclesiásticos) por un lado, y los oidores de la Audiencia y ciertos oficiales fronterizos desplazados -como es el caso de Quiroga-por otro, nos permite visibilizar documentalmente un estado de cosas que en circunstancias distintas hubiese pasado inadvertido.
El expediente que esa contienda generó 9 arroja una luz esclarecedora sobre los juegos de intereses que pesaban en la región fronteriza, y que resultaron en el ejercicio de violencia contra los nativos, provocando su reacción.
Dos tipos de acusaciones inquietaban, entonces, al presidente y sus agentes.
Una, vinculada con la política de desnaturalización de los indígenas: la ambición de reducirlos a pueblos y a misiones y de hacerse de trabajadores indígenas, aprovechando las enemistades internas y las acusaciones de brujería, llevó a castigar a muchas familias con la relocalización forzada, forjando en los nativos una reacción basada en el temor.
La restante, con los intereses económicos en juego: el presidente sostenía un comercio con los indios monopolizándolo en su sola mano, autorizando solamente el conchavo 10 a personas de su confianza; también manejaba el comercio fronterizo a través de sus propias tiendas instaladas en todas las poblaciones de la frontera, impidiendo que otros comerciantes pudieran hacerlo por 9 AGI, Chile, 125, 1r-82r.
«Expediente sobre las discordias entre la Audiencia y el Gobernador D.n Tomas Marín: años de 1661 à 1702».
La implantación inicial de la Audiencia en Santiago implicó, como en otras partes de América, conflictos de competencia con las élites locales nucleadas en el cabildo, que pronto se reacomodaron (Valenzuela, 1998); pero la convivencia con los gobernadores no siempre fue tranquila, como ocurrió en este caso: ver las repetidas quejas de Marín de Poveda al rey sobre la oposición de la Audiencia a sus políticas en Pinedo, 2011, 147-150; sobre la rivalidad de Marín de Poveda con la Audiencia y con Jerónimo de Quiroga, ver Carvallo y Goyeneche, 1875 [1787], 200-204.
10 Así se denominaba en la época al intercambio comercial, en especial al que tenía lugar entre españoles e indios.
Los españoles que se dedicaban a ese comercio interétnico eran llamados conchavadores.
El contenido de las denuncias se ve complementado por las cartas escritas por Jerónimo de Quiroga contra la administración del gobernador, y una serie de documentos adicionales que ayudan a completar una imagen de lo que ocurría en aquellos años en el poco tranquilo Reino de Chile.
Esas fuentes, de gran importancia tanto por la diversidad de actores que toman la palabra, como por su conocimiento de los asuntos fronterizos y el papel que en ellos jugaban, no han sido escasamente consideradas por los pocos autores que anteriormente se ocuparon del tema.
La enemistad política que movía a los protagonistas ayuda a entender cuestiones que en la documentación oficial producida por el gobernador y sus colaboradores quedan interesadamente veladas, dificultando la comprensión de las motivaciones que movían a los indígenas.
11 Trataremos las distintas cuestiones por separado.
En primer lugar veremos qué decisiones políticas tomó Marín de Poveda respecto de los indígenas, en especial las vinculadas con el traslado compulsivo de población, cuál fue la reacción de los nativos, y cuáles las condiciones del ejército real para enfrentarla; luego repasaremos lo vinculado al manejo del comercio fronterizo; finalmente, en las conclusiones se ensaya una explicación que integra los aspectos más salientes de la rebelión y analiza cómo se conectaban entre sí.
Reducción y violencia: la política fronteriza inicial de Tomás Marín de Poveda
Durante ese encuentro propuso a los indios reducirse a pueblos y misión, a lo que, según él, respondieron «todos los caciques unánimes y conformes con muy buena voluntad de admitir los ministros evangélicos y todo lo demás que se les propuso en orden a su reducción».
13 Fue justo en este momento que el término «parlamento» pasó a designar en Chile el «acto de concertación de paces entre españoles y mapuches».
14 Marín de Poveda cumplía así, en principio, las órdenes que se le habían dado en la corte, donde se hacía caso a los misioneros que aseguraban que la reducción a pueblos y la evangelización eran la mejor y más duradera manera de pacificar a los nativos.
El gobernador recortó la cantidad de oficiales militares, destinando esa porción del presupuesto ahorrado a sostener nuevas misiones.
15 Esta ambición de reducción misional de los reche/ mapuche 16 no sometidos por las armas se probó imposible durante todo el periodo colonial, y esta vez no fue la excepción: chocaba frontalmente con el modo de vida de aquellos, que defendía la dispersión de sus asentamientos y repudiaba visceralmente la concentración poblacional pretendida, en tanto comportaba además la sumisión al dominio de misioneros y autoridades civiles y militares.
La visión de los indígenas -e incluso de otros protagonistas españoles de la frontera-acerca de las políticas llevadas adelante por Marín de Poveda fue muy distinta de la perspectiva pretendidamente mesiánica con que el gobernador le escribía al rey.
Según un oficial fronterizo, ya en aquel parlamento de Yumbel el capitán general invitó a los indios a convertirse y dejar la poliginia, cosa que no les gustó nada.
Pero sobre todo intentó imponerles la prohibición de darse justicia a sí mismos según mandaba el 13 Carta de Marín de Poveda al rey, 26 de abril de 1693, citada en Barros Arana, 1999, 193.
Leonardo León (1992), que transcribió y analizó extensamente el texto producto del parlamento, lo consideró el inicio de un nuevo pacto colonial hispano-araucano; su estudio se interesa más por las novedades retóricas que allí aparecen que por el cumplimiento efectivo de las promesas mutuas realizadas en el parlamento.
No debe considerarse, sin embargo, que durante el siglo XVII chileno misiones y fuertes hayan estado separados, pues iban de la mano, lo mismo que la evangelización y el control militar de los indios, a quienes se aspiraba a mantener bajo la doble tutela de la Iglesia y del monarca: Valenzuela, 2011, 62-66.
16 Acerca de la compleja condición étnica de los indígenas de la región ha habido una discusión en los últimos tiempos: Boccara (1998) ha visto un proceso de etnogénesis que, a partir del contacto con los europeos, transformó a los antiguos reche del siglo XVI en mapuche para el siglo XVIII.
Zavala, en cambio, rechaza esa doble designación enfatizando la ausencia de una franca ruptura identitaria y la evidente continuidad étnica que, a pesar de los cambios sufridos durante ese largo período, presentaron los mapuche históricos, en una línea que el propio pueblo mapuche reivindica hasta la actualidad (Zavala, 2003).
De este modo y con la excusa de una conducta humanitaria, se deseaba asegurar la intervención colonial en los asuntos de los nativos y en particular el castigo de los brujos, pues «avia sido capitulado del Parlamento General se les administraría Justicia contra este Género de delinquentes».
18 El rey aprobó la reducción de puestos militares para solventar las misiones.
19 Pero además Marín de Poveda proyectaba una más amplia readecuación del espacio chileno, planificada en varias fases.
Primero, sacar los fuertes de territorio indígena;20 luego, fundar villas o pequeñas poblaciones en el camino entre Santiago y Concepción, donde los españoles estaban muy dispersos en las haciendas: una de ellas fue Talca, a orillas del Maule,21 donde, como veremos, el gobernador mandó a asentar una parte de los indios desnaturalizados.
Dentro del marco de esos intentos de reforma, una de las decisiones de más graves consecuencias de la política fronteriza de Marín de Poveda fue el cambio en el elenco de encargados superiores de las relaciones interétnicas.
Reemplazó al maestre de campo Jerónimo de Quiroga 22 y al comisario de naciones 23 Fermín de Villagrán por Alonso de Figueroa y Antonio de Soto Pedreros respectivamente.
El presidente tomó esa decisión a pesar de que los indígenas habían advertido a las autoridades en distintas ocasiones que rechazaban terminantemente la designación de Figueroa, y sabiendo además que habían amenazado con alzarse en el caso de que se produjera.
24 Tanto es así que ya el anterior gobernador Joseph de Garro se había abstenido de nombrarlo para el cargo, sabiendo de la mala fama que tenía entre los indios25 y aunque Marín de Poveda prometió lo mismo, no cumplió; los nativos aseguraban que mienttras estubiese por Maestro de Campo dho Don Alonso de Figueroa, habian de bivir, con grande desconfiansa.
Y que no havían de estar con quietud por los malos trattamienttos que les hacía dho Don Alonso de Figueroa y la poca palabra que tenía quando los llamaba.
26 ¿En qué consistían esos malos tratamientos?
Aparentemente, Figueroa se las había ingeniado, con su maltrato, para disgustar a todos los nativos en general, incluso a los costinos27 que eran más propensos a aliarse con los españoles.
Encontrándose de visita por la zona, «dio de palos a un Casique Prinsipal» que no salió lo suficientemente rápido a recibirle.
28 Otros testigos aseguraron también que el propio presidente Marín de Poveda agredió a un líder indio presente en el parlamento de Yumbel: según uno de ellos, le «dio de guantadas», provocando que el agraviado se retirase disgustado.
29 A un cacique costino que le reclamó mayores regalos y que le reprochó que «devía haser mas aprecio del dando alguna cossa a sus criados», don Tomás le trato de borracho.
Y le respondio que estava pobre y que benia a estas tierras a buscar su bida y no a Regalar.
Y que replicandole dicho Casique que se devía hacer mucho Casso del, porque tenía seis mill lansas a su mandar, le dió de bastonasos dho Señor Don Thomas, le echo en el suelo y lo apuñetió y dio de coses, Y lo descalabro, y que dicho casique se fue muy sentido, Y diciendole a dicho Señor Don Thomas que afilase sus lansas Y que no quiso bajar dicho Casique a los Parlamentos que hubo despues de este Suseso.
30 Jerónimo de Quiroga denunció también que los costinos se quejaban de los «malos tratamientos» del nuevo maestre de campo, entre los que incluían «averles hecho sembrar grandes cantidades de trigo en tres parajes de sus tierras para sus intereses con sus bueyes, arados y personas» sin pagarles ni darles alimento.31 Y agregaban que Figueroa también los obligaba a pescar para él sin pagarles, trabajo por el que siempre se les había remunerado.
32 Pero estos agravios, sean o no totalmente verdaderos, fueron solo complementarios de los sucesos que realmente generaron gran inquietud entre las reducciones indígenas, y que trataremos a continuación.
Desnaturalizaciones y reacción indígena
La esclavitud de los indios, uno de los motores principales del largo conflicto hispano-indígena en Chile, tuvo su período de práctica legal entre 1608 y 1674, aunque había comenzado antes de su legalización formal, y tendería a perdurar después, en tanto las élites chilenas no se resignaban a perder una fuente de mano de obra que les resultaba vital, ya que la población criolla pobre era todavía escasa y demasiado caros los esclavos negros.
33 Una de las modalidades de perduración de la apropiación de mano de obra forzada fueron las denominadas ventas a la usanza del pays.
En la práctica, se distorsionó una forma de intercambio mediante la cual un grupo indí-gena cedía temporaria y voluntariamente la fuerza de trabajo de una persona a los españoles a cambio de dinero, generándose luego un «mercado clandestino de compra-venta de personas, [...] basado en un sistema de apropiación cuasi forzada de mano de obra», 34 que sin embargo encontraba justificación legal y moral.
35 No obstante que la corona, ante los abusos cometidos, terminó prohibiendo la usanza, 36 en la práctica siguió existiendo -aunque en una escala menor-en algunos lugares incluso hasta fines de la colonia.
37 A partir de 1674, cuando una real cédula prohibió la esclavitud indígena, se buscó otra manera de sacar indios de la tierra: los españoles se llevaban o sacaban o rescataban a los parientes de personas acusadas de ser kalkus -brujos-38 muchas veces con el estímulo de los soldados hispanos que re clamaban las piezas.
También con esa excusa solía venderse a los niños huér fanos o a aquellas familias que quedaran sin parentela que las defendiera.
Eso originó una cantidad enorme de conflictos entre agrupaciones indígenas, porque los parientes de los muertos y vendidos por esclavos ofendidos, salian a la venganza, i, como entre ellos no hai justicia, sino que cada uno se la hace, se encendia gravisimo fuego entre las familias, i habia muertes, odios i bandos.
39 Entre las distintas formas que los españoles encontraron para seguir procurándose mano de obra indígena, la desnaturalización ocupó, al menos en el momento que nos interesa, un lugar importante.
Es cierto que lo había tenido desde la conquista, pues se complementaba con la esclavitud: después de su captura en maloca, el traslado de los indios esclavizados facilitaba su explotación económica allí donde los trabajadores fueran más requeridos (en muchas ocasiones, el destino era el Perú; en otras, el valle central chileno); por otro lado, desde el punto de vista político, el destierro 34 Villar y Jiménez, 2001, 39; ver Rosales, 1910 [1672], 204-205.
37 Sobre la continuidad de las prácticas esclavistas a pesar de la prohibición real ver Obregón y Zavala, 2009.
En sus cartas, Jerónimo de Quiroga desnuda su continuidad a fines del siglo XVII, y relata cómo debió luchar para que el gobernador de Valdivia cumpliera con la devolución de las piezas tomadas ilegalmente.
En las ciudades sureñas de Valdivia y Osorno, la costumbre siguió vigente hasta el final de la época colonial (Guarda, 1980), al igual que en las pampas y la cordillera (Villar y Jiménez, 2001).
38 Los mapuche creían que ninguna persona joven moría naturalmente, sino por causa de un daño que le era provocado por un brujo; siguiendo el admapu, que prescribía que el grupo de parientes de un muerto tenía la obligación de vengarlo, los brujos eran irremisiblemente ajusticiados por los grupos indígenas (Jiménez y Alioto, 2011).
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.05 parecía asegurar una ventaja bélica a los hispanos, al extrañar a los indígenas de las tierras que sin duda procuraban defender.
40 La desnaturalización era, desde el punto de vista nativo, un castigo extremo: consistía en sacar a las personas individuales, familias o incluso grupos enteros de su lugar de origen -de donde habían nacido, es decir, de donde eran naturales-, de la contención de sus redes de parentesco, de sus lugares sagrados, 41 y dejarlas indefensas en su nueva situación, como ilustra Rosales en nuestro segundo epígrafe.
42 Según el jesuita, dos razones solían invocarse para justificar el destierro: una, facilitar su evangelización y reformar sus «bárbaras costumbres»; la otra, evitar que en sus tierras se alzaran «más facilmente y cuando quieren».
43 En ambos casos, los hechos ocurridos hasta entonces desmentían ambos argumentos, y especialmente el segundo, ya que precisamente la saca de personas tendía a generar malestar y reacciones violentas por parte de los indios.
Ante la inexistencia formal de la institución esclavista y la ilegalidad del procedimiento maloquero 44 de toma de piezas, el gobernador Marín de Poveda pergeñó una nueva política que combinaba prácticas anteriores con una novedosa e insidiosa intervención estatal en los asuntos indígenas, que articulaba denuncias por kalkutun y delaciones por intento de rebelión, con saca de personas y desnaturalización como castigo.
Según el testimonio del capitán Juan de Cisneros, el problema comenzó cuando Marín de Poveda envió al comisario de naciones Antonio de Soto Pedreros a visitar unas parcialidades de indios amigos.
41 James Merrell (2000) ha hecho una descripción aleccionadora sobre las pérdidas que comportaba para un grupo el hecho de abandonar sus lugares tradicionales de habitación, en su caso refiriéndose a indígenas de Norteamérica que debieron mudarse a causa de las enfermedades introducidas y la consiguiente despoblación.
42 Un caso conocido en el Río de la Plata fue la relocalización de los indígenas de los valles calchaquíes luego de su derrota a mediados del siglo XVII: Carlón, 2007; Boixadós, 2011.
Florencia Carlón profundiza en las consecuencias desarticuladoras de la relocalización para los quilmes, cuya población se redujo considerablemente en los primeros años a causa del cambio ambiental, las enfermedades y la explotación económica.
44 El término maloca designaba a una incursión armada en territorio enemigo, realizada tanto por indios como por españoles, con el objetivo de obtener cautivos y otros recursos (como ganado), destruyendo además en lo posible los bienes económicos que facilitasen la reproducción del grupo rival.
Se usaba también en el mismo sentido el verbo derivado maloquear.
45 En el siglo XVII chileno, se denominaba indios amigos a los que ayudaban a los españoles en la guerra, a manera de soldados étnicos: ver Ruiz-Esquide, 1993; Valenzuela, 2010, 237-241 familias vecinas suyas de brujería, «diciendo que tenían benenos para matarlos»; con esa excusa, el capitán los saco a ellos y a sus familias, desnaturalizándolos y que no obsttante que alegavan dhos yndios de no ser culpa de sus hijos, la que se les ymputaba se ejecutto el sacarlos de su naturaleza a ellos, sus hijos y sus mugeres poniendoles en diferenttes partes.
46 Los «brujos» costinos fueron enviados «de la otra parte del río Maule» a 40 leguas de Concepción, es decir, en las cercanías de la recién fundada localidad de Talca, y con ellos se formó un pueblo en el que, según los vecinos notables de aquella ciudad, gozaban «del pasto espiritual con sumo provecho de sus almas», pero sobre todo y más importante, con provecho de los habitantes españoles de la región «quienes pagandoles su trabaxo se balen de ellos para el cultivo de sus labranças».
47 Según otro testigo, las sacas en el butalmapu de la costa fueron al menos dos, una en la reducción de Arauco y la otra en Tucapel: de orden de dicho Señor Don Thomas se sacaron de la reduccion de Arauco asta cosa de sinquenta yndios que no save este testigo donde paran oy y que despues segunda bes bio este testigo que traían desnaturalissados de la reduccion de Tucapel otra porcion de Yndios y que los an traydo de esta banda del rio de Maule menos algunas piessas que se reparttieron a diferentes personas en la ciudad de la Conzepcion.
48 El comisario Soto siguió luego su camino por las reducciones de los llanos, donde también recibió quejas acerca de los brujos: de la delación surgió una imputación contra varias personas que fueron sometidas a juicio por haber hecho juntas secretas con el fin de matar a los indios amigos de los españoles.
No nos detendremos en las interesantes circunstancias del juicio, que han sido objeto de una consideración inicial.
49 Baste decir que de los testimonios extraídos bajo tortura se supo que había un clima de descontento y de sublevación general, que «había corrido la flecha»,50 y que había planes de matar a los caciques amigos que se opusieran a una guerra abierta con los españoles; todo derivó en una serie de acusaciones que involucraban a otros caciques indígenas en el plan de sublevación armada.
Para solucionar el problema en que se encontraba, viéndose en vísperas de un levantamiento general, Marín de Poveda convocó a un nuevo parlamento en la ciudad de Concepción, contra la costumbre establecida de hacerlos en la frontera.
Mil quinientos indios estuvieron durante quince días hospedados en las casas de los vecinos de la ciudad, y sintiéndose allí como en tierra extranjera no se consideraban en libertad de presentar quejas.
En el momento de máxima tensión del encuentro, uno de los nativos imputados en el juicio acusó a dos de los caciques asistentes de promover el alzamiento y aunque ambos lo negaron, la atmósfera se hizo poco menos que irrespirable por el clima de mutua sospecha.
Encerrado en la difícil situación política que en parte él mismo había creado y deseoso de superarla, Marín de Poveda decidió responsabilizar de la rebelión a los indios ayllacuriche, ausentes de la reunión.
51 Los señalados ayllacuriche habían tenido sus razones para no hacerse presentes.
Los inquietaba el maestre de campo Alonso de Figueroa, quien ya había ocupado ese mismo puesto durante la gestión de Juan de Henríquez (1670-1682), gobernador enormemente enriquecido mediante el tráfico de esclavos nativos.
52 En aquella época, Figueroa sacó a los indios del cacique Ayllacuriche, ejecutado por los españoles en 1674, 53 y los puso en depósito sesenta leguas adentro del territorio español, dando lugar al temor y odio que le profesaban.
La institución del depósito había dado ocasión para que Henríquez urdiera un subterfugio en beneficio de los hacendados españoles para esquivar la cédula de prohibición de la esclavitud de 1674.
El gobernador debía obedecer la orden real de no hacer piezas en lo sucesivo, pero tenía el problema de que los hacendados se resistían a desprenderse de sus esclavos.
Su solución de compromiso fue dejarlos en depósito, o sea «en poder de sus dueños, recibiendo salario por su trabajo, hasta que se resolviera su situación».
54 Según Eugene Korth, sin embargo, los indios depositados eran «puestos bajo la custodia de algún hacendado que accediera a vigilar a los prisioneros a cambio del privilegio de aprovecharse de su trabajo».
55 El hacendado debía compensarlos por la labor que realizaran, pero eso sólo implicaba darles comida, casa y vestido, y velar por su buena conducta, y no incluía el pago de un salario.
56 En 1686, Carlos II aprobó el plan de depósitos y en 1688 estableció que los indios no debían ser incorporados a encomiendas existentes, sino que quedarían bajo la custodia de quienes hubieran sido designados por diez años, durante los cuales tributarían sólo al real tesoro.
57 Sin embargo, la corona aceptó en algunos casos que «los esclavos depositados se agregaran a las encomiendas existentes o se formaran con ellos otras nuevas, si eran numerosos».
58 Además, nuevos depósitos de indios se solicitaron sobre naturales apresados en la guerra (o hijos de éstos), exigiéndose constancia escrita acerca de la acción en que hubieren sido tomados, o la declaración de testigos de los hechos.
56 Entonces, el sistema de depósito y custodia «era poco más que una variación del servicio personal, pero con la importante distinción de que los prisioneros asignados al hacendado español no le pertenecían en el sentido en que sus indios de encomienda sí lo hacían.
Teóricamente al menos, meramente le eran confiados hasta que la corona o bien aprobara el sistema o bien ordenase alguna otra disposición para con los hostiles tomados en la guerra» (Korth, 1968, 201-202) La medida se justificaba argumentando la conveniencia de que los indios no volvieran a sus tierras como mandaba la cédula, porque entonces abandonarían para siempre la cristiandad.
El control ejercido por los hacendados no era absoluto: podían ser privados de los servicios de los indios, si estos se quejaban a los corregidores por malos tratos.
58 Valenzuela, 2010, 236 y que quedasen libres todos los que hubieren sido de esa especie, dejando sin ninguna fuerza las asimentaciones o pueblos que de ellos se hubiese hecho en las estancias del Reino y que tanto los indígenas de encomiendas como los de depósitos y yanaconas, fueran reducidos a parajes y sitios comodos.
60 La decisión generó lamentos y oposición en las autoridades locales, que de nuevo arguyeron que ni españoles ni criollos tenían otro medio de mantenerse si no era con el trabajo de los indios, «porque el cultivo de la tierra cesa donde no hay quien tome el azadón y el arado», y a lo impracticable de procurarse el trabajo de negros y mulatos por su escasez y alto costo en relación a la corta riqueza de las haciendas.
Los verdaderos motivos económicos de la resistencia se ocultaban luego ideológicamente con la excusa de procurar el bien de los propios nativos, que se verían perjudicados por la medida por su poco amor al trabajo («que es la cosa que más aborrecen») y su reticencia a abrazar la fe cristiana, «siendo su adoración, el vino, las mujeres y la ociosidad»; además, se les daría la oportunidad de escapar y unirse a los fronterizos.
61 Cuando se extinguió el sistema de depósitos de indios, sin embargo, muchos de ellos no retornaron a sus tierras sino que «se asentaron cerca de sus antiguos lugares de residencia forzosa, esta vez como hombres libres».
62 Pero ese no fue el caso de los ayllacuriche, que por cierto no se hallaban tan a gusto en tierras españolas.
Muchos de ellos se escaparon, reuniéndose con indios fugados de otros depósitos: en unas tierras apartadas de esta Ciudad sesenta leguas quedaron algunas familias de la reduccion de Ayllacuriche a quien quito la vida el Señor Don Juan Enrriquez y depositó toda su jente y a estas familias se an agregado algunos indios fugitivos del deposito en que estaban puestos.
63 Los indios de esa reducción no olvidaban que cuando Figueroa había sido gobernador de Purén durante el mando de Henríquez, saco injustamente y debajo del seguro de su palabra a estos Ayllacuriches, y siendo los que oi se hallan en esta reducion delincuentes, y el Maestre de Campo el arbitro de las armas de este Exercito justamente desconfiaron de salir a su llamado porque siempre se presume que será malo en aquel genero de mal que uno tiene de costumbre.
Fue así que, desconfiando justamente de las intenciones de Figueroa dados sus antecedentes en la materia, doscientos indios se excusaron de concurrir a Concepción, porque son fugitivos del deposito de Aillacuriche y como delinquentes temieron la prisión, especialmente viendo en el puesto de Maestre de campo Governador a Don Alonso de Figueroa que fue el que Antes debajo de la fee publica los apreso según es su común sentir.
65 Pero ante las acusaciones cruzadas de las cuales finalmente poco de importancia pudo obtenerse sobre las intenciones de rebelión -y aprovechando que la ausencia daba pábulo a la sospecha de alzamiento-, Marín de Poveda envió sacar a los renuentes ayllacuriche con las armas, aprovechando que eran pocos y sospechando que no generarían resistencia.
Para ello comprometió además a los indios amigos a que se obligasen a desnaturalisar dichos yndios de Aylla Curichi y que yría con dhos yndios el comisario de naciones Pedreros y que de echo fue el dicho Pedreros con dichos yndios cassiques y saco asta ciento y quarenta familias poco mas o menos las quales pusieron en la reduccion del fuertte de San Christobal de yndios Amigos que esta media legua del tercio de Yumbel.
66 Se produjo entonces un desacuerdo con los indios amigos respecto de qué hacer con esas ciento cuarenta familias: finalmente se procedió como quería el gobernador y en lugar de repartirlos se ubicaron en los llanos todos juntos, en la reducción de San Cristóbal, «con grave perjuicio» de los indios amigos y españoles por sus «depravadas costumbres» e infidelidad.
67 Esa reducción y misión de indios amigos estaba unos kilómetros al norte del Bio-Bio, muy cerca de Yumbel, una de las principales guarniciones militares españolas de la frontera, con lo cual se aseguraba una estricta vigilancia armada de los recién llegados.
68 Atónitos ante lo que estaba sucediendo, algunos indios protestaron, solicitando que las autoridades españolas liberaran a los presos, porque eran sus parientes; pero no fueron escuchados.
La insensata conducta del gobierno dio motivo a los demás para alzarse, sospechando que la saca de familias se estaba transformando en una política habitual con cualquier excusa, y que por lo tanto el riesgo de sufrirla los alcanzaba a todos.
El carácter decisivo de las recurrentes desnaturalizaciones en el malestar de los indios y en el levantamiento general constituye una convicción casi unánime de los testigos.
69 El alférez Joseph del Portillo brindó una información más completa sobre la cuestión, que confirma que el traslado había tenido el propósito de acercar indios a los poblados españoles para aprovecharse de su trabajo:
Dijo que en quantto a las causas del dicho alsamiento lo que a oydo decir es, que con prettesto de brujerías se sacaron muchos yndios, de las Reduciones de Maquegua y sus contornos, Y que algunos de dhos indios [...] estavan en Talca, a la orilla del Río de Maule, de esta partte de la Ciudad de Santiago, Y asimesmo oyo decir, que otros de dhos yndios se quedaron a Travajar, en las aciendas del maestro de Campo Don Alonso de Figueroa, Y que otros se havían repartido a diferenttes personas y aviendo pasado este testigo a la tierra adentro despues de susedido el alsamiento oyo decir algunos Capitanes y soldados de las plasas que dho alsamiento, se havia orijinado del sentimientto con que quedaron los yndios por causa de haver sacado los que ya quedan referidos, y el ttemor con que bivían de que se ysiese con ellos, lo mesmo.
70 Resulta notorio que la relocalización de gente no fue únicamente un castigo penal: también comportó una manera de hacerse de mano de obra forzada de manera gratuita para el propio maestre de campo y personas de su confianza y, acaso mediante pago, para otros vecinos de la zona.
A la vez, favorecía la población de la recién fundada localidad de Talca, uno de los desvelos del gobernador.
Pero la desnaturalización aplicada a los indígenas acusados, lejos de ser ejemplificadora como pretendían los españoles, resultó contraproducente, porque expandió entre los nativos el temor de que cualquiera pudiera recibir idéntico castigo.
Quiroga descarta otras hipótesis sobre las causas del alzamiento y terminantemente afirma que la causa fue ver estos miserables [indios] que sacaban familias enteras co[n] titulo de brujos para transportarlos a otras partes y condenarlos a perpetua servidumbre, y temer cada uno que con sus personas, y familia se haria mañana lo mesmo, y ver cuan a proposito eran los nuevos cabos del Exercito para estas operaciones.
El vecino Juan Flores dijo haber visto a los indios desnaturalizados «de esta otra banda del río Maule».
El testigo alférez Fonseca sostuvo que el levantamiento se debió a las desnaturalizaciones y a haber hecho parlamentos en Yumbel y en Concepción.
Declaración del alférez Joseph del Portillo.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.05 Según Carvallo y Goyeneche, el discurso de Millapal, el cacique de Maquegua que encabezó la rebelión, se afincaba con fuerza en la idea de rechazar el destierro y la intervención española en las cuestiones indígenas: ellos vivian en sus tierras sin apetecer otras, i que en ellas tenian cuanto necesitaban para pasar la vida, i que el gobernador desistiese del empeño de estraerlos de los montes donde residian gustosos en pleno i libre uso de las costumbres que heredaron de sus predecesores; i porque no seria facil hacerles abandonar sus machis, sus brujos i sus adivinos, de quienes se valian para la curacion de sus dolencias, como los españoles de sus médicos.
72 Liderados por Millapal, una cantidad de entre 1.500 y 3.000 indios tomaron las armas y sorprendieron en mala situación al ejército español, al que no hicieron más daño únicamente porque extrañan «la cercanía de sus casas y el amor de sus mugeres, y de la Chicha, y lo principal porque no tienen cabesa [líder]».
73 Los 3.000 indios calculados por Quiroga no eran todos maqueguanos ni seguidores de Millapal, que sólo tenía 600 lanzas; en efecto, si 200 más eran de los ayllacuriche, puede sospecharse que la alianza de los rebeldes abarcaría muchas más reducciones, próximas y lejanas.
74 Mientras el comisario de naciones Soto Pedreros sacaba a los ayllacuriche, los rebeldes, ya en abierta actitud bélica, se dirigieron en su búsqueda para matarlo y como no lo encontraron ultimaron al capitán español 72 Carvallo y Goyeneche, 1875 [1787], 196.
De hecho, por lo que había logrado averiguar en el juicio antes mencionado, Marín de Poveda debió sospechar que algo así podría ocurrir, porque los acusados que participaron en las reuniones preparatorias del abortado alzamiento hablaban allí de un amplio arco de alianzas que partiendo de Viluco (la tierra de Ayllacuriche) reunía prácticamente a todos los llanistas, a algunos rewes de la costa e incluso a pehuenches de ultracordillera.
Quienes impulsaban el alzamiento venían trabajando esa alianza desde hacía cuatro años, invocando agravios que giraban sobre todo alrededor de las ventajas y la soberbia de los indios amigos de los españoles, que llevaban a trabajar a los mocetones, quienes muchas veces morían de enfermedades introducidas: «estos Caziques amigos de españoles nos tienen Sujetos y abasallados y en qualquier Cossa que Se ofreze ellos se lleban toda la honrra y estimazion y no se haze Casso de nosotros y Si ay alguna faena ellos son los que Suben a Cauallo y bienen a sacar nuestros mozetones para llevarlos al trauajo y ellos se llevan los provechos y agasajos de los españoles y a nosotros nos tratan como a perros y Sin hazer casso de mi Como Si fueramos Sus esclavos» (Declaración de Naguelquirque, en «Juicio a Juan Pichuñan y otros», Biblioteca Nacional de Chile, Manuscritos Medina, 323, 149-150).
El hecho de que en cuatro años no hubieran podido aun realizar el levantamiento general que sí precipitó y catalizó la actuación del gobernador habla claramente sobre la importancia de su intervención, aunque también marca que los indígenas tenían razones previas de descontento con los españoles y sus aliados nativos.
Marín de Poveda, decidido a hacer guerra, despachó una expedición al mando de Soto Pedreros con 2.500 indios amigos de la costa y Purén con una escuadra de arcabuceros.
El comisario encontró a los alzados en el río Quepe, y en su irreflexivo impulso por batirlos se lanzó imprudentemente a cruzarlo, ocasión que aquellos aprovecharon para terminar con su vida y la de tres caciquillos amigos, determinando la retirada de los españoles.
El gobernador debió sustituirlo nuevamente por Villagrán, quien se abocó a reorganizar un ejército muy debilitado como consecuencia de varios factores confluyentes.
En realidad, la situación castrense había sido precaria durante todo el XVII; los soldados vivían miserablemente del situado, y algunos de la toma de piezas en la guerra mientras duró la esclavitud.
75 En época de Marín de Poveda, se agregó el problema de la falta de pan para el mantenimiento de la tropa, porque «abiendose enbiado a Lima el pan con que se abia de mantener el egercito no hubo con que sustentarle».
76 Francisco Reynoso, en su carta a la Audiencia, opina que debió haberse salido a campaña para componer las cosas, pero agrega que el presidente no pudo hacerlo «por aber enviado el trigo a vender a Lima y consertandose con el probehedor racionero en plaza a los Soldados no aviendo donde comprar el pan para sustento».
77 En efecto, la cosecha peruana había fracasado y Marín de Poveda vio un negocio en ello.
No dudó entonces en poner en riesgo el abasto local, vendiendo casi toda la producción cerealera de Chile, a pesar de que el Cabildo se había opuesto a que la realizara.
78 Otra acusación señala que el gobernador vendió trigo por su cuenta y que, por lo tanto, hubo que abonar en metálico el situado, por falta de cereal.
En consecuencia, los soldados debieron adquirir en plata su sustento, obligada conducta que siempre estimulaba maniobras especulativas para despojarlos.
Carta de Francisco Reynoso a la Audiencia de Chile, Concepción, 12 de enero de 1694.
79 Precisamente por esa razón, el virrey del Perú optaba de ordinario por enviar «el situado con ropa cada año, para que este Exercito se vista, porque en plata no es para el soldado, sino para quien lo empeña»: ANC, Real Audiencia, 3003, 109v.
Eran momentos en que los campos de los españoles se dedicaban más a la cría de mulas exportables al Perú que a la de yeguarizos.
Quiroga recomendaba cortar la cria de mulas en este obispado... porque no ai otro decurso para montar el exercito sino la cria de potros y criandose solo ellos no eran los bastantes para estar bien montados, y asi se conpraban todos los años dos mil caballos con el situado; oi salen de aqui nuebe o dies mil mulas cada año y de este interes se aplica la atencion y si no salieran quedaban otros tantos rosines.
80 Siendo la caballería un arma fundamental al punto de considerársela la llave misma de la guerra, constituía una mala noticia que el ejército estuviera «desmontado porque toda la aplicasion se pone en el comersio de las mulas y asi faltaban caballos con que moberse».81
El monopolio del conchavo con los indios y las tiendas fronterizas de Marín de Poveda
Si la desnaturalización fue el móvil principal del conflicto, y la pobre situación del ejército un elemento facilitador, otra de las causas que los testigos invocaron para explicar el malestar y el consiguiente levantamiento de los indios radicaba en que las autoridades prohibieron a los conchavadores españoles pasar a comerciar a la tierra de indios, salvo con una autorización expresa que sólo se daba a ciertas personas adictas al gobernador, en especial religiosos y lenguaraces o capitanes de amigos.
82 Según testificó el alférez Luis de Oría, Marín de Poveda tenía prohibido a los vecinos de Concepción el comercio con los naturales, requisando las mulas y las mercancías a los que se atrevieran a pasar tierra adentro.
Sólo lo permitía a los lenguas oficiales de sus plazas, que introducían vino y otros géneros.
83 Para algunos declarantes, todos ellos dependían del presidente, quien en última instancia detentaba el monopolio.
84 La nueva política comercial perjudicaba a la vez a los vecinos penquistas, que no podían usufructuar el negocio mercantil, y a los indios, porque al ir «todo por una sola mano» 85 no conseguían un precio justo para sus productos.
Era el momento en que el negocio de los esclavos declinaba y comenzaba a establecerse entonces el clásico comercio fronterizo aún más asentado en el siglo siguiente.
Los españoles vendían vino, ropa y objetos de metal de su propia producción o importados de la península, y compraban ponchos y mantas de manufactura indígena, que alcanzaban buen valor en los mercados coloniales.
86 El impulso que llegó a tomar ese intercambio, en un momento posterior, preocupó a las autoridades eclesiásticas y civiles porque en pago de los ponchos indígenas los españoles vendían sus propios caballos, debilitando las defensas militares hispanas y a la vez mermando la base imponible de los diezmos.
87 El capitán Antonio de Erize confirmó que el presidente tenía «embarazado» o dificultado el intercambio, según lo había oído de un comerciante.
El alférez Luis de Fonseca pensaba también que eran las limitaciones al comercio «de vino y otros géneros» lo que enojaba los nativos, pues «a nadie se da lizencia para el de todos los becinos y soldados de la fronttera sino es a los curas de los tercios a los quales se permite comerciar solo con tres cargas de vino».
88 El alférez Joseph del Portillo explicó que durante el mando de Jerónimo de Quiroga en la frontera los conchavadores entraban libremente las veces que quisieran a la tierra de indios.
Pero con posterioridad a que Marín de Poveda y el maestre de campo Figueroa prohibieran el comercio a través de un bando, comenzó a requerirse para ejercerlo una venia oficial que las autoridades eran remisas a otorgar.
El hecho de que sólo después de que ocurriera el levantamiento 83 La venta de vino a los indios alcanzó una importancia tal para los españoles que un siglo después las autoridades soñaban con que generaría en los nativos una profunda dependencia y que esta eventualmente les reportaría su definitiva sumisión; además, daba a los productores vinícolas del Penco una salida segura a su producción, que no encontraban en el mercado colonial peruano: Alioto y Jiménez, 2010, 190-194.
Declaración de Juan de Cisneros, «Expediente sobre las discor-dias...».
Declaración de Juan de Cisneros.
Declaración de Luis de Fonseca.
Declaración de Antonio de Erize, «Expediente sobre las discor-dias...».
LA REBELIÓN INDÍGENA DE 1693: DESNATURALIZACIÓN, VIOLENCIA Y COMERCIO se relajase el control entrañó un reconocimiento implícito de que esa fue una de sus causas.
89 El monopolio del comercio interétnico se complementaba con el que tenía lugar en las plazas y tercios fronterizos, del que eran víctimas, en este caso, los soldados y vecinos de la frontera del Bio-Bio.
El procedimiento utilizado para hacer llegar el situado hasta aquellas lejanas dependencias imperiales continuamente propiciaba las arbitrariedades cometidas con la tropa, a raíz de la manipulación de sus sueldos.
90 El capitán Juan Francisco de Hartazgos testimonió que durante el mandato de Marín de Poveda todo el ejército se aprovisionaba en las tiendas que dependían del presidente, mientras que los demás comerciantes locales no se atrevían a involucrarse en el negocio porque sospechaban que no se les pagaría en tiempo y forma.
91 Según Juan de Cisneros, el gobernador tenía tiendas en Concepción, Arauco y la Estancia del Rey, pero Luis de Oría aseguró que Marín de Poveda no sólo las tenía allí, sino también en Tucapel, Purén, Yumbel, Chillán y Maule: lo sabía como testigo directo, porque fue a llevar ropa a esos lugares.
Es posible que parte de esas tiendas las manejasen dos parientes que el presidente trajo consigo a Chile, su hermano Antonio y su sobrino José, de quienes se sabe que eran comerciantes en Concepción y que fueron acusados de contrabando por el sucesor de Marín de Poveda, Francisco Ibáñez de Peralta.
92 En los puntos de la frontera en que había corregidores, Marín de Poveda les mandaba mercancías para vender de su cuenta; y hasta en Chiloé vendía vino, ropa y lana para hacer mantas, quitando el comercio a los locales.
El vecino Juan Flores dijo conocer de qué manera abastecía el gobernador sus tiendas: había mandado a Lima una recua de mulas que volvió cargada con una parva de ropa para vender por importe de 200.000 pesos.
En cambio, Erize sospechaba que transportó mercaderías desde Buenos Aires cuando viajó a Chile para asumir su cargo, luego de permanecer allá un año.
Declaración de Joseph del Portillo.
90 Para evitar los abusos y la inseguridad de los traslados por mar desde el Callao, se propuso que el situado viajase por tierra desde Potosí, pero ello provocó una lentitud mucho mayor en el tránsito y no solucionó los problemas de abastecimiento: ver Barros Arana, 1999.
En la plaza de Valdivia, donde las partidas llegaban obligatoriamente por la vía marítima dado el carácter aislado de la ciudad, los gobernadores también tuvieron participación en ese tipo de negocios, consistentes en quedarse con la plata de los sueldos a cambio de mercancías sobrevaluadas que los soldados no tenían más remedio que adquirir: Alioto, 2011, 143-145.
Declaración de Juan Francisco de Artasgos, «Expediente sobre las discordias...».
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.05 El capitán Juan de Ugarte, por último, agregaba que el presidente no sólo monopolizaba la venta de mercancías a los indios, sino también la compra, acaparando todos los géneros negociados, al punto de que no se conseguían.
La rebelión fue finalmente sofocada por una gran campaña militar en octubre de 1694.
El propio Marín de Poveda se puso a la cabeza de los 1.600 soldados españoles y 2.000 indios amigos que había reunido, y logró que los nativos se allanasen a participar de un parlamento realizado en Choque Choque hacia fines de aquel año.
93 Todos los caciques principales presentes, incluido Millapal, protestaron obediencia y juraron que no habían sido parte de la conjura.
Pero según el relato del gobernador, uno de ellos admitió que los mocetones habían matado españoles porque tenían «miedo a que los sacasen de sus tierras».
94 Que la amenaza de desnaturalización tuvo un papel central es indudable.
Hasta Diego Barros Arana, que elabora una versión de los hechos favorable al gobernador y a su política, admite que «es posible también que en las medidas tomadas por los españoles entrase por mucha parte el deseo de sacar prisioneros que llevar a las estancias del norte, castigo que se daba a los llamados culpables».
95 La saca de familias tuvo al menos dos motivos.
Uno fue el de favorecer personalmente a Marín de Poveda y a sus oficiales y amigos, que se aprovecharon del trabajo de algunos de los indios desplazados para sus propias haciendas.
Otro formó parte del plan más general de urbanización promovido por el gobernador, que a su vez estaba vinculado a la labor misional: los clérigos habían convencido a la corte, y también al presidente de la Audiencia, de que eran muy eficaces para la conversión de los 93 Un resumen de lo tratado en ese parlamento en Contreras, 2010, 82-83; cf. Obregón, 2011.
De todo el expediente que citamos (que se cierra con un sellado de enero de 1695), el único testigo que invoca otras causas para la rebelión es Sebastián de Espinoza afirma que, según le dijo a su vez el lengua Andrés de Yllescas, la rebelión se debió a la planchada de calles que les hicieron hacer a los indios, y a que el gobernador suspendió las mitas de indios y fomentó el ocio...
Pero cuando le hicieron otras preguntas de la sumaria, confirmó que sí se sacó gente de «arriba» al otro lado del Maule, que el presidente sí tenía estancado el comercio, y que explotaba sus propias tiendas en la frontera: AGI, Chile, 125, 31r y ss.
Mocetones eran los jóvenes varones en condiciones de combatir.
LA REBELIÓN INDÍGENA DE 1693: DESNATURALIZACIÓN, VIOLENCIA Y COMERCIO indios (exhibían como prueba de ello la gran cantidad de bautismos realizados), pero que lo serían aún más si tanto cristianos como indios se reducían a pueblos, que era la mejor manera de adoctrinarlos.
Según aseguraba Carvallo un siglo después de los sucesos, el «éxito» de los misioneros había persuadido a Marín de Poveda de que «era llegado el tiempo de reducir a los indios de Chile a civilizacion, i se propuso quitarles los hechiceros i adivinos, sacarles de los montes i unirles en las llanuras de sus provincias», 96 con las consecuencias que ya conocemos.
Ante la resistencia a seguir las políticas impuestas, los nativos reprimidos por insurrectos fueron acusados, como siempre, de una doble infidelidad: a la «verdadera religión» cristiana que no querían abrazar, y a la corona, a quien se supone que debían subordinarse sin miramientos.
La sola decisión de no concurrir a un parlamento, considerada suficiente prueba de rebeldía, hizo recaer sobre los ausentes el castigo de la saca y destierro.
Pero aun cuando se insistía en reprochar a los remisos la típica inconstancia del bárbaro, en realidad la razón principal de su desconfianza y temor radicó en la inconsulta novedad introducida por los españoles.
El desacostumbrado señalamiento de un punto de reunión fuera de la frontera constituyó una sorpresiva anomalía en el trato inter-étnico que despertó en los convocados lógicas prevenciones y les hizo concebir la inconveniencia de asistir.
Marín de Poveda intentó una nueva política decididamente intrusiva sobre las poblaciones indígenas no sometidas al control colonial.
Su intervención sobre los asuntos judiciales nativos por causa de brujerías promovió la delación y generó la posibilidad de vengar agravios por interpósita persona, dando a los españoles la oportunidad de castigar a aquellos que los indios amigos considerasen sus enemigos o a quienes quisieran perjudicar por venganza o por cualquier otro motivo.
Esa intervención generó un desequilibrio y una gran suspicacia.
La división entre indios amigos e indios enemigos, hostiles o rebeldes se hizo más pronunciada a partir de esta nueva política, porque mientras los primeros se sentían a salvo y gozaban de los beneficios de la amistad con los españoles, los demás se veían en riesgo de perder incluso sus propias casas y el lugar que habitaban, además de la libertad, en caso de ser acusados por los anteriores.
El episodio se muestra como una bisagra entre dos siglos, que tendrán como eje principal dos problemas distintos, aunque desde luego no haya un corte abrupto entre ellos.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.05 españoles en su relación con los nativos fue la de hacerse de mano de obra esclava para compensar la escasez de brazos que los afligía.
Buena parte de las autoridades civiles y militares, e incluso los soldados, hicieron fortuna mediante el comercio de esclavos indígenas.
Acabada la esclavitud formalmente permitida, se buscaron otros medios de procurársela, entre los que no se descartaba el uso de castigos como la desnaturalización y la saca de familias enteras hacia tierras de españoles.
En la centuria siguiente, en cambio, si bien la preocupación por la mano de obra indígena seguirá vigente y también las formas para-legales e ilegales de conseguirla, el énfasis del vínculo irá virando hacia las relaciones comerciales y el intercambio.
97 Aunque exista la tentación de llamar pacíficas a estas últimas -y lo son, comparadas con situaciones de guerra abierta-, no resultaban serlo tanto si se toma en cuenta que ese intercambio creaba a su vez considerables fricciones.
Sin duda que el comercio de piezas o las ventas a la usanza constituían situaciones generadoras de violencia en sí mismas; pero aun cuando se tratase de vino o ponchos las reacciones podían sobrevenir al no respetarse la voluntad de las partes, los protocolos de interacción o, como en este caso, cuando su acaparamiento o interferencia por parte de las autoridades estatales era tomado por una ofensa.
La preocupación de Marín de Poveda por multiplicar las villas y pueblos de la región y asentar allí a mayor cantidad de gente como manera de adelantar la civilización también es parte de las tendencias que se impondrían en el siglo de las luces.
Eso no debe ocultar que parte de las motivaciones que movían al gobernador eran económicas.
Unas lo eran en un sentido general: sus decisiones se dirigían a facilitar a los españoles que gobernaba el acceso a la imprescindible mano de obra indígena.
Otras, únicamente respecto de sus finanzas personales y familiares: estaba intentando recuperar los fondos que él mismo y su familia habían invertido en su ascenso fulgurante, y no omitió medio que pudiera llevarlo en ese sendero.
98 Barros Arana ya había sugerido que su carrera no ameritaba que se lo nombrara en cargo tan elevado, y que posiblemente su ascenso se debía a la venalidad: Barros Arana, 1999, 190.
Andújar (2011, 81-88) analiza el posible origen del dinero que permitió semejante pago, debido principalmente a la colaboración de la familia, liderada por su tío Bartolomé González de Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata y luego arzobispo; Obregón (2011, 106) sugiere además que quizá el mismo Marín de Poveda hubiera hecho fortuna con el tráfico de esclavos indios durante la gobernación de Henríquez.
LA REBELIÓN INDÍGENA DE 1693: DESNATURALIZACIÓN, VIOLENCIA Y COMERCIO Sin embargo, los objetivos del laborioso Marín de Poveda se mostraban incompatibles con los medios de que disponía.
Careciendo de los suficientes, no debió intentar la pacificación de los indios por la fuerza, ni emprender una política francamente disruptiva respecto del estado de cosas heredado.
Pero así lo hizo y en oportunidad de la rebelión, el ejército no estuvo en condiciones de salir en campaña por falta de pan y de caballada.
Y si se salvó de soportar consecuencias peores fue únicamente porque en un momento dado los nativos decidieron no contraatacar.
Por añadidura, también sus distintos propósitos eran inconciliables entre sí.
Instalar misiones que tomaran el lugar de la milicia y recortar los puestos de oficiales militares fronterizos, pero a la vez sacar familias indígenas para poblar con ellas tierras españolas, y crear por añadidura un monopolio del comercio fronterizo en su favor constituían metas provocativas que no podían buscarse simultáneamente sin desatar la reacción de los nativos.
No obstante, Marín de Poveda presentó una versión exitosa de su manejo de las relaciones con los indios, y el despliegue de tropas y el parlamento de 1694 fueron interpretados entonces y después como un triunfo; pero no faltaron quienes señalaran que las paces establecidas eran indignas, porque el gobernador las firmó para tapar sus errores anteriores y evitar que se hablase de la muertte que avian dado al Comisario General de naciones Pedreros y al capitan Miguel de Quiroga y que no vbiesse misiones ni se ablase de Brujos, Y que las pases havian deser por el tiempo que quisiesen dhos indios.
99 A pesar de su visión triunfalista, el presidente debió dar marcha atrás con muchas de las disposiciones que tomó para pacificar el país y sólo su capacidad de neutralizar enemigos e interceptarles la correspondencia,100 así como la importancia de sus vínculos en España lo salvaron de una peor suerte y fama.
La sentencia recaída en el juicio de residencia liberó de culpa y cargo al ya finado ex-presidente; todos los testimoniantes hablaron maravillas de su actuación, de la fundación de nuevas misiones, y de cómo había pacificado a los indios mediante los dos parlamentos que realizó. |
Fuentes neoplatónicas y hermetismo en la heterodoxia de la seglar Ana de Zayas (Puebla de los Ángeles, 1690-1696)/ Neoplatonic Sources and Hermeticism in the Laywoman Ana de Zayas's Heterodoxy (Puebla de los Ángeles, 1690-1696)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México Se analizará la influencia de fuentes neoplatónicas y herméticas en la heterodoxia de la seglar novohispana Ana de Zayas a través de los escritos que ella dirigió, a finales del siglo XVII, a los sacerdotes de su ciudad, la Puebla de los Ángeles.
Dichos textos fueron la causa de que en 1694 se iniciara contra ella un proceso inquisitorial por alumbradismo.
Su caso se desarrolla en un contexto cultural empapado de hermetismo, como se aprecia en las obras de sus contemporáneos Carlos de Sigüenza y sor Juana Inés de la Cruz.
Más allá del mero estilo literario, Zayas es un ejemplo de cómo estas líneas filosóficas tenían una repercusión en formas heterodoxas de concebir y vivir la religión.
PALABRAS CLAVES: Filosofía; Religiosidad; Heterodoxia novohispana.
Alias la Paloma, la Serpiente, la Salamandra...
¿Fue el hermetismo, o su mixtura de saberes afines, 1 solamente un estilo de moda en la Nueva España?
Al parecer, no. Estas filosofías sirvieron para que algunos clérigos criollos justificaran sus ideas patrióticas 2 y específicamente los jeroglíficos se usaron para transmitir un mensaje político.
3 Según More, Carlos de Sigüenza entendió que al poder político se le debía hablar a través de jeroglíficos, como lo demuestra su arco triunfal erigido en 1680 para celebrar la entrada del virrey, marqués de la Laguna.
4 Durante el XVII el disimulo y la representación simbólica fueron un recurso vital; ciertos valores políticos, religiosos o filosóficos sólo podían expresarse alegóricamente y su interpretación se reservaban a un grupo social reducido.
Metáforas, emblemas y jeroglíficos fueron empleados para mostrar de un modo alusivo e indirecto principios de la filosofía natural moderna, la alquimia espiritual, la magia natural y la religión.
5 El texto que citamos a continuación, escrito en 1695, fue expresamente dirigido a un sacerdote de la Puebla de los Ángeles y elaborado por una novohispana que solía firmar con herméticos alias como la Salamandra, la Paloma, la Serpiente, el Águila caudal o la Dama de Dios.
Como se verá, el escrito contiene frases como «el que pierde el silencio pierde el juego», o «nadie ha de saber por qué reñimos», las cuales aluden a un silencio y un secreto donde aparecen involucrados sacerdotes y órdenes religiosas.
Vale recordar que aludir a un secreto quizá era la mejor manera de diseminar ciertas ideas, el velar y mostrar pudo haber sido el poder más subversivo.
6 Estos son los escogidos para el Juego de armas, y vuestra reverencia debe de pensar que no son muchos.
¿Ha visto vuestra reverencia unas cuchilladas en una calle, que 1 La principal característica que definió al movimiento hermético del Renacimiento era su visión del cosmos en conexión con una red de fuerzas mágicas con las que el hombre podía operar.
3 Ver Neptuno alegórico de sor Juana, o el Teatro de Virtudes Políticas de Sigüenza, sus emblemas sugieren la conducta virtuosa que se espera del gobernante o, incluso, las obras materiales que habrán de atenderse durante su mandato.
Docenas de ejemplos del sincretismo novohispano y cómo el conocimiento neoplatónico renacentista se aplicaba a exequias, arcos triunfales y todo tipo de emblemas en Osorio, 1993.
Pues así han de ser estas cuchilladas, pues vuestra reverencia y yo somos los de la cuestión y todo el mundo ha de venir al ruido; y es el caso que nadie ha de saber por qué reñimos vuestra reverencia y yo aunque nos matemos a estocadas en la plaza.
Porque el que pierde el silencio pierde el juego (esto es, el que me dijere lo que siente) especialmente vuestra reverencia que es el que está muy cerca de entrarse en la puerta de mi corazón, y esta puerta tiene el umbral del silencio [...]
El clarinero corre a media rienda toda la plaza dando aviso de que se empiezan las fiestas, ¿y yo veo que el padre Canela huye a carrera abierta? [...]
Dirá vuestra reverencia, el clarinero no corre.
Respondo que vuestra reverencia ha de correr más que ninguno, pues ha de correr toda la plaza; y esto en círculo perfecto7 dando aviso a todas las religiones y después a todo el mundo; las religiones de monjas se siguen tras de las de frailes y yo lo iré explicando.
Besa la mano de vuestra reverencia su indigna hija y madre que en Dios le ama.
El escrito aquí citado muestra los guiños herméticos que usa la autora tanto en sus alias como en el contenido de sus textos.
Estos implican una complejidad donde se involucra tanto el poder político como una particular religiosidad generada entre las capas cultas; debido a que la autora de tan enigmático mensaje fue procesada por la Inquisición y, al mismo tiempo, fue una mujer que se codeaba con los hombres más doctos de la urbe y protegida por poderosas figuras de la Iglesia.
El verdadero nombre de esta «Serpiente», «Paloma» o «Salamandra» era Ana de Zayas, quien fue hija de un arquitecto de la Puebla imperial.
Probablemente nacida hacia 1650, a Ana de Zayas se le abre un proceso inquisitorial en la categoría de alumbrada vehemente en 1694.
El proceso queda inconcluso por razones hasta ahora desconocidas para nosotros.
En el tiempo cuando la Inquisición seguía sus pasos, doña Ana estaba separada de su violento marido y su única hija se encontraba ya enclaustrada en un convento; 9 ambos acontecimientos en la vida familiar de doña Ana fueron posibles gracias al apoyo moral y económico que recibió de sus protectores, influyentes jerarcas de la Iglesia.
Uno de ellos fue el famoso amigo de sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), el obispo de Puebla Fernández de Santa Cruz (1637-1699), quien autorizó a Zayas a separarse de su consorte, como la ayudaría también para impedir que la Inquisición la tomara presa en las cárceles secretas.
10 Por otro lado, fue gracias a otro jerarca religioso que doña Ana pudo, contra la voluntad de su marido, conseguir el ingreso de su hija al convento.
Este protector de Zayas era Ambrosio de Odón, quien durante la última década del XVII fuera dos veces provincial jesuita y rector del Colegio Máximo.
11 Otro renombrado miembro de la Compañía que tuvo un papel protagónico en la vida de Zayas fue Alonso Ramos, rector del Colegio del Espíritu Santo de Puebla.
12 Tristemente conocido por el escándalo que produjo la prohibición de los tres tomos que él escribió sobre la beata de Puebla, Catarina de San Juan: Prodigios de la Omnipotencia en la vida de la venerable Catarina de San Juan, 13 cuyo primer volumen (publicado en 1689) fue puesto en el índice de libros prohibidos por la Inquisición española en 1693, para prohibirse totalmente hacia finales de 1696.
14 Tal golpe para la 9 Desconocemos las causas y fecha de su muerte.
Fuera de estos trabajos, no hay análisis exhaustivos sobre ella, más que breves referencias como en Rubial, 2006, 58-59 y 79.
Comento brevemente algunos datos que habría que rectificar en otras referencias a Ana de Zayas: el denunciante de esta mujer, Alonso de Cristo, arguye que ella es una persona cuerda y por eso debe ser procesada, no porque esté separada de su marido.
Zayas tampoco fue sentenciada, ni penitenciada como refiere Medina (1987, 334), ya que en octubre de 1698 su expediente se remite a Madrid, especificándose «inconcluso».
Tampoco coincidimos con las conclusiones, a nuestro parecer, precipitadas, de Vallejo (2005).
La ayuda del obispo a Ana de Zayas abre una nueva valoración sobre la figura del prelado.
Desde 1682 es operario en Puebla, en l686 pasa a Guatemala, de 1689 a l693 es provincial e inmediatamente después rector del colegio máximo de San Pedro y San Pablo de la ciudad de México.
En 1692, siendo provincial Odón, éste apoyó económicamente a doña Ana para que su hija, Ángela María de la Defensa, ingresara al convento de la Santísima Trinidad.
12 Ramos había llegado a México en 1658, siendo un estudiante de teología.
Archivo General de Indias (AGI), Contratación, 5431, n.
Catalina de San Juan inspiró otras tres hagiografías, la del también jesuita Aguilera, 1688, y la del bachiller Castillo Graxeda, 1692.
Compañía, y concretamente para quien fuera uno de los principales confesores de Zayas, se gesta en torno a los mismos años que a ella se le denuncia por alumbradismo para luego seguírsele un proceso inquisitorial.
De las muchas preguntas que el caso puede despertar, aquí abordaremos sólo dos temas principales y una misma fuente subyacente a ambos: el neoplatonismo.
La primera cuestión es con relación a la clasificación específica donde los inquisidores encuadran la heterodoxia de Zayas: alumbradismo en la categoría de vehemente.
15 Ésta, debido a la instrucción intelectual de doña Ana, da la clave sobre un tipo concreto de heterodoxo, que no es el pícaro ni el embustero de escasa o nula formación letrada.
Nuestra investigación podría aportar datos sobre el hecho de ser un alumbrado vehemente con relación a las raíces filosóficas y doctrinales donde se enraíza el alumbradismo español, una herejía que surgió a principios del XVI en Guadalajara, España, en un contexto contagiado de humanismo e ideas de Reforma.
Bajo esta perspectiva histórica explicaremos particularidades importantes de la heterodoxia de Zayas y su conexión con posturas doctrinales ligadas más al neoplatonismo renacentista que al cristianismo ortodoxo.
El segundo tema a desarrollar es el lenguaje hermético con el que esta mujer se dirigió a los sacerdotes de su ciudad, el estilo velado de sus escritos la distingue de otros escritores heterodoxos, acusados también de ser vehementes sospechosos de alumbradismo.
16 Doña Ana presenta asimismo un cuadro muy diferente al de sus coetáneas, quienes narraban sus experiencias de unión con Dios por orden de su confesor.
17 A diferencia de ellas, Zayas hace suya la libertad de escribir a los sacerdotes con la clara intención de adoctrinarlos.
Por otra parte, el hermetismo principalmente se ha tomado en cuenta como un recurso estético de la obra literaria de sor Juana Inés de la Cruz, o como una posible fuente de su inquietud científica.
Con relación al proceso contra Zayas, ver Dictamen de José Sánchez y Diego Trujillo, AHN, Inquisición, 1731, exp.
Igualmente, los diversos trabajos que sobre la monja jerónima ha realizado Olivares han encontrado semejanzas entre ella y pensadores erasmistas, y coincidencias también con ciertas nociones mágicas de Giordano Bruno (Olivares, 2000(Olivares, y 2010)).
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.06 habría que empezar a plantear el hermetismo de estas mujeres tan particulares como un discurso que pudo ser al mismo tiempo fuente, medio y hasta protección con relación al poder.
El caso de Zayas, su lenguaje velado, podría abrir una nueva discusión sobre las maneras de encubrir o guardar secreto como vía para adentrarnos a estructuras de autoridad, grupos de élite, y censura menos obvias que la Inquisición.
19Las dinámicas de velar o revelar conducen a filosofías que marcaron pautas en la vivencia de la religión o el saber científico, como ha estudiado Vermeir con relación al filósofo hermético e ilustrísimo miembro de la Compañía: Atanasius Kircher.
Éste da una clave en las expresiones oscuras con las que Zayas transmitió su mensaje, reservado a la élite que podía descifrarlo.
La intolerancia religiosa forzó a muchos autores a usar una máscara, la Nueva España es parte del movimiento barroco mundial caracterizado por apertura y secreto, ocultamiento y revelación.
20 Más allá de las fronteras, las redes de expansión por las que el conocimiento hermético llegó hasta esta seglar de la Puebla Imperial, son las mismas que permitieron a los jesuitas tener presencia en gran parte del globo terráqueo.
Tales rutas no fueron sólo físicas, ya que afectaron la concepción de la ciencia y la religión.
Una alumbrada, o dejada, vehemente
Hacia 1520 en Guadalajara, España, surgió la secta de los alumbrados, quienes se distinguieron de otros movimientos reformistas de la época por su práctica ascética: el dexamiento.
22 Aproximadamente ciento se -tenta años después de que en 1525 el Edicto de Toledo, España, condenara el dexamiento, éste reaparece en los escritos de doña Ana, referido idénticamente a los primeros alumbrados: como sinónimo de silencio mental y abandono a la voluntad divina.
Aun cuando Zayas fuera un caso aislado, el hecho prueba que algunos movimientos heterodoxos del XVI, ligados al humanismo español o sus corrientes afines, 23 pervivían en la Puebla de finales del XVII.
Falta por descubrir el canal que condujo a Zayas al dexamiento, ¿cómo supo ella la denominación exacta que siglos atrás habían empleado los primeros alumbrados españoles?
Hasta este punto de nuestra investigación, a lo largo del XVII no hemos hallado otro caso en los archivos inquisitoriales que haga referencia explícita al dexamiento.
Vale observar que los mismos miembros del tribunal novohispano que dictaminaron los escritos de Zayas no reparan en el vocablo dexamiento como motivo de censura ni lo relacionan con el basto revoltijo herético que para entonces aglutinaba el término alumbrado (espíritu erróneo, iluso, 24 blasfemo, pervertido, curandero y ermitaño).
25 Los propios inquisidores olvidaron o desconocían que la práctica del dexamiento fue específicamente condenada en 1525 en el edicto contra los alumbrados.
Hacia 1690, al Santo Oficio no le preocupaba el dexamiento, sino otra herejía estrictamente contemporánea y perseguida en Europa, cuya práctica ascética era esencialmente la misma: el quietismo, encabezado por Miguel de Molinos, 26 gran admirador del padre del alumbradismo mexicano, Gregorio López.
27 No obstante la evidente falta de información de los miembros del Tribunal para ligar el dexamiento de Zayas con los orígenes del alumbra- 23 Bataillon, 1966; Asensio, 2000.
Tampoco aparece una distinción clara de los muchos usos del vocablo alumbrado a lo largo del estudio de Chuchiak, 2012.
Molinos fue admirador del padre del alumbradismo mexicano, Gregorio López, cuyas prácticas religiosas coinciden con la doctrina de los primeros alumbrados peninsulares.
El supuesto quietismo de otro heterodoxo contemporáneo de Zayas, Juan Félix Luna, Rubial, 2006, 223.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.06 dismo español de principios del XVI, al ocaso del XVII existieron ciertos parámetros de distinción entre las herejías, uno de ellos fue la categoría de vehemente.
La cual suele relacionarse sólo con los «alumbrados» instruidos intelectualmente, escritores que abogaban por una religiosidad personal y ética.
28 La clasificación de vehemente quizá esté señalando una primera frontera, por encima de la mistificación con la que el alumbradismo se importó desde España.
Prueba de tal mistificación fue que el primer foco de «alumbradismo» mexicano 29 se persiguiera, entre otras, por faltas de índole sexual.
Evidenciando que desde entonces los inquisidores de México habían heredado la confusión doctrinal prevaleciente en la Península y llamaban «alumbrado» a cualquier infractor de la fe.
Los inquisidores novohispanos desconocían que la célula originaria de alumbradismo surgido en torno a Isabel de la Cruz se caracterizó por su conducta intachable, 30 a diferencia de los grupos posteriores, y arbitrariamente llamados alumbrados, de Sevilla, Extremadura o Llerena 31 que fueron conocidos por su poca continencia sexual.
Nuestro trabajo plantea trascender las etiquetas que impusieron o ignoraron 32 los inquisidores, y no repetir su desaforada generalización, ni 28 Principalmente ver casos de Juan Félix de Luna (AGN, Inquisición, vol. 711) y Pedro García de Arias (AGN, Inquisición, vols. 429, 436 y 505), ambos referidos por Medina, 1987, Jaffary, 2004, y Rubial, 2006.
A García se le atribuye haber sido un erasmista.
En 1693, el principal denunciante de doña Ana hace mención al alumbrado García de Arias con relación a ella y a la coincidencia de que ambos fueran autores de obras místicas consideradas heréticas.
31 En su amplio estudio, Jaffary observa que el conventículo y el mecenazgo de benefactores poderosos son características del alumbradismo español que prevalecieron en el alumbradismo mexicano y que estos se inspiran en las mismas fuentes de los alumbrados españoles.
Pero nunca especifica qué fuentes ni a cuál de los diferentes grupos llamados «alumbrados» se refiere (Jaffary, 2004, 29-31).
Tampoco Rubial en su obra, que tanto ha contribuido a la historia de la religiosidad novohispana, realiza ninguna distinción sobre el alumbradismo en su origen o sus manifestaciones tardías.
No obstante que desde 1952, Selke ya venía proponiendo «examinar las diferencias fundamentales que separaron a los primeros alumbrados de los otros iluminados o de los diferentes brotes que surgieron posteriormente en diferentes provincias de España» (Selke, 1952, 136).
Márquez afirma que no considera alumbrados a los grupos de Llerena, Extremadura ni Sevilla (Márquez, 1980, 58-64).
32 Ejemplo de ello es Gregorio López, quien nunca fue procesado por el Tribunal novohispano, a pesar de su evidente heterodoxia.
33 Por ello seguimos la propuesta que Hamilton aplica al fenómeno español y la extendemos a la Nueva España: solamente denominar dejados a los heterodoxos que practiquen el dexamiento, 34 distinguiéndolos de cualquier otro «alumbrado».
Ana de Zayas es una dejada.
En numerosas ocasiones refiere que a partir de la suspensión del pensamiento, sosegada y quieta, recibe las revelaciones y el entendimiento de lo que debe hacer, negando su propia voluntad para efectuar sólo la de Dios, y especifica que negarse a sí mismo no es otra cosa que dexarse.
35 La importancia de ello radica en que el dexamiento está ligado a profundas fuentes neoplatónicas, las cuales confluyen en la misma raíz del pensamiento hermético renacentista.
36 Éste es el referente que Zayas retoma para los enigmáticos juegos de palabras y el lenguaje simbólico con el que ella se dirige a los sacerdotes de Puebla.
Una misma fuente, el neoplatonismo, y dos diferentes manifestaciones: el dexamiento como práctica ascética personal y el lenguaje hermético para encubrir y revelar parcialmente un mensaje dirigido a un público selecto.
34 Descripción del dexamiento, según los primeros alumbrados de España: «Que no tuviesen pensamientos de nada [...] y que para alcanzar aquella perfección y estado, en que la dicha persona alumbrada y otras de su calidad estaban, no había otra cosa, sino suspender todos los pensamientos y no pedir ni demandar nada a Dios bien ni mal, sino dexarse al amor de Dios; que dexándose a Dios, le enseñan todas las cosas...»
«En esta suspensión, no tenía necesidad de buscar más.
Y que estando en esto desechase todos los pensamientos [...] y que era meritorio el trabajo que en desechar los tales pensamientos se tenía.
Y que por esta manera daba Dios grandes conocimientos y enseñaba en el secreto del alma sin ruido de palabras ciencia maravillosa» (Selke, 1968, 246).
Compárese con las descripciones casi idénticas de los primeros alumbrados, citadas en la nota anterior.
36 Conjunto de diversas creencias basadas en la filosofía griega antigua, platónicas y presocráticas pitagóricas, principalmente, en las que se concibe una interrelación del mundo elemental-celestial y supracelestial.
37 La intencionalidad que persigue Zayas con sus escritos será abordada en un artículo próximo a publicarse, cuya complejidad es imposible abarcar en este trabajo que se limita a buscar sus fuentes doctrinales.
El Pseudo Dionisio Areopagita, teúrgia neoplatónica y ritual cristiano
Como se ve, una misma línea filosófica comprehende la actitud sincrética, integradora, de las diferentes caras de la religiosidad de doña Ana.
Incluso cuando ella nunca se habría autodenominado platónica, como no se llamaban a sí mismos platonistas muchos humanistas.
38 Remontándonos a las raíces, recuérdese que en 1469 Ficino (1433-1499), después de haber sacado a la luz los escritos atribuidos a Hermes Trismegistus, supuesta fuente de enseñanza de Platón, publica sus traducciones de los tratados platónicos.
La trascendencia de esta obra fue que Ficino recuperó en el filósofo griego la llave para el más importante conocimiento del hombre: que el principio divino e inmortal estaba en su propia alma.
39 Esta idea, ligada al dexamiento, en Zayas: «El reino de los cielos en vosotros está, y cuándo, cuando estamos vacíos de todo, cuando no queremos nada, nada porque nada es todo [...]
En la letra D dice mi esposo, déjate».
40 Abordemos ahora el citado fragmento desde el planteamiento de Antonio Márquez, cuya obra explica los orígenes del alumbradismo desde su causa filosófica.
Márquez subraya la importancia del Pseudo Dionisio Areopagita 41 como principal fuente del dexamiento y como punto de conexión con una tradición heterodoxa, más que cristiana, neoplatónica.
42 El dexamiento se remonta a los textos escritos en griego y que aparecieron hacia el año 525 (mezcla del cristianismo sirio de finales del siglo V y el tardío neoplatonismo ateniense) atribuidos al supuesto discípulo de San Pablo, el Pseudo Dionisio Areopagita.
41 «En la investigación de los orígenes doctrinales del iluminismo, desde el punto de vista filosófico, todos los caminos conducen al Pseudo Dionisio».
Lo cita en su proceso uno de los cabecillas, Alcaraz: «El dexamiento al amor de Dios que yo pretendía era tal que a los dejados ponía en la cumbre de la perfección que el glorioso san Dionisio pone de vía purgativa, iluminativa y unitiva».
42 «El amor de que los alumbrados nos hablan es el amor de Platón».
43 No está contemplado en el presente artículo entrar en el debate sobre el platonismo o cristianismo del Pseudo Dionisio, con relación al alumbradismo y los dejados, y para los fines de nuestra investigación, coincidimos con la famosa opinión de Lutero según la cual el Areopagita era más CONCEPCIÓN ZAYAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 539-569.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.06 llamada «Teología negativa», que propone desprenderse de cualquier razonamiento discursivo para alcanzar el estado de contemplación mística.
44 Pero el Pseudo Dionisio no es completamente original, sino que sigue al neoplatónico Proclo (412-485), 45 para quien la dialéctica negativa no describe nada, en la teología negativa el Uno no tiene nombre y es una especie de teúrgia inmaterial.
Mediante el silencio mental el teólogo o teúrgo negativo completa el estudio del Uno.
Esta iniciación para Proclo se realiza mediante el silencio, superior a cualquier juicio o actividad cognitiva, el cual establece en el alma humana la secreta y desconocida naturaleza de los dioses.
46 Este es el mismo principio que enseñaba hacia 1520 en España Isabel de la Cruz, fundadora de la secta alumbrada, y que daba a conocer gradualmente sólo a los iniciados o suficientemente instruidos en la virtud.
47 Es también esencialmente la idea de Zayas y que, en párrafos anteriores, hemos citado: «Al punto me hallo sin especie de lo que pensaba, en una contemplación de sólo Dio sin que el entendimiento tenga facultad de discurrir».
El referente neoplatónico de Proclo y del Pseudo Dionisio puede ayudarnos a establecer conexiones entre el dexamiento y las frases de Zayas en torno al silencio, ya referidas al principio de este artículo:
Porque el que pierde el silencio pierde el juego (esto es, el que me dijere lo que siente) especialmente vuestra reverencia que es el que está muy cerca de entrarse en la puerta de mi corazón, y esta puerta tiene el umbral del silencio.
Doña Ana podría aludir al silencio mental o dexamiento y, paralelamente, estarse refiriendo a la idea de silencio asociada a guardar un secreto, lo cual nos remite también a las Epístolas del Pseudo Dionisio, 48 donde platónico que cristiano.
La influencia de San Pablo en el Areopagita: Stang, 2012.
47 Al parecer, Ana de Zayas practica también los diferentes tipos de oración, además del dexamiento.
La heterodoxia de Isabel de la Cruz no excluía prácticas ortodoxas como los tres niveles de oración: vocal, mental y supramental.
A los principiantes aconsejaba oración y meditación en la pasión de Cristo, la suspensión intelectual sólo a los iniciados.
Sobre estos diferentes grados en el camino de la contemplación en la teoría mística del Areopagita: Klitenic y Myles, 2007, 86.
El secreto como medida de precaución antipoliciaca en los alumbrados, Márquez, 1980, 217.
La advertencia en Zayas podría tomarse igualmente como una medida de protección frente al Tribunal.
Por el ambiente de tensión que la rodeó a ella y a sus mentores, como el jesuita Alonso Ramos.
Los referentes relativos al silencio se afincan en una tradición y en ella se halla también el nudo que une el eclecticismo de doña Ana.
Para ejemplo sirva señalar que el erasmista español Juan de Valdés (1499-1541), a quien Márquez considera el teólogo del inicial foco de alumbradismo, habla del amor de Dios en términos que suenan a la teoría neoplatónica del amor desarrollada en Florencia por Ficino.
49 Los dejados hacen una interpretación del Pseudo Dionisio, que no es la de los autores escolásticos (Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa), 50 sino la lectura que sobre el Areopagita hizo Ficino, la cual fue adaptada y aceptada como acorde con el cristianismo desde el siglo XV.
51 Si bien los neoplatonistas florentinos conservaron mucho del método y lenguaje del escolastismo, agregan su intenso interés por la dignidad y la libertad humana.
52 Y es precisamente con respecto a este último punto que Márquez observa que la libertad que los dejados buscaban a través del dexamiento era la del absoluto incondicionado, o de la Nada.
53 Esto se explica desde la Dialéctica negativa que hemos revisado en Proclo, así como la idea de silencio mental, superior a toda actividad intelectual.
54 Estos conceptos los hemos visto ya en Ana de Zayas, 55 quien repite un principio de los dejados, para quienes la libertad como virtud es la liberación del deseo.
Cuando el hombre es totalmente libre de su deseo par ticular, coincide con el deseo universal y esto sólo se alcanza mediante la supresión total de los deseos individuales.
Explica Márquez: «Esta es la ascética del dexamiento, no querer nada, no pensar en nada, no pedir nada...».
56 Volviendo al Areopagita, recuérdese que su neoplatonismo aparece desde sus inicios como cristianizado.
57 Fue gracias a ello que durante siglos el supuesto discípulo de San Pablo gozó de una gran aceptación teológica dentro del canon y se le consideró uno de los primeros referentes cristianos.
58 Autores legitimados y que formaron parte del contexto cultural de Zayas, como Teresa de Ávila y Juan de la Cruz 59 inspiran su misticismo en el Areopagita.
Aún en Puebla, lo sigue también el jesuita irlandés Miguel Godínez (1591-1644) en su Teología Mística.
60 Sobre éste último, con relación a Zayas, Godínez perteneció a la Compañía, fue confesor de afamadas monjas poblanas 61 y de la misma Catarina de San Juan, sobre quien Alonso Ramos (también confesor de doña Ana) inspirara su obra censurada por la Inquisición.
62 En este contexto, es altamente probable que Zayas tuviera noticia de la teología negativa del Pseudo Dionisio, o sus comentadores; sin embargo, su particularidad heterodoxa se evidencia cuando ella repetidas veces mezcla a tales figuras de autoridad con la mención explícita del dexamiento.
Véase el siguiente fragmento:
Y por eso me enseña mi esposo Jesús, diciendo déjate, ha de dejarse el maestro si quiere acertar totalmente en las manos de Dios.
Entendiendo que si entiende es porque Dios le da la luz, y atendiendo a que dice Jesús, Yo soy la luz del mundo; y cuando dice a sus ministros, vosotros sois luz del mundo, es porque se obliga a 56 Márquez, 1980, 199.
Razones por las que los escritos dionisiacos fueron aceptados entre los cristianos de Oriente: Golitzin, 2003, 8-37.
58 El canon en términos metodológicos: textos doctrinales unificados, los cuales son prueba de los dogmas aceptados por la ortodoxia.
Los diferentes lectores del Pseudo Dionisio a lo largo de la Historia: Blum y Golitzin, 1990, 361.
59 La influencia del Areopagita en San Juan de la Cruz y Santa Teresa y en los mayores autores espirituales españoles del siglo XVI: Girón, 2009, 163-176.
Godínez escribió la Práctica de la teología mística, editado en Puebla en 1681; en la página 37 de esta obra se habla del abandono a la voluntad divina, el concepto del dexamiento, pero obviamente sin llamarlo así.
Su doctrina se apoya en el Pseudo Dionisio, San Agustín, Kempis, etc...
62 Un primer acercamiento a un tema sobre el que seguimos trabajando: Zayas, Concepción, «Más preguntas sobre Catalina de San Juan, la alumbrada Ana de Zayas y sus mentores jesuitas (Puebla de los Ángeles 1688-1696)», próximo a publicarse.
FUENTES NEOPLATÓNICAS Y HERMETISMO EN LA HETERODOXIA DE ANA DE ZAYAS
Porque sólo la luz de Jesús entre las tinieblas luce como lo dice San Juan en el evangelio (lux in tenebris 63 ) pero no por eso ha de dejar el maestro de estudiar, 64 especialmente en el libro verdadero, que es Cristo, este libro hizo científico a San Buenaventura y no estudiaba en otro.
Pero el leer en este libro es estudiar en imitar su inocente vida y de esta suerte el que quisiere y enseñare será grande en el Reino de los cielos.
65 Efectivamente este padre de la Iglesia, como menciona Zayas, tiene un escrito titulado «Cristo, maestro único de todos».
66 Con el comentario de doña Ana corroboramos que ella está citando aquí a un autor de lectura corriente entre los dejados; y cuya raíz doctrinal vuelve a conducirnos al Pseudo Dionisio 67 o a sus comentaristas, como el cartujo Hugo de Balma.
68 Estas obras ya se habían publicado en la Nueva España a finales del XVI y, por lo menos media centena de ellas, fueron mandadas desde la Península a aquellas provincias a lo largo del siglo XVII.
69 En el citado fragmento de doña Ana se relaciona el término dejarse con la idea de ser alumbrado, todo ello en un contexto semántico donde la autora está defendiendo su propia hermenéutica espiritual, siguiendo las mismas pautas de lectura de los dejados; es decir, subordinando las letras a la experiencia revelada.
Es la misma hermenéutica del Pseudo Dionisio, cuyas enseñanzas afirman que las Escrituras se han estudiado, según la divina tradición, por una operación que trasciende el intelecto.
Este autor fue publicado tempranamente en México, ver Buenaventura, 1575 y su reedición de 1594.
Por otra parte, el místico renano Taulero, al ensalzar la oración mental, siempre hace referencia a la Mística teología de Buenaventura.
También el obispo Zumárraga cita el Sol de contemplativos aparecido por primera vez en España en 1514 y atribuido a Hugo de Balma, aunque muchos se lo adjudicaron a San Buenaventura.
El colofón de tal obra dice así: «Aquí se acaba el presente libro llamado Mística Theulogía de Sant Dionisio».
Sobre la influencia de Buenaventura y los místicos alemanes Ekchart y Taulero en la obra escrita del prelado de Puebla Juan de Palafox: Olivares, 2004, 163-165.
69 Más de setenta libros de San Buenaventura fueron enviados a la Nueva España a lo largo del XVII (AGI.
Agradezco a Pedro Rueda (Universidad Central de Barcelona), haberme proporcionado esta referencia.
Diferentes lecturas, ortodoxa o heterodoxa, servían para dar distintas interpretaciones y usos de un mismo autor.
Buenaventura es citado por los censores Sánchez y Trujillo en el proceso contra Zayas para señalar un error herético relacionado con la idea de predestinación.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.06 repite la askesis neoplatónica, donde se insistió en que la sabiduría sólo se encontraba fuera de todo texto y fuera de todo lenguaje.
71 Tal perspectiva aparece igualmente en Teresa y Juan de la Cruz, influenciados por el Areopagita.
72 La novedad en una novohispana como Zayas es que ella asocie explícitamente todas estas ideas con el dexamiento.
Volviendo a la raíz, el dexamiento se remonta al planteamiento de Proclo e inspirado por éste, el Pseudo Dionisio identifica los sacramentos como ritos teúrgicos.
El mismo Jesucristo opera como un símbolo teúrgico y la eucaristía como el rito teúrgico por antonomasia.
73 Es relevante subrayar que Proclo fue también una fuente importante de la Teoría de la Magia renacentista, según la promovió Ficino.
74 Tales antecedentes pudieron tener una incidencia en Ana de Zayas.
En un texto que ya hemos analizado en otros trabajos, la «Danza moral o juego de maroma», ella describe el momento de su revelación justo después de comulgar y de escuchar la música de la iglesia.
75 Bajo el referente del Pseudo Dionisio, el momento de la eucaristía en Zayas podría funcionar como un ritual teúrgico.
Según nuestra interpretación de la «Danza moral...» y acorde con Ficino, la autora armoniza el platonismo con la autoridad «cristiana» del Areopagita, supuesto discípulo de San Pablo.
76 Recordemos que el fundador de la Academia de Florencia en su De Christiana religione llegó a comparar a Jesucristo con el Areopagita 77 y en De raptu Pauli retrata a San Pablo como un filósofo, explicando su rapto con reminiscencias platónicas a través de varios grados cósmicos.
78 Así, en la «Danza Moral o Juego de Maroma» Zayas equipara al dexamiento con la Prudencia o máxima sabiduría según la refiere Platón.
79 Si bien doña Ana nunca menciona a Platón, ni al Areopagita, sí refiere a sus comentadores, como Buenaventura, y sobre todo el nexo de la autora con el Pseudo Dionisio (o habría que decir, ¿con Proclo?) se revela a través de la práctica heterodoxa del silencio mental o anulación de cualquier operación intelectual: dexamiento.
75 He realizado un extenso análisis de las fuentes platónicas de este escrito (Zayas, 2006).
79 estas relaciones con el objetivo de ubicar la religiosidad de Zayas en un mismo universo metafísico, el cual fue utilizado por ella para integrar todas sus búsquedas espirituales:
El día de san Bartolomé fui a comulgar por el padre fray Bartolomé Guerrero, y díjele al Señor: dale a este padre un rayo de tu amor, para que sea un dechado perfecto.
Vi que de un incendio que tenía en la mano derecha, soltó una centella en esta forma y se la echó al padre: que entendí que lo abrasaba, pero los efectos se verán, confío en Dios.
La centella era así [dibujo de una estrella de ocho líneas].
Como estrella venía a ser con ocho rayos, hermosa, y me dijo ¿basta?
Dije, sí, con un átomo de tu amor hay para encender infinitos mundos.
80 De nuevo la comunión vuelve a funcionar como teúrgia que desata la visión y la recepción de la energía cósmica.
Además, la referencia a los infinitos mundos recuerda la Teoría atomista de Giordano Bruno (De tripliciminimo, 1591), una obra que se ubica en el campo de la heterodoxia, la filosofía oculta, la magia y la ciencia.
En el libro de Bruno el átomo representa un principio de inteligencia que refleja el infinito poder divino, 81 como también doña Ana lo expresa en su visión.
Kircher y los objetos filosóficos
Tras los ejemplos que hemos referido hasta aquí, parece evidente que el lenguaje hermético de Zayas no fue un mero recurso literario y que comparte una misma línea de conocimiento con el Areopagita y Ficino: el ocultismo europeo.
82 Una corriente que pervivió hasta el XVII en personajes como el ignaciano Kircher, 83 éste relacionó al Pseudo Dionisio con Isis y Osiris.
Antes, Ficino en su traducción de Los nombres divinos había dicho que el Areopagita y Hermes Trimegisto coincidían, entre otras cuestiones, 80 Al margen dice: Guerrero de amor es este padre (subrayado en el original).
82 Entendiendo por filosofía oculta una doctrina basada en la correspondencia de todas las cosas que existen y entre el mundo de lo divino, la naturaleza y el humano.
Éste es un microcosmos o microtheos, se halla entre Dios y la naturaleza y tiene un papel primordial y dinámico entre aquellos dos.
84 Esta idea ya la hemos visto en Zayas.
85 La influencia de Kircher en las mentes novohispanas más brillantes del XVII ha sido abundantemente estudiada con relación a Sigüenza y sor Juana 86 y aunque, a diferencia de ellos, Zayas nunca lo menciona (por lo menos no en los escritos que se conservan en los archivos inquisitoriales), e incluso desconocemos si ella pudo entender su latín, 87 resulta probable que sus protectores jesuitas le proporcionaran canales de acceso al famoso hermetista.
El colegio del Espíritu Santo de Puebla había sido el lugar donde se tuvo la primera colección de Kircher, este centro de conocimiento fue donde Alonso Ramos ejerció como rector en el tiempo que Zayas era su amiga, discípula o maestra...
88 Con el antecedente kircheriano abordaremos algunos de los textos que doña Ana dirigió a los sacerdotes de su ciudad, 89 los cuales tienen títulos relacionados con objetos científicos de la época.
90 He aquí una muestra: Espejo de confesores, Anteojo de larga vista, Compás, Escala de perfección, Reloj de sol, Linterna para la noche, Lámpara lúcida, Lumbrera elegante, Anteojos conservativos para la vista del alma, Espejo de lindos, Luces del día claro, Aguja de marear, Farol de negación, Reloj de arena, Espejo de claridad.
91 Como ha observado Vermeir respecto a Kircher, sus experimentos hacen referencia a principios y estructuras ocultas según una concepción neoplatónica del universo y los instrumentos usados para estas prácticas pudieron considerarse mágicos y con significados aún velados 84 Yates, 1982, 124-127 y 418.
86 Sin pasar por alto que Sigüenza llegó a criticar a Kircher y su interpretación de los códices mesoamericanos, pero también él afirma que un criollo puede entender mejor a Kircher que un europeo.
87 Si bien en sus escritos Zayas refiere algunas frases en latín.
88 Tenemos incógnitas respecto a la relación de ambos.
89 Reiteramos un hecho que impide una contextualización más amplia de los escritos de la autora, ya que, desgraciadamente, se conservan pocos de ellos y sabemos que hubo muchos más por la referencia a sus títulos.
Sin soslayar el hecho de que las imágenes científicas aparecieron en la poesía española del XVII, como las registra también la novohispana sor Juana Inés de la Cruz.
Nuestro estudio plantea que estos recursos poéticos en el caso de Zayas, van más allá de una mera expresión barroca, en desacuerdo con la idea de Vallejo, 2005.
92 Igualmente para Zayas, los instrumentos que dan título a cada escrito podrían tener el valor de símbolos-objetos filosóficos, 93 comunes a una tradición.
Llama la atención que doña Ana coloque juntos, en un mismo título, al compás y a la escala, conocidos símbolos masones, y que otro de sus escritos se titule Reloj de arena.
94 Kircher aparece con un compás en el frontispicio del Iter Exstaticum coeleste (1671), además de esta referencia, hemos reparado en el compás, la escala y el reloj de arena porque los tres elementos se encuentran en el grabado de la Melancolía I de Durero, una obra inspirada en el neoplatonismo de Ficino y la Oculta Filosofía de Agripa.
Esos objetos simbolizan que el iniciado, al igual que el Arquitecto del Universo, debe aplicar a su trabajo las reglas de la matemática, según las concibe Platón.
95 La Melancolía I de Durero representa teorías de micro y macro cosmos, armonía, entendidas en términos geométricos, así como profundos conocimientos de astrología y arquitectura.
96 Por todos estos referentes, más que una simple floritura, parece evidente que Zayas alude a una tradición filosófica.
En el siguiente escrito ella vuelve a presentar un experimento físico con relación a una visión de Dios:
En la oración vi a mi esposo Jesús, y díjele, Señor, toda he de ser luces, ¿y nada me das de fuego?
Yo quisiera encender los corazones en tu amor.
Mostróme en la mano derecha un incendio crecido de fuego de amor de Dios, y en la izquierda la Justicia, hecha de luz, y dijo aquí tengo el fuego, yo te lo daré a su tiempo, da ahora la luz.
Dije, todo es hablar y no veo fruto.
Dijo, la luz viene del sol, y con todo eso es fría, pero pon una yesca 97 en un espejo, y ponlo al sol y verás cómo se enciende.
Si todos pusieran de su parte la disposición, 98 todos se encenderían.
93 En la Royal Society de Inglaterra el telescopio, microscopio, etc. son llamados instrumentos filosóficos.
Los objetos expuestos en el Museo de Kircher como símbolos de la correspondencia universal en Findlen, 1996, 85.
94 El Reloj de arena no aparece en la mencionada lista, pero es uno de los pocos escritos que sobrevive completo en el proceso inquisitorial.
Recuérdese que Durero desde temprana edad se relacionó con círculos filosóficos devotos de Ficino y con humanistas locales de Nuremberg.
En futuros trabajos ahondaremos en la posible formación que doña Ana pudo haber recibido de su padre, arquitecto.
97 Materia seca para encender con cualquier chispa, figurativamente lo que está dispuesto a encenderse, cualquier pasión o afecto.
99 La autora especifica que subraya las palabras transcritas directamente por revelación divina y en las que no ha intervenido su interpretación.
La cual postula que el ser humano tiene que cooperar, no basta la irradiación del amor divino, debe hacerse una elección por el bien y un esfuerzo.
Según la asertiva reflexión de Kuri Camacho, tal pensamiento -llevado a sus últimas consecuencias-vendría a coincidir con la teología negativa del Pseudo Dionisio y con un pensamiento persistente del neoplatonismo cristiano 100 o, como lo explicara el gran admirador del Pseudo Dionisio, Ficino: entendiendo la cooperación de cognición y amor como una interacción recíproca.
101 Y también con relación al Pseudo Dionisio, el citado escrito de Zayas recuerda aquél sentido teúrgico, que el Areopagita articuló en una variedad de términos neoplatónicos, especialmente apoyándose en el pensamiento de Proclo.
102 Burns llama a esto «Symbolic technology», desarrollada de muchas maneras, como la animación de estatuas adornadas con símbolos selectos, recitación de himnos y oraciones, etc. Cuyo objetivo era acercar lo más posible al teurgista, alineándolo con lugares elevados del cosmos.
103 Como ya mencionamos, estas prácticas ligadas al conocimiento mágico volvieron a tener vigencia en el Renacimiento, pervivieron hasta el siglo XVII y pudieron llegar a Zayas a través de Kircher.
104 En el epílogo de su Ars Magna lucis et umbrae (1646), cuya división por capítulos corresponde a la sefirot cabalística, Dios está simbolizado por el sol que, para los neoplatónicos, es la fuente de la emanación o luz absoluta.
Esta emanación ocurre en diferentes etapas, simbolizada por la reflexión y refracción en espejos y lentes.
105 Resulta interesante pensar que la figura de Jesucristo referencias simbólicas al espejo, la más cercana al texto de Zayas es: «Sabida cosa es, experimentada, y referida, de Plinio, que los espejos cóncavos puestos a los rayos del sol, se encienden más fácilmente, que otro fuego cualquiera.
Y Galeno añade, ser tradición que Arquímedes con unos espejos puestos a los rayos del sol abrasó las naves de una Armada enemiga».
100 El jesuita Antonio de Figueroa, llamado familiarmente abuela por doña Ana (AHN, Inquisición, 1731, exp.
34, 60v), promovió desde la cátedra y sus disertaciones filosóficas la scientia condicionata.
El hermetismo de Ficino y el cabalismo de Pico como referentes en la interpretación teosófica de Kircher: Veltri, 2009, 131 y 132.
FUENTES NEOPLATÓNICAS Y HERMETISMO EN LA HETERODOXIA DE ANA DE ZAYAS podría interpretarse desde esta tradición y no desde la ortodoxa.
Así, el que Zayas retrate a Jesús como sol divino adquiere una dimensión neoplatónica que explicaría la referencia al experimento físico en el que la autora se apoya.
106 Por otro lado el Ars Magna lucis, donde confluyen los experimentos físicos sobre la luz y la tradición cabalística, fue usada como argumento de veracidad de la aparición de la virgen de Guadalupe, lo cual comprueba que era una obra a la que muy probablemente Zayas tuvo acceso directa o indirectamente.
107 Desde la óptica de una tradición común, el citado pasaje de doña Ana que alude a encender una yesca con el sol sobre un espejo, comparte también las referencias de la refracción de la luz Kircherianas que permean la «Primavera Indiana» (1680) de Sigüenza 108 -a quien Brading describe suscribiendo doctrinas del hermetismo barroco-.
109 El símbolo del espejo es utilizado por Zayas para titular varios de sus textos, con relación al escrito antes citado del espejo puesto al sol, la segunda parte de éste podría confirmar una afinidad más con Kircher:
Lean el 'Espejo de claridad' vuestras reverencias, quizá Dios dirá algo a cada uno, y nadie tome por sí lo que yo escribo, que ya he dicho que mis palabras son como un espejo, que el que no tuviere una mancha en la cara no la verá en el espejo.
110 En este fragmento Zayas describe su «Espejo de claridad» como una especie de oráculo que revelará algo diferente a cada sacerdote.
En el diagrama cabalístico -con alusiones ocultistas-que Kircher incluye en el segundo volumen del Oedipus Aegyptiacus, la palabra espejo aparece unida a una antigua filosofía, la de la cábala, un sistema codificado tan respetado por Kircher como los jeroglíficos atribuidos a Hermes Trismegisto.
111 Desde el Renacimiento el término cábala significa recepción, 112 espejo y recepción parecen ser símbolos equivalentes para la novohispana, al igual que lo fueran para Kircher y toda una tradición donde, por ejemplo, caben también otras asociaciones como las de Giordano Bruno.
Éste relaciona las connotaciones mágicas de los símbolos egipcios con el lenguaje original de Dios, la cábala y el misticismo del Pseudo Dionisio.
113 Como ha señalado Brading, este tipo de conocimientos fueron asimilados por muchos de los humanistas peninsulares que desde el XVI se establecieron en la Nueva España.
114 Con relación a la cábala -como analizaremos más extensamente en publicaciones futuras-, Zayas describe que tenía una visión de la mano de Dios en medio de un círculo, donde se hallaban grabadas todas las letras del abecedario, como en las cartillas donde entonces se enseñaba a leer.
El dedo índice le señalaba alguna vocal o consonante, otras veces sílabas, y así le eran reveladas las palabras que ella escribía.
115 La descripción del círculo con letras o silabario combinatorio de Zayas resulta similar a la cábala sarracénica que aparece en el tomo segundo del Oedipus Aegyptiacus.
116 Doña Ana hace referencia explícita a un código o clave necesarios para descifrar sus escritos, esto podría comprenderse mejor desde la perspectiva de sistemas codificados ocultistas como la cábala o el lenguaje hermético.
Tendría que ver también con la hermenéutica revelada y con la idea de que sus escritos son un espejo, en el sentido que ofrecerán mensajes diferentes a cada receptor, como ya revisamos.
En otro escrito de Zayas podemos leer: Dice vuestra reverencia que claridad y oscuridad contradicen, es verdad, pero lo que para los discípulos de Cristo fue claro, para los fariseos fue oscuro.
Hizo Dios de sus mismos ministros (que son todos los religiosos de este mundo) para que me labrasen a mí a un tiempo jueces y verdugos.
Así lo digo en la «Mano de papel» y «Explicación de la batalla» [...]
De manera que cada uno quisiera tener toda la luz de mi espíritu, y no tendrá sino la que Dios le diere [...]
Cuando Cristo hablaba por parábolas eran éstas oscuras, pero no por eso eran malas.
Cuando yo ya he hablado por metáforas han sido oscuras, pero no malas [...]
Y finalmente no he de hablar claro hasta que amanezca el día en San Antonio.
(Esto es) déjenme hablar y argüir con el padre fray José de Soto y que éste me dé trescientas vueltas y verán la luz de Dios, que la luz está en todas partes.
117 El que Zayas reitere que algunos de sus trabajos sí podían circular públicamente, 118 no deja duda de que existían escritos suyos que debían guardarse en secreto.
Esta heterodoxa del XVII sigue la tradición de los hombres renacentistas, entusiasmados por el famoso tratado de Apolo y sus mensajes ideográficos, «comprensibles en todo el mundo, pero sólo para los iniciados».
119 Zayas sigue reproduciendo el sentido original del Hieroglyphica: como revelación y también como lenguaje velado.
Esto no es novedoso, ya que secreto y simbolismo se manifiestan de muchas formas en el período moderno temprano.
La criptografía del siglo XVII ha sido abundantemente estudiada con relación a Europa 120 y prácticamente ignorada en lo que respecta a la Nueva España.
Esta cuestión está esperando ser abordada, y un punto de arranque podría ser la codificación y decodificación como uno de los temas más ampliamente tratados por Kircher, quien ofreció el supremo modelo de compatibilidad entre el catolicismo y la tradición hermética.
121 Como se ha estudiado ampliamente, Kircher inspiró a las figuras intelectuales más importantes del XVII novohispano: sor Juana 122 y Carlos de Sigüenza (1645Sigüenza ( -1700)).
No debe ser casual que con ambas mentes preclaras doña Ana tenga coincidencias importantes, como el haberse formado bajo el cobijo de los jesuitas y seguir la misma tendencia integradora, donde el conocimiento legitimado de los Padres de la Iglesia se mezcla con elementos herméticos.
Más que conclusiones, nuestra investigación plantea preguntas.
¿Habría que ampliar los radios de influencia del hermetismo de Kircher, unos radios que abarcaran la heterodoxia religiosa de una seglar educada por los jesuitas fuera de toda regla conventual, como fue Ana de Zayas?
¿Fue ella un caso aislado o existieron redes de conocimiento extraoficial que divulgaran este tipo de filosofías?
Incluso respecto a Sor Juana y Sigüenza, habría que cuestionar si la semilla de Kircher no floreció más allá y llegó a tocar ámbitos políticos y religiosos aún por analizarse más profusamente.
Porque parece evidente que el lenguaje hermético abarca también una dimensión de poder.
Quizá en los diferentes discursos herméticos de esa sociedad, amante 118 Damos dos ejemplos, de los muchos que se registran en el proceso.
«Este papel sí puede andar de mano en mano».
«Doy licencia general a todas las personas que me han comunicado para que lo consulten entre sí, con secreto».
123 No en vano Kircher da tanta importancia al arte de mantener secretos, esta obsesión expresa algo más que una moda barroca, tiene que ver con arraigados principios sobre cómo hacer política, filosofía o vivir la religión.
124 Con relación a Zayas y sus conocimientos de la filosofía ocultista, nos interesa subrayar que el modelo que subyace a la concepción de la religión en Kircher, por encima de su máscara católica, es un modelo basado en la metafísica neoplatónica e, incluso, que recuerda más al gnosticismo, que al cristianismo ortodoxo.
125 Es en este punto donde coincide también el alumbradismo de Zayas, una forma de religiosidad que, como ya revisamos, se liga igualmente al neoplatonismo.
Según ha señalado Findlen, el sincretismo de Kircher derivó en un producto intelectual heterodoxo que amenazaba con desbordarse.
126 La alumbrada vehemente Ana de Zayas, alias la Serpiente, la Salamandra o la Palo ma, pudo ser uno de esos productos desbordados...
El análisis que aquí presentamos rescata sólo una parte de sus enigmáticos escritos, ella es igualmente sólo una pieza de una sociedad rica y también enigmática cuyas capas cultas se vieron atraídas por el hermetismo y sus corrientes afines, líneas filosóficas que confluyen en una misma esencia: su velo de oscuridad. |
Este estudio pretende analizar, desde una perspectiva jurídico-institucional, los diversos trabajos preparatorios que abordó la Monarquía española con objeto de crear, en 1748, una Ordenanza forestal para fomento naval, que compitió con las necesidades de las poblaciones rurales que veían cómo les era despojada su materia prima cotidiana, extraída de los árboles.
«El mayor punto del comercio de España depende de arreglar lo casi perdido con sus Indias, mientras el mal gobierno que ha habido por el pasado en el Comercio de Indias, ha sido causa del gran poder de la Inglaterra, Holanda, y Francia, y ha traído por consiguiente la flaqueza y decadencia de esta Monarquía».
«Tienen Señor tanta conexión entre sí la Navegación, y el Comercio que es imposible que la una esté floreciente en su Estado, no estándolo la otra, ni recíprocamente podrían subsistir».
«Siempre Señor han temido las Potencias que esta Monarquía despierte de una vez, y ponga los medios fáciles que tiene de formar una Armada de Mar porque aun con la España y las Indias, teniendo V.M. Armada Naval se hará dueño de todo el tráfico y destruirá el poder de otras Potencias, y V.M. se hará el árbitro de la paz y de la Guerra».
1 Sin duda estas contundentes reflexiones reflejan con absoluta nitidez las inquietudes y desvelos a los que debió hacer frente desde múltiples perspectivas, también la jurídica, la monarquía hispánica durante el siglo XVIII para poder cohesionar y conciliar los dos principales soportes sobre los que ésta se asentaba: en primer lugar, la integridad territorial y, en segundo lugar, el comercio marítimo, especialmente en su relación con las tierras americanas.
2 Éstos serán el leitmotiv de todo un programa de política exterior que se vio sustentado con recursos interiores a costa de un elevado precio, no sólo económico, sino que también debieron pagar con enormes extensiones de terrenos boscosos.
3 Es sabido que tras el declive naval experimentado durante las últimas décadas de los Austrias, la carrera de otras potencias con intereses en el Nuevo Mundo por construir y armar navíos fue denodada.
4 Esta progresiva actividad exigió no sólo recursos técnicos y económicos, sino también el impulso y perfeccionamiento de las gestiones forestales, puesto que la madera era el principal recurso para la fabricación de naves.
Tan estratégica fue esta materia prima que su obtención o escasez condicionó irremediablemente el poderío o la languidez de las flotas, así como propició la adopción de estrictas medidas normativas para evitar la deforestación que su uso provocaba desde la dinastía de los Habsburgo.
5 Antes del siglo XVIII, la Monarquía Hispánica se había aferrado a un antiguo régimen basado en la diseminación de astilleros, pero que ya se mostraba ineficaz ante los avances técnicos.
6 Por otro lado, hasta la llegada de los Borbones, el arco cantábrico había sido tradicionalmente el área tradicional abastecedora de maderas para la construcción de navíos destinados, entre otras latitudes, a la Carrera de Indias, afectando las talas sobre los órganos locales y la economía de subsistencia del común de los vecinos, y encontrándose esquilmado como consecuencia tanto de la fabricación de naves como por el consumo de carbón de las ferrerías que las nutrían de armamentos.
Las primeras medidas jurídicas, administrativas y estructurales
Aunque de modo tardío y tras sobreponerse a la crisis generada por la Guerra de Sucesión, España se unió a la pugna constructiva con cierto e inesperado éxito, gracias a las medidas administrativas, legislativas e institucionales impulsadas por el secretario de Marina, José Patiño, desde 1717 hasta su fallecimiento, en 1736.
8 A estas alturas resultaba esencial recobrar las comunicaciones con la América Hispana y asegurarse el control sobre éstas.
9 Dentro de la multiplicidad normativa que se produjo tras la Guerra de Sucesión, encaminada al fomento naval, se encontraron normas cuya temática resulta elocuente, tales como Reglamentos y Ordenanzas en materia de comercio y navegación con las Canarias y América, de 16 de diciembre de 1718 y 5 de abril de 1720, o sobre soldadas a percibir por las tripulaciones de mercantes con destino a Indias, de 9 de diciembre de 1723.
10 Como no podría ser de otra manera, esta progresiva actividad de fomento naval exigió no sólo recursos técnicos y económicos, sino también el impulso y perfeccionamiento de las gestiones silvícolas.
A él se debe en buena medida la reorganización de una Nueva Planta en la Marina acerca de la que hemos de detenernos, al menos someramente, para poder comprender conceptos sobre los que posteriormente orbitó la Ordenanza forestal de 1748.
Bajo el mandato de Patiño se establecieron profundas modificaciones administrativas y jurídicas que trascendieron en el tiempo, soslayando la concurrencia de simples astilleros y pasando todo el proceso fabril naval por arsenales, a semejanza de la política seguida en Francia desde la segunda mitad del seiscientos.
11 En estas instalaciones se recibía la madera talada o comprada por la Marina para la construcción y carenado de los na víos, además de almacenar todo tipo de pertrechos, municiones, materiales y géneros al servicio de la Armada,12 pudiendo ser considerado como un extenso «complejo industrial» 13 mucho más completo que las anticuadas factorías.
Su funcionamiento y orden quedaron regulados mediante una Instrucción General, de 1 de mayo de 1723, conocida también como «Ordenanza de Arsenales»,14 debiendo residir en ellos un «Ministro Subdelegado del Intendente» 15 y contando con personal especializado, que trabajaba bajo la dirección de un técnico de la materia, que constituía el cuerpo de la Maestranza, 16 siendo esencial la Maestranza de madera debido a su importancia.
Ello supuso el inicio de exploraciones, protagonizadas por personal militar de diversa graduación y otros trabajadores de cada arsenal, a extensas áreas de montes maderables para calcular las posibilidades forestales con las que podía contar la Marina.
17 Por su parte, las actuaciones silvícolas que debían emprender los oficiales se diseñaron de manera colegiada, completándose las disposiciones de 1723 con las «Ordenanzas e Instrucciones generales, formadas de real orden, de lo que se debe observar por los Intendentes, y demás Ministros de Marina, y dependientes del Ministerio de ella, según lo respectivo al empleo, y encargo de cada uno, para la mejor administración de la Real Hacienda, y cuenta, y razón de ella», de 1 de enero de 1725.
18 Éstas regularon, mediante treinta y un capítulos, los cometidos del personal administrativo al servicio de la Marina que prestaba sus servicios en tierra, también respecto de la gestión forestal, y destacando el cargo del Intendente.
19 Esta figura, podía tener una doble naturaleza.
En un primer plano, el Intendente General de la Marina de España, dentro de cuyas competencias se encontraban los asuntos de «Montes, sus Cortas, y Plantíos».
20 A éste le acompañaban, en segundo lugar, los Intendentes particulares de los puertos y sus funciones abarcaban todo lo concerniente a la economía, policía, y Real Hacienda de su distrito, así como tener a su cargo todos los Comisarios Ordenadores, y Ordinarios que se le destinaren.
21 También, entre otros asuntos, el apresto de navíos, que abarcaba las cuestiones silvo-madereras, 22 facultándosele para la administración de justicia, «civil y criminal», en todos los asuntos relacionados con sus competencias.
23 Al establecimiento de arsenales le acompañó otra medida administrativa de enorme repercusión: la creación, por Real Orden de 5 de julio de 1726, de tres Departamentos marítimos, también, como hemos dicho antes, de inspiración francesa, 24 a los que quedarán vinculadas enormes extensiones de montes y plantíos.
Éstas circunscripciones se definían como «El distrito de la costa a que se extiende la jurisdicción o mando de cada capitán o comandante general e intendente de Marina establecidos en los tres puntos de Cádiz, Ferrol y Cartagena para los negocios del ramo».
25 Dentro de cada Departamento cada intendente tenía las supremas 18 Hemos empleado la reedición conservada en la Biblioteca del Museo Naval de Madrid (BMN), 2008.
26 En cuanto a su ámbito territorial, cada Departamento abarcaba enormes extensiones.
El Ferrol, se extendía desde Portugal hasta la frontera con Francia; Cádiz, desde la portuguesa hasta Almería, además de Canarias; Cartagena, desde Murcia hasta el límite con Francia, más Baleares.
Por su parte, cada Departamento, cuyo núcleo lo constituía su respectivo arsenal, se encontraba dividido en diversas provincias marítimas.
27 Así las cosas, estas nuevas circunscripciones alcanzaron una enorme trascendencia en la gestión y explotación por parte de la Armada en los bosques de cada una de las jurisdicciones a su cargo.
28 La desaparición de Patiño, dada la enorme trascendencia del personaje, supuso un viraje en la política oceánica de los Borbones, incluyendo la faceta silvícola.
Su deceso coincidió con la restauración ad hoc de la institución del Almirantazgo, reunida en una sola persona, la del Infante D. Felipe, quien ostentaría el mando supremo de la Armada.
29 Su génesis tuvo lugar mediante Real Cédula, otorgada en el Pardo, el 14 de marzo de 173730 y, aunque en este documento de fundación no existe ninguna referencia expresa a la materia forestal, es lo lógico suponer que al concederse al infante don Felipe plenos poderes en todo lo relativo a la Marina, esta disposición propiciara que el Almirantazgo abarcase las cuestiones relativas a los montes útiles para el Real Servicio.
Sea como fuere, se trató de un otorgamiento de poderes muy amplio en favor de la institución reestablecida pero con contornos poco nítidos, lo que hizo que se produjesen inevitables conflictos competenciales respecto a los bosques entre el cargo del infante y la preexistente Secretaría de Estado y el Despacho de Marina e Indias.
31 Todas estas fricciones fueron atajadas mediante la Real Cédula de 14 de enero de 1740, que finalmente sí atribuía al Almirante General de la Marina, entre otros cometidos: vigilar a la conservación, y aumento de los Montes, y Plantíos, como tan importantes para las Construcciones, y carena, a cuyo fin daréis las ordenes, y instrucciones convenientes a los Intendentes de los Departamentos, y demás Ministros a quienes toque.
32 Así pues, además de ostentar facultades jurisdiccionales, la institución del Almirante también se encargaba de los aspectos más operativos y prácticos de la Armada, entre los que se encontraban expresamente las masas forestales útiles para la Marina, 33 provocando que la Secretaría quedase relegada durante ciertos años a un segundo plano.
Por su parte, en el mismo año de su fundación, en 1737, fue promovido al cargo de secretario del Almirantazgo Zenón Somodevilla Bengoechea.
34 La designación de Ensenada no fue una cuestión menor porque a la postre se convertirá en el alma mater de la institución, 35 contribuyendo a la reorganización completa de la Marina de guerra mediante reglamentos e instrucciones que establecieron las líneas maestras del nuevo sector naval 36 y, consecuentemente, repercutiendo sobre el ámbito forestal.
Por su parte, y dentro de esta duplicidad de instituciones, a Patiño le siguieron en la Secretaría de Marina, Mateo Díaz de Labandero (1736-1739), José de Quintanilla (1739-1741) y José del Campillo y Cossío (1741-1743) 37, ninguno de los cuales logró hacer frente contundentemente a las operaciones contrabandistas inglesas en las costas americanas.
Antes al contrario, el conflicto se agravó con la Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748), auténtico conflicto colonial que supuso un doble problema para la Monarquía Hispánica, afectando tanto a la seguridad como al comercio.
38 Así las cosas, durante los años en los que el Almirantazgo se convirtió en el verdadero órgano de gobierno de los asuntos navales, hasta el comienzo de su progresiva desaparición a principios de la década de los 32 Pérez Fernández-Turégano, 2004, 450.
40 Lo que parece claro es que a pesar de las necesidades navales, durante las primeras décadas de la dinastía borbónica no se diseñó ninguna disposición que abarcase homogéneamente a las diferentes regiones de la Monarquía y se ocupara de las situaciones suscitadas a raíz de unas talas y plantíos para construcción naval que, como contrapartida, afectaban a una economía rural que basaba buena parte de su subsistencia en la silvicultura.
Reconocimientos y sondeos desde el sur peninsular hacia el resto de la Península
En el siglo XVIII la necesidad de materiales para los navíos de línea era mucho mayor que en el caso de los antiguos galeones y se precisaban muchos barcos.
Para poderlos dotar de un abastecimiento adecuado la Monarquía entendió que era necesaria una norma unitaria que abarcase todos los territorios susceptibles de proporcionar maderas útiles.
Sin embargo, los intentos y preparativos no fueron una cuestión sencilla.
Las partidas de troncos y tablas que se emplearon hasta finales de los años cuarenta fueron tan diversas como heterogéneas en lo que a la procedencia y al tipo se refiere.
A eso ha de añadírsele la falta de un suministrador estable, lo que se tradujo en una alta provisionalidad y precariedad.
41 Esto quedó reflejado en un informe, fechado en el arsenal del Departamento gaditano de la Carraca el 4 de agosto de 1737, que calculaba detalladamente la cantidad de maderas necesarias para que las instalaciones estuviesen suficientemente abastecidas.
42 Aquellas, a su vez, debían ser de diferentes áreas en función de la zona del barco a la que se destinaran: robles de los 39 El ocaso de la institución comenzó en 1741, fecha en la que el Infante don Felipe acudió a las campañas de Italia.
En 1743 se decidió suprimir la Secretaría del Almirantazgo, quedando tan sólo la figura del lugarteniente.
En aquellos momentos la institución ya había pasado a tener «casi un carácter honorífico», lo que supuso su desaparición fáctica para, el 30 de octubre de 1748, extinguirse por completo.
42 AGS, Secretaría de Marina, 553, Estado de las Maderas que D. Antonio González de Marroquín Capitán de fragata.
Interino de la Maestranza. considera ser menester para Provisión de estos Arsenales. a fin de que no se experimente falta en las Carenas y Armamento de los Bajeles del Rey, y con distinción de el Numero de Piezas gruesos y Largos que deben tener, La Carraca, 4 de agosto de 1737.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.07 montes próximos a Málaga y costa de Cantabria, arboladuras de Flandes o de Tortosa, álamos y pinos de las cercanías de Sevilla y condado de Niebla, así como tablas para forros provenientes de la Sierra de Segura.
Es de resaltar la cantidad ingente de maderas que era necesaria para una obra naval y que requería de una amplia cobertura legal, propiciadora del acopio sistemático de maderas.
Ello redundaba obligatoria y considerablemente en detrimento de las masas forestales, sobre todo si éstas no se veían dotadas adecuadamente de plantíos que reemplazasen los ejemplares arrancados.
A este respecto, efectuar cálculos sobre el número de árboles precisos para construir las embarcaciones de línea no deja de ser una labor arriesgada puesto que las proporciones, coeficientes y demás parámetros oscilan en función de factores muy diversos.
Aún así, un destacado oficial del Departamento de Cádiz y constructor naval, Ciprián Autrán, 43 calculaba una media aritmética de 2.574 árboles para un navío de 70 cañones y 3.516 ejemplares para uno armado con 80.
44 Ello justifica las enormes cantidades de maderas que se precisaban para la construcción de embarcaciones y la correlativa deforestación que podía provocar la política marítima.
Por esta razón fueron efectuados ciertos trabajos, encomendados a oficiales de la Armada, encaminados a reconocer los terrenos que abastecieran la Marina dieciochesca y sobre los que debía versar la esperada norma.
La primera de las actuaciones que tenemos noticia tuvo lugar el 16 de junio de 1734.
En esa jornada Patiño decidió enviar a Ciprián Autrán a reconocer los bosques de la jurisdicción de Málaga y los pertenecientes al Campo de Gibraltar a fin de que describiese, catalogase y enumerase qué maderas podían ser útiles para el Real Servicio.
Conjuntamente debía ordenar su envío al arsenal gaditano para proveerlo del máximo número de troncos y tablazones.
Además, para poder llevar a efecto esta pretensión debía reconocer cuáles eran las vías fluviales o terrestres que más facilitasen su traslado.
Autrán concluyó con éxito su trabajo realizando un exhaustivo informe en el que llegó a contabilizar más de 30.000 árboles útiles para arquitectura naval.
Madoz define a Autrán como «director general de la construcción en España».
45 Quintero González, 2004, 398- sobre el Reconocimiento que hizo el maestro mayor de Arboladura del Arsenal de Cartagena acerca de los Montes de la Sierra de Segura, la calidad de sus pinos y el curso del río del mismo nombre, y planos de su cauce desde el nacimiento hasta su desembocadura en el Mediterráneo.
46 Sobre esta zona debemos detenernos, pues a posteriori adquirirá una importancia estratégica en la gestión forestal de la Marina.
Así el roble, especie muy codiciada para el casco y buena parte de las piezas de las naves, era poco frecuente en aquellos montes, al contrario que el pino, que no sólo era abundante sino también estimado para la fábrica naval, puesto que, aunque no se utilizaba para la construcción de los cascos, el informe, de 4 de agosto de 1737, precisa que podía servir para la obra interior de los navíos y otras actividades complementarias de los arsenales.
Esto hacía muy atractivas sus maderas al tener además en cuenta que, debido a sus cantidades, su coste era relativamente barato.
La distancia que existía entre dicho macizo montañoso y el litoral marítimo era enorme.
Por ello su explotación tal vez hubiese sido ilógica de no concurrir en la zona un decisivo factor simplificador: su comunicación con la costa no suponía excesivas complicaciones puesto que tanto el río Guadalimar como el Guadalquivir facilitaban el transporte de sus maderas.
47 Paradójicamente, la actividad maderera por parte de la Monarquía Hispánica sobre estos montes no comenzó como consecuencia de las necesidades navales, sino a raíz de la construcción la antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla, creándose en el año de 1733 el Real Negociado de Montes o Maderas de Segura, radicado en Sevilla y con subdelegación en Orcera, arrabal de la población de Segura de la Sierra.
48 Tras las primeras actuaciones del Negociado la Marina también puso sus miras en aquellas masas forestales y, al menos desde finales de 1737 o principios de 1738, el arsenal de la Carraca se vio provisto de maderas nacidas en Segura, tal vez adquiridas de las existencias con las que comerciaba el propio Negociado.
Como consecuencia, desde la Intendencia de Cádiz, se comunicó a Ensenada meses antes del Reconocimiento de junio de 1738 la utilidad de explotar aquellos bosques.
49 Así, es comprensible que por todos los beneficios que la Sierra de Segura podía proporcionar a la Marina, el intendente, Gutiérrez de Rubalcaba, expusiese al marqués de la Ensenada: lo conveniente que seria cuidar de la conservación de estos, por a lo menos la tabla ordinaria se podría sacar de ellos con ventajas en el costo a la del norte solicitando VS. al propio tiempo se advierta por el presidente del Consejo de Ordenes al Gobernador de Segura, que cele la conservación de los montes y ha practicar lo mismo a las Justicias de los Lugares de Su Gobernación para remediar los desordenes que se cometen en ellos.
50 Esta petición fue aceptada y se le ordenó al gobernador de la Sierra «que por todos medios cuide de advertir y celar, cuanto conduzca y le parezca conveniente a la Conservación de aquellos montes».
Además, en la misma comunicación Rubalcaba se mostró preocupado por atajar en los bosques de la jurisdicción de Cartagena frecuentes incendios con el pretexto de tener pastos para los ganados, así como talas continuadas con la finalidad de obtener terrenos para siembra «sin que por parte de Vm ni de las Justicias de los lugares que están inmediatos se haga cuidado de reparar estos desordenes de los cuales se siguen gravísimos perjuicios al Real Servicio», quedando de manifiesto la existencia de conflictos por la confluencia de usos.
En respuesta, se le previno que atajase los excesos advirtiendo «a las Justicias de los Lugares inmediatos a ellos invigilen en lo propio, y que así estas como VM ejecuten cuanto sobre este particular les comunique», pretendiendo evitar una yuxtaposición entre las jurisdicciones locales y las de Marina.
La conveniencia por la Sierra de Segura se plasmó poco después en la visita que el capitán de fragata y teniente de la capitanía de Maestranza, Juan Valdés y Castro hizo a la zona a comienzos de verano con el fin de tantear la utilidad efectiva de sus árboles.
Su labor no pudo desempeñarla cómodamente, al menos si pretendió obtener la colaboración de sus habitantes, puesto que «no encontró en Segura quien quisiere entrar en el asunto de las maderas».
51 A pesar de la poca asistencia prestada, poco tiempo después emitió dos informes acerca del interés de la materia prima en 53 En ellos no sólo trataba de las cantidades de maderas adecuadas para el Real Servicio, sino también de las posibilidades que existían para abrirse caminos, haciendo especial hincapié en las rutas que pudiesen discurrir por terrenos pertenecientes al monarca y en la gratuidad de sus maderas, argumentando «ser los Sitios realengos».
Además, expuso todo el proceso que debería seguirse para el transporte fluvial de los troncos por los ríos Guadalimar y Guadalquivir.
Por otro lado, resulta de interés un encargo más de reconocimiento de montes que también se hizo al Departamento de Cádiz para inspeccionar las masas forestales del noreste peninsular.
Con esta intención el intendente, Francisco de Varas, le confirió a Juan Valdés, una instrucción «para ejecutar el reconocimiento de los Pinos que se encuentren en los Montes de Cataluña para actos de arboladura y tablazón».
54 Pero además, de la correspondencia existente se deja entrever una intención futura.
Nos referimos a la posibilidad de extender la aprehensión de maderas a otras partes de la península que aún no estuviesen explotadas por la Marina pero que pudieren ser útiles.
La vía más rápida para acudir desde Cádiz a Cataluña era la navegación marítima, pero, sin embargo y por este motivo, Valdés fue obligado a hacer otra ruta más acorde con las intenciones de la Armada.
Se le mandó seguir un trayecto determinado, ejecutándolo con visos de exhaustividad y 52 AGS, Secretaría de Marina, 553.
Documento emitido por Juan Valdés y Castro, «Capitán de Fragata y teniente de dicha Capitanía de Maestranza», en compañía de Juan Pinzón, capataz de arboladura.
53 Fernández Duro, 1972-1973, 319 no efectuándolo por mar, sino transitando obligatoriamente por ciertas zonas maderables del interior peninsular que le compelía a dar rodeos por áreas boscosas del interior castellano, aragonés y catalán indicadas de manera expresa.
Además, le fue ordenado que no se centrase exclusivamente en zonas boscosas de realengo, sino que también reconociese montes particulares, de propios y comunales.
En 1739, tras haber realizado los trabajos encomendados, el militar compiló todos su informes en lo que él mismo denominó como «Diario, especulación y conocimiento hecho por el Capitán de Fragata Dn.
Juan de Valdés y Castro en el Principado de Cataluña, Reyno de Aragón, y de Navarra de los Ríos, Riveras Fabricas de Jarcia, Alquitranes Betunes Arboles, y cosechas de Cáñamos de cada Pueblo».
55 Se trata de un minucioso manuscrito de 34 páginas que, además de estar poblado de datos geográficos, técnicos, medidas, cifras y detalles, recoge una serie de comentarios relativos a aspectos jurídicos a los que él parece prestar un valor secundario, pero que son de gran valor de cara a dilucidar las posibles intenciones de la Armada sobre las cuestiones de propiedad para el abastecimiento maderero.
Así, Valdés reconoció que siguió las órdenes encomendadas y no sólo visitó montes pertenecientes a la Corona, sino que centró buena parte de sus actividades en recorrer y anotar la utilidad para la Marina de terrenos privados, vecinales o eclesiásticos.
Además del diario, Valdés emitió un informe en el que hablaba de la necesidad de compensar las cortas de árboles ubicados en terrenos particulares mediante el pago a sus propietarios de una cantidad que debería ser justa, así como la necesidad de abrir caminos hasta los ríos navegables.
Éste último es un aspecto que pareció preocuparle especialmente ya que en sus escritos incidió mucho sobre el resarcimiento por los perjuicios que se causarían a los propietarios por las talas que haría la Marina.
56 Junto a todos estos pormenores, hubo otro asunto que era igualmente importante para lograr el resultado deseado.
Coetáneamente, Antonio Gallego de Montemayor, quien había acompañado a Valdés en su viaje, emitió otro informe adjunto a éste en el que manifestaba que había estado intentando inculcar a los naturales de la necesidad de compatibilizar sus prácticas forestales consuetudinarias con las necesidades del real servicio 55 AGS, Secretaría de Marina, 553, Diario de Juan Valdés y Castro, 1739.
Fernández Duro, 1972-1973, 319 Finalmente, al margen de estos terrenos explorados, Pascual Madoz referirá un siglo más tarde que, desde 1739, también vinieron efectuándose inspecciones en Cantabria.
Según él, fue nombrada una comisión que encontró mucha más madera de la que se pensaba que existía, como para construir entre 16 y 20 navíos de línea.
Inmediatamente se designó a Ciprián Autrán para pasar a Guarnizo y supervisar las cortas que abastecieran a los arsenales «quedando pequeña cantidad en el país».58
Últimas actuaciones previas a la Ordenanza
Por otro lado, José Campillo y Cossío, anteriormente citado, accedió al frente de la Secretaría de Marina en 1741.
Su actividad se centró más en los aspectos teóricos, abogando por la importancia de impulsar la Marina.
59 En dos de sus obras afrontó las imperfecciones hispánicas así como las medidas que consideraba más útiles para su remedio.
Sus escritos pueden considerarse como característicos del mercantilismo de la primera mitad del siglo XVIII, con enormes influencias de Colbert.
60 Será una constante su queja por la falta de efectivos navales, opinando desde su experiencia personal que «la importancia de los navíos de línea es tan grande que se puede decir que mientras mayor sea el número de ellos, tiene el príncipe más bien amurallado su reino».
61 Consecuentemente, aportó también su opinión sobre la necesidad de preservar las masas forestales: los navíos todos son compuestos de madera y, siendo esto así, ¿cómo ha de haber navíos careciendo de árboles?
No se dice que no se hayan dado repetidísimas reales providencias contra los taladores de ellos, pero si el castigo de los delincuentes no ejemplariza, y si no se pone en que se guarden ni aún el material cuidado que se emplea cuando se escriben, ¿es esto más que imponer precepto tan al aire como que se deja al común arbitrio su observancia? 62 Completando esta denuncia, ponía el dedo en la llaga evidenciando la ineficacia de las disposiciones forestales que habían venido empleándose hasta entonces y haciendo espacial hincapié en la necesidad de elaborar nuevos instrumentos normativos: es necesario tome el gobierno otras providencias distintas de las que hasta aquí ha usado para la subsistencia de árboles y plantíos, pues si esto falta para la construcción de los barcos no importa nada haya dinero de sobra.
63 Poco después, en 1743, fue Ensenada quien se erigió al frente de la Secretaría de Marina.
Pronto se prestó a continuar con el proyecto de creación de una fuerza naval poderosa, como arma indispensable para el resurgimiento de España como potencia, procurando sostener una postura neutral en un contexto que, a pesar de los episodios militares, pasaba por desarrollar una política de paz armada manteniéndose equidistante entre 59 Perona Tomás, 1999, 139.
63 Francia e Inglaterra, 64 así como recuperar el control económico de las Indias 65 para poder operar en las rutas trasatlánticas con los territorios americanos.
66 La situación apremiaba sobre todo debido a que, ante frecuentes ataques ingleses, la navegación por el océano tenía que reforzarse con buques de Francia puesto que la Marina de guerra española aún no podía hacer frente a la británica: 67 A pesar de los anteriores esfuerzos de Patiño, cuando Zenón Somodevilla accedió al cargo la situación naval era precaria.
Como se expuso, desde 1739 la monarquía hispánica se encontraba inmersa en la Guerra de la Oreja de Jenkins o Guerra del Asiento, que tendría repercusiones en su política naval y mercantil.
68 Ensenada se apresuró a enviar órdenes para reforzar las defensas y aumentar la fabricación de navíos de guerra.
En este escenario y a pesar de los esfuerzos, se llegarán a perder casi una cincuentena de barcos y reducir sus efectivos a límites alarmantes hasta sólo «18 navíos y 15 embarcaciones menores».
69 Así las cosas, España no podía erigirse como una potencia superior a Francia o Inglaterra y la opinión de los consejeros reales era que debía aspirar a convertirse en un elemento de equilibrio en la política europea.
70 Ello pasaba obligatoriamente por incrementar la explotación forestal.
No obstante, a pesar de su decisión de hacer resurgir la Marina, Ensenada no expuso al principio con claridad y precisión el conjunto de sus proyectos jurídicos y técnicos sobre el abastecimiento de maderas y esta primera falta de concreción sería dañina para unos montes que terminarán viendo cómo se rectificaban, rehacían y ampliaban frecuentemente diversas disposiciones tomadas.
71 Estas improvisaciones eran perniciosas por la propia naturaleza de los montes, dado que en caso de efectuar cortas, si estaban mal hechas no podía volver a rectificarse hasta décadas después y el abastecimiento de maderas sólo podría llevarse a cabo mediante la ampliación de las zonas de tala.
64 «El que quiera conseguir la paz es de común axioma que ha de preparar la guerra».
Esta expresión de Zenón Somodevilla es citada en Abad León (1985, 156), tomada a su vez del documento, transcrito por Rodríguez Villa, titulado Idea de lo que parece preciso en el día para la dirección de lo que corresponde al Estado y se halla pendiente.
ALFREDO JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Lo que sí es cierto es que, traspasado el primer tercio del siglo, la actividad de la Armada por fin dejaba realmente entrever que estaba trabajando para dotarse de un nuevo instrumento normativo para controlar los montes y llevar a cabo una política de repoblación forestal con la que asegurarse el abastecimiento de maderas.
Ello se infiere de la abundante correspondencia mantenida entre la Secretaría de Marina y los diversos comisionados que se dirigían a ella solicitándole disposiciones a las que poderse atener para evitar problemas en las extracciones de madera.
Basten tres ejemplos de diferentes latitudes: a) Desde la Secretaría de Marina se pidió en 1743 al Departamento de El Ferrol que averiguase si allí se habían dotado de alguna norma en tiempos pasados que pudiese ser útil para la elaboración de una Ordenanza de Montes.
Su intendente, Bernardino Freyre, contestó afirmativamente diciendo que habían hallado una instrucción forestal de 1675.
Marina pidió que le fuera remitida con urgencia para poder estudiarla:
Teniendo noticia de que todos los papeles tocantes al Juzgado de Montes de ese Reyno los mando VS entregar en la Contaduría del Departamento de Marina de ese Puerto por haber resuelto S.M. agregar al empleo de VS. el referido Juzgado y hallarse, al mismo tiempo, entre ellos, la instrucción, que se expidió en 19 de mayo de 1675, sobre lo que se debía observar en la conservación, y aumento de los referidos Montes; ha acordado el Consejo, que respecto de necesitarse el tenerse presente la expresada Instrucción, disponga VS. sacar copia de ella, y remitírmela Certificada, con la mayor brevedad, que fuere posible; de que participo a VS. para su inteligencia, y cumplimiento.
72 b) Por otro lado, ante una serie de disputas con la ciudad de Sanlúcar la Mayor, sita en la provincia marítima de Sevilla, el intendente que también fue del Departamento de Cádiz, Alejo Gutiérrez de Rubalcaba expresó su malestar porque el Consejo había conferido permiso a la población «para limpiar, arrancar, y entre sacar el Monte bajo, de la Dehesa del Campillo».
Sin embargo, la respuesta de Marina consistió en emplazar al intendente a esperar la llegada de una norma que se estimaba erradicaría aquel tipo de conflictos: deje correr el Despacho del Consejo; pues luego se publicará la Ordenanza de Montes, y Plantíos con lo qual cesarán las disputas semejantes â esta, que hasta ahora se han experimentado.
73 c) En el extremo opuesto de la Península, el 23 de abril de 1744, Juan de Rebollar se quejó a Ensenada de la falta de colaboración de las instituciones locales cantábricas con la Marina, solicitando instrucciones para actuar en consecuencia.
La respuesta llegó en pocos días -el 4 de mayoy es tan significativa como la dirigida al Departamento gaditano:
Que brevemente se publicara la Ordenanza sobre Montes, y Plantíos, y que entre tanto aplique las providencias, que considere correspondientes a remediar el daño de las cortas indebidas, avisando que sujetos lo hacen, para que se proceda a su castigo.
74 A estas actuaciones se le añadió otra visita general en 1745 hecha por oficiales de la Marina a todos los bosques útiles próximos a las costas para valorar cómo se encontraban.
Fueron levantados planos de las áreas visitadas y se clasificaron diferentes tipos de piezas para la construcción de navíos.
Se remitieron órdenes a los tres Departamentos para que enviasen a la Secretaría de Marina los resultados de las inspecciones.
Los planos forestales que se trazaron recogían aspectos de singular relevancia que serán tenidos en cuenta por la futura Ordenanza forestal tales como la propiedad, ubicación y delimitación geográfica de los bosques, sus especies arbóreas, un inventario de las mismas y la distancia de los montes respecto de la costa o ríos navegables o posibles nuevas vías de acceso.75
Como se ha advertido, la administración borbónica era consciente de la crítica situación naval y, sobre todo, conocía la decisiva importancia de los recursos forestales para la política económica y militar de la Monarquía.
76 El resultado de los trabajos previos que se acaban de citar tuvo finalmente su plasmación escrita una Real Ordenanza para los montes destinados al servicio de la Marina.
Bajo el nombre de Ordenanza que su Majestad, (Dios le guarde) manda observar para la Cría, Conservación, Plantíos y Corta de los Montes, con especialidad los que están inmediatos a la Mar, y Ríos Navegables.
Método, y Reglas que en esta materia deben seguir los Intendentes de Marina, establecidos en los tres Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, fue promulgada por Fernando VI en el Buen Retiro, con fecha de 31 de enero de 1748, siendo consecuencia de la política de un Zenón Somodevilla obsesionado por el dominio del océano.
77 Éste aspecto fue presentado en el preámbulo de la norma como fundamentales para obtener el bien común del reino, «de la qual se sigue tanta utilidad à mi servicio, y a mis vasallos».
Portillo Valdés apunta que, efecti vamente, a nivel interno la disposición respondía al espíritu que animó a los proyectos de Ensenada, en los que jugó un papel clave el desarrollo de la policía «abandonada y descuidada enteramente en los pueblos de España».
78 En su conjunto, estas disposiciones conformaban un compendio de legislación forestal que sistematizaba concienzudamente no sólo la política de plantíos, sino también la administración y gobierno de los montes.
Tal gestión partía de una concepción utilitarista de los mismos, sólo concibiendo a los bosques como espacios susceptibles de producir materiales estratégicos para la construcción naval.
79 Precisamente por eso, poco después Ensenada escribiría en una representación a Fernando VI que «lo que por economía y por política conviene presentemente es cortar, labrar y curar maderas y preparar herrajes para la construcción de buques».
80 Esta Ordenanza se justificaba a sí misma aludiendo al decadente estado de los bosques.
La norma se dirigía a distritos y provincias concretos, en los que debía ser ejecutada, sin tener en cuenta la existencia de privilegios, derechos, y costumbres, 81 abarcando múltiples aspectos con objeto de dejar tasado todo el organigrama, el procedimiento de plantaciones y cuidado de ejemplares, así como el fomento de árboles para mantener permanentemente abastecidos de troncos y tablazón los arsenales de la monarquía.
Intendentes, ministros y visitas de reconocimiento
El cuidado de los montes próximos a la costa y a los cursos de los ríos navegables continuaba a cargo de los intendentes de Marina establecidos en 77 Ordenanza, que Su Majestad, (Dios le Guarde) manda observar para la cría, conservación, plantíos y Corta de los Montes, con especialidad de los que están inmediatos a la Mar, y Ríos Navegables.
Método, y reglas que en esta materia deben seguir los intendentes de Marina, establecidos en los tres Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
También recogido en Novísima Recopilación; Lib.
80 Abad León, 1985, 8 cada uno de los Departamentos, con jurisdicción ejercida por sí mismos o por sus delegados, debiendo inhibirse todos los demás juzgadores y asumiendo por tanto la competencia correspondiente a los jueces de montes y provincias marítimas (art. 1).
Aquellos intendentes debían ordenar a los ministros de Marina, establecidos en los principales puertos, la tarea de llevar a cabo una visita de montes mediante la que redactar una relación o memoria sobre los bosques y su estado, diferenciando entre los realengos y los que pertenecieran a particulares, y de los pueblos, comunes y propios.
Sobre los ejemplares inspeccionados, se ordenaba que la relación fuese meticulosa, incidiendo en determinadas especies útiles para el real servicio: «expresando su latitud, situación y el número de árboles que tengan en pie, así robles como encinas, carrascas, alcornoques, álamos negros y blancos, chopos, fresnos, alisos, nogales, hayas, castaños y pinos, dividiéndolos en clases según la calidad, y distinguiendo su edad con la nota de nuevos, crecidos y viejos» (art. 2).
Los ministros en cada visita debían tener en cuenta, no sólo los montes ya existentes al servicio de la Marina, sino también las posibilidades de extender su radio de acción a otras masas forestales, expresando datos de utilidad tales como el número de «baldíos, su extensión y calidad, distancia de la costa, facilidad o dificultad de abrir carriles hacia ella, y que especies de árboles prevalecerán mejor en cada uno» (art. 3).
La Ordenanza también se ocupaba de los posibles conflictos de jurisdicción con los que se pudieran encontrar los visitadores durante sus inspecciones.
Así en su artículo 4, exponía:82 Como la Justificación de la verdadera extensión, o capacidad de cada Monte podría detener esta diligencia en aquellos Lugares que tienen o pretenden tener derecho a Montes, o partes de ellos, en cuya posesión estén otros Lugares, o Particulares: Mando, que los referidos Instrumentos se formen, según lo que cada Lugar esté actualmente poseyendo; entendiendo, sin embargo, los Visitadores a las pruebas con que las Partes justifiquen sus pretensiones, y oyendo a los Vecinos de mayor inteligencia de los Lugares, mediante cuyas diligencias puedan amojonar, y calcular los términos, y divisiones, quedando no obstante a cada uno su derecho salvo.
Dichas visitas no devengaban ningún tipo de salario o gratificación a favor del ministro, ni por parte de Marina, ni a cuenta de los pueblos recorridos (art. 39).
En cuanto al modo de llevarlas a cabo, se obligaba a que el ministro de cada provincia llevase alguacil y escribano, debiendo anotar los autos y diligencias del visitador en un registro (art. 40).
Estos oficiales percibirían su salario de las multas impuestas a aquellas Justicias y vecinos sancionados por haber incumplido los mandatos establecidos en la Ordenanza, a saber: no haber hecho viveros, o no plantar los ejemplares establecidos por esta norma, no haber evitado el descortezo, averiguado o perseguido los incendios, no haber concurrido a apagarlos, haber cortado árboles sin licencia y otras contravenciones «que se noten en la policía y buen gobierno de esta materia tan importante a mi servicio y al bien de mis Reinos» (art. 41).
En conclusión, el objetivo era claro.
Todas las tareas de cuidado, vigilancia, reconocimiento, economía y gobierno forestales, es decir, todo lo que podía ser cometido de una policía de montes quedaba sometido a los nuevos intendentes borbónicos y sus ministros.
Obligación vecinal de plantar
En los montes que quedaban sujetos a la jurisdicción de Marina, cada vecino estaba obligado a plantar al menos tres árboles de la especie indicada por el visitador.
Sobre esta obligación no se eximía a los nobles ni a los matriculados en la Marina, entendiendo que si la utilidad de los plantíos era común, también debía serlo la concurrencia a ellos.
Al respecto, únicamente eran exonerados de esta carga las viudas pobres y sin hijos mayores de dieciocho años o los vecinos «notoriamente imposibilitados».
Para estar al corriente de a quienes correspondía esta obligación en cada población se requería la ayuda de las Justicias locales (art. 5).
Construcción, cuidado de los viveros, trasplante y crecimiento de ejemplares
La Ordenanza recogía una serie de instrucciones técnicas sobre el nacimiento y cría de los árboles, contempladas entre los artículos 7 y 15.
Así respecto a los viveros, establecía que la ubicación de éstos se debía efectuar teniendo en cuenta que hubiere suficiente espacio, los ejemplares estuviesen descubiertos del sol y protegidos de los vientos del norte, plantándose las bellotas más gruesas y sanas procedentes de los robles más 83 Portillo Valdés, 1981, 485.
El terreno destinado a vivero debería ser labrado entre los meses de septiembre y enero mediante la apertura de pequeños surcos y la colocación manual de las bellotas, quedando prohibida la entrada de ganado u otro tipo de animales que pudiesen destruir las plantas incipientes (art. 7).
A los tres años siguientes se obligaba a efectuar limpias de malezas y arranques de otras plantas que pudieran menoscabar el crecimiento del árbol.
Además, con el fin de enriquecer el suelo, se hacía preceptivo añadir estiércol, (art. 8).
En cuanto a la plantación, cuando el joven árbol hubiese alcanzado un «grueso de tres pulgadas y media a cuatro de circunferencia» debería ser plantado fuera del vivero (art. 9).
84 Antes de efectuar esta operación, durante los tres primeros años de vida del árbol, éste había de ser podado en ciertas ramas, dejando solamente las conocidas como guías.
Para llevar a cabo el cambio de terreno del ejemplar era obligatorio seguir diversos criterios (arts. 9 a 14) que hacían referencia al lugar, momento, modo distancias entre árboles, trabajos en la tierra, prevención de destrozos por el ganado y criba de ejemplares.
Finalmente, al referirse al crecimiento de los árboles, la Ordenanza encomendaba su vigilancia a contramaestres y expertos en construcción naval, a cuyas necesidades y requerimientos se debía ajustar el cultivo para obtener las piezas necesarias en la fabricación de los buques.
Con este fin la norma mandaba «que todos los árboles nuevos crezcan y se guíen con la vuelta o tortura natural que tengan; dándosela mayor, si les pareciere conveniente, por medio de alguna ligera artificiosa disposición, para que, creciendo así, puedan sin violencia formar a su tiempo en la construcción de los bajeles el miembro que les convenga».
Este precepto permite entrever que la última ratio de la Ordenanza no era la preservación y fomento de la foresta per se, sino la obtención de materias primas que resultasen útiles para la construcción naval.
Entre los menguantes de las lunas de noviembre a febrero debían llevarse a cabo las podas, siguiendo la creencia extendida de evitar que el 84 El Diccionario de la Real Academia Española entiende por «pulgada» la «medida que es la duodécima parte del pie y equivale a algo más de 23 mm».
Tomando esta dimensión como base ha de pensarse que el momento del trasplante debía producirse cuando el tronco del ejemplar hubiera alcanzado entre 80,5 y 92 milímetros de circunferencia.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.07 agua proveniente de los efectos humidificadores de la luna no dañase a los árboles al entrar ésta entre la corteza y el tronco, lo que se estimaba era perjudicial para la salud de la madera (art. 16).
Esta cuestión tenía importantes repercusiones a efectos prácticos puesto que, al establecerse como criterio las fases lunares, si no se podaba o talaba de acuerdo con cada período había que retrasar bastantes meses la provisión de materias primas para la fábrica de navíos hasta que de nuevo fuera posible cercenar los árboles, en el menguante de noviembre.
85 Todas estas podas debían hacerse siguiendo criterios técnicos consistentes en dejar horca, guía y pendón o pica de las ramas más robustas, buscando las figuras más óptimas, «proporcionadas», para la arquitectura naval como piezas de construcción,86 para lo cual los intendentes deberían disponer de podadores expertos en la fábrica de bajeles y eran quienes indicaban dónde debían efectuarse las talas de los ejemplares (art. 17).
Gracias a estos trabajos silvícolas se obtendrían piezas aptas para la elaboración de elementos marineros tales como baos, quillas, sobrequillas, codastes, yugos o tablazón (art. 18).
A este respecto, se exigía que los procedimientos de corta fuesen únicamente los expresados, de tal modo que si se cercenaban árboles indebidamente y éstos dejaban de ser útiles para el Real Servicio, deberían ser castigados los contraventores «rigurosamente».
La custodia que evitase estas podas ilícitas correspondía a las Justicias y en caso de no dar con el autor de los excesos incurrirían ellas en responsabilidad (art. 19), sin precisar en qué consistiría tal responsabilidad.
Las leñas producidas a causa del aprovechamiento de los árboles mediante las cortas y podas de la Marina en los montes concejiles o comunes, o de realengo se repartirían entre los vecinos de los pueblos proporcionalmente, en función de la familia y consumo de cada uno.
A falta de ramaje se permitía el corte de leña procedente del monte bajo (art. 21).
La leña sobrante sería objeto de venta, preferentemente a favor de los asentistas de artillería u otros pertrechos al servicio de la Corona (art. 22).
En caso de que los lugares pretendiesen establecer precios desorbitados, los intendentes o sus comisionados en cada partido estaban facultados para moderarlos y a estos mismos les correspondía ordenar las podas, con el fin de que la actividad de las fábricas y herrerías no se paralizasen por falta de suministro de combustible (arts. 23 y 24).
El caudal producto de la venta de las leñas debería ser depositado con destino al aumento de los plantíos comunes y al pago de tributos, censos, gravámenes y obras públicas que no pudiesen ser sufragados por propios o arbitrios, todo ello bajo la dirección del ministro de Marina de la jurisdicción correspondiente (art. 25).
Otros aprovechamientos y beneficios
Además de la leña, las poblaciones rurales se habían abastecido tradicionalmente de otros recursos provenientes de las masas forestales.
También sobre dichas prácticas de aprovechamiento la nueva norma pretendió ocuparse, regulando su explotación.
Así, las bellotas y las hojas de «los arboles nacidos comunes y Realengos» debían ser distribuidas entre los vecinos, sin gravamen ni contribución, «aunque las dehesas me pertenezcan en propiedad [del rey]».
En este sentido, la Ordenanza de Montes de Marina pretendía teóricamente guardar las constituciones, reglas y costumbres de los lugares siempre que no establecieran distinciones entre los vecinos (art. 26).
87 Con la intención de mostrar a los pueblos el interés del Real Servicio en la cría y el aumento de árboles, la disposición mandaba a los intendentes de Marina abonarles un real de vellón por cada codo cúbico de madera 87 Este art. 26 sería contravenido sistemáticamente en el caso de la Sierra de Segura ya que el Ministro del lugar no permitió esos aprovechamientos a pesar de la indigencia de la población y sus ganados.
Vid. en AGS, Secretaría de Marina, el enorme legajo n.o 576, dedicado de modo expreso a los conflictos jurisdiccionales de la zona.
ALFREDO JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ de roble que se extrajese limpiamente para la Armada (artículo 27).
88 Éste es el mismo precio que debía ser pagado a los particulares y las poblaciones por los asentistas que proveyeran a los arsenales y astilleros.
Sin embargo la misma cuantía no se aplicaba para aquellos casos en los que quienes cortasen los árboles fuesen particulares con licencia para construir naves, ya que ellos deberían pagar el doble por cada codo cúbico (art. 28).
Todos estos taladores estaban obligados a permitir que las ramas y leñas menudas sobrantes pudieran ser aprovechadas por los pueblos.
Los montes pertenecientes a particulares también se encontraban sujetos a la prohibición de cortar árboles propios libremente.
89 Para poder hacerlo se requería comunicarlo a los intendentes o subdelegados de Marina y obtener su permiso.
Previamente, los visitadores deberían haber marcado los árboles útiles para el Real Servicio en las visitas, y en caso de que los ejemplares solicitados por los particulares tuviesen dicha marca, los peticionarios tendrían la obligación de restituirlos con nuevos árboles.
Ahora bien, en el supuesto de que la Marina necesitase de estos montes particulares, sus dueños tendrían preferencia para tomar asiento o contrata en la conducción de las maderas a los arsenales o astilleros.
En caso de no aceptar esta propuesta se les abonarían los precios establecidos por la Ordenanza para la adquisición de maderas por cuenta del rey o por cuenta del asentista que actuase.
Respecto a los particulares que hubiesen obtenido permiso para cortas en estos terrenos privados, el precio se convendría libremente entre éstos y los dueños.
Los propietarios tenían la facultad de retener los beneficios de las podas, así como emplear los árboles inútiles para la construcción de bajeles, pero a su vez quedaban obligados a cuidar los montes siguiendo las reglas de la Ordenanza (art. 33).
89 Existían precedentes inmediatos de esta restricción sobre la libre disponibilidad de la madera en terrenos particulares.
Como ejemplo, el 3 de marzo de 1745, desde Avilés, José de Colosia solicitó a Ensenada que se le concediera la «facultad para poder dar licencias que le pidan los vecinos de los Pueblos de aquel Principado para que corten los Arboles para reparo y fábricas de casas [...] en sus propios montes sin tocar en los comunes, ni Plantíos».
Sin embargo, el 17 de marzo de 1745 se contestó permitiéndole otorgar los permisos, pero de modo restrictivo al tener el fomento de las arboledas como última ratio la fabricación de embarcaciones: «encargo a V.m. que estas cortas se hagan en Montes de particulares, cuidando al mismo tiempo que los Arboles que se derriben no sean a propósito para la construcción de Navíos».
La Ordenanza entendía que prohibir absolutamente la corta de árboles por parte de los particulares que vivían en las zonas de jurisdicción de la Marina podía serles perjudicial.
Por este motivo se habilitaba a los subdelegados para permitir la corta de árboles necesarios mediante solicitud escrita del particular o comunidad, declarando la porción de madera y su finalidad.
La petición era enviada a la Justicia local correspondiente, quien debía informar ratificando si los datos de la pretensión eran ciertos, la cantidad de madera que la obra del particular precisaría, así como concretar el paraje en donde se podía llevar a efecto la corta, exceptuando siempre los lugares próximos a los embarcaderos puesto que éstos se encontraban en exclusiva destinados al Real Servicio (art. 31).
90 En caso de que en el lugar solicitado no existiese la madera precisa, el subdelegado podía permitir su corta en el término de otra jurisdicción, mediante remisión de la instancia a la Justicia de la nueva demarcación (art. 32).
Correspondía a los subdelegados otorgar las licencias para las cortas, tras el previo informe de la Justicia o «de otros de quienes hubieren tenido por conveniente informarse».
En caso de que la licencia fuese efectivamente concedida debían ser conservadas por los justicias o los dueños de los montes, con objeto de poder justificar las cortas (art. 34).
Estos controles se completaban con una exhaustiva contabilidad plasmada en un libro abierto, llevado con las garantías propias de un registro, en el que era obligado reflejar los árboles presentes, plantados y cortados (arts. 35 y 36).
Los ministros de las provincias marítimas debían llevar libros similares remitiendo copias de los mismos a los Departamentos e intendentes y, a su vez, éstos estaban obligados a remitir copia al Secretario de Despacho de Marina (art. 37).
Multas, salarios y su cobranza
La multas no podían ser objeto de indulto, pero con anterioridad a ser ejecutivas se remitían para su aprobación al secretario de Despacho de Marina con el fin de que «antes de imponerlas, se examinarán con mucha 90 El artículo 31 de la Ordenanza fue un intento de sistematizar procedimientos y criterios a tener en cuenta en el momento de solicitar y otorgar licencias para talas por parte de particulares.
En ellas, los solicitantes debían exponer que la madera pedida se utilizaría para asuntos domésticos.
Sin embargo, los requerimientos de obtener madera para el real servicio pesaban más que las necesidades de los vecinos: los ejemplos en el siglo XVIII contenidos en el AGS, Secretaria de Marina, 552, son múltiples, y afectaban incluso al estamento nobiliario.
Del caudal obtenido por estas sanciones pecuniarias se señalaban los salarios concernientes los alguaciles y escribanos.
El resto del caudal debía ser remitido a la Tesorería de Marina.
En caso de que la cantidad percibida por la cobranza de multas no alcanzase la cuantía suficiente para hacer frente a los salarios de los oficiales se sufragarían de la Real Hacienda puesto que la norma obligaba a que en ningún caso se soslayasen las visitas bianuales (arts. 43 y 44).
El modo de proceder de los visitadores tenía que ser «sumariamente conforme a Derecho, prescindiendo a los reos, tomando las confesiones de sus delitos, y recibiendo, si fueran graves, la causa a prueba con término competente y breve, cual conviene para justificación de causas locales, sentenciándolas con parecer de Asesor».
En el caso de interponerse apelación ésta debería presentarse ante el intendente del Departamento, y posteriormente cabría recurso frente al secretario de Despacho (art. 45).
De la cobranza de las cantidades abonadas en concepto de multa se encargarían las justicias ordinarias de cada lugar, no debiendo esperar los visitadores a percibirlas puesto que su obligación era la de continuar la visita lo más rápida y eficientemente posible (art. 46).
En el caso de que se requiriese un mayor número de auxiliares que se ocuparan de las labores de guardería de montes, serían nombrados por el ministro de la provincia marítima, de acuerdo con la Justicia del lugar, o por el subdelegado con la aquiescencia del ministro.
Los salarios de estos guardas celadores de montes debían ser satisfechos siguiendo el mismo procedimiento de cobranza de multas.
En su cometido, las Justicias estaban obligadas a «darles todo el favor y auxilio que necesitaren para custodia de dichos montes, y evitar las talas y quemas, aprehendiendo a los agresores».
Comercio y transporte de maderas
Incluso aunque hubiera madera que no fuese a emplearse en la fábrica de navíos, se consideraba ilícita su extracción para ser vendida a «dominios extranjeros» si no mediaba orden expresa del rey.
Esta prohibición no sólo se centraba en la madera del roble sino también en cualquier otra, aunque fuese poco codiciada en la arquitectura naval (art. 49).
Respecto al transporte marítimo de troncos, tablones y otras piezas maderables destinadas a los astilleros, los asentistas deberían llevar guía del comisario o subdelegado de Marina del puerto en donde se embarcase, recogiendo el LA ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA DE MONTES DE MARINA Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 571-602.
Asimismo se le exigía traer «certificación o vuelta de guía del Contador del astillero o arsenal donde se desembarcaren visada del Intendente».
Disposiciones específicas para cada uno de los Departamentos, de Cádiz, El Ferrol y Cartagena
Los artículos 52 a 79 enumeraban detalladamente todas y cada una de las jurisdicciones de las provincias marítimas que pasaban a depender de cada uno de los tres grandes Departamentos en los que, como ya se ha visto, el intendente se erigía como la máxima autoridad encargada del gobierno y administración forestal.
Los ministros de Marina actuaban como sus delegados en cada una de las provincias que conformaban cada Departamento.
El reparto de competencias y zonas boscosas para los respectivos Departamentos marítimos fue diseñado por la Ordenanza adoptando providencias diversas en función de las características propias de cada una de las heterogéneas regiones que abarcaban para optimizar la gestión y explotación de los recursos.
Mediante el presente análisis hemos pretendido demostrar cómo los aspectos forestales, dentro del contexto de la política naval, constituyeron un asunto que influyó de forma sobresaliente en el devenir histórico hispánico frente a otras potencias de nuestro ámbito.
La estrategia política precisaba de todo un conjunto de medidas tendentes a impulsar el mayor número de navíos posibles y, dentro de aquel elenco, jugó, como es lógico, un importante papel el mundo jurídico.
Durante el siglo XVIII el esfuerzo naval al que se vio obligada aquella Dilatada Monarquía requirió la sinergia de múltiples recursos, materiales y humanos, que debieron regularse mediante normativa destinada al fomento y preservación de los mismos.
La Ordenanza, de 31 de enero de 1748, supuso la plasmación jurídica de las medidas tendentes a afianzar el suministro constante y perdurable de la principal materia prima empleada en la construcción de naves.
Ahora bien, a pesar de lo estratégico de la madera y de la ingente actividad forestal que desarrolló la Marina, paradójicamente durante las primeras décadas de la centuria no se logró redactar ALFREDO JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ un corpus normativo que alcanzase las diferentes regiones de la Monarquía y pudiese abarcar gran parte de los pormenores necesarios para llevar con éxito las talas y plantíos.
Esto, además, se había agravado al existir lagunas normativas que propiciaron dudas a la hora de gestionar la foresta en beneficio de unos navíos que eran absolutamente imprescindibles para salvaguardar la integridad territorial hispánica, las conexiones con los territorios de Ultramar y el comercio marítimo.
La elaboración de la Ordenanza culminó gracias al ministerio de Zenón Somodevilla, marqués de la Ensenada -continuador en buena medida de la política desplegada años antes por José Patiño-, en una coyuntura crítica de inferioridad ante un posible enfrentamiento con Gran Bretaña y con una situación económica desastrosa, mediando la amenaza constante de otras potencias marítimas, y finalmente recrudecida con el estallido de una guerra, la de la Oreja de Jenkins, que planteaba una doble provocación a España en América, afectando tanto a la seguridad como a las actividades mercantiles.
En este contexto, la inspección precisa de extensas masas forestales por personas al servicio de la Marina, que de bían analizar meticulosamente factores silvícolas, orográficos, humanos, jurídicos y jurisdiccionales se convirtió en una necesidad de primer orden para abastecer de maderas a los tres principales arsenales de Cádiz, El Ferrol y Cartagena.
Así las cosas, la promulgación de la Ordenanza de Montes y Plantíos, de 31 de enero de 1748, supuso la aparición de una norma cuyo espíritu fue el de sistematizar y disciplinar en su totalidad las actividades silvícolas a favor de las necesidades navales de cara al exterior peninsular, pero también, en el plano interno, la confirmación documental de la pugna protagonizada por la Corona para hacerse con el aprovechamiento de una serie de montes ubicados las zonas cercanas al litoral y ríos navegables que, a pesar de haber pertenecido tradicionalmente su propiedad, uso y disfrute a otras instituciones locales y regionales quedaron desde entonces privados de ellos.
En otras palabras, la Ordenanza de 31 de enero de 1748 barrió de un plumazo las jurisdicciones locales sobre la foresta, superponiendo la de la Marina a todas las demás. |
La ciudad y la provincia de Guayaquil estuvieron en letargo algo más de trescientos cincuenta años a pesar de contar con importantes recursos para el desarrollo económico; el detonante para su florecimiento según Laviana se inició en el último cuarto del siglo XVIII producto de tres cambios estructurales: libertad de comercio, reducción de impuestos y ampliación de los mercados.
1 Análogamente ese despertar de Guayaquil también tardó historiográficamente en ser registrado.
En efecto a mediados del siglo XX aún no había despertado el suficiente interés investigativo por analizar de manera integral la región del Guayas y su relación con el medio ambiente y la economía.
De hecho, el trabajo pionero de Erneholm 2 sobre desarrollo y distribución geográfica de la producción de cacao en Sudamérica, solo fue retomado años después por León Borja y Szaszdi quienes publicaron un ensayo dedicado al comercio del cacao de Guayaquil.
3 Es hasta la década del setenta, cuando Hamerly realizó estudios cuantitativos sobre el tráfico de la almendra y sus relaciones con los eslabonamientos internos regionales y con el exterior.
4 A su vez, algunos temas de historia económica regional se orientaron al estudio del puerto de Guayaquil, los astilleros, los indios balseros y el tráfico comercial interno.
5 Una década después los análisis sobre haciendas, producción y comercio dieron su fruto.
Se destacan los aportes de Laviana sobre la organización y funcionamiento de las Cajas Reales de Guayaquil; 6 el fenómeno oligárquico en torno al cacao y las relaciones entre propietarios y sembradores estudiado por Chiriboga.
7 Los años ochenta se cierran con aportes sobre el desarrollo económico integral del Guayas con especial atención en los recursos naturales.
8 Desde entonces, los estudios se ampliaron a los actores y agentes económicos como las elites cacaoteras y los emporios mercantiles del sector exportador.
9 De hecho, Dueñas focalizó en la resis-tencia de Portoviejo y la emancipación política de los marqueses, cacaoteros y vecinos de ese partido.
10 A su vez, en otras latitudes el estudio del tráfico cacaotero también rindió sus frutos.
La historiografía mexicana avanzó sobre el estudio del cacao de Guayaquil en Nueva España, examinándose su dinámica comercial al interior del virreinato novohispano y sus conexiones con el comercio exterior.
11 En los últimos años, el trabajo conjunto de diferentes historiadores interesados en profundizar en la dinámica comercial ha favorecido la reconstrucción de las redes que operaron allende las fronteras del Atlántico y del Pacífico.
Dentro de esta perspectiva, se destacan las investigaciones sobre el tráfico de la mencionada almendra en la América hispánica y su efecto integrador entre Guayaquil y Nueva España; análisis que a su vez ha trascendido los espacios interregionales entre las dos Américas, esto es, con el mundo europeo y asiático.
12 De hecho, este artículo está sustentado sobre los resultados de un trabajo relacionado con las dinámicas mercantiles surgidas a partir del tráfico del cacao.
El estudio demostró una alta correspondencia articuladora entre zonas económicas heterogéneas, esto es, entre los partidos productores del fruto en el Guayas y los diferentes mercados consumidores tanto en el exterior como en los regionales intermedios.
El notable desempeño económico de la región a finales del siglo XVIII fue producto del elemento humano, de aquellas complejas redes que intervinieron directa e indirectamente para que los tratantes de la almendra formaran parte del círculo elitista del gremio exportador americano.
Los resultados saltaron a la vista cuando los cacaoteros avecindados en Guayaquil negociaban a la par con los grandes comerciantes limeños, gaditanos y novohispanos.
13 No sorprende entonces que en Guayaquil los exportadores de cacao fueran a la vez inversionistas navieros, prestamistas y financistas.
El reconocimiento de la diversificación en los negocios y del éxito agro-exportador es indudable.
Sin embargo, una revisión a las entramadas relaciones reveló que estos grupos monopólicos necesitaron de un eficaz sistema operativo interno para el desarrollo de su comercio y por ende de sujetos que les aseguraran la provisión del fruto para armar las expediciones hacia el exterior, generalmente pactadas mediante contratos previos.
De hecho, fueron los grupos locales de cosecheros plantadores quienes, actuando al interior de los corregimientos, constituyeron la base de la esfera productiva y los eslabones que unieron la cadena de enlaces entre redes productoras, comercializadoras y exportadoras.
Aun así y a pesar de su significativa actuación en todo el engranaje que implicó el tráfico del cacao, a la fecha poco se ha avanzado en su estudio.
De hecho, lo aquí expuesto solo se limita a revisar de manera sucinta algunas formas de participación de los cosecheros dentro de los procesos internos de las redes de los grandes cacaoteros de fines del siglo XVIII.
Generalmente, los plantadores cosecheros eran productores individuales heterogéneos que, involucrados directa o indirectamente, participaron en el encadenamiento productivo del grano.
Algunos fungieron como pequeños cosecheros-huerteros, oficio que les convirtió en surtidores permanentes y/o regulares de cacao; otros operaron dentro del rango de medianos plantadores actuando habitualmente como intermediarios.
Además de sus cosechas para la venta, compraban lotes de cacao a los lugareños para negociarlos con los grandes mayoristas y/o con los exportadores del fruto.
En la cima se ubicaron los grandes cacaoteros-hacendados-comerciantes, grupos selectivos y minoritarios generalmente adscritos a las amplias redes de comercio exterior.
Estos lugares yuxtapuestos entre unos y otros nos invitan a revisar algunas formas particulares de participación dentro de los procesos internos de las redes.
Considerados como pilares indispensables para sostener la producción y comercialización interna del fruto, los pequeños y medianos productores son el horizonte del texto; sobre casos puntuales extraídos de contratos, demandas y querellas instauradas por los mismos protagonistas en lo que fuera la audiencia de Quito y la provincia del Guayas se da cuenta fehaciente de su participación.
De ahí que son los fondos Escribanos Públicos, Judiciales, Pesos, Protocolos y Notarías los que nos permiten ir al interior de las dinámicas en el ejercicio de su oficio y a los procesos internos de las redes que controlaron el comercio agro-exportador y mercantil en el Guayaquil colonial.
Formas de operación y participación
Cosecheros-huerteros: pilares de la producción agrícola y económica
Favorecidos por las condiciones naturales y la fertilidad del suelo los guayaquileños cosecharon principalmente cacao, siendo este es un fruto que se produce en mazorcas compuestas por semillas.
Una vez alcanzada la condición de almendra lo comercializaron en forma de grano sin someterlo al requerido proceso de fermentación, secado y molienda.
Es probable que por su carácter de uso múltiple (alimento, medicina, moneda, símbolo y cultura) los traficantes de este fruto prefirieran mantenerlo en estado natural.
Debe recordarse que desde épocas prehispánicas se le habían conferido significantes simbólicos y monetarios: «más lo que generalmente de él se usa es para moneda y corre por toda la tierra».
15 En efecto, posteriormente en el nuevo orden económico el cacao fue equiparado con la moneda española, quizás esto explica en parte por qué los guayaquileños prefirieron las bondades de plantarlo y cosecharlo antes que procesarlo.
De hecho, la dedicación exclusiva a la cosecha y a la exportación en su estado natural influyó en buena medida para desatender prometedores proyectos para su semi-procesamiento, como el propuesto por Francisco Requena en su Descripción de Guayaquil en 1774: el fruto molido, pues es sabido que constantemente era alterado con harinas para aumentar su peso.
Así, por ejemplo, en Nueva España fue reiterativa la queja de «venderlo sucio y el de mezclar el cacao con maíz prieto u otra semilla tostada cuando lo venden reducido a pasta».
17 Al final siendo Nueva España el principal mercado de la América española al que apostaron los guayaquileños y uno de los frutos de mayor consumo, y aprovechando que los mexicanos desde tiempos prehispánicos encontraron las mejores maneras de matizar su gusto amargo sometiéndolo a un proceso de transformación permanente, los guayaquileños prefirieron su comercialización en grano.
18 En consecuencia el desafío para aquellos exportadores no era tanto la innovación y el semi-procesamiento de la almendra, el mayor problema del momento era la escasez de circulante, de ahí el uso preferente en su estado natural como bien valor.
Ante estas circunstancias y en un contexto favorable para la explotación de tierras fértiles con suficiente mano de obra, las plantaciones y cosechas serían su especialización.
La lógica económica del funcionamiento de parcelas y/o pequeñas huertas cacaoteras fue una estrategia básica de pura subsistencia y de autoconsumo.
Cuando los huerteros necesitaban de otras mercaderías pagaban con el fruto producto de su propiedad individual y cuando requerían caudales líquidos daban en garantía sus árboles frutales; de tal forma que los cosecheros-huerteros en el ejercicio de su oficio podían desempeñarse solamente como sembradores y/o distribuidores de los frutos producidos sin ejercer propiamente el comercio.
Existieron tantas modalidades como situaciones particulares para involucrarse con el cultivo del fruto.
Incluso es significativo cómo algunos individuos sin tener ocupación declarada como cosecheros se vieron obligados a serlo con tal de poder cumplir con las obligaciones pactadas en otros negocios comerciales.
El caso de don Diego Bayas y Lacuadra vecino de la ciudad de Guayaquil representa esa situación: juro conforme a derecho, parezco ante vuestra alteza y digo: que por mi parte en el año setenta y nueve era deudor a don Manuel Barragán del mismo vecindario de la cantidad de dos mil pesos y como el viaje que hizo para Lima hubiese naufragado, y perdido todos los intereses que llevaba propios y ajenos se vio para reparar este infortunio la precisión de entregarse a cultivar una huerta de cacagual y comprar otra.
19 El acreedor Manuel Barragán, capitán de Granaderos no dudó en recobrar sus caudales acudiendo a la conocida maniobra de obligar a los deudores a cultivar cacao.
Dependiendo de las circunstancias particulares regularmente los cosecheros-huerteros cambiaban de modalidad, incluso la posibilidad de producir la almendra y comerciarla era factible.
De ahí que, una vez convertidos en minoristas locales, podían comprar a nombre de otros siendo su función principal entregar el cacao a quienes patrocinaban las exportaciones.
Estos grupos de intermediarios incluidos dentro de un sistema jerárquico de organización y distribución se encargaban principalmente de organizar lotes de cacao desde sus partidos o distritos hasta la ribera del Guayas.
Previamente controlados por los grupos monopólicos, entregaban el fruto a los grandes mayoristas y/o a los exportadores.
No siempre los intermediarios fueron la conexión con los pequeños cosecheros.
En ocasiones los mismos exportadores negociaban directamente con los huerteros sobre todo cuando eran pactados los frutos como medio de pago sobre préstamos de caudales y/o como garantías de otros negocios.
A su vez, los pequeños plantadores también podían pactar sin intermediarios, todo dependía de la ubicación, del estado de las cosechas, de la demanda del fruto, de la disponibilidad de recursos, de los negocios a tratar y de las deudas a cubrir.
Si bien los moradores participaban abiertamente en la producción, el transporte y distribución interna del fruto, su negociación y comercialización estuvo fuertemente controlada; la manipulación de los precios por parte de quienes monopolizaban el fruto les generó desventajas y hasta pérdidas a la hora de vender sus cosechas.
Para quienes tuvieron que pasar por más de un intermediario los beneficios no siempre fueron los mejores; en tanto que aquellos productores, principalmente de Baba y Babahoyo, que transportaban el fruto sin recurrir a los tratantes en algo favorecieron sus ganancias.
20 Todas estas razones llevaron al común de los cosecheros plantadores a delegar el comercio de sus frutos a los grupos monopólicos exportadores a la espera del beneficio, en un comercio nada fácil, pues todo aquel que se dedicara al tráfico exterior de este fruto tendría que arriesgar en la navegación, controlar la masificación ocasionada por la presencia de comerciantes temporeros, competir con desembarcos furtivos, batallar con las reglamentaciones comerciales, entre otros problemas.
Ante un negocio de tal envergadura los grandes tratantes de cacao aprovecharon el mecanismo estratégico de operar en red convirtiéndolo en un tráfico altamente monopolizado; controlaron coberturas de mercados, establecieron contactos políticos y comerciales allende sus fronteras, mantuvieron información oportuna sobre el comportamiento del mercado, prácticas de largo alcance que supusieron una organización sistemática en circuitos mayores.
A su vez los exportadores cacaoteros utilizaron la figura de factores en circuitos internacionales, entregando el cacao del vecindario de Guayaquil a negociantes experimentados en las diferentes plazas del exterior.
Un documento registrado ante notaría por Jacinto Bejarano confiriendo amplio poder y suficiente para realizar su venta en Nueva España a Nicolás Gómez Cornejo, 21 representa esta figura: para que en mi nombre y representando a mi propia persona derechos y acciones pueda bender y benda en dicho reyno siete mil veitinueve cargas de cacao que de mi cuenta, costo y riesgo siguen en la referida mi fragata, como también tres mil novecientos setenta y siete cargas pertenecientes al vecindario de la referida ciudad de Guayaquil, quien por este me ha dado facultad para expender este número.
22 Efectivamente, dentro del marco del libre comercio las existencias de las bodegas novohispanas se saturaron, mientras que en los registros de aduanas apenas alcanzaban las diez mil fanegas autorizadas.
Este comportamiento se conoce por las cuentas y documentos contables del comerciante Francisco de Yraeta en Nueva España y sus corresponsales en Guayaquil, quien llegó a concentrar en sus manos en 1789 un mínimo de 16.551 cargas de cacao Guayaquil.
23 21 Nicolás Cornejo tenía amplia experiencia en el manejo del comercio con otras zonas americanas.
En 1773 había operado en Realejo y Sonsonate, comercializando principalmente añil.
22 Archivo Histórico de Notarías, México (AHNM), Notarías, 155, Carta poder del señor coronel don Jacinto Bejarano a su apoderado Nicolás Gómez Cornejo, México, 1790.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.08 Es evidente que comportamientos como estos de aumento en la producción de fruto para la exportación implicaron necesariamente una significativa participación de los cosecheros-huerteros.
Cultivo para todos: optimismo y confianza en un negocio prometedor
El pequeño o mediano cosechero necesitó escasa mano de obra para las plantaciones cacaoteras.
En efecto, un plantador podía hacerse cargo del cuidado de mil plantas, que en condiciones normales rendían dos mil libras de cacao al año, es decir, 25 cargas.
Con diez mil plantas necesitaba solamente diez trabajadores permanentes.
En la producción de esos diez mil árboles, se calculan en promedio unas 250 cargas de cacao anuales, que en el mercado local, a cuatro pesos carga, significaban mil pesos.
Para esta plantación, los costos de producción no superaban los 300 pesos, promediándose entre 8 a 10 reales el costo por carga.
En condiciones de buenas cosechas se obtenía un beneficio anual de 700 pesos, valor equivalente a los ingresos de un funcionario estatal de mediana jerarquía.
En tanto que a quienes actuaban bajo el sistema de contrata (generalmente nativos) se les encargaba el cultivo y el cuidado redimiéndoles entre 6 y 7 reales por planta entregada.
24 Las plantaciones cacaoteras si bien no requirieron de capitales significativos para iniciar su ciclo productivo, sí necesitaron de los cuidados.
Los plantadores debían encargarse de «limpiarlas, rozarlas y espaldearlas según los procedimientos y costumbres», comprometiéndose a la vez a entregar la totalidad de la cosecha al precio marcado por los monopolistas del fruto.
25 Al parecer este sistema fue mucho más efectivo que el empleado por varios hacendados quienes, a decir de Estrada, llegaron a endeudarse hasta por un monto de un millón de pesos para adquirir esclavos destinados a la limpieza de las huertas, cosechas de mazorca y demás oficios.
26 Situaciones como estas en parte explican la dedicación casi exclusiva de los monopolistas cacatoeros a la exportación, más que a la misma producción, claro está con excepciones de algunos agro-exportadores como Martín de Ycaza.27 A este respecto, Contreras refiere que en los libros de cuentas de la administración fiscal de Guayaquil en las partidas de almojarifazgo y de alcabala de cacao raras veces se registra en las guías de aduana la frase: «no se cobra alcabala por ser de su propia cosecha».
28 Por tanto, infiere el citado autor que el fruto mayoritariamente exportado era previamente vendido al comerciante que lo embarcaba.
Efectivamente, quienes lo vendían eran precisamente esa red de pequeños y medianos plantadores, complementando las cargas producidas por los agro-exportadores producto de sus plantaciones generalmente superiores a 30.000 árboles.
Al acaparar los diferentes espacios americanos, estos tendrían que sustentarse sobre un eficaz funcionamiento del tráfico pactando con quienes les facilitarían los procesos internos de producción y transporte.
Productores y transportistas: «entrega del cacao a la orilla del río» listo para embarcar hacia otros reinos
Los circuitos mercantiles estaban definidos por el curso de los ríos que corrían por la provincia asegurando las conexiones entre la capital y algunos partidos.
Las conexiones fluviales se empalmaban con los principales caminos como el de Babahoyo a Quito, el de Yaguachi a Alausí, el de Naranjal a Cuenca y Loja.
Todos ellos se enlazaban con el camino Real de Quito, también llamado camino de la Sierra o del Correo de Lima.
29 Favorecidos por la red hidrográfica del Guayas para transportar el fruto desde las zonas productoras hasta los puertos de embarque tanto plantadores como comerciantes del fruto pactaban su venta puestos generalmente a la «orilla del río»: Digo yo don Carlos Coello que debo y pagaré a don Manuel Barragán veinticinco cargas de cacao que le he vendido al precio de mi satisfacción, y me la ha pagado a precio de contado con cargo que he de poner a su disposición enjuntar y bien acondizionadas en las orillas del río de esta ciudad y su entrega la he de hacer en todo el mes de abril de este presente año, y es condición que en caso de no entregar el todo o parte desde ahora me constituyo obligado y responsable a que se haiga de comprar y reponer de mi cuenta al precio que se hallare dichas varas a cuyo cumplimiento me obligo con mi persona y bienes havidos y por haber en todas formas y conforme a derecho.
30 Es difícil calcular estimaciones sobre los gastos de transportes desde sus corregimientos a la orilla del Guayas.
Arosemena a este respecto refiere que para 1773 el precio de una carga de cacao era de 4 y 6 pesos dejando al agricultor una utilidad de más del 80 %; los gastos totales no eran superiores a los 6 o 7 reales (es decir un promedio de menos de un peso por carga).
A partir de este dato es factible pensar su bajo costo, de ahí la preferencia de negociarlo en el lugar de embarque facilitando al comerciante exportador su ejercicio.
Como puede verse, estas entre otras participaciones colocan a los pequeños y medianos productores en el pilar fundamental de la cadena productiva y transportista del fruto al interior del Guayas.
De hecho, en el puerto de Guayaquil el dinamismo comercial estuvo matizado por la concurrencia de los lugareños procedentes principalmente de Baba y Babahoyo, quienes a su cuenta y riesgo dieron salida a las cosechas.
Esta productividad se dejó sentir en el exterior, sobre todo en Nueva España, un mercado que hasta la primera mitad del siglo XVIII estuvo en manos de los caraqueños quienes suministraban el 76 % del cacao para el consumo novohispano.
31 No solo la disputa Caracas-Guayaquil generó tensiones entre los grupos económicos que manejaban el comercio exportador americano; existen evidencias de oposiciones entre reinos por el tráfico del fruto, una de ellas puede seguirse en el litigio seguido a Juan Camilo Helme, un comerciante con carta de naturaleza para ejercer su actividad en el Perú, quien había logrado por real orden de su majestad del 28 de marzo de 1783, licencia especial para desembarcar e introducir en el reino novohispano veinte mil cargas de cacao.
Esta orden había sido dada con amplitud permitiendo embarcar desde El Callao o Guayaquil rumbo a Nueva España.
La mencionada aprobación fue presentada ante el visitador superintendente general del reino del Perú para su inteligencia y cumplimiento; no obstante su tramitación legal realizada en el Perú, la superintendencia general de Quito la desaprobó atendiendo la presión de un grupo de comerciantes guayaquileños, quienes ante una remisión de significativos volúmenes de cacao, vieron afectados sus intereses.
Finalmente este caso fue resuelto al concedérsele poder a Francisco de Yraeta en Nueva España para hacerse cargo de dicho cacao.
32 Evidencias de este tenor revelan los altos volúmenes de comercialización y la intensa labor de los cosecheros para armar expediciones de manera sistemática.
De hecho, en Guayaquil se experimentó en 1785 un notorio incremento del fruto a tal punto de sufrir un fuerte retroceso en su precio.
33 En consecuencia se produjo una devaluación que también afectó a quienes tenían transacciones tasadas en la especie del cacao.
A este respecto es representativa la siguiente solicitud para ratificar los precios del cacao: habiéndome hallado en los años pasados exersitado en el manejo de intereses ajenos y lo propio en la actualidad necesito hacer una plena justificación de los precios a que generalmente ha corrido el cacao desde principio de año próximo pasado de ochenta y siete hasta esta fecha para en virtud de ella satisfacer a los interesados ausentes y dar a conocer por este medio mi procedimiento en el caso de qualesquiera obstáculo que se me ponga o duda que pueda ocurrir.
34 En Nueva España la oferta superó a la demanda; el tráfico marítimo se intensificó alcanzando un promedio de ocho viajes anuales, manteniéndose así hasta 1808.
35 En solo el primer trimestre de 1790 arribaron a Acapulco cuatro buques complicando las ganancias de los monopolistas.
Así lo hizo sentir Francisco de Yraeta a su corresponsal en Guayaquil, don Jacinto Bejarano: la suerte de la negociación de cacao cada vez temo que sea más desagradable según la repetición que van haciendo las remesas, y la equidad con que se han comprado las partidas que han conducido los cuatro buques que han arribado a dicho Acapulco desde la declaración de la libertad, siendo lo peor que con dicho motivo y ver tanto envíos han creído aquí comprarlo muy barato no queriendo por esta causa hacer postura en ningunos términos y así nos hallamos en una inacción sin vender nada esperando que tome algún asiento.
36 32 AGNM, Industria y Comercio, 13, 174-183, Solicitud permiso desembarque de cacao de don Francisco Ygnacio de Yraeta al señor fiscal de la Real Hacienda, México, sin fecha.
34 La alta productividad de las cosechas desbordó las remesas.
De hecho la participación masiva del grupo heterogéneo de cosecheros era latente.
Estudios puntuales han demostrado que de los 95 hacendados y cosecheros registrados por los tenientes gobernadores de las provincias, el 83 % estaban dentro del rango de medianos a pequeños cosecheros, con siembras entre 400 y 10.000 árboles de cacao.
37 Es evidente que el tráfico cacaotero estuvo organizado por agentes principales encargados de su expansión y comercialización, y sostenidos por el sector productivo de los pequeños y medianos cosecheros, prácticas que pueden seguirse en el contrato anexo sobre expediciones de cacao y en la representación gráfica de los actores en la actividad comercial del cacao.
Entre oportunidades y vicisitudes
Ante la abundancia del fruto y su posicionamiento en el exterior, ¿por qué no aprovechar la situación de convertirse en proveedor?
Tal vez esa debió ser una pregunta de aquellos plantadores individuales que percibieron la vitalidad de un comercio reclamando constantes expediciones.
Quizás ese interés masivo por el negocio del cacao les llevó a emprender contratos arriesgados buscando oportunidades para obtener beneficios, pues bien es sabido que en cuestiones de negocios unos ganan, otros pierden; lo que para algunos representó pérdidas y vicisitudes para otros ganancias y oportunidades.
Aún así, generalmente es el negociante experimentado el que lleva la mejor parte, aunque esta no es una regla absoluta.
Veamos algunas de las situaciones que se dieron al interior de los negocios.
Fue costumbre generalizada recibir dinero de manera anticipada obligándose los cosecheros huerteros a la entrega de lotes de cacao sobre fechas específicas de cumplimiento.
Una representación a esta práctica puede revisarse en el siguiente contrato pactado entre un cosechero de la zona y un exportador cacaotero: Decimos don Miguel y don Gregorio Rico que por este nos obligamos a pagar al señor don Juan Antonio Rocafuerte, a saber la cantidad de treinta cargas de cacao puestas en la orilla de este rio de esta ciudad cuyo ymporte tenemos recivido en dinero, cuyas treinta cargas de cacao las entregaremos para el mes de septiembre y octubre del próccimo año venidero de setenta y nueve y a su cumplimiento, obligamos persona y bienes con toda forma de derecho y para con la presente firmamos en Guayaquil y diciembre 24 de 1778.
39 De acuerdo con esta obligación, los cosecheros se aventuraban en el negocio esperando bonanza y buenos precios, no dudando comprometer sus bienes.
En la práctica los pequeños cosecheros difícilmente obtuvieron jugosas ganancias y buenos precios debido a su dependencia con los mayoristas altamente controladores y manipuladores de ese mercado, quienes dependiendo de los intereses en juego aparentaban escasez o abundancia.
El exportador, al arriesgar grandes inversiones de cacao, procuraba garantías de todo tipo; reconocido el riesgo y la manera de operar, los minoristas les delegaban sus frutos para su manejo bajo poderes amplios y suficientes.
Aquel que quisiera emprender plantaciones de mayor envergadura y requiriera de efectivo debía pactar créditos a altas tasas de interés.
En ocasiones, cuando los cosecheros solicitaban dinero extra para insumos debían pagar intereses generalmente usureros.
Normalmente, para finales del siglo XVIII en Guayaquil los intereses a tierra corrían entre un 5 y 6 % como máximo, aun así, existen varias evidencias de pagos de réditos hasta de un 8 %, incluso cuando el prestamista también había entrado en el negocio o en composición mutua.
40 Así lo declaraba un incauto negociante de cacao quien pactó tratos con un reconocido exportador del fruto: «el mayor interés que hoy se tira en el comercio por razón del lucro no excede de un cinco o seis por ciento y vuestra alteza ha declarado que cuando se da en mutuo asegurándose el principal con fundos, como sucede al presente, no se exija más que el quatro».
41 Este irregular procedimiento iba más allá, así lo declaró Diego Bayas ante tribunales: «Algunas ocasiones de que estrechado de la necesidad de cultivar las huertas para cumplir el crédito le pedía dinero, no se lo quería dar sino con la precisa condición de entregárselo a riesgo de mar con el interés de veinte por ciento».
42 No resulta extraño encontrar demandas por cantidad de pesos a individuos que aprovechando fama y caudales lucraron a costa de los pequeños huerteros.
De hecho, las quejas fueron recurrentes sin lograr un dictamen a favor.
Las múltiples denuncias a Manuel Barragán (uno de los más importantes compradores mayoristas de las principales zonas productoras de cacao: Baba, Palenque, Babahoyo y Machala), pueden seguirse en el tribunal de Quito por abusos e impunidad sobre los excesos: para prueba de la legalidad de este suxeto de usurarias negociaciones y de mala versación de modo que este es el ordinario trato y proceder con que dicho Barragán trata con cuanto incautos negocian con él, labrándose su caudal a fuerza de usuras 40 AHG, Escribanos públicos y judiciales, 4829, Autos executivos seguidos por préstamos a interés entre Josep Fermín Rivera y varios comerciantes contra Manuel Barragán, Guayaquil, 1784.
41 AHG, Escribanos públicos y judiciales, 5458, Resumen del expedientes por autos executivos seguidos por don Diego Bayas contra don Manuel Barragán, Guayaquil, 1784-1793 42 Archivo Nacional del Ecuador, Quito (ANE), Pesos, 143, 5, Autos seguidos por don Miguel de Olmedo contra don Manuel Barragán, Quito, 1783.
COSECHEROS-HUERTEROS: BAJO LA SOMBRA DE LOS MONOPOLIOS CACAOTEROS y de ilícitos comercios con detrimento de sus contrayentes, pero como al mismo tiempo es un hombre acaudalado y enredado en crecidas negociaciones con los vecinos de Guayaquil se hace allá quasi imposible cortar estos excesos y someterlos a justicia.
43 Los reiterados esfuerzos del denunciante (que en este caso era un reconocido comerciante de Quito) por enfatizar en el deshonor del comerciante por las prácticas usureras se entienden mejor si se tiene en cuenta que en la época colonial eran particularmente importantes el honor y la credibilidad.
Por lo tanto, dictaminar en su contra no era conveniente para los jueces de comercio, involucrados dentro del mismo grupo monopólico.
Otro caso representativo es la querella entre Josep Juan de Echavarría y Pedro de Arteta, este último, un reconocido comerciante de Guayaquil y Lima, hermano de Damián de Arteta, apoderado del vecindario de Guayaquil para exportar cacao a Nueva España.
Veamos los entresijos íntimos de esta contienda.
En una primera demanda el juez de comercio Antonio Rocafuerte dictaminó sentencia contra Pedro de Arteta, quien debía pagar mil pesos al dicho Echavarría.
No conforme con la sentencia buscó dilatar el proceso solicitando al juez los autos quedándose con el expediente; ante tal actuación replicó el procurador Martínez: en estado de alegar para cuyo efecto se entregaron los autos a don Pedro quien entreteniendo el tiempo con ellos en su poder sin deducir cosa alguna, marchó a Lima sin dejar ningún apoderado y quedando en consecuencia el juicio suspenso y mi parte sin poder practicar diligencia alguna.
En Lima consiguió la Judicatura del comercio volvió a esta ciudad, dijo a mi parte que se resolvería el asumpto luego que se recibiese su compañero, esto no se ha verificado, pero con estar entretenidas ha conseguido entorpecer el curso de la causa, y en todo caso los autos guardados, sin ser capas de expediente y corte alguno por más que se le ha suplicado.
44 Otro caso que representa los excesos de poder y de autoridad es el del gobernador Pizarro.
Si bien este individuo promovió el proyecto de plantar cacao para el comercio exterior, un emprendimiento que según Laviana involucró a 97 agricultores con plantaciones entre 350 y 92.310 árboles, 45 43 Idem.
44 AHG, Escribanos públicos y judiciales, 4719, Autos executivos presentados por Antonio Martínez Procurador a nombre del Capitán de Milicias don Josep Juan de Echavarría contra don Pedro de Arteta por incumplimiento de instrumento público, Guayaquil, 1784.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.08 tal esfuerzo terminó beneficiando sus propios intereses y los de los grupos monopolistas; de hecho, los plantadores y cosecheros sufrieron los abusos de Pizarro, quien fue acusado de agiotista, de vender sus votos a los cargos de alcalde y de confabularse con los terratenientes para obligar a los cacaoteros a aceptar la mitad del precio por sus cosechas.
46 En las mismas circunstancias, plantadores y cosecheros instauraron demandas contra el grupo del gran cacao conformado por Manuel Barragán, Jacinto Bejarano, Bernardo Roca y Martín de Ycaza, acusados por monopolizar la cuota anual de fanegas de cacao hacia Nueva España, y bajar los precios hasta el punto de forzar a varios cosecheros abandonar su negocio.
47 Estas prácticas demuestran cómo el cosechero huertero productor dependiente de materia prima y deudor de caudales, estuvo atrapado en contratas, subcontratas y usuras.
Con todo, las arbitrariedades e injusticias no dejaron inmune incluso a las mismas autoridades; no sin razón, el capitán Andrés Herrera Campuzano se pronunció en los siguientes términos: «los infelices cosecheros, hijos de la patria, y llenos de infelicidad, gimen bajo el yugo de estos tiranos que engrosan sus caudales».
Dentro de las prácticas del ejercicio mercantil los juicios y contiendas son una constante universal, no siendo igual uno de los avatares vividos en la cotidianidad del Guayaquil colonial: plantar cacao para liberar préstamos o hipotecas.
Antonio Yllescas representa al tipo de cosechero-huertero que por incumplimiento de contrato de un tercero, y en calidad de fiador, tuvo que asumir una deuda ajena.
Dicha obligatoriedad quedó expresada en el siguiente fragmento de una demanda: «trescientas setenta y cinco cargas de 46 Archivo General de Indias (AGI), Quito, 271, Quejas de don Andrés Herrera Campuzano, regidor de Guayaquil y capitán de milicias, contra el gobernador y teniente de gobernador de Guayaquil, Guayaquil, 1782-1788; Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría de Guerra, 7054, Quejas contra el gobernador de Guayaquil, Guayaquil, 1790.
47 La Real Orden de 1778 impuso límite de diez mil fanegas para exportar cacao Guayaquil a Nueva España.
En la práctica, estos límites no se cumplieron por constantes licencias especiales concedidas por la corona y por el contrabando.
48 AGI, Quito, 371, Queja de don Andrés Herrera Campuzano, regidor de Guayaquil y capitán de milicias, contra el gobernador y teniente de gobernador de Guayaquil, Guayaquil,1790.
cacao cantidad que le debe dicho Yllescas por separada escritura y con hipoteca expresa de una huerta de cacao nombrada San Josep y tierras que se expresan en dicha escritura según consta».
49 Al declararse insolvente su acreedor, don Bernardo Roca, no dudó en replicar lo siguiente: «me vi precisado dicho mi parte en este presente año de habilitar con dinero al dicho don Joaquín para que pudiese cosechar las huertas embargadas del principal deudor Yllescas y facilitarse de esto modo el pago».
50 La estrategia utilizada por el acreedor de inyectar capital para habilitar los plantíos refleja la necesidad apremiante del fruto más que la misma hipoteca.
De hecho, el comerciante exportador realizaba negociaciones previas con las redes internacionales y estaba en juego su debido cumplimiento.
Atender la exportación por El Callao hacia Cádiz y/o por su mismo puerto rumbo hacia otros destinos americanos implicaba armar las expediciones a toda costa; la ampliación del comercio hacia otros puertos que no eran El Callao ni Acapulco representó un 8 % entre 1791 y 1793.
En 1796 se abrió al comercio libre el puerto californiano de San Blas y en los primeros años del siglo siguiente Panamá, Sonsonate y Realejo, absorbiendo el 27 % de las exportaciones de Guayaquil.51
Quienes querían incursionar en el tráfico de la almendra prácticamente tendrían que apostar lo que tenían: sus tierras y sus cosechas.
El riesgo mayor fue para quienes no contaban con capitales líquidos, ni con una sólida solvencia económica debiendo financiarse con figuras crediticias singulares.
La representación más fehaciente de esta situación puede seguirse en la demanda de Diego Bayas, quien había recibido del exportador Manuel Barragán cuatro mil pesos en dinero según consta en la escritura fechada el «veintisiete de enero de ochenta y cuatro» y dos mil pesos que anteriormente debía, obligándose a satisfacer en especie de cacao con las siguien-tes prebendas: por carga de cacao debía rebajar a favor del acreedor seis reales al más alto precio que se hubiera vendido, además del 8 % que debía pagar por año sobre las hipotecas de las mismas huertas compradas.
52 Con un contrato en estas condiciones difícilmente se podría evitar la ruina.
En efecto la deuda ascendió a 6.753 pesos 3 reales, denunciando el deudor que «en cada carga de cacao le estrechó a que le cediese el importe de la conclusión del diezmo que es un peso por carga de las que se entregan al diezmero».
53 La deuda que inicialmente estaba estipulada en 6.000 pesos, para el año siguiente «el dos de julio del año de mil ochocientos ochenta y cuatro la obligación era de 13.959 pesos 1 1⁄2 reales».
54 Por todo lo anterior, el denunciante no dudó en señalar que:
el delito de usura sea uno de los más execrables dicho don Manuel hombre poderoso por su caudal y conexiones, mi parte destituido de estas qualidades, y sujeto a la más infeliz fortuna por haber contratado con él [...] la usura según explica la ley de Castilla es un gran pecado y prohibida por todo derecho trae muchos daños a la República, y el usurero es comparado al ladrón famoso: es digno del mayor castigo este delito y por lo mismo debe juzgar al autor de él un Tribunal tan recto y justificado como el de vuestra alteza para que no tenga lugar la cavilación, y quede impune.
55 Si bien los casos anteriores representan a los menos afortunados en sus negocios, es lógico advertir casos de cosecheros que aun comprometiendo sus haberes obtuvieron ganancias, y/o paradójicamente, casos de mayoristas con solvencia económica que no necesariamente terminaron con éxito.
Los autos seguidos contra Vicente del Castillo nos facilitan representar esas situaciones universales de despojo: por la cantidad de ciento noventa cargas cincuenta y dos libras de cacao que había de satisfacer por los meses de agosto y septiembre del presente año y sin embargo de las 52 AHG, Escribanos públicos y judiciales, 5458, Resumen de expediente por autos executivos seguidos por don Diego Bayas contra don Manuel Barragán, Guayaquil, 1784-1793.
53 Las negociaciones en las cantidades de cacao que recibieron los comerciantes exportadores dependieron de la crucial concertación y negociación con los proveedores del fruto.
El no cumplimiento afectaría tratos a escalas mayores, por eso las arriesgadas operaciones tendrían que ser aseguradas con bienes en garantía, aunque no siempre fueron suficientes porque algunos se declaraban insolventes.
En general un comerciante exportador resarciría ventajosamente sus contratos con las garantías de los semovientes.
Bernardo Roca, fiador de Nicolás Cornejo, solicitó los servicios de Pacheco y Avilés para realizar diligencia de embargo.
Este es el fragmento de una misiva enviada a Bernardo Roca, sobre el mencionado adelantamiento:
Muy estimado compadre y querido amigo.
El miércoles salí para el Palenque a practicar su diligencia, que regresé ayer esta su casa a las siete de la noche: remito los autos con las diligencias practicadas en la forma que aparecen hecho en el embargo del sitio; y ganados que es lo que más siente el interesado y yo contemplando que el ganado es la especie más apetecible me pareció mejor que no esos esclavos insolentados que necesitan cogerlos a bala.
57 Si bien los esclavos brindaban otra posibilidad de recuperar sus inversiones, es entendible la elección en el mencionado remate, puesto que en Guayaquil a diferencia de otros modelos americanos de las grandes plantaciones de café, algodón y azúcar con mano de obra esclava, se emplearon a los habitantes serranos de Quito y a los sectores aledaños para el trabajo en las plantaciones.
Los lugares yuxtapuestos de los diferentes actores involucrados en el comercio del cacao representados en los documentos notariales han permitido destacar prácticas, acciones u omisiones, estrategias y entresijos de quienes tuvieron que solventar dificultades y/o aprovechar las posibilidades del comercio de un fruto altamente especulativo.
Este texto demostró la significativa participación de los minoristas conformados por pequeños y medianos productores locales y provinciales, destacando su rol fundamental en la creciente y sostenida producción y comercialización del fruto.
Los grupos de monopolistas guayaquileños no hubieran logrado cubrir y cumplir contratas previamente negociadas con las redes internacionales sin las constantes cuotas de sus principales proveedores.
Para comprender esa alta participación basta con revisar los datos del grano exportado a los distintos destinos americanos, aún sin contar con el cacao directamente exportado por El Callao vía Cádiz y con el tráfico del comercio subrepticio conocido por todos.
Sobre la base de datos oficiales se encontró que entre los años de 1787 y 1796 se registró en puertos y en la contabilidad fiscal de Guayaquil la salida de 652 mil cargas del mencionado fruto con destino a diferentes puertos americanos, manteniendo promedios anuales de cargas superiores a 50 mil, excepto en el año 1788.
58 Si bien este es un tema que requiere mayor detenimiento y análisis y que escapa a las pretensiones de este texto, su referencia permite ver las exportaciones sistemáticas de la almendra, siendo los cosecheros plantadores los productores primarios, quienes proveían esta especie valorada en el extranjero.
Paradójicamente, y muy a pesar de los lugareños, mientras en el interior el precio de cacao era devaluado por quienes controlaban los precios y los almacenamientos, en el extranjero sucedía lo contrario constituyéndose en un negocio altamente redituable para los grandes mayoristas.
En consecuencia, al imponerse los monopolios estos sectores quedaron bajo su sombra, y si bien algunos cosecheros-huerteros sobrevivieron acomodándose al sistema impuesto, otros sucumbieron.
(1) Total cargas de cacao exportado por el puerto de Guayaquil a los diferentes destinos americanos.
Datos tomados sobre la contabilidad fiscal de Guayaquil por Laviana Cuetos, María Luisa: Guayaquil en el siglo XVIII Recursos naturales y desarrollo económico, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1987, 186.
(1a) Total de cargas de cacao exportado por el puerto de Guayaquil a Acapulco.
(2) Total cargas de cacao exportado por el puerto de Guayaquil a los diferentes destinos americanos (Payta, Callao, Guanchaco, Valparaíso, Iquique, Arica, Pisco, Chocó, Panamá, Sonsonate, Realejo y Acapulco).
Datos tomados sobre movimiento portuario de Guayaquil por Arosemena Arosemena, Guillermo: El fruto de los dioses.
Los valores entre paréntesis indican modificación a los datos presentados por Arosemena.
Estos corresponden a ajustes nuestros, resultado de la comprobación de sumas parciales.
(2a) Total de cargas de cacao exportado por el puerto de Guayaquil a Acapulco.
Datos tomados sobre movimiento portuario de Guayaquil por Arosemena.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Laviana y Arosemena.
Contrato de expedición de cacao hacia Acapulco.
En la ciudad de Santiago de Guayaquil en dieciocho días del mes de nobiembre de mil setecientos setenta y nuebe años: ante mí el escribano público, y testigos parecieron presentes de la una parte, el Coronel del Batallón de Milicias arregladas de Infantería don Jacinto Bejarano, el capitán don Pedro de Arteta y el capitán don Miguel de Olmedo y don Silvestre Gorostiza Villamar y de la otra, el doctor don Damián de Arteta vecinos de esta ciudad a quienes doi fee conozco los primeros como los directores de la expedición [borroso] de Acapulco [deteriorado] don Damián de Arteta ha estar dispuesto para embarcarse a la hora, que el maestre del navío llamado la Balvaneda (donde se conduce la mayor parte de estos cacaos) le avise, que va aserse a la vela respecto a que en esta embarcación ha de hacer su viaje, que por razón de comisión ha de sacar el dicho don Damián de la total importancia de los cacaos en su venta por la razón de premio un quatro por ciento que llevaría para assí, y sin que a la expedición pueda gravarla en más cantidades que verifíque o no se verifique remesa de cacao en esos años [borroso] [...deteriorado] dinero efectivo de los accionistas interesados en la remición y si faltare alguno deverá dejar persona con poder vastante y aceptado para que se satisfaga cuando sea recombvenido= Que su Majestad (Dios le guarde) les conseda la gracia según la pretensión que tienen hecha de aumentar la cuota señalada de cacao que en el día ha limitado, y dispongan su remición a de ser obligado el dicho don Damián a recibirla estando en México en todas las ocasiones que se le manden llevando solo por la citada comisión seis mill pesos y en este caso la presente queda reputada por los mismos seis mil pesos= que a la buelta de la Balvaneda en este presente viaje es del [borroso] [...deteriorada media hoja] [...borrosa una hoja completa] dicho don Damián [borroso] siendo testigos presentes don Jossep Guillermo Gutierrez, Don Jossep Rodríguez y don Jossep Ignacio de Cassanova de que doy fee fee Jacinto Bejarano, Pedro de Arteta, Miguel de Olmedo, Silvestre Gorostiza Villamar, Damián de Arteta ante mi Alexo Giraldo Pereira [borroso...] [firmas]. |
El ensayo explora el comercio asiático y el consumo de su tejido y cerámica en la gobernación de Tucumán y Buenos Aires en el siglo XVIII.
Se analiza el «boom» de los tejidos chinos que ingresaron por Lima hacia el espacio austral entre 1700 y 1740.
Por otra parte, se explica el ingreso de loza china por el puerto de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo.
Finalmente, se reconocen dos oleadas culturales en la región: una primera tendiente a la «europeización» de artículos chinos; y una segunda que implicó la «orientalización» de los productos europeos.
La cultura material de la América colonial se nutrió de objetos venidos de diferentes partes del planeta.
Se sabe que el mundo hispanoamericano estuvo permeable a los influjos económicos y culturales del Occidente, pero todavía nos resistimos a revelar lo que serían unas inéditas conexiones con la China imperial.
La América colonial generó perdurables lazos económicos con el Oriente, directos o con la mediación europea, resultando un «producto histórico» del que aun los historiadores no alcanzamos a descifrar en su magnitud.
Espacios del Orbe indiano como la gobernación de Tucumán y el puerto de Buenos Aires, rincones periféricos del imperio y muy distantes de China, se hallaron influidos por la cultura material del Oriente.
El presente ensayo explora de qué manera logró hacerse presente el comercio asiático por la región austral del continente y la cultura consumidora que se configuró en torno a la seda y la cerámica china; los dos rubros orientales de mayor comercialización por Hispanoamérica.
Nuestro marco temporal será el siglo XVIII; un período de evidentes cambios tanto en los circuitos de los artículos chinos hacia la región como en el tipo de artículos seleccionados por los consumidores.
La propuesta que presentamos puede resultar original, más teniendo en cuenta el espacio geográfico atendido.
Pero la problemática sobre las relaciones económicas entre China e Hispanoamérica goza de una importante tradición historiográfica.
Hace tiempo se viene percibiendo los alcances de la conexión entre China y la Nueva España en la cultura económica novohispana, en la que el galeón de Manila tuvo un rol protagónico.
1 Si bien desde finales del siglo XVI la legislación peninsular ordenó que los artículos asiáticos comercializados por la nao de China sólo se consumieran en el ámbito novohispano, la realidad demostró que Guatemala, Ecuador y Perú participaron en la contratación asiática.
Gran cantidad de estudios confirmaron la extensión de la circulación de bienes chinos hacia el virreinato del Perú.
2 Pero nada sabemos de su prolongación sobre otras áreas más lejanas, del tipo de artículos orientales comercializados y de su cultura consumidora.
El primer objetivo será demostrar que los tejidos y la loza de China llegaron a plasmarse por una geografía más amplia que la que supone la rada novohispana y peruana.
Nos resultaría difícil explicar el éxito de esta contratación por las Indias Occidentales concibiendo a los productos venidos del Oriente como algo exclusivamente exótico, singular y en respuesta a una cultura de consumo elitista.
3 Desde luego que el consumo suntuoso es una característica válida, fundamentada en los estudios; pero este atributo no podría explicar por sí solo la notable expansión de su consumo por toda la geografía imperial.
Nuestro argumento es que la baratura de los artículos chinos, su diversa calidad, los bajos costos de comercialización, como así también un patrón de producción y diseño más familiar y reconocible para un consumo social ampliado se convirtieron en factores fundamentales para que los bienes chinos se irradien por todo el arco continental; desde las islas Filipinas hasta la realidad más austral del continente.
El trabajo consta de cuatro apartados.
En un inicio advertimos sobre las fuentes y la metodología propuesta.
En el segundo apartado se estudia la notable circulación y consumo de sedas y tejidos chinos por la gobernación de Tucumán, particularmente por la ciudad de Córdoba entre 1700 y 1740.
Se identificarán las vías comerciales de su ingreso y qué consumidores accedieron a ellas.
En el tercer apartado analizamos el caso de la cerámica y loza de China por Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo.
Aquí también se explorará la vía de su importación y el público que las utilizó.
En la última sección se exploran los aspectos culturales de este consumo.
Allí se analizará el tipo de mezcla de tradiciones europeas y orientales con que los bienes fueron presentados al consumidor, a partir de dos oleadas que configuraron la cultura material por la región.
La primera, titulada como «occidentalizando lo oriental», daría cuenta de un proceso de «europeización» de artículos procedentes de China.
La segunda corriente, identificada bajo el rótulo de lo chinesco, nos asoma a las lógicas de intervención de los artículos occidentales con vistas a su «orientalización».
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.09 Fuentes y metodología ¿Qué tipo de fuentes nos ayudarían a identificar los bienes asiáticos existentes por la gobernación de Tucumán y Buenos Aires cuando sabemos que hasta el último cuarto del siglo XVIII la legislación española prohibió su intercambio y consumo?4 Esta singular característica hace que los registros oficiales no logren registrarlos.
Son los protocolos notariales (cartas dotales, inventarios post-mortem, sucesiones, testamentos, comerciales y bienes patrimoniales) las fuentes que nos permiten superar el este inconveniente.
Y ello se debe a la simple razón de que los protocolos notariales no discriminaron los bienes autorizados de los ilegales.
El notario no sólo alcanza a nombrar todos los bienes que tenía en su poder una persona o familia, sino que ofreció información detallada sobre ellos (estado, valor, composición, etc.).
Consultamos más de 400 protocolos, de los cuales 181 contienen telas y cerámicas chinas.
Por lo tanto, en un 45 % de las fuentes revisadas se encontraron bienes chinos.
Podría pensarse que es un número relativamente escaso para un estudio que contempla 100 años.
Sin embargo, estamos convencidos que es una cantidad suficiente para aproximarnos a un escenario histórico de una problemática prácticamente desconocida.
Nuestro plan fue consultar un número equitativo de expedientes y valorizar cada época del siglo con la misma atención.
En este sentido, se llegaron a revisar 20 protocolos para cada década y espacio.
Como se expresa en el Cuadro 1, la revisión de los primeros 30 años fue todo un éxito, puesto que en casi todos los expedientes de la gobernación de Tucumán aparece algún bien de la China, en particular textil.
Para la segunda mitad del siglo, el número de protocolos que contienen objetos chinos es menor, aunque ello, como veremos, no implica que la cantidad de bienes que circularon y se consumieron en ese período por el territorio haya sido menor.
Lo que sí valdría reconocer es que los inventarios post-mortem, testamentos y sucesiones, agrupados en la columna (1) del cuadro, fueron las fuentes más consultadas; le siguen las cartas dotales y bienes patrimoniales (2) y, en tercer lugar, los inventarios de tienda, concurso de acreedores y embargos (3).
En esas columnas, divididas por década, contabilizamos el número el número de protocolos donde encontramos presencia de bienes chinos.
Estas fuentes están ubicadas, en su gran mayoría, en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC) y en el Archivo General de la Nación Argentina de la ciudad de Buenos Aires (AGN).
Del archivo de Córdoba sobresalen los ramos Escribanía y Protocolos y del segundo archivo cobra especial relieve el de Sucesiones.
Si bien creemos que esta metodología es la forma más adecuada para analizar nuestro objetivo, vale reconocer sus limitaciones y obstáculos.
En general, los protocolos notariales se realizaron sobre personas y familias ricas, lo que nos impide acercarnos de primera mano a las características de consumo de artículos chinos en las capas sociales medias y bajas.
Aun con esta limitación, el trabajo no renunciará a abordar el problema.
En segundo lugar, se piensa con acierto que los bienes contenidos en los protocolos notariales eran viejos y en mal estado, por lo que sus valores no estarían reflejando precios de mercado.
Teniendo en cuenta esta observación, vale señalar que la mayoría de los bienes chinos que aparecen en los protocolos se consideran «nuevos» o «a la moda», por lo que sus valores no estarían tan lejanos al valor real.
Una última advertencia: el cuadro 2 con su soporte documental que aparece más adelante será el punto de partida de nuestras reflexiones e hipótesis.
Sedas y tejidos de China desde Acapulco hasta la gobernación de Tucumán
Si el objetivo consiste en explorar ese desconocido mundo del comercio y consumo de sedas y loza de China por la gobernación de Tucumán y Buenos Aires habría que referirse, desde un inicio, a los cambios registrados por los grandes circuitos del imperio durante el transcurso del siglo XVIII.
Todavía en las primeras décadas del siglo XVIII la gobernación de Tucumán y Buenos Aires continuaban manteniendo una relación de dependencia con el eje de Lima, el cual respondía a la fuente de abastecimiento de Portobelo.
5 Sin embargo, esta orientación no habría sido la única vía importadora de mercancías extranjeras hacia el espacio sudamericano.
A la par del eje España-Portobelo-Lima-Charcas-Buenos Aires, actuaba, desde finales del siglo XVI, el eje mercantil del Pacífico.
Al menos desde 1680, el virreinato de la Nueva España, luego de responder al consumo de sus mercados internos, almacenaba una gran cantidad de bienes asiáticos y europeos con el fin de reexpedirlos por el mar del Sur hacia el puerto de El Callao.6 Llegados a Lima y luego de responder a la demanda de las plazas andinas, la canasta de artículos extranjeros se movilizaba hacia las ciudades de Salta, Tucumán y Córdoba.
Las sedas y los textiles de China que ingresaron a las ciudades de la Audiencia de Charcas y aun al Río de la Plata provinieron de Lima, desde México, y fueron el resultado del movimiento en escalas en su dirección norte-sur.
En Lima, el eje del Pacífico se conectaba con la vía de Portobelo y, desde allí, los objetos orientales se movilizaban junto a una variada canasta de productos europeos, novohispanos, centroamericanos y peruanos y de la tierra hacia Salta, Catamarca, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires.
Vemos así la conformación de un eje mercantil oculto que fue desde el occidente novohispano hasta el puerto atlántico de Buenos Aires.
Si bien nuestro estudio contempla el siglo XVIII, se podría decir que la circulación y consumo de tejidos asiáticos, en particular de la seda, por la región austral funcionaba, con alta y bajas en su intensidad, desde finales del siglo XVI.
La seda china llegó a ser muy estimada en los mercados hispanoamericanos.
Sus calidades diversas y su baratura habrían puesto en jaque al comercio ultramarino peninsular que, apenas iniciado el siglo, mostraban unos pobres negocios en las ferias de Jalapa y ciudad de México.
Los comerciantes peninsulares decían que la disminución en los intercambios por el Atlántico se debía al éxito competitivo del consumo de sedas chinas.
7 El Consejo de Indias afrontó el problema y con la intención de proteger los textiles de fabricación española y europea, decidió en el año 1718 prohibir el ingreso de la seda china hacia la Nueva España.
El virrey novohispano, marqués de Valero, desconoció la normativa al considerar que los tejidos chinos eran de «regular vestuario», con «precio muy acomodado y porque la mayor parte del reino deseaba la nao de China con sus telas que el arribo de la flota española», la cual ofertaba sus tejidos a un precio mayor.
8 Las referencias al consumo masivo y diverso de las telas chinas abundan.
Hacia mitad del siglo, el virrey novohispano Revillagigedo advertía que «el comercio de Filipinas es aclamado en este reino porque suministra a la gente pobre del país», por él «trafica el de poco caudal, el de mediano y mayor; y es recíprocamente común en el consumo pues le gasta desde el pobre, el mediano, el rico y de mayor caudal».
9 Estamos en presencia de un conjunto de afirmaciones contundentes brindadas por los máximos funcionarios coloniales y que, como se verá enseguida, se corresponden muy bien con la información que contienen los inventarios de la gobernación de Tucumán y Buenos Aires.
Habría sido tan elevada la importación de seda oriental a la Ciudad de los Reyes procedente de la Nueva España que su saldo positivo, el excedente de mercaderías, se reexpidió hacia Charcas y los mercados más australes.
En otros términos, el eje del Pacífico en el cual Lima fue uno de los puntos redistribuidores más importante tuvo una gran responsabilidad para crear un boom del consumo de ropa de China por la gobernación del Tucumán.
10 Vale reseñar un caso particular que pone a la luz el funcionamiento del eje y el movimiento de las telas chinas desde Lima hacia Córdoba.
En los años iniciales del siglo XVIII, Juan de Buitrón, un acaudalado mercader peninsular instalado en la ciudad de Córdoba, viajó hacia Cuzco con la intención de comprar tejidos extranjeros para luego venderlos por las plazas consumidoras de Salta, Tucumán y Córdoba.
10 Entre 1700 y 1720 numerosas embarcaciones francesas lograron arribar a los puertos del Pacífico chileno y peruano procedentes de Filipinas y Cantón.
La tela asiática desembarcada en esos puertos habría llegado también a la gobernación de Tucumán.
TEJIDOS Y CERÁMICA DE CHINA EN LA GOBERNACIÓN DE TUCUMÁN de 3 mil mulas; forma de pago muy utilizada en las economías regionales del espacio.
Manuela de Liendo, quien había sido esposa de Buitrón y con quien tuvo una hija llamada Josefina, solicitó por medio de juicio sucesorio el envío de los bienes que hasta ese momento el mercader tenía almacenado en el Cuzco.11 Vale conocer la notable cantidad de telas y tejidos de China que aparecen en el envío despachado desde Potosí hacia Córdoba:
El caso Buitrón resulta una fiel expresión del cuadro 2 reproducido más adelante.
En los protocolos de la gobernación de Tucumán aparecen telas en varas, listas para su confección, o tejidos manufacturados para el vestir o para el hogar.
Otras telas orientales que se consumían eran el raso y tafetán de seda, damasco, jerga, saia, gorgorán, gurbión, capichola, estameña, angaripola, muselina, lienzo, holandilla, calamaco, damasquillo y el camellón.
Las hubo para todos los gustos, de finísima calidad hasta la más ordinaria, que se expresan con los siguientes calificativos: fina elaboración, a la moda o, por el contrario, ordinaria y de segunda calidad.
Con esta variedad de telas se elaboraron pequines, armadores, chupas, hongarinas, capotes, calzones, polleras, capas o rebozos, sobretodos, delantales, medias, batas, birretes o gorros, pañuelos, tapapiés, camisas o casacas, ceñidores y sotanas.
Para decorar o de uso práctico del hogar se confeccionaban, ya sea en los obrajes asiáticos o en los locales, cortinas, colchas, sobrecamas, cielos de altar, fundas, cojines, sábanas, manteles, mantas, doseles para iglesias, bolsas, apretadores, alfombras, pabellones y colgaduras.
Como podremos ver en las páginas siguientes, la vara de algunas sedas y telas llegadas de China llegaron a tener un valor inferior a la manufactura local, la llamada ropa de la tierra, que por las primeras décadas del siglo acusaban precios iguales o más elevados.
13 No hay duda que los tejidos compuestos con fina seda del Oriente fueron un componente distintivo del consumo de elite.
Existieron tejidos que incluso podían superar con creces el valor de similares piezas europeas.
Los inventarios arrojan muchísimos casos.
Josefa Savina Villamonte, doncella de rica familia de la ciudad de Córdoba, recibió en su dote de 1717 dos sobrecamas: una «grande de la china bordada con hilo de oro y flecadura [sic] de lo mismo» y otra sobrecama de Inglaterra.
La primera se cotizaba en la notable suma de 280 pesos, el valor que por esos años valía un esclavo; mientras que la segunda se valuó en 50 pesos, menos del cuarto del valor de la primera.
14 Juan José Campero, marqués del Valle de Tojo de Jujuy, contó en su extenso inventario con «una camisa de brocato nácar de alta cuenta, nueva, forrada en fino raso chino a flores de 230 pesos».
15 Los inventarios consultados muestran que el término «moda» estaba fuertemente asociado al textil chino.
Se lo añadía cuando se referían a vestidos de Pequín, casacas de China o incluso al raso de seda de China usados por capitanes, maestres y doncellas.
A pesar de su ilegalidad, muchos vestidos con tela china ofrecían una identificación de clase, una regla general que cohesionaba a las clases altas.
Además del uso de vestimenta, los tejidos de China se utilizaban y se exponían como decorados en los hogares y en los espacios públicos, hasta el punto de decorar los carruajes: muchos capitanes y eclesiásticos los aforraban con cortinas y flocaduras de seda china.
16 No existen dudas sobre el consumo de fina seda china en los círculos sociales de elite; un mercado que habría complementado -no tanto competido-con la manufactura europea.
1, 6; y del capitán José Cabrera de Velasco en la ciudad de Córdoba, AHPC, Escribanía 1, 232, exp.
TEJIDOS Y CERÁMICA DE CHINA EN LA GOBERNACIÓN DE TUCUMÁN
En Córdoba, de hecho, se sancionó a mulatos y mestizos por usar atuendos suntuosos en público.17 Pero nuestro propósito es superar la mirada excluyente que el consumo de seda china sólo se comprimió a una esfera de elite, a lo suntuoso o extravagante.
En las primeras décadas del siglo XVIII, su consumo superó ese círculo social porque los vecinos comunes, que no pertenecían a los grupos de privilegio, accedieron al textil.
El interés de la plebe por los tejidos chinos no se explicaría por una representación cultural en la carrera hacia el ascenso social.
Las razones resultaron ser más concretas.
Los sectores sociales de medianos y bajos ingresos disponían de textiles asiáticos baratos, de mediana u ordinaria calidad y adaptados para sus necesidades.
Hacia la primera década del siglo, el Consulado de Lima definía a la ropa de la China como barata, ordinaria y vulgar, lo que era imposible «ponderar los millones de pesos que han salido de este Reino en retorno de tan vulgares géneros».
18 Para el caso geográfico que aquí se atiende, los inventarios manifiestan que el consumo amplio y cotidiano de la tela china alcanzaba las áreas rurales del espacio de Tucumán y Buenos Aires, como San Antonio de Totoral, el valle de Ischilín y Domingo del Corral; zonas aledañas a la ciudad de Córdoba.
19 El bajo precio fue un requisito para que las familias rurales puedan acceder al artículo.
Aunado a los bajos costos de producción de la seda, su valor se veía abaratado porque se comercializó a través de la vía del contrabando, esquivando impuestos.
Más aún, en numerosas ocasiones los barcos llegados al puerto de El Callao desde las costas occidentales de la Nueva España sufrían el comiso de la seda china por ser un bien prohibido, pero luego de negociaciones y bajo el guiño cómplice de las autoridades portuarias, los mercaderes del Perú lograban ingresarla bajo remates y subastas a un menor precio del que regía en el mercado.
20 Sin embargo, el argumento que nos puede convencer de su bajo valor, se obtiene al cotejar los precios de las telas de fabricación local, los de procedencia europea y los de China que aparecen en los inventarios.
21 Habría que reconocer, en un inicio, las limitaciones de esta metodología.
Por la naturaleza de la información de los inventarios resulta imposible construir una serie de precios.
No debemos olvidar que estamos en presencia de bienes ilegales que sortean cualquier control y cuantificación.
En la carta dotal de 1705 de la doncella Ana Pacheco, hija del capitán Juan de Pacheco residente en la ciudad de Córdoba, se valuó una pollera de raso de la China carmesí a 24 pesos, mientras que idéntica prenda compuesta en seda de Granada alcanzaba el triple de valor: 90 pesos.
22 Por esos años, una «negra libre» de la misma ciudad llamada Micaela, cuyo patrimonio total no superaba los 540 pesos, tenía entre sus escasas prendas «una pollera de raso de la China forrada en sarguilla» cuyo valor llegaba tan sólo a los 2 pesos.
23 El ejemplo es notable porque expresa que la ropa compuesta de tela China llegaba incluso a los grupos más bajos de la escala social.
En los autos por fallecimiento de 1720 de Pedro Constanza, vecino que era de Buenos Aires, se cotizó la «vara de tafetán chino ordinario» a 4 reales cuando, según los datos de Arcondo, la bayeta y el lienzo -dos tipos de telas producidos en los obrajes jesuíticos de la ciudad de Córdoba y de consumo entre indios, negros y mestizos-rondaban los 8 y 7,7 reales la vara.
24 La vara de Cordellate, tela de gran consumo en la región de Tucumán y Buenos Aires y fabricada también en Córdoba para la confección de ropa interior, alcanzaba los 8 reales en 1732, el mismo valor que en esos años estaría costando la vara de raso chino de razonable calidad, no ordinario, en la ciudad de Catamarca de la gobernación de Tucumán.
En 1768, un conjunto de soldados españoles viajaban desde Buenos Aires hacia Santiago del Estero consumiendo pañuelos de seda chinos, accesorio fundamental para la higiene y la limpieza del sudor y rostro.
26 Un año después, en 1769, un prebendado explicaba sobre lo que precisa una persona de su condición para «vivir dignamente».
10, 38-57; 1790, 6727 Ahora bien, parte de la explicación sobre la presencia de tejidos chinos disponibles para un público consumidor amplio y diverso se encontraría en el tipo de producción y desarrollo de la manufactura local.
Habría que señalar que la seda fue -junto con el lino-uno de las materias primas que Perú no llegó a producir.
28 Esta carencia llevó a alentar la importación de la producida en Europa como de la China.
Pero la primera era cara y reservada a los sectores más pudientes.
La segunda, de gran variedad en sus precios y calidades, contempló a sectores sociales más amplios y diversos lo que llevaba a estimular mucho más su entrada a la región.
Con respecto a la evolución general de la manufactura local, recordemos que, según Salas de Coloma, la producción textil del Perú, particularmente los obrajes de Huamanga, acusaban un ciclo de crecimiento en la primera mitad del siglo.
Mucho tenía que ver en eso las fallas que vivía el tráfico trasatlántico de Portobelo.
Esta presencia tan espaciada no hizo más que disminuir las importaciones de tejidos europeos, provocando el desabastecimiento por el Perú; escasez que a la vez elevó los precios de las telas locales.
29 En este sentido, es posible suponer que el aumento de los precios de los productos locales, de su incapacidad por suministrar textiles baratos a las plazas consumidoras de la región y las dificultades de contar con el textil europeo dada la crisis del sistema oficial de comercio, la seda china junto con otros tejidos del Oriente adquirieron mayor participación tanto en el mercado masivo como en el de elite.
Desde 1740 la orientación del espacio sudamericano hacia el Pacífico disminuyó y las economías regionales más australes se inclinaron con mayor fuerza hacia el puerto atlántico de Buenos Aires.
La crisis de Lima como punto distribuidor de mercancías fue fruto, en gran medida, de la decadencia de los dos ejes mercantiles mencionados: el oficial de Portobelo-Lima y el ilegal del Pacífico que unía al puerto de Acapulco con el surgidero de El Callao.
Como los trabajos de Moutoukias lo demuestran, el puerto de Buenos Aires venía adquiriendo una significativa actividad mercantil -por medio del contrabando o por navíos de permiso-al menos desde mediados del siglo XVII.
30 Sin embargo, el papel del puerto atlántico como punto importador de mercaderías extranjeras, como depósito para abastecer a las economías del interior cuestionando la función de Lima, llegará con fuerza recién en la segunda mitad del siglo XVIII.
31 En este contexto, la cerámica originaria de China o su imitación europea tomarán un rol protagónico.
31 de Buenos Aires, ante la llegada sistemática de los navíos españoles y europeos.
Caído el sistema de galeones y ferias en Portobelo, los navíos de registro se convirtieron hacia 1750 en el medio de transporte primordial para el tráfico imperial, siendo Buenos Aires no sólo el puerto preferido de los navíos europeos sino también el punto de escala privilegiada para las naves con destino a los puertos de Chile y Perú que surcaban el Cabo de Hornos.
A una mayor dinámica y asiduidad que las lentas y pesadas travesías de los galeones, los navíos particulares mejoraron no sólo las técnicas de navegación náutica sino también las condiciones de las bodegas para el traslado y la conservación de las mercaderías que se enviaban hacia las Indias.
32 Los navíos de registro cobran especial consideración para el caso de la importación de cerámica china por Buenos Aires.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con la apertura oficial de puertos y los nuevos cauces de comercio por el espacio trasatlántico, la naturaleza del movimiento y consumo de bienes chinos cambió radicalmente.
Los estudios de Assadourian, Salas de Colama y, para el caso concreto de Córdoba, el de Arcondo acuerdan que el consumo de telas extranjeras europeas comenzó a ser más frecuente en los grupos sociales medios e inferiores.
33 La oficialización del navío de registro como medio de transporte dominante por Buenos Aires, las ventajas de un comercio exterior más libre y menos gravoso permitieron una disminución de los precios de las mercancías extranjeras por el espacio sudamericano.
Según Arcondo, para el caso de Córdoba, la tradicional indumentaria de ropa de la tierra (lienzos, cordellate y bayetas) con la que se vestían los mestizos habría sido sustituida a partir de 1750 por lienzos, bretañas, angaripolas y otros 33 Assadourian, 1982, 191-207; Salas de Coloma, 1998, II; Arcondo, 1992, 220- Miguel de Lastarria, secretario del virrey del Río de la Plata en los últimos años del siglo, se sorprendía de la abundante cantidad de artículos de China en la ciudad, donde «son muy apetecidos de los habitadores del virreinato de Buenos Aires quienes llaman de la China a todo objeto procedente de Asia».
35 Cuando Lastarria hacía referencia al gran consumo de los objetos orientales pensaba, en particular, a la «loza de china»; artículo que figura en una gran cantidad de inventarios.
Las gráficas 2 y 3, apoyadas en los datos del cuadro 2, arrojan importante resultados.
Comencemos por confirmar algunas hipótesis ya explicitadas desde una lectura cuantitativa, considerando la información de los más de 170 inventarios consultados.
En páginas anteriores decíamos que el textil de China (elaborado o bruto) circuló y se consumió con mayor intensidad en los mercados de la gobernación de Tucumán que en Buenos Aires.
Para el período 1700-1750, existían 713 textiles de China por la gobernación de Tucumán, mientras que para el caso de Buenos Aires identificamos menos de la mitad: 310.
Esta diferencia se explicaría por el ya comentado funcionamiento del eje del Pacífico.
En segundo lugar, resulta notoria en este primer período la escasez de loza china por ambos espacios, en particular por la región de Tucumán.
Los contados casos se refieren a la región porteña -52 piezas-, donde la loza de China habría ingresado gracias al arribo o a las confiscaciones que las autoridades porteñas aplicaron sobre navíos extranjeros y españoles que llegaban a sus costas.
Conocemos el caso ocurrido en 1719 a la fragata La Arbela donde las autoridades de Buenos Aires comisaron grandes cantidades de loza de China que había en su cargamento.
36 Resulta curioso notar la escasa presencia de loza china por la ciudad de Córdoba y el Tucumán en esta primera parte del siglo, cuando los mercados de Lima, Guayaquil y zonas aledañas se veían importantes cantidades de porcelana china.
37 Importantes estudios han puesto de manifiesto que este tipo de piezas chinas se consumieron durante toda la época colonial y por todo el Orbe Indiano: desde la Nueva España, pasando por Caracas, Cuenca, Quito, el Perú, Chile, hasta la región costera atlántica de Brasil.
38 ¿Cuál habría sido el motivo que desde el Perú no se reexpidiera la cerámica china hacia los mercados australes?
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.09 hacia la gobernación de Tucumán en la primera parte del siglo se explicara al peligro de exponer un bien tan frágil y vulnerable a los complicados medios de transporte y los trayectos terrestres por montañas.
Por el contrario, en el cuadro 2 y las gráficas siguientes salta a la vista que a partir de 1750 ocurrió un quiebre en lo que se refiere al comercio y consumo de bienes chinos por el espacio porteño y del interior.
Considerando el período 1750-1799 encontramos 601 piezas de cerámica china (o su imitación europea) por el espacio porteño; mientras no superan las 60 piezas para la gobernación de Tucumán.
Aquel auge del textil de China que se veía para la primera parte del siglo desaparece.
Considerando el mismo período que va desde 1750 a 1799 sólo se identificaron 30 piezas textiles originales de China o copias europeas para la gobernación de Tucumán; mientras que tan sólo 19 en Buenos Aires.
Es decir, a partir de la segunda parte del siglo comenzará a ser la loza de China el rubro dominante de las piezas asiáticas que circularon por Buenos Aires y las regiones que comprenderán, luego de 1776, el virreinato del Río de la Plata.
¿Qué tipo de loza china figuran en los inventarios?
Primaron los objetos de utilidad culinaria, de cocina y mesa.
Abundan las jícaras, tasas para té, para café o para caldo, cafeteras, pocillos o pozuelos, teteras, vinajeras, platos o platillos para dulce, fuentes, soperas, floreros, jarras, azucareras, tapaderas y poncheras.
Para comprender la aparición de la loza china por Buenos Aires es necesario aproximarnos, al menos brevemente, a la evolución de la producción de loza china.
Entre mediados del siglo XVII y finales del XVIII China alcanzó un desarrollo técnico en la fabricación de loza inigualable.
Claro está que Japón tenía una gran tradición en la actividad.
La diferencia radicaba en que la loza japonesa siempre fue un trabajo de alta calificación artesanal, mientras que ahora, la cerámica china, tomaba la iniciativa para producir una imitación barata de la cerámica japonesa imari para los mercados de Europa y de América.
39 La ciudad de Jingdezhen fue el complejo industrial más importante para su producción, con una mano de obra que alcanzaba los 100 mil alfareros.
40 A fines del siglo XVII, entre la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC) y sus rivales europeas como la inglesa, francesa y dinamarquesa exportaron en su conjunto más de 70 millones de piezas de porcelana china desde la ciudad de Jingdezhen 39 Kuwayama, 2000-01 y 2009.
41 A esta enorme cifra se le debería anexar los cargamentos de loza que traficó desde 1785 la Real Compañía de Filipinas cuyos barcos, además de las navegaciones por el Cabo de Buena Esperanza, realizaron numerosas escalas en Buenos Aires en el marco de los derroteros entre España-Cabo de Hornos-Filipinas.
42 Es sabido que a principios del siglo XVIII ya existían en Europa varias fábricas que producían una imitación de la loza de China.
De manera que, además de una parte de esa enorme cifra de loza original, desde Europa se reexpidieron copias de imitación de la loza china fabricadas en Holanda, Inglaterra y Francia hacia Buenos Aires.
43 Esto lo vamos a poder confirmar en el último apartado del ensayo, al abordar el ingreso de los llamados bienes chinescos.
Por lo tanto, la loza original de China como su copia europea llegaron a Buenos Aires a través de los navíos de registro españoles y europeos.
Buenos Aires y el interior del virreinato del Río de la Plata habrían sido las terminales de estos productos.
Los trabajos de arqueología urbana dan muestras de una vida cotidiana donde la vajilla china era una de las lozas importadas más utilizadas en el Buenos Aires virreinal.
44 Las mesas porteñas y de Córdoba exhibían ajuares producidos en diferentes latitudes del planeta.
Las hubo de loza, como la de China, pero también vemos en los inventarios artículos de cristal, de peltre, de hojalata, de vidrio y de plata que llegaban desde España, Sajonia, Inglaterra, Holanda, Francia y Génova.
También notamos la entrada de vajilla de Chile y de producción local, denominada comúnmente barro de la tierra.
En el variopinto y globalizado mundo del comedor rioplatense, la vajilla de plata labrada era la favorita de los ricos, quienes las veían útiles por su resistencia y como símbolo de prestigio al exhibirlas en sus estantes.
45 En 1769, un integrante del clero, sostenía que «la vajilla de loza y de peltre no la utilizan la gente de distinción [...] que prefieren una mediana vajilla de plata para el servicio de la mesa».
46 No resulta casual ver en los inventarios que la vajilla de plata labrada superaba, con creces, los valores de la loza de China.
En la última década del siglo una tipo de azucarera china podía costar, como precio máximo, los dos pesos cuando una de plata se cotizaba en 41 De Vries, 2009, 163.
43 Piénsese por ejemplo, en la cerámica holandesa Delft.
Un plato de loza de China alcanzaba el valor de un peso mientras que los de plata rondaban los 8 y 28 pesos.
47 Comparemos los hábitos de consumo entre la loza europea y la de China.
El ajuar procedente de Sajonia y de Inglaterra, que vendría a despojar de la primacía adquirida por la loza de Sevilla durante la primera mitad del siglo, también llegó a las mesas de los hogares más acomodados del virreinato del Río de la Plata.
Por su precio y calidad, la vajilla y cerámica fabricada en Occidente, particularmente la inglesa, no se destinó al amplio mercado consumidor de la región.
Por el contrario, la loza de China ocupó uno de los menajes de procedencia extranjera de mayor consumo en las casas coloniales.
Las razones de su amplio consumo fueron casi idénticas a las que permitieron el apogeo del textil asiático para la primera mitad del siglo.
Vemos una vajilla oriental que, en términos de precio y calidad, alcanzó el mundo consumista de elite como los pedidos de un público consumidor amplio.
Lo que ocurrió en las mesas de comedor de las familias de la Nueva España también habría ocurrido en las de Buenos Aires.
48 El consumo de la loza de china en un extenso arco social podría comprobarse al notar que un juego de café de loza china -integrado por la tetera, la cafetera, la azucarera, el jarrito para servir, los pocillos y platillos-podía costar desde 8 pesos hasta superar los 200.
49 En los protocolos de las familias pudientes de Córdoba y Buenos Aires se puede ver una lujosa porcelana proveniente de China.
Tomemos el caso de uno de los más poderosos comerciantes de Buenos Aires, Manuel Escalada, quien fue regidor de la ciudad porteña en 1766.
Sus relaciones comerciales con Cádiz le permitieron disponer un enorme depósito en el centro de Buenos Aires; un almacén que se utilizaba para reexpedir las mercaderías importadas por el puerto hacia el interior.
Si bien el inventario de tienda de Manuel de Escalada apuntaba a un capital total de 100 mil pesos, el historiador Torre Revello descubrió que Escalada contaba con un capital de 500 mil pesos; el más elevado capital de toda la ciudad porteña.
50 Disponía su casa para realizar ostentosas fiestas junto al virrey del Río de la Plata, Cevallos.
En el convite exponía una finísima porcelana y loza de China y delicados juegos de plata.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.09 vajilla asiática que ofrecía en su mesa no era la que disponía en el siguiente inventario: cuatro tacitas para café de losa de la China; cajita con cuatro platos para dulce de losa de China; tres tasas para caldo de la China; tres cafeteras de la China; tres floreros de la China; siete platillos para dulce de la China; seis pocillos sin asas con sus platillos de la China; dieciséis pocillos de la China con asas; treinta y nueve tacitas para café de la China; treinta y nueve platillos de la China.
52 Esta enorme colección de ajuar chino que Escalada poseía en su almacén fue clasificado en el inventario como loza vulgar y ordinaria; un calificativo que parece justificarse por la tasación total: «15 pesos por todo».
53 Es posible suponer que esta loza no fuera la de uso personal ni tampoco la que exponía ante la presencia del virrey.
Más bien, eran artículos disponibles para un público consumidor general de Buenos Aires y del interior.
Un caso similar es el de Eugenio Lerdo de Tejada, quien fue compañero de Escalada en el cargo de regidor y en los emprendimientos mercantiles a gran escala con España.
La loza china anotada en su inventario de tienda de 1791 era asombrosa por su variedad y abundancia: poseía, como ajuar de procedencia oriental, casi 240 platos y platillos de diferentes colores y diseños y más de 6 docenas de tazas y tacillas.
54 Tejada emprendía la misma práctica de redistribución por las plazas interiores del Virreinato del Río de la Plata.
La adquisición de la cerámica asiática por familias y vecinos comunes de Rosario, Córdoba o aún de remotas regiones rurales como San Pedro y Río Cuarto se confirma en varios de los protocolos notariales consultados.
55 En 1772 en la partición de bienes por muerte de Catalina Drolet, mujer distinguida de la aristocracia porteña, se logra distinguir lo que era una loza fina de China ordinaria de la suntuosa.
Poseía una cafetera de China de 12 pesos y otra que no alcanzaba el peso.
56 La relación también podría hacerse con los utensilios de fabricación local.
En 1783, el vecino de Buenos Aires Vicente Quinzy, manifestaba en su inventario loza de China, donde el plato estaba a un real y medio.
Sin embargo, también contaba con platos de peltre tazados cada uno a 2 reales, 1⁄2 real más caro que el asiático.
57 Una comparación entre la mínima tasación de cerámica china que figura en los protocolos con el ingreso de un jornal diario o mensual que tenían los trabajadores reforzaría la hipótesis de un consumo ampliado de los bienes chinos.
Es cierto que la relación entre jornal y el valor inventariado no es una relación lineal de causa-efecto; pero no cabe duda de su íntima relación.
De acuerdo a los protocolos notariales consultados, una docena «de tacitas con ramitos de China» alcanzaba los 7 reales; la docena de platos chinos blancos con azul y dorado iban desde los 7 reales a los 2 pesos; la jarra de losa sólo valía 1 real; una escupidera de China los 6 reales y una fuente rosada de China los 4 reales.
58 Los trabajadores urbanos especializados de Buenos Aires habrían estado en condiciones de acceder a esta canasta de productos si tomamos en cuenta que el ingreso diario de un carpintero oscilaba entre los 8 y los 10 reales, el de albañil desde los 4 a los 8 reales, el de un herrero entre 6 y 8 reales y los calafates 18 reales diarios.
59 Más aún, esos artículos habrían estado no sólo al alcance de un peón urbano no especializado que tenía un ingreso de 4 reales diarios, sino también del trabajador rural no especializado cuyo salario mensual era entre los 6 y los 7 pesos.
Las «mutaciones» de los bienes
La periodización que advertimos sobre el ingreso de sedas, tejidos y cerámica china por los diferentes ejes mercantiles fue de la mano con el tipo de intervención a las que los productos fueron sometidos.
En la primera mitad del siglo las telas chinas fueron sometidas a un proceso de «domesticación», incorporándoles estilos y diseños occidentales.
Advertimos de una corriente cultural en la cual el objeto oriental era transformado con el propósito de llegar a su formato occidental.
Por el contrario, la loza de China que ingresó por el Atlántico porteño fue intervenida para imitar modas del Oriente a raíz del gran éxito que estas tuvieron en décadas anteriores.
Aquí vemos cómo un producto occidental fue intervenido en vistas de su «orientalización».
58 Estos precios se desprenden de los inventarios de las referencias al cuadro 2.
Como lo expresa el cuadro 2, en el período de mayor auge del textil chino (1700-1739) el número de varas o piezas registrado en los protocolos fue de 752 mientras que los tejidos elaborados eran menos de la mitad: 234.
Prácticamente, el 75 % de la tela china que se consumía por el espacio llegó en vara o en piezas, listas para trabajarlas y decorarlas al gusto local.
La presencia mayoritaria de seda bruta o sin confeccionar nos permite comprender las facilidades que tenía el producto para sortear la ley de prohibición de su circulación y consumo.
Dos modalidades de elaboración se ejecutaban sobre la tela china bruta, no elaborada.
Por un lado, la producción de un artículo elaborado en los obrajes locales utilizando el textil chino, como insumo; por el otro, el añadido al tejido propiamente occidental o local de la tela oriental, como función complementaria o accesoria.
Resultó recurrente el consumo de tejidos fabricados y diseñados en Europa, España o en el Perú, en los cuales el elemento oriental o chino era sólo el forro de la vestimenta, sea para revestirla o para protegerla.
El vestido de la doncella Jerónima de Saracho, hija del capitán José Hurtado de Saracho, residente en Córdoba consistía de «una tela rica de Sevilla forrado en Pequín colorado hasta su casaca y su botón de oro del Perú».
61 En 1709, el capitán Antonio Guerrero residente en Buenos Aires registró en su inventario «una chupa de raso de Sevilla forrada en pequín musgo».
62 Vemos aquí que a un tejido occidental se le anexaba tela china.
La seda venida del Oriente también podía intervenirse en los talleres locales de teñido como bien se reflejaba en el inventario post-mortem de 1713 del mercader de Córdoba, Juan Solano Lafuente.
Allí se anotaba «24 varas de raso liso negro bazeteado [sic] teñido en Lima de la China»; o la de 1724 perteneciente al vecino de Buenos Aires Cristóbal Rendón en la cual se registraba «20 varas y tercias de raso de la China teñido en esta ciudad».
63 El tejido chino, a la vez, podía estar acompañado de otras telas de origen asiático, como el algodón de la India.
En el patrimonio de 1748 de Domingo Carranza encontramos «una sobrecama de angaripola de la China a flores con forro de coleta de la India» tasada en 30 pesos.
64 El anexo de botones, plata y oro del Perú fueron las terminaciones más frecuentes que se les hacían a las telas orientales.
Resultaban intervenciones sobre un artículo para adaptarlo al gusto del consumidor.
En la ciudad de Santiago del Estero, perteneciente a la gobernación de Tucumán, el maestre de campo y encomendero José Díaz de Cáceres contaba en su testamento de 1703 «una chupa de raso de la China a flores con botonaduras y forrado en seda de la China más otra chupa con magas de brocato de la China y guarnecida con encajes de plata».
65 En el patrimonio de 1704-1705 perteneciente a Catalina de Cabrera, viuda del capitán de la ciudad de Córdoba Francisco Suárez de Cabrera, figuraba «una pollera de gurbión de la China con tres vueltas de bandas de oro y plata» tasada en 50 pesos.
66 En la misma ciudad, el capitán Antonio de Cabrera exponía en su inventario «una chupa de raso de la China aforrada en tafetán nácar con mangos y botones y con flecos de plata» de 24 pesos.
67 En la carta dotal de 1724 de Paula Carnero Carvallo, hija del capitán Cristóbal Carnero residente en la ciudad de Córdoba, aparecía «una pollera de damasco azul de la China con tres vueltas de sevillaneta [sic] de plata del Cuzco con su pestañuela de cinta colorada», cuyo valor alcanzaba los 53 pesos.
DOI: 10.3989/aeamer.2014 capitán Bernardo Blanco Guerra sufrió en 1727 un embargo de bienes donde había dos chupas de china, una en raso y la otra en terciopelo, con botones de plata peruana.
69 Por último, el capitán Bernardo de la Pascua, residente en la ciudad de Buenos Aires, anotaba en su testamento de1708 «una pollera de raso de la China musgo con puntas de plata» que rondaba 20 pesos.
70 Los casos manifiestan que la inyección de diferentes elementos de plata encarecía la prenda asiática, logrando que el objeto tuviera una marcada exclusividad para los sectores privilegiados y de mayor adquisición.
La cerámica china también sufrió una intervención para que el producto alcance un formato occidental.
La jícara oriental, muy presente en los inventarios, era una especie de pozuelo fabricado en China sin asa para el consumo de chocolate, muy de moda en el Perú y la Nueva España.
71 Si bien con menor intensidad, el virreinato del Río de la Plata participó de esta transformación.
En 1756, Pedro Cueli, residente en Buenos Aires, daba en sucesión una jícara de China para tomar chocolate.
Las tacitas de loza china elaboradas originalmente para tomar y servir el té eran utilizadas para el consumo de chocolate o el café.
72 En el último cuarto del siglo XVIII, aparece de manera recurrente en los protocolos el término chinesco para referirse a lozas y tejidos.
Esta definición remitiría a piezas fabricadas en Europa que imitaban los diseños y estilos de los objetos chinos.
La copia de lo oriental en los talleres textiles o de cerámica de Europa comenzó su auge en el primer cuarto del siglo XVIII, pero estas copias recién llegarán con fuerza al puerto de Buenos Aires en la segunda mitad de la centuria.
Manuel de Escalada, ese gran mercader que tuvimos la oportunidad de mencionar en páginas anteriores, tenía en su inventario casi 100 docenas de abanicos chinescos que imitaban los abanicos originales de China.
73 Los abanicos asiáticos fueron quizá el tercer tipo de mercadería oriental más frecuente llegados a la región.
Los abanicos originales de China compuestos de marfil, tan necesarios para la coquetería de las mujeres distinguidas, tuvieron una presencia continua en el siglo pero en estas últimas décadas del siglo se vieron acompañados de copias europeas, como el «abanico de concha nácar nuevo estilo chinesco» que posee en 1782 el vecino porteño José Antonio Díaz Pimienta.
74 Vemos así que los bienes fabricados en una Europa que comenzaba a vivir transformaciones industriales profundas se «orientalizaban».
Si en la primera mitad del siglo notábamos que el tejido procedente de China pasaba por el filtro de «occidentalización», ahora se afrontaba un proceso inverso, donde lo europeo se viste de lo chino.
En suma, el comercio y las pautas consumistas de los artículos chinos aquí analizados son una muestra por demás elocuente de los alcances que tuvo la mundialización comercial en la América colonial; un suceso similar a la revolución del consumo que se vivió por Europa en el siglo XVII.
75 El fenómeno estudiado refleja la hegemonía que tenían de las fuerzas de la occidentalización.
Es cierto que la cultura material colonial gozó de una escenografía muy diversa, con objetos procedentes de diferentes partes del mundo, pero toda esa riqueza material tendía a uniformizarse, a europeizarse.
En otros términos, cualquier intento de diversidad que haya tenido la mundialización, Europa se ocupó de canalizarlo, «occidentalizando» lo chino u «orientalizando» lo europeo. |
Este artículo forma parte del proyecto Fondecyt 1100060 «Agentes fiscales, poblaciones indígenas y sociedad regional: articulaciones y conflictos durante el proceso de chilenización (Arica-Tacna y Tarapacá, 1880-1930)».
Imaginarios y chilenización: los agentes fiscales chilenos y su visión del espacio y la población andina de la provincia de Tarapacá, norte de Chile 1880-1918/ * Imaginaries and Chilenization: Chilean State Agents and their Vision of the Andean Space and Population of the Tarapacá Province, Northern Chile 1880-1918
Universidad de Valparaíso, Chile
En la década de 1880 el estado chileno incorpora a su soberanía la provincia de Tarapacá, desatando un complejo proceso denominado chilenización.
En este contexto, los agentes fiscales chilenos comenzaron a desplegar dispositivos políticos, económicos y culturales enfocados en asentar con rapidez la nueva administración, como el hacer de este territorio y su población parte integral de la nación chilena.
Bajo estos términos, en este artículo se describen y analizan los imaginarios que construyeron estos agentes sobre el espacio y la población andina de la provincia de Tarapacá entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.
PALABRAS CLAVE: Imaginarios; Representación; Espacio andino; Población andina; chilenización.
La guerra del Pacífico provocó, al triunfar Chile sobre Perú y Bolivia, que todo el actual territorio del Norte Grande chileno (Antofagasta, Tarapacá y Arica) pasara a ser, siguiendo la tipología de Frederick Turner enunciada a inicios de la década de 1890, una frontera sujeta a un desafío de conquista, 1 lo que para Rajchenberg y Héau-Lambert fue el sustento de un típico propósito expansionista estatal de la segunda mitad del siglo XIX.
2 En este contexto, la entonces provincia de Tarapacá dio cuenta de un territorio fronterizo polifuncional al contener dinámicas de conformación de los límites espaciales (las especificaciones administrativas de los bordes principalmente) como de readecuación de los componentes culturales (las formas de vida y las prácticas religiosas de matriz andino-colonial por ejemplo) a razón del proceso mismo de apropiación y de los requerimientos discursivos de legitimación.
3 Bajo estos términos, se desató un campo (interacciones y conflictos) de posibilidades entre un frente de expansión operado por los intereses estatales chilenos en búsqueda de la soberanía y una frontera en movimiento sostenida por los constantes -fluidos y traumáticos-reacomodos sociales, económicos y políticos de los sujetos que residían en esta región como de los que habían arribado o estaban llegando a habitarla atraídos por la riqueza salitrera.
4 Lo que comenzará a estar en juego en la provincia de Tarapacá a partir de la década de 1880, será la búsqueda estatal chilena por encontrar una representación del lugar y sus residentes que sintetizara su ideal nacional en un escenario que remarcaba sociológica y culturalmente lo diverso, es decir, por un lado la penetración de lo chileno mediante dispositivos institucionales (leyes, reglamentos, órdenes, cárceles, hospitales, escuelas, etc.) y, por otro, las resistencias operadas desde las practicas cotidianas (el trabajo, la sociabilidad, las fiestas, etc.) que soportaban lo étnico (aymaras), 1 Turner, 1996 [1893].
Para un análisis sugerente sobre la problematización de la frontera de (y a partir de) los planteamientos de Frederick Turner ver Jiménez, 2001 y Brenna, 2011.
La noción de agencialidad, en este caso, sigue los planteamientos de Prakash, 1997.
3 El concepto de territorio fronterizo polifuncional ha sido tomado de Valcuende y Cardia, 2009.
4 Según Valcuende y Cardia, 2009, los frentes de expansión están asociados a procesos de ocupación efectiva de territorios en función de intereses económicos, una característica que, asociada a la condición fronteriza, desata la existencia de una «frontera en movimiento» a razón de loa trajines humanos que terminan condicionando, conflictuando o reforzando la demarcación política.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.10 lo nacional no chileno (peruanos y bolivianos) y lo migrante (obreros, empleados y comerciantes chinos, europeos, argentinos y aquellos venidos desde el Norte Chico y la zona central de Chile, entre otros).
Consecuentemente, en Tarapacá se activará una pugna asimétrica de dominación/subordinación entre el imaginario nacional traído por los agentes estatales chilenos de matriz homogenizadora y los imaginarios de las poblaciones locales y migrantes soportadoras de condiciones heterogéneas.
Como nos alerta Mariana Giordano, siguiendo a Bronislaw Baczko, el imaginario es un lugar estratégico donde se manifiestan conflictos sociales y mecanismos de control a razón de buscar forzadamente consolidar una identificación colectiva con una idea de nación.
5 De este modo, la voluntad por construir una nación de ciudadanos unidos en la identificación de referentes comunes (lo simbólico) se ligará fuertemente con una ideología territorial que conllevará la búsqueda de un espacio nacional (lo físico).
6 Será, en efecto, mediante la imposición fáctica y legal de un nuevo territorio nacional (chileno y soberano) que se desplegará el modo de asimilar, incluso contener a ratos, la heterogeneidad residente en la desértica provincia de Tarapacá.
7 En el caso particular de este artículo, nos abocaremos a describir como los agentes fiscales chilenos operaron, edificaron, sostuvieron y problematizaron la representación del espacio y la población andina, una otredad que alteraba y, en ocasiones, ponía en cuestionamiento los afanes y los parámetros chilenizadores de civilización y modernización.8 Es decir, como se construyó una imagen de la ruralidad andina y de los indígenas y mestizos que habitaban en ella a efecto de, por una parte, justificar y consolidar la soberanía chilena como, por otra, validar los rasgos sistémicos de su quehacer administrativo orientado a los componentes que sostenían la industria salitrera, el leit motiv de la guerra del Pacífico y de la ocupación por parte de Chile de lo que era, hasta ese entonces, el extremo sur del Perú.
El contexto: espacio, administración y demografía
La región de Tarapacá orográficamente está conformada por tres macro-zonas en dirección poniente-oriente: a) el borde costero y la cordillera de la Costa (entre los 0 y 800 msnm); b) la depresión intermedia o pampa (con una altitud promedio de 1.000 msnm); y c) la pre-cordillera, altiplano y cordillera de los Andes (entre los 2.000 y 5.000 msnm).
Si bien las dos primeras son las más pobres en recursos hídricos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX cobijaron un sostenido crecimiento poblacional provocado por la industria minera del salitre, una dinámica que se consolidó durante el siglo XX a pesar del término del ciclo salitrero a fines de la década de 1920.
En tanto la tercera enmarca el área andina, siendo la sierra o pre-cordillera (entre los 2.000 a 3.800 msnm) un lugar dominado por valles transversales donde se ubican la mayoría de los pueblos y caseríos dedicados a la agricultura, y el área cordillerana (sobre los 3.800 msnm) un espacio dominado por las altas cumbres (que en algunos casos alcanzan los 5.000 msnm) y la altiplanicie (con un promedio de 4.000 msnm) con sus pequeños ríos, lagunas y pastizales.
Sus límites, en el presente como a fines del siglo XIX y comienzos del XX, son por el norte la región de Arica-Parinacota (antiguo departamento de Arica) siguiendo el trayecto del valle de Camarones, por el sur la región de Antofagasta demarcado en parte por el cauce del río Loa, por el oeste el océano Pacífico y por el este la línea divisoria con Bolivia (ver mapa).
Entre los años 1879 y 1883 la fuerzas chilenas de ocupación administraron el hasta ese entonces departamento peruano de Tarapacá en calidad de territorio anexado, 9 una condición que terminó con su cesión a perpetuidad en el tratado de paz firmado con el Perú el 20 de octubre de 1883.
10 Habiéndose incorporado cabalmente toda esta zona a la soberanía chilena, el 31 de octubre de 1884 se crea por ley la provincia de Tarapacá, 11 intensificando y consolidando el reordenamiento administrativo orientado a con-9 Parte importante de esta fuerza de ocupación estuvo compuesta por funcionarios administrativos y expedicionarios, como Alejandro Bertrand y Francisco Vidal Gormaz, dedicados a recabar antecedentes geográficos, económicos y sociales a objeto de viabilizar la instalación administrativa chilena.
11 Archivo Nacional de Chile (ANC), Fondo Intendencia de Tarapacá (AIT), 48, Iquique 2 de diciembre de 1884.
solidar la chilenización de sus parajes y habitantes.
Esta nueva provincia, a cargo de un intendente, 12 congregó dos departamentos (el de Tarapacá y Pisagua), siendo el segundo administrado por un gobernador, 13 trece subdelegaciones bajo la responsabilidad de subdelegados en cada una de ellas, y por cuarenta y tres distritos tutelados por inspectores.
A su vez cada subdelegado tuvo como colaboradores un inspector de subdelegación, un juez de subdelegación y un juez de distrito.
El departamento de Pisagua, con su cabecera administrativa en el puerto homónimo, fue subdivido en tres subdelegaciones, dos urbanas (Pisagua y Santa Catalina) y una rural (Camiña).
En tanto el departamento de Tarapacá, con sus dependencias principales en el puerto de Iquique, se seccionó en diez subdelegaciones, ocho urbanas (El Ferrocarril, Aduana, Escuela Domingo Santa María, Huantajaya, Caleta Buena, Patillos, Pozo Almonte y La Noria) y dos rurales (Pica y Tarapacá).
En lo que toca al área andina, tipificada como rural en la nueva nomenclatura administrativa, la subdelegación de Camiña quedó conformada por los distritos de Camarones, Camiña y Aroma; la subdelegación de Pica a su vez abarcó los distritos de Pica, Canchones y Guatacondo; y la subdelegación de Tarapacá tuvo los distritos de Mamiña y Tarapacá.
14 Tres años más tarde, a mediados de 1887, el departamento de Tarapacá se amplió de 10 a 13 subdelegaciones, dos de ellas destinadas a dar cuenta del quehacer fiscal asociado a los cantones salitreros y la tercera motivada por la activación del mineral argentífero de Challacollo.
15 Esta última subdelegación adscribió a su jurisdicción administrativa el distrito de Guatacondo.
Esta organización determinó entre las décadas de 1880 y 1930 tres rasgos fundamentales: 1) la conformación administrativa del espacio tarapaqueño en dos grandes áreas: la urbana (donde estaban los puertos y las 12 Antes que se creara la provincia de Tarapacá, la máxima autoridad recaía en el jefe político, cargo que por lo general fue ocupado por un militar o marino de alto rango.
13 El objetivo de crear la figura de la gobernación civil para administrar el departamento de Pisagua se debió a la necesidad del aparato estatal chileno radicado en esta provincia de generar un mecanismo que le permitiera a la administración de este pedazo del territorio tarapaqueño no depender de manera inoficiosa de las autoridades instaladas en Iquique, las que estaban a una distancia considerable tomando en cuenta los medios de transporte de la época.
Por su parte el departamento de Tarapacá lo tendrá a cargo el intendente con la ayuda de un administrador departamental.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.10 oficinas y pueblos ubicados en la pampa salitrera 16 ) y la rural (constituida por el espacio andino de oasis, valles precordilleranos y altiplano donde estaban los campesinos peruanos y bolivianos y los indígenas); 2) la predominancia de la primera respecto a la segunda por consideraciones económicas, políticas y sociales; y 3) que el conjunto de los funcionarios fiscales chilenos, salvo los inspectores y jueces de distrito, se posicionaran de manera distante al área andina.
17 Para fines de la década de 1880 el aparato fiscal chileno en Tarapacá estaba conformado por algo más de 50 funcionarios de rango menor (secretarios, actuarios, ayudantes, etc.), unos 10 de rango medio adscritos a la aduana, tesorería, registro civil, notaría y posta de correo y telégrafos, los cuales residían en su gran mayoría en los puertos de Iquique y Pisagua y los menos en los pueblos pampinos de Pozo Almonte, Huara y La Noria.
A estos se sumaban los 49 inspectores de distrito, siendo apenas 10 los asignados a las dependencias rurales, empleados estos últimos que por lo general serán residentes destacados (indígenas y mestizos de nacionalidad peruana y boliviana) de las localidades precordilleranas y altiplánicas al no haber disposición por parte de chilenos a ocupar estos cargos por encontrarse alejado de la pampa y la costa donde se generaba la riqueza salitrera.
18 En tanto la planta ejecutiva la componían 18 autoridades: un intendente, un gobernador y dieciséis subdelegados.
La burocracia fiscal chilena finalmente se completaba con los poli cías y los gendarmes de las cárceles públicas, los que tampoco eran muchos y además estaban mal equipados, sobre todo los adscritos a las subdelegaciones rurales.
Prueba de lo anterior son las reclamaciones cursadas por los subdelegados de Tarapacá y Challacollo a la máxima autoridad de la provincia los años 1894, 1895 y 1903 de no disponer o tener apenas dos policías a pie para resguardar un territorio extenso y agreste, y la información remitida el año 1916 por el juez de la subdelegación de Camiña a sus superiores de la obligación que tuvo de liberar a un individuo detenido por 16 Oficinas salitreras se les llamaba a aquellos recintos urbanizados donde estaban las instalaciones para extraer y procesar el salitre, las dependencias administrativas y las habitaciones de todos los trabajadores, una suerte de company-town.
En estas oficinas regían los reglamentos de las empresas dueñas de las estacas calicheras.
Los pueblos, en cambio, aglutinaban a la población residente en la pampa no vinculada a las compañías salitreras y que se dedicaban, por lo general, a prestar servicios a las instalaciones industriales.
Fue en los pueblos donde se ubicaron las reparticiones fiscales.
IMAGINARIOS Y CHILENIZACIÓN: LOS AGENTES FISCALES CHILENOS robarle al cura por no disponer de un policía y de un recinto adecuado para estos propósitos.
19 Por último, estaban los empleados de los municipios de Iquique, Pisagua y Pica que tenían una jurisdicción estrictamente local y que bordeaban en su totalidad un poco más de treinta individuos.
Respecto a los antecedentes demográficos de la zona andina en el período, los primeros registros datan de 1885 por parte de las máximas autoridades provinciales indicando que la población rural del departamento de Tarapacá alcanzaba a los 5.022 habitantes y la del departamento de Pisagua a los 3.610 residentes, 20 algoritmos que sufrirán un alza en el informe oficial del censo levantado en noviembre de 1885 -y publicado un año más tarde-al establecer que los residentes rurales llegaban a los 6.957 en el departamento de Tarapacá y 5.372 en el de Pisagua.
21 Este mismo censo, el primero realizado por Chile en todos los territorios del extremo norte bajo su soberanía y tutela después de la guerra del Pacífico, contabilizaba en 45.086 la población total de la provincia.
En 1892 nuevos reportes del intendente y del gobernador de Pisagua ratificarán el incremento de la población rural andina.
Este aumento poblacional, sin embargo, se detuvo a comienzos del siglo XX.
La representación del espacio andino tarapaqueño: territorio, soberanía y chilenización
El territorio no es un dato, sino una construcción social e histórica que se articula y sostiene a través de representaciones intencionadas y tensionadas.
26 En los mismos términos, según Joan Nogué «son las acciones y los pensamientos humanos los que dan sentido a una porción cualquiera del espacio y la convierten en territorio», más aún, el «territorio, per se, no existe, sino que se hace».
27 Coincidente con estas ideas, para Carla Lois el territorio es un «conjunto de representaciones que organizan la experiencia social y son constitutivas de ciertas prácticas», pero además estas «representaciones son múltiples, variadas y, a veces, paradójicas».
28 No obstante lo diversas que puedan llegar a ser las representaciones del espacio a efecto de conformar un territorio, el grueso de ellas tienden a institucionalizarse en ciertos dominios de validez buscando ser asimiladas e internalizadas por diferentes grupos.
29 Por lo mismo, la producción y circulación de significados y re-significados pasa a ser una práctica compleja de objetivación del espacio, pero también de los sujetos que moran en él y de sus costumbres y creencias.
Bajo estos parámetros, la incorporación de la provincia tarapaqueña a la administración chilena a inicios de la década de 1880 ocurrió tanto mediante prácticas institucionalizadas que tuvieron por orientación asegurar el dominio territorial, como a través de prácticas de representaciones interesadas en construir una geografía nacional del lugar.
30 Según Nelson Martínez, José Luis Martínez y Viviana Gallardo, la inclusión de los grupos indígenas y el espacio andino a una nueva historia nacional no sólo fue consecuencia de la guerra del Pacífico y de los cambios territoriales a partir de ella, sino también de un «proceso mucho más profundo que implicó la transformación de lo que hasta ese momento se pensaba como lo nacional y, con ello, de un imaginario país».
31 En efecto, a partir de la conquista e incorporación de la Araucanía y el desierto 26 Rajchenberg y Héau-Lambert, 2007, 41.
Este autor y sus ideas de la construcción cultural de territorio se encuentra en Quijada, 2000, 377.
30 Las categorías de «prácticas institucionalizadas» y de «prácticas de representaciones» son propuestas y desarrolladas por Lois, 1999, sin páginas.
de Atacama durante la década de 1880 la fisonomía de un Chile sin indios -porque estaban afuera de la frontera interna en el sur y afuera de la frontera externa en el norte-derivó irremediablemente a uno con indios, obligando a re-imaginar la nación y su composición espacial.
Ante esta nueva dimensión de la nación, la burocracia estatal chilena trató de bosquejar e ilustrar para sí misma una determinada representación de los espacios, territorios, poblaciones y riquezas, componentes todos muy necesarios para operar y hacer posible el control administrativo.
32 Para el caso particular de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, los ya mencionados N. Martínez, J. L. Martínez y V. Gallardo sostienen que en este ejercicio de bosquejar, ilustrar y tratar con la población y el espacio andino la burocracia chilena no tuvo un modelo propio sino hasta entrado el siglo XX, reproduciendo las divisiones administrativas y los aparatos de control heredados del Perú y Bolivia.
Si bien para estos autores una evidencia que respalda su planteamiento fue la tardía exigencia (recién durante el primer decenio del siglo pasado) a los residentes de la región de Atacama 33 para que optaran entre la nacionalidad chilena y la boliviana o peruana, 34 nuestro parecer es que esta tesis se debilita ostensiblemente como una explicación general si consideramos que en la provincia de Tarapacá tal procedimiento ocurrió tempranamente entre los años 1885 y 1887 y en la de Tacna-Arica se dilató, al punto de no ejecutarse, hasta la firma del tratado de 1929.
En estos términos, nuestro planteamiento es que los agentes fiscales chilenos asentados en los territorios (conquistados e incorporados) del extremo norte desde un comienzo configuraron -tanto en su quehacer cotidiano como mediante los lineamientos programáticos-una representación del espacio y los sujetos andinos con el objeto de afianzar y expandir el control administrativo, representación contenida en un nacionalismo hilvanado desde la década de 1830 35 y sustentada en los parámetros de civilización y modernización enunciados con fuerza entre fines de la década de 1870 y comienzos de la de 1880.
36 En este marco, el uso de ciertos dispositivos y mecanismos heredados de las administraciones peruana (principalmente) y boliviana (en menor 32 Ibidem, 199.
33 En este caso no hacemos referencia a la actual división político-administrativa de Chile, sino al espacio andino de la entonces provincia de Antofagasta.
35 medida) para resolver inconvenientes o aplicar disposiciones se acotó a un recurso meramente funcional y no regular que tuvo por propósito central el optimizar la inversión estatal -en otras palabras gastar poco y complicarse lo menos posible-en lugares (el área andina) y en relación a poblaciones (indígenas y campesinos) poco relevantes para los intereses estratégicos de Chile centrados en la industria y la renta salitrera que se materializaba y operaba entre la pampa y la costa.
37 La primera autoridad política chilena de Tarapacá, Patricio Lynch, explicitará meridianamente a mediados de 1880 esta mirada al señalarle al ministro de educación que las escuelas debían abrirse en las ciudades de la costa y en los pueblos de la pampa salitrera a razón de que únicamente en estas locaciones era posible acercar «naturalmente [los] elementos de nacionalidades diversas que forman la gran mayoría de las poblaciones de este territorio» y donde «concluirán por chilenizarse los criollos».
38 Cuatro años más tarde, el intendente Gonzalo Bulnes reafirmará lo indicado por Lynch al establecer que el servicio administrativo o judicial no podía ser concejil en el espacio andino ya que en él «no vive un solo chileno».
39 A partir del posicionamiento que comenzó a ejercer el estado chileno en la provincia de Tarapacá a comienzos de la década de 1880, las autoridades de ocupación se orientaron a afianzar tres tareas básicas: desmantelar la burocracia peruana con el objeto de provocar un rápido cambio de administración política; procurar la pronta normalización de la explotación salitrera; y llevar a cabo una política de modernización amparado en un espíritu misional y civilizador.
40 Para el caso de Tarapacá, esto último implicó que el estado chileno mediante un modelo de desarrollo concordante con los intereses de la oligarquía y un aparato fiscal en expansión transitara rápidamente de una ocupación física del territorio a un dominio estratégico de éste, especialmente del espacio en donde se encontraban los yacimientos salitreros (la pampa) y donde se podía sacar esta producción (la costa y sus puertos).
41 Al amparo de lo anterior, operó en el ejercicio 37 La relación entre rentismo salitrero y las prioridades estatales chilenas en lo político y lo económico se aborda en Castro, 2005.
41 Castro, 2005, 11- estatal chileno una concepción cultural del espacio tarapaqueño y de los sujetos residentes en él condicionada por lo económico como por una práctica administrativa dominada por el parámetro civilizador-modernizador.
42 Esta concepción reprodujo un férreo determinismo a la hora de identificar el lugar en donde se encontraba la civilización y, en contrapartida, la barbarie, reproduciéndose rasgos estereotipados y exógenos tales como ausencia de condiciones materiales modernas (el uso de maquinarias y tecnologías de cultivo) y rasgos culturales decadentes (ocio, ignorancia, falta de moral, escasez de aseo y ebriedad); 43 todas ellas fisonomías peyorativas que encontraron un sustento en las observaciones de expedicionarios fiscales chilenos como Alejandro Bertrand y Francisco Vidal Gormaz, 44 los que construyeron una imagen agreste del desierto tarapaqueño, de su zona andina y sus habitantes.
Bertrand, por ejemplo, describirá la parte central del territorio tarapaqueño como una «pampa árida no interrumpida» 45 y a la población de los valles pre-cordilleranos como escasa en su condición civilizada en la medida que eran «en general [de] poco espíritu de asociación i progreso».
46 Vidal Gormaz, por su parte, señalará a la pampa ubicada en la depresión intermedia como «un extenso desierto donde la naturaleza parece dormir el sueño de los siglos», letargo inhospitalario únicamente interrumpido por las manos de los hombres chilenos «hijos de la civilización».
47 Del mismo modo que Bertrand y Vidal Gormaz, Francisco Javier Ovalle, un periodista de comienzos del siglo XX partidario de la chileniza-42 La oficialización del propósito civilizador se encuentra en la Circular del Ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Balmaceda, «La misión civilizadora de Chile», Diario Oficial, Santiago de Chile, 25 de julio de 1881.
44 Alejandro Bertrand, geógrafo e ingeniero, en el primer año de la guerra del Pacífico (1879) llevó a cabo en su calidad de funcionario fiscal una serie de estudios exploratorios mandatados por el Gobierno de Chile en las regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica y Tacna que se tradujo en varios informes y mapas.
Al poco tiempo de acabar con esta tarea, fue nombrado jefe de la Sección de Cartas y Planos de la Oficina Hidrográfica de Chile.
En tanto Vidal Gormaz, marino e hidrógrafo, en 1874 fue nombrado el primer Director de la Oficina Hidrográfica de la Marina Nacional.
En este rol, durante el conflicto con Perú y Bolivia tuvo a cargo la realización de distintos estudios sobre la costa peruana de Tarapacá, Arica y Tacna.
Orográficamente esta sección se denomina depresión intermedia y se compone en su lado occidental por la pampa salitrera (una de las fracciones con menos disponibilidad de agua) y por el borde oriental por la pampa del tamarugal.
Desde este último punto se accede a los oasis pie-montanos como el de Pica y al espacio andino de pre-cordillera y altiplano.
LUIS CASTRO CASTRO ción, 48 se referirá a la pampa tarapaqueña como un «gran potrero sin fin ni límite» donde no hay vegetación y a los pobladores de la pre-cordillera y el altiplano como «tribus indias [que] viven sumidos en la ignorancia» al no saber «definidamente bajo qué gobierno viven [y creer] casi todos que todavía dependen de la autoridad del Perú».
49 El carácter pre-juicioso de las descripciones emitidas por los expedicionarios y cronistas chilenos quedará en evidencia a partir de las afirmaciones de Guillermo Billinghurst, probablemente el mayor conocedor de la geografía física y humana de esta región entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX.
50 Basado en su ilustrado acervo afirmará:
Todo el que haya podido formarse una idea más o menos aproximada de la geografía de Tarapacá por la reseña que precede, habrá visto cuan incorrecta e infundada es la general creencia de que esta provincia es un árido desierto de arena, completamente desprovisto del agua que es el primer elemento de vida para las poblaciones.
Se ha creído siempre por falta de conocimientos geográficos de este territorio, que Tarapacá no es sino una inmensa sabana de sal y que, por lo tanto, la industria agrícola no tiene razón de ser aquí.
51 De este modo, en la provincia de Tarapacá la representación de lo civilizado se situó en donde operó y se construyó este discurso-práctica: en el aparato estatal, en los agentes fiscales, en la sociedad regional dominante que residía en los puertos, pueblos y oficinas salitreras (es decir, urbana, blanca y mayoritariamente chilena), en contrapartida de aquellos otros lugares y gentes que eran más bien merodeadores de lo rústico y de la barbarie (los indígenas y los campesinos mestizos).
Tal paradigma terminó por consolidarse a partir de la conjunción entre el desmedido interés de Chile 48 Ovalle, periodista, nieto del diputado Francisco Javier Ovalle Bezanilla y bisnieto del presidente José Tomás Ovalle, dedicó su presencia en la provincia de Tarapacá a promover el proceso de chilenización convirtiéndose en la práctica, aunque no lo era formalmente, en un colaborador del aparato fiscal chileno.
Su labor periodística y de cronista en Tarapacá fue parte de una estrategia del gobierno chileno de usar civiles en los territorios conquistados del norte para difundir y afianzar sus iniciativas chilenizadoras.
Prueba de lo anterior, es que el año 1915 pasa a ser un agente fiscal a plenitud al nombrársele intendente de Valparaíso.
50 Guillermo Billinghurst nació en Arica el 27 de julio de 1851 y vivió su adolescencia y adultez en Iquique.
Se desempeñó como empresario, periodista e intelectual autodidacta interesado en la historia y la geografía tarapaqueña.
En 1912 fue elegido presidente del Perú y con anterioridad fue diputado por Iquique, vice-presidente del Perú y alcalde de Lima.
En su calidad de intelectual autodidacta publicó importantes obras sobre la agricultura, la geografía, el agua potable, el salitre y los ferrocarriles de Tarapacá.
por la riqueza y la renta salitrera y los lineamientos civilizadores y modernizadores, lo que llevó a la administración fiscal chilena a diseñar e implementar con celeridad una política estructurada y funcional que terminó integrando y visibilizando una porción de la geografía tarapaqueña, la pampa y la costa por estar ahí instalada la industria del nitrato, y a su vez desafectando premeditadamente aquellas áreas que no fueron gravitantes, el espacio andino de pre-cordillera y altiplano, para su economía dependiente de la renta salitrera.
52 Evidentemente en los tipos conceptuales que instalaron los expedicionarios y que reprodujeron los funcionarios estatales hubo tanto un acompañamiento epistemológico del positivismo, especialmente biologicista, como de la idea de progreso, provocando que gran parte de los discursos oficiales chilenos, como señala Carolina Figueroa, terminaran acentuando relaciones binarias (del tipo civilización/barbarie, o modernos/atrasados) para graficar las características tanto del espacio tarapaqueño como de las poblaciones residentes en él.
53 Será en función de la carencia o no de las instituciones civilizadoras (la escuela, la cárcel, los edificios públicos, el hospital, etc.) que la administración estatal chilena instalada en esta región construirá un paisaje de progreso que situará como núcleo de referencia de la condición civilizadora a las ciudades (Iquique y Pisagua) y el reducto de la barbarie a la zona rural andina y las sociabilidades de los obreros salitreros alteradoras del orden.
Llamo especialmente la atención de VS sobre la circunstancia de que en esa región todos sus habitantes son peruanos, sin mezcla alguna de otra nacionalidad.
En las salitreras y en las poblaciones de la costa, donde existe una activa competencia de trabajo, el elemento chileno y el extranjero, más rigorosos como fuerza y capital, han dominado por decirlo así, bajo su acción a los peruanos y puede por consiguiente mirárseles bajo el mismo punto de vista que a los demás habitantes del territorio nacional.
No sucede lo mismo en las quebradas del interior.
Allí palpita bajo la influencia de costumbres seculares, una nacionalidad distinta que conserva sus usos y su sistema de vida, su traje, su idioma y su religión, porque aún esta misma se distingue por sus prácticas infantiles, de lo que ella representa en las poblaciones civilizadas de Chile.
La importancia del área costera (sus puertos) y de la pampa (sus oficinas salitreras) por sobre el espacio andino en el reordenamiento político-administrativo y económico del territorio tarapaqueño durante la administración chilena en el lapso de fines del siglo XIX y comienzos del XX, se verifica también en Ronsenblitt, 2007, 280-282.
53 Figueroa, 2011 El territorio tarapaqueño, consecuentemente, operó en el marco de la chilenización bajo el principio de la legitimación del espacio geográfico, pasando el aparato estatal de la utopía al ejercicio efectivo de la soberanía.
56 Si bien el territorio tarapaqueño, desde la perspectiva de asentar y expandir soberanía, adquirió la capacidad simbólica de unificar sentidos en torno al lugar/espacio habitado (y económicamente ocupado), tal ejercicio -como ya advertimos-no fue homogéneo.
Por una parte, la zona andina fue excluida o escasamente emparentada con los parámetros civilizadores y modernizadores de la chilenización.
Por otra, la pampa y la costa, donde se encontraba la riqueza salitrera, fue el área privilegiada para asentar la administración estatal y sus dispositivos, lo que Enrique Rajchenberg y Catherine Héau-Lambert denominan el epítome de lo nacional.
57 En efecto, a diferencia del espacio andino (y los andinos indígenas y mestizos), el área de la costa-pampa pasó a tener en la retórica y en la práctica estatal chilena un densidad simbólica, pasando a desempeñar por lo mismo una metonimia territorial al quedar radicada ahí la representación de lo chileno, con la salvedad de los obreros pampinos al ser, igual que los indígenas, identificados y caracterizados como portadores de la barbarie a razón de sus prácticas inmorales (ebriedad, revoltosos al demandar sus derechos laborales, adscripción a las corrientes anarquistas y socialistas, violentos, etc.).
58 Desde esta perspectiva, la temprana posición de Gonzalo Bulnes marcó rumbo en lo tocante a los lineamientos estratégicos en orden a la organización política del territorio tarapaqueño ahora en manos chilenas: La primera cuestión que surge cuando se trata de la organización de este territorio es saber si conviene crear para aquellos lugares una sección administrativa especial.
Debo dar a VS. las razones que me inclinan a contestar en sentido negativo a la pregunta anterior.
Un gobernador tropezaría en el servicio administrativo con las siguientes dificultades:
1o La distancia que divide las quebradas entre sí, de tal modo que siempre sería más difícil la comunicación entre una quebrada cualquiera y la capital del departamento, que entre aquella y la costa. [...] 2o Las quebradas del interior se encuentran en un estado de suma pobreza sin que pueda suponerse que su situación se modifique 56 Siguiendo la postura analítica de Mónica Quijada (2002, 111-112), la disputa por la soberanía desatada en las provincia de Tarapacá y Arica entre las décadas de 1880 y 1920 demarca el perfil de una región de frontera exterior (que se incorpora), a diferencia del caso del sur argentino ocurrido en el mismo período donde no fue la disputa por la soberanía el eje del conflicto sino la tenencia del espacio a partir de su condición de frontera interior.
Esta gran pobreza enervaría o haría imposible toda acción administrativa.
3o El peligro que bajo el punto de vista de la asimilación de la raza peruana podría traer la adaptación de un régimen administrativo severo y nuevo que viniera a trastornar sus prácticas.
59 Para Bulnes, estas dificultades estructurales ameritaban una administración fiscal orientada estratégicamente hacia las zonas bajas, por tanto propuso una división en dos departamentos: el de Iquique y el de Pisagua, ordenamiento que lo justificó arguyendo razones tales como: hoy la región salitrera ha relegado a una escala subalterna la importancia del interior, y de aquí proviene que sus intereses administrativos deben estar subordinados a los de la costa. [...] [...] en pocos años más será preciso crear el departamento de Patillos, 60 y entonces cada una de las divisiones administrativas tendrá entre sus dependencias una o dos de las quebradas más importantes del interior.
Y si la raza peruana que está obligada por sus negocios a vivir en contacto con la región de la costa, se incorporaría mejor en las prácticas de nuestro sistema de gobierno y de nuestro adelanto social.
61 Si duda que este tipo de planteamiento modernizador apuntó a establecer una vinculación subordinada en lo político-administrativo de la población peruana, boliviana e indígena rural de la región, un aspecto que fue concordante con la misión civilizadora que se había impuesto Chile para con estos territorios anexados.
Por lo mismo, el imaginario territorial tarapaqueño construido por los agentes estatales chilenos terminó, por un lado, delimitando a razón de los intereses económicos la diferencia binaria entre civilización y barbarie como, por otro, configurando el entretejido del proyecto de dominación/subordinación contenido en la médula de la chilenización.
De este modo, el espacio andino y quienes residían en él pasaron a ser el otro de la civilización.
Congruentemente, el espacio estatal construido -que en definitiva era lo chileno por sobre lo peruano y lo boliviano-pasó a ser una utopía cimentada a partir de clasificaciones objetivadas (linderos, toponimia, registro legal de propiedades, etc.) que terminaron, por una parte, plasmando una gama restringida de posibilidades de representación como, por otra, avalando categorías más bien ambiguas y contradictorias.
60 Asentamiento costero al sur de Iquique que tuvo una relativa connotación entre las décadas de 1880 y 1920 como yacimiento guanero, destacándose adicionalmente como un puerto natural de excepción.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.10 y características asumidos y socializados por los agentes de la administración estatal chilena sobre el espacio tarapaqueño pasaron a ser parte de los parámetros del «deber ser» en tanto una pauta cultural impositiva y ordenadora que movilizó instrumentos, saberes y dispositivos estandarizados.
Sin embargo, en la práctica esta utopía tuvo que lidiar con las heterotopías de los sujetos, los que en su cotidianidad (a partir de intereses colectivos e individuales) minaron e inquietaron la quimera chilenizadora de la homogeneidad.
63 En efecto, las prácticas de los sujetos al amparo de su pluralidad -indios y mestizos, peruanos y bolivianos, nacionales y extranjeros, etc.-64 reprodujeron distintos niveles de resistencia y negociación que terminaron por minar la sintaxis chilenizadora, 65 es decir, todo aquello que posibilitaba construir los discursos y las narrativas a partir de mantener juntas las palabras y las cosas.
66 De este modo, el propósito de nacionalizar la frontera (el territorio incorporado a la soberanía disputada) chocó frecuentemente con pertenencias endebles, difusas, condicionadas, intencionadas, dislocadas y ambiguas de sus residentes, operando por el contrario dinámicas flexibles que posibilitaron, muchas veces con dificultades y otras tantas con cierta facilidad, la coexistencia de los modos de vida, de producción y de interacción con la institucionalidad de la autoridad chilenizadora.
67 Así, Chile incorpora la provincia de Tarapacá a razón principal de sus intereses económicos (el salitre) condicionando funcional y asimétricamente los componentes culturales, un acto equivalente y semejante con lo ocurrido en otros espacios fronterizos sujetos a dominación -tal como lo grafican Graciela Sarti y 62 Esta idea del territorio conformado a partir de parámetros objetivos a efecto de posibilitar e imponer las prácticas sociales congruentes con el proyecto político del constructor estatal ha sido tomada de Muñoz Arbelaez, 2007.
64 Esta pluralidad fue en muchas ocasiones además superpuesta y móvil.
Por ejemplo, un residente campesino de los valles andinos podía ser indígena y a la vez peruano y boliviano, al mismo tiempo al portar (o adscribírsele) la nacionalidad peruana o boliviana pasaba a ser extranjero, o si predominaba la condición étnica podía ser considerado como nacional, bárbaro pero de este lado del territorio.
Aún más, no teniendo apellidos indígena explícitos y ocupando roles relevantes en su comunidad (como miembro de ella o como funcionario fiscal) podía ser tipificado como mestizo, condición más cercana a los parámetros civilizadores que la de indio.
Todo esto por separado o entremezclado al amparo de las perspectivas o los intereses tanto de la contraparte como de los propios sujetos tipificados.
67 Una descripción semejante para el espacio fronterizo chaqueño argentino, boliviano y paraguayo en Figallo, 2003.
Mariano Rodríguez para el caso argentino-68 en directa correspondencia a la conformación y expansión de los estados nacionales, dinámica que traerá consigo una confrontación con la otredad (los bárbaros) a partir de la disputa de los recursos productivos contenidos en los lugares conquistados.
69 El arraigo de los propósitos civilizadores y su vinculación con el proceso de construcción nacional, de este modo, se situó en el territorio tarapaqueño como el elemento integrador-subordinador de la heterogeneidad social y cultural de sus residentes al radicar en él (en tanto un lugar chileno) la unidad y pertenencia a razón de un soporte jurídico-administrativo.
70 Según Carmen Mc Evoy, los agentes estatales chilenos lograron organizar una estructura burocrática exitosa en los territorios ocupados y anexados a partir de la guerra del Pacífico, lo que fue un aporte a la construcción estatal de Chile al amparo de una modalidad atípica al desarrollarse este proceso más allá de sus fronteras, delatando un rol transnacional en su dinámica expansiva.
71 La virtud, según esta autora, es que el estado chileno supo desdoblarse perfeccionando sus saberes administrativos al amparo de un poder transnacional que lo terminó fortaleciendo.
La representación del indígena y el mestizo andino: una tipología de la barbarie
Así como en otros lugares de América Latina la imagen del otro durante el siglo XIX supuso una actitud sobre una realidad natural extraña que debía ser integrada a un discurso histórico y antropológico formulado con anterioridad, 73 en Tarapacá ocurrió lo mismo pero con un ingrediente adicional: el no ser una frontera interna como en los casos del desierto patagónico argentino y el oriente ecuatoriano, 74 sino una frontera externa 68 Sarti y Rodríguez, 1992, 215.
71 Cabe recordar en este sentido que la provincia de Tarapacá pasó a ser parte de la soberanía chilena en octubre de 1883 al firmarse el tratado de paz con el Perú, y a su vez la zona de Arica se incorpora definitivamente al territorio nacional a partir de lo acordado en el famoso y controversial tratado de 1929 entre Chile y Perú para poner un término definitivo a las consecuencias de la guerra del Pacifico.
Esto significa que durante un tiempo no menor Chile actuó al amparo de acción administrativa como si tuviera plena potestad y soberanía en territorios anexados (Tarapacá) y cautivos (Arica-Tacna), es decir, técnicamente fuera de sus fronteras.
Por tanto, la construcción del imaginario nacional chileno no operó en un vacío, por el contrario debió sostenerse y lidiar al mismo tiempo con una comunidad imaginada, no obstante débil y fragmentada, anterior.
75 En efecto, no sólo eran indios y campesinos mestizos los portadores de la barbarie a chilenizar, sino a la vez peruanos o bolivianos, superponiendo identidades que, por más difusas que se desplegaran, estaban muy arraigadas en ciertas prácticas e intereses.
Del algún modo la tipificación exógena y prediseñada de la agencia estatal chilena, a razón de este escenario, se vio obligada a situarse entre una retórica dura (para tranquilidad de la utopía civilizadora y modernizadora) y una práctica administrativa conciliadora y blanda (para bien de los intereses fácticos en juego).
76 Lo anterior se tradujo en que, desde la década de 1880, en el espacio andino tarapaqueño no sólo se hizo evidente el despliegue de los dispositivos estatales tendientes al control administrativo, entre ellos los modos de identificación socioculturales, sino también las conductas adaptativas de la población local orientadas a resguardar sus intereses.
Para José Luis Martínez este rasgo fue una «manifestación más de una vieja tradición cultural» puesta en práctica para manejar de modo flexible diversas situaciones y actitudes «orientadas siempre, desde la óptica indígena, a optimizar su posición respecto al estado o la sociedad dominante».
77 Como nos lo indican José Valcuende y Laís Cardia las «poblaciones fronterizas aprenden a instrumentalizar la frontera en función de intereses concretos, a partir de los cuales se activa la idea de comunidad nacional o de comunidad interfronteriza».
78 Consecuentemente, las imágenes chilenizadoras del indio y de los campesinos mestizos andinos se desplegarán demarcando no sólo conductas sino también modalidades administrativas.
En consideración de lo anterior, la tipología chilenizadora de la alteridad conjugó la funcionalidad con el paradigma.
Por lo mismo, en Tarapacá durante el transcurso de las décadas de 1880 a 1920 no hubo una categorización fiscal específica y única sobre los aymaras y la población campesina andina, sino más de una connotación en la medida que el parámetro se acercaba a lo político (la ciudadanía) o se aproximaba a la moral (las prácticas y costumbres); por ejemplo, a los habitantes vallesteros (tie-74 La dimensión frontera interior en estos casos verlas en Quijada, 2002 y Esvertit Cobes, 2001.
75 La comunidad imaginada la situamos tanto en la tesis de Anderson, 1993, como en los planteamientos de Chatterjee, 2007.
78 rras bajas) normalmente se les denominará como peruanos o campesinos, en cambio a los residentes altiplánicos (tierras altas) se les motejará como indígenas o indiada, 79 no siendo esta delimitación estricta ni rígida ya que bastaba con el desplazamiento (algo común e intenso entre las poblaciones andinas) para lograr de parte de la burocracia un cambio en el modo de identificación.
80 Tal recurso, finalmente, le permitió al aparato estatal chileno minimizar y relativizar el impacto y la reproducción de la comunidad imaginada anterior al dislocar a los sujetos entre identidades imposibilitadas de desplegarse a plenitud.
Con ello, queremos señalar que estas poblaciones en más de una ocasión, a pesar de tener cierta fidelidad hacia un sentimiento pro-peruano o pro-boliviano, sin tener cabal conciencia de la pertenencia a una nación, terminaron optando por sus identificaciones localistas (en referencia al poblado o localidad donde residían) ya que ellas les posibilitaban acceder y/o negociar a (con) los dispositivos chilenizadores y resguardar convenientemente sus intereses económicos, políticos e, inclusive, étnicos; 81 más aún cuando la plataforma de las representaciones posibilitaba flexibilidad y movilidad no siempre controlable por la burocracia.
80 Esta movilidad de tierras bajas hacia tierras altas y viceversa por parte de las poblaciones andinas, data desde el período Formativo (2500 a.C.) con el propósito de acceder a distintos pisos ecológicos y con ello diversificar la obtención de recursos.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, especialmente bajo administración chilena, esta movilidad se restringió entre el altiplano y los valles a raíz de la ocupación de la pampa y la costa por poblaciones allegadas desde otros lugares, algunos muy lejanos, para aventurarse en la industria minera del salitre.
Al amparo de esta dinámica, no fue raro que residentes de los pueblos cabeceras de los valles (como Tarapacá, Camiña o Mamiña) tuvieran propiedades en el altiplano, o bien que ganaderos altiplánicos vivieran algunos meses del año en los valles en habitaciones propias o arrendadas.
De este modo, complementaban la actividad agrícola con la ganadera, o bien se desplazaban estacionalmente para realizar actividades comerciales acreditando residencia en los valles como el altiplano, además de otros mecanismos que tuvieron que ver con dinámicas étnicas en torno a la concepción dual del espacio.
De ahí que fue recurrente que muchos de estos residentes rurales serán doblemente tipificados por los funcionarios fiscales chilenos (como peruanos cuando residían en las localidades vallesteras o como indios cuando habitaban en los poblados altiplánicos), aún más cuando muchos de ellos no entendían las modalidades andinas de movilidad y ocupación del espacio.
82 La demostración más clara de esta situación es la ocupación de roles administrativos en el aparato estatal chileno (inspectores y jueces de distritos principalmente) por parte de residentes vallesteros y altiplánicos, generando un quiebre estructural en la tipología civilizadora.
También en el caso de aquellos individuos que tenían pastales y animales en las tierras altas y chacras en las tierras intermedias y bajas, lo que los hacía aparecer indistintamente como indios o como campesinos o ciudadanos peruanos o bolivianos en las referencias administrativas, distinciones que por lo general ellos mismos tensionaban para mantener e incluso acrecentar sus granjerías económicas.
andinos -especialmente del altiplano en consideración de sus diferencias con los campesinos del lado boliviano-a lo chileno sin mayor carga impositiva fáctica, aunque sí simbólica.
83 El uso de categorías como peruanos, bolivianos, indios, indiada, indígenas, naturales, lugareños, agricultores y campesinos, de esta manera no sólo fue recurrente, superpuesta y dinámica, sino también jerárquica, ordenadora y referencial.
Después de todo, la supremacía civilizadora la portaba el conquistador/dominador por más que el sujeto subalterno la permeara recurrentemente -y los agentes fiscales de menor rango tambiéna la hora de visibilizar la posibilidad de un beneficio pecuniario.
Por ello, a la par de las denominaciones, operó una visión más o menos genérica de estar frente a poblaciones atrasadas, pobres y poco civilizadas, un aspecto que con una descarada franqueza resaltará a inicios de 1881 el periódico El Veintiuno de Mayo al justificar y validar el asentamiento administrativo de Chile en tierras tarapaqueñas al hecho de estar ante una «diferencia de razas» al ser la peruana e indígena «heterogénea, ignorante, perezosa y cobarde» y la chilena «homogénea, inteligente, trabajadora y valerosa» 84 como, por otra, el subdelegado de Pica Valdés Carrera cuando, en su memoria anual dirigida al jefe político de Tarapacá a fines del año 1883, comente que para poder civilizar y chilenizar a los «semisalvajes» habitantes andinos había que darles una «organización política distinta» por ser «tan indígenas» y encontrarse en estado «primitivo con todos los vicios imaginables» ya que son «sucios, flojos e indolentes y nada hacen por mejorar su condición si la autoridad misma no los impele a la fuerza».
85 Percepción que a mediados de 1884 también delatará el intendente Gonzalo Bulnes al afirmar, en un informe remitido al ministro del interior, que en los valles y en el altiplano «vive amontonada una población indígena importante como número, si bien desprovista de actividad y de energía moral».
86 Las percepciones del editor de El Veintiuno de Mayo, un periódico pro chilenizador, de Valdés Carrera y de Bulnes no hicieron más que evidenciar la condición de agentes tributarios de las construcciones culturales elaboradas por quienes habían explorado estos territorios antes de la guerra del Pacífico con fines estratégicos adscritos a los intereses chilenos sobre la 83 Castro, 2012, 237-334.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.10 riqueza salitrera, 87 entre ellos Alejandro Bertrand quién no dudará en afirmar que la «población civilizada» de Tarapacá era «poco numerosa [y] en general [tenía] poco espíritu de asociación y progreso», siendo: casi toda indígena y de carácter bajo y humilde hasta la degradación [al vivir] en la más completa ociosidad, entregados a la bebida y a la concupiscencia, lo que los hace de un tipo bastante repugnante.
88 Tales epítetos sustentarán en Bertrand un parámetro sociocultural que le permitirá asociar lo indígena con la condición de bestialidad:
Las indias de esta localidad, como las de Bolivia, llevan siempre sus hijos cargados a la espalda y gran cantidad de coca dentro de la boca; el continuo movimiento de las mandíbulas les ensancha los músculos de las mejillas y les gasta las muelas como a los rumiantes.
89 A partir del condicionamiento ideológico articulado y reproducido en los comentarios categoriales de los exploradores fiscales chilenos en comisión de servicio, el uso de este tipo de adjetivos no fue privilegio de los primeros funcionarios chilenos de Tarapacá, sino también de una sesgada percepción que se reiterará en los numerosos burócratas a cargo de las reparticiones rurales entre las décadas de 1880 a 1930.
90 A inicios del mes de junio de 1884, por ejemplo, el jefe político en su memoria administrativa correspondiente al año 1883 señalaba al ministro del interior que la presencia de agentes fiscales y curas chilenos en la zona andina estaba destinado a «vencer las resistencias de la raza» y «realizar una completa transformación en los hábitos y sentimientos del pueblo indígena».
91 En 1888, por su parte, el juez de la subdelegación de Tarapacá caracterizará a 87 Por ejemplo Vidal Gormaz 1879, 3, declarará que el propósito central de su trabajo era el de ser una «guía segura y fácil de consultar para el ejército de ocupación del Desierto, desde el oficial de Estado-Mayor, hasta el cabo y el soldado extraviado en aquellas vastas soledades».
90 Tal fenómeno de diseminación es posible encontrarlo igualmente en otras regiones de Sudamérica, particularmente en Argentina donde primarán categorías para describir y caracterizar a los indígenas tales como: atónitos, pasivos, exóticos, deshumanizados, ociosos, abominables, holgazanes, lascivos, feos, ebrios, inútiles, impíos, incapaces, etc.; es decir, la reproducción de un conjunto amplio de baterías socioculturales.
El Jefe Político de Tarapacá hasta inicios de junio de 1884 fue Francisco Valdés Vergara, el último en cumplir este cargo ya que a mediados de este mes, preparando lo que sería la creación de la provincia de Tarapacá en octubre de ese mismo año, se creará el puesto de intendente que lo ocupará Gonzalo Bulnes.
LUIS CASTRO CASTRO los residentes del pueblo altiplánico de Cultani, que según sus antecedentes estaban armados para resistir un procedimiento a su cargo, como «indios semisalvajes».
92 Del mismo modo en 1908 Francisco Javier Ovalle, a través de su estudio sobre Iquique, dirá que las bolivianas que recorrían las calles de este puerto, donde lo boliviano será equivalente a lo indígena, «exhiben un rostro pálido, mofletudo y melancólico» y en sus espaldas «duerme una criatura, fruto de su vientre y de sus desabridos amores».
93 En 1912, en tanto, el gobernador del departamento de Pisagua, Luis Lazo, le dirá al intendente de Tarapacá, a propósito de las instrucciones dadas al subdelegado de Camiña por orden del ministerio de hacienda relativas a una alza en los cánones de arriendo que se debían cobrar y el reclamo de los residentes de esta jurisdicción por esta medida, que la molestia presentada por los agricultores no tenía otro origen que su condición casi en su totalidad de «indígenas peruanos» y de «timoratos o ignorantes».
94 En 1919, por su parte, el juez de la subdelegación de Tarapacá, en el marco de una evaluación de su gestión enviada al intendente para su conocimiento, llamará la atención de que casi la totalidad de los habitantes de su jurisdicción eran de mismo no debía escapar a la consideración de las máximas autoridades provinciales de la «ruda labor» que él debía llevar a cabo para implantar las «leyes i costumbres del país».
95 Las referencias genéricas, jerárquicas y degradadoras sobre la población andina, sin embargo, no serán exclusivas, deberán convivir con denominaciones más funcionales que tendrán por propósito sustantivar todo aquello situado al otro extremo de lo chileno para, de esta manera, posibilitar el asentamiento de una dominación más allá de los sujetos.
Para Pedro Navarro Floria tal intencionalidad, considerando su estudio sobre el sur argentino, emergió a partir de que los indios para los aparatos estatales en expansión dejaron rápidamente de ser fenómenos de observación y pasaron a constituirse en objetos políticos.
96 En el caso de Tarapacá este aspecto no fue menor si consideramos que, no obstante en el tratado de 1883 el Perú cede a perpetuidad la soberanía de esta provincia a Chile, los residentes de la zona andina en estricto mantuvieron por largo rato la potestad de optar por las reivindicaciones nacionales peruanas en tanto potenciales electores 92 ANC, AIT, 172, Tarapacá, 24 de diciembre de 1888.
IMAGINARIOS Y CHILENIZACIÓN: LOS AGENTES FISCALES CHILENOS del plebiscito que debía zanjar la cuestión Arica-Tacna.
Es decir, cabía la posibilidad de que todos ellos fijaran residencia en Arica o Tacna y votaran a favor del Perú inclinando la balanza en dirección opuesta a los intereses chilenos.
Desde esta mirada, la acción denominativa aparte de reflejar cierto desconocimiento, prejuicio y desconcierto de/sobre la realidad sociocultural tarapaqueña por parte de los agentes fiscales chilenos, tuvo por intención contener funcionalmente la alteridad andina en los marcos del quehacer administrativo estatal mediante espacios de negociación, participación y acceso a las utilidades, una composición nada de extraña, ni menos contradictoria, si se toma en cuenta que la tipología de la barbarie no sólo se nutrió de la variante antropológica (las comunidades más alejadas del paradigma evolucionista de civilización/barbarie), sino también de la sociológica y la política al poner atención en los grupos refractarios al nuevo orden en construcción y en los sistemas de vida que estaban afuera de lo deseado.
97 Consecuentemente, más allá de la carga peyorativa de las denominaciones socioculturales sobre la población andina de Tarapacá, existieron matices que reflejaron posturas más coincidentes con los requerimientos prácticos y funcionales en orden a conjugar, por una parte, las valoraciones sobre y hacia los indígenas -como de los no chilenos también-y, por otra, el modelo de sociedad que se deseaba construir en este territorio incorporado.
La postura proteccionista del propio intendente Gonzalo Bulnes en 1884 y del director general de obras públicas en 1918 respecto a los recursos productivos, 98 como el agua de la pre-cordillera y el altiplano, apetecidos para viabilizar proyectos modernizadores a gran escala, 99 será un claro reflejo de las traducciones contextualizadas al amparo de la experiencia y los intereses adquiridos por parte de los burócratas chilenos asentados en Tarapacá.
Por lo demás, en estos comportamientos no hubo discordancia, sino que un estricto apego a un criterio político muy refinado que buscó afianzar dos objetivos: no incurrir en conflictos innecesarios con una población no chilenizada a plenitud, como la andina indígena y mestiza, y dejar establecido que se estaba ante una administración sometida al imperio de la ley y no a determinaciones irracionales.
La construcción de un territorio nacional y una nación durante las primeras décadas de administración chilena de Tarapacá, no sólo tuvo que ver con la representación de la utopía modernizadora y civilizadora, sino igualmente con los múltiples dispositivos supeditados a lo económico producto de la importancia de la renta salitrera.
Tal articulación, por su condición obligatoria, posibilitó cierta movilidad de los imaginarios sobre la población y el espacio andino toda vez que en estricto, y sobre la formalidad del discurso, lo que realmente le interesaba al aparato estatal chileno era el nitrato y lo que posibilitaba su explotación.
La invención de lo chileno, entonces, no se condensó a cabalidad en el área rural pre-cordillerana y altiplánica.
La evidencia de tal escenario estará en la convivencia, no siempre fácil, de las tipologías peyorativas con las conceptualizaciones paternalistas de la otredad, una interacción forzada tanto por los propios funcionarios fiscales chilenos como por los sujetos andinos a razón de conveniencias funcionales.
En efecto, el mismo indígena flojo, sucio, indolente y carente de energía moral, podía pasar a ser un mestizo con ciertas virtudes (bajo la lógica de la integración-subordinación como soportadora de la asimetría estructural) en la medida que bajaba desde el territorio agreste e inhospitalario a la pampa a satisfacer los requerimientos de insumos o de mano de obra de las faenas salitreras.
De este modo pasaba a ser en la retórica de la representación estatal menos indio, menos sucio, menos flojo, menos indolente, en resumen, menos refractario al ideal chileno del deber ser, condición que duraba hasta que subía nuevamente a las serranías andinas.
De ahí que si bien la clasificación del espacio y los sujetos andinos reforzará la visión de los agentes fiscales chilenos demarcado por las oposiciones civilización/barbarie y modernos/atrasados, lo complejo de la heterogénea y dinámica trama sociocultural andina hará de ellos más bien binarismos diluidos.
En estos términos y no obstante que la utopía chilenizadora en lo formal logrará imponer un orden y una jerarquía que condenará al espacio y la población andina a una supeditación estructural, tal construcción será regularmente permeada por las heterotopías contenidas tanto en las traducciones de los funcionarios fiscales chilenos de menor rango asentados en la ruralidad andina como la de los indígenas y mestizos a razón de la imposibilidad, a propósito de la representación de la comunidad imaginada, de IMAGINARIOS Y CHILENIZACIÓN: LOS AGENTES FISCALES CHILENOS operar en un espacio vacío.
En efecto, lo nacional chileno en el mundo andino tarapaqueño tuvo que lidiar con contenidos pre-existentes obligando a los imaginarios chilenizadores a dialogar con la heterogeneidad. |
Al comenzar la década de 1990 la disolución de la URSS finiquitó la relación que tenía con Cuba desde el inicio de su revolución.
De ella recibía ayudas y petróleo barato y a ella y al CAME enviaba azúcar a precios subsidiados.
El establecimiento de esa relación provocó el abandono del plan de diversificación diseñado originalmente por el gobierno castrista y compensó el embargo de EEUU, pero también reforzó la especialización económica, progresiva desde finales del siglo XVIII.
En 1990 acabaron abruptamente para Cuba dos siglos de especialización económica sin alternativas.
Durante su historia los problemas que ésta causó se afrontaron con políticas orientadas a asegurar el mercado.
Tras la independencia de España (1898) un tratado con EEUU permitió expandir la oferta de azúcar; después de la crisis de 1930 se evitaron los cambios estructurales que experimentaron otras economías latinoamericanas renovando ese tratado, y al inicio de la revolución se logró que la URSS y el CAME comprasen el dulce que dejó de adquirir EEUU.
1 En 1990, sin embargo, no fue posible hallar clientes alternativos a Europa del este, lo que junto al fin de la relación que tenía con ella, provocó una dramática crisis.
Después aparecía un nuevo socio, Venezuela, que proporcionó petróleo barato y las ayudas que otrora llegaban del bloque socialista, pero la recuperación ha sido débil y las perspectivas son inciertas.
La situación descrita, ya que la relación con Venezuela ha compensado en otros aspectos la que tenía con la URSS, pero no ofrece mercado para el azúcar, evidencia que el problema de la economía cubana ha sido el fin de su especialización y la incapacidad para construir una alternativa.
Los estudios del tema, centrados en las políticas, apenas lo han abordado desde esa óptica, lo que se propone hacer en este artículo.
La crisis de la revolución como cuestión de confianza
Los pilotos dicen que un «aterrizaje del que se puede salir caminando es un buen aterrizaje, sólo que siempre he pensado que las compañías de aviación no piensan igual.
En nuestro caso el piloto puede estar satisfecho, pero nosotros somos la compañía».
Así describe Yoss la situación causada por el fin de la URSS y el modo de afrontarla:
La principal consecuencia ha sido una falta de confianza. [...Las medidas] no corresponden a un plan preconcebido, sino reactivo.
Uno activo hubiera previsto que [...la URSS] tenía los pies de barro [...].
Durante 20 años la política ha sido [...] incoherente.
En 1993 se abrió la iniciativa privada [...] porque no quedó más remedio, pero luego se trató de cerrarla [...] y hoy se vuelve a abrir.
La gente dejó de creer en que el gobierno era capaz de satisfacer las necesidades y éste reconoció su incapacidad [...]
El cubano está resolviendo como puede, sin un plan, igual que el gobierno, y esto no es más que el reflejo de la política.
2 Entre lo mucho que se ha dicho de Cuba postsoviética hay pocas descripciones tan atinadas.
«¿Qué significa período especial en tiempo de paz?», decía Fidel Castro cuando adivinaba ese final: «que debiéramos afrontar una situación de abastecimiento» equivalente a «lo que llamamos período especial en tiempo de guerra.
No sería tan grave [...] porque habría ciertas posibilidades de exportaciones e importaciones, [...pero] debemos prever cuál es la peor situación [...y] bajo esas premisas se está trabajando».
3 Desde entonces han pasado 22 años y en revista oficialmente autorizada, Temas, 4 un poeta del pueblo dice del trabajo realizado: «no estamos satisfechos», no ha habido un «plan» capaz de «prever» lo que pasaría, y tras dos décadas de «política reactiva», «aperturas porque no quedó más remedio» y «cierres», «la gente dejó de creer».
El período especial empezaba oficialmente en verano de 1991, poco después de anunciarlo Castro y poco antes de la disolución de la URSS, que ocurría en diciembre.
Los problemas económicos eran ya graves y las expectativas nada alentadoras.
De cómo cuando la revolución triunfó también se había dejado de creer
El período especial fue el fin de la también especial relación de Cuba con la URSS y, lo más grave, de dos siglos de especialización económica en producir azúcar, debido a la imposibilidad de reemplazar al extinto mercado socialista.
5 Por eso, frente a los estudios que, en general, abordan el tema con enfoque de política, en las siguientes páginas se propone hacerlo en perspectiva histórica, atendiendo a continuidades y cambios, a la relación que quienes asumieron el poder en 1959 ha tenido con la especialización heredada, y a las oportunidades que tuvieron de modificarla o perpetuarla.
En 1959 Cuba era una de las economías latinoamericanas con mayor PIB per capita (gráfico 1) y la más equitativa.
6 Sin embargo, entre esas grandes economías, también era la única que no había experimentado cambios estructurales tras la crisis de 1930.
Como resultado su crecimiento era muy dependiente de la producción azucarera y su exportación a EEUU, que adquiría el 80 %.
7 Igual que otras grandes economías latinoamericanas, Cuba tuvo que afrontar una creciente complejización social y conflictos resultados del efecto de las sucesivas crisis.
Clases medias, campesinos y obreros, excluidos del poder por una elite agro-comercial, financiera y de líderes mambises, se organizaban, y tras la recesión de 1930, una revolución derrocaba al dictador Gerardo Machado en 1933.
La economía se ajustó a las condiciones postdepresión y preservó su especialización gracias a acuerdos con EEUU y en el mercado azucarero mundial, que garantizaron cuotas de exportación suficientes para mantener un crecimiento similar al de los principales países latinoamericanos y financiar políticas distributivas que permitiesen restaurar el orden socio-político.
Sin embargo esto se acompañó inicialmente de cierta diversificación, pero la industria azucarera mantuvo su ventaja comparativa, y la posibilidad de aumentar su producción tras el 5 La especialización tuvo su origen en las reformas del imperio español desde la década de 1760, que impusieron un proyecto económico-colonial basado en la producción de azúcar con esclavos, sobre todo tras la revolución de Haití (1791), el mayor exportador mundial entonces.
Pero fue después de abolirse la trata y la esclavitud en Gran Bretaña (1808-1838) y del comienzo de la construcción ferroviaria en Cuba (1837) cuando progresivamente la industria del dulce acaparó los recursos potencialmente destinables a otras actividades y se conformó una estructura de oferta articulada en torno a ella.
La especialización, además, fue creciente, se reforzó con las trasformaciones que experimentaron los ingenios para afrontar la abolición (1868-1886) y adoptar las innovaciones de la Segunda Revolución Industrial, tras la independencia de España (1898), por el fortalecimiento de la relación económica de la isla con EEUU, y debido a las posibilidades para expandir las exportaciones azucareras que supuso la Primera Guerra Mundial, y se consolidó con los acuerdos comerciales con que se afrontó la crisis de 1930.
6 El porcentaje de los salarios en el PIB o la cobertura de sus pensiones (63 %) eran los más altos, su GINI (0,55), nivel educativo y sanitario de los mejores.
8 El principal problema económico de Cuba después de 1930 derivó de cómo se realizó el ajuste frente a la crisis.
La posibilidad de aumentar la producción azucarera en los años siguientes perjudicó al resto de la oferta, causando problemas de crecimiento y financiación de las políticas sociales y una fuerte dependencia de la importación de bienes básicos.
No se logró articular un proyecto económico sostenible ni mecanismos que compensasen las oscilaciones cíclicas de las exportaciones de dulce, y se recurrió a la deuda externa como alivio.
Así ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial o la de Corea, y las crisis ulteriores provocaron un recrudecimiento de los conflictos.
9 A mediados de los años cincuenta el fin de una de esas fases alcistas azucareras provocó una crisis que afectó gravemente al nivel de vida.
Se reforzaron los incentivos para otras producciones, pero no se logró un crecimiento que compensase a corto plazo las dificultades.
Frente al aumento de la conflictividad un golpe de Estado de Fulgencio Batista suspendió las garantías constitucionales y mecanismos institucionales de expresión de la oposición y el descontento.
Además la clase política se caracterizó por una galopante corrupción vinculada con las concesiones a empresas controladas por ella y por capital estadounidense, que también fueron objeto de movilizaciones sociales.
10 En síntesis, parece que una explicación plausible del triunfo de la revolución es que se había dejado de creer en la capacidad de la clase política para resolver los problemas.
La desconfianza alcanzó al propio Batista, que abandonó Cuba en enero de 1959, acuciado por un movimiento revolucionario y sin apoyos internos.
La mejora en las viviendas fue evidente pero diferencial.
En las ciudades el 87 % tenían luz, el 53 agua y el 34 eran insalubres, frente al 9, 2 y 75 % en el campo, donde además sólo un 5 % de las personas ingerían carne o pescado regularmente y un 11 % leche, y el 80 % eran dueñas o inquilinas de tierra, pero si eran de color únicamente el 50 %.
El PIB de Cuba había crecido como el de Argentina, Chile o Uruguay, pero en la década de 1950 sufrió una caída sin parangón.
Y el principal problema fue la incapacidad de la oferta interna para compensar las oscilaciones de las exportaciones, pues si las actividades menos vinculadas con ellas hubiesen mantenido su crecimiento en el nivel máximo alcanzado tras la crisis de 1930, el PIB habría sido un 16 y un 25 % mayor en 1950 y 1960.
Y en eso llegó Fidel o la isla que se repite
Y en eso llegó Fidel -canta Carlos Puebla-, llegó el comandante y mandó a parar.
Castro, que había liderado la revolución en la sierra, ocupó el poder al huir Batista.
La planificación centralizada con criterios políticos, de servicio social igualitario, empezó a regir enseguida la economía, pero sin modificar su estructura y problemas radicales.
Y así sigue hoy, aunque tras el fin de la URSS ha dejado de ser azucarera e iniciado una crisis no resuelta por erráticas reformas.
Aparte de la insuficiencia estadística, el proceso está envuelto en debates ideológicos y no ha acabado.
Antes de la revolución la economía dependía en exceso del sector externo, el azúcar y su venta a EEUU, y adolecía de problemas de financiación por no haber equilibrado su estructura productiva para compensar las crisis cíclicas del comercio exterior.
Era difícil transferir los costes de esas crisis al trabajo y preciso atender progresivas demandas distributivas e importar bienes básicos, lo que afectaba a la productividad y crecimiento y se resolvía con desajustes fiscales y deuda, con impacto negativo en la inflación y el crédito, imprescindible para acometer las necesarias reformas, y terminó agravando los problemas y generando conflictos y desconfianza que impidieron sobrevivir al sistema socio-político.
Después de 1959 la economía mantuvo su dependencia comercial, del azúcar y un único cliente.
Además la URSS aportó capital para costear el énfasis igualitarista, el efecto negativo de la especialización en la oferta interna y la merma de productividad que supuso abolir los incentivos laborales.
La represión de la oposición se combinó con emigración y exilio, sobre todo a EEUU, y se puede hablar de una sociedad y economía cubana allí y otra en Cuba, con la que intercambia recursos humanos por remesas.
Esos rasgos han sobrevivido a la URSS y también la necesidad de un socio que provea ayudas y petróleo barato, aunque ahora a cambio de servicios, no de azúcar, por lo que la sociedad está más sujeta a la voluntad del amigo, la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que determina qué importar, a qué precio y cuánto petróleo envía a la isla.
Desde 1990 a los problemas económicos se ha unido el deterioro de los logros sociales.
La larga fase de bonanza mundial alcanzó también a Cuba, pero no resolvió esos problemas, y al acabar el propio Castro dudó de la supervivencia de su sistema: «el modelo cubano ya no nos sirve ni a nosotros».11 Glosando a Benítez Rojo, es la isla que se repite, o la revolución que la repite, aunque está por ver si es la hora final, como lo fueron 1898 o 1959.
12 Mesa-Lago analiza desde hace años la economía cubana sin más peaje que la evidencia, lo que otorga a sus estudios una aceptación inmensurable en tema tan polémico.
Sostiene que se ha caracterizado por alternar ortodoxia y pragmatismo en respuesta a las situaciones que ha debido afrontar.
13 La historia, empero, denuncia que la prioridad ha sido la ortodoxia y su dejación una estrategia de retorno.
La revolución no fue socialista al principio, a su política colectivizadora replicó EEUU con un embargo que completó al declararse aquélla marxista-leninista en 1962 para acercarse a la URSS, acción-reacción según la lógica de la Guerra Fría.
14 Desde entonces a la erosión del mercado como articulador económico-social, a las políticas igualitaristas, reforma agraria e industrialización, imbuidas de discurso antiazúcar, considerada causa de todos los males, se unió la implantación del modelo soviético de planificación centralizada.
Grandes zafras y el uso de recursos infrautilizados evitaron una crisis temprana, pero la diversificación apenas dio fruto a corto plazo y ésta se presentó en 1962, coincidiendo con un alejamiento de la URSS por haber excluido a Cuba de la negociación con EEUU en la crisis de los misiles.
Siguió entonces un debate entre socialismo de mercado y modelo chino (condiciones subjetivas capaces de cambiar las objetivas), defendidos por Carlos R. Rodríguez y Ernesto Guevara.
15 Castro dividió la economía entre ambos y la situación empeoró, ante lo cual optó por el segundo, aunque cambiando el discurso antiazúcar por azúcar para diversificar, ayudado por el establecimiento en 1963 de precios subsidiados en la URSS.
Pragmatismo, pues, en el ciclo más idealista de la revolución, que terminaría imponiéndose con el plan de realizar una zafra de 10.000.000 de toneladas en 1970, e inauguraba su fase más exitosa.
Aumentó la oferta de dulce, se modernizaron el cultivo cañero y los centrales y sus exportaciones se concentraron en el CAME.
Aumentó la producción de otros bienes y el consumo.
Se experimentó, en fin, un fuerte crecimiento fruto del incremento de la inversión y productividad de capital y trabajo, aunque partían de niveles muy bajos, y de la reducción del exceso de moneda, pero a costa de acumular deuda y déficits fiscales y en las balanzas comercial y de pagos, financiados con ayudas y petróleo barato soviéticos.
En 1985 los problemas económicos provocaban reformas en la URSS que acabarían con su extinción, ante las cuales, como en otras ocasiones, la respuesta del castrismo fue volver a la ortodoxia con el llamado Proceso de Rectificación, que se prolongó hasta 1990 y empeoró la situación.
ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA El cuadro 1 muestra que la evolución de la economía revolucionaria estuvo influida por los ciclos de política, pero siguió ligada al azúcar.
Ante su primera crisis reforzó su especialización, lo que permitió recobrar en 1972 el PIB per capita de 1959, aunque el techo de oferta de dulce logrado entonces (8.500.000 toneladas), su pérdida de competitividad y la crisis del petróleo redujeron luego su crecimiento.
La ayuda de la URSS, el crudo barato que enviaba a Cuba y que si no consumía le pagaba en divisas, y el aumento de las exportaciones mineras, permitieron evitar la depresión que asolaba entonces América Latina (gráfico 2).17 A cambio se reforzaron los lazos con Moscú mediante el envío de tropas a Angola y Mozambique, uno de los escenarios de la Guerra Fría.
La oferta de azúcar -y la política económica castrista-siguió respondiendo a los precios.
Decreció mientras los internacionales estuvieron estancados en 3,2 centavos/libra y los soviéticos en 4,1; pero volvió a aumentar desde 1963, cuando la URSS los fijó en 6,1 permanentemente y Cuba recibió una media de 4 por sus exportaciones.
18 La ayuda socialista, pues, reforzó la especialización de la economía insular con lo que hoy se llama precio justo.
EEUU también había pagado un plus por el dulce, aunque sujeto a los cambios de mercado, de modo que entonces se lograba minimizar el efecto de éstos.
Sin embargo surgieron otros problemas.
Los centrales se modernizaron con tecnología soviética, pero la falta de competencia, el uso de trabajo voluntario, poco cualificado, y la dirección centralizada, mermaron la productividad.
Respecto a 1959 sólo cambio el destino (antes EEUU).
Salvo minerales y petróleo reexportado, los otros bienes redujeron su porcentaje hasta 1979, sumando como máximo un 6 %, aunque luego aumentaron a 12 %.
El desarrollo industrial y la renovación de los centrales y transportes explican que la maquinaria preservase su proporción en un 33 %.
El principal problema económico de Cuba, por tanto, siguió siendo la debilidad de su oferta.
El plan azúcar para diversificar así lo reconocía, y como en otros momentos de su historia tuvo poco éxito.
Creció, pues la renta también lo hizo, pero en general después de 1970, lo que indica que en la época de discurso antiazúcar su evolución fue peor.
Las políticas colectivizadoras, la falta de incentivos laborales y la ineficacia de la dirección centralizada mermaron la productividad, la cabaña vacuna se estancó, la porcina y avícola disminuyeron un 60 y 12 %, la oferta de tabaco y leche un 29 y 50 %, y sólo mejoró la de arroz, cítricos y huevos (13, 27 y 259 %).
La oferta agraria creció desde los años setenta gracias a un plan modernizador.
El número de tractores aumentó un 16 %, su potencia un 25, mejoró la eficiencia por la autorización de cultivos privados y mercados libres campesinos, pues apenas varió en las granjas estatales.
De ella procedía el 54 % de las calorías ingeridas por los cubanos.
A pesar de que la inversión se elevó un 45 % en 1975-1979, igual que el producto agrario neto, al eterno problema de Cuba (los centrales acaparaban el 50 % del capital y la tierra) se unía el de la revolución: la productividad descendía un 12 %.
21 La industria no azucarera elevó su aportación al PIB de 48 a 55 % en 1960-1989 gracias al aumento de la inversión económica neta de 11 a 17 %, pero los centrales acapararon también la mayoría y apenas varió la estructura productiva, centrada en alimentos, textiles, tabaco y energía.
Son especialmente conocidos los éxodos de Mariel (1980) o los balseros (1994-) y se estima que hoy viven en el exterior el 28 % de los cubanos (2.500.000), huida que ha servido de válvula de escape al descontento y la crisis, reduce la presión sobre la economía 20 La cuota de racionamiento de arroz per capita creció de 4 a 6 libras en 1969-1979 y se liberó la compra de carne, pescado o huevos.
23 y genera remesas, pero resta capital humano.
El 15 % de la población supera los 60 años y las pensiones son el 26 % de las rentas de trabajo.
24 La revolución logró pleno empleo virtual (desde 1980 el paro es de 4-8 %) pero a costa de la productividad.
Las mujeres están incorporadas al mercado laboral, son el 55 % de la población, al inicio de los años ochenta ya copaban el 55 % de los puestos y tantos cargos de responsabilidad como los hombres.
25 Hasta su crisis en los noventa el sector azucarero acaparó un 20 % del trabajo.
Sin embargo la ocupación agraria ha disminuido velozmente (35 % en 1960; 5 en 2008) por la urbanización (75 %, como en las grandes economías latinoamericanas), y la distribución espacial de los habitantes ha variado poco, pues se controla políticamente.
Salud y educación han sido las prioridades.
También se universalizaron las pensiones, sanidad y enseñanza.
Y tales avances han permitió reducir las diferencias sociales (entre negros y blancos, ciudades y campo) y evitar el trabajo y desnutrición infantil.
26 Se puede decir, pues, que la revolución mantuvo a Cuba entre los países más igualitarios de América, con más avances que en ellos o que antes de 1959, pero a costa de expulsar población y libertades.
Es cierto que en esos países el progreso democrático ha sido discontinuo, la situación actual no es ideal y muchas personas se han visto obligadas a dejarlos por causas económicas o políticas, pero ningún caso es hoy menos halagüeño que el insular.
27 Aunque conserva altos niveles de equidad y acceso a la educación y sanidad, se han deteriorado desde 1989 y han crecido las desigualdades.
El problema es que la ayuda soviética sostuvo un sistema productivo especializado, desequilibrado y generador de ingresos insuficientes para cos tear la política distributiva y que ésta ha afectado a la inversión, productividad y crecimiento más que antes de 1959.
La política no cabe en la azucarera.
Ya no nos quiere ni el pato Donald ni el osito Misha
Así trovaba Carlos Varela en los años noventa, cuando la economía, si no colapsó, fue por una combinación de causas y azares que han permitido sobrevivir sin resolver los problemas.
Sin el mercado, ayudas y petróleo soviéticos el PIB per capita cayó un 25 % en 1989-1993; se recuperó la ortodoxia con el Proceso de Rectificación, poco eficaz frente a la contracción productiva debida a la falta de demanda y renovación tecnológica; 28 aumentaron la oferta monetaria y el déficit, se derrumbaron las exportaciones e importaciones, y estas últimas volvieron a crecer luego sin que las primeras se reanimasen, generando 2.660.000 $/año de desbalance en 1995-1999.
Era el fin de dos siglos de especialización y de cómo se había construido y evolucionado.
La deuda insular era entonces la mayor per capita en América Latina.
29 Se iniciaban reformas que permitían circular dólares y algún trabajo y cultivo privados.
Los cuentapropistas pasaron de 0 a 100.000 hasta 1997, los agricultores particulares a 200.000 y para vender su oferta se autorizaron de nuevo mercados libres, se potenció la biomedicina, fruto de los avances científicos del país, el turismo e inversión extranjera y se suavizó la relación con los exilados, que dejaron de ser gusanos para ser comunidad.
Sin embargo no cesó el hábito del alternar ciclos ideológicos y pragmáticos y en 1997 se detuvieron las reformas y el progresivo crecimiento desde 1994.
30 Hay déficits estadísticos para medir el crecimiento económico de Cuba.
Desde 1962 se estimó el Producto Social Global (PSG), como en la URSS, que excluye los servicios y tiene problemas de doble contabilidad.
Los datos usados aquí intentan resolverlos mediante los cálculos de equivalencia entre PSG y PIB, computado a partir de 1986, pero sobrevalorado oficialmente, 31 y empleando una media de las cifras no oficiales (cuadro 1).
Iguales problemas presentan otros indicadores de desarrollo, como el índi-28 Entre 1989-1992 el producto agrario no cañero cayó un 65 %, disminuyó el rendimiento de todos los cultivos y el consumo per capita sufrió un fuerte deterioro.
LA REVOLUCIÓN CUBANA Y LA ECONOMÍA, 1959-2012 ce de PNUD, cuya información se ha modificado arbitrariamente, aunque Mesa-Lago propone correcciones que permiten ajustarlo.
32 Pese a la precaución que merecen los datos (el PIB per capita oficial superaba en 2000 y 2009 un 25 y 100 % la media de los cálculos alternativos, gráfico 2), es evidente que la economía cubana ha crecido desde 1999 gracias a la fase alcista internacional, la ayuda de Venezuela tras asumir Chávez el poder y las reformas, 33 aunque después de alcanzar cierto nivel éstas se paralizaron y en 2003, con la Batalla de las Ideas, y el crecimiento se redujo del 13 al 3 %.
Sin embargo los ciclones que asolaron la isla en 2005, cuyo efecto fue del 20 % del PIB, obligaron a regresar al pragmatismo.
El cuadro 1 mostraba el aumento de las exportaciones desde mediados de la década de 2000, y también de las importaciones, lo que ha mantenido en 2.500.000 $/año el déficit comercial.
Cuba ha buscado nuevos socios y hoy envía el 22 % de sus ventas a Países Bajos, otro 22 a Canadá, 19 a China y 6 a España.
De Venezuela recibe el 27 % de sus compras, de China 16%, de España 10, de Alemania y Canadá 6 y de Italia, Brasil y EEUU 4.
34 Tras su colapso la oferta de azúcar redujo su porcentaje en las exportaciones hasta el 5 % en 2008, y pese a su aumento en 433 %, minerales, pescado, fruta, fármacos y cemento, generan un 50 % menos de ingreso que el dulce antaño.
35 Las importaciones han variado menos.
Ha crecido el porcentaje de los alimentos (23 %) -pues Cuba compra en el exterior el 84 % de los que consume-y manufacturas, aunque durante el período especial cayó un 16 %.
Esto es lo que ha permitido la supervivencia económica de la revolución, junto a la ayuda del país andino que en esa fecha sumaba 9.405.000.000 $ -cifra superior a la que recibía de la URSS-(7 % por el bonus del crudo, 62 % como pago de 40.000 médicos, maestros y técnicos insulares y 32 % por inversiones en proyectos) gracias a los cual en 2007 la balanza de capital entre las dos naciones reportaba a Cuba 8.200.000 $.
36 La caída del PIB desde 1990 permite estimar que Cuba vivía un 12 % por encima de sus posibilidades gracias a la ayuda soviética.
La de Venezuela es mayor, pero el nuevo socio ya no es su mercado, le provee servicios sanitario-educativos en vez de los militares que prestó a la URSS y la asimétrica relación sigue estando justificada por la ideología y sujeta a la voluntad del amigo, que podría prescindir de esos servicios y dejar a Cuba sin alternativas para obtener el capital y petróleo que recibe a cambio.
La actual crisis mundial, la caída del precio del crudo, el enorme déficit fiscal de Venezuela y los conflictos que sufre tras la muerte de Chávez no son buenas expectativas.
La inflación ronda el 4 %, el déficit fiscal 24 %, el cambio es de 24 pesos/$, pero desde 1994 hay dos monedas (bienes importados y considerados prescindibles se pagan en CUC, equivalente al dólar, y se gravan hasta un 300 % ad valorem) lo que perjudica la productividad y las exportaciones.
Los términos de intercambio han empeorado 39 y se mantuvo el pleno empleo a costa de ineficiencia y sobreocupación.
LA REVOLUCIÓN CUBANA Y LA ECONOMÍA, 1959-2012 crédito de organismos internacionales obligan a depender de préstamos a corto plazo al 22 % de interés.
41 El embargo se publicita como causa de todos los males.
Aún así es el 30 % del PIB y ofrece una idea de los costes económicos del castrismo.
Las remesas exteriores, unos 900.000 $/año, están sobrevaloradas ideológicamente, pues representan sólo un 1,4 % del PIB, 90 $ per capita, frente a los 208 que los emigrantes mexicanos envían a su país, aunque son fuente insustituible de divisas y proporcionan acceso a ellas al 60 % de los cubanos.
El embargo se reforzó en los peores tiempos para la economía de Cuba, con las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), que prohibía a los estadounidenses realizar negocios con ella y restringía las ayudas públicas y privadas, ampliada en 1999 para impedir a filiales de firmas norteamericanas comerciar por más de 700.000.000 $/año con la isla.
No obstante desde 2000 se han relajado con permisos al envío de comida y medicinas, sobre todo en época de huracanes, y la reciente liberalización por Barak Obama de los viajes y giro de dinero al país caribeño de los oriundos cubanos en EEUU.
43 La ONU ha votado 22 veces contra el embargo, sus opositores señalan que perjudica a la población menos favorecida, que el castrismo lo usa como prueba de la intención de EEUU de ingerir en la soberanía de Cuba, y por eso ha solido responder negativamente a las ofertas de distensión -como ocurrió en 1996 con las de Clinton-o dudando de su certeza.
44 Para mantenerlo se alega que dificulta el desempeño económico insular y la presión a su favor de los cubanos nacionalizados estadounidenses, con gran poder financiero y político, sobre todo en Florida.
No obstante ésta ha ido relajándose y un 60 % de aquéllos se muestran hoy partidarios del diálogo, lo que puede ayudar a poner fin al bloqueo, junto al hecho de que se estima que sólo en exportaciones supone pérdidas de 200.000.000 $/año para EEUU, y que una mayor exposición a la competencia internacional aceleraría los cambios en el país caribeño.
44 Clinton apoyó la ley Helms-Burton tras el derribo por cazas cubanos de dos aviones que buscaban balseros en el estrecho de Florida.
En 1996 se supeditaron al avance en el respecto a las libertades y derechos humanos con la llamada Posición Común y en 2003 fueron suspendidas por el país caribeño.
46 Sin embargo desde 2008 han recibido nuevo impulso y en 2014 el gobierno habanero afirma «acoger con satisfacción» una oferta europea para relanzarlas.
47 El aislamiento de Cuba, pues, se alivia lentamente.
La posición de la UE, la supresión en 2009 de su expulsión de la OEA en 1962, la reunión de la CELAC en La Habana en 2014, las condonaciones de deuda, las inversiones de Brasil en el puerto de Mariel, aeropuertos e ingenios, cifradas en 1.000.000.000 $, y el envío de médicos insulares a ese país, responden a las oportunidades de negocio, pero también al ánimo de apoyar las reformas recientes y una transición política.
La relación con EEUU parece moverse en igual sentido, incluso se piensa que la colaboración del gobierno cubano para resolver los actuales conflictos en Venezuela ayudaría a eliminar el embargo.
48 Además Cuba ha intensificado su relación, considerada estratégica, con otros países socialistas.
En 2013 firmó un protocolo de colaboración e intercambios con Corea del Norte.
En una visita reciente al país caribeño, el primer ministro de Vietnam, principal provedor de arroz de la isla y cuyas empresas realizan prospecciones petroleras en sus aguas, ha acordado con Raúl Castro reforzar la colaboración mutua y el comercio, que ha crecido un 50 % en 2013 y supera los 500.000.000 $.
49 Con China la relación es más importante.
La colaboración chino-cubana se materializó también en la creación de la empresa mixta científico-tecnológica Biotech Pharmaceutical y de una comisión intergubernamental en 46 Delegación, 2014; Santamaría y Lillo, 2009: 297.
50 Junto a las remesas, ayuda venezolana y cooperación al desarrollo, 51 turismo e inversiones son las fuentes de divisas de Cuba.
Tras el 11S su progreso se estancó, pero hoy la isla recibe 2.800.000 personas anuales, y aunque la renta que generan ha crecido en menor proporción, supone un 20 % del PIB.
El sector ha recibido grandes inversiones, sin embargo no completa su oferta, es deficitario en servicios, depende en exceso de las importaciones, lo que merma su efecto multiplicador, y se ve perjudicado por la escasez de viajeros de EEUU, debido al bloqueo, cuya cercanía y poder adquisitivo supondrían un gran estímulo.
52 La inversión extranjera es pequeña, se centra en actividades solventes, debe ser autorizada y controlada por el Estado y limitarse a empresas mixtas que no fijan los salarios ni incentivos laborales, potestad del gobierno, que cobra los sueldos y retiene su mayor parte.
Por eso y por el cierre de varias de las 400 firmas con participación foránea que había en Cuba al declararse que el país sólo tenía interés en grandes inversiones en sectores estratégicos, se redujo un 22 % entre 2000-2007.
53 Pese a lo dicho, el capital colocado recientemente en Cuba por Brasil, China y otros países -por ejemplo 5.000.000.000 $ para rehabilitar refinerías en Matanzas-podría triplicar la inversión extranjera en breve.
54 Aprovechar esto y las expectativas comerciales con dichos socios, la UE, incluso EEUU, sin embargo, requeriría un notable aumento de la oferta y competitividad de los bienes y servicios insulares.
Con tales datos los análisis suelen coincidir en que poco variará mientras dure el castrismo.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.11 significativos, aunque quizá su inmovilismo es la clave de supervivencia del régimen hasta ahora, su constante vuelta a la ortodoxia y evidencia de que abandonarla era sólo una estrategia de retorno, lo que ha sido factible gracias a férreos mecanismos de control, aún operativos, cuya señera son los Comités de Defensa, formados en cada barrio y teóricos instrumentos de la democracia de base.
55 Mientras, los ciclones y la crisis mundial frenaron el crecimiento y el problema sigue siendo la debilidad de la oferta interna, ya sin azúcar que la explique, un igualitarismo difícil de financiar, acudir para ello a la ayuda exterior sin dejar de acumular deuda y déficit, la baja productividad de capital y trabajo que suponen la dirección centralizada, ausencia de incentivos laborales y control de los beneficios; en fin, la falta de libertad económica.
Mesa-Lago evalúa el desempeño de 84 indicadores desde 1959 y prueba que, en general, mejoraron desde la década de 1970, sufrieron en fuerte caída en la de 1990 y no se ha recuperado.
La actividad productiva ha sido la peor parada (cuadro 2).
56 El salario real ha caído un 75 % desde 1989, no alcanza para satisfacer las necesidades básicas y la cuota de racionamiento apenas cubre una semana al mes.
El paro ha disminuido de 8 a 2 % a costa de la productividad.
57 Las tasas de alfabetización y escolarización primaria y secundaria (99, 95 y 87 %) se han mantenido altas y no pueden crecer mucho.
Si ha aumentado la matrícula universitaria de 23 a 88 %, aunque hay una gran desvinculación entre enseñanza superior y mercado laboral.
Han mejorado la mortalidad infantil (de 11 a 5,3 ‰), el número de médicos (de 3,3 a 6,4 ‰) o la esperanza de vida (de 75 a 78 años), pero hay menos camas de hospital per capita, han empeorado la mortandad maternal y la vinculada a enfermedades venéreas y dietas pobres.
Déficits persistentes de la revolución, como vivienda o acceso a nuevas tecnologías, se han agravado o corregido poco, en el último caso debido también al control sobre la información.
58 Los ciclones han agravado el deterioro de la infraestructura de agua potable y saneamiento.
Las desigualdades han aumentado con las reformas, que favorecen sobre todo a la elite política y rentas altas, que pueden comprar en divisas o adquirir los bienes tecnológicos autorizados.
Los blancos reciben 121 $/persona de remesas exteriores, los no-blancos 35, el 3 % de las cuentas acapara el 46 % de los depósitos y los mayores de 60 años son los que sufren peores condiciones.
ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 691-723 Raúl Castro aplicó un plan de fomento productivo y sustitución de importaciones que dio algún fruto, sobre todo con la oferta de leche y frutas, tras dejar un 60 % en manos privadas, pero la falta de abonos, insecticidas y tecnología, que afecta también al transporte,60 frenan el desarrollo.
No obstante por ello Cuba es el único país que cumple los requisitos de crecimiento agrario sostenible.
61 El gráfico 2 compara el del PIB de Cuba con el de las grandes economías latinoamericanas y muestra cómo ha empeorado su posición.
62 Usando datos oficiales, de haber crecido igual que la media de aquéllas, en 1970 hubiese sido un 35 % más alto, en 1990 un 6 %, lo que quizá es un coste pequeño por los avances sociales y en equidad, pero al lograrse éstos con fuerte dependencia de factores que escapaban a su control y que acabaron desapareciendo, dos décadas después tales costes se elevaban al 9 %.
Los indicadores productivos dificultan aceptar el crecimiento estimado oficialmente.
Los datos usados aquí parecen más reales y sólo teniendo en cuenta el mantenimiento de una sociedad de ayuda exterior que hasta 1990 fue comercial, ideológica y subvencionadora, y desde entonces subvencionadora e importadora de servicios.
Tales datos permiten estimar el coste de la revolución en un 40-45 % del PIB actual, aunque sin olvidar la precaución que ameritan las estadísticas.
Hay muchos estudios del tema y no es asunto de este artículo, pero debe señalarse que la situación descrita no pude explicarse sin atender a factores socio-antropológicos y de psicología política.
La economía informal generaba en 1994 el 29 % del PIB de Cuba y durante el período especial se encargó de prover lo que el Estado dejó de satisfacer.
Con las reformas afloró una parte, aunque en las épocas de retorno a la ortodoxia, aumento de prohibiciones o impuestos volvió a sumergirse.
Se calcula que antes de las recientes medidas aperturistas ocupaba a 350.000 personas -8 % de la población activa-, muchas más completaban con ella sus ingresos, y Financial Times estimaba que en 1997 duplicaba en valor a la economía legal y proporcionaba productos equivalentes al 26 % del gasto familiar.
63 Junto a las remesas, ayuda exterior, trabajo en firmas extranjeras y válvula de escape que suponen exilio y emigración, esto ha representado alivio para la subsistencia de los cubanos, no obstante también ha aumentado las desigualdades, pues no todos tienen igual acceso a esas rentas, empleos u opciones de salida, que además se han usado como medio de fidelización de la elite política y económica, y Fidel Castro reconocía en 2005 que la corrupción consiguiente era el principal peligro para la revolución.
64 Los factores citados, la persistencia de políticas asistenciales, el mayor respeto de Raúl Castro -sin el carisma de Fidel-por las instituciones y atención a las necesidades básicas, o sus concesiones, como la excarcelación de varios disidentes, 65 el control ideológico-social, de la opo-63 Pérez-López, 1995; «Sector», 2012.
DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.11 Fuente: gráfico 1 sición, el embargo de EEUU y la ayuda exterior, coadyuvan para que la actual situación de Cuba no haya quebrado la idea de plaza situada, el sentimiento antiimperialista con que se inició la revolución, alentado por la actitud norteamericana hacia la Venezuela de Chávez o Bolivia de Evo Morales.
Colabora también a entender el inmovilismo social el temor al desembarco en la isla de los exiliados, de consecuencias difíciles de prever, pese a su reciente moderación, 66 y que tantas veces ha usado el castrismo a su favor.
Colaboran, asimismo, la experiencia poco deseable de Europa del este y de muchos países latinoamericanos en sus transiciones democráticas y aperturas a la economía de mercado.
67 Además, aunque en tan poco espacio no es posible analizar tantos asuntos, el papel asistencial y dialogante que viene ejerciendo la Iglesia Católica y de otras confesiones en la isla y esa misma actitud defendida por parte de la disidencia interna, favorecen que las posiciones no se hayan radicalizado ni generado fuertes conflictos y ofrecen espacios de conciliación.
Corolario de batallas o contrapunteo revolucionario de la economía y las ideas
En 2011 se celebró el congreso sin aclarar suficiente las reformas económicas y laborales.
A cada cual según su trabajo -se dijo-, había que eliminar burocracia, se abolía el requisito de militar en el PCC para ocupar cargos y se limitaba el ejercicio de los mismos a 10 años, pero a la vez se consagraba a líderes octogenarios (Raúl Castro, José R. Ventura) y militares y dirigente tradicionales copaban el 60 % de buró político.
Además se reconocía la falta de relevos y necesidad de formarlos, aunque sin explicar los medios en un régimen unipartidista y sin democracia efectiva, como indica la exclusión del debate congresual de 48 propuestas de comités locales referidas a temas de oposición y reformas, según Raúl Castro, porque defendían «la concentración de la propiedad».
La reforma se llamó actualización del modelo, preveía suprimir 1.500.000 empleos públicos, autorizar más oficios cuentapropistas, la compra y alquiler de viviendas y autos, entregar tierra para mejorar la oferta y productividad agraria y reducir la importación de alimentos, 70 por lo que es la mayor actualización aplicada por la revolución.
Según Rolando Anillo, de Fowler & Co., empresa de cubanos en EEUU, esto podía desencadenar un gran movimiento de capital, pues «hay gente con dinero que empezará a adquirir y reparar casas».
71 Ahora bien -dice Mesa-Lago-el cambio no es comparable al de China o Vietnam, donde se otorgó el suelo al campesino, no su usufructo, y una reforma y liberalización efectiva de precios y mercado elevó velozmente el nivel de vida, mientras las liberalizaciones parciales en Europa del Este fracasaron.
En la isla se han entregado 1.200.000 hectáreas de terreno público ocioso con parcos resultados hasta ahora a falta de otras medidas: derecho de propiedad, disponibilidad de crédito y mercados o acceso a la tecnología.
72 Oppenheimer cree que el congreso fue para comprar tiempo.
Los líderes son viejos, no implementarán la reforma, pero esperan que se les reconozca haberla iniciado sin arriesgarse a cambios que «podrían llevarlos a prisión».
73 Así anunciaban la promoción de la autogestión empresarial, inversión extranjera, disposición de crédito, reforma fiscal o la esperada 70 «Congreso», 2014.
Además, vicio habitual del castrismo, a la vez que se discutía esto, se dedicaban horas a debatir, por ejemplo, la necesidad de reparar las ollas arroceras, tema vital para los cubanos, pero poco adecuado para el máximo órgano de representación de su único partido.
En fin, en él se dijo también que se mantendrían la planificación centralizada y propiedad estatal de los medios productivos, aunque con más autonomía en las empresas públicas, fomento de las cooperativas, pequeños empleadores, agricultores privados y cuentapropistas como medio de elevar la eficiencia, y se aseguró que prevalecería la igualdad de derechos y oportunidades, pero sin incurrir en igualitarismo y que, garantizados los principios, esperaba un arduo trabajo legislativo.
Es pronto para evaluar la reforma, prever si reanimará la economía y salvará la revolución.
La victoria electoral de Chávez en 2012 alivió el temor a cambios en Venezuela, aunque entonces ya se temía que su salud acabaría con su vida.
El dirigente ha dejado al país en una precaria situación y su sucesor se enfrenta a una creciente conflictividad social, pese a haber sido refrendado en las urnas.
Según Mesa-Lago el 20 % de la actividad económica en Cuba depende de Venezuela, que le envía 96.000 barriles de petróleo/día, genera un comercio bilateral de 6.000.000.000 $/año y es una fuente de crédito con pocas restricciones, pues lo que la isla no puede pagar se transforma en deuda.
Hay quien piensa que el fin de tales ayudas sería un acicate para las reformas si hay voluntad de aprovecharlo, pero también que si se suspenden súbitamente provocarían un colapso que podría derivar en una situación insostenible para la dirigencia revolucionaria y la dejaría sin recursos con que reaccionar a corto plazo.
En contra de dicha posibilidad juega el hecho de que el gobierno venezolano, aunque cambie próximamente, se hallaría en una grave tesitura si tuviese que prescindir rápidamente de los médicos, maestros y técnicos insulares que prestan servicio en la nación andina.
74 Vidal estima que el cese de la relación con Venezuela provocaría una caída del 7,7 % del PIB de Cuba en un cuatrienio y del 35 % en la inversión y un deterioro del 20 % en los términos de intercambio.
Además generaría tensiones, pues la isla no se ha recobrado de la crisis desatada por el fin del URSS, que se afrontó con ajustes inflacionarios, a los que no es posible recurrir ahora al no haberse recuperado el poder adquisitivo.
LA REVOLUCIÓN CUBANA Y LA ECONOMÍA, 1959-2012 La salud de Fidel Castro es precaria y se ignora qué efecto tendrá su muerte, aunque en este caso hay más tiempo para preverlo y Raúl Castro lleva ocho años en el poder.
Mesa-Lago acaba de editar un libro sobre él, y no obstante es relativamente optimista en sus conclusiones, no quiebra la idea de que la situación de Cuba no variará significativamente hasta que cambie efectivamente su dirección.
76 En febrero de 2013 se nombró primer vicepresidente del Consejo de Estado a Miguel Díaz Canel.
El nuevo princeps sustituiría al presidente si le ocurriese algo y este último ha afirmado que, si su salud lo permite, sólo estará al frente del país hasta 2018.
Independientemente de que es un tiempo suficiente para que ocurran muchas cosas, en contra o a favor del sucesor, su figura no es fácil de evaluar.
Tiene 52 años, no pertenece a la vieja guardia revolucionaria, pero ha ostentado cargos relevantes (ha sido ministro) y lleva tiempo colaborando estrechamente con Raúl Castro.
Además es considerado hombre ortodoxo, sin embargo progresar en la política insular precisa de tal consideración, por lo que es difícil saber qué piensa realmente o cómo actuará si ha de enfrentarse a responsabilidades mayores.
Mientras esto sucede en la alta política, se han ido efectuando las reformas previstas.
Tras el congreso del PCC se han publicado más de 300 medidas.
Entre las últimas, por ejemplo, se ha convertido Correos en empresa privada, se ha diseñado un plan de reorganización del mercado mayorista, monopolio estatal, con el fin de mejorar el abastecimiento, abaratar costes y cumplir el objetivo de reducir la aportación del sector público al PIB de 95 a 45 % en cinco años.
Además se ha flexibilizado la normativa que restringía las migraciones internas y salidas del país, se ha ampliado la autorización para crear cooperativas en varias actividades, aprobándose las primeras 224 y anunciándose que les seguirán otras 228, y se ha facilitado el acceso a crédito nacional de los ciudadanos para comprar o reparar casas.
También se informa de nuevas prospecciones petrolíferas y del levantamiento de un catastro, y la disposición más importante es la publicación en marzo de 2014 de medidas que eliminarán la dualidad monetaria, aunque esto es complejo y no se precisa bien cómo se hará.
Sin embargo se ha señalado que no habría incrementos salariales generalizados hasta que crezca la producción y productividad, 77 lo que denuncia que las reformas han aliviado poco los principales problemas económicos.
En el mejor de los casos la cifra del pasado año iguala la media latinoamericana.
El anterior el incremento fue del 3,1 %, peor de lo previsto, según se apuntó oficialmente, debido a que el sector de la construcción incumplió la planificación.
El trienio precedente la isla creció también por debajo del nivel medio de los países de América Latina, y si se cumplen los augurios de sus dirigentes, actualmente el escenario óptimo esperable es recobrar la paridad.
El saldo reformista, pues, permitiría recuperar la senda de progreso de naciones vecinas, pero tras haber dejado un lastre negativo en el camino, al menos en los últimos 50 meses.
79 Para concluir, un magnífico libro reciente editado por Alonso y Vidal señala que el problema de las reformas cubanas recientes es que sus metas no están claras.
Siguen un modelo de ensayo y error, pausado, más efectivo y menos dañino a corto plazo que los tratamientos de choque, pero que dificulta la simultaneidad de los cambios, cuando dicha efectividad depende en muchos casos de que se apliquen modificaciones en varios ámbitos a la vez, en interacción.
Además el ritmo lento precisa liderazgo estable, lo que tropieza con el envejecimiento de la dirigencia revolucionaria y las dudas sobre la solvencia y posibilidad de sus sucesores de hacerse cargo de la situación, y con la necesidad de crear nuevas alianzar político-sociales en sectores beneficiarios de las reformas que mitiguen la conflictividad y permitan contrarrestar a los partidarios del inmovilismo.
80 En el sentido expresado, las reformas pueden trastocar estructuras básicas del sistema político de Cuba, si no lo están haciendo ya, lo que obliga a la elite a cambios en sus acuerdos y en el modo de relacionarse con nuevos grupos sociales en ascenso y con la sociedad en general.
Alonso señala que esto requiere acabar con el inmovilismo, rutinización e incerti-78 Anuario, 2012.
LA REVOLUCIÓN CUBANA Y LA ECONOMÍA, 1959-2012 dumbre que caracterizan a dicho sistema político, con su estaticidad y burocratismo, para lo que propone un esfuerzo combinado de potenciación de la limitada participación popular en las decisiones, que aumentaría las adhesiones a las reformas, y de familiarización de la economía.
81 En ese sentido Cuesta apunta que las actuales transformaciones no son resultado de un proceso natural de maduración del sistema socio-político y económico, sino de su agotamiento, lo que conlleva una dramática reestructuración que conmoverá sus cimientos y conduce a pensar que la transición será inevitable, pues sus causas desbordan los mecanismos de control del régimen revolucionario y responden a expectativas de bienestar insatisfechas y a nuevos universos de valores y relaciones en la población, por lo cual es la transición que será posible o cómo será posible la transición lo que requiere ser estudiado. |
Fernando Aínsa ha conseguido con su nueva obra, Palabras nómadas.
Nueva cartografía de la pertenencia, lo que parecía imposible, acariciando la cuadratura del círculo, que un libro de ensayos se lea con la voracidad, la tensión y la intensidad características de una buena novela.
Pocos críticos y escritores como él, dentro y fuera de nuestras fronteras culturales, son capaces de dibujar, con trazo certero y sin hacer concesiones, los nuevos y desconcertantes rumbos por los que transita la última narrativa hispanoamericana, cribando la información existente y dando a conocer a un ramillete formidable de nuevas voces en lo que será, sin duda alguna, el próximo canon narrativo de las letras hispanoamericanas.
A lo largo de su larga y prolífica trayectoria como ensayista, Aínsa ha centrado su atención en dos grandes bloques temáticos: los espacios míticos y su incidencia en la literatura y el siempre resbaladizo y complejo tema de la identidad hispanoamericana.
Del primero destacan títulos como Los buscadores de la Utopía (1977), De la Edad de Oro a El Dorado (1992) o los Espacios del imaginario latinoamericano.
Propuestas de geopoética (2002); de su segunda línea investigadora destaca su rutilante Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa (1986), aunque el tema de la identidad está presente de forma transversal en un sinfín de trabajos dedicados a Onetti, a la literatura uruguaya, a los asuntos del canon narrativo y sus tentaciones periféricas, destacando entre sus múltiples trabajos el ensayo Narrativa hispanoamericana del siglo XX.
Como anuncia en el prólogo de la obra, Aínsa estudia un periodo concreto, el que va de 1980 al 2012, certificando a priori lo que parece un relevo generacional verdaderamente radical en las letras hispanoamericanas, lejos de las novelas totalizadoras de los años 60 y 70, consideradas entonces como auténticas «summas existenciales», como las llamó Carlos
Fuentes: «La novela es mito, lenguaje y estructura» (p.
En su lugar aparecen novelas con estructuras más sencillas, menos complejas donde prima la narratividad, cancelando, aunque sea de forma provisional, el afán totalizador de construir ficciones que fueran «omnicomprensivas» de la realidad.
Los «grandes relatos» políticos y utópicos de otras décadas se han devaluado y han perdido vigencia, generando, en su lugar, textos muy variados temáticamente, donde se plantea una literatura transnacional y en el que cobra gran importancia el éxodo, el exilio, el nomadismo, el desarraigo, el «artista migratorio» que se define por las identidades múltiples y multicéntricas, en sintonía con la globalización.
Y en general se produce un desgaste de la literatura política, al menos desde el dogmatismo de décadas pasadas.
Desde los años 80 se atenúan las obras que experimentan con lo estético y coquetean con el radicalismo revolucionario.
Muchos mitos políticos e ideológicos se han derrumbado o están siendo cuestionados, lo que ha propiciado que la nueva ficción se haya sacudido el mortero político, presentando, en muchos narradores, un descarnado parricidio hacia los escritores de generaciones anteriores, reivindicando la nueva forma de acercarse a los conflictos sociales a través de la irrisión, el humor, la ironía, la parodia, lo carnavalesco o lo grotesco.
Lejos de la influencia apabullante del macondismo aparecen nuevos realismos, como el realismo sucio de la trilogía habanera de Pedro Juan Gutiérrez, la narcoliteratura de Jorge Franco o Fernando Vallejo, la inmersión en el mundo de los paramilitares de Santiago Gamboa (Perder es cuestión de método, 2001) o la violencia absoluta en Satanás (2002) de Mario Mendoza.
Por lo general -con la excepción notable de Vallejo-son escritores menos categóricos y transcendentes que los narradores de los años 60, donde la ideología está presentada a través de los retales y los escombros de las fracasadas utopías sociales, como simbolizan las ruinas urbanas de Los palacios distantes (2002) del cubano Abilio Estévez.
Por lo general la nueva narrativa muestra una descarnada violencia social, presentada sin tapujos, como detonante de las crecientes «asimetrías sociales», como ocurre con las novelas de Horacio Castellanos Moya.
En muchos casos se trata de una violencia banalizada por los medios de comunicación, como ocurre en México y Colombia, destacando en este último país las producciones literarias referidas a los cárteles de la droga y, especialmente, al capo Pablo Escobar.
Sobre México, Aínsa señala la presencia abrumadora en la nueva narrativa de las prácticas bárbaras de los sicarios, la violencia política, la corrupción vertical y horizontal, el feminicidio de Ciudad Juárez, con parada obligada en la narrativa de Élmer Mendoza (Un asesino solitario, 1999; El amante de Janis Joplin, 2001; El efecto tequila, 2004; Cóbraselo caro, 2005; Balas de plata, 2008), en Eduardo Antonio Parra (Nostalgia de la sombra, 2002), Jesús Alvarado (Bajo el disfraz, 2003), Rafael Ramírez Heredia (La mara, 2004) o Sergio González, autor de los escalofriantes Huesos en el desierto (2002) y El hombre sin cabeza (2009) que aparece, además, como personaje en la monumental 2666 de Roberto Bolaño.
Como ya había estudiado en libros anteriores, Fernando Aínsa sigue teniendo muy presente la cultura popular y los mass media en la última narrativa hispanoamericana, como agentes muy activos en la generación de todo tipo de discursos literarios, donde resultan fundamentales el mundo del cine, la televisión, la música pop, el cómic, el fútbol, la publicidad, los folletines y telenovelas, dejando a un lado el tono grandilocuente y solemne de épocas pasadas, para dar paso a la crónica burlona e irreverente, desacralizadora de los grandes discursos.
Son textos que se alimentan de la mitografía existente, como hace Cabrera Infante con el cine, el argentino Manuel Puig o el chileno Alberto Fuguet (Por favor, rebobinar, 1996).
También resulta fundamental toda la influencia de la música popular, como los corridos (o narcocorridos), los tangos, la salsa o los boleros, cuyo lenguaje y motivos encajan en la ficción generando una descarnada sentimentalidad y una nueva pulsión dramática donde la composición musical se entrevera con la propia estructura novelesca.
Se utiliza la música no sólo en los títulos o paratextos de la obra -Consagración de la primavera de Carpentier, De donde son los cantantes de Severo Sarduy, Sinfonía del Nuevo Mundo de Germán Espinosa-, sino también en la propia argumentación, como hacen Luis Rafael Sánchez (La importancia de llamarse Daniel Santos, 1988o en La guaracha del macho Camacho, 1976), José Balza (D, 1977) o Alberto Fuguet (Mala onda, 1992).
Aínsa estudia cómo las novelas inspiradas en temas musicales retoman los mitos y tópicos populares del tango y el bolero, moviéndose entre la expresión melodramática y cierta concepción cursi de la realidad, como ocurre en las obras de Edgardo Rodríguez Juliá (El entierro de Cortijo, 1983), Pedro Vergés (Sólo cenizas hallarás (bolero), 1980), Cabrera Infante (Delito por bailar chachachá, 1995) o Lisandro Otero (Bolero, 1986).
Lo mismo hace el chileno Hernán Rivera Letelier en La Reina Isabel cantaba rancheras (1994).
El tango presente en Boquitas pintadas (1968) de Manuel Puig también lo encontramos en los cuentos de Pedro Orgambide, Cuentos HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784.
El propio Carlos Gardel ha inspirado mucha literatura, como La noche en que Gardel lloró en mi alcoba (1996) de Fernando Buttazoni.
También el deporte con sus héroes y su épica tiene un lugar destacado en la nueva narrativa.
Se ha pasado del rechazo intelectual del deporte, por considerarlo como una forma residual de la cultura popular, a ser declarado como un elemento central de nuestro tiempo, como vemos en Roberto Fontanarrosa (Cuentos de fútbol argentino, 1997), Juan Villoro (Dios es redondo, 2006) o en la biografía novelada Maradona soy yo (1993) de Alicia Dujovne.
Fernando Aínsa señala la gran popularidad de las formas breves, herederas del gran Augusto Monterroso, como microrrelatos, minicuentos, fragmentos hiperbreves, minificciones, cuyos autores han encontrado un lugar adecuado en el comercio del libro, como Guillermo Samperio, Raúl Brasca, Ana María Shua, Juan A. Epple, Adolfo Castañón, David Lagmanovich, Luisa Valenzuela, Andrés Neuman o Fernando Iwasaki.
Hay una tendencia a crear textos transgresores, neovanguardistas, muy alejados de cualquier canon convencional, a los que Aínsa llama «estilos discrepantes», ejemplificados en la narrativa de Mario Bellatin (Salón de belleza, 1994; Lecciones para una liebre muerta, 2005 y El gran vidrio, 2007), en las novelas cortas de César Aira o en las obras de Sergio Chejfec, artífice de un mundo tan extraño como solitario (Lenta biografía, 1990; Los planetas, 1999; Boca de Lobo, 2000;), sin olvidar los casos muy interesantes de Efraím Medina Reyes (Técnicas de masturbación entre Batman y Robin, 2002), Gloria Guardia (Cartas apócrifas, 1997), Guillermo Fadanelli (Lodo, 2002), Daniel Sada (Luces artificiales, 2002) o Roberto Echevarren (Ave Roc, 1994).
Dentro de estos «estilos discrepantes» Aínsa destaca a una serie de escritoras, creadoras de mundos desasosegantes, donde tienen cabida todo tipo de manifestaciones sexuales y de transgresiones -incesto, pederastia, violencia sexual, etc.-, como ocurre con Ana Clavel (Cuerpo náufrago, 2005), Guadalupe Santa Cruz (El contagio, 1999) o Teresa Porzecanski (Felicidades fugaces, 2011).
Como mecanismo transgresor Aínsa señala la importancia del humor como elemento desmitificador de la realidad y así aparece en la narrativa de Jorge Ibargüengoitia.
Destaca el realismo desenfadado de Guillermo Samperio (Miedo ambiente y otros miedos, 1977; Gente de la ciudad, 1986), la sátira publicitaria de Héctor Sánchez (Entre ruinas, 1984), la parodia metonímica de Osvaldo Soriano sobre la guerra de las Malvinas (A sus plantas rendido un león, 1986), sin olvidar nombres canónicos del humor y la risa como el peruano Alfredo Bryce Echenique o el mexicano José Agustín.
El autor destaca la irrupción con verdadera fuerza de nuevas voces femeninas, que tratan con la mayor naturalidad temas como el sexo, los deseos, la vida marital o extraconyugal, las infidelidades, las miserias del cuerpo, como aparece en la cubana Mayra Montero (La última noche que pasé contigo, 1991), en la colombiana Mireya Robles (Hagiografía de Narcisa la Bella, 1985), en las obras de Fanny Buitrago o en la chilena Lucía Guerra (Muñeca brava, 1993).
Incluso géneros tradicionalmente considerados masculinos, como la novela negra o la novela histórica, cuentan ya con importantes nombres femeninos, como las argentinas María Rosa Lojo y Luisa Valenzuela.
En muchas ocasiones estas voces femeninas incursionan en la literatura de masas, en el folletín, en el radioteatro, la telenovela, en donde se vislumbra la influencia de Corín Tellado y el subgénero de la novelita rosa, como ocurre en las novelas de Marcela Serrano, Carmen Boullosa o Isabel Allende.
Aínsa estudia la nueva periferia urbana multicultural instalada en aquellos centros urbanos que alguna vez fueron el propio centro, como París, Londres, Madrid, Barcelona, Nueva York, para certificar la condición nómada de la escritura a través del viaje, el exilio o el desplazamiento, generando lo que él llama la «transterritorialidad», multiplicada hasta lo imposible con la aparición del espacio cibernético y los hiperespacios del mundo virtual.
En esta nueva literatura, marcada por el arquetipo del «homo viator», se certifica que toda identidad es una suma de fusiones, mestizajes, desplazamientos y renuncias.
Frente a los privilegios del pasado, la memoria y la tradición, el escritor actual mima el presente, lo convierte en un territorio prioritario y convive en él gracias a las páginas web, las redes sociales, los emails y el chat, desarrollando toda una cultura del ciberespacio dominada por un presente absoluto, como vemos en Sueños digitales (2001) de Paz Soldán, La vida en las ventanas (2002) de Andrés Neuman o en El autor de mis días (2000) de Hugo Burel.
Estamos en la cultura del zapping que de alguna manera contribuye a los rasgos de la postmodernidad: la fragmentación, lo disperso, lo inacabado, etc., apuntalando lo que Gilles Lipovetsky ha llamado «el imperio de lo efímero» y Aínsa considera como «condición nomádica» que convierte al escritor en un «fugitivo cultural».
En Palabras nómadas no podían faltar reflexiones de gran calado sobre los hispanos de los EEUU, visibles en la antología Se habla español.
EEUU es lugar habitual de las ficciones latinoamericanas, como hace Ariel Dorfman en Terapia (2001) o Paz Soldán en Los vivos y los muertos (2009) y en La materia del deseo (2001).
La diáspora cubana en EEUU está contada por Óscar Hijuelos en sus novelas Nuestra casa del fin del mundo (1983) y Los reyes del mambo tocan canciones de amor (1990).
También hay una narrativa latinoamericana escrita en inglés, a veces de difícil catalogación por esta circunstancia lingüística, como ocurre con el peruano Daniel Alarcón y sus novelas Lost City Radio (2007), War by Candenlight (2005) o las novelas del dominicano, recriado en USA, Junot Díaz, autor de Drown (1996) o The brief Wondrous Life of Oscar Wao (2007), inspirada en la dictadura de Trujillo.
Resulta evidente que Palabras nómadas.
Nueva cartografía de la pertenencia es, desde su publicación, un libro importante con vocación duradera, una obra central en su producción ensayística, un verdadero catálogo de nuevas propuestas narrativas para los próximos años, poniendo de manifiesto, una vez más, que Fernando Aínsa sigue siendo un lector incansable y privilegiado.-JOSÉ MANUEL CAMACHO DELGADO, Universidad de Sevilla, España.
Alonso, José Antonio y Vidal, Pavel (eds.): ¿Quo vadis, Cuba?
Las recientes reformas emprendidas por el gobierno de Cuba son la mayor actualización -como gusta autodenominarlas la dirigencia insular-que ha sufrido el régimen socialista establecido en 1959.
La larga crisis económica actual, los igualmente largos años de marasmo en lo económico que ha padecido el país desde el fin de la Unión Soviética, y de consecuente pérdida de los llamados logros sociales de la revolución, paliados por la ayuda venezolana desde que Hugo Chávez llegó al poder, más la perspectiva de que cese esa ayuda, han obligado a cambios que no son ni grandes ni pequeños, pero sí los únicos de consideración que se han producido en las últimas seis décadas en la Gran Antilla.
Decía un amigo cubano al respecto, antes de que estos últimos tuvieran lugar y cuando Fidel Castro cedió el poder a su hermano Raúl, que son tantas las medidas absurdas, represivas, limitadoras, en fin, todo eso, que se han ido acumu-RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS lando, solapando, retroalimentando a lo largo del tiempo, que el nuevo líder nacional podría irlas anulando, poco a poco, a un ritmo de varias por mes incluso, con alta satisfacción de la población y sin menoscabo del sistema.
El libro editado por Alonso y Vidal analiza dichas reformas.
Cuenta con la aportación de un equipo de investigadores del Centro de Estudios de la Economía Cubana y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales de Madrid y de otras instituciones, y es resultado del proyecto «Implicaciones del proceso de reforma económica en Cuba: impactos económicos y sociales», financiado en 2011 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación General Universidad Complutense de Madrid, que se materializó en dos seminarios reunidos en Madrid y La Habana, en los que se presentaron y discutieron los trabajos reunidos en esta obra.
Aparte de la introducción y el último capítulo, «La incierta senda de las reformas» y «Reglas, incentivos e instituciones», ambos textos firmados por los coordinadores, la obra incluye estudios de José Antonio Alfonso y Juan Triana Cordoví, «Las bases del crecimiento»; Ileana Díaz y José Carlos Farinas, «Factores macro y macroeconómicos de la competitividad»; Isabel Álvarez y Ricardo Torres, «Tecnología, innovación y desarrollo»; Carlos Garcimartín, Omar Evelyn Pérez Villanueva y Saira Pons, «Reforma tributaria y emprendimiento»; Anicia García, Susanne Gratius y Luisa Íñiguez Rojas, «Entre universalidad y focalización: los desafíos sociales en Cuba en el contexto latinoamericano»; y Santiago Díaz de Sarralde y Julio César Guanche, «Descentralización y desconcentración del poder estatal».
La relación de sus capítulos evidencia el amplio espectro de temas económicos y sociales analizados con el fin de fundamentar sus conclusiones, que son sin duda la principal aportación del libro.
Repartidas entre los apartados introductorio y final y algunos de los firmados por otros autores, esas conclusiones intentan responder a la pregunta ¿quo vadis?
Las reformas, argumentan sus distintos acápites, son variadas y no se detienen, atentan contra obstáculos indiscutibles para la viabilidad de la economía cubana; sin embargo tienen claro el punto de partida -la imposibilidad de que su situación actual sea sostenible y necesidad de remedios-, pero no el de llegada.
Se ha optado por un modelo nada radical y pausado, sin duda fundado en la observación de los resultados poco deseables de transiciones socialistas más rápidas y drásticas, como las de Europa de Este.
Ahora bien, por el contrario no se ha elegido mirarse en el espejo de modelos mucho menos dramáticos, como el vietnamita o el chino, sobre todo de sus HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784.
ISSN: 0210-5810 políticas respecto a la propiedad, especialmente de la tierra, la libertad de precios o la libertad y seguridad económicas.
La opción elegida para guiar las reformas cubanas, señalan los estudios del libro de Alonso y Vidal, aparte de falta de definición sustancial, y quizás por esa razón, parece fundamentarse en minimizar el impacto sobre la economía y la sociedad.
Sin embargo no queda claro, y los autores no lo argumentan lo suficiente, que la motivación real no sea realmente la salvación del régimen, o al menos su perpetuación hasta que fallezcan los principales dirigentes, todos ellos aquejados de una edad avanza, octogenaria.
Independientemente de cuál sea el verdadero motivo, sin embargo, la causa que detecta para el mismo ¿Quo vadis Cuba? sí resulta convincente: cambios lentos y sin una dirección que asegure frutos radicales ayudan a apaciguar las resistencias a los mismos.
Ahora bien -señalan los autores-ese modo de proceder tiene dos grandes inconvenientes.
En primer lugar muchas de las medidas aplicadas, para ser efectivas, requieren su implementación conjunta o en sucesión, lo que arroja dudas acerca de si serán eficaces.
En segundo lugar, se supone que el impacto social debe favorecer a grupos hasta ahora excluidos, marginados, o al menos subalternos, que están formando o formarán nuevas alianzas entre ellos o con el gobierno y deben ser claves para vencer dichas resistencias, pero la lentitud y falta de definición de las reformas no ayudará a ganar su colaboración para el proceso de actualización.
Grosso modo las explicadas son las contribuciones esenciales de ¿Quo vadis Cuba?
La obra se ha publicado casi a la vez que la última de Carmelo Mesa-Lago, y sus aportaciones se complementan.
De Cuba en la hora de Raúl Castro: reformas económico-sociales y sus efectos (Madrid, Colibrí, 2012), en cuya edición en inglés participa también Jorge Pérez-López (Cuba under Raúl Castro: Assessing the Reforms, Boulder, Lynn Rienner, 2013), señalábamos en una reseña para un número anterior del Anuario de Estudios Americanos (70-1, 2013, https://digital.csic.es/handle/ 10261/60911), que aparte de su indiscutible valor analítico para conocer la situación actual de la isla y diagnosticar el futuro y de la ingente cantidad de datos que aporta, su principal defecto es un cierto optimismo poco justificado.
La razón, sin duda, son las mismas reformas que examina y su consideración como los mayores cambios que ha experimentado hasta ahora la revolución.
El estudio de Alonso y Vidal es más incisivo en su propuesta interpretativa que el de Mesa-Lago y menos prolijo en datos, pero acaba pecando del mismo problema de falta de definición que acusan en el objeto de estudio.
Los autores, sobre todo los economistas cubanos, tienen un conocimiento mayor del mismo del que exponen en sus capítulos, y son en general mucho más agudos y concluyentes en otros libros y artículos que han escrito.
A ¿Quo vadis Cuba?, magnífica contribución al conocimiento de la realidad insular por otra parte, le falta un verdadero corolario y recapitulación en los que conozcamos la opinión fundamentada de sus firmantes, sobre todo de sus coordinadores, sus vaticinios y perspectivas igualmente fundamentadas sobre el futuro, la exposición y discusión de los diferentes escenarios previsibles y probables.
La catarata de reformas y medidas aplicadas y anunciadas por el gobierno cubano en los últimos meses es tal que desborda cualquier análisis que se publique.
Se pueden seguir a través de medios diversos, verbigracia la excelente web http://www.cubastudygroup.org/, del Cuban Study Group.
Sin embargo por muy prolijas que estén siendo, con sólo un somero seguimiento de las mismas se aprecia que las conclusiones de estudios como el de Alonso y Vidal siguen siendo esencialmente válidas, captan la esencia de lo que está ocurriendo y de lo que parece por llegar.
Por esa razón habría sido oportuna una mayor ambición de los editores en ir más allá de lo previsible y llenar en parte con el debate y la discrepancia académica e intelectual la falta de definición sustancial de las metas de la actualización revolucionaria insular, ejercicio que habría colmado su de por sí valiosa contribución a explicar y entender su punto de partida, implementación y sendero.-ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC, Madrid, España.
Ávila, Alfredo; Dym, Jordana; Pani, Erika (coords.): Las declaraciones de independencia.
Los textos fundamentales de las independencias americanas, México, El Colegio de México/Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, 620 pp.
Parafraseando las certeras primeras líneas de esta recopilación -«la era de las revoluciones atlánticas fue también la era de declaraciones»-, otro tanto podría decirse de las celebraciones del Bicentenario de las Independencias iberoamericanas, que también lo fueron en sumo grado en el orden editorial, por la profusión de publicaciones y re-publicaciones sobre el tema.
Sorprendentemente, y salvo contadas excepciones, la HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS publicación de fuentes originales y su inserción en un contexto más amplio, ya sea de una historia global o bien de un espacio atlántico, como reza precisamente la introducción de esta obra, no ha despertado mayormente el interés de los estudiosos.
Con excepción del ensayo de historia intelectual Las declaraciones de independencia.
Una historia global (Madrid, Marcial Pons, 2012), de David Armitage, colaborador por cierto de este libro, los «textos fundamentales» de las independencias y su peculiar cronología no han sido estudiados como fenómeno global, con sus debidas conexiones, circulaciones y recepciones en el orden político e ideológico, circunstancias que propiciaron la conformación de una estructura discursiva común dentro de un relato nada uniforme o lineal.
Como se evidencia con sobrada nitidez en los ensayos introductorios del libro reseñado, de estas circulaciones de las ideas se derivaron en efecto un lenguaje y una jurisprudencia expresivas de debates políticos que ponen de relieve la renovada conceptualización de la soberanía y de la libertad, y la afirmación de las jóvenes naciones en cuanto actores en el escenario internacional y no sólo continental, junto a la promulgación de los derechos a nivel individual.
Está por demás justificado subrayar la importancia en el mundo atlántico de la palabra escrita, impresa a lo largo de esta «era» de declaraciones, actas de nacimiento de naciones preexistentes y manifiestos que discurre entre el 4 de julio de 1776 en Filadelfia y el 6 de agosto de 1825 en Chuquisaca.
La mitificación de estos momentos fundadores obedece, por cierto, a la cronología de cada nación si tenemos en cuenta las dos celebraciones patrias en Argentina o el calendario diferencial del istmo centroamericano.
Hay que subrayar que los redactores de estos «evangelios americanos» pocas veces lo pensaron como equivalente a la creación de un nuevo Estado, sino de una búsqueda de autonomía de parte de determinados grupos sociales y de afianzamiento de sus intereses, sobre todo en lo económico (en el caso de las élites locales y de pujantes grupos subalternos, comunidades indígenas incluidas).
Los textos reunidos aquí, precedidos de varios estudios de raigambre regional, ponen de relieve la diversidad de los actores, de los cabildos coloniales a los ayuntamientos constitucionales, de las juntas electas a los congresos nacionales, así como de la suma variabilidad de sus catalizadores (la crisis de la monarquía en la América española y el vacío constitucional de 1808) y objetivos (de la lealtad y de los vínculos de dependencia respecto a las metrópolis hasta la proclamación de gobiernos provisionales).
La variabilidad de los idearios y de los anhelados experi-mentos institucionales también caracteriza esta nueva estructuración de la esfera pública y del quehacer político.
En una primera parte del libro se examinan las ideas y las conexiones que dieron forma a los distintos procesos de emancipación y luego de independencia en América, desde el derecho de gentes, los cambios conceptuales (J. Fernández Sebastián) que forjaron realmente el término independencia partiendo de unas sociedades estamentales, o en cuanto elemento clave de la «modernidad atlántica», teniendo en cuenta la coyuntura española y los ecos de otras «guerra de independencia».
Los primeros casos de independencia conforman el segundo conjunto de ensayos que abarcan el continente americano en su totalidad, desde el canónico texto de las antiguas colonias inglesas hasta el contexto bélico de la revolución haitiana (D. Geggus).
En un tercer momento se busca contextualizar las actas de independencia ofreciendo análisis de varios procesos independentistas hispanoamericanos, desde las guerras internas y de cierta forma civiles de Nueva España (A. Ávila, E. Pani) -y el papel desempeñado por un movimiento insurgente de raigambre popular-y Tierra Firme hasta las simples (Centroamérica) o muy tardías declaratorias (Cuba y Puerto Rico), e incluso juramentos (Perú) o actas emitidas por cabildos y juntas como fue el caso en el Río de la Plata, Ecuador, o Chile, junto a la reinterpretación a veces radical de la ordenación administrativa y territorial de la colonia (M. Ternavasio, J. Dym, F. Morelli, etc.).
La variabilidad de las formas de legitimidad es tema de un cuarto apartado, con el análisis de los discursos en las Antillas españolas y los afanes autonomistas criollos (J. A. Piqueras) o en un monarquía brasileña fijado en el «grito de Dom Pedro» (I. Lustosa), de la validación de ese «nuevo orden internacional» -ya no derecho natural-a través del proceso poco conocido de las traducciones, o de los tratados entre las nuevas naciones (D. Gutiérrez Ardila y otros).
Los textos mismos se ordenan cronológicamente, siendo varios de ellos documentos no tan conocidos o divulgados, redactados por juntas, congresos o individuos (periodistas, clérigos, militares), con carácter definitivo y fundacional o solamente etapas jurisdiccionales dentro de procesos de mayor duración a nivel político, y que, en todo caso, ponen de relieve los insuperables matices del proceso dentro de unas continuidades culturales a escala continental.
¿Hasta qué punto estas nuevas formas de hacer políticas y la consiguiente evolución de las representaciones sociales sobre el particular se entroncaron con los muy variados «repertorios del nacionalismo»?
Esta pregunta, si bien no la contestan cabalmente los autores de HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784.
ISSN: 0210-5810 esta magna obra dedicada a los «laberintos de la libertad» (de acuerdo con la fórmula de Marcela Ternavasio), quizás pueda ser el punto de partida de otra reflexión centrada en el tiempo largo del llamado siglo republicano, más allá de las consabidas rupturas inducidas por el proceso emancipador y luego independentista.-FRÉDÉRIQUE LANGUE, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), París, Francia.
Cardozo Uzcátegui, Alejandro: Los mantuanos en la corte española.
La vida cortesana de las élites americanas durante el período colonial es un asunto poco explorado, especialmente cuando se trata de las relaciones construidas por representantes y personajes de ciudades y regiones periféricas, a veces entendidas como componentes de reducido peso en la historia de las decisiones metropolitanas.
La participación de los criollos en las cortes españolas, desde la perspectiva historiográfica americana más tradicional, es eventualmente atendida como figuraciones anecdóticas o como magnificencias exageradas que pretenden distinguir una nobleza que es subrepticiamente comprendida, incluso desde la intimidad de sus apologistas, como de segunda categoría.
El trabajo de Alejandro Cardozo Uzcátegui demuestra lo desacertado de estos enfoques característicos de historiografías concentradas en sus propias orillas atlánticas, antes que en el proceso común que significó la vida a ambas márgenes del océano que, en lugar de separar esos ámbitos, les unía como medio de comunicación y seguramente como imaginario compartido.
El autor, consciente de ese ámbito unitario de dos frentes, se separa de las metodologías e interpretaciones tradicionales sobre la época que estudia, y aunque confiesa no proponerse analizar el contexto de la independencia, aporta perspectivas e indagaciones substanciales al respecto.
Su visión cisatlántica de las relaciones le permite construir un entramado social e íntimo de los vínculos de parentesco y de las articulaciones de intereses, propios de la vida cortesana, explorando los recursos asociativos ya centenarios del mundo peninsular, entonces adoptados y adaptados por los americanos, especialmente los caraqueños, su objeto de estudio.
Este entretejido de ambas márgenes oceánicas que logra Cardozo Uzcátegui le conduce RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784.
ISSN: 0210-5810 a enseñar, claramente, que la monarquía y sus dominios ultramarinos no eran, al menos en esa época, dos bloques diferentes, sino una unidad inmensa, diversa y compleja, que puede explicarse, también, desde esta estrategia analítica.
La reconstrucción de las relaciones cortesanas, tal como se realiza en este libro, resulta un recurso hermenéutico esencial a través del cual se comprende a aquella sociedad en su propio funcionamiento, y no desde miradas retrospectivas que generalmente proyectan al presente hacia ese pasado.
La importante analogía que realiza el autor entre la noción litúrgica de «ceremonial» y la forma en la que se construyen esas relaciones, le guía en la descripción del desenvolvimiento de los clanes cortesanos, comportamiento que enseña la intimidad del entramado de las relaciones de poder en un recorrido que va desde lo individual-familiar-circunstancial, hacia los intereses más amplios del contexto, e incluso de la monarquía.
Cardozo Uzcátegui nos describe aquí al «lobby cisatlántico» que se fue construyendo entre Caracas y las cortes, de la mano de relaciones de poder entretejidas por intereses criollos muy bien identificados a través de las actuaciones familiares, generacionales, individuales, profesionales, militares y políticas.
Utilizó para ello, como lo hizo con el caso de Simón Bolívar, el análisis de los viajes y retornos de personajes clave en el desenlace de ese período.
Su visión de «cartografías humanas» le permitió hallar las coordenadas fundamentales de esos mapas bordados con el cuidado con que se enhebran las relaciones de poder, las cuales, al fin y al cabo, siempre son relaciones sociales, y en última instancia, personales, como lo demuestra este estudio.
De la mano de todo ello, explora también las subjetividades en torno al problema de las identidades, asunto muy caro a la luz del nacionalismo historiográfico americano que ve en todo hecho previo a las independencias un gesto de misticismo nacional que asomaba ya las causas de su próximo movimiento.
Deshilvana esa madeja con propiedad y cautela, observando lo local, lo regional, e inclusive lo continental, en las manifestaciones personales de los individuos estudiados.
Introduciéndose en el drama existencial de estos viajeros y en esa reconstrucción de las relaciones cortesanas que realiza con gran detalle, Alejandro Cardozo Uzcátegui deja a un lado la fantasía bolivariana de la biografía del Libertador y, a la luz de novedosos razonamientos que aportan interpretaciones pertinentes sobre la vida del joven Bolívar en Madrid y del juego de intereses cisatlánticos, propone interesantes hipótesis sobre las decisiones y actuaciones de aquel criollo, por HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784.
ISSN: 0210-5810 entonces más comprometido con disfrutar de la vida cortesana, que concentrado en pensar sobre una guerra que ni siquiera se asomaba en las ambiciones de hombre ilusionado con su matrimonio, relación que, además, sellaba asociaciones siempre estratégicas entre apellidos, los cuales, también, perseguían sostener sus patrimonios dentro de las familias.
Pocas veces, como sucede en este estudio, se ha indagado con tanta propiedad acerca de las actuaciones de funcionarios y autoridades españolas luego de haber cumplido funciones en Caracas.
La proyección cortesana del sevillano Francisco de Saavedra, intendente de Venezuela entre 1783 y 1788, que permitió la introducción de Bolívar en el mundo metropolitano a través de los vínculos gestados con familiares y criollos aliados, como su tío Esteban Palacios, es atendida aquí con gran riqueza de detalles e información directa sobre esas redes que ya se venían construyendo desde la presencia de los representantes vascos que administraban la Compañía Guipuzcoana.
Es decir, la articulación de intereses tejida entre las élites caraqueñas y los funcionarios peninsulares, iniciada con vigor desde mediados del siglo XVIII, viene a dar con importantes consecuencias en la vida personal del Libertador, del mismo modo que a través de ella se revela esa cartografía humana que dibujan las relaciones de poder que el autor llama con propiedad «cisatlánticas».
La exploración de todo esto le ofrece a Cardozo Uzcátegui la oportunidad de realizar diversas precisiones sobre la época observada, específicamente en el caso de los mantuanos caraqueños, tanto como la de aportar información que, antes que novedosa, enseña otras formas de interpretar esa misma información.
Su recorrido sobre la actuación de Saavedra le ubica en los ojos del intendente y en sus advertencias sobre la pobreza característica de la provincia que tenía bajo su mando, así como en los inconvenientes propios de una administración llena de licencias y descuidos.
Articula esta mirada con otras que le son temporalmente próximas, como la del obispo Mariano Martí, la de Humboldt, o la de los vascos de la Compañía Guipuzcoana.
Refiere con acierto los conflictos internos de las calidades sociales, como sucedía especialmente con las élites criollas y su «ciudad blanca», que comenta como un «complejo imaginario mantuano».
Advierte sobre las confusiones características de la fantasía bolivariana con relación a los «maestros» del Libertador, y alcanza importantes precisiones al respecto.
Reconstruye las escenas del «joven mantuano caraqueño» en Madrid y propone agudas hipótesis sobre su estadía y su repentina partida hacia Bilbao.
Concluye el autor, creemos que con propiedad, que la élite caraqueña se hallaba atravesada por ambiciones de poder, quizás con mayor énfasis que otras élites hispanoamericanas contemporáneas, y que su desenvolvimiento le hacía «celosa y protectora de los muros de sus ciudad blanca».
La proyección cortesana de esta sociedad mantuana se realizaba en correspondencia con esa ambición, y un ejemplo de ello, aunque anecdótico, lo representa aquel Bolívar adolescente que llegó a jugar pelota con el príncipe de Asturias, luego convertido en Fernando VII.
Quizás en esas peculiaridades de la biografía del Libertador se encuentren más pistas sobre su personalidad que en la alucinatoria figura del héroe, velo que cubre la interpretación histórica de la época y que Cardozo Uzcátegui aparta con criterio y aserto historiográfico.
La investigación fue realizada fundamentalmente sobre fuentes impresas, lo que aporta una arista importante en comparación con trabajos por el estilo: la reinterpretación de la información histórica, recurso muchas veces dejado a un lado en favor del hallazgo documental.
Alejandro Cardozo Uzcátegui demuestra aquí que la historia puede ser revisitada una y otra vez, sin perder la rigurosidad metodológica ni la perspectiva analítica.
Y ello no significa, en este caso, que el autor haya desechado las fuentes primarias, pues buena muestra de su uso realiza a lo largo del trabajo, incluyendo también hallazgos que alcanza al final en forma de anexo.
Sólo echamos en falta que esos mapas humanos que con tanto detalle describe el historiador no fuesen sistematizados en esquemas similares a los que nos ofrecen los diagramas de parentesco, pues quizás con ello sería posible una aproximación más nítida sobre las relaciones de intereses que se entramaron entre funcionarios, familias y autoridades en torno a la vida cortesana de entonces.
Con todo, esta puede ser la tarea de un lector interesado en el asunto, como efecto y beneficio desprendido del aporte que ofrece la investigación.
Cuidadosamente escrito, lo que se agradece al presentar un tema tan denso, este libro resultará fundamental en la historiografía venezolana sobre el período, así como también servirá de soporte interpretativo e informativo a las nuevas perspectivas y enfoques sobre el final de la sociedad colonial en Caracas y su articulada e interesada proyección en las cortes españolas realizada a través de sus representantes más determinantes en aquel contexto de desenlaces decisivos.-ROGELIO ALTEZ, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.
Castañeda de la Paz, María: Conflictos y alianzas en tiempos de cambio:
Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco (siglos XII-XVI), México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, 504 pp., ilustraciones, fotos blanco y negro.
La presente obra es el fruto del proyecto de investigación con el que María Castañeda de la Paz, doctora en Historia por la Universidad de Sevilla, accedió a la plaza que actualmente ocupa en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
Sin embargo, sus raíces son más profundas, remontándose a sus estudios de doctorado que se centraron en la historiografía mexica, concretamente en la peregrinación.
Todo ello ha contribuido a que el libro que aquí comentamos refleje una profunda reflexión en torno al devenir de cuatro altepeme [sing. altepetl] (Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco), claves en la historia del Centro de México entre los siglos XII y XVI; fundamentada sobre un análisis minucioso de una amplia diversidad de fuentes.
El resultado es una obra densa y esclarecedora, que requiere de una lectura también cuidadosa, llamada a convertirse en referencia para los interesados en la historia del Postclásico y del periodo colonial temprano en México.
El libro se articula sobre cinco capítulos, más unas conclusiones generales, a los que se añaden dos apéndices con mapas y cuadros de gran utilidad para entender relaciones espaciales y familiares mencionadas en el texto.
En el primer capítulo, «El principio de la historia», la autora nos presenta un panorama general sobre los orígenes de los altepeme estudiados y las características de cada uno.
Respecto a lo primero, comienza con una explicación sobre los gentilicios empleados en la historiografía: nahuas, aztecas y mexicas; pero también discute sobre el de tolteca.
A partir de ahí, pasa a tratar la peregrinación, demostrando su dominio sobre las fuentes.
Su principal conclusión es la diferencia que existe entre aquellos que marcaban su origen en Chicomoztoc y los mexica que lo ubicaban en Aztlan.
En su opinión, algunos cronistas llegaron a mezclar ambas peregrinaciones y lugares míticos tratando de lograr una coherencia.
Sin embargo, Castañeda señala la importancia de la diferenciación entre la tradición chichimeca, vinculada a Chicomoztoc, frente a la mexica, que sitúa su origen en un lugar «relativamente nuevo», Aztlan, y se veía a sí misma como culhua-tolteca.
Esta creación de un nuevo mito se produjo en tiempos de Itzcoatl y se debió, según la autora, a intereses políticos, entre los que se encontraba un cambio en el sistema de sucesión.
El manejo de diversas fuentes y su análisis filológico le permiten señalar los intereses que pudo haber en cada momento para vincularse a una historia u otra.
Todo ello se plasma sobre todo en la diferenciación que existía entre tlatelolcas y tenochcas.
Un último aspecto a resaltar de este primer capítulo es la presentación que hace sobre la estructura político-territorial del Centro de México al final de la época prehispánica.
Para hacerlo, recurre a varias fuentes muchas de ellas de época colonial y procedentes de archivo, lo que refleja una cierta pervivencia del sistema en ese periodo.
Así, nos describe la diferenciación entre altepetl simple y altepetl compuesto, que llevó a muchos cronistas a diversos problemas en su identificación.
Una de sus conclusiones más importantes, basada en las fuentes y estudios previos, es la relativa a la organización de Azcapotzalco como altepetl compuesto dividido entre Mexicapan y Tepanecapan, consecuencia de la conquista de Itzcoatl.
De igual manera, resulta esclarecedor su análisis de la relación entre Tlacopan y Tlilhuacan.
Otro aspecto muy interesante es su estudio territorial sobre la base de mapas de la época colonial y el trabajo de campo, lo que le permite trazar un estudio de geografía histórica de gran valor.
El segundo capítulo, «El mundo prehispánico.
Conflictos y alianzas», se centra en las relaciones políticas entre los cuatro altepeme.
Lo más destacado es que no se limita a hablar sobre la guerra tepaneca, origen de la Triple Alianza, y de la conquista de Tlatelolco por Tenochtitlan, sino que va más allá y nos muestra un paisaje político de gran complejidad.
De nuevo su base es la documentación colonial, sometida al estudio filológico, apoyada sobre el esquema presentado en el capítulo anterior.
Ahora le interesan los sistemas de sucesión y las alianzas matrimoniales que fueron marcando las relaciones entre las cuatro entidades.
En estos procesos dinásticos, muestra la gran importancia que tuvo la ascendencia materna en cuestiones de sucesión.
Para el caso de Tenochtitlan, marca tres momentos clave en la evolución del gobierno; el primero con Itzcoatl, el segundo con la conquista de Tlatelolco y el tercero en la llegada de los españoles.
De todos ellos, considera que la conquista de Azcapotzalco en 1428 marcó un momento de ruptura entre los cuatro altepeme, predominando los conflictos entre ellos.
El tercer capítulo, «Un mundo en transición», se ocupa del proceso de cambios que desencadenó la llegada de los españoles y la conquista.
Entre ellos, se encuentra la llegada al poder de personajes que según las condiciones previas nunca podrían haberlo hecho, como es el caso de Cuauhtemoc.
En este periodo se producen sucesos un tanto oscuros de los que las fuentes HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784.
Por ello, la autora vuelve a presentar un análisis meticuloso de las mismas, lo que le permite llegar a interesantes conclusiones como por ejemplo sobre las consecuencias de la expedición a las Hibueras o la desarticulación territorial que efectuó Cortés en Coyoacan.
Utiliza para ello documentos muy diversos, incluyendo códices mesoamericanos como la Pintura de los ídolos del templo de Huitzilopochtli.
Durante el periodo inmediatamente posterior a la Conquista, los antiguos linajes fueron desplazados de los gobiernos indígenas de los cuatro altepeme objeto de estudio, sustituidos por cuauhtlatoque en el caso de Tenochtitlan.
También resurgió el tlatocayotl de Tlatelolco, después de cincuenta años de su conquista por Axayacatl.
Tras estos momentos de reacomodos, Castañeda muestra que los antiguos linajes optaron por una estrategia distinta, la de la negociación, que llevó a muchos de sus representantes a viajar a la península ibérica con el objetivo de presentarse directamente ante el rey.
El resultado de muchas de estas peticiones en general fue sólo la concesión de un escudo de armas.
Sobre este tema, la autora, que lo ha trabajado con profundidad en varias ocasiones, señala que el hecho en sí no tenía un valor más allá de la posibilidad de su ostentación en la fachada de la vivienda o la posibilidad de exhibir el blasón en la iglesia local.
De ese reacomodo y adaptación va a ser de lo que se ocupa con mayor detenimiento en el cuarto capítulo del libro, «La nobleza y el nuevo mundo colonial».
En él, se entrelazan las medidas que se toman a partir de los años treinta del siglo XVI, con la segunda Audiencia y el virrey Mendoza, encaminadas a estructurar el sistema colonial novohispano.
A pesar de ello, como señala Castañeda, cada altepetl era un mundo.
Por eso, se preocupa por la evolución de los cuatro objeto de estudio, desde la reaparición de los antiguos linajes hasta su desplazamiento por jueces de residencia y, finalmente, por jueces-gobernadores.
En este capítulo, aparecen aspectos interesantes como la discusión sobre don Antonio Valeriano, al que se presenta como noble en contra de la opinión generalizada, a partir de la afirmación del cronista don Hernando de Alvarado Tezozomoc, de que no lo era.
El quinto y último capítulo, «La otra nobleza: los Moctezuma», lo dedica Castañeda a presentar qué ocurrió con los hijos de Moctezuma Xocoyotzin, a los que da una importancia especial por el papel que tuvieron al ser descendientes del tlatoani que encontró Cortés en Tenochtitlan.
En su evolución distingue distintas estrategias, en ocasiones motivadas por el origen de sus madres o por su situación al momento de la conquista española.
Así, don Martín se centró en vincularse con los españoles, mientras que don Pedro optó por convertirse en gobernador de Tula.
Por su parte, las tres hijas que estuvieron a cargo de Cortés tuvieron una vida particular.
Dos de ellas, doña Isabel y doña Leonor obtuvieron la donación particular de encomiendas por parte de Cortés.
Éstas fueron en concepto de dote y por ello se ligaron a sus matrimonios con españoles.
En cuanto a doña María, que no se casó y, por ello, no obtuvo encomienda, indica que se trata de una línea abierta de estudio.
Respecto a doña Francisca, la autora señala que su vida estuvo marcada por el hecho de que no estuvo encomendada a Cortés, sino que estaba en Ehecatepec en el momento de la conquista y que por ello se mantuvo dentro de la nobleza indígena.
Toda esta familia se convierte por tanto en una muestra de diversas actitudes y estrategias respecto a la conquista, aunque por su propia condición fueron en cierta medida excepcionales.
Para su análisis, de nuevo Castañeda ofrece una ardua labor de crítica de fuentes, lo que le permite arrojar algo de luz sobre pasajes oscuros.
A modo de conclusión, podemos decir que se trata de un libro de gran valor para ilustrar este periodo de cambios que afectó a los cuatro lugares mencionados en el título desde su fundación hasta finales del siglo XVI.
La autora realiza una buena labor de crítica de fuentes o análisis filológico, lo que le permite presentar novedosas conclusiones sobre el tema de estudio.
Sólo se podría señalar como laguna la ausencia de Texcoco, pero esto no es un problema, sino un lamento por no poder contar con su trabajo minucioso sobre este otro altepetl clave en el periodo que nos presenta.
Asimismo, la autora nos deja entrever que está trabajando otros aspectos como el de los caciques del estado de Hidalgo en el siglo XVI y sus intentos por vincularse con el cacique y gobernador tlatelolca don Diego de Mendoza que esperamos ver en un futuro no muy lejano.
Diversidad y unidad son los dos términos con los que podría caracterizarse al mundo hispánico, ese inmenso mosaico de lenguas, habitantes y territorios que gobernaron los monarcas españoles desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del XIX.
Identidades compartidas en el mundo hispánico, que reunió por primera vez en un mismo espacio obras provenientes de países como Perú, Bolivia, México, España, Países Bajos e Italia.
Como parte del programa de actividades de la exposición, Rafael Dobado y Andrés Calderón organizaron dos ciclos de conferencias (uno en Madrid y el otro en México, ciudades donde se presentó la exposición) en los que participaron reconocidos investigadores.
Las ponencias que se presentaron entonces son la base del libro objeto de esta reseña.
La obra se divide en tres secciones, de acuerdo con el contenido temático de los textos.
La primera parte, titulada «El trasfondo humano y económico del mundo hispánico», bien pudiera llamarse «La historia detrás de los mitos» pues varios de los autores -de manera explícita Gonzalo Anes, Vicente Pérez Moreda y Rafael Dobado y Andrés Calderón-diseccionan algunos «lugares comunes» que han prevalecido en parte de la historiografía, ya sea porque se han repetido una y otra vez, sin cuestionarlos; por usos políticos/retóricos, o por extrapolar a todo el período virreinal situaciones que ocurrieron en un tiempo y un lugar específicos.
Gonzalo Anes presenta un panorama general de las «versiones negativas» que se han producido sobre la conquista y el período virreinal, mismas que examina y rebate.
Vicente Pérez Moreda cuestiona las investigaciones existentes sobre la cuestión demográfica en América y España durante los siglos XVI y XVII, pues hasta ahora han arrojado cifras bastante dispares en cuanto a la población de dichos territorios.
Por su parte, Dobado y Calderón ponen a discusión «siete mitos económicos», unos, producto de interpretaciones superficiales; otros, resultado de confusión, como el de la «escasez de circulante», tan arraigado que incluso aparece páginas después en esta misma obra.
Al refutar la célebre «leyenda negra» del «dominio colonial» se corre el riesgo de caer en el extremo contrario, es decir, la apología.
Para conjurar ese peligro, los autores han utilizado estadísticas, datos concretos, fuentes documentales y bibliográficas novedosas, entre otras herramientas analíticas, que permiten una visión más equilibrada del mundo hispánico y, sobre todo, que propician un debate con bases sólidas y bien sustentadas, más allá de etiquetas y estigmatizaciones.
Los otros textos que conforman esta sección no pretenden suscitar polémica, pero no por ello resultan menos interesantes.
Renate Pieper refiere cómo se construyeron algunas redes de intercambio y circulación de bienes suntuarios entre Europa Central, América y Asia.
Dorothy Tanck presenta diversos aspectos de la organización económica y social de los pueblos de indios, a través de sus mapas pictográficos y Gisela von Wobeser analiza la importancia del crédito en la Nueva España.
La metodología de los textos es variada; algunos se enfocan en el nivel regional, otros, en cambio, hacen historia comparativa a escala global, de tal modo, se propone al lector romper con el esquema mental del Estado-nación decimonónico para comprender mejor el entramado de una monarquía que abarcaba territorios en tres continentes y dos océanos.
La segunda parte del libro se ocupa de la «Cultura y política en la monarquía hispánica».
Un concepto que se hace patente en casi todos los textos de esta sección es el de «identidad».
Como lo expone Horst Pietschmann, los habitantes de los virreinatos americanos desarrollaron una identidad ligada a su patria (no entendida, por supuesto, en el sentido nacional decimonónico) y otra que los vinculaba como súbditos de la Corona.
En esta misma línea, Óscar Mazín examina los argumentos que empleó el jurista Juan de Solórzano para demandar que el Consejo de Indias precediera al de Flandes en el besamanos del rey; si bien podría parecer una cuestión meramente protocolaria, en las sociedades de Antiguo Régimen, marcadas por la ritualidad, el asunto distaba de ser superfluo y, por el contrario, definía el lugar que ocupaba cada reino dentro del conjunto de la monarquía.
Cristina Torales analiza, a grandes rasgos, el papel de la Compañía de Jesús como portadora de los valores de la cultura occidental, a la vez que como forjadora de identidades criollas.
En el siglo XVIII, las dos identidades que habían coexistido, en ocasiones con escollos y dificultades, comienzan a disociarse de manera gradual.
Iván Escamilla refiere las incomprensiones y desencuentros que se produjeron entre España y Nueva España en el ámbito intelectual e historiográfico, pues ante los ataques que se formulaban en Europa contra los americanos, éstos reaccionaron exaltando las virtudes de su terruño.
También España fue objeto de prejuicios y visiones erróneas, al considerarse que había permanecido ajena a las innovaciones de la modernidad y que las luces de la Ilustración no habían logrado iluminar al «oscurantismo» predominante en el ámbito ibérico.
El texto de Carmen Iglesias muestra que la existencia de voces tradicionalistas no frenó el surgimiento de «novatores», es decir, personajes abiertos al cambio y a las novedades científicas y filosóficas.
Guadalupe Jiménez Codinach cierra la segunda sección del libro con un trabajo sobre las sociedades secretas en el mundo atlántico.
La autora explica brevemente el desarrollo histórico de la masonería -muchas veces mal entendida o descalificada-así como los objetivos que animaban a sus HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784.
Posteriormente aborda el surgimiento de sociedades secretas, basadas en el modelo masónico, pero con una finalidad política, y conformadas por personajes que tendrían una participación destacada en los diferentes movimientos emancipadores.
La tercera y última parte es la relativa a las artes en América, Asia y Europa.
Por su temática, es la sección que se vincula de manera más directa con la exposición Pintura de los reinos.
El texto de Jonathan Brown (el único no inédito incluido en la obra) propone estudiar a la pintura novohispana como una escuela por sí misma, sin considerarla como un subproducto de la escuela sevillana o como un mero trasunto del arte europeo.
Paula Revenga analiza las influencias flamencas e italianas en la pintura ibérica, producto de la circulación de obras y de artistas por toda Europa.
Jaime Cuadriello traza las líneas generales de la pintura novohispana entre 1550 y 1710: sus principales representantes, los temas que privilegiaron y los signos de identidad criolla que pueden observarse en numerosas obras.
Finalmente, el texto de Gustavo Curiel habla sobre el intercambio de bienes suntuarios de origen asiático (a semejanza de lo expuesto por Renate Pieper en la primera parte) para el caso de la Nueva España.
Curiel, además, muestra cómo los artesanos novohispanos se apropiaron de ciertos motivos y técnicas empleados en biombos, cofres, baúles y otras piezas de mobiliario que en conjunto denomina como la «Asia portátil».
El libro Pintura de los reinos posee varios méritos, aunque, por razones de espacio, apuntaré únicamente los que considero más destacados.
En primer lugar, reúne una serie de textos que abarcan múltiples periodicidades y latitudes dentro del mundo hispánico, a pesar de lo cual se percibe coherencia y unidad a lo largo del volumen.
En segundo lugar, se encuentra el tono de la obra: claro, riguroso y ameno.
Sin ser un producto de divulgación, tampoco pretende llegar únicamente a especialistas o académicos.
Como se afirma en el prólogo se dirige a un «público culto», con cierto nivel de conocimientos sobre el tema; exige una lectura atenta, pero no es dificultosa o excesivamente compleja.
Por último, deseo hacer algunas observaciones sobre el aspecto material.
El libro está profusamente ilustrado con imágenes de gran calidad, que no sólo son bellas, sino también útiles; se incluyen reproducciones de algunas de las pinturas que se presentaron en la exposición, así como de grabados, esculturas, edificios, libros y mapas, que guardan estrecha relación con el contenido.
Se advierte además el minucioso cuidado de la edición, pues la cantidad de erratas es mínima.
Pintura de los reinos es una obra que ilustra, desmitifica y también da cuenta de algunas de las líneas de investigación que actualmente se desarrollan en la historiografía sobre el período virreinal.
Luego de recorrer sus páginas, puede entenderse mejor cómo dos conceptos antónimos, diversidad y unidad, describen con justicia al heterogéneo, contradictorio y vasto conjunto de reinos que, a lo largo de tres siglos, conformaron la monarquía hispánica.-ODETTE MARÍA ROJAS SOSA, Universidad Nacional Autónoma de México.
Une histoire globale, del historiador francés Olivier Grenouilleau, cuyo trabajo anterior Les traitres négrières.
El apoyo de sus colegas, entre los cuales se contó gente de gran prestigio como Pierre Nora y Mona Ozouf, acabó con una polémica que no tenía nada que ver con la objetividad científica.
En los albores del siglo XXI, pese al transcurrir del tiempo, seguía siendo muy arduo decir ciertas verdades acerca del peor tráfico que pudo existir, el de la trata del hombre negro, en su globalidad, es decir sin límites espaciales, temporales o ideológicos.
Se trataba para Grenouilleau de valorizar las distintas lógicas que permitieron el surgimiento del inmundo comercio, pero parece que no todos estaban dispuestos a salir de lo convencional.
No se desanimó por ello el tenaz investigador en su afán de seguir adelante.
Prueba de ello fue, a los seis años, la publicación por la editorial Larousse de un ambicioso diccionario de las esclavitudes desde la antigüedad griega hasta la época contemporánea, pasando de América al Asia del Sureste y al mundo musulmán.
Para redactar este Dictionnaire des esclavages (2010), acudió el historiador a la colaboración de los más destacados especialistas en la materia.
En el 2012, llevando al conocimiento público Esclaves.
Une humanité en sursis, dio un paso más en su proyecto de globalización, con la ayuda también de varios historiadores, juristas y antropólogos que pusieron de realce los puntos de divergencia pero también los de convergencia entre las sociedades donde se manifestaba el fenómeno polifacético de la esclavitud, y que hacían del esclavo un «hombre frontera».
HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Quedaba pendiente un problema mayúsculo, el del sentido de la palabra «esclavitud» en nuestra época en que los medios de comunicación la van utilizando de un modo extensivo si no extralimitado, debido, a no caber duda, a su poder sugestivo.
Une histoire globale es el resultado de diez años de reflexión.
Grenouilleau consagra la primera parte de su ensayo al estudio de los «espejos deformantes», evocando la ambigüedad primordial del concepto considerado a través de las diferentes éticas y la herencia de la edad industrial para llegar a la construcción del discurso historiográfico.
La segunda parte se demora en la presentación de elementos de definición basados en la «otredad» por ser el esclavo un bien de su dueño.
Por doquier se encuentra expulsado de la humanidad, pero de un modo contradictorio sigue siendo hombre, de ahí el reempleo de la expresión «hombre frontera».
En su última parte, Grenouilleau estudia las condiciones de surgimiento y de reproducción de una sociedad esclavista, dedicando el capítulo final a las formas de resistencia de los esclavos, con las salidas del sistema, «naturales» o impuestas.
Se encuentran en este ensayo las mismas cualidades que en Les traites négrières, a saber un análisis global innovador, que se niega a mantener las barreras apriorísticas.
Se vale el autor de una asombrosa erudición que facilita a su pensamiento un alcance conceptual inusitado.
¡Cuántos trabajos se ven afectados por hondas lagunas por el mero hecho de que sus autores no se dignan leer lo que no va en inglés!
Se acaba de publicar en francés el libro del historiador estadounidense Marcus Rediker titulado The Slave Ship.
A human history (2007), trabajo sumamente interesante, e incluso muy conmovedor; pero, al fin y al cabo, da la impresión de que se efectuó la trata negrera tan sólo con destino a la América anglohablante.
¿Qué fue de los barcos negreros portugueses, franceses y de otras nacionalidades europeas?
El subtítulo de la traducción realza lo abusivo de las pretensiones de la obra: «A bord du négrier.
Para los estudiosos galos, no hay salvación fuera de los archivos de Bordeaux, La Rochelle y Nantes.
Muy pocas veces se les ve en los archivos de Hispanoamérica donde no falta la documentación y, con la salvedad de unos casos, les cuesta trabajo investigar en el Archivo General de Indias después de Scelle o Chaunu.
Como máximo echan una ojeada a los escritos de sus colegas anglófonos so pretexto de comparación sistemática.
Se puede prever una nueva ola de críticas dirigidas al libro recién salido de Olivier Grenouilleau, desatada por la lectura de conclusiones pareci-das a la siguiente: «bajo todas la latitudes, en todas las épocas, al esclavo se le echa fuera de la humanidad [...], pero, pese a ello, el esclavo sigue siendo un hombre».
Los lazos entre tiempo y espacio establecidos por Grenouilleau llevan a los «invariantes» de Braudel, que no se pueden descartar con el pretexto de la complejidad humana.
Son muy significativas las referencias a investigadores como Annequin, sutil analista de la esclavitud en la Grecia antigua, y Meillassoux, el conocido antropólogo africanista.
Uno de los defectos de Les traites négrières, que comentamos en su tiempo, era el vacío en lo relativo a la trata hacia Iberoamérica.
En Qu'est-ce que l'esclavage?, Grenouilleau ensancha su visión, con un amplio análisis por ejemplo de Casa-grande e senzala de Gilberto Freyre.
Sin embargo desde este famoso estudio, cuyas ambigüedades evoca el historiador francés con mucho acierto, se hicieron adelantos muy llamativos con Jacob Gorender (O Escravismo Colonial), João José Reis (Rebelião Escrava no Brasil) para el levantamiento de los musulmanes de1835, Luiz Felipe de Alencastro (O trato dos viventes), y Walter Hawthorne (From Africa to Brazil, Culture, Identity, andan Atlantic Slave Trade.
¿Cómo, además, pasar por alto el que fue en las Indias de Castilla donde se desarrolló la esclavitud del hombre negro tan temprano como en los primeros decenios del siglo XVI, debido a la extinción de los naturales, y donde se inventó el concepto de trata triangular bajo el gobierno de los frailes jerónimos en la Hispaniola?
Es que la esclavitud seguía vigente en España y no faltan estudios de gran interés publicados por Alfonso Franco Silva (La esclavitud a fines de la edad media), Joseph Hernando (Els esclaus islàmics a Barcelona: Blancs, Negres, Llors i Turcs.
S. XIV), Aurelia Martín Casares (La esclavitud en la Granada del Siglo XVI), José Luis Cortés López (La esclavitud negra en la España peninsular del siglo XVI, Esclavo y Colono), José Antonio Piqueras (La esclavitud en las España.
Un lazo transatlántico) y otros universitarios que merecerían verse citados.
Dicho esto, no extraña que un libro tan rico como el de O. Grenouilleau presente inexactitudes, de poca monta es verdad: por eso nos contentaremos con evocar algunos ejemplos.
La conquista del Nuevo Mundo no se hubiera llevado a cabo sin el recurso por los conquistadores a los siervos comprados en las gradas de la catedral de Sevilla (p.
Uno de los descubridores del sur de los actuales Estados Unidos fue el esclavo Estebanico.
Ello dejó una huella muy profunda en la mentalidad de los HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784.
ISSN: 0210-5810 indígenas, quienes, en México, tomaron al principio a los negros por «dioses sucios».
Por muy paradójico que parezca, no es verdad absoluta que los esclavos no podían adquirir bienes inmobiliarios (p.
Se encuentran pruebas fehacientes de lo contrario, por ejemplo en los libros de notarías del Archivo de Cuenca en Ecuador.
Más grave quizá es la aseveración según la cual «oficialmente se les negaba a los esclavos la posibilidad de actuar a favor de su propio destino» (p.
Es hacer caso omiso de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio que se aplicaron en Hispanoamérica hasta la independencia, de la legislación de los Concilios de Lima y de México, de muchas constituciones sinodales de todas las Indias occidentales, que protegían los derechos de los esclavos negros en materia de venta, de casamiento, de «vida maridable», de normas de trabajo, de manumisión.
A este respecto habría sacado buen provecho el autor de la lectura de las magníficas obras de Manuel Lucena Salmoral (Los códigos negros de la América española, La esclavitud en la América española, Regulación de la esclavitud negra en las colonias de América española (1503-1886): Documentos para su estudio).
Por supuesto, no siempre los esclavos tenían acceso a los tribunales, pero los procuradores de los pobres no les negaban sus servicios, como lo testimonian las abundantes «causas de negros» conservadas en las estanterías de todos los archivos nacionales, regionales, departamentales y eclesiásticos de Hispanoamérica.
Sería pecar de ingenuo no admitir que sólo una minoría, a menudo urbana, se aprovechaba del derecho castellano, que servía de válvula de escape para aliviar las tensiones, pero, fuera lo que fuere, dicha legislación contribuyó a la evolución de la esclavitud en las Américas españolas.
Estos pocos ejemplos hacen hincapié en las discrepancias que median entre las prácticas españolas por una parte y las francesas o anglosajonas por otra.
Lamentaremos por fin el poco espacio consagrado por Grenouilleau a la resistencia de los esclavos que dio tantos quebraderos de cabeza al Consejo de Indias, quien se vio, muy a su pesar, obligado a tomar en cuenta sus reivindicaciones desde mediados del siglo XVI tanto en Panamá como en Ecuador, principios del XVII en Nueva España (México), y luego en el Nuevo Reino de Granada (Colombia actual), concediéndoles una relativa autonomía, fenómeno social muy propio de las Américas españolas y anunciador de futuros desarrollos en el siglo XIX.
No enumeraremos los numerosos trabajos de Javier Laviña al respecto.
Dejando aparte aspectos de esta índole, que patentizan lo difícil que para cada uno de nosotros resulta salir de nuestros campos de actuación, encareceremos de nuevo el valioso afán de Olivier Grenouilleau de aproximarse a una visión global de la esclavitud independizándose de los tópicos tan trillados como llevados.
Ojalá se traduzca cuanto antes este trabajo al castellano, habida cuenta del interés que desde hace algún tiempo experimentan los investigadores españoles por la esclavitud y la trata negrera en Hispanoamérica.-JEAN-PIERRE TARDIEU, Université de La Réunion, Saint-Denis, Réunion, Francia.
Nemrava, Daniel (ed.): Disturbios en la Tierra sin Mal.
Violencia, política y ficción en América Latina, Buenos Aires, Ejercitar la Memoria Editores, 2012, 355 pp.
El volumen editado por Daniel Nemrava recoge las ponencias del I Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos celebrado en la Universidad Polacký de Olomouc (República Checa) en mayo de 2012, al socaire de un enunciado de necesaria condición y exasperada actualidad: «Literatura y política.
Un lema exigente y de vasto alcance, que, como tal, ha sido abordado desde perspectivas metodologías ajustadas, actuales y, a juzgar por los resultados, efectivas.
Son cuatro las partes que configuran esta excepcional publicación, redondeadas por un posfacio y un extenso epílogo que recoge las respuestas de los cuatro escritores invitados a las preguntas del profesor Rodrígues-Moura.
Los títulos de las seis secciones son significativos y están en perfecta sintonía con los propósitos del congreso, pero el título del volumen precisa quizá de una explicación, pues alude a un deseo inmemorial recogido en el sintagma guaraní Yvý maráey, cuya traducción literal -Tierra sin mal-y su semántica apuntan hacia un lugar mítico en el que las gentes vivían/vivirán libres de dolores y sufrimientos en la eternidad de la paz perpetua.
Los tres capítulos que constituyen la parte primera («Memoria, historia y ficción») tienen un marcado carácter teórico desde saberes y entregas que contentan con creces las expectativas más exigentes.
El reconocido crítico y teórico alemán de la literatura Karl Kohut se encarga del estudio y el análisis de las teorías más pertinentes sobre las relaciones entre literatura y política desde tres conceptos capitales: poder, violencia y memoria.
El historiador mejicano Enrique Florescano trata las intersecciones entre la historia y la ficción al hilo de la polémica desatada por las teorías de Hayden White y las tomas de posición y las respuestas más significativas y enjundiosas de algunos filósofos e historiadores, entre los que figuran P. Ricoeur, A. Momigliano, R. Chartier o C. Ginzburg.
El escritor y crítico argentino David Link aborda las imbricaciones entre violencia y memoria desde los conceptos al uso de archivo y los pone en relación con los diversos tipos de memoria desde las aportaciones del teórico Andreas Huyssen y del filósofo Giorgio Agamben.
La parte II («La violencia y la literatura latinoamericana actual») se abre con las aportaciones de los escritores invitados.
Giardinelli considera que los conceptos violencia, exilio, política y utopía son idóneos para HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS referirse a la literatura latinoamericana de los siglos XIX y XX, pero no para definir, valorar o calibrar la literatura contemporánea, que perfila textualidades diversas, en las que predominan las escrituras desde «la democracia recuperada» (p.
Y estima, desde su convicción de que en política las respuestas son provisionales, que la violencia en América Latina -sin que se puedan negar los crímenes de los narcos (los colombianos y mejicanos son los más sangrantes, pero no los únicos) o la violencia en las favelas en Brasil-dista mucho de los horrores generados y perpetrados por los europeos y los norteamericanos en los últimos cien años.
Y cree que lo que sí es distinto es un dato perceptible: los escritores latinoamericanos escriben «con sinceridad y dolor», por ser ese su «modo de exorcizar el dolor» (p.
Castellanos Moya opina que la atención dedicada al motivo de la violencia por los latinoamericanistas europeos y norteamericanos no siempre está suficientemente diferenciada, que considera sorprendente que esos mismos estudiosos no tengan en cuenta en sus análisis las claras relaciones existentes entre la violencia, el narcotráfico, los pingües negocios que éste último genera en la industria del armamento y en el sector bancario, aspectos y realidades que generan y alimentan el crimen organizado.
Abilio Estévez responde, desde sus propias obras, sus vivencias y su realidad de cubano desterrado, al motivo del exilio en la literatura y a las intersecciones entre literatura y política; lo hace desde interrogantes formulados a contrapelo de la contundencia del enunciado acuñado por Castro en 1961: «Dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada».
Son respuestas que hacen de contrapunto y contrapeso a los asertos y razonamientos que han condenado al silencio o empujado al exilio a miles de cubanos.
Las brillantes reflexiones de Alonso Cueto versan sobre las intersecciones entre la literatura y el mal.
Nacen del venero de la experiencia creadora (sobre todo de dos de sus novelas: Grandes miradas y La hora azul) sobre las tropelías y los delitos del «fujimorismo» y el terrorismo que flageló el país en la década de los 80.
Y también manan de los poderosos legados de la mitología griega, del Antiguo y el Nuevo Testamento, de los ensayos de Elías Canetti y Georges Bataille y de algunas de las figuras memorables de Shakespeare y de Cervantes.
Y brillantes e iluminadoras son algunas de las tesis que establece, entre las que sólo puedo destacar aquí quizá la más sorprendente: el mal es con frecuencia portador de la verdad.
Este texto de Cueto tiene una merecida y meritoria continuación en el ensayo de José Manuel Camacho Delgado sobre Grandes miradas (el subtítulo del trabajo habla por sí solo: «Hacia una teología del mal en Grandes miradas»); un texto en el que el estudioso de la novela de El otoño del patriarca y reconocido latinomericanista pone en marcha sus saberes teóricos para analizar en la novela los albañales del poder, los resortes de la violencia, los mecanismos imprevisibles del tirano, la política y la literatura hagiográfica, aplicada ésta a las funciones de jueces mesiánicos y a los delitos de políticos corruptos y asesinos.
El personaje repugnante que encarna a Vladimiro Montesinos, abotagado ofidio en filigrana que protege los huevos de la serpiente, es dueño del secreto y personificación del mal y de sus trascendencias monstruosas; en esa figura revelan las ajustadas páginas del profesor Camacho la mejor exégesis y una prueba de lectura que se ciñe como el anillo al dedo a los temas y objetivos del congreso, a la par que muestra las razones por las que Grandes miradas es un ejemplo excepcional de novela política.
La parte II se cierra con el estudio del periodista cultural y escritor Gerardo Ochoa Sandy sobre el motivo de la violencia en la narrativa mexicana del siglo XX, con precisos comentarios e interpretaciones de pasajes muy bien elegidos procedentes de obras de Julio Torri, M. Azuela, M. L. Guzmán, Nelly Campobello, J. Revueltas, Elizondo, Monsiváis y Bolaño.
La parte III («Transgresión y censura en la literatura latinoamericana») reúne dos trabajos.
En el primero, el profesor Mario Muñoz (Universidad Veracruzana) estudia la literatura gay en México, desde sus cautelosos comienzos en la década de los cincuenta del siglo pasado a la actualidad.
En el segundo, la profesora Ligia Chiappini (Universidad Libre de Berlín) parte de las literaturas regionales brasileñas y de las relaciones entre esas literaturas y las regionalidades para abordar el análisis de algunos aspectos de actualidad sobre las interrelaciones entre la literatura y las minorías, consideradas «en el marco de las políticas públicas y en el enfrentamiento con la censura » (p.
La última parte («La utopía en la literatura latinoamericana») recoge las ponencias de los profesores Emil Volek (Arizona State University), Anna Housková (Universidad Carolina de Praga) y Pablo Sánchez (Universidad de Sevilla).
Volek comienza su ensayo con la referencia a dos publicaciones sobresalientes (Forgotten Continent, de Michael Reid, y El insomnio de Bolívar, de Jorge Volpi) en aras del deber de señalar que en ambas «falta una visión en profundidad de la historia intelectual y de ideas de los países latinoamericanos» y con ánimo de notificar sus propósitos: «bosquejar sólo unos puntos de partida para iniciar este debate más productivamente» (p.
Cumple con lo anunciado desde sus vastos saberes, repasando significados de conceptos y sintagmas que abarcan desde la «modernidad periférica» (de B. Sarlo) a la «utopía desarmada» (de J. Castañeda), del «socialismo real» a la supervivencia del castrismo en Cuba, de los fantasmas y fantasías que han marcado u «orillado el azaroso destino del continente» a las utopías modernas que se han transmutado en «una larga distopía posmoderna» (p.
222), del centenario al caudillismo y del papel de los intelectuales en los procesos de modernización del macondismo y a las conmemoraciones del bicentenario.
La profesora Housková repasa los juicios de valor de algunos escritores y teóricos de gran valía (Martí, Rodó, Juan Ramón Jiménez, Paz, Gadamer, Leopoldo Zea, Jan Mukatovský, Federico de Onís, F.X. Salda y Volek, entre otros) sobre el modernismo hispanoamericano desde la antinomia y la armonía para centrar su análisis sustancialmente en dos interrogantes: a) ¿cómo se percibe e interpreta el movimiento modernista desde otras culturas y en otros países centroeuropeos?; y b) ¿cómo se percibe ese movimiento literario de finales del siglo XIX desde perspectivas, culturas y épocas posteriores?
Los resultados del acercamiento son convincentes y significativos y, como cabe esperar, complementarios a los de su compatricio Volek, con quien dialoga en diferido desde las coordenadas de la poesía, la belleza, la identidad «universal» del individuo y la espiritualidad.
El profesor (y novelista) Pablo Sánchez, experto en las relaciones entre literatura e ideología, estudia la poesía de Juan Gelman relativa a la Revolución Cubana y la tentación (o fantasía) utópica, muy perceptible tras la explosión del «caso Padilla» (1971), que ejerció de cuña divisoria de una intelectualidad de izquierda que seguía con esperanza el devenir de la revolución y que había considerado que la vanguardia política y la literaria podían corresponderse o incluso «fusionar» arte y vida.
Sánchez señala y contextualiza con insólita concisión y puntualidad las razones que llevaron a Gelman a la convicción de que la defensa del experimento cubano era una acción heroica que respondía al bloqueo estadounidense y un acto de solidaridad con el pueblo cubano, que sufría los embates del boicot de los demás países latinoamericanos, amén de un claro testimonio del renacer de la conciencia latinoamericana y de la intercomunicación cultural y literaria desde variedades del sujeto lírico renovadas.
El ensayista lo ilustra de forma paradigmática y magistral, al socaire del análisis de unos pocos poemas de Gotán (1962), poemario de dilecta oralidad y tono coloquial que desea conversar con el tú recuperado en el escenario utópico de la Cuba revolucionaria.
En el posfacio («Relatos del terror»), el profesor Ezequiel de Rosso (Universidad del Cine y Universidad de Buenos Aires), experto en semiótica de los géneros contemporáneos, configura y analiza un corpus de novelas que han narrado el motivo de la violencia política y sus resultas y derivaciones cual acontecimientos que se sustancian en episodios de terror político, desde formas independientes del tipo o modelo de violencia.
Así se explica que los narradores o/y personajes que se proponen dar testimonio de los maltratos o suplicios sufridos y vivencias traumáticas muestren dificultades para dar con el registro genérico más idóneo.
Las conversaciones del profesor Rodrígues-Moura (Apéndice: «Conversaciones en Olomouc: Horacio Castellanos Moya, Alonso Cueto, Abilio Estévez y Mempo Giardinelli») tienen sus comienzos en la mesa redonda que coordinó durante el Congreso, pero se prolongaron en tiempo y espacio durante algunas semanas a título individual.
Como es sabido, tres de los cuatro escritores conocieron el exilio tras huir de las dictaduras de sus países, las obras de cada uno de ellos aguantan lecturas en clave política por su decidido compromiso con la cosa pública.
Además, como bien señala el entrevistador, todos se socializaron en distintas comarcas culturales de América Latina «en tiempos de Guerra Fría», realidad histórica que «marca sus creaciones».
Las obras que elige para formular las preguntas son Insensatez, de Castellanos Moya, La hora azul, de Cueto, El bailarín de Montecarlo, de Estévez, y Qué solos se quedan los muertos, de Giardinelli.-JOSÉ MANUEL LÓPEZ DE ABIADA, Universität Bern, Suiza.
Paniagua Pérez, Jesús; Salazar Simarro, Nuria, y Gómez, Moisés (coords.):
El sueño de El Dorado.
Siglos XVI-XIX, León (España)/México, D.F., Universidad de León/ Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2012, 470 pp., fotos color, y blanco y negro.
Esta obra, coordinada por Jesús Paniagua Pérez, catedrático de Historia de América de la Universidad de León, Nuria Salazar Simarro, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y Moisés Gámez, investigador del Colegio de San Luis Potosí, es producto de la actividad del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León y de los proyectos a ella adscritos del Ministerio de HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Economía y Competitividad y de la Junta de castilla y León; así como del convenio de colaboración de la Universidad de León (España) con el INAH y el Colegio de San Luis Potosí (México).
Se trata de un libro de carácter colectivo que recoge los resultados de la reunión científica celebrada en 2011 en la ciudad de San Luis Potosí, que supone la tercera convocatoria dedicada a los estudios de la plata iberoamericana de los siglos XVI al XIX.
En esta ocasión, El sueño de El Dorado.
Siglos XVI-XIX, se abordan estudios interdisciplinares sobre metales y piedras preciosas, desde aspectos relacionados con su extracción y el resultado del trabajo de la plata hasta temas relacionados con la organización de los plateros, las instituciones y la sociología en el ámbito de la minería.
El volumen recoge 28 trabajos que se estructuran en seis bloques temáticos: I Minería, II Instituciones, III Sociología, IV Platería de la Nueva España, V Otros Centros Plateros, y VI Joyería.
Las tres primeras partes hacen referencia a los asuntos relacionados con la minería tanto americana como española vinculada con América.
Junto a interesantes aportaciones en el campo de la historia económica de la minería y de su tecnología, otros estudios se ocupan de la plata como material de acuñación de moneda.
Las otras tres partes se centran en diferentes aspectos de la platería.
Se analizan tanto elementos formales y estéticos de diferentes colecciones como aspectos técnicos en la limpieza de la plata, así como cuestiones asociadas a la economía, a la organización social y profesional de los plateros, y a la valoración de los indios plateros.
Por último, se cierra por un completo y extenso el índice onomástico y geográfico (pp. 451-470), tan necesario en este tipo de obras.
Predominan los estudios sobre el ámbito geográfico de la Nueva España, quizás por el propio origen del proyecto, pero no faltan los que hacen referencia a otros ámbitos, como Portugal, Brasil, Nueva Granada, Córdoba de Tucumán y Filipinas, aun así hay que hacer constar el desequilibrio.
En líneas generales, esta obra colectiva se caracteriza por la calidad de sus aportaciones.
Mientras algunas se basan en fuentes inéditas de investigación de archivo, otras plantean una revisión y sistematización de las informaciones y los argumentos científicos, pero todas suman al avance del conocimiento de la Historia de América y concretamente a la Historia de la Minería, de las Instituciones, del Arte y, en cierta medida, a la Historia de las Mentalidades.-MARÍA JESÚS MEJÍAS, Universidad de Sevilla, España.
Pérez, Manuel; Parodi, Claudia y Rodríguez, Jimena (eds.): No solo con las armas/Non solum armis.
Cultura y poder en la Nueva España, Madrid/Frankfurt am Main/México, Iberoamericana-Vervuert/Bonilla Artigas Editores, 2014, 219 pp., imágenes en blanco y negro.
El libro reúne un grupo de trabajos que podemos enmarcar en la nueva historia cultural, aunque predominen los dedicados a la literatura virreinal, que tienen como objeto el analizar las diferentes manifestaciones del poder en la Nueva España, desde la difusión de las lenguas dominantes a los escritos de protesta o de adulación de los gobernantes.
Como en todas las recopilaciones, los trabajos varían en calidad y en novedad, pues algunos son resúmenes de trabajos más amplios, mientras que otros son primeros esbozos de investigaciones en curso.
En total, el libro reúne diez trabajos, divididos en dos partes por la sutil frontera de lo secular y lo religioso, pues ambas esferas se confundían en la cultura barroca, encabezados por una introducción de las autoras y un esclarecedor trabajo de Manuel Pérez dedicado a la construcción del concepto de poder para el análisis de las cosas de la Nueva España.
La investigadora Claudia Parodi inaugura los capítulos con un análisis del carácter multilingüístico de la ciudad letrada virreinal, donde las lenguas dominantes (el neo-latín y el castellano) se indianizan no sólo por los temas a describir (paisajes y culturas indias), sino por la incorporación de indigenismos para designar las nuevas realidades que se encuentran, como el aguacate o la hamaca antillana.
Este proceso conformará lo propiamente «mexicano» gracias a las obras, entre otros autores, de Cervantes de Salazar, Sigüenza y Góngora o Sor Juana Inés de la Cruz.
Si bien hay que señalar, a continuación, que esta indianización se extendió a otros ámbitos y estamentos sociales gracias al teatro, a los festejos, bailes, comidas, actividades laborales, etcétera, y que el náhualt se convirtió también en lengua de prestigio frente al resto de idiomas nativos.
En segundo lugar, la profesora Patricia Villegas analiza «el tocotín» de El Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz, una loa que servía de introducción al conocido y admirado auto sacramental que la monja jerónima convierte, gracias a las coincidencias entre el ritual católico de la comunión y la fiesta prehispánica dedicada a Huitzilopochtli, dios azteca del Sol y la guerra -ingerido simbólicamente por los celebrantes en una pasta de sangre y semillas-, en «una contrafactura escénica que culmina con la celebración eucarística».
Villegas analiza la trama, los personajes HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS y los tópicos de la pieza teatral, subrayando el talento de la religiosa letrada para «combinar los elementos disponibles, para adentrarse en la tradición sancionada por las autoridades, para renovar lo viejo ateniéndose a la costumbre».
El profesor e investigador Arnulfo Herrera, especialista en las literatura colonial, estudia las características (libertad, ingenio, brevedad, etc.) y la función crítica de los grafitos novohispanos, aparecidos de forma temprana para expresar las quejas de los soldados y capitanes de Cortés por el mal reparto del botín azteca.
El anonimato de estos textos, muchos en versos para ser mejor memorizados, dio alas a esta forma de protesta, que tuvo gran éxito durante el virreinato, pues nunca faltaron motivos para protestar o reclamar.
Como señala el autor: «Los grafitos contra las autoridades tienen la enorme virtud de su contundencia, por el ingenio, por la brevedad y por la libertad sincera con que expresan sus sospechas, sus maldicientes denigraciones o sus burlas».
El capítulo recoge varios ejemplos, de la conquista a la independencia, como muestra de esta rica veta literaria de gran interés por sus implicaciones sociales y políticas, que bien merecería una monografía del profesor Herrera.
La estancia de José de Gálvez, visitador general de la Nueva España, en San Luis Potosí (1767) para restablecer el orden y ejercer la justicia del rey tras varios levantamientos de los indios y otras castas de la ciudad y sus barrios, finalizó con el encargo al cabildo de construir unas nuevas Casas Reales que sirvieran tanto para desmotivar o frenar nuevas sublevaciones como para simbolizar el poder real en el lejano real minero.
El levantamiento del nuevo edificio, que estudia José Armando Hernández Soubervielle, se dilató por varias décadas debido a la falta de recursos.
Se deben al propio Gálvez el plano, la ubicación y el financiamiento, pero en 1782 Francisco Bruno de Ureña realizó un nuevo diseño que fue rechazado, dilatándose el inicio de las obras hasta 1798, siendo el edificio utilizado irónicamente como Palacio de Gobierno por las autoridades del México independiente.
Isabel Terán y Carmen Fernández Galán estudian, en el capítulo que cierra la primera parte, las obras patrocinadas por la Inquisición mexicana en las que se describen los túmulos funerarios levantados en recuerdo de los miembros de la Corona hispana.
Estos escritos, que no siempre se imprimían por los altos costos, permitieron a la Inquisición exhibir su amor y lealtad a la Monarquía, además de mostrar otra faceta menos conocida de la temida institución: la de promotora de obras literarias para conmemorar festividades oficiales, civiles o religiosas, en donde se ejemplarizaba lo permitido de lo prohibido.
Del catálogo inquisitorial, las autoras se centran en las obras firmadas por el poeta Cayetano Cabrera y Quintero (ca.
El primer capítulo de la segunda parte (De Potestatis Religionis) está firmado por la profesora Verónica Murillo Gallegos, experta en los problemas lingüísticos surgidos durante la evangelización de la Nueva España, preocupación que aparece en este trabajo dedicado al discurso de los franciscanos sobre las costumbres indígenas en general y el dilema planteado de respetar o destruir algunas costumbres que estuvieran de acuerdo con la ley natural, esto es, si era preferible o no hacer tabla rasa para favorecer la implantación del nuevo orden.
La autora ilustra esta cuestión con las ideas del fray Toribio de Benavente Motolinía, recogidas en sus Memoriales, libro de las cosas de la Nueva España y de los naturales de ella, acerca del matrimonio indígena, que implicaba cuestiones como «el de la legitimidad de la colonización y el de la validez de las leyes del mundo prehispánico aún después de la conquista».
Motolinía, partidario de conocer la lengua nativa y de tener un mayor trato con los indios para conocer su verdadera naturaleza, demostró tras años de estudio que los indios tenían matrimonios lícitos según la ley divina natural, aunque eran diferentes a las uniones hispanas (pues aceptaban la separación y el tener más de una mujer), ya que distinguían a la esposa legítima de la que no lo era, si bien el franciscano, un peón más del poder real, apostó porque los indígenas fueran aprendiendo y aceptando «que el matrimonio legítimo es indisoluble, monógamo y debe ser bendecido por la iglesia».
Rodrigo Labriola vuelve a revisar el proceso inquisitorial de Martín Ocelotl, acusado y sentenciado por idólatra, hechicero y embaucador en 1537, siendo desterrado a la Península tras la subasta de sus bienes.
«Traducir, traicionar, tragar: Ocelotl, Sahagún y la retórica de los tamales» nos recuerda las contradicciones del proceso, la imposición de la palabra y de la escenografía del conquistador, la influencia del milenarismo franciscano en un Quinto Sol que devoraría a los indios -en una trama de resignificación del caníbal-, hasta interrogarse el autor por temas más amplios, como la transculturación, los problemas de la traducción y el interés de Sahagún y sus compañeros por dominar el náhualt («saber esta lengua con todos sus secretos») para conocer la cultura, el pasado y la mentalidad del pueblo que querían evangelizar.
ISSN: 0210-5810 La pervivencia de elementos prehispánicos en las fiestas religiosas católicas es un fenómeno que perdura desde la época colonial hasta la actualidad.
El occidente del Estado de México, habitado por grupos nahuas, matlatzincas y otomianos, es el campo de estudio de la investigadora María Teresa Jarquín Ortega, quien realiza un completo inventario del santoral y su relación con el mes náhualt (apéndice 1), analizando con gran meticulosidad las relaciones entre agricultura, calendario y rituales de tradición mesoamericana en el valle de Toluca (apéndice 2), y las celebraciones religiosas más importantes del mismo valle (apéndice 3).
Estas fiestas, vinculadas a ritos y ciclos agrícolas que sirvieron para unir a santos y advocaciones cristianas con deidades ancestrales, son divididas por la autora es tres grupos de acuerdo con su origen y su función: las primeras están relacionadas con el ciclo agrícola, las segundas son las patronales, cuya función protectora e identitaria de la comunidad las ha mantenido con gran vitalidad hasta la actualidad, y, por último, están las celebraciones relacionadas con los santuarios procesionales, que se alimentan de las dos tradicionales anteriores, pues en numerosas ocasiones «se respetaron y asimilaron aquellos medios autóctonos que podían adaptarse al nuevo sistema».
A continuación, la doctora Robin Ann Rice se adentra en la compleja e interesante biografía de la monja Isabel de la Encarnación, escrita por el licenciado y presbítero Pedro de Salmerón y editada en 1675, para destacar algunas de las características de las vivencias de esta singular carmelita descalza a camino entre el misticismo hispano y los arrebatos pasionales de factura medieval.
La madre Isabel de la Encarnación (1594-1633) es una de las mujeres de clausura más interesante de toda la época colonial americana, que la autora del capítulo ha sabido abordar en todas sus dificultades y aristas, enmarcándola en la mentalidad de la época y en la religiosidad de la singular Puebla de los Ángeles, donde los prodigios (tormentos, arrebatos, humillaciones, enfermedades, sufrimientos, apariciones demoníacas y celestiales, etcétera) estaban tan arraigadas como sus famosas recetas culinarias.
En definitiva, una buena invitación para no dejar de leer la biografía de Salmerón, publicada por Vervuert-Iberoamericana en 2013 con introducción y notas de la citada Robin Ann Rice.
Por último, el libro se cierra con un interesante trabajo dedicado al santo rosario y a sus competidores apócrifos en el México de los siglos XVII y XVIII.
La bula Ea quae ex fidelium, otorgada por el Papa Sixto IV al dominico Santiago Sprenger en 1475, aprobaba definitivamente la fundación de las cofradías dedicadas al Santo Rosario, declarando que su origen estaba unido a santo Domingo de Guzmán y a varias apariciones marianas.
Sin embargo, la devoción católica del rosario contaba con una larga tradición que hundía sus raíces en el Salterio de David, la orden de San Benito, los cartujos y otras agrupaciones religiosas.
Pero serán los discípulos de santo Domingo, en especial Alain de la Roche o Alano de Rupe (1428-1475), los que impulsen definitivamente su devoción y la creación de las Confraternidades de la Virgen y Santo Domingo, que se extendieron primero por Francia y el resto de Europa, para pasar, tras la conquista, al continente americano y a las Filipinas.
En Nueva España, el subprior del convento de Santo Domingo de la capital mexicana, fray Tomás de San Juan, fue el primer fundador de una cofradía del Rosario en 1538, dedicando grandes esfuerzos a difundir su devoción por todo el virreinato.
La popularidad del rosario (consistente en 150 avemarías y 15 padrenuestros, que acompañan a quince misterios: cinco gozosos, cinco dolorosos y cinco gloriosos, en recuerdo de la vida, pasión, resurrección y gloria de Jesucristo y de la Virgen María) fue tan extensa que pronto aparecieron «rosarios intrusos», como los denomina la profesora Anastasia Krutitskaya, quien analiza varios ejemplos a partir de mediados del siglo XVII.
Lo interesante es que estos rosarios apócrifos fueron favorecidos por la Corona, como el Rosario de Nuestra Señora, por lo que, a pesar de las protestas de los dominicos, no dejaron de surgir hasta el final del virreinato, modificando las oraciones principales, las imágenes o la estructura a fin de diferenciarlos del prototipo dominico, destacando el Rosario de San José, el Rosario de San Miguel y el dedicado a san Francisco Javier.-SALVADOR BERNABÉU ALBERT, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla, España.
Sáez Arance, Antonio: Simón Bolívar.
El Libertador y su mito, Madrid, Marcial Pons (Col.
Las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI han evidenciado la plasticidad y la ubicuidad de los héroes nacionales y referencias identitarias en el tiempo largo.
Simón Bolívar, héroe de la revolución de independencia venezolana, de «una nación llamada Venezuela», y protagonista además de una gesta continental, ocupa un lugar destacado en el panteón de los hombres de guerra, estadistas, pensadores polimorfos que resurgen de forma continua en los proyectos políticos e ideologías sucesivas, HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS reivindicados por contrincantes de bandos opuestos, e in fine, portadores de mitos históricos a usanza de los gobernantes de turno.
La figura ha dado pie a una extensa (es poco decir) producción historiográfica e incluso hagiográfica habida cuenta de su obligada recuperación por la «historia patria» característica del siglo XIX republicano.
Junto a este «relato invariable» -título de la obra colectiva coordinada por Inés Quintero en 2011-que tiende a encerrar, tal chapa de plomo, la figura del Libertador, sobresalen varios ensayos, posibilitados en parte por la coyuntura y el acicate de los Bicentenarios de las Independencias iberoamericanas.
También cabría mencionar en este aspecto una «actualidad» candente en torno a la instrumentalización del pasado bolivariano y a la forja de una ofensiva historia oficial centrada en el pueblo y sus mesías.
Al lado de unos clásicos (G. Mansur) y de aportes más recientes como lo fue la biografía selecta de John Lynch, el libro de A. Sáez Arance podría ser una piedra más al edificio recompuesto con base a investigaciones y balances recientes.
Si bien lo es, en el mejor sentido de la palabra, tiene la ventaja de apoyarse tanto en una reflexión de largo alcance como en estudios a veces de difícil acceso como lo fueron los trabajos de Michael Zeuske, publicados en alemán.
Independencia, mito y nación conforman en efecto los ejes de una interpretación centrada sin embargo en la actuación del héroe y que permite por lo tanto obviar tanto el mito genésico como una memoria «esclerotizada», en los términos de otro estudioso del proceso independentista criollo, Rogelio Altez, en la recopilación antes citada.
Este nuevo aporte a la comprensión de la vida política, guerrera, intelectual e incluso personal del Libertador toma la forma de una apretada síntesis que busca distinguir, con sobrada razón, entre la figura histórica y el mito político a la par que contrarresta la narrativa bolivariana tradicional y el discurso historiográfico aún dominante respecto a las independencias, «desnacionalizando» y matizando la perspectiva en las palabras del autor.
De ahí las nutridas e imprescindibles referencias a las obras de J. Lynch o de M. Zeuske.
El libro recorre los años de formación en Venezuela y Europa, los orígenes sociales de quien fuera uno de los máximos representantes de la aristocracia criolla caraqueña/mantuana, los viajes a la Corte, su inmersión en las corrientes intelectuales europeas y su aprendizaje al lado de figuras señeras de la Ilustración.
Insiste en la vuelta a la convulsionada realidad caraqueña de los «criollos principales» confrontados al vacío institucional de 1808, el paso por Londres junto con Andrés Bello, dentro del dilema que se les planteó en ese preciso momento a los miembros de la Junta Suprema de Caracas (1810) respecto al Precursor Francisco de Miranda.
Con el fracaso de la Primera República de Venezuela y una serie de derrotas personales, se abre sin lugar a dudas un período convulso en la configuración socio-étnica e institucional de la antigua Capitanía General y en la fundación de la joven República o «patria boba».
El autor recuerda, con sobrada razón, la manera como los criollos actuaron en pos de la conservación de la jerarquía social y económica: si bien la piedra de toque de la nueva constitución fueron los principios de «libertad, igualdad, propiedad y seguridad», la esclavitud siguió siendo un elemento fundamental del sistema.
De esta configuración inicial se derivan no pocas características de las siguientes etapas, más heroicas por cierto en cuanto a actuación militar.
Conviene ubicarlas asimismo bajo los auspicios de la «guerra a muerte» y de un conflicto en términos de «españoles» contra «americanos», en todo caso de unas relaciones más contrastadas en lo social, tanto en el escenario venezolano como en el neogranadino (caso de Cartagena).
Un mayor protagonismo de los pardos caracteriza en efecto el período que se abre en noviembre de 1811 con la proclamación de la constitución republicana y cubre todo el período de la Segunda República, debidamente resaltada en la obra.
Desde la Campaña admirable y el Manifiesto de Cartagena (1812), el episodio de la contienda con el carismático Boves y sus llaneros, expresivo de un antagonismo socio-racial persistente, el paso por las Antillas y especialmente por Jamaica (con la Carta epónima de 1815), el libro desmenuza los antecedentes y, obviamente, las causas del movimiento independentista, coyuntura de 1808 incluida.
De la misma forma hace hincapié en ese «drama bolivariano» que se origina en la falta de ciudadanía, en desigualdades persistentes en lo social y, consiguientemente, el peligro que encierra la «pardocracia».
Se le aúna la actuación de los caudillos, el mayor obstáculo al proyecto patriota especialmente en el año 1816, año de victorias realistas en varias regiones de Venezuela.
En este sentido, el libro tiene el gran mérito de no hacer caso omiso de los líderes regionales tales como Urdaneta, Piar o Mariño, ocultados con frecuencia en la historiografía hagiográfica bolivariana o de cuño nacionalista.
También destaca el hecho de que, con el nacimiento de la Tercera República y de una nueva legitimidad constitucional no exenta de carisma y consagrada como tal en el congreso de Angostura (1819), la cuestión racial y el estatuto de los esclavos cobran mayor relevancia.
La táctica militar estudiada en Europa, la profesionalización del ejército libertador y el alistamiento de extranjeros, el papel de la prensa bajo la dirección de notables pensadores como Juan Germán Roscio y José Domingo Díaz, también son elementos clave de una biografía política que recoge aspectos muy disímiles de las estrategias de Bolívar en esos años.
Ahora bien, subraya con sobrada razón un dato también pasado por alto por la historia oficial, o sea que Bolívar «se perfilaba como portavoz de un continentalismo que plasmaba los ideales hegemónicos de la élite criolla».
Pese al armisticio y luego la victoria de Carabobo (1821), la estabilización en lo institucional y la ideación del proyecto de la Gran Colombia se vieron sin embargo alteradas por los excesos de Santander y de los sectores sociales afectados por los decretos aprobados por la joven República (leva, liberación de esclavos).
También hace referencia a las duraderas rivalidades experimentadas con otros libertadores a nivel continental (entrevista con San Martín), o a escala nacional (Páez) debidamente recordadas en este estudio, aunque quizás resulte más conocida esta etapa fundadora de la «nación llamada Venezuela» y del fracaso del proyecto visionario de Bolívar a escala continental.
Por eso mismo, la insistencia en determinados puntos de la epopeya bolivariana resulta de lo más pertinente: las dimensiones sociales de la independencia, las tendencias autoritarias y la concentración de los poderes en manos del «Presidente Libertador» -tendencia que culmina en 1828-, hasta el colapso de la República y el escepticismo de Bolívar respecto al proyecto continental y, simplemente, a la viabilidad de un modelo hispanoamericano en Hispanoamérica.
Esta síntesis, precisa y documentada a la vez, quedaría incompleta de no proponer una aproximación conclusiva acerca de la historiografía bolivariana de las últimas décadas.
En ese aspecto, el balance historiográfico resulta casi exhaustivo y no deja de contrarrestar la dimensión mítica del héroe nacional: resalta aspectos tan clave como las continuidades en el ideario más quizás que en la actuación del Libertador, el manejo fundamentalmente reformista del ideario de la Ilustración, y un sistema de valores republicanos que descansa en una ciudadanía virtuosa.
En el mismo orden de ideas, el último capítulo del libro defiende la necesidad de una contextualización crítica que ponga de relieve, en la línea de J. Lynch, no sólo la actuación de Bolívar como representante de la élite mantuana, sino la vigencia de prácticas sociales y referentes culturales fundados en el honor y el reconocimiento público -diríamos de Antiguo Régimen-en el desarrollo de un liderazgo político in situ.
Estas mismas prácticas y continuidades en el orden social y la permanencia del modelo cultural hispánico, adoptados por la sociedad criolla en su conjunto como tuvimos la oportunidad de señalarlo, obstaculizaron sin lugar a dudas la satisfacción de los intereses portados por los distintos sectores socio-étnicos en pugna.
De la misma forma, hay que matizar, in fine, la aprensión de Bolívar como revolucionario «popular», en lo social, tal como lo enarbolan los turiferarios del mito en el siglo XXI.
Tampoco fue el actor principal de una independencia idealizada dentro de la confusión entre historia y memoria en que se origina la manipulación de la historia nacional en nuestros días.
Este aspecto, quizás el más polémico, ameritaría futuros trabajos como lo pone de relieve la bibliografía «necesariamente» incompleta, por naturaleza inconclusa, y más cuando el investigador se enfrenta constantemente con un mito transformado en dogma y la consiguiente instrumentalización de la historia por parte de los gobernantes y la «revolución» de turno.-FRÉDÉRIQUE LANGUE, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), París, Francia.
Sánchez, Pablo: Liturgias utópicas.
La Revolución cubana en la literatura española, Madrid, Editorial Verbum, 2012, 164 pp.
Pocos temas generan tanto ruido de sables como el de la Revolución cubana y la figura de Fidel Castro, visto desde ángulos tan diversos y variopintos que van desde la tosca satanización a la etopeya mesiánica.
Podríamos sostener incluso que es difícil aportar nuevas y originales lí neas de investigación sobre temas que vienen sustentados con todo un arsenal bibliográfico que no para de crecer en medio de posiciones que son, a veces, más tribales que científicas.
Por eso llama la atención la excepcional obra de Pablo Sánchez, Liturgias utópicas.
La Revolución cubana en la literatura española (2012), autor de una importante monografía anterior titulada La emancipación engañosa.
En su nuevo libro rastrea de manera minuciosa e inteligente las huellas que este complejo proceso histórico dejó en la literatura nacional, pulsando con brillantez cómo el desencanto político de nuestros escritores fue seguido de una purga y una criba de sus propias obras para eliminar cualquier pulsión deificadora o apologética de Castro y los revolucionarios de Sierra Maestra.
HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS El libro está compuesto de un prólogo, ocho capítulos («Parientes lejanos: los escritores españoles en la red latinoamericana de los sesenta», «El nosotros combativo: España canta a Cuba», «Turismo revolucionario», «Intercambios literarios», «Los espejismos de 1968», «Dos exploraciones de Cuba», «La destrucción de los puentes» y «El largo naufragio») y unas conclusiones; y en él se cuenta, desde una mirada trasatlántica, cómo evolucionó el entusiasmo inicial por la epopeya revolucionaria hasta llegar al desencanto y la ruptura ideológica y literaria de escritores que habían proyectado sobre el imaginario de la Revolución la lucha antifranquista.
La Revolución cubana contribuyó de forma decisiva en la década de los sesenta a modelar el imaginario social en el continente y fuera de él.
Donde más textos apologéticos se produjeron fue en España, con especial énfasis en los exiliados y en muchos de los miembros de la generación del Medio Siglo, quienes poco después hicieron pública su decepción por el rumbo totalitario y represivo que había tomado.
La Revolución y el mundo cubano tuvo una gran repercusión e impacto en los proyectos memorialísticos, tales como En los reinos de taifa de Juan Goytisolo, en Cuando las horas veloces de Carlos Barral o La costumbre de vivir de Caballero Bonald.
Pablo Sánchez analiza con gran precisión y con una exhaustiva información sociológica la evolución que traza el entusiasmo por el triunfo revolucionario y su fractura irreversible con el «caso Padilla», dejando maltrecho el apoyo internacional de la izquierda y los sectores más progresistas que la consideraron como un símbolo de liberación antiimperialista y un contrapeso al anquilosamiento asfixiante del tardofranquismo.
La Revolución generó un ethos parecido al que se había dado durante la guerra civil española, simbolizando una resistencia necesaria y silenciosa de los escritores españoles frente al franquismo, como una inversión simbólica de la derrotada Segunda República.
La fascinación revolucionaria se convirtió en un fenómeno multinacional: La Habana fue el centro de la izquierda mundial, un topos magnífico que atrajo a la intelectualidad latinoamericana y europea, sobre todo después del fracaso de la invasión norteamericana de Playa Girón.
La primera reacción conjunta de la izquierda literaria española a favor de la Revolución fue la publicación de España canta a Cuba (1962), en la que participaron escritores del exilio como Alberti o Juan Rejano, junto a otros poetas decisivos de la postguerra como Blas de Otero o Gabriel Celaya y los pertenecientes a la generación del medio siglo, Ángel González, José Agustín Goytisolo, José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma y Carlos Barral.
Aunque sólo Alberti había visitado la isla, todos participaban de una suerte de euforia colectiva, sobre todo después del fracaso de los invasores de Playa Girón (1961) y las campañas de alfabetización, la reforma agraria o la política cultural.
Pablo Sánchez analiza con gran sagacidad los poemas que aportan figuras como Carlos Barral, José Ángel Valente o Gil de Biedma, donde se denuncia la amenaza imperialista yanqui, su obcecación con los logros revolucionarios y su inexplicable permisividad con los ergástulos del franquismo, lo que contribuyó a crear entre la intelectualidad española una solidaridad transoceánica visible en muchos poemas, entre los que sobresalen los que subrayan el elemento mesiánico de Fidel Castro.
Pronto comenzó el «turismo revolucionario» puesto en marcha para dar a conocer las excelencias de la Revolución.
En medio de la censura española, el viaje, la experiencia directa y ocular fue determinante para conocer aquella realidad que, en palabras de Enzensberger, se presentaba a través del «velo ideológico» que permitían ver los delegados -como en la URSS en los años 20-a los viajeros, turistas y simpatizantes, ocultándoles las zonas menos amables del proceso revolucionario.
Se creó Prensa Latina para contrarrestar las informaciones difamatorias del mundo capitalista y la isla actuó como un imán con intelectuales de todos los países a través de sus instituciones culturales, sus premios, revistas y congresos.
Pablo Sánchez da buena cuenta de los viajes de Carlos Barral a la isla y las nuevas amistades que surgen con Heberto Padilla, Alejo Carpentier, Lezama Lima o Nicolás Guillén, así como las visitas de los hermanos Goytisolo o de Caballero Bonald, unido sentimentalmente a Cuba por sus antepasados familiares.
El apoyo español al triunfo revolucionario se materializó en un libro importante, publicado por Ruedo Ibérico, titulado Cuba: una revolución en marcha, con textos de Martí, Raúl Castro, Regis Debray o el Che Guevara y las secciones poéticas y narrativas antologadas por Heberto Padilla y Cabrera Infante.
En el periodo anterior a 1968, en una fase positiva, los reportajes y las crónicas de viaje recurren a toda una tópica como el carisma de Castro, el hedonismo del cubano y su naturaleza pródiga, las distancias terapéuticas entre Cuba y la Unión Soviética, el triunfo de las campañas de alfabetización y la inevitable comparación con la España franquista.
El propio viaje a Cuba, tras el bloqueo y el boicot de los países de la OEA (excepto México) confería una dimensión mítica y épica a este encuentro con la isla HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784.
A pesar del tono eufórico del volumen Cuba: una revolución en marcha lo cierto es que ya se percibe en él una de las grandes controversias de la época: la independencia del intelectual, con respecto a las decisiones políticas.
Pablo Sánchez ha analizado la doble aportación española a la guerra propagandística en los primeros años de la Revolución: una textual (poemas, testimonios, reportajes) y otra extratextual, a través de los viajes y los compromisos adquiridos por el escritor.
A partir de 1968, en palabras de Vázquez Montalbán, se acabó «la edad de la inocencia».
La creciente intromisión del poder en la vida de los artistas, sus presiones para que hicieran un arte militante o su creciente sovietización dinamitaron el frente solidario internacional y los apoyos intelectuales a la Revolución fueron desapareciendo progresivamente.
La vanguardia española, dentro y fuera en el exilio, no estaba dispuesta a volver a una literatura realsocialista y la euforia intelectual dio paso a un escepticismo y a una lógica prevención, tal y como detectó de manera intuitiva Vargas Llosa, siendo miembro del comité de Casa de las Américas, aunque el caso más espectacular lo representa Juan Goytisolo, quien en la segunda edición de Señas de identidad, eliminó toda referencia a la Revolución cubana (capítulo 8.o).
Pablo Sánchez señala cuatro factores coincidentes en este desencanto: 1) La sovietización y la insoportable intromisión política muy visible entre los participantes en el Congreso Cultural de La Habana (1968), dejando claro el «dirigismo político» y la labor pragmática que debía cumplir el intelectual como divulgador, intermediario o traductor de las ideas revolucionarias.
2) El apoyo de Fidel a la invasión soviética de Checoslovaquia, invasión que provocó las protestas, incluso, del PCE, materializándose la primera crisis ideológica entre el castrismo y el antifranquismo.
Castro acusaría más tarde a los críticos de ser idiotas o agentes de la CIA, contribuyendo así a la desmitificación de su figura.
3) El gobierno revolucionario no condenó la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas (2/10/68), para preservar las buenas relaciones con México que no había participado en boicot de la OEA de 1964 y 4) los problemas del poeta Padilla tras ganar el Premio de la UNEAC, a pesar de ser una obra «ideológicamente contraria» a la Revolución.
Padilla sería encarcelado tres años más tarde, dinamitando así la imagen idílica de la Revolución.
El autor analiza dos textos importantes publicados en este año clave de 1968: Enero en Cuba, diario de viaje de Max Aub, y la novela de Alfonso Grosso, Ines Just Coming.
Aub, desde su sensibilidad de escritor doblemente exiliado, ya percibe en la política cubana cierta inclinación hacia el estalinismo.
Se siente, además, decepcionado por la escasa repercusión que tuvo su obra El cerco, sobre la muerte del Che Guevara, a pesar de que desde la isla se había impulsado una literatura elegíaca y mitificadora en torno al guerrillero argentino, para contrarrestar cualquier forma de derrotismo.
Analiza la incorporación del cronotopo de La Habana posterior a 1959, sobre todo porque el tema americano (y por supuesto el cubano) era una rareza en la literatura española, a excepción de La catira de Camilo J. Cela.
Pablo Sánchez considera que se ha estudiado poco el caso Padilla en su vertiente internacional.
Reconstruye con gran tensión narrativa el acoso al poeta, su detención, la pantomima de su autoinculpación pública, las cartas enviadas por los intelectuales, la ruptura de muchos de ellos con la revolución, los ataques de Castro contra estos acusándoles de ser conspiradores al servicio de la CIA y el imperialismo yanqui, la secuencia tragicómica en la que se rompieron lazos políticos y relaciones personales.
Por el libro desfilan personajes con actitudes variopintas, cuando contradictorias, como la adhesión inquebrantable de Sastre, en violento contraste con Valente, quien denuncia sin tapujos el giro represivo de la Revolución, la satanización de los intelectuales y la persecución de colectivos como el de los homosexuales.
Sastre-Valente simbolizan la división de la intelectualidad española y europea, que poco a poco se decantará por el distanciamiento revolucionario.
En este sentido cabe destacar el papel de Carlos Barral quien rompió simbólicamente con la Revolución tras publicar Persona non grata de Jorge Edwards, inaugurando así lo que Pablo Sánchez ha llamado la literatura «postapologética» que luego seguirían Reinaldo Arenas, Eliseo Alberto y tantos otros.
Es evidente que después de 1971 Cuba deja de ser un cronotopo literario prioritario, para convertirse poco a poco en un motivo residual, seguido por intelectuales recalcitrantes.
En España, a diferencia de otros países, el anticastrismo sigue siendo muy tibio, condicionado por la amenaza norteamericana, y no ha dejado de funcionar cierto grado de fascinación por el Fidel Castro mesiánico, pero lejos de la idolatría de los años sesenta.
Han seguido de manera clara apoyando la Revolución figuras contradictorias como el católico José María Valverde, para quien Revolución y cristianismo van de la mano, o Belén Gopegui.
Cuba se ha diluido en la literatura española, y sólo ha quedado de forma sesgada en la escritura testimonial, memorialística o de viajes, como las representadas por Andrés Trapiello sas representaciones de honor y, con ello, las construcciones identitarias de los distintos estamentos, así como de los individuos dentro de cada uno de ellos.
En el segundo bloque del libro, «El honor: de las herencias a las opiniones», partiendo del concepto del honor de los orígenes que se construyó en América desde el original hispánico, se analiza su estrecha relación con la «raza», entendida aquí, como la propia autora indica, como «casta», «calidad de origen» o «linaje», así como la vulnerabilidad a que esa representación del honor llega a lo largo del siglo XVIII.
Merced a la evolución que permite esa vulnerabilidad, se llega a un punto en el que esa representación del honor ya no era válida por sí misma; sólo servía si tenía la ratificación social a través de la «reputación».
Y, al mismo tiempo, a lo largo de esa centuria una serie de grupos sociales distintos a las elites, incluyendo algunas «castas», comenzaron a utilizar esa representación del honor esgrimido por aquéllas, ya fuera para rebajar la «calidad» de otros, ya para cambiar sus identidades originales en pos de una posición de poder que les era negada por aquéllas.
El análisis de la documentación procedente de los juicios por injurias en que se apoya la autora, no deja ninguna duda sobre la tesis sostenida por ella en esta parte de la obra sobre la evolución sufrida por ese primitivo concepto del honor a lo largo del siglo XVIII, así como acerca de la construcción de otras representaciones (el honor como reputación), que actuando separadamente o en unión con aquél, se hacen cada vez más necesarias como mecanismos de jerarquización de la sociedad.
Al mismo tiempo, se examina también en esta parte de la obra la utilización de esos paradigmas de honor por estamentos sociales hasta poco antes ajenos a él, en cuanto que pueden acceder a una «reputación» aunque no puedan mostrar claramente sus «orígenes».
Pero quizás sea en la tercera parte del libro, «El honor: entre civilidad y violencia», donde se encuentran las aportaciones más interesantes de esta obra.
En ella se contrastan esencialmente dos representaciones contrarias y excluyentes del honor; uno que surge en la centuria estudiada y que llega a su pleno desarrollo en la siguiente, el honor como «civilización», y otro con profundas raíces sociales, que la autora nomina como «agonal» por el papel fundamental que jugaba en él el desafío y la contienda, basado en el poder físico y la astucia.
Avanzado el siglo XVIII, en unos momentos en que el estado borbónico pretende aumentar su control sobre el territorio americano, la autora HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784.
ISSN: 0210-5810 nos presenta la aparición de una nueva construcción del «honor», basado en principios propios de la Ilustración (civilidad, contención, cortesía...).
Este nuevo paradigma fue promovido en gran parte, al menos en el caso chileno, por las autoridades, apoyadas de manera clara por los estamentos judiciales (desde jueces a abogados), como un mecanismo fundamental para el control de la violencia que implicaba la representación del honor agonal que, necesariamente, pasaba no sólo por la demostración de la superioridad física, sino por la «venganza» al margen de las leyes por las injurias recibidas.
Esa nueva representación del honor, unida en principio a las elites (la superioridad en el nacimiento debe ir acompañada por la superioridad en la conducta), que se diferencian así de la «plebe», comenzó sin embargo a extenderse en la última parte del siglo XVIII a grupos medios, e incluso populares, hasta el punto de que en algunos de los juicios examinados por la autora nos encontramos con que, al menos en determinados casos, se utilizan los mismos parámetros para establecer el honor/deshonor de individuos de estamentos sociales muy diferentes.
No obstante, y partiendo de la misma documentación, la autora demuestra también que los intentos de las autoridades (te reconozco el derecho al honor si actúas según las pautas que te marco) no tuvieron el éxito que pretendían.
Como claramente se nos muestra en esta parte de la obra, si bien esta nueva representación del honor se impone entre las elites y los grupos medios, no ocurre lo mismo con los populares.
De los juicios examinados por la autora se deduce que estos últimos siguen aferrados al honor agonal; imposibilitados para acceder a estamentos superiores, es ese honor, basado en la fuerza y la astucia, el que les permite ocupar un puesto de poder dentro de su propio grupo, que es su verdadero objetivo.
En definitiva, esta obra nos muestra cómo «el honor» en el siglo XVIII chileno era algo bastante más complejo de lo que hoy podríamos entender, abarcando representaciones diversas y variables.
Pero todas ellas marcaban no sólo el lugar del individuo en un determinado estamento, sino también su jerarquía dentro del mismo.
Los documentos judiciales utilizados dejan patente la trascendencia de ese honor no sólo para las elites que tradicionalmente habían apelado al honor para diferenciarse del resto, sino para toda la sociedad, aunque su representación no fuera ni igual para todos ni inalterable.
Individuos de estamentos muy distintos apelan a él para conseguir su objetivo (fuera el que fuera), aunque hubiera claras diferencias en RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784.
ISSN: 0210-5810 la representación del mismo a que hacía referencia cada uno (o incluso el mismo individuo en momentos y situaciones diferentes).
A través de él, en sus distintas variedades, la autora no sólo nos presenta un buen retrato de la sociedad de Santiago de Chile en el siglo XVIII sino, lo que parece aún más interesante, los mecanismos utilizados por algunos grupos sociales para, a través de él, «cambiar» su identidad en un momento dado, accediendo a privilegios o jerarquías que de no producirse esa evolución en la representación del honor que tan claramente se nos describe en este trabajo, hubieran tenido vedados.
Apoyándose en una exhaustiva bibliografía y una rica y compleja documentación, esta obra viene a dar un paso más en las investigaciones iniciadas por autores como René Salinas o Igor Goicovic sobre la sociedad chilena en las que, aunque el honor no fuera como en este caso la problemática central, se marcaba un camino metodológico plenamente desarrollado por la autora en esta profunda investigación, para ofrecernos un excelente retrato de esa sociedad en el siglo XVIII desde una perspectiva diferente a la que habíamos tenido hasta ahora, y marcando líneas que, indudablemente, deberán seguir estudios posteriores.-ROSARIO SEVILLA SOLER, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla, España.
Zarama Rincón, Rosa Isabel: Pasto: cotidianidad en tiempos convulsionados, 1824-1842, Colombia, San Juan de Pasto, Alcaldía Municipal, Punto Editor, 2012, 452 pp., tablas y mapas.
La publicación sobre la cotidianidad de la ciudad de Pasto en tiempos convulsionados (1824-1842) de la Dra.
Rosa Isabel Zarama Rincón es una importante referencia y no solo para los especialistas en la vida diaria de las ciudades de América, sino para todos aquellos que se interesan por conocer el transcurrir de las comunidades urbanas del siglo XIX, y en particular de la actual San Juan de Pasto, equidistante de las importantes Quito (Ecuador) y Popayán (Colombia).
Más aún, si el lector quiere aproximarse a la realidad de una localidad y su comunidad en tiempos de agitación.
Son varios los aportes de esta obra.
Hay que destacar la exhaustiva investigación realizada con fuentes primarias, basa fundamental de este trabajo que, al vincularse con un sólido planteamiento teórico, origina su tesis HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS doctoral.
El nombre de este estudio académico permite observar claramente el propósito que la obra busca: el tema de la cotidianidad en un lugar determinado y en un lapso de tiempo expresamente definido.
Además, el diario vivir en tiempos convulsos, trascendental para explicar el devenir de esa ciudad en un periodo de mediana duración.
Permite a su vez insertar en el marco republicano una ciudad que crece desde tiempos anteriores en lo que fue el vasto imperio hispano.
Por otra parte, es un aporte a la historiografía local ya que es un periodo que poco ha sido tratado y mucho menos por historiadores profesionales.
El interesante libro de la doctora Zarama procede de su amplia mirada de historiadora, que sustentando su investigación en abundante información documental existente en el Archivo Histórico de Pasto, actualmente bajo la administración de la Universidad de Nariño, sumada a la información contenida en recopilaciones documentales y escritos de reconocidos autores, logra un cuerpo que permite la tarea de reflexionar y analizar los complejos procesos urbanos, demográficos, políticos, eclesiásticos y económicos de una ciudad en desarrollo.
Es importante también porque en el estudio del devenir cotidiano de los moradores de la ciudad de Pasto entre los años de 1824 y 1842 se entrecruzaron problemas locales, nacionales y los derivados de la delicada situación política vivida con la vecina y también naciente República del Ecuador, interesada en anexar esta parte del sur de Colombia a su territorio.
Hay mucho que valorar en esta obra, y es de agradecer, como resultado nos encontramos ante una investigación histórica que supera el lienzo etiológico, académico e historiográfico y pone al alcance de cualquier lector el paso de las gentes por las calles y sus plazas, las costumbres y tradiciones que se validan al calor del fuego de la hornilla en el caserón y la tulpa del rancho y la tienda.
La vida diaria con sus afanes y alegrías, el hombre y la mujer de a pie por la calle empedrada o en el atrio de la iglesia y la capilla.
Por eso el viaje por estos años convulsos se hace pronto y significativo al toparnos de la misma manera con políticos y militares, indígenas y artesanos, religiosos y comerciantes.
Es a través de la vida cotidiana que se conforma y confirma la identidad cultural de una comunidad, de una nación.
Por otra banda se pondera el destacado papel en que pone en juego a las mujeres la autora de Pasto: cotidianidad en tiempos convulsionados.
Las mujeres activas desde todas las esquinas de la ciudad, las pulperas, las indígenas artesanas, la primera maestra de niñas, las religiosas de la Concepción, las compañeras de los combatientes en la guerra de los conventos.
Aquellas que establecieron familias, mantuvieron costumbres y creencias, que obligadas o no participaron en los acontecimientos políticos y religiosos.
Las que defendieron sus convicciones.
Su lectura nos permite una inmediación a lo que caracterizó la ciudad de Pasto en esta época, y lo ejemplifica, para muestra lo que significaron los sucesos del 5 de enero de 1823, cuando se produjo una profunda ruptura con el pasado colonial.
Por primera vez, el presidente-libertador Simón Bolívar tuteló la elección de las personas que trabajarían en el consejo municipal.
Este acto marcó un giro de bisagra hacia la apertura del futuro: los concejales dejaron de jurar fidelidad al rey de España, y con ello, a todo el pasado colonial para jurar lealtad a la Constitución de Cúcuta de 1821.
De la misma manera la autora pone sobre el tapiz la realidad de los peones de esa época, que no varía significativamente a la actual, donde la sociedad no ofrecía (ofrece) alternativas a los trabajadores rurales, caracterizado por un bajo circulante, la inseguridad, y donde muchos de los nativos pertenecientes a las comunidades ancestrales debían recurrir al concertaje, donde el monasterio o el patrón, se constituyeron en la única posibilidad de ingresos seguros.
Como dice la autora (p.
293): «En septiembre de 1837, Manuel Flores casado con María Encarnación Espard [sic] y residente en Consacá se concertó como peón de la hacienda de Sandoná de las Reales Monjas».
Es una obra que accede el estudio demográfico paralelo al crecimiento urbano, lo que resulta muy significativo si se proyecta con perspectiva futura, es un gran aporte al necesario conocimiento de una ciudad en expansión.
El interés por el espacio urbano que presenta la obra en tiempos donde al ordenamiento territorial adquiere una importancia suprema en términos de planeación y no solo de ciudades con historia colonial.
Con la publicación de esta obra se plantean nuevas temáticas, otras preguntas para profundizar en las realidades históricas y su interpretación en los ámbitos local, regional, nacional y continental.
Es un referente para comparar a Pasto con otras ciudades de la región y el continente, ciudad que debió afrontar el nuevo escenario republicano superado el conflicto con la corona española, trance que dejó su huella en la sociedad, su manera de ser, pensar y actuar.
Para interpretar esas nuevas realidades qué mejor que contar con estudios profesionales como el realizado por la Dra.
Zarama Rincón, nacida en la ciudad a la cual dedica su estudio académico y convierte en tesis doctoral aprobada por la Universidad Andrés Bello, en Caracas (Vene -HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS Anu. estud. am., 71, 2, julio-diciembre, 2014, 729-784. |
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Los tratados de Utrecht (1713-1715) pusieron fin a la guerra de Sucesión española y a una serie de conflictos bélicos que tuvieron importantes consecuencias para la geopolítica europea.
No constituyeron un solo tratado concluido en un solo lugar.
A pesar de ser conocidos con el nombre de la ciudad que acogió a la convención de diplomáticos entre 1712 y el 11 de abril de 1713, Holanda sufrió una notable marginación en los procesos de negociación.
El emisario francés, Melchior de Polignac comentaría acerca de este hecho: «Negociamos en tu país, acerca de tu país, sin tu país», una frase que prácticamente parecía zanjar el final de un período importante para el comercio holandés atlántico y su posición favorecida en la trata de esclavos al haberse convertido Jamaica y Curaçao en centro de provisión para los asentistas genoveses y judíos-portugueses.
1 Los Tratados determinaron, en gran medida, la siguiente evolución política y económica mundial, celebrándose además de en Utrecht, una serie de diversos acuerdos de paz y comercio en Rastatt, ciudad del Sur de Alemania, y en Baden, Suiza.
Favorecieron a Francia y, sobre todo, a Inglaterra y aunque realmente una de las consecuencias de mayor trascendencia en Europa fue la nueva ordenación jurídica y territorial, los tratados de Utrecht consolidaron diversos acuerdos previos, algunos de ellos negociados anteriormente por los lobbies diplomáticos y comerciales, en los tratados de reparto de la Monarquía Hispánica, o en los denominados Preliminares de Londres, o acuerdo anglo-francés, de octubre de 1711.
2 Estos «preliminares» habían
supuesto el triunfo del conservadurismo mercantil británico e implicaban graves perjuicios para el comercio colonial español, especialmente en el mundo atlántico.
No obstante habían supuesto un primer intento de negociación en la que ninguna de las partes estaba totalmente de acuerdo reflejándose ya de esta forma cómo la lucha por el control de los territorios ultramarinos del imperio español se estaba convirtiendo en uno de los focos de interés en el camino hacia una interesada paz.
La negociación del asiento de negros y las concesiones a Inglaterra de Gibraltar y Menorca fueron algunos de los temas tratados en aquellos pactos, en muchas ocasiones secretos, de los primeros acuerdos anglo-franceses.
3 Daniel Defoe, testigo de la época, incidía en la necesidad de una paz a cualquier precio, sobre todo después de las ruinosas campañas de 1709 y 1710 y recalcaba las necesidades de los mercaderes, a pesar de su oposición a los Tories en Londres.
4 En su dinámica «balanza de poder» Inglaterra tenía claro su papel en el concierto de las naciones europeas para prevenir la hegemonía política francesa y para evitar el excesivo control de los Borbones sobre el imperio español.
A pesar de las complejas relaciones entre Inglaterra y Holanda, como su principal aliada, y las propias disidencias internas a favor o en contra de la guerra la opinión pública mercantil inglesa se hacía eco, cada vez más, de la vulnerabilidad del comercio atlántico así como la situación que afectaba a las propias flotas y galeones españoles en alta mar en donde viajaban, muchas veces, los depósitos de retorno paradójicamente pertenecientes a mercaderes no españoles.
5 La guerra de Sucesión a la corona de España se dio en un marco realmente culminante de estas rivalidades imperiales, en el contexto de un incremento excesivo del gasto militar, de la concentración de los recursos para uso naval y de la reorganización de puertos marítimos.
6 La lucha diplomática entre Francia e Inglaterra se produce así en un contexto innovador y asertivo para las nuevas directrices que se querían imponer en el mundo comercial y colonial caracterizado por los intrínsecos vínculos que se establecerán a partir de finales del siglo XVII entre la idea de la defensa de las monarquías, los gastos militares y la economía colonial.
De hecho esta relación estará en la base de la fortificación de una nueva idea de Estado que afectará de forma importante a España tras el cambio dinástico.
7 La situación de competencia entre las naciones también se reflejó en la creación del Conseil du Commerce en París, hacia 1700, a instancias de Porchantrain.
Este órgano inspiraría también el establecimiento de la Junta de Restablecimiento del Comercio en Madrid, creada bajo la estricta supervisión de Ambroise Daubenton y Nicolás Mesnager.
Mesnager llegaría a estar involucrado en las negociaciones secretas anglo-francesas en materias comerciales.
En este ambiente proliferaron informes como la «Mémoire sur le commerce d l 'Amérique espagnole», que divulgaron el creciente poder francés sobre la América hispana y el consiguiente temor de los imperios rivales.
8 Además, sobre todo a partir de la batalla de Almansa (1707) el panorama comercial atlántico y los posibles peligros de una fractura total de la situación, que hasta el momento favorecía a Francia, empezó a convertirse en uno de los temas objeto de negociaciones.
Estos acuerdos se vieron, unas veces frustrados, como el tratado firmado entre Inglaterra y el archiduque Carlos en Barcelona en 1707, 9 y exitosos en otras ocasiones como los acuerdos preliminares sobre el asiento para el comercio de esclavos.
10 No se hacía más que reivindicar las posturas de los aliados y del eje Francia-España acerca de la situación del imperio o de los peligros de su partición, como también se había puesto en evidencia en los tratados de reparto de la Monarquía acaecidos desde 1668.
En las recientes revisiones historiográficas realizadas sobre los tratados de Utrecht se ha dado particular importancia a las repercusiones de la guerra tanto en el devenir del comercio como en las cuestiones internas del propio imperio español de América.
Estos temas también han sido actualmente objeto de debate tanto en congresos como exposiciones celebrados a la luz de las efemérides de Utrecht así como en varias publicaciones.
Sirva de ejemplo la presencia que estas cuestiones han tenido en la exposición «En Nombre de la Paz», organizada por la Fundación Carlos de Amberes y el Centraal Museum de Utrecht.
11 No obstante, la mayor parte de los trabajos editados profundizan más en las cuestiones territoriales, dinásticas o referentes a la guerra en sí, ofreciendo aún escasa importancia 7 Algunos ejemplos son: Harding y Solbes Ferri, 2012; y González Enciso, 2012.
12 La influencia de la crisis dinástica española, el cambio de régimen político y sus consecuencias en la ordenación territorial y económica del imperio, habían sido cuestiones ya tratadas anteriormente, sobre todo porque la idea de imperio se vio alterada por los propios cambios acontecidos en la consideración del nuevo estado español resultante del cambio dinástico.
13 En los reinos de Indias se habían sucedido conflictos bélicos paralelos alentados por focos de insurrección que apoyaban a uno y a otro bando en México y en las Antillas.
14 La Guerra en América se alargó entre 1702 y 1708 afectando sobre todo a las rutas que debían seguir las flotas y galeones en el área del Caribe y caracterizándose siempre por la cooperación hispano-francesa, especialmente en el Mar del Sur.
15 Algunas colonias del Caribe y costas de Tierra Firme también fueron escenarios del pulso franco-inglés por controlar América.
El impacto de esta lucha anglo-francesa en América era evidente incluso para los observadores de la época.
Las naciones de la segunda mitad del siglo XVII habían evolucionado a imperios mercantiles orientados a basar su progreso económico en el acceso a los recursos coloniales, negocios en los que incluso las casas dinásticas más importantes de Europa fueron accionistas, principalmente en aquellos negocios más lucrativos relacionados con el traslado de esclavos a las colonias de plantación y a las minas o con la importación de productos de lujo o de nuevo consumo en Europa y Asia.
De hecho el imperialismo europeo de la Edad moderna, aunque se califique como «marítimo» se identificaba con el predominio territorial radicado sobre la expansión por tierra de las áreas fronterizas ya controladas, de donde se podían extraer recursos.
16 Es decir, la guerra de Sucesión a la corona española suponía una auténtica atlantización de las guerras dinásticas europeas.
Además, la guerra y los tratados de paz tuvieron consecuencias trascendentes en la evolución de las relaciones comerciales entre Europa y el mundo colonial atlántico al alterar e invertir, en muchos casos, las relaciones de poder en los territorios 12 Casos de los excelentes trabajos de Albareda Salvadó, 2010 y Álvarez-Ossorio, García García y León Sanz, 2007.
ANA CRESPO SOLANA bajo la influencia de otras naciones europeas.
Francia aceptó una serie de cesiones territoriales a Inglaterra que obtuvo la isla de San Cristóbal, la bahía de Hudson, Acadia y Terranova.
Y mientras Francia tuvo que renunciar en varias ocasiones, y contra su propio interés, a los privilegios comerciales obtenidos tras la muerte de Carlos II, Inglaterra obtenía el asiento de negros y el navío de permiso, quizás uno de los capítulos económicos más estudiados de este contexto histórico aunque no menos conocida su influencia posterior real en el comercio colonial español desde Cádiz cuando en 1717, cuatro años después de la paz de Utrecht, se iniciaron una serie de reconstrucciones del viejo modelo basado en las flotas y galeones desde un solo puerto de apresto y arribadas con el objeto de convertir los viajes de las flotas en un negocio de estado.
También Portugal se vio afectado en su imperio colonial al tener que aceptar una rectificación de fronteras entre Brasil y las Guayanas.
En el contexto del debate historiográfico que se está llevando a cabo sobre estos tratados, la dimensión americana de Utrecht está siendo analizada de forma marginal a lo que este proceso político y diplomático supuso para Europa.
Por ello se propone este conjunto de ensayos en los que se analizará no solo el impacto de los tratados para los territorios americanos, sino los cambios de relaciones entre los distintos imperios coloniales y sus regiones.
Partiendo de la idea de la atlantización de Europa y sus conflictos a partir de 1700, se analizarán los derechos comerciales obtenidos por las naciones firmantes de los tratados, sobre todo el derecho del asiento de esclavos y el navío de permiso para Inglaterra, el impacto de la reorganización territorial en América del Norte y las actitudes de los ciudadanos de la América hispana hacia el conflicto europeo.
Se prestará atención a cuestiones diplomáticas, socio-políticas, territoriales y comerciales desde una perspectiva transnacional y comparada al estudiarse desde diferentes perspectivas, incluyendo estudios focalizados en áreas como el Río de la Plata, Nueva Francia, Nueva Inglaterra o Filipinas.
Se analizarán las influencias de las dinámicas de rebelión y resistencia que se produjeron en España y su propagación a territorios más «marginalizados» del conflicto europeo.
Además, se tendrá en cuenta el impacto que estos tratados de Utrecht y sus múltiples consecuencias tuvieron para la consolidación de la nueva América y sus diferentes entidades políticas.
Son en total seis artículos entre los que se destacan análisis transatlánticos tanto desde la perspectiva metropolitana como colonial teniendo en cuenta la interacción de los distintos agentes y conductores de intereses, desde grupos criollos e indígenas PRESENTACIÓN: LOS TRATADOS DE UTRECHT Y AMÉRICA Anu. estud. am., 72, 1, enero-junio, 2015, 15-21.
Agradezco a los autores que han colaborado en este número su profesionalidad y paciencia para la elaboración de este necesario dossier sobre las influencias de los tratados de Utrecht en América. |
Las causas y consecuencias de los importantes tratados de Utrecht del 11 de abril de 1713 han sido bien estudiadas para Europa, pero no tanto en su estrechísima relación con América.
En este trabajo se tendrán en cuenta unas y otras en el contexto interdependiente euro-americano.
Pero esta inexcusable «Historia atlántica» hay que abordarla, como mínimo, en un «tiempo coyuntural» (unos cincuenta años), que nos permita entender cabalmente la gran significación internacional de aquellos tratados de Utrecht.
De ahí que, si el período de la guerra de Sucesión a la Corona española fue decisivo (1702-1713), no tuvo menos importancia el precedente período de la guerra de sucesión a la Corona inglesa (1689-1697).
Además de precisar estas coordenadas espacio-temporales, se especifica a continuación la óptica o paradigma interpretativo desde el que se analiza el tema básico del trabajo, cual es la estructura y dinámica del poder político de las metrópolis europeas y de las colonias americanas.
Se trata, en efecto, de una «Historia política», pero totalmente entroncada con los hechos sociales, económicos y culturales.
1 Con estas delimitaciones espacio-temporales y teniendo como hilo conductor aquella concepción de la organización política de la sociedad, el tema central de esta colaboración consiste en perfilar la naturaleza de las tres dimensiones interrelacionadas del poder metropolitano de Francia e Inglaterra, del poder autóctono de los aborígenes y del poder colonial de Nuevas Francia y de Nueva Inglaterra con el fin de explicar la caída del imperio colonial francés y el auge del imperio colonial inglés, cuyo proceso se inicia en Ryswick y se consolida en Utrecht.
Coordenadas espacio-temporales: La historia atlántica
Para John Elliott, al menos en la época colonial, el «Atlántico» es un espacio común de relaciones recíprocas.
The interrelation 1 Este trabajo ha sido realizado en el contexto del Proyecto de Investigación HAR2011-24529 (PLUTARCO XXI: Biografías y Procesos desde las perspectivas interdisciplinares de la Historia, la Traductología y la Literatura, 1600-1800), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) con fondos PGE (Presupuesto General del Estado).
2 Elliott recogió esta misma idea de Daniel W. Howe, que se manifestó en este sentido en su discurso inaugural de Oxford en 1993.
3 Para la fijación conceptual y metodológica de este «mundo atlántico» son imprescindibles los trabajos de Baily, Armitage y Canny.
4 P. Coclanis, en un artículo sobre la «idea de la historia atlántica» y el «mundo como una isla» de Bailyn, amén de insistir en las extraordinarias consecuencias académico-científicas de la Bailynesque -«can be defined as a complex and elaborate historical design of intersecting and in same cases intertwined parts»-, aboga decididamente por la necesidad historiográfica de elaborar una Historia atlántica, según la que ambas riberas de este mar no se podrían comprender.
5 Hay que reparar en que Bailyn abordó todos los aspectos de la colonización americana: los políticos, económicos, sociales y culturales.
Para James Muldoon -especialista en historia legal en general y en derecho romano-canónico en particular-el «Atlántico» es el mare nostrum de la modernidad (imperios español, portugués, francés y británico) al igual que el «Mediterráneo» lo fuera de la antigüedad, del Imperio Romano.
Aborda esta temática «universal», común, desde la perspectiva de la jurisdicción sobre el mar, comentando las razones de Grotius (mare liberum) y Selden (mare clausum); y desde la perspectiva del derecho romanocanónico -ius commune-, que influyó decisivamente en la articulación de un nuevo orden y, por lo tanto, de una nueva legalidad en el Atlántico después de Westfalia, cuando la diagonal de la contrarreforma bajo la égida del papado, deja paso a la construcción de la Europa horizontal de Estados autónomos.
El derecho romano-canónico se convierte en derecho «nacional».
Se diluye la universalidad cristiana para dar lugar a la universalidad de la fuerza estatal (estados militares).
La coyuntura temporal de las dos guerras de Sucesión a las Coronas inglesa y española
Para comprender el tiempo corto de los tratados de Utrecht de 1713 es imprescindible tener muy en cuenta sus causas, que nos obligan a retrotraernos a un período anterior, que se debe remontar hasta 1661.
Desde una perspectiva atlántica Pierre François Xavier de Charlevoix explicó inmejorablemente las consecuencias territoriales de los tratados de Ryswick (1697) y de Utrecht (1713), así como las del tratado firmado el 8 de septiembre de 1700 entre Nueva Francia y las Naciones Indias.
8 Y Bruce P. Lenman demostró que ambas guerras constituyeron un todo unitario, desplegado en dos actos sucesivos.
9 Es en esta singladura coyuntural de medio siglo (1661-1714) como se podrá interpretar cabalmente la «atlantización de las guerras europeas», puesto que en este contexto se desarrollaron las guerras iroquesas, apoyadas por Inglaterra en contra de Francia entre 1682 y 1701.
Y otro punto de inflexión básico lo constituyó la conquista inglesa de Nueva Amsterdam, convirtiéndola en Nueva York en 1664.
Las tres fuentes básicas para el estudio tanto de Nueva Inglaterra como de Nueva Francia en la encrucijada internacional liderada primero por Francia y después por Inglaterra a partir de los tratados de Utrecht son fundamentalmente las siguientes: 1) los tratados internacionales (informes de embajadores, reunión de plenipotenciarios y tratados propiamente dichos); 2) el Board of Trade de Inglaterra o el Ministere de Marine ou des Colonies de Francia; 3) los gobernadores Generales de Nueva Inglaterra (Andros, Dudley) y Nueva Francia (Frontenac y Vaudreuil); y 4) toda aquella otra documentación relacionada directamente con los pueblos america- 7 Gerard, 1885.
Los tres volúmenes. de este libro son fundamentales por su modélica organización formal, por su interesantísimo contenido y por sus magníficas ilustraciones.
11 El paradigma interpretativo desde el que se han de analizar las cuestiones históricas lo ha puesto de manifiesto, entre otros, J. L. Granatstein: «The task of the current generation is to build on the past, to understand it, and, where necessary, to triumph over it.
12 Construir, entender y triunfar, he ahí las tres tareas que se deben desprender de la rigurosa investigación histórica.
Así, pues, construir el hecho historiográfico de las relaciones entre Inglaterra y Francia a propósito de América en las últimas décadas del siglo XVII y primeras del XVIII se hace con el fin no sólo de entenderlas, sino también de brindar claves explicativas que permitan afrontar el presente de forma conciliadora.
13 La historia política que nos interesa aquí, como perspectiva preferente aunque no única, no es naturalmente la historia política decimonónica, positivista y episódica.
Por el contrario, entroncando con las líneas de investigación más recientes, esta historia política es una parte esencial de la vida social.
Pero en cuanto estructura parcial autónoma, pero configuradora de un orden coercitivo o al menos cohesivo, necesita en su explicitación que se tengan en cuenta tanto los elementos internos propios de la vieja sociedad amerindia y de la nueva sociedad colonial como los factores externos, pero decisivos de las respectivas sociedades metropolitanas.
No se ha de olvidar que la historia de América es también la historia de la rivalidad franco-inglesa por la hegemonía mundial en la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII.
Por lo demás, no se hace otra cosa más que aplicar un viejo, pero de gran vigencia actual, pensamiento historiográfico de William John Eccles.
La excelente selección de trabajos escritos por este autor durante veinticinco años están organizados en torno a tres grandes temas, estrechamente relacionados entre sí: el imperialismo europeo, las colonias norteamericanas y los pueblos indígenas.
Con el utillaje conceptual de Xavier Gil, Carlos José Hernando Sánchez, F. Lorda y Alaiz y José María Mardones; y con los ejemplos historiográficos de Luis González Seara y Michael Mann se aborda la historia política de Euro-América, teniendo en cuenta de modo complementario la lucha por el poder, pero también la lucha contra el poder.
Con la primera dimensión se fijan todos los elementos intervinientes en la configuración de la estructura política; y con la segunda se dan cuenta de todas las fuerzas que se mueven en la estructura social.
Imperios coloniales de Francia e Inglaterra
Hasta mediados del siglo XVII la hegemonía económica de los Países Bajos en el Atlántico fue indiscutible.
16 Pero a partir de entonces las cosas cambiaron.
La contracción de su comercio en la Europa del Norte hacia 1650-1660, del que dependía su crecimiento; y, sobre todo, las nuevas ambiciones marítimas y coloniales de Francia e Inglaterra, obligaron a los Países Bajos a compartir el botín atlántico.
Esta situación se agravó para los Países Bajos con la guerra entre Luis XIV y la República Neerlandesa en 1672.
Durante el período llamado Régimen Real (1663-1713), el Imperio colonial francés en América se extendió desde Acadia en el Noreste hasta Los Grandes Lagos en el Oeste; y desde la bahía de Hudson en el Norte hasta el Golfo de México en el Sur, sirviendo de unión entre estas dilatadas tierras los larguísimos valles de los ríos San Lorenzo, Ohio y Mississippi.
Pero esta vastísima exploración, guarnecida con fortificaciones estratégicas, no implicaba traslado de población, que prácticamente se asentaba en las tres pequeñas comunidades de Québec, Trois-Rivières y Montréal.
19 Aunque Jolliet y Marquette fueron quienes descubrieron el río Mississippi en junio de 1673, la fascinante hazaña de recorrerlo hasta su desembocadura correspondió a La Salle, Tonty y Hennepin entre 1674 y 1682.
20 A pesar de las permanentes rivalidades franco-inglesas, las inacabables guerras iroquesas y la separación oceánica entre metrópoli y colonia, aquellos amplísimos territorios canadienses estuvieron unidos a la monarquía francesa hasta que en el tratado de Utrecht se comenzó a desmembrar aquel vasto imperio con la devolución de la bahía de Hudson y la cesión de Acadia y Newfoundland a Inglaterra.
21 No obstante aquella extensión territorial, el genuino gobierno -toma de decisiones-lo ejercía la Corte de Versalles, dejando para las autoridades coloniales la administración o ejecución de aquellas decisiones.
La relación entre aquel gobierno de Francia y esta administración de las autoridades coloniales se mantenía a través de exigentes memoranda y detalladas cartas respectivamente.
23 Según esta doctrina mercantilista, la única razón de la existencia de las colonias no era otra que económica: aprovisionar a la metrópoli de las necesarias materias primas y proporcionar mercados para exportar los productos elaborados.
24 En estas generales coordenadas mercantilistas, la economía de la Nueva Francia experimentó en aquel largo período una expansiva colonización y sólida organización institucional, que va de 1663 a 1713, dos coyunturas muy distintas.
La primera, que coincide cronológicamente con la década inicial del Régimen Real (1663-1673) y políticamente con el impulso del ministro Colbert en la metrópoli y del intendente Talon en la colonia, se caracterizó por un fuerte crecimiento económico, gracias a la explotación de los propios recursos naturales de Canadá y a las ayudas de los no menos importantes subsidios reales.
25 A esta política económica expansiva sucede otra de notoria recesión, protagonizada en la colonia por el conde de Frontenac (Louis de Buade), en la que casi todos los esfuerzos económicos se concentraron en los gastos militares, que implicaban las ya continuas guerras anglo-iroquesas.
26 La imperiosa necesidad de hombres jóvenes para la guerra continental y los ingentes gastos militares de Luis XIV fueron dos de los grandes obstáculos metropolitanos que dificultaron el desarrollo de Nueva Francia en un momento, en el que la presión expansiva de Nueva Inglaterra era todavía titubeante.
Sin una decidida política de emigración y con unos subsidios reales muy menguados, Canadá fue prácticamente abandonada a su suerte, obligada a desarrollarse con sus propios recursos.
27 En la primavera de 1686 los franceses atacaron los tres puertos de la Compañía inglesa de las Indias (Moose Factory o Saint-Louis, Fort Charles y Albany).
Aunque ese mismo año se firmó el tratado de neutralidad entre Luis XIV y Jacobo II (16 de noviembre de1686), poco después se constituyó la Liga de Augsburgo, que desencadenaría la guerra de los Nueve Años contra Francia (del 17 de mayo de 1689 al 20 de septiembre de 23 Durand, 1969, 252.
Las visiones de estos dos últimos autores son contrapuestas: el primero es anglófono y liberal, mientras que el segundo es francófono y absolutista.
Antes de esta fecha Francia, aliada con Inglaterra, luchaba contra España y los Países Bajos.
Después de aquel año, la Liga de Augsburgo, liderada por Inglaterra e integrada por España, el Imperio y los Países Bajos, se coaligó contra el poder hegemónico de la Francia continental.
Las vicisitudes de las guerras amerindias, no obstante sus propias motivaciones, hay que estudiarlas a la luz de esta conflagración europea.
En los tratados de Ryswick y Utrecht se establecieron los límites territoriales entre Nueva Francia (Canadá) y Nueva Inglaterra, pero los ingleses -además de Acadia-se fueron introduciendo al sur de San Lorenzo en las tierras de los indios Abenaquis.
Durante este período finisecular Inglaterra consolidó las trece colonias, pero ya puso en marcha la conquista del Oeste traspasando los Apalaches y, sobre todo, disputando constantemente a Francia, con la ayuda de los iroqueses, los territorios canadienses.
De este importante tratado, que no se cumple porque estalla la guerra en 1689, merecen destacarse los acuerdos siguientes: utilización conjunta de la isla de San Cristóbal: agua para los franceses y sal para los ingleses; derecho de los franceses de pesca de tortugas en las islas Cayman; respeto y mantenimiento de lo acordado en Breda (1667), según lo cual Acadia pasó a los franceses; y la utopía de que no hubiera guerra en las colonias, aunque la hubiese en las metrópolis.
32 Graymont, 1985, 394- Inglaterra concedió a la Hudson's Bay Company la explotación de todas las tierras drenadas por los ríos que desembocaban en la bahía y estrecho de Hudson.
Era ésta una amplísima área territorial, que se extendía hacia el Sureste hasta Dakota del Norte.
Pero esta constitución imperial hay que encuadrarla en el marco general de una grave amenaza de guerra civil, en la que peligraba la paz del país, la autoridad de la Corona, la unidad de la Iglesia y, desde luego, la constitución de las colonias.
En este horizonte delicado estallaron el Popish Plot y la Exclusion Crisis.
Los resultados de todos estos zarandeamientos fue lograr un equilibrio entre el «imperio» (control y autoridad de la Corona) y la «autonomía» (importancia de la legislación y de la representación de las provincias o entidades locales).
34 Partiendo de la «definición constitucional» de 1681, Webb califica al «imperio» de la siguiente manera: «The essencial element in the definition of empire is the imposition of state control on dependent peoples by force.
35 En este proceso de imperio (militar) Webb distingue tres fases, comenzando la primera en Europa los monarcas Tudor.
Y en este proceso de militarización y centralización administrativa se consolidó el «gobiernoguarnición» por obra de Marlborough.
36 Tal vez sea demasiado tajante Webb en afirmar la antinomia absoluta entre los intereses comerciales (yeomen farmers and small planters) de un lado y los intereses imperiales de otro (monarchy and governors-general).
Pero esta es su tesis, que se debe tener muy en cuenta.
37 En el importante trabajo de David Hancock -elaborado partiendo de las cartas del capitán William Freeman, plantador de azúcar y comerciante de esclavos, que abandonó el Caribe a finales de 1674 o principios de 1675 y se movió por Londres como agente-se demuestran -o tratan de demostrar-dos ideas básicas: 1) hay que estudiar la reciprocidad de relaciones entre los dos lados del Atlántico como un conjunto económico muy unido; y 2) el imperio británico debe su construcción a un unificado grupo administrativo, del que formaban parte individualidades señeras como el capitán citado.
Con esta tesis mercantil-individualista se opone a las tesis militaristas de Webb.
Esto escribe concretamente Hancock:
38 Al fijar sus objetivos, que no son otros que demostrar que los asentamientos ingleses persiguieron el desarrollo de una agricultura comercial partiendo del esfuerzo individual y empresarial, Hancock contrasta estas 36 Ibidem, XVIII.
DOI: 10.3989/aeamer.2015.1.02 intenciones imperiales de Inglaterra con las que desarrollaban España, basadas en la burocracia y en la extracción minera; y con las de Francia y Holanda, basadas tan sólo en el comercio, al estilo del imperio políticomilitar de Roma.
Inglaterra sustituye a Francia
A modo de conclusión se podría afirmar que a finales del XVII y principios del XVIII, Inglaterra creció económicamente, Francia -a pesar de su agresiva expansión comercial directa e indirecta en la América Española decreció-.
40 Las causas de este proceso económico fueron tanto interiores como exteriores.
Las guerras civiles y luchas internas a lo largo del XVII afectaron más negativamente a Francia que a Inglaterra.
Y desde la perspectiva exterior, Inglaterra dio pasos lentos pero decisivos para asegurar una progresiva hegemonía marítima y comercial.
En primer lugar están las guerras victoriosas contra Holanda entre 1652 y 1674; después el beneficioso tratado con Portugal de 1703, que le permitió introducirse en Brasil cambiando productos manufacturados por oro; 41 y, finalmente, el tratado de Utrecht de 1713, en el que logró de España el asiento de negros (la provisión de negros a América española pasaba a manos de los comerciantesesclavistas ingleses) y el navío de permiso («annual ship»), en el que se desplazaban a América (Porto Bello y Vera Cruz) cada año 300 toneladas de productos ingleses; además de las importantísimas anexiones territoriales (Gibraltar, Newfoundland, etc.).
42 El poderío marítimo le permitió a Inglaterra controlar el comercio en el Norte de Europa y en al Atlántico.
Cuando a finales del XVII y principios del XVIII las guerras del Norte dificultaron la provisión de madera, 39 Lounsbury, 1969.
DOI: 10.3989/aeamer.2015.1.02 cáñamo, alquitrán y hierro («naval munitions»), se aprovisionaron de gran parte de estos productos en sus colonias americanas.
Los pueblos aborígenes de Nueva Francia
Uno de los núcleos más importantes de población aborigen estuvo constituido por «Los Indios de las Cinco Naciones»: los Mohawks, Senecas, Oneidas, Onondagas y Cayugas.
44 Estos amerindios, que formaron entre sí la confederación de los Iroqueses, se opusieron prácticamente sin tregua por todos los medios e, incluso, con la ayuda de los ingleses, a la expansión y asentamiento de los colonos franceses.
45 Estudios importantes sobre el poblamiento aborigen se deben a Dickason y a Bumsted.
46 Entre los pueblos aborígenes había grandes diferencias, aunque estuvieran agrupados en «Las Cinco Naciones».
47 La tesis doctoral de François Larose, defendida en la Universidad de Québec en Montréal, ha puesto de relieve las consecuencias de la ocupación de las tierras de iroqueses y algonquians por los franceses.
48 Uno de los capítulos más importantes de la historia de Nueva Francia fue la casi permanente guerra con los indios Iroqueses, al menos desde 1682 hasta 1701.
49 En la clásica historia escrita a mediados del siglo pasado por Etienne Michel Faillon se le concede a este sangriento e irreductible conflicto una transcendencia decisiva para la comprensión de los avatares acaecidos a la colonia francesa.
Aunque no se compartan las ideas del autor por sus prejuicios decimonónicos y de militancia católica en relación con los «salvajes», es indudable que 43 Ibidem, 195.
NUEVA FRANCIA Y NUEVA INGLATERRA EN EL CONTEXTO DE LOS TRATADOS el asentamiento de los colonos fue especialmente duro y estuvo permanentemente amenazado desde el interior del país por los propios nativos, que defendían palmo a palmo sus tierras, sus intereses económicos -facilitados muchas veces por los ingleses-y su propio modo de vivir.
50 Es innegable que veinte años de ininterrumpida guerra franco-iroquesa -1682-1701-causaron terribles estragos tanto en vidas humanas como en gastos militares.
A la lucha por la tierra y por los recursos económicos que ésta representaba, hay que añadir el antagonismo de culturas irreductibles y de modos de vida muy distintos.
Las graves consecuencias negativas que se pueden derivar de ciertas interpretaciones historiográficas las ilustra de modo fundado Patrice Groulx en su trabajo sobre Dollard des Ormeaux.
Este acontecimiento de 1660, que enfrentó a franceses y aliados contra los iroqueses, se convirtió en un «mito» por obra y gracia de la ideologización del hecho histórico.
Es la revisión del hecho historiográfico -Faillon, Parkman, Lanctot, etc.-el que es especialmente analizado por la autora para presentar las diversas y, a veces contrarias, interpretaciones de un mismo hecho, según los vientos ideológicos que corren en cada uno de los sucesivos presentes.
51 El estudio de las cinco «reducciones» del valle de Saint-Laurent, mantenidas por los jesuitas según el modelo de las ya existentes en Paraguay, no sólo tuvo un interés religioso de cristianizar a los indios preservándoles de la «contaminación» externa, sino que sirvieron también como importantes bastiones de defensa, utilizados muy beneficiosamente por los franceses contra las frecuentes invasiones iroquesas e inglesas.
52 Después de firmado el tratado de Ryswick en 1697 entre Francia y la Liga de Augsburgo, los ingleses americanos dejaron de hostigar a los iroqueses contra los franceses canadienses.
La paz, por fin, era posible.
53 Se puede afirmar genéricamente que la sociedad francesa rechazó la fusión con los nativos y éstos, a su vez, tampoco toleraron la asimilación.
Este irreconciliable antagonismo social, que si bien es cierto no dificultó la estrecha colaboración y, desde luego, el comercio con algunos grupos de indios (hurones), hizo que, andando el tiempo, la raza blanca canadiense se mantuviese pura y homogénea en su descendencia no mestiza.
Los pueblos aborígenes de Nueva Inglaterra
Sobre la población aborigen las epidemias -smallpox (viruela) y measles (sarampión)-fueron más nefastas que las guerras.
55 Antes de la conquista, Norteamérica (al Norte de Río Grande) tenía más de dos millones de habitantes, de los cuales la más alta densidad estaba en las costas del Pacífico.
56 Para Butel la colonización francesa e inglesa fueron diferentes.
La primera fue más integradora.
Colbert y su intendente Talon pretendían que en Canadá sólo hubiese un «solo pueblo y una sola sangre» («one peple and one blood»).
A pesar de estas buenas intenciones las epidemias, los enfrentamientos con los iroqueses y con todas las tribus aliadas de los ingleses diezmaron la población amerindia.
Los ingleses, por su parte, desde un principio fueron más agresivos, porque necesitaban tierras y pieles:
57 La nación Algonquin fue la primera en habitar Nueva Inglaterra.
Eran indios de los bosques, que cultivaban la tierra, cazaban, pescaban y acampaban a lo largo de la costa.
El grupo más numeroso de los Narragansett, una tribu de Rhode Island, fue prácticamente aniquilado por los colonizadores ingleses in the Great Swamp Fight durante la guerra del Rey Felipe (King Philip's War).
La tribu Pequot de Connecticut fue diezmada por los colonizadores y tribus enemigas en la guerra Pequot de 1637.
En la actualidad los indios Pequot Mashantucket poseen exitosas empresas cerca de Mystic (Connecticut).
Hope), los colonizadores ingleses lanzaron un ataque sorpresa contra los indios Narragansetts, la más poderosa tribu de Rhode Isaland.
57 Butel, 1999, 173 1676), y con la amarga experiencia de la rebelión de Bacon y de la guerra del Rey Felipe, el poder metropolitano inglés ejercerá un fuerte control sobre todos los asuntos coloniales.
60 Una de las más graves consecuencias de la guerra del Rey Felipe, en la que murieron 5.000 indios y 2.500 ingleses, fue la división entre razas opuestas.
A partir de entonces los indios eran «los otros».
Esto lo pone de manifiesto Edmund Browne, un ministro de Sudbury (Massachusetts), que escribe informes sobre el particular a las autoridades advirtiéndoles del peligro constante que son los indios.
61 Y termina el trabajo, matizando:
62 En el crucial año de 1676 las colonias americanas se transformaron, según Webb, en provincias inglesas.
La autonomía de las colonias fue sustituida por el control de la metrópoli a través del gobernador-general, ampliando el modelo de Jamaica y de Nueva York, la propiedad personal del líder imperialista inglés James, duque de York.
Ésta es la conclusion de Webb:
64 El «Covenant Chain» de 1677 establece la paz entre los amerindios y las colonias británicas y fija los límites territoriales de las respectivas influencias hasta 1768.
En esta última fecha los ingleses se adueñan de todo el imperio iroqués.
La consolidación del imperio inglés en América pasaba por la alianza con los iroqueses, permitiéndole con ello enfrentarse a los franceses, someter a los holandeses, controlar a las republicanas colonias de Nueva Inglaterra y Delaware.
Según Webb ésta fue la obra del gobernador Andros:
La configuración político-económica y socio-cultural de Nueva Francia
DOI: 10.3989/aeamer.2015.1.02 indudable que la colonia francesa disfrutó en la práctica de la vida política diaria de una gran autonomía, es muy oportuno recordar aquí el acertado juicio historiográfico de Louise Dechêne, quien escribe estas enjundiosas palabras: «dans une perspective de longue durée ce ne sont pas les compagnies métropolitaines qui comptent, mais l'organisation locale, qui engendre une société nouvelle».
Ahora bien, mientras que a Duchêne le interesó de esta «organización local» preferentemente el señorío, la familia y la parroquia, aquí nos vamos a centrar en la «organización política local», sin ignorar naturalmente la importancia de aquellas tres instituciones socioeconómicas estudiadas tan magistralmente por la autora en los ricos protocolos notariales de Montréal.
67 La Compañía de Nueva Francia o de los Cien Asociados -Compagnie de la Nouvelle-France ou des Cent Associés-fue fundada por Richelieu en 1627.
Esta colonia de explotación y poblamiento duró hasta 1663, fecha en la que Colbert sustituyó aquella dominación indirecta de la Compañía por la administración directa de instituciones coloniales, que, al reproducir el esquema orgánico de la metrópoli, convertían a aquellos territorios del hinterland del San Lorenzo en una «provincia de ultramar».
68 El gobernador fue el auténtico representante del rey y, por lo tanto, el responsable de mantener la soberanía francesa en aquellos territorios ultramarinos.
69 Aunque sus competencias abarcaban muchos campos, la que más le distinguía era la exclusiva jurisdicción en los asuntos militares (fortificaciones, guerra y paz).
En los tres distritos de Québec, Montréal y Trois-Rivières había otros tantos gobernadores locales, asumiendo el primero la potestad suprema con el título de gobernador general.
70 No se puede hablar de este período sin mencionar a Louis de Buade, conde de Frontenac, que gobernó Nueva Francia en dos momentos cruciales para la colonia: ambos períodos abarcaron dos décadas, desde 1672 a 1682 la primera; y entre 1689 y 1698 la segunda.
En estos veinte años de gobierno férreo de Frontenac se consolidó el Régimen Real, a pesar de los casi insuperables obstáculos de las guerras iroquesas, el hostigamiento inglés de la última década y los problemas internos que, por su carácter dictatorial, tuvo con el obispo Laval, el intendente Duchesneaux y el propio Consejo Soberano.
DOI: 10.3989/aeamer.2015.1.02 El régimen señorial canadiense -histórico esquema feudal de tenencia de la tierra-hunde sus raíces en 1598, cuando se autorizó al lugarteniente general, Sieur de la Roche, establecer una jerarquía entre los propietarios de la tierra.
Pero fue con la llegada del intendente Talon, brazo derecho de Colbert en la colonia, cuando realmente se desarrolló.
72 Independientemente de su significación económica, que no era desdeñable, el régimen señorial trasladado a Nueva Francia tuvo una dimensión social muy importante, en la medida en que los que ostentaban los títulos de propiedad eran también los que ocupaban los primeros puestos de una sociedad piramidal.
73 Si la agricultura y la ganadería fueron ganando terreno al bosque, al menos en la ribera del gran río San Lorenzo, este proporcionó también una abundante pesca.
Las anguilas bajaban del lago Ontario; y el salmón, el arenque, el bacalao, las focas y las marsopas subían desde el Golfo hasta la Malbahía.
74 Dada la abundancia de madera en los bosques canadienses, el intendente Talon creó importantes aserraderos de madera y astilleros de construcción de barcos.
La mayor parte de estos barcos eran vendidos a los navieros franceses, quienes los empleaban para el comercio entre Canadá, Francia y las Antillas.
La vieja idea de Colbert de hacer mástiles a gran escala con la madera de los bosques canadienses fue puesta en práctica en 1686 por el comerciante François Hazeur, quien se asoció con Champigny para explotar esta rentable empresa maderera.
75 En materiales de construcción la colonia fue autosuficiente.
Existían abundantes canteras de piedra caliza, que era tratada en los dos hornos de cal de Montreal y en el de Pointe-Lévis.
La arena se localizaba en cualquier parte.
Pero el ladrillo no se fabricaría hasta más tarde.
76 Sin duda alguna, el comercio de las pieles, procedente de Tadoussac, de la bahía de Hudson y de las regiones occidentales, fue el más importante tanto por su volumen como por los beneficios obtenidos.
Este voluminoso y beneficioso comercio se mantuvo boyante a lo largo de aquellos cincuenta años, a pesar de dos graves obstáculos.
Uno fue el contrabando, que era imposible de extirpar por la inmensidad del terreno y los fuertes intereses de muchos particulares.
Y el otro, no menos perjudicial, se debió a que los 72 Ibidem, 31.
DOI: 10.3989/aeamer.2015.1.02 indios preferían llevar las pieles de castor a Albany, en donde los ingleses les pagaban precios más elevados y les vendían los productos más baratos, incluidas naturalmente las bebidas alcohólicas.
Esta vieja lucha comercial fue uno de los permanentes frentes que opusieron a franceses e ingleses en aquellas tierras canadienses, que se disputaban palmo a palmo en los primeros momentos de febril asentamiento colonial.
77 Hasta tal punto fue importante este comercio de las pieles que para William John Eccles constituía una genuina frontera, que se intentaba preservar por todos los medios posibles, incluidos naturalmente los militares.
78 Hablando de este importantísimo comercio de las pieles no se puede silenciar el trabajo e, incluso, la vida aventurera y libre, de los «corredores del bosque» (coureurs de bois ou boyageurs).
A aquellos hombres, curtidos en las llanuras sin horizonte tangible, no les arredraban las amenazas de palizas y mucho menos la condena a galeras.
Su vida, que giraba en torno a aquel provechoso comercio de las pieles, consistía en la libertad de hacer y pensar al margen de toda ley y organización social.
Aunque menos importante que el anterior comercio de las pieles, el comercio triangular entre Canadá, Francia y las Antillas, además de crear un circuito económico excepcionalmente ventajoso para las tres partes, movilizaba el capital.
Canadá exportó trigo, harina, vegetales, pescado, madera, petróleo, bacalao, anguilas, salmón, mantequilla, queso y huevos.
De Francia se traía el vino, vestidos, productos de ferretería y comestibles.
Y de la Martinica y Santo Domingo salían el azúcar y el ron.
79 Uno de los temas más ampliamente tratados por la historiografía -Bruce Trigger, Karen Anderson, William Eccles, J. Baird Callicott y Francis Parkman-fue y es el de la identificación de los «salvajes» iroqueses y algonquianos con el diablo por parte de los colonizadores en general y de los jesuitas en particular.
Peter A. Goddard explica, utilizando entre otras fuentes las Jesuit Relations (1632-1672) y comparando la acción de éstos con la de los misioneros de la península ibérica, las razones de esta demonización generalizada, que hunde sus raíces en una arraigada tradición dualística o maniquea del pensamiento occidental, pero insiste también en las particularidades de las misiones de los jesuitas en Nueva Francia, muy diferentes a las que tenían lugar en la América luso-hispánica.
80 Sin entrar a discutir estos razonamientos, en principio bien formulados, no hay que olvidarse de que la fuerza de la Iglesia en Nueva Francia era considerable.
81 El obispo y todo lo que significaba era una pieza esencial en el entramado orgánico de la vida política canadiense.
Se produjo una impresionante aculturación.
El mestizaje, que apenas se dio, dificultó muchísimo este proceso.
Pero en cualquier caso, la cohabitación, no siempre convivencia, posibilitó la formación de nuevos valores en un sentido integrador.
82 Podíamos concluir asumiendo la tesis de Colin G. Calloway, para quien, centrándose fundamentalmente en lo que posteriormente serían los Estados Unidos de América, afirma que la activa relación entre los pueblos amerindios y europeos desembocó en «nuevos países» diferentes tanto para los indios aborígenes como para los inmigrantes europeos.
La configuración político-económica y socio-cultural de Nueva Inglaterra
Richard S. Dunn distingue cuatro períodos historiográficos: el primero abre la centuria de 1600 y la protagoniza Richard Hakluyt.
Los historiadores de este período son Smith, Bradfort, Winthrop y Johnson.
Aquí los historiadores son Nathaniel Morton, William Hubbard e Increase Mather.
A este período pertenecen también John Ogilby, Richard Blome, Nathaniel Crouch.
84 El cuarto período cierra la centuria, hasta 1708, y aquí hay que destacar a Cotton Mather (MA), Robert Beberley (Virginia) y John Oldmixon (Inglaterra).
85 Frente a un gobierno tradicional, de más de 50 años, organizado según los postulados de las «cartas» (charters), se va imponiendo en un proceso largo, que se extendió desde 1676 hasta 1688, un gobierno «imperial», militar.
86 Una de las instituciones básicas del poder colonial son los gobernadores.
87 Ellos representaron la autoridad del rey y sus funciones eran preferentemente militares.
88 Una monografía modélica podía ser la del gobernador de Virginia durante la Revolución Gloriosa, Francis Howard, escrita por Billings.
89 En la organización del poder colonial, como en toda organización política, había que solventar dos problemas fundamentales: el de la ley y el de la representación.
Por la primera se buscaba un marco normativo que obligara a todos; por la segunda se deseaba tener unas autoridades legítimas, que asumiesen las necesidades de la comunidad.
90 En este sentido, según el cual se perseguía establecer una adecuada relación entre gobernantes y gobernados, entre autoridad y obediencia, Cook trata de explicar la estructura de la comunidad en Nueva Inglaterra durante el siglo XVIII forjada bajo la dirección de los líderes locales.
91 Los problemas de la ley son tratados de manera general en una obra colectiva dirigida por Pencak y Wright para la colonia de Nueva York; 92 y por Mann al estudiar las transformaciones de la comunidad puritana en una individualista sociedad yankee en Connecticut.
DOI: 10.3989/aeamer.2015.1.02 o popular son abordadas por Morgan de manera general (oposición al derecho divino de los reyes, elecciones locales, etc.); 94 y por Jordan en el caso concreto de Maryland.
95 La distinta naturaleza política de los gobernados es analizada por Bushman, que divide la colonia de la bahía de Massachusetts en dos grupos: el más pequeño está sometido a la autoridad real y el otro, más grande, está asociado como pueblo independiente.
96 Nobles señala diferencias también en esa única relación entre la política y la sociedad en el siglo XVII para el condado de Hampshire.
97 La organización política de las colonias americanas es tratado de manera conspicua por Bernard Bailyn en un trabajo fundamental.
98 Sobre la transformación del gobierno de Nueva Inglaterra a raíz de los acontecimientos de 1676, que supusieron la supresión de la autonomía de la Massachusetts Bay Company, controlada por los puritanos (autonomía colonial), por un gobierno colonial fuerte y militar, que a su vez supuso la «anglicización» de las colonias (provincias inglesas), es puesto de manifiesto por Webb de la siguiente manera: sólo llegaba a los 20.000 habitantes.
En este incremento natural -nacidos por matrimonio-jugó un papel fundamental la llegada del regimiento de Carignan Sallières con 400 soldados.
100 Para McCusker y Menard la economía en general de las colonias británicas tiene tres características fundamentales.
La primera es que la economía colonial no se puede entender si no es en el contexto de la economía atlántica.
La segunda es la diversidad de la economía colonial.
Y en tercer lugar la prosperidad, al menos en el XVIII, de esa economía colonial.
Interrelación, diversidad y prosperidad fueron, por lo tanto, los signos distintivos de la economía colonial británica.
101 El relevante papel económico de los mercaderes coloniales, así como la importancia de la construcción de barcos en Nueva Inglaterra la han estudiado en profundidad Bernard Bailyn y Nuala Zahedieh.
102 Para Greene la construcción intelectual de América fue hecha bajo la indudable influencia de la cultura británica.
Es la teoría del «excepcionalismo americano».
103 Para Fischer es indudable la existencia de cuatro culturas regionales en las colonias británicas, que se fueron formando con la llegada de otras tantas oleadas migratorias.
A saber, la cultura regional de Massachusetts (emigración de 1629-1640) con proyección a toda Nueva Inglaterra; la de Virginia (emigración de 1640-1675) con la inclusión de toda la Norteamérica Media; la del valle de Delaware (emigración de 1675-1725) con la expansión hacia el sur costero; y la de Southern Backcountry (emigración de 1717-1775) con la incorporación de las tierras altas del Sur.
104 Ampliando esta visión de Fischer de «región cultural», Meinig, sin olvidar la indudable herencia metropolitana, añade juiciosamente otros condicionantes culturales fundamentales, cuales son el distinto entorno ambiental (geofísico y climático), las diferencias poblacionales de los amerindios, africanos y europeos no británicos y la diversa disponibilidad de recursos materiales.
Todo ello, no sólo diferencia a unas culturas de las otras entre las mismas colonias (Nueva Inglaterra, valle de San Lorenzo, bahía de Hudson, valle del río Hudson, Pennsylvania, Virginia, islas tropicales, las Carolinas, Florida, Luisiana, Tejas y el valle del Río Grande), sino que se distinguen todas ellas en conjunto de la cultura metropolitana inglesa.
DOI: 10.3989/aeamer.2015.1.02 Sobre el puritanismo americano en general y de manera muy particular en Nueva Inglaterra se dispone de numerosas e importantes obras.
El primer estudio en profundidad se debe a Perry Miller.
106 Otras obras ulteriores son menos monolíticas, abriéndose a otros factores condicionantes del espíritu religioso de aquellos primeros colonizadores.
107 Si es indudable que los aspectos religiosos son básicos para la comprensión de la cultura en Nueva Inglaterra, los aspectos de lo mágico y de la brujería también estuvieron presentes en la configuración de aquellas mentalidades del Nuevo Mundo.
108 Para Cohen la afición actual por la literatura de crímenes hunde sus raíces en la época colonial, en que se cultiva ampliamente este género como elemento intelectual básico de la cultura popular.
109 El extraordinario desarrollo de la historia criminal en el período colonial lo pone bien de manifiesto Cahn.
110 Según Cressy las ideas, la familia y la moneda eran los tres vínculos que unían estrechísimamente a Nueva Inglaterra con Inglaterra.
111 El gran historiador de las colonias británicas, Bernard Bailyn, ha escrito páginas de obligada consulta sobre la educación y la formación en la sociedad americana.
autores el centro del poder político -de la toma de decisiones-cambia constantemente, de ahí que su interrelación -hegemónica o independiente-sea imprescindible tenerla en cuenta en el análisis de la estructura y dinámica de un poder concreto, sea el metropolitano, el amerindio o el colonial.
La segunda cuestión es la que relaciona la unidad con la diversidad.
Según Edgar Morin se ha confundido siempre la unidad del «hacer» político con la «diversidad» incuestionable de cada pueblo, sea inglés o francés, amerindio o colonial.
114 Y, lo que todavía ha sido peor, es que ni siquiera hubo unidad en el «hacer» político, porque mientras unos perseguían fines estrictamente económicos, otros le daban preferencia a los socio-culturales.
Y, como telón de fondo, de todas estas conclusiones parciales, aunque complementarias, se ha demostrado la teoría interpretativa de Kennedy, Duroselle y Chauprade, según la cual, con las matizaciones pertinentes, todo imperio (político, territorial, etc.) crece primero y poco después decae.
115 En nuestro caso, de ahí la importancia del análisis de un tiempo medio o coyuntural, los tratados de Utrecht de 1713 supusieron el hundimiento total de la monarquía hispánica, la caída parcial de la monarquía francesa y la aparición del imperio británico.
Por lo tanto, el mejor testimonio del auge de Inglaterra a costa de Francia se ha reflejado de manera fehaciente en la América del Norte, que pasó de ser francesa a convertirse en la plataforma imperial del Reino Unido entre 1697 y 1713. |
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